El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

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En el centro de cuestionamientos por su patrimonio y viajes privados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó su agenda pública con una estrategia clara: mostrarse activo, acumular reuniones políticas y exhibir respaldo interno para disipar las versiones sobre una eventual salida del cargo. En paralelo, desde la cúpula del Gobierno salieron a reforzar su figura y a ordenar la agenda hacia el terreno legislativo.

Tras su reaparición pública con una conferencia de prensa este miércoles, avanzó con una intensa agenda de gestión. Desde la Casa Rosada, Adorni encabezó una serie de reuniones con ministros y referentes del oficialismo, en un intento por dejar atrás la polémica y proyectar normalidad. Entre los encuentros más destacados figuró el que mantuvo con Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con quien buscó recomponer el vínculo tras tensiones recientes.

La reunión con Bullrich no fue casual. En las últimas semanas, ambos habían protagonizado cruces indirectos en medio de la controversia por los viajes del funcionario. Sin embargo, el encuentro en Balcarce 50 buscó transmitir una señal de unidad. “Se viene el primer paquete de reformas”, sostuvo la senadora tras la reunión, en referencia a la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

En esa línea, Adorni también recibió al ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien avanzó en el envío de pliegos judiciales al Congreso. La seguidilla de encuentros incluye además a funcionarios clave como Sandra Pettovello y Diego Santilli, en una agenda que apunta a reforzar la imagen de gestión en marcha.

El despliegue no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para correr el foco del escándalo y reposicionar la discusión en torno a las reformas estructurales. El jefe de Gabinete anticipó el envío de un paquete de leyes que incluye cambios en propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares y reformas al Código Penal, entre otras iniciativas.

El funcionario reapareció esta semana con una conferencia de prensa en la que buscó cerrar filas frente a las denuncias. Allí defendió su patrimonio, evitó dar precisiones sobre el financiamiento de su viaje a Punta del Este y marcó límites: “Mis decisiones de gastos las voy a hablar solo ante un juez. Yo hago lo que quiero con mi dinero”. También sostuvo que “todo lo que tenía que declarar, está declarado” y denunció una campaña para desgastar al oficialismo.

El respaldo interno fue otro de los pilares en la respuesta del Gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió públicamente a sostener al funcionario con un mensaje directo: “Mi apoyo, intacto”. La funcionaria, considerada una de las figuras de mayor influencia en el entorno presidencial, buscó así cerrar filas en un momento de creciente presión política.

A ese respaldo se sumaron gestos del gabinete y la coordinación comunicacional con el asesor presidencial Santiago Caputo, en un intento por ordenar la narrativa oficial y amortiguar el impacto mediático. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo algunos sectores reconocen que el episodio dejó al jefe de Gabinete “golpeado”.

La polémica se originó a partir de la difusión de viajes privados -incluido uno a Punta del Este- y se amplió con versiones sobre bienes no declarados. A esto se sumaron cuestionamientos por su ausencia en el Congreso y críticas a su desempeño comunicacional. Incluso desde el propio espacio libertario surgieron voces disonantes, como la del escritor Nicolás Márquez, quien pidió su renuncia para evitar mayores costos políticos.

Pese a ese escenario, en la Casa Rosada descartan cambios en el gabinete. La apuesta oficial es sostener a Adorni, reforzar su exposición pública y avanzar con la agenda legislativa para recuperar la iniciativa política.

CRM

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazó rápidamente las coordenadas para encauzar los múltiples casos de corrupción que apuntan de lleno a la cúpula del Gobierno: trasladar todos los expedientes al fuero criminal federal sito en la calle Comodoro Py y cuestionar la legitimidad de las denuncias, con la teoría del fruto del árbol prohibido como dé lugar.

Hombre que camina por Comodoro Py como si fuera su casa; con terminales en las diferentes vertientes y disidencias del PRO, desde los primos Macri y Daniel Angelici a Horacio Rodríguez Larreta; y nexos fluidos con los servicios de Inteligencia y el Grupo Clarín, Mahiques sabe de lo que habla. Todas esas intersecciones llevaron al ministro a ser ungido por Karina Milei y su hermano, condición indispensable para ocupar una silla en el Gobierno ultraderechista.

La estategia de defensa elaborada por Mahiques repercute en expedientes que involucran a Javier y Karina Milei como la presunta criptoestafa $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el nexo del procesado por narco Federico “Fred” Machado y José Luis Espert, y la vida lujuriosa de Manuel Adorni.

En un cono de sombras sobre gastos exorbitantes y multiplicación de viviendas asociadas a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el titular de Justicia lanzó un fuego de artificio para tratar de ensuciar la causa más urgente. Apeló a un video, que el Gobierno asocia a espionaje ilegal, para invalidar el expediente en el que el jefe de Gabinete debe dar cuenta de quién pagó los vuelos privados de ida y vuelta desde San Fernando a Punta del Este en el feriado de carnaval, a un costo de US$9.000.

El registro fílmico en el que se ve a los Adorni y al oportunista acomodado en la TV Pública Marcelo Grandio en la partida del 12 de febrero salió a la luz horas después de que elDiarioAR publicara los detalles horarios, pasajeros, matrícula de la nave, precio y declaraciones juradas de ingreso y salida. No hay indicios de que esa filmación fuera producto de inteligencia ilegal, ni tiene ninguna relevancia ante el cúmulo de documentos, fotos y facturas que comprometen a Adorni. Pero Mahiques lo tiró y la prensa oficialista se dedicó a atizar las llamas. Un último capítulo lamentable fue la difusión de la identidad de quien supuestamente registró a los Adorni, tras una “investigación” de Casa Rosada.

“Podríamos averiguar el tema de alguna facturita”, dijo la voz del propio Mahiques en el grupo de Telegram cuando jueces federales, fiscales, funcionarios de Larreta, espías y ejecutivos tramaban delitos para esquivar la investigación por la excursión de lujo al paraíso patagónico de Lago Escondido al que invitó el Grupo Clarín, en octubre de 2022. El entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue el gestor para arrancar la causa de los tribunales federales de Bariloche para aterrizarla en Comodoro Py. En la Navidad de diciembre de 2023, con Milei recién asumido, el juez Sebastián Ramos se ocupó de liquidar el investigación para siempre. Mahiques se anotó un poroto ante sus pares.

La “facturita” de Lago Escondido sentó un precedente que Adorni ahora utiliza. En otro anticipo de elDiarioAR, apareció un comprobante del vuelo de regreso a nombre de Grandio emitida por el broker de vuelos y piloto de Consultatio Agustín Issin. Sobre esa factura, hay que prestar atención a la fecha: 9 de marzo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su programa en La Nación Más que el jefe de Gabinete había viajado en vuelo privado a Punta del Este en los días de Carnaval. La facturita que hizo aparecer Adorni esta semana soluciona poco. El funcionario quedó demudado a la hora de explicar cómo pagó unos US$14.000 en vuelos a Punta del Este y Nueva York entre febrero y marzo.

El propio Pagni resultó beneficiado en otro diciembre, pero de 2015, a días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, del abrupto final de una causa por espionaje ilegal que habría perpetrado el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Tras años de investigación pormenorizada de esa trama que combinaba a espías y periodistas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado también apeló al “fruto del árbol prohibido” para dar un carpetazo y archivar la denuncia que ella misma había impulsado.

En el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 3% de Karina, el intento de alegar espionaje ilegal sobre el amigo Diego Spagnuolo tiene todo un recorrido. Comodoro Py parece estar calentando motores para otro sablazo con el sello de Mahiques. Los interesados en la teoría del fruto del árbol prohibido son empresarios de laboratorios que pagaban coimas, lobistas y funcionarios que sirvieron a Macri y hoy a los Milei. En $LIBRA, en tanto, el ministro también intentó fraguar un argumento de “contaminación” del peritaje que expone un aluvión de indicios sobre pagos directos de los cripto gángsters a los hermanos Milei.

Contra viento y marea, el fiscal Eduardo Taiano reza para el cajón de su escritorio no se abra.

¿Y Espert?

Necesidad y urgencia

El exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez a cargo de la instrucción. Con un sinnúmero de ingresos y egresos de fondos que no cierran, Espert tiene sus bienes inhibidos, a la espera de datos solicitados a la Justicia de Guatemala que podrían probar que su benefactor Machado había montado una falsa explotación minera como vehículo del lavado. Dispositivos incautados a Machado tanto por tribunales argentinos como de Texas, donde se lo investiga por presuntos fraude y narcotráfico, podrían aportar más detalles sobre su vínculo con Espert.

El juzgado de Mirabelli no es un lugar cómodo para Espert, un economista cuyo ascenso en la política estuvo íntimamente ligado a los Milei y personajes surgidos de las redes como Spagnuolo y Adorni. La llegada de Mahiques a Justicia reactivó en Espert esperanzas de mudar el expediente de San Isidro a Comodoro Py.

El 16 de marzo, el aguerrido abogado de Espert, Alejandro Freeland, presentó un pedido ante le juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para concentrar la investigación allí. Se trata del mismo juez que toleró el tenaz empeño del fiscal Taino de adormecer la investigación de $LIBRA.

El argumento de Espert es que el juzgado federal 8 de CABA, a cargo de Martínez de Giorgi, tiene radicada una denuncia presentada el 19 de abril de 2021, cuando salió a la luz que Machado le había prestado sus aviones para la campaña presidencial de 2019. El expediente hibernó durante cuatro años y recién mostró señales vitales cuando se inició la causa por supuesto lavado en San Isidro, a raíz de la información del pago de US$200.000 de Machado a Espert publicada por este diario.

Por ahora, Martínez de Giorgi solicitó a Mirabelli, su par de San Isidro, una “certificación” del expediente. Es decir, un informe que exponga cuáles son los delitos investigados y quiénes son los imputados.

En San Isidro lidian con ese intento desde que comenzaron a investigar a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, en octubre pasado. Además del hecho de que, en pocos meses, el expediente alcanzó muchos más resultados que el de Comodoro Py en cuatro años, fuentes judiciales argumentan que el intento de Espert es vano. “Son dos objetos procesales distintos. En Comodoro Py se investiga el uso de los aviones durante la campaña, así está delimitado, mientras en San Isidro se sigue el posible lavado de dinero a partir de la transferencia realizada por Machado en enero de 2020”, indicó una voz.

La ruta de esos US$200.000 llevó a una realidad económica y financiera de Espert y su pareja, Mercedes González, con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, la compra de la vivienda en la que viven en Beccar, escriturada en US$ 487.000 días después de la elección presidencial de 2019, un BMW deportivo de alta gama adquirido en 2020, fideicomisos conformados con hermanos e hijos armados desde entonces, pagos recibidos en el exterior que no habían sido declarados y otros indicios que apuntalarían enriquecimiento ilícito.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones

El expediente de San Isidro aportó recientemente dos novedades, que motivaron la prórroga de la inhibición sobre sus bienes por 90 días a partir del 9 de marzo pasado.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones “sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

Además, se conoció la participación de Mercedes González en el fideicomiso Costa Dunas, al que aportó un pago de US$55.501 y de $50.893.221,38 el 18 de febrero de 2025, que serían cuotas de un monto pactado mucho mayor.

Con esos datos inquietantes, el juzgado de San Isidro dispuso extender la prohibición de innovar sobre bienes y activos financieros de la pareja, y de los bienes muebles del fideicomiso El Encuentro de Castello, el condominio con sus dos hijos, y Killaco SA. El juez Mirabelli también dispuso un embargo sobre los fondos de González en el fideicomiso Costa Dunas.

Así las cosas, la ruta hacia Comodoro Py se transformó en indispensable para Espert. Mahíques se podría ocupar del resto.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Juan Bautista Mahiques será ungido oficialmente este jueves a las 12 como ministro de Justicia. En esa oportunidad conocerá al presidente Javier Milei y estará rodeado por muchos jueces y fiscales que respaldan su designación.

En esa jornada, además de figuras del Poder Judicial que conocen a Mahiques desde hace 20 años, cuando ingresó como meritorio, estará el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola. 

Viola, que estuvo junto a Eduardo “Lule” Menem en la tarde del miércoles en la Casa Rosada, es un hombre de total confianza para Karina Milei y asumirá como viceministro de la cartera judicial. Será el reemplazo de Sebastián Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo pero que se enteró en vivo de su salida del cargo.

Mahiques, mientras tanto, se reunió este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la previa de su jura.

Cerca de Mahiques señalan que el verdadero nexo entre la administración libertaria y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, precisaron. Otras fuentes de La Libertad Avanza responsabilizan a Viola como la persona que consiguió que Mahiques conozca a la influyente hermana del Presidente.

A medida de que transcurrieron las horas desde que salió a la luz que Mariano Cúneo Libarona estaba fuera de su cargo, una decisión que el abogado había tomado el 23 de octubre, aparecieron distintas voces oficialistas que se esforzaron en señalar que el movimiento en la cúpula del ministerio no fue un avance de Karina Milei contra Caputo. Al contrario.

Primero, porque hubo conversaciones entre ambos por quién iba a conducir el ministerio, además de analizar si Amerio podía recalar en otra área del Estado gracias a este acuerdo entre los dos integrantes del triángulo de hierro. Por el momento, el ex funcionario se mantiene en silencio y no hubo quien desmienta esta posibilidad en el oficialismo.

En el karinismo tampoco le dan crédito a las versiones que hablan de un duro enfrentamiento y solo responden que las jugadas de las últimas horas y los análisis sobre quién ganó y quién perdió con el cambio de ministro “son a libre interpretación de cada uno”. No hay intenciones de que aparezca un conflicto luego de las victorias categóricas que consiguió el espacio violeta en el Congreso.

Con información de la agencia NA

Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

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