Mientras Martín Llaryora intensifica sus reclamos a Javier Milei por la continuidad de las retenciones al agro y por una distribución más equilibrada de los recursos federales, en Córdoba comienza a tomar forma una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión. Detrás de tareas tan rutinarias como limpiar escuelas, desmalezar predios estatales o mantener los jardines de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo.

La historia no es completamente nueva. En octubre del año pasado, elDiarioAR publicó una primera investigación que reconstruyó cómo el negocio de la limpieza se había transformado en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Ese trabajo reveló la concentración de contratos en tres empresas: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L.. La novedad ahora es que nuevos documentos oficiales permiten medir con mayor precisión la magnitud del fenómeno y mostrar cómo el mismo esquema se expandió hacia otras áreas del Estado con montos aún más elevados.

Servicios Drill está asociada al empresario Rubén Alabi, un hombre de bajo perfil que en los últimos años expandió sus negocios más allá del rubro de limpieza. Fuentes del sector lo vinculan también con Fly Kitchen, dedicada a servicios gastronómicos y concesionaria del catering del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, con operaciones posteriores en las terminales de las Cataratas del Iguazú y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

Euro Clean, por su parte, está controlada por Mauro y Matías Martínez, dos empresarios con intereses también en el negocio inmobiliario cordobés. Mientras que Pulizia —o Kazaró, que es su nombre comercial— pertenece a Tomás Romero y a Lucas Dagatti, quien además preside la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE), la principal entidad del sector en la provincia. Según comentaron ellos mismo en una entrevista con La Voz, la firma pasó de unos 600 a cerca de 1.500 empleados en los últimos años, en paralelo con la expansión de sus contratos con el Estado cordobés.

Las licitaciones

La magnitud del negocio puede medirse, en principio, en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 y Nº 02/2025, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital y del interior, tuvieron un monto total preadjudicado de $105.365 millones por un plazo de 24 meses. Euro Clean fue la principal beneficiaria en Córdoba Capital con tres zonas adjudicadas por $31.607 millones. Servicios Drill obtuvo dos zonas por $23.320 millones y Pulizia una por $4.030 millones.

En el interior de la provincia, las mismas empresas volvieron a quedarse con buena parte de los departamentos adjudicados, consolidando su predominio en el sector. En el rubro señalan además que, en esa licitación, las tres compañías presentaron valores prácticamente idénticos por unidad de servicio y levemente superiores a los ofertados por otros competidores, un dato que alimentó cuestionamientos sobre el grado de competencia efectiva dentro del proceso.

El Ministerio de Salud ofrece un panorama similar. En la licitación de 2024 para hospitales, centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias, el monto total preadjudicado alcanzó los $29.507 millones. Euro Clean recibió adjudicaciones por $10.854 millones; Servicios Drill por $4.472 millones; y Pulizia por $2.551 millones.

Las adjudicaciones de EPEC refuerzan esa tendencia. En julio de 2025, Servicios Drill obtuvo tres licitaciones electrónicas consecutivas para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Río Ceballos, San Francisco y la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pulizia, a su vez, fue adjudicataria de las zonas de Río Cuarto y Bell Ville. El negocio, de ese modo, excede la limpieza de edificios y se extiende al mantenimiento de predios y jardines en toda la provincia.

Requisitos y polémica

Uno de los aspectos más cuestionados por empresarios del sector son los requisitos técnicos y administrativos de los pliegos. En licitaciones recientes se exigieron dotaciones mínimas de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados de libre deuda emitidos por CASEGE, la cámara presidida por el propio Dagatti. Para competidores de menor escala, esas condiciones reducen sensiblemente las posibilidades de participación y consolidan la posición de las compañías con mayor estructura y experiencia en contrataciones estatales.

Por otro lado, también aparece apuntado el sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), conducido por Sergio Fittipaldi, quien además lidera las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En Córdoba aseguran que el gremio ocupa un lugar central en todo el esquema. “Interviene en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas 'amigas' y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”, denunció una fuente a elDiarioAR.

En el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas.

El cuadro expone una paradoja: mientras el Estado provincial incrementó de manera sustancial el gasto en servicios tercerizados y consolidó a un grupo de empresas con capacidad para manejar contratos multimillonarios, la mejora económica no se habría traducido necesariamente en mejores condiciones laborales para quienes realizan las tareas de limpieza.

Operadores y funcionarios

Detrás de toda esta trama aparecen apuntados funcionarios y operadores con peso propio dentro del oficialismo provincial. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor confianza de Llaryora. Abogado de perfil técnico, con fuerte inserción en los tribunales y en los despachos más sensibles del poder cordobés, en el ecosistema político local se lo describe como el principal articulador político de este circuito: el hombre encargado de tender puentes entre empresarios y la estructura del poder provincial, con capacidad para destrabar gestiones y coordinar interlocutores en distintas áreas del Estado. Ese rol, sumado a su bajo perfil y a su influencia transversal, le valió el apodo de “el Caputito cordobés”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo.

Otro nombre que surge en los registros es el de Néstor Rubén Alabi, tesorero general de la provincia y homónimo del empresario vinculado a Servicios Drill, la principal adjudicataria del rubro. Por la naturaleza de su cargo, su función se ubica en el plano administrativo: la Tesorería General ocupa un lugar estratégico dentro del circuito encargado de instrumentar y ejecutar los pagos del Estado.

En ese contexto, distintas fuentes del sector también mencionan la gravitación que tiene Guillermo Acosta, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador. Como ministro de Economía, Acosta representa el eslabón político y presupuestario de mayor jerarquía dentro de esa estructura, con influencia sobre las áreas responsables de autorizar desembolsos y administrar el flujo de fondos provinciales. Su salida temporal del gabinete, en abril, a partir de una licencia, coincidió con una reorganización interna del manejo del gasto y con la creación de un Consejo de Gestión Estratégica del Gasto destinado a supervisar las erogaciones públicas.

La concentración de las adjudicaciones no constituye, por sí misma, una irregularidad comprobada. Pero sí revela, al menos, un esquema en el que un número reducido de empresas logró consolidar una posición dominante en un rubro que moviliza recursos millonarios y atraviesa áreas sensibles de la administración pública. En la Córdoba que reclama a la Nación reglas más equitativas para el aparato productivo, los contratos de limpieza ofrecen una radiografía del modo en que los negocios y el poder político convergen alrededor del Estado.

PL/MG

Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

JJD

La crisis del PAMI empezó a desbordar el perímetro de la obra social y ya impacta de lleno en las provincias, donde los gobernadores comenzaron a encender señales de alarma frente a un fenómeno que combina presión sanitaria y tensión fiscal. Lo que hasta hace semanas aparecía como un problema acotado a la relación entre el organismo y sus prestadores hoy escala a un conflicto político más amplio: las jurisdicciones absorben cada vez más demanda sin que la Nación acompañe con recursos en la misma proporción.

En paralelo, el conflicto sumó en los últimos días un capítulo gremial que expuso el deterioro del sistema: el paro de médicos de cabecera durante 72 horas dejó al descubierto las dificultades para sostener la atención básica y tensionó aún más la relación entre la obra social más grande país y su red prestacional.

En distintas provincias se repite la misma escena, con jubilados que no consiguen turnos o cobertura efectiva en el circuito del PAMI terminan recalando en hospitales públicos. El efecto es acumulativo. En algunos distritos, una porción significativa de los afiliados ya se atiende en el sistema estatal, que empieza a saturarse y a reorganizar sus prioridades. No es solo un problema de volumen, sino de complejidad ya que aumentan las internaciones y los tratamientos de alto costo y las cirugías deben ser absorbidas por estructuras que no estaban diseñadas para ese nivel de demanda. Incluso en distritos con sistemas relativamente robustos, los equipos sanitarios empiezan a advertir sobre la dificultad de sostener ese ritmo sin resentir otras prestaciones.

Ese corrimiento ya empezó a tener nombres propios. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que salió a plantearlo con mayor dureza en los últimos días, en medio de una escalada de reclamos por deudas y prestaciones impagas. “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”, se quejó el gobernador durante la presentación de un programa de capacitación provincial. A ese malestar se sumaron otros gobernadores, como el tucumano Osvaldo Jaldo, configurando un frente incipiente que empieza a incomodar a la Casa Rosada. Detrás de esos planteos hay un diagnóstico compartido: la Nación descarga sobre las provincias una responsabilidad que le es propia, sin un esquema claro de compensación. En ese marco, el reciente desembolso que rondó los $150.000 millones para cancelar parte de la deuda con prestadores funcionó como un alivio parcial para el PAMI, pero no logró revertir el malestar ni modificar la dinámica de fondo.

En ese contexto, la idea de “provincializar” el sistema de salud —que circula en los equipos de Federico Sturzenegger y Mario Lugones— deja de ser una hipótesis teórica y empieza a leerse como una dinámica en marcha. No necesariamente como una reforma formal, sino como un proceso de hecho. Nación se repliega en su capacidad de financiamiento y control, y las provincias quedan como última instancia de respuesta. En ese marco, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso refuerzan esa lectura: en el primer trimestre, los fondos destinados a prestaciones del PAMI registraron una caída real interanual del 41,3%, en línea con el ajuste general del gasto. El conflicto con los médicos de cabecera, además, dejó expuesta la dificultad del PAMI para sostener un modelo de atención primaria que ordene el acceso al sistema.

El problema es que ese desplazamiento no viene acompañado de un rediseño del esquema de recursos. El PAMI arrastra un cuadro de desfinanciamiento que se agravó en el último tiempo, tanto por decisiones de política fiscal como por cambios en sus fuentes de ingresos. A la par, el endurecimiento de controles y la redefinición de prestaciones reducen la capacidad del sistema privado para absorber la demanda, lo que acelera el traslado hacia el sector público. Aun con la recomposición parcial de pagos en marcha, en el sector advierten que la cadena de prestaciones sigue frágil y que muchas clínicas y profesionales operan con márgenes mínimos.

Así, el conflicto deja de ser sectorial y se vuelve federal. Las provincias no solo discuten el impacto sanitario, sino también el costo político de sostener un sistema que, en los hechos, empieza a reconfigurarse sin coordinación. En la Casa Rosada hablan de normalización y de ordenamiento progresivo, pero en el interior la lectura es otra: la de un Estado nacional que ajusta y un entramado provincial que amortigua, con recursos propios, las consecuencias de ese ajuste. La tregua financiera que buscó instalar el Gobierno en la última semana aparece, en ese sentido, más como un intento de ganar tiempo que como una solución estructural.

Desde el propio PAMI, sin embargo, buscan bajar el tono del conflicto. Su titular, Esteban Leguizamo, relativizó la gravedad del momento y aseguró que no se trata de una crisis. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, apuntó esta semana. La distancia entre ese diagnóstico y lo que empiezan a mostrar las provincias, sin embargo, deja expuesto el núcleo del problema: un sistema que, aun cuando niega su crisis, ya empezó a redistribuir sus costos.

PL/CRM

La Casa Rosada volvió a moverse esta tarde. Mientras se prepara para jurar como ministro del Interior, Diego Santilli encabezó una nueva ronda de reuniones con gobernadores. A las 15 comenzó el encuentro con el sanjuanino Marcelo Orrego, que duró poco más de una hora. Luego fue el turno del cordobés Martín Llaryora, que llegó a las 16.30 y se retiro cerca de las 18.

Se trató de la continuidad del operativo que el Gobierno puso en marcha el viernes, cuando Santilli recibió a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), en busca de recomponer el diálogo con las provincias y construir los acuerdos políticos que Javier Milei necesita para diciembre.

Las reuniones se desarrollaron en el Salón de los Escudos, con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la supervisión política de Karina Milei, que sigue de cerca la agenda desde su despacho del primer piso. Para La Libertad Avanza, el objetivo inmediato no es tanto el Presupuesto 2026 como las reformas estructurales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias, con la denominada “modernización” laboral en el centro.

Antes de ingresar a Balcarce 50, Orrego había anticipado un tono de respaldo institucional y de colaboración política. En declaraciones a LN+, pidió “dar vuelta la página y dejar de mirar por el espejo retrovisor”, y defendió la necesidad de “trabajar en conjunto, con una mirada federal, donde quien conduce el avión es el Presidente”. Ya en la sede de gobierno, el sanjuanino mantuvo un encuentro que describió como “muy concreto”, centrado en la coordinación entre Nación y provincia.

“Se ha hablado de temas generales pero también de cuestiones de nuestra jurisdicción”, dijo Orrego al salir, en diálogo con los acreditados en Casa Rosada. Confirmó que se avanzará en “un convenio de compensación” entre la Nación y San Juan, con eje en la obra pública, a la que definió como “transversal para todos”. Sobre la agenda legislativa, destacó que “el tema del presupuesto seguramente se va a tratar en extraordinarias” y ratificó su respaldo al Ejecutivo: “Vamos a acompañar el presupuesto que se proponga. Ya le hemos dado al Gobierno todos los instrumentos necesarios para que la Argentina tenga gobernabilidad, como la Ley Bases y el RIGI”.

Orrego también ponderó el trabajo del equipo presidencial. “El Presidente tiene un grupo de colaboradores que hacen que todas sus ideas las puedan llevar a la acción”, señaló, y expresó su apoyo a la nueva dupla política del gabinete: “Espero y tengo muchísima esperanza de que Manuel Adorni y Diego Santilli tengan una gran tarea, porque si les va bien, le va bien a la Argentina”.

Respecto de las reformas que Milei planea enviar al Congreso, el mandatario sanjuanino las definió como “planteadas desde el sentido común”. Mencionó especialmente la laboral, al sostener que “hay leyes que son arcaicas”, y la necesidad de “tener un sistema tributario competitivo” que permita atraer inversiones y generar empleo.

“El presupuesto tiene que cambiar”

Más tarde fue el turno de Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba salió de la reunión con un tono parecido al de su par sanjuanino, aunque con un mensaje más enfocado en el rumbo económico y en la necesidad de reordenar el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. Definió el encuentro con Santilli y Adorni como “muy importante, cordial y productivo”, y destacó el inicio de “una nueva etapa de diálogo” que —según dijo— debe “culminar con acuerdos que mejoren la calidad de vida de los argentinos”.

Desde el Patio de las Palmeras, Llaryora describió la conversación como amplia, centrada en “las medidas que hay que tomar para generar más empleo y más trabajo”, y valoró el giro político del Gobierno tras las elecciones.

Al ser consultado sobre el contenido de la reunión, explicó que su planteo fue “más general que puntual”, orientado a discutir el rumbo económico de la Argentina. “No vine a hablar de un cordón cuneta sino de cómo hacemos para que la Argentina crezca, porque si el país no crece, no basta discutir absolutamente nada. Hoy estamos en crisis, y lo que necesitamos es un presupuesto que acompañe ese crecimiento y le dé un horizonte al país”.

En ese sentido, el mandatario cordobés también confirmó que la provincia pedirá modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2026 antes de acompañarlo en el Congreso. “El presupuesto actual tiene que cambiar para poder ser aprobado”, dijo, y anticipó que Córdoba también presentará un plan de gastos alineado con las proyecciones del Gobierno nacional.

También se refirió a la reforma laboral, una de las iniciativas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en diciembre. “Hay que preocuparse por los millones de trabajadores que hoy están en la informalidad”, advirtió, y propuso discutir un esquema diferenciado para pequeñas y medianas empresas. “No hay que ir para atrás en los derechos adquiridos —sostuvo—, sino modernizar el sistema con consenso entre las pymes, los trabajadores y el sector político. Si la informalidad se convierte en empleo formal, todos vamos a estar de acuerdo”.

Nueva etapa

En el oficialismo valoran los gestos de diálogo, en un clima que describen como “constructivo, sin exigencias desmedidas”. Los gobernadores, a su vez, buscan certezas sobre el alcance de las reformas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por Guillermo Francos antes de su salida del gabinete. Tanto Orrego como Llaryora integran el grupo de mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo y que mantienen una relación pragmática con Balcarce 50.

La jura de Santilli está prevista para este martes a las 15 en el Salón Blanco, con presencia de los hermanos Milei, Adorni y el conjunto del gabinete. El acto funcionará como una postal política: la consagración del nuevo triángulo de poder que ordena la relación con las provincias, con Karina como vértice, Adorni como articulador administrativo y Santilli como rostro del diálogo.

En paralelo, Santiago Caputo observa el proceso desde un segundo plano. Jaqueado por el incipiente avance karinista sobre sus áreas de influencia, el asesor presidencial avala la llegada de Santilli, aunque advierte sobre los riesgos de “exceso de plasticidad” en la negociación con los mandatarios. En La Libertad Avanza minimizan las tensiones, pero admiten que los equilibrios internos siguen en movimiento. “Caputo tiene su espacio, Santilli el suyo, pero el mando político lo sigue teniendo Karina”, resume un funcionario que frecuenta los pasillos del primer piso.

El cronograma federal continuará durante la semana. El jueves será el turno del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y antes de fin de mes el flamante ministro del Interior tiene planeado viajar a algunas de las provincias gobernadas por mandatarios aliados, como Entre Ríos. Solo después de completar esa ronda, el Gobierno convocaría a una nueva foto conjunta: una imagen que Milei quiere mostrar antes de fin de año como símbolo de estabilidad política y territorial.

La llegada de Santilli al Ministerio del Interior consolidó la expansión del círculo de Karina Milei sobre las áreas políticas del gobierno. Con Adorni en la Jefatura de Gabinete y los Menem como operadores de enlace, el oficialismo busca abrir una etapa de negociación controlada. En ese tablero, “el Colo” encarna la apuesta por un mileísmo más pragmático: un funcionario con biografía PRO, cierto lenguaje federal y la misión de traducir las ideas del Presidente al idioma, áspero y volátil, de la política argentina.

PL/CRM

El frente de gobernadores y aliados nucleados en Provincias Unidas, que debutó en estas elecciones legislativas, obtuvo apenas ocho bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, con el 7,85% de los votos a nivel nacional y más del 97% de los votos escrutados. Ese resultado los dejará en inferioridad de condiciones a la hora de sentarse a negociar con el Gobierno nacional.

La alianza que encabezaban los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Jujuy y Corrientes quedó así como la tercera fuerza política de la jornada electoral, muy lejos del segundo puesto de Fuerza Patría, que obtuvo más de 16 puntos por encima de Provincias Unidas. Entre sus aliados se encuentran dirigentes de la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros.

El bloque electoral está integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En la provincia de Buenos Aires, la lista era encabezada por el exministro de Transporte Florencio Randazzo y la diputada Margarita Stolbizer. La fuerza quedó en el quinto lugar, detrás de la izquierda, con apenas el 2,45% y 206.166 votos. No logró ninguna banca.

En la Ciudad de Buenos Aires, su aliado cabeza de lista era el senador Martín Lousteau. Quedó en cuarto lugar, también detrás de la izquierda, con 6,01% y 94.448 votos. Obtuvo una sola banca. El porteño remarcó: “Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora: recorrer, escuchar y proponer. Esperamos que todos los porteños se sientan representados por nuestro trabajo y nuestras convicciones”.

El diputado electo pronosticó que los mercados reaccionarán de manera positiva a los resultados de la elección: “Creo que con la economía de la parte financiera va a tener una buena reacción. La economía real de la gente va a seguir igual que estaba el viernes. Lamentablemente vamos a seguir con una economía que le cuesta crecer, que está entrando en recesión, con el dinero que no alcanza para fin de mes, con familias cada vez más endeudadas, con empresas que le cuesta abrir sus persianas porque están en rojo y cuando se finanzan tienen tasas estratégicas. Y ojalá que el gobierno modifique estas cosas. Tiene ahora un aval de la sociedad para seguir trabajando. Ojalá que la parte que está doliendo tanto a tanta gente lo modifique”.

Corrientes fue la mejor performance de Provincias Unidas: ganó la elección legislativa en la provincia de Valdés con el 33,86% y 182.086 votos. Se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue la única provincia donde ganó la alianza de los gobernadores.

En Córdoba, quedó segunda pero le sumó tres bancas nacionales al gobernador Llaryola, con el 28,28% y 540.435 votos. La lista era liderada por el exgobernador Juan Schiaretti. El diputado electo felicitó a La Libertad Avanza (LLA) por el triunfo en la provincia como los “legítimos ganadores” y aseguró tras conocer los resultados: “Para nosotros es importante contar con más diputados en un país donde, más allá del inocultable triunfo que tuvo La Libertad Avanza a nivel nacional, el Congreso continuará fragmentado. Por eso es relevante que el bloque que representa a nuestra fuerza de gobierno, Provincias Unidas Córdoba, vaya a tener seis miembros”, cuando los diputados electos este domingo se suman a los tres diputados cordobeses que conservan sus bancas.

“A la atomización política que hay en el país, se suma también la importancia de los demás diputados que sacamos en toda la geografía nacional. Eso convierte a Provincias Unidas no solo en el tercer partido político de la Argentina, sino que nos permitirá conformar un bloque de diputados y senadores que será el bloque del interior de la patria”, agregó Schiaretti. “Lo decía muy bien Martín Llaryora: esta fue una elección que se polarizó, y en esa elección polarizada aparece y emerge como nuevo en el país Provincias Unidas. Provincias Unidas es la voz del interior de la Patria”, afirmó.

En Santa Fe, Pullaro fue otro de los derrotados, obtuvo dos bancas con el 18,33% y 303.540 votos. La alianza del gobernador santafesino quedó tercera. Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista. Scaglia remarcó que el compromiso de Provincias Unidas será “defender la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo”. “Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates”, sostuvo.

Jujuy le dio una banca más a Provincias Unidas, donde el gobernador obtuvo el 19.83%, con 79.505 votos, quedando segundo, con el Frente Jujuy Crece. 

Para Torres, en Chubut, la elección fue una derrota contundente: quedó tercero, no obtuvo bancas, a pesar de sacar el 20,13% con 55.011 votos.

Lo mismo sucedió en Santa Cruz: quedó tercera, con el 15,4% y 25.362 votos. No obtuvo bancas.

En Mendoza, donde compitió con Alianza Defendamos Mendoza, Provincias Unidas obtuvo el 2,9%, con 25.698 votos. Quedó en el sexto lugar, después de la izquierda, y sin bancas.

Similar escenario se dio en La Rioja: obtuvo el cuarto lugar y ninguna banca, con el 6,22% y 6.098 votos.

En Tierra del Fuego, obtuvo el quinto lugar, con el 3,18% y 2.971 votos. Ninguna banca.

En Catamarca, la alianza quedó tercera, con el 6,19% y 10.038 votos. Cero bancas.

Tucumán tampoco les dio una buena actuación: 8,03% de los votos, en tercer lugar. Ninguna banca

En San Luis, quedaron cuartos, con el 3,68% y 9.474 votos. No obtuvieron bancas.

Con información de Noticias Argentinas.

ED

A cinco días de las elecciones legislativas, Javier Milei reaparece este martes en la ciudad Córdoba, donde lanzó su campaña hace un mes, cuando entonces estaba “caliente” el escándalo por los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El mandatario encabezará una caminata por el barrio Nueva Córdoba junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional oficialista en la provincia. Será el penúltimo acto antes del cierre libertario del jueves en Rosario.

La actividad está agendada para las 17.30 en la esquina céntrica de San Lorenzo e Ituzaingó y se extenderá durante varias cuadras, en un formato de “contacto directo” con la militancia que Milei viene replicando en sus últimas presentaciones. Habrá caravana de autos, banderas amarillas y un despliegue de seguridad coordinado entre el municipio y las fuerzas federales.

Según pudo saber elDiarioAR, del recorrido participarán también Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso, referentes del espacio libertario provincial. La organización está a cargo del diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA, con el apoyo de su par Cecilia Ibáñez.

La presencia de Milei en Córdoba tiene un peso simbólico: fue allí, el 19 de septiembre, donde dio el puntapié inicial de la campaña, en el Parque Sarmiento, con un discurso de tono combativo. Hacía días el peronismo le había dado un fuerte golpe en las elecciones bonaerenses. Aquella jornada el mandatario acusó al kirchnerismo de “asustarse porque vio progresar a los argentinos” y a Cristina Kirchner, de ser “la chorra de la tobillera”. También lanzó un mensaje de arenga a la militancia tras el revés electoral en Buenos Aires: “No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino. Claro que se puede”.

Desde entonces, Córdoba se consolidó como un escenario crucial para el oficialismo, que busca emular (al menos simbólicamente) la victoria de 2023, cuando obtuvo más de 70 puntos en el ballotage. Milei apuesta a compensar el retroceso que muestran las encuestas en la provincia de Buenos Aires y fortalecer la lista de Roca, un abogado de 45 años, de bajo perfil político y estrecha relación con Bornoroni.

El candidato libertario fue elegido como cabeza de lista por la mesa nacional que integran Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y responde al esquema que coordina Sharif Menem, sobrino de ambos. Su designación sorprendió a los armadores locales por la velocidad con la que escaló posiciones dentro del espacio, aunque quienes lo conocen destacan su perfil “obediente, leal y sin pasado partidario”.

En la práctica, Roca es el emergente de un armado territorial que Bornoroni consolidó en menos de dos años, apoyado en dirigentes de la Federación de Expendedores de Combustibles y en cuadros técnicos provenientes del sector privado. Críticos internos lo señalan como el inicio de un “bornoronismo” cordobés, más preocupado por blindar su estructura que por ampliar el espacio.

En su nueva visita, Milei volverá a apelar al tono de campaña que lo define desde el inicio: dramatismo moral, épica libertaria y confrontación con la “casta”. “Estamos a mitad de camino, pero el esfuerzo vale la pena”, dijo el fin de semana en Tucumán, donde protagonizó otro acto callejero. Su regreso a Córdoba —una provincia que gobierna el peronista Martín Llaryora— buscará exhibir volumen político y retomar la iniciativa después de una semana marcada por la suspensión del acto en Ezeiza y los incidentes en Tres de Febrero.

En el cierre del recorrido por el país, la provincia meditarránea condensa la apuesta central de LLA: recuperar volumen político desde su núcleo ideológico más fiel y mostrar al Presidente todavía dueño de la calle. El resultado del domingo dirá si ese regreso al origen fue un gesto de fortaleza o un intento por retener lo que alguna vez fue suyo.

PL/MC

Con un concurrido evento en su Planta de Ferreyra, Córdoba, el Grupo Stellantis puso en marcha la producción de la nueva RAM Dakota. De esta manera, robustece su apuesta industrial en el país, y consolida a la planta de Ferreyra como su hub regional de pickups. Con esta incorporación, la fábrica cordobesa pasa a producir tres modelos –Cronos, Titano y ahora Dakota– y se posiciona como una de las plantas más activas y diversificadas de Sudamérica.

La Ram Dakota compartirá la línea de montaje con la Fiat Titano, su “melliza” técnica dentro del grupo. Ambas integran el plan industrial de US$ 385 millones que Stellantis anunció meses atrás, que incluye también la fabricación nacional del motor 2.2 Multijet turbodiésel, prevista para 2026. Este propulsor de cuatro cilindros y 2.184 cc, con 200 caballos y 450 Nm de torque, ya equipa a modelos del grupo como los Fiat Ducato y Scudo, y los Jeep Wrangler y Cherokee. El programa industrial completo generará 1.800 empleos, de los cuales la mitad serán ocupados por mujeres, un dato que Stellantis enfatiza como parte de su política de diversidad e inclusión.

Una nueva etapa para Stellantis

El evento en la planta de Ferreyra tuvo como oradores a Martín Zuppi –presidente de Stellantis Argentina– al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y a Daniel Passerini, intendente de la capital de la provincia.

Zuppi  fue muy enfático en la importancia que este proyecto tiene tanto para Stellantis como para la industria automotriz argentina. “Creemos en una Argentina que mire al mundo de frente, que exporte valor agregado, conocimiento y talento argentino”, sostuvo. Y agregó: “Con este proyecto estamos recuperando lo mejor de nuestra tradición industrial: proveedores que vuelven a producir, empleos de calidad, oportunidades que transforman la vida de las personas, de sus familias y de toda la sociedad”. Pero también dejó espacio para los desafíos: “Necesitamos reglas de juego claras. Exportamos con una carga impositiva del 17%, mientras que Brasil lo hace con el 7% y México con el 0%. Confiamos en la buena relación con el Gobierno para que esto se remedie. También necesitamos inversión en infraestructura.”

Nace una nueva etapa de Stellantis. Con Dakota, RAM en Argentina tiene todo para ganar.

Martín Zuppi — Presidente de Stellantis Argentina

Con un tono más provincialista, tanto Passerini como Llaryora celebraron la iniciativa de Stellantis en Córdoba. Aún así, en medio de los elogios, el Gobernador no ahorró una crítica velada al Gobierno Nacional: “Esta es una gran noticia que significa la creación de puestos de trabajo en un país donde vienen cayendo los empleos industriales”.

Esta es una gran noticia que significa la creación de puestos de trabajo en un país donde vienen cayendo los empleos industriales.

Martín Llaryora — Gobernador de la Provincia de Córdoba

Foco en la exportación y adaptación a la coyuntura

Tras el evento oficial, Zuppi y Rubén De Satis, director del Polo Industrial Córdoba, ofrecieron una conferencia de prensa con un enfoque más técnico, donde precisaron metas productivas y condiciones de competitividad. Allí se confirmó que el 70% de la producción de pick-ups será destinada a exportación -principalmente a Brasil-, y que el lanzamiento comercial de la RAM Dakota será a fines de noviembre.

“Este año produciremos unas 55.000 unidades de Cronos y 12.500 de Titano/Dakota (1.400 de Dakota antes de fin de año). En 2026 estimamos llegar a 34.000 pickups”, detalló De Satis. Ambos ejecutivos explicaron que el proyecto arranca con un nivel inicial de integración local bajo, pero con un objetivo de 35% hacia fin de año, impulsado por la fabricación del motor nacional. También destacó el gran trabajo de adaptación de la planta para compatibilizar la producción de sedanes y pickups: “Reacondicionar la planta para que una misma línea produzca Cronos y pick-ups fue un desafío enorme. Pero hoy Córdoba tiene una flexibilidad industrial que pocas plantas en la región pueden igualar.”

En cuanto al contexto fiscal y cambiario, Zuppi fue cuidadoso pero firme: “Pasamos de exportar con una carga impositiva del 24% al 17%. Es un avance, pero todavía hay impuestos nacionales, provinciales y municipales que se superponen. Reducir esa presión es un trabajo conjunto que puede redundar en más exportaciones.” Y consultado sobre el tipo de cambio, dejó una definición pragmática: “No perdemos energía discutiendo si es competitivo o no competitivo. Simplemente tenemos que trabajar con el tipo de cambio que hay.”

Una señal de confianza y realismo industrial

El caso Dakota resume bien la doble cara del presente industrial argentino: por un lado, la confianza de una automotriz global que decide invertir, ampliar empleo y exportar; por otro, la evidencia de un marco económico todavía restrictivo, donde la competitividad depende tanto del talento local como de la macroeconomía.

El Polo Industrial Córdoba, con tres modelos en producción, la perspectiva de sumar un nuevo motor nacional y una integración creciente, se afirma como un importante pilar productivos de Stellantis en Sudamérica. Y la llegada de la RAM Dakota no solo amplía su portafolio: ratifica que la industria automotriz argentina aún tiene voluntad de reinventarse.

R.T.

En Córdoba, el negocio de la limpieza se transformó en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Las contrataciones para el mantenimiento de espacios verdes y el desmalezado muestran un patrón que se repite sin variaciones: las mismas empresas, los mismos funcionarios y los mismos resultados. Detrás de los pliegos y las adjudicaciones aparece una red de vínculos entre empresarios y dirigentes que, según denuncias y documentos oficiales, habría convertido los servicios públicos en una fuente sostenida de financiamiento político.

Durante los últimos meses, el gobierno de Córdoba adjudicó contratos por más de 80 mil millones de pesos a tres compañías que hoy concentran la mayor parte del mercado: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L., propiedad de Lucas Dagatti, presidente de la Cámara de Servicios Generales (CASEGE). En julio, Drill se quedó con las siete líneas de San Francisco, Euro Clean con dieciséis en Punilla y Alta Gracia, y Pulizia con todas las zonas de Río Cuarto, Bell Ville y el sur provincial. Dos meses antes, las mismas empresas ya habían sido beneficiadas en Carlos Paz, La Falda, Villa María, Río Ceballos, Alta Gracia y Argüello. En todos los casos, el patrón de adjudicación fue idéntico: los pliegos, las condiciones y los montos terminaron favoreciendo a los mismos actores.

Las contrataciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) repiten el mismo esquema. Drill, Pulizia y Euro Clean aparecen allí como proveedoras de servicios de espacios verdes y mantenimiento general. En conjunto, controlan la totalidad del negocio provincial vinculado a la limpieza y el desmalezado. Esa concentración explica el crecimiento vertiginoso de las tres compañías, que en menos de dos años pasaron de manejar contratos municipales de baja escala a dominar el sistema provincial. elDiarioAR intentó comunicarse con fuentes oficiales del gobierno de Córdoba, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con voces empresarias y políticas, la estructura tiene nombres propios. Néstor Rubén Alabi, exdirector de Guba SA, y Dagatti, en su doble rol de empresario y referente sectorial, son señalados como los principales articuladores del mecanismo. El esquema incluiría pliegos diseñados a medida, exclusión de oferentes y flexibilización de las condiciones laborales.

A ese entramado se suma una figura política: el legislador oficialista Juan Manuel Cid, uno de los operadores más cercanos al gobernador Martín Llaryora. Según denuncias internas y testimonios de contratistas, Cid sería quien garantiza el vínculo entre las empresas adjudicatarias y la estructura política, y quien canaliza parte de los retornos para financiar actividades partidarias y campañas electorales.

Un esquema que se repite

El esquema se replica en distintas áreas del Estado. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 (Expte. Nº 0195-181510/2025) y Nº 02/2025 (Expte. Nº 0195-181500/2025) del Ministerio de Educación, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital provincial y del interior, son un caso emblemático. En julio de este año se adjudicaron diez zonas de escuelas de Córdoba Capital y veintiocho zonas del interior. Los mayores beneficiarios fueron, nuevamente, Servicios Drill S.A., Pulizia S.R.L. y Euro Clean S.R.L.

Según los pliegos, Drill obtuvo las zonas III y V de Capital y las zonas III (Colón II), IV (Colón III), VIII (Gral. San Martín II), XIV (Punilla II) y XVI (Río Cuarto Norte) del interior. Pulizia fue adjudicataria de la zona II de Capital y de las zonas VI (Gral. Roca), XV (Río Cuarto Centro), XIX (Río Seco), XXIV (Santa María) y XXVII (Unión). Euro Clean ganó las zonas I, VI y X de Capital y las zonas V (Cruz del Eje), X (Juárez Celman), XII (Roque Sáenz Peña), XVIII (Río Primero), XXII (San Javier), XXVI (Totoral) y XXVIII (Minas-Pocho).

El resto de las zonas se asignó a Zemst S.A., Magic Clean S.R.L., GL Disarqs S.R.L. y Glosyc S.R.L., pero fuentes del sector señalan que esas firmas funcionaron como oferentes accesorios: no compitieron en todas las zonas y evitaron presentarse en aquellas donde ya prestaban servicio, lo que generó sospechas de una “bajada de línea” para despejar el camino a las empresas vinculadas al oficialismo.

El patrón se repitió incluso en procesos recientes, como la subasta electrónica Nº 2025/000011 (Expte. Nº 0196-017251/2025) del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizada el pasado 6 de octubre. Allí, Drill, Pulizia y Euro Clean volvieron a presentarse en conjunto. Los pliegos impusieron condiciones que, lejos de promover la competencia, parecen haber sido diseñadas para limitarla: una dotación mínima de 500 operarios registrados durante los últimos seis meses, certificaciones ISO, y libre deuda con la CASEGE, la cámara que preside Dagatti. La ausencia de alguno de estos requisitos es causal de exclusión.

Una práctica habitual

En la práctica, el negocio de la limpieza se transformó en una caja de recaudación política que combina rentabilidad empresarial y construcción territorial. Fuentes cordobesas consultadas por elDiarioAR señalan que el modelo no es nuevo: hereda prácticas instaladas durante los años de Juan Schiaretti, aunque bajo la gestión de Llaryora el circuito se volvió más concentrado y extendido. Lo que antes era un sistema de contratos municipales ahora funciona como una red provincial que financia parte del aparato político del oficialismo.

El escándalo estalla justo cuando Llaryora busca proyectarse a nivel nacional con el sello Provincias Unidas, un espacio que intenta mostrarse como alternativa “federal y de gestión” frente a Javier Milei y Axel Kicillof. El gobernador se define como un dirigente pragmático, pero las denuncias sobre favoritismos, sobreprecios y vínculos cruzados con empresarios amenazan con complicar su relato de eficiencia y transparencia.

El artículo 35.1 de los pliegos de Educación establece además que las empresas adjudicatarias deben absorber a todo el personal existente, reconociendo antigüedad y categoría, una cláusula que las tres compañías apuntadas no cumplieron. Los trabajadores describen una realidad dramática: salarios en negro, equipos deteriorados y subcontratación de cooperativas locales. Los servicios se mantienen con empleados precarizados mientras los montos adjudicados crecen cada trimestre. En el interior provincial incluso hubo denuncias despidos sin indemnización ni reubicación, pese a los compromisos asumidos. Aun así, las empresas siguieron siendo beneficiadas en nuevas licitaciones.

Es que detrás de los contratos de limpieza se esconde algo más que un negocio. Se trata de una estructura de poder que sostiene al oficialismo local y reproduce su lógica de control territorial. Córdoba convirtió un servicio básico en una fuente de financiamiento político, y ese modelo empieza a mostrar su cara menos prolija.

PL/MG

En Luxemburgo, el gobernador Martín Llaryora participó de la tradicional ceremonia de Ring the Bell, convirtiendo a Córdoba en el primer estado subnacional argentino en acceder a este reconocimiento institucional y simbólico.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la Provincia de Córdoba en la Bolsa de Luxemburgo”, expresó Arnaud Delestienne, Director Comercial y Miembro del Comité Ejecutivo de LuxSE, quien se refirió a la cotización de los bonos cordobeses en la última colocación internacional del mes de junio: “Esta emisión representa un paso importante para la provincia y para Argentina en general.

Como respuesta, y frente a autoridades de la Bolsa, empresarios, bonistas e inversores, Llaryora remarcó: “Córdoba trabaja con disciplina fiscal y seguridad jurídica, en un permanente diálogo con los inversores. Esa previsibilidad nos vuelve confiables ante los mercados financieros, aún en un contexto global de incertidumbre”.

La agenda europea —que incluyó Londres, Bruselas y Luxemburgo— tuvo como objetivo fortalecer la relación con los mercados financieros internacionales, atraer nuevas inversiones y abrir oportunidades de financiamiento para proyectos productivos y de infraestructura en la provincia.

El mandatario agradeció el reconocimiento internacional: “Mostrar nuestras capacidades en uno de los principales mercados financieros del mundo es muy importante. Córdoba nunca defaulteó. Cumplimos cada compromiso con los bonistas y seguimos sosteniendo superávit, lo que nos ha permitido acceder nuevamente a los mercados internacionales, aún en tiempos difíciles para la Argentina”, afirmó.

Asimismo, destacó que los bonos cordobeses son herramientas para el progreso, que permiten la realización de infraestructura y mejoran la calidad de vida de los cordobeses.

“Cotizar nuestro bono en la Bolsa de Luxemburgo nos brinda mayor visibilidad y prestigio internacional, a la vez que abre la puerta a un universo más amplio de inversores globales. Esto fortalece la presencia de Córdoba en los mercados internacionales de capital y reafirma nuestro compromiso con los más altos estándares de transparencia y gobernanza financiera”, sostuvo.

La delegación cordobesa, de la que participa el ministro de Economía Guillermo Acosta, presentó ante fondos internacionales y compañías multinacionales la solidez fiscal y la previsibilidad de Córdoba, subrayando su perfil de actor confiable en tiempos complejos.

Con esta misión, Córdoba se consolida como una de las provincias más dinámicas e integradas al mundo, polo de oportunidades para la inversión, la innovación y el desarrollo productivo sostenible.

Este miércoles, a las 10.30, en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora presidirá la presentación de la segunda edición del programa Empleo +26, una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores de 26 años que se encontraban desempleadas o sin empleo registrado.

Empleo +26 constituye una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado para generar oportunidades, potenciar el talento local y fortalecer el desarrollo económico de Córdoba.

El bloque de gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada le marcaron la cancha rápidamente a Javier Milei tras la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires. Los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, del espacio Provincias Unidas, advirtieron sobre un “claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender”.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”, escribieron los tres mandatarios en la red social X, en un mensaje unificado. “Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”, señalaron.

Llaryora agregó: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”. Y señaló que las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas“.

En tanto, Pullaro enfatizó que “la gente no quiere más gritos, quiere hechos” y que “los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer”.

Torres, por su parte, consideró que la ciudadanía “le exige al Gobierno Nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó el chubutense.

Por fuera de ese esquema, el peronista catamarqueño Raúl Jalil sostuvo que “gobernar es escuchar y decidir”, y señaló que “Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social”.

“Por eso las provincias del interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide. Quiero felicitar al peronismo bonaerense por su unión y compromiso, y al gobernador Kicillof por una gran elección en toda la provincia de Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales.

En tanto, el riojano Ricardo Quintela planteó que “el triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”.

“Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados no, con las personas con discapacidad no, con los más vulnerables no”, subrayó.

Por su parte, al pampeano Sergio Ziliotto apuntó con ironía que la elección se trató de “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo” y añadió que “se vienen más temporadas”.

MC

El gobernador Martín Llaryora encabezó este martes el 17° Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco del Día de la Industria, en el Centro de Convenciones Córdoba, y efectuó importantes anuncios que beneficiarán a la industria cordobesa.

El mandatario adelantó que se enviará un proyecto de Ley a la Legislatura con el objetivo de crear un nuevo régimen simplificado de promoción industrial.

De este modo, aquellas industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales tendrán 0 por ciento de Ingresos Brutos, medida que impactará sobre el 95% de las pymes radicadas en Córdoba. Cabe señalar que el restante 5% está alcanzado por la actual ley de Promoción Industrial.

Al respecto, Llaryora señaló que “hasta esperar cómo podemos hacer con la Nación para ir mejorando el sistema de ingresos brutos, nosotros vamos a tomar hoy una decisión importante. Porque no es solo pensar, hablar y defender la vocación, sino también demostrarlo con los hechos”.

En paralelo, el Gobernador instruyó la ampliación del cupo presupuestario tributario para Leyes de Promoción Industrial vigente en 10 mil millones de pesos.

De esta forma, el presupuesto previsto en la materia de 150 mil millones alcanzará los 160 mil millones de pesos. “En Córdoba tenemos una ley de Promoción Industrial que es la más potente de la Argentina. En Córdoba es cero ingresos brutos, cero impuestos de sellos, cero inmobiliario de tu inmueble y muchos beneficios más”, explicó Llaryora.

En otro tramo de su discurso, Llaryora instó a defender la industria: “necesitamos ser competitivos pero con una apertura inteligente, consensuada, teniendo en cuenta las condiciones, el marco existente”.

“Debemos comprometernos en la defensa de la industria nacional, porque de esa forma defendemos también la capacidad de que Argentina cuente con dólares. Defender la industria es defender la posibilidad del progreso de la Argentina, es defender el trabajo”.

“La defensa de nuestro modelo industrial tiene que ser un compromiso que asumamos todos aquí, no solo los industriales. Toda la dirigencia política de Argentina tiene que empezar a asumir ese compromiso de que la industria es central, para después sumarse los servicios y el comercio”, agregó el Gobernador, quien además solicitó que a la par del plan macroeconómico se impulse un programa de desarrollo y de infraestructura en todo el país.

Bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el Coloquio es el encuentro más representativo de la industria cordobesa, que está vez tomó carácter nacional con la participación de más de 700 empresarios y empresarias, autoridades gubernamentales, referentes académicos y líderes del sector.

Se trata de un espacio clave para el diálogo, la reflexión y la construcción de una visión compartida sobre el futuro industrial argentino. En la oportunidad, además, se presentó el “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo UIA”.

Al tomar la palabra, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sostuvo que la inversión en infraestructura es clave: “La obra pública resulta esencial para impulsar la producción. El sector privado, por sí solo, no puede afrontar este desafío. En Córdoba lo sabemos bien: cada vez que hubo desarrollo en infraestructura, la provincia dio un salto en competitividad”.

En esa línea, mencionó distintas iniciativas realizadas en los últimos años por el gobierno provincial, como los gasoductos troncales que fortalecieron la matriz energética de las industrias; la expansión de la conectividad digital en ciudades y pueblos del interior; y la construcción de rutas y autopistas que optimizaron la logística para fábricas y parques industriales. “La infraestructura no es un lujo, es la condición básica para crecer”, remarcó.

Asimismo, Macario resaltó el valor del trabajo conjunto en Córdoba entre sectores políticos, productivos y académicos: “Esta articulación nos distingue a nivel nacional y debemos preservarla como una verdadera política de Estado”.

Por otra parte, llamó a superar los condicionamientos ideológicos y a dejar atrás la polarización que divide a la Argentina desde hace más de dos décadas.

“Queremos ser claros en expresar una convicción profunda: un país no se construye desde la imposición, sino desde el consenso. Solo con acuerdos amplios y genuinos pondremos en marcha las transformaciones que la Argentina necesita. Sin concesiones no hay acuerdos, sin acuerdos no hay políticas de Estado, y sin políticas de Estado no hay futuro posible”, expresó el titular de los industriales de Córdoba.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, comenzó su mensaje expresando el reconocimiento a sus pares locales por organizar este encuentro en Córdoba, convocando a todos los sectores productivos de las provincias y del país.

“Elegimos Córdoba porque el corazón industrial de la Argentina late en el interior del país; quiero rendir homenaje a todos los empresarios pequeños, medianos y grandes que cada día se levantan con el mismo compromiso de invertir, innovar y sostener a sus empresas, aún en contextos de cambios permanentes”, indicó.

En otro tramo, Rapallini destacó el contrato productivo sellado durante el encuentro, con la participación relevante de la UIC. “Hoy presentamos nuestra propuesta para cerrar la brecha entre el discurso y la realidad. Es una hoja de ruta concreta con principios básicos que deben ser el cimiento de una verdadera política productiva en la Argentina”, destacó.

De la apertura, también formó parte el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos, quien que “Córdoba es una provincia central para el desarrollo del país” y calificó a a los empresarios reunidos por la Unión Industrial como “un ejemplo de todo el potencial que tiene nuestro país”.

Con un programa que combinó conferencias, paneles de discusión y espacios de networking, el 17° Coloquio Industrial ratificó el compromiso del sector privado y público para impulsar el crecimiento económico y la innovación en Argentina.

Estuvieron presentes, además, la vicegobernadora Myrian Prunotto; ministros y miembros del gabinete provincial y nacional, representantes de industrias e instituciones de Córdoba, entre otros.

El gobernador Martín Llaryora participó en la jornada Experiencia IDEA Rosario, evento que reunió a dirigentes empresariales y referentes políticos para analizar los desafíos y oportunidades de la Región Centro.

El evento, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), constituyó un espacio estratégico para el intercambio de miradas y la construcción de propuestas que potencien la competitividad y el crecimiento.

El mandatario provincial compartió panel con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Javier Cervio, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Celebro estos espacios, que surja del interior la sensatez, para dejar de lado las grietas y las disputas que no conducen a ningún lado”, definió Llaryora.

Durante la jornada se anticiparon las temáticas que formarán parte del 61° Coloquio de IDEA, con eje en la productividad multisectorial, el contexto macroeconómico, la geoeconomía global y las políticas públicas que impactan directamente en el entramado productivo.

El gobernador Llaryora agradeció a los organizadores por este espacio de diálogo y ratificó que en Córdoba “gobernar es generar trabajo. Y el trabajo público y privado van de la mano, y nosotros somos gobernadores que estamos dispuestos a apoyar leyes que vayan en este sentido”.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la productividad multisectorial. Se analizó el potencial de sectores clave como la agroindustria, la energía, la minería y el complejo automotriz, buscando estrategias para consolidar a la Región Centro como uno de los motores económicos más dinámicos del país. El foco estuvo puesto en cómo fortalecer la competitividad regional frente a los desafíos globales.

Para ello, Llaryora consideró clave que las políticas emanadas desde el poder central tiendan a estabilizar la macroeconomía pero sin desatender la imperiosa necesidad de contar con un plan de desarrollo productivo que evite que las empresas cierren y, en cambio, genere crecimiento y fuentes de empleo.

“Necesitamos una macroeconomía ordenada pero con un plan de desarrollo productivo”, definió Llaryora, quien añadió que esas “son las banderas del desarrollo y del federalismo, las banderas del interior que nosotros no vamos a bajar”.

“Nosotros tenemos una sola ideología, defender nuestras provincias con una visión productiva, de trabajo. Nosotros no tenemos otra oportunidad ni posibilidad de generar trabajo”, agregó.

En ese sentido, Llaryora hizo hincapié en el esfuerzo de la provincia de Córdoba para sostener las inversiones en obras de infraestructura que potencien el desarrollo productivo.

También se abordaron las claves para comprender el contexto macro y la geoeconomía global. En un escenario internacional marcado por cambios en las cadenas de valor y nuevas regulaciones, se debatió sobre las oportunidades que se abren para la región y el rol que debe asumir el empresariado local para anticiparse y adaptarse.

En el eje la visión de la política, se presentó un panorama de las políticas públicas provinciales que influyen en la infraestructura, la inversión, el capital humano y la competitividad local. La propuesta fue alinear esfuerzos entre los sectores público y privado para potenciar el desarrollo en el corazón productivo del país.

Llaryora recordó que “desde el espacio de los gobernadores estamos dispuestos a acompañar leyes que ayuden a la macroeconomía, hemos ajustado más que la Nación y nos estamos haciendo cargo de la paz social”, pero al mismo tiempo advirtió que “no estamos dispuestos a darle herramientas que revienten el sistema productivo”.

“Las discusiones que debemos darnos como país deben tener esa mirada federal, amplia y diversa. Argentina necesita espacios que no se opongan a todo ni aprueben todo a libro cerrado, espacios que defiendan los intereses de las provincias”, sintetizó Llaryora.

“Vamos a seguir tomando las decisiones necesarias para acompañar a la Argentina, pero no vamos a bajar la bandera del desarrollo del interior y del federalismo”, cerró el gobernador cordobés.

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Con esa frase como estandarte, cinco gobernadores del interior del país presentaron este martes un frente conjunto para competir “mancomunadamente” en las elecciones legislativas de octubre. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes difundieron un documento titulado Un grito federal.

El texto expresa la voluntad de estos mandatarios de representar “la Argentina del trabajo” y sumar “una mirada” auténticamente federal al Parlamento. En una clara señal de posicionamiento político hacia las próximas elecciones, los cinco mandatarios resaltaron que tienen “la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

El lanzamiento de esta futura alianza legislativa es, además de un frente electoral concreto que competirá contra La Libertad Avanza, una señal política al Gobierno nacional. Los cinco gobernadores, con perfiles diversos y trayectorias propias, comparten una misma preocupación: la falta de representación efectiva del interior en la toma de decisiones a nivel nacional. En un contexto de centralismo persistente, buscan disputar poder territorial y simbólico en un Congreso que suele girar en torno a los grandes centros urbanos.

Además, el mensaje sobre el equilibrio fiscal no puede leerse sin considerar el actual clima económico y político. Al reivindicar el orden de las cuentas públicas pero exigir obras de infraestructura, los mandatarios se diferencian tanto del ajuste sin contemplaciones como del gasto sin plan. Se proponen como una opción pragmática: austeridad con desarrollo, equilibrio con inversión, gobernabilidad sin sometimiento.

Por caso, uno de los ejes centrales del comunicado es la reivindicación del equilibrio fiscal. “Celebramos el esfuerzo de todos los argentinos por alcanzar el equilibrio fiscal tanto en Nación como en las provincias y lo consideramos imprescindible”, expresaron. Pero agregaron que este equilibrio debe contemplar la inclusión de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior, lo que consideran como el “único camino para desarrollar el país”.

El documento también alude a una concepción igualitaria del crecimiento. “Es nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos”, sostuvieron los gobernadores, en un mensaje que apunta tanto a lo simbólico como a lo programático.

La decisión de actuar en bloque en las elecciones legislativas representa una jugada política clave: los mandatarios quieren instalarse como una tercera vía, capaz de disputar espacio entre el oficialismo y la oposición nacional. En sus palabras, la propuesta tiene “una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo”.

El documento cierra con un tono esperanzador: “Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”. Así, los cinco gobernadores apuestan a consolidar una identidad común desde el interior productivo, con un mapa político que presenta una alta fragmentación, como pocas veces se vio en la democracia.

JJD, con información de NA.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y la implementación de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000 mensuales, como complemento adicional no contributivo.

Ambas medidas beneficiarán directamente a los jubilados provinciales que menos ganan y consolidan a Córdoba como una de las provincias con los haberes mínimos más altos del país.

Llaryora explicó que estas decisiones fueron posibles porque la Provincia comenzó a recibir de manera parcial los fondos que reclama a la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones. Aclaró que el refuerzo se mantendrá “mientras Córdoba siga recibiendo esos recursos”. El paquete de mejoras para el sistema previsional que beneficiará a más de 57.000 jubilados y pensionados.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”, señaló el mandatario.

El gobernador subrayó que “pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos” y aseguró que continuará “defendiendo los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.

Al cerrar su mensaje, Llaryora agradeció el acompañamiento de los cordobeses, de las instituciones y de los legisladores nacionales que respaldaron el reclamo. “Este logro demuestra que cuando en Córdoba trabajamos juntos, con firmeza y humildad, obtenemos resultados reales”, concluyó.

Con información de agencias.

Dos días antes de que Javier Milei dé su discurso en la exposición rural de Palermo, tres gobernadores de provincias agrícolas lanzaron un fuerte reclamo contra el Gobierno: pidieron “el fin de las retenciones y más federalismo”.

La presión provincial la encabezaron Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes este jueves protagonizaron una nueva cumbre de la Región Centro en territorio cordobés.

“Sentimos que desde el Gobierno Nacional se insiste en meterle la mano al campo. Por eso, pedimos que se terminen las retenciones, no queremos una rebaja ni un recorte temporal. Esos recursos se los lleva la Nación y no vuelven en rutas, energía ni servicios. Cada vez hay más recortes, pero las provincias seguimos haciéndonos cargo”, enfatizó Pullaro.

“Si el desarrollo del país se basara en los principios del trabajo, el esfuerzo y el mérito, la Argentina sería distinta. En el apoyo al campo está el futuro del país, y eso es lo que queremos poner en valor como Región”, lanzó Frigerio en su intervención, que fue completada por Llaryora, quien cuestionó que el gobierno nacional que “se desentiende de muchas cuestiones”. La cumbre de los gobernadores sirvió para dar inicio a una serie de órganos ejecutivos permanentes para tomar decisiones que tendrá la Región Centro, en materia de seguridad y educación.

Mientras Llaryora, Pullaro y Frigerio se mostraron juntos en Córdoba, desde Buenos Aires el Gobierno confirmó que Javier Milei hará un anuncio sobre retenciones el sábado en la inauguración de la muestra rural de Palermo. “Esperemos las palabras del presidente. Seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medio de todos ustedes”, señaló el portavoz Manuel Adorni durante una conferencia de prensa. Adorni ratificó que la eliminación de las retenciones “es uno de los grandes próximos objetivos”, del gobierno, pero no dio pistas al respecto.

Durante las últimas horas creció la versión de que Milei hará anuncios sobre el tema retenciones y en particular se apunta a una baja en los derechos de exportación del sector cárnico. “Se habla de una baja de retenciones a la exportación de carne de novillo. Sería un gesto para un sector, que además representa un bajo costo fiscal: menos de USD 200 millones por año”, dijo Marcos Pereda, vicepresidente de la Rural. El directivo aclaró, además, que los hombres de campo están esperando novedades para los granos, porque ahí está el gran freno para el sector“.

Entre el 27 de enero y el 30 de junio de este año, el Gobierno redujo las retenciones de manera temporal. La soja, por ejemplo, pasó de tributar 33 a 26%, el maíz, el trigo y la cebada de 12 a 9,5% y el girasol de 7 a 5,5%. Luego de ese plazo, los impuestos a las exportaciones volvieron a su valor anterior.

Antes del esperado discurso, Milei ingresará al predio de Palermo a “toda pompa”, a bordo de un tradicional auto descapotable. Será la primera vez en este siglo que un jefe de Estado cumpla el rito de entrar por la puerta grande a la exposicion del campo. Otra novedad es que Milei no ingresará solo a la pista central de la Exposición Rural: ingresará en auto, desde la avenida Sarmiento, acompañado por su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, y, además, por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien visitó este jueves La Rural.

MC

Javier Milei volvió este martes a Córdoba, no en calidad de Presidente con agenda institucional, sino como líder de La Libertad Avanza, para participar de la Derecha Fest, un evento partidario que se autodefine como “el más antizurdo del país”. Con entradas a $35.000, una estética de cruzada cultural y mensajes provocadores contra el kirchnerismo, los medios y el “Estado empobrecedor”, el acto comenzó a partir de las 17 en el Hotel Quórum, a las afueras de la capital, ante unas 2.500 personas.

En el escenario principal estaban anunciados el politólogo Agustín Laje, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, el influencer El Gordo Dan, el español Javier Negre y el cineasta Diego Recalde. El cierre del evento, a las 21, estuvo reservado para el propio Milei, mientras que la conducción quedó a cargo del streamer cordobés Erick Kammerath y la panelista de Neura, Eliana Cere. Luego, habrá un after-party en el bar Piso 12, con descuentos para quienes presenten su entrada del evento.

A las 20:20, el Tango 10 aterrizó en Córdoba con el Presidente, acompañado de su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

Es que la presencia presidencial en la provincia mediterránea no pasó del plano simbólico. No hubo reuniones agendadas con autoridades locales ni anuncios de gestión. Sin embargo, el gobernador Martín Llaryora se acercó al aeropuerto a recibir a Milei como gesto protocolar. Fue un saludo, sin embargo, cargado de significación política. En el Centro Cívico —más conocido como El Panal, sede del gobierno cordobés— entienden que la construcción de autonomía frente a la Casa Rosada exige marcar diferencias, sobre todo si se confirma que Hacemos Unidos competirá en octubre con una lista encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti, disputando el mismo electorado de centro derecha.

Un día antes de la llegada de Milei, Llaryora viajó a Carlos Paz —ciudad donde el libertario arrasó en 2023— para inaugurar una escuela y enviar una señal de diferenciación en materia de gestión. “No frenamos la inversión educativa, sostenemos el Boleto Educativo Cordobés y nos hacemos cargo del Incentivo Docente que eliminó la Nación”, dijo. También destacó la articulación con el intendente local y llamó a “construir puentes y no trincheras”.

El tono retórico de Llaryora, sin embargo, está muy alejado del de Milei. El Presidente promocionó su participación en la Derecha Fest desde sus redes sociales como “la fiesta que hará llorar a la totalidad de los periodistas ensobrados del país”. También replicó afiches con consignas como “¿Odias a los kukas? ¿Odias a los periodistas ensobrados? Llega el evento más ANTI-ZURDO del mundo a Córdoba”.

Rosca cordobesa

Pero la Derecha Fest no será solo una postal provocadora. Funcionará también como instancia de reordenamiento interno. Karina Milei, encargada del armado nacional del espacio, usará su presencia en Córdoba para marcar los límites del operativo electoral y consolidar la lógica de “pureza” que rige las listas de La Libertad Avanza. Esa premisa, impulsada por la hermana presidencial y defendida por el diputado Gabriel Bornoroni —titular del partido en la provincia—, apunta a blindar la marca libertaria de cualquier intento de cooptación externa. Con esa definición, la Casa Rosada intenta alambrar el sello propio frente a la presión de aliados no libertarios o socios parlamentarios que acompañaron al Gobierno en el Congreso pero que hoy reclaman lugar en las listas.

La Derecha Fest llega en un momento sensible para la interna libertaria. El evento fue leído por varios dirigentes como una oportunidad de distensión tras el tenso cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes partidarias, llegarán a Córdoba figuras nacionales como el diputado Santiago Santurio, cercano a Agustín Romo y al ala digital referenciada en Santiago Caputo, quien también estaba anunciado como invitado. La movida fue interpretada como un gesto de tregua, luego de que Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil encabezada por el Gordo Dan, quedara fuera del reparto bonaerense.

Entre los nombres con mayor visibilidad que orbitan la construcción libertaria en Córdoba aparece el propio Agustín Laje. Aunque el politólogo y filósofo niega tener planes electorales, dejó abierta la posibilidad de ser candidato si “el Presidente se lo pide”. Su perfil ideológico extremo y su cercanía con Milei lo convierten en una figura codiciada por el armado. Otro de los que suena con fuerza es el exsecretario de Transporte Franco Mogetta, que actúa como enlace entre Karina Milei y el esquema local. “Mi candidatura está siendo hablada. Todavía no está decidida”, dijo el propio Mogetta en declaraciones a Cadena 3.

En paralelo, el armado libertario cordobés se mantiene cerrado ante la posibilidad de incorporar a dirigentes de otras fuerzas. Aunque figuras como el radical Rodrigo de Loredo o Luis Juez ofrecieron públicamente su disponibilidad para cerrar un acuerdo (el jefe de bancada de la UCR tiene línea directa con Santiago Caputo), en el círculo cercano a Karina Milei descartan por ahora avanzar con alianzas. La prioridad es clara: fortalecer la estructura propia antes que ceder lugares a referentes ajenos, incluso si comparten afinidad ideológica.

Mientras este martes, en el centro de la capital provincial, agrupaciones políticas y sociales opositoras al Gobierno organizan una contracumbre —“La Pueblada Fest”— como respuesta crítica al avance libertario, la Derecha Fest se consolida como una postal del momento: entre militancia, marketing y polarización ideológica. Y aunque Milei no hable con Llaryora ni anuncie nada formal, su visita volverá a agitar el tablero político cordobés, donde los efectos del ajuste nacional empiezan a pesar tanto como las fidelidades electorales.

La definición de candidaturas llegará antes del 17 de agosto, día del cierre de listas. En el oficialismo cordobés, donde se siguen de cerca todos los movimientos, advierten que si Schiaretti finalmente encabeza la lista de Hacemos Unidos, la polarización con La Libertad Avanza será inevitable. El desembarco de los hermanos Milei, en ese marco, también puede leerse como una advertencia preventiva. En un territorio clave, donde los votos son muchos pero la estructura libertaria aún es difusa, el ordenamiento llega envuelto en liturgia.

PL/MG

Seis provincias firmaron un acuerdo climático en Córdoba frente a expertos nacionales e internacionales, y miembros de la sociedad civil. Los organizadores la llamaron la primera Conferencia Climática Internacional y no contó con la presencia del Gobierno Nacional, liderado por un presidente negacionista del cambio climático causado por el accionar humano.

La reunión, que duró entre el 1° y el 3 de julio en la provincia de Córdoba, fue organizada por el gobierno de Martín Llaryora y la Municipalidad de Córdoba y marcó líneas de acción conjunta de seis provincias argentinas de cara a la COP30, la cumbre mundial sobre el clima que tendrá lugar en Belém, Brasil, en noviembre próximo, donde se espera que el mundo avance para intentar acercarse a una meta que parece casi imposible de alcanzar a esta altura: frenar el cambio climático.

El encuentro reunió a seis gobernadores argentinos para firmar un compromiso que Córdoba llamó “histórico” y que significa una clara diferenciación, una contraposición, al Gobierno Nacional.

Los seis mandatarios son Llaryora; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut; Sergio Zillioto, de La Pampa; Carlos Sadir, de Jujuy; y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Griselda Aluani.

Participaron más de 40 reconocidos especialistas internacionales, y 90 expositores de Córdoba, Argentina y otros 20 países. Hubo más de 6.000 asistentes a las exposiciones y actividades

Mariano Vallares, cofundador de la ONG Sustentabilidad sin Fronteras, experto legal ambiental y activista climático, es uno de los miembros de la sociedad civil que estuvo presente en Córdoba. “El objetivo de esta reunión, como yo lo veo, es fortalecerse, demostrar que Argentina sigue vinculado a las temáticas de cambio climático y que sigue queriendo promover la acción climática, pese a que el Gobierno Nacional es negacionista. Creo que es el mensaje que se quiso transmitir”, explicó a elDiarioAR.

“Mi balance es positivo –afirma Villares–. Me parece interesante que se logre organizar un evento y que haya tanta participación en un tema que hace bastante que está en decaída, con el que está costando convocar y traccionar”. Además, plantea el especialista, “que seis gobernadores hayan tomado la decisión de reunirse para hablar de cambio climático me parece sumamente relevante”.

Llaryora cuestionó en su mensaje inaugural al “negacionismo climático” y remarcó que uno de los objetivos centrales de la conferencia de Córdoba fue “elevar nuestra voz para defender el ambiente”. “Nuestra mirada se dirige al ambiente, pero es también una mirada productiva. No somos negacionistas, entendemos las nuevas oportunidades”, aseguró el gobernador cordobés. El resto de los mandatarios habló en la misma sintonía. El gobernador de Jujuy defendió la explotación de litio en su provincia, por ejemplo.

“Si todos los intendentes se ponen de acuerdo, el país cambia. Argentina es el octavo país más grande del mundo y ha desaparecido de la agenda climática. Seremos las provincias quienes vamos a representar al país en la COP30 y este esfuerzo no puede ser desoído”, aseguró Llaryora. al remarcar el rol de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático.

Villares es positivo pero no ingenuo. Los gobernadores que acaban de firmar el acuerdo climático pertenecen a provincias mineras, petroleras y agropecuarias, actividades económicas catalogadas como extractivas y señaladas por sus impactos en el ambiente y el clima. “Quedan los desafíos de qué sucederá a partir de ahora. Se firmó un acuerdo, cuyos puntos no conocemos aún. Entonces también estaría bueno ver qué dice el acuerdo como para también tomar mejor magnitud de qué tan relevante fue esa firma”, advierte el experto.

–Deberíamos ser escépticos…

–Sí, totalmente. Siempre entendiendo que la vara es baja. Esa es una realidad también, pero quizá (los gobernadores) quieran sumarse a esta agenda e impulsarla, que entiendan que también es una cuestión económica. No solo una cuestión ambiental. Cuando expusieron, te das cuenta de que algunos gobernadores manejan mejor el lenguaje, que están más interiorizados. Hace dos o tres años , escuchábamos a los funcionarios hablar de temas climáticos sin la menor idea de lo que estaban diciendo y equivocándose muy fuerte con los conceptos técnicos. No estoy diciendo que ahora sean una maravilla, pero por lo menos se están puliendo un poquito más. Se están interiorizando un poco más.

–¿Se están adecuando a los tiempos que corren? ¿A las exigencias internacionales?

–El hecho de que estos gobernadores hayan dicho que van a ir a la COP, no sé cómo se plasmará y si realmente van a ir todos o no, pero sería un símbolo político relevante que los gobernadores vayan a la COP a llevar el mensaje de que las provincias siguen involucradas en cambio climático y siguen impulsando la agenda. La presencia de los gobernadores en la COP va a generar tal vez una confrontación con un Gobierno Nacional ausente o con muy poca presencia y las provincias muy presentes. Eso no ha sucedido nunca, en ninguna de las COP.

–¿Cuál es su expectativa y la de su organización con respecto a la cumbre climática de noviembre en Brasil?

–A nivel nacional es muy baja, todavía no sabemos si va a ir alguien o no en representación del Gobierno Nacional. Hace una o dos semanas hubo reuniones interseccionales en Bonn (Alemania). Solo fueron una o dos personas del Gobierno Nacional vía Cancillería. Así que el mejor de los escenarios es que no se opongan a nada, o sea, que no traten de trabar las negociaciones, que tengamos un perfil bajo, porque ya sabemos que si somos ambiciosos no vamos a obtener nada.

–Y a nivel internacional, ¿cuál es la expectativa?

–Es complejo porque uno siempre va con muchas expectativas y en general nunca cumplen las expectativas de la sociedad civil. Esta COP arranca muy complicada por el hecho de que es muy difícil participar, porque hay un problema muy grande que yo no no vi en ninguna de las cumbres en las que venimos participando desde hace ocho años, que es el tema del alojamiento. Belém es una ciudad inviable para hacer una COP y no es una apreciación personal. De hecho, el hecho de que los presidentes, las máximas autoridades y los ministros se tengan que reunir tres semanas antes de la COP es porque justamente las instalaciones no dan abasto. Nunca pasó esto de que los presidentes y las máximas autoridades vayan antes del evento oficial porque no se puede hacer todo en simultáneo. Las autoridades brasileñas están diciendo que quieren una COP de 30.000 personas y las últimas fueron de 80.000, de 100.000 personas. Se están cobrando precios exorbitantes por alojamientos muy precarios, por ejemplo.

–Eso va a dificultar la participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas…

–Y es contradictorio porque se transmitió y se comunicó desde Brasil que iba a ser la COP más inclusiva, la COP de Latinoamérica, y está sucediendo todo lo contrario. En la COP más exclusiva, más expulsiva de todas las que tuvimos.

–¿La falla es del gobierno de Brasil?

–Sí, 100%. ¿Qué avances se van a lograr? Y bueno, es un desafío muy grande, pero también el rol de de Estados Unidos con Donald Trump, ahora en la Presidencia, también genera muchas expectativas: hasta donde se va a poder avanzar, va a ser complejo. Los avances que tuvimos desde la COP anterior hasta la actualidad no son significativos para nada. No se ve que se esté armando una previa relevante como para lograr un acuerdo significativo en Brasil. Ojalá que sí, pero los indicios hoy no están como para que eso suceda.

–En general, lo que desde la sociedad civil se espera de las COP es que los gobiernos y las industrias, como la petrolera, la minera, la agropecuaria, pasen de los discursos a la acción.. ¿Esa es un poco la expectativa que nunca se llena?

–Si, además tenés un tema: el Acuerdo de París (firmado por los países en 2015, incluida Argentina). Estamos muy cerca de los plazos más importantes, el año 2030, y hay que rendir cuentas. ¿Qué se hizo, hasta dónde se avanzó (con los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el calentamiento global)? Porque cuando se aprobó el Acuerdo de París uno tenía la ventaja de decir “bueno, de acá a 2030 tenés un margen de tiempo”. Pero los años fueron pasando y ahí se pone en evidencia que muchos países se quedaron en anuncios y después no lo pudieron bajar a la realidad. Justamente por eso, ahora en agosto, vamos a presentar una página web que es un Observatorio Nacional de Acción Climática, en donde monitoreamos 97 objetivos que se propuso el Gobierno Nacional, desde el momento del Acuerdo de París. Y así decir cómo estamos hoy y si vamos a llegar a cumplir estos objetivos a 2030. Y los resultados ya sabemos que son muy malos. Hemos prometido un montón de cosas y el grado de cumplimiento va a ser muy malo.

-Hubo mesas sobre biodiversidad en Córdoba. ¿Qué pudo escuchar? ¿Qué se planteó?

-Se plantearon los avances que están teniendo las provincias al respecto. Cuáles son las herramientas que utilizan, cuáles son los sistemas de protección, y todo ello, muy apoyado en la ciencia y en las universidades.

–Otra diferencia central con el Gobierno Nacional…

–Primero hablaban los funcionarios y después los científicos, los representantes de universidades, del CONICET, del INTA, explicando “nosotros hicimos esto, estos son los resultados”.

–Volviendo a los gobernadores… ¿qué cree que los motivó a firmar este acuerdo?

–Surge el tema del negacionismo del Gobierno Nacional. Entonces estas provincias dicen nosotros queremos seguir impulsando la acción climática, necesitamos financiamiento, armemos una alianza y empecemos a tratar de negociar y a conseguir financiamiento en conjunto. Y eso es lo que están planteando a organismos internacionales, planteando esta dificultad que están teniendo: si le pide el aval a Nación nunca van a poder conseguir financiamiento y ahí se les complica muchísimo avanzar con la acción climática, que es un poco lo que transmiten. Creo que lo más importante es que se volvió a poner el cambio climático en la agenda política. Ahora hay que hacer un seguimiento y acompañamiento a ver qué queda en esto, si se va a seguir avanzando o va a quedar solo en un evento lindo. Yo tengo esperanza de que sí, de que esto va a seguir avanzando.

ED/MG

Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio manifestaron su rechazo a la reciente decisión del Gobierno de aumentar las retenciones al sector agropecuario, y advirtieron sobre las consecuencias que la medida puede generar en las economías regionales.

“Quiero expresar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las retenciones al agro. En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, señaló Llaryora, en redes sociales.

El mandatario cordobés destacó además el enfoque de su gestión hacia el campo: “En Córdoba adoptamos un camino diferente: eliminamos los Ingresos Brutos a la producción, suprimimos el Impuesto a la Mera Compra y destinamos el 98% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de infraestructura y servicios para el campo. Son decisiones concretas que alivian la carga fiscal y respaldan a quienes producen y generan empleo en nuestro territorio”.

“Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo. Reiteramos nuestro rechazo a esta medida que vuelve a golpear al interior productivo y al sector más dinámico de la economía”, agregó Llaryora, y concluyó que la medida anunciada por el Ejecutivo nacional “asfixia al agro en un momento crítico”.

Por su parte, Pullaro calificó la medida como “un error” y cuestionó su impacto sobre las comunidades rurales.

“Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas”, expresó el mandatario santafesino.

En tanto, Frigerio se reunió el viernes pasado con los referentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace para analizar la situación fiscal y de infraestructura que afecta al sector.

“Entre Ríos es el campo, por eso estamos siempre al lado de los productores y vamos a seguir estándolo con hechos concretos, como la reducción de la presión impositiva y el acompañamiento permanente para que Nación empiece a bajar las retenciones hasta su eliminación”, señaló Frigerio.

El Gobierno nacional prorrogó la rebaja temporal de retenciones para la cebada y el trigo, pero volvió a elevar a su nivel previo los derechos de exportación para soja, maíz, girasol y sorgo. Así lo estableció mediante el decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Los cambios regirán desde el próximo 1° de julio, dado que hasta el lunes 30 de junio rigen las rebajas que habían sido anunciadas a principios de año. Diecisiete días después, comenzará la tradicional exposición del campo en La Rural de Palermo, donde el sector suele levantar la voz para expresar sus reclamos o elogios a las autoridades.

MP con información de NA

Después de meses de fricción con las provincias, Javier Milei busca reactivar el vínculo político con los gobernadores. Un virtual relanzamiento del Consejo de Mayo aparece como el nuevo paraguas institucional para dar forma a esa estrategia, según pudo saber elDiarioAR. El objetivo: blindar los próximos proyectos legislativos de la Casa Rosada —reformas tributarias, laborales y previsionales— con una narrativa de consenso federal. Pero también preparar el terreno para lo que el propio Milei llamó, tras la victoria porteña de Manuel Adorni, “la expansión violeta en todo el país”.

El martes pasado, como gesto inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo mantuvo dos reuniones por Zoom con 17 gobernadores para explicar los detalles del “Plan de Reparación Histórica del Ahorro”, el eufemismo con que el Gobierno denomina a su intención de modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar. La Casa Rosada busca evitar que las provincias impongan trabas, impuestos o restricciones. La reacción pública más dura vino del bonaerense Axel Kicillof, que anunció que mantendrá controles impositivos y calificó la medida como una “estrategia para legalizar fondos sin origen claro”.

Es que la jugada no es solo técnica. También es política. Este jueves, la Casa Rosada anunció que firmó el primer “convenio de intercambio de información” con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Se trata de uno de los mandatarios provinciales que se sumaron a la reunión virtual del martes y que forman parte del lote dialoguista, un grupo que, sin romper con sus espacios de origen, elige colaborar con Milei para no aislarse frente a la crisis fiscal. Lo conforman, entre otros, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El Gobierno busca, en un futuro no tan lejano, replicar una foto similar a la del 9 de julio de 2024 en Tucumán, cuando Milei logró reunir a una docena de mandatarios detrás de su Pacto de Mayo. Esta vez, el acto podría repetirse con tono más ejecutivo y presencia del “círculo rojo”, incluyendo empresarios y gremialistas afines. Por lo pronto, los gobernadores de tinte peronista convocaron para la semana próxima una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el telón de fondo de la caída de la recaudación y la merma en la coparticipación. Así y todo, el mensaje implícito es claro: no hay plata, pero sí hay política.

“Somos dialoguistas por naturaleza, pero tampoco podemos quedar como tibios”, advirtieron a elDiarioAR desde una de las provincias del norte. Más allá del enunciado institucional, los líderes locales saben que la ofensiva libertaria es también una operación de reposicionamiento: después de una primera etapa de poder concentrado en la Casa Rosada, el Presidente ensaya ahora una arquitectura de poder más abierta pero no menos vertical. Mientras el Congreso permanece fragmentado, Milei apuesta a sumar por fuera: gobernadores, sindicatos, empresas, y luego presionar para que los diputados y senadores refrenden lo ya acordado en otro lado.

La paradoja es que el Consejo de Mayo, concebido como una herramienta de “acuerdo federal”, opera como eje de una gobernabilidad cada vez más centralizada. La consigna de Milei de reducir el Estado choca con la necesidad de institucionalizar el apoyo de las provincias sin entregar recursos. Así, el “federalismo libertario” empieza a tomar forma como una mezcla de austeridad forzada, negociación directa y alianzas tácticas.

Algunos gobernadores —como Leandro Zdero en Chaco, que recientemente logró una victoria electoral en su provincia, o Alfredo Cornejo en Mendoza— avanzan hacia acuerdos más estructurales con La Libertad Avanza. Otros, como Llaryora o Pullaro, optan por acompañar de manera condicionada. Durante el evento de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, ambos coincidieron en reclamar por la reactivación de la obra pública y una reforma del esquema impositivo. “No podés seguir sin obra pública”, sostuvo Llaryora. “Cada $100 que aportamos ahora vuelven $49”, remarcó Pullaro. Son frases que resumen el malestar fiscal en las provincias y que tensionan la promesa de “orden macroeconómico” del Gobierno nacional.

A su manera, Milei ofrece a los gobernadores algo más que plata: ofrece viabilidad política en un país en crisis. En esa lógica se inscribe su llamado a “pintar de violeta todo el país”, que no es solo un slogan de campaña sino una consigna de poder. El trasfondo es más profundo: el intento de construir una nueva coalición de gobernabilidad por fuera de las estructuras tradicionales. Ya no se trata de coaliciones partidarias sino de alineamientos pragmáticos en torno a un proyecto de reforma estructural del Estado.

Ese proceso tiene también un calendario: el 8 de junio se celebrarán elecciones provinciales en Misiones, el primer test electoral después del triunfo libertario en la ciudad de Buenos Aires. La provincia gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira pondrá en juego su hegemonía en la Legislatura local, mientras La Libertad Avanza busca medir fuerzas y ampliar su anclaje en un territorio donde la boleta de Milei arrasó en 2023.

Otro dato que comparten la Nación y las gobernaciones es la baja participación electoral en las provincias. Con votantes desmotivados y crisis fiscal, los gobernadores se ven empujados a jugar en simultáneo en dos tableros: el institucional y el electoral. A cambio de apoyo legislativo, buscan recomponer su poder territorial. A cambio de orden, Milei busca respaldo para un nuevo relato refundacional.

El resultado está abierto. Pero si algo muestra esta nueva etapa es que el Presidente que llegó al poder denostando la “casta” hoy ensaya un pacto con parte de ella, sin perder su discurso virulento. Una alquimia difícil, pero no imposible, y profundamente pragmática. El Consejo de Mayo, en este contexto, no es solo una mesa: es el laboratorio donde se prueba, una vez más, el modelo de gobernabilidad de Milei.

PL/DTC