Fue en agosto de 2023, pocos días después de que Javier Milei se impusiera como el candidato más elegido en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cuando se alzó con el 29,86% de los votos válidos. Con ese estilo estudiadamente espontáneo –que luego consolidó al llegar a la presidencia, con numerosos golpes de efecto en el plano de la comunicación oficial–, se lanzó en Tik Tok, el terreno libertario por excelencia, un video que a fuerza de repetición y de memes se hizo tristemente célebre. Allí, el entonces candidato de La Libertad Avanza despegaba pequeños carteles de una pizarra con los nombres de los ministerios nacionales. Al grito de “afuera”, sin más precisiones que una sonrisa nada espontánea en la cara, los iba arrancando para dar a entender en un gesto no exento de crueldad lo que pasaría con ellos si llegaba a la presidencia. Primero fue el turno del Ministerio de Deportes y en segundo lugar despegó el que decía Ministerio de Cultura.

Unos meses después de aquel acting viral, ya elegido presidente en el balotaje del 19 de noviembre, Milei decidió degradar aquel ministerio al rango de secretaría, tal como lo había hecho Mauricio Macri en su administración. El primero de los signos de desinterés por el sector cultural tuvo que ver con la demora libertaria para llevar adelante la transición entre los funcionarios salientes y los entrantes.

De hecho, el ex ministro nacional de Cultura, Tristán Bauer, fue de los últimos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández en establecer los contactos formales con sus sucesores, por la falta de definiciones de los recién elegidos durante aquellos días. Además del funcionamiento de la cartera en sí, había que definir el futuro de entidades como la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros.

No sorprendió que el puesto como titular de la Secretaría de Cultura fuera para Leonardo Cifelli, un productor de espectáculos del universo del teatro musical y privado, con un breve antecedente en la gestión pública. Ocurrió cuando el compositor musical Ángel Mahler estuvo a cargo del Ministerio de Cultura porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, entre 2016 y 2017. Cifelli, entonces, se desempeñó como jefe de Gabinete de Mahler a lo largo de un año, hasta que, con la partida del creador de Drácula, el musical, volvió a dedicarse a la actividad privada.

Durante los días posteriores al balotaje, aunque sin haber sido nombrado oficialmente en su cargo, Cifelli brindó algunas entrevistas periodísticas para trazar algunos de los lineamientos de la gestión libertaria en el rubro. Habló de un equipo de 20 personas del sector y repitió una palabra con contundencia: recorte. 

“Ahora el ministerio tiene 60 ravioles (sic), yo lo bajé a 40: se están sacando subsecretarías generales, dirección de la dirección, estaba un poquito grande... Esto lo estoy estudiando hace seis meses”, aseguró en diálogo con el sitio Infobae. Y agregó que en el nuevo esquema habrá “33% de reducciones” tomando como base el presupuesto de 2023 para Cultura, que había sido de alrededor de $54.000 millones.

En línea con esas previsiones de recortes y reducciones, desde que llegó a la Casa Rosada, se multiplicaron los despidos en todas las dependencias nacionales vinculadas a Cultura, al tiempo que no fueron renovados numerosos contratos. En diciembre, desde ATE calculaban que se llevaría adelante solamente en el ex Ministerio más de mil doscientas desvinculaciones de trabajadores y trabajadoras. En enero, se sumaron otros 500 y desde entonces continuaron con las desvinculaciones o no renovando los contratos de personas con varios años de servicio y lo mismo ocurrió en la Biblioteca Nacional, con el despido de unas 120 en marzo.

Otro hito central de la gestión de Milei en este rubro lo marcan el gigantesco Decreto de Necesidad y Urgencia 7023, lanzado en diciembre del año pasado por cadena nacional, y las distintas versiones de la llamada Ley Ómnibus, dos elementos con los que el gobierno busca la desregulación total de la economía. En las áreas culturales y artísticas, se encendieron las alarmas centralmente por una posible eliminación de la llamada “Ley del Libro” o “Ley de Defensa de la Actividad Librera” que unifica en el país el precio de venta al público de los libros. Después de los distintos debates legislativos y también de diversas manifestaciones públicas, este punto quedó fuera de discusión.

Otro de los ejes centrales en los proyectos normativos impulsados por el Ejecutivo que también preocuparon y siguen preocupando están vinculados con la posibilidad de que desde el Congreso se le otorguen facultades al Ejecutivo para cerrar entidades que promueven la producción cultural argentina, como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o el Instituto Nacional del Teatro. Con las nuevas versiones de la llamada “Ley Bases”, y los vaivenes que todavía quedan pendientes en la discusión parlamentaria, la definición sobre el futuro de estas entidades clave para la promoción cultural del país tiene final abierto.

Mientras tanto, otras medidas adoptadas por Milei provocaron inquietud y descontento. Una de las más resonantes tuvo lugar en abril, cuando mediante un decreto el mandatario dispuso la licencia obligatoria de la mayoría de los empleados del INCAA, además de un recorte presupuestario. Con este cierre, todavía indefinido de la entidad, no solamente corre peligro la producción audiovisual nacional sino también eventos de relevancia internacional, como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

También en los últimos seis meses, la paralización de la agencia Télam, que incluye la suspensión del envío de información sobre actividades culturales que tienen lugar a lo largo de todo el país, afectó severamente la difusión de obras teatrales, libros, festivales, recitales y todo tipo de actividades artísticas.

En el mismo sentido, el levantamiento de un programa cultural emblemático en la Televisión Pública como Los siete locos, conducido por Cristina Mucci en la señal de bandera por más de tres décadas, marca otro hito preocupante.

Ataque directo

Más allá de las medidas concretas tomadas en las distintas áreas culturales que dependen del gobierno central, lo que caracterizó en estos seis meses de gobierno fueron algunos ataques directos del propio Javier Milei a figuras del ámbito artístico y cultural. El caso más flagrante fue el de la cantante y actriz Lali Espósito, a quien el mandatario llamó “Lali Depósito”, en una entrevista televisiva y la acusó de cobrar dinero “de varios gobiernos”, ante la nula reacción de los periodistas que conducían el diálogo.

Estas palabras provocaron el rechazo generalizado de figuras del mundo del espectáculo, de la música, del arte y también del público en general, algo que de todos modos no hizo mella en el presidente, quien siguió mostrando actitudes de cierto ensañamiento. Al día siguiente, redobló el ataque contra la artista en otra entrevista, esta vez en Radio La Red, en la que señaló: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado”.

Poco antes, Milei también había tenido palabras despectivas sobre la producción local de cine. En una entrevista en la que le preguntaron por una declaración pública que hizo el actor y productor Adrián Suar, Miei aseguró: “No hay plata, entonces tengo que elegir donde va la plata, o sea financiar películas que no ve nadie y solventar a actores o poner esa plata para la gente”.

Pero el punto más alto de enfrentamiento del primer mandatario con representantes del universo cultural tuvo lugar antes y durante la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las convenciones del universo editorial más grandes de habla hispana.

En las semanas previas a la inauguración, las autoridades de la Feria informaron a los medios que uno de los grandes “ausentes” de la edición 2024 de la Feria sería el Estado nacional, que supo tener en otras entregas uno de los stands más grandes, con 300 metros cuadrados en el Pabellón Azul. El faltazo fue doble, porque el secretario Cifelli, que había prometido estar presente en el acto de apertura, decidió a último momento no estar.

Durante ese encuentro, Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación El Libro, tuvo palabras duras sobre la gestión de Milei, al tiempo que describió con mucho detalle la crisis económica que atraviesa el país y golpea al rubro editorial. En el mismo sentido se pronunció la escritora Liliana Heker, elegida esta vez para dar el discurso inaugural.

“Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno”, señaló con dureza Vaccaro.

Uno de los puntos conflictivos, además, tuvo que ver con la posibilidad de que el propio Milei presentara en la Feria su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, editado este año por Planeta. Desde la editorial habían anunciado que el presidente lanzaría en el predio de La Rural la publicación, con un acto que se realizaría en las gradas externas del lugar. 

Sin embargo, el evento se canceló: Milei aseguró entonces que hubo “un intento” de sabotaje en su contra, mientras que desde la Feria aseguraron que el presidente pedía una gran cantidad de entradas gratuitas, además de un despliegue costoso para su seguridad.

En los últimos días, se reveló también otro cambio en el rubro cultural y educativo con los primeros pasos para la privatización de Tecnópolis. En el predio ubicado en la localidad de Villa Martelli, que supo ofrecer actividades gratuitas, ya se instaló un circo, propiedad del actor argentino Flavio Mendoza, que ofrece shows con tickets que arrancan en los 15 mil pesos.

Tal como informó elDiarioAR, el plan que puso en marcha el gobierno nacional prevé que Tecnópolis genere ingresos a partir de negocios de empresarios privados. En este contexto, Mendoza es uno de los primeros, aunque ya se hicieron en el predio algunos recitales pagos.

A finales de mayo Cifelli, quien sigue las órdenes de la titular del cuestionado Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó la remoción del directorio de Tecnópolis “tras detectar irregularidades en procesos administrativos”, según informaron desde la Secretaría de Cultura a este medio.

Pese a la insistencia en apostar al mundo privado y la denigración de lo público, tampoco los números en este terreno parecieran darle la razón al gobierno. La crisis económica extendida se ve también, por ejemplo, en una baja notable de la venta de libros, que solamente en el primer trimestre del año se redujo un 30 por ciento. Más flagrante es el desplome que sufrió la venta de entradas de cine. Según se reveló en mayo pasado, el primer cuatrimestre de 2024 marcó un fuerte descenso, con casi cuatro millones de tickets menos que los vendidos en el mismo período del año pasado.

AL/MG

Sucedió casi de un mes para el otro: la ritual compra de libros para leer durante las vacaciones pasó de ser un gusto que cualquier hijo de la clase media ilustrada, con más o menos esfuerzo, no duda en permitirse a ser considerado una suerte de lujo del que eventualmente habrá que prescindir. Las conversaciones se llenaron de “¡Qué caros están los libros!” y la twittósfera argentina no tardó en dar cuenta del fenómeno. A fines de enero, Camila Sosa Villada arremetió contra Tusquets, el sello editorial que publica sus textos: 

“A ver si vamos bajando el precio de los libros, que además ya se amortizaron. Salvo que quieran matar a los autores y distanciarlos de sus lectores, cosa que me parece muy probable dados los últimos acontecimientos. BAJEN LOS PRECIOS”. 

Después, se trenzó en una discusión con editores y autoras de la escena local. Esta semana, la editorial Blatt & Ríos compuso un hilo de descargo que comienza diciendo: “Es muy triste: la mayoría de los potenciales lectores no pueden comprar nuestros libros”. Vale la pena buscarlo y leerlo completo. 

Pero, ¿están realmente caros los libros en Argentina o es una sensación generada por la depresión general del poder adquisitivo? La inflación galopa y confunde, por eso conviene recurrir a la memoria y a los registros de los libreros, que se habituaron a cambiar los precios en sus sistemas de administración a un ritmo mensual. “Para que te des una idea, un libro que en diciembre estaba alrededor de 9900 pesos, en enero subió a 14 mil y en febrero pasó a costar 16500”, dice Cecilia Fanti, al frente de Céspedes, librería que hoy tiene dos sucursales con tipos de público: una en Colegiales, donde atiende sobre todo al público del barrio y aledaños, y otra en el Centro Cultural Recoleta, con un gran caudal de turistas que pasan por su local antes o después de visitar el Cementerio. “Obviamente, esta suba de precios repercutió en las ventas, que cayeron bastante en mis dos librerías. En Colegiales, cerca de  un 30%. En Recoleta, que tiene un público más internacional, un poco menos. Pero noto que, de a poco, los libros les están quedando caros incluso a los turistas”. 

Y es que, con el dólar planchado y los precios en alza, los incrementos recientes achicaron considerablemente la brecha entre el precio de los libros en Argentina y otros mercados del mundo hispanoparlante. Si bien hay editoriales que siguen sosteniendo un valor diferencial para el mercado local, absorbiendo los costos en alza, muchas otras –sobre todo las más grandes– terminaron equiparando sus precios con esta última suba, en un país en el que el salario promedio es muchísimo más bajo que el de muchos otros países de la región. Ejemplo de lo primero es Caja Negra: por tomar un caso cualquiera, el último lanzamiento de Mark Fisher, Deseo postcapitalista, salió por estos días a la venta a 21 euros en España, 19.000 pesos (unos 19 dólares) en Chile y 13.500 pesos acá. Del otro lado está Random House: El estilo de los elementos, el último libro de Rodrigo Fresán, sale a la venta a 24 euros en España y un precio bastante similar (casi 27 mil pesos) acá. Pero para que los precios sirvan de indicadores es importante ponerlos a jugar con otras variables. ¿Qué representan estos valores en relación con el salario mínimo, vital y móvil? En España, donde el salario más bajo alcanza los 1080 euros, este precio implica un 2,2%. En Argentina (que acaba de fijar su salario mínimo en 180.000 pesos), es un 15%. 

Pero, ¿a qué se debe esta suba de casi 70% en dos meses? Quienes están en la conversación editorial saben de memoria la respuesta hace demasiado tiempo. Los libros tienen un componente altísimo de su valor fijado en dólares: el precio del papel, un commodity internacional con el que además de libros se hacen muchísimos otros productos más redituables para el mercado, como papel de librería o packaging. “El costo real de un libro está compuesto en un 60% por el precio del papel, que fue aumentando de forma desmedida en el último año, muy por encima de la inflación y el dólar”, explica Damián Ríos, fundador junto a Mariano Blatt de la editorial que lleva sus apellidos. “En Argentina hay solamente dos pasteras que fabrican papel y cartón para todos los usos. El mercado del libro es chico para ellas, y no les importa mantener un precio competitivo. Antes se podía acceder a papel importado, pero esas importaciones ahora tampoco están entrando. Eso, por supuesto, no ayuda”.

Ante este contexto de gran suba y merma en las ventas, dice Fanti, es especialmente importante que la ley 25.542, que fija un precio uniforme de venta al público en toda la Argentina, siga existiendo. Por el momento, ese parece ser el caso: después del fracaso del proyecto de Ley Ómnibus, que contemplaba la desregulación de precios para permitir que cada librería pueda determinar sus propios valores, el asunto no volvió a ser retomado por el oficialismo. Todavía. “En principio, la ley sigue vigente y eso es especialmente importante en este contexto porque ninguna editorial ni librería chica resistirían la competencia, si además de la situación de crisis se desregularan los precios y una gran cadena de supermercados, por ejemplo, pudiese vender en masa a un precio más bajo”, analiza la autora y librera. 

Pablo Avelluto, que antes de ser Ministro de Cultura de la Nación durante la presidencia de Macri trabajó en la industria editorial durante muchísimo tiempo –tanto que hasta recuerda la Unidad Libro o UL, un coeficiente creado por un grupo de editores y libreros durante la hiperinflación, que se ajustaba todos los días con todas las variables que componían el costo de un libro tipo y se publicaba en el diario Clarín para ofrecer a la industria una referencia de precios– es una de las pocas voces optimistas en lo que respecta a la desregulación. “Yo no sé si los libros están caros o están baratos, lo que es evidente es que hoy están por encima de las posibilidades de compra de muchísima gente. Y creo que quitar el precio único podría significar una baja de precios, como pasó por ejemplo en el mercado norteamericano. Hay una posibilidad grande en utilizar la herramienta del precio como se utiliza en muchos otros comercios e industrias”, piensa Avelluto. Y sigue: “En otros mercados, donde no hay precios fijos (Brasil o Chile) los precios tienden a ser de todas formas bastante estables. Y en general hay un precio sugerido por parte del editor, que suele ser respetado. Pero las librerías pueden lanzar promociones para el Día de la Madre, para las fiestas, para el Día del Niño. Y eso, en una situación de crisis, hasta podría beneficiar el consumo”. 

Discusiones al margen, el ecosistema editorial aguarda en los próximos días los números de febrero, que posiblemente indiquen una caída en las ventas similar o incluso mayor a la de enero. Cómo se saldrá de esta crisis, en un país cuya ciudad más grande fue elegida la Capital del Libro por la UNESCO, aún está por verse. 

NL/NS

El gobierno de Javier Milei tenía la posibilidad de elegir presidente y vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina, además de a los directores de la TV Pública y Radio Nacional, de todos los canales de Contenidos Públicos –como Encuentro, Pakapaka y Deportv–; autoridades de Télam y decenas de funcionarios de eso que llamamos “medios públicos”, pues no hace falta recordar que los medios administrados por el Estado brindan numerosas oportunidades a los gobiernos para influir en muchos de sus aspectos, desde su rumbo editorial hasta los conductores o actores que trabajan en sus programas. El Gobierno optó, sin embargo, por una figura que tiene mucho de simbólico: un interventor, como alguien que llega “de afuera” a explorar quirúrgicamente un territorio desconocido, ajeno. 

El caminito recorrido frenéticamente a nivel regulatorio fue así: el mega DNU derogó el régimen de Sociedades del Estado y las transformó en Sociedades Anónimas, la ley ómnibus fallida incluyó a todas estas empresas públicas y a muchas otras en un listado que las declaraba sujetas a ser privatizadas. En el medio, los medios pasaron a la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo cual precedió al último paso: la intervención, a cargo de Diego Chaher, un ejecutivo histórico del Grupo América, en cuyos canales de aire y cable Milei dio sus primeros pasos como figura televisiva, gracias a la influencia de un socio minoritario del Grupo, Eduardo Eurnekian, y la persistencia de “los padres de la criatura”, como él mismo los llamó, Mauro Viale y Alejandro Fantino. Lo secunda en esta tarea Diego Marías, ex legislador porteño por el PRO, entre otros cargos.

En lugar de entender la especificidad de cada dependencia, la intervención abre una bolsa de consorcio en la que metió una agencia de noticias, un portal de recursos educativos, canales con fines educativos, culturales y deportivos, otros de actualidad y un sistema de más de 50 emisoras, entre otras cosas. La estrategia del grosso modo es coherente con el DNU de las 300 leyes derogadas o modificadas y la ley de los 600 artículos: hay que hacer un esfuerzo, realmente, para ver en Educ.ar, un portal de educación y tecnología que brinda recursos para docentes y tiene una capilaridad territorial masiva forjada en más de 20 años de existencia, algo de naturaleza similar a Télam, una agencia de noticias que tiene un creciente rol en la provisión de información e imágenes a los medios periodísticos privados. 

Los medios de comunicación intervenidos también difieren mucho entre sí. TV Pública es un canal de más de 70 años, 1.043 empleados, estudios, noticias y producción en vivo; mientras que Contenidos Públicos S.E. agrupa marcas nacidas y crecidas post internet, 245 empleados y se originó como un sistema de producción delegada en productoras externas y articulado con el sistema educativo, aunque DeporTV sumó transmisión en vivo de eventos deportivos. A fines del año 2015 dejó de ser parte del Ministerio de Educación. Eso, por dar sólo un ejemplo.

Hay particularidades institucionales significativas también. A diferencia de los canales de Contenidos Públicos, Canal 7 y Radio Nacional, como parte de RTA S.E., están gobernados por un directorio que tiene representación de las minorías parlamentarias, como describe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual después de una larga discusión que actualizó el rol de estos medios. No es perfecto, muchas veces operó incompleto, y no puede deshacerse de una paradoja de origen: empezó a funcionar durante los gobiernos de Cristina Kirchner cuando la pantalla conoció niveles inéditos de polarización. Pero aun así, que las minorías parlamentarias formen parte de las decisiones del canal público hace ya una década y tengan acceso a la información es un avance notorio y relevante en la historia de los medios administrados por el Estado, en comparación con la opacidad total que existía antes (en serio, han pasado cosas demasiado ridículas y no hace tanto: en los 90, por ejemplo, la oposición de entonces quiso conseguir el contrato de ATC con Mauro Viale y una autoridad dijo que ventilar ese número le daba ventaja a los canales comerciales). Y, sobre todo, es un hecho que no debería ser ninguneado por una intervención. Pero el decreto que la establece menciona que los funcionarios reemplazan directorios o presidentes de directorios y que especialmente deberán cumplir con las tareas descriptas en el decreto, dando cuenta de que menosprecian lo que significa un órgano de gobernanza con participación de las oposiciones en los medios estatales. (En su declaración sobre la ilegalidad de la intervención, FATPREN también mencionó que presentó un amparo al artículo de las sociedades del Estado del decreto original que tramita el fuero Contencioso Administrativo Federal). 

A la vez, hablar de cada uno de estos medios y su rol, impacto y potencial social requiere de datos específicos de su funcionamiento, caso por caso, y un análisis que los vea como lo que son: políticas públicas sostenidas por argumentos y objetivos mensurables. Ese debería ser el horizonte para desarmar eso que viene como un bodoque. En áreas como la comunicación o la cultura, el mileismo es menos la negación de “la militancia en el Estado” que la negación de la tecnocracia, de un saber hacer estatal que se rechaza como parte de sus bases. Si el “Estado es un pedófilo”, no necesitamos expertos en pedofilia sino a sus liquidadores.

Las declaraciones recientes de Hernán Lombardi muestran la transformación de un tipo de narrativa en torno al Estado al que hoy se describe, directamente, como “incorregible”: el ahora diputado estuvo a cargo del Sistema Federal de Medios Públicos entre 2015 y 2019. Asumió entonces acusando a esos canales, especialmente la TV Pública, de propagandista y militante. Entre otras medidas, llamó a un profesional de la producción televisiva como Horacio Levin, que armó una programación y tuvo en su pantalla por un tiempo programas periodísticos plurales, hasta que esa idea original se fue desmoronando y la gestión de Lombardi quedó enmarcada en la creciente y explícita hostilidad con los sindicatos de la TV Pública –también por el despido de 354 empleados de Télam–, sin innovaciones institucionales. Ahora, en declaraciones en Splendid 990 ante el periodista Diego Schurman, fue directo: “Yo creo que hay que cerrarlos directamente. Soy un poquito más drástico”. Agregó: “Son un gasto. En Argentina no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno de signo kirchnerista los usa como herramienta de propaganda”. Ante la pregunta de Schurman de si no hay que hacer funcionar bien algo que funciona mal, Lombardi esbozó una autocrítica que podría leérsela como una clave de época: “No, yo lo intenté. Estás hablando con alguien que lo intentó”. Y luego hizo una salvedad para las radios de frontera, que deberían quedar a salvo del cierre según su mirada.

Más allá de lo que suceda a partir de ahora con la intervención, su mera existencia y alcance parecen ser más bien la consecuencia de un ánimo de shock poco interesado en las particularidades. Pero esos detalles existen, así como las buenas prácticas estatales. Y más temprano que tarde, será momento de abrir la bolsa de consorcio y poder transmitirle a la sociedad por qué y para qué esas dependencias son parte del Estado. También, de volver a imaginar proactivamente una gobernanza para cada uno de los medios públicos en el siglo XXI.

NS/DTC

Después de su momentum durante la discusión en comisiones, cuando representantes del sector cultural participaron para criticar la primera versión de la Ley Ómnibus, los debates en torno a los institutos y modalidades de fomento del arte o la gestión de la propiedad intelectual se fueron diluyendo en la discusión en el recinto. Probablemente porque el acento se colocó en lo “verdaderamente importante” para la mayoría de los diputados y, también, porque en el fondo son muchos los que creen que la cultura no merece jerarquía en el debate de un país en alerta roja económica y social. O, incluso, porque como dijo hace un tiempo el escritor Martín Kohan, subyacen “planteos tramposos”, que suponen “una especie de extorsión de pensamiento mágico, como si deteniendo políticas culturales resolviéramos la pobreza”.

Sin embargo, expertos locales e internacionales vienen trabajando en el tandem cultura y desarrollo hace años y mientras recopilan experiencias nacionales e internacionales, tendencias mundiales de las industrias culturales y una mirada sobre la historia de la civilización, observan el capítulo cultural de la Ley Ómnibus con preocupación. ¿Un Estado pobre tiene que invertir en cultura? ¿Cómo? ¿Es la “economía naranja” –vinculada a las industrias creativas– la única vía de desarrollo posible?

“Es interesante ver casos de países con crisis económicas o sociales cuya apuesta fue la cultura: Medellín, Bogotá, la cuenca del Ruhr con la crisis del carbón o lo que hace Alemania para salir de la posguerra con los institutos Goethe”, señala Cynthia Edul, gestora cultural, dramaturga y directora de la Maestría en Gestión de la cultura en la Universidad de San Andrés. “Es al revés el ejercicio: sin obra pública, sin acceso a la salud y encima sin política cultural te perdiste tres generaciones de pibes. La política cultural es un tipo de intervención social: logra transformaciones del tejido social”. Mientras que no desmerece la mirada económica sobre la cultura, cree que no debe ser el único abordaje: “Creo que ir solo por ese lado te hace perder un montón de capas en el medio, prácticas que están en el medio, que están muchas veces en el territorio. Pero a la vez, vos podés cuantificar cuánto te mueve la cultura: qué te mueve el ticket de una persona en el teatro. El café, la pizza, el taxi. Pienso en la cultura desde lo identitario pero también podemos defender muy fuertemente qué impacto económico que tienen los consumos culturales”. 

Coincide en parte con Héctor Schargorodsky, fundador del Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 1997 y su director hasta septiembre del año que pasó. Su armado fue una tarea que le encomendaron en su rol de miembro del Cuerpo Agente Gubernamental (AG). Dentro de ese grupo que podría definirse como “especialistas en el Estado”, Schargorodsky se especializó en la gestión de la cultura, asesoró a diversos ministros, fue el primer director de los Espacios INCAA, director de Industrias Culturales, asesor de la UNESCO y profesor en universidades argentinas y europeas. Ante la pregunta de si un Estado empobrecido debe financiar la cultura es tajante: “Es una cuestión ideológica, de acuerdo al rol que le asignes al estado. Para mí, absolutamente sí. Estamos hablando de la identidad del país, de la expresión de la gente. Si no interviene el estado, solo se expresan los que tienen poder. El Estado es un regulador del poder, por eso nace. Pero esto está fuera de la posibilidad de compresión de gente que piensa profundamente de otra manera el Estado: son paradigmas distintos. Si el presidente dice que el estado es un pedófilo, no es un problema de pobreza o riqueza sino de concepción”. Pero además, agrega que se trata de una pregunta más profunda: “Se puede cuantificar el aporte de la cultura al desarrollo. Yo siempre he pensado que el Estado debería tener dos ventanillas: el sector mercantil o de las industrias culturales y la parte no mercantil, donde el rol del estado es fundamental. En definitiva, es un tema filosófico sobre lo que es ser humano. Si creés que es una máquina que se alimenta, duerme y procrea lo que están haciendo tiene sentido. Pero, desde mi visión del mundo, no. Casi no hay país que no invierta en su cultura: porque quiere que su población viva mejor, que disfrute de las producciones culturales y que pueda producir. Y además, tanto el teatro como el cine o la música pueden ser generadores de empleo”. 

“Es un poco preocupante que nos estemos cuestionando con este tipo de medidas el rol que la cultura tiene y ha tenido siempre en la historia y en el desarrollo de cualquier sociedad”, señala Geraldine Davies Lenoble, directora de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella y de su Orientación en Historia y Cultura. “Para cualquier gobierno la cultura cumple un rol fundamental especialmente en la salida o el intento de salida de una crisis. Históricamente, todas las sociedades –incluso civilizaciones sin Estado– han destinado recursos y personas para el desarrollo de la cultura porque se reconoce el valor fundamental que tiene en la construcción de una identidad, de una pertenencia a la comunidad y de cohesión social, además de bienestar. Lo que preocupa de la propuesta del gobierno con respecto a la cultura es la falta de un plan. Hasta ahora, no se han expresado respecto de cuál va a ser el lugar del desarrollo cultural en su gobierno y en el modelo de país que quieren llevar adelante, sino más bien pareciera que hay una mezcla de temas de funcionamiento burocrático de las instituciones sin tener una visión respecto del rol de la cultura en el desarrollo”. Davies Lenoble se detiene en la inversión que distintos países están haciendo, además, en el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras de problemas complejos a partir de una formación vinculada a las artes. Justamente en relación a la educación, la historiadora se detiene en los recortes que restringen las actividades culturales en la que los niños también se forman y desarrollan sus habilidades, así como el trabajo con poblaciones vulnerables: “Hay una gran literatura y ejemplos de trabajos y proyectos culturales para trabajar con poblaciones vulnerables, con adicciones, o que están en situaciones de pobreza en donde se han hecho emprendimientos culturales que permitieron a esas poblaciones dar los primeros pasos para salir de esa situación”.

Cuestiones pendientes

En cuanto a detalles del funcionamiento cotidiano de la gestión cultural desde el Estado, Schargorodsky pone el ojo en la articulación con las provincias: “Yo creo que la mayoría de los municipios y las provincias tienen bastante claro a pesar de sus diferencias políticas qué puede hacer el estado para desarrollar la gestión cultural. El Estado Nacional no lo tiene tan claro, históricamente. Este gobierno directamente está muy lejos de entenderlo pero los otros tampoco”. De sus numerosos antecedentes por la gestión pública cultural, cree que el engranaje entre las provincias y la nación no está del todo articulado: “Las provincias no han cedido en la Nación sus políticas culturales. En cultura las provincias hacen lo suyo e históricamente lo que han hecho con la Nación es, principalmente, pedir plata. Pero están más cerca del ciudadano común y tienen claro cuáles son las necesidades y los lugares que tienen que intervenir. Al mismo tiempo te digo que en muchos casos sus presupuestos son bastante miserables. En general se manejan con presupuestos bajos pero dicen ”no me importa, yo no tengo presupuesto pero cuando tengo un proyecto lo veo al gobernador y saca algún lado“, bajándole el precio a tener un presupuesto. Eso es mala cultura presupuestaria y favorece la discrecionalidad”, señala.

La necesidad de una profesionalización de la gestión cultural va de la mano con las deudas pendientes que tiene el Estado con este sector en particular, como una Ley Nacional de Cultura que “fije incumbencias y responsabilidades”, explica Scharogodsky, para evitar las superposiciones que existen, más cargos concursados, y una eficiencia general. También con potenciar su inserción en el mundo. Davies Lenoble se detiene en este aspecto, que también implica reconocer y acentuar el posible y evidente rédito económico y político que tiene la cultura: “Pensemos simplemente en experiencias que tienen que ver con el desarrollo cultural y el turismo donde hay un rédito económico inmediato. La gente de todas partes del mundo viaja a México, por ejemplo, no solamente por sus playas sino por la cultura que México presenta en todas sus políticas turismo”.

Edul también pone el foco en el aspecto diplomático que tiene la cultura que nota especialmente cuando viaja: “No hay persona que no me hable de la argentina como una referencia por su arte y cultura y para mi el estado hizo mucho pero podría haber hecho mucho más. Hace poco tuve una beca en una institución basada en Tokio y había una cena y me tocó sentarme con agregados culturales de otros países. Y me decían que les parecía que los políticos argentinos no dimensionaban [el aporte que podía hacer la cultura]. ‘Tienen un arte genuino, natural, con solo invertir un poco en lo que los propios artistas mueven en el extranjeros cambiarían la imagen del país. En vez de estar en las tapas por las crisis económicas estarían con sus artistas’”. Respecto de la cultura argentina en el mundo, Scharogdosky involucra también una dimensión tributaria: “Una de las deudas pendientes es la inserción del cine argentino en mercados extranjeros. Escribí un libro con Octavio Getino sobre el cine argentino con los mercados externos donde decíamos que el Estado tiene que potenciar y controlar el cine argentino en los mercados externos”. 

Con respecto a discusiones productivas para mejorar la gestión de la cultura, agrega una mejor asociación entre el audiovisual y el sistema educativo para formar a las próximas generaciones y también afinar los procedimientos para hacerlos más transparentes y mejor normados.

Para Edul, “sería bueno separar las lógicas del poder y las lógicas de la gestión”, pero subraya la necesidad de proteger el andamiaje legal construido hasta ahora: “La historia de estas leyes indica que fueron empujadas por los artistas a la salida de la dictadura, apoyadas con la política de Alfonsin. Cuando vos saques estas leyes solo van a poder hacer cultura los que tengan mucha espalda económica, nadie más. Estas leyes generaron acceso y democratización. Es una catástrofe decir ”no va más“ y dar de baja la pequeña construcción cotidiana. Tenemos que ir hacia una ampliación y a la gestión de las audiencias, a mirarlas de modo mucho más fino. No se entiende lo que significa tomar decisiones que rompen todo: no estamos muy lejos de eso”. 

NS

La comunidad teatral de todo el país sigue en vilo: aunque la versión modificada de la Ley Ómnibus que comienza a votarse hoy parece indicar que el Instituto Nacional del Teatro no cerraría sus puertas –sus funciones “serán asumidas por la Secretaría de Cultura de la Nación o el organismo que lo reemplace en el futuro”– la sección III del apartado dedicado a la Cultura insiste con la derogación de la Ley Nacional de Teatro (24.800), aprobada en 1997, después de cuatro décadas de lucha de una inmensa cantidad de teatristas que bregaron por que su actividad fuese reconocida y protegida por el Estado Nacional. 

Quizá una de las voces más interesantes para escuchar, ante este panorama, sea la de Marcelo Allasino, director del Instituto Nacional del Teatro entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Allasino llegó a conducir el INT después de haber estado al frente de la Secretaría de Cultura de Rafaela, su ciudad natal, y de haber llevado adelante durante más de una década el festival de teatro de la ciudad, que con los años se convirtió en uno de los más renombrados del país.

Durante su gestión al frente del Instituto, Allasino se encargó de hacer públicas sus desavenencias con gran parte del Consejo Directivo del INT, conformado por representantes de las distintas regiones del país, junto a otros representantes del quehacer teatral. Su mandato, en ese sentido, no fue nada fácil: estuvo marcado por las críticas y las contiendas con los representantes de las provincias con los que estaba llamado a trabajar en conjunto. En más de una ocasión, la forma colegiada del Instituto que por Ley promueve un diálogo constante con funcionarios repartidos a lo largo y a lo ancho del país le “puso los pelos de punta”. 

Alejado de la gestión después de los cuatro años más ajetreados de su vida para dedicarse de lleno a la docencia y la dirección teatral, se mantiene firme en su convicción: con todas sus imperfecciones, la Ley Nacional del Teatro, y la forma de trabajo que plantea para el Instituto, debe mantenerse en pie porque es la única que asegura que el Instituto conserve su accionar descentralizado y siga siendo federal. 

-¿Por qué si bien se evitaría el cierre del Instituto, delegando sus funciones a la Secretaría de Cultura, la comunidad teatral sigue en estado de alerta? 

-La decisión de derogar la ley 24.800, que dio vida al Instituto en 1997, le quita muchísima fuerza al accionar del Instituto Nacional del Teatro. Una de las cualidades más fuertes del INT tiene que ver con su carácter federal y colegiado, que impone una lógica de trabajo que no es sencilla en absoluto, porque implica estar en diálogo permanente con representantes que no siempre piensan igual que vos ni tienen las mismas ideas sobre cómo debe llevarse adelante el organismo, pero que garantizan que los intereses de todas las regiones del país estén representadas. El Instituto tiene una estructura que, al menos en teoría, es muy buena y que garantiza un verdadero federalismo: es muy difícil, desde una mirada centralizada y con sede en Buenos Aires, entender la realidad que viven las regiones. 

-¿Cómo contarías esa realidad? 

-Bueno, por empezar es importante explicar que hay muchas provincias argentinas en las que, por fuera de sus capitales, antes de la llegada del INT no existía una sola sala de teatro. Ni hablemos de espacios donde los elencos locales pudieran ensayar y mostrar sus obras: no había siquiera lugares a los que pudiera llegar una obra de Buenos Aires, o de alguna otra capital. Desde sus distintas líneas de fomento, el Instituto no solo apoyó la creación de obras y el trabajo de muchos grupos, sino que creó salas en lugares en los que no existían. Para que te des una idea, gracias al INT se está construyendo el primer teatro público de Bariloche y se abrió la primera sala de San Martín de los Andes. El impacto directo o indirecto de un instituto que trabaja a nivel nacional es inmenso. Muchas personas vieron teatro por primera vez gracias a esas políticas de fomento. ¿Se volvieron todos fanáticos del teatro? No, en absoluto. Quizás hay muchos que vieron tres obras en su vida y después no se interesaron más. Pero también hay muchas otras personas que encontraron un lenguaje que los ayudó a pensar, que conocieron un disfrute que no habían conocido hasta entonces o que, incluso, se dedicaron más tarde a hacer teatro y replicaron ese entusiasmo en otros. 

-La ley 24.800 lleva casi 27 años de vigencia. ¿Cuáles son, dirías, sus cuentas pendientes? 

-Creo que en todos estos años hubo cierta tendencia a un fomento que no siempre fue acertado: repartir un poquito para cada uno, para que todos estemos contentos, lo que no hizo que el teatro, en muchos lugares, pegara un salto cualitativo que creo que sí habría sido posible con otro enfoque. Quizá sean necesarias nuevas formas. Con esto quiero decir: es cierto que el Instituto no dio en todos lados los resultados esperados, pero yo creo que lo que corresponde es seguir viendo cuáles son las fallas para entrar de lleno ahí. Desaparecer la ley que le dio vida no es la solución, porque con ella no estamos desapareciendo solamente la historia del INT desde 1997 hasta hoy, sino pisoteando los 40 años previos en los que la comunidad teatral luchó para que existiese una Ley Nacional de Teatro. Esta ley es el resultado de muchas décadas de lucha de la comunidad. No es un logro del peronismo, es un logro colectivo de distintos sectores con distintas miradas. Y por eso fue tan celebrada cuando se aprobó por unanimidad, en el contexto de un gobierno neoliberal. 

-Una crítica recurrente es que suele hacerse desde sectores opositores al peronismo es que los organismos culturales están cooptados por gestores de un solo color político. ¿Eso coincide con tu experiencia? 

-Sí, eso es difícil de negar. Lo más duro que a mí me tocó vivir durante los cuatro años de conducción del INT, y que yo denuncié desde el primer día, es el carácter profundamente endogámico del Consejo Directivo. Cuando asumí, yo pensaba que a través de la conversación iba a poder llegar a un acuerdo con todos los sectores, porque si bien en muchos casos existían puntos de vista distintos, todos teníamos un objetivo común: que el teatro argentino brille, fomentar un teatro de ideas, con ánimo de experimentación (no me gusta decir independiente, porque hace rato que el teatro no es independiente, sino que depende de distintos mecanismos de fomento). Hoy veo que esa mirada fue tal vez un poco ingenua: me encontré con un instituto comandado por tres caudillos teatrales, que tomaban decisiones desde hacía muchos años de forma unilateral. Eso es cierto, y no me es fácil decirlo hoy porque es delicado, en este contexto, hacer críticas. Pero estoy seguro de que la salida es sanear, fortalecer. Incluso creo que habría muchos sectores que estarían de acuerdo con intervenir, una medida que se barajó cuando yo asumí, y que yo rechacé porque no me interesaba ser un director-interventor. Pero el Instituto tiene que seguir en pie. Con su historia, con su órgano colegiado, con sus representantes hablando desde todas las provincias. Hay que evaluar resultados, hay que hacer informes de impacto. Hay muchas maneras de mejorar lo que hay, y son medidas que son importantes. Pero este lugar al que llegamos es el menos auspicioso. Y asusta mucho. 

NL/NS

Luego de la ola de respuestas y críticas por parte del sector cultural, que incluyó visitas a las comisiones de representantes de las industrias culturales, la nueva versión de la ley ómnibus y el dictamen de mayoría retrocedió en algunos –no todos– de los artículos destinados a trastocar el funcionamiento actual de sus instituciones más relevantes, pero a cambio agregó modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cancelando la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la financiación dispuesta por ley del 10% de lo recaudado por ENACOM para “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios” a través de un Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) cuyas adjudicaciones se definen a través de un jurado. La idea de que uno es a cambio del otro fue expresada por la propia diputada Silvana Guidici al celebrar que la ley siga financiando el “Arte y la Cultura”: “Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos que se hayan tomado estas sugerencias”, dijo en la red social X. De este modo, la diputada insinúa una especie de competencia entre ambos sectores en un contexto de una reducción del Estado simbólica y material.  

Giudici fue vicepresidenta y presidenta del ENACOM durante la presidencia de Mauricio Macri. Luego, fue directora del organismo en representación de la oposición. Durante su gestión, ya había dado signos de retracción relativa y una relación con el sector signada por la desconfianza desde el comienzo, condicionada por la ralentización de los FOMECA, la detención de programas destinados a promover el sector y la “marca de origen” de esos medios, en pleno fulgor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según documentaron los investigadores Alejandro Linares y Denise Altieri. Aun así, durante sus años a cargo del ENACOM Giudici difundía algunas convocatorias de los FOMECA, llamaba a participar y hasta promovía sus “casos de éxito” con el lema de “otra televisión es posible”.

Los nuevos aires políticos habilitaron un discurso virulento, y la misma Giudici acusa al FOMECA de insumir “$2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo etc.”, como expresó en dicho hilo de X.

Los medios comunitarios pertenecen al sector de los medios sin fines de lucro y tienen como antecedente una historia de ninguneo, represión y reivindicación: vedados por ley hasta 2005, fueron una de las incorporaciones más simbólicamente relevantes de la popularmente conocida como Ley de Medios, que les asignaba un porcentaje del espectro radiofónico y les garantizaba un presupuesto a partir de los ingresos que percibía el entonces AFSCA, hoy ENACOM, si bien los concursos comenzaron recién en 2013, tres años después de sancionada la Ley. El 60% de estos medios está presentes en poblaciones con menos de 100.000 habitantes y el 41% llegaba a áreas rurales, según un relevamiento de RICCAP (Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular) de 2019 que citan Linares y Altieri en su artículo.

Como en otros casos, tanto la política de los FOMECA como toda la eventual vinculación del Estado con el sector tenía deudas pendientes y aspectos mejorables (algo que, por cierto, también le cabe a la relación del Estado con los medios privados). Sin embargo, su borramiento, así como el de la Defensoría del Público, narrado épicamente por una diputada como un acto de justicia a favor del arte y la cultura, cristaliza una mirada que se va volviendo cada vez más nítida: la de los medios de comunicación concebidos meramente como empresas con finalidades comerciales y no como garantes de la libertad de expresión, de la diversidad y, en esencia, como cultura. “Con el intento de afectar el FOMECA, el gobierno se desentiende o deslegitima la faz cultural de los medios y desmantelaría una de las políticas culturales sobre medios de comunicación que existen, en particular la que posibilita prácticas expresivas más diversas en sentido amplio (estéticas, actores, lugares)”, sostiene Ezequiel Rivero, investigador del ICEP, mientras que exponentes del sector le respondieron a Guidici y se preparan para intervenir en las sucesivas discusiones que deparará de la Ley Ómnibus. 

Hoy, que las puertas de entrada a la distribución de contenido son amplias y atañen a cualquiera que tenga un teléfono celular, cuando el consumo de medios digitales se da de manera prácticamente ininterrumpida y en distintas plataformas, toda discusión sobre comunicación, audiencias y cultura permite el intercambio de argumentos variados. Sin embargo, cuando las medidas son presentadas con tintes revanchistas, sesgos y señalamientos ideológicos, es difícil imaginar un debate productivo e interesante de cara a los desafíos de la comunicación en Argentina en el presente y el futuro. Especialmente cuando la estrategia es convertir, con la inestimable ayuda de un coro de tuiteros, en enemigos públicos a aquellos en los que recaen los recortes presupuestarios, sean actores, productores de cine de éxito o los medios sin fines de lucro. 

El destino de los medios comunitarios y el sector sin fines de lucro va a depender no solamente de las discusiones que se den a nivel legislativo, sino también de cómo pueda adaptarse el vínculo con un Estado Nacional visiblemente hostil a una concepción de la comunicación de la que ellos son ilustrativos. Rivero no es tan pesimista: “El impacto sobre los medios comunitarios entiendo que será desigual tanto como el propio sector. No solo ocurre que muchos de estos medios tienen tradición y gimnasia en sobrevivir sin el Estado (menos aún el Estado Nacional) o incluso a pesar del Estado, sino que muchos tienen además bastante aceitado mecanismos de financiamiento social de la cultura (desde rifas, bingos, prestación de servicios y eventos hasta aportes voluntarios de sus audiencias). Tal vez la disolución de la macro política cultural estatal revitalice la micro política cultural que hacen por fuera de las estructuras del Estado otros agentes sociales. Todo esto sujeto al deterioro generalizado de la vida, ¿no?”. 

Entre las iniciativas concretas –que incluyen la intención de privatizar RTA S.E. y Contenidos Públicos S.E.– y los comentarios adyacentes, queda clara la mirada del gobierno sobre el amplio conjunto de medios con fines no comerciales. Quedará por ver si esa mirada va a prevalecer y convertirse en ley o quedará para los arqueólogos de X. 

NS

Entre la desazón de tener que salir a las calles para evitar el desmantelamiento de una decena de organismos que posibilitan o regulan la actividad cultural y la alegre sorpresa por la inmensa convocatoria lograda, representantes de más de 120 agrupaciones e instituciones culturales argentinas se dieron cita ayer en el Congreso, alrededor de una inmensa bandera blanca con la inscripción CULTURA coronada por los logos de la CGT, la CTA y la CTA autónoma. 

Músicos, actores, documentalistas, vestuaristas, trabajadores de la televisión, titiriteros, libreros, escritores, escenógrafos, sonidistas, estudiantes de carreras artísticas, cineastas, bailarines, trabajadores de museos, gestores culturales: el enorme abanico de personas que conforman el ecosistema cultural de la ciudad de Buenos Aires y del país se congregó desde el mediodía en la esquina de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, en medio de la movilización impulsada por la CGT. La decisión de agruparse en un solo bloque para dar mayor visibilidad al reclamo del sector –consensuada en una asamblea convocada por la CGT el 16 de enero pasado– surtió efecto y fue festejada por muchos: miles de autoconvocados se concentraron en la esquina sur de la Plaza del Congreso, conformando una suerte de corredor colorido que nucleó a todas las clases sociales del campo cultural. 

Desde personajes públicos como Mercedes Morán, la escritora Claudia Piñeiro o el director Emilio García Wehbi hasta trabajadores culturales del Estado y técnicos independientes de una enorme cantidad de áreas artísticas bastante menos visibles, el centenario gomero de la placita Mariano Moreno fue testigo de abrazos y saludos entre personas que, con sus diferencias, comparten un desafío: vivir del trabajo cultural en Argentina. Por allá, un actor se saludaba con un técnico con el que trabajó en una serie. Más acá, las vestuaristas se fundían en un abrazo catártico con viejas compañeras escenógrafas. Los músicos se ponían al día con bailarines que no se habían cruzado en años. Aunque por momentos las escenas podían confundirse con una fiesta de fin de rodaje, todos estaban congregados con un mismo fin, bastante menos celebratorio. 

O, mejor dicho, con los mismos fines. El principal: manifestar un unánime repudio a la Ley Ómnibus, que en su proyecto original contemplaba la derogación de leyes vitales para el sector, y cuyas posteriores modificaciones tampoco traen un alivio sustancial, porque si bien dan marcha atrás con el cierre  o rotundo desfinanciamiento de organismos públicos de larga trayectoria que se había enunciado en una primera instancia (Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Instituto Nacional de la Música, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), insisten en medidas que dificultarán su accionar aunque garanticen una subsistencia inocua. Porque, se sabe: que una institución exista no es sinónimo de que tenga capacidad de fomento y pueda agregar valor a la comunidad para la que trabaja. “Muchas de las modificaciones que se hicieron proponen un tope de gastos administrativos para las instituciones. En el caso del Instituto Nacional de Música (INAMU), que ya de por sí tiene una estructura bastante pequeña, eso implica que finalmente deje de cumplir su función”, explica Gustavo Rodenburg, de la Unión de Músicos Independientes (UMI). 

Además del capítulo exclusivamente dedicado a la cultura, hay quienes ven un enorme riesgo en uno de los incisos del nuevo proyecto, que establece la posibilidad de “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley; así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previo y redistribuir sus bienes y fondos conforme lo considere conveniente”. En otras palabras: delegar al presidente la posibilidad de eliminar o modificar Institutos que hoy gozan de autarquía. 

Y, aunque la Ley Ómnibus ataca de manera directa al sector, quienes se movilizaron ayer lo hicieron abrazando un reclamo más global: el rechazo al DNU 70/23 también está a la orden del día, porque incluye varios puntos que indirectamente impactarían de forma negativa en el sector. “Ninguna librería independiente sabe qué va a pasar cuando tenga que renovar sus contratos de alquiler sin la existencia de una Ley de Alquileres”, explica Cecilia Fanti, vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI). Sin repetir y sin soplar, Fanti puede citar más casos concretos de ataques indirectos: “Congelar los sueldos universitarios o no promover el surgimiento de nuevos investigadores académicos, a quienes las librerías les vendemos muchísimos libros, son golpes que también atentan contra nuestro trabajo, más allá de la derogación de la ley 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros, que nos pone en una situación de desventaja absoluta frente a las cadenas”. Para Fanti, la derogación del precio de venta parte de un gran desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado librero: “Te gritan andá a competir como si nosotros no fuésemos competitivos. Nosotros ya competimos entre nosotros por ofrecer el mejor servicio, por conseguir libros difíciles de conseguir, por tener las mejores presentaciones, por ofrecer talleres, por tener un mejor catálogo. Que no compitamos en precio no significa que no estemos compitiendo, todo el tiempo”. 

Otro gran tema que el sector percibe como un ataque tiene que ver con la desregulación de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual (artículo 350 del capítulo II): si la Ley se aprobara, SAGAI, SUTEP, Argentores, SADAIC, CAPIF y otras instituciones de gestión de derechos perderían su unicato y por ende, mucho poder. “El unicato les permite a las sociedades de gestión de derechos tener más fuerza a la hora de negociar nuestros derechos y amparar a los que menos espalda tenemos frente a un estudio grande o una plataforma”, explica Federico Pozzi, del Colectivo de Cineastas. Y cierra: “Es verdad que hay cosas para mejorar. Hace años que la cultura viene perdiendo financiamiento. Pero nadie con ganas de mejorar las instituciones culturales escribió esta ley. Se sentaron a destruir al sector. Es imposible leer todo esto de otra manera”.  

NL/NS