El Gobierno aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco del proceso de privatización, mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se encuadra en la Ley de Bases y busca lo que el Gobierno define como una “transformación de importancia refundacional” para un servicio que hoy llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

En este sentido, en el texto oficial se argumentó que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión que regule con mayor claridad las obligaciones y los derechos tanto del concedente como del concesionario”.

De esta manera, la validación oficial del nuevo modelo de concesión apunta a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. En esa línea, se confirmó que se venderá al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y el resto saldrá a la Bolsa.

El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

El nuevo esquema contempla una hoja de ruta definida

Con el contrato ya publicado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene luz verde para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional que permita empezar a conocer a las empresas que puedan hacerse cargo de manejar el servicio en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país. 

Con información de agencias.

Para los grandes empresarios argentinos que copan Punta del Este y su vecino José Ignacio desde el 20 de diciembre hasta este fin de semana, la agenda de eventos sociales no para. Uno de los más convocantes fue el cumpleaños este martes de Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor –proveedora de cloro para AySA y otras operadoras de agua potable y de insumos para fabricantes de artículos de limpieza– y accionista de Edenor, en uno de los restaurantes más reputados de José Ignacio: el parado La Huella, en la zona donde se mudó hace años la movida más top.

Entre bandejas con pez limón, sushi, risotto y vinos de la bodega uruguaya Garzón –del petrolero Alejandro Bulgheroni y su esposa y embajadora de la marca país Argentina, Bettina–, conversaban Alejandro Roemmers –del laboratorio homónimo–, Jorge Brito –del Banco Macro, que no sigue la tradición de su padre de organizar la cita esteña más emblemática en su chacra de Mamá Ganso–, José Luis Manzano –socio del cumpleañero en Edenor, con inversiones petroleras, mineras y en Telefónica del Perú–, el matrimonio Alejandro Gravier-Valeria Mazza –con negocios inmobiliarios, de turismo y moda–, Alejandro Macfarlane –dueño de la distribuidora gasífera Camuzzi y con un proyecto para exportar gas de Vaca Muerta con Brito–, Augusto Marini –propietario de streamings para públicos enfrentados como Carajo y Blender– o Federico Salvai, del fondo Inverlat, con intereses en energía eléctrica –acaba de quedarse con la privatización de dos de las cuatro hidroeléctricas del Comahue– los alfajores Havanna y el gas -desde la compresión del que sale de la formación neuquina hasta la fabricación de tanques de GNC–.

Al igual que en el resto de los encuentros del establishment argentino en estos balnearios uruguayos, reina el optimismo por 2026. Son empresarios con negocios favorecidos por el modelo económico de Javier Milei, incluidos aquellos que desde este mes cobrarán más de 7,5 millones de clientes que pierden el subsidio que recibían. Estaban entusiasmados porque el respaldo popular que consiguió en octubre pasado le permite al presidente seguir con su ajuste, con un bloque más numeroso en el Congreso, aceptando el consejo empresarial de que dialogue con la oposición amigable, con la perspectiva de una reforma laboral primero y otra tributaria después. Sólo admitían interrogantes por si el plan de Milei puede generar más actividad económica, dado que está concentrado en las materias primas, pero no en el consumo masivo, la industria y la construcción. Igual confían en que la economía podría ir de menor a mayor a lo largo de 2026, como para que el líder ultra pueda arribar al año próximo fuerte para ser reelecto. Alguno expresaba sus dudas por la acumulación de reservas en el Banco Central.

Como en otras citas esteñas, la intervención norteamericana en Venezuela daba que hablar. Se mostraban tranquilos porque Milei estuviera “jugado” con Donald Trump. No obstante, compartían la preocupación de que no en el corto plazo pero más adelante se recupere la industria petrolera de este país, el de mayores reservas de crudo del planeta. Eso podría disminuir el precio internacional por debajo de US$60 el barril y afectar entonces las inversiones en Vaca Muerta. Pero por ahora ronda los 61 dólares.

Incluso los proveedores de Vaca Muerta o la minería están relajados por la competencia importada porque por ahora el negocio se agranda. No es como el consumo masivo, donde la torta se achica y hay que compartila con los rivales del exterior. Pero con la mira en el futuro, los inversores financieros ya castigan las acciones de YPF (51% estatal y 49% que cotiza en bolsa), Vista (la petrolera de Miguel Galuccio, que no descansa sino que anda trabajando por Europa) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin).

Al mismo tiempo que Filiberti soplaba las velas, uno de los dueños de Globant y de los millonarios que había emigrado en el gobierno anterior por los impuestos a Uruguay, Guibert Englebienne, reunía sobre todo a colegas suyos de la tecnología en otro de los restaurantes más cotizados de José Ignacio, Mostrador, de la Bodega Oceánica. No estaba el emperador del sector y también vecino oriental, Marcos Galperin, que prefiere las reuniones de trabajo. En el mundo empresarial no se descarta su paso a la política ahora que el 1 de enero dejó de ser CEO –sigue de accionista– de Mercado Libre.

En cambio, armaron sus propios cócteles, siempre bien regados por vino –la bebida de moda también de día en la playa–, Amalia Amoedo –una de las herederas de la cementera Amalia Lacroze de Fortabat, también recolizada en Uruguay–, los vendedores de autos Dietrich –incluido Guillermo, que acaba de lanzarse con la marca china BYD casi al mismo tiempo que la Justicia lo procesaba por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando siendo ministro de Transporte de Mauricio Macri renegoció los contratos de las autopistas de acceso norte y oeste a Buenos Aires–, Macfarlane, Manzano y el empresario retirado Santiago Soldati y su yerno, Darío Turovelzky, CEO de Telefe, en su estancia El Capricho, vecina del emprendimiento inmobiliario Las Garzas de Eduardo Costantini.

El mes pasado, Costantini se quedó con las tierras que el condenado Lázaro Báez llegó a tener en José Ignacio e instalará en ellas con Adolfo Cambiaso unas chacras dedicadas al polo. Algunos ejecutivos se preguntan quién compra tanto desarrollo de propiedades en el Este y si hay lavado de dinero.

A diferencia de las reuniones de rosca política que organizaba Jorge Brito, padre en Mamá Ganso, en la era Milei en las fiestas esteñas se habla más de los negocios que planean, de las empresas privadas por comprar o de las privatizaciones que acelerará el libertario. Francisco de Narváez, dueño de Changomás, vendió sus supermercados uruguayos Ta-Ta –con baja perspectiva de expansión en un país ya estable, con US$22.000 de PBI per capita, frente a los 14.000 de la Argentina– para apostar por Carrefour en esta nación. Compite con el grupo peruano Intercorp. Quedó fuera de combate Germán Coto, el hijo de Alfredo que, a diferencia de su padre, quería reorientarse a la Argentina tras varios desarrollos inmobiliarios en Miami. De Narváez sueña con un crecimiento del consumo a largo plazo, no este año.

Entre la inflación que los bancos privados prevén que persista en el 2% por lo menos hasta marzo o abril incluido, unas paritarias por debajo de estos niveles, el tarifazo de luz y gas de este mes y los altos niveles de endeudamiento y morosidad crediticia, el ex diputado y sus colegas del comercio y la industria de alimentos y bebidas descartan que en 2026 se recuperen unas ventas que se hundieron año a año. En las cerveceras ha habido reducción de turnos de producción y retiros voluntarios. Hay clientes que compran en el súper con tarjeta en cuotas. Unos que recortan hoy gastos por temor a quedarse sin empleo mañana, a la vista de lo que les sucede a otros. Con un panorama así, Milei sueña con la reelección en la medida en que no aparezca una mejor alternativa que un regreso al pasado del 12% de inflación mensual. El Gobierno presupuesta un índice de precios al consumidor (IPC), que a partir de este mes dará más peso a los servicios, del 10% anual, pero las empresas manejan desde un 15% hasta un 27%. Sueña con una expansión del 5%, pero las compañías trazan un 3%.

En una juntada de empresarios de seguros, electrónica y consumo masivo regada por vino rosado uruguayo y en la que se disfrutaron calamares, langostinos y corvinas, los primeros se ilusionaban con extender pólizas al agro, Vaca Muerta y la minería. Los segundos se encomendaban a vender televisores por el Mundial pero en la medida en que bajen las tasas de interés y la morosidad. Mientras, los terceros también se preocupaban por el endeudamiento y la necesidad de bajar precios para liquidar los stocks ante la baja demanda. Achicar costos para competir es el nuevo mantra de los hombres y mujeres de negocios. Claro que también resulta necesario disminuir la irregularidad en los préstamos sobre la base de menores tasas, mejora de la actividad económica y reducción de la inflación, según comentan en un banco de capital local.

Hay charlas esteñas que discurren en otros restaurantes de José Ignacio, como Osaka, Gurisa y La Olada. En alguna se hablaba de que la francesa Veolia aspira a ganar la licitación de AySA. Y pensar que a otra francesa Suez, el gobierno de Néstor Kirchner le había rescindido la concesión de la antecesora de AySA, Aguas Argentinas, por incumplimientos contractuales. El grupo ferroviario mexicano Ferromex aspira a quedarse con todos los trenes de carga. Por el Belgrano, que va al noroeste, enfrentará a un consorcio de cerealeras, Bunge, Louis Dreyfus, Asociacion de Cooperativas Argentinas (ACA) y Aceitera General Deheza (AGD), a la que el Gobierno le renovó por siete años: y eventualmente a la minera Rio TInto. Dreyfus viene de perder en alianza con Molinos Agro –de los Perez Companc– la disputa por hacerse con Vicentin, en concurso preventivo. La Justicia santafesina prefirió a un rival de menor monta, el corredor de granos Mariano Grassi, socio de Gustavo Scaglione, dueño de medios rosarinos y Telefe. Mientras, los tribunales de Comodoro Py embargaron a Javier González Fraga, Lucas Llach y al resto de la cúpula del Banco Nación en la era Macri y a la ex directiva de Vicentin por presunto fraude de US$300 millones por el megapréstamo que la entidad estatal le dio a la aceitera un año antes de entrar en convocatoria de acreedores.

Por el ferrocarril San Martín, que se dirige al oeste, y por el Urquiza, que corre hacia el noreste, no aparecerían más interesados que Ferromex. Habrá que ver si los actuales concesionarios de los trenes al sur, el Ferroexpreso Pampeano, en manos del grupo Techint, y el Ferrosur Roca, en poder de la cementera Loma Negra, se vuelven a presentar, pese a su reticencia al futuro sistema open access (acceso abierto) que permite que otras empresas operen sobre sus vías. Mientras, las constructoras de siempre, las mismas de la causa cuadernos, apuntan a las concesiones de rutas.

En la licitación de la hidrovía del río Paraná, cuya profundidad se aumentará de 34 a 38 pies con opción a llegar a 40, se espera que el actual contratista, el belga Jan de Nul, se enfrente a su compatriota DEME y a la neerlandesa Van Oord. Pero el que gane deberá subcontratar servicios y pueden allí aparecer empresarios amigos de funcionarios. Pero entre las cerealeras están cansadas de las idas y vueltas con el asunto y aspiran a que esta vez la subasta no se caiga como el año pasado. No les importan ya las objeciones a que haya una tarifa mínima, ni que no se obligue a profundizar hasta los 40 pies. Aspiran a que arranque la nueva concesión para cargar más sus barcos con granos, aceites y harinas, así como a una mejora del ferrocarril de cargos. Están envalentonados con la baja de retenciones, aunque aspiran a más. Aunque desearían mejores precios internacionales de los cultivos y del dólar, esperan exportar más, una buena cosecha de maíz, pero rezan para que llueva sobre las plantaciones de soja. Presionan por un cambio de la ley de biocombustibles que fomente los que usarán los aviones, como están haciendo EE UU y Brasil.

De macroeconomía y negocios se habló este miércoles en el evento que organizó el banco JP Morgan en Punta del Este. Merrill Lynch e Itaú armaron los suyos. Esta semana también el economista Damián Di Pace presentó acá su último libro, El futuro de las pymes, en el que pone casos exitosos de pequeñas y medianas empresas que mejoraron su actividad con la adopción de tecnología. Di Pace advierte que las pymes argentinas están complicada por la competencia porque la presión tributaria nacional bajó un poco en estos dos años de Milei, pero subió la de provincias y municipios, porque las tasas altas las dañaron en 2025 y porque las mejoras de competitividad vía reformas o inversión en infraestructura llegarán más tarde que la actual ola importadora. Incluso hay dudas empresariales de qué quedará del proyecto oficial de flexibilización laboral y si responderá a sus necesidades.

En una Punta del Este explotada de argentinos se multiplicaron también las acciones de promoción de marcas exclusivas, incluidas las automotrices. En 2025 se vendieron 48% más vehículos en la Argentina, unos 610.000, pero se produjeron 3% menos nacionales, la segunda caída consecutiva. Sólo se incrementó la fabricación de las pick ups de Toyota y Ford, dado que elaboran modelos que se venden en todo el mundo, no sólo en el Mercosur. Por eso, Prestige Auto, la empresa de Pablo Peralta, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay que tiene la licencia local de Mercedes-Benz, aspira a crecer exportando no sólo a Brasil sino a nuevos destinos de Latinoamérica y África. Para 2026, la expectativa es que se vendan entre 620.000 y hasta 700.000, si se reactiva el crédito perdido en la campaña electoral y por el arancel cero para importar autos híbridos y eléctricos. Al menos comienzan a acelerarse los proyectos de competidores argentinos sin motor a combustión: Stellantis tomó la delantera el año pasado con los Peugeot 208 y 2008 y para 2027 se aguardan lanzamientos de pick ups de Toyota, Ford, Volkswagen y Renault. El problema es que cada vez los vehículos argentinos cuentan con menos autopartes locales, porque por la carga tributaria, la escala y el acceso al crédito y la tecnología los proveedores nacionales quedan desplazados por la importación. Pero quizás los que gastan divisas en productos foráneos son tan héroes como los que veranean en Punta del Este y otros destinos del exterior, como dice el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

AR/MC

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

Dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca patagónica del Comahue que está reprivatizando el gobierno de Javier Milei fueron concesionadas por 30 años, todas vía licitación, al grupo energético Edison, que integran los hermanos Juan y Patricio Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo-, el fondo Inverlat -dueño de Havanna y propiedad de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai, exjefe de gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal-, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli -el dueño y el CEO del grupo Newsan, de electrónica fueguina pero también licenciataria de las marcas de higiene de Procter & Gamble-. Con varios funcionarios que llegaron al Gobierno por su recomendación y con intereses en diversos negocios con el Estado, los Neuss avanzan así en sus negocios, que van desde la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa y la firma de energías renovables Harz hasta campos e inmuebles.

Después de la privatización de la metalúrgica Impsa y de la Ruta del Mercosur, las hidroeléctricas constituyen la tercera venta organizada por la administración libertaria. Eran centrales que ya habían sido concesionadas al sector privado en los 90, cuyos contratos habían vencido en el anterior gobierno y que habían retornado al Estado. Las opciones eran que se las quedara la Nación, que las pasara a las provincias o que se privatizaran de vuelta, como en la gestión de Carlos Menem. Se optó por esto último.

El Estado recaudará US$706 millones por las represas. Son dólares clave para un Banco Central en apuros. Los resultados de la licitación se conocieron el viernes pasado, cuando se adjudicaron cinco de las generadoras y quedó pendiente la sexta, que se definió este miércoles en un repechaje entre los dos mejores oferentes en términos de propuesta de compra. En total hubo ocho contendientes.

Así fue que Edison se quedó con la hidroeléctrica Cerros Colorados. Derrotó en una especie de balotaje en la última oferta a BML, de Manuel Santos Uribelarrea, inversor sojero y energético. En la primera presentación, BML había superado a Edison por US$41,7 millones frente a 38 millones, pero como la diferencia era menor al 10% este último grupo pudo retrucar y puso US$21 millones más que la oferta inicial de su rival. Ya el viernes los Neuss y compañía se había adjudicado Alicurá, tras superar a la norteamericana AES, con una oferta de US$162 millones.

Central Puerto, la empresa de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany -accionista del Grupo Financiero Galicia- presentó la propuesta más alta por Piedra del Águila, unos US$245 millones. BML, de Uribelarrea, ganó El Chocón frente a la competencia de la italiana ENEL, dueña de Edesur, al ofertar US$235,7 millones.

Al igual que está sucediendo en otros negocios de la Argentina libertaria, los empresarios locales ganan terreno frente a las multinacionales. Durante las tres décadas anteriores, AES tuvo Alicurá; ENEL, El Chocón; Central Puerto ya contaba con Piedra del Águila, mientras que Cerros Colorados estaba en manos de Aconcagua Energía, una empresa fundada por Diego Trabucco y Javier Basso hasta que entró en crisis este año y quedó en manos de Pablo Iuliano. La licitación fue organizada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor presidencial.

AR/CRM

Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de este año implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.

La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.

“Este incipiente proceso de privatización parcial implicaría que una porción significativa de un activo estratégico, que ha sido desarrollado con recursos públicos durante más de 60 años, pasase a manos privadas, por un valor menor a lo que ha gastado el BCRA en intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios en las semanas preelectorales”, señala un informe elaborador por el Instituto Argentina Grande (IAG) –que agrupa a equipos técnicos liderados por Gabriel Katopodis– y la Asociación de técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El informe concluye que la venta parcial de NA-SA está cargada de un fuerte componente ideológico agravando la desinversión en el sector nuclear. Esto perjudicaría la soberanía energética y la capacidad del Estado para planificar e invertir en el sector. Como consecuencia, durante este año la Argentina acumula un déficit de generación eléctrica de U$S 828 millones.

“En un área en la que el país ha sido históricamente deficitario, el Gobierno propone privatizar una empresa que justamente contribuye a reducir ese déficit”, señala agrega el informe.

Además, el IAG denuncia la fuga de personal técnico especializado, vital para el desarrollo de proyectos que hoy se encuentran paralizados como el reactor CAREM-25, el cual permitiría abastecer a más población de luz eléctrica.

Y cita como ejemplo que un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, en proporción en noviembre de 2023 recibia $1.074.342. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%.

En septiembre, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis “Toto” Caputo, difundió un comunicado sobre el avance de la privatización parcial. El 20 de noviembre, se anunció en el Boletín Oficial la convocatoria por la Licitación Pública de Nucleoeléctrica Argentina.

Nucleoeléctrica es la empresa estatal responsable de operar y administrar las centrales nucleares del país: Atucha I (Presidente Juan Domingo Perón, 1968), la primera central nuclear de potencia de América Latina que luego de 50 años en funcionamiento, en septiembre de 2024, entró en estado de Extensión de Vida. Atucha II (Néstor Kirchner, 1980), es la más grande del país y cuenta con una potencia de 745 MW eléctricos. Y Embalse (1973) es la segunda planta nuclear construida en Argentina.

En 1950, Juan Domingo Perón (1946-1952) creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el propósito de promover el estudio, desarrollo y aplicación pacífica de la energía nuclear. El sector nuclear fue concebido bajo un principio de soberanía tecnológica: utilizar uranio natural de producción nacional y mantener el control local del ciclo de combustible. En 1990, el expresidente Carlos Menem impulsó reformas estructurales en conveniencia de transferir funciones esenciales a empresas privadas bajo el proceso de “modernización institucional”. Así, en 1994 se constituyó Nucleoeléctrica Argentina S.A, empresa que comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía producida por sus plantas y administra futuros proyectos como el desarrollo del reactor CAREM-25, el cual fue pensado para abastecer a más población de luz eléctrica.

Si la tendencia mundial es ampliar la tecnología nuclear en manos de los Estados, Argentina va a contramano: busca desprenderse de la que tiene. El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA) y ya oferta el 44% de las acciones estatales.

En un nuevo intento de desmantelamiento del sector tecnológico y científico, la secuencia de los anuncios del Gobierno ultraliberal permite inferir que no solo se trata de pasar la motosierra al gasto público, sino también de responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos. Los rescates financieros por 40.000 millones de dólares (20.000 millones de rescate del FMI y cifra similar por el swap), más la promesa de Trump de ayuda futura, evitaron que el plan económico colapsara.

Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del rescate. “Se utilizó una pequeña cantidad del swap y ya obtuvimos una ganancia”, dijo el secretario el Tesoro a la cadena MSNBC sin dar más detalle. “El objetivo fue estabilizar a uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica durante un proceso electoral clave”. Se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el partido gobernante fue el claro ganador.

El FMI mantuvo la presión para que el Ejecutivo privatice empresas públicas, con el fin de sostener la restricción fiscal y monetaria, además de recaudar dólares. En septiembre, el presidente dio el primer paso con respecto a la energía nuclear: firmó el decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de NA-SA.

La resolución publicada en el Boletín Oficial (1751/2025) tras las elecciones legislativas y firmada por el ministro de Economía Luis Caputo sostiene: “Iníciase el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742”. Se refiere a la Ley Bases, cuya versión original incluía la privatización total de NA-SA, pero tras las modificaciones en el Congreso, impulsadas por la oposición, se estipuló que el Estado Nacional mantenga una participación mayoritaria.

Así se dividió el paquete accionario de la compañía: 44 por ciento destinado a privatizar, el 51 quedará en manos del Estado y el 5 restante será para los trabajadores. NA-SA opera las tres centrales nucleares que tiene Argentina: Atucha I y II, (provincia de Buenos Aires), y Embalse, en la provincia de Córdoba.

La empresa se encarga del mantenimiento y la gestión de las centrales nucleares y tiene la función de planificar la creación de futuras. Provee el 7% de la energía eléctrica que utiliza el país y durante el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de 17 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Volver a los 90

Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, empleado de NA-SA desde hace 12 años y autor del libro Crítica de la energía política, señala la importancia de la actividad nuclear en el país. “Argentina tiene un desarrollo nuclear de 75 años y hoy cuenta con tres centrales nucleares en operación. En 1945 el Gobierno de Perón empezó con el desarrollo científico-tecnológico orientado al sector nuclear y en 1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los años 60 comenzó la carrera en energía eléctrica de origen nuclear y en el año 74 se inauguró la primera central nuclear de América Latina, que fue Atucha I. Hoy, entre las tres centrales tenemos el 7% de la energía eléctrica que se produce en el país”.

No es la primera vez que en Argentina se intentan privatizar las centrales nucleares. En la década de los 90 hubo un intento fallido del presidente peronista conservador Carlos Menen. “Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, supo decir entonces Roberto Dromi, encargado de las primeras ventas de empresas públicas por parte del menemismo, época de la que Milei profesa admiración.

En declaraciones al medio El Destape, el doctor en física Andrés Kreiner, miembro de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, señala el impacto de la entrada de capitales privados en el sector nuclear. “Estaríamos permitiendo la entrega de nuestro desarrollo, porque el sector nuclear es un gran impulsor del desarrollo tecnológico y científico en el país. El plan nuclear del gobierno de Milei es de privatización y extranjerización”.

En esa línea, Malinovsky advierte de cara al futuro: “Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar, sino también construir centrales nucleares, ese es su valor estratégico. Si se privatiza, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.

Ante el avance de la iniciativa gubernamental, la oposición nucleada en el peronismo buscó sancionar la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, pero por ahora obtuvo media sanción. Uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa.

Con todo, la privatización parcial de las centrales nucleares navega entre la posición ideológica de Milei de priorizar que todo lo hagan los privados, y la necesidad de conseguir dólares para pagar la deuda acumulada con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.

El Gobierno dio un paso más hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) al disponer valuar las acciones estatales por un banco público y fijar un plazo de 12 meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1751/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta del 44% del paquete accionario de la empresa que opera los reactores nucleares, encomendando a la Secretaría de Energía que realice “el inventario de los bienes tangibles e intangibles que hagan al valor de las acciones de dicha sociedad” y que elabore y tramite “la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual”, respectiva al proceso en cuestión.

Asimismo, la normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a que “solicite a una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional la valuación del paquete accionario de NASA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que 

“en la actualidad sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingreso”.

Además, se encomendó a la mencionada agencia que concrete la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional “en el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

En paralelo, se delegó en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía que coordine las acciones conducentes a la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada de NASA.

En este marco, se estableció que el procedimiento de venta parcial del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. será llevado a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Poco duró la baja del dólar después de la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA). Este lunes bajó de $.1515 a 1.460, pero este martes rebota 2,4% a 1.495 porque en la City porteña y en Wall Street también consideran que, aunque hayan ganado los candidatos de Javier Milei, el Gobierno tendrá que liberar el tipo de cambio y comenzar a acumular reservas internacionales. Entienden que eso derivará en un peso ni muy apreciado como a principios de año ni muy devaluado como antes de los comicios.

Pero Milei sostiene que no es depreciando el peso que conseguirá la competitividad de la economía argentina. Sino, bajando el costo laboral y tributario con las reformas de flexibilización del trabajo y de rebajas impositivas, que ya tiene casi listas. También con las privatizaciones para dejar muchas áreas en manos del sector privado: ya empezó con la ruta del Mercosur y continuará con otras, como las centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, los trenes de carga y la Hidrovía del río Paraná.

Esta última en enero pasado se frustró en el medio de tensiones entre el asesor presidencial Santiago Caputo, sus amigos empresarios Juan y Patricio Neuss, y el expresidente Mauricio Macri, cada uno interesado en sostener a diversos oferentes.

“Un dólar libre y de equilibrio debería ser el valor del MEP (Mercado Electrónico de Pagos)”, opina el economista de un banco, que prefiere resguardar el anonimato. El dólar MEP, que se compra comprando y vendiendo bonos, está ahora a $1.475. “El MEP es lo más parecido que tenés a un dólar libre y de equilibrio. Para mí, esta demanda de dólares de hoy es súper transitoria, tiene que ver con cosas puntuales, como la demanda de bancos por la exigencia de efectivo mínimo en dólares que le hace el Banco Central a fin de mes, pero aflojará en los primeros días de noviembre”, añade.

“Hoy es muy prematuro pronosticar a cuánto debería irse el dólar”, coincide Juan Pablos Ronderos, socio de la consultora MAP. “Las elecciones cambiaron por completo el panorama, pero faltan un montón de definiciones, siendo la principal si con esto se logra abrir el mercado internacional de financiamiento voluntario para el Gobierno”, agrega Ronderos. Es decir, si consigue dólares endeudándose con inversores financieros, no sólo con el rescate de Estados Unidos.

Por ahora, siguen las dudas del mercado y por eso el índice de riesgo país bajó de la zona de default de más de 1.000 puntos básicos a 652 el lunes, pero rebota 5,8%, a 690 este martes. Este es un nivel que aún no permite emitir deuda afuera.

“A pesar de la victoria en las elecciones, el mercado ya no le cree al sistema de bandas cambiarias, y menos aún cuando el dólar está muy cerca de la banda superior ya que genera incentivos a reducir la oferta y aumentar la demanda privada para hacerse los dólares que venda el Banco Central”, comentan en otro banco de inversión. “Hasta que las autoridades no expliciten un sistema más flexible, las presiones seguirán. Dicho esto, en un mercado más libre y con el mercado más normalizado en términos de oferta y demanda, un dólar alrededor de los $1,500 me parece razonable”; añade.

En cambio, Juan Miguel Massot, analista económico, especula con que “un dólar del orden de $2.000 el día de hoy podría reducir o eliminar el exceso de demanda de dólares”. “Esto se sustenta a que un nivel más elevado permitiría cambiar la dinámica comercial externa, de importaciones, exportaciones, servicios reales, y la financiera, el atesoramiento de privados. Esto facilitaría que, a corto y mediano plazo, el país crezca sin el temor a una crisis de balance de pagos”, agrega Massot, que concluye: “Si con el paso de los años el crecimiento de la productividad permitiese que esta se ubique en niveles más parecidos al de nuestros principales socios, el tipo de cambio real debería reducirse paulatinamente a niveles cercanos al actual. En caso contrario, el país seguirá necesitando el financiamiento externo y por montos elevados, lo cual ha dependido, básicamente, de la buena voluntad política de gobiernos como Estados Unidos y de organismos internacionales, algo que es absolutamente extraordinario”.

La reforma laboral libertaria

Mientras, el Gobierno ya ultima el detalle del proyecto de ley laboral que enviará al Congreso en diciembre próximo. Eso sí, en el oficialismo descartan la idea de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, aunque sí se creará un banco de horas, por el que un día puede suspenderse el trabajo por falta de actividad en el negocio y ese tiempo se compensaría a lo largo de otros días.

Los otros puntos clave de la flexibilización que planea el secretario de Trabajo, Julio Cordero son:

Tras ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y cumplir su promesa de raparse la cabeza, Diego Santilli se explayó este martes con que promocionar un modelo laboral como el de Paraguay: menos contribuciones patronales para blanquear personal. Sin embargo, seis de cada diez trabajadores del país vecino siguen empleados en la informalidad, un tercio cobra menos que el salario mínimo y el 12% de su población sigue viviendo en el exterior, ya que emigró para buscar mejor trabajo, como quienes están en la Argentina. Paraguay es uno de los países con menos impuestos de Latinoamérica, pero también de los de menos cobertura de salud y jubilaciones.

AR/MC

Con una resolución del Ministerio de Economía pero firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobierno de Javier Milei puso en venta cuatro centrales hidroeléctricas. La medida publicada hoy en el Boletín Oficial deja a tiro de privatización las centrales de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a través de un concurso público nacional e internacional.

La resolución 1569/2025 dispuso la venta de la totalidad del paquete accionario de las respectivas sociedades anónimas que controlan a cada una de las centrales hidroeléctricas. Los pliegos para su privatización estarán disponibles en los sitios web del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional “CONTRAT.AR”, del Banco Mundial denominado “DGMARKET” y de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Con dichas privatizaciones el Gobierno avanza en el plan final de vender la empresa de energía ENARS con el objetivo de recaudar dólares. La estrategia de privatizacón también incluye a Nucleoeléctrica, que opera y mantiene las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Por estas centrales hay también preocupación en la oposición y este miércoles se preparaba una manifestación contra Milei en Zárate.

Alicurá está sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro, cerca de Bariloche, data de 1984 y tiene una potencia instalada de 1.000 MW. y una generación media anual de unos 2.360 GWh, según datos oficiales. El Chocón también está sobre el río Limay y su generación media anual ronda los 3.350 GWh. Este complejo sirve también para la atenuación de crecidas, además de que es usado por el turismo y la recreación. En el mismo río Limay también se despliega Piedra del Ágila, con una generación media anual de 5.500 GWh.

El complejo hidroeléctrico Cerros Colorados está en el curso inferior del río Neuquén y genera ~1.510 GWh. Entre sus funciones también está el control de crecidas, suministro de agua para riego, ocio, recreación.

Preocupación por Nucleoeléctrica

La resolución sobre las hidroeléctricas se conoce en paralelo a la reciente autorización del Gobierno para la venta de una parte accionaria de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), responsable de operar y mantener las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. El hombre detrás de la venta es Demian Reidel, íntimo de Milei y responsable del Plan Nuclear Argentino, que hasta ahora tuvo pocos avances concretos.

El Gobierno decidió poner a la venta el 44% del capital accionario de NASA, luego de obtener la autorización del Congreso a través de la Ley de Bases. El Estado conservará un 51% y el 5% restante quedará en manos de los trabajadores. Nucleoeléctrica provee cerca del 8% de la electricidad del país.

“LAS CENTRALES NO SE VENDEN”, manifestaron las dos CTA, que convocan para este miércoles a una caravana desde la rotonda de Atucha a la rotonda de Zárate donde se va a hacer una concentración. Además de las CTA, la oposición está armando una estrategia para intentar obturar la privatización desde el Senado, concretamente con José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria.

El legislador buscaba juntar dos tercios para que este jueves la Cámara como “inenajenable” a Hidroeléctrica, pero la cercanía de las elecciones complicó su plan. El peronista ve detrás de la venta que promociona Reidel la injerencia de OpenIA, la empresa creadora de ChatGPT que anunció el viernes pasado una supuesta inversión de US$ 25.000 millones en un centro de datos en la Argentina, donde encuentra abastecimiento energético.

MC

El Gobierno dio este lunes un nuevo paso hacia la privatización total de la empresa estatal Intercargo, responsable del servicio de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país, e instruyó a distintos organismos a avanzar en las tareas necesarias para implementarla.

La Resolución del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, otorga funciones a diversas áreas del Estado para concretar la venta del 100 % del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.

El procedimiento fue iniciado formalmente el 17 de marzo pasado y tendrá un plazo de ocho meses para concretarse. No contempla el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un Programa de Propiedad Participada para empleados.

La Secretaría de Transporte será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente, con la participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

También deberá actualizar el inventario de bienes y promover la rescisión, de común acuerdo, del contrato de concesión vigente con el Estado.

Por su parte, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el cronograma general y solicitará a una entidad bancaria pública la tasación del paquete accionario.

Además, la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la continuidad del servicio aeroportuario durante todo el proceso, sin afectar la conectividad nacional ni internacional.

Todos los procedimientos se llevarán a cabo a través de las plataformas oficiales.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la desregulación del mercado de servicios de rampa, lo que puso fin al monopolio que Intercargo mantenía en varios aeropuertos del país.

A partir de esta medida, ya se autorizaron seis nuevas empresas para operar en el sector: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A..

Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases, sancionada el 27 de junio de 2024 e impulsada por el Ejecutivo, que incluye a Intercargo entre las empresas sujetas a privatización como parte del plan del presidente Javier Milei para reducir la participación del Estado en la actividad empresarial.

EFE.

El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago. La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y desagüescloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integranel régimen regulatorio de dicho servicio.

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Atribuciones incorporadas

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

Claves de la nueva normativa

¿Cuántos empleados tiene AySA?

El último dato oficial disponible es de mayo de 2025, de acuerdo a lo que publica Chequeado. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica periódicamente el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de abril de 2025. Eran 6.236 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.462 cargos técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

Cómo se provee agua en la Argentina

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional, según el informe de Chequeado. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Argentina hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

Con información de agencias y Chequeado.

IG

El Gobierno anunció este viernes que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) será privatizada. Según lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la empresa que provee agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, comenzará un proceso para pasar a manos privadas.

“El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, aseguró Adorni.

En la conferencia de prensa, el vocero explicó que la privatización se llevará adelante mediante un esquema mixto, “que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores”.

El proceso de privatización estará a cargo Comisión Nacional de Valores. Según señaló Adorni, “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares”.

En otro tramo de la conferencia, Adorni agregó: “Tiempo atrás se gastaron en AySA más de 4.800.000.000 de dólares sólo en la última gestión de gobierno. Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei decidió la transformación del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, hasta ahora empresa estatal, en una Sociedad Anónima. 

“El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin”, anunció Manuel Adorni en X este domingo.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar.

Ubicada en la provincia de Santa Cruz, la compañía produce energía a través de una central termoeléctrica abastecida con el carbón del yacimiento. Originalmente llamada Yacimientos Carboníferos Fiscales, fue fundada en 1958, privatizada en 1994 y reestatizada en 2002.

En septiembre pasado, el Gobierno echó al interventor de la empresa, Thierry Decoud, que estaba siendo investigado por supuestos pedidos de coimas, en un escándalo que involucraba un fallido acuerdo de venta de carbón. 

La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación, de acuerdo a información a la que accedió el diario Clarín.

Antes de viajar a los Estados Unidos, y en pleno escándalo cripto, el presidente Milei firmó el decreto que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima.

Minutos antes de embarcar en el avión que lo llevó a Estados Unidos, el 19 de febrero, Javier Milei firmó el decreto que convierte al Banco Nación en sociedad anónima. Con este paso, el Presidente podría avanzar en lo que hace poco más de un año tuvo que ceder ante el Congreso para conseguir la aprobación de la Ley de Bases: quitarlo del listado de empresas sujetas a privatización. En la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de presentar una ley en el Congreso.

El Banco Nación es el principal banco de la Argentina. Tiene 17.403 empleados, 721 sucursales y 3.136 cajeros automáticos (ATM) en todas las provincias. Junto con el Correo Argentino —que también se eliminó a último momento de la lista de empresas sujetas a privatizar—, tiene presencia en las plazas de la mayoría de los pueblos y ciudades del país: “Hay uno de los ATM que se encuentra en una localidad tan remota en Catamarca que se abastece con un avión”, recuerda con nostalgia ante elDiarioAR un extrabajador del banco que prefiere no revelar su identidad.  

Con el antecedente de la Ley Bases, el Gobierno no menciona explícitamente una privatización. No lo hicieron el vocero Manuel Adorni ni el ministro desregulador Federico Sturzenegger en los tuits que publicaron festejando la medida que, según ellos, mejorará la “transparencia y el gobierno corporativo”. Es que para que hoy ingresen capitales privados al banco es necesaria una ley del Congreso. 

Sin embargo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, admitió que el cambio de figura jurídica “puede ser un paso previo” para avanzar. “Estamos buscando que todas las empresas públicas sean privatizadas, si entendemos privatización en un sentido genérico, que es que se permita que haya inversores privados que participen de la empresa. Es un gatillo para empezar a cambiar”, confesó durante su participación en el canal de televisión A24. 

Los grises

El anexo del decreto admite la posibilidad de que esta nueva sociedad pueda aumentar hasta un quíntuplo del capital accionario por decisión de la Asamblea Ordinaria: “Hay un gris ahí, porque no hace referencia a que ese exceso de acciones tenga que pasar por el Congreso. De hecho, refiere a la Ley General de Sociedades”, expuso el secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo en una entrevista radial. 

En efecto, en vísperas de la votación de la Ley Bases en abril del 2024, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno tiene la idea de copiar el modelo del Banco do Brasil que impulsó Lula da Silva en su primer mandato como presidente. En septiembre del 2019, el que supo ser banco de gobierno previo a la creación del Central, anunció una sociedad con UBS para crear un banco de inversión. 

A nivel local, Palazzo lo compara con el caso del Banco Hipotecario, que fue fundado en 1886 para resolver el problema de la vivienda desde el Estado, para luego ser privatizado en los 90. Si bien en 2005, y ante la perspectiva de quiebra, el Estado se convirtió en su accionista mayoritario, su administración es privada. “Es una sociedad mixta que no es ni por asomo el banco que antes conocíamos. El gerenciamiento lo lleva el 16% privado de los accionistas privados”, asegura Palazzo.

Mucho más que un banco 

Aún con sus fallas administrativas, el banco estatal cuenta con un valor simbólico importante para los y las argentinas, y es una herramienta de política productiva que asiste a pymes y pequeños productores afectados por contingencias climáticas a tasas bajas. 

En números, es el banco con mayores activos ($48,8 billones) —todo lo que el banco posee, incluidos préstamos otorgados, inversiones y reservas— y depósitos ($ 32,09 billones), dinero que tienen los clientes en el banco y sugieren confianza en la entidad y capacidad para otorgar más préstamos ($13,91 billones). En los tres ítems el banco Nación más que duplica a su segundo competidor privado, el Galicia, de acuerdo con el último informe de instituciones financieras que publicó en noviembre el Banco Central. En su último balance, tuvo un resultado integral de $3 billones, un porcentaje del cual es destinado al Tesoro Nacional.

La relevancia del Banco Nación no tiene que ver sólo con su rol social, porque atiende a jubilados y pensionados, un gran público que los bancos privados prefieren evitar. Además, tiene una presencia protagónica en el mundo de la economía productiva y a nivel geográfico.

“Los primeros que lo van a sentir son los pequeños productores de zonas alejadas. Cuando hay problemas por inclemencias climáticas que tiran por la borda a la cosecha, por ejemplo, los asiste. También financia el desarrollo de determinadas actividades a una tasa mucho más bajas que las de mercado”, asegura Palazzo. “Con incorporación del capital privado con lógica capitalista como es razonable, eso va a perderse”, agrega.

La Federación Agraria Argentina (FAA), publicó un comunicado de prensa expresando una “profunda” preocupación: “El BNA ha sido y es esa columna vertebral del sector agropecuario y base inalienable del desarrollo del interior productivo, al promover no sólo la producción agropecuaria sino todo el sistema. Históricamente, el BNA cuenta con una red de sucursales expandidas en todo el territorio nacional, cerca de los productores, incluso en lugares donde no hay atención de la banca privada”. “Nos alarma que en este sendero que hoy inician, quizá con buena intención, al pretender hacerlo más eficiente, se abra el margen para que perdamos al banco que cumple tan importante rol social. A lo largo de su historia el BNA ha sido siempre una entidad superavitaria,no deficitaria, y que tiene una enorme relevancia financiera para los productores, las pymes y las economías provinciales en general”.

En tanto la Sociedad Rural Argentina, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) expresaron que la decisión no resulta un problema mientras el BNA cumpla con su desempeño habitual e incluso promueva líneas de crédito hoy “inexistentes y urgentes” para el sector.

“Lo segundo que se pierde”, continúa Palazzo, “es el desarrollo territorial para la inclusión financiera en muchos lugares de la Argentina que no están formados para utilizar las aplicaciones, o mismo no tienen conectividad. Casa no rentable, casa que cierra”.

Qué cambiaba con el decreto 

Lo que destaca de la primera lectura del decreto publicado en el Boletín Oficial asigna al Estado Nacional como titular, a través del Ministerio de Economía, del 99,9% del capital social del Banco. El 0,01% restante corresponde a la Fundación Banco Nación Argentina. El Directorio del banco deberá gestionar la inscripción registral ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Haciendo doble click —y comparándolo con la Carta Orgánica que hoy rige el funcionamiento del Banco— aparecen algunas sutilezas que pueden resignificar en un futuro cercano:

Con la conversión a sociedad anónima, el Banco Nación comienza una transformación de consecuencias aún inciertas. Lo que algunos ven como una modernización, otros lo temen como el principio del fin de la banca pública en la Argentina.

NR/JJD

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este viernes que ya comenzó el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de casi 6.000 kilómetros de rutas y autopistas. “Será bajo la modalidad de concesión obra publica por peaje”, adelantó y agregó que “la privatización de las empresas publicas es irremediable”.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que asegura que a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó al país, aseguraron, solo en 2023 unos $301.000 millones.

“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, completó.

“Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular”, añadió.

El mismo comunicado advierte que existe “una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías”. También se aclaró que desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje.

Adorni dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios. “Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos”, dijo.

Actualmente, Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de; Santiago del Estero: Tucumán: Salta; Jujuy; Chaco; Buenos Aires; Corrientes; Misiones; San Luis; Córdoba; Santa Fe y Mendoza. Además, también administra el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.

Según se anunció, será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, la encargada de ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública. También, de la disolución y posterior liquidación de los corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.

Con información de la agencia NA

La empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), encargada de producir equipamiento metalúrgico y soluciones integrales para la generación de energía, pasó a manos del grupo estadounidense Arc Energy, empresa especializada en la provisión de equipos de procesamiento para la industria del petróleo y del gas.

De esta manera, la empresa con sede en la provincia de Mendoza se convierte en la primera privatización del mandato del presidente Javier Milei. Arc Energy acercó la propuesta que fue preseleccionada. La empresa compró el 85% de Impsa y se quedó con la participación del Estado nacional y la parte mendocina.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, comunicó la privatización en la red social X. “Hoy concretamos la primera privatización del gobierno de Javier Milei con la firma del contrato de transferencia de las acciones Clase C de Impsa al consorcio IAF, liderado por ARC Energy. Con este paso, la empresa vuelve a manos privadas para potenciar su crecimiento”, señaló Casado.

El grupo estadounidense asumirá una deuda que la compañía tenía con organismos de créditos multuilaterales. Los problemas de la empresa argentina se deben a procesos licitatorios que no se concretaron y que empezaron a darle problemas financieros.

 El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró la privatización de la compañía argentina. “Concretamos la adjudicación definitiva y la firma del contrato de transferencia de las acciones de IMPSA, tras cumplir con todas las condiciones establecidas por el comité evaluador, en un proceso transparente y de mucho trabajo conjunto”.

Cornejo sostuvo que la privatización de Impsa se debe al desafío de lograr recupera la posición como “un actor clave en el sector energético mundial, volviendo a ser una empresa privada que genere empleo, impulse la innovación y continúe proveyendo a diversas industrias del país”. “Desde Mendoza, siempre priorizamos encontrar un inversor confiable que garantice la continuidad operativa de IMPSA y preserve los puestos de trabajo”, concluyó el gobernador.

Qué es ARC Energy

ARC Energy difundió en julio pasado un comunicado en el que oficializó su “interés en adquirir y capitalizar Impsa”. “Se trata de una compañía estadounidense basada en Houston que capitalizará la empresa a través de un fondo de inversión americano especializado en energía”, se presentó ARC. “El objetivo es reestructurar la deuda actual de Impsa, generar nuevos negocios y volver a instalarla como protagonista del sector energético mundial.”

ARC se define como “empresa líder a nivel mundial en la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del petróleo y el gas”. “La capitalización propuesta por ARC Energy estará destinada a capital de trabajo y serán canalizados por el fondo de inversión americano, IAF, el cual se especializa en temas de energía y está integrado por referentes de dicha industria. ARC junto a IAF fue manteniendo contactos con el gobierno nacional y provincial previo al envío de la propuesta formal para conocer el estado de la empresa, situación de los proyectos en ejecución y la capacidad productiva del centro de desarrollo tecnológico con el que cuenta Impsa en Mendoza”, informó ARC.

“Desde ARC y IAF se planteó un escenario de due diligence (diligencia debida) para conocer los detalles de la situación general de la empresa y colaborar en el proceso de reestructuración de la deuda con el objetivo de poder generar las condiciones necesarias para el relanzamiento de Impsa a los mercados internacionales”, continuó ARC. “Como parte del interés de ARC y IAF en adquirir y capitalizar Impsa, la empresa aceptó las condiciones de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación y el Gobierno de Mendoza de realizar un commitment (compromiso) durante el proceso de due diligence y colaborar con los mismos durante los próximos meses”, agregó la empresa fundada en 2011, con operaciones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa. IAF tiene más de 40 años de experiencia en el sector industrial y energético a través de la participación y capitalización de proyectos y adquisición de empresas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África.

Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy y socio y fundador de IAF, afirmó que “Impsa es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. “En la recorrida que hicimos en el centro de desarrollo tecnológico de Mendoza pudimos observar el potencial de la empresa para crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo” agregó Arcenaux.

Qué es IMPSA

IMPSA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

IMPSA realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional, y emplea a unos 720 trabajadores. De acuerdo con lo que plantean desde el Ministerio de Economía, la empresa es deficitaria y arrastra una deuda de US$566 millones.

La metalúrgica, que tiene un siglo de historia, llegó en su apogeo a exportar tecnología a decenas de países, pero actualmente se encuentra muy endeudada, ya que debe renegociar unos US$ 500 millones. 

Una de las principales razones de su endeudamiento es que Venezuela nunca le pagó una deuda que ronda los US$ 300 millones.

Para ARC Energy, IMPSA es clave porque produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica, y hasta componentes nucleares. 

Entre los principales activos de la empresa es que cuenta con unos 700 trabajadores calificados, con un capital humano de “altísima formación”.

El problema de IMPSA, compañía creada en 1907 por la familia Pescarmona, y que llegó a operar en más de 30 países, es que se encuentra sobre endeudada. Tiene pasivos por u$s 500 millones, que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.

Hasta ahora, el 63,7% de las acciones eran propiedad de un fondo fiduciario del Estado (el FONDEP), que controla la Secretaría de Industria, mientras que el 21,2% de las acciones pertenecían a Mendoza. Y solo el porcentaje restante de su capital social (15,1%) era de propiedad privada: el 9,8% estaba en manos de un fondo de capital controlado por los acreedores de la Compañía y el 5,3% pertenecía a un fideicomiso de capital controlado por los accionistas originales y fundadores de IMPSA, la familia Pescarmona.

La historia de IMPSA

1907

Los orígenes de IMPSA se remontan al año 1907, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona funda sus Talleres Metalúrgicos en Mendoza (Argentina) para la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación.

1946

Se crea Construcciones Metálicas Pescarmona S.R.L. (“CMP”) con el propósito de emprender el diseño y la construcción de estructuras metálicas, compuertas para irrigación, así como otros equipos electromecánicos.

1965

Se adopta la denominación IMPSA, acrónimo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F, con la cual se da continuidad a la empresa fundada a principios de siglo y se emprende el diseño y construcción de grandes estructuras de acero y equipos electromecánicos.

Años 70

Se inicia un proceso de notable desarrollo tecnológico que le otorga a IMPSA el perfil de empresa innovadora, convirtiéndola en líder en generación hidroeléctrica en Argentina.

Años 80

La empresa se convierte en un referente mundial en la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo modalidad “llave en mano”, llevando adelante una política agresiva de Investigación y Desarrollo con la construcción de un Centro de Investigaciones Tecnológicas propio.

Años 90

IMPSA se consolida en el mercado de la energía como desarrollador de proyectos hidroeléctricos, obteniendo dos importantes contratos bajo la modalidad B.O.T. (Build Operate and Transfer): Potrerillos, en Argentina, y CBK, en Filipinas. Comienzan  las investigaciones sobre energía eólica.

2000

Nace la unidad de negocios Wind con la que IMPSA apuesta fuertemente a la energía eólica con aerogeneradores de alta tecnología.

IMPSA es adjudicada con el contrato para construir la Central Hidroeléctrica Tocoma, en Venezuela, las turbinas Kaplan de mayor potencia jamás construidas.

Se suministran las grúas para el puerto PTP en Malasia.

Se firman contratos con la Provincia de la Rioja, bajo modalidad EPC, para proveer doce aerogeneradores con diseño IMPSA del tipo IWP-83 de 2,1 MW clase II, para el proyecto Arauco I. En este proyecto, IMPSA también tiene a su cargo la operación y mantenimiento del parque.

2010-actualidad

Se obtiene la adjudicación de Arauco Etapa III, correspondiente a 12 equipos adicionales, incorporando una capacidad instalada de 25,2 MW la que, posteriormente, es ampliada a 52 MW con la contratación de IMPSA para la Etapa IV que consta de 26 aerogeneradores IWP-100.

Se inaugura la Sala Limpia de IMPSA, en donde se construyeron los cuatro Generadores de Vapor para el reemplazo y extensión de vida de la Central Nuclear Embalse Río III. Se obtiene también la contratación del diseño, fabricación, transporte y montaje del conjunto del recipiente de presión del Reactor Nuclear Carem 25 M, primer Reactor Nuclear argentino para generación de energía.

Se instala la nave Wind destinada a la producción de aerogeneradores en la Planta de IMPSA.

En enero de 2017, IMPSA obtiene la adjudicación para la rehabilitación con nuevo diseño hidráulico y mecánico de 2 turbinas Kaplan de 154 MW cada una y provisión de tuberías internas del rodete, para la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El día 27 de abril de 2018, como consecuencia de la modificación de su estatuto La Compañía modifica su denominación social, la que quedará bajo el nombre de “IMPSA” (en lugar de su anterior denominación INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA “IMPSA” SAICF) como resultado del inicio del proceso de cierre de la reestructuración financiera de la compañía.

El Gobierno nacional autorizó la venta de las acciones de la empresa siderúrgica IMPSA S.A a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy.

“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa - integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza - resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado de prensa.

El parte oficial señala que “IAF ofertó US$ 27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de US$ 576 millones”.

En redes sociales, tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebraron el acuerdo. “Privatizamos Impsa”, anunció el funcionario nacional en X, y agradeció por el “gran trabajo” al director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, al secretario de Industria y Comercio de la Nacion, Pablo Lavigne, y al mandatario mendocino, quien recogió el guante y le devolvió el gesto por la misma red social: “Con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que llevan adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, escribió Cornejo.

La oferta aprobada fue la única presentada luego de un largo proceso para lograr la privatización de la empresa.

“En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”, añadió Comercio.

Además indicó que “IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia”.

Comercio detalló que “el capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza”.

“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, aseguró el parte oficial.

Qué es ARC Energy

ARC Energy difundió en julio pasado un comunicado en el que oficializó su “interés en adquirir y capitalizar Impsa”. “Se trata de una compañía estadounidense basada en Houston que capitalizará la empresa a través de un fondo de inversión americano especializado en energía”, se presentó ARC. “El objetivo es reestructurar la deuda actual de Impsa, generar nuevos negocios y volver a instalarla como protagonista del sector energético mundial.”

ARC se define como “empresa líder a nivel mundial en la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del petróleo y el gas”. “La capitalización propuesta por ARC Energy estará destinada a capital de trabajo y serán canalizados por el fondo de inversión americano, IAF, el cual se especializa en temas de energía y está integrado por referentes de dicha industria. ARC junto a IAF fue manteniendo contactos con el gobierno nacional y provincial previo al envío de la propuesta formal para conocer el estado de la empresa, situación de los proyectos en ejecución y la capacidad productiva del centro de desarrollo tecnológico con el que cuenta Impsa en Mendoza”, informó ARC.

“Desde ARC y IAF se planteó un escenario de due diligence (diligencia debida) para conocer los detalles de la situación general de la empresa y colaborar en el proceso de reestructuración de la deuda con el objetivo de poder generar las condiciones necesarias para el relanzamiento de Impsa a los mercados internacionales”, continuó ARC. “Como parte del interés de ARC y IAF en adquirir y capitalizar Impsa, la empresa aceptó las condiciones de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación y el Gobierno de Mendoza de realizar un commitment (compromiso) durante el proceso de due diligence y colaborar con los mismos durante los próximos meses”, agregó la empresa fundada en 2011, con operaciones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa. IAF tiene más de 40 años de experiencia en el sector industrial y energético a través de la participación y capitalización de proyectos y adquisición de empresas en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África.

Jason Arcenaux, CEO de ARC Energy y socio y fundador de IAF, afirmó que “Impsa es una empresa con una historia única en el mundo y referente en América Latina, que cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. “En la recorrida que hicimos en el centro de desarrollo tecnológico de Mendoza pudimos observar el potencial de la empresa para crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo” agregó Arcenaux.

Qué es IMPSA

IMPSA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

IMPSA realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional, y emplea a unos 720 trabajadores. De acuerdo con lo que plantean desde el Ministerio de Economía, la empresa es deficitaria y arrastra una deuda de US$566 millones.

La metalúrgica, que tiene un siglo de historia, llegó en su apogeo a exportar tecnología a decenas de países, pero actualmente se encuentra muy endeudada, ya que debe renegociar unos US$ 500 millones. 

Una de las principales razones de su endeudamiento es que Venezuela nunca le pagó una deuda que ronda los US$ 300 millones.

Para ARC Energy, IMPSA es clave porque produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica, y hasta componentes nucleares. 

Entre los principales activos de la empresa es que cuenta con unos 700 trabajadores calificados, con un capital humano de “altísima formación”.

El problema de IMPSA, compañía creada en 1907 por la familia Pescarmona, y que llegó a operar en más de 30 países, es que se encuentra sobre endeudada. Tiene pasivos por u$s 500 millones, que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.

Hasta ahora, el 63,7% de las acciones eran propiedad de un fondo fiduciario del Estado (el FONDEP), que controla la Secretaría de Industria, mientras que el 21,2% de las acciones pertenecían a Mendoza. Y solo el porcentaje restante de su capital social (15,1%) era de propiedad privada: el 9,8% estaba en manos de un fondo de capital controlado por los acreedores de la Compañía y el 5,3% pertenecía a un fideicomiso de capital controlado por los accionistas originales y fundadores de IMPSA, la familia Pescarmona.

La historia de IMPSA

1907

Los orígenes de IMPSA se remontan al año 1907, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona funda sus Talleres Metalúrgicos en Mendoza (Argentina) para la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación.

1946

Se crea Construcciones Metálicas Pescarmona S.R.L. (“CMP”) con el propósito de emprender el diseño y la construcción de estructuras metálicas, compuertas para irrigación, así como otros equipos electromecánicos.

1965

Se adopta la denominación IMPSA, acrónimo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F, con la cual se da continuidad a la empresa fundada a principios de siglo y se emprende el diseño y construcción de grandes estructuras de acero y equipos electromecánicos.

Años 70

Se inicia un proceso de notable desarrollo tecnológico que le otorga a IMPSA el perfil de empresa innovadora, convirtiéndola en líder en generación hidroeléctrica en Argentina.

Años 80

La empresa se convierte en un referente mundial en la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo modalidad “llave en mano”, llevando adelante una política agresiva de Investigación y Desarrollo con la construcción de un Centro de Investigaciones Tecnológicas propio.

Años 90

IMPSA se consolida en el mercado de la energía como desarrollador de proyectos hidroeléctricos, obteniendo dos importantes contratos bajo la modalidad B.O.T. (Build Operate and Transfer): Potrerillos, en Argentina, y CBK, en Filipinas. Comienzan  las investigaciones sobre energía eólica.

2000

Nace la unidad de negocios Wind con la que IMPSA apuesta fuertemente a la energía eólica con aerogeneradores de alta tecnología.

IMPSA es adjudicada con el contrato para construir la Central Hidroeléctrica Tocoma, en Venezuela, las turbinas Kaplan de mayor potencia jamás construidas.

Se suministran las grúas para el puerto PTP en Malasia.

Se firman contratos con la Provincia de la Rioja, bajo modalidad EPC, para proveer doce aerogeneradores con diseño IMPSA del tipo IWP-83 de 2,1 MW clase II, para el proyecto Arauco I. En este proyecto, IMPSA también tiene a su cargo la operación y mantenimiento del parque.

2010-actualidad

Se obtiene la adjudicación de Arauco Etapa III, correspondiente a 12 equipos adicionales, incorporando una capacidad instalada de 25,2 MW la que, posteriormente, es ampliada a 52 MW con la contratación de IMPSA para la Etapa IV que consta de 26 aerogeneradores IWP-100.

Se inaugura la Sala Limpia de IMPSA, en donde se construyeron los cuatro Generadores de Vapor para el reemplazo y extensión de vida de la Central Nuclear Embalse Río III. Se obtiene también la contratación del diseño, fabricación, transporte y montaje del conjunto del recipiente de presión del Reactor Nuclear Carem 25 M, primer Reactor Nuclear argentino para generación de energía.

Se instala la nave Wind destinada a la producción de aerogeneradores en la Planta de IMPSA.

En enero de 2017, IMPSA obtiene la adjudicación para la rehabilitación con nuevo diseño hidráulico y mecánico de 2 turbinas Kaplan de 154 MW cada una y provisión de tuberías internas del rodete, para la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El día 27 de abril de 2018, como consecuencia de la modificación de su estatuto La Compañía modifica su denominación social, la que quedará bajo el nombre de “IMPSA” (en lugar de su anterior denominación INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA “IMPSA” SAICF) como resultado del inicio del proceso de cierre de la reestructuración financiera de la compañía.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei presentó los principales lineamientos de su agenda para el 2025, la cual ha denominado como la “motosierra profunda”. En una entrevista concedida a Alex Milberg para Forbes Argentina, el mandatario adelantó que las medidas incluirán más privatizaciones, una reforma laboral y previsional, y la eliminación del 90% de los impuestos actuales.

Milei afirmó que los resultados de su gestión hasta ahora han generado un impacto positivo en la macroeconomía. “El equilibrio fiscal ha hecho que el riesgo país pase de niveles de 3.000 puntos cuando ganamos la elección a hoy debajo de 700, lo cual baja el costo del capital y favorece la inversión. Estamos eliminando la inflación, con lo cual se está eliminando la distorsión de precios relativos y eso favorece la acumulación de capital. Estamos bajando impuestos. Hicimos 800 reformas estructurales. Todos los días quitamos regulaciones”, explicó.

En ese contexto, el mandatario volvió a elogiar la labor del ministro Federico Sturzenegger. Según Milei, “el ministerio de Sturzenegger saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado”.

De acuerdo con el presidente, la etapa inicial de su administración estuvo enfocada en reducir las regulaciones y efectuar un recorte sustancial del gasto público. “Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas. No es solo desregular y quitar trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”, enfatizó.

Para el año que viene Milei explicó que planea eliminar el 90% de los impuestos actuales, manteniendo solo diez de ellos. Además, señaló que impulsará una reforma laboral integral.

“Este año subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso”, afirmó el presidente.

En lo que respecta a las empresas estatales, Milei reiteró su idea de que el Estado no debería intervenir en actividades que, a su juicio, pueden ser gestionadas de manera más eficiente por el sector privado. Aunque no especificó un cronograma ni los mecanismos exactos para estas privatizaciones, mencionó que se centrarán en empresas estatales que operan con déficits significativos.

El mandatario afirmó que las políticas de ajuste implementadas por su gobierno han recaído en lo que denominó como “la casta” y no en la población general. “Cuando cortamos la obra pública, les pegamos a los chorros de los políticos. Cuando vamos por una reducción de las transferencias discrecionales de las provincias, es a la casta. Cuando bajamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, se lo sacamos a los bancos. Cuando bajamos los ministerios de 18 a 8, cuando sacamos secretarías y subsecretarías, ¿a quién le pegó ese ajuste?”, afirmó.

Por otro lado, Milei aseguró, que pese a las críticas, no piensa modificar su estilo: “A mí me votaron por ser como soy. Yo no soy un engendro del coaching. Y, si no te gusta, no me votes”, concluyó.

DM

Es jueves 26 de diciembre y Matías Castro sale del hospital Pablo Soria, uno de los principales de San Salvador de Jujuy, con medicamentos bajo el brazo. A sus 42 años está desempleado desde hace tres años, después de que una peritonitis lo obligara a operarse de urgencia y perdiera entonces su trabajo en una dietética. También está preocupado: no sabe qué pasaría si lo tuvieran que intervenir de vuelta ahora que la Legislatura jujeña convirtió a esta provincia en la primera en cobrar a los locales por atenderse en los hospitales.

Este año Jujuy, Salta, Mendoza y Santa Cruz comenzaron a arancelar la atención a extranjeros no residentes para evitar el turismo sanitario. Pero la provincia más norteña del país fue por más. “La verdad que para mí sería una desventaja por no tener trabajo y no tener recursos, se me va a complicar mucho”, advierte Matías. “Y supongo que a muchas personas que también están en mi misma situación se les va a hacer difícil”, agrega.

La ley, que se sancionó la semana pasada en la Legislatura provincial, todavía no entró en vigencia. Fue votada por el radicalismo gobernante y la oposición peronista y dispone la creación de un Seguro Provincial de Salud (Seprosa), que costará alrededor de $50.000 y que será necesario para atenderse en los centros sanitarios públicos. La norma establece que con el Seprosa los pacientes podrá ir a clínicas privadas que se inscriban a tal efecto, con lo que se abre la posibilidad de una migración del sistema estatal al particular.

En los fundamentos de la norma se indica que el 50% de los jujeños va en la actualidad a los hospitales públicos y se considera que el 25% se encuentra en estado de “vulnerabilidad social y económica” y podrá seguir recibiendo salud gratuita, pero el otro 25% se supone que tiene capacidad de pagar el seguro aunque cuenten con ingresos informales como “feriantes, vendedores ambulantes, conductores de taxis y remises”, según indica el texto. Quien gana menos de dos salarios mínimos ($573.422) deberá comprobarlo ante el Instituto del Seguro de Jujuy, la obra social de los estatales de la provincia, para evitar el Seprosa.

“La verdad es que no sé si yo debería pagar o no, pero yo creería que tendría que ser lo mismo para todos. Si es un tema de salud, que sea una ventaja para todos”, opina Matías en la puerta del hospital Soria. Allí mismo, sentada en una banca, Laura Erazo, de 49 años, conversa con su cuñada después del turno con su oncóloga. Vinieron de Libertador General San Martín, la ciudad de la azucarera Ledesma. Ella está a favor de que se cobre el hospital a quien pueda pagarlo, pero no a ella, que debió dejar su trabajo de empleada doméstica por el cáncer: “Quizás hay gente que puede pagar y está ocupando un lugar en el hospital, donde falta de todo. He visto personas que pueden pagar, por ejemplo, feriantes, y no se le puede cobrar a esas personas que tienen. Y hay gente que la verdad no tiene nada, a esos no hay que cobrarles”.

Laura lleva, a su vez, tres meses sin tomar la medicación oncológica porque el Estado nacional no la envía. “Me atendió una doctora y me dijo que el presidente (Javier Milei) está tardando demasiado con los medicamentos oncológicos. Estamos perdiendo bastante tiempo. Ya hace tres meses que no puedo avanzar con la medicación y bueno... corremos el riesgo de que eso haga metástasis. Por eso andamos de control en control. Vine para ver si había llegado la pastilla, pero todavía no, tengo que seguir esperando y seguir esperando”, se desconsuela Laura.

El gobernador Carlos Sadir y su ministro de Salud, Gustavo Bohuid, enviaron el 10 de diciembre el proyecto de ley para que se tratara en la última sesión del año, sin pasar por las comisiones de Presupuesto y Sanidad. Sadir, un radical que alternó apoyos y críticas a Milei en su primer año de gobierno, se excusó en la motosierra del libertario, que se cebó sobre todo en jubilaciones, transferencias a provincias y obras públicas, para aplicar el futuro cobro en hospitales. “Por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, se fundamenta la ley. “Por citar un ejemplo paradigmático entre muchos, el Programa Federal Incluir Salud que brinda cobertura médico-asistencial a personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, representa un costo mensual para el Ministerio de Salud del Estado Provincial de $516,1 millones, de los cuales, el Estado nacional sólo aporta $19,8 millones”, añade el texto de la norma.

El único bloque que votó en contra de la reforma sanitaria fue el del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). El diputado nacional por el FIT-Jujuy Alejandro Vilca teme que así como en 2023 la UCR y el PJ se unieron para reformar la Constitución provincial y defenderla arrasando con los piquetes, política represiva que después aplicó Milei, ahora también su provincia puede convertirse en la primera de varias que arancelen la salud: “Si lo hace Sadir, que a veces se hace el opositor a Milei, imaginate otros que se hicieron oficialistas como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Raúl Jalil (Catamarca)”, apunta.

Para el diputado, “con el mismo argumento el día de mañana pueden arancelar la educación”. “El seguro provincial de salud fue metido por la ventana en la última sesión del año. ¿Cómo van a hacer para corroborar quien no gana dos salarios mínimos? Además, los feriantes, vendedores ambulantes y taxistas es gente que vive al día, en una temporada hacés platita, si plantás frutillas, sos albañil y hacés una obra o sos taxista en temporada turística, pero después ya no cobrás lo mismo. Todo esto esconde un negocio: el ministro de Salud provincial tiene institutos médicos, lo mismo que el diputado provincial peronista Rubén Rivarola, el diputado nacional libertario Manuel Quintar o el exsenador nacional radical Mario Fiad. Esto es para beneficiar a empresarios porque la gente, entre un hospital desfinanciado y una clínica privada, se irá a la privada”, alerta Vilca, que antes de ser diputado era empleado municipal como recolector de residuos.

En el peronismo no todos están de acuerdo con la línea de Rivarola. Rodolfo Tecchi, exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, se opone al arancelamiento sanitario: “No estoy de acuerdo. Nace de la idea de que feriantes, taxistas son unos vivos que se llenan de plata y no quieren pagar el hospital”, advierte Tecchi.

La seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) paró este jueves y viernes contra lo que considera una “privatización del sistema de salud, afectando a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia”. “Este es un verdadero ultraje sin precedentes al pueblo jujeño, que se carga día a día de más deudas y hace difícil tener un plato de comida digno, y que ahora, facilitado por el Poder Legislativo, ve amenazada su atención en el sistema de salud, que es público y gratuito por Constitución Nacional”, plantearon desde AMRA Jujuy.

Al entrar al hospital materno infantil Dr. Héctor Quintana, el médico Alejandro Fiad también manifiesta su rechazo a la ley: “Yo sé que hay gente que puede abonar algo en el hospital público, pero me parece que lo que hay que hacer es una medida de fondo: poner en blanco a todas las personas. Porque el que está en blanco tiene una obra social a través de sus aportes y eso redundaría en el beneficio del hospital público. Y lo que hay que hacer es apoyar al hospital público. Jujuy es una provincia pobre. Mucha gente tiene bajos ingresos entonces, necesita el hospital público, no hay que descuidarlo, sino que hay que apoyarlo y hay que mejorarlo para que brinde la atención que necesita”.

Otros pacientes de este hospital de niños se opone al arancelamiento. “Los que somos de acá no estamos de acuerdo”, suelta David, albañil de boina que viene con frecuencia con su hijo de 12 años, en tratamiento, desde La Quiaca, a cinco horas de colectivo. “Siempre la atención fue gratis. Pero somos un país que no lo administraron bien”, apunta.

Soledad, abogada de Monterrico, a 50 minutos de auto de la capital jujeña, vino aquí con su niño de tres años convulsionando porque en la sala de salud de su barrio lo mandaron ante la gravedad del caso. Tiene obra social, pero la ambulancia la trajo hasta el hospital público porque confían más en él. “No estoy de acuerdo con el pago. Yo tengo una obra social, pero la gente que no tiene no puede pagar. Vienen a sacar un turno y duermen acá toda la noche y ahora les van a cobrar. Yo no sé cómo va a hacer alguna gente porque directamente no llega ni para comer. Ya de por sí no es muy buena la atención”, lamenta Soledad.

AR/DTC

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este lunes en defensa de Aerolíneas Argentinas, apuntó contra la intención del Gobierno de privatizarla o vaciarla y adelantó que, si la gestión de Javier Milei avanza en ese sentido, su distrito “no lo va a permitir”: “La patria no se vende”, remarcó.

En una conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno bonaerense, Kicillof advirtió que si el gobierno nacional “quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, o declarala en quiebra o alguna de esas ideas ridículas, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir”.

Y argumentó: “Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. Dicen que nadie la quiere. La Provincia sí la quiere. Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina y la equidad terrotorial; es una fuente de ingresos y bienestar inconmensurable. Vamos a empezar a trabajar con gobernaodres, intendentes, gentes del sector aerocomercial y del turístico porque no tiene sentido lo que dice el Gobierno. El objetivo es que el Gobierno deje de amenazar y mentir porque no nos podemos dar el lujo para que destruyan o malvendan la línea de bandera. Por eso, si el Goobierno plantea entregarla o venderla, el Gobierno de la provincia no lo va a permitir. Aerolíneas no se vende. La patria no se vende”, sentenció.

De acuerdo al mandatario provincial, si Milei comienza a llevar a la práctica su intención manifiesta de traspasar Aerolíneas Argentinas a sus empleados o vender el paquete accionario de la empresa de bandera, “nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto”.

Además, el gobernador bonaerense, detalló que, en materia económica, con el turismo como acvtividad principal y “el beneficio económico para los pasajeros”, Aerolíneas le dio a la provincia “un saldo positivo de US$2.600 millones; o sea, la comparación de con o sin AA, si la Provincia comienza a perder vuelos, sería una érdida para de US$2.665 millones. Además genera 81 mil empleos directos e indirectos”.

En tanto, sostuvo que un eventual cierre de la empresa sería “un retroceso, tanto en términos económicos como simbólicos para el país. Aerolíneas no solo es un medio de transporte, sino también un pilar estratégico para el desarrollo de regiones menos conectadas y una herramienta de integración nacional”.

Y apuntó sus cañones contra el presidente Milei: “No va discutir en el Congreso algo tan relevante como el Presupuesto para 2025 y sí va a presentar algo que le parece relevante como la privatización de Aerolíneas Argentinas, lo cual nos parece deplorable y trágico”. “No es algo anarcocapitalista o libertario. Aerolíneas ya se privatizó y desembocó en un desguace, en una liquidación, en un vaciamiento, en la venta de los aviones, en la pérdida de las rutas aéreas nacionales e internacionales y en el cierre de diferentes destinos. Fue un desastre absoluto la privatización y hoy la venden como si fuera la panacea”. Según Kicillof, para llevar adelante su plan, Milei “amenaza con varias mentiras, como que Aerolíneas significa un gasto enorme que se ahorraría el Estado Nacional. Se trata de un nuevo saqueo”, remarcó.

Para el gobernador, Aerolíneas “es una columna vertebral de la República Argentina. Es la única empresa que llega excluviamente a 21 destinos. Funciona bien, no pierde y conecta a los argentinos. La quieren vender para quedarse con el negocio, apropiarse de sus aviones, de su flota, de sus aviones, cerrar vuelos y darle negocios a terceros. Estamos en la antesala de una estafa”, disparó.

“No podemos atravesar de nuevo una estafa como la que ya hubo con Aerolíneas. Estamos a la espera de que se decidan a gestionarla a favor de la sociedad y el pueblo, o si van a hacer otra cosa. Queremos impedir el desastre que quieren hacer por la impoosibilidad que tienen de gesationar nada. La modalidad que usemos para que esto no pase, depende, según lo que resuelvan. La Provincia de Buenos Aires tiene diferentes caminos y empezamos a explorarlos para dar una respuesta. No podemos atravesar de nuevo un vaciamiento. Como no saben qué hacer, lo usan como batallito de batalla para arengar a su base política. Lo que están intentando hacer, es una catástrofe”, concluyó Kicillof.

Con información de agencias.

IG