Después de un año de dolores de cabeza, Martín Menem puede respirar tranquilo: la Justicia cerró la causa que investigaba la visita que un grupo de diputados libertarios hizo al penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados. El juez federal Luis Armella consideró, tal como sostenía Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal no había incurrido en ninguna irregularidad para facilitar el encuentro. El juez se hizo eco, así, del dictamen del fiscal Sergio Mola, el mismo fiscal que viene apelando para que Cristina Fernández de Kirchner deba cumplir su condena en prisión.

El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza se subieron a una combi oficial de la Cámara baja, viajaron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron una tarde junto a un grupo de represores, entre los que se encontraba Astiz, pero también Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Allí, los diputados libertarios -Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci- se reunieron y fotografiaron con los represores. Todos menos una: Bonacci, quien denunciaría, luego, que había sido “engañada” por Benedit, el organizador de la visita y uno de los coordinadores del chat en el que se barajaban propuestas que permitieran que los genocidas pudieran acceder a prisión domiciliaria.

En ese chat de WhatsApp participaba también el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien coordinaba encuentros para aquellos que quisieran ayudar a los condenados por lesa humanidad. En el grupo se llegó a presentar, incluso, un proyecto de ley que reformaba el Código Penal e incorporaba una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado tomara conocimiento de un delito. El proyecto se llamaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.

Toda esta información fue aportada por Lourdes Arrieta, la otra arrepentida, en una denuncia penal que presentó contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria, incluso, apuntaría contra Menem, lo que le terminó valiendo que la expulsaran del bloque oficialista.

Causa cerrada

El juez Armella decidió archivar la causa en sintonía con el pedido que había hecho el fiscal Mola, quien dictaminó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido ningún delito. Cuando la causa cayó en sus manos el año pasado, Mola decidió circunscribir la investigación a si habían existido irregularidades por parte del Servicio Penitenciario, que responde a Patricia Bullrich, cuando los diputados realizaron la visita. Y dictaminó que no había motivos para continuar investigando.

El motivo del foco de la investigación era que, en los chats aportados por Arrieta, los diputados mencionaban que contaban con el visto bueno de Bullrich y al jefe del SPF. Cuando se realizó la visita, además, no los revisaron ni les pidieron sus teléfonos celulares (que luego serían utilizados para sacarse la foto de familia con Astiz).

Mola sostiene, sin embargo, que los diputados no habían realizado una “visita”, sino un “recorrida” para conocer las condiciones de los presos. La diferencia es crucial, ya que para las “visitas”, las personas están obligadas a pasar un procedimiento de seguridad -como escáner corporal y detector de metales- y deben realizar el encuentro con el preso en un área común.

Las “recorridas” o inspecciones institucionales para conocer las condiciones de la privación de libertad, en cambio, debe ser garantizada por la autoridad penitenciaria “debiendo prescindir de diligencias innecesarias que obstaculicen su realización”, tal como precisa Mola en su dictamen (al que eldiarioAR tuvo acceso).

“Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una ”recorrida“ no parece ilógico. Al así considerarla, resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control”, sostiene Mola, y agrega: “¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”.

Para Mola, que viene de apelar con Diego Luciani el beneficio de arresto domiciliario que se le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, “no surgen elementos para considerar un actuar doloso por parte de los funcionarios penitenciarios”. Y el juez coincidió y archivó la causa.

Un año después del escándalo que sacudió el corazón del bloque libertario. De embestidas opositoras que intentaron crear una comisión investigadora y fracasaron. De chats filtrados y guerras internas. Después de varios dolores de cabeza, Menem puede estar tranquilo con que al menos ese drama quede en el pasado.

MC/JJD

Diego Luciani y Sergio Mola pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que “no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” a la expresidenta, de 72 años.

“La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina dijo estar bien de salud a nivel general, remarcaron.

“La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a CFK se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser “preservada” en un establecimiento carcelario.

José López se entregó en Comodoro Py

El exsecretario de la Obra Pública del kirchnerismo José López se entregó esta mañana ante el Tribunal oral Federal 2 para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Según confirmaron fuentes judiciales, López llegó ayer desde Santa Cruz y pidió el arresto domiciliario, lo cual tiene que decidir el tribunal y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos.

Con información de agencias.

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal Jorge Gorini dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la exvicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común “ de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Con información de agencias.

IG

En un duro escrito, el fiscal federal Sergio Mola acusó a los abogados de Martín Insaurralde de obstruir su rol en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. La defensa de Insaurralde recusó al fiscal para pedir su apartamiento de la causa, como adelantó elDiarioAR este martes. “Lo que pretenden” los abogados “es que el fiscal no trabaje y no cumpla con su misión”, afirmó Mola en un escrito presentado este miércoles ante el juez federal Ernesto Kreplak, a quien solicitó rechazar la recusación.     

Es “una canallada” sugerir que el fiscal haya aportado “a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía”, aseguró Mola sobre las acusaciones de Insaurralde y sus letrados sobre la filtración de los datos migratorios del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. “Y digo que es una canallada porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al señor Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones” en resguardo. “No fui yo quien dio a publicidad las actuaciones”, dijo Mola en el escrito publicado en el sitio oficial Fiscales.gob.ar.

Sobre las filtraciones de las fotografías del allanamiento de Sofía Clerici, Mola aseguró: “El fiscal no dispone los allanamientos, los ordena el juez. No sólo no los dispuse sino que tampoco los coordiné, ni designé a la prevención —es decir a la Policía Federal Argentina (PFA)— que los llevó a cabo, ni evacué consulta alguna que tuviera que ver con los allanamientos, ni mantuve comunicación alguna con la prevención”. “La prevención no me comunicó los resultados. Las fotografías y lo que surge de las noticias a las que alude el abogado, son cuestiones que las conocí a través de los medios de comunicación. Para que le quede claro tomé conocimiento después que los periodistas”, expuso Mola. 

Los abogados de Insaurralde, Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel, habían sostenido en su escrito de recusación que el fiscal debería ser apartado de la investigación por “manifiesta enemistad y animadversión” en contra del funcionario. Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en su escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la ley del Ministerio Público Fiscal.

“Todas las medidas que sustancié fueron solicitudes de informes a organismos públicos o privados, tal como se me faculta en la citada ley”, les respondió Mola, quien ejerció como fiscal adjunto en el juicio oral y público del caso Vialidad, que finalizó con una condena de seis años contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Todas las medidas fueron comunicadas inmediatamente al juez, subiendo al sistema los proveídos y los resultados de las diligencias. Procuré imprimir celeridad a la investigación y evitar (mediante la comunicación inmediata) la superposición de diligencias. No existe disposición alguna que vede al Ministerio Público Fiscal la producción de este tipo de medidas. Lo contrario resultaría completamente irrazonable”, dijo Mola.

“Lo cuestionable, según el abogado, sería que actué con premura en época electoral. Es decir que el fiscal –según su particular criterio— debería dilatar su accionar en épocas electorales, ergo, debería actuar políticamente”, se quejó el fiscal. “Es cierto que actué con premura porque entiendo que es la forma en la que deben actuar los fiscales en las causas de interés institucional como la presente”, agregó Mola. “También actué con premura porque conozco con suficiencia la importancia de la producción de la prueba apenas iniciado el proceso porque a la par de que la celeridad hace mermar las posibilidades de ocultamiento, destrucción o tergiversación de pruebas, y el ocultamiento y enajenación de los bienes que pueden estar sujetos al decomiso, aumentan las posibilidades de éxito de las investigaciones”, explicó.

La defensa de Insaurralde había sostenido que “la coincidencia de la premura persecutoria del señor fiscal con los tiempos de las elecciones generales en curso, y de la inexplicable difusión inmediata de información de la causa (...) hizo virar el eje de las proclamas de la candidata señora (Patricia) Bullrich hacia el llamado ‘Yategate’”.

“Lo que pretende el abogado —le respondió Mola— es cargarme el uso político que pueda realizar la fuerza opositora a su defendido. Y me pregunto: ¿qué tengo que ver con eso? No trabajo en política, no milito en ningún espacio, no tengo afiliación política alguna. No tengo relación con políticos. Eventualmente, y siempre en el marco del ejercicio de mis funciones, pude haber interactuado con algún funcionario político, pero siempre dentro del mandato constitucional”.

Los abogados de Insaurralde también argumentaron como parte de su hipótesis de enemistad del fiscal que Mola haya sido nombrado con la ahora ex candidata a la Presidencia “aplaudiendo en primera fila”, cuando Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. “También se muestra un posterior ingreso a la Casa de Gobierno del señor Fiscal con fecha 16 de junio de 2016”, durante la gestión de Mauricio Macri, señalaron los abogados de Insaurralde.

Es cierto que actué con premura porque entiendo que es la forma en la que deben actuar los fiscales en las causas de interés institucional como la presente.

Sergio Mola — Fiscal federal.

“Si mi jura hubiese acontecido en otro momento, seguramente serían otros los funcionarios presentes, en caso de que me hubiesen querido acompañar”, afirmó Mola. “También se señala que concurrí a la Casa Rosada en el año 2016, y efectivamente lo hice junto a un Director del Ministerio de Seguridad para reunirme con el Secretario Legal y Técnico de la Nación. Lo hice en el marco del mandato constitucional del artículo 120. Recuerdo claramente la reunión y el motivo de la misma, pero no encuentro qué conexión puede tener esa reunión, en la que se trataron temas vinculados a un ámbito de competencia de la fiscalía en la que ejercía mis funciones, como lo es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, ya que Mola es fiscal federal de Lomas de Zamora, que tiene al aeropuerto bajo su jurisdicción.

Es “un verdadero divague, resulta sorprendente la liviandad de las conexiones de circunstancias realizadas por el letrado”, respondió el fiscal. “El razonamiento realizado y las conexiones intentadas son tan superfluas que me siento eximido de realizar mayores comentarios”, agregó. 

“La recusación intentada por el defensor debe ser rechazada, ya que no poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como fiscal en este proceso. Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, aseguró Mola. 

ED/JJD

Mientras Martín Insaurralde se mantiene “guardado” y evitó ser allanado por la Justicia la semana última, sus abogados se presentaron este viernes por la tarde ante el juzgado de Ernesto Kreplak y recusaron al fiscal federal Sergio Mola para intentar apartarlo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Así surge del escrito al que tuvo acceso elDiarioAR. Ahora, el juez deberá dar vista del pedido a la fiscalía para que Mola presente su posición.

El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires argumentó que el fiscal debe ser apartado por “manifiesta enemistad y animadversión” en su contra, afirmaron sus abogados Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel. Mola viene avanzando en una investigación paralela a la que lleva adelante el juzgado federal de Lomas de Zamora. La defensa sostuvo en un duro escrito que el fiscal actúa “en exceso” al realizar medidas de prueba por su cuenta, lo cual, sin embargo, es permitido por la normativa.

El escrito de los abogados dejó entrever además la tensión que la causa ha generado entre el juez y el fiscal por el criterio de investigación. “El día 4 de octubre de 2023 el señor Fiscal introdujo la recusación por amistad íntima de mi defendido con el señor Juez”, escribieron Maciel y Pinto. “Los términos de la recusación -del fiscal al juez Federico Villena, primer magistrado de la causa- fueron a tal punto hostiles e impropios a la investidura del Magistrado recusado, que éste a la vez que negó la existencia de la causal de recusación invocada, se excusó afirmando haber sufrido violencia moral al punto de afectar su tranquilidad de espíritu para continuar en el proceso”.

Argumentos

Para argumentar la supuesta “enemistad manifiesta y animadversión”, la defensa de Insaurralde aduce que la fiscalía habría informado a la prensa los registros de Miraciones del funcionario. Insaurralde viene siendo protagonista de numerosas publicaciones por su nivel de vida de lujo, su viaje en yate por el Mediterráneo y las sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito. 

La defensa sostuvo que los registros migratorios de Insaurralde fueron luego “capitalizada por la fuerza opositora contraria al espacio político que integra nuestro defendido, entonces con un rol funcional de importancia”. 

“La coincidencia de la premura persecutoria del señor Fiscal con los tiempos de las elecciones generales en curso, y de la inexplicable difusión inmediata de información de la causa, obtenida por el señor Fiscal por fuera de la instrucción que él mismo había requerido, hizo virar el eje de las proclamas de la candidata señora Bullrich hacia el llamado ‘yategate’”, sostuvieron los abogados de Insaurralde.

Los resultados electorales del domingo 22 de octubre confirmaron una victoria del gobernador Axel Kicillof por unos 20 puntos de diferencia con el segundo puesto obtenido por Juntos por el Cambio.

“En forma prácticamente simultánea al allanamiento dispuesto en el domicilio de Sofía Clerici, se pudo ver en los diarios fotografía de dinero que le fue secuestrado, con títulos que por supuesto abonaban en beneficio del espacio político de la nombrada candidata”, se quejaron los abogados.

La defensa sostiene que el fiscal estaría actuando al margen de la ley al realizar una investigación paralela. Sin embargo, la normativa permite a los fiscales que no están a cargo de la instrucción de la causa realizar medidas de prueba complementarias a las del juez a cargo de la investigación, siempre y cuando no realicen medidas que sólo puede realizar el juez, como allanamientos, intervenciones telefónicas y embargos.

Bullrich

Los abogados de Insaurralde también argumentaron como parte de su hipótesis de enemistad del fiscal que este haya sido nombrado con la ahora excandidata a la Presidencia “aplaudiendo en primera fila”, cuando Bullrich era ministra de seguridad del gobierno de Cambiemos. “También se muestra un posterior ingreso a la Casa de Gobierno del señor Fiscal con fecha 16 de junio de 2016”, durante la gestión de Mauricio Macri. Así, la defensa de Insaurralde replicó argumentos planteados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recusar jueces en los expedientes en su contra. De hecho Mola fue quien acompañó la acusación del fiscal Diego Luciani contra la ex mandataria en la causa Vialidad.

Los abogados también se quejaron porque el fiscal no requirió “medida alguna para confirmar la genuinidad de las imágenes publicadas en las redes sociales” por parte de Clerici, quien expuso al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia a bordo del yate. Insaurralde renunció a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia tras la publicación de las fotografías.

La defensa aseguró que “el interés institucional del Ministerio Público Fiscal quedó relegado frente a la interposición de las finalidad de apoyo a la campaña política simultánea que llevaba adelante la señora que lo aplaude en la fotografía en primera fila, al punto de haber hecho la utilización política de las actuaciones que ha sido ya señalada”.

Nota: este artículo se actualizó el 1° de noviembre de 2023 a las 17:59.

ED/MG

Tras los procedimientos del martes pasado en siete domicilios de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, la causa por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires ingresó en una nueva etapa: la fiscalía de Sergio Mola y el juzgado de Ernesto Kreplak, cada uno por su lado, analizarán el material secuestrado durante los allanamientos de la semana última. 

Así, separarán la paja del trigo, la prueba del material, y comenzarán a preparar el camino hacia las pericias, informaron fuentes directas del expediente a elDiarioAR. Tras este trabajo, la fiscalía podrá definir imputaciones más concretas y profundizar las dos líneas de investigación planteadas hasta el momento: los viajes de Insaurralde y su patrimonio. Ahora es momento de profundizar sobre lo obtenido, explicaron a este medio fuentes de la investigación.

La causa contra Insaurralde sigue teniendo al menos un punto débil, a pesar de lo explícito de las imágenes de su viaje en yate por el Mediterráneo, puntapié de las denuncias. El juzgado allanó domicilios de Insaurralde tras las elecciones del domingo, pero no pudo dar con la vivienda actual del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Eso implica que no cuenta ni con el teléfono celular (o los teléfonos celulares) ni con la computadora personal (o computadoras) del dirigente. 

La casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, que las investigaciones preliminares habían indicado que se trataba de su domicilio real, estaba vacía, con los muebles tapados con sábanas.

Insaurralde está “guardado” y eso inquieta a la fiscalía. Sus abogados no hacen declaraciones ni realizaron ninguna presentación reciente en la causa, al menos hasta el viernes último a las 13.00, cuando el juzgado cerró la mesa de entrada. El exjefe de Gabinete de Axel Kicillof no fue a votar, tampoco se presentó tras los allanamientos fallidos a explicar su paradero ni a poner a disposición de la Justicia sus dispositivos electrónicos. La fiscalía, que había pedido el secuestro de los mismos al inicio de la causa, perdió expectativas sobre la posibilidad de recuperar pruebas por esa vía.

El juzgado impuso a Insaurralde una restricción: no puede abandonar el radio de 100 kilómetros del juzgado de Lomas de Zamora sin notificar al juez, por lo que el tribunal entiende que el dirigente se encuentra en la provincia de Buenos Aires.   

Gastos versus ingresos

El viaje a Marbella del intendente en uso de licencia expuso los lujos de Insaurralde: partió desde Buenos Aires a España en clase Business de la línea aérea Iberia, un pasaje que adquirió un día antes del vuelo, el 14 de septiembres último, y se pagó US$8.139,30 con una tarjeta American Express de Estados Unidos.

La pareja Insaurralde-Clerici hizo transacciones y vuelos por separado, y se habrían encontrado en España. Clerici había planificado el viaje con unas tres semanas de anticipación: compró el pasaje a Air Europa el 17 de agosto para embarcar el 7 de septiembre a Madrid y pagó más de $3,8 millones en efectivo.  

El alquiler del yate “Bandido” habría costado 14.000 euros, la reserva la hizo Clerici y el hotel donde se alojó la pareja durante una semana en Marbella habría costado 24.000 euros, publicó La Nación este domingo. Todo se hizo a traves de una agencia o empresa privada. La mujer dijo en declaraciones públicas que “se lo prestó un amigo” de ella.

En sus declaraciones juradas, Insaurralde informó ingresos por menos de $4 millones anuales en 2021, pero aún no se conoce su información fiscal actualizada, informó Clarín. Entonces, declaró depósitos bancarios por $326.744 y $300.000 en efectivo como ahorros; una casa de Lomas de Zamora valuada en más de $10 millones y “dos bienes muebles” por $365.000. También una sociedad anónima, Sasaxa Libero, que sería dueña de un restaurante en Las Lomitas, centro de Lomas de Zamora. Declaró en 2021 que la empresa estaba valuada en poco más de $6,4 millones.

La ecuación gastos versus ingresos tiene un gris: Jésica Cirio. Hasta hace unos meses, la conductora y modelo estuvo casada con Insaurralde por lo que el funcionario podría utilizar los ingresos de la sociedad conyugal y de su exesposa para justificar su estilo de vida durante la última década e intentar así despejar las sospechas del presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, los investigadores tienen otra pista para compensar: el acuerdo de divorcio. A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar envió un exhorto al Uruguay para indagar sobre un supuesto acuerdo firmado en aquel país.

Hay otro dato que surgió de los allanamientos a Clerici: en el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

American Express

Hay otros exhortos pendientes en España para conocer otros movimientos de Insaurralde en ese país tras su partida el 15 de septiembre último.

En Estados Unidos hay dos pistas pendientes, que también activaron pedidos de información de la fiscalía y exhortos del juzgado. La tarjeta American Express utilizada para adquirir el pasaje aéreo de Insaurralde a Madrid fue emitida en aquel país. Los investigadores necesitan reconstruir el número completo de la tarjeta, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra, como informó elDiarioAR. 

Aún resta conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta, su titularidad y el origen de los fondos. También si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

En el mismo sentido, el fiscal Mola solicitó al juzgado un segundo exhorto a Estados Unidos para conocer quiénes son los dueños de una empresa radicada en ese país que tiene a su nombre un inmueble en Miami. La compañía se llama J&M Twins LLC y se sospecha que las siglas corresponderían a las iniciales de Jésica y Martín.

ED

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

IG

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la última oportunidad este martes 29 a las 9.30 de la mañana de dirigirse al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la juzga por supuestos delitos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a otros 12 imputados. Y según anticipó ella misma en su cuenta de Twitter, hará uso de ese derecho.

“Mañana a las 9:30 en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen...”, escribió la titular del Senado sobre el juicio que lleva más de tres años y donde Luciani pidió una condena 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita.

La exmandataria se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom, cuando se le preguntará si desea exponer sus últimas declaraciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Este es un derecho de los imputados en juicios orales, y pueden optar por no hacerlo.

Si como todo indica, la vicepresidenta hará uso de ese derecho, será entonces la tercera vez que hable en este juicio. Lo hizo por primera vez durante su indagatoria en diciembre de 2019. La segunda oportunidad fue el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, valiéndose de su condición de abogada. 

En la audiencia de mañana martes, podrán también declarar el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López y Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz.

Esa misma jornada, la segunda de las palabras finales dispuesta por el Tribunal, se dará la posibilidad de hablar a los últimos cuatro imputados: los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti. De ahí se sabrá cuándo los jueces se pronunciarán en su veredicto, el cual debe ser emitido en la mismo día que hable el último de los acusados.

“Mi condena está escrita”, había dicho tiempo atrás al referirse al juicio, el primero en el que se llega a instancias finales. El mismo la encuentra en el centro de la escena política, con su entorno pidiendo por su candidatura a la Presidencia en el 2023.

Recuento del juicio por la causa Vialidad

El juicio donde se juzga el presunto fraude al Estado Nacional entre 2003 y 2015 por el otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez comenzó en mayo de 2019. Según la acusación, se trata de 51 obras viales las cuales algunas no se terminaron pese a que se cobraron, en otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular. La fiscalía apunta a la existencia de una asociación ilícita, ubicando a su cabeza a la vicepresidenta.

El juicio arrancó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri, que tenía en ese momento a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional, aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008. A lo largo de más de tres años de juicio, interrumpidos por la pandemia y sin recuperar nunca la presencialidad plena, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

La expresidenta intervino varias veces ante los jueces a lo largo de proceso: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019 y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. En esa ocasión, refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración por parte de sectores políticos y judiciales para perjudicarla.

El 23 de septiembre pasado, luego de haber sido víctima de un intento de homicidio, Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro caso de prevaricato”, y que “la acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”. Además, responsabilizó al Poder Judicial y a los medios de crear un “clima social” que provocó el atentado en su contra. 

El pedido de condena de los fiscales

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta, así como a Lázaro Báez por ser el presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Pidieron diez para Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, para José López, exsecretario de Obras Públicas y para Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional. Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión, respectivamente.

Para Abel Fatala, ex funcionario de Planificación Federal, pidieron cuatro años. Reclamaron tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Santibáñez: todos ellos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita, pero una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

LC con información de agencias

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este sábado en sus redes sociales el alegato completo de su defensa en la denominada causa Vialidad y aseguró que esos registros “desmoronan, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola”.

Tal como había anticipado al ejercer su propia defensa, la exmandataria publicó “completo y ordenado” el alegato que brindó ella misma y también el de su abogado, Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

“Comparto con ustedes lo prometido: el alegato de mi defensa -completo y ordenado- que desmorona, como un castillo de naipes, las toneladas de mentiras repetidas por los fiscales Luciani y Mola”, publicó la Vicepresidenta en su cuenta oficial de Twitter.

En su canal de YouTube, Cristina Kirchner publicó 31 videos ordenados y divididos en capítulos, “en la forma en que el letrado defensor Carlos Beraldi llevó adelante la exposición con la que desmoronó las mentiras de los fiscales Luciani y Mola”.

La serie, titulada “Vialidad: el alegato de defensa completo”, acumula más de 16 horas, siendo que en el capítulo 11, Cristina Kirchner ejerce su propia defensa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación.

El capítulo 1 es “La historia de la Causa Vialidad: cómo llegamos hasta acá. Período 2008-2015” mientras que el final, el capítulo 12, video 32, es denominado “Lawfare”.

El video más extenso, de casi tres horas, es el titulado “Concentración de la obra pública vial de Santa Cruz y los supuestos sobreprecios” donde Beraldi realizó un exhaustivo detalle de la pericia al respecto.

Luego de la acusación de la Fiscalía con el pedido de doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, llegó el turno del alegato de la defensa de la Vicepresidenta que comenzó el lunes pasado y concluyó este viernes con el pedido de "absolución".

Ahora será el turno de los alegatos de la defensa del resto de los acusados por el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante el periodo de 2003 a 2015.

CRM con información de las agencias Télam y NA

“Mentiras”, “mala praxis”, construcción de una “fábula” y de una “fantasía”, prevaricato, desconocimiento del Derecho. Son algunas de las réplicas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su defensa al alegato de la fiscalía en el juicio oral y público por el caso Vialidad.

En un debate que ha girado en torno a “verdades” y “mentiras”, una fuente allegada a la fiscalía que encabeza Diego Luciani dijo a elDiarioAR que “el alegato de la fiscalía se mantiene inalterable e incólume” y que el Ministerio Público Fiscal no ha podido ser contradecido con argumentos válidos. 

“Se asistió a una tergiversación del alegato de los fiscales y de las pruebas documentales y testimoniales del juicio, que la defensa expuso de forma parcializada y segmentadas”, como cuando refirió que los fiscales habían sostenido que todo lo actuado por los gobiernos kirchneristas eran acciones de una asociación ilícita, agregó la fuente consultada ante las críticas de los abogados de la vicepresidenta y de la propia funcionaria. 

La defensa de Fernández de Kirchner, que alegó alrededor de 20 horas durante tres audiencias (lunes, martes y este viernes), sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola fueron los que tergiversaron las pruebas y solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que “saque testimonio” de esas supuestas “mentiras” que la fiscalía sostuvo como verdades durante su alegato, es decir, planteó formalmente a los jueces que denuncien penalmente a ambos fiscales por la comisión de un presunto delito: actuación infiel a sus funciones.

Los alegatos de la fiscalía y la defensa han girado durante decenas de horas en torno a aspectos jurídicos, de Derecho administrativo, vericuetos del funcionamiento de la Administración pública, la ley de Presupuesto, los procesos de licitaciones públicas, las reglas y normas del Estado y las competencias de los funcionarios públicos. Un compendio teórico que para la fiscalía fue utilizado en la práctica como herramienta del delito. Para la defensa, en cambio, garantizó la legalidad de los actos cuestionados porque la práctica no se alejó de la teoría. El intento de dilucidar quién miente y quién dice la verdad refleja la complejidad del juicio. Serán los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quienes deberán establecer en su sentencia quién mintió.

A pesar de la acusación a los fiscales de haber cometido un delito (prevaricato), ni la vicepresidenta ni sus abogados solicitaron este viernes la nulidad del alegato de la fiscalía, lo que habría implicado la apertura de un nuevo capítulo en el juicio, en el que los fiscales deben responder a las críticas y supuestas mentiras y exponerlas en una audiencia pública. La expresidenta enfrenta un pedido de sentencia de doce años de prisión e inhabilitación perpetua.

La estrategia de defensa se centró en dos ejes centrales que Fernández de Kirchner planteó en su exposición de poco más de una hora este viernes: primero, desmentir la existencia de una supuesta asociación ilícita creada para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de obras viales al empresario Lázaro Báez, socio y amigo de su familia; segundo, establecer que además, no tuvo como presidenta competencia para tomar las decisiones que terminaron favoreciendo al empresario Báez en la adjudicación de obra pública.

La vicepresidenta pudo alegar en su propia defensa por ser abogada y expuso como tal en un tramo de su alegato:dijo que la causa Vialidad es anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal.

ED

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expondrán este martes el segundo capítulo de su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación de 51 obras viales a su socio comercial y amigo de su familia, Lázaro Báez.

En esta segunda jornada de alegatos de su defensa, los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 para argumentar que la acusación de la fiscalía, que pidió doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, se basa en “cuestiones inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de la Nación”, adelantó Beraldi durante la audiencia de este lunes. 

El principal abogado de Fernández de Kirchner también anunció que buscará derribar “otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias”: el plan “limpiar todo” o “plan huída”. 

A finales de 2015, tras una reunión entre Cristina Fernández y José López en la Quinta de Olivos, el entonces secretario de Obras Públicas “bajó la orden” de comenzar el “plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral del kirchnerismo. “Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó el fiscal Diego Luciani durante su alegato en base a las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

Tras dicha reunión, que había sido antecedida por otro encuentro entre López y el entonces presidente de Austral Construcción, Julio Mendoza, en un hotel porteño, el funcionario ordenó “limpiar todo” al ejecutivo de Báez. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó López. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal Luciani durante las audiencias del juicio en agosto último.

“Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean el ‘plan limpiar todo’, no van a salir de su asombro”, prometió Beraldi a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Han pedido 89 años de prisión” con “pruebas apócrifas”, dijo Beraldi este lunes.

Lunes

Durante la primera jornada de su alegato, la defensa ya comenzó a separar a Fernández de Kirchner de uno de los puntos centrales de la acusación. La fiscalía sostiene que la entonces presidenta lideraba la toma de decisiones. Beraldi se centró este lunes en sostener que las resoluciones, decretos y leyes que permitieron que las 51 obras fueran adjudicadas a Báez tuvieron la participación del gabinete de ministros, órganos del Ejecutivo, del Congreso y de órganos de control.

El alegato de la defensa acumulaba este martes más de 106.000 vistas en YouTube y la segunda audiencia también será transmitida al público por esa misma plataforma. El viernes, además, Fernández de Kirchner participará de su propio alegato y expondrá ante los jueces, ya que la ley la autoriza por ser abogada.

Juicio técnico

El juicio de Vialidad tiene un componente técnico de alta complejidad: requiere del análisis de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fondos de fideicomisos, decisiones administrativas, elaboración del presupuesto y proceso del proyecto hasta su sanción en el Congreso, y reasignaciones presupuestarias, que en este caso fueron dispuestas por el ministerio de Planificación y la Dirección nacional de Vialidad (DNV).

La fiscalía sostiene que estos componentes técnicos fueron instrumentos de la asociación ilícita, torcidos para defraudar al Estado a través de sus propias reglas. El abogado de la vicepresidenta concentró su defensa en los argumentos técnicos que, sostiene, desterrarían esa acusación.

“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo Beraldi. El abogado también hizo una breve defensa sobre las acusaciones contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero aclaró: “No se puede imputar a un muerto”.

Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto.

Carlos Beraldi — Abogado de Cristina Fernández de Kirchner

Beraldi habló de “dos hechos inventados” por la fiscalía: “El apagón informativo” y “el plan limpiar todo”. Este lunes se centró en el primero de ellos.

También dijo que desde 2008 “se replican a partir de denuncias en los medios de comunicación hasta que se llega al juicio y se conoce la verdad”.

Ante los jueces, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y la construcción de una “fantasía”.

“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”, afirmó.

Luego, Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

“Política de Estado”

“Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible”, dijo Beraldi este lunes a los jueces.

El penalista criticó que la fiscalía haya sostenido que las leyes de presupuesto fueron instrumentos de la asociación ilícita, es decir, “los vehículos con los que se cometieron los planes criminales”.

“Santa Cruz no tenía rutas y por eso se hizo esa inversión”, afirmó Beraldi tras mostrar un cuadro de distribución de las obras de pavimento en el país en 2003. Sólo el 42,5% de las rutas en la provincia estaban pavimentadas el año en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia, según la Red Nacional de Caminos.

Tierra del Fuego era la provincia menos favorecida en la distribución: tenía el 7,4% de sus caminos pavimentados. El resto de las provincias, entre el 48% (Jujuy) y el 100% (Buenos Aires). Santa Cruz era la segunda menos beneficiada en la distribución de obras viales, según los datos expuestos por el abogado.

Además, Beraldi afirmó que “la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública se incrementó de 12.000 en 2003 a 24.000 en 2015, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Entre 1990 y 2002, el Estado invirtió US$18.711 millones en obra pública mientras que los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) casi sextuplicaron esa cifra, con US$107.825 millones, explicó el abogado para justificar que Báez pasó de empleado bancario a empresario de la construcción y que la inversión en rutas de Santa Cruz fue parte de una política a nivel país.

“Era una política de Estado de hacer inversión pública para que el país creciera. Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Es objetivo”, dijo.

“En el gobierno siguiente esa prioridad se desplazó para pagar la deuda pública. Los recursos que se obtuvieron de la recaudación en vez de hacer obra pública se pagaron al exterior”, agregó Beraldi.

“Ustedes me pueden decir está bien, está mal, pero en las elecciones eso se decide, no es un proceso judicial. No se puede criminalizar este tipo de decisiones como pretende hacer acá de una manera absolutamente ilegal”, aseguró Beraldi.

El penalista también remarcó, en base a testimonios del juicio, que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.

“Mala praxis”

“La fiscalía no sólo no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una situación fraudulenta de obra pública, ni siquiera lo buscó”, dijo Beraldi cuando se refirió a “la mala praxis de la fiscalía”.

Dijo que la acusación es “carente de prueba” y que es mentira que el 11% del presupuesto de obra pública se haya destinado a Santa Cruz, como la fiscalía dijo que sostienen los datos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Beraldi mostró otros números, en base a la información que le otorgó la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía. De acuerdo a esas cifras oficiales, la provincia de los Kirchner recibió un promedio de 7% del presupuesto anual destinado a obras viales entre 2004 y 2015.

Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible.

Presupuestos

La fiscalía sostiene que la política presupuestaria de la obra pública fue diseñada por el Ejecutivo con una participación “marginal” del Congreso en la decisión de distribución de los fondos, pero Beraldi llamó “fantasía” a la acusación de que “Néstor y Cristina hacían un presupuesto para que gane Lázaro Báez”, “obviando la autonomía con la que el Congreso se manejaba, la complejidad de la ley de leyes” (Ley de Presupuesto), que “puede ser debatida, modificada, eliminada por el poder Legislativo”, en palabras de la propia Fernández de Kirchner durante su indagatoria en el juicio, en 2019.

Beraldi también citó los testimonios de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, ambos diputados opositores que declararon durante el juicio, y negaron conocer la existencia de presiones a los legisladores para sancionar las leyes de presupuesto con los montos destinados a las obras en Santa Cruz.

“El Congreso de la Nación validó todos los DNU que se nombraron en esta causa como instrumentos del delito”, dijo el abogado, en referencia a algunos de los documentos que la fiscalía citó para destacar la participación de Fernández de Kirchner en la toma de decisiones.

“Los ministros nunca cuestionaron la validez de estos DNU (que se usaron para reasignar partidas presupuestarias para financiar las obras que se adjudicaron a Báez), tampoco los servicios jurídicos de cada ministerio”, incluidos “quienes se pasaron a la oposición”, como la exministra de Salud Graciela Ocaña, dijo Beraldi. Los ministros siempre acompañan la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

“Todos los gobiernos hicieron uso de esos decretos porque es necesario. No es excepcional ni arbitrario y mucho menos instrumentos de una asociación ilícita”, argumentó Beraldi.

Jefes de Gabinete

El defensor también citó varios tramos de los testimonios que dieron en el juicio los ex jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los cuatro explicaron ante el tribunal que las reasignaciones de partidas presupuestarias son “procedimientos normales” que se realizan desde 1994 y que el presupuesto es un pre-supuesto de los gastos que realizará el Estado al año siguiente, es decir, que puede ser modificado con ciertos límites legales.

Las obras de Báez se financiaron con fondos de un fideicomiso. Mientras que la fiscalía sostuvo que el manejo de esos fondos nunca fue transparentado al Congreso, los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron lo contrario, en base a los testimonios de Massa y un funcionario de Vialidad.

También remarcaron las palabras de la vicepresidenta durante su indagatoria en el juicio: “Son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar el presupuesto, no los presidentes”.

Beraldi y su colega Llernovoy remarcaron que los hechos que se exponen en el juicio ya fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron los abogados.

Fernández de Kirchner “es perseguida cinco veces por el mismo delito”, afirmó Beraldi.

Con información de Télam.

ED

El alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes a las 8 y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.

“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.

Por otra parte, insistió en que la ex Presidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.

La defensa por parte de los letrados de la titular del Senado se realizarán entre este lunes y martes ante el Tribunal Federal 2, en tanto que el viernes se prevé que Cristina Kirchner exponga de manera remota por la plataforma Zoom.

“Mañana, a partir de las 8 horas, el Dr. (Carlos) Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como 'Vialidad'. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, publicó la funcionaria este domingo en su cuenta de Twitter.

Las tres audiencias son virtuales y Beraldi liderará la exposición de la defensa técnica, como ya adelantó en una de las últimas audiencias de agosto al tribunal. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Está acusada de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar a la Administración pública con la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario y socio de su familia Lázaro Báez.

En agosto, la expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por considerar que en la etapa actual del juicio -los alegatos de las partes- los acusados sólo pueden defenderse a través de sus defensores y cuentan con la siguiente etapa del proceso para dirigirse ante el tribunal antes del veredicto, conocida como “últimas palabras”.

Fernández de Kirchner hablará a los jueces a tres semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla apuntando y gatillando un arma a centímetros de su cara.

La vicepresidenta salvó su vida porque el proyectil no salió. Las causas de este desenlace fortuito aún no se esclarecieron pero el atacante y al menos tres supuestos cómplices están detenidos. Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en tentativa.

Alegatos

A lo largo de nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola acusaron a Fernández de Kirchner y otros doce acusados de haber participado de “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al tribunal que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y penas de entre dos y seis años para el resto de los imputados, que ocupaban cargos de menor responsabilidad política.

Los alegatos de las defensas comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora expusieron los abogados de cinco de los trece acusados, quienes reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía.

Esta semana, las defensas del ex ministro De Vido y del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala reclamaron absoluciones por inexistencia de delito.

La defensa de De Vido argumentó que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita” y recusó a uno de los jueces del tribunal, Giménez Uriburu, por temor de parcialidad, luego que el magistrado usó el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un breve cuarto intermedio para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las jornadas de juicio exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”, explicó la agencia Télam.

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Fernández de Kirchner y otros abogados de acusados ya habían recusado a Giménez Uriburu y a Luciani cuando se supo de esta circunstancia pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación.

Acusación

La maniobra investigada en la causa, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Con información de la agencia Télam.

ED

Se utilizó en la década de 1920 para perseguir a socialistas y anarquistas y, más tarde, durante la dictadura cívico-militar, para legalizar las detenciones de desaparecidos acusados de integrar organizaciones armadas. Permitió detener al expresidente Carlos Menem en el caso por contrabando de armas a Ecuador y Croacia y avanzar sobre banqueros acusados de vaciar bancos y cometer estafas. Tiene, ahora, a la vicepresidenta en ejercicio afrontando un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua. El delito de asociación ilícita tiene detractores y promotores, “bibliotecas divididas”, y será uno de los puntos clave que debe analizar el Tribunal Oral Federal número 2 en el juicio oral y público contra Fernández de Kirchner, acusada por la fiscalía de ser la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional a través de la corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

“Persecución política” o “persecución penal” es la línea fina, para algunos, que divide a los pros y contras de esta figura penal, que implica penas de entre tres y diez años de prisión, y que puede juzgarse junto a otros delitos, como defraudación a la Administración pública, en el caso de Vialidad.

La constitucionalista Adelina Loiano suele explicar que cuando se trata de la situación judicial de Fernández de Kirchner el escenario es inédito. Es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio atraviesa un juicio oral y público y su caso pondrá a prueba cualquier jurisprudencia o doctrina. La funcionaria no sólo está en la línea de sucesión presidencial. Es, además, la principal referente política del país con caudal propio de votos en la ciudadanía

Aún así, el escenario judicial tiene un detrás de escena y una escenografía, y el delito de asociación ilícita es la clave que permitió juzgarla en el caso Vialidad.

Qué es asociación ilícita

El Código Penal es escueto: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”, dice el artículo 210.

Alejandro Alagia es uno de los juristas que se oponen al uso de la asociación ilícita. Es fiscal general y uno de los titulares de la unidad de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, además de docente titular del departamento de derecho penal de la UBA y doctor en Ciencias Penales por la Universidad San Carlos de Guatemala.

“El origen de esta figura es el Código Penal de 1921, escrito por Rodolfo Moreno, y es tomada de legislaciones europeas, donde aparece con el fin de perseguir a organizaciones gremiales. Si uno rastrea con más profundidad, se puede encontrar la figura de asociación ilícita en la persecución de mujeres y matanza de brujas. Más tarde, en las legislaciones modernas se utilizó también para la persecución de anarquistas y socialistas, y a las asociaciones profesionales, que estaban prohibidas”, explicó a elDiarioAR. 

Alagia afirmó que “durante la dictadura, el uso de esta figura se agravó y cuando se legalizaba la prisión de detenidos-desaparecidos se utilizaba esta figura para mantenerlos detenidos, acusados de pertenecer a agrupaciones armadas”.

“La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito porque persigue delitos que afectan el ‘orden público’, la ‘seguridad pública' o ‘la tranquilidad pública’. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación. Es un delito de desobediencia, de oposición a la autoridad”, sostuvo el jurista.

La abogada Myriam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y opositora al kirchnerismo, también recordó la semana última que más allá de que considera que existió corrupción en la obra pública, la asociación ilícita se utiliza para “perseguir políticamente”. Recordó que se usó en los años 20 para perseguir a los dirigentes de la izquierda y afirmó que cree que la figura debería derogarse del Código Penal. 

Bregman también aseguró que poco se ha hecho desde el Congreso en este sentido: “Durante los gobiernos kirchneristas que tuvieron años y años de mayorías parlamentarias en el Congreso Nacional, no sólo no derogaron esa figura, sino que votaron las leyes antiterroristas a pedido de Estados Unidos en los años 2005 y 2007 y allí ampliaron su alcance con la ‘asociación ilícita terrorista’”, aseveró en una entrevista a La Izquierda Diario.

“La Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad”, sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en una columna para elDiarioAR, pero aún así, también sostuvo que esta acusación puede ser el punto más débil del caso contra Fernández de Kirchner. La posibilidad de que, en caso de una condena en este caso, la vicepresidenta sólo sea responsabilizada por el delito de defraudación a la Administración pública, reduce su pena a la mitad -tiene un máximo de seis años- y en eventuales revisiones del fallo hasta podría ser absuelta si los jueces consideran que no hay pruebas materiales de su participación en la defraudación.

El penalista Francisco Castex escribió un texto en 2004 en el que analizó las distintas posturas sobre el uso de la asociación ilícita y explicó que este delito tiene dos características principales: organización y permanencia. Exige un mínimo de tres personas que en forma organizada y permanente “se pongan de acuerdo para cometer delitos” y la organización debe ser estable, debe existir un acuerdo previo, y es independiente de la comisión o no de delitos por parte de la asociación.

Críticas

Durante su alegato, el fiscal Luciani reconoció las críticas al uso de la asociación ilícita pero también argumentó por qué considera, con total seguridad, que debe aplicarse al caso de Vialidad. Además de citar a fallos y expertos que avalan esta figura penal, el fiscal citó jurisprudencia de España, donde en los últimos años la Justicia utilizó la asociación ilícita para castigar a los imputados de casos de corrupción con penas incluso muchos más altas que las que contempla este delito en Argentina. 

Uno de esos casos es Gürtel-Bárcenas, con penas confirmadas de hasta 51 años de prisión por asociación ilícita, defraudación a la Administración pública y lavado de activos, que incluyó entre los condenados al tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas.

En dicho caso, la Justicia española estableció que el grupo del PP creó durante años un flujo de sobreprecios y financiamiento ilegal al partido; y al mismo tiempo controló de manera corrupta la asignación de contrataciones públicas para obtener los fondos ilícitos. El mecanismo era “generalizado”. “No se trata de dos o tres licitaciones o contrataciones corruptas o irregulares”, dijo Luciani al compararlo con las 51 obras viales adjudicadas al empresario Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. 

La utilización de esta figura es muy criticada por el Derecho garantista y la mayoría de la doctrina se opone a este delito. No afecta a nadie, no tiene víctima, no genera daño y se castiga sólo por integrar la asociación

Alejandro Alagia — Jurista y fiscal general.

En el juicio de Vialidad, la fiscalía aseguró que la asociación ilícita fue liderada por Fernández de Kirchner y organizada por el entonces ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el empresario Baéz; y el director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. El objetivo era defraudar a la Administración pública, afirmaron los fiscales, y la maniobra se concretó a través de decretos, resoluciones, licitaciones simuladas, contratos irregulares y hasta un “canal de pagos privilegiados” para las empresas del entonces socio de los Kirchner. 

La trama nació en 2003 con la creación de Austral Construcciones y culminó a finales de 2015 con el “plan limpieza” o “plan huída” para borrar las huellas de la operatoria que se extendió por doce años, explicaron los fiscales. La entonces presidenta, afirmó Luciani, “no podía no saber” cómo funcionarios de su gobierno, nombrados por ella, beneficiaban a su socio comercial y amigo de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

El supuesto esquema se completa con otro capítulo judicial contra Fernández de Kirchner: Hotesur-Los Sauces, el caso de supuesto lavado que buscaba comprobar la relación comercial y movimiento de fondos entre los Kirchner y Báez a través de sus hoteles, pero en el que todos los acusados fueron sobreseídos antes del juicio.    

Una de las principales críticas contra la figura es que “basta que se compruebe el acuerdo de voluntades entre sus integrantes” para acusarlos, es decir, que no reprime la comisión de un delito sino la participación en una banda que tiene el propósito de cometerlos. 

Para perseguir al acusado no se exige al imputado la autoría material del delito -en este caso, la defraudación al Estado-, sino sólo la pertenencia a la banda que buscaba cometerlo, explicó Castex en base a fallos judiciales y doctrina. 

La “banda” también tiene características: pertenencia (según la fiscalía, se asociaron entre 2003 y 2015, y se disolvió la asociación cuando Fernández de Kirchner dejó el poder); cohesión (eran miembros leales del kirchnerismo); y organización (el ministerio de Planificación). 

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola sostuvieron durante nueve audiencias de alegato que el caso Vialidad y el supuesto rol de Fernández de Kirchner y otros acusados como organizadores de la presunta asociación ilícita superan las críticas.

El delito de asociación ilícita ni siquiera requiere el trato directo entre los involucrados, aseguró el fiscal Luciani durante la audiencia del viernes 19, pero sí, aclaró, sus miembros deben conocer el objetivo de la organización y la intención de asociarse para el delito. 

Ese punto, para los fiscales, está probado contra casi todos los imputados.

“Orden público”

La abogada Mariana Barbitta, profesora de Derecho penal de la UBA y presidenta de la  Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), también se opone a usar la asociación ilícita. “La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente”, dijo a elDiarioAR.

“Nuestra Constitución marca barreras al Derecho penal para que éste sólo pueda inmiscuirse en la vida de las personas cuando una conducta voluntaria afecta un bien jurídico, pero en el caso de la asociación ilícita ese bien afectado es el ‘orden público’. Ahí comienza otro problema: en el Código Penal no hay una explicación clara sobre qué es exactamente el ”orden público“ y para llevar adelante una imputación contra una persona, esta debe comprender de qué se debe defender, tiene que entenderlo”, explicó Barbitta.

“La asociación ilícita no significa nada en concreto, es una figura genérica y asociarse no puede afectar un bien jurídico protegido por sí sólo, salvo que las personas se asocien para robar, por ejemplo. Por eso creemos que ha sido utilizada como elemento de persecución”, agregó la penalista.

Durante el alegato, el fiscal Luciani afirmó que el caso Vialidad cumple con el requisito de alterar el orden público porque “el avance de la corrupción endémica en los gobiernos” también “perturba” esa “paz social”. La supuesta defraudación cometida por doce de los trece imputados del juicio implicó daños al Estado de casi US$1.000 millones, según los decomisos que solicitó la fiscalía.

Menem

En Argentina, el uso de la asociación ilícita tiene un fallo central de la Corte Suprema de 2001, que cuestionó por voto de la mayoría el uso de esta figura penal en el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador: el “fallo Stancanelli”, gracias al cual el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma recuperaron la libertad. 

En noviembre de 2001, los jueces de la Corte habían sostenido que la asociación ilícita no estaba probada en la causa Armas porque no se pudo demostrar “la existencia del acuerdo de voluntades explícito o implícito que caracteriza a la figura”; y porque no “no se ve claramente en qué medida la supuesta organización para efectuar ventas de armas al exterior pueda producir alarma colectiva o temor de la población” como exige la figura penal.

“La asociación ilícita fue la figura que usó el juez (Jorge) Urso para poder meter preso a Menem”, recordó un penalista que estudió el caso. 

La figura tiene problemas constitucionales y uno de ellos es el reproche que se le hace por la falta de precisión en la descripción de la conducta concreta que se busca perseguir penalmente

Mariana Barbitta — Abogada, docente y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA).

El periodista y analista Mario Wainfeld publicó en Página/12 un artículo titulado “Los favores recibidos creo habértelos pagado”, sobre la relación entre Menem y los jueces de la Corte que fallaron en la causa Armas a favor del expresidente -todos miembros de la mayoría automática- y que sostuvieron que no había pruebas de una asociación ilícita. “Acaso lo que más sublevó a la gente común, la liberación de Carlos Menem, sea lo menos grave del fallo, si se lo aísla del contexto. Mirando en detalle la sentencia puede convenirse que mucho más incordiante es que virtualmente se cerrara la causa sobre venta ilegal de armas, se impidiera su elevación a juicio oral y público y se cerrara por vía de un ukase forense el camino a futuras investigaciones sobre corrupción estatal. Pero la percepción generalizada es, en lo central, aguda pues repara que lo que se consagró es mucho más que la impunidad de Menem”.

“En sólo diez carillas seis supremos derribaron un expediente clave sobre la corrupción menemista. No sólo dijeron que nunca hubo pruebas de asociación ilícita en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Afirmaron que las detenciones en esta causa eran ‘arbitrarias’ y que no hubo falsedad ideológica de decretos. E incluyeron, entre otras cosas, una amenaza dirigida a todo juez o fiscal que pretenda procesar a funcionarios o ex funcionarios y hacia los medios de comunicación que informen sobre investigaciones en danza”, publicó Página/12 en otra crónica sobre el fallo.

“El texto mayoritario parece inspirado en las declaraciones públicas con que Menem acusó a la Justicia de perseguirlo como en el ‘76. Compara los procesamientos dictados en la causa armas por los tribunales inferiores con los ‘problemas que han ocasionado a la república las represiones ilegales del pasado’”, relata la crónica de 2001.

Menem terminó siendo condenado por contrabando agravado -máximo de ocho años de prisión- en el caso Armas, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación lo absolvió por prescripción.

Banqueros

¿Cómo llegar a la cúspide de una supuesta organización manejada por hombres que sólo dan órdenes y no dejan “los dedos pegados”? En los años 90 y principios de los 2000, la asociación ilícita se utilizó también para alcanzar y detener a banqueros en casos en los que los jueces determinaron que las entidades financieras habían cometido delitos de lavado de dinero, defraudación y vaciamiento. 

En 2020, la misma Sala IV que debe revisar el caso Vialidad en la Cámara Federal de Casación dio por probada una asociación ilícita en el vaciamiento del Banco Mayo, que tenía entre sus acusados a Rubén Ezra Beraja y otros imputados por ese delito y por estafas contra la Administración pública y administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal N°3 había absuelto a todos los acusados en 2019, pero el fiscal Fernando Arrigo y el Banco Central -querellante- apelaron. El Ministerio Público Fiscal afirmó que Beraja lideró “una organización criminal que se mantuvo en el tiempo, y que durante ese lapso se cometieron distintos fraudes mediando una voluntad asociativa. Postuló que esa voluntad incidió de forma concomitante con el cierre del Banco Mayo, puesto que –a su manera de ver- era el canal por el cual efectuaban sus planes criminales”.

La Casación les dio la razón pero la decisión fue dividida. Los camaristas Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron a favor de condenarlos por asociación ilícita y el resto de los delitos. Sostuvieron que “la sucesión de hechos de fraude cometidos no se erige desconectada, en el caso, de la organización criminal que se había conformado para ello con estabilidad y permanencia, y con la finalidad de cometer ese tipo de hechos en forma indeterminada”.

El juez Mariano Borinsky, tercer integrante de la Sala IV, se pronunció en disidencia por considerar prescritos los hechos, como había planteado el tribunal del juicio. 

Estos mismos jueces tienen pendiente revisar las recusaciones a los fiscales y jueces del juicio de Vialidad y deberán revisar el veredicto del tribunal que se espera para finales de año.

Nota: se corrigió un error de ortografía que consignaba mal escrita la palabra “persecución”.

ED

La causa “Vialidad” donde se juzgan los eventuales efectos delictivos cometidos en la realización de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz durante el periodo 2003-2015, tiene un largo camino por recorrer para el dictado de la sentencia de primera instancia, y mucho más aún, para una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia (presuponiendo que exista previamente una decisión jurisdiccional de condena). Sin embargo, en el debate público existe una suerte de asignación de “sentencia dictada” al alegato de acusación realizado por los fiscales Luciani y Mola -mediante el cual solicitó una pena de 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 210, 172, 173 y 174 del código penal)- cuando todavía faltan los alegatos de las defensas, las réplicas y dúplicas y, por último como acto de defensa final, la palabra de los acusados. Todo esto en el marco del debido proceso donde se presume la inocencia de los acusados y la duda los favorece.

Es difícil entender los cuestionamientos realizados al estilo de exposición y al ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y las leyes aplicables a los fiscales. El estilo es una irrelevante cuestión de gustos. La acusación implica el ejercicio de sus funciones más allá que se pueda debatir sobre el contenido de la misma ¿Qué esperaba cierto sector de la opinión pública? ¿Qué los fiscales les pidieran disculpas absolutorias a los acusados en el marco de un juicio oral y público? Ahora, la defensa podrá controvertir las pruebas y las acusaciones realizadas por los fiscales y nos encontraremos ante un nuevo capítulo para ser analizado y debatido.

De los dos delitos imputados, el de asociación ilícita es el que presenta mayores controversias en general y también en su aplicación a este caso. Hace años que se debate en la doctrina constitucional y penal la validez constitucional de una norma penal que castiga severamente la mera ideación de un plan criminal por ser esto contrario a varios ingredientes del debido proceso tales como los principios de lesividad, reserva, legalidad, proporcionalidad, non bis in idem (no castigar dos veces por un mismo hecho) y culpabilidad. Aunque también es cierto que la Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad. Existe un interesante artículo de Pablo Iribarren publicado en septiembre de 2010 en el Suplemento de Derecho Penal de la Revista La Ley que ilustra con profundidad este debate.

 La Corte Suprema de Justicia en la causa “Stancanelli” (2001) en la cual se investigaba el contrabando de armas sostuvo que el delito de asociación ilícita comprende un acuerdo criminal expreso o implícito perdurable, una pluralidad de planes delictivos y la generación de alarma colectiva o terror de la población lo cual no se verifica cuando el delito se dirige exclusivamente contra el erario público. Similares lineamientos adoptó la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal en la causa “Majdalani” (2021) en la cual se investiga actividades de espionaje ilegal a los cuales agregó que el acuerdo criminal no debe agotarse en un solo hecho delictivo.                    

 Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores , decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda.

 Mayor solidez tiene la acusación por administración fraudulenta contra el Estado en la medida que se acreditó la existencia de partidas presupuestarias asignadas para el desarrollo de obra pública que fueron direccionadas, muchas de ellas no terminadas, con desvíos de la normativa aplicable. En esta clase delitos el núcleo de la responsabilidad penal consiste en demostrar que se cobraron fondos públicos y las obras no se realizaron o se realizaron sin cumplir los parámetros asignados, existieron sobreprecios injustificados o se violó la normativa aplicable. En este punto, cabe destacar que se verificó una estrecha relación comercial entre CFK y Lázaro Báez durante el período sometido a investigación. 

¿Es posible indultar a un procesado? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos “Aquino” (1992) y “Daleo” (1993) sostuvo que procedía el indulto respecto de procesados, aunque no comparto dicho criterio por cuanto esta facultad solo procede, a efectos de garantizar la presunción de inocencia, cuando existe una condena firme. ¿Es posible indultar a los denominados popularmente como “delitos de corrupción”? Considero que una interpretación integral del art. 36 de la Constitución Nacional en base a lo expuesto por los Convencionales Constituyentes de 1994 sumado a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar tratados internacionales contra la corrupción inhibe la facultad presidencial. Esta postura la desarrolle en el libro Defensa del sistema constitucional y corrupción (2019) pero es solitaria en el campo de la doctrina argentina.

Más allá de la dimensión política y las adhesiones fanáticas de los extremos de la grieta, la causa “Vialidad” seguramente deparará varios debates sobre controversiales cuestiones constitucionales y legales. 

Profesor de derecho constitucional y derechos humanos UBA y UNLPam                                                              

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

Durante las últimas tres semanas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola describieron los detalles, expusieron documentos públicos y analizaron los expedientes administrativos de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Estas son las características centrales de esas licitaciones y obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de acuerdo con los fiscales, como publicó elDiarioAR.

ED/MG

La fiscalía solicitará decomisos por casi US$1.000 millones en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, adelantó este lunes Sergio Mola, durante la última audiencia de alegato de los fiscales. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados en el juicio.

La cifra incluye la suma de todo lo derogado por el Tesoro Nacional en obras abandonadas, en redeterminaciones de precios mal otorgadas, en la remediaciones de canteras y en el producto de la cartelización de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Mola afirmó que se trata de un cálculo parcial, pero que fue la cifra a la que la fiscalía pudo llegar en base a los datos oficiales. “El perjuicio -dijo- no resulta menor a $5.321.049.272,47, equivalente a US$926.166.134”.

Mola fue el encargado de resumir este lunes las pruebas de supuesto perjuicio por parte de los imputados y contra el Estado nacional. “Miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”, dijo en referencia a los montos pagados a Báez por obras que quedaron abandonadas, rutas pavimentadas por tramos “que no sirven para nada”. Habló de “lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados”.

La maniobra, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras.

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%).

En cuanto al perjuicio por modificaciones obra y redeterminación de precios, “la ley especialmente establecía que los precios se podían actualizar siempre y cuando se estuviera cumpliendo en término con la ejecución de los contratos, situación que hemos visto que no se ha cumplido en ninguno de los casos”, explicó Mola.

El Estado ni siquiera dejó registrado lo que pagó por todas las obras investigadas, ya que faltan registros en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad, dijo Mola.

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.