El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos fijados para negociar los salarios en el Sector Público Nacional, por lo que los empleados estatales deberán seguir negociando sus salarios en base al Presupuesto 2023.

Los parámetros para la negociación salarial de los empleados estatales habían sido establecidos por la administración de Javier Milei en febrero del año pasado y estaban vigentes hasta el pasado 31 de diciembre de 2024, pero con la prolongación dispuesta mediante la Decisión Administrativa 1/2025, publicada en el Boletín Oficial, seguirán rigiendo hasta finales del actual calendario.

La prórroga de la medida destinada a “optimizar los recursos del Estado Nacional y contar con pautas uniformes de negociación salarial” se debe a que el Ejecutivo consideró que, junto a otras iniciativas, marcó “un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del Estado Nacional”.

En ese sentido, sostuvo que “resulta indispensable seguir por el camino trazado y prorrogar los lineamientos fijados, manteniendo durante el Ejercicio 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional que se adecuen a los objetivos mencionados y garanticen la equidad salarial”.

Entre otras pautas, se establece que las dependencias de la administración pública nacional deben negociar los salarios de acuerdo al presupuesto disponible, que por segundo año consecutivo fue prorrogado, por lo que seguirán siendo regidos por la ley de leyes de 2023.

Lineamientos prorrogados

Con información de NA.

IG

Tras el fracaso de la sesión del pasado 27 de diciembre en la que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires pretendía que la legislatura apruebe los proyectos de Presupuesto 2025, la Ley Fiscal impositiva y el endeudamiento, Axel Kicillof decidió prorrogar el presupuesto de 2023 mediante el decreto 3681/2024, con fecha del último día de 2024, pero publicado este viernes en el Boletín Oficial bonaerense.

Allí se dispone que a partir del 1° de enero de 2025 “rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 26 de la Ley N° 13.767 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 15.394 de Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, como así también aquellas dictadas en uso de la autorización conferida por el artículo 2° del Decreto N° 12/24″.

En el inicio de los considerandos del decreto, el mandatario provincial recapitula lo sucedido para justificar los motivos de la decisión: “El Poder Ejecutivo ha remitido, el día 11 de noviembre de 2024, los proyectos de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial y de Ley Impositiva, para el Ejercicio Fiscal 2025, a la consideración de la Honorable Legislatura; a la fecha no se encuentran sancionadas las referidas Leyes. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y de recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor”, se explica en la publicación oficial.

En un comunicado oficial, Kicillof había señalado tras la caída de la sesión para aprobar sus proyectos, que el Presupuesto 2025 garantizaba el cumplimiento de las obligaciones prioritarias de la provincia, a pesar de lo que describieron como un “ahorcamiento financiero” y las deudas pendientes por parte del Gobierno nacional.

Además, destacó que el pedido de endeudamiento tenía como único fin cubrir vencimientos de deuda contraídos durante la gestión de María Eugenia Vidal, sin aumentar la carga de deuda.

El texto también denunció que, tras largas negociaciones con la oposición, donde se aceptaron varios de sus pedidos, finalmente no hubo voluntad para avanzar con la aprobación del paquete presupuestario. Incluso, se mencionó que, ante la exigencia opositora de destinar 16,4% del endeudamiento a los municipios, el gobierno provincial ofreció 10%, lo que representaría una distribución de más de $250 mil millones.

El Ejecutivo bonaerense calificó este desenlace como un “golpe de la oposición”, que impide contar con “una herramienta fundamental para planificar los recursos y gastos” de la provincia.

Asimismo, antes del cierre del año, el gobernador Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario mantuvieron una reunión de emergencia con su gabinete y el equipo económico para readecuar las partidas presupuestarias y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en 2025.

El gobierno provincial reafirmó su compromiso de “proteger al pueblo del ajuste, la recesión y la pérdida de derechos”.

En el mismo sentido, esta semana, en la última conferencia de prensa del año del Ejecutivo bonaerense (práctica que recién retomarán cada lunes a partir de marzo), el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a apuntar contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de querer “quebrar las arcas” de la Provincia, en sintonía con lo que había exprresado el gobernador Kicillof el 27 de diciembre tras la caída de la sesión en la Legislatura, cuando aseguró que el Presidente “tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste” y de querer “fundirlas”, con una “particular saña” hacia el distrito que él conduce.

Asimismo, Bianco remarcó que Milei “dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar” y que existe desde el Ejecutivo nacional “un ataque directo” y una “dedicación especial” para que la Provincia “se vea con dificultades de cara al año electoral”.

“Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la Provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”, advirtió.

Sin embargo, el funcionario prometió que en la Provincia de Buenos Aires “no habrá ajuste a pesar de los recortes del gobierno nacional”, y adelantó que ya están dadas las instrucciones para formalizar la prórroga del Presupuesto (al igual que lo hecho por el Gobierno nacional este lunes por Boletín Oficial) y que en el territorio bonaerense se continuará con la base impositiva de 2024. Además, sostuvo que la gestión Kicillof seguirá con “el programa de gobierno en salud, educación, producción, trabajo, obra pública y seguridad”.

egún Bianco, la Provincia de Buenos Aires “no va a quebrar porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con lo que cuenta. Tenemos el gobierno más pobre del país por recursos y es el segundo más austero por la cantidad de trabajadores estatales respecto de la población que tienen que atender”. Y remarcó: “No va a quebrar, a pesar de que el gobierno de Milei y la oposición quieren que se quiebre. No, no va a quebrar”.

Además, habló de “un veranito financiero” a nivel nacional, del que “se bemnefician unos pocos” y que el escenario a nivel país, “para la mayoría de los ciudadanos” es “trágico y espantoso”.

El decreto N° 3681/2024 completo

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo ha remitido, el día 11 de noviembre de 2024, los proyectos de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial y de Ley Impositiva, para el Ejercicio Fiscal 2025, a la consideración de la Honorable Legislatura; Que a la fecha no se encuentran sancionadas las referidas Leyes;

Que el artículo 103, inciso 2º “in fine” de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y de recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor;

Que, en similar sentido, el artículo 26 de la Ley Nº 13.767 y su Decreto reglamentario Nº 3260/08 prevé la mencionada prórroga, facultando al Poder Ejecutivo a efectuar los ajustes y medidas allí precisadas;

Que, por otra parte, el artículo 46 de la Ley Nº 10.189 (texto según Ley Nº 12.575) autoriza al Poder Ejecutivo a exceptuar excesos respecto de los límites fijados en los Decretos de Programación Presupuestaria para las partidas de gastos en Personal y otros similares relativos a Jurisdicciones y Organismos;

Que, adicionalmente, el artículo incorporado a la Ley mencionada ut supra por su similar N° 13.929, autoriza al Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 13.767 y sus modificatorias, a efectuar las adecuaciones presupuestarias tendientes a consolidar los Presupuestos Generales anuales aprobados para la Administración Pública Provincial y para las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores;

Que de acuerdo con el artículo 39 de la mencionada Ley Nº 13.767 el Poder Ejecutivo puede disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos, según los lineamientos vertidos en el mismo;

Que, toda vez que la Legislatura no ha sancionado las referidas leyes con vigencia para el Ejercicio 2025 y de conformidad con lo que ordena la Constitución Provincial, así como el marco normativo referido, corresponde tener por prorrogados, tanto el Presupuesto General de la Administración (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social) -aprobado por Ley N° 15.394-, como así también las disposiciones de la Ley Impositiva -aprobada por la Ley Nº 15.479-;

Que, según lo señalado previamente, a fin de asegurar el financiamiento de los gastos imprescindibles, propendiendo a la continuidad y eficacia de los servicios a cargo de las Jurisdicciones y Organismos de la Administración Pública Provincial, resulta necesario autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones pertinentes al presupuesto prorrogado, conforme lo establecido por el artículo 26 del Anexo Único del Decreto N° 3260/08 y sus modificatorios;

Que, en consonancia con la aplicación de las mencionadas prórrogas, se debe dar continuidad a las resoluciones dictadas en uso de las facultades delegadas por el artículo 20 de la Ley N° 15.394 durante el Ejercicio 2025 que el Ministerio de Economía estime como necesarias, como así también aquellas dispuestas de acuerdo con la autorización conferida por el Decreto Nº 12/24;

Que, en el mismo orden, resulta necesario prorrogar la vigencia de los Decretos Nº 18/23, de delegación de facultades y Nº 123/23, del Marco Normativo General de Programación Presupuestaria y sus modificatorios;

Que, por otra parte, es indispensable la aplicación de la facultad atribuida al Poder Ejecutivo por conducto del citado artículo 39 de la Ley Nº 13.767, correspondiendo, de acuerdo con lo previsto en su segundo párrafo, la comunicación de este Decreto a la Honorable Legislatura;

Que, asimismo, corresponde sentar los lineamientos respecto de la prórroga de la Ley Nº 15.479, e instruir al Ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a emitir las normas y adoptar las acciones necesarias para la implementación de las disposiciones pertinentes de dicha Ley, a partir del presente;

Que han tomado intervención la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Dirección Provincial de Política Tributaria y la Subsecretaría de Hacienda, todas ellas del Ministerio de Economía;

Que se han expedido favorablemente Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 10.189 y sus modificatorias, por los artículos 26, 39 y concordantes de la Ley N° 13.767 y sus modificatorias, 11 de la Ley N° 15.477 y por los artículos 103 inciso 2° y 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;

Por ello, El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA

ARTÍCULO 1°. Disponer que a partir del 1° de enero de 2025 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 26 de la Ley N° 13.767 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 15.394 de Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, como así también aquellas dictadas en uso de la autorización conferida por el artículo 2° del Decreto N° 12/24.

ARTÍCULO 2°. Disponer que a partir del 1° de enero de 2025 rigen, a los fines de la percepción de los tributos, en virtud de lo establecido en el inciso 2º del artículo 103 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las disposiciones de la Ley Nº 15.479 - Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2024.

ARTÍCULO 3°. Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones pertinentes al presupuesto prorrogado en los términos del artículo 1° del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento al artículo 26 del Anexo Único del Decreto N° 3260/08 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°. Instruir al Ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a emitir las normas y adoptar las acciones necesarias para la implementación de las disposiciones pertinentes de la Ley N° 15.479, a partir del presente.

ARTÍCULO 5°. Prorrogar la vigencia del Decreto N° 18/23, de delegación de facultades.

ARTÍCULO 6°. Prorrogar la vigencia del Decreto N° 123/23 -Marco Normativo General de Programación Presupuestaria- y sus modificatorios.

ARTÍCULO 7°.Incorporar al Presupuesto General Ejercicio 2023 -Ley Nº 15.394, prorrogado para el Ejercicio 2024 por el Decreto Nº 12/24-, en los términos del artículo 39 de la Ley N° 13.767, para todas las jurisdicciones y organismos descentralizados a que aluden los artículos 1° y 2° de la Ley N° 15.394, las autorizaciones para las erogaciones que se contabilicen al Cierre del Ejercicio 2024 en Gastos de Personal y otros conceptos vinculados, por sobre los créditos presupuestarios vigentes para dichos conceptos. Extender los alcances del presente a los mayores gastos que al cierre del Ejercicio 2024 se contabilicen por sobre los créditos presupuestarios vigentes, en el Inciso Transferencias, originados exclusivamente por erogaciones de la Dirección General de Cultura y Educación por subsidios a la enseñanza para la equiparación de docentes.

ARTÍCULO 8°. El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Gobierno.

ARTÍCULO 9°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a la Honorable Legislatura, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA.

Cumplido archivar.

Pablo Julio López, Ministro; Carlos Alberto Bianco, Ministro; AXEL KICILLOF, Gobernador. 

IG

El bloque oficialista de Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña aprobó hoy una ampliación del presupuesto vigente para la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo solicitado por el Poder Ejecutivo. La propuesta del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue aprobada con 31 votos afirmativos y 24 rechazos de la oposición.

Con la ampliación, se sumarán $639.467.602.048 al actual presupuesto pautado en más de $2 billones. Del nuevo monto, unos $273.936.691.078 serán destinados a “los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad y en la inflación anual estimada”.

Otros $22.343.465.537 se utilizarán para la adquisición de bienes de consumo como “medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud, productos lácteos destinados al Ministerio de Educación y uniformes, combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad”.

Parte del nuevo dinero se usará para fortalecer servicios no personales de alimentación. Así, $146.537.691.823 irán a “los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad”. A su vez, el proyecto también contempla erogaciones por $91.983.904.875 para “atender requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios” que incluyen el plan hidráulico, el mantenimiento de la red pluvial y la seguridad digital.

Los $26.376.326.250 restantes servirán para cubrir gastos relacionados con servicios de deuda por el aumento de la tasa de interés y el tiempo de cambio promedio y “el refuerzo necesario para la cancelación total del préstamo otorgado por el Banco Ciudad de Buenos Aires para la adquisición del edificio de la sede central de gobierno”.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Claudio Romero, consideró que el proyecto de ampliación “pone de manifiesto la complejidad económica y financiera que atravesamos todos los argentinos en general y los porteños en particular”.

La diputada del Frente de Izquierda, Vanesa Gagliardi, celebró que parte de esa ampliación presupuestaria se utilizara para el pago de salarios, pero no dejó de advertir que los sueldos continúan por debajo de la línea de pobreza. “Cuando discutimos estos temas, se nota la prioridad de la gestión actual que tiene que ver con los negocios con los amigos y no en mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo.

En la misma línea, el legislador de Unión por la Patria, Matías Barroetaveña, cuestionó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y las prioridades de su agenda. “No podemos festejar un superávit fiscal cuando hay déficit en política habitacional, déficit en mantenimiento escolar, déficit en el sistema de salud pública, déficit en políticas alimentarias, déficit en políticas productivas”, expresó.

Para Barroetaveña, la Ciudad cuenta con los recursos necesarios para abordar las principales demandas de la ciudadanía, a diferencia de otras jurisdicciones, pero opta por lo hacerlo. “Si tomamos únicamente los números de esta ampliación, el Gobierno porteño tendrá $3.150 millones para invertir por kilómetro cuadrado, mientras que La Matanza tiene de su presupuesto anual total de apenas $206 millones por kilómetros cuadrado”, agregó.

ACM con información de agencias.

El Gobierno modificó el Presupuesto Nacional de este año para aumentar el gasto en $7,65 millones, por lo cual el déficit de las cuentas públicas subió más de 37%.

La decisión se tomó a partir del DNU 436/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual se ampliaron partidas de “diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

A través de 677 planillas, el Poder Ejecutivo ejecutó la octava modificación presupuestaria del año, que en este caso implica un aumento del gasto corriente y financiero de $7,65 billones.

Si se ejecutan todas las nuevas autorizaciones de gasto, el año cerrará con un déficit de $9,08 billones, monto que representa un aumento del déficit de 37,1% con relación a la pauta anterior de $6,62 billones.

Según el DNU, las áreas a las que se destinaron más recursos fueron las vinculadas con el pago de jubilaciones y pensiones, el Fondo de Incentivo Docente, el aumento de las remuneraciones en la administración pública y el servicio de la deuda, de acuerdo con el siguiente detalle:

Modificaciones Presupuestarias, una por una

Con información de NA.

IG

El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló un gasto público equivalente a $1.412.853 en enero de 2023, lo que representó una caída del 16,6% en términos reales. Se trata de la séptima reducción mensual consecutiva, que se diferencia del comportamiento fiscal de la primera mitad del 2022.

La reducción en el gasto público se reflejó en el envío de dinero a las empresas públicas no financieras: tal como había prometido el ministro de Economía, Sergio Massa, al Fondo Monetario Internacional (FMI), no hubo transferencias a estas entidades. Tampoco hubo gastos en subsidios energéticos durante el primer mes del año, una marcado contraste con respecto a enero de 2021, cuando los gastos asignados al sector ascendían a $46.100 millones. Estos subsidios tienen asignados $1.697.705 millones para este año, lo que constituye una baja en su participación en el presupuesto: pasaron del 7,2% en 2022 al 5,9% en 2023. Los subsidios al transporte, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), experimentaron una baja del 5% con respecto a enero de 2022.

El Gobierno Nacional también limitó las transferencias discrecionales a las provincias. Una de las principales herramientas para enviar dinero a las provincias son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que constituyen el 1% de la masa coparticipable y están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias. Pese a las funciones establecidas, el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con alta discrecionalidad a la hora de asignar estas transferencias entre las unidades subnacionales.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) fue la única destinataria de los ATN durante enero. En el primer mes del año, la provincia recibió un monto total equivalente a $1.582 millones. El gobierno de Axel Kicillof también se vio beneficiado por el Programa de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, surgido de la reversión de la coparticipación excedente que fue entregada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto 194/16.

El informe del CESO también reportó una caída interanual de 16% en la inversión de capital, rubro que también tiene incidencia en las provincias.

El gasto en planes sociales, contrario a lo esperable por las bajas anunciadas durante diciembre y enero por el Ministerio de Desarrollo Social en el programa Potenciar Trabajo, se incrementó en el primer mes de 2023, cuando se esperaba un ahorro de $2.500 millones. El gasto para esta línea de asistencia, que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de los estudios, la formación laboral y la capacitación en oficios, acumuló $44.472 millones, un 113% más que hace un año.

En la misma línea, el gasto de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para aquellos que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, ascendió a $32.591 millones y presentó un aumento del 78% con respecto a los datos del 2022. Recientemente, se incrementó el presupuesto de Desarrollo Social y se redujo el de Seguridad, según indicó el informe de CESO, aunque ambas carteras fueron las que encabezaron el nivel de ejecución: 85,5% para Seguridad y 83,9% para Desarrollo Social.

ACM con información de la Agencia Nuevas Palabras

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de la Decisión Administrativa 4/23, la cual fue promulgada por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete para inhabilitar un aumento al Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso Nacional.

“El pasado 9 de enero, mediante la Decisión Administrativa 4/23, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete dejaron sin efecto el aumento de 567.699 millones de pesos debatido y aprobado por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto N° 27.701 en diciembre pasado. De no revertirse, la medida es cuestionable por ser inconstitucional e ilegal”, encabeza el documento.

“En octubre de 2022, al analizar el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2023, organizaciones de la sociedad civil advirtieron una serie de reducciones en partidas fundamentales para la garantía de los derechos humanos. Reconociendo esta situación, la Ley aprobada por el Congreso incorporó cambios sustanciales en algunas políticas. Así fue que en la Ley de Presupuesto se aprobó un aumento del gasto de $567.699 millones”, explica la asociación civil.

La ACIJ enumeró a dónde se destinarían dichos fondos: “La mitad se destinó a políticas que tienen particular impacto en el acceso a derechos de grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, se encuentran las políticas alimentarias y los comedores escolares, las asignaciones familiares, las becas para estudiantes, la integración socio urbana de barrios populares, el programa nacional de tierras, viviendas y urbanismo, las acciones de reparación para niñas y niños hijos de víctimas de femicidio (Ley Brisa), el acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales y el plan nacional de manejo del fuego.”

“Además de estos aumentos, el Congreso agregó un porcentaje de asignación mínima del PBI en materia educativa, del 1,33%, que tampoco fue respetado por el Ejecutivo en la distribución”, agregaron.

“Esta decisión implica violar el principio de legalidad que rige en materia presupuestaria. La Constitución previó en su artículo 75, inc. 8 que es el Congreso el que debe decidir sobre el gasto público. Lejos de ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo, el presupuesto es una ley que el Ejecutivo debe implementar. En ese sentido, la decisión administrativa desconoce la voluntad del Congreso y el principio de división de poderes, y significa una afrenta al sistema republicano de gobierno”, apuntaron desde la organización.

“Por otra parte, la medida ignora el principio de progresividad que debe regir en materia de derechos económicos, sociales culturales y ambientales. El hecho de no aumentar el gasto destinado a los sectores que el Congreso había estimado prioritarios tendrá una repercusión directa sobre su ejercicio efectivo por parte de colectivos vulnerabilizados”, argumentaron.

“Además, resulta ilegal por desconocer obligaciones específicas que recaen sobre el Estado”, señalaron. Recordaron también que “las reducciones destinadas a garantizar los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes violan el principio de intangibilidad de los recursos que establece la Ley 26.061 respecto de las políticas de infancia”.

Por último, sostuvieron que “es urgente que el Poder Ejecutivo revierta esta decisión y asigne los aumentos dispuestos por el Congreso para garantizar derechos humanos. No hacerlo constituye una clara violación de los compromisos que ha asumido en el plano nacional e internacional”.

LC

 El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el Presupuesto 2023, en medio de una polémica sesión en la que la oposición decidió no bajar al recinto luego de que el kirchnerismo avanzó con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

  Ante un clima de enojo por parte de la oposición, el oficialismo aprobó la iniciativa que planifica los recursos y gastos previstos por el Poder Ejecutivo para el año próximo con 37 votos afirmativos, sin sufragios negativos ni abstenciones por la ausencia de la oposición.

La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.

La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.

El proyecto original, que había sido presentado el Gobierno nacional a mediados del pasado mes de septiembre, sufrió varios cambios en su paso por la Cámara baja.  En líneas generales, el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.

 Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1% y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023

DA

Una reunión nocturna encabezada por Sergio Massa en Economía selló el camino del Presupuesto 2023 en el Senado. El ministro fue anfitrión ayer de una cena con un nutrido grupo de legisladores oficialistas y aliados, que finalmente hoy firmaron despacho de comisión al proyecto de Ley de Leyes, el que ordena los gastos y las inversiones de todo el Gobierno para el año electoral. 

Ahora se espera que la iniciativa se discuta en el recinto de la Cámara alta el jueves 17 de noviembre, al filo del final de las sesiones ordinarias del Congreso, pero sobre todo al borde del comienzo del Mundial de Qatar. Massa cumpliría así el calendario que se propuso cuando envió el proyecto a Diputados a mitad de septiembre. También se quitará de encima “la cruz” que le dejó el fracaso del año pasado, cuando fracasó junto a Máximo Kirchner en el Presupuesto 2022, hecho inédito en la historia política reciente.

Los senadores oficialistas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda firmaron este jueves dictamen de mayoría al proyecto que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9% –marcado por el acuerdo con el FMI–, una pauta inflacionaria de 60% y que prevé destinar el 70% de los recursos a rubros sociales. Fue la segunda jornada de debate, luego de que ayer se hicieron presentes funcionarios de Economía para brindar precisiones sobre la iniciativa. 

Pese a que desde Juntos por el Cambio reclamaron en vano la presencia de Massa, es muy probable que la coalición opositora acompañe la iniciativa en la votación, aunque dividida, como sucedió en Diputados: los radicales apoyaron, mientras los macristas se abstuvieron. La jugada no beligerante de la oposición se dio gracias a que el Gobierno permitió cambios en el texto original, como incluir una cláusula gatillo por la que si la inflación del 2023 supera el estimado del 60%, se envíe un proyecto de ley al Congreso para discutir el destino de los fondos extras que se recauden impositivamente. También se subieron las partidas para subsidios al transporte en las provincias.

La oposición además volteó el artículo del proyecto que imponía que todos los funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar Ganancias, así como se quitó la potestad para que el Ejecutivo aumente a discreción las retenciones a los granos. La norma, modificada en su discusión de comisión y luego en el recinto de la Cámara baja, obtuvo 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el apoyo más holgado en los últimos veinte años.

“¿Van a acompañar o no el Presupuesto en el recinto?”, acicateó hoy a la bancada opositora la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, de Mendoza, durante la discusión en comisión. “No estoy en condiciones de dar una respuesta por los 33 senadores del interbloque. Pero estamos activos trabajando, quédense tranquila senadora que vamos a estar el día del debate en el recinto”, respondió Víctor Zimmermann, de la UCR-Chaco, segundo en la comisión de Presupuesto.

Zimmermann marcó la postura opositora y cruzó reclamos al oficialismo: “Ayer hemos tenido una jornada muy interesante de trabajo con los funcionarios que vinieron a darnos información. Si bien fue en forma parcializada, después vimos a la noche una foto del ministro de Economía que a la noche recibió a los funcionarios y senadores que tienen la posibilidad de hacerlo, no estoy en contra de eso, pero me hubiese gustado que viniera el ministro y el presidente del Banco Central a nuestra casa como lo hemos requerido”.

“Jugando con la híper-inflación”

Ayer por espacio de casi cuatro horas, los senadores escucharon la descripción del proyecto de Presupuesto que brindaron los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti. “Considero totalmente realista y factible bajar la inflación al 60 por ciento, haciendo cosas aparte en la política fiscal. No estamos inmersos en un plan de estabilización”, defendió Rubinstein.

El funcionario mencionó que “cuando hablamos de un 60 o 70 de inflación, es que estamos coqueteando con la híper, pero reducimos ese riesgo mediante distintas acciones”. Rubinstein fue el principal encargado de responder las preguntas hechas por los legisladores de la oposición. En ese marco dijo que el Presupuesto 2023 es “de transición” y que tiene como objetivo “lograr una situación más ordenada fiscalmente”.

“Vamos en camino hacia el equilibrio fiscal y a pensar en llegar a la macroeconomía que logramos hace 20 años, cuando llegamos a tener un superavit fiscal de 3 puntos del PBI. Hoy tenemos 6000 millones de reservas netas. Entonces teníamos 40 mil millones”, sostuvo el viceministro.

“Hay que hacer un gran esfuerzo para llegar al 60 por ciento de inflación, lo cual debería ser, en teoría, fácil. Hay quienes piensan que primero hay que crecer y luego bajar la inflación: eso es contra toda la evidencia teórica y empírica”, resaltó.

Con el dictamen firmado, ​​y pese a la postura opositora, el FdT no tendría comprometida la aprobación del Presupuesto. A priori, el interbloque oficialista contaría con 34 senadores propios –ausente estará José Mayans, quien permanece internado por problemas de salud–. A ellos se sumarían los aliados habituales como la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, que estuvo en la cena de anoche con Massa. También daría su apoyo la cordobesa Alejandra Vigo –esposa del gobernador Juan Schiaretti–. Quedaría pendiente saber si los 18 radicales también juegan en bloque, como sus pares de la Cámara baja. Todo se definirá en dos semanas.

MC

Si un plan de estabilización contra la inflación implica, según la literatura económica, primero devaluar y después congelar dólar, precios, tarifas y salarios, en el de Sergio Massa sólo se incluye el freezer por cuatro meses de 1.500 alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Hay ministros y secretarios de su equipo económico que le vienen pidiendo un programa más parecido al Plan Austral de la Argentina 1985, incluso ya se lo reclamaban a Martín Guzmán, pero ni uno ni otro jefe del Palacio de Hacienda aceptan arrancar corrigiendo un tipo de cambio real multilateral (ajustado por inflación y en relación al dólar, el euro, el yuan y el real) que se encuentra en el segundo nivel más bajo desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández.

El peso oficial solo estuvo más apreciado el mes pasado, pero el Banco Central aceleró la suba del dólar a un 6% para no seguir empeorando la perspectiva de los exportadores, los generadores más auténticos de divisas. Pero Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores económicos, desde Axel Kicillof hasta Hernán Letcher, consideran que una devaluación empobrecería a más argentinos (ya pasa penuria el 37%) y entonces hay que enfocarse en las empresas que ganan con la suba de precios. Por eso, la vicepresidenta le permite a Massa que ajuste el gasto, incluidos los subsidios energéticos, con su impacto consiguiente en las tarifas, frene la emisión monetaria y suba la tasa de interés, pero que no salte bruscamente el dólar oficial.

Por eso, este martes el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que preside Rodrigo Luchinsky con las vocalías de Pablo Lepere, Guillermo Pérez Vacchini y Balbina Griffa, para que abra una investigación sobre 15 compañías que podrían abusar de su posición dominante para remarcar rápido sus precios. La comisión tiene 30 días para responder. Es decir, contestará el 1° de diciembre, cuando el país esté enfrascado en el Mundial, salvo que el 30 de noviembre ocurra la sorpresa de que la selección se quede afuera en primera vuelta, como en 2002.

Por lo pronto, en las grandes empresas de todos los rubros aseguran que seguirán trabajando, pero todo lo que son eventos de fin de año se han adelantado a estas semanas previas al 20 de noviembre, cuando empiece a rodar la pelota en Qatar. Varios empresarios viajan para allá. A lo largo de este mes las compañías de consumo masivo irán acercando a Tombolini su listado de productos para congelar, pero reclaman que sus costos tampoco se muevan por cuatro meses. Algunas apuntan contra proveedores como la fabricante de aluminio Aluar, la de plástico Dow, las azucareras (Los Balcanes, Ledesma, Luque, Tabacal, Azucerara Argentina, del Sur, Budeguer y Arcor son las principales productoras), pero también contra las petroleras como YPF, que acaba de remarcar otro 6%.

La presión de Tombolini ocurre en simultáneo a sus negociaciones con las firmas de consumo masivo para que congelen 1.500 productos y para que el resto de su oferta no supera el 4% de alza mensual. Pero hay empresas que mandaron a los supermercados aumentos de hasta el 8%. Corren el riesgo de que el Gobierno les trabe importaciones. Un economista cristinista se agarra la cabeza de cómo pueden anunciar un congelamiento un mes y medio antes de que ocurra, a riesgo de que las compañías remarquen antes para cubrirse después de diciembre a marzo incluido. Es el mismo experto que opina que, aunque la inflación al 100% es “incómoda”, las paritarias reacomodan el sueldo cada tres meses, el mundo desarrollado también sufre subas récord en décadas y al menos la Argentina crece por ahora al 6,4% anual. Ilusionado con que la vicepresidenta vuelva al poder en 2023, apuesta a que el peronismo le explique a la sociedad los beneficios del crecimiento de la economía y del empleo y contextualice el problema de la inflación dentro del escenario global. Nada de devaluaciones en su receta, por más que alerta que el mercado financiero está apostando a eso en febrero próximo, según infiere de la exigua colocación reciente de letras del Tesoro y la necesidad del Banco Central de comprar esa deuda en las últimas semanas. La desconfianza en la deuda en pesos, que estalló en junio en la era Guzmán, ha regresado, por más que el equipo de Massa se esfuerza en destacar que en sus tres meses de gestión se apreciaron las acciones y los bonos en dólares, con la consiguiente caída del riesgo país, al tiempo que se calmaron los dólares paralelos. Habrá que ver qué sucede con el canje de deuda de corto plazo de la semana próxima, si la demanda de blue resucita ahora que ya no habrá turistas extranjeros recurriendo a ese mercado (preferirán usar la tarjeta, como en sus países, en lugar de llenarse de efectivo, ahora que les aseguran el tipo de cambio del dólar bolsa) y ahora que comienzan a volar argentinos rumbo a la Copa del Mundo (la divisa ilegal les cuesta $ 291, frente al dólar Qatar a $ 328).

En La Cámpora comparten sólo parte del análisis del economista K citado. En la agrupación que conduce Máximo Kirchner, pero en la que tercian también Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “El Cuervo” Larroque, están más que preocupados por la inflación. “Era hora de que hagan algo”, comenta un funcionario camporista tras el inicio de la investigación contra las empresas remarcadoras. “Además se necesita que llegue una súbita reactivación de la capacidad de compra de los salarios”, reclama. Tampoco acepta la devaluación inicial que implicaría la receta tipo Plan Austral: “No veo margen”. Incluso otro de sus colegas desprecia ese programa alfonsinista de junio de 1985 que sirvió para ganar las elecciones legislativas cuatro meses después porque redujo la inflación pero que empezó a fallar a los dos años: “El Plan Austral es algo que recuerdan personas mayores de 50 años, de nivel universitario, informadas por medios tradicionales”. De todos modos, aclara: “Todo lo que sea necesario para estabilizar los niveles de inflación es correcto”.

Sin margen político para subir el dólar ni, por tanto, para un plan de estabilización, en el equipo de Massa apuestan al congelamiento de precios, con aumento de tarifas y salarios, y a la baja gradual del déficit que había pactado Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero apostando más al recorte de gastos que al crecimiento económico que genere más ingresos fiscales. Reconocen que llegarán con lo justo, raspando la olla, a cumplir la meta de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. Sucede que el ex ministro se había desviado de la meta en el segundo trimestre por efecto de la guerra, que encareció energía y alimentos, y en este segundo semestre deben aplicar un recorte en muchas partidas, pero no en todas porque jubilaciones, pensiones y asignaciones suben de forma automática por la fórmula de indexación establecida por ley y a su vez el alza de la inflación impone la necesidad de reparto de bonos compensatorios para evitar estallidos sociales. Pero en el resto de los gastos se aplicará un achique de alrededor del 20% ajustado por inflación respecto de 2021.

El efecto se siente en la obra pública, salvo en el gasoducto Néstor Kirchner, y en las boletas de luz y gas que comienzan a llegar en noviembre. Es notable la subejecución del gasto de diversos ministerios respecto del presupuesto por decreto de 2022, pese a que este preveía de por sí egresos actualizados por una inflación de solo 62%, mucho menor al 100% previsto por el mercado. Son los casos de la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur (45,6% del gasto anual erogado hasta agosto, frente a un ritmo que debería llegar al 64% para entonces, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto, ASAP), el Ministerio del Interior de De Pedro (58,2%), la Cancillería de Santiago Cafiero (59,6%), Economía (57%), la Secretaría de Desarrollo Productivo de José Ignacio de Mendiguren (34,6%), la de Agricultura de Juan José Bahillo (43,7%), el Ministerio de Turismo de Matías Lammens (49,2%), el de Transporte de Alexis Guerrera (57,4%), el de Obras Públicas de Gabriel Katopodis (57,5%), el de Educación de Jaime Perczyk (56,9%), el de Ciencia de Daniel Filmus (54%), el de Cultura de Tristán Bauer (51,4%), el de Salud de Carla Vizzotti (56,5%), el de Ambiente de Juan Cabandié (50,6%) y las obligaciones a cargo del Tesoro, que incluyen giros a provincias y empresas públicas (46,6%). Todos los ministros le piden más plata a Massa, pero él cuenta con más capital político que Guzmán para resistir presiones.

A la vez está pendiente la firma del congelamiento de precios de toda la ropa por un mes. El Gobierno lo viene negociando con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y es más amplio que el acordado en septiembre sólo con las empresas de ropa, y no con sus proveedores. Se da la paradoja de que es uno de los sectores que más remarca los precios, pero que también está invirtiendo. Este jueves, en la jornada anual de la Fundación Pro Tejer,. Tomás Karagozian, jefe operativo de TN&Platex y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Joven, comentará la inauguración de una planta en Monte Caseros, Corrientes, donde contratará a 500 personas para exportar el 30% de la producción de hilados. Pero también está el caso del presidente de Pro Tejer, Luciano Galfione, que invirtió en 2021 para ampliar 30% su producción y expandió su personal de 90 a 190 personas, pero ahora solo trabaja a media máquina por falta de insumos importados, irremplazables en el mercado local, y por eso ha adelantado las vacaciones de sus empleados. De poco servirá a esta y otras industrias que les permitan usar los pocos dólares ahorrados para comprar sus importaciones periódicas. Igual en otros sectores la escasez de piezas es menos dramática. Hubo parates de un día en Fiat, Renault, Nissan o Iveco hace una semana, pero se solucionaron. En las electrónicas de Tierra del Fuego producen a menor ritmo que el habitual, pero cumplirán su meta de producción anual. A lo que le temen es al incipiente estancamiento de las ventas por la inflación ascendente.

Por lo pronto, las encuestas muestran que los precios son la principal preocupación de los argentinos. Por lo menos, para el 46% de ellos, según una encuesta reciente del Grupo de Opinión Pública (GOP) y TresPuntoZero. Detrás figuran la corrupción (26,6%) y la pobreza (14,9%). En sus vidas personales también es la mayor inquietud (59,6%), seguida por pobreza (10,6%) e inseguridad (7,1%). En la medida en que pasan los meses de 2022, crece el agobio por la inflación y cae la popularidad del Gobierno. A ver si el peronismo en todas sus vertientes lo entiende.

AR

El Presupuesto 2023, que la semana pasada aprobó holgadamente la Cámara de Diputados, comienza este miércoles su derrotero en el Senado. Tanto el oficialismo en la Cámara alta como el Gobierno confían en tener los apoyos necesarios para que el proyecto de estimado de gastos del año próximo logre tener sanción definitiva y se convierta en ley, aunque la oposición de Juntos por el Cambio busca condicionar su apoyo.

El inicio del debate quedará cristalizado esta tarde, cuando desde las 16 se reúna en el Salón Azul del Palacio Legislativo la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja). A diferencia de la discusión en la Cámara baja, se estima un tratamiento veloz: el Frente de Todos apuesta a llevarlo al recinto en dos semanas. 

Antes de comprometer cualquier apoyo al Presupuesto, desde JxC exigieron ayer en una nota dirigida a la vicepresidenta Cristina Kirchner la presencia de Sergio Massa. Del otro lado del mostrador hubo silencio, según recogió elDiarioAR de fuentes parlamentarias. Por Economía solo está previsto que hoy expongan los principales asesores del ministro: Gabriel Rubinstein (secretario de Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas).

“Solicitamos expresamente que el día de mañana [por hoy] concurra el señor ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en la consideración de que la práctica democrática requiere de un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública y, en ese marco, no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señala la nota que lleva la firma de los cuatro jefes de los bloques cambiemitas: el misionero Humberto Schiavoni, el formoseño Luis Naidenoff, el chubutense Ignacio Torres y el mendocino Alfredo Cornejo. También reclamaron la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Pese a la jugada opositora, el FdT no tiene comprometida la aprobación de la Ley de Leyes. “No se van a pedir cambios, ya se trabajaron todos en Diputados”, aseguró un vocero del radicalismo. En la Cámara baja la iniciativa consiguió la mayor cantidad de votos de los últimos veinte años: 180 afirmativos, 22 negativos y 48 abstenciones. Lo aprobaron los radicales y se abstuvieron los macristas. Se espera que la misma foto muestre JxC en el Senado. “Van a tener el Presupuesto, pero igual queremos exigir cosas”, dijo otro operador opositor.

A priori, el interbloque oficialista contaría con 34 senadores propios –ausente estará José Mayans, quien permanece internado por problemas de salud–. A ellos se sumarían los aliados habituales como la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega. También daría su apoyo la cordobesa Alejandra Vigo –esposa del gobernador Juan Schiaretti–. Quedaría pendiente si los 18 radicales también juegan en bloque, como sus pares de la Cámara baja. “Yo no estoy de acuerdo en todo pero soy orgánica a lo que decida el partido”, comentó en su momento a este medio una legisladora de la UCR. 

“No creo que haya modificaciones, ni que sea muy extenso el tratamiento”, consideró una voz kirchnerista. Los artículos que podrían generar discusiones con la oposición ya fueron barridos en Diputados: el oficialismo dio marcha atrás con el apartado que habilitaba al Gobierno a aumentar las retenciones al agro y una mayoría opositora volteó el articulado que proponía que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

El objetivo del oficialismo es que el proyecto sea aprobado tal como llegó de Diputados, para que sea ley y que no deba volver en segunda revisión de la Cámara baja. Por otro lado, el FdT también dejó trascender la idea de que, además del proyecto de ley de Presupuesto, se incluya en el temario de la sesión el proyecto de ley que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, al cheque, del Monotributo, del Capital de la Cooperativa y el adicional del cigarrillo que vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la recaudación impositiva.

El proyecto de Presupuesto 2023 tiene como puntos centrales la previsión un gasto global de casi $ 29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% –muy por debajo de los tres dígitos que habría este año– y destina el 70% de los recursos a rubros sociales, aunque hay un fuerte ajuste, en línea con el acuerdo firmado con el FMI. Como reveló elDiarioAR, Massa planea recortar en jubilaciones, la administración gubernamental, la AFI, los subsidios a la energía y el transporte, y en medio ambiente.

MC

La Argentina seguramente volverá a tener ley de presupuesto en 2023, después de un 2022 en el que se gobernó por decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esta vez, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa y ahora se avanza para su ratificación en el Senado. En el medio quedaron muchas polémicas, pero quizá poco se debatió que el proyecto original del ministro de Economía, Sergio Massa, establecía un ajuste generalizado de gastos para el año electoral. En el proyecto se habla de una inflación del 60% en diciembre de 2023, pero no se especifica cuál será el promedio del índice de precios al consumidor (IPC) a lo largo del año, que es la medida necesaria para comparar en qué medida crecerán o se achicarán en términos reales las partidas anuales de cada área de gobierno. En años anteriores sí se blanqueaba el dato. En la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y en la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) averiguaron que la Secretaría de Política Económica, que conduce Gabriel Rubinstein, prevé una inflación promedio del 76,1% (se supone que irá bajando gradualmente mes a mes desde el 94,5% estimado para diciembre de 2022).

A partir de ese dato, se puede advertir en dónde se gastará más y en dónde menos en 2023, en comparación con 2022. ASAP elaboró un informe al respecto antes de las modificaciones que el proyecto original enviado por Massa sufrió en la Comisión de Presupuesto y en el recinto de Diputados. Entre las áreas que ajustarían, es decir, las que crecerían por debajo de la inflación promedio del 76,1%, figuraba la de seguridad social (68,2%), que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales por hijo (AUH), que a su vez representan el 45% del gasto total de la administración nacional. Sin embargo, las prestaciones mensuales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que controla Fernanda Raverta, crecerían más que el IPC, un 81,1%, por la fórmula de indexación que tienen por ley. ¿Cómo es que suben los haberes más que la inflación pero el gasto total de la seguridad social termina cayendo en términos reales? Sucede que en 2022 se otorgaron varios bonos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para compensar el alza de precios y se supone que en 2023, si ocurre el milagro de que disminuyan las remarcaciones, ya no se necesitarán esos extras y por eso la Anses terminará ahorrando. Claro que si la inflación no baja y se asemeja a la de este año, como pronostican bancos y consultoras, entonces es probable que el Gobierno acabe repartiendo bonos y así el gasto no se achicaría en esta área.

Otras dependencias donde se recortarán las partidas en relación al 76,1% de inflación promedio son:

Refuerzos

El gasto total de la administración nacional se contraería ajustado por inflación, dado que nominalmente se elevaría 71,2%, según el proyecto original. Hay áreas en las que se preveían ajustes en la iniciativa de Massa, pero que fueron reforzadas por los diputados oficialistas:

Otros rubros donde crecerá el gasto serán:

Las áreas que zafarán de la poda porque mantendrán el mismo nivel que en 2022 serán:

Gasto corriente, transferencias e inversión

Otro modo de analizar el presupuesto consiste en dividirlo en gasto corriente y el de capital, también llamado inversión. El primero iba a crecer sólo 70,1% en el proyecto original, sobre todo porque las transferencias iban a elevarse apenas 49,1%, dado el recorte de subsidios a la energía y el transporte. Este número cambia a partir de los refuerzos en desarrollo social. En cambio, la inversión pública iba a subir 85,1%, según el informe de ASAP. “Las transferencias de capital más significativas tienen como destinatarios las provincias y municipios, la empresa Energía Argentina SA (la que construye el gasoducto), el Procrear (plan de crédito hipotecario), AySA y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social”, señala ASAP.

En tanto, en otro reporte de la OPC sobre la inversión pública en el proyecto original de presupuesto 2023, se señalaba: “Aunque se mantiene en relación con el PBI, la inversión pública prevista para el ejercicio 2023 tendrá un aumento real de 4,8% y ascenderá a $2,2 billones. Casi la mitad de la inversión pública financiada con recursos de la Administración Nacional se destina a empresas públicas y fondos fiduciarios. Energía Argentina SA es la principal empresa destinataria de estos fondos ($355.020 millones), asignados a la construcción de gasoductos y las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz. Continúan en orden de relevancia presupuestaria los créditos para el Procrear ($183.094 millones). Las transferencias a provincias y municipios se contraen 20,1% (ajustado por IPC). China Development Bank (CDB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son las principales fuentes externas de financiamiento. El programa Conectar Igualdad (de reparto de computadoras a estudiantes) lidera la adquisición de bienes de capital. La puesta en valor del ferrocarril San Martín es la obra plurianual más importante, con $115.687 millones. En la inversión, las empresas públicas ganan participación en detrimento de la administración nacional”. Toda una señal en tiempos en que el ex presidente Mauricio Macri llama a cerrar o privatizar compañías estatales.

AR

Camila Crescimbeni informó en sus redes sobre la pérdida de uno de sus bebés mellizos y el estado delicado que atraviesa su otro hijo recién nacido. Después del público apoyo que la legisladora del PRO recibió en la Cámara de Diputados, recurrió a sus redes sociales para agradecer: “Gracias a todos por sus abrazos, rezos y energía para nuestra familia”.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de 32 años dijo que “no hacen falta aplausos por ayer, solo cumplí con mi deber”. Contó que junto a Juan Pablo su pareja y el padre de sus hijos, “recibimos todo el amor que nos mandan de corazón, porque lo necesitamos”. Agregó: “Nos estamos dedicando a Rufino que lleva 5 semanas y 4 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y a Juana nuestra hija de 2”.

“Agradecemos que sigan rezando por Rufino y por los bebés que la pelean en las Neos de todo el país”, finalizó su mensaje la diputada.

En una publicación en Instagram, Crescimbeni describió como un “apagón existencial” a la difícil situación que está atravesando: “No hay edulcorante ni vía rápida para entender qué hacer con todos los sueños y el amor que tenemos listos para nuestros bebés, para todo el espacio afectivo que tenemos en nuestro ser para ellos. La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser, en otra cosa”.

En la votación en la Cámara de Diputados por la Ley de Presupuesto 2023, la diputada Silvia Lospennato intervino y le agradeció a Crescimbeni, quien “hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé, que está internado, vino hoy a cumplir con su función”. Con los aplausos de la mayoría de la cámara, agregó: “Mientras muchos diputados se fueron a dormir, la diputada Crescimbeni vino a cumplir con su función”.

Acto seguido, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, replicó: “Hago las palabras de la diputada Lospennato de toda la Cámara”. Desde su banca, Crescimbeni agradeció con lágrimas en los ojos.

LC

Este lunes la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2023, que ahora deberá ser ratificado por el Senado para convertirse en ley. La iniciativa, que incluyó una catarata de modificaciones en su instancia de debate en comisiones, obtuvo apoyo en general, pero luego se votó en particular una serie de artículos en los que radicaban las discusiones más candentes. 

En total, hubo 15 votaciones nominales de artículos en particular. Es decir, que fueron efectuadas mediante la botonera de las bancas y cuyo resultado se proyectó en las pantallas. Tres de esas votaciones arrojaron un resultado negativo y, por lo tanto, dejaron fuera del texto final artículos propuestos por el Ejecutivo. A estas votaciones se sumaron otras 43 a “mano alzada”, que resultaron todas afirmativas. 

Las votaciones nominales (método que debe solicitar algún legislador o legisladora, en vistas de que se tratan cuestiones que pueden estar reñidas), arrojaron el siguiente saldo: 

Lo que quedó fuera del Presupuesto 2023

-Artículo 100. Disponía el pago de Ganancias para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, independientemente de la fecha de su nombramiento. No contó con el apoyo de la oposición, pero tampoco con legisladores de las propias filas del Frente de Todos como Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Claudia Ormaechea.

-Artículo 101. Establecía el pago de Ganancias sobre las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios derivados del trabajo de consejeros de las sociedades cooperativas y de asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la Ley 24.018. 

Se trata de un privilegio vigente al que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner renunció en marzo de 2021, a través de una carta dirigida al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello. 

-Artículo 127. Proponía crear en el ámbito del Ministerio de Salud el Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio, con el fin de “centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra en forma completa de la tecnología sanitaria para patologías de mayor impacto financiero”. La oposición lo bloqueó, al considerar que se crea un nuevo “subsidio” para obras sociales y prepagas. 

Además, el Frente de Todos accedió a eliminar voluntariamente (sin que llegue a la instancia de votación) el artículo que proponía que el Poder Ejecutivo recupere la facultad de fijar las alícuotas en las retenciones agropecuarias. 

Lo que se votó afirmativamente y quedó dentro del Presupuesto 2023 

-Artículo 67. Faculta al poder ejecutivo a incrementar, dentro de la Ley de Ganancias, el importe mínimo de salario a partir del cual se retiene el gravamen. Tal como lo había anticipado el ministro Sergio Massa, el  nuevo piso queda en $330.000 brutos a partir de noviembre. 

-Artículos 71 y 72. Dispone un blanqueo para fondos sin registrar, tanto en la Argentina como en el exterior, que estará abierto por un año. Esos fondos deberán afectarse únicamente al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos.

Por otro lado, habilita a quienes declaren fondos irregulares a destinarlos a la adquisición de un inmueble usado para utilizarlo como casa habitación propia o para ponerlo en alquiler como vivienda por un plazo no inferior a 10 años. 

-Artículo 89. La redacción original de este artículo planteaba la posibilidad de que las deudas que las provincias tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sean saldadas con fondos de la coparticipación. Finalmente, y ante el pedido de la oposición, se modificó el texto y se acordó que la Secretaría de Energía establezca un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales.

-Artículo 90: Prorroga a partir de su vencimiento y por 10 años el plazo de concesión que tiene la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Aysa S.A) para “asegurar la continuidad” del plan de inversiones de expansión y mejoras en el servicio, apalancados por los financiamientos de largo plazo por parte de organismos multilaterales y bilaterales de crédito. 

-Artículo 97: Aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego. Para los productos que se fabriquen en la isla, la alícuota pasará del 6,5% al 10%; para los importados, del 17 al 19%.

-Artículo 104: Eleva las exenciones de Ganancias para las “actividades de transporte terrestre de larga distancia”, lo que redundará en un aumento efectivo del salario de bolsillo de Camioneros. 

-Artículo 118: Dispone un aumento del aporte a obras sociales por parte de los monotributistas de las categorías más elevadas, de la D a la K. Los aportes arrancarán en  $3.638,26 para la categoría D a $10.505,29. 

-Artículos 120 y 121: Crea la Tasa de Seguridad de la Aviación que se destinará a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, según los argumentos oficiales, es el único organismo de la comunidad aeroportuaria que presta servicios en todos los aeropuertos del sistema nacional y no cuenta con financiamiento proveniente de la venta de pasajes aéreos.

Se aplicará tanto a boletos internacionales como de cabotaje e Inicialmente tendrá un valor de $250, pero se irá actualizando ya que tiene como referencia el 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Personal Policial de la PSA.

Se aprobó por la diferencia de un voto (123 afirmativos versus 122 negativos) por lo que legisladores de Juntos por el Cambio hicieron cargo a los diputados liberales que abandonaron el recinto antes de tratar este artículo. Entre los 11 ausentes se contaron Javier Milei, Victoria Villarruel (ambos de La Libertad Avanza) y Carolina Píparo (Avanza Libertad), aunque también diputados y diputadas de otras fuerzas opositoras como Gustavo Santos (PRO), Manuel Aguirre (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) o María Victoria Tejeda (Evolución Radical). 

-Artículo 126. Faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Economía, pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero. 

El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó su satisfacción, tras haber conseguido esta mañana el oficialismo la aprobación del proyecto de Presupuesto 2023, en la Cámara de Diputados, y destacó que “era el objetivo” que el Gobierno buscaba.

“Estoy tranquilo, con la tranquilidad de que tenemos un Presupuesto 2023 con 180 votos”, dijo Massa en declaraciones a Télam sobre el resultado de la votación, y agregó: “Era el objetivo que buscábamos”.

Esta mañana, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Presupuesto 2023 con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

El mismo contempla un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60%, un gasto total de $ 29 billones, y se estableció que el gasto total educativo no podrá ser inferior al 1,33% del PBI.

El oficialismo consiguió sancionar la iniciativa en una sesión que se extendió por más de 19 horas, aunque no logró incorporar el artículo para eliminar la exención de Ganancias a los integrantes del Poder Judicial y decidió excluir el artículo que permitía al Gobierno modificar las retenciones agropecuarias.

NB con información de agencia Télam.

No habían pasado ni dos horas de sesión cuando una diputada radical ya preveía la jornada extenuante que se avecinaba. “Me voy a descansar un rato ahora, porque seguro me va a tocar hablar de madrugada”, se la escuchó decir en un pasillo de la Cámara de Diputados, con algunos gestos de cansancio acumulado: había estado enferma la noche anterior y acababa de tomarse un antifebril en la enfermería del Congreso. En una votación tan clave, la política a veces no entiende de cuestiones personales.

La escena de la legisladora fue parte de las más de 17 horas de sesión que hubo en la Cámara baja por el Presupuesto 2023, ley que el Gobierno logró aprobar con media sanción, teniendo así una herramienta clave para gestionar durante el año electoral. Ahora el paso final será en el Senado en las próximas semanas. En un debate marcado por la polémica que despertó el artículo oficialista para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias, por fuera del propio recinto, la mayoría de los diputados procuraban distintas alternativas para no caer rendidos al sueño durante la madrugada: estaban reunidos desde al menos las 11 de la mañana.

Cómo pasar la noche fue comentario de varios legisladores, sobre todo los que viajaron desde las distintas provincias y no tienen un domicilio fijo en la Capital Federal. Una queja inesperada: el precio de los hoteles en la zona del Congreso. Una búsqueda rápida en Booking.com marcaba una pieza por no menos de 30 mil pesos. “¡Están carísimos los hoteles por acá, me quisieron cobrar 50 lucas! –exclamó la diputada radical–.Así que me voy a bañar al departamento de una asesora acá cerca y después me acomodaré en el despacho”.

A esta hora no sé si estoy despierta o no

Comentó una vocera, en medio de la maratónica sesión de más de 15 horas

La misma estrategia tendría una importante espada legislativa de Juntos por el Cambio: juntar varios sillones en la oficina del bloque partidario y aguantar ahí. “No dormí nada, estoy resistiendo como se puede”, soltó un diputado oficialista de trato directo con Máximo Kirchner.

El reloj ya marcaba las 4 de la madrugada y aún no habían comenzado los discursos de cierre, previos a las votaciones. Varios se quejaban de que no haya prosperado la idea del mendocino Julio Cobos de que la sesión se dividiera en dos días, con un cuarto intermedio entre la medianoche del martes y la mañana del miércoles. “A esta hora no sé si estoy despierta o no”, comentó una vocera.

Pero la noche también fue momento de rosca política, una marca argentina. El propio hijo de la vicepresidenta recibió ya caída la tarde en su despacho, en el tercer piso, a los distintos diputados de extracción sindical que integran la bancada del Frente de Todos. Encabezó la delegación Vanesa Siley, que siendo jefa del gremio de judiciales se dividió del resto de sus compañeros de bloque para votar en contra del artículo sobre Ganancias. “No hay interna, entendemos su postura. Tiene que defender a los trabajadores”, le restó importancia un kirchnerista.

También se lo vio en ese piso al ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, nuevamente intendente de Hurlingham. Buscaba acordar con el jefe de La Cámpora un retorno ordenado a su terruño y estrategia común para el 2023. Hasta hace dos semanas el municipio había sido gobernado por el camporista Damián Selci, quien reemplazó a Juanchi cuando pidió licencia para asumir como funcionario nacional. 

Por la tarde también se pasó por Diputados la jefa del Anses, Fernanda Raverta, y más reservado fue Sergio Massa, que pasó a pedirle a la cúpula del FdT que “salgan a ganar” el articulado. A las 5 el tigrense volvió al recinto para aplaudir la aprobación en general del texto.

En tribus opositoras no se quedaron atrás. Con horas de sueño acumulado, a las 3 del miércoles había un cónclave entre los radicales que conduce Mario Negri. JxC también tuvo su interna, porque sus distintos socios no se pusieron de acuerdo para una posición común: la UCR y Evolución –referenciado en Martín Lousteau– acompañaron el proyecto en general, mientras el PRO se abstuvo y la bancada de Elisa Carrió lo rechazó.

Una jornada tan larga dio para curiosidades, como el viral del diputado oficialista Marcelo Casaretto, a quien se registró viendo un partido de básquet desde su tablet en plena sesión por la noche. El entretenimiento le duraría poco porque cerca de las 7 de la mañana finalmente la oposición consiguió voltear su artículo por el que los judiciales paguen Ganancias.

Otros legisladores prefirieron hacer tiempo hasta su turno de exposición –hubo más de 120 oradores– dentro de sus propios despachos, ya sea en el Palacio como en el Anexo. Muchos comieron en el bajo recinto, donde tienen acceso exclusivo. Otros prefirieron el resguardo de su oficina, como se lo vio a un diputado del FdT, que se permitió combinar en horas de la cena una banana y un cigarrillo.

Pero el menú principal fueron litros de mate –varios legisladores llevaron hasta su propio equipo de termo y mate dentro del recinto– y café. Según confió el encargado del bar contiguo al recinto, hasta la medianoche ya se habían consumido unos 20 kilos de granos de café.

MC

Con la presencia de Sergio Massa dentro del recinto de la Cámara de Diputados, pasadas las 5 de la mañana de este miércoles y después de 14 horas de debate, el Frente de Todos consiguió la media sanción del Presupuesto 2023. El oficialismo logró una holgada mayoría: 180 votos a favor, sobre 22 en contra y 49 abstenciones.

El proyecto de Ley de Leyes ahora pasa al Senado, donde el FdT encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner buscará aprobarlo antes del fin de las sesiones ordinarias del congreso, el 30 de noviembre.

Pese al avance en el texto general que consiguió, el FdT no pudo imponer su voluntad en dos artículos claves que buscaba incorporar al Presupuesto: la potestad para que el Ejecutivo aumente las retenciones al agro y la disposición para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

El Presupuesto, a grandes rasgos, prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 1,9% y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. En total, el gasto público será de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones. Marcado por las metas del FMI, es un estimado de gastos austero y, en algunas carteras, con ajuste.

Para Massa se trató de “un logro político”, según dejó trascender el ministro durante su visita de madrugada al recinto. El tigrense quería asegurarse que no fracasara el proyecto de ley como sucedió el año pasado. “Este Presupuesto incluye un orden muy fuerte en las cuentas públicas”, confiaron a elDiarioAR en el entorno del funcionario y aprovecharon para cuestionar a su antecesor: “El comienzo del fin de Martín Guzmán fue el Presupuesto”.

La iniciativa massista fue aprobada en general a las 5.13 con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JxC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y los libertarios. El PRO se abstuvo.

La pelea por Ganancias de los jueces

En total el debate por el Presupuesto se extendió por más de 17 horas -la sesión comenzó el martes a las 14-, en su mayoría marcadas por la polémica que abrió el oficialismo al incorporar a último momento un artículo que exigía a todos los funcionarios del Poder Judicial pagar el impuesto a las Ganancias. En la oposición entendieron que la jugada le permitió al FdT esquivar las acusaciones de que el estimado de gastos se trató de “un ajuste”, según recogió este medio de fuentes parlamentarias.

Ese artículo finalmente salió en contra para el oficialismo al borde de las 7 de la mañana: la oposición consiguió voltearlo con 134 votos en contra; hubo 116 a favor.

El momento de la votación en particular fue el que más tensión generó en el recinto, con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Incluso en el FdT había habido una interna nueva, con la diputada Vanesa Siley rechazando el artículo porque es líder del gremio de los trabajadores judiciales, que serían alcanzados por el tributo.

“Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del poder judicial declararon una huelga”, cuestionó desde el recinto la diputada Graciela Camaño, figura del Interbloque Federal, que jugó en tándem con JxC para voltearlo. La legisladora marcó la “inconstitucionalidad” del artículo, porque según la ley de Administración Financiera el Presupuesto solo debe legislar por el plazo de 12 meses. 

Antes de votar la modificación de Ganancias, el oficialismo tuvo otro traspié: decidió retirar el artículo que habilitaba al Ejecutivo a aumentar las retenciones, por no tener los votos necesarios para aprobarlo por su cuenta. “No hay voluntad de subir las retenciones el año próximo”, dejó trascender ayer Massa, buscando restarle significativo político a la marcha atrás del kirchnerismo.

Otro de los artículos que generaron debate era el que eximía de pagar Ganancias a los camioneros, que lo tributan por comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo. Finalmente se aprobó por 129 votos a favor y 120 en contra -principalmente de JxC-. Había sido un acuerdo logrado entre el Gobierno y Pablo Moyano para destrabar la paritaria del sector, actualmente sin punto de acuerdo con las empresas de transporte.

También se permitirá que se puedan deducir de Ganancias algunos conceptos de educación, como son las cuotas de colegios privados.

Cláusula gatillo por inflación

Uno de los acuerdos más significativos logrados entre el FdT y la oposición fue la inclusión de una cláusula “gatillo” por inflación, por la cual si aumenta la recaudación o el índice de precios prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos. Será una batalla política marcada por las elecciones, porque esa discusión tendrá que darse entre las primarias de agosto y las generales de octubre. 

En otras claves, el texto del Presupuesto contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos -se modifica el régimen especial en Tierra del Fuego-, y un impuesto sobre los pasajes de avión. También se destaca la financiación de hasta 96 cuotas para el pago de la deuda que las provincias tienen con CAMMESA, la distribuidora nacional de energía.

Además se aprobó un blanqueo de capitales, con la posibilidad de que se usen fondos no declarados para adquirir propiedades si es que se destinan a uso hogareño, ya sea de la propia familia o para alquilársela a otra. Se podrá invertir en inmuebles de hasta US$ 400.000. También se suma el sinceramiento de divisas en negro de empresarios que requieren comprar en el extranjero lo necesario para producir.

“No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”, manifestó sobre el Presupuesto en general el diputado Luciano Laspina, referente económico del macrismo. “Estamos en un final de ciclo. Recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público”, planteó durante el debate.

“No es cierto que este sea un Presupuesto de ajuste”, contentó a su turno Carlos Heller, la espada económica del kirchnerismo y quien estuvo a cargo durante el último mes de la defensa del proyecto presentado por Massa. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda consideró que con la cantidad de cambios incorporados en los últimos días, la iniciativa “es una versión mejorada de la enviada por el Poder Ejecutivo”. 

Para morigerar el ajuste que establecía el texto original, el Gobierno definió también en los últimos días incrementar distintas partidas sociales y educativas por más de 320 mil millones: para políticas alimentarias: $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares: $90.830 millones; becas de educación: $59.542 millones; Fondo Nacional de Incentivo Docente: $31.175 millones; Fondo de Integración Socio-Urbana: $19.700 millones; comedores escolares: $12.969 millones; infraestructura y equipamiento en educación: $4.149 millones; y programas que garantizan derechos de niños y niñas: $400 millones de pesos.

MC

“Salgan a ganar”. El pedido lo transmitió el propio Sergio Massa a la cúpula del bloque del Frente de Todos en Diputados, en una breve visita que el ministro de Economía hizo a la Cámara baja este martes, mientras se discute el Presupuesto 2023. La frase que le dijo a su reemplazante Cecilia Moreau y a Germán Martínez cobra relevancia en momentos en que el oficialismo enfrenta un duro rechazo de la oposición por algunos artículos clave incorporados a la Ley de Leyes.

Los principales escollos opositores están en la potestad del Gobierno para aumentar las retenciones al agro y la posibilidad de que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, artículo que domina el debate desde que se inició la sesión pasadas las 14 de este martes. Se espera una jornada maratónica, de unas 22 horas de debate, por lo que esas definiciones se conocerán durante la madrugada.

Pero en la previa la votación por las Ganancias de los jueces ya genera una nueva interna en el FdT: la diputada Vanesa Siley, líder del gremio de los judiciales, está en contra. Incluso convocó a un paro en su rama para este martes. “Es una posición incómoda porque no comparto esta definición, el salario no es ganancia”, dijo la legisladora cuando le tocó hablar en el debate, aunque cuestionó a los jueces: “Yo defiendo a los trabajadores, no a los jueces”. “Se dañará el salario de los trabajadores, aunque haya buenas intenciones”, remarcó para justificar su posición en contra.

Por su lado, la oposición está confiada en voltear el artículo –que lleva el número 100– sumando los votos de JxC, del Interbloque Federal y de los libertarios. Incluso el Frente de Izquierda plantea el rechazo al gravamen, con un argumento similar al de Siley. Serían más de 130 votos en contra. “Ese artículo no va a estar en el Presupuesto”, aseguró un presidente de bloque opositor a elDiarioAR en uno de los pasillos contiguos al recinto de Diputados.

Desde el radicalismo dejaron trascender otra jugada: que el oficialismo directamente quitará el artículo de los jueces por no contar con los votos necesarios. Sería un paso atrás, que en el FdT negaron. En las terminales oficialistas asumen que no tienen los votos, pero prefieren dar el debate, aunque se pierda la votación. A cambio, buscarán exponer a la oposición por rechazar que los magistrados no paguen Ganancias, idea de la que incluso en JxC están a favor. 

“Se están comiendo una presión corporativa tremenda”, aguijoneó una espada kirchnerista. Sin Siley y con algunos apoyos de aliados habituales –como Provincias Unidas y el bloque SER de Santa Cruz– el oficialismo podría llegar a 121 votos, muy lejos de los 129 necesarios como mínimo. Ayer la propia “corporación judicial” metió presión: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional pidió una reunión especial con la Comisión de Presupuesto –que preside el economista Carlos Heller– y este miércoles serán recibidos por Cristina Kirchner en el Senado. 

“Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del poder judicial declararon una huelga”, cuestionó desde el recinto la diputada Graciela Camaño, figura del Interbloque Federal, que jugará en tándem con JxC. La legisladora marcó la “inconstitucionalidad” del artículo, porque según la ley de Administración Financiera el Presupuesto solo debe legislar por el plazo de 12 meses. 

Cualquier cambio en el régimen de Ganancias debería tratarse en una ley aparte, entienden en la oposición. Incluso en JxC plantearon una alternativa: que se cree una comisión especial que discute una ley particular. El guante no fue recogido en la vereda de enfrente. Lo que quiere incorporar el oficialismo en el Presupuesto 2023 es que alcance a todos los jueces y personal judicial “independientemente de la fecha de su nombramiento”. Ya desde el 2017 rige para el Poder Judicial una norma para los nuevos nombramientos tributen Ganancias. 

“La idea es dar el debate, a lo sumo perderemos la votación”, confió a elDiarioAR uno de los oficialistas integrantes de la Comisión de Presupuesto. La misma estrategia la confirmaron en otras terminales kirchneristas. “Van a hacer la testimonial”, graficaron en un despacho con diálogo con Máximo Kirchner. 

Pese al golpe que recibiría el oficialismo por Ganancias, no está en riesgo que se apruebe la eximición del mismo tributo para los camioneros, otro artículo incorporado al Presupuesto 2023 a último momento, una jugada para destrabar la paritaria del sector, que se está desarrollando en paralelo entre el gremio y la patronal. Así se quitaría el gravamen sobre lo que los trabajadores de Hugo y Pablo Moyano cobran por comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo. Según supo elDiarioAR, la medida la acompañaría hasta el Interbloque Federal. 

La pelea por las retenciones al agro

Además de Ganancias, otro de los artículos peleados para lo que resta del debate durante la noche del martes y la madrugada del miércoles será el que habilita al Poder Ejecutivo a aumentar las retenciones al campo.

Ahí el panorama es más peleado. Cálculos parlamentarios dan tanto para el oficialismo como para la oposición 128 votos, por lo que habrá que esperar a último momento para conocer una definición. Para ese artículo 95 esperan jugar en tándem JxC, el Interbloque Federal y los libertarios, aunque más por rechazo al Gobierno que por negociaciones en conjunto. 

“Veremos si no aparecen con la Cajita Feliz”, dijo irónicamente un diputado opositor ante la jugada que podría hacer el oficialismo: obtener apoyos a cambio de prometer obras o recursos en las provincias. “No podemos confiar en Massa, porque solo promete”, dijo una diputada entrerriana, que acusó al ministro de “extorsionar” a los gobernadores.

Ya para sumar voluntades en general el jefe del Palacio de Hacienda acordó con las provincias un “piso” de subsidios al transporte de 85 mil millones de pesos, lo que prevé morigerar la suba del boleto que puede haber por inflación, así como los días de paro en el servicio en el interior del país. Otros de los cambios incorporados a último momento fue crear un plan de regularización de hasta 96 cuotas mensuales para las deudas que las jurisdicciones tienen con Cammesa, la distribuidora de energía.

También el oficialismo había aceptado cambios reclamos puertas adentro, principalmente  para morigerar el ajuste que establecía el texto original. Se incrementaron distintas partidas sociales y educativas por más de 320 mil millones: para políticas alimentarias: $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares: $90.830 millones; becas de educación: $59.542 millones; Fondo Nacional de Incentivo Docente: $31.175 millones; Fondo de Integración Socio-Urbana: $19.700 millones; comedores escolares: $12.969 millones; infraestructura y equipamiento en educación: $4.149 millones; y programas que garantizan derechos de niños y niñas: $400 millones de pesos.

Donde no hay debate entre el oficialismo y la oposición es una cláusula gatillo que estima que si a septiembre de 2023 la inflación acumulada es mayor a la prevista para todo el año –60%– o la recaudación también es alta, se enviará un proyecto de ampliación de los gastos y recursos. Y en un blanqueo de capitales que contempla la posibilidad de que se usen fondos no declarados para adquirir propiedades o bienes de capital productivo. 

Más allá de las polémicas, en general el oficialismo contaría con los votos para aprobar el Presupuesto: plantea como variables macroeconómicas un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% –cumpliendo la meta del FMI– y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. Ante la perspectiva de lo extenso que sería el debate, al caer la tarde varios diputados ya buscaban cómo pasar la noche, mientras se quejaban por lo costoso de los hoteles alrededor del Congreso. “Yo me voy a dormir un rato al despacho –comentó un legislador ante elDiarioAr–, junto unos sillones y listo”.

MC

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, rechazó hoy martes que haya un ajuste en las partidas presupuestarias para el Presupuesto 2023, y aseguró que hay una expansión en el área: “No solo no hay recorte, sino que hay garantía de expansión”, y señaló que se está discutiendo “con un informe que tiene serios problemas metodológicos”.

“Es un informe que solo compara el presupuesto educativo y solo busca al Ministerio. Históricamente se sabe que los recursos de la educación están en varios lugares del presupuesto nacional”, respondió el ministro en C5N a un informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación, publicado en elDiarioAR. Además, apuntó contra Juntos por el Cambio: “estamos discutiendo con la gente que lo recortó y lo ajustó”.

Dicho informe sostiene que los fondos del Ministerio de Educación de la Nación tendrán un ajuste interanual del 15.5% con respecto al 2022, un número levemente inferior a la reducción del 15.6% que se efectuó en 2020 durante la pandemia. Si bien el proyecto define un ajuste generalizado del 6,8% en el gasto del Estado Nacional, la reducción de fondos en Educación es más del doble que la del presupuesto nacional general, de acuerdo con Argentinos por la Educación.

El documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2023”, analiza el proyecto de ley y la evolución del gasto del Ministerio de Educación de la Nación durante el período 2013-2023. Establece que presupuesto educativo del próximo año es el segundo más bajo de los últimos 11 años y que en la última década, la mitad de los presupuestos nacionales han implicado ajustes en educación.

“En 2019 los que hoy señalan con el dedo habían puesto en educación el 1,1% del PBI”, dijo el ministro y añadió que “el presupuesto que está mandado al Congreso invierte 1,29%. O sea, es 0,2% más que es un montón de recursos”. En ese sentido, declaró que “hoy se va a votar en el Congreso un artículo para garantizar que con las discusiones paritarias se invierta no menos de 1,33%”.

“Me extraña y la Argentina no se lo merece que estemos discutiendo sobre un informe que tiene errores científicos. Lo digo y me corro a hablar del Presupuesto que tiene parámetros como la inflación de 60 puntos”, sostuvo Perczyk luego de una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En esa línea, explayó: “Si la inflación es más, tiene más recursos, pero eso está calculado (ingresos, gastos) con esa inflación de 60. El informe calcula otra inflación y por eso todo tiene otras variables. La función educación dentro del Presupuesto está concentrada en el Ministerio de Educación, pero también en otros como en Economía, en Defensa. Si agarro uno y lo comparo con otra cosa, salimos del informe y no es lo que vamos a discutir, discutimos el Presupuesto”.

“(Mauricio) Macri dejó el 1.1 del PBI y nosotros empezamos la gestión invirtiendo 1.26 del PBI. Ayer nos comprometimos con los representantes gremiales a que el Presupuesto 2023 que se va a votar hoy, vuelva a crecer, a ir a 1.33 del PBI, es decir 2.26 más del PBI, que son más de 350 mil millones más. Esto implica que la mitad del presupuesto, el 50% son las universidades. Por una unanimidad, los rectores de las facultades diciendo que es el presupuesto que quieren”, amplió Perczyk, y reiteró que “las universidades pidieron a los Diputados que voten este presupuesto”.

El titular de la cartera de Educación aseguró: “Ya la mitad del Presupuesto no sólo que no tiene recortes sino que tiene expansión. Hace tres meses la operación era que no estaba para Conectar Igualdad, que faltaban 30 mil millones y yo expliqué que estaban en el Presupuesto de este año”. Recordó: “Yo salí a explicar que hay una parte que se pagaba el año que viene”, y precisó que “el presupuesto de Conectar Igualdad este año es de 58.000 millones de pesos. El año que viene 121.000, aumenta 100% e incluye la compra de un millón de computadoras”.

Perczyk también se refirió a las Becas Progresar, las cuales acompañan a los jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios y que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente: “Cuando nosotros asumimos había 500 mil becas progresar que se pagaban 10 meses. Hoy hay 1 millón 600 mil becas progresar que se pagan los 12 meses”.

A su salida de Casa Rosada, el ministro subrayó: “Hay un presupuesto que intenta expandirse en un país que tiene problemas, que había entrado el 15 de septiembre, porque el presupuesto se negocia y ya se había aumentado”. Reveló que en su reunión con Manzur se tocó el tema de incorporar una hora más de clase a la jornada: “Estuvimos hablando con el jefe de Gabinete sobre la hora más de clase y cómo ha avanzado federalmente en más de siete mil escuelas. Son 25 horas semanales para más Lengua y Matemáticas, y 38 días más de clase por año. Incorporamos además 5 millones y medio de horas de enseñanza en 19 de nuestras 23 provincias”.

Por último, consideró que “la Argentina necesita invertir en educación durante muchos años, suficiente y continuamente”. “Hace falta que los que acortaron, los que ajustaron se hagan cargo y, por suerte, tomaron conciencia de que en educación no hay que ajustar”, finalizó.

LC con información de agencias

La Cámara de Diputados ya discute en una maratónica sesión el Presupuesto 2023, clave para el Gobierno y su ministro de Economía, Sergio Massa, luego del fracaso del año pasado. El oficialismo consiguió quórum para abrir el debate con 130 acompañamientos, apenas uno por encima del necesario. Se sentaron en sus bancas algunos pocos legisladores opositores del radicalismo y de bloques provinciales, pero no estuvo Máximo Kirchner.

La sesión empezó casi al borde de las 14, poco más de una hora después de lo previsto, ante la demora para arribar a Buenos Aires de distintos vuelos en los que viajaban diputados de las provincias. Siendo la ley más importante del Gobierno, se espera una larga discusión –está prevista que termine a la madrugada o, incluso, a la mañana del miércoles– cargada de tensión.

El Frente de Todos cuenta con los votos necesarios para aprobar el Presupuesto en su redacción general: prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 1,9% y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. En total, el gasto público será de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones. Marcado por las metas del FMI, es un estimado de gastos austero y, en algunas carteras, con ajuste. Los acompañamientos al oficialismo provendrán de un sector del radicalismo de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidos y bloques minoritarios.

Sin embargo, hay distintos artículos que generan un fuerte rechazo opositor. El arco opositor buscará durante toda la jornada acercar posiciones para voltearlos cuando se vote en particular, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. Entre esos ítems está la disposición del Ejecutivo para aumentar las retenciones al agro, la imposición de que los funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar Ganancias, la eximición –justamente– de Ganancias para los trabajadores del gremio de Camioneros y la suba de impuestos para la industria de electrónicos en Tierra del Fuego.

“No estamos cerrados a hacer ningún cambio”, planteó una espada legislativa del oficialismo en la previa, abriendo el paraguas de lo que será las discusiones más aireadas. Cómo mínimo se esperan unas doce horas de discursos por parte de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto –que lidera el kirchnerista Carlos Heller–, a los que luego se sumarán los jefes de bloques y un sinfín de legisladores de manera individual. 

Entre esas participaciones y tras bambalinas se dará la “rosca” más intensa. Mientras el FdT buscará que Massa tenga la herramienta presupuestaria para gestionar la crisis en el año electoral, en JxC hay intención de bloquear los artículos que considera más críticos. “Somos conscientes de que es muy grande el vaso vacío, pero estamos trabajando mucho para avanzar. Entendemos que el proyecto de presupuesto va en esa dirección y vamos a superar el 4,5% de crecimiento en 2023”, planteó Heller al inicio del debate, como miembro informante de la iniciativa.

En el frente cambiemita no hay una posición unificada sobre todo el proyecto de ley. Según cálculos preliminares, apenas habría una veintena de votos en contra del Presupuesto en general: allí se anota la bancada de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, algunos duros del PRO como Ricardo López Murphy, más las bancadas extremas de la izquierda y los libertarios. Es probable que las dos alas radicales de JxC –la UCR que preside Mario Negri y Evolución, referenciado en Martín Lousteau– se debaten entre votar a favor y abstenerse. En el macrismo prevalecerá la abstención. 

La misma bancada amarilla lo comunicó públicamente en paralelo a que comenzaba la sesión: “Si bien el Gobierno ha aceptado incorporar algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en particular”, reza el texto.

Cambios y puntos cuestionados

El oficialismo permitió distintos cambios en el texto original, con la clara intención de que no naufragara la iniciativa. Massa admitió que lleva “como una cruz” el rechazo del año pasado. Por eso la semana pasada aceptó un pedido de JxC para incorporar una “cláusula gatillo” por la inflación.

El punto estima que si a septiembre de 2023 la inflación acumulada es mayor a la prevista para todo el año –60%– o la recaudación también es superior en un 10% de lo previsto, se enviará un proyecto de ampliación de los gastos y recursos. Será una batalla política marcada por las elecciones, porque esa discusión tendrá que darse entre las primarias de agosto y las generales de octubre. 

El detalle de artículo dice: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

También se acordó incorporar un artículo que explícitamente congela la incorporación de personal al Estado y en las empresas públicas.

Pero hay fuertes disidencias. El artículo 95 que habilita al Gobierno a aumentar las retenciones a los granos será el primer escollo del oficialismo. Todo el bloque de JxC –116 diputados– está en contra, así como los ocho del Interbloque Federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez. 

Más discusión tendrá el artículo 100, el que plantea que todos los funcionarios judiciales comiencen a tributar Ganancias, más allá de cuándo hayan ingresado al Poder Judicial. Así como ya rige para los nombrados desde 2017, alcanzaría a todos los magistrados y demás personal judicial “independientemente de la fecha de su nombramiento”. En la previa a la sesión, Heller ratificó que no se cambiará un ápice del artículo. Nuevamente la oposición buscará sumar apoyos para voltearlo en la votación en particular, que se espera sea durante la madrugada. Hasta el trotskismo está en contra en su redacción, porque entiende que tienen que eximirse los trabajadores de la Justicia. 

Otro frente de batalla será el artículo incorporado a último momento para que los Camioneros no tributen Ganancias por comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo, como hacen ahora. La medida alcanzaría a unos 130 mil trabajadores afiliados y, según supo elDiarioAR, fue una negociación directa entre Hugo y Pablo Moyano y la Casa Rosada para destrabar la paritaria del sector, que se está desarrollando en paralelo entre el gremio y la patronal.

El último punto que la oposición quiere quitar del Presupuesto es la suba de impuestos internos a los productos electrónicos, que podrían encarecerse aún más, a partir de cambios en el régimen especial para la industria que hay en Tierra del Fuego. La iniciativa plantea que se eleve del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados. Es un punto que genera fisura interna, ya que está apoyada por todos los legisladores fueguinos, tanto los oficialistas como los cambiemitas.

MC

La Cámara de Diputados se apresta a votar el Presupuesto 2023, en una sesión maratónica que ocupará toda la jornada de este martes y la madrugada del miércoles. El oficialismo del Frente de Todos descuenta tener el número de votos necesarios –gracias a opositores-aliados– para aprobarlo, mientras el bloque Juntos por el Cambio discute internamente entre acompañarlo en líneas generales, abstenerse y rechazarlo. 

Pero más allá del debate político que desde hace un mes monopoliza la agenda de la Cámara baja, el estimado de gastos e inversiones presentados por el ministro Sergio Massa tendrá impacto real no solo en las cuentas públicas, sino también en la diaria de los ciudadanos, justo en un año marcado por una elección presidencial.

Para empezar, el trazo grueso del llamado proyecto de Ley de Leyes. El texto diseñado por el Ministerio de Economía –que en total ocupan casi 5000 páginas– plantea como variables macroeconómicas un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% –cumpliendo la meta del FMI– y una inflación del 60% –muy por debajo del 95% estimado para este año–. En total, el gasto público será de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Se trata de un Presupuesto “realista”, a entender del massismo, pero con ajuste, a juzgar por el aumento moderado que se les otorgó a algunos ministerios por debajo del estimado de inflación –Educación, Turismo, Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Mujeres–. Si bien no se prevé que haya una devaluación, ni cambios importantes como pide el macrismo de reforma de la movilidad jubilatoria de carácter laboral, sí habrá aumento de tarifas a los servicios de luz, gas y agua, principalmente por la quita de subsidios.

Tarifas, entonces, será el impacto más directo y tangible en la economía familiar. Luego hay un sinfín de otras medidas de política económica que de alguna u otra manera podrán tener consecuencias en el bolsillo, de acuerdo al detalle de varios de los artículos que integran el proyecto de ley, algunos de los cuales fueron incorporados en los últimos días. El Presupuesto abarca a la macro, pero también a la microeconomía. Aquí, una guía para conocer las claves más importantes:

La micro: el bolsillo de la gente

La macro: el bolsillo del Estado

MC/MG