Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, médicos del Garrahan, además de jubilados, confluyeron la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso como parte de la Marcha Federal, convocada en rechazo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La movilización, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía puertas adentro del Congreso. El Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad.

“Exigimos a diputadas y diputados que rechacen el veto que clausura el sueño de miles de compatriotas. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia y sin ciencia ni universidad no hay futuro. Agradecemos a la sociedad argentina otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad con su Universidad pública, de compromisocon las causas justas”, expresaron durante el acto central los sectores que habían organizado la movilización.

Los universitarios expresaron que “es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo. Y para un digno hijo de una institución con esa historia, cualquier cosa está permitida excepto no defenderla. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y mas justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible”.

El documento fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Finalmente, Diputados rechazó los vetos de Milei. Con 181 votos a favor y 60 en contra, la oposición logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica. Y, luego, logró la insistencia de la ley de financiamiento universitario con 174 votos a favor y 62 votos en contra. Afuera, las columnas de militantes, docentes, jubilados, estudiantes y familias del Garrahan celebraban.

Con información de la agencia NA

Este miércoles se lleva adelante la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, que se espera masiva, tendrá como epicentro el Congreso de la Nación, pero también se replicará en distintos puntos del país con actos y movilizaciones en defensa de la educación pública.

La consigna que unifica a las organizaciones es clara: “Nuestro futuro no se veta”. Desde las 17, las columnas comenzarán a copar el centro porteño y a las 18 está previsto el inicio del acto central, en paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados donde se discutirá el rechazo al veto presidencial.

Ciudad de Buenos Aires: el Congreso como eje central

En la Capital Federal, la concentración principal será en la Plaza Congreso, donde confluirán agrupaciones estudiantiles, gremiales, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio.

Por estas concentraciones, entre las 14 y las 19 habrá cortes parciales de tránsito en Rivadavia entre Callao y Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen desde Callao hasta Entre Ríos, y sectores de Bartolomé Mitre.

Córdoba: del campus al centro

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convocó a una gran movilización que arrancará en el campus universitario y avanzará hacia el centro de la ciudad. Allí se unirán estudiantes, docentes y sectores sociales en defensa de la universidad pública.

Rosario: de Plaza San Martín a Puerto Joven

En la ciudad santafesina, la cita será a las 16 en Plaza San Martín, punto de encuentro de estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde allí marcharán por las calles Moreno, San Lorenzo y San Martín hasta Puerto Joven, donde a las 17.30 se realizará el acto central, con transmisión en vivo de la sesión parlamentaria en Buenos Aires.

Mendoza: en el corazón de la UNCuyo

La concentración mendocina se realizará a partir de las 16 en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), con la presencia de la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel y representantes gremiales y estudiantiles. Desde allí, las columnas se dirigirán hacia el centro provincial.

Una protesta federal

La Marcha Federal Universitaria busca presionar al Congreso para que insista en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, el llamado a paritarias y un aumento en las becas.

En simultáneo, la Cámara de Diputados debatirá si logra alcanzar los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial. “Está todo recontrajusto, puede ser para cualquiera de los dos lados”, reconoció Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA.

Mientras tanto, en las calles, miles de estudiantes y trabajadores sostendrán una misma bandera: la defensa de la universidad pública en cada rincón del país.

Más de mil policías en el Congreso

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

Los manifestantes concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.

Además, se llevará a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional , 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

CRM

El sector universitario prepara una nueva marcha federal contra la decisión de Javier Milei de vetar la nueva ley de financiamiento que sancionó el Congreso la semana pasada. La protesta se definió este jueves en un encuentro de rectores, gremios de docentes y no-docentes, y estudiantes, en el marco del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, que se desarrolla en Rosario.

La fecha prevista para la movilización oscila entre el 17 y 24 de septiembre próximos, dos miércoles en los que se espera que se reúna la Cámara de Diputados para debatir el nuevo veto presidencial, según pudo saber elDiarioAR de participantes de la reunión.

La sesión que busca la oposición aún no está confirmada y está a la espera del momento en que Milei haga efectiva su voluntad de vetar la norma ya sancionada.

La semana pasada el Senado aprobó la ley que aumenta el presupuesto universitario con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones; es decir que logró ya el aval de los dos tercios del pleno de la Cámara alta. Ahora la insistencia iniciará su recorrido en Diputados, donde la ley se aprobó con 158 votos, quedando muy cerca del piso de los dos tercios que se necesitan para quedar blindada post veto mileísta.

El proyecto impone actualizaciones presupuestarias para el funcionamiento de las universidades teniendo en cuenta lo perdido en 2024 y hasta ahora este años, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias y subas en las becas estudiantiles.

La tercera marcha federal coronaría el proceso que se abrió el año pasado con la multitudinaria protesta del 23 de abril. Luego hubo una segunda marcha el 2 de octubre, que si bien fue importante fue menos imponente en su convocatoria, ya que pasó de la Plaza de Mayo al Congreso.

Esas marchas no impidieron que la oposición ratificara la ley aprobada, ya que el oficialismo consiguió blindar el primer veto de Milei gracias a los “85 héroes”, entre ellos los flamantes “radicales con peluca” que acompañaron al oficialismo.

La expectativa de los universitarios es que esta vez la oposición pueda insistir favorablemente con la nueva ley, sobre todo en medio de la seguidilla de golpes parlamentarios y políticos que recibió en las últimas semanas el Gobierno.

MC

El sector universitario reactiva esta semana el conflicto contra el Gobierno por la falta de aumento salarial, el recorte en el gasto presupuestario y el escaso apoyo a los estudiantes. En un contexto de deterioro de la situación, con unos 10.000 docentes que habrían dejado sus cargos desde que asumió Javier Milei, los rectores, los gremios docentes y no-docentes planean una serie de acciones para protestar frente al ajuste de la Casa Rosada. Habrá paro de 48 horas el jueves y viernes, movilización a la sede de la Secretaría de Educación y la recolección de firmas para impulsar una nueva ley de presupuesto para las casas de altos estudios –que el Presidente vetó este el año pasado–.

Esta mañana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encabezó una conferencia junto con parte de los sindicatos y representantes para exponer públicamente su grave situación. Para la semana que viene la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Ante la amenaza de Milei de volver a vetar esa ley, el proyecto tiene como eje de financiamiento la reasignación de impuestos para que no impacte en la regla de déficit cero libertario, establece un aumento de paritarias y más recursos para las becas estudiantiles.

“Estamos en una situación acuciante. Nuestro presente universitario habla de qué queremos como país”, denunció este lunes el titular del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy un salario en mano de un nuevo docente alcanza apenas los $178.000 y la beca Progresar está congelada en $35.000. Según datos oficiales, 10.000 docentes ya dejaron la universidad pública porque los jóvenes no tienen atractivos para dar clases y los mayores se jubilan.

Aunque se habla de una tercera marcha federal, en realidad en estos días habrá concentraciones descentralizadas. El 26 en la UBA habrá un abrazo simbólico en el hospital de Clínicas y se esperan protestas en Córdoba y Neuquén. Por la tarde los sindicatos de base harán un acto frente al Palacio Pizzurno con una marcha de antorchas, en el marco de la huelga por 48 horas.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) fue quien anunció el plan de lucha, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno, que continúa postergando la discusión paritaria. La consigna es “¡Prendete a defender la universidad pública!” y busca generar impacto público sobre la nueva ley de Financiamiento Universitario.

“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, señalaron desde CONADU a través de un comunicado.

Desde sectores gremiales más combativos cuestionan el accionar del CIN porque entienden que la escalada debería ser mayor. “El plan Milei funciona al 100%: vaciamiento de la universidad, sin dinero para los estudiantes ni docentes, así como los fondos de investigación y de obras publicas son igual a cero. Si realmente no se puede pagar la luz o el gas, deberían dejar de pagarse esas facturas y esperar a que todas las empresas prestadoras busquen cortar los servicios. Que se arme quilombo en serio”, planteó un dirigente sindical de la Conadu Histórica a elDiarioAR.

Una fuente estudiantil que conoce el paño señaló que el ala radical del sector, tanto rectores como agrupaciones de alumnos, afirmó que no hay voluntad de concretar una gran marcha federal, como las dos que hubo en 2024, porque “miran con más expectativas a las elecciones de octubre que hacer algo ahora en la calle”.

El proyecto de aumento de los recursos de las universidades de la oposición contempla que el 1% del PBI se destine a esas casas de estudio. Además exige la convocatoria a paritarias para compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación de diciembre del 2023, y que se establezca un esquema de aumentos de acuerdo al incremento de precios establecido por el Indec.

Se espera una “súper-sesión” para el miércoles 2 de julio porque Diiputados buscará avanzar, además, con una reforma de la ley de DNU y la declaración de emergencia del hospital Garrahan. Son todos puntos rechazados por el oficialismo, además de que generan tensión constante en la calle.

MC

La CGT confirmó esta tarde su participación en la Marcha Federal del sábado próximo en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei contra la comunidad LGBT, en una movilización que se llevará a cabo desde el Congreso a la Plaza de Mayo. Así lo confirmaron fuentes de la central obrera después de una reunión que los sindicalistas mantuvieron con la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y organismos de Derechos Humanos.

“Sí, vamos a estar”, señalaron desde la conducción de la central ante la consulta de esta agencia.

La CGT recibió a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y a integrantes de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, ante los que ratificó su apoyo tras los “ataques” del Gobierno de Javier Milei.

Con la decisión de participar de la Marcha Federal, la CGT se suma a otras centrales sindicales como las dos fracciones de la CTA que también formarán parte de la movilización convocada bajo las consignas “Antifascista” y “Antirracista”.

La manifestación fue convocada para las 16 por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y otras organizaciones del colectivo LGTBIQ+, y partirá desde el Congreso con destino a Plaza de Mayo.

Con información de la agencia NA

“El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. La máxima de Juan Perón circuló por estos días entre los distintos actores que están articulando el reclamo universitario contra la gestión de Javier Milei. La frase revela el desafío que tiene para encauzar el conflicto el inédito frente que armaron los rectores, los gremios de trabajadores y los estudiantes. Son quienes capitanean una protesta que por momentos se ve desbordada por las bases –a la luz de las asambleas, tomas y clases públicas en facultades de todo el país– y que parece estar en vías de profundización por la intransigencia del Gobierno. Para toda la semana próxima está en agenda un paro docente, además de movilizaciones y clases públicas, y ya hay tratativas para una nueva jornada de marcha federal en noviembre.

La vigencia del conflicto universitario se explica en parte en la propia trama de la alianza interclaustros, que tiene todos los condimentos políticos. Es una mesa que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (el CIN, el órgano que reúne a los rectores), los sindicatos de docentes y no-docentes, y las agrupaciones estudiantiles que van desde la histórica Franja Morada (que conduce la Federación Universitaria Argentina, FUA) al peronismo-kirchnerismo y la izquierda en sus distintas expresiones. 

La heterogeneidad del espacio obliga a sus actores a la permanente rosca política –en la mejor acepción del término– para evitar que el Gobierno genere una cuña que pueda dividirlos. Hay mucho de ceder intereses particulares en pos de la causa común entre claustros que tienen diferencias históricas por antonomasia. Hasta ahora el último movimiento oficial no hizo más que abroquelarlos, ya que el blindaje del veto a la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba medidas de reparación para los tres sectores –salarios, becas y gastos de funcionamiento–.

El frente está unificado pero no tiene una única conducción ni un funcionamiento formal. Suele tener reuniones periódicas, pero también hay mucha conversación bilateral entre sus patas, sobre todo entre los gremios y los estudiantes, históricamente aliados como en 2018 o 2001. La última reunión tripartita fue el martes pasado y allí se discutió un plan para continuar la protesta, pero no se definió puntualmente una nueva acción en conjunto, que por ahora está en pasos preliminares. Sí se coordinó la marcha de las velas del día siguiente hacia el Palacio Pizzurno y se plantearon propuestas futuras para visibilizar el debate. Desde este miércoles habrá clases públicas semanales frente al Congreso mientras los diputados tratan el Presupuesto 2025. 

“El frente universitario es inédito porque el ataque a la universidad es por todos los flancos”, explicó Francisca “Paquita” Staiti, de la Conadu Histórica, sobre la necesidad que tienen para articular el conflicto con múltiples intereses: “Las responsabilidades que tenemos los actores son distintas y amalgamar nuestras diferencias es un desafío, pero venimos caminando con bastante éxito. Las tensiones están, pero no son lo suficientemente profundas para que el frente colapse”, señaló.

 “Hay mucha unidad porque hay mucha intransigencia del Gobierno. Eso generó que todas nuestras diferencias quedaran en un segundo plano”, coincidió Nehuen Corbeletto, coordinador de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA). “Hoy hay un repudio generalizado al veto que empalma con la defensa de la universidad pública. Es un frente muy variado y de acá salieron las jornadas del 23 de abril y del 2 de octubre. Milei genera que objetivamente tengamos que juntarnos”, apuntó.

Quién es quién en la lucha universitaria

De los tres actores que tienen el frente sindical, la participación del claustro de los rectores es clave porque es el canal de diálogo más institucional con el Gobierno. Hoy esa comunicación está congelada. Las autoridades le transmitieron a los gremios y estudiantes el martes que hasta ahora no hubo ni un atisbo de llamado al diálogo por parte de la Casa Rosada.

El CIN está dominado por el radicalismo, en línea con la tradición universitaria, aunque la apertura de unidades académicas en el conurbano durante el kirchnerismo hizo un contrabalance. En el país existen 61 casas de altos estudios con gestión estatal. Actualmente el claustro está presidido por Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, de extracción reformista radical. Su segundo es Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y quien fue el secretario de Política Universitaria del Frente de Todos de Milei. El pulso lo marca la Franja Morada a partir de las figuras de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, y Pablo Domenichini, rector de la Universidad de Guillermo Brown y quien encabezó recientemente una lista en la interna de la UCR bonaerense. Son parte de la estructura del senador Martín Lousteau.

El reclamo puntual del CIN al Gobierno tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades, tanto de mantenimiento como de salarios, el ítem que se lleva casi toda la torta. Por eso está puesto el foco en el Presupuesto del año que viene: mientras que los rectores estimaron necesitar $7,2 billones en 2025, el proyecto mileísta establece $3,8 billones, es decir casi la mitad. 

Los trabajadores están representados en el conflicto en lo que se llama Frente Gremial. Está compuesto por los sindicatos de docentes y no-docentes, con diferentes pesos relativos. La Conadu Histórica es la federación de gremios docentes con mayor injerencia, vinculada a la CTA de Hugo “Cachorro” Godoy. Además de “Paquita” Staiti, otra de las voces cantantes es Luis Tiscornia, que fue el anterior secretario general. 

Detrás aparece la Conadu, referenciada en la CTA de Hugo Yasky, con un perfil más kirchnerista. También juegan la Federación de Docentes de las Universidades (Fedum), que forma parte de la CGT, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Ctera, por los pre-universitarios. Por último está el gremio de no-docentes Fatum, que son peronistas integrados a la CGT. 

El universo de los trabajadores alcanza a unas 200.000 personas, siendo los docentes aproximadamente unos 150 mil. Su reclamo principal es la pérdida del poder adquisitivo del salario ante la inflación. La Ley de Financiamiento les garantizaba una recuperación significativa para lo que fue el 2024 y también un piso alto para el año que viene. Ante el veto, rechazaron el aumento del 6,8% que anunció Capital Humano el día antes que se blinde la medida presidencial, junto con la decisión de activar la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas. No existe hoy una mesa paritaria.

El claustro estudiantil es el más heterogéneo a nivel político porque la histórica presencia de la Franja Morada en facultades de todas las universidades tiene como desafío cierta unidad de las agrupaciones peronistas-kirchneristas. Además es conocida la intensa militancia trotskista, que motivó muchas de las asambleas y tomas. La FUA está dirigida por Piera Fernández de Piccoli, de la agrupación radical. Y tienen una presencia menor el Movimiento Nacional Reformista (MNR) –brazo del Partido Socialista– y el Frente de Izquierda, más algunas agrupaciones más chicas del peronismo. 

Por fuera de la FUA actúa el frente Malvinas Argentinas, que abraza a un sinfín de agrupaciones alineadas a lo que en la política formal es Unión por la Patria: la Juventud Peronista, La Cámpora, el PCR, Miles. Fuentes al tanto de la realidad estudiantil explican que la importancia del frente peronista es tal que si bien está fuera de la FUA, es parte de la mesa tripartita con los rectores y trabajadores. Entre la Franja Morada y la versión estudiantil de UP estaría el 80% de los centros de estudiantes, mientras el resto son de agrupaciones ligadas a la izquierda –FIT o Nuevo Más, por caso– o independientes. En las universidades estatales hay 2.065.115 estudiantes, según la última estadística oficial de 2023.

Un conflicto multifacético

Si bien la toma de las facultades es la acción que tuvo más repercusión mediática, el conflicto tiene muchas facetas. Las tomas o vigilias conviven con clases públicas callejeras o en espacios abiertos de los campus. A su vez, las asambleas de alumnos han sobrepasado el posicionamiento de los propios centros de estudiantes, como por ejemplo Derecho en la UBA, donde autoconvocados de izquierda decidieron la toma por fuera del juego de la conducción de la Franja Morada. 

El estado asambleario también tiene como desafío la democratización de la discusión y la porosidad de sus propios límites. En Rosario hubo un acalorado debate entre alumnos referenciados con la izquierda y con Milei –que no querían la toma–. Pero en Quilmes la situación tomó un cariz más violento: el lunes miembros de la juventud de La Libertad Avanza, que no eran alumnos, buscaron boicotear una asamblea y fueron expulsados. Entonces uno de los mileístas lanzó gas pimient: se trataba –como reveló elDiarioAR– de Tomás Fernando “Varela” Nierenberger, un militante de Gobierno que ya estuvo en otras provocaciones oficialistas.

También es un fenómeno en sí mismo la multiplicidad de los focos de acciones, cristalizando el carácter federal que tiene la universidad pública argentina. Es una escala que hace que las acciones particulares en cada facultad o universidad, por más que haya un reclamo macro, sean locales y hasta que se superpongan entre sí. Así es como hay una integración de las clases con las tomas, y una sinergía con los paros. En ese marco se entiende que el miércoles ocurrieron al mismo momento la marcha de las velas en Capital Federal y una movilización a la General Paz por parte de la Universidad de San Martín (Unsam), en el conurbano bonaerense. 

En otros puntos del país la dinámica de lucha tiene que convivir con un aparato estatal al servicio del Gobierno. El jueves hubo una importante marcha en San Miguel de Tucumán, un día después de que la policía local levantara por la fuerza una clase pública callejera. Una represión similar ocurrió en Mendoza, donde la policía custodió fuertemente una clase que se hizo sobre la peatonal céntrica de la capital. Tucumán y Mendoza son dos provincias gobernadas por aliados de Milei: el peronista Osvaldo Jaldo y el radical Alfredo Cornejo. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Caleta Olivia, Santa Cruz, hubo un fuerte repudio a la intervención de la policía en el edificio.

“La lucha es general pero también fragmentada porque cada provincia tiene una dinámica particular”, reconoció Corbeletto, que habló con elDiarioAR desde Jujuy adonde viajó para seguir la protesta allí. “Lo que pasa en la UBA le da mucha visibilidad al conflicto, pero la realidad es que en todas las provincias hay situaciones que son importante tener en cuenta”, planteó Staiti, que es de la Universidad de Cuyo.

Ese rompecabezas explica la variedad e intensificación de las acciones de lucha para los próximos días. La Conadu Histórica lanzó un paro para toda la semana que viene, mientras los no-docentes harán una huelga el lunes y martes, junto con actividades de visibilización. Para el martes los docentes de la UBA convocan a clases públicas de 10 a 18 en Plaza de Mayo. Ese día los universitarios se plegarán a una protesta de la salud pública, que marchará del Congreso a Casa Rosada desde las 13.30. El miércoles al mediodía se iniciarán las clases públicas semanales frente al Congreso. 

Para la semana siguiente está en discusión plegarse al paro del 30 de octubre convocado por todas las ramas del transporte. Y hacia principios de noviembre está en tratativas una tercera marcha federal, con la particularidad de que podría ser escalonada en las fechas y por regiones. Hay un desafío en el frente universitario que es la finalización del calendario educativo en diciembre, fecha a la que también apuesta el Gobierno para que el reclamo se desinfle por sí mismo. Por ahora, como vaticinó Staiti, “la pelea por la universidad pública es una lucha de largo aliento”.

MC/JJD

El Gobierno campea la defensa de su presupuesto 2025 en el inicio del debate formal en la Cámara de Diputados. Sin el ministro Luis Caputo, los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, son los funcionarios nacionales que exponen ante los legisladores los trazos principales del proyecto de ajuste mileísta para el año que viene.

La narrativa que desplegaron las segundas líneas de Economía fue sostener a capa y espada la regla del déficit cero que Javier Milei introdujo en su primer proyecto de presupuesto. De hecho, justificaron esa medida ante el reclamo universitario por una mejora salarial para docentes y no docentes, la principal polémica que enfrenta la Casa Rosada desde la segunda marcha federal de la semana pasada.

Fue Guberman el que buscó cerrar esa discusión paritaria luego de que ayer Capital Humano ofreciera un aumento de 6,8% que fue rechazado por los gremios. Este miércoles Diputados tendrá una votación clave sobre el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y habrá protestas callejeras. “No tenemos mucho para modificar en el presupuesto. Si queremos aumentar a alguno tenemos que discutir seriamente a quién vamos a estar sacando o dejar de pagar algo, o retrasar sus ingresos, por ejemplo si hablamos de salario universitario”, planteó el secretario de Hacienda con vueltas discursivas.

Guberman se abrazó a la “regla” de déficit cero que estipula el Presupuesto 2025 para negar cualquier aumento de las partidas para las universidades por fuera de lo ya estipulado. “Esto tiene que ver con el compromiso fiscal que tenemos. La discusión sería en cómo se reasignan otras partidas”, dijo. En concreto, si el Congreso insiste con la ley, el Gobierno ya estudia tener que reasignar partidas de otras áreas para hacerle frente al aumento al sector universitario o judicializar la disputa.

Actualmente el proyecto apenas otorga un aumento del 28% con respecto a este año para las 60 casas de altos estudios en todo el país, muy por debajo de la inflación. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que necesitan $7,2 billones, Economía le otorgó en el texto de la iniciativa 3,8 billones, es decir casi la mitad. En el primer tramo de su exposición, antes de las preguntas de los diputados opositores, Guberman no hizo otra alusión al conflicto con las universidades.

Sobre otro de los puntos que el secretario de Hacienda se detuvo un momento fue el de las retenciones al agro. Negó tajantemente que haya una suba a los derechos de exportación. Reconoció que “hubo discusión o ruido” porque los cálculos oficiales avizoran un aumento del 100% en la recaudación de ese impuesto, pero para los especialistas es un número que no cuaja con el supuesto de que las exportaciones crezcan 9% y el dólar oficial suba 23%. “No hay nada con esa idea de aumentar las retenciones”, planteó Guberman. Y explicó que el estimado tiene que ver con que se regresaría a “niveles consistentes de los últimos 10 o 15 años” luego de que este año la recaudación fuera muy baja debido al dólar soja de Sergio Massa, que impuso adelantar derechos de exportación de 2024 en 2023, durante la campaña electoral.

Otro de los puntos polémicos que el funcionario tocó fue el de la pobreza, aunque lo hizo a través de la defensa de las medidas oficiales. “Sabemos que el flagelo de la pobreza que alcanza a más del 70% de los menores en nuestro país. Estamos haciendo un esfuerzo más delicado y planeamos incrementar en 16% en términos reales la ayuda social”, dijo Guberman. “Nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”, insistió luego el funcionario, que tuvo un breve cruce con el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez: “Desde que no tenemos superávit fiscal, no tenemos crecimiento en la economía argentina”, le espetó. Y agregó: “Probemos tres o cuatro años mantener las cuentas ordenadas a ver si logramos el crecimiento”.

Por su parte, en su exposición Quirno prometió que la regla del déficit cero permitirá el regreso del crédito, algo que aún está en gateras porque el brutal ajuste de Milei tiene como contrapartida un piso alto de la inflación. “Tener equilibrio fiscal nos permite ordenar la macro y realizar una estrategia de financiamiento, que significa recuperar el crédito para Argentina, que estaba totalmente dilapidado, totalmente destruido, dada la situación que heredamos en diciembre de 2023”, planteó el secretario de Finanzas.

Quirno ratificó que el único gasto que se mantendrá exento de la regla de ajuste fiscal será el pago de deuda. Es decir que aunque haya baja en la recaudación, siempre la prioridad será pagar los compromisos asumidos. El funcionario precisó que “el nivel de deuda en dólares en noviembre de 2023 es de 266.737 millones” y “en agosto de 2024 es prácticamente 10 mil millones de dólares menos”.  Sobre los vencimientos del año próximo detalló que “los vencimientos 2025 en pesos son del orden de 101 billones de pesos; con el sector privado son en el orden de 45 billones de pesos”; mientras que “los vencimientos 2025 con organismos internacionales son 7.800 millones de dólares”. No hubo señales sobre un posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Antes de asistir al Congreso, Guberman y Quirno se habían mostrado sonrientes con Milei en el Palacio de Hacienda. Almorzaron con el Presidente junto al ministro Caputo, que apareció en la foto casi escondido entre sus colaboradores. El mandatario cruzó caminando desde la Casa Rosada y obligó a parar el tránsito porque se detuvo a saludar a un grupo de policías federales.

En el texto –que está accesible al público en la web de Diputados– el Gobierno plantea como prioridades de su gestión tres puntos: ordenar la macroeconomía, aumentar la seguridad y fortalecer la defensa. Las demás cuentas son ajustables –sin importar su impacto social– y deberían correr por cuenta del mercado o los gobiernos provinciales y municipales. En líneas generales el Presupuesto calcula una estrepitosa caída de la inflación a un 18,3% interanual en diciembre 2025, un dólar oficial en esa misma línea de flotación a $1.207 para fin del año que viene. 

MC/JJD

El ministro Luis Caputo logró sortear la presión para dar la cara ante los diputados y defender el Presupuesto 2025 y este martes la primera audiencia sobre el proyecto de gastos para el año que viene tendrá como protagonistas a funcionarios de segunda línea. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, darán el puntapié inicial al debate sobre la iniciativa de Ley de Leyes que presentó Javier Milei como inédita, a partir de la “regla” del déficit cero que rige el texto.

Los representantes de Economía expondrán desde las 14 en el marco de la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert. La agenda oficial prevé al menos ocho encuentros, entre audiencias con invitados y debates entre los legisladores, que se extenderían al menos por dos meses. El cronograma de máxima del oficialismo es obtener media sanción para fines de noviembre, principios de diciembre. 

Teniendo en cuenta que luego tiene que haber una instancia de revisión en el Senado, los tiempos se acortan para los libertarios. De hecho el debate ya viene demorado una semana, porque la presentación de los funcionarios se esperaba para el 1 de octubre, día en que la Cámara baja sancionó la Boleta Única de Papel.

La discusión por el Presupuesto 2025 quedó relegada por la profundización de la crisis entre el Gobierno y las universidades nacionales. El veto de Milei a la ley de financiamiento motorizó a la oposición para buscar saltear el boicot presidencial y votar la insistencia de la norma mañana mismo. Pero a lo que compete a la audiencia de comisión de hoy, la novedad es que la polémica seguramente se meta en la exposición de los funcionarios. Se espera que los funcionarios de Economía hagan un guiño al sector para descomprimir la tensión, luego de que anoche se conociera la oferta oficial de un 6,8% de aumento al personal universitario.

Según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias, la expectativa está en que Guberman y Quirno expliciten que habrá una mejora en las partidas presupuestarias para las universidades dentro de la Ley de Leyes. Actualmente el proyecto de Presupuesto apenas otorga un aumento del 28% con respecto a este año para las 60 casas de altos estudios en todo el país, muy por debajo de la inflación. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que necesitan $7,2 billones, Economía le otorgó en el texto de la iniciativa 3,8 billones, es decir casi la mitad. 

Esa estrategia va en línea con la actitud del Gobierno de la que dio cuenta ayer este medio: como el rechazo al veto es posible, el Ejecutivo explora como alternativa la reasignación de partidas previstas para Salud o proyectos de obra pública en las provincias. Según cálculos oficiales, la norma universitaria –que garantiza recomponer la pérdida salarial de este año y garantiza un piso sobre la inflación hacia adelante– compromete el 0,14% del PBI.

El PRO, el máximo aliado de La Libertad Avanza, ya instaló ayer la necesidad de que el tema de las universidades esté en la agenda del Presupuesto 2025. En su comunicado, el partido de Mauricio Macri garantizó su apoyo al veto a la ley pero instó al Gobierno a que “incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria”. Por la tarde las espadas legislativas amarillas se lo plantearon directamente a Martín Menem y a funcionarios como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. “Esperamos una pronta respuesta del Gobierno”, le marcaron la cancha vía Twitter. Por la noche la Oficina del Presidente anunció una suba de los salarios para descomprimir la paritaria, pero el conflicto aún parece lejos de clausurarse.

Pese a los gestos que ensayaría el Ejecutivo, la verdad es que la educación no es una prioridad para Milei, porque así como le recortó a las universidades, en lo que respecta a la educación inicial y media, el proyecto libertario suspende el Artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema. Como contrapartida, por ejemplo, le otorgó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el doble del presupuesto que el actual: de $101.816 millones a $197.238 millones para el año próximo, lo que representa un aumento del 94%. 

Más allá del tema educativo, Guberman y Quirno serán los pararrayos del sinfín de cuestionamientos que prepara la oposición sobre el Presupuesto. La principal crítica del peronismo y gran parte del resto del arco opositor será contra la “regla” mileísta que limita el aumento del gasto por encima de lo presupuestado. El pilar del déficit cero lleva al extremo el uso de la billetera del Estado, porque si los ingresos son menores a los pronosticados, entonces también se reducirán los gastos. La única partida que Milei decidió que no se reducirá será la de los vencimientos de la deuda.

En el texto –que está accesible al público en la web de Diputados– el Gobierno plantea como prioridades de su gestión tres puntos: ordenar la macroeconomía, aumentar la seguridad y fortalecer la defensa. Las demás cuentas son ajustables –sin importar su impacto social– y deberían correr por cuenta del mercado o los gobiernos provinciales y municipales. En líneas generales el Presupuesto calcula una estrepitosa caída de la inflación a un 18,3% interanual en diciembre 2025, un dólar oficial en esa misma línea de flotación a $1.207 para fin del año que viene. 

Se plantean subas de impuestos porque habrá más recortes de subsidios a la luz, el gas, el agua y el transporte y es una duda aún sin saldar si el Gobierno subirá las retenciones al agro. Los cálculos avizoran un aumento del 100% en la recaudación de los derechos de exportación, pero para los especialistas es un número que no cuaja con el supuesto de que las exportaciones crezcan 9% y el dólar oficial suba 23%. La motosierra de Milei también alcanzaría al mundo del trabajo, porque se deroga la movilidad por inflación de las asignaciones familiares, mientras el texto instaura como ley en un artículo la modificación que se hizo vía DNU a la fórmula de movilidad jubilatoria.

El Presupuesto expondrá el grado de negociación al que esté dispuesto a llegar el oficialismo, porque en la comisión tiene una franca minoría. Unión por la Patria, más la Izquierda, suman 21 de las 48 firmas en el cuerpo de trabajo que conduce Espert. El kirchnerismo exigió que den la cara todos los ministros del Gabinete y también el titular del Banco Central, Santiago Bausilis. Por ahora no serán de la partida. Los libertarios esperan abrir las conversaciones al menos con los dialoguistas del radicalismo, el espacio de Miguel Pichetto y las fuerzas provinciales y de los gobernadores, para que pueda avanzar su proyecto de ajuste permanente que comienza a discutirse desde hoy.

MC/JJD

En una reunión por videoconferencia, el PRO de Mauricio Macri decidió finalmente acompañar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. La definición del partido que conduce el exmandatario será ahora traslada al bloque amarillo en la Cámara de Diputados, que este miércoles tiene en agenda votar sobre la insistencia de la norma que fue rechazada por el Presidente la semana pasada, horas después de la contundente marcha federal. 

El PRO publicó este lunes un comunicado para explicitar su postura, ante la presión de gran parte de la oposición de votar nuevamente la ley. El macrismo justificó su alineamiento con los libertarios a partir de “la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante”. 

El texto tiene líneas críticas a la Casa Rosada, pero termina jugando a su favor. Le instó al Gobierno a abrir una negociación seria con las universidades públicas: pidió convocar a un diálogo “urgente” con los gremios docentes y no docentes, incluir las necesidades de las universidades en el proyecto de Presupuesto 2025 y reclamó que se derogue la resolución que involucra a la Sindicatura General de la Nación (Sigen, que depende del Poder Ejecutivo) en la auditoría de las casas de altos estudios y que también sea la Auditoría General de la Nación (AGN, que depende del Congreso) la que garantice “la transparencia del gasto universitario”.

Curiosamente el partido aprovechó la oportunidad para cuestionar a sus exsocios de la UCR: los acusó de hacer “populismo legislativo” porque el radicalismo “rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”. El punto ahí es Aerolíneas Argentinas, cuyo debate entró en un terreno fangoso.

La postura formal del PRO se conoce un día después de que el propio Macri planteara públicamente críticas a la UBA por supuesto malversación de los fondos que recibe del Ejecutivo. Según supo elDiarioAR, el expresidente hizo esa jugada casi en soledad, sin compartirla de antemano con la mesa chica de su partido. Sí había tenido diálogo con Milei y hasta con el asesor presidencial Santiago Caputo para limar asperezas en la relación siempre tirante entre ambos bandos.

Macri encabezó el Zoom del que habrían participado los gobernadores que tiene el partido y sus espadas legislativas. Fuentes del partido apuntaron que estuvieron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Nacho Torres, gobernador de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Cerca de los mandatarios aseguraron que ellos no estuvieron. También fueron de la partida Cristian Ritondo, jefe del bloque de Diputados, y sus compañeros de bancada María Eugenia Vidal y Alejandro  Finocchiaro; la intendenta de Vicente López y segunda de Macri en la cúpula del PRO, Soledad Martínez, y Facundo Perez Carletti, secretario general del partido. No hubo referentes del ala de Patricia Bullrich.

El documento del PRO comienza con una serie de líneas críticas al Gobierno. Plantea que “el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública” y afirma: “Somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales”. Luego asegura que “habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno” y detalla un rosario de medidas que la Casa Rosada no habría tomado en pos de sortear el conflicto con los rectores y docentes. Enumera que Milei “decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024”, que se eligieron aún las autoridades de la Auditoría General de la Nación ni la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que tampoco derogó la resolución del ex procurador Carlos Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN auditar a las universidades y que “al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes”.

Sin embargo, de manera contradictoria, a reglón siguiente el documento del PRO aporta que para el partido “la gestión importa” y sostiene: “Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma universitaria compromete apenas el 0,14% del PBI, un porcentaje que Milei –y ahora Macri– no quiere ceder.

Cuando fue la media sanción de Diputados de la ley de financiamiento universitario, el PRO aportó 33 votos en contra. Sus restantes cuatro legisladores se ausentaron justo en el momento de definir su voluntad: Sabrina Ajmechet, Emmanuel Bianchetti, Héctor Baldassi y Alvaro González. Al menos los dos últimos, ligados a Horacio Rodríguez Larreta, votarían ahora a favor. La intención de la carta que publicó el partido es contener para que no haya más fugas. “Vamos a acompañar al Gobierno”, planteó a este medio un diputado amarillo. 

La prenda de cambio que negoció el PRO con el Gobierno es acercarle una serie de propuestas concretas para evitar que escale la crisis con los rectores, los gremios docentes y no docentes, y los estudiantes. En ese sentido el documento “insta” al Gobierno a que: “convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios; incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria; derogue la resolución del ex procurador Zanini involucrando a la SIGEN en la auditoría de las universidades ,y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario”.

Por último destaca en el documento del partido amarillo el dardo directo al radicalismo, ex socio en Juntos por el Cambio. “Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”, plantea el PRO. El radicalismo es otra pecera a la expectativa porque su quiebre fue determinante para sostener el veto a los jubilados.

Tras la definición pública, el bloque del PRO tendrá este martes una reunión interna para terminar de definir cómo se moverá el miércoles. El momento de la votación será crucial para conocer el grado de lealtad interna a la jugada de Macri.

MC/JJD

El millón de personas que se movilizó este miércoles en distintas ciudades del país no había terminado de desconcentrarse cuando en los teléfonos de un sinfín de legisladores nacionales ya aparecía una pregunta que no los dejaba indiferente: ¿qué hacer ante el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario? 

La confirmación vía el Boletín Oficial de la medida presidencial a medianoche apuró en la mañana de este jueves la rosca opositora para solicitar que Diputados sesione el miércoles próximo desde las 11 para insistir con la norma. Quedó explícita así la posición del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica, el espacio de Miguel Pichetto y de algunas fuerzas provinciales. La duda que aún persiste es qué harán los miembros del PRO, con la novedad de que una grieta parece asomar en la bancada amarilla que funciona en sociedad con los violetas. Tanto en el recinto de la Cámara baja como en el Senado se necesitan dos tercios de los presentes para hacer caer el veto.

“No están todos muy contentos”, admitió un diputado del PRO a elDiarioAR en una clara señal de que el ánimo interno no es el mismo que hubo por el veto al aumento de las jubilaciones. En el macrismo hay un dilema muy fuerte: está tironeado entre el reclamo social transversal y federal, y la presión del Gobierno para blindar el rechazo a la ley. Es la posición incómoda que encarnan el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, y el referente educativo del espacio, Alejandro Finocchiario. 

Según una importante fuente opositora, en el PRO se está debatiendo dar “libertad de acción” a sus diputados de cara a la votación. “Salvo que llame Milei y los convenza”, se atajó la voz consultada. La bancada se agendó una reunión a puertas cerradas para el martes próximo, un día después después de la cumbre de la mesa política de Casa Rosada donde participan diputados libertarios, macristas y también del MID de Oscar Zago.

En ese sentido podría haber un gesto de Mauricio Macri, que este jueves simbólicamente se mostró con el bloque de senadores amarillos. El mensaje que salió de ahí fue un tanto críptico, pero con un guiño al déficit cero: “El camino hacia un país mejor se construye a partir del respeto por las instituciones, la cultura del trabajo y la responsabilidad fiscal”, decía el tuit. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma universitaria compromete apenas el 0,14% del PBI, un porcentaje que Milei no parece estar dispuesto a ceder.

En la media sanción de Diputados, el PRO aportó 33 votos en contra. Los restantes cuatro se ausentaron justo en el momento de definir su voluntad: Sabrina Ajmechet, Emmanuel Bianchetti, Héctor Baldassi y Alvaro González. Al menos los dos últimos, ligados a Horacio Rodríguez Larreta, ya adelantaron que van a votar a favor, mientras el poroteo opositor identifica que en realidad hay 4 votos amarillos ahora ganados. La docena de diputados que están comandados por Patricia Bullrich se mantendrá incólume con el Gobierno.

“Somos moderadamente optimistas”, confesó a este medio un diputado opositor que ya votó a favor del financiamiento universitario, aunque puso reparos y señaló que la clave de la estrategia es “enflaquecer” la tropa panlibertaria. En la votación del 15 de agosto pasado el rechazo logró abroquelar poco más del tercio de los presentes, que le podría alcanzar para sostener el veto si el tablero repite las cifras: la media sanción se logró con 143 votos a favor, pero hubo 77 en contra y una abstención, correspondiente al radical mendocino Lisandro Nieri. “Estamos negociando ausencias”, reveló el legislador.

Por fuera del macrismo, la UCR es otra pecera a la expectativa porque su quiebre fue determinante para sostener el veto a los jubilados. De los cinco “radicales peluca” –como fueron bautizados– al menos dos estarían ausentes, supo elDiarioAR: Martín Arjol y Pablo Cervi. Será puesto a prueba el mileísmo en sangre del jefe de esa tribu, el tucumano Mariano Campero. “Estamos trabajando uno a uno los votos para la insistencia”, planteó uno de los negociadores principales del radicalismo. “Debería salirle mal a Milei. Creo que no tiene héroes suficientes”, dijo otra voz en la UCR. En la media sanción el partido centenario aportó 29 votos de sus por entonces 34 miembros.

Al ser la primera minoría, el espacio que más porotos sumó en su momento fue Unión por la Patria, aunque también tuvo muchas ausencias: 84 votos de 99 diputados. Si ese grupo de los 15 se presenta el miércoles, sube la vara que necesita el blindaje oficialista. “Estaremos la semana que viene en el recinto para rechazar el veto”, dijo el jefe de la bancada, Germán Martínez. “Vamos a trabajar junto a otros bloques políticos para rechazar el veto del Presidente”. 

En los espacios de Encuentro Federal y Coalición Federal hubo votos a favor y también ausencias, que se supone que ahora se sentarán en sus bancas, ya que estuvieron militando la marcha de ayer, como Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer, o los lilitos Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago.

Aunque también pidió la sesión y sus ocho diputados votaron a favor, en Innovación Federal se adelantan dos ausencias y hasta podría haber 3 votos en contra, recogió elDiarioAR en la bancada que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones. La jefa del grupo, Pamela Calletti, que es docente universitaria, comprometió el apoyo de los tres diputados salteños.

Contra la ley aportaron sus votos el grueso de los libertarios y sus más aliados, como el MID y el bloque Independencia del gobernador de Tucumán. Pero esta vez estarían ausentes Zago y la ultramileísta Lilia Lemoine, que partió ayer a Ucrania. Cerca de la cosplayer adelantaron que tendría viaje de retorno recién para el sábado siguiente a la sesión, a menos que Milei la obligue a volver antes para blindar el veto a las universidades.

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Milena y Francisco caminan hacia la plaza del Congreso a paso rápido mientras tienen una conversación muy particular: no se cuentan chismes de la vida, sino que repasan sus apuntes sobre Fisiología Animal Comparada, una materia de la carrera de Biología que cursan en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Rindo mañana”, dicen los carteles que tienen pegados en sus pechos. “Es una materia difícil, con mucho contenido, pero tenemos docentes que son un amor, que ayer se quedaron hasta la noche en una clase de repaso respondiendo todas nuestras dudas. Es un examen difícil y estamos cortando clavos, pero pensábamos que no nos daría la cara para ir a rendir sabiendo que nuestros docentes están acá en la marcha”, asegura Milena con una sonrisa amplia. Mochila en los hombros, las fotocopias en una mano, el celular con los parciales de años anteriores en la otra.

La voluntad de Milena y Francisco por participar en la marcha federal universitaria se replicó en miles de personas que se movilizaron en todo el país este miércoles contra las políticas de ajuste educativo del gobierno de Javier Milei. Si la protesta en la Capital Federal fue de magnitudes similares a la de abril pasado, también tuvo la misma fuerza –o más– en otras ciudades a lo largo y ancho del país. 

El epicentro de la segunda protesta en el año fue la plaza del Congreso, un escenario que buscó ser simbólico ante la posibilidad latente de que el Presidente firme el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Milei tiene tiempo reglamentario hasta este jueves a la medianoche para obturar la norma sancionada el 13 de septiembre y apenas culminada la manifestación masiva ratificó su decisión de avanzar en ese sentido. De espaldas al reclamo masivo, la Oficina del Presidente informó que el Gobierno “no cederá ante el espectáculo mediático” y “vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales”.

En la Casa Rosada esperaban tener el pulso de la movilización para terminar de definir la jugada, aunque siempre la posición libertaria fue la de vetar la ley. Desde la organización de la protesta contabilizaron una convocatoria de un millón de personas. Fuentes policiales apuntaron a este medio que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, hubo 100.000 manifestantes.

La pugna por la calle estuvo presente en la decisión de Patricia Bullrich de desplegar un importante operativo de seguridad con vallas y agentes en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Aunque esta vez directamente no aplicó el protocolo antipiquete, sí buscó explícitamente que la marcha no golpeara las puertas del Congreso, como en abril pasado. 

La protesta fue multipartidaria y multisectorial. Banderas de centros de estudiantes y de los gremios docentes y no docentes se mezclaron con consignas de la CGT y la UTEP, pero también con agrupaciones de todo el arco político, desde el peronismo al radicalismo, pasando por la izquierda y hasta la Coalición Cívica. Figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau se dejaron ver en la manifestación.

Pero no hubo dirigente político que sintetizara la convocatoria, que fue de todos. La música de la marcha la pusieron los bombos y redoblantes, y también los cánticos al mejor estilo tribuna de cancha: A ver, a ver/ quién dirige la batuta/si les estudiantes/o el Gobierno y la yuta, yuta… En la venta ambulante hubo pañuelos azules en favor de la universidad, remeras de la UBA y calcomanía con consignas en defensa de la universidad pública. 

La creatividad popular estuvo en un sinfín de carteles. Decía uno: Cuando todo sea privado, seremos privados de todo. Otro: Estudiá. No seas Adorni. Una tercer pancarta: La universidad pública tiene lo que a ellos les falta. Prestigio y credibilidad. Cuarto: Universidad para el pueblo. No para pocos. Quinto y último: Milei, paparulo, metete el veto en el culo.

El escenario de la protesta se instaló adrede mirando hacia el edificio parlamentario. Desde allí, micrófono en mano, la titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández De Piccoli, leyó el documento consensuado que le reclamó al Presidente que no firme el veto. Si Milei cumple su amenaza, la protesta le exigió a los diputados y senadores que insistan con la norma original.

Los votos para esa contraofensiva están ajustados, ya que se necesitan dos tercios de los presentes en los recintos. Con las bancadas de Unión por la Patria y la UCR unidas ante el reclamo universitario, la definición está en los legisladores que responden a los gobernadores y a Mauricio Macri. El oficialismo espera contar a su favor con el grupo de radicales disidentes que ya acompañaron el veto al aumento jubilatorio. Con todo, la incertidumbre recorría ayer los pasillos del Palacio Legislativo, desde donde se escuchaba el ruido de la marcha. 

En ese marco, Fernández De Piccoli trazó en el discurso una polarización extrema entre el sector universitario y la Casa Rosada. Dijo que la distancia no hizo más que profundizarse desde la protesta del 23 de abril. “No ha habido ni vocación de diálogo; la situación hoy es más crítica que a comienzos de año; no quisieron resolver estructuralmente los problemas; hay una intención de asfixiar el sistema”, fue parte del rosario de reclamos que desplegó la titular de la FUA.

“La columna vertebral de la Nación es la educación pública, que nos iguala y nos hace libres”, lanzó la dirigente estudiantil. Fue un discurso de pasajes duros contra la motosierra libertaria: “Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que el país enfrenta; es un error entender como un gasto y no como inversión lo que el Estado destina en universidades y desarrollo científico”. 

Las condiciones del sistema científico por el desfinanciamiento del CONICET y el no aumento de los salarios docentes marcó el pulso del discurso. La ley de financiamiento universitario obliga al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación y que también se otorguen aumentos mensuales de acuerdo a la suba de precios. Es un universo de 120.000 personas que forman parte de las 57 casas de altos estudios públicas de todo el país. En otro de sus artículos también busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma compromete el 0,14% del PBI, un porcentaje que Milei no parece estar dispuesto a ceder.

Por eso al cierre del acto Fernández De Piccoli le habló directamente al mandatario: “Al señor presidente le pedimos en un grito de auxilio: promulgue la ley de financiamiento universitario”. Y luego se dirigió a los legisladores, diputados y senadores: “A nuestros representantes en el Congreso, sostengan en el recinto la ley e introduzcan las modificaciones al proyecto de presupuesto 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades”. 

El reclamo estudiantil quedó en el aire de la plaza del Congreso a medida que la protesta comenzó a descomprimirse. Al caer la tarde, la movilización se desconcentró sin inconvenientes dejando en ridículo al fuerte operativo de seguridad del Gobierno. Fue el momento entonces en que Milena y Francisco volvieron a sus casas, para terminar de preparar el examen que rinden este jueves. Hoy llevan encima, para rendir el parcial de Fisiología Animal Comparada, de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, toda la energía de la segunda marcha federal universitaria.

MC/DTC

El Gobierno jugó fuerte para encajonar la marcha federal universitaria frente al edificio del Congreso. Con la intención de que la multitud que esperaba congregarse esta tarde no apareciera en las fotos tan junto al edificio parlamentario, la Casa Rosada desplegó un operativo de seguridad con un sinfín de efectivos y vallas alrededor del Palacio Legislativo. No ocurrió lo mismo en la manifestación de abril pasado, cuando el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue sobrepasado totalmente por la cantidad de personas que se movilizaron. Esta vez la ministra no quiso quedar en ridículo, y directamente decidió cortar el paso al tránsito.

El vallado policial se extendió por las arterias aledañas al Congreso, principalmente en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia. También estaba cortado el tránsito en el cruce de las calles Yrigoyen y Combate de los Pozos. Además había vallas en Combate de los Pozos y Riobamba, y había posts policiales en Rivadavia y Ayacucho. Las Fuerzas de Seguridad permanecieron dentro del vallado, sin contacto directo con los manifestantes.

“Es una decisión estratégica”, se limitó a responder a elDiarioAR un vocero de Seguridad, que evitó dar detalles sobre la cantidad de efectivos dispuestos en el operativo. En una recorrida por la zona se pudo observar a agentes de la Policía Federal, pero también de la Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son las fuerzas que habitualmente despliega Bullrich para reprimir cada manifestación. Esta vez la funcionaria buscó cambiar el foco: “Hacemos lo que se llama una zona limpia alrededor del Congreso, es decir que hay una zona cubierta por si cae alguna piedra o algo”, explicó anoche en el canal TN. “Hay una directiva clara: no sobrepasar ni intentar entrar al Congreso. Cuando lo hacen, la policía reacciona, porque queremos orden”, afirmó.

El vallado de la Policía tuvo cierta coordinación con los organizadores de la marcha porque fueron obligados a instalar el escenario en otra ubicación de la plaza frente al Congreso, cuando habitualmente se acomoda con el Palacio Legislativo detrás. Pasadas las 14 ya había banderas y grupos de manifestantes en la plaza, mientras la columna principal de la UBA caminaba desde plaza Houssay por Callao. Se espera que el documento principal de la protesta se lea a las 17.

El Gobierno activó temprano el protocolo antipiquetes con el control de colectivos en el acceso a la Capital Federal para criminalizar la protesta. Según difundieron en Seguridad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte retuvo dos ómnibus. Uno con 40 personas del Sindicato de Camioneros, que lidera Pablo Moyano, acérrimo enemigo de Javier Milei, y otro con 16 personas de la agrupación kirchnerista La Patria es el Otro. “Ambos sin autorizaciones, sin papeles. Retenidos y trasladados a deposito”, apuntó el ministerio en un parte oficial. También denunció que hubo “llamadas al 134 denunciando irregularidades sobre asistencia a la marcha”, pero no se dieron más precisiones. 

MC/JJD

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, sostuvo este miércoles que es “inaceptable” la vulneración de los “derechos de los más chicos” ante la posibilidad de un nuevo acampe esta noche por parte del colectivo Unidad Piquetera (UP) en Plaza de Mayo. Solicitó la intervención con “carácter de urgente” de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para llevar adelante una “mesa de diálogo”.

“Es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los más chicos, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle, incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”, escribió la ministra en Twitter, titulado: “Con los chicos no”.

Así se se pronunció Tolosa Paz sobre la Marcha Federal Piquetera que se está llevando a cabo desde el lunes y que hoy confluirá en Plaza de Mayo, donde se espera un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza”, además de “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

La funcionaria le exigió a la UP y a uno de sus principales dirigentes, Eduardo Belliboni del Polo Obrero, acordar “una forma de manifestación que evite el acampe de los niños y niñas en las protestas” al considerar que de esta manera “no hay diálogo posible”.

“Tomé la iniciativa e involucré a la Defensora Nacional de Niños y Niñas que nos llame como árbitro en la defensa de los chicos y chicas a una mesa de diálogo porque están poniendo en riesgo la vida de ellos con el acampe”, apuntó la titular de Desarrollo Social.

Tolosa Paz recordó que los chicos y chicas que acompañaron el último acampe “no asistieron a la escuela, por lo tanto, tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el sistema escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores”.

“Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación”, se quejó la ministra.

En su publicación, Tolosa Paz le recordó a Belliboni que “el diálogo está abierto y que es legítimo el derecho a la protesta”, aunque pidió que exista un trabajo en conjunto con el Ministerio para que “también se garanticen los derechos que tenemos pensados para los pibes y pibas”.

“El Estado nacional invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar, que, sumado a la Asignación Universal por Hijo y la prestación Alimentar, configuran una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes”, detalló y agregó que “cuando algunos apelan al castigo y a retirar la ayuda social, nosotros optamos por seguir trabajando para garantizar derechos”.

“No queremos una Argentina donde las niñas y niños estén en la calle en lugar de estar en la escuela. No hay diálogo posible cuando se utiliza a los más chicos”, completó. Al hilo de Twitter, le contestó Belliboni: “la que deja en la calle a las infancias es usted ministra, que se dedica a desabastecer los comedores populares de todo el país”.

LC con información de agencia Télam

Las distintas organizaciones sociales que integran la Marcha Federal Piquetera llegaban esta tarde a Plaza de Mayo, donde realizarán un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza” y “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

Las columnas arribaron pasado el mediodía desde distintos puntos del país y se congregaron frente al Congreso de la Nación, desde donde comenzaron a avanzar a partir de las 14 hacia Plaza de Mayo. A las 15, se instalaron las primeras carpas frente a Casa Rosada en pleno centro porteño, donde manifestantes de todo el país se preparaban para pasar la noche allí.

“Hoy vamos a acampar acá en Plaza de Mayo en una vigilia. Mañana será una gran jornada piquetera, tal vez la más grande de los últimos 15 o 20 años. Se suman a la pelea sectores del oficialismo que hasta ahora no habían salido, como UTEP”, dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO), durante el avance hacia la Plaza de Mayo.

Ezequiel Altamiranda, referente del PO de Santiago del Estero, señaló que hay “muchas demandas en la mercadería, en los alimentos, en los comedores, merenderos y no se está cumpliendo con las necesidades más básicas”.

Está previsto que mañana jueves las organizaciones sociales bajo la Unidad Piquetera marchen hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social junto con las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.

Desde el Bloque Social por el Trabajo, compuesto por la Federación Nacional de Trabajadores cooperativistas, precarizados y de la economía social (FNT) y el Frente Milagro Sala, confirmaron en un comunicado que participarán para “rechazar el programa de miseria planificada que se acordó con el FMI diseñado para que la enorme riqueza que produce cotidianamente nuestro país se quede en el extranjero, o repercuta nacionalmente en los balances de un puñado de grandes corporaciones”.

La convocatoria de las organizaciones sociales tiene como objetivo “repudiar el ajuste del FMI” y dar inicio a un plan de lucha “conjunto hasta que se resuelva el problema alimentario en Argentina”, según anunciaron.

Ayer martes, se realizó un acto en el centro de Córdoba capital luego de que los manifestantes partieran el lunes desde La Quiaca, provincia de Jujuy. El dirigente local del Polo Obrero, Emanuel Berardo, detalló que son más de 100 los actos que se realizaron a lo largo del trayecto en las distintas provincias, con la consigna: “Por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza”.

Berardo afirmó que “no sólo los desocupados están por debajo de la línea de pobreza, sino también los que tienen empleo formal que hoy lo que perciben no les alcanza para la imparable inflación”.

La columna sureste salió ayer a las 8 desde Caleta Olivia (Santa Cruz) a Comodoro Rivadavia (Chubut); la columna suroeste partió al mismo tiempo de Lago Puelo (Chubut); mientras que en San Juan hubo un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y en la capital cordobesa a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sureste y suroeste de la Patagonia se unificaron, mientras que a las 19 salió la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Por su parte, Belliboni instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta a la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, apuntó el dirigente.

Belliboni afirmó que la marcha piquetera se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la Argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró.

A la convocatoria se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa MTR, acompañados por el dirigente del PO jujeño y constituyente electo, Sebastián Copello. Otros dirigentes nacionales también partieron desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde el Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades.

La Marcha Federal Piquetera tiene la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) golpea aún más en el interior del país”.

IG/LC con información de agencias

Este lunes, organizaciones sociales iniciaron en La Quiaca la denominada Marcha Federal Piquetera en reclamo por trabajo, salario, contra el hambre y la pobreza. El jueves, confluirán en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires junto a otras columnas que llegarán desde otras regiones del país.

Del arranque en el norte jujeño participaron dirigentes locales y nacionales, entre ellos Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO) quien instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, sostuvo en el acto realizado en la plaza Centenario de La Quiaca, 300 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy.

Belliboni afirmó que la marcha se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró. En medio de un frío reinante y más de 3.400 metros de altura, salió desde La Quiaca una de las cabeceras de la marcha con “miles de compañerxs para llevar nuestros reclamos al centro del poder político”.

La Marcha Federal piquetera tiene previsto realizar actos y movilizaciones camino a Buenos Aires, la primera parada siendo esta tarde en la Plaza Belgrano de la capital jujeña. Además de Belliboni, se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa Mtr y el dirigente del PO de Jujuy y constituyente electo, Sebastián Copello.

Se informó que otros dirigentes nacionales también partieron en caravana desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde las regiones del Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades. Las movilizaciones tienen la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional golpea aún más en el interior del país”.

Con un acto del Polo Obrero en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y otro en la Quiaca, continuarán mañana con acciones en distintos puntos del país y el miércoles por la noche con una vigilia en la Plaza de Mayo para confluir finalmente el jueves con la protesta anunciada por la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Nacional Territorial (FeNaT).

Bajo el reclamo de “trabajo y salarios” y en rechazo al “hambre y la pobreza”, la convocatoria del PO incluye actos y movilizaciones en “centenares de ciudades” del país para concluir el jueves en la concentración prevista desde Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en el centro porteño. Se estima que el miércoles próximo las columnas que lleguen desde distintos puntos se congreguen frente al Congreso Nacional a partir del mediodía y, por la tarde, avancen hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acampe.

Este lunes, se realizaron acciones en Formosa capital y Comodoro Rivadavia, Chubut, y a las 17 se prevén protestas en San Nicolás y en San Miguel de Tucumán. Para las 18 está anunciado un acto en Neuquén capital, donde estarán presentes los ceramistas de Zanon, docentes de la dirección de ATEN, trabajadores de la salud y sindicatos locales.

En tanto, la columna sureste saldrá a las 8 de mañana martes desde Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia; la columna suroeste a la misma hora desde Puelo, mientras que en San Juan habrá un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y Córdoba capital a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sur-este y sur-oeste de la Patagonia se unificarán, mientras que a las 19 saldrá la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Finalmente, luego de confluir en la Capital Federal el miércoles al mediodía, las columnas marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde prevén realizar un acto a las 16 y luego dar inicio a un acampe y vigilia. Los integrantes del Polo Obrero se sumarán el jueves a la “marcha unitaria” convocada para ese día por Unidad Piquetera, UTEP, Fenat y otros movimientos sociales.

LC con información de agencia Télam

Organizaciones sociales y políticas, que integran la mesa nacional de la Unidad Piquetera, partieron esta mañana en caravana desde La Quiaca hacia Buenos Aires en el marco de la denominada Marcha Federal “Por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza”, que se extenderá hasta el jueves con un cierre en la Plaza de Mayo.

La movilización salió desde la plaza Centenario de La Quiaca, en la frontera con Bolivia, y tiene previsto arribar al mediodía a San Salvador de Jujuy donde se realizará otro acto en la esquina de 19 de Abril y Gorriti, frente a la Legislatura provincial

“Empezamos en el extremo norte y también extremo sur del país, porque estamos recogiendo el reclamo de todos ustedes. La última caravana federal fue hace casi 20 años porque también ocurría una crisis de estas características, de trabajo, salud, educación y de hambre que también la pagamos los trabajadores”, indicó en La Quiaca el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

También remarcó que “la caravana está teniendo una gran envergadura en todo el país” y apuntó que “más de 80 micros van a estarán llegando a la Plaza de Mayo” el próximo jueves.

Acompañado de otros dirigentes la mesa nacional de la Unidad Piquetera, el referente del Polo Obrero sostuvo que “la marcha federal es el futuro de este pueblo, es la lucha por el trabajo, salud y educación; lo otro es el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

“Estamos aquí para el reclamo genuino y que los trabajadores tengan una mejor vida”, acotó.

De la caravana que partió desde La Quiaca, está integrada por integrantes de Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Cuba MTR, el Movimiento barrios de Pie, entre otros

“Creemos en algo que nos parece muy importante, si la pobreza cruza el país, la unidad piquetera cruza el país contra la pobreza”, afirmó por su parte Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive y agregó: “nuestra lucha es incansable porque queremos trabajo genuino, mejores salarios y todas las reivindicaciones que nos merecemos”.

Este lunes, en una rueda de prensa, los organizadores detallaron que son cinco las caravanas que parten este martes de distintas regiones del país, entre ellas el Noroeste (NOA), cuyos participantes se detendrán entre martes y miércoles por otras provincias para realizar diferentes actos.

El arribo de las columnas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para confluir sobre Plaza de Mayo se producirá el jueves, desde Constitución, Once y Retiro.

“Se marchará por todas las provincias, hasta terminar en el centro del poder político para llevar todos los reclamos de cada una de las localidades y asambleas de la provincia”, señalaron.

Con información de agencias.

IG

La mesa nacional de la Unidad Piquetera, integrada por distintas organizaciones sociales y políticas, inicia este martes desde La Quiaca la denominada Marcha Federal “Por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza”, en el marco de una protesta que se extenderá hasta el jueves con un cierre en la ciudad de Buenos Aires. Este lunes, referentes piqueteros mantuvieron una reunión con Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para intentar acordar pautas para la movilización que finalizará el 12 de mayo en la Plaza de Mayo.

Tras el encuentro, el funcionario porteño manifestó entender “las necesidades”, aunque aclaró que la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta no quiere “transformar un reclamo social en un problema de seguridad. Vinieron todos los referentes de los diferentes movimientos para ver cómo organizamos todo para que le complique lo menos posible la vida a la gente. No habrá acampe, en eso fuimos bien estrictos. Será una movilización y un acto en reclamo del gobierno nacional”, destacó D'Alessandro.

“La idea de esto es ir organizándonos. Tenemos contacto con las 3 columnas, van a ingresar por las tres cabeceras más importantes, Retiro, Once y Constitución; vienen 20 micros del interior y coordinamos dónde van a quedar estacionados para que no bloqueen la 9 de Julio. Esto es una movilización y el compromiso de ellos es que va a ser los más rápido posible. El puente Pueyrredón es un objetivo federal. Nosotros apostamos al diálogo, nuestro límite es la violencia El compromiso de los referentes fue que no va a haber motivo para que la policía tenga que actuar”, concluyó el responsable de la Seguridad en CABA.

En sintonía, los dirigentes sociales detallaron que la movilización del jueves será “por las arterias principales, la avenida 9 de Julio, Diagonal Norte, Rivadavia y Diagonal Sur, a partir de las 12, cuando nos concentramos en la cabeceras y a las 15 va a ser el acto en Plaza de Mayo. No va a haber cortes. El compromiso es que nos vamos a movilizar sin ninguna provocación. Esperemos que cumplan con la palabra porque ya ha habido situaciones en que no la cumplieron”, advirtieron.

Marcha Federal

Desde Jujuy, los convocantes informaron este lunes que el objetivo de la marcha es desplegar una “gran movilización de trabajadores” a nivel nacional, y que para mañana está previsto hacer una apertura en la plaza Centenario de La Quiaca, en la frontera con Bolivia, para luego realizar otro acto, en horas del mediodía, en la plaza central de la capital jujeña.

“El reclamo es contra el Gobierno nacional que está haciendo el ajuste tras el acuerdo con el FMI y en lugar de combatir la inflación le echa más leña al fuego”, aseguró el representante del Polo Obrero en Jujuy, Sebastián Copello.

Además, el dirigente cuestionó al gobernador Gerardo Morales (UCR-Juntos por el Cambio), a quien acusó de “ajustar los salarios” y “perseguir y reprimir cualquier lucha social que aparezca” en la provincia.

Según detallaron los organizadores en una rueda de prensa, cinco caravanas partirán desde distintas regiones del país, entre ellas el Noroeste (NOA), cuyos participantes se detendrán entre martes y miércoles por otras provincias para realizar diferentes actos.

El arribo de las columnas a la CABA para confluir sobre Plaza de Mayo se producirá el jueves, desde Constitución, Once y Retiro.

“Mañana iniciaremos la gran Marcha Federal, en la cual trabajadores ocupados y desocupados de todo el país volveremos a movilizarnos masivamente contra las políticas de ajuste de los Gobiernos que priorizan el pago de la deuda fraudulenta al FMI por sobre las necesidades populares”, indicó por su parte Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST Teresa Vive y miembro de la mesa nacional de la Unidad Piquetera.

La dirigente de izquierda señaló que los manifestantes pretenden “cruzar el país contra la pobreza” para reflejar que “la pobreza cruza el país”, y luego reiteró el reclamo de que el Poder Ejecutivo priorice la creación de “trabajo genuino” y disponga aumentos salariales para que “los salarios (mínimos) estén acordes a la canasta básica”.

Con información de agencias.

IG