Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza no se refleja en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

AR/MG

Si bien la tasa de actividad económica se mantuvo prácticamente sin cambios, en 48,6%, lo que indica que no hubo un retiro masivo de personas del mercado laboral, la presión sobre el empleo se intensificó: 7,5% de desocupación a fines de 2025 y principios de 2026, un tercio de la población activa buscando trabajo o queriendo cambiar el actual y 30% más de informalidad laboral. 

Persiste una brecha salarial y el empleo formal suele superar en ingresos a la informalidad. Casi la mitad del mercado laboral opera por fuera de los marcos formales, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

A esto se suma una tasa de subocupación del 11,3%, que refleja a quienes trabajan menos horas de las deseadas y buscan ampliar su jornada.

Empleados que buscan empleo

Casi el 23% de la población activa atraviesa una crisis laboral, inclusive con 3,7 millones de personas con empleo que buscan otro trabajo o más horas para poder llegar a fin de mes. 

Córdoba es el caso más crítico: 35,4% de presión laboral más de 1 de cada 3 con problemas de empleo o ingresos. 

Se los llama “ocupados demandantes”: trabajan, pero necesitan más porque el sueldo no alcanza, según IERAL de Fundación Mediterránea.

La población económicamente activa pasó de 14,53 a 14,60 millones de trabajadores, o sea, que no hubo una entrada masiva al mercado, sino que el desequilibrio estuvo del lado de la demanda de empleo, que bajó de 45,4 a 45%.

No sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que además se destruyó empleo neto.

Más de un millón de personas se encuentran sin empleo en los principales centros urbanos del país, lo que confirma un cambio de clima en el frente laboral.

La economía no logra absorber la demanda de trabajo al ritmo necesario, y comienzan a emerger tensiones que trascienden el número puntual del desempleo.

La presión laboral no solo incluye a quienes buscan trabajo y no lo consiguen, sino también a quienes, aun estando ocupados, intentan cambiar o ampliar su situación laboral.

En el cuarto trimestre, ese universo alcanzó el 30% de la población económicamente activa, un nivel que refleja con claridad la fragilidad del esquema actual.

La tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0 p.p., mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7 p.p. 

Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables. 

Los mayores aumentos en la desocupación se registran entre los jóvenes de 14 a 29 años, tanto en varones como en mujeres, con subas superiores a los tres puntos porcentuales en el último año. 

Se trata del segmento más vulnerable del mercado laboral, donde la inserción es más precaria y la rotación más alta.

Demanda concentrada

En cuanto a la distribución de las vacantes ofrecidas, existe una fuerte demanda de perfiles técnicos y tecnológicos, mientras la oferta laboral es alta en sectores operativos, enfrentando brechas de talento en áreas de especialización, especialmente tecnología.

La demanda en las empresas se concentra en desarrolladores de software, expertos en IA, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad e ingenieros DevOps; en técnicos e ingenieros industriales, eléctricos y químicos para minería y petróleo, en agroindustria y comercio/ecommerce, en ejecutivos de cuenta y vendedores y enfermeros e instrumentadores quirúrgicos, según datos recientes de Bumeran, Fortuna y Argentina.gob.ar.

La oferta de trabajadores presenta una alta disponibilidad de mano de obra en niveles operativos, pero escasez en perfiles calificados (ingenieros, programadores).

En la estructura del mercado laboral crece la figura del monotributista. 

Ya hay más de 4,7 millones de trabajadores adheridos al monotributo a finales de 2025, un máximo histórico. 

Este régimen se consolidó como una alternativa principal a la informalidad, aunque el 85% se concentra en las categorías más bajas. Se registran 2 millones que tienen al monotributo como ocupación principal.

Con información de NA.

“Esto me mató porque ahora no tengo obra social y una de mis tres hijas tiene una enfermedad que necesita medicación… por suerte me la consigue gente amiga”, cuenta Marcelo Coronel, despedido del Ministerio de Cultura por el gobierno de Javier Milei que ahora se dedica a alquilar pantallas, luces y parlantes propios y de conocidos para eventos. Es una changa informal para complementar el bajo sueldo de su esposa en una casa de comidas. “La estamos pasando pésimo. Encima es complicado lo mío porque la gente no gasta un peso y menos en joda”, lamenta Marcelo.

Él es uno de los 50.000 empleados estatales echados a los que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tachó de manera indiscriminada de “ñoquis” en una entrevista con Luis Majul. Cuando este periodista le preguntó si no era cruel, Sturzenegger le contestó que interrogaba mal y que debía indagar sobre cuántos empleos había generado el sector privado gracias a que había bajado el gasto público y así también algunos impuestos. Majul le recordó que la desocupación subía, pero el ministro respondió que había 200.000 puestos de trabajo más que hace un año… se olvidó de aclarar que eran en negro, informales o no registrados, como se los prefiera llamar.

No es de extrañar: el gobierno de Milei promovió dentro de la ley Bases, aprobada por la oposición ahora no tan dialoguista, una reforma laboral que eliminó las multas por emplear sin aportes a la Seguridad Social. Se suponía que era una medida para abaratar el costo de despedir e incentivar así la formalización, pero al mismo tiempo constituyó una despenalización de los contratos sin registro. Lejos de lograrse una exitosa moratoria laboral en 2024, terminó ocurriendo una flexibilización laboral de hecho vía trabajo no registrado.

En el primer trimestre, los puestos de trabajo totales de la economía crecieron 1,1% interanual, alcanzando 22,7 millones. “El incremento de puestos por cuentapropistas/no asalariados (+4,7%) y, en menor medida, los asalariados informales (+0,8%) más que compensaron la caída de los puestos de trabajo asalariados formales (-0,6%)”, señaló la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti. Esa “merma se concentró en los asalariados privados formales (-0,9%) ya que los del sector público cayeron mínimamente (-0,1%)”, continúa el análisis.

Los sectores que más empleos perdieron

“Los sectores donde más puestos de trabajo se destruyeron fueron industria (-3,1%) y servicios sociales y salud (-4,3%) mientras que los que más se crearon fueron en comercio (+3,8%), hoteles y restaurantes (+13,9%) y transporte (+6,1%)”, prosigue Equilibra. “Los puestos de trabajo creados, mayormente cuentapropistas e informales, están asociados a sectores donde abundan los empleos de plataformas, como pedidos de comidas o transporte de personas”, completa la consultora. Por eso, Rapetti tweeteó en la red X: “Se extingue el operario industrial y lo reemplaza el chofer de Uber y el repartidor de Rappi. El empleo privado formal sigue cayendo pero más que se compensa con aumento del cuentapropismo. Encima trabajan mas horas para compensar menos ingresos”.

Pero Daniel Schteingart, director de planificación productiva de la fundación Fundar, que elaboró un informe sobre informalidad laboral, aclara que los trabajadores de Uber y Rappi son formales porque facturan como monotributistas y, como tales, aportan a la Seguridad Social para tener cobertura sanitaria y futura jubilación. Esto es independiente de la discusión de si se trata de una relación de dependencia encubierta. “Son un porcentaje muy chico de la economía”, aclara Schteingart. En cambio, son empleados a quienes sus patrones no les aportan.

“Si pedís un aumento de $1.000 o 2.000 por hora, te echan, imaginate si vas pedir que te empleen en blanco”, comenta Yelenis Rojas, que emigró con sus tres hijos desde Venezuela en 2023, primero cuidó ancianos y ahora limpia casas particulares. “Me gustaría trabajar en blanco por los beneficios que tiene, para la salud, para tener a futuro una jubilación”, se ilusiona Yelenis.

“Un ejemplo es un empleado de un kiosco o una empleada doméstica”, explica Schteingart. Además están los cuentapropistas informales: “Manteros, feriantes, albañiles, que no están inscriptos en el monotributo. Son los que más crecen. Empleados industriales despedidos que ahora hacen changas, obrero de la construcción que estaba en blanco y ahora trabaja como albañil y cuentapropistas mujeres, que vienen creciendo desde hace años, que con la baja de la natalidad buscan trabajo y no encuentran y se arman, por ejemplo, su propio emprendimiento de elaboración de comida”, ejemplifica el experto de Fundar.

En la asociación De Puertas Abiertas, que apoya a microemprendedores, lo perciben. “Notamos desde el año pasado un aumento en la cantidad de personas que se acercan necesitando emprender”, cuenta el codirector de De Puertas Abiertas, Mateo Verrastro. “Necesitan activar una fuente laboral nueva para poder sobrevivir, ya sea porque no les alcanza o porque perdieron su trabajo. Además nos sorprendió notar que en una reunión de ingresantes a nuestro programa de capacitación la mitad contaban que habían tenido que cerrar su local y estaban viendo cómo reinventarse para sobrevivir”, cuenta Verrastro.

9 millones de trabajadores informales

“La informalidad laboral es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo argentino”, advierte Fundar. “Suele estar asociada a malas condiciones laborales, bajos salarios y falta de derechos básicos. En el país, el 36% de los asalariados trabaja de manera informal. Si sumamos a los trabajadores independientes, la cifra asciende al 42%. Esto equivale a casi 9 millones de personas con empleo informal: 5,5 millones son asalariados y 3,3 millones, cuentapropistas. Entre los trabajadores independientes, la cifra sube al 57%”, continúa el reporte.

“Nueve de las doce provincias con mayor informalidad asalariada pertenecen al Norte Grande”, analiza Fundar por regiones. “En distritos como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los asalariados trabaja en la informalidad. En el otro extremo, las seis jurisdicciones con menor informalidad son las cinco provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires, que no casualmente figuran entre las regiones más ricas del país. En esos casos, la informalidad asalariada es inferior al 30%, y en provincias como Tierra del Fuego y Santa Cruz, incluso menor al 20%”, prosigue la entidad.

“En general, existe una correlación clara entre el nivel de desarrollo económico —medido por el PBI per cápita o la densidad empresarial— y la informalidad laboral”, explica Fundar. “Además, su estructura productiva está concentrada en actividades con alta informalidad relativa, como el agro. A esto se suma el menor poder adquisitivo de la población, que empuja a una mayor informalidad en el consumo (para pagar menos, a costa de la evasión impositiva), lo cual también desalienta la formalización en sectores como el comercio.”

La informalidad está nueve puntos porcentuales por encima a los años 80. Pero este aumento no fue lineal: puede dividirse en al menos cuatro etapas, según Fundar. La primera fue de 1986 a 2003, cuando la informalidad asalariada saltó del 26,9% al 49,4%. “El proceso de desindustrialización iniciado en los 70 tuvo como contracara la destrucción de buena parte del entramado productivo que había caracterizado a la Argentina durante gran parte del siglo XX. Esto se tradujo en un crecimiento sostenido del empleo informal. Incluso en los 90, cuando la economía crecía con fuerza, la informalidad siguió aumentando. Mientras se destruían puestos registrados, crecían ocupaciones en sectores que históricamente funcionaban por fuera de la legalidad. A su vez, las instituciones encargadas de regular las condiciones de trabajo, como el Ministerio de Trabajo o, más adelante, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), perdieron capacidad de respuesta: no fiscalizaban ni promovían activamente la formalización”, recuerda el estudio.

La segunda etapa comenzó tras la crisis de la convertibilidad. “La fuerte recuperación económica permitió reducir los niveles de informalidad, impulsada tanto por la reactivación como por un fortalecimiento institucional: se reintrodujeron convenios colectivos suspendidos en los 90 y los organismos de control comenzaron a intervenir con más fuerza. Entre 2003 y 2011, la informalidad bajó de forma acelerada. Entre 2011 y 2015 la baja continuó, pero de forma mucho más lenta. En ese período de estancamiento económico, la formalización fue casi exclusivamente producto del aumento del empleo público, y ya no del dinamismo del empleo privado formal, que había sido clave en los años anteriores”, rememora Fundar.

“La tercera etapa comienza en 2015, con un nuevo ciclo ascendente de la informalidad asalariada, aunque de menor intensidad que el del final del siglo XX”, continúa el informe. “Entre ese año y 2024, la informalidad volvió a crecer, pasando del 32,6% al 36%. La suba de la informalidad en la última década se explica sobre todo por el estancamiento económico. Desde 2011, el empleo asalariado formal en el sector privado prácticamente no creció. Y, contrario a lo que suele pensarse, es justamente este tipo de empleo el más sensible al ciclo económico. En cambio, el empleo informal asalariado y el trabajo no asalariado muchas veces crecen incluso en contextos de crisis.”

La tasa de informalidad entre asalariados del 36,2% es seis puntos menor al promedio simple de los países de América Latina (42,6%), pero es notoriamente más alta que en países como Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23,6%), aunque más baja que en Bolivia (53,7%), Perú (57,7%), Paraguay (58,6%), México (62,4%) o Guatemala (71,5%). “En líneas generales, se observa una fuerte correlación entre el PBI per cápita y los niveles de informalidad. No sorprende que Uruguay y Chile, entre los países más ricos de la región, tengan tasas de informalidad más bajas. Tampoco resulta extraño que los países centroamericanos, los más pobres de América Latina, estén entre los más informales. Sin embargo, aunque la relación entre ingresos y formalidad es clara, no lo explica todo. El caso de Argentina lo ilustra bien: si bien su informalidad es menor al promedio regional, es mayor que la de varios países con menor ingreso per cápita, como Brasil o Colombia”, señala Fundar.

“Un posible factor que explica esta brecha es la relativamente alta presión tributaria sobre el trabajo en Argentina, que encarece la contratación formal”, opina el informe curado por Schteingart. “La informalidad está asociada a las normativas que regulan el empleo asalariado. Esas normativas implican costos, como aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social, que varían mucho entre países. En contextos donde las reglas son más laxas y los costos de registrarse son menores, es más probable que aumente la formalidad. Pero esta menor presión también tiene un costo: reduce la capacidad de los estados para financiar sus sistemas de seguridad social”, concluye Fundar, que preside el empresario Sebastián Ceria.

No obstante, estas afirmaciones también pueden discutirse. Países con bajos aportes patronales como porcentaje del salario, como Perú (9% al 10%) y Guatemala (13%), igualmente son reinos de la informalidad. Es cierto que Uruguay (15%) y Chile (4%) cobran poco por empleado. Pero en Brasil se tributa más (del 26% al 29%) que en la Argentina ( del 24% al 27%). Y en países donde predomina la registración como los europeos se paga más en Francia (del 25% al 35%), España (32%), eItalia (del 29% al 32%), aunque menos en Alemania (20%).

AR/MG

La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 42% de la población ocupada en los 31 principales aglomerados urbanos del país, en el cuarto trimestre de 2024, según el último informe del INDEC elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Esto significa que más de 5,7 millones de personas trabajan sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud o licencias laborales.

El informe destaca que el fenómeno no es homogéneo: afecta con más fuerza a jóvenes, mujeres y trabajadores independientes. Entre las personas menores de 29 años, la tasa de empleo informal se dispara al 58,7%, mientras que entre las mujeres es del 43,4%, frente al 40,9% en varones.

Por tipo de ocupación, los trabajadores por cuenta propia son el grupo más afectado, con una informalidad del 62,4%. Le siguen el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%) y el comercio (51,9%), sectores históricamente vinculados al trabajo precario y con escasa fiscalización.

El análisis del INDEC también revela que el 21,6% de las personas con empleo informal se desempeña en unidades económicas del sector informal (es decir, no registradas oficialmente), mientras que un 11,8% lo hace incluso en el sector formal, lo que evidencia prácticas irregulares dentro de empresas formalizadas.

Un 4,8% trabaja en hogares como personal doméstico sin estar registrado.

En el caso del trabajo asalariado, el 35,8% de los ocupados no tiene aportes jubilatorios. De ese grupo, casi el 84% directamente no realiza ningún tipo de aporte.

A lo largo de 2024, la tasa de informalidad mostró leves oscilaciones pero se mantuvo alta, cerrando el año con solo una décima menos que en el tercer trimestre.

El informe también advierte sobre la persistencia de prácticas parcialmente informales dentro del empleo registrado: un 3,8% de los asalariados formales cobra solo una parte de su sueldo por recibo.

MM con información de la agencia NA.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2024 afectó a 122.500 personas, es decir al 7,3% de la población económicamente activa, lo que implica un incremento frente al 6,8% registrado para el mismo periodo del año pasado, según reveló el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Del total de porteños que se encuentran desempleados, un 51,7% son hombres y el 48,3% son mujeres. En cuanto a la formación educativa alcanzada por la población desocupada, el 54,9% declara tener nivel medio completo o superior incompleto, mientras que aquellos que tienen estudios universitarios completos alcanzan el 23%, un aumento de 8,2 puntos porcentuales frente a la medición previa.

El informe precisó que “el 71,3% de las personas en condición de desocupación se encuentran en búsqueda activa inferior a seis meses; un año antes este guarismo se colocaba en 60,9%”, mientras que “si se amplía la ventana a los últimos doce meses, el porcentaje de población desocupada asciende a 76,4%”. En tanto que “el desempleo que supera el año calendario denominado desempleo de larga duración abarca al 23,7% de la población desocupada”.

Por otro lado, reveló que “el 85,9% de la población en condición de desocupación tiene experiencia laboral previa (cesantes)”, de los cuales el 27,4% perdió su ocupación durante el año 2023 y otro 49,6% lo hizo en los dos primeros trimestres de 2024. Mientras que el 14,1% de los desocupados no tuvieron contacto con el mercado de trabajo con anterioridad.

El reporte arrojó que “la población activa (valor absoluto) disminuye 1,9% en el último año, producto de una baja de 4,3% en la población activa femenina y de relativa constancia en la masculina”, mientras que “la población ocupada (valor absoluto) decrece 2,4% en la comparación interanual”, exhibiendo también que “la caída ocurre entre las mujeres (4,5%)”.

Al mismo tiempo, puntualizó que “el 71,3% de la población ocupada trabaja en condición asalariada”, lo que representa una disminución de 4,0% en la comparación interanual, señalando que “la reducción en la tasa de asalarización ocurre especialmente dentro de la población femenina”.

Por otro lado, especificó que “al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios”, mientras que “al 26,1% de la población asalariada no le efectúan descuentos jubilatorios”. De esta manera, indicó que “el 7,8% aporta por sí misma a la seguridad social; el otro 18,3% no lo hace, por cuanto no tiene registro de ningún tipo en la seguridad social”.

Asimismo, el informe detalló que “el 12,5% de la población ocupada porteña registra pluriempleo (más de una ocupación)”, con un promedio de 43,5 horas semanales trabajadas en todas las ocupaciones. Además, precisó que “de la población ocupada pluriempleada, el 77,5% está en condición asalariada dentro de su ocupación principal”.

Otro aspecto que reveló el estudio es que “el 82,0% de la población ocupada se desempeña en unidades económicas de carácter privado”, sin contar el empleo doméstico en dicho porcentaje. En este marco, también indicó que “el 53,9% de la población ocupa puestos de calificación baja (operativa o no calificada)”.

A su vez, reveló que “en el segundo trimestre de 2024, la población que trabaja por su cuenta representa casi un cuarto de la población ocupada porteña (24,7%)”, remarcando que “se trata del registro más alto de la serie histórica”, al exhibir que “en volumen esta categoría ocupacional crece 5,4% con respecto a un año atrás”.

El informe completo

Con información de agencias.

IG

Un informe publicado hoy por el Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 35% de las personas con empleo en Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este dato se basa en los análisis del primer trimestre de 2024 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) e indica un preocupante escenario para los trabajadores del país.

“Estamos frente a un récord creciente de personas que tienen trabajo pero son pobres ya que sus ingresos familiares no alcanzan a cubrir una canasta de bienes y servicios básicos. Se trata de un fenómeno que se incrementó en los últimos años y aumentó significativamente en el último semestre (es decir en bajo la presidencia de Javier Milei)”, dice el informe, al que tuvo acceso elDiarioAR.

El estudio no solo señala el alto porcentaje de trabajadores pobres sino también un alarmante aumento del 32,4% en la tasa de desocupación entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024. Esto se traduce en un total de 1.088.000 personas sin trabajo, marcando un incremento de 265.950 nuevos desempleados en ese periodo.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei, un total de 1.088.000 personas se quedaron sin trabajo, lo que significa un incremento de 265.950 nuevos desempleados en ese periodo, según el informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El fenómeno de los trabajadores pobres, aquellos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, se agudizó en los últimos años. A finales de 2023, el 34,9% de los ocupados ya se encontraba en esta situación, una cifra que sigue en ascenso debido al continuo aumento de la canasta básica total. En comparación con 2017 (el segundo año de la presidencia de Mauricio Macri), los ingresos promedio de las personas ocupadas han caído casi un 40%, con una notable disminución del 14% en los últimos seis meses.

La relación entre empleo e ingresos en la Argentina actual muestra que conseguir un trabajo no garantiza una mejora en las condiciones de vida. El nivel de empleo es similar al observado tras la salida de la pandemia en el tercer trimestre de 2021, mientras que la tasa de desocupación aumenta de manera desproporcionada en comparación con el descenso de la tasa de empleo y actividad.

El informe académico también destaca que 404.000 personas dejaron de estar ocupadas entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, lo que representa una caída de 3 puntos porcentuales. De estos, 265.000 se sumaron a las filas de los desempleados y 139.000 se convirtieron en subocupados demandantes, es decir personas que trabajan menos de 35 horas semanales y siguen buscando empleo.

El análisis de los sectores económicos muestra que la construcción ha sido el más afectado, concentrando el 42,7% de los empleos perdidos. Este sector es conocido por sus altas tasas de precarización e informalidad, y la paralización de la obra pública ha sido una de las principales causas de su declive. Otros sectores gravemente afectados incluyen el comercio y los servicios financieros e inmobiliarios, directamente vinculados al poder adquisitivo y la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras.

JJD

“No sé cómo leyeron tan rápido el DNU y salieron a protestar”, ironizó el doctor en economía Federico Sturzenegger, y autor del decreto de necesidad y urgencia que busca desregular buena parte de la economía, sobre el cacerolazo que se organizó tras el sucinto mensaje de Javier Milei por cadena nacional en el que anunció 30 titulares noticiosos sobre el paquete.

Sturzenegger está ante su tercera oportunidad en la administración pública nacional: la primera fue como viceministro de Economía en 2001, en la peor crisis política, económica y social de la historia reciente de la Argentina; la segunda, como presidente del Banco Central entre 2015, cuando sostenía que los tarifazos de energía no traerían inflación, hasta 2018, cuando debió renunciar en medio de una devaluación descontrolada del peso. Hace un año y medio empezó a trabajar en la revisión de regulaciones que él consideraba que atentaban contra el libre mercado. Lo hizo pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Tras la primera vuelta electoral, se puso a disposición de Milei. No todo el DNU es de su autoría: por ejemplo, la flexibilización laboral que abarata el despido no es suya, aunque la comparte. Tampoco se le ocurrió a él facilitar que las asociaciones civiles como los clubes se conviertan en sociedades anónimas, un anhelo de Mauricio Macri.

Pero su megaproyecto incluía un capítulo que terminó “¡afuera!”, como gritaría el Presidente. Sturzenegger quería derogar la ley 19.640 de promoción económica de Tierra del Fuego, según cuentan en los equipos de campaña de lo que era o es Juntos por el Cambio. Claro que una de las tres principales empresas beneficiarias de ese régimen de fomento de la industria electrónica es Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, Nicky, amigo de Macri pero además primo del ministro de Economía, Luis Caputo.

El megaproyecto incluía un capítulo que terminó "¡afuera!", la derogación de la ley de promoción económica de Tierra del Fuego. Pero una de las empresas beneficiarias de ese régimen es de Nicolás Caputo, primo del ministro del Economía, Luis Caputo.

Pero vayamos a ver lo que sí quedó dentro del DNU. Blapp, la consultora de asuntos públicos de Esteban Bicarelli que cuenta con un sistema de monitoreo legislativo y de los actos de gobierno en todo el país, elaboró un amplio informe de qué decían las leyes y artículos derogados y qué establece el nuevo DNU. Vamos por partes.

Ley laboral

Empecemos por la ley laboral, que es la que más afecta a los trabajadores:

Se limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales. Antes debían mantener guardias "mínimas". Ahora los llamados servicios esenciales deben mantener el 75% de sus operaciones

Alquileres, prepagas, tarjetas de créditos y empresas estatales

Otro aspecto trascendental es la derogación de la ley de alquileres, votada en 2020 y reformada en 2023, que establecía un plazo de tres años y actualizaciones cada seis meses de acuerdo con el índice de salarios o el de inflación, el que menos aumentara. Ahora se permite que se pague en cualquier divisa, no sólo en pesos, se establece que “el plazo de locación de inmueble será el que las partes hayan establecido”, en un juego en el que los propietarios tienen más poder que los inquilinos. “En caso de que no se haya establecido: 1. locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asienta el inmueble locado 2. en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, serán de dos años 3. para los restantes destinos será de tres años”, establece el DNU. “Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”, establece la nueva norma, otra vez a favor del más poderoso.

También se derogó la poco usada ley de alquileres turísticos, con lo cual el negocio de AirBNB respira tranquilo.

El DNU liberaliza los precios de la medicina prepaga y le permite que asuma el rol de las obras sociales. En el sector sanitario privado venían reclamando libertad de fijar las cuotas, pero nunca se imaginaron que además lo iban a autorizar a reemplazas a las entidades sindicales. Desde los 90, con el gobierno de Carlos Menem, las obras sociales tienen la opción de intermediar entre los aportes del empleador y el trabajador y el servicio privado, pero se quedan con hasta el 10% de la contribución. Ahora las prepagas ya no deberían dejarles ese peaje, pero pasarían a estar obligadas a las mismas prestaciones que una obra social. La dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) fue la que pactó con el gremialismo peronista para que los aportes a la salud fueran a las obras sociales, en lugar de sostener a los hospitales públicos. Ahora Milei quiere que los aportes puedan ir a las prepagas, sin intermediación de los sindicatos. ¿Y si probáramos de que los aportes vuelvan al sistema público de salud? En España es así y los ciudadanos en general prefieren atenderse en los hospitales que en las clínicas privadas.

El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito. Ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios. Se derogó una ley de 1958 que establecía “las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados”, pero aún no se tocó la fórmula de actualización votada en 2020. También echó por tierra con la ley de abastecimiento, que más que aplicarse servía sólo para lanzar amenazas. Desapareció la ley de góndolas, que debía mejorar la oferta en los supermercados, pero jamás se hizo realidad. Se echó por tierra el compre argentino que favorecía a los proveedores locales en las licitaciones, una norma votada por iniciativa del gobierno de Macri en 2018 y a la que recurren países capitalistas como Estados Unidos desde hace 90 años.

Se reconvirtieron las empresas estatales en sociedades anónimas para poder privatizarlas, como prometió Milei en campaña. Debió modificar una ley para incluir al Banco Nación en ese proceso y otra para que esta entidad pierda el monopolio de los depósitos de los poderes Judicial y Ejecutivo. Cuando se privatice, si llega a repetirse el modelo que adoptó el gobierno de Carlos Menem, de comprar las voluntades de los gremialistas dándole el 10% de cada empresa a los trabajadores, ya no regirán los bonos que los hagan participar de las ganancias de las compañías vendidas al sector privado. Así lo aclara el DNU. Aerolíneas Argentinas, en cambio, irá a manos de sus empleados y deberá afrontar la competencia en un mercado de cielos abiertos, sin regulación.

Se abolieron las leyes que limitaban la extranjerización de la tierra o su venta después de incendios provocados por la especulación inmobiliaria. Se le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la facultad de establecer precios mínimos que favorecían a los pequeños productores, pero Misiones promete crear su propia entidad para ello. También se abolió la obligación de envasar la yerba en las provincias que los producen, es decir, Misiones y Corrientes.

En los medios de comunicación se redujeron los límites a las licencias a nivel nacional y también local. Se liberalizó el servicio de Internet satelital para que Elon Musk, el mayor millonario del mundo, pueda pasar de los elogios por su red social X al ultraliberalismo de Milei a que su firma Starlink haga negocios en la Argentina. Al menos, los registros automotores, sobre los que sobrevuelan sospechas de curro, ahora deberán enfrentar la competencia de la Dirección Nacional del área, adonde podrán inscribirse directamente los vehículos, y a partir de mayo próximo tendrá que aguantarse que estos trámites se puedan hacer online. Pese al tamborileo mediático, suena a conquista justa pero acotada frente a tantos otros retrocesos para trabajadores o inquilinos.

AR/MG

El Gobierno creó un programa para fomentar la regularización y registración de trabajadores informales, que contempla una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo.

Se trata del Programa de Apoyo a la Registración (PAR) que se implementará en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).

Su lanzamiento se formalizó por medio de la Resolución 596/2023 del Ministerio de Trabajo, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el programa tendrá dos componentes:

La Resolución aclaró que el componente Registración Laboral tiene como objetivo fomentar el empleo registrado mediante el otorgamiento de un subsidio que apoye la contratación laboral bajo las modalidades reguladas por la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.

En este caso, podrán participar, en las condiciones que fije la reglamentación, las siguientes personas y empresas:

Las trabajadoras y los trabajadores que sean incorporadas/os por un/a empleador/a en el Componente Registración Laboral percibirán, en forma directa e individualizada, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo durante tres períodos mensuales continuos.

Por su parte, los empleadores que adhieran a este componente podrán contabilizar como parte del salario la ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, y abonarán a sus empleados, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral que corresponda.

En cuanto al componente de seguro de desempleo, el Gobierno dispuso que para establecer la cuantía de la prestación para trabajadores convencionados o no convencionados que no cuenten con declaración de remuneración mensual, normal y habitual, se considerará el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

El Poder Ejecutivo justificó la creación de este programa al señalar que el empleo no registrado “es una de las formas más extendidas y desprotegidas del trabajo”, que genera “la exclusión de los trabajadores que no gozan de la protección de las normas laborales y de los beneficios de la seguridad social”.

La resolución

Con información de NA.

IG

Mauro Del Barrio palpa de primera mano el consumo de la clase media que más riesgo corre de caer en la pobreza con la aceleración de la inflación. Con otro socios tiene dos confiterías en shoppings de La Matanza, en González Catán y San Justo. “Enero fue bueno, pero en marzo, cuando la gente volvió de las vacaciones y empezaron las clases, bajó un poco y abril fue malo. Los fines de semana las ventas cayeron 30% y los días de semana, a la mitad. Desde que a mediados de abril se conoció que la inflación de marzo había sido del 7,7%, fue como un tsunami, no se movió más el consumo y volaron los costos”, relata Del Barrio. “Antes la familia salía a un restaurante, ahora va a una hamburguesería porque le cuesta la mitad. Antes la gente salía a un bar, después pasó a una cervecería y ahora viene a tomarse un café con un budín por 1.000 pesos y se queda charlando dos horas. No por nada las confiterías se ponen de moda”, relata.

Antes trabajaba en la fábrica de calzado de su padre, pero no les fue bien con el gobierno de Mauricio Macri y apostó por los cafés en 2019. Entonces publicó búsquedas laborales en redes sociales y recibió 50 currículums en un día. “Era gente que estaba sin trabajo”, recuerda. Hace un mes volvió a buscar empleados para completar su plantel de ocho personas y le aparecieron 500 candidatos en una hora. “Muchos tienen planes sociales y no quieren entrar en blanco porque los pierden. Otra es gente con salario informal de 40.000 o 50.000 pesos por 10 horas de trabajo en pizzerías, delivery, gastronomía, almacenes de barrio, comercios de ropa. Es decir, gente con empleo pero que debe llegar a fin de mes con algún plan social. Son los nuevos pobres, no desocupados como en los 90 sino trabajadores que no llegan con sus ingresos y se van reciclando en la economía informal. A veces es gente que te falta en el periodo de prueba de tres meses, impuntuales, con mal léxico”, describe Del Barrio, que paga $ 115.000 por media jornada laboral.

El desempleo ha bajado al 6,3% en el último trimestre de 2022, desde el 9% en el final del gobierno de Macri y desde el 13% de la cuarentena de 2020, pero el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio cayó 8,6% en los tres primeros años de la administración de Alberto Fernández y acumula un bajón del 26,3% en los últimos cinco años, según el último “Informe sobre situación del mercado de trabajo” que elaboraron Mariana González y Cecilia Garriga en el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Allí, se advierte que la clase media ha sido la más perjudicada con el actual gobierno. Ese 40% de la población perdió el 11,3% de su ingreso laboral promedio ajustado por inflación, mientras que el 40% que vive en la pobreza retrocedió el 6,2% y el 20% más rico, 6,8%. Si se considera el periodo de 2018 a 2022, es decir, los dos últimos años de Cambiemos y los tres primeros del Frente de Todos, los pobres fueron los que más ajuste sufrieron, el 30,3%, frente al 28,8% de la clase media y el 22,5% de los trabajadores de clase media alta.

González y Garriga también analizaron el ingreso per cápita familiar, que incluye el laboral, las ayudas sociales y las jubilaciones y pensiones. En este caso también la clase media fue la que más resignó: el 12,4% en el gobierno actual y el 26,3% en el periodo 2018-2022. Las familias de clase media alta perdieron el 12,2% entre 2020 y 2022 y el 25,4% entre Macri y Fernández. En cambio, los hogares pobres cayeron menos en su poder de compra, sólo 4,3%, con el Frente de Todos, gracias a las asignaciones por hijo, la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, entre otros planes que quizá constituyan el motivo que evita un estallido social, pero el problema es que acumulan un 25,8% de descenso respecto de 2017.

“Sobra mes”

“Se come lo que se puede, y no lo que se quiere”, “en esta casa hace un año y medio que no se come carne vacuna”, “el problema no es que falte plata, es que sobra mes”, “aunque no me alcance la plata me tomo cuatro días de vacaciones porque si no la cabeza y me explota, y por los chicos: no les puedo hacer eso después de todo lo que sufrieron”, “la plata quema, no dejes para mañana lo que podes comprar hoy”, son frases que escuchan en la Consultora W, especializada en consumo masivo, durante los focus groups. Así lo cuenta su presidente, Guillermo Oliveto. Y aporta datos: en los autoservicios de barrio las ventas bajaron 11% en el primer trimestre del año, mientras que las de los comercios de indumentaria a la calle cayeron 12%. “Son dos indicadores que muestran la pérdida de poder adquisitivo en los sectores de clase media baja y baja no pobre ya que es donde más compran”, señala Oliveto. Agrega otra cifra más: en ese mismo periodo disminuyó 6,6% la comercialización de insumos para la construcción. “Es relevante porque la construcción es muy generadora de empleo en la clase baja superior”, apunta Oliveto.

Del Barrio, en su confitería del shopping de San Justo, con pocas mesas ocupadas un martes por la tarde, también analiza el fenómeno como político, pues integra la comisión de economía de la Convención Nacional de la UCR: “La pobreza es grave, crece, pero más me alarma la desigualdad social: hay sociedad que sobrevive, otra que invierte, se forma”. Es una descripción similar a la que hace un año hizo Luis Pagani, que acaba de dejar la presidencia de Arcor en manos de su hermano Alfredo: “Hay dos Argentinas: una que consume y otra que le cuesta llegar a fin de mes”.

Del Barrio agrega: “Como político, me acerco a barrios y no creo que (Javier) Milei pueda amalgamar todo el malestar social, dependerá de los minutos previos al llegar a las urnas. La experiencia de Macri hizo un quiebre en el electorado. Cuando kirchnerismo llegó a un límite en 2015, la población se encontró con la desilusión con Macri y por eso hace mella el discurso de Milei, pero no creo que se traduzca en votos. La gente no se ve como objeto de intercambio, como con el comercio de órganos que él propone, pero se queja de que el ascenso social es por el trabajo público, no el privado. La respuesta a todo es la democracia. La falta de respuestas lleva al 'tú puedes', pero la pobreza no se soluciona con esfuerzo individual, no se logra sin la intervención del Estado, pero tampoco con un Ministerio de Desarrollo Social que sea más importante que el de Producción. Ningún país prospera así. Pero para transformar planes sociales en productivos de país necesitamos definir qué le vamos a vender al mundo y tener en cuenta que la casi mitad del país es pobre, está poco calificada y por eso hay que tener en cuenta las industrias textil, del calzado y metalmecánica para lograr un rápido impacto en el empleo”.

AR

El dirigente del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, reveló que tan solo 9 millones de un total de 24 millones de trabajadores se encuentran registrados, es decir, forman parte del empleo formal, y reclamó medidas para el sector informal.

“No se ha avanzado en generar derechos al trabajador de la economía popular”, expresó en diálogo con la990.

En una clara autocrítica al Gobierno que integra, Pérsico contó que no hubo avances en los acuerdos planteados, y precisó que los trabajadores de la economía popular no fueron registrados como esperaba a través de la implementación de un monotributo social. “Hace mucho tiempo que está en el Parlamento y no se lo trato. No hubo ningún avance. Hubo conflicto social que se desmadró y se radicalizó”, demandó el dirigente social.

En la misma línea, planteó: “El Gobierno no avanzó en que el nuevo conflicto que es el del trabajo tenga una institucionalización dentro del Estado. El Ministerio de Trabajo sigue trabajando con los compañeros registrados que son 9 millones, que es una minoría”.

“De 24 millones de trabajadores que hay en la Argentina, solo 9 millones están registrados”, puntualizó, y respecto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), espacio que lidera, afirmó: “Representamos a los trabajadores que no tienen patrón, que pueden ser organizados en cooperativas, o compañeros que ante la crisis se han lanzado al trabajo como los cartones, trapitos, las mujeres que cosen en sus casas, los feriantes”.

Si bien develó que la UTEP conquistó la inscripción gremial, aclaró que no lograron el reconocimiento del sector ni la paritaria social. “El Estado toma decisiones arbitrarias, con los demás sectores discute, habla, pero no hay una mesa de diálogo”, cuestionó.

A pesar de formar parte de los movimientos sociales oficialistas, Pérsico admitió haber sido escuchado por el Gobierno, pero denunció falta de “valentía y decisión política para avanzar y mejorar muchos aspectos”. “Varias veces se habló de un Ministerio de Economía Popular y de una paritaria social, pero no hubo avances”, planteó.

Bajo la consigna “No al ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, la UTEP realizará un acto en el marco del Día Internacional del Trabajador en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Será a las 14, a posterior de una movilización convocada desde Plaza Constitución, donde se realizó la bendición del obispo Gustavo Carrara. 

Crítica a los formadores de precios

El dirigente del Movimiento Evita aclaró la sugestiva frase que lanzó respecto al pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre los empresarios de la alimentación que especulan con los precios en las góndolas. “Me llamó la atención que se asustaran con esa frase, y no tengan reparo sobre quiénes serían a los que habría que apretar para que bajen los precio”, se preguntó.

“Los empresarios subieron los precios a pesar del dólar blue”, se escudó Pérsico, y agregó: “Los subieron y no los bajaron. Es una estafa al pueblo argentino”.

Asimismo, manifestó: “¿Los empresarios tienen todo el derecho de apretarnos, subir los precios y después no bajarlos? Hay que hacer que los bajen. Tomaron la otra parte porque es la estigmatización constante. Parecería que los empresarios no tienen la obligación de mantener los precios acordes. No puede ser así, rompen el contrato social, y vamos a terminar mal”.

El respaldo a Sergio Massa y a Juan Grabois

Respecto al armado electoral, el dirigente social oficialista respaldó a su par del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones que integran la UTEP, Juan Grabois, quien se lanzó como precandidato a competir por el sillón de Rivadavia.

Para Pérsico, es “el mejor candidato de todos”, aunque admitió que llamará a votar al nombre que garantice que el espacio de Juntos por el Cambio, que tiene al expresidente Mauricio Macri como referente, no vuelva a ganar las elecciones. 

“Grabois tomó la definición de ser candidato, y es para nosotros el mejor candidato, pero vamos a ver las condiciones y vamos a votar el candidato que nos garantice que no vuelva Macri”, planteó.

Consultado respecto a la potencial candidatura del titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, el dirigente del Evita indicó que “puede ser candidato”, pero señaló que aún el titular del Palacio de Hacienda no ha definido correr en la carrera electoral.

CRM con información de la agencia NA

En cuatro de los últimos cinco años, el salario perdió poder de compra. En 2022, el índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) subió 90,4%, por detrás del 95% de inflación, según se informó hoy. Pero no a todos los trabajadores les fue igual. Los que están empleados en la economía informal o en negro sólo recibieron un aumento del 65,4%. Perdieron como en un año de guerra, que lo fue. Los del sector privado formal o en blanco consiguieron un alza del 93,8%, o sea que retrocedieron también en algo en su poder adquisitivo. Por último, los trabajadores estatales lograron un aumento del 99,4%, con lo que recuperaron una porción de lo perdido en años anteriores.

En el gobierno de Mauricio Macri, las remuneraciones habían perdido un 23%, casi un cuarto de su poder de compra, sobre todo por el derrumbe de 2018 y 2019. La baja le costó la reelección. En diciembre de 2019 volvió el peronismo al poder con la promesa de poner dinero en el bolsillo de la gente, pero en 2020 con la pandemia y la cuarentena ni el sector privado ni el Estado dieron aumentos salariales que superaron la inflación. En 2021 sí lo hicieron, por poco, pero lo que se suponía el inicio de un proceso gradual y lento de recuperación quedó abortado en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania elevó la inflación mundial a niveles inéditos en décadas. La Argentina, con sus problemas propios también, sufrió el peor índice de precios al consumidor (IPC) en 32 años. No por nada el Frente de Todos afronta con dificultad las próximas elecciones presidenciales de octubre.Y eso que la economía creció en 2022 por segundo año consecutivo, fenómeno que no se repetía desde 2010/11.

En diciembre pasado, el índice de salarios subió 5,3%, por encima del 5,1% de inflación. Pero sólo festejaron los empleados estatales, que consiguieron un 9,2%. En cambio, los trabajadores informales apenas recibieron un 0,5% más, es decir, prácticamente lo mismo que en noviembre, y los formales del sector privado, un 4,5%, con lo que perdieron contra el IPC.

Con miras a 2023, el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontrará la semana próxima con la cúpula de la CGT. Su idea es que a los Precios Justos se agreguen unos salarios que aumenten en línea con su pauta de inflación, 60%. Varios sindicatos rechazan la propuesta, como lo hicieron ayer los docentes en la apertura de la paritaria nacional. La Bancaria amenaza con medidas de fuerza tras el carnaval. En cambio, la patronal rural reunida en la Mesa de Enlace recurre a la Justicia contra el bono extraordinario que dispuso el Gobierno a fines de 2022.

AR

La tasa de pobreza llegó al 43,1% durante 2022 y afecta a 17 millones de personas según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). En tanto, 8,5 millones de personas son indigentes, que equivalen a una tasa del 8,1%.

A su vez, el trabajo remarcó que la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década como consecuencia de un deterioro general que incluye las condiciones económicas, sociales y laborales.

El último dato oficial del INDEC corresponde al primer semestre del año cuando indicó que la pobreza en la Argentina era del 36,5%. El organismo volverá a publicar su estimación en marzo de 2023.

La UCA puso de relieve que la actual asistencia social que es dispensada por los tres niveles del Estado impide que la pobreza llegue al 50% y que la tasa de indigencia alcance el 20%.

El trabajo además muestra que el segmento de pobres se alimentó por sectores de clases de trabajadores de sectores medios y populares que son aquellos en los que más impacta la falta de trabajo y la inflación.

Al respecto, señaló que, si la tasa de inflación descendiera a un dígito ,la tasa de pobreza podría caer entre 10 y 15 puntos.

El relevamiento mostró que el 40% de los hogares en los que habita el 50% de la población ha recibido algún tipo de asistencia oficial o programa complementario.

La UCA se preocupó en aclarar que “ni las políticas de liberalización económica, ni las políticas de asistencia social son suficiente por sí solas para promover un modelo de desarrollo equilibrado”, procurando de esta forma esquivar una posición que la ubique en alguno de los dos espacios de la “grieta”.

Para conformar su trabajo, la institución académica no solo toma en cuenta los ingresos sino que también evalúa las condiciones socio económicas generales, entre la que se ponderan el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable.

La UCA sostuvo que entre 2010 y 2022 la sociedad argentina no mostró “cambios relevantes”. A su vez, reveló que “el 70% de la población estuvo afectada en al menos uno de estos derechos fundamentales”, mientras que el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.

“Aún con variaciones positivas, por momentos, el análisis de la tendencia general muestra que en 2022 los hogares y la población de la Argentina urbana no experimentaron mejoras significativas en el acceso al bienestar respecto a 2010”, afirmó.

“En términos poblacionales, esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social”, indicó el trabajo de ODSA.

En tanto, consideró que, si la Argentina logra dominar la inflación y ubicarla en menos de un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.

La UCA sostuvo que “no es el aumento de los precios sino la no de creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, lo que genera desequilibrios”.

Asimismo, señaló que “la composición de la población económicamente activa durante el período 2010-2022, es evidente que no sólo el sistema productivo es altamente heterogéneo, sino la también la estructura social del trabajo”.

“La participación de la suma del desempleo y las subocupaciones inestables vienen subiendo casi ininterrumpidamente, alcanzado este año al 32% de la población económicamente activa”, añadió.

Frente a este contexto remarcó que, si “se suman los trabajos regulares pero precarizados (28%), la suma de los problemas de empleo alcanza al 60% de la fuerza de trabajo, equivalente a 12 millones de trabajadores”.

A partir de este escenario se concluye que “sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado”.

Para la UCA “esta fuerte segmentación laboral se vincula estrechamente con la pobreza crónica y su aumento a lo largo de más de una década”.

El informe señaló que “en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra”.

“Si bien debido a la inflación crece el fenómeno de los trabajadores pobres de manera generaliza a partir de 2018, en los sectores micro informales y de la economía social, su empobrecimiento es previo y se inicia en 2012.

El trabajo recalcó que, a partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-19 (más del 31% si se considera a los cesanteados), la pobreza de trabajadores se instaló en un nuevo nivel estructural: 29,8%.

“Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales”, concluyó.

NA.

IG