Durante tres siglos, las ballenas francas australes fueron conocidas en inglés como “las ballenas adecuadas” para cazar. Su docilidad, su lentitud y sus cadáveres flotantes las convertían en presas fáciles para los balleneros. En la década de 1920, la población mundial estimada de la especie, que superaba las 70.000, se había reducido prácticamente a unas 300. La caza fue prohibida en 1935.

Desde entonces, iniciativas como la Comisión Ballenera Internacional, un organismo intergubernamental encargado de regular la caza de ballenas y conservar todas las especies de estos animales, han tratado de revertir la tendencia. La comisión celebra este año su 80 aniversario. En la actualidad, las poblaciones de la costa de la Patagonia argentina muestran signos de recuperación. Allí, el “golfo azul” de San Matías se ha convertido en un lugar clave para su reproducción y cría. Sin embargo, se avecina una nueva amenaza.

El golfo San Matías, en la costa de la provincia argentina de Río Negro, se ha convertido en un lugar clave en los planes nacionales para exportar gas natural licuado (GNL). A medida que se intensifican las operaciones de extracción en el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta (uno de los mayores depósitos de petróleo y gas de esquisto del mundo), la exportación se está impulsando bajo la presidencia favorable a la extracción de Javier Milei, quien ha descritoel GNL argentino como “la inversión más grande de la historia argentina”.

Argentina tiene la mirada puesta en los mercados de GNL de Europa, India, China, Corea del Sur, Japón y Brasil. Aún no hay acuerdos firmes con ninguno de estos países, aunque sí hay señales de interés por parte de algunos.

Sin embargo, el golfo San Matías es un área de gran valor ecológico: alberga cinco reservas marinas nacionales y provinciales y es reconocida internacionalmente desde hace alrededor de veinte años como uno de los ecosistemas más ricos del país: concentra fitoplancton, captura grandes cantidades de CO₂ y es uno de los pocos lugares del mundo donde las ballenas francas australes pueden observarse desde la costa.

Biólogos y oceanógrafos han declarado a Dialogue Earth que la instalación de proyectos petroleros y gasíferos en la zona supone un riesgo crítico para estas ballenas, así como para el resto del ecosistema.

Hasta hace poco más de tres años, dicha actividad estaba prohibida por ley. En 2022, la construcción del polo exportador tuvo un punto de inflexión con la reforma de la ley provincial 3308, que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el área. La reforma ha allanado el camino para la construcción de un nuevo puerto que permita la exportación de GNL y otros proyectos estratégicos.

El interés sobre el golfo San Matías se explica por sus condiciones técnicas: es uno de los pocos puntos de la costa atlántica con profundidad suficiente y conexión directa con Vaca Muerta.

Desde entonces se desarrollan cuatro proyectos: un oleoducto, un puerto y dos plantas de GNL montadas sobre buques flotantes. YPF proyecta, además, cuatro desarrollos adicionales. Varios ecologistas y científicos se oponen a ellos y expresan su preocupación por su impacto acumulativo.

Colisiones de barcos y derrames de petróleo

Los críticos afirman que este desarrollo aumentará el riesgo de derrames de petróleo y podría alterar la dinámica oceánica. También provocará un aumento generalizado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Existen múltiples riesgos para las ballenas y otros animales que viven en el golfo San Matías, advierte la ecóloga Belén Braga, miembro del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), una organización multinacional sin fines de lucro. Uno de los más importantes es el de las colisiones con barcos, que según Braga aumentarán. A esto se suma el riesgo de enredo con las redes de la industria pesquera. Además, el aumento del número de buques de licuefacción de gas podría provocar un mayor crecimiento de algas, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades, añade.

“Hablamos de colisiones, contaminación acústica, derrames y microderrames crónicos. Todas estas advertencias están sobre la mesa”, explicó Braga. Los impactos no solo comprometerían a la fauna, sino también a la economía regional, basada en la pesca y el turismo.

En su evaluación de impacto ambiental YPF reconoce que el oleoducto y las monoboyas podrían derivar en ello. Ante esa posibilidad, las empresas operarias diseñaron un plan de “gestión de operación segura” que se basa en distintos escenarios de derrame elaborados a partir de cálculos que determinan el ritmo en el que el petróleo se dispersaría por el agua hasta llegar a las costas del golfo, de esta forma podrían reaccionar y dar seguridad de contención ante una situación así.

Sin embargo, un estudio de 2025 concluyó que, en varios escenarios, el petróleo podría dispersarse hasta en 30 horas más rápido que lo calculado por YPF. El estudio fue coordinado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, una red de organizaciones de la sociedad civil que incluye al ICB.

Varias fuentes señalaron a Dialogue Earth que las evaluaciones ambientales de los proyectos de combustibles fósiles en el golfo San Matías son fragmentadas. Como resultado, afirman, aún no se ha realizado un análisis exhaustivo de los impactos acumulativos de estos desarrollos en esta zona.

“El estudio de impacto ambiental omite un análisis serio de las emisiones, entre ellas dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles como el benceno”, explicó a Dialogue Earth Cristian Fernández, coordinador de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para esta organización, la combinación de omisiones científicas y las irregularidades en los procesos de consulta y participación pública revelan que el golfo San Matías está siendo tratado como una “zona de sacrificio” en nombre del desarrollo económico.

Proyectos de LNG

Hasta ahora hay cuatro proyectos aprobados por el gobierno nacional. El principal es un oleoducto de casi 500 kilómetros —dividido en dos tramos— llamado Vaca Muerta Oil Sur, que Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, calificó como “la obra de infraestructura más grande del país”. Las empresas accionistas son YPF, Vista Energy, Pampa Energía, todas ellas latinoamericanas, y Pan American Energy, con sede en Canadá.

La tubería inicia en Loma Campana, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta, y llega hasta Punta Colorada, un poblado ubicado entre dos áreas protegidas del golfo San Matías. El oleoducto se conectará con un puerto compuesto por dos monoboyas flotantes.

Además, se espera que dos buques flotantes de la empresa noruega Golar LNG, llamados Hilli Epiceyo y MK II, se desplieguen frente a las costas de Argentina para licuar el gas. Como alternativa a las instalaciones permanentes en tierra, los buques son unidades basadas en barcos, de 300 a 400 metros de eslora y 112 metros de altura. Este proyecto está a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Golar LNG y Harbour Energy, con sede en Londres.

Según el consorcio, el primer buque comenzaría a operar en 2027 y el segundo en 2028. Con el tiempo, procesarán alrededor del 17% de la producción actual de gas de Argentina.

El gas llegaría a través de un gasoducto aún en proceso de licitación, que ha generado tensiones, en particular con la empresa ítaloargentina Techint, interesada en concentrar el proyecto, frente a la competencia de empresas chinas todavía no identificadas.

La inserción de China en la infraestructura fósil no se limita a ese tramo. El MK II se está reconvirtiendo en buque licuefactor en un astillero de ese país. Para Philip Andrews-Speed, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, China “se está convirtiendo en uno de los mayores constructores de barcos del mundo, y eso puede otorgarle un rol clave en el mercado del GNL”.

Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo del gobierno, el GNL argentino aún no ha logrado impulsar su comercialización. En abril de 2025, YPF firmó un memorando de entendimiento con Eni, una importante petrolera italiana. En noviembre del mismo año, YPF firmó otro acuerdo similar con la petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC. Pero a principios de diciembre, la gigante petrolera Shell, con sede en Londres, se retiró del proyecto antes de que este comenzara. Shell había sustituido a otra empresa que también se retiró, la malasia PETRONAS. Mientras tanto, China, el país con las cifras de importación de GNL más altas del mundo, ha estado reduciendo sus compras de gas extranjero debido a “sobredemanda” y a precios más altos de lo esperado.

A pesar de estos problemas, el gobierno de Río Negro ha seguido apoyando el avance de los proyectos.

La reforma que habilitó todo

La reforma de la ley rionegrina 3308 avanzó a un ritmo inusual, según sus críticos: se aprobó de forma apresurada y no cumplió con los requisitos de consulta.

Pablo Barreno, legislador provincial, dijo a Dialogue Earth que el proyecto de ley llegó de forma inesperada y con el firme apoyo de la entonces gobernadora, Arabela Carreras. “Nos enteramos por el grupo de WhatsApp. Pedimos el proyecto y no lo recibimos hasta después de la sesión”, señaló. “El lunes supe del proyecto; el martes hubo reunión de comisión y no respondieron ninguna de las preguntas”. Él fue el único legislador que votó en contra, al considerar que no contaba con información suficiente para decidir.

La sesión fue objeto de protestas. Fabrizio di Giacomo, miembro de la Multisectorial del golfo San Matías (MGSM), que agrupa a vecinos, comunidades costeras y organizaciones, fue parte de las manifestaciones. Di Giacomo sostuvo a Dialogue Earth que el gobierno buscó impedir cualquier forma de participación social, cerrando las puertas de la legislatura y reforzando el control policial.

La Multisectorial, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y numerosas instituciones científicas sostienen desde 2022 que la reforma es inconstitucional. “Viola el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión de la Ley General del Ambiente”, explicó Di Giacomo. El planteo fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y actualmente llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

Dialogue Earth contactó a la actual secretaria de Ambiente de Río Negro, Judith Jiménez, para consultarle sobre la posición del gobierno provincial frente a las denuncias que hoy residen en la Corte Suprema. Al cierre de este informe, no obtuvo respuesta.

MA

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad. La recomendación apunta directamente a la modificación de la Ley 3308, que en 2022 flexibilizó las restricciones a la actividad petrolera en la zona y, según el organismo, abrió la puerta a iniciativas de alto riesgo ecológico.

“El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señala la resolución votada por la UICN.

Y señala que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.

“Es la confirmación de que nuestra defensa del Golfo San Matías y de Península Valdés tiene validez y fundamento”, celebró Fabricio Di Giacomo, vocero del golfo, que se extiende entre Punta Bermeja, en Río Negro, y Punta Norte, en la Península Valdés, Chubut. 

“Después de los reveses judiciales que consideraron ‘hipotéticos’ los daños del proyecto pese a los anuncios de YPF, esta resolución ratifica que lo que ocurre en Río Negro no es progreso sino un negociado con las corporaciones del sector energético que deja contaminación y pobreza”, advirtió.

Impacto ambiental y biodiversidad en riesgo

La resolución, aprobada durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 2025 en Abu Dabi, advierte que la expansión de los combustibles fósiles en los océanos pone en peligro crítico la biodiversidad marina y agrava la crisis climática y la extinción de especies. 

La UICN invoca los principios precautorio y de no regresión, establecidos en la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú, y exige que Argentina cumpla con los compromisos asumidos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientado a detener la pérdida de ecosistemas clave antes de 2030.

A principios de octubre, elDiarioAR recorrió el Golfo y habló con los protagonistas de dos modelos que colicionan, por un lado el que propone un desarrollo extractivo y por el otro, la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur. El proyecto para instalar buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo que lleva adelante Southern Energy generará, según la empresa, 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales. La compañía sostiene que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial y que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Para las organizaciones ambientalistas, la visión es otra. “Durante más de veinte años, mientras la Ley 3308 estuvo vigente, el Golfo San Matías pudo desarrollarse de manera equilibrada. Las Grutas creció como villa turística, la pesca artesanal se consolidó y las comunidades costeras encontraron una forma de vida en armonía con el mar. Pero desde que se modificó la ley en 2022, todo eso está en riesgo”, alertó Di Giacomo.

Según los especialistas, la derogación parcial habilitó proyectos petroleros que ya generan efectos sobre la vida costera: restricciones de acceso a playas, cierres de caminos utilizados por pescadores y pulperos, y un avance territorial de las empresas con apoyo estatal. 

“Si se concretan los puertos petroleros o los buques de GNL, el impacto sería devastador. Hablamos de contaminación crónica del agua y del aire, riesgo de derrames, y alteraciones en la temperatura y composición del mar. El Golfo San Matías y Península Valdés son ecosistemas únicos, y lo que está en juego es nuestra forma de vida y la salud de todo el litoral patagónico”, sostuvo.

La singularidad del Golfo

Raquel Perier, doctora en Biología y especialista en peces del Mar Argentino, explicó que el golfo posee condiciones únicas que mantienen el equilibrio de la biodiversidad: “Tiene una boca de 100 kilómetros entre Punta Bermeja y Península Valdés, profundidades de hasta 200 metros y movimientos circulares de sus aguas que hacen que cualquier contaminación se disperse lentamente. Esto permite la reproducción y supervivencia de muchas especies”.

Perier fue clave en los 90 para la creación de la ley provincial que prohibió la instalación de puertos petroleros en la costa atlántica de Río Negro, un logro que ahora debe defender nuevamente tras la modificación de la normativa en 2022, que habilita la actividad hidrocarburífera 

“No estamos en contra del desarrollo, lo que cuestionamos es el llamado ‘desarrollo sustentable’ que propone el gobierno, porque prioriza lo económico y el extractivismo, relegando lo social y ambiental. Defender el Golfo San Matías es cuidar la memoria, la identidad y el futuro de nuestras comunidades costeras”, señaló. 

Entre los proyectos que generan preocupación, destacó el oleoducto y el puerto petrolero que busca conectar Vaca Muerta con la costa del Golfo San Matías a través de más de 400 kilómetros, atravesando ríos, territorios de comunidades originarias y campos hasta llegar a Punta Colorada. 

“Estos proyectos ponen en riesgo directo la vida marina y las comunidades costeras. La instalación del puerto y los buques afectaría zonas clave de cría y tránsito de la ballena franca austral, lobos y pingüinos, y generaría contaminación crónica del agua y del aire”, advirtió.

La importancia estratégica de los golfos norpatagónicos

Roxana Schteinbarg, cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas, enfatizó la importancia del golfo dentro de los “golfos norpatagónicos”. “El Golfo San Matías, junto con los golfos Nuevo y San José, forma un sistema marino clave para la biodiversidad del Atlántico Sur. Protegerlo es garantizar el futuro de la vida marina y la salud del mar del que todos dependemos”.

Según Schteinbarg, el exhorto de la UICN abre una ventana de oportunidad para reforzar la protección del último gran golfo sin contaminación petrolera de la región. También sostiene que el único camino posible es detener las obras hidrocarburíferas y avanzar hacia una matriz energética más limpia, que no arrase con ecosistemas valiosos como el Golfo San Matías y Península Valdés.

“Ambos están conectados, generan vida y brindan sustento a las comunidades costeras. Por eso es fundamental que se restablezcan las normas que fueron derogadas y se restaure la protección ambiental”, concluyó Schteinbarg. 

El martes 16 de septiembre, en San Antonio Este, Río Negro, tuvo lugar la audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental que busca habilitar la instalación de un nuevo buque de licuefacción en el Golfo San Matías. Este buque para producir GNL lleva el nombre MKII y se suma al buque licuefactor aprobado a inicios de 2025, el Hilli Episeyo. Además, se encuentran en carpeta proyectos para instalar en un futuro cercano cuatro nuevos buques.

Al igual de lo que sucedió en la audiencia pública del buque Hilli Episeyo, el 4 de diciembre de 2024 en el Puerto del Este, y en la audiencia pública por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, en agosto de 2023 en Sierra Grande, la participación social estuvo restringida a personas con domicilio en Río Negro. Semejante limitación impidió que las voces de vecinas y vecinos de Chubut, provincia vecina de Rio Negro que podría sufrir las consecuencias de estos proyectos, fueran oídas.

En efecto, dada la conectividad oceanográfica entre los golfos norpatagónicos, los potenciales derrames de los proyectos de petróleo y gas podrían llegar hasta la Península Valdés, patrimonio natural y cultural de la humanidad, ubicado en Chubut.

Sin embargo, las y los chubutenses sí tuvieron oportunidad de expresarse en la audiencia popular que tuvo lugar en San Antonio Oeste el sábado 13 de septiembre, organizada por habitantes de la zona. En esa audiencia, todas las voces fueron escuchadas, porque el ambiente y los ecosistemas no reconocen fronteras.

Las autoridades tienen mucho que aprender de la comunidad local y modificar la inconstitucional Ley 3284 rionegrina para adaptarla a una participación social amplia e integral, tal como lo exige el Acuerdo de Escazú: un tratado regional ratificado por Argentina en 2020, con jerarquía superior a las leyes, que obliga a eliminar cualquier obstáculo a la participación ciudadana.

En la audiencia pública del martes pasado, Adrián Casadei, intendente de San Antonio Oeste; las secretarias de Ambiente y Energía de Río Negro; la consultora de impactos ambientales de Serman & Asociados; y el gerente de proyectos de Southern Energy se refirieron a esta inversión como una oportunidad para generar fuentes de trabajo, relativizando los impactos socioambientales del proyecto de GNL. El Estudio de Impacto Ambiental realizado considera que los riesgos ambientales no son significativos. Pero eso no es correcto.

Durante su discurso como oradora, Suyhay Quilapan, habitante de Las Grutas, balneario ubicado en Río Negro, señaló que no fueron analizados los impactos acumulativos del buque licuefactor MKII. Así, puso de relieve una de las falencias que dan cuenta de la ilegalidad de este proyecto. Solo analiza los impactos acumulativos y sinérgicos con el buque Hilli Episeyo, eludiendo el análisis de los impactos acumulados con la ampliación de la planta de gas compresora de San Antonio Oeste, los buques metaneros que transportarán el GNL producido por el buque, la terminal portuaria y monoboyas de Vaca Muerta Oil Sur y los buques que vendrán en las siguientes etapas. El Estudio de impacto ambiental en cuestión nos muestra el tráiler, pero no la película entera.

Liz Assef, oradora en representación de la Fundación Inalafquen, explicó que este proyecto viola el Acuerdo de París, que busca combatir el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el Convenio Marco de Cambio Climático y el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, con medidas de mitigación y adaptación presentadas en Viedma el pasado 30 de julio por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Assef dio en la tecla porque el Estudio de Impacto Ambiental omite analizar en serio las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las cuales se encuentran el dióxido de carbono, el metano (80 veces más potente que el dióxido de carbono) y compuestos orgánicos volátiles como el benceno, que resulta cancerígeno. Asimismo, desde la Fundación Inalafquen, subrayaron que, a nivel local, se infringe la Ley Provincial 2472, la cual prohíbe de manera taxativa el volcado directo o indirecto de efluentes industriales al medio marino, sin importar el grado de tratamiento previo.

Por su parte, Aylen Tapia, una de las primeras oradoras de la audiencia, aseguró que este proyecto no se trata de soberanía y planteó el interrogante acerca de cuántas fuentes de trabajo realmente genera. En este sentido, Laura Sabesinsky, vecina de Viedma, afirmó que las ganancias para la provincia son insignificantes y que se generan escasos y precarios empleos. Además, recordó que la actividad extractiva ha convertido al mar del norte en un cementerio.

En definitiva, la audiencia pública no tuvo un consenso mayoritario como pretenden instalar las autoridades y empresas. De hecho, hubo muchas voces críticas desde el territorio y muchas más que no pudieron ser oídas por la miopía ecosistémica de las autoridades rionegrinas, que les impiden ver que los daños ambientales que genera la combinación de proyectos de GNL superarán las fronteras territoriales de Río Negro.

El 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia. Un día más tarde, la democracia ambiental se vio recortada en una simulación de audiencia pública dependiendo del domicilio que figure en el documento nacional de identidad. Todos los habitantes de Argentina tienen derecho a defender el Golfo San Matías y a exigir una sensibilidad distinta de funcionarios públicos que no pueden ver más allá de sus narices y que, por conveniencias coyunturales, son indiferentes al daño climático y ecosistémico que están a punto de provocar si aprueban estos proyectos. Pero existen muchas personas para quienes las convicciones superan a las conveniencias. Y seguirán peleando por un golfo azul para siempre.  

*Coordinador del área de Legales de FARN.

ED

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.

“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.

Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.

En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales

El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.

Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.

Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.

Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.

Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.

La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.

Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.

En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación

“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.

Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.

Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.

En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.

“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.

“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.

El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.

Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.

“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo

En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.

Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.

Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.

Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.

Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.

El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.

Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.

Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política

Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.

Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.

Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.

“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.

Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.

La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.

Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos

“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.

A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.

“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.

Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.

Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.

“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.

Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario

La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.

Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.

Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.

“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.

Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.

Nota: se corrigió epígrafe de la foto principal, en el que faltaban datos de contexto. Corrección realizada el 22 de diciembre de 2024 a las 8:52 AM.

ED/DTC

YPF anunció el inicio de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto atravesado por un fuerte reclamo de las comunidades costeras de Río Negro y Chubut. Tiene una extensión de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica. La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. 

La petrolera estatal –ahora bajo la gestión libertaria– se unió en lo formal a la empresa Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un consorcio de compañías que incluye a Vista Energy Argentina, Pampa Energía y Pan American Sur. La intención es comenzar la construcción del oleoducto de manera inmediata para que esté operativo en julio de 2027. 

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo. Según publicó elDiarioAR en su momento, YPF aseguró que tendría todos los permisos ambientales aprobados.

Ahora la compañía dio un paso concreto para llevar adelante el proyecto: informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la reunión de directorio de VMOS celebrada el viernes pasado, donde se aprobó por unanimidad la construcción del oleoducto. La sede de YPF fue el epicentro del encuentro que reunió a los ejecutivos más importantes de las compañías participantes, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina; y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron, según consignó el diario Clarín.

La creación formal de Vaca Muerta Sur está atada a la gestión de Javier Milei, ya que el proyecto fue el primero en plegarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se anotó el 15 de noviembre. Según el anuncio oficial, significa una inversión de US$ 3.000 millones.

El proyecto incluye una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se prevé una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios. La estatal YPF tendrá una capacidad de transporte comprometida de 120.000 barriles por día.

El conflicto ambiental

A mitad de este año, el obispo Álvarez de Rawson se hizo eco del reclamo de diversas ONGs, ambientalistas y vecinos de Chubut y le envió una carta directamente al gobernador donde le preguntaba si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

“Ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, cuestionaba Álvarez en su misiva del 31 de julio.

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta comienzos de este año era Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF. En el Golfo San Matías, el puerto de destino del oleoducto estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. 

MC

Un nuevo proyecto de explotación hidrocarburífera en el golfo San Matías se debatirá este miércoles en una audiencia pública en la localidad de San Antonio Este, provincia de Rio Negro. El desarrollo consiste en la instalación de un buque de licuefacción llamado Hilli Episeyo, que se ubicará a una distancia de entre 4,5 y 7 km frente a las costas del golfo, y a 35 km en línea recta de la ciudad turística de Las Grutas.

El golfo San Matías era una zona protegida por ley hasta septiembre de 2022. Hasta esa fecha, el transporte de hidrocarburos se encontraba prohibido, pero los legisladores de Río Negro modificaron a puertas cerradas y en tiempo exprés la legislación vigente, autorizando así el desarrollo de un primer proyecto en la zona, el oleoducta Vaca Muerta Sur, a cargo de YPF. Ahora, se suma el proyecto del buque de Pan American Energy (PAE) y sus socias.

Para este proyecto, PAE firmó un acuerdo con la empresa noruega Golar para que ésta última se ocupe del servicio de licuefacción del gas que le suministrará. Juntas conforma la empresa Southern Energy. Fuentes de PAE afirmaron a este medio que “PAE y Golar vienen conversando con otras productoras de gas para que se sumen al proyecto”. Además, relataron que “recientemente, Pampa Energía y Harbour Energy se sumaron con un 20% y 15% de participación respectivamente en Southern Energy. YPF se podría sumar próximamente”.

La audiencia pública se desarrollará a partir de las 9 de este miércoles en el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, que ya está vallado y con un gran despliegue policial y de Gendarmería. 

Tiempo de debate

El encuentro de este miércoles es paso legal obligatorio para que pueda llevarse a cabo el proyecto de las petroleras. La audiencia se dividirá en bloques y comenzará con una exposición de las autoridades locales y provinciales, según informó la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Rio Negro en un comunicado. Luego vendrá la presentación formal del proyecto por parte de representantes de Southern Energy y la consultora ambiental, quienes describirán los aspectos técnicos y ambientales en una hora de exposición. 

Entre los expositores, habrá expertos y universidades, Prefectura Naval Argentina, INVAP, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG). Además, hablarán funcionarios y legisladores provinciales. La lista de oradores alcanza el número de 220 personas. 

Luego de ese bloque, la comunidad costera podrá expedirse a favor y en contra de la iniciativa, aunque sólo quienes residan en la provincia de Rio Negro podrán expresar sus posiciones. Así, quedan excluidos los ciudadanos chubutenses de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, principales destinos de avistaje de ballenas franco australes, que colindan con el golfo San Matías.

Sólo para rionegrinos

Al igual que el oleoducto Vaca Muerta Sur, la posible presencia del buque de licuefacción en las aguas del golfo San Matías despertó las alertas de los conservacionistas de Chubut. Tanto Puerto Pirámides como Puerto Madryn son Patrimonio de la Humanidad debido a la presencia de ballenas que llegan a sus aguas para tener a sus crías. Las ballenas también viajan con sus crías por el golfo San Matías, de acuerdo a los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Las colisiones con buques es la principal causa de muerte de estos mamíferos.

“Las audiencias como instancia de participación ciudadana, más allá de que sean no vinculantes, deberían tener ciertas características, por ejemplo, permitir que participe la población que va a ser afectada, además de las consultas previas. Todo esto no sucede”, sostuvo Fabricio Di Giácomo, miembro de la Multisectorial por el Golfo de San Matías en diálogo con elDiarioAR.

La página oficial de PAE ya da por confirmada la ejecución del proyecto, aunque aún no pasó por la audiencia pública, donde las voces disidentes deben ser tenidas en cuenta por el gobierno de Rio Negro a la hora de emitir una resolución que apruebe o rechace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentará este miércoles en la audiencia. 

“Los mismos funcionarios hablan del proyecto como si ya estuviese aprobado, cuando en realidad según la ley de ambiente también es necesaria la audiencia y es necesario lo que determine la autoridad competente luego de la audiencia para ver si el proyecto finalmente es aprobado o no”, sostuvo Di Giacomo, y agregó: “Todas las autoridades, tanto el gobernador de la provincia como el intendente de San Antonio Este y diferentes autoridades o legisladores y legisladoras de la provincia hablan del proyecto como una realidad que ya es, cuando deberían hablar de un proyecto que todavía no está aprobado formalmente según las instancias que corresponden: la audiencia y luego la aprobación por el órgano competente”, concluyó. La aprobación deberá ser realizada por la autoridad ambiental de Río Negro.

El proyecto

Según la petrolera PAE, el buque tendría una capacidad nominal de 2,4 millones de toneladas por año de Gas Natural Licuado (GNL). El gas natural sería transportado desde la estación de bombeo a través de un gasoducto desde Cerro Fuerte Argentino hasta un buque licuefactor que será operado por la empresa noruega Golar para su posterior exportación. Se espera que comience en 2027.

El proyecto busca también ingresar en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), informó la empresa en un comunicado. PAE destacó que el negocio “posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”.

Fuentes de PAE aseguraron que se generarían nuevos puestos de trabajo local, con la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto durante la fase de construcción. Además, agregaron que en la etapa de operación, se generarán aproximadamente 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta. “Habrá una importante participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa tarea para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado a la provincia de Río Negro y el país,” afirmaron desde la petrolera.

Borrar la ley

Un dato clave que posibilita este tipo de explotación hidrocarburífera en una zona con diversas áreas naturales protegidas y hasta una reserva de la biósfera por la Unesco fue la modificación de la ley provincial 3308 en 2022, que protegía al golfo de esta actividad desde 1995. 

“Tanto el buque de licuefacción de gas como cualquiera de los otros proyectos hidrocarburíferos que amenazan nuestras comunidades, nuestros territorios, sean el golfo San Matías o Península Valdés, parten de la base de la modificación ilegal de la ley 3308, una ley que nos defendió durante más de 20 años”, sostuvo Di Giácomo. 

La modificación de la legislación en 2022 tuvo detrás la participación de YPF, como reveló elDiarioAR. “Es por ello que consideramos que cualquier proyecto, al basarse en esta modificación legal se sustenta en una modificación inconstitucional de una ley que fue producto de luchas populares y de articulaciones entre diferentes sectores de la comunidad, incluído también el sector político en ese momento”.

*elDiarioAR viajó a San Antonio Este gracias a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

LG/ED/JJD

La comunidades costeras de Río Negro y Chubut están en alerta. La petrolera YPF anunció en los últimos días que comenzará la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra destinada a transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta el Golfo San Matías, un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto.

YPF anunció que construirá el primer tramo de la obra, que va desde su planta en Loma Campana, Vaca Muerta, hasta Allen, Río Negro. Se trata de los primeros 128 kilómetros de caños. El oleoducto tiene como objetivo el transporte para la exportación a partir de 2026. Este primer tramo también conectará Loma Campana con el sistema de Oldelval, hacia el norte, que conduce hacia las principales tres refinerías de Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca. Pero su principal objetivo es llegar, hacia el sureste, a la costa atlántica de Río Negro, en la localidad de Sierra Grande y Punta Colorada, en el Golfo San Matías. 

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo, una decisión que aún no fue comunidad oficialmente y cuyos fundamentos a favor de la obra permanecen en las sombras, explicó a elDiarioAR el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA). Todo indica que el caso terminará judicializado. 

El primer tramo de la obra, que tiene autonomía de los dos restantes, tendría todos los permisos ambientales aprobados, aseguró YPF ante la consulta de elDiarioAR.

Existe otro contexto que afectará el futuro de esta obra: la sanción o el rechazo a la “ley Bases” que impulsa el gobierno de Javier Milei. La normativa contiene el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más criticados por la oposición e incluso por sectores económicos por los desmesurados beneficios a las corporaciones. Busca incentivar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, entre otras pocas actividades. Unas 50 organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el efecto ambiental de esta iniciativa de Milei. 

El oleoducto entraría dentro de las inversiones que plantea incentivar el RIGI y engloba varias polémicas: una de ellas es que el primer tramo, que se aprobó sólo en Neuquén, se extiende en territorio de Río Negro y sin embargo la comunidad de esa provincia no pudo participar de las oposiciones al proyecto. 

Lo mismo sucede con Chubut: Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia, es lindera con el Golfo San Matías, donde se construirá la terminal petrolera del oleoducto y cuya comunidad no tuvo posibilidad de oponerse durante el proceso de audiencia pública de los tramos II y III: sólo se habilitó a manifestarse a habitantes de Río Negro. Luego, incluso las autoridades terminaron bloqueando la participación de quienes se oponían a la obra en la provincia.

El Bloque Acción Chubut se reunió este viernes por la tarde. Participaron ONGs como AAdAA y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ambientalistas, vecinos y referentes locales. Decidieron comenzar a armar los equipos legal y científico para analizar la documentación que el gobierno de Neuquén debe hacer públicos: la Declaración de Impacto Ambiental, en donde autoriza la obra en el marco de la ley y reglamentaciones ambientales.

A principios de esta semana, los abogados se reunirán también con las organizaciones y expertos nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, en Río Negro, la otra pata del conflicto. Este sector también se opone a que el oleoducto desemboque en el golfo, un área de alto valor en biodiversidad, para el turismo local y la pesca artesanal.

Una megaobra

La compañía sostuvo en un comunicado que en el primer tramo la inversión rondará los US$190 millones y que se generarán 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas, otro punto de conflicto para quienes sostienen que el costo ambiental es demasiado alto comparado con la creación de empleo que ofrecerá la obra. 

El oleoducto es la gran apuesta de la petrolera argentina. Se trata de un proyecto monumental: se demandarán más de 10.000 caños de 20 y 30 pulgadas y su capacidad operativa máxima permitirá transportar 390 mil barriles diarios de petróleo, incrementando en un 70% la posibilidad de evacuación de la Cuenca Neuquina. Eso significa que se duplicará la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta, informó YPF.

¿De dónde saldrán los fondos para esta megaobra? Es otro de los puntos que los ambientalistas y abogados estarán mirando con lupa Por ahora, las flechas apuntan a empresas de Estados Unidos. “La segunda etapa y terminal de exportación, que completarán el proyecto, están en etapa de desarrollo y con alto grado de avance. Implicarán una inversión de más de US$2.000 millones, que YPF afrontará en conjunto con otras compañías que ya mostraron interés en el proyecto”, afirmó la petrolera.

El oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá exportar 135 millones de barriles de petróleo por año. YPF sostiene que convertirá a la Argentina “en uno de los principales exportadores de la región” y aportará “divisas y trabajo al país”.

Impacto ambiental

Aún están también pendientes las Declaraciones de Impacto Ambiental del tramo 2 y tramo 3 de la obra, que debe aprobar el área de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Además del oleoducto, el proyecto contempla la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina y dos monoboyas flotantes que se ubicarán a 6 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, pegado a Península Valdés.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta hace pocos meses es Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF.

En el Golfo San Matías, la obra estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías y de Península Valdés alertaron sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, se pronunciaron contra el proyecto.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tercer tramo: la terminal de carga en el Golfo San Matías.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla, su representante, expuso en la audiencia pública del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo de 2023.

“No existen impactos ni significativos ni críticos”, dijo Pinilla en la audiencia pública. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

Nota: este artículo se corrigió el 27 de mayo de 2024 a las 9:13 para modificar el apellido de Gonzalo Vergez.

ED/DTC

La disputa en torno al oleoducto Vaca Muerta Sur sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas. La Justicia de Chubut rechazó la acción judicial de un amplio colectivo integrado por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientales de la provincia contra la gran apuesta de la petrolera YPF para la exportación de petróleo. 

Los demandantes, nucleados en el Bloque Multisectorial Acción Chubut, reclaman al Estado provincial ante la “inacción” de la gobernación y solicitan que el gobierno de Ignacio Torres (PRO) intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto, que se montará en el Golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, vecina a la de Chubut, como informó elDiarioAR. 

La acción judicial busca instar a la gobernación de Chubut a prevenir los daños ambientales que pudiera ocasionar la obra de YPF en una zona fronteriza entre Río Negro y Chubut. El Golfo San Matías era un área protegida por la ley rionegrina hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de dicha provincia modificó la legislación a medida del oleoducto.

Para el colectivo, la obra petrolera es “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona” de Península Valdés y “a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, informaron en un comunicado. 

Sin embargo, la jueza María Laura Eroles, a cargo del juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, rechazó la acción judicial del colectivo a mediados de febrero último. Los demandantes habían solicitado al gobierno de Chubut que, como medidas de prevención del daño, brinde información a la sociedad chubutense sobre el proyecto de YPF y realice un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico (EIAE), que determinaría los potenciales daños e impactos del proyecto petrolero y cómo mitigarlos.

La magistrada interpretó que la provincia de Chubut no estaría en condiciones de evitar el potencial daño ambiental del oleoducto y su terminal portuaria realizando dichas medidas. “No se advierte que las medidas solicitadas resulten eficaces y adecuadas para evitar el daño”. Por lo tanto, la jueza rechazó la acción judicial. Los demandantes apelaron su decisión, por lo que el caso no está cerrado.

El caso

El proyecto de YPF busca transportar petróleo desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, ubicada en el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, a partir de 2026.

Un accidente o derrame en la zona afectaría directamente a esa región natural protegida, Patrimonio de la Humanidad (Unesco, 1999), de acuerdo a los análisis realizados por ambientalistas y conservacionistas que realizaron incluso un simulacro de derrame con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos.

Además, el riesgo de muerte de las ballenas aumentaría considerablemente ante el comienzo de la circulación de grandes buques petroleros en el golfo San Matías, de acuerdo con los planteos de conservacionistas, ambientalistas y empresarios del sector turístico. Las ballenas de Península Valdés también habitan el golfo San Matías. “La ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos”, explicó a elDiarioAR la bióloga Raquel Perier.

“No existen impactos significativos ni críticos”, afirmó el consultor de YPF Fernando Pinilla sobre el impacto ambiental de la obra en el golfo San Matías y las áreas protegidas aledañas. Pinilla fue contratado por la petrolera para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria. “A diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar”, aseguró en la audiencia pública celebrada el 17 de agosto último en Río Negro. 

El consultor de YPF afirmó que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. También dijo que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

Chubut en movimiento

La presentación judicial contra el oleoducto fue realizada por la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros y la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas.

También participaron la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa), la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, firmaron la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

“Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 kilómetros de Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”, informaron desde Aadeaa.

ED/MG

El oleoducto tendrá casi 600 kilómetros de longitud y conectará la zona productiva en la provincia de Neuquén con Punta Colorada, Sierra Grande. La localidad se ubica a unos 30 kilómetros del golfo San Matías, en la costa atlántica en Río Negro, donde se construirá el puerto exportador en un punto neurálgico para la zona: Punta Colorada. Allí, hace décadas funcionó un puerto minero para la salida de hierro que se extraía de una mina del lugar, pero está prácticamente abandonado y rodeado de escombros. 

El crudo que viajará por el oleoducto proviene de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de petróleo y gas no convencionales de Argentina y uno de los principales del mundo. El objetivo de la obra “es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años”, afirmó YPF en un video institucional.

“Argentina va a producir 1.100.000 barriles (de crudo) por día para 2028”, lo que duplicaría el nivel de producción actual del país, explicó en la audiencia pública de agosto último, en Sierra Grande, Leandro Loguzzo, de YPF. Por eso, “se necesita aumentar la capacidad de transporte (de petróleo) en tres veces” y buscar “nuevas vías de transporte”, ya que las actuales no alcanzarán, aseguró. 

¿Para qué quiere YPF tanto petróleo si el mercado local puede abastecerse con mucho menos? Para exportarlo, según sostuvieron los representantes de la petrolera durante la audiencia pública.

El oleoducto atravesará parte del territorio de la provincia de Neuquén, ya que partirá del yacimiento de YPF en Vaca Muerta, Loma Campana. Ese primer tramo llegará hasta la localidad de Allen, Río Negro, y desde allí descenderá hasta Punta Colorada, en el golfo San Matías, donde se construirá una terminal de 250 hectáreas, con un parque de tanques que duplicará al principal parque de tanques del país, ubicado actualmente en Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires.

Por su gran tamaño, los buques petroleros con los que busca comercializar YPF no podrán acercarse a la costa. Se construirán dos monoboyas, ubicadas a 6 y 8 kilómetros de la costa de Punta Colorada. Las monoboyas estarán ancladas con cadenas y anclas al lecho submarino. 

El oleoducto estará conectado a las monoboyas por cañerías submarinas. Los buques se conectarán a las monoboyas a través de una manguera flotante. “Cuenta con válvulas de seguridad que hace que el crudo no ingrese hasta que la carga sea segura”, dijo Loguzzo.

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró durante la audiencia pública Francisco Pinilla, de ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. “Va a ser el mayor puerto exportador de crudo de Argentina”, sintetizó Loguzzo.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

Dos oficiales de la policía de Río Negro, en la patagonia argentina, tomaron de los brazos a Cecilia Salcedo mientras la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani, ordenaba expulsar a la docente de la audiencia pública que acababa de comenzar. Era el jueves 17 de agosto de 2023 por la mañana, en el gimnasio Vuta Mahuida de una lluviosa Sierra Grande. Esta localidad rionegrina tiene más de 12.000 habitantes y se ubica a unos 30 kilómetros de la costa atlántica. Aquí, oponerse al oleoducto Vaca Muerta Sur tiene consecuencias.

El auditorio estaba colmado por unas 400 personas, la mayoría vecinos de Sierra Grande, pero también dirigentes políticos y personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal petrolera del país. Una multitud le gritaba a Salcedo, la abucheaba, le silbaba, aplaudía para tapar su reclamo. En el escenario, se encontraban Migani; Alejandro Palmieri, vicegobernador de Río Negro; Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande; y Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de la petrolera en la provincia.

Salcedo es integrante de las Asambleas del Curru Leufú y vecina de Las Grutas, localidad costera de Río Negro. Las oficiales de policía la retiraron por la fuerza, antes de que pudiera terminar de explicar su reclamo: afuera del gimnasio, bajo la lluvia torrencial, ciudadanos de su localidad y de la vecina San Antonio Oeste, quienes estaban inscriptos para exponer como oradores en la audiencia pública, no podían ingresar. La policía se los impedía, alegando que el gimnasio había sobrepasado su capacidad. Sin embargo, había sillas vacías y una de las organizadoras en la entrada admitió ante elDiarioAR que había 15 lugares disponibles. Aún así, muchos asambleístas no ingresaron. Había una orden, aunque la policía no informó de quién.

La secuencia que tuvo a Salcedo como protagonista resume en un hecho concreto lo que se preparó durante más de un año, periodo durante el cual YPF realizó actividades de lobby en pos del oleoducto Vaca Muerta Sur, que incluyeron viajes, exposiciones, charlas, reuniones a puertas cerradas con legisladores para lograr barrer con la ley que impedía la construcción del oleoducto y su terminal portuaria en la zona elegida por la petrolera: el Golfo San Matías. Las “charlas informativas” también se realizaron con vecinos de Sierra Grande para convencerlos de que apoyen el proyecto. Así lo confirmaron vecinos, legisladores y otras fuentes consultadas por elDiarioAR y Climate Tracker. 

La secretaria Migani participó también en charlas en paralelo, de acuerdo a las publicaciones locales. Además, la Secretaría de Ambiente de Río Negro contrató a la empresa Vinco Consultora para que diera un curso de capacitación en oratoria a los vecinos de Sierra Grande que expondrían a favor del oleoducto, según admitió una de sus ejecutivas, Orieta Lillo Arenas, en una entrevista con este medio.

Roles confusos

Al inicio de la audiencia pública del 17 de agosto, Suyhay Quilapan, también docente, integrante de la Pastoral Social de Viedma —capital de Río Negro— y de Asambleas del Curru Leufú, había intentado acercarse a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático para advertirle que los oradores que venían a oponerse al oleoducto de YPF no podían ingresar. Fue en vano. Por eso, Salcedo reaccionó de una manera que nunca esperó. Interrumpió la presentación de la audiencia pública cuando escuchó una palabra que vino desde el escenario: “Democracia”. “Esto no es democracia”, dijo a viva voz. Fue cuando Migani tomó el micrófono y ordenó echar a la docente de la audiencia.

Después de que la policía sacó a Salcedo, Migani bajó del escenario y se acercó a las asambleístas en el hall, quienes le mostraron que la gente no sólo no podía ingresar. Afuera, había llegado un grupo de hombres con carteles del sindicato de la construcción (Uocra), bombos y cantos con agresiones al pueblo originario mapuche y a los asambleístas que se manifestaban contra el oleoducto. Los manifestantes, ante la presencia del jefe de Gabinete de Sierra Grande, José María Clemant, impedían que los asambleístas se acercaran al gimnasio.

Migani se asomó para visualizar la escena, pero antes de que pudiera decir algo, personal de seguridad la escoltó hasta el escenario. Los asambleístas que habían logrado ingresar decidieron retirarse ante la imposibilidad de todos los inscriptos para exponer su posición y ante el temor de una escalada de violencia que ya se palpaba.

La audiencia pública fue organizada y convocada por la Secretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de las leyes ambientales y del control ambiental sobre la actividad petrolera en Río Negro. Duró unas 10 horas, durante las cuales no se manifestó una sola voz en contra del oleoducto Vaca Muerta Sur. El gobierno de Río Negro no convocó a ninguno de los científicos que alertan sobre los riesgos de esta obra. Sólo invitó a quienes están a favor.

El ducto y su terminal portuaria son apoyados por los sindicatos locales —desde los médicos y los maestros hasta la construcción, pesqueros y petroleros— y también por sectores empresarios, como la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). Todos ellos se expresaron en la audiencia pública del 17 de agosto último. 

A nivel político, el proyecto es motorizado tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, los principales partidos políticos. En todo el país es impulsado por el Ministerio de Economía que encabeza el también candidato presidencial Sergio Massa.

“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las audiencias públicas que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia en Sierra Grande. “Eso no es lo que ha pasado hoy. Realmente estoy sorprendida porque todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo, cuando la interrumpieron aplausos del auditorio. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, agregó Migani.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron a la funcionaria el lunes 18 de septiembre un cuestionario para conocer su versión y su posición sobre los hechos que se describen en este reportaje. Ante la falta de respuesta, un vocero de Migani respondió una semana más tarde que la secretaria estaba “con una agenda muy cargada”. Ese mismo día, se envió también un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció a la petrolera y a la funcionaria extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron. Tampoco respondió las consultas el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini.

Los riesgos

¿Por qué es cuestionado el oleoducto y su terminal marítima? Porque en el golfo San Matías, donde se realizará gran parte de la obra, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido por ley en pos de la protección de esta área natural, que los científicos consultados para esta investigación —desde biólogos hasta oceanólogos— consideran invaluable.

Punta Colorada, adonde llegarán los buques petroleros a cargar el crudo que traerá el oleoducto desde Vaca Muerta (Neuquén), está rodeada de al menos cuatro áreas naturales protegidas por su alto valor en biodiversidad: Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad; el Parque Nacional Islote Lobos; la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros; y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. 

“Esta biorregión (el Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico en un comunicado.

Alertaron también sobre las posibles consecuencias de esta infraestructura. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del foro.

Una de las funciones de Migani es analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto y su terminal portuaria en Punta Colorada, ubicada a unos 30 kilómetros de Sierra Grande, una postergada localidad donde la mayoría de la población apoya el oleoducto ante la promesa de fuentes de trabajo y prosperidad económica. 

Los estudios fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF, que expusieron sus resultados durante la audiencia y en torno a los cuales debían realizarse las exposiciones de los oradores en dicho encuentro. Francisco Pinilla —representante de ERM Consultora, una de las tres empresas contratadas por YPF para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)— expuso en la audiencia del 17 de agosto último: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. Pinilla afirmó que los impactos ambientales del oleoducto y su terminal portuaria serían “entre bajos y moderados”. 

Leandro Loguzzo, de YPF, aseguró al auditorio que las medidas de seguridad del oleoducto y su terminal portuaria —que contará con dos monoboyas desde las cuales los buques cargarán el crudo— garantizan que no hay posibilidad de derrames en el golfo San Matías. Sin embargo, ese sistema ya ha fallado, como en diciembre de 2007, cuando las playas y los pingüinos de Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, Chubut, amanecieron cubiertos de petróleo. De eso no se habló en la audiencia pública, a pesar de que se invitó a exponer al superintendente marítimo de la empresa Termap sobre las bondades del sistema y de su compañía, ya que la empresa tiene altas chances de operar las monoboyas en el golfo San Matías. Ésta también operaba la monoboya durante el desastre ambiental provocado por el derrame de 2007. El derrame fue objetivo de un juicio que terminó con todos los acusados absueltos, como informó el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una de las organizaciones ambientalistas que sostienen que el avance de Vaca Muerta para exportar crudo no solo implica riesgos de derrames en una zona de naturaleza invaluable para Argentina, sino que los ambientalistas afirman que también va en sentido contrario a los compromisos asumidos por el país para mitigar la crisis climática actual, como la transición energética a la que se comprometió Argentina a nivel internacional.

“Hay que contemplar los riesgos potenciales a futuro, asociados a la industria petroquímica y sus derivados como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático”, explicaron el biólogo Cristian De Haro y otros científicos en un trabajo realizado para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 

Capacitación selectiva

La capacitación en oratoria pagada por el gobierno de Río Negro se realizó únicamente en el lugar que apoya el proyecto de YPF y se obviaron localidades como Las Grutas y San Antonio Oeste, ciudades en las que las asambleas vecinales se oponen ante los riesgos ambientales y económicos que el oleoducto significa para el Golfo San Matías. Muchos de sus habitantes se dedican al turismo y a la pesca artesanal y buscan proteger sus anchas y hermosas playas y aguas azules. 

Ante la consulta, Orieta Lillo Arenas, co-fundadora junto a Fabiana Alonso de Vinco Consultora, la empresa encargada de la actividad, admitió que no se hizo ningún esfuerzo por contactar a los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste para la capacitación. 

“Se hizo una convocatoria a través de los canales formales de la Secretaría de Ambiente y medios del municipio de Sierra Grande, pero no teníamos el contacto de las asambleas de Las Grutas o San Antonio Oeste”, respondió Lillo Arenas.

Lillo Arenas afirmó que su empresa ha sido contratada en diferentes oportunidades por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para organizar audiencias públicas. Para la capacitación de los vecinos de Sierra Grande, sus fundadoras se trasladaron hasta el municipio a finales de julio y dieron un taller sobre oratoria. Ante la pregunta de cuáles fueron sus honorarios, la abogada dijo que no lo sabía.

Sobre las exposiciones de políticos, académicos, empresarios y vecinos que únicamente apoyaron el oleoducto, Lillo Arenas afirmó: “Debería haber estado el contrapunto, faltó esa parte. Les pedimos a los integrantes de las asambleas que se quedaran” luego del incidente y la expulsión de Salcedo. También admitió que durante el taller de capacitación comprobó que los vecinos de Sierra Grande tenían temores sobre los riesgos ambientales de un oleoducto y terminal portuaria en el Golfo San Matías. 

Los temores de los vecinos de Sierra Grande no fueron mencionados en sus exposiciones en la audiencia. Estos apoyaron casi sin cuestionamientos el proyecto petrolero y dejaron en claro que su localidad ha sido postergada por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales tras el cierre de una mina de hierro de la que vivía la localidad. El oleoducto es para ellos la posibilidad de recuperar trabajo, evitar que los más jóvenes dejen el pueblo y reunir nuevamente a las familias divididas por la falta de empleo.

El oleoducto dará 700 puestos directos de mano de obra, según expuso Leandro Loguzzo, de YPF, en la audiencia pública. “Un porcentaje muy importante será de mano de obra menos especializada”, prometió a los habitantes de Sierra Grande, que esperan con ansias que el proyecto petrolero les traiga prosperidad económica, aunque sea transitoria. “Los vecinos han puesto demasiadas expectativas en el oleoducto”, concluyó Lillo Arenas.   

Amedrentamiento

En Sierra Grande no hay margen para díscolos. En septiembre de 2022, docentes del Instituto de Formación Docente organizaron un debate sobre el oleoducto en el marco de un trabajo de investigación de los alumnos de las cátedras de Artes Plásticas y Música y Ciencias Naturales. Invitaron a exponer sus argumentos al presidente del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, a favor del proyecto petrolero y hermano del intendente; a un profesor en química independiente, Gaspar Siguero; al guardaparques del Parque Nacional Islote Lobos, Leonardo Juber; y a Fabricio Di Giácomo y otros integrantes de las asambleas de Las Grutas y San Antonio Oeste, críticos al proyecto. 

Las autoridades del instituto —según testigos directos— intentaron disuadirlos y sostuvieron que el debate “no era necesario”, porque la información sobre el proyecto estaría a cargo de YPF, cuyos representantes se trasladarían a la localidad para informar a la población. Aún así, los docentes continuaron con los preparativos de la charla, cuyo espíritu era el debate, según pudo reconstruir este medio.

El día de la charla abierta a la comunidad, el sindicato de la construcción también realizó un despliegue a favor del oleoducto en las inmediaciones de la sala. Los asambleístas vivieron el mismo escenario de tensión que se replicaría en la audiencia pública. No era la primera vez que el sindicato amedrentaba a los asambleístas. Ya había sucedido en la puerta de la legislatura de Río Negro, días antes, cuando las asambleas se trasladaron para la segunda sesión que confirmó la derogación de la ley que protegía al Golfo San Matías. Así lo relataron cuatro testigos directos. 

Pocos meses después de la charla, algunos de los docentes que habían organizado el debate debieron dejar Sierra Grande ante presiones, castigos administrativos y acoso por parte de las autoridades del instituto para el que trabajaban, según los testimonios obtenidos por elDiarioAR y Climate Tracker.

Carlos Olmedo, profesor, licenciado y director del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande, respondió a elDiarioAR y Climate Tracker que la charla fue “una instancia de información para estudiantes que no sabían de qué se trataba este fantástico proyecto”, dijo en relación al oleoducto. “Creo que todos estaban de acuerdo con el posicionamiento de sí a la obra. Ninguna voz fue acallada”, aseguró Olmedo. “Hay muy pocos que discrepan y esto está relacionado a la necesidad de fuentes de trabajo, aunque siempre se sostiene una preocupación por el cuidado al medioambiente y esto se trata en el Instituto en el área de Ciencias Naturales”, agregó.

Visitas a Vaca Muerta

El objetivo de las actividades de YPF con legisladores de la provincia, funcionarios y vecinos de Sierra Grande fue garantizarse el apoyo incondicional al oleoducto en la legislatura de Río Negro y en la audiencia pública. Así surge de un documento de la compañía (se detallará en la segunda entrega de este reportaje), publicaciones en redes sociales y testimonios en on the record y en reserva de parte de testigos directos. Todo estuvo desde el inicio bajo el control de la petrolera y de las autoridades que apoyan el proyecto hidrocarburífero. 

El 20 de julio, cuatro semanas antes de la audiencia pública, Tamburrini, intendente de Sierra Grande, encabezó una comitiva que viajó desde la localidad rionegrina hasta las instalaciones de YPF en Vaca Muerta, invitados por la petrolera. “El jefe comunal arribó a la capital neuquina acompañado por Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo (municipal), integrantes de la mayoría de los bloques del Concejo Municipal, referentes sindicales y gremiales, integrantes de las Juntas Vecinales y medios de comunicación”, también locales, según publicó la intendencia en su cuenta de Facebook. 

“Sierra Grande ha adoptado este proyecto como propio. Lo va a defender desde el debate porque la gente se ha informado”, aseguró Tamburrini a este medio el día de la audiencia pública. El oleoducto “implica desarrollo y crecimiento. Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento”, afirmó el intendente. “El riesgo ambiental existe, pero es improbable”, estimó Tamburrini.

Para que el oleoducto sea posible, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani, debe aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de las obras. En septiembre, la funcionaria fue denunciada ante la Justicia penal por haber supuestamente obstruido la participación de habitantes de Río Negro que estaban inscritos en la audiencia pública para manifestar sus críticas al proyecto petrolero. 

Nota: este artículo se corrigió el 14 de octubre de 2023 a las 11:38. Donde decía “Curru Leufús” debió decir “Curru Leufú” y donde decía “San Antonio Este” debió decir “San Antonio Oeste”. También se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

¿Se acuerdan de cuando el petróleo valió menos que cero porque no había lugar físico dónde meterlo en la pandemia? Con la penetración exponencial de los autos eléctricos en el mercado de los países desarrollados, se plantea una situación que tiene un aire de familia. Habrá mucho hidrocarburo dando vuelta. Demasiada oferta y poca demanda, lo que llevaría a los precios a menos de la mitad de lo que son hoy en 2030.

Esta es una de las conclusiones del nuevo escenario energético de Net Zero publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), que curiosamente, pasó muy por debajo del radar de los medios de nuestro país. No debería haber sucedido esto: el informe es un orientador de decisiones de inversión en lo que se refiere a esta materia. Y está indicando que las medidas estratégicas que se toman en la Argentina son las equivocadas.

Según la AIE, el precio del barril del petróleo caería dentro de poco más que un lustro a los 42 dólares porque la electricidad reemplazará al viejo y viscoso combustible. Una década más tarde a 30 y después a 25. ¿Con esos precios se va a poder pagar la deuda externa?¿Dónde deja a proyectos como el puerto petrolero que YPF quiere construir en el Golfo San Matías, que estaría operativos cuando la demanda se disuelva? ¿Es sensata una obra con tanto impacto en la vida marina y terrestre con ese horizonte?

La política de las petroleras y del Estado argentino es fingir demencia y pretender que no pasa nada. Que no hay crisis climática, que vivimos en 1950. Y mientras el clima, inflado por los hidrocarburos, se convierte en un arma de destrucción masiva más poderosa, trabajan para que la opinión pública crea que no hay otra alternativa que el fracking en Vaca Muerta, cuando en diez años no ha resuelto la pobreza en ningún lado. La electricidad es el nuevo petróleo y la generación solar la forma más barata de energía, nos guste o hiera en el orgullo nacional que ahora parece enquistado en el subsuelo.

Hay que preguntarse, entonces, por qué seguimos apostando a combustubles contaminantes y caros con los recursos renovables que existen en este país. ¿Es una cuestión de poder? Lo lógico sería dejar de expandir nuevos emprendimientos hidrocarburíferos que tienen un impacto brutal en el ambiente, el agua, la atmósfera y la vida entera, establecer una fecha de cierre definitivo de estos proyectos extractivos, duplicar la eficiencia energética, redireccionar la inversión a renovables y exigirle a los organismos financieros internacionales una política para que todo esto sea posible.

El papel del FMI y compañía no es menor. Un sesudo trabajo llamado Nafta al Fuego, deuda y cambio climático, publicado la semana pasada por ACIJ, señala correctamente los organismos de crédito multilaterales empujan a la Argentina a profundizar una matriz productiva que agrava la crisis climática, mientras los efectos del aumento de la temperatura global la dejan cada vez más lejos de los objetivos fiscales. Al mismo tiempo, el fondo y el Banco Mundial se rasgan las vestiduras hablando del clima y no te perdonan ni un pago cuando tu economía cruje porque el clima está caliente.

Es necesario invertir mentalmente la ponderación de nuestros recursos: que haya petróleo en el subsuelo de la Argentina no significa que hay lugar para meter a los subproductos de su quema. Nuestro país figura entre los 20 “Destructores del Planeta”, una lista confeccionada por Oil Change International, en la que estamos, incluso, por encima de terribles contaminadores como Arabia Saudita. Tan intensivo en metano y carbono es explotar Vaca Muerta. Ya no sólo importa quién emitió más sino también quién sigue moviendo las fichitas para que el mundo deje de ser habitable porque la ventana es chica. Lo que se haga en esta década es lo que determinará el futuro inmediato y el que habrá durante miles de años por venir. Si esto suena un poco terrible, es porque lo es. Argentina es un contaminador histórico importante y está hoy número 19 en la lista de los mayores del mundo del World Resaurces Institute.

En ese contexto, llega el barco de Equinor a Mar del Plata a explorar el lecho marino ante la impotencia de los habitantes de la costa, que temen no sólo por derrames sino por el ruido aturdidor de las exploraciones, que causan daños terribles en la fauna marina. La empresa noruega es otro de los villanos climáticos mundiales y tiene juicios por todas partes. Por la resistencia popular y las demandas legales, tuvo que suspender, por ejemplo, proyectos en Australia y en el Artico, entre otros. No sólo aquí son malvenidos, no es una cuestión del obstinación de unos cuantos tontos argentinos.

Ya entramos en una era en la que están floreciendo los juicios contra las petroleras y los estados que promueven sus actividades. En Montana, un lugar petrolero y carbonífero, acaba de triunfar una demanda planteada por un grupo de jóvenes contra el Estado, por violar el derecho constitucional de vivir un ambiente sano. Nuestra Constitución también nos garantiza ese derecho, que nos se viola abiertamente. Ante la Corte Europea, se está cocinando un juicio similar presentado por seis jóvenes portugueses contra 32 países, que de prosperar, podría tener más fuerza legal de cumplimiento que el propio Acuerdo de París. California, otro sitio con bastante petróleo en su subsuelo, acaba de demandar a cinco petroleras (Chevron, Exxon, Connoco Phillips, Shell y BP) por haber sabido que sus productos provocaban daños irreparables en el clima y haber mentido y manipulado a la opinión pública por décadas. Esta acción repite más o menos el libreto que se usaron en los 90 contra las tabacaleras y pide la creación de un fondo de compensación multi millonario por los daños ya sufridos y para adaptarse a un mundo de mayores tragedias.

Una masiva marcha acaba de desfilar por las calles de Nueva York pidiendo el fin de los combustibles fósiles. Esta es la primera vez que una consigna así aglutina el pedido de toda la sociedad civil y eso es lo que dominará sus discursos en la COP 28, las negociaciones internacionales del clima, que se harán en Abu Dabhi, bajo la comandancia de un jeque petrolero. Va a ser descarnado ese proceso. Ya no se trata de hablar de ambiente y clima de manera abstracta y buena. Necesitamos defender nuestros cuerpos. Hay todavía una pequeña ventana de esperanza en este mundo dado vuelta. Pero para que sea viable hay que dejar de emitir gases que calientan el clima. Son los hidrocarburos o nosotros.

MA/MG

José Luis Esteves es doctor en Oceanología (Universidad de Aix-Marsella, Francia), especializado en oceanografía y contaminación de aguas. Trabajó en el Centro Nacional Patagónico, un centro de investigación y desarrollo de Conicet en Puerto Madryn, Chubut, y dedicó gran parte de su carrera a estudiar el impacto de la industria petrolera en la costa atlántica argentina. Fue miembro fundador y presidente de Fundación Patagonia Natural, una ONG que se focaliza en promover el uso de energía renovables y a la conservación de la biodiversidad. Actualmente retirado, recibió a elDiarioAR en Puerto Madryn, donde analizó el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal petrolera con dos monoboyas en el Golfo San Matías, un área protegida hasta septiembre de 2022. El objetivo de la obra es la exportación de petróleo de Vaca Muerta a partir de los próximos tres años, según anunció la petrolera a cargo, YPF.

El Golfo San Matías es el segundo golfo más grande en Argentina. Es un lugar prístino, es la cara norte de Península Valdés.

elDiarioAR viajó a Río Negro para cubrir la audiencia pública y recorrió distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías, eje de los desencuentros y enfrentamientos por el oleoducto entre distintas localidades de la costa atlántica de la provincia. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

“Para hablar de la situación actual del Golfo San Matías, creo que hay que analizar una cuestión más filosófica y una cuestión más práctica”, afirmó Esteves. “La cuestión filosófica tiene que ver con el cambio de estrategia hacia las energías alternativas. En este momento hay un intento de desarrollo importante en energía. La transición energética no se va a dar de un día para otro, va a llevar un tiempo, no cabe duda”, aseguró el científico.

-¿Cuál es el aspecto práctico que va de la mano con el filosófico?

-Qué capacidad tienen los gobiernos para llevar adelante estrategias limpias frente a explotaciones de hidrocarburos u otras fuentes de energía. Parece muy difícil porque el ser humano se resiste inicialmente frente a otras opciones. Se me ocurre pensar en lo que ha pasado con explotaciones petroleras a lo largo de Patagonia en los últimos 100 años. Desde que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, alrededor de 1907, a mi entender, no hemos aprendido demasiado. La primera explotación en la zona intermareal de Comodoro Rivadavia, con cañerías y pozos, dieron paso a la explotación en tierra, con buena tecnología que permitió que los pozos puedan estar en el territorio con caños que terminan debajo del mar sin generar una contaminación en esa zona. Se han eliminado muchas de las antiguas instalaciones, pero muchas cañerías siguen estando en playas de Comodoro Rivadavia. En esta situación, el turismo de playas y costas no es prioritario en esas zonas.

-¿Es posible la transición hacia energías limpias en un país en crisis permanente?

-Yo apostaba al cambio en la matriz energética en el año 80 cuando construí mi casa con energía solar, en Puerto Madryn. O sea, es una cuestión que la veo como posible desde hace muchos años y la implementé. Hemos tenido la visita con cierta frecuencia del gobierno provincial y de varios privados para analizar los detalles a casa. Fue auspicioso conocer que en alguna aldea en el centro de la provincia se diseñaron casas con una concepción de ahorro energético importante. El desafío de la transición tiene ya muchos años y sigue vigente. Ahora empezamos a ver cómo los molinos eólicos forman parte de un nuevo paisaje, así como paneles fotovoltaicos que proveen energía limpia. ¿Van a reemplazar el petróleo hoy? Seguramente que no y pasarán aún varios años.

Petróleo en el mar

“Hablando del petróleo en el mar -recuerda Esteves-, a principios de los años 90, en Fundación Patagonia Natural revisamos información que había pasado Prefectura Naval Argentina (PNA), que nos daba unas 200 posiciones geográficas de buques petroleros durante 15 días a lo largo de la costa atlántica, desde el sur de la Patagonia hasta Buenos Aires y Bahía Blanca. Es decir, un único buque podría mostrar varias posiciones. Lo que observamos fue que la mayoría de los buques navegaban muy cerca de la costa, sobre todo en puntos notables. Por ejemplo, Punta Delgada, en península Valdés; Punta Bermeja, en el golfo San Matías; Cabo Dos Bahías, frente al golfo San Jorge. ¿Y por qué lo hacían? ‘Usos y costumbres’”, explicó el experto.

“El faro en cada uno de estos lugares permitía ubicar al buque en el mar para una navegación segura y corregir el rumbo cuando era necesario. Sin embargo, son numerosos los derrames accidentales y crónicos registrados en la zona. Después aparecieron ayudas a la navegación como los GPS. A pesar de la nueva tecnología, los buques seguían haciendo la misma ruta”, recordó.

“En una reunión sobre ‘Preservación del aire, el agua y el suelo’ organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), presentamos esa información y sugerimos que los barcos, teniendo todas las ayudas electrónicas que existen ahora, podrían navegar unas 50 millas al este de las costas para evitar zonas que son particularmente peligrosas. La PNA puso en práctica una Ordenanza Marítima que obliga a estos buques a navegar 20 millas al este de la profundidad en que podrían quedar varados. Además, se definen rutas de ingreso y egreso a golfos y bahías de manera de alejarse rápidamente de la costa. Esta ordenanza ha minimizado los problemas de contaminación de la costa”, afirmó Esteves sobre el estudio que le permitió ayudar a reducir el impacto en el mar.

-¿Cuál es su posición sobre una terminal petrolera en el Golfo San Matías?

-El Golfo San Matías es el segundo golfo más grande en Argentina. Es un lugar prístino, es la cara norte de Península Valdés, Hasta ahora se ha mantenido prácticamente sin problemas de contaminación por hidrocarburos. La gran diversidad de flora y fauna característico de esta zona, el turismo de playa, la pesca artesanal, la existencia de península Valdés como Patrimonio de la Humanidad, son factores para tener en cuenta a la hora de la implementación de otras actividades económicas que compitan con aquellas.  

He visto proyectos de largo alcance que terminan cajoneados porque no quisieron que trascendieran.

Extractivismo y abandono

“Otro de los factores que me ayudan a dudar de esta nueva actividad en el Golfo, es lo que ha sucedido con otra actividad económica extractiva”, aseguró Esteves a elDiarioAR. “En la década del 70, se explotaba una mina de plata, plomo y zinc conocida como Mina Gonzalito. Esta se encontraba entre las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste. Luego de más de cuarenta años de su cierre, sigue sin remediar y la planta de concentración ubicada en San Antonio Oeste ha causado la contaminación por plomo de parte la comunidad sanantoniense. Me pregunto: ¿es mala memoria o una vez que los beneficios se extinguen le sigue el abandono directo? ¿Qué le quedó a Río Negro de esta actividad?”.

-Se acaba el recurso o se acaba el negocio…

-Y se acabó el negocio porque se acabó el recurso.

-Y queda el riesgo…

-Claro, se acabó el negocio y se abandonó todo. Esto es un indicador clave para cualquier emprendimiento. Con un emprendimiento como la carga de petróleo en Punta Colorada, surgen varias preguntas. ¿qué va a pasar después? Ese emprendimiento económico, ¿va a revolucionar la economía de Río Negro? ¿Qué garantía hay de que no va a haber contaminación? ¿Qué reaseguro tiene la comunidad? ¿Cómo se aseguran otras actividades económicas igualmente importantes como puede ser el turismo o la pesca? La crítica que se le hace a la conservación es que frente a este problema no se presentan alternativas, mientras se siguen utilizando productos y subproductos derivados del petróleo. Sin embargo y en este caso, las alternativas existen.

Las personas que defienden las monoboyas tendrían que poner toda la energía para obligar a que el gas y el petróleo de Vaca Muerta le dé a la provincia de Río Negro un beneficio.

-¿Ve alternativas posibles?

-Me imagino dos. Así como se hizo el gasoducto que viene de Neuquén y va hacia Bahía Blanca, por qué no hacer un oleoducto por las mismas zonas, evitando el golfo San Matías; eventualmente abonar las regalías que le correspondan a cada provincia. De este modo, se favorece además el ambiente, se potencia el turismo de avistaje de fauna, el turismo de playas y la pesca artesanal. La segunda alternativa que pienso en la construcción de una destilería en Vaca Muerta. Esto permitiría la redistribución de los subproductos hacia la zona patagónica y un poliducto – como el que existe desde la destilería de Lujan de Cuyo en Mendoza que termina en Buenos Aires. En términos de lo que se llama servicios ecosistémicos, no es más caro que poner una monoboya y pagar todos los costos ambientales.

La industria 

-¿Por qué crees que no se toman esas alternativas?

-Mi opinión personal es que hay intereses que le hacen creer al político de turno que le van a resolver el problema. He visto proyectos de largo alcance que terminan cajoneados porque no quisieron que trascendieran. Para muchas industrias todo gira en torno a reducir costos económicos sin pensar – muchas veces - en los costos ambientales.

-¿Qué le diría a quienes apoyan el oleoducto y el puerto petrolero en el golfo San Matías? ¿Cree que están arriesgando demasiado?

- Mejor prevenir que curar. En caso de un accidente, curar es muy difícil o prácticamente imposible. Depende de las condiciones en las que se den un derrame o un accidente. Si se garantizara que no va a haber derrame, que los controles son estrictos, que los mecanismos de cuidado y tecnologías para trabajar son excelentes, que los antecedentes nos muestran que siempre que ha habido un evento de contaminación, la industria y las autoridades han sabido hacerle frente, la discusión no sería la que nos ocupa ahora. Pero de nuevo: prevenir es mejor que curar. Las personas que defienden las monoboyas tendrían que poner toda la energía para obligar a que el gas y el petróleo de Vaca Muerta le dé a la provincia de Río Negro un beneficio y pelear para que haya una inversión en destilería en la zona de explotación. Esto va a inhibir totalmente el problema de contaminación de San Matías. Los petroleros hablan mucho de zona de sacrificio. Sin embargo, en el mar no hay zona de sacrificio. Zona de sacrificio puede haber en tierra porque si se derraman unos pocos metros cúbicos de petróleo, se los detecta rápido y se resuelve con relativa facilidad. Si el derrame se produce en el mar, este es invisible o es imposible hacerle frente con un control adecuado. Cuidar el ambiente que nos fue legado, significa el reaseguro para las generaciones que nos siguen.

ED

El oleoducto Vaca Muerta Sur es actualmente uno de los principales proyectos de la petrolera YPF y ha despertado críticas y alertas de conservacionistas, científicos, vecinos que habitan y trabajan en el Golfo San Matías y las principales organizaciones ambientalistas del país. 

“Esta es la obra más importante de los últimos 30 años en la energía de la Argentina”, dijo Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de YPF en Neuquén y Río Negro, durante la audiencia pública del 17 de agosto último. Pero el proyecto tendrá una parte central en un área en la que el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta finales de 2022, cuando la ley se modificó a medida del proyecto, de manera exprés y a puertas cerradas de la ciudadanía en la legislatura de Río Negro. 

Estas son diez preguntas y sus respuestas para entender de qué se trata el proyecto, quiénes lo apoyan y quiénes lo enfrentan, y sus posibles impactos sociales y ambientales.

¿Qué es Vaca Muerta Sur?

Es un oleoducto, también denominada Vaca Muerta Oil Sur, que tendrá casi 600 kilómetros de longitud, atravesará la meseta patagónica de la provincia de Río Negro y conectará la zona productiva de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro. El proyecto incluye la construcción de una terminal de exportación en las costas del Golfo San Matías.

El crudo que transportará el oleoducto se bombea desde los pozos concesionados a YPF en la cuenca neuquina hasta una planta de tratamiento. Desde allí viajará a 600 kilómetros atravesando parte de Neuquén y Río Negro. Luego, el oleoducto conduce el petróleo hasta una terminal de tanques, que se construirá en Punta Colorada. La terminal despacha el crudo hacia dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, mar adentro. Allí amarrarán los buques tanque que vienen a buscar el petróleo.

¿Cuál es el estado de las obras?

Las obras se idearon en tres tramos pero aún no han comenzado a ejecutarse, de acuerdo a YPF. La obra se dividió en tres tramos: el tramo I conecta con un oleoducto ya existente (Loma Campana Pellegrini) en el departamento de Añelo, en la cuenca neuquina, donde se encuentran los pozos explotados por YPF. Luego ese oleoducto existente conectaría con el nuevo oleoducto a construir y llegaría hasta General Roca, Río Negro. 

El tramo II conectaría Estación Cabecera Allen con la terminal de carga de petróleo Punta Colorada, en Sierra Grande, Río Negro, en las costas del Golfo San Matías.

El tramo III es la terminal de carga de petróleo e instalaciones asociadas en Punta Colorada, es decir, donde termina el oleoducto y los buques cargan el petróleo.

Sólo el tramo I tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El resto de los tramos se encuentran en procesos previos a la aprobación de la obra, pero tanto la petrolera como las autoridades de Neuquén, Río Negro y el Ejecutivo Nacional ya dan por hecho que el oleoducto y su terminal portuaria se construirán. 

¿Cuál es el objetivo?

La meta de YPF es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de petróleo de la cuenca neuquina en los próximos tres años y luego exportar ese petróleo.

“Gracias al avance en el desarrollo de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén, la producción de petróleo del país podría duplicarse en los próximos cinco años. Este crecimiento permitirá no sólo abastecer la demanda que tiene Argentina, sino que abrirá las puertas a que el país pueda exportar hidrocarburos generando las divisas que necesitamos para poder crecer y creando miles de puestos de trabajo”, afirmó la petrolera en un video institucional.

¿Quiénes apoyan el proyecto?

Además de YPF, el gobierno de Alberto Fernández -se han expresado públicamente sobre el oleoducto desde la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, hasta el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa- y los gobiernos de Neuquén y Río Negro; el oleoducto y su terminal portuaria cuenta con el apoyo de gran parte de la localidad de Sierra Grande, la más cercana al punto neurálgico del proyecto: la terminal portuaria en el Golfo San Matías, un área protegida por la ley provincial hasta 2022, cuando la legislatura modificó la normativa para permitir la ejecución de Vaca Muerta Sur.

Durante la audiencia pública realizada el 17 de agosto último en Sierra Grande, se manifestaron a favor de proyecto los sindicatos locales —desde los maestros hasta la construcción—, sectores empresarios de la industria (como el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, IAPG), la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). A nivel provincial, el proyecto es motorizado desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio.

¿Quiénes se oponen?

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar. 

El golfo San Matías, ubicado en la costa del océano Atlántico, se extiende entre punta Bermeja, al norte, en la provincia de Río Negro, y punta Norte, al sur, en el extremo de  Península Valdés, provincia de Chubut.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico se pronunciaron contra el proyecto: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.

¿Cuáles son los puntos centrales del conflicto?

Los defensores del proyecto sostienen que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especiel en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos. Se supone que el proyecto garantizaría el ingreso de divisas a través de la exportación de petróleo excedente de la cuenca neuquina (es decir, el que no se destine para abastecer el consumo interno).

Sin embargo, los detractores del proyecto tienen varios reclamos: el principal es que el área donde desemboca el oleoducto y donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo era un área protegida del desarrollo hidrocarburífero desde 1999 debido al alto valor natural, en biodiversidad del Golfo San Matías, lindero con cinco áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

La legislatura de Río Negro modfició en tiempo record la legislación en 2022 -prohibiendo el ingreso de la ciudadanía- para que el proyecto sea ejecutable. Los riesgos y posibles impactos medioambientales pusieron en alerta a quienes viven del turismo y la pesca artesanal en el golfo, ya que creen que el tránsito de buques petroleros y el peligro de microderrames o derrames en el mar podrían cambiar para siempre la vida en el área.

Ariel Slipak, coordinador del área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a elDiarioAR que “el riesgo de derrame en el Golfo San Matías y el riesgo para la Península Valdés es elevadísimo y que desde lo económico se generarán pocos empleos asociados sólo a la construcción, por un plazo corto y el potencial de destrucción de empleos del turismo y la pesca es mayor”. 

“El proceso por el cual se modificó en clave regresiva la Ley 3.308; y la forma en la que se convocó a la audiencia pública del 17 de agosto estuvo llena de irregularidades y se bloqueó la participación. Fue una audiencia antidemocrática. Además, se impide la participación de no residentes en Río Negro que serán afectados y afectadas por el proyecto”, afirmó Slipak.

¿Qué establecía la ley 3.308 y qué dice la normativa actualmente?

La ley 3.308 protegía el Golfo San Matías de cualquier proyecto de hidrocarburos desde 1999. Se sancionó tras la presión social y ante las versiones de que YPF, entonces empresa privatizada, instalaría un proyecto petrolero en la zona. 

La normativa prohíbe en “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”.

Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2022, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionaron una nueva ley para modificar y dejar sin efecto la norma 3.308 y permitir el transporte de hidrocarburos en el golfo. Lo hicieron a través de la sanción de la ley 5.594, que modifica el artículo 1º de la ley original prohibiendo “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”, y excluyendo las tareas de transporte, posibilitando así el proyecto de YPF, ya existente para esa fecha.

Rafael Colombo, de la organización Abogadxs Ambientalistas, dijo a elDiarioAR: “Este proyecto además nace con un vicio de inconstitucionalidad, que cuestionamos junto a las organizaciones y asambleas locales, ante el Superior Tribunal de Rio Negro y que actualmente debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la legislatura provincial tuvo que reformar regresivamente la ley 3308, en un trámite a puertas cerradas, sin debate, sin participación de la sociedad civil”.  

¿Cuál podría ser el impacto ambiental?

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en cada uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tramo III: la terminal de carga en el Golfo San Matías, Río Negro.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla expuso en la audiencia del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo último.

“No existen impactos ni significativos ni críticos -dijo Pinilla- porque, a diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar. Por ejemplo, si el desarrollador dice vamos a hacer tal actividad y nosotros le decimos no, porque esa actividad va a generar un impacto de tipo crítico o de tipo malo, esa actividad no se realiza”. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional.

Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

“La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999”, informaron.

¿Qué sucedió en la audiencia pública del 17 de agosto?

Más de 400 personas participaron en la audiencia pública de Sierra Grande, una localidad de más de 12.000 habitantes, para escuchar la exposición de la petrolera YPF sobre el proyecto y a los funcionarios de la gobernación —desde el vicegobernador, Alejandro Palmieri, hasta la defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati— y a las consultoras ambientales contratadas por la petrolera, como informó elDiarioAR.

Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental.

Dina Migani — Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

La audiencia es un requisito legal para poder avanzar con las obras y fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Dina Migani. El objetivo fue exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras: el oleoducto y la terminal portuaria. También debían exponer los detractores de la iniciativa, pero se retiraron poco después de iniciada la audiencia. Hubo tensión con la policía provincial y la secretaria de Ambiente ordenó a la fuerza pública desalojar de la audiencia a una docente que la interrumpió para manifestarse por la imposibilidad de que todos ingresaran. Mientras, un grupo con banderas del sindicato de la construcción buscó impedir que los manifestantes se acercaran al lugar de la audiencia. Los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste decidieron entonces replegarse y retirarse de la audiencia.

Al menos 145 personas estaban inscriptas como promotores del proyecto, invitados y oradores para exponer su postura sobre el proyecto, pero finalmente sólo expusieron quienes apoyan las obras. Todos los invitados por la Secretaría de Ambiente de Río Negro se manifestaron a favor del oleoducto y su puerto. Es decir, no hubo ninguna voz crítica invitada por el organismo oficial, que se supone, debe ser independiente y evaluar el impacto ambiental de la obra para su aprobación final.

¿Cómo sigue el proceso de aprobación de la obra?

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) presentados por las consultoras contratadas por YPF y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para tomar la decisión final: si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra. La secretaria de Ambiente de la provincia, sin embargo, estuvo muy cerca de adelantar su posición el mismo 17 de agosto, tras presidir la audiencia pública. “Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental”, dijo Migani al finalizar el acto público.

Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.

ED

Sierra Grande, Río Negro.- El oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada, provincia Río Negro, son una de las apuestas del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa (Unión por la Patria), y de otros varios candidatos a la Presidencia, que apuestan a la expansión de la frontera hidrocarburífera en Vaca Muerta y el Mar Argentino. El proyecto es rechazado por parte de las comunidades costeras que viven del turismo y la pesca artesanal, científicos, ambientalistas y conservacionistas, quienes advierten que será una amenaza inminente para la vida en el océano y las costas. 

Punta Colorada, donde se construirá la terminal portuaria para la carga del crudo, se encuentra en el Golfo San Matías, una de las joyas del Atlántico, directamente conectado con Península Valdés, un área natural protegida única en el mundo.

Este jueves, el oleducto y la terminal portuaria tendrá una jornada clave: en una audiencia pública en la localidad de Sierra Grande, Río Negro, la petrolera a cargo del proyecto, YPF, expondrá los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras. También expondrán los detractores de la iniciativa. Se esperan más de 100 oradores y aún no está claro si podrán exponer en su totalidad durante el día o deberá llamarse a un cuarto intermedio. YPF asegura que el proyecto se realizará con “los más altos estándares nacionales e internacionales”.

elDiarioAR cubrirá la audiencia pública de este jueves y viajará por los próximos dos días a distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías y lo que sucede y sucederá en las aguas de esta porción del Mar Argentino. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

El turismo, la ciencia, la pesca y la vida en las ciudades y pueblos enfrentados con el oleoducto y su terminal portuaria serán clave también para este proyecto.

Están aquellos decididos a defender el “golfo azul”, los alertados, los movilizados, los atemorizados por el destino de su mar y su forma de vida y subsistencia; o aquellos esperanzados con la posibilidad de trabajo y prosperidad económica en la instalación de un proyecto petrolero. También están los indiferentes.

Una jornada particular 

La audiencia pública fue convocada por la Secretaría de Ambiente de Río Negro y es un requisito legal para poder avanzar con las obras, que tiene tres tramos del oleoducto (comienza en Neuquén, en Vaca Muerta, y finaliza en Punta Colorada, Río Negro), una terminal de tanques en la costa y dos monoboyas en el mar, desde donde se conectarán los buques para cargar el crudo.

El clima en torno a la audiencia y el proyecto es de pura tensión. Entre los sectores a favor, además de un gran sector de Sierra Grande, se encuentra el sindicato de la construcción, Uocra de de Río Negro, que defiende el proyecto por la promesa de creación de puestos de trabajo.

La oposición a las obras congrega no sólo a las comunidades locales sino también a las principales organizaciones ambientalistas del país, entre ellas las integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, explicó el Foro en un comunicado.  

Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Aliados

En donde hubo coincidencia es en los distintos sectores políticos de la provincia de Río Negro. Tanto la mayoría del Frente de Todos como Juntos por el Cambio posibilitaron en alianza con la gobernación de Arabela Carrera la modificación de la legislación provincial que prohibía este tipo de proyectos hidrocarburíferos en el Golfo San Matías desde 1999.

Luego de la audiencia, la Secretaría de Ambiente de Río Negro deberá analizar los estudios de impacto ambiental y las presentaciones de los oradores en contra y a favor del proyecto, aunque la obra parece un hecho consagrado. YPF ya lo da por hecho y lo anunció en un video institucional. La mitad del primer tramo, localizado en Neuquén, ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado por Ambiente de dicha provincia, tras una audiencia pública que generó denuncias y cuestionamientos por el incumplimiento de la ley para supuestamente evitar la participación de la ciudadanía que se opone al proyecto.

Sierra Grande

Para el Gobierno Nacional y sus sucesores, así como para el gobierno de Río Negro y para YPF, el proyecto es el salto al mercado internacional de crudo. El objetivo del oleoducto y su terminal portuaria es exportar crudo excedente de la Cuenca Neuquina. Para los dos próximos gobiernos, sería una forma de garantizar el ingreso de divisas del exterior a partir de 2026, ya que la exportación está planificada para iniciar dentro de tres años. 

También es una apuesta para Sierra Grande, una ciudad del sudeste de Río Negro, dentro del departamento San Antonio, a la que se llega por la ruta nacional 3. Se ubica al sur de Viedma y al norte de Puerto Madryn, Chubut, y a unos 28 kilómetros de la costa atlántica, donde se encuentra el balneario Playas Doradas, uno de los paraísos del Golfo San Matías.

A unos 50 kilómetros de Sierra Grande, sobre la costa, se encuentra el Complejo Islote Lobos, un área protegida de unas 4.000 hectáreas.

La Secretaría de Ambiente de Río Negro convocó a la audiencia pública en esta localidad porque es de las poblaciones más grandes en las inmediaciones de Punta Colorada, donde se construirá la terminal de tanques para almacenar el crudo de Vaca Muerta que transporte el oleducto desde la Cuenca Neuquina y la terminal portuaria para que los buques extranjeros carguen el petróleo en el mar del golfo San Matías.

Sierra Grande vivió durante unas décadas del Yacimiento de Hierro de Sierra Grande. La economía de la zona creció en torno a la mina de hierro desde finales de la década de 1960. Contaba con plantas de preconcentrado y concentrado, un ferroducto, talleres de mantenimiento, un área industrial y embarcadero. Sin embargo, la mina de hierro cerró. 

A diferencia de localidades costeras de Río Negro como Las Grutas, Sierra Grande se concentró en la mina de hierro y no explotó a fondo el turismo, si bien se realizan avistaje de cóndores en el mar, astroturismo, trekking y cuenta con la meseta de Somuncurá, una extensa formación de unas 1.600.000 hectáreas con características paisajísticas particulares.

Golfo Azul

Fabricio Di Giácomo es uno de los referentes de la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a habitantes de dos localidades cercana a Punta Colorada, Las Grutas y San Antonio Este, ambas ubicadas a unos 120 kilómetros al norte de donde se instalará la terminal portuaria para el oleoducto. 

La Multisectorial congrega a ciudadanos que viven del turismo, la conservación y la pesca en el golfo San Matías. También se sumaron la Pastoral Social de la Iglesia Católica, y comunidades originarias, como el pueblo mapuche.

Alguno de los ciudadanos que integran la Multisectorial, como la bióloga Raquel Perrier, madre de Di Giácomo, habían logrado detener la instalación de proyectos petroleros en la zona durante la década de 1990 cuando consiguieron la sanción de la ley 3.308, que prohibió cualquier tipo de tránsito de hidrocarburos por la costa del Golfo San Matías. Sin embargo, esa ley fue modificada en tiempo exprés en agosto de 2022 y se aprobó una nueva ley en septiembre que habilitó el proyecto Vaca Muerta Sur.

“Consideramos que es un proyecto que puede poner en riesgo la vida tal como la conocemos las comunidades costeras del Golfo San Matías y Península Valdés”, aseguró Di Giácomo a elDiarioAR. “Vivimos en relación directa con el mar, es nuestro hogar. La pesca y el turismo son actividades esenciales, regionales, sostenibles en el tiempo, que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida hace muchos años, justamente gracias a la ley 3.308 y hoy peligra no solamente la fuente de trabajo, no solamente nuestra forma de vida, sino también un ambiente único como el Golfo San Matías y Península Valdés, con especies protegidas, con áreas naturales protegidas, con parques nacionales, declarados Patrimonio de la Humanidad, como el caso de Península Valdés”, agrego el referente de la Multisectorial.

Contra la audiencia

La Multisectorial se presentará este jueves en la audiencia pública, pero la rechazan. “Decidimos presentarnos, no para validar la audiencia, sino para contemplarla como un hecho político y poder tener una instancia donde la gente, el Gobierno e YPF se enteren que somos muchos y muchas quienes no queremos contaminación en nuestro Golfo San Matías y en nuestra Península Valdés, que queremos un mar libre de petroleras”, afirmó Di Giácomo.

“Consideramos que la audiencia es fraudulenta, que es una farsa, un simulacro de participación, que no respeta nuestro derecho a la participación y el acceso a la información pública”, dijo Di Giácomo a elDiarioAR a pocas horas de congregarse en Sierra Grande jnto a otros integrantes de la multisectorial y de organizaciones ambientalistas. 

“Creemos que se está haciendo todo lo posible para impedir que la gente se pueda pronunciar y manifestar desde el comienzo, desde la modificación de la ley 3.308 de manera inconstitucional -que se hizo sin permitir el ingreso del público a la legislatura de Río Negro-, con un proyecto de ley bajado desde YPF, como lo contaron los mismos legisladores y legisladoras”, afirmó el referente de la Multisectorial.

Los opositores al proyecto tambien se oponen a la audiencia de este jueves porque cuestionan varios puntos en torno a ella, como, por ejemplo, que no se permitió que ciudadanos de otras provincias, como Chubut, pudieran exponer contra el proyecto y que el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional “no hayan realizado la  consulta previa a los pueblos originarios y a comunidades locales, como marca la legislación vigente; presentar el Estudio de Impacto Ambiental -que es lo que se va a exponer en la audiencia- de unas 4.000 páginas en un formato obsoleto intencionadamente, ya que imprimieron un documento digital en PDF, lo escanearon y lo subieron al acceso público para evitar así el correcto análisis del documento por parte de la ciudadanía”, aseguró Di Giácomo. 

La única forma de analizar cuestiones puntuales relacionadas con cómo puede afectar a los habitantes y el ecosistema de Las Grutas o Península Valdés en el Estudio de Impacto Ambiental es leer las 4.000 páginas, ya que no permite motores de búsqueda pero siempre y cuando sea posible descargar el archivo de 2 GB. Al ser en formato imágen su descarga ha sido difícil o impracticable, sostuvo Di Giácomo. La otra forma de leerlo era en formato CD, otra opción obsoleta. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades descargarlo, sin éxito.

“Algunas hojas del estudio son ilegibles, otras están escritas en inglés y en lenguaje muy técnico. Es una muestra verdadera de desinterés por parte de la Secretaría de Ambiente y el Gobierno de Río Negro de que la gente realmente se informe y tome conciencia del impacto que podría llegar a tener este proyecto”, aseguró Di Giácomo.

Nota: esta nota se modificó el 17 de agosto de 2023 a las 21:11 para corregir la cantidad de páginas del Estudio de Impacto Ambiental de 4.000 páginas y no de unas 5.000. También para dejar asentado que la mina de hierro cerró pero no por el agotamiento del recurso.

ED/DTC

Raquel Perier, doctora en Biología, creía que a sus 71 años estaría con sus cursos de cine y lectura, disfrutando de su jubilación, pero el desarrollo de Vaca Muerta la ha arrastrado nuevamente a una pelea que creyó ganada: frenar el avance de la frontera hidrocarburífica en el Golfo San Matías y la costa atlántica de su provincia, Río Negro.

Especialista en peces –sobre todo merluza, rayas, tiburones y pez gallo del Mar Argentino– trabajó durante casi cuatro décadas codo a codo con su esposo, el también doctor en Biología, Edgardo Di Giácomo, fallecido en 2019. Juntos investigaron y enseñaron en la Universidad Nacional del Comahue e integraron el Instituto de Biología Marina en Río Negro. 

Perier y su esposo trabajaban y vivían con sus niños frente al mar, en San Antonio Oeste, una localidad cercana a Las Grutas, uno de los balnearios turísticos de la provincia patagónica en el que un sector de la población resiste la llegada del oleoducto Vaca Muerta Sur, que se instalará a unos 120 kilómetros al sur, en Punta Colorada.

El próximo jueves 17 de agosto se celebrará una audiencia pública en la localidad de Sierra Grande, cercana a la zona donde se construirá la terminal, para exponer los detalles del proyecto y los estudios de impacto ambiental. 

Entre 1995 y 1999, Perier, su esposo y un grupo de científicos de Río Negro lograron junto a un sector de la sociedad una ley provincial que garantizó que en la costa atlántica de la provincia no se pudiera instalar ningún proyecto petrolero. En septiembre de 2022, 23 años más tarde, la legislatura de Río Negro modificó esa ley por una amplia mayoría y sancionó una nueva normativa que permitirá a YPF desarrollar la terminal del oleoducto Vaca Muerta Sur en Punta Colorada.

“Era otro momento político, porque YPF era una empresa privatizada. Estábamos en la década de Menem y el gobierno provincial estaba en contra de que YPF hiciera ese proyecto. Así que toda la comunidad científica, más toda la comunidad en general, y todo el arco político nos unimos para que esto no saliera. Juntamos firmas y se las entregamos al Presidente”, afirma Perier en diálogo con elDiarioAR. 

Sin embargo, casi un cuarto de siglo después de haber ganado la batalla, debe volver a darla. Esta vez la acompaña su hijo, Fabricio De Giácomo, uno de los referentes de la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a quienes se oponen al proyecto del oleoducto, entre ciudadanos, comerciantes, emprendedores del turismo de Las Grutas y otras localidades, ambientalistas y miembros de la Iglesia. 

“La zona de Punta Colorada tiene algunas condiciones particulares como la profundidad de sus aguas que permitirá el ingreso de grandes buques de exportación”, explicó YPF ante la consulta de elDiarioAR sobre la elección de la zona para construir la terminal del oleoducto, a donde llegarán los barcos extranjeros para cargar el crudo de exportación de Vaca Muerta. Se estima que será dentro de tres años.

“Son los denominados buques VLCC (Very Large Crude Carrier) que hoy no pueden operar en ninguna terminal del país (hay otras seis). Además, la distancia con la zona central de Vaca Muerta es más corta que en otras alternativas analizadas”, respondió la petrolera argentina. También sostuvo que se eligió esta zona porque “las condiciones hidrodinámicas permitirán que la terminal pueda operar el 98% del tiempo”.

YPF agregó que la zona tiene un antecedente de exportación de hierro a través de un puerto mineralero, lo que hace que la zona ya tenga historia de producción industrial y sea más apta para el desarrollo de capacidades industriales. La mina dejó de funcionar hace años, pero en el puerto minero continúan amarrando barcos esporádicamente.

YPF asegura que funcionará con los “mejores estándares internacionales”, pero Perier y otros habitantes de la zona turística de Río Negro temen que el oleoducto y la terminal portuaria traerán contaminación irreversible. 

No alcanzo a comprender porque el personal científico permanece callado sobre el Oleoducto Vaca Muerta Sur

–¿Cómo resumiría el posible impacto a la biodiversidad?– le preguntó elDiarioAR

–No solamente hay que pensar en la actividad dentro de cada golfo, sino la conectividad entre uno y otro. Por ejemplo, la ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos. Provocarles contaminación a los ballenatos, que son más vulnerables que las ballenas adultas, provocaría no poder sostener el “stock” de ballenas en las próximas generaciones, porque estás provocando la muerte de los ballenatos en un momento en que todavía no se han apareado y por lo tanto no hay reproducción de la especie. Se estima que en este lugar pasan entre 1.000 y 1.200 ballenas francas, de las 5.000 o 6.000 que se piensa que están en toda la zona. Se cree que se necesitaría un año de estudios e investigaciones, de muestreos, para determinar cuál sería el verdadero impacto de todo esto.

Simulacro de derrame

La Multisectorial Golfo San Matías, que llevó este caso ante la Corte Suprema de Justicia –aún sin novedades en el tribunal–, realizó el simulacro virtual de un hipotético derrame en el golfo San Matías.

El simulacro se realizó a través de la plataforma de un organismo oficial de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), una agencia científica que depende del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y cuya misión es monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera.

El NOAA desarrolló una plataforma abierta en su sitio oficial que permite introducir distintas variables, como el viento, la marea, la época del año, el punto geográfico y el tipo de crudo para simular cómo podría evolucionar un posible derrame en cualquier zona del mundo.

El resultado difundido por la Multisectorial arroja que, de ocurrir un derrame en la zona de la terminal portuaria de Punta Colorada, Río Negro, durante principios de julio, el crudo podría no sólo extenderse dentro del golfo San Matías sino también hacia el norte y el sur a lo largo de los días siguientes, expandiendo una hipotética mancha negra, primero hacia el norte, cerca de Viedma; luego hacia el golfo San José, en Península Valdés, hasta aguas internacionales; y más tarde un poco hacia el sur. 

–¿Cómo fue esa pelea en los 90? ¿Cómo lograron la ley?

–Todo empezó con un rumor a mediados de los 90, cuando gobernaba (Carlos) Menem. Supimos que YPF pensaba abrir un puerto petrolero en el Golfo San Matías, que vendría desde Rincón de Los Sauces, en Neuquén, y que llegaría justo frente a Las Grutas, del balneario. Y en ese momento nosotros éramos una comunidad científica de unas 15 o 20 personas en el Instituto de Biología Marina, de la Universidad Nacional del Comahue y de la provincia. En toda la comunidad científica nos opusimos porque en realidad es algo lógico que la comunidad científica esté en contra porque nosotros éramos un instituto que evaluaba en ese momento los recursos que tenía el Golfo San Matías, la pesca, la biodiversidad específica, no solamente de los animales, sino también los vegetales y todo el ecosistema del golfo. Así que nos dedicamos a oponernos, explicando las razones lógicas por las que nos oponíamos. 

–Qué cambió el escenario?

–Era otro momento político, porque YPF era una empresa privatizada. Estábamos en la década de Menem y el gobierno provincial estaba en contra de que YPF hiciera ese proyecto. Así que toda la comunidad científica, más toda la comunidad en general, y todo el arco político nos unimos para que esto no saliera. Juntamos firmas y se las entregamos al Presidente. Se frenó. Pasaron un par de años y volvió a aparecer este rumor de que nuevamente YPF tenía intenciones de realizar el proyecto de ese momento. Así que los legisladores de la provincia de Río Negro, casi por unanimidad, votaron la ley 3.308, que impedía que se construyeran puertos petroleros o gasíferos, es decir, que salieran hidrocarburos por el golfo, además de prohibir el transporte de hidrocarburos por agua porque esa es otra de las cosas: por dónde van a entrar y salir los barcos, cuáles son las rutas de entrada y de salida al golfo, porque eso también es perjudicial. ¿En qué lugares harán los buques sus limpiezas? Eso también es muy importante. Entonces, logramos la 3.308, cruzarnos de brazos y dormir tranquilo, sabiendo que el golfo San Matías es uno de los pocos golfos que hay en la Patagonia que hasta ahora no está contaminado por petróleo. Esa participación nos dio muchas fuerzas, todos aunamos el esfuerzo por el “sí al golfo azul, no al golfo negro”. Y en realidad en este momento no entiendo, no alcanzo a comprender porque el personal científico permanece callado, en silencio. Hasta ahora no sé si están a favor o en contra. Pareciera que el silencio es de aceptación. ¿Cuál es el motivo verdadero? Lo desconozco, pero sí sé que muchos nos han ayudado con sus trabajos científicos, pero ninguno ha salido a decir que sería una barbaridad establecer un puerto petrolero en el golfo. 

–¿Por qué sería riesgoso construir la terminal petrolera en el golfo San Matías?

–Los golfos norpatagónicos son tres: el Golfo San Matías; el Golfo San José, en cuya boca caería el Golfo San Matías: y el Golfo Nuevo, que está del otro lado de Península Valdés. El Golfo San Matías tiene una boca arriba que se llama Punta Bermeja y otra, abajo, que es la Península Valdés. Alrededor de septiembre, cuando el océano va ganando calor de la atmósfera, se empieza a formar una especie de corriente ciclónica, que va como las agujas del reloj, hacia arriba, más o menos desde la mitad del golfo San Matías, donde estaría Punta Colorada, y esa corriente va adquiriendo velocidad. Se va acelerando y en marzo tiene el tope de aceleración. Pero como es más profundo que la plataforma adyacente, la residencia de las aguas es mayor, es decir, no salen. El agua entra por el sur y teóricamente debería salir por el norte, pero al ser el Golfo San Matías, las aguas quedan adentro en forma de circulación dando vuelta y no se sabe cuánto puede pertenecer. Así que si acá generáramos contaminantes dentro de las aguas del golfo, no sabríamos cuánto tiempo estarían esos contaminantes dando vuelta continuamente porque aparte hay un giro ciclónico al norte y uno al sur más pequeño. A su vez, el Golfo San José también tiene movimientos de remolinos muy fuertes producto de las mareas.

Para la Nación y el gobierno de Río Negro, esta es una provincia de sacrificio.

–¿Cuánto más calor haga, más riesgo de que se estanque una hipotética contaminación de las aguas?

–Sí, realmente es extremadamente preocupante. Ni siquiera hablemos de derrames, de accidentes. Eso va a provocar realmente situaciones irreversibles. Pero el simple hecho de que haya un puerto petrolero, que es sucio porque entre la enganchada y la desenganchada de los buques siempre va a haber pérdida de crudo, ese ambiente sucio también va a ser movido. Esas aguas también van a circular en un giro ciclónico al norte y otro al sur y va a contaminar independientemente de un derrame. Ningún puerto es limpio y mucho menos uno de transporte de crudo. El petróleo es una cosa aceitosa que queda en la parte superior e impide la penetración hacia el interior también. Lo importante es que no haya un puerto para que pueda seguir existiendo la biodiversidad, como corresponde.

–¿Qué pensó cuando supo que habían modificado la ley?

–Que tenía que volver a trabajar. Fuimos a la Legislatura pensando que íbamos a poder entrar y no pudimos. Es tan corrupto, porque no se es solamente “corrupto” por una cuestión de dinero, porque yo no he visto nada, pero que en una noche se cambie una ley porque se les dio la orden, sin siquiera razonar cuáles son las modificaciones. En enero de 2022 acompañamos y nos solidarizamos con los Atlánticazos –el movimiento contra la exploración de hidrocarburos en la cuenca norte del Mar Argentino– por lo que estaba sucediendo en Mar del Plata, pero nosotros estábamos tranquilos y en realidad yo soy de la década del 70, cuando la militancia era casi como una cuestión común de los jóvenes, sobre todo si teníamos relación con la universidad o los sindicatos. Así que a mí no se me ocurrió otra cosa que ponerme a pensar que esto no podía salir. Lo que nunca creí era que me iba a encontrar con algo decepcionante para mí, pero tiene que ver más con la sociología que con la biología. Y es esta capacidad tan ansiosa que tiene la gente por el consumo y por el apego a las cuestiones que no tienen que ver con el ambiente. Es como que hubiera una resignación y una aceptación de que, bueno, hay cambios que van a ocurrir. Por eso no participan. A pesar de que este es un pueblo chico y que tenemos actividades que nos permiten vivir medianamente tranquilos, también es cierto que la gente corre continuamente en pos de un lugar un poquito mejor al que tienen y olvida que a lo mejor estos paisajes y estos ambientes no contaminados pueden desaparecer. El ex CEO de de YPF, Galuccio, dijo que Vaca Muerta tendría unos 15 años más de vida, 20 años a lo sumo. Miles de millones se van a gastar en este puerto petrolero para 10, 15 años de vida, destruyendo 600 kilómetros desde Vaca Muerta hasta el Golfo, contaminando toda la playa, contaminando toda la zona costera. Realmente la provincia es una provincia de sacrificio, evidentemente para la Nación y el gobierno de Río Negro, esta es una provincia de sacrificio.

ED/DTC

La petrolera YPF confirmó este viernes su próximo proyecto en torno a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional del país, que implica la construcción de una terminal petrolera en el golfo San Matías, provincia de Río Negro, área natural protegida legalmente hasta agosto último, cuando la legislatura rionegrina modificó en tiempo record la ley que prohibía cualquier proyecto hidrocarburífero en la zona. 

Desde mediados de 2022, el poder político y judicial de Río Negro y el Gobierno Nacional -el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, han presentado y promovido públicamente el proyecto- al igual que la petrolera de bandera han sorteado los obstáculos contra el avance de la obra denominada Oleoducto Vaca Muerta Sur y su puerto petrolero en Punta Colorada, localidad en la costa atlántica de la provincia. Los vecinos y organizaciones denunciaron que YPF ni siquiera había completado los estudios de impacto ambiental del puerto petrolero pero la obra ya estaba anunciada. La petrolera lo confirmó ante la consulta de elDiarioAR. Ya se aprobó la construcción de la primera etapa del oleoducto sin saber si se va a aprobar el puerto petrolero que necesita si o si para exportar el crudo. O mejor dicho, a sabiendas de que se va a aprobar.

El caso será presentado por vecinos, un sector de la Iglesia y organizaciones ambientalistas nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías ante la Corte Suprema de la Nación, confirmaron representantes del colectivo a este medio.

Vaca Muerta Sur se construirá para vender petróleo argentino al mundo, anunció YPF. Se trata de un oleoducto de casi 600 kilómetros de longitud, que conecta la zona productiva en la provincia de Neuquén con la costa atlántica en la provincia de Río Negro, donde conectará con el puerto exportador de Punta Colorada, oficializó YPF en un video institucional lanzado este viernes. “Su objetivo es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años”, afirma el video. 

La obra y el golfo

El principal punto de conflicto es la construcción de la terminal de exportación que YPF catalogó en el reciente video como “de clase mundial”. Este puerto petrolero estará ubicado en Punta Colorada, exactamente en el Golfo de San Matías, y tendrá una terminal de tanques a los que llegará el crudo desde Vaca Muerta a través del oleoducto. Desde allí se despachará el crudo en dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, dentro del mar. 

La conexión entre la costa y estas monoboyas es submarina. Es decir que el crudo viajará por debajo del mar unos seis kilómetros a través de una conexión. Los buques petroleros amarrarán cerca de las dos monoboyas para cargar el petróleo y exportarlo al mundo.

“El golfo de San Matías tiene características que lo hacen sumamente importante para la biodiversidad, como las corrientes de aguas calmas y cálidas o semicálidas, su ubicación y su productividad, ya que es un área importante de peces e invertebrados”, explicó a elDiarioAR el biólogo Luciano Valenzuela, investigador de Conicet en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) y del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).

Debido a esas características, “esta zona es base para las ballenas francas que migran a Península Valdés, pero, además, Río Negro se está convirtiendo en otra área grande a donde la ballena franca va a tener cría”, afirmó Valenzuela. “Además -agregó el biólogo-, hay presencia y actividad de orcas y una lobería importante. También, en la zona de Las Grutas, se pueden avistar delfines desde muy cerca e incluso se han registrado ballenas jorobadas”.

En esta misma zona, también habita la colonia reproductiva más septentrional del pingüino de Magallanes. Las aves marinas se encuentran en el Parque Nacional “Islote Lobos”, a sólo 8 kilómetros de Punta Colorada.

Los habitantes de la costa atlántica de Río Negro también consideran al puerto petrolero que se construirá en el golfo San Matías como una amenaza para su economía y forma de vida. Las principales actividades económicas de la zona incluyen el turismo, buceo, avistaje de fauna marina y la pesca deportiva así como las pesquerías artesanales, aseguró a elDiarioAR Fabricio Di Giacomo, representante de la Multisectorial del Golfo San Matías, un colectivo que encabeza la protestas y reclamos judiciales contra la obra de YPF.

“El Golfo San Matías es nuestro hogar, donde nos criamos, donde trabajamos. Vivimos frente al mar, estrechamente vinculados con sus playas y al mar. Desde 1999 contamos con la protección de la ley 3.308, que nos garantizó un desarrollo sostenible tanto del turismo como de la pesca. Pero por sobre todas las cosas, nos garantizó el buen vivir. Por eso este proyecto nos pone bajo amenaza, no solamente a los miles de puestos de trabajo, sino también a nuestra forma de vida”, aseveró Di Giacomo.

Barriendo leyes

La ley 3.308 fue sancionada en Río Negro en 1999 con un objetivo claro: evitar la construcción de un puerto petrolero en el golfo San Matías y garantizar así la protección de la zona. El artículo 1° de esta ley era el principal impedimento legal para la construcción del  oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en Punta Colorada. Por eso, los diputados provinciales lo modificaron en tiempo record, sin debate en el recinto y a puertas cerradas para impedir el ingreso de la ciudadanía. Tampoco se había dado a conocer el proyecto de manera anticipada para garantizar el debate y las presentaciones de los posibles afectados, según la denuncia judicial.

De los 43 diputados provinciales, 42 votaron la modificación de la ley. A excepción del diputado Pablo Barreno (Frente de todos), los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos, Frente Renovar, entre otros, dieron el sí. “Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Luis Ángel Noale (Frente de Todos y oriundo de una de las localidades afectadas) poco antes de la votación del proyecto que permitió modificar la ley. 

Los legisladores que pidieron la palabra para explicar su apoyo al proyecto petrolero sostuvieron las mismas razones del Gobierno Nacional, la gobernación de Río Negro y de YPF: la obra permitirá el crecimiento económico de la provincia y el país, generará “miles de puestos de trabajo” y las divisas para salir de la crisis eterna. “Soberanía energética”, “crecimiento” y “autoabastecimiento” son las tres claves de los argumentos oficiales y empresariales para explicar la necesidad de la obra.

“Espero que por el bien de los rionegrinos, por el bien de los habitantes de la zona atlántica, que cuidemos la bendición que tenemos en este golfo, que seamos responsables”, pidió el legislador Noale en el recinto antes de votar a favor de la modificación de la ley. 

El proyecto para modificar la ley ingresó el 22 de agosto a la Legislatura y lleva la firma de diputados de todos los bloques. Tres días después, el 25 de agosto, se votó en una sesión presidida por el entonces vicegobernador Alejandro Palmieri.

“En la provincia de Río Negro tenemos una ley desde 1999, la Ley 3.308, que protegió el golfo San Matías de cualquier tipo de contaminación por hidrocarburos. En agosto del año pasado, la Legislatura de Río Negro modificó esta ley de manera ilegal, de espaldas al pueblo, a puertas cerradas. Entonces decidimos presentarnos ante la Justicia para solicitar que la modificación de la ley se declare inconstitucional y que se restituya su forma original para que el golfo San Matías siga siendo un ecosistema marino protegido por la ley”, afirmó Di Giacomo a este medio. 

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones. Sin embargo, el proyecto siguió adelante con el objetivo que se había planteado. Ese día, volvieron a votar y sancionaron una nueva ley específica para modificar la ley de 1999. A finales de septiembre, fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. 

El artículo 1° de la ley de 1999, que quedó derogado por la nueva ley 5.594, decía: “Se prohíben en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”.

Su modificación, viola los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; los artículos 26, 85, 141 y 142 de la Constitución Provincial; el Acuerdo de Escazú; los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin contar la Ley General del Ambiente, de acuerdo con la presentación judicial de organizaciones de todo el país que apoyaron a la Multisectorial Golfo San Matías, incluyendo la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, Fundación Inalafquen, Pastoral Social Diócesis Alto Valle-Bariloche-Viedma, asambleas socioambientales, medios comunitarios, artistas y vecinos de las comunidades costeras.

La pata judicial

La presentación judicial fue presentada en diciembre de 2022 ante el máximo tribunal de Justicia provincial y fue rechazada el 10 de mayo último por “falta de legitimidad” de los demandantes, es decir, de la comunidad que habita y trabaja en torno al golfo San Matías.

Los jueces Sergio G. Ceci, Sergio M. Barotto y Cecilia Criado del Superior Tribunal de Justicia fallaron dándole la razón al fiscal de Estado de la provincia, Gastón Pérez Estevan; el fiscal de Estado adjunto, Luciano Minetti Kern; y al apoderado de la Provincia de Río Negro Ignacio A. Racca, quienes habían solicitaron al tribunal provincial que rechacen la demanda porque “los accionantes carecen de un interés concreto que los legitime como parte interesada”. También sostuvieron “la ausencia de daño real y concreto” del Oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en el golfo San Matías porque “según la información” pública el proyecto “no existe” y es “meramente hipotético”, “tal cual luce del informe emitido por la Secretaría de Energía” de la Nación.

Los jueces Ricardo A. Apcarian y Liliana L. Piccinini se abstuvieron de opinar.

Los riesgos

“Los principales peligros de este proyecto son los derrames de petróleo y el tránsito de buques y la actividad costera por el puerto petrolero”, explicó Valenzuela. “Las ballenas francas son muy vulnerables al tránsito marítimo. Por ejemplo, las colisiones con los barcos son la principal causa de muerte de la ballena franca del Atlántico norte, especie hermana de nuestra ballena franca austral. ya que al ser lentas, cuando bucean y salen a la superficie para respirar, les cuesta mucho cambiar la dirección a tiempo y terminan siendo colisionadas”, afirmó el biólogo. “En los años 2000, Canadá desplazó toda la ruta marítima en sus aguas. Eso hizo que los reportes de colisiones disminuyeran, pero fue tarde. Aun así, sólo quedan alrededor de 500 ejemplares de ballenas francas del Atlántico norte, es una especie en extinción”, aseguró.

elDiarioAR consultó a YPF por qué se decidió construir el oleoducto en una zona protegida. “La zona de Punta Colorada tiene algunas condiciones particulares como la profundidad de sus aguas que permitirá el ingreso de grandes buques de exportación. Son los denominados buques VLCC (Very Large Crude Carrier) que hoy no pueden operan en ninguna terminal del país -hay otras seis en el país-. Además, la distancia con la zona central de Vaca Muerta es más corta que en otras alternativas analizadas”, respondió la petrolera. Además, “las condiciones hidrodinámicas permitirán que la terminal pueda operar el 98% del tiempo”.

YPF agregó que la zona tiene un antecedente de exportación de hierro a través de un puerto mineralero y que hace que la zona ya tenga historia de producción industrial y sea más apta para el desarrollo de capacidades industriales. La mina dejó de funcionar

Sobre los estudios de impacto ambiental que deben realizar previamente a la autorización del proyecto, YPF respondió que “ya presentó a las autoridades de aplicación de Neuquén y Río Negro el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del tramo 1 del oleoducto Vaca Muerta Sur, que va desde la zona central del desarrollo en Vaca Muerta hasta el norte de la localidad de Allen”. “Desde fines del año pasado se están realizando los EIA del tramo 2 del oleoducto, que va desde Allen hasta Punta Colorada, y de la terminal de exportación”. Estos estudios debían ser presentados en estos días, de acuerdo a la última información proporcionada por YPF.

ED/MG

Operando en total sorpresa y con efecto de shock, la legislatura de Río Negro votó la derogación de una ley provincial de 1998 que prohibe la actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías, una zona de intensa actividad biológica marítima y costera, para favorecer a la empresa YPF, que quiere construir un oleoducto y un puerto cerca del límite con Chubut.

La medida tiene como objeto archivar en el fondo de la historia el artículo primero de la ley 3308, que impide taxativamente “la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”. 

Como Río Negro tiene una legislatura unicameral, para que la medida quede aprobada tiene que pasar por una nueva ronda de votación, lo que podría suceder el 9 de Septiembre. Sin embargo, ya se está gestando la resistencia en los territorios, donde este proyecto, que no conoce de grieta política, se sintió como una puñalada por la espalda.

Río Negro tiene una larga historia de movimientos populares contra megaproyectos que puedan dañar el ambiente, ya que de la provincia vive, entre otras cosas, del turismo y de la pesca. En 2017, por ejemplo, el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás con la central nuclear Atucha III, que el entonces presidente Mauricio Macri había negociado con China.

Sin ir más lejos, la ley 3308, viene de las luchas contra un oleoducto que prometía ilusamente convertir a San Antonio Oeste en la nueva Comodoro Rivadavia. Ante la oposición masiva, los partidos políticos debieron dar un giro en el aire de 180 grados, y es así como el Golfo San Matías pudo convertirse en un destino turístico nacional, con Las Grutas a la cabeza.

En estas aguas, que giran de Sur a Norte contenidas por la masa territorial, nadan ballenas francas, orcas, toninas y lobos de uno y dos pelos, mientras que a sus costas llegan aves migrando de lugares lejanos como el Ártico canadiense, e incluso, Inglaterra. En el pasado, llegaban de a cientos de miles, pero el cambio climático, provocado por la quema de los mismos hidrocarburos que ahora se pretende expandir para la exportación, ha venido recortando esas poblaciones, poniéndolas en riesgo de extinción.

En estas aguas, que giran de Sur a Norte contenidas por la masa territorial, nadan ballenas francas, orcas, toninas y lobos de uno y dos pelos, mientras que a sus costas llegan aves migrando de lugares lejanos como el Ártico canadiense

El Golfo tiene además una profusa pesquería de merluza. En los últimos años, también apareció el langostino, un recurso que se está atrapando más allá de sus límites biológicos.

Mirta Carbajal, que bióloga y presidenta de la Fundación Inalafquen, que se dedica a la conservación y manejo de las zonas costeras desde San Antonio Oeste, dice que un evento de derrame en esta zona sería directamente letal para las aves playeras migratorias, que en el pasado lograban prácticamente oscurecer el cielo, en su ruta hacia Tierra del Fuego.

El proyecto de YPF pretende construir oleoducto y un puerto con una monoboya en Punta Colorada, muy cerca de Playas Doradas, un lugar paradisíaco en la costa provincial. El objetivo es poder despachar petróleo producido en la formación Vaca Muerta mediante la polémica técnica conocida como fracking, que consiste en hacer fuertes explosiones a miles de metros de profundidad, para sacar mediante la inyección de agua y químicos el combustible escondido en la roca de formación. Es un procedimiento caro y contaminante.

Aunque esa inversión se anuncia como multimillonaria, la fuente de financiamiento de YPF es todavía incierta, no sólo porque la situación macroeconómica de la Argentina es frágil sino porque en estos tiempos de aumento de tasas de interés internacionales y cambio climático es difìcil y caro conseguir dinero para proyectos que no tendrán extensa vida en el tiempo.

La gobernadora Arabela Carreras, que está alineada con el Gobierno Nacional, también sueña con convertir al puerto de San Antonio Este, desde donde hoy se despacha la fruta que viene del valle del Río Negro, en una terminal de liquidificuación de gas también de Vaca Muerta, un proyecto multimillonario, que en teoría le permitiría a la Argentina exportar gas. Aunque la idea la haga soñar, habría que ver quién invertiría en una obra onerosa y de patas cortas, justo cuando la economía debe llegar a cero emisiones. Los organismos multilaterales de crédito, que en el pasado promovían estos desarrollos, ya no invierten en estas cosas. Por algo, el dinero para el gasoducto Néstor Kirchner sale de los fondos jubilatorios.

Mientras la grieta se ensancha en la calle Juncal de Buenos Aires, el establishment político se aglutina en torno a proyectos que los territorios detestan, e incluso quieren ir más allá. La norma aprobada entre gallos y media noche el 25 de Agosto, por ejemplo, le confiere poder de policía ambiental a la Secretaría de Energía de la provincia, en vez de a los funcionarios idóneos del área. Lo mismo que sucede con los proyectos offshore que se pretenden realizar en las costas bonaerenses, en donde los supuestos controles caerían en manos inexpertas.

La forma en que operó la legislatura rionegrina tiene la marca registrada de otras provincias que depositan sus esperanzas en grandes proyectos extractivistas, entre ellos, Mendoza y Chubut. Ambas avanzaron para derogar leyes que restringían la mega minería y las dos tuvieron que dar marcha atrás por resistencia popular.

Por algo, a las organizaciones de Río Negro, que se enteraron un día antes de que el proyecto iba a ser tratado, ni siquiera les permitieron escuchar el debate dentro del recinto y las dejaron en la calle, esperando. Entre ellas, estaba Alicia Calendino, de Las Grutas. “Tenemos aguas tibias, olas que nos salpican en la cara. Somos felices habitando estas costas”, dice. “La actividad hidrocarburìfera no es compatible con el turismo sustentable”. Ella describe al Golfo San Matías como el más azul del continente y no quiere que se vuelva negro. Por el movimiento de las aguas, un derrame en el Sur llegaría a los balnearios más al Norte, donde hubo enormes inversiones en turismo.

Este mismo viernes, empezarán las marchas de resistencia. Los estudiantes secundarios lanzaron una convocatoria en San Antonio Oeste, y para el fin de semana se planean más actividades en torno a las acciones para pedir la ley de humedales, que se realizarán en varios puntos del país. “La gente está muy enojada”, dice Fabiana Vega, de los Autoconvocados de Viedma, indicando que un posible derrame podrìa afectar al área natural protegida de la Bahía de San Antonio y al parque Islote Lobos, que acaba de ser incorporado dentro del sistema de Parques nacionales.

Si se logra aprobar la medida, es posible que tenga que atravesar un trámite judicial, ya que es de carácter regresivo, viola los principios del Acuerdo de Escazú, que exige participación popular en la toma de decisiones y de la Ley General del Ambiente. Pero, como la presión política es muy fuerte incluso desde el Gobierno Nacional, que vende estos proyectos como única alternativa para pagarle al FMI, también significa un enorme riesgo.

En la zona de Punta Colorada hay un viejo puerto, ahora conocido como el Puerto Chino, desde donde se despachaban pellets de hierro de la mina que supo ser la más grande del continente. Se cerró durante el menemismo y luego se vendió a los chinos, que tampoco la pudieron operar por cara e ineficiente. El legado es un ambiente industrial en una zona que supo ser un paraíso, obsoleta y contaminada con polvo de hierro. ¿Una metáfora del futuro?

MA