En la misma Argentina en la que este jueves las fuerzas de seguridad arrojaron a mansalva gases lacrimógenos que afectaron más a las decenas de miles de manifestantes pacíficos que a los pocos violentos ya comienza a hablarse de estanflación. Es la temible combinación de estancamiento o recesión, es decir, dos trimestres consecutivos de caída económica –consultoras como LCG, Analytica y Oxford Economics consideran que así ocurrió–, con una inflación elevada, que rebrotó en septiembre al 1,9%, tras el 1,7% de agosto, y se encamina cerrar el año parecido al 31,5% de 2025. Uno de los primeros que pronunció la palabra estanflación fue Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.

“Salvo en los sectores minería, energía y agroindustria, el resto no crece y con una tasa de inflación que se enquistó en torno al 2%”, advierte Sigaut Gravina. Es un índice de precios al consumidor (IPC) menor al 12% que dejó Sergio Massa en el Ministerio de Economía, pero similar al que se le criticaba al kirchnerismo y muy superior al 0,8% del Brasil de Lula da Silva y al 0,4% del México de Claudia Sheinbaum. Un problema de la estanflación radica en que si la política económica ataca la inflación, como pretende Javier Milei, se hunde más la actividad económica y el empleo, pero si se apuntara al estancamiento o la recesión, se calentarían aún más los precios.

En el almuerzo de este miércoles en el hotel Alvear del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que reúne a las cámaras del comercio, la construcción, la Unión industrial, la Sociedad Rural, la banca privada nacional y la Bolsa porteña, más que el discurso del invitado Horacio Marín, presidente de YPF, resonaron los comentarios por lo bajo de los empresarios sobre la incertidumbre sobre 2027. “Por la economía que no repunta: no se ven motivos por los que habría de mejorar, con dólar que corre por debajo de la inflación y afecta a la industria y a la construcción, que cotiza en dólares, y con el boom del contrabando y la invasión de productos chinos”, comentó uno de los pesos pesados de la Cicyp, que preside Bettina Bulgheroni, embajadora de la marca país por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e integrante de la familia dueña de Pan American Energy.

“Incertidumbre sobre quién viene a gobernar”, agrega otro motivo el confidente del Cicyp. En el establishment hay un consenso en el apoyo a la baja de la inflación y el superávit fiscal sin financiamiento monetario, pero preocupa la actividad económica. Por eso no todos están con Milei, pero incluso los que lo critican dudan de que Patricia Bullrich pueda configurar una alternativa y en el peronismo prefieren a un Massa que a un Axel Kicillof porque pese a su mal paso por Economía se lo ve más proclive a sostener el giro pro mercado y no regresar a recetas pasadas. Empresarios como José Luis Manzano y Francisco de Narváez siguen siendo estrechos amigos del abogado que en 2013 rompió con Cristina Fernández de Kirchner, en 2016 apoyaba a Mauricio Macri y en 2019 se reconcilió con la expresidenta.

Un clima similar se palpó en la enésima gira de Milei por EE.UU. esta semana. Mientras, el deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de compañías con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses. En este contexto, el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) de la firma de gestión de riesgos Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos en septiembre, con una caída de 0,6 puntos frente al mes anterior y dentro de la categoría de riesgo elevado. El resultado refleja un escenario heterogéneo, en el que algunas mejoras sectoriales y financieras conviven con una actividad económica débil y una fragilidad crediticia persistente.

Pero los hombres de negocios que están ampliando sus fortunas durante el gobierno libertario aspiran a que su cosecha continúe. Es llamativo cómo en diversas licitaciones de concesiones y privatizaciones ha habido candidatos fijos a ganarlas que finalmente triunfaron. Los actores cercanos al contrato de la hidrovía del río Paraná preveían que la belga Jan de Nul y su socio local Leonardo Román, de familia con larga tradición portuaria, iban a vencer. Y lo hicieron. La diputada Marcela Pagano denunció que los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo, conseguirían subcontratos.

Los Neuss y sus socios dentro de Edison Energía sonaban como favoritos para las concesiones de las represas del Comahue y ganaron dos de las cuatro. Lo mismo para la venta de la participación del Estado en la transportista eléctrica Transener y la obtuvieron en sociedad con Jorge Brito, el dueño del Banco Macro que este año coqueteó con meterse en política pero parece haberse contenido al menos por ahora. Eso sí, Georgi Neuss, primo de Juan y Patricio, se quedó con las ganas de Metrogas, que fue a parar a manos de Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

En la privatización de AySA sonaba el nombre de Filiberti, su proveedor de cloro, y efectivamente prevaleció. Lo hizo en alianza con Walter Román, tío de Leonardo y aportante de la campaña de La Libertad Avanza en 2025; con Águas do Rio y con un misterioso fondo de inversión especulativa llamado PHX, con sede en Curazao, colonia neerlandesa que jugó el último Mundial, según descubrió el periodista Esteban Rafele en Letra P.

Ahora Grupo México aparece como favorito en la próxima concesión, la de los ferrocarriles de carga. Logró que la licitación sea por el negocio integral: el Gobierno desistió de su idea original de dividirlo entre vías, talleres e inmuebles, por un lado, y material rodante, por otro. También que lo incluyera en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Enfrenta en la contienda a un consorcio de cerealeras, las extranjeras Bunge, Cargill y LDC, la cooperativa ACA y Aceitera General Deheza (AGD). Veremos si a AGD, la empresa del ex senador peronista cordobés Roberto Urquía, le juegan en contra los posicionamientos críticos que viene adoptando la Fundación Mediterránea, donde él pesa fuerte, y donde la presidenta es la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito –hermano de Jorge– y Sergio Roggio, del grupo que perdió AySA.

Los que también hacen negocios en plena estanflación son los bancos y las sociedades de bolsa que tienen hasta fin de mes para conseguir que el medio millón de empresas de la Argentina los contraten para gestionar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que podrán pagar indemnizaciones por despido y retiros voluntarios. En el sector financiero se espera que el plazo se prorrogue hasta finales de noviembre, dado que existen problemas operatorios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para registrar las inscripciones. A aquellas compañías que no escojan quién administrará su fondo se les asignará uno por sorteo. Las grandes aportarán el 1% de su masa salarial y las pymes, el 2,5%. Se trata de hasta US$2.500 millones por año. Son recursos que antes iban a pagar jubilaciones y asignaciones familiares o a financiar el Fondo Nacional de Empleo o el Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI). Ya no, por decisión de la reforma laboral impulsada por LLA y aprobada también por sus aliados.

El banco español BBVA fue el primero que se lanzó a una campaña agresiva para conseguir que las empresas la contraten para gestionar su FAL. Arrancó ofreciendo comisión cero por un año, en lugar del 1% tope que estableció el Ejecutivo. Pronto sus competidores lo imitaron con ofertas similares: el Galicia, el Macro, el Santander y el ICBC y los públicos Nación y Provincia de Buenos Aires. Estos siete bancos controlan 85% del negocio de las cuentas sueldo en la Argentina y con esa base aspiran a quedarse con el del FAL. Pero las sociedades de bolsa, técnicamente llamadas agentes de liquidez y compensación (ALYC), domina el 40% de los fondos comunes de inversión y, como el FAL será justamente eso, pretenden quedarse con el 30% de este nuevo mercado.

Claro que el FAL no podrá meterse en inversiones de riesgo como las acciones. Algunos descansarán en opciones conservadoras como plazos fijos. Son los más atractivos para empresas que prevean despidos y rotaciones de personal más frecuentes. Otros invertirán en las alternativas autorizadas con más riesgo, como deuda provincial o corporativa, aunque estas variantes están limitadas al 15% y al 20%, respectivamente, del total de la cartera. La idea del Gobierno fue que no se corra el peligro de que el dinero destinado a indemnizaciones se pierda, como ocurrió con el de las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) entre 1994 y 2008 con apuestas ruinosas.

Otros negocios se tejen con la venta de ciudadanía, activo de interés para extranjeros que quieren saltearse el límite del 15% a la propiedad foránea de tierras por municipio. Entre el 29 de septiembre en que la Corte Suprema habilitó la extranjerización total de terrenos y el 9 de octubre, cuando echó por tierra esa decisión, el empresario chino Mao Dong Xu creó seis sociedades argentinas, Voltstone, Gridvera, Xcity Mining, Gridcrest, Voltara y Terrawatt, según descubrió el portal Tengo Data a partir de lo publicado en el Boletín Oficial. Mao, un financista inhabilitado de por vida en su país y radicado en EE.UU., promociona Xcity, una “ciudad-estado superinteligente” de 400.000 hectáreas en San Juan, que con energía solar minará bitcoins y alimentará centros de inteligencia artificaial, con robots residentes.

Mao vende derechos de uso de parcelas por 30 años, respaldados con NFT, un token no fungible, activo digital único. La tierra queda formalmente a nombre de una sociedad argentina, pero el control económico pasa a inversores extranjeros. Además, la documentación prevé usar varias entidades cuando las tenencias de un inversor se acerquen a los topes legales para extranjeros. Planea pedir al Gobierno facultades de autogobierno parcial, con un consejo de inversores en asuntos locales. Ofrece servicios de residencia y ciudadanía ligados a inversiones.

El oro del Banco Central también ha sido objeto de negocios. Queda por conocerse qué bancos extranjeros fueron contratados por el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para enviarlo primero a Londres y después a Suiza. Y cuáles otros se encargaron del contrato de cobertura del precio del metal, por el que el Central terminó dejando de ganar, o perdiendo, unos US$1.000 millones. Bausili acumula tres denuncias por estas diversas operatorias: una de los senadores peronistas Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria, otra del abogado Gregorio Dalbón y una nueva del diputado socialista Esteban Paulón.

Más allá de estos negocios que se tejen, unas 25 mujeres de los mundos de la empresa, la política, la academia y la sociedad civil presentarán este jueves VEGA, Voces de Equidad y Género en Acción. A la cabeza está Carolina Castro, de la autopartista Industrias Guidi, que tuvo su paso por la política con Macri primero y Florencio Randazzo después. Su voz es una de las más lúcidas del empresariado argentino. La acompañan la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, la legisladora porteña macrista Silvia Lospennato, la auditora general de la Nación Pamela Calletti; Andrea Gualde, directora de asuntos jurídicos e institucionales de Farmacity; la politóloga María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y las empresarias Lorena Basso (Semillas Basso) y Patricia Furlong (Global Processing). VEGA sostiene que su objetivo es “trabajar por una Argentina más democrática, más productiva y más innovadora”. Quizás otro país es posible de la mano de las mujeres.

AR/MG

Hasta los 80 era estatal el servicio de agua potable y cloacas en lo que ahora se llama AMBA, área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. En los 90, el gobierno de Carlos Menem lo privatizó, se rebautizó Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez y Aguas de Barcelona. Fue una de las concesiones con más incumplimientos y por eso la administración de Néstor Kirchner la reestatizó: nació Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Ahora la gestión Javier Milei, con el apoyo del Congreso aliado, la volvió a manos privadas: hoy se anunció que la administrará un consorcio integrado por la empresa logística Rowing, del empresario Walter Román; la brasileña Arcos, de la familia Setúbal y el fondo de inversión soberano de Singapur GIC; Transclor, el proveedor de cloro de AySA que pertenece a Mauricio Filiberti, también accionista de otros dos servicios básicos del AMBA, la eléctrica Edenor y Metrogas, y PHX Aqua, de Países Bajos. Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas, pero no en esta nueva privatización.

El consorcio denominado Rowing ofertó US$340 millones por el 90% AySA, menos de los 500 millones que el Gobierno esperaba recaudar. Sin embargo, fue suficiente para superar a los 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, que tiene Aguas de Córdoba y la concesionaria del subte Emova, y que había prometido contar con el asesoramiento de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El otro 10% de AySA quedará en manos de los trabajadores, un mecanismo similar al de las privatizaciones de Menem que asegura la paz sindical, en este caso con el gremialista José Luis Lingeri.

“AySA era un modelo de disfunción administrativa”, argumentó el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, al anunciar los resultados de la contienda. “Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%.”

“El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, continuó el Palacio de Hacienda. “El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio. Las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”, completó el ministerio.

Pero las críticas a la privatización se acumulan. En junio, el juez Mariano López, del Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una cautelar: le ordenó no recortar inversiones, no postergar obras críticas y no relajar los controles de calidad del agua hasta que haya una evaluación ambiental, sanitaria e institucional. Además, giró a la justicia federal el planteo de la Defensoría del Pueblo sobre la legitimidad de la venta. Un amparo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya había contribuido a postergar la licitación.

En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos proyectos para frenarla, con el apoyo de otros 11 senadores. Su argumento es que el agua es un derecho y no un negocio. Recuerda que con Aguas Argentinas en los 90 las tarifas se duplicaron en términos reales, faltó inversión y los líquidos cloacales se volcaban sin tratar. Con la gestión estatal, dice, la cobertura de agua pasó del 79% a más del 85% y la de cloacas del 60% al 70%.

Desde el ambientalismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo colectivo junto con el Foro Hídrico de Lanús y otras organizaciones. Cristian Fernández, coordinador de Legales de FARN, sostuvo que la venta antepone la rentabilidad al interés público y pone en riesgo obras como el Sistema Riachuelo. Criticó que no hubo auditoría pública de obras pendientes ni pasivos ambientales. Y que la información técnica quedó en un “data room” reservado a los oferentes, sin audiencia pública, lo que a su juicio viola la ley de acceso a la información ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Hay otro punto discutido: la licitación no tiene precio base, aunque toda oferta debe superar la valuación hecha por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los diputados peronistas Ana Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich se presentaron ayer a la Justicia para denunciar que se cambió el método de valuación para privatizar AySA y otras empresas públicas.

Además, el contrato no promete agua y cloacas para todos dentro de los 30 años de concesión. La universalización queda para una eventual prórroga. Estos son las condiciones exigidas al nuevo contratista.

Periodo

Cobertura de hogares con agua potable

Con cloacas

Hoy

74,5%

63%

A 5 años

75,3%

63,9%

A 10 años

78,9%

65,3%

Fin de la concesión (mejor caso)

90%

75%

En el primer quinquenio, la cobertura de agua sube menos de un punto. El propio pliego habla de “estabilización operativa” antes que de expansión, y las obras grandes quedan mayormente fuera de la primera década. Una proyección de AySA ubica la cobertura del 100% de agua potable recién en 40 años, y el de cloacas cinco años después.

Encima, uno de los integrantes del consorcio, Arcos, no tiene los mejores antecedentes como operador de Águas do Río, en Río de Janeiro. En diciembre de 2024, el Procon Carioca, el organismo de defensa del consumidor de Río, la multó con 13,6 millones de reales por cortar el suministro durante un mantenimiento del sistema Guandu. En 2025 volvió a notificarla por una interrupción que afectó a 37 barrios en plena ola de calor. Las quejas ante el Procon pasaron de 48 en 2021 a 1.550 en 2024. La empresa puede alegar que heredó un sistema deteriorado de la estatal Cedae.

AR / NB

El Gobierno dará este martes 15 de septiembre un paso clave en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la apertura de las ofertas de los interesados en quedarse con la compañía, en una jornada que estará acompañada por una movilización de organizaciones socioambientales y territoriales frente al Ministerio de Economía.

La apertura de las propuestas está prevista para las 10, luego de que el cronograma fuera postergado a fines de agosto ante el pedido de algunas empresas de contar con más tiempo para completar la documentación requerida. Según fuentes oficiales, la extensión del plazo buscó ampliar la participación y la competencia entre los posibles oferentes.

El Ejecutivo aspira a recaudar alrededor de US$500 millones con una de las privatizaciones incluidas en la Ley Bases de 2024. El proceso contempla que el 90% del capital de AySA termine en manos privadas, mientras que el 10% restante continuará en poder de los trabajadores.

La licitación se realizará mediante un esquema de “etapa múltiple”. En una primera instancia se determinará si las propuestas cumplen con las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras establecidas en el pliego. Posteriormente se abrirán las ofertas económicas de quienes hayan superado esa evaluación para determinar cuál resulta más conveniente.

Mientras se desarrolle esa instancia, organizaciones nucleadas en el Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora se concentrarán desde las 9.30 frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250, para manifestarse contra el traspaso de la empresa.

Entre las consignas de la convocatoria figuran “No a la privatización de AySA”, “No a la reducción de controles de la calidad del agua” y “No a las tarifas abusivas ni al corte de agua por falta de pago”. También cuestionan la participación de la empresa estatal israelí Mekorot como asesora técnica del proceso.

“El agua es vida, no mercancía” y “Defender el agua es una cuestión humana, no partidaria” son otros de los lemas con los que las organizaciones convocaron a la protesta.

Cómo será la privatización

AySA presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.

El Gobierno había aprobado a fines de abril el contrato de concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderlo por otros diez.

El esquema previsto establece que en una primera etapa se transfiera a un operador estratégico el 51% de las acciones actualmente en poder del Estado. Posteriormente se realizará una oferta pública inicial para colocar otro 39% en el mercado de capitales. El Programa de Propiedad Participada de los empleados conservará el 10% restante.

De esa manera, el Estado nacional dejará de tener participación accionaria en la compañía una vez completado el proceso.

El pliego impone además una serie de requisitos para quienes aspiren a quedarse con el control de la empresa. El operador técnico deberá acreditar por lo menos cinco años de experiencia, dentro de la última década, en la gestión de servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales.

Esa experiencia tendrá que haberse desarrollado en un centro o conglomerado urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y con un mínimo de 500.000 usuarios.

En el plano financiero, los interesados deberán demostrar capacidad o antecedentes en la estructuración u obtención de financiamiento para proyectos de infraestructura, servicios públicos, empresas reguladas o actividades de una escala comparable a AySA por un monto acumulado no inferior a US$150 millones durante los últimos diez años.

También deberán acreditar un patrimonio neto consolidado de al menos US$300 millones. Para fondos de capital privado, consorcios y otras estructuras plurales de administración de activos, la exigencia será de US$1.000 millones en activos bajo gestión.

Protestas y cuestionamientos

La concentración frente al Ministerio de Economía tendrá lugar pocos días después de otra movilización contra la privatización. El viernes 11, vecinos, organizaciones sociales y ambientales y sindicatos marcharon desde Plaza Grigera hasta las oficinas de AySA en Lomas de Zamora con las consignas “El agua no se vende” y “El agua se defiende”.

El Foro Hídrico y Ambiental sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento debe ser considerado un derecho y cuestiona que la prestación pueda quedar subordinada a criterios de rentabilidad.

Entre las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones aparecen la posibilidad de nuevos aumentos tarifarios, los cortes del suministro por falta de pago y una eventual disminución de los controles sobre la calidad del agua.

También reclaman que el Estado mantenga sus responsabilidades respecto de la prestación del servicio, particularmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Otro foco de las críticas es la participación de Mekorot. Las organizaciones cuestionan el asesoramiento de la compañía israelí en la estructuración del proceso y reclaman mayor acceso a la información técnica y económica vinculada con la operación.

Un fallo en medio del proceso

La disputa por el futuro de AySA también llegó a la Justicia. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó recientemente una medida cautelar que impide que la compañía modifique o reduzca determinadas obligaciones vinculadas con la prestación del servicio.

La resolución ordenó a AySA abstenerse de “modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar” sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la adecuada prestación. La causa fue posteriormente remitida al fuero federal.

Las organizaciones que convocaron a la movilización consideran que el pronunciamiento judicial refuerza su reclamo para que el proceso de privatización no implique una disminución de las responsabilidades estatales en materia de acceso al agua y al saneamiento.

Los hermanos Neuss y el banquero Jorge Brito hicieron negocio con la adquisición de Transener, la empresa que transporta el 85% de la energía eléctrica de alta tensión del país. Apenas días después de haber adquirido el 50% que le vendió el gobierno de Javier Milei, se repartieron dividendos de la empresa por unos $253 millones.

La operatoria se llevó a cabo a través de un mecanimos burocrático ahora sospechado por el gremio del sector. El 27 de agosto pasado, un día antes de que se formalizara el traspaso de las acciones, la asamblea de Transener —ya bajo control de los nuevos dueños— aprobó distribuir $253.536 millones en dividendos, unos 170 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento. La plata salió de desafectar buena parte de una cuenta de reserva que la compañía había constituido con ganancias de ejercicios anteriores, previstas originalmente para el pago de dividendos futuros. En los hechos, casi dos tercios de lo que el consorcio pagó por la empresa volvieron a sus bolsillos con dinero que Transener ya tenía guardado antes de cambiar de manos. Cada uno de los socios de Edison-Genneia —la sociedad formada por los Neuss y Brito— cobró unos US$22,3 millones por su tramo de participación, mientras que Pampa Energía, socia histórica de la eléctrica a través del grupo Mindlin, recibió 44,7 millones por su tajada del 26,3%.

La compra que hizo posible ese negocio se cerró en agosto, cuando el Estado vendió su 50% en Citelec —la sociedad que controla el 26,3% de Transener— al consorcio integrado por Edison Energía, de los hermanos Neuss, y Genneia, la generadora de energías renovables donde Brito es accionista principal. La oferta ganadora fue de 356,2 millones de dólares, por encima de las presentadas por Edenor (230 millones) y Central Puerto (301 millones), en una licitación con un piso de 206 millones. El proceso ya venía bajo sospecha desde antes de conocerse el ganador: el 28 de abril, mientras se cargaban las ofertas en la plataforma oficial de compras públicas CONTRAT.AR, el sistema se cayó durante aproximadamente una hora, con solo dos ofertas registradas hasta ese momento. Cuando volvió a funcionar, apareció una tercera oferta, más alta, que terminó ganando: la de Edison-Genneia.

Los hermanos Neuss —Juan, Patricio y Jorge— encabezan un grupo empresario familiar con más de 130 años de historia, que se remonta a la fábrica de gaseosas fundada en 1891 por Hermann Neuss en Belgrano. En los últimos años diversificaron hacia servicios públicos, petróleo, telecomunicaciones e inmuebles, y en 2014 crearon Neuss Capital, un fondo de inversión especializado en concesiones. Mantienen, además, una relación personal de larga data con Santiago Caputo, el asesor presidencial, con quien se conocen desde la infancia. Desde que arrancó la gestión libertaria, el grupo sumó a Transener las represas Alicurá y Cerros Colorados, la generadora mendocina Potrerillos y la distribuidora rionegrina EDERSA, y aparece entre los interesados en la privatización del dragado y balizamiento de la Hidrovía, un negocio que el Gobierno estima en entre 200 y 300 millones de dólares anuales. En Edison Energía participan también Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.

Carlos Minucci, secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), fue el primero en poner el escándalo en la agenda pública. En diálogo con Radio Gráfica, sostuvo que las maniobras de los Neuss “no son negocios, sino que son estafas, y comenzaron cuando hubo problemas en la apertura de la licitación”, en referencia a la caída del sistema de compras públicas. Sobre el reparto de dividendos, afirmó que “lo que hicieron ahora es tomar, en la primera reunión de directorio, un dinero guardado de lo que tenía ENARSA”.

El dirigente fue más allá y apuntó directamente al asesor presidencial: “En el negocio está el asesor Santiago Caputo”, dijo. Para Minucci, “lo más grave no es la estafa cometida, sino que el Servicio Eléctrico Nacional esté en manos de delincuentes”, a quienes describió con una imagen elocuente: “Estos pibes exprimían limones y se encontraron con una estructura económica monstruosa”. También advirtió sobre el estado de la red: “El sistema de transmisión está al límite”, y cuestionó las prioridades de los nuevos dueños: según él, lo que buscan es “buscar plata”, no “mejorar el sistema”.

Las ganancias se generaron mientras Transener todavía era, en un 50%, propiedad del Estado, que no las percibió antes de vender. ANSES, que retuvo un 19,6% de las acciones de Transener y no participó de la porción vendida, sí cobró su parte proporcional del reparto de dividendos, unos $49.600 millones, según trascendió de la gestión de la directora Flavia Bevilacqua bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. El caso Transener se suma así a la lista de privatizaciones del gobierno de Milei que terminan bajo sospecha por la rapidez con que los nuevos dueños recuperaron parte de lo invertido.

El Gobierno convoca a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, escribió Caputo.

Agregó que “la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”.

Caputo puntualizó que “durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que “el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

El llamado a licitación

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.

Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.

Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.

Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.

El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.

El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado. A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.

Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

AR/MC

Diversos diputados de la oposición, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, el socialista Esteban Paulón y la cívica Mónica Frade, reclamaron este lunes una investigación sobre la negociación en marcha entre el gobierno de Javier Milei y Aeropuertos Argentina, concesionaria de Corporación América, de la familia Eurnekian, para que el contrato de 1998 que vence en 2038 se prorrogue en 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

La administración de Milei -que trabajó en Corporación América de 2008 a 2021- había firmado en septiembre pasado un acta acuerdo en ese sentido y lo había ratificado en el Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna) en una reunión secreta, pero el pasado día 10 la dejó sin efecto después que a principios de mes quien firmara aquel convenio, Facundo Leal, expresidente del ente de control, fuera arrestado con US$2,3 millones y drogas en su departamento de Palermo Chico. Todos los documentos fueron publicados el pasado viernes por elDiarioAR.

El acta acuerdo, sin embargo, quedó como antecedente de trabajo para una nueva negociación que ha comenzado, según consta en el acta de la reunión también secreta del 10 de junio en el directorio del ORSNA, que ahora encabeza Noelia Ruiz. Aquel pacto, que se frustró antes de llegar a la firma del propio Milei, también contemplaba incluir el plan de inversiones 2026/2030 de Aeropuertos en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del 15% que el Estado tiene en esta empresa de Corporación América.

“¿Algún fiscal en la sala? En @eldiarioar revelaron un tremendo escándalo de corrupción que, por el chorro de Adorni y el Mundial, está pasando desapercibido: Milei, ex empleado de Aeropuertos Argentina, arregló en secreto la entrega de los aeropuertos hasta 2066 a su ex patrón Eduardo Eurnekian, dueño de AA”, escribió Tailhade en la red X. Paulón, en tanto, analiza la presentación de un pedido de información sobre la negociación contractual y Frade, de la Coalición Cívica, también está preparando un requerimiento. “Además, el ex empleado Milei le permite a su ex patrón Eurnekian meter el acuerdo en el RIGI y le promete la privatización del 15% de AA que tiene el Estado. En definitiva, un acto de corrupción de miles de millones de dólares”, criticó el diputado de Unión por la Patria (UP).

“Las negociaciones secretas (ilegales) las lleva adelante otro gran corrupto, Juan Pazo (a quien en 2024 denuncié por evasor cuando asumió en AFIP), que participa del negociado en representación del Timba Caputo”, prosiguió Tailhade en referencia al exjefe de la agencia recaudatoria y el actual ministro de Economía. “Pazo no se fue del gobierno 'para dedicarse a la actividad privada', como le dijeron a la gilada: sigue cobrando 15 palos por mes como director, justamente, de AA”, aportó un dato novedoso el diputado.

“El otro negociador fue Leal, quien como titular del ORSNA firmó las resoluciones y el contrato, antes de que le encontraran millones de dólares y drogas en la casa y quedara preso”, continuó Tailhade. “A este corrupto ya lo investigan por curros millonarios en la obra pública de los aeropuertos, causa que tiene los mismos protagonistas. Vamos a seguir el tema, porque es muy grave, porque los medios van a ocultarlo a fuerza de pauta, y porque atrás están el propio Milei y el malandra del Toto Caputo”, cerró el legislador su mensaje en redes sociales. La causa a la que se refiere se inició por una denuncia de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

AR/CRM

El Gobierno avanzó este lunes con una nueva etapa de la licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abriera las ofertas económicas presentadas por las compañías belgas Jan de Nul y DEME (Dredging Environmental & Marine Engineering).

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, ambas empresas ofertaron una tarifa de US$3,80, cifra que implica una baja de 50 centavos respecto del esquema actual y que, según cálculos oficiales, representaría un ahorro del 13,5%.

La definición ahora quedará sujeta a la evaluación integral de cada propuesta, que combinará la puntuación técnica y la económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.

En el caso de Jan de Nul, la compañía se presentó junto a un socio minoritario local: Servimagnus, la firma dirigida por Ricardo y Leonardo Román.

Según fuentes del sector privado interesadas en que se concrete la concesión, en una semana se sabrá el ganador.

Desde el Gobierno remarcaron que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones ni objeciones al pliego licitatorio durante el proceso, algo que consideraron una señal de “transparencia y solidez técnica” de la compulsa.

La administración de Javier Milei sostiene que el objetivo de la privatización es garantizar tarifas más competitivas para el sector exportador, mejorar la previsibilidad operativa y modernizar una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Además, destacaron el respaldo de cámaras empresarias y sectores productivos al proceso licitatorio. Entre las entidades mencionadas figuran la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales.

La futura concesión contempla inversiones estimadas en alrededor de US$10.000 millones y definirá quién controlará durante los próximos años una de las principales rutas de salida de las exportaciones argentinas.

Con información de la agencia NA

Un piano de cola Yamaha GB1 a US$15.000. Consolas y sistemas de mezcla de Avid por US$35.000 la unidad, monitores de mastering Bowers & Wilkins de US$38.000 y micrófonos de referencia mundial como el Neumann U87, de entre US$3.000 y US$4.000. También preamplificadores, compresores y sistemas de audio inmersivo de gama alta. Tal detalle de equipos de un estudio de grabación de punta comenzó a circular en los últimos días por redes sociales como una venta particular con el dato llamativo: corresponden exactamente a la infraestructura que tenía el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM). El espacio fue desmantelado en los últimos meses por el Gobierno al ritmo de la privatización mileísta del parque cultural y educativo emblema del kirchnerismo.

Las imágenes de un supuesto Excel en el que se ofrecían al mercado de manera ilegal dichos equipos llegaron a técnicos de sonido y profesionales del ambiente musical. Una advertencia en sus redes por la ex directora del CIAM Natalia Perelman, quien fue removida en octubre de 2024 por la gestión de Javier Milei, generó un viral que llegó puertas adentro de la Secretaría de Cultura de la Nación –a cargo de Leonardo Cifelli–. En Nación no salieron a desmentir la información, hasta una consulta puntual de elDiarioAR: “Todo fue inventariado y está guardado actualmente en el Palacio Libertad”, expresó una funcionaria a este medio que rechazó de plano que los equipos estén en venta.

Este sábado a la tarde, el propio Cifelli hizo un posteo en su Instagram en el que habla de que “llega un estudio de grabación al Palacio Libertad”. No admite que se cerró el CIAM, sino que argumenta que el estudio se trata de “un recurso existente, proveniente de Tecnópolis, para integrarlo a un entorno con mayor actividad, más circulación y más oportunidades de desarrollo”. elDiarioAR intentó consultar al actual director de Tecnópolis, Mariano Cazorla, por la supuesta lista de venta de equipos, pero en su entorno explicaron que “no se mete con un fake”.

El viral reveló, sin embargo, cierta inquietud que hay detrás del cierre de Tecnópolis y el desmantelamiento del patrimonio cultural estatal allí instalado –desde el CIAM a los emblemáticos dinosaurios, o el icónico avión de Aerolíneas Argentinas–. El Gobierno tiene que dejar “pelado” antes del 30 de junio el predio de 500.000 m² y ubicado en Villa Martelli a la vera de la avenida General Paz. En julio comenzaría la privatización de una concesión por 25 años que aún está por resolverse: la licitación sigue sin definirse y hay serias sospechas sobre quién será el privado a cargo de la explotación del parque, debido a un supuesto vínculo con Karina Milei y Manuel Adorni.

¿Dónde están los equipos del CIAM?

“El CIAM fue uno de los cinco mejores cinco estudios del país y fue uno de los primeros a nivel mundial por tener un equipo de mezcla de sonido inmersiva a nivel público. Fue un espacio multidisciplinario y una institución de referencia como política pública para la música y el sonido”, destacó Perelman a este medio. El espacio tenía un estudio donde podían grabar 30 músicos en simultáneo y un estudio B donde se realizaban mezclas y másters. 

Todo el equipo del CIAM terminó de ser embalado el martes de la semana pasada, según consignó el diario Página/12. La mudanza de todo el material fue hacia el Palacio Libertad, el ex CCK, en el Bajo porteño. Fuentes de Cultura aseguraron a elDiarioAR que “el estudio de grabación se inventarió para traspasarse y construirse en el Palacio”. La reconstrucción aún es un proyecto, pero sería en una de las salas libres que tiene el enorme edificio que supo ser de Correo. En particular sería en el llamado “sector industrial”, que es la parte nueva del Palacio y cuya infraestructura puede ser modificada –lo demás es patrimonio histórico–. 

El futuro estudio de grabación ya tendría la misma lógica libertaria del PL: “Será para realizar grabaciones y contenidos propios, pero también para alquilar a privados”, planteó la fuente consultada. 

Durante la gestión de Alberto Fernández, bajo el Ministerio de Cultura, el CIAM “se propuso democratizar el acceso al registro musical y la producción fonográfica para instituciones, ONGs, organismos del Estado y proyectos de alto valor musical que no podían acceder a otras formas de grabación por el oneroso valor de ese servicio”, detalló Perelman. Recibió a más de 1400 artistas entre 2021 y 2024, hubo clases especiales para escuelas, conservatorios y universidades, y se grabaron más de 10 orquestas infanto-juveniles. Una grabación del invierno 2021 del guitarrista Juan Falú y la cantora Nadia Szachniuk, que está en YouTube, permite observar las excelsas instalaciones que tenía el CIAM.

El patrimonio del CIAM es millonario. Según el viral de los equipos en venta, el equipamiento profesional de audio, grabación y postproducción estaba valuado en cerca de US$240.000, entre consolas de mezcla de alta gama, sistemas Dolby Atmos, micrófonos de estudio, monitores de mastering y un piano de cola Yamaha. Pero además había materiales de alta calidad en el espacio como el sistema de cableado o los vidrios y los paneles acústicos. Según insistieron en Cultura, “todo el material fue embalado, con precinto de seguridad y trasladado al Palacio”. “No existe esa falsa lista de venta”, apuntó la fuente consultada. 

El futuro de Tecnópolis

Como el CIAM que fue traslado al ex CCK, otros íconos de Tecnópolis también fueron mudados. Algunos de los dinosaurios de lo que fue Tierra de Dinos están en la sede de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en Godoy Cruz 2320, Palermo. 

Pero también los trabajadores que allí se desempeñaban, aunque podrían perder su puesto ya que los contratos vencen justamente el 30 de junio. En Cultura aseguraron que “en junio el director verá qué demanda de empleo hay para esas personas en otras áreas”. Hay, por ejemplo, diseñadores y fotógrafos que no saben qué trabajo tendrán dentro de un mes. A su vez, empleados de empresas proveedoras de servicios de Tecnópolis –como intendencia, limpieza o fumigación– podrían ser reincorporados con la nueva concesión. En ATE Cultura reclaman por la continuidad de 25 trabajadores, pero aseguraron a este medio que hay 200 personas con contrato hasta junio.

“El privado agarra un predio pelado”, planteó la fuente oficial. Pero quién será el privado que se haga cargo de Tecnópolis aún se desconoce. En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) afirmaron a elDiarioAR que la concesión “todavía está en proceso administrativo”. Un vocero en el área explicó que recién se está con la primera apertura de sobres para ver capacidad, técnica, económica, garantías, etcétera. Luego habrá una segunda instancia con las propuestas concretas.

Hubo ocho proveedores participantes y de ahí tres ofertas confirmadas, pero dos quedaron en carrera: DirecTV –del Grupo Werthein– junto con Torneo y Competencias, por un lado, y Buenos Aires Arena SA, manejado detrás por el diario La Nación, que ya explota el Movistar Arena. Afuera quedó Perfeta Producciones SA, de Marcelo Fígoli, dueño de la productora Fenix, del Parque de la Costa y radios como Rivadavia y Rock&Pop. 

El plazo para la presentación de ofertas para la concesión de Tecnópolis se cerró el 9 de febrero y tuvo un precio base de canon de $611.000.000,00. El pliego estipula entre US$400.000 y US$600.000 dólares mensuales por alquiler –cerca de 180 millones de dólares para 25 años–, con dos años y medio de gracia. El identificador del proceso en el sistema Comprar.gob.ar es 392-0006-CPU25. 

La polémica detrás de la licitación es que DirecTV está asociada con Foggia Group, firma donde hasta el 1 de diciembre de 2023 fue apoderada Mara Gorini, mano derecha de Karina en la Secretaría General de la Presidencia, y quien organizó los Movistar Arena en los que estuvo Milei como orador y hasta cantante. El titular de la firma hoy es Marcelo Carlos Dionisio, pareja de Gorini. La licitación además tiene que ser confirmada por la Jefatura de Gabinete de Adorni.

MC

El Gobierno aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco del proceso de privatización, mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se encuadra en la Ley de Bases y busca lo que el Gobierno define como una “transformación de importancia refundacional” para un servicio que hoy llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

En este sentido, en el texto oficial se argumentó que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario”.

De esta manera, la validación oficial del nuevo modelo de concesión apunta a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. En esa línea, se confirmó que se venderá al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y el resto saldrá a la Bolsa.

El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

El nuevo esquema contempla una hoja de ruta definida

Con el contrato ya publicado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene luz verde para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional que permita empezar a conocer a las empresas que puedan hacerse cargo de manejar el servicio en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país. 

Con información de agencias.

Para los grandes empresarios argentinos que copan Punta del Este y su vecino José Ignacio desde el 20 de diciembre hasta este fin de semana, la agenda de eventos sociales no para. Uno de los más convocantes fue el cumpleaños este martes de Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor –proveedora de cloro para AySA y otras operadoras de agua potable y de insumos para fabricantes de artículos de limpieza– y accionista de Edenor, en uno de los restaurantes más reputados de José Ignacio: el parado La Huella, en la zona donde se mudó hace años la movida más top.

Entre bandejas con pez limón, sushi, risotto y vinos de la bodega uruguaya Garzón –del petrolero Alejandro Bulgheroni y su esposa y embajadora de la marca país Argentina, Bettina–, conversaban Alejandro Roemmers –del laboratorio homónimo–, Jorge Brito –del Banco Macro, que no sigue la tradición de su padre de organizar la cita esteña más emblemática en su chacra de Mamá Ganso–, José Luis Manzano –socio del cumpleañero en Edenor, con inversiones petroleras, mineras y en Telefónica del Perú–, el matrimonio Alejandro Gravier-Valeria Mazza –con negocios inmobiliarios, de turismo y moda–, Alejandro Macfarlane –dueño de la distribuidora gasífera Camuzzi y con un proyecto para exportar gas de Vaca Muerta con Brito–, Augusto Marini –propietario de streamings para públicos enfrentados como Carajo y Blender– o Federico Salvai, del fondo Inverlat, con intereses en energía eléctrica –acaba de quedarse con la privatización de dos de las cuatro hidroeléctricas del Comahue– los alfajores Havanna y el gas -desde la compresión del que sale de la formación neuquina hasta la fabricación de tanques de GNC–.

Al igual que en el resto de los encuentros del establishment argentino en estos balnearios uruguayos, reina el optimismo por 2026. Son empresarios con negocios favorecidos por el modelo económico de Javier Milei, incluidos aquellos que desde este mes cobrarán más de 7,5 millones de clientes que pierden el subsidio que recibían. Estaban entusiasmados porque el respaldo popular que consiguió en octubre pasado le permite al presidente seguir con su ajuste, con un bloque más numeroso en el Congreso, aceptando el consejo empresarial de que dialogue con la oposición amigable, con la perspectiva de una reforma laboral primero y otra tributaria después. Sólo admitían interrogantes por si el plan de Milei puede generar más actividad económica, dado que está concentrado en las materias primas, pero no en el consumo masivo, la industria y la construcción. Igual confían en que la economía podría ir de menor a mayor a lo largo de 2026, como para que el líder ultra pueda arribar al año próximo fuerte para ser reelecto. Alguno expresaba sus dudas por la acumulación de reservas en el Banco Central.

Como en otras citas esteñas, la intervención norteamericana en Venezuela daba que hablar. Se mostraban tranquilos porque Milei estuviera “jugado” con Donald Trump. No obstante, compartían la preocupación de que no en el corto plazo pero más adelante se recupere la industria petrolera de este país, el de mayores reservas de crudo del planeta. Eso podría disminuir el precio internacional por debajo de US$60 el barril y afectar entonces las inversiones en Vaca Muerta. Pero por ahora ronda los 61 dólares.

Incluso los proveedores de Vaca Muerta o la minería están relajados por la competencia importada porque por ahora el negocio se agranda. No es como el consumo masivo, donde la torta se achica y hay que compartila con los rivales del exterior. Pero con la mira en el futuro, los inversores financieros ya castigan las acciones de YPF (51% estatal y 49% que cotiza en bolsa), Vista (la petrolera de Miguel Galuccio, que no descansa sino que anda trabajando por Europa) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin).

Al mismo tiempo que Filiberti soplaba las velas, uno de los dueños de Globant y de los millonarios que había emigrado en el gobierno anterior por los impuestos a Uruguay, Guibert Englebienne, reunía sobre todo a colegas suyos de la tecnología en otro de los restaurantes más cotizados de José Ignacio, Mostrador, de la Bodega Oceánica. No estaba el emperador del sector y también vecino oriental, Marcos Galperin, que prefiere las reuniones de trabajo. En el mundo empresarial no se descarta su paso a la política ahora que el 1 de enero dejó de ser CEO –sigue de accionista– de Mercado Libre.

En cambio, armaron sus propios cócteles, siempre bien regados por vino –la bebida de moda también de día en la playa–, Amalia Amoedo –una de las herederas de la cementera Amalia Lacroze de Fortabat, también recolizada en Uruguay–, los vendedores de autos Dietrich –incluido Guillermo, que acaba de lanzarse con la marca china BYD casi al mismo tiempo que la Justicia lo procesaba por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando siendo ministro de Transporte de Mauricio Macri renegoció los contratos de las autopistas de acceso norte y oeste a Buenos Aires–, Macfarlane, Manzano y el empresario retirado Santiago Soldati y su yerno, Darío Turovelzky, CEO de Telefe, en su estancia El Capricho, vecina del emprendimiento inmobiliario Las Garzas de Eduardo Costantini.

El mes pasado, Costantini se quedó con las tierras que el condenado Lázaro Báez llegó a tener en José Ignacio e instalará en ellas con Adolfo Cambiaso unas chacras dedicadas al polo. Algunos ejecutivos se preguntan quién compra tanto desarrollo de propiedades en el Este y si hay lavado de dinero.

A diferencia de las reuniones de rosca política que organizaba Jorge Brito, padre en Mamá Ganso, en la era Milei en las fiestas esteñas se habla más de los negocios que planean, de las empresas privadas por comprar o de las privatizaciones que acelerará el libertario. Francisco de Narváez, dueño de Changomás, vendió sus supermercados uruguayos Ta-Ta –con baja perspectiva de expansión en un país ya estable, con US$22.000 de PBI per capita, frente a los 14.000 de la Argentina– para apostar por Carrefour en esta nación. Compite con el grupo peruano Intercorp. Quedó fuera de combate Germán Coto, el hijo de Alfredo que, a diferencia de su padre, quería reorientarse a la Argentina tras varios desarrollos inmobiliarios en Miami. De Narváez sueña con un crecimiento del consumo a largo plazo, no este año.

Entre la inflación que los bancos privados prevén que persista en el 2% por lo menos hasta marzo o abril incluido, unas paritarias por debajo de estos niveles, el tarifazo de luz y gas de este mes y los altos niveles de endeudamiento y morosidad crediticia, el ex diputado y sus colegas del comercio y la industria de alimentos y bebidas descartan que en 2026 se recuperen unas ventas que se hundieron año a año. En las cerveceras ha habido reducción de turnos de producción y retiros voluntarios. Hay clientes que compran en el súper con tarjeta en cuotas. Unos que recortan hoy gastos por temor a quedarse sin empleo mañana, a la vista de lo que les sucede a otros. Con un panorama así, Milei sueña con la reelección en la medida en que no aparezca una mejor alternativa que un regreso al pasado del 12% de inflación mensual. El Gobierno presupuesta un índice de precios al consumidor (IPC), que a partir de este mes dará más peso a los servicios, del 10% anual, pero las empresas manejan desde un 15% hasta un 27%. Sueña con una expansión del 5%, pero las compañías trazan un 3%.

En una juntada de empresarios de seguros, electrónica y consumo masivo regada por vino rosado uruguayo y en la que se disfrutaron calamares, langostinos y corvinas, los primeros se ilusionaban con extender pólizas al agro, Vaca Muerta y la minería. Los segundos se encomendaban a vender televisores por el Mundial pero en la medida en que bajen las tasas de interés y la morosidad. Mientras, los terceros también se preocupaban por el endeudamiento y la necesidad de bajar precios para liquidar los stocks ante la baja demanda. Achicar costos para competir es el nuevo mantra de los hombres y mujeres de negocios. Claro que también resulta necesario disminuir la irregularidad en los préstamos sobre la base de menores tasas, mejora de la actividad económica y reducción de la inflación, según comentan en un banco de capital local.

Hay charlas esteñas que discurren en otros restaurantes de José Ignacio, como Osaka, Gurisa y La Olada. En alguna se hablaba de que la francesa Veolia aspira a ganar la licitación de AySA. Y pensar que a otra francesa Suez, el gobierno de Néstor Kirchner le había rescindido la concesión de la antecesora de AySA, Aguas Argentinas, por incumplimientos contractuales. El grupo ferroviario mexicano Ferromex aspira a quedarse con todos los trenes de carga. Por el Belgrano, que va al noroeste, enfrentará a un consorcio de cerealeras, Bunge, Louis Dreyfus, Asociacion de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza (AGD), a la que el Gobierno le renovó por siete años: y eventualmente a la minera Rio TInto. Dreyfus viene de perder en alianza con Molinos Agro –de los Perez Companc– la disputa por hacerse con Vicentin, en concurso preventivo. La Justicia santafesina prefirió a un rival de menor monta, el corredor de granos Mariano Grassi, socio de Gustavo Scaglione, dueño de medios rosarinos y Telefe. Mientras, los tribunales de Comodoro Py embargaron a Javier González Fraga, Lucas Llach y al resto de la cúpula del Banco Nación en la era Macri y a la ex directiva de Vicentin por presunto fraude de US$300 millones por el megapréstamo que la entidad estatal le dio a la aceitera un año antes de entrar en convocatoria de acreedores.

Por el ferrocarril San Martín, que se dirige al oeste, y por el Urquiza, que corre hacia el noreste, no aparecerían más interesados que Ferromex. Habrá que ver si los actuales concesionarios de los trenes al sur, el Ferroexpreso Pampeano, en manos del grupo Techint, y el Ferrosur Roca, en poder de la cementera Loma Negra, se vuelven a presentar, pese a su reticencia al futuro sistema open access (acceso abierto) que permite que otras empresas operen sobre sus vías. Mientras, las constructoras de siempre, las mismas de la causa cuadernos, apuntan a las concesiones de rutas.

En la licitación de la hidrovía del río Paraná, cuya profundidad se aumentará de 34 a 38 pies con opción a llegar a 40, se espera que el actual contratista, el belga Jan de Nul, se enfrente a su compatriota DEME y a la neerlandesa Van Oord. Pero el que gane deberá subcontratar servicios y pueden allí aparecer empresarios amigos de funcionarios. Pero entre las cerealeras están cansadas de las idas y vueltas con el asunto y aspiran a que esta vez la subasta no se caiga como el año pasado. No les importan ya las objeciones a que haya una tarifa mínima, ni que no se obligue a profundizar hasta los 40 pies. Aspiran a que arranque la nueva concesión para cargar más sus barcos con granos, aceites y harinas, así como a una mejora del ferrocarril de cargos. Están envalentonados con la baja de retenciones, aunque aspiran a más. Aunque desearían mejores precios internacionales de los cultivos y del dólar, esperan exportar más, una buena cosecha de maíz, pero rezan para que llueva sobre las plantaciones de soja. Presionan por un cambio de la ley de biocombustibles que fomente los que usarán los aviones, como están haciendo EE UU y Brasil.

De macroeconomía y negocios se habló este miércoles en el evento que organizó el banco JP Morgan en Punta del Este. Merrill Lynch e Itaú armaron los suyos. Esta semana también el economista Damián Di Pace presentó acá su último libro, El futuro de las pymes, en el que pone casos exitosos de pequeñas y medianas empresas que mejoraron su actividad con la adopción de tecnología. Di Pace advierte que las pymes argentinas están complicada por la competencia porque la presión tributaria nacional bajó un poco en estos dos años de Milei, pero subió la de provincias y municipios, porque las tasas altas las dañaron en 2025 y porque las mejoras de competitividad vía reformas o inversión en infraestructura llegarán más tarde que la actual ola importadora. Incluso hay dudas empresariales de qué quedará del proyecto oficial de flexibilización laboral y si responderá a sus necesidades.

En una Punta del Este explotada de argentinos se multiplicaron también las acciones de promoción de marcas exclusivas, incluidas las automotrices. En 2025 se vendieron 48% más vehículos en la Argentina, unos 610.000, pero se produjeron 3% menos nacionales, la segunda caída consecutiva. Sólo se incrementó la fabricación de las pick ups de Toyota y Ford, dado que elaboran modelos que se venden en todo el mundo, no sólo en el Mercosur. Por eso, Prestige Auto, la empresa de Pablo Peralta, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay que tiene la licencia local de Mercedes-Benz, aspira a crecer exportando no sólo a Brasil sino a nuevos destinos de Latinoamérica y África. Para 2026, la expectativa es que se vendan entre 620.000 y hasta 700.000, si se reactiva el crédito perdido en la campaña electoral y por el arancel cero para importar autos híbridos y eléctricos. Al menos comienzan a acelerarse los proyectos de competidores argentinos sin motor a combustión: Stellantis tomó la delantera el año pasado con los Peugeot 208 y 2008 y para 2027 se aguardan lanzamientos de pick ups de Toyota, Ford, Volkswagen y Renault. El problema es que cada vez los vehículos argentinos cuentan con menos autopartes locales, porque por la carga tributaria, la escala y el acceso al crédito y la tecnología los proveedores nacionales quedan desplazados por la importación. Pero quizás los que gastan divisas en productos foráneos son tan héroes como los que veranean en Punta del Este y otros destinos del exterior, como dice el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

AR/MC

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

Dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca patagónica del Comahue que está reprivatizando el gobierno de Javier Milei fueron concesionadas por 30 años, todas vía licitación, al grupo energético Edison, que integran los hermanos Juan y Patricio Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo-, el fondo Inverlat -dueño de Havanna y propiedad de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai, exjefe de gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal-, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli -el dueño y el CEO del grupo Newsan, de electrónica fueguina pero también licenciataria de las marcas de higiene de Procter & Gamble-. Con varios funcionarios que llegaron al Gobierno por su recomendación y con intereses en diversos negocios con el Estado, los Neuss avanzan así en sus negocios, que van desde la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa y la firma de energías renovables Harz hasta campos e inmuebles.

Después de la privatización de la metalúrgica Impsa y de la Ruta del Mercosur, las hidroeléctricas constituyen la tercera venta organizada por la administración libertaria. Eran centrales que ya habían sido concesionadas al sector privado en los 90, cuyos contratos habían vencido en el anterior gobierno y que habían retornado al Estado. Las opciones eran que se las quedara la Nación, que las pasara a las provincias o que se privatizaran de vuelta, como en la gestión de Carlos Menem. Se optó por esto último.

El Estado recaudará US$706 millones por las represas. Son dólares clave para un Banco Central en apuros. Los resultados de la licitación se conocieron el viernes pasado, cuando se adjudicaron cinco de las generadoras y quedó pendiente la sexta, que se definió este miércoles en un repechaje entre los dos mejores oferentes en términos de propuesta de compra. En total hubo ocho contendientes.

Así fue que Edison se quedó con la hidroeléctrica Cerros Colorados. Derrotó en una especie de balotaje en la última oferta a BML, de Manuel Santos Uribelarrea, inversor sojero y energético. En la primera presentación, BML había superado a Edison por US$41,7 millones frente a 38 millones, pero como la diferencia era menor al 10% este último grupo pudo retrucar y puso US$21 millones más que la oferta inicial de su rival. Ya el viernes los Neuss y compañía se había adjudicado Alicurá, tras superar a la norteamericana AES, con una oferta de US$162 millones.

Central Puerto, la empresa de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany -accionista del Grupo Financiero Galicia- presentó la propuesta más alta por Piedra del Águila, unos US$245 millones. BML, de Uribelarrea, ganó El Chocón frente a la competencia de la italiana ENEL, dueña de Edesur, al ofertar US$235,7 millones.

Al igual que está sucediendo en otros negocios de la Argentina libertaria, los empresarios locales ganan terreno frente a las multinacionales. Durante las tres décadas anteriores, AES tuvo Alicurá; ENEL, El Chocón; Central Puerto ya contaba con Piedra del Águila, mientras que Cerros Colorados estaba en manos de Aconcagua Energía, una empresa fundada por Diego Trabucco y Javier Basso hasta que entró en crisis este año y quedó en manos de Pablo Iuliano. La licitación fue organizada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor presidencial.

AR/CRM

Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de este año implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.

La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.

“Este incipiente proceso de privatización parcial implicaría que una porción significativa de un activo estratégico, que ha sido desarrollado con recursos públicos durante más de 60 años, pasase a manos privadas, por un valor menor a lo que ha gastado el BCRA en intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios en las semanas preelectorales”, señala un informe elaborador por el Instituto Argentina Grande (IAG) –que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis– y la Asociación de técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El informe concluye que la venta parcial de NA-SA está cargada de un fuerte componente ideológico agravando la desinversión en el sector nuclear. Esto perjudicaría la soberanía energética y la capacidad del Estado para planificar e invertir en el sector. Como consecuencia, durante este año la Argentina acumula un déficit de generación eléctrica de U$S 828 millones.

“En un área en la que el país ha sido históricamente deficitario, el Gobierno propone privatizar una empresa que justamente contribuye a reducir ese déficit”, señala agrega el informe.

Además, el IAG denuncia la fuga de personal técnico especializado, vital para el desarrollo de proyectos que hoy se encuentran paralizados como el reactor CAREM-25, el cual permitiría abastecer a más población de luz eléctrica.

Y cita como ejemplo que un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, en proporción en noviembre de 2023 recibia $1.074.342. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%.

En septiembre, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis “Toto” Caputo, difundió un comunicado sobre el avance de la privatización parcial. El 20 de noviembre, se anunció en el Boletín Oficial la convocatoria por la Licitación Pública de Nucleoeléctrica Argentina.

Nucleoeléctrica es la empresa estatal responsable de operar y administrar las centrales nucleares del país: Atucha I (Presidente Juan Domingo Perón, 1968), la primera central nuclear de potencia de América Latina que luego de 50 años en funcionamiento, en septiembre de 2024, entró en estado de Extensión de Vida. Atucha II (Néstor Kirchner, 1980), es la más grande del país y cuenta con una potencia de 745 MW eléctricos. Y Embalse (1973) es la segunda planta nuclear construida en Argentina.

En 1950, Juan Domingo Perón (1946-1952) creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el propósito de promover el estudio, desarrollo y aplicación pacífica de la energía nuclear. El sector nuclear fue concebido bajo un principio de soberanía tecnológica: utilizar uranio natural de producción nacional y mantener el control local del ciclo de combustible. En 1990, el expresidente Carlos Menem impulsó reformas estructurales en conveniencia de transferir funciones esenciales a empresas privadas bajo el proceso de “modernización institucional”. Así, en 1994 se constituyó Nucleoeléctrica Argentina S.A, empresa que comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía producida por sus plantas y administra futuros proyectos como el desarrollo del reactor CAREM-25, el cual fue pensado para abastecer a más población de luz eléctrica.

Si la tendencia mundial es ampliar la tecnología nuclear en manos de los Estados, Argentina va a contramano: busca desprenderse de la que tiene. El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA) y ya oferta el 44% de las acciones estatales.

En un nuevo intento de desmantelamiento del sector tecnológico y científico, la secuencia de los anuncios del Gobierno ultraliberal permite inferir que no solo se trata de pasar la motosierra al gasto público, sino también de responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos. Los rescates financieros por 40.000 millones de dólares (20.000 millones de rescate del FMI y cifra similar por el swap), más la promesa de Trump de ayuda futura, evitaron que el plan económico colapsara.

Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del rescate. “Se utilizó una pequeña cantidad del swap y ya obtuvimos una ganancia”, dijo el secretario el Tesoro a la cadena MSNBC sin dar más detalle. “El objetivo fue estabilizar a uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica durante un proceso electoral clave”. Se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el partido gobernante fue el claro ganador.

El FMI mantuvo la presión para que el Ejecutivo privatice empresas públicas, con el fin de sostener la restricción fiscal y monetaria, además de recaudar dólares. En septiembre, el presidente dio el primer paso con respecto a la energía nuclear: firmó el decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de NA-SA.

La resolución publicada en el Boletín Oficial (1751/2025) tras las elecciones legislativas y firmada por el ministro de Economía Luis Caputo sostiene: “Iníciase el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742”. Se refiere a la Ley Bases, cuya versión original incluía la privatización total de NA-SA, pero tras las modificaciones en el Congreso, impulsadas por la oposición, se estipuló que el Estado Nacional mantenga una participación mayoritaria.

Así se dividió el paquete accionario de la compañía: 44 por ciento destinado a privatizar, el 51 quedará en manos del Estado y el 5 restante será para los trabajadores. NA-SA opera las tres centrales nucleares que tiene Argentina: Atucha I y II, (provincia de Buenos Aires), y Embalse, en la provincia de Córdoba.

La empresa se encarga del mantenimiento y la gestión de las centrales nucleares y tiene la función de planificar la creación de futuras. Provee el 7% de la energía eléctrica que utiliza el país y durante el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de 17 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Volver a los 90

Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, empleado de NA-SA desde hace 12 años y autor del libro Crítica de la energía política, señala la importancia de la actividad nuclear en el país. “Argentina tiene un desarrollo nuclear de 75 años y hoy cuenta con tres centrales nucleares en operación. En 1945 el Gobierno de Perón empezó con el desarrollo científico-tecnológico orientado al sector nuclear y en 1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los años 60 comenzó la carrera en energía eléctrica de origen nuclear y en el año 74 se inauguró la primera central nuclear de América Latina, que fue Atucha I. Hoy, entre las tres centrales tenemos el 7% de la energía eléctrica que se produce en el país”.

No es la primera vez que en Argentina se intentan privatizar las centrales nucleares. En la década de los 90 hubo un intento fallido del presidente peronista conservador Carlos Menen. “Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, supo decir entonces Roberto Dromi, encargado de las primeras ventas de empresas públicas por parte del menemismo, época de la que Milei profesa admiración.

En declaraciones al medio El Destape, el doctor en física Andrés Kreiner, miembro de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, señala el impacto de la entrada de capitales privados en el sector nuclear. “Estaríamos permitiendo la entrega de nuestro desarrollo, porque el sector nuclear es un gran impulsor del desarrollo tecnológico y científico en el país. El plan nuclear del gobierno de Milei es de privatización y extranjerización”.

En esa línea, Malinovsky advierte de cara al futuro: “Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar, sino también construir centrales nucleares, ese es su valor estratégico. Si se privatiza, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.

Ante el avance de la iniciativa gubernamental, la oposición nucleada en el peronismo buscó sancionar la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, pero por ahora obtuvo media sanción. Uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa.

Con todo, la privatización parcial de las centrales nucleares navega entre la posición ideológica de Milei de priorizar que todo lo hagan los privados, y la necesidad de conseguir dólares para pagar la deuda acumulada con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.

El Gobierno dio un paso más hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) al disponer valuar las acciones estatales por un banco público y fijar un plazo de 12 meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1751/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta del 44% del paquete accionario de la empresa que opera los reactores nucleares, encomendando a la Secretaría de Energía que realice “el inventario de los bienes tangibles e intangibles que hagan al valor de las acciones de dicha sociedad” y que elabore y tramite “la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual”, respectiva al proceso en cuestión.

Asimismo, la normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a que “solicite a una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional la valuación del paquete accionario de NASA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que 

“en la actualidad sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingreso”.

Además, se encomendó a la mencionada agencia que concrete la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional “en el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

En paralelo, se delegó en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía que coordine las acciones conducentes a la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada de NASA.

En este marco, se estableció que el procedimiento de venta parcial del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. será llevado a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Poco duró la baja del dólar después de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Este lunes bajó de $.1515 a 1.460, pero este martes rebota 2,4% a 1.495 porque en la City porteña y en Wall Street también consideran que, aunque hayan ganado los candidatos de Javier Milei, el Gobierno tendrá que liberar el tipo de cambio y comenzar a acumular reservas internacionales. Entienden que eso derivará en un peso ni muy apreciado como a principios de año ni muy devaluado como antes de los comicios.

Pero Milei sostiene que no es depreciando el peso que conseguirá la competitividad de la economía argentina. Sino, bajando el costo laboral y tributario con las reformas de flexibilización del trabajo y de rebajas impositivas, que ya tiene casi listas. También con las privatizaciones para dejar muchas áreas en manos del sector privado: ya empezó con la ruta del Mercosur y continuará con otras, como las centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, los trenes de carga y la Hidrovía del río Paraná.

Esta última en enero pasado se frustró en el medio de tensiones entre el asesor presidencial Santiago Caputo, sus amigos empresarios Juan y Patricio Neuss, y el expresidente Mauricio Macri, cada uno interesado en sostener a diversos oferentes.

“Un dólar libre y de equilibrio debería ser el valor del MEP (Mercado Electrónico de Pagos)”, opina el economista de un banco, que prefiere resguardar el anonimato. El dólar MEP, que se compra comprando y vendiendo bonos, está ahora a $1.475. “El MEP es lo más parecido que tenés a un dólar libre y de equilibrio. Para mí, esta demanda de dólares de hoy es súper transitoria, tiene que ver con cosas puntuales, como la demanda de bancos por la exigencia de efectivo mínimo en dólares que le hace el Banco Central a fin de mes, pero aflojará en los primeros días de noviembre”, añade.

“Hoy es muy prematuro pronosticar a cuánto debería irse el dólar”, coincide Juan Pablos Ronderos, socio de la consultora MAP. “Las elecciones cambiaron por completo el panorama, pero faltan un montón de definiciones, siendo la principal si con esto se logra abrir el mercado internacional de financiamiento voluntario para el Gobierno”, agrega Ronderos. Es decir, si consigue dólares endeudándose con inversores financieros, no sólo con el rescate de Estados Unidos.

Por ahora, siguen las dudas del mercado y por eso el índice de riesgo país bajó de la zona de default de más de 1.000 puntos básicos a 652 el lunes, pero rebota 5,8%, a 690 este martes. Este es un nivel que aún no permite emitir deuda afuera.

“A pesar de la victoria en las elecciones, el mercado ya no le cree al sistema de bandas cambiarias, y menos aún cuando el dólar está muy cerca de la banda superior ya que genera incentivos a reducir la oferta y aumentar la demanda privada para hacerse los dólares que venda el Banco Central”, comentan en otro banco de inversión. “Hasta que las autoridades no expliciten un sistema más flexible, las presiones seguirán. Dicho esto, en un mercado más libre y con el mercado más normalizado en términos de oferta y demanda, un dólar alrededor de los $1,500 me parece razonable”; añade.

En cambio, Juan Miguel Massot, analista económico, especula con que “un dólar del orden de $2.000 el día de hoy podría reducir o eliminar el exceso de demanda de dólares”. “Esto se sustenta a que un nivel más elevado permitiría cambiar la dinámica comercial externa, de importaciones, exportaciones, servicios reales, y la financiera, el atesoramiento de privados. Esto facilitaría que, a corto y mediano plazo, el país crezca sin el temor a una crisis de balance de pagos”, agrega Massot, que concluye: “Si con el paso de los años el crecimiento de la productividad permitiese que esta se ubique en niveles más parecidos al de nuestros principales socios, el tipo de cambio real debería reducirse paulatinamente a niveles cercanos al actual. En caso contrario, el país seguirá necesitando el financiamiento externo y por montos elevados, lo cual ha dependido, básicamente, de la buena voluntad política de gobiernos como Estados Unidos y de organismos internacionales, algo que es absolutamente extraordinario”.

La reforma laboral libertaria

Mientras, el Gobierno ya ultima el detalle del proyecto de ley laboral que enviará al Congreso en diciembre próximo. Eso sí, en el oficialismo descartan la idea de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, aunque sí se creará un banco de horas, por el que un día puede suspenderse el trabajo por falta de actividad en el negocio y ese tiempo se compensaría a lo largo de otros días.

Los otros puntos clave de la flexibilización que planea el secretario de Trabajo, Julio Cordero son:

Tras ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y cumplir su promesa de raparse la cabeza, Diego Santilli se explayó este martes con que promocionar un modelo laboral como el de Paraguay: menos contribuciones patronales para blanquear personal. Sin embargo, seis de cada diez trabajadores del país vecino siguen empleados en la informalidad, un tercio cobra menos que el salario mínimo y el 12% de su población sigue viviendo en el exterior, ya que emigró para buscar mejor trabajo, como quienes están en la Argentina. Paraguay es uno de los países con menos impuestos de Latinoamérica, pero también de los de menos cobertura de salud y jubilaciones.

AR/MC

Con una resolución del Ministerio de Economía pero firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobierno de Javier Milei puso en venta cuatro centrales hidroeléctricas. La medida publicada hoy en el Boletín Oficial deja a tiro de privatización las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a través de un concurso público nacional e internacional.

La resolución 1569/2025 dispuso la venta de la totalidad del paquete accionario de las respectivas sociedades anónimas que controlan a cada una de las centrales hidroeléctricas. Los pliegos para su privatización estarán disponibles en los sitios web del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “CONTRAT.AR”, del Banco Mundial denominado “DGMARKET” y de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Con dichas privatizaciones el Gobierno avanza en el plan final de vender la empresa de energía ENARS con el objetivo de recaudar dólares. La estrategia de privatizacón también incluye a Nucleoeléctrica, que opera y mantiene las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Por estas centrales hay también preocupación en la oposición y este miércoles se preparaba una manifestación contra Milei en Zárate.

Alicurá está sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro, cerca de Bariloche, data de 1984 y tiene una potencia instalada de 1.000 MW. y una generación media anual de unos 2.360 GWh, según datos oficiales. El Chocón también está sobre el río Limay y su generación media anual ronda los 3.350 GWh. Este complejo sirve también para la atenuación de crecidas, además de que es usado por el turismo y la recreación. En el mismo río Limay también se despliega Piedra del Ágila, con una generación media anual de 5.500 GWh.

El complejo hidroeléctrico Cerros Colorados está en el curso inferior del río Neuquén y genera ~1.510 GWh. Entre sus funciones también está el control de crecidas, suministro de agua para riego, ocio, recreación.

Preocupación por Nucleoeléctrica

La resolución sobre las hidroeléctricas se conoce en paralelo a la reciente autorización del Gobierno para la venta de una parte accionaria de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), responsable de operar y mantener las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. El hombre detrás de la venta es Demian Reidel, íntimo de Milei y responsable del Plan Nuclear Argentino, que hasta ahora tuvo pocos avances concretos.

El Gobierno decidió poner a la venta el 44% del capital accionario de NASA, luego de obtener la autorización del Congreso a través de la Ley de Bases. El Estado conservará un 51% y el 5% restante quedará en manos de los trabajadores. Nucleoeléctrica provee cerca del 8% de la electricidad del país.

“LAS CENTRALES NO SE VENDEN”, manifestaron las dos CTA, que convocan para este miércoles a una caravana desde la rotonda de Atucha a la rotonda de Zárate donde se va a hacer una concentración. Además de las CTA, la oposición está armando una estrategia para intentar obturar la privatización desde el Senado, concretamente con José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria.

El legislador buscaba juntar dos tercios para que este jueves la Cámara como “inenajenable” a Hidroeléctrica, pero la cercanía de las elecciones complicó su plan. El peronista ve detrás de la venta que promociona Reidel la injerencia de OpenIA, la empresa creadora de ChatGPT que anunció el viernes pasado una supuesta inversión de US$ 25.000 millones en un centro de datos en la Argentina, donde encuentra abastecimiento energético.

MC

El Gobierno dio este lunes un nuevo paso hacia la privatización total de la empresa estatal Intercargo, responsable del servicio de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país, e instruyó a distintos organismos a avanzar en las tareas necesarias para implementarla.

La Resolución del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, otorga funciones a diversas áreas del Estado para concretar la venta del 100 % del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.

El procedimiento fue iniciado formalmente el 17 de marzo pasado y tendrá un plazo de ocho meses para concretarse. No contempla el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un Programa de Propiedad Participada para empleados.

La Secretaría de Transporte será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente, con la participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

También deberá actualizar el inventario de bienes y promover la rescisión, de común acuerdo, del contrato de concesión vigente con el Estado.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el cronograma general y solicitará a una entidad bancaria pública la tasación del paquete accionario.

Además, la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la continuidad del servicio aeroportuario durante todo el proceso, sin afectar la conectividad nacional ni internacional.

Todos los procedimientos se llevarán a cabo a través de las plataformas oficiales.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la desregulación del mercado de servicios de rampa, lo que puso fin al monopolio que Intercargo mantenía en varios aeropuertos del país.

A partir de esta medida, ya se autorizaron seis nuevas empresas para operar en el sector: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A..

Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases, sancionada el 27 de junio de 2024 e impulsada por el Ejecutivo, que incluye a Intercargo entre las empresas sujetas a privatización como parte del plan del presidente Javier Milei para reducir la participación del Estado en la actividad empresarial.

EFE.

El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago. La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y desagüescloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integranel régimen regulatorio de dicho servicio.

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Atribuciones incorporadas

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Claves de la nueva normativa

¿Cuántos empleados tiene AySA?

El último dato oficial disponible es de mayo de 2025, de acuerdo a lo que publica Chequeado. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica periódicamente el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de abril de 2025. Eran 6.236 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.462 cargos técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

Cómo se provee agua en la Argentina

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional, según el informe de Chequeado. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Argentina hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

Con información de agencias y Chequeado.

IG