YPF presentó el proyecto de inversión más grande registrado hasta el momento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en US$ 51.000 millones. La iniciativa, denominada “Argentina LNG”, estará destinada a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) a partir del gas proveniente de Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que se trata de la inversión de mayor magnitud presentada hasta ahora dentro del régimen de incentivos impulsado por el Gobierno.

El proyecto será desarrollado en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG, una empresa de Emiratos Árabes Unidos. En total, la inversión prevista asciende a US$ 51.000 millones.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”, sostuvo Marín al confirmar la presentación de la iniciativa.

El proyecto “Argentina LNG” apunta a avanzar en la industrialización del gas producido en Vaca Muerta y a generar una nueva plataforma de exportación de energía desde la Argentina. La iniciativa contempla la producción de GNL a partir del gas natural extraído de la formación neuquina para su posterior comercialización en los mercados internacionales.

Según informó YPF, la propuesta constituye el mayor proyecto de inversión presentado bajo el RIGI desde la puesta en marcha del régimen. El volumen de capital involucrado supera los US$ 50.000 millones y convierte a la iniciativa en una de las principales apuestas de la compañía para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta y potenciar las exportaciones energéticas.

La participación de Eni y XRG incorpora además socios internacionales al proyecto. Eni es una compañía energética de origen italiano, mientras que XRG pertenece a Emiratos Árabes Unidos.

Con “Argentina LNG”, YPF busca avanzar sobre uno de los principales desafíos vinculados al crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta: ampliar la capacidad para colocar ese recurso en los mercados externos. La producción de GNL permitiría transportar el gas en forma licuada y facilitar su comercialización fuera del país.

Marín destacó la magnitud de la iniciativa y la definió como “la inversión más importante presentada hasta el momento”. El proyecto se suma a las iniciativas vinculadas con Vaca Muerta que buscan incrementar la producción de hidrocarburos y convertir el crecimiento de la actividad energética en mayores exportaciones.

Con información de la agencia NA

El Gobierno aprobó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Rincón de Aranda” de Pampa Energía, que prevé una inversión de US$4.500 millones en desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Este ingreso al RIGI quedó autorizado mediante la Resolución 1025/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa como un “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo” (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado días atrás, al momento de anunciar su aprobación, que “generará aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos” y precisó que “prevé la exportación de US$17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de duración”.

Al valorar la inserción del proyecto al régimen, Caputo sostuvo que “las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa pudiera incrementar 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área”.

El denominado “Proyecto Rincón de Aranda” se localizará en el departamento de Añelo, provincia de Neuquén. El objetivo central es el desarrollo integral de recursos hidrocarburíferos no convencionales mediante la perforación de 259 nuevos pozos horizontales y la construcción de la infraestructura asociada necesaria.

La normativa detalló que el proyecto no solo contempla la explotación de los pozos, sino también el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo, gas natural y agua, incluyendo la operación de plantas, oleoductos y gasoductos.

La empresa ha declarado una inversión total en activos computables de US$4.521 millones. Este plan se ejecutará en tres fases sucesivas:

La calificación del proyecto como “estratégico” se fundamenta en su potencial para posicionar a la Argentina como un proveedor global de petróleo crudo en mercados donde actualmente posee una participación inferior al 10%. De hecho, los informes técnicos indicaron que la participación nacional actual es menor al 1%.

De acuerdo a la información oficial, al estar bajo el marco del RIGI, el vehículo de proyecto único (VPU) accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, como la exención de aranceles para la importación de mercaderías necesarias para el proyecto y beneficios en la liquidación de divisas.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidó la política extractiva en el país otorgando beneficios excepcionales a la industria de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura exportadora. El siguiente paso del Gobierno es ampliar y profundizar esos beneficios a lo que denominó, de forma amplia, las “nuevas actividades económicas” dentro del proyecto de Súper RIGI. Se trata de la industria controlada por las denominadas “Big Tech” Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, y las emergentes del mundo de la Inteligencia Artificial como Open IA y Antrophic, además de magnates tecnológicos con relaciones directas con la Casa Rosada como Peter Thiel.

¿Cuáles son los beneficios para el país? En el informe “Súper privilegios, soberanía debilitada” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, define el Súper RIGI como un programa para “privatizar los beneficios, socializar los costos y consolidar una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico”. El informe habla de “enclaves” para dar cuenta de cómo los incentivos para grandes corporaciones —el Súper RIGI eleva la inversión de ingreso a 1.000 millones de dólares— “delimita zonas de excepción dentro del territorio nacional, donde las reglas generales de política económica, fiscal, cambiaria y comercial quedan subordinadas a los derechos adquiridos por el inversor”. Y ante un conflicto con el Estado nacional tiene el derecho de resolver en tribunales fuera del país.

La iniciativa —que consiguió media sanción en Diputados con los votos del oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales— amplía la lógica del RIGI con incentivos excepcionales a 30 años: estabilidad normativa y seguridad jurídica, beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria, previsional y jurisdiccional; para proyectos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares y afectados a las indefinidas “nuevas industrias” en infraestructura tecnológica y digital estratégica, que podrán ser desde desarrollos de inteligencia artificial, bases de procesamiento de datos o ‘data centers’ hasta industrias de semiconductores o biotecnología avanzada.

“El RIGI ya consolidó una orientación extractiva, concentrada en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora. El Súper RIGI traslada esa misma lógica a la infraestructura crítica de la economía digital. Un data center no es una ‘nube’ inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”, advierten Lozano y Rameri en el informe.

Las advertencias sobre el Súper RIGI fueron plasmadas durante el debate legislativo también por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, CELS, FARN, Fundación Biodiversidad, Transnational Institute, Taller Ecologista y Asociación Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otros.

“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas”, denunció Enrique Viale, presidente de AAdeAA, y sentencia que lo hace “sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental”.

Ese grupo de organizaciones no solo denunció el Súper RIGI sino que lo calificó como el “contenedor fiscal y regulatorio” de una estructura más amplia que se completa con el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades —que comenzó a debatirse en el Senado— y pretende crear la figura de “Sociedad automatizada”, una estructura empresarial sin empleados y manejada por inteligencia artificial.

“Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes”, aseguró Viale.

La aparición del debate parlamentario del Súper RIGI, con amplios beneficios para el sector tecnológico, se instaló entonces dentro de un debate global en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las regulaciones estatales para controlar su expansión, su dominio y los peligros que implica en materia de relaciones laborales, sociales y derechos individuales.

Desde la presencia del magnate Peter Thiel en la Argentina, que durante más de un mes se instaló en el país para mantener reuniones en la Casa Rosada y privadas con funcionarios y dirigentes; a la publicación de una columna del presidente Javier Milei en el Financial Times invitando a las empresas de IA a invertir al país con la promesa tributaria del Súper RIGI y la inclusión de las “sociedades automatizadas”. De las preocupaciones volcadas en la encíclica “Magnifica Humanitas” por el papa León X sobre el “paradigma tecnocrático” hasta las recomendaciones del propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, solicitando establecer controles ante el “desafío civilizatorio” que implica la IA en su ensayo “La adolescencia de la tecnología”.

“Aunque no corresponda afirmar, sin prueba documental directa, que el proyecto haya sido escrito por o para Thiel, sí debe señalarse que el diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”, advierte el informe de IPyPP y resalta la influencia de Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa tecnológica vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa, seguridad e inteligencia estatal.

“Cuando un régimen promocional abre la puerta a mega data centers e infraestructura digital estratégica sin cláusulas exigentes de soberanía tecnológica, localización de capacidades, protección de datos, control público, transparencia ambiental y desarrollo de proveedores nacionales, el problema deja de ser meramente tributario. También involucra soberanía digital, política industrial y control democrático sobre infraestructuras críticas”, sentencia.

Un cheque en blanco para el Gobierno y las Big Tech

La definición de “nuevas actividades económicas” fue un punto crítico del debate parlamentario en la Cámara baja debido a que no permitía precisar el objeto de los amplios beneficios que serán otorgados. Sin embargo, el oficialismo se mantuvo firme y dejó una definición amplia que será determinada por “criterios objetivos y parámetros mensurables” del propio Poder Ejecutivo en la reglamentación de la norma. De esta manera, el Poder Legislativo dejó liberado cuál de los sectores de la industria tecnológica serán los beneficiados.

“La aprobación de una ley con objeto indeterminado no configura un problema político abstracto sino un problema jurídico preciso: el Congreso estaría delegando en el Ejecutivo la potestad de definir retroactivamente qué actividades quedan comprendidas en un régimen con beneficios de estabilidad de 30 años”, advirtieron el conjunto de organizaciones de la sociedad civil en el documento “Lo que está en juego con el Súper Rigi” y señalaron que esa indefinición va contra el artículo 76 de la Constitución, que exige que la delegación legislativa establezca bases claras y un plazo definido.

Durante el debate parlamentario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, estuvo lejos de dar precisiones sobre quiénes serán los beneficiarios finales: “Esto se propone para la nueva industria; qué industria, no lo sé, lo que no queremos es limitarlo”.

Para adherir al Súper RIGI las empresas deberán conformar un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y tendrán de por sí unas pocas limitaciones: presentar una inversión en un sector que “no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación”, no poder presentar inversiones que ya solicitaron su adhesión al RIGI, comprometer un 20 por ciento de la inversión en los primeros dos años.

El proyecto, negociado por el Gobierno con la mayoría de los mandatarios provinciales, señala, para mantener las formas del federalismo, que se deberá contar con la adhesión provincial y municipal al régimen de la región donde quieran desarrollarlo.

Esa última condición trae un condicionamiento para las administraciones provinciales y municipales, una vez adheridas al Súper RIGI y cuando un proyecto sea aprobado, no podrán dar marcha atrás con los incentivos otorgados durante 30 años, incluso cuando en un futuro decidan dejar de adherir al programa. Además con su adhesión, provincias y municipios se compromete a:

Durante el debate en la Cámara baja sólo se logró torcer al oficialismo la posibilidad de aplicar cánones a “nuevas regalías” en provincias y municipios. Mientras que tampoco podrán aplicarse aumentos sobre tributos ni aplicar nuevos; pero sí podrá beneficiarse el VPU de futuras reducciones o eliminaciones impositivas. El informe de IPyPP define la condición de las provincias y municipios como de “mayor subordinación”.

Tal como ocurrió con el RIGI, los VPU aprobados de estas “nuevas industrias” podrán importar bienes para el plan de inversiones exentos de derechos, tasas y todo régimen de percepción nacional, provincial o municipal; mientras que las exportaciones que surjan del proyecto tampoco pagarán derecho de exportación. Las importaciones y exportaciones no podrán recibir por parte del Estado prohibiciones, cupos, cuotas o prioridades de abastecimiento interno.

Durante el debate solo se consiguió, como en el RIGI, una cuota del 20 por ciento de compromiso mínimo de contratación de proveedores nacionales, pero atados a la oferta local disponible y las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. En cuánto a los dólares que se generarán en los proyectos, solo se deberá ingresarlos al mercado de cambios local durante el primer año de generar exportaciones. Desde entonces, comenzará un régimen de excepción que alcanzará el 100 por ciento en tres años.

El beneficio que, como con el RIGI, determina que los proyectos se transforman en zonas de enclave supranacionales es la posibilidad de que ante cualquier reclamo legal, la resolución de controversias habilita a los socios o accionistas extranjeros a acudir a tribunales internacionales como la Corte Permanente de Arbitraje y la Cámara de Comercio Internacional o al CIADI. En ese sentido, el artículo 110 del proyecto establece que los derechos del régimen “se consideran inversiones protegidas”, dándole a las empresas el estatus de titular de un derecho protegido internacionalmente frente al Estado.

¿Qué beneficios profundiza el Súper RIGI?

“El Súper RIGI no es simplemente una versión sectorial del RIGI sino también una profundización”, sostiene el informe de IPyPP, que repasa aquellos incentivos y beneficios que profundiza para los grandes capitales —el piso se incrementa de 200 millones a 1.000 millones, solo posible para grandes corporaciones—. Entre ellos, menciona que amplía la ventana de adhesión de dos a cinco años, prorrogables por uno más; y reduce de 40 a 20 por ciento el total de inversión obligada en los primeros dos años.

La alícuota de Impuesto a las Ganancias también se reduce respecto del RIGI del 25 al 15 por ciento, mientras que la alícuota para sobre dividendos y utilidades se reduce a 3,5 por ciento en cuatro años, en lugar de los siete años previstos por el RIGI. También exime los derechos de exportación desde el inicio de las exportaciones del proyecto, mientras que el RIGI establece esa exención luego de tres años.

En cuanto a la libre disponibilidad de las divisas para los VPU que ingresen, el RIGI general habilita la libre disponibilidad progresiva del 20 por ciento, 40 por ciento y 100 por ciento de los dólares generados por exportación luego de dos, tres y cuatro años desde la puesta en marcha. El Súper RIGI reduce esos plazos a uno, dos y tres años.

¿Por qué insiste con la economía de enclave del RIGI?

El informe de IPyPP asegura que los problemas que ya presentó el RIGI, con sus 17 proyectos aprobados, solo se verán profundizados con la aplicación de un Súper RIGI para las Big Tech. “La información disponible muestra que el RIGI no operó principalmente como una herramienta para crear inversiones donde no existían condiciones previas, sino como un régimen de privilegios para sectores que ya contaban con elevada rentabilidad potencial y proyectos previamente anunciados”, apunta el informe.

En ese sentido, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza el alto costo fiscal de los proyectos aprobados por el RIGI —estudio que no figuró ni en el RIGI ni tampoco aparece en el Súper RIGI—, que perjudicarán sobre todo la recaudación de la próxima gestión, precisó que sobre los 12 primeros proyectos aprobados, al menos, siete ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones realizadas o definiciones estratégicas previas. Por ejemplo, los proyecto Josemaría y Filo del Sol, que fueron unificados dentro del megaanunciando proyecto Vicuña, el más reciente aprobado por el Comité Evaluador del RIGI. Otro ejemplo es el proyecto Vaca Muerta Sur.

Volviendo al punto del costo fiscal, denuncia la opacidad de un programa de incentivos con recursos públicos, que no ofrece ni el costo fiscal del régimen ni publica una estimación oficial del gasto tributario asociado a cada proyecto. Y cita el informe del CEPA que estima que el costo fiscal anual del RIGI, en régimen de plena operación de los proyectos aprobados, en alrededor de 1.813 millones de dólares en un escenario base, con un rango de entre 1.307 millones y 2.362 millones, según el nivel de exportaciones alcanzado.

En el documento realizado por el grupo de organizaciones de la sociedad civil, este punto se señala como el argumento de la “adicionalidad”, que durante el debate en el Congreso el secretario de Coordinación de Energía y Minería definió como: “No hay costo fiscal porque antes estos proyectos no existían.” “Este argumento es metodológicamente insostenible sin evidencia empírica que lo respalde”, sostienen las organizaciones y afirman: “El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo”.

El informe de IPyPP denuncia como otro problema central, desde lo productivo, la reprimarización que impone el RIGI al consolidar “una inserción internacional basada en la extracción y exportación de bienes primarios o de bajo procesamiento relativo” sin “transformación productiva con mayor complejidad tecnológica, integración nacional o agregación local de valor” y lo define como “una dinámica de ‘sustitución inversa’: proyectos extractivos y exportadores con alto componente importado”.

“El proyecto declara entre sus objetivos fomentar cadenas de producción locales, empleo y desarrollo económico, pero no establece obligaciones robustas de transferencia tecnológica, inversión en I+D, compra nacional efectiva, radicación de centros de investigación, formación de trabajadores, reserva de capacidad para el mercado interno”, advierte.

En ese sentido, ambos informes marcan un contrapunto con políticas de países vecinos como Brasil y Chile. El caso brasilero es el del programa Redata que prevé beneficios tributarios, pero asociado a políticas de soberanía digital, mercado interno, I+D, como, por ejemplo, que al menos el diez por ciento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos queden para el mercado interno brasileño.

Otra condición impuesta en Brasil para las empresas es que el dos por ciento del valor de los productos adquiridos con beneficios del Redata sean destinados a proyectos de I+D+i vinculados al desarrollo industrial y tecnológico en articulación con instituciones científicas y tecnológicas, universidades, entidades educativas, empresas públicas u organizaciones sociales. En Chile, el Plan Nacional de Data Centers opera sin incentivos fiscales específicos y exige acuerdos con empresas internacionales para reservar capacidad de cómputo para universidades y centros de investigación nacionales.

El Impacto Ambiental y energético

Tanto el informe de IPyPP como del grupo de organizaciones de la sociedad civil pone un alerta sobre los impactos ambientales y energéticos que tendrán estas negocios que están siendo minimizados al calor de la llegada de dólares. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), los data centers alrededor del mundo consumieron, en 2025, alrededor de 460 TWh de electricidad, un 1,8 por ciento de la demanda eléctrica mundial.

El peso de esa demanda puede ser relativo a escala mundial, pero su concentración territorial puede generar impactos locales relevantes sobre las redes eléctricas. Por ejemplo, es el equivalente al consumo anual de toda Francia. Y la AIE proyecta que el consumo superé los 800 TWh anuales para 2028, impulsado por la expansión de la Inteligencia Artificial.

El informe elevado por las organizaciones de la sociedad civil pone como ejemplo el caso de Irlanda, donde la alta demanda de energía de los data centers alcanzó a representar el 22 por ciento del consumo nacional, y obligó al Estado a establecer una moratoria de nuevas conexiones e invertir 1.000 millones de euros en generadores de emergencia, que terminaron pagando los usuarios residenciales. En 2025, finalizó la moratoria pero obligó a las nuevas empresas de centros de datos que tengan capacidad propia de generación al 100 por ciento de su demanda, con un 80 por ciento de energía renovable.

Si el consumo de energía es de alta demanda, el de agua no se queda atrás. El centro de datos de Google en Iowa (Estados Unidos), señala el informe elevado al Congreso por las organizaciones de la sociedad civil, consumió alrededor de 3.800 millones de litros de agua en el año 2024. El agua es utilizada en los centros de datos para alimentar los sistemas de refrigeración y, por efecto de la evaporación, el recurso se pierde y deja de estar disponible para otros usos.

Como ya lo hizo público el presidente Javier Milei, la Patagonia y la cordillera de Los Andes son los lugares —por temperaturas promedio y recursos hídricos— en lo que las inversiones en centros de datos pondrían los ojos. A fines del año pasado, tras una reunión con Milei, el CEO de Open IA, Sam Altman, prometió una inversión de 25.000 millones en la Patagonia. Por lo tanto, no habría que dejar de ver el Súper RIGI junto a la ya aprobada modificación de la Ley de Glaciares y la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilitaría a los capitales internacionales a comprar tierras sin límites de extensión ni localización.

La pregunta que surge es qué ocurriría en las regiones cordilleranas de Cuyo, Patagonia y el NOA, que atraviesan una situación de estrés hídrico, con la instalación de centros de datos. El Súper RIGI no establece condiciones sobre uso del agua y sí asegura para los VPU que resulten aprobados la garantía de “operación continuada sin interrupciones”. Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron durante el debate que ningún proyecto del Súper RIGI se instalará sin generar su propia energía, “pero esa exigencia no está en el texto de la ley”, advierten las organizaciones.

Chile vivió un caso relevante en febrero de 2024, cuando un tribunal chileno revocó parcialmente la autorización de un proyecto de Google en Santiago por preocupaciones sobre el uso del agua. El Plan Nacional cuenta con la promoción explícita de la sostenibilidad hídrica y energética de las empresas que se instalan. Por su parte, el Redata, en Brasil, condiciona los beneficios a energía 100 por ciento renovable y diez por ciento de capacidad para el mercado doméstico.

Estos puntos surgieron en el debate de la Cámara de Diputados y se consiguieron algunas concesiones por parte del oficialismo. Por ejemplo, se incorporó la exigencia de un estudio técnico sobre el impacto del proyecto en su zona de influencia, incluyendo recursos naturales, transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento e infraestructura de servicios y agregó como causal de rechazo del VPU, la existencia de un impacto negativo sustancial sobre esa área. Pero se enfrentará al mismo problema denunciado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares –que dejó en manos de las provincias la decisión de qué cuerpo de agua proteger– la evaluación de la autoridad de aplicación y la capacidad efectiva de control estatal, sin parámetros específicos.

“No se trata de discutir si la Argentina necesita inversiones. La cuestión es bajo qué condiciones se las promueve, qué capacidades conserva el Estado para orientar su desarrollo y quién asume los costos de esa estrategia”, sentencia el informe del IPyPP.

Este artículo fue publicado originalmente en Tierra Viva

Diversos diputados de la oposición, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, el socialista Esteban Paulón y la cívica Mónica Frade, reclamaron este lunes una investigación sobre la negociación en marcha entre el gobierno de Javier Milei y Aeropuertos Argentina, concesionaria de Corporación América, de la familia Eurnekian, para que el contrato de 1998 que vence en 2038 se prorrogue en 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

La administración de Milei -que trabajó en Corporación América de 2008 a 2021- había firmado en septiembre pasado un acta acuerdo en ese sentido y lo había ratificado en el Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna) en una reunión secreta, pero el pasado día 10 la dejó sin efecto después que a principios de mes quien firmara aquel convenio, Facundo Leal, expresidente del ente de control, fuera arrestado con US$2,3 millones y drogas en su departamento de Palermo Chico. Todos los documentos fueron publicados el pasado viernes por elDiarioAR.

El acta acuerdo, sin embargo, quedó como antecedente de trabajo para una nueva negociación que ha comenzado, según consta en el acta de la reunión también secreta del 10 de junio en el directorio del ORSNA, que ahora encabeza Noelia Ruiz. Aquel pacto, que se frustró antes de llegar a la firma del propio Milei, también contemplaba incluir el plan de inversiones 2026/2030 de Aeropuertos en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del 15% que el Estado tiene en esta empresa de Corporación América.

“¿Algún fiscal en la sala? En @eldiarioar revelaron un tremendo escándalo de corrupción que, por el chorro de Adorni y el Mundial, está pasando desapercibido: Milei, ex empleado de Aeropuertos Argentina, arregló en secreto la entrega de los aeropuertos hasta 2066 a su ex patrón Eduardo Eurnekian, dueño de AA”, escribió Tailhade en la red X. Paulón, en tanto, analiza la presentación de un pedido de información sobre la negociación contractual y Frade, de la Coalición Cívica, también está preparando un requerimiento. “Además, el ex empleado Milei le permite a su ex patrón Eurnekian meter el acuerdo en el RIGI y le promete la privatización del 15% de AA que tiene el Estado. En definitiva, un acto de corrupción de miles de millones de dólares”, criticó el diputado de Unión por la Patria (UP).

“Las negociaciones secretas (ilegales) las lleva adelante otro gran corrupto, Juan Pazo (a quien en 2024 denuncié por evasor cuando asumió en AFIP), que participa del negociado en representación del Timba Caputo”, prosiguió Tailhade en referencia al exjefe de la agencia recaudatoria y el actual ministro de Economía. “Pazo no se fue del gobierno 'para dedicarse a la actividad privada', como le dijeron a la gilada: sigue cobrando 15 palos por mes como director, justamente, de AA”, aportó un dato novedoso el diputado.

“El otro negociador fue Leal, quien como titular del ORSNA firmó las resoluciones y el contrato, antes de que le encontraran millones de dólares y drogas en la casa y quedara preso”, continuó Tailhade. “A este corrupto ya lo investigan por curros millonarios en la obra pública de los aeropuertos, causa que tiene los mismos protagonistas. Vamos a seguir el tema, porque es muy grave, porque los medios van a ocultarlo a fuerza de pauta, y porque atrás están el propio Milei y el malandra del Toto Caputo”, cerró el legislador su mensaje en redes sociales. La causa a la que se refiere se inició por una denuncia de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

AR/CRM

Javier Milei renunció el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado y desde entonces debían dejar pasar tres años, según la ley de ética pública, antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años e incluso su impulsor mediático. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia. Todavía no rubricó nada, pero su gobierno llegó a firmar en septiembre pasado un acta acuerdo para prorrogarle la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 a 2056, con la opción de otra extensión hasta 2066, con inclusión en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y privatización del 15% que el Estado tiene en esa empresa. Pero ahora se renegocia un nuevo acuerdo.

¿Qué sucedió en el medio? El Acta Acuerdo de Readecuación Contractual (ver abajo) fue firmada el 26 de septiembre de 2025 por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal.

Al mes siguiente, el 23 de octubre, en un reunión “secreta”, según consta en el acta del ORSNA (ver abajo), el directorio de este ente lo ratificó, con la firma de Leal, la entonces vicepresidenta, Noelia Ruiz, y el resto de sus integrantes. En febrero pasado, el abogado mendocino renunció al cargo porque también había dimitido como secretario de Transporte su coprovinciano que lo había llevado al cargo, Luis Pierrini.

Pero el problema fue que Leal cayó preso este 1 de junio después de que le allanaran su departamento de Palermo Chico con US$2,3 millones en dólares, euros, pesos, otras monedas sudamericanas y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA y cocaína. Está investigado por presunta corrupción de cuando presidía la empresa estatal de satélites Arsat en el gobierno anterior. Como muchos otros, pasó de massista a libertario.

Luego de la caída de Leal tras las rejas, era difícil que al acta acuerdo por él firmada recibiera la aprobación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para que después lo termine de rubricar el presidente Milei. Faltaban esos ganchos para consagrar la extensión. Así fue que Ruiz, sucesora de Leal en la presidencia del ORSNA, reunió al directorio del organismo este 10 de junio y en otra reunión “secreta”, según su acta (ver abajo), dejó sin efecto tanto el convenio como la ratificación que ella misma había hecho. Se argumentó por escrito que el acta acuerdo no había sido refrendada aún por Aeropuertos Argentina y que la constitución de un nuevo directorio a partir del reemplazo de Leal por Ruiz en febrero pasado justificaba la necesidad de “evaluar el estado del proceso y adoptar las decisiones que el interés público requiera”.

Por eso, el nuevo directorio del ORSNA que encabeza Ruiz dispuso “la reanudación del procedimiento de negociación contractual, oportunamente iniciado en la reunión del 27 de diciembre de 2024, estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis del impacto económico-financiero y la fundamentación técnica, con especial referencia los aspectos abordados en el acta acuerdo de fecha del 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”. Es decir, se dejó sin efecto el preacuerdo de Leal, pero servirá como referencia para que lo vaya a rubricar Ruiz. Ambos han respondido en este gobierno al asesor presidencial Santiago Caputo, pero el exfuncionario llegó por Pierrini, que a su vez respondía al exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) Juan Pazo. Ella, en cambio, es apodada La Killer de Santi.

En aquella reunión también secreta de 2024 (ver abajo) el directorio del ORSNA había instruido a su entonces presidente, Hernán de Arzuaga Pinto, a renegociar el contrato. Y eso que el anterior gobierno peronista ya había prorrogado en noviembre de 2020, en plena pandemia, el contrato que en principio duraba de 1998 a 2028 y que podía extenderse por diez años más. En la gestión de Alberto Fernández, con el argumento del impacto de la extensa cuarentena en la paralización de vuelos y del consiguiente cobro del servicio aeroportuario, se prolongó la concesión hasta 2038, a pesar de que faltaban entonces ocho años para su vencimiento.

En 2024, otra vez con el razonamiento de que el Covid-19 prolongó las restricciones aéreas hasta mediados de 2021, el gobierno de Milei y la empresa de los Eurnekian comenzaron a dialogar sobre prorrogar el contrato que vencía 14 años más tarde. Ahora le faltan 12 años a la concesión. En el acta de 2024, el ORSNA alegaba que la ley Bases permitía la renegociación de contratos de obras públicas e incluía en ese universo la administración de los aeropuertos de casi todo el país y sus necesidades de inversión. También le reconocía a la empresa que se le había roto la “ecuación económica” de su negocio. No hay que olvidar que en la pandemia, cuando sólo era un economista mediático, Milei era un férreo opositor a ese aislamiento que el propio Fernández violó.

En 2025, el acta acuerdo ahora dejada sin efecto pero que servirá de antecedente establecía que el contrato iniciado por el gobierno de Carlos Menem se extendiera a 2056 con una tasa interna de retorno (TIR) del 14,3%. Es decir, 30 años de acá en más. Pero no sólo eso: se incluía una opción de otra prórroga hasta 2066, o sea, de acá a 40 años, con una TIR del 14,45%. Se argumentaba que la extensión resultaba necesaria para conferir “suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica que posibiliten la obtención de una eficaz provisión de financiamiento para llevar adelante la ejecución de las inversiones previstas”. Suena extraño que se requiera tan largo plazo para acceder al crédito.

La otra opción que tendría la Argentina es que a futuro otro gobierno llame a licitación otra vez los aeropuertos para que los Eurnekian u otro grupo los gestionen desde 2038 en adelante. En Corporación América han conseguido que en Armenia –la tierra de donde migraron los padres del empresario de 93 años– y en Uruguay les prorroguen los contratos con el argumento de la pandemia. También ha habido otros casos en Grecia, República Dominicana y Georgia.

Sin embargo, en otros países desarrollados y latinoamericanos ni extendieron las concesiones ni duran 58 o 68 años, como establecía el preacuerdo del gobierno de Milei con los Eurnekian. En Brasil duran 20 o 30, con opciones de alargarlos cinco más; en Chile, de 15 a 30; o en Japón, de 30 con alternativa a diez más. Claro que también está el caso de Australia, con 50 años con prórroga por 49.

También se disponía que Aeropuertos Argentina presentaría su plan de inversión en el RIGI, que premia con desgravaciones impositivas y de aranceles a la importación, así como beneficios cambiarios, a inversiones que superen los US$200 millones. En el acta se hablaba de un plan de inversiones 2026/2030.

El otro punto clave del pacto consistía en disponer que el Estado se deshiciera del 15% que tiene en Aeropuertos Argentina con una oferta pública de acciones en la bolsa de Buenos Aires y en otras del país. Sería una manera de quitarse de encima la mano de cualquier gobierno en el directorio e incluso de que los Eurnekian recompren al menos parte de esos papeles.

Ya el periodista Carlos Pagni había adelantado en el diario La Nación el dato de la prórroga. Ahora que se conocen todas las actas secretas y los detalles del acta acuerdo frustrada, incluido los del RIGI y la privatización, habrá que ver cómo continúa el diálogo contractual entre el gobierno de Milei, representado por Ruiz, y el grupo económico de su exempleador. Se trata de una renegociación que deberán ratificar no sólo el directorio del ORSNA sino también por Ibarzabal Murphy, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y hasta el propio jefe de la Casa Rosada.

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Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

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Supongamos que Manuel Adorni esta vez haya dicho la verdad, que se encontró con un pendrive con medio millón de dólares y que cometió el delito de evasión, ahora perdonado por la ley de inocencia fiscal. Creámosle que se enriqueció, se implantó cabello, viajó y compró y remodeló inmuebles apostando a las criptomonedas y sin pagar los impuestos que en parte van a remedios oncológicos, salarios universitarios y jubilaciones, y no con sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia o de la Fundación Faro ni con coimas por las compras de medicamentos para discapacidad.

Aún así sigue vigente la discusión sobre el intento de naturalización del fraude impositivo. Este fenómeno se combina con los reiterados blanqueos de capitales, ahora permanentes con la nueva ley, con la sobrecarga sobre los gravámenes que pagan todos por igual, y que por tanto pesan más a los pobres y la clase media que a los ricos, y con los descuentos tributarios a determinados sectores económicos privilegiados en detrimento de otros, llámese minería y energía frente al campo, la industria, el comercio y la construcción. Y la pregunta de fondo es quién sostendrá lo que queda del Estado rebajado por la motosierra.

En el informe 2026 sobre evasión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que elaboró el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti con datos de 2021a 2023, previos al gobierno de Javier Milei, la Argentina es el país con más evasión del impuesto a las ganancias en Latinoamérica: se pierde el 69,6% del potencial recaudatorio, frente al 43% en Brasil, el 36% en Chile, el 44% en Colombia, el 41% en México, el 62% en Perú y el 45% en Uruguay. Habrá que ver qué impacto ha tenido el discurso y las políticas pro evasión del Presidente desde 2024 en adelante. Para él, el que evade es un “héroe” y el impuesto es un “robo”

A ese pelotón de evasores se debe sumar a Adorni, según él confesó. Recordemos que no todo el que evade comete un delito: para ello hay que evadir en forma, a razón de $100 millones por año (equivalente a US$69.000). Se supone que el jefe de Gabinete acumuló US$506.000 en cinco años y como máximo podría haber tributado hasta el 35%, unos US$177.000, más de $250 millones.

El impuesto a las ganancias es el más progresivo porque grava más a las personas y empresas que más tienen, salvo a aquellas a las que se les otorgan beneficios o a las que cuentan con la buena asesoría de bancos, escribanos, contadores y otros facilitadores de la elusión tributaria. Pero también se evaden otros gravámenes más regresivos, es decir, aquellos que consolidan la desigualdad natural del mercado. Es el caso del IVA, lo que a veces reporta en un descuento para el cliente y en otras, en una ventaja para el vendedor. Como en toda evasión, la perjudicada termina siendo la sociedad, pero no nos adelantemos.

La Argentina es la segunda nación con más evasión del IVA de Latinoamérica: se escurre el 43,7% del potencial recaudatorio, lo mismo que en República Dominicana, sólo menos que en México, con 54%, según el CIAT. Siempre son datos de cuando gobernaba Alberto Fernández, que le dejó este problema en herencia a Milei. Mejor están Brasil, con el 34% de fraude; Chile y Colombia, con el 21%; Perú con el 33% y Uruguay, con el 17%.

A la evasión se suma las exenciones fiscales a los sectores que hacen mejor lobby para conseguirlas. El informe del CIAT rescataba que al menos en este sentido hasta 2021/2023 la Argentina era el segundo país que menos recaudación resignaba por desgravaciones de Ganancias, sólo el 3,2% del potencial, únicamente superada por Perú, con 1,4%. A la cabeza de las excepciones figuraba Uruguay, con 18,8%; seguido por Costa Rica y Honduras, con 17%, y Brasil y El Salvador, con 16%. En el caso del IVA, por beneficios se pierde en la Argentina el 8,6%, la tercera nación con menos descuentos, frente al 4% de Bolivia y el 7% de Chile, contra el 39% de Colombia, el 28% de Honduras y el 27% de Nicaragua.

Los beneficios del RIGI y el Súper Rigi

Pero el Gobierno, con el apoyo del Congreso aliado, ya rebajó además el universo de contribuyentes y la alícuota del impuesto a los bienes personales, así como también la tasa de Ganancias del 35% al 25% a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de más de US$200 millones, que se concentran en minería y energía. Esta próxima semana se debatirá el comisión el Súper RIGI, para inversiones de más de US$1.000 millones, que tributarán sólo 15% y que apunta a centros de datos de inteligencia artificial, entre otros pocos sectores. Mientras, seguirán tributando al 35% la industria, el campo, el comercio y la construcción. Apenas se beneficiaron por rebajas de retenciones a la exportación el sector manufacturero y el agrícola. ¿Sectores más ineficientes deben sostener a los más eficientes?

El diputado peronista Guillermo Michel calculó que por cada US$100.000 millones de inversión del RIGI, el Estado dejará de recaudar el 1% del PBI por año, porque no sólo se les baja la alícuota de Ganancias sino que se desgravan los dividendos, se quitan retenciones, aranceles a la importación e impuesto a las transferencias y se devuelve todo el IVA. En el caso de aprobarse el Súper RIGI, que además rebaja las contribuciones patronales, se resignaría el 1,27% anual por el mismo monto invertido. En el presupuesto 2026 no figura el impacto del RIGI, pero sí el de la promoción de Tierra del Fuego (0,17% del PBI), la minería (0,06%), la economía del conocimiento, es decir, las empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar (0,05%) y un régimen a favor de las pymes (0,1%). Es decir, todos estos beneficios, los más onerosos que otorgaba el Estado antes del RIGI, suponen poco dinero comparado con este régimen impulsado por Milei. El RIGI y el Súper RIGI juntos implican desgravaciones 13 veces mayores al cuestionado régimen fueguino.

La energía y la minería tributarán menos con el RIGI y los data centers aún menos con el Súper RIGI mientras otros contribuyen por ellos. En la conferencia 2025 de la Unión Industrial Argentina (UIA), el entonces director ejecutivo de la entidad y actual consultor, Diego Coatz, presentó los últimos datos oficiales disponibles, de 2022 y 2023, que demostraban que el sector manufacturero aportaba entonces el 30% de la recaudación tributaria; el comercio, el 20%: y el agro, el 15%. Menos del 10% contribuían los bancos, la construcción, los servicios inmobiliarios y profesionales, la minería, el transporte, la electricidad y los hoteles y los restaurantes. Se adjunta el gráfico.

Con tanta evasión y tanta exención, ¿sobre quién recae el costo de mantener los servicios que aún ofrece el Estado? El 30,5% de los ingresos viene del IVA que pagamos todos, según los datos oficiales de 2025. El 18,4% proviene de Ganancias. Así como en la Argentina el tributo a los que ganan recauda poco más que la mitad que el IVA, en Alemania, Reino Unido, Italia o España la relación es al revés: el gravamen a la renta recaudan alrededor del doble que el del consumo. Así se construyen sociedades más justas.

Encima, en la Argentina el 40% del impuesto a las ganancias a los individuos sale del bolsillo de los 527.000 empleados de la llamada cuarta categoría, que tributan en total más dinero que los 117.000 de la primera categoría, los que tienen renta del suelo, los 49.000 de la segunda, los de renta del capital, y los 61.000 de la tercera, los de beneficios empresariales. Así lo advierte la economista María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, a partir de las estadísticas oficiales.

Las contribuciones y aportes a la Seguridad Social de parte de empleados, patrones, autónomos y monotributistas, suman el 30,6% de la recaudación. El impuesto a las transferencias recauda el 6,9%. El de los combustibles, el 2,4%. Los internos, sobre todo el del tabaco, 1,5%. El de Bienes Personales, o la riqueza, quedó en sólo 0,9%.

A su vez, ese dinero recaudado va a sostener un Estado destruido desde dentro por el topo, como diría Milei. ¿Qué bancan los impuestos, que pesan sobre todo en el consumo y el trabajo? Según los datos de 2024, con motosierra incluida, en los gastos de la Nación, las provincias y los municipios, se distribuye así:

O sea, por cada 100 pesos que se evaden o se desgravan por regímenes especiales, los jubilados se quedan con 25 pesos menos, la salud con 17 abajo y la educación con 10 afuera.

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Un director de uno de los cinco mayores bancos de la Argentina admite un parecido entre el país que está revolucionando Javier Milei y aquel de la segunda mitad de los 90 que había transformado Carlos Menem. Entonces el dólar se mantenía estable, la inflación también, el peso se apreciaba y eso encarecía los bienes hechos en la Argentina, que enfrentaban la apertura importadora. El turismo local sufría con el extranjero, la economía crecía, pero el desempleo también. Como entraban dólares -en aquel tiempo por la revolución de la soja transgénica- y crecían las inversiones extranjeras y el endeudamiento externo, parecía que el tipo de cambio estable había llegado para quedarse. Tardó 11 años en explotar la convertibilidad de un peso un dólar.

Con las divisas que trajo Vaca Muerta gracias las inversiones en los tres gobiernos anteriores, con los proyectos de litio que también vienen de antes, con el campo impulsado por el clima y las políticas de la actual gestión -aunque el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se queje de que no lo aplauden- y con el seguro anticrisis que le aseguró Donald Trump -al menos hasta las elecciones legislativas de EE.UU. en noviembre próximo-, tampoco hay hoy crisis cambiaria a la vista. El riesgo es que crezca la economía mientras se deteriora la situación social, en un proceso lento que quizás llegue a las elecciones de 2027 con algo de aire como para que Milei sea reelecto, como Menem en 1995, que tenía 17% de desocupación. O tal vez se acelere su desgaste entre bolsillos flacos y casos de corrupción engordados, y pierda como le ocurrió al peronismo en las legislativas de 1997, cuando la economía creció al 8% pero el desempleo apenas bajó al 13%. En el primer trimestre de 2026, el PBI aumentó sólo 1,7% y el desempleo en el periodo anterior subió al 7,5%, en un tiempo donde existen las apps como refugio precario para los despedidos del empleo formal.

Pero también existen otras diferencias entre aquellos años 90 y la actualidad. En ese tiempo había echados de las empresas estatales y de la industria, pero también había algunos sectores manufactureros en expansión, como Citroën, que en 1998 volvía a producir en la Argentina, después de casi 20 años. Ahora, casi 30 años más tarde, la marca francesa deja de fabricar en el país, importará desde Brasil y España, aunque tal vez venga a instalarse una fábrica china, Omoda & Jaecoo. Pero los mayores cambios vienen por la tecnología, del fax al celular, por ejemplo, que destruye puestos de trabajo en pos de la eficiencia en todo el mundo, y por la hegemonía industrial de China en el planeta, ya no como vendedor de baratijas sino a la vanguardia.

Ante ese avance asiático, EE.UU., Europa y Latinoamérica se defienden más que la Argentina. Este martes, en la reunión habitual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio Del Re, pidió que la entidad reclame con más fuerza: apuntó contra el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, para que adopte medidas concretas para frenar el aluvión de productos chinos en un mercado en contracción, donde hay menos para repartir.

Lo apoyaron otros como su par de la Cámara de Indumentaria, Claudio Drescher, y el representante de la del Calzado en la UIA, Alberto Sellaro. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, y uno de los vicepresidentes, David Uriburu, están de acuerdo pero quieren mantener el buen tono con el Gobierno. Rappallini acaba de recibir la aprobación de un proyecto minero suyo, el de cobre San Jorge, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y Techint, el grupo para el que trabaja Uriburu, presentó en el RIGI una iniciativa de extracción petrolera de su firma Tecpetrol en Vaca Muerta.

Pero este año Lavigne se ha ocupado más de firmar resoluciones para determinar el origen de mercancías asiáticas o cuestiones inherentes al régimen de electrónica de Tierra del Fuego o del automotriz. Son empresas las que empujan esos expedientes, a veces bien asesoradas por consultores influyentes. Lavigne, que también supo ser consultor antes de incorporarse al gobierno libertario, tampoco tiene que firmar tanto expediente como cuando su antecesor, Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, y su subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes, aprobaban o rechazaban los trámites del derogado Sistema de Importaciones (SIRA).

Lavigne no comunicó que haya investigado los rumores de pagos de supuestas coimas en el Hotel Madero, pero ahora el fiscal Franco Picardi está poniéndoles la lupa. Quizás se le ocurra indagar en las sociedades que creó Tombolini cuando era funcionario del gobierno anterior, la constructora Malquele o la de venta de obras de arte Artemati, o las exitosas inversiones de Cervantes en bolsa o la renovación de su Jeep, según constan en sus declaraciones patrimoniales de fines de 2023, cuando terminaron su gestión a las órdenes del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa.

Milei, mientras tanto, habla de nueva industrialización de la mano del bajo costo energético por Vaca Muerta: habrá tres RIGI en la materia, la siderúrgica Sidersa, de uso intensivo de gas, y Profertil, de Adecoagro, y Pampa Fértil, de Marcelo Mindlin, ambas de fertilizantes, que utilizan el recurso gasífero como materia prima. O sea que no sólo hay dualidad entre sectores que crecen y que caen sino que también dentro de la industria hay subsectores que caminan y otros que no.

Lo mismo sucede con el supermercadismo: en marzo la venta cayó 5%, pero al mismo tiempo abrieron este año sucursales en Mar del Plata, Puerto Rico (Misiones), San Martín de los Andes, Resistencia, Córdoba, Junín y Bahía Blanca. Sólo en Neuquén y San Luis se mantuvieron las ventas en marzo, apenas cayeron en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro, mientras que se derrumbaron sobre todo en Corrientes, La Rioja, el conurbano bonaerense y Tucumán. En regiones con Vaca Muerta o campo hay más consumo y en las de más empleo público e industrial, menos.

Milei, Caputo y Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, están difundiendo en equipo que la economía va bien y está lejos de una recesión. Se ilusionaron con el repunte de actividad de marzo, tras el derrape de febrero. “Más allá del rebote de marzo, no esperamos un crecimiento elevado para este año”, advierte la consultora LCG, que dirige Javier Okseniuk. “Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera). Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento”, señaló.

“La demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado. El posible derrame de los sectores ganadores hacia el resto estará limitado, y los beneficios de una eventual persistencia de la tranquilidad cambiaria serán compensados por el perjuicio que generaría dicha estabilidad; en tanto que el tipo de cambio se estaría ubicando en niveles que afectan los márgenes de varios sectores mano de obra intensivos”, completa LCG, una de las consultoras que más acierta en sus pronósticos.

Otras que también pronostican bien están en la misma. Ecolatina, que preside Santiago Paz, tituló “La dualidad de la economía argentina” su informe de mayo. La de Orlando Ferreres calculó que en abril hubo crecimiento cero en relación a un año antes y una baja del 0,7% respecto de marzo. “No esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo”, admite el centro de estudios de Ferreres, aunque augura que si baja la inflación podrían mejorar los ingresos de las familias y eso revertiría el cuadro del comercio y la industria.

En el Latam Economic Forum, que reunió este jueves sobre todo a empresarios de la colectividad judía, Milei y Caputo argumentaron que agro, minería, Vaca Muerta y economía del conocimiento crean empleo. En el mismo foro, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, también se quejó: “Cuando periodistas y economistas dicen que el sector energético es ganador pero no genera empleo, no es así”. Y mostró un video de Pro Pymes, fundación de Techint, que muestra toda la industria, el comercio, el servicio y el transporte que moviliza el gas. Claro que el peso está sobrevaluado y los costos son altos, entonces los proveedores de bienes se buscan en el exterior, desde galpones enteros hasta camionetas.

Por eso, no hay que ser kirchnerista para criticar al RIGI, que rebaja el impuesto a las ganancias del 35% al 25% y exige sólo un 20% de compre nacional, que en general se gasta en la obra civil y no en insumos nacionales.

Juan Carlos Hallak, doctor en Harvard, y Ricardo Carciofi, master en Sussex, ambos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, expresan reproches. Hallak considera excesivo haberles bajado el impuesto a las ganancias del 35% al 25% porque considera que lo que se gana con las inversiones se pierde por recaudación tributaria y habla de “escándalo” que se haya extendido este año el beneficio a la extracción de hidrocarburos. Le preocupa que el proyecto de ley del Súper RIGI reduzca la alícuota al 15% y advierte que quizás los sectores inexistentes que se radicarían también lo harían sin tanto incentivo. Por ejemplo, los data centers de empresas tecnológicas como Palantir, del vecino palermitano Peter Thiel.

Hallak también alerta que falta una política de desarrollo de proveedores locales, más allá del 20% de compre nacional. Carciofi también plantea la ausencia de recetas para asegurar el derrame de los RIGI y el riesgo de dar estímulos a negocios que se hubiesen concretado sin ellos, en alusión a la explotación petrolera y gasífera.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alertó que sólo el 2% de los US$95.000 millones de inversiones anunciadas en 36 proyectos del RIGI entrará al país en los primeros dos años del régimen. A esa cifra llega a partir del dato que el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió en su último informe al Congreso: calculó que 12 iniciativas traerán US$1.920 millones en este bienio. A su vez, de esos desembolsos, hasta un 80% se puede ir en importaciones de maquinarias e insumos extranjeros, lo que reduce la entrada de capital. Las llegadas de divisas por exportaciones también serán menores a las esperadas: a partir del primer año sólo debe liquidarse el 80% de las ventas externas y desde el cuarto el 0%.

Pero Milei está por la tarea de seguir bajando impuestos y achicar al Estado. Ahora con su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reemplazar servicios básicos del Estado como la salud, la educación y la seguridad, financiados por tributos, por la contratación individual de seguros. Leyeron esa idea anarcocapitalista en el libro que el presidente regaló esta semana a los miembros de su gabinete, Chaos Theory (“La teoría del caos”, del economista norteamericano de la escuela austríaca Robert Murphy).

Otro estadounidense presentó libro esta semana sobre un aspecto central de la vida actual, la inteligencia artificial: Robert Prevost, más conocido como León XIV. En su LinkedIn, el economista Eduardo Levy Yeyati, actual asesor sobre IA en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó su primera encíclica como papa: “Leí Magnifica Humanitas como un agnóstico de mente abierta. Es un documento largo, profundamente arraigado en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, con la que no estoy familiarizado. Aun así, varios pasajes merecen ser tomados seriamente independientemente de la fe de cada uno, especialmente por quienes creemos —como yo— que la dimensión humanista de este debate debería eventualmente ocupar el centro de la escena”.

“No alcanza con moralizar las máquinas si los marcos éticos que se incorporan en ellas son definidos por un pequeño número de actores. Es una objeción política, y resuena con las críticas crecientes a la idea de la IA como un árbitro neutral e independiente del contexto para los problemas morales”, plantea Levy Yeyati. También se refiere al impacto laboral: “La preocupación no es la automatización en sí, sino quién controla su ritmo y dirección. Una transición demasiado acelerada corre el riesgo de destruir empleo de manera subóptima”.

“Algoritmos, plataformas, infraestructura digital y datos son colocados junto a la tierra y el agua como bienes que pertenecen a todos”, señala el economista y agrega que surgen “de un 'común' de la ”cultura humana extraído del comportamiento y las interacciones de millones de personas que no capturan ninguno de los retornos“. ”Estamos ocultando sesgos algorítmicos bajo una presunción de neutralidad. El modelo es un espejo de quienes lo construyeron y de aquello que optimizaron, vuelto ilegible por la escala y la complejidad“, comenta también Levy Yeyati sobre la obra del papa que quiere domar la IA.

AR/MC

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó este viernes que el Gobierno enviará en los próximos días un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación, con iniciativas vinculadas a transparencia, regulación y desarrollo económico. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y forma parte de la estrategia legislativa que impulsa la administración de Javier Milei.

Según detalló el funcionario, uno de los proyectos más destacados será la denominada Ley de Ludopatía, una iniciativa orientada a abordar el crecimiento de las apuestas y los problemas asociados al juego, especialmente entre jóvenes y adolescentes. El tema se instaló en los últimos meses como una de las principales preocupaciones sociales vinculadas al avance de las plataformas digitales de apuestas.

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con el llamado “Súper RIGI”, una propuesta que apunta a profundizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa estaría enfocada en generar mayores beneficios y herramientas para atraer capitales y potenciar proyectos de inversión en sectores estratégicos de la economía.

El paquete legislativo también incluirá una Ley de Lobby, destinada a regular la actividad de representación de intereses ante funcionarios públicos. Desde el oficialismo sostienen que la medida buscará otorgar mayor transparencia a los vínculos entre el sector privado y el Estado, en línea con los planteos de desregulación y modernización institucional promovidos por el Gobierno.

Otro de los puntos que formará parte de la agenda parlamentaria será la actualización de la normativa de Etiquetado Frontal. Aunque por el momento no se conocieron detalles específicos sobre las modificaciones propuestas, el tema ya genera expectativa debido al fuerte debate que despertó la ley desde su sanción.

Adorni comunicó las iniciativas con un breve mensaje publicado en su cuenta de X, donde enumeró los proyectos que serán enviados al Congreso y cerró con su tradicional frase: “Dios bendiga a la República Argentina”. Con ese anuncio, el Ejecutivo dejó en claro que buscará mantener activa la agenda legislativa durante las próximas semanas, en medio de las negociaciones políticas con distintos bloques parlamentarios.

JIB

Los trabajadores chilenos entran en una discusión que en la Argentina ya tiene recorrido: la promesa de crear empleo formal mediante menos impuestos, más incentivos a la inversión y mayor margen de acción para las empresas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la mayor parte de la megarreforma impulsada por el presidente José Antonio Kast y envió el proyecto al Senado. El corazón de la iniciativa es una baja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, presentada por el nuevo gobierno chileno —asumido hace poco más de dos meses— como una herramienta para reactivar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo formales.

La propuesta se llama Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social y reúne unas 40 medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de reconstrucción de viviendas para damnificados por incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La Cámara aprobó primero la discusión general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Después votó artículo por artículo y dio luz verde a la mayoría de las medidas. El oficialismo chileno logró pasar el primer filtro legislativo, pero la discusión por el impacto laboral de la reforma recién empieza.

El paquete económico de Kast avanza con una lógica parecida a la que Javier Milei desplegó en la Argentina: reducir costos tributarios, ofrecer estabilidad a grandes inversiones, aliviar cargas patronales y presentar al sector privado como motor casi excluyente de la creación de empleo.

En Chile, esa apuesta aparece en la rebaja del impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el exterior con el pago de un impuesto.

El vocero y ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, celebró la votación y dijo que el Gobierno fue capaz de “escuchar”, “recibir propuestas” y “generar mayorías”. El proyecto contó con votos oficialistas y con el apoyo del Partido de la Gente, una fuerza de perfil populista que funciona como bisagra en un Parlamento donde Kast no tiene mayoría propia. El Senado será más difícil: allí las fuerzas están más equilibradas y el PDG tiene menos incidencia.

La oposición de izquierda bautizó la iniciativa como “la reforma para los superricos”. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que la aprobación representa “un tremendo retroceso para Chile”. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el paquete beneficia a “los dueños de las grandes empresas”. El socialista Daniel Manouchehri aseguró que el proyecto “no genera empleo, ni crecimiento, ni desarrollo” y advirtió que puede profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y derivar en recortes sociales.

La comparación con la Argentina aparece porque Milei también presentó el alivio fiscal al capital como una vía para formalizar el empleo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos adheridos y establece una alícuota especial de Ganancias del 25% para los vehículos de proyecto. También contempla amortización acelerada y beneficios para el pago de IVA mediante certificados de crédito fiscal.

El Gobierno argentino también anunció una Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, pensada como complemento del RIGI. Según la comunicación oficial, la iniciativa buscaba formalizar empleo, impulsar inversiones productivas, beneficiar exportaciones industriales y reducir contribuciones patronales sobre empleos incrementales. Además, ARCA extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción de contribuciones patronales para empleadores privados que incorporen participantes de programas sociales, educativos y de empleo a través del esquema Puente al Empleo.

El resultado argentino, al menos hasta ahora, no muestra una expansión del empleo formal. El Indec informó que la desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, 1,1 punto por encima del mismo período del año anterior. La tasa de empleo se ubicó en 45% y la subocupación en 11,3%. La promesa de que bajar costos empresarios abriría una etapa de contratación formal choca con un mercado laboral que terminó 2025 con más desocupación.

El deterioro aparece con más fuerza entre los jóvenes. Según el análisis de CEPA sobre los datos del cuarto trimestre de 2025, la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% al 16,8% en un año, mientras que entre varones jóvenes subió del 12,5% al 16,2%. El mismo informe calculó, con datos de la Secretaría de Trabajo, que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 200.941 empleos privados registrados y se sumaron 159.501 altas en el monotributo. La lectura del centro de estudios es que parte del empleo asalariado perdido fue reemplazado por actividades más desprotegidas.

Ese espejo argentino pesa sobre la discusión chilena. Kast promete empleo formal con menos impuestos a las empresas, pero la experiencia de Milei muestra que la baja de costos no alcanza por sí sola para crear trabajo registrado si la economía no absorbe trabajadores, si el consumo sigue débil o si las empresas usan el alivio fiscal para recomponer márgenes antes que para contratar. El punto central para los trabajadores no es sólo si habrá más empleo, sino qué tipo de empleo se creará y con qué derechos.

Las críticas laborales al proyecto de Kast van en esa dirección. El programa laboral del presidente chileno parece apuntar a abaratar el despido, ampliar formas de flexibilidad y reducir la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Según esa lectura, medidas como la indemnización a todo evento, los contratos por hora, las jornadas más flexibles y el trabajo remoto con menor regulación trasladan poder desde el trabajador hacia el empleador.

En la Argentina, Milei ya avanzó por un camino similar. La Ley de Modernización Laboral quedó plenamente vigente después de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos. La reforma modificó el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. Para el Gobierno, esa flexibilización también forma parte de la receta para bajar costos y generar empleo formal.

En la Argentina, aunque aún la nueva ley laboral es muy reciente, no se muestra todavía esa mejora. La reforma laboral proempresa volvió a regir sobre contratos, despidos y derechos sindicales, pero el mercado laboral siguió mostrando más desocupación, pérdida de puestos asalariados registrados y crecimiento de formas más precarias de inserción laboral. La promesa de empleo formal con menos cargas para las empresas quedó, hasta ahora, más cerca del argumento oficial que de los datos disponibles.

La estructura del empleo chileno vuelve más sensible esa discusión. Según La Izquierda Diario, el 47,6% del empleo formal en Chile está concentrado en empresas de más de 200 trabajadores, cerca de 2,4 millones de personas. Las firmas de más de mil empleados reúnen el 27% de los asalariados, mientras las micro y pequeñas empresas son el 88,8% del total de compañías, pero emplean sólo al 30% de los trabajadores. Si casi la mitad del empleo formal depende de grandes empresas, una reforma que baja costos empresarios puede reforzar el poder de los actores que ya dominan el mercado laboral.

El Gobierno chileno defiende el paquete como una vía para recuperar crecimiento, atraer inversiones y ordenar incentivos para la contratación. La oposición responde que esos beneficios se concentran arriba y pueden deteriorar derechos laborales sin garantizar nuevos puestos. La misma discusión atravesó a la Argentina: Milei prometió que la desregulación, el RIGI, la baja de cargas y la reforma laboral mejorarían el empleo formal, pero los datos disponibles muestran más desempleo, pérdida de puestos registrados privados y crecimiento del monotributo como salida laboral de menor protección. La megarreforma de Kast llega ahora al Senado con ese antecedente del otro lado de la Cordillera.

JJD

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”. Con esa frase, publicada este jueves en X, Javier Milei anticipó el envío al Congreso de un nuevo régimen de promoción de inversiones al que bautizó “súper-RIGI”, pensado —según dijo— para “sectores que nunca han existido en Argentina”. No hay letra del proyecto y el derrotero parlamentario es largo, pero la referencia del presidente no fue casual.

El B-2 Spirit es un bombardero furtivo estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, uno de los aviones militares más sofisticados y costosos del mundo, diseñado para operaciones de ataque de largo alcance y capaz de transportar armamento convencional y nuclear. La comparación elegida por Milei funcionó además como una pista sobre el tipo de industrias que busca seducir con el nuevo esquema de beneficios.

Detrás del mensaje presidencial aparece un objetivo que ya empezó a discutirse en despachos oficiales y entre empresarios tecnológicos: atraer al país a compañías vinculadas al complejo tecnomilitar estadounidense, entre ellas Palantir, la firma de análisis masivo de datos cofundada por el magnate tecnofascista Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes del ecosistema de Donald Trump y Silicon Valley, que visitó a Milei hace dos semanas y está viviendo en la Argentina.

En el Gobierno imaginan un régimen especial para compañías dedicadas a inteligencia artificial aplicada a defensa, vigilancia, ciberseguridad, drones autónomos y procesamiento de datos sensibles. Además de Palantir, firmas como Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing aparecen como potenciales interesadas en desembarcar. Una pista la dio el libertario Nicolás Promanzio, quien tiene un programa sobre defensa y seguridad en el streaming libertario Carajo, vinculado a Santiago Caputo.

elDiarioAR reveló día atrás el avance de marcos regulatorios bajo el mileísmo orientados a facilitar el ingreso de Palantir al país, en medio de cambios impulsados por el Gobierno en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal.

Sin conocerse la letra del proyecto, el “Súper-RIGI” buscaría ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios aún más agresivos que los del régimen original aprobado con la Ley Bases. El RIGI actual es para inversiones de más de 200 millones de dólares en la industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica a cambio de beneficios fiscales e impositivos por 30 años.

El propio Milei dejó pistas sobre el perfil de sectores a los que apunta el proyecto al comparar su anuncio con el B-2 Spirit, símbolo del poderío militar estadounidense. Es otra señal del alineamiento político automático con Washington y el vínculo con empresarios del universo trumpista.

Las tecno-militares buscadas

Palantir, Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing podrían ser atraídas por Milei como señala el video colgado en X por Promanzio. “No hay nada por el momento”, adelantaron en el ministerio de Defensa de Carlos Presti, un funcionario alineado 100% a la estrategia militar norteamericana.

Palantir, la empresa fundada por Thiel, se especializa en integrar gigantescas bases de datos para tareas de inteligencia, seguridad y defensa. Sus plataformas son utilizadas por agencias militares y de inteligencia estadounidenses, fuerzas policiales y gobiernos occidentales. En los últimos años también se expandió hacia aplicaciones comerciales y de inteligencia artificial generativa. En concreto, operadores de Palantir llegaron a manejar drones suicidas o con misiles en operativos militares en Medio Oriente.

Anduril Industries es una de las startups de defensa más cotizadas de Estados Unidos. Fundada por Palmer Luckey —creador de Oculus VR—, desarrolla drones autónomos, sistemas de vigilancia fronteriza y plataformas militares basadas en inteligencia artificial.

Shield AI trabaja en pilotos autónomos para aeronaves militares y drones de combate. Northrop Grumman es uno de los gigantes históricos del complejo militar-industrial norteamericano y fabricante, entre otros sistemas, justamente del B-2 Spirit mencionado por Milei. Boeing, además de su negocio aeronáutico comercial, es uno de los mayores contratistas de defensa del Pentágono.

La posibilidad de que empresas de ese perfil operen con acceso a bases de datos, infraestructura estratégica o sistemas de vigilancia en Argentina ya generó preocupación entre especialistas en privacidad y derechos digitales, como adelantó este medio. “Hay una serie de riesgos estructurales que tienen que ver más con los problemas de Argentina en la incorporación de vigilancia. Porque estas tecnologías se adoptan sin ningún tipo de estudio previo ni discusión política más amplia sobre si son necesarias y para qué se van a usar. Nada pasa por el Congreso y son decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Además hay una relación muy asimétrica entre la empresa y el Estado, que compra cajas negras y después no tiene posibilidad de exigir saber cómo funcionan esos sistemas”, advirtió Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS.

La combinación entre inteligencia artificial, vigilancia masiva y ausencia de controles robustos puede abrir la puerta a mecanismos de monitoreo estatal y privado de enorme escala. El desembarco de compañías como Palantir profundizaría ese debate. Por ahora, el contenido concreto del “súper-RIGI” se desconoce. Pero ya hay señales de una política directa hacia el ecosistema tecno-militar que apadrina el magnate Thiel, quien en un ensayo escribió: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.

MC/CRM

El intento de reforma de la Ley de Glaciares pone en el centro una vieja discusión: la politización del uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 ante la rápida expansión de proyectos mineros, justamente como una forma de proteger las reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar los conflictos mineros locales en problemas públicos más amplios, vinculados al agua, el territorio y el futuro de esas regiones. 

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) corre el eje de la discusión: del agua al negocio minero. La exclusión de las instituciones científicas y de decenas de miles de organizaciones y representantes de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias, y reafirmó que los derechos colectivos, como el derecho al ambiente y al agua, deben prevalecer frente al derecho de propiedad o de explotación económica. 

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares y para el futuro de la vida en amplias zonas. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce el potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida. 

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol, concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país. 

Con una cartera de 70 proyectos de cobre concentrados en San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, cabe recordar que la cordillera no es solo una reserva de minerales, es también una reserva de agua. Por eso, el nuevo boom del cobre reabre una discusión histórica en la Argentina entre minería, agua y territorio.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Mariano Novas es investigador del Área de Ambiente y Política de la UNSAM y coordinador del Observatorio del RIGI.

El Observatorio del RIGI es una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/UNSAM).

En un trabajo reciente analizamos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que constituye uno de los pilares de la estrategia económica del actual gobierno argentino. Y ha sido presentado por el propio presidente Milei como una política de Estado orientada a atraer inversiones de gran escala. El análisis de su primer año de funcionamiento permite identificar una serie de tendencias que resultan relevantes para comprender su impacto sobre el perfil productivo, la inserción internacional y la dinámica de la inversión en el país. 

En primer lugar, el RIGI se caracteriza por la concesión de un amplio conjunto de beneficios a los grandes inversores, que abarcan dimensiones impositivas, aduaneras, cambiarias e institucionales. Entre estos incentivos se destacan la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, la amortización acelerada de inversiones, la devolución anticipada del IVA, la exención de derechos de exportación e importación, y la posibilidad de disponer libremente de las divisas generadas por exportaciones luego de determinados plazos. A ello se suma la garantía de estabilidad normativa por treinta años y la posibilidad de resolver eventuales controversias en tribunales internacionales. Este conjunto de incentivos configura un régimen de privilegios regulatorios que busca reducir riesgos y costos para los grandes capitales, pero que al mismo tiempo implica un marco excepcional dentro del sistema económico nacional. 

En fecha reciente el RIGI fue prorrogado hasta julio de 2027 y, entre otras modificaciones, se incorporó como posible beneficiario al sector de exploración y producción de hidrocarburos (upstream), lo que constituyó una suerte de “traje a medida” para intereses muy concretos.

Un segundo elemento central que surge del análisis es el tipo de proyectos aprobados. Hasta el momento se han autorizado diez iniciativas de inversión, la mayoría de las cuales se concentran en rubros vinculados a la explotación de recursos naturales o a la infraestructura destinada a su exportación. Entre ellos predominan proyectos relacionados con hidrocarburos, minería y energía, como el desarrollo de explotaciones de litio y cobre, la expansión de infraestructura para el transporte de petróleo desde Vaca Muerta, la instalación de plantas de licuefacción de gas natural y la construcción de parques de energía renovable. Si bien algunos proyectos industriales aparecen dentro del listado, su presencia es marginal en relación con los vinculados a actividades primarias o extractivas. Esta orientación sectorial sugiere que el régimen fortalece un patrón de especialización basado en la explotación de recursos naturales destinados principalmente a los mercados externos y ligados a capitales altamente transnacionalizados y financiarizados. 

En este sentido, una de las principales conclusiones del estudio es que el RIGI contribuye a profundizar el proceso de reprimarización de la economía argentina. La mayoría de las inversiones aprobadas se orienta directa o indirectamente a la exportación de materias primas, particularmente hidrocarburos y minerales estratégicos. Este sesgo se vincula con la estrategia gubernamental de incrementar la generación de divisas a partir de sectores que poseen ventajas comparativas naturales y alta demanda internacional, especialmente en el contexto de la llamada “transición energética”. Sin embargo, este enfoque también implica una menor prioridad para actividades manufactureras o tecnológicas con mayor capacidad de generación de valor agregado, innovación y empleo calificado. A ello hay que agregar que, dada la naturaleza de ciertas prebendas concedidas a los grandes inversores, el RIGI amplía las vías de salida de divisas por canales financieros (remisión de utilidades, pago de intereses por deudas intracorporativas) y comerciales (incremento de las importaciones, libre disponibilidad de divisas por ventas externas). 

Otro aspecto relevante del funcionamiento del régimen se vincula con el impacto sobre la estructura productiva y el tejido industrial local. Los datos disponibles indican que varios de los proyectos aprobados han recurrido de manera significativa a la importación de bienes de capital e insumos. Estas compras externas se concentran en un conjunto reducido de países, sobre todo de China y Corea del Sur, a los que siguen, con menor importancia, EE.UU., Tailandia y Vietnam. 

El predominio de las importaciones asociadas a estos proyectos se asocia lo que se llama “sustitución inversa”. Esto significa que bienes que podrían ser producidos por la industria local son reemplazados por equipamiento importado, favorecido por las ventajas aduaneras que establece el régimen. En el trabajo reflejamos cómo en la Argentina existe capacidad productiva para fabricar una parte importante de los bienes adquiridos en el exterior, como transformadores eléctricos, estructuras metálicas, intercambiadores de calor, bombas industriales o componentes para instalaciones energéticas. Sin embargo, el esquema de incentivos del RIGI reduce la competitividad de los proveedores locales frente a la importación directa. 

En términos de la dinámica de inversión, otra conclusión destacada es que un número considerable de los proyectos aprobados ya había sido anunciado o se encontraba en etapas preliminares de ejecución antes de la creación del régimen. Esto sugiere que el impacto del RIGI en la generación de nuevas inversiones podría ser mucho más limitado de lo que indica el discurso oficial. En varios casos, el régimen habría funcionado más como un mecanismo de mejora de las condiciones regulatorias para proyectos existentes que como un factor decisivo para la radicación de nuevas iniciativas productivas. 

En síntesis, el RIGI se inscribe en una estrategia de inserción internacional basada en la expansión de exportaciones primarias como mecanismo para obtener divisas y estabilizar la economía. Sin embargo, este enfoque presenta riesgos estructurales para el desarrollo del país. Por un lado, el fuerte peso de capitales transnacionales en los proyectos puede derivar en importantes salidas de divisas en el mediano plazo a través de la remisión de utilidades, el pago de intereses y la importación de insumos y equipos. Por otro lado, la escasa exigencia de encadenamientos productivos locales, transferencia tecnológica o generación de capacidades industriales limita el potencial del régimen para impulsar procesos de desarrollo económico más complejos. 

El balance preliminar del primer año de funcionamiento del RIGI sugiere que el régimen opera principalmente como un instrumento para estimular grandes proyectos orientados a la exportación de recursos naturales, otorgando amplias ventajas regulatorias a los inversores. Si bien esta estrategia podría contribuir a incrementar la disponibilidad de divisas en el corto plazo, también tiende a reforzar rasgos estructurales de la economía argentina asociados a la especialización primaria, la dependencia tecnológica y la fragilidad del sector manufacturero. Desde esta perspectiva, el RIGI constituye un dispositivo que profundizará el carácter subdesarrollado y periférico del capitalismo argentino.

El gobierno nacional, con el proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares, intenta avanzar en la entrega de un bien común —el agua dulce— a los gobiernos provinciales pro-extractivismo y a las empresas internacionales dedicadas a la actividad minera e hidrocarburífica. Del agua de los glaciares de Argentina dependen 1800 localidades y más de siete millones de personas. Hay que ser claros: no se trata de “adecuación de la ley”, es un retroceso absoluto en los cuanto a la protección del ambiente y los derechos humanos.

La ley que protege el agua

El Estado Argentino consideró, ponderó y decidió en 2010 que los glaciares y el ambiente periglacial, que constituyen el 70 por ciento de reserva de agua dulce en el mundo, era un recurso estratégico fundamental para la vida en el planeta y le otorgó un marco protectorio legal especial. Fue así como surgió la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639), en el marco de las competencias que en materia ambiental ostentan Nación y Provincias (Artículo 41 de la Constitución Nacional).

De esta forma, se sancionó una norma que concedió una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional (un piso), reservándose las provincias la potestad para establecer el máximo de protección (techo), aumentar el umbral de protección a los presupuestos mínimos, pero nunca retrotraer esos estándares. Esta decisión fue “política pública” y trascendió los distintos gobiernos, con distintas orientaciones (liberales, progresistas, conservadores).

La ley 26.639 tiene por objeto la “preservación de los glaciares y el ambiente periglacial”, como reservas estratégicaspara el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Estas son las funciones hídricas protegidas por la ley. “Los glaciares son bienes de carácter público”, aclara la ley.

Define al “glaciar” como toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Y precisa al “ambiente periglacial”, en la alta montaña, como al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico y en la media y baja montaña, como el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Los legisladores encomendaron al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia)la realización del Inventario Nacional de Glaciares a los efectos de determinar su ubicación, superficie y clasificación morfológica tanto de los glaciares como el ambiente periglacial para su adecuada protección, control y monitoreo.

La ley 26.639 determina la prohibición de actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones hídricas señaladas, o las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, y en particular, “prohíbe, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, donde estén emplazados los glaciares y en zonas de ambiente periglacial”. Ambos espacios están protegidos actualmente.

Derecho humano al agua

Como resultado de la labor encomendada al Ianiglia, los/as argentinos/as sabemos que los glaciares de Argentina están ubicados a lo largo de 4.000 kilómetros, en la Cordillera de los Andes, presentes en doce provincias, alimentan a 39 cuencas hídricas y sus respectivas sub-cuencas. Se relevaron 560.000 kilómetros cuadros (km2), se inventariaron 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 8.484 km2. Todos estos espacios y superficies gozan de plena protección legal, los que en función del principio de progresividad y no regresión, que rige en materia ambiental, deben ser preservados y por lo tanto, no pueden ser disminuidos, alterados, degradados, por actividades antrópicas.

Hay que destacar que del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 39 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades, con más de siete millones de personas. De esto estamos hablando cuando nos referimos a la Ley de Glaciares.

En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) califico al derecho de acceso al agua potable como “un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

En la misma dirección se pronunció —a su tiempo— la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al señalar que, “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”.

La CSJN ha elaborado, a través de diversos fallos, una doctrina judicial en materia de uso y gestión del agua, destacando la importancia de su preservación no sólo para asegurar el consumo humano y la satisfacción de las necesidades fundamentales para la vida, sino además para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema (basado en relaciones de interdependencia de cada uno de sus componentes) y la preservación de las cuencas hídricas como unidad. Es importante destacar la “interdependencia entre el agua (en sus diferentes estados, como glaciares y ambiente periglaciar) y otros elementos del ambiente natural, especialmente los suelos, el subsuelo y los bosques nativos, incluyendo las conexiones ecosistémicas relevantes”.

Un proyecto para las mineras y petroleras

El proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei, a instancias de las provincias pro-mineras, sin ningún tipo de participación ciudadana previa, pone en riesgo la protección de los cuerpos de agua. Le concede a los gobiernos provinciales potestades discrecionales y políticas para decidir (ante proyectos mineros e hidrocarburíficos), cuáles glaciares y ambientes preiglaciales cumplen o no con funciones hídricas importantes. Todo esto, sin base científica alguna. Y, mucho menos, participación ciudadana.

Se trata de propuesta absolutamente regresiva en materia ambiental y, por lo tanto, contraria de la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, entre otros.

Dejar sin protección legal o excluir a los ambientes periglaciares (o suelos congelados) o darles un tratamiento legislativo autónomo y distinto a la protección de los glaciares, es de una supina ignorancia respecto de cómo funcionan los ecosistemas glaciares, entendidos como sistema y como unidad, formados a lo largo de miles de años de evolución.

“El estudio de los suelos congelados (ambiente periglacial) es de una importancia estratégica fundamental, su comportamiento tiene consecuencias directas sobre la estabilidad de los ecosistemas, los recursos hídricos y la vida del hombre. Este hielo funciona como un 'cemento' que cohesiona el terreno, y su desaparición provoca problemáticas complejas”, explica la doctora Carla Tapia Baldis.

Cualquier intervención antrópica sobre este espacio tendrá su repercusión sobre todo el ecosistema glaciar, pero principalmente afectará el funcionamiento y recarga de las cuencas hídricas, de conformidad al funcionamiento “sistémico” y el criterio de “unidad” desarrollado por la Corte Suprema en los fallos analizados.

Todo lo que se haga sobre el ecosistema glaciar va a repercutir sobre la cuenca hídrica. Se encuentra involucrado el derecho humano fundamental de acceso al agua potable, indispensable para la vida y como condición previa para la realización de otros derechos humanos (a la salud, a la vida, a la integridad de la persona humana, al ambiente sano).

De manera absolutamente arbitraria, unilateral, inconsulta y sin ningún tipo de fundamento técnico-científico que avale su decisión, el presidente Milei pone al servicio de los gobiernos provinciales, aliados a las corporaciones mineras e hidrocarburíficas, la potestad para decidir qué glaciares y ambiente periglacial merece o no protección legal; y a partir de allí ser objeto de concesión minera o hidrocarburífica.

Un proyecto inconstitucional e ilegal

La propuesta legislativa de Milei no puede ser analizada por fuera del actual contexto geopolítico global, signado por el avance de los gobiernos de extrema derecha, negacionistas del cambio climático y de la responsabilidad del sistema capitalista (capitaloceno) como impulsor directo e indirecto de la destrucción ecológica, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, del calentamiento global y reforzador de las dinámicas extractivistas, que profundizan las desigualdades sociales y las asimetrías de poder.

Estas dinámicas extractivistas se facilitan y concretizan mediante la celebración de acuerdos bilaterales, entre los Países Centrales (Desarrollados) y los Países Periféricos (en vía de desarrollo) para facilitar la inversión y el comercio. Y para asegurarles el acceso a los minerales estratégicos y críticos a Estos Unidos, la Unión Europea y China (litio, cobre, manganeso, cobalto, grafito, niquel, tierras raras).

Argentina implementa políticas públicas de promoción de inversiones extranjeras, a largo plazo (30 años) con beneficios y exenciones tributarias, cambiarias, aduaneras y fiscales. Un ejemplo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Al mismo tiempo, el Gobierno flexibiliza normativas ambientales, desfinancia programas y políticas públicas de protección de bienes comunes (combate contra el fuego, protección y conservación de bosques nativos); desmantela y cierra espacios de formación e investigación (INTA, INTI, Conicet); y ataca la promoción de otros modos de producción en armonía con la naturaleza en un contexto de creciente emergencia climática (agricultura familiar, campesina e indígena).

El proyecto de ley del Presidente violenta los tratados y convenciones internacionales suscriptos por el país que lo obligan, entre otras, a tomar medidas eficaces para la conservación de la biodiversidad, para asegurar un nivel de vida adecuado a las personas; su integridad física, psíquica y moral, su honra y su dignidad, la protección del niño, la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales, garantizar el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y el mejoramiento en todos sus aspectos del medio ambiente.

La iniciativa de Milei no supera el test de constitucionalidad porque violenta la cláusula ambiental, que impone a todas las autoridades (Nacionales, Provinciales, Municipales) a proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica (Art. 41). Tampoco supera el test de legalidad, al contrariar la Ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente (25.675). Vulnera también la Ley 25.688 (de Presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas) y la Ley 27520 (de Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático).

En resumen, el proyecto de modificación de glaciares del presidente Milei no debe prosperar. El Congreso de la Nación debe rechazar “in limine” la propuesta legislativa, no dar tratamiento ni, eventualmente, aprobación, por resultar contrario a los tratados, convenciones, Constitución Nacional y leyes analizadas.

Los tiempos políticos que corren indican que es la hora de los pueblos, de las comunidades, de las Organizaciones y movimientos socio-ambientales de base horizontal, que una vez más deberán resistir estos embates políticos en defensa del bien común (glaciar y ambiente periglacial).

Modelos opuestos

El actual modelo de desarrollo capitalista, imperial y colonial ha mostrado sus límites y su enorme capacidad destructiva de las condiciones de habitabilidad del planeta y de la trama social. Es fundamental re-pensar en una salida alternativa desde el sur global que tenga en cuenta su cultura, su historia, su identidad, el modo de ser latinoamericano. Las soluciones a los problemas globales deben surgir desde los contextos locales, capaces para crear futuros sustentables y no imponerse desde el exterior.

Otros mundos (ya) son posibles: autoorganización, complejidad, y culturas postcapitalistas que ya están emergiendo a través de prácticas locales y movimientos sociales que desafían el orden global dominante. Ese es nuestro gran desafío y la invitación a formar parte de esta corriente transformadora debe ser amplia y muy generosa. Estamos todos/as invitados/as a se parte de la construcción de un futuro deseado y posible.

*Abogado especializado en Derecho Ambiental.

**Extracto del artículo titulado “Hablemos de los Glaciares: No se puede defender aquello que no se conoce”.

***Edición: Darío Aranda.

La economía apenas está recuperando la actividad de 2022, después de dos años de caída y con sectores a los que todavía les falta repuntar, como industria, construcción y comercio. La inflación bajó del 12% mensual al 2,5%, al menos el 40% de los votantes lo valoró, pero sigue siendo todavía de las más altas del mundo y los salarios registrados continúan por debajo del poder de compra que en 2023. Sin embargo, en esta economía del libre mercado pero también con empresarios amigos se cuentan ganadores en estos dos primeros años de gobierno de Javier Milei.

Para identificar quienes ganaron, se pueden adoptar varios criterios. Por un lado, analizar qué empresas cotizantes en bolsa se valorizaron más desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje, teniendo en cuenta que muchas otros emitieron acciones en el mercado de capitales o son multinacionales cuya valuación no depende sólo de lo que pasa en la Argentina. Por otra parte, si se identifican qué empresarios adquirieron grandes compañías en el país, qué firmas recibirán los extraordinarios beneficios del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) o cuáles ganaron las primeras privatizaciones o concesiones de la administración libertaria, podemos sumar otros winners.

Si se toma en cuenta la evolución de las acciones en la bolsa porteña, en pesos, el Banco Hipotecario, del grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, amigo de Milei, mejoró 1.706% su cotización, seguida por Metrogas (la distribuidora porteña de YPF), 1.078%; Banco Patagonia, del Banco do Brasil, 1.010%; el Supervielle, 1.007%; el Macro, de Jorge Brito, el 883%; la transportadora eléctrica Transener, de Marcelo Mindlin, el 805%: el Grupo Financiero Galicia, de los Escasany, Braun y Ayerza, 756%; la filial argentina del banco español BBVA, 644%; la harinera Morixe, de Sociedad Comercial del Plata (SCP), que dirige Ignacio Noel; e YPF, estatal en un 51% y privada en el restante 49%, que bajo la conducción de Horacio Marín se concentró en Vaca Muerta, la exportación de su gas y se desprendió de áreas en el resto del país. Este es el top ten elaborado por Alejandro Pagliero, asesor financiero de la sociedad Nasini.

Completan del puesto 11 al 20, Transportadora Gas del Sur (TGS), otra firma de Mindlin, con 469%; Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que preside Carlos Zuchovicki, 444%; Central Puerto, la eléctrica de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, con el 445%; la firma de los shoppings y los desarrollos inmobiliarios IRSA, con el 423%; Pampa Energía, de Mindlin, con el 342%; A3, otra empresa de mercados financieros, que encabeza Roberto Olson, con el 348%; la fabricante e importadora de calzado Grimoldi, con el 370%; Grupo Clarín, cuyos accionistas –Héctor Magnetto y los Noble Herrera– y dueños de Telecom compraron Telefónica en una operación aún bajo revisión del Gobierno, el 298%; la cementera Loma Negra, que la brasileña Camârgo Corrêa acaba de vender a Mindlin; 261% y Distribuidora de Gas del Centro, que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja y pertenece a Federico Tomasevich, Nicolás Caputo -primo de Luis, ministro de Economía, y tío de Santiago, asesor presidencial- y Reca, el 184%.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, la que más se apreció fue Supervielle, un 472% en dólares; seguida por Macro, 412%; BBVA, 373%; Galicia, 370%; YPF, 253%; IRSA, 248%; Edenor, de José Luis Manzano –que supo reconvertirse de massista a libertario–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, un 218%; TGS, 213%; Central Puerto, 212%; Pampa, 153%; Telecom, 145%; Loma Negra, 105%; y Cresud, el holding de Elsztain que incluye el negocio agrícola y el de IRSA, un 104%, según los datos recopilados por Pagliero, de Nasini.

“El sector bancario apuntaló el crecimiento de los índices argentinos”, observa Pagliero. “Al tratarse de entidades financieras cuyo valor fundamental recae, sobre todo, en activos intangibles, como la valuación de sus títulos en cartera y la estabilidad para el crédito a mediano y largo plazo, la victoria de Milei en 2023 supuso un cambio de expectativas que revalorizó fuertemente sus activos, empezando a dejar atrás el riesgo de default”, agrega.

“El sector energético acompañó el crecimiento que venía mostrando desde 2022, ya que el mercado venía priceando (poniendo precio) que, en mayor o menor medida, cualquier cambio de gobierno traería consigo la pauta de explotar los recursos en Vaca Muerta”, señala el analista de Nasini. También se agrega el impacto de los tarifazos en el rubro.

Adcap Grupo Financiero añade otras acciones en Wall Street que también subieron: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, 102%, en parte por su petrolera CGC; Vista Energy, de Miguel Galuccio, 70%; y Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperin, que pasó de macrista a libertario y cuya cotización del resto de Latinoamérica aunque también de los negocios que le habilitó la ola desreguladora, 38%.

“Desde el balotaje de noviembre de 2023, las acciones argentinas muestran subas muy significativas en dólares, en torno al 100% en promedio, aunque ese desempeño es el resultado de un recorrido muy volátil”, analiza Matías Cattaruzzi, analista senior de acciones de Adcap. “Tras el shock inicial del cambio de gobierno, el mercado marcó máximos muy altos entre diciembre de 2024 y enero de 2025, apoyado en la fuerte corrección de tasas, un contado con liquidación relativamente estable y la expectativa de normalización macro. Esa euforia se fue desinflando durante 2025, con una toma de ganancias, volatilidad electoral y dificultad del Gobierno para encontrar el camino con la salida de las LEFI (Letras de Liquidez), etc., que llevó a mínimos en la previa de las elecciones de medio término. Luego, el resultado disparó un nuevo rally que explica buena parte de las ganancias acumuladas a hoy, aunque los precios permanecen levemente por debajo de los picos de enero 2025”, aclara Cattaruzzi.

“Muchas veces el flujo de inversiones va a los papeles más líquidos, de donde es más fácil salir”, aclaran en un banco. “Los grandes ganadores fueron bancos y energéticas. Bancos, por el crecimiento del crédito y la perspectiva hacia adelante. Energéticas, por Vaca Muerta y el ajuste de tarifas”, añaden.

Si se considera ganadores a los dueños de proyectos RIGI, dado que pagarán menos impuestos y aranceles a la importación, no deberán liquidar divisas de la exportación y podrán demandar en tribunales internacionales, podemos mencionar siete iniciativas ya aprobadas: un parque solar de YPF Luz, la división eléctrica de la petrolera; el nuevo oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de YPF, Pan American Energy (PAE, la empresa de los Bulgheroni, incluida Bettina, designada embajadora de la marca país, la británica BP y la china CNOOC-, Vista, Pampa, Pluspetrol –de las familias Rey y Poli–, la norteamericana Chevron y la angloholandesa Shell; un proyecto de exportación de gas del consorcio Southern Energy, que incluye a PAE, YPF, Pampa, la estadounidense Harbour y la noruega Gola; una siderúrgica de Sidersa, de la familia Spoto; un parque eólico de PCR –de los Brandi y los Cavallo– y la luxemburguesa ArcelorMittal; una mina de litio de la australiana Minera Galán Lithium; otra de cobre de la canadiense McEwen Copper, de la que participa la automotriz europea Stellantis; y un puerto de Terminal Timbúes SA, de Juan Manuel Ondarcuhu.

Las privatizaciones apenas se movieron hasta ahora. El Gobierno vendió la metalúrgica Impsa a la norteamericana ARC Energy, prorrogó por siete años la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) a Aceitera General Deheza (ADG, de Roberto Urquía) y. licitó y adjudicó la Ruta del Mercosur a la constructora mendocina Cartellone el tramo principal y al consorcio de las firmas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, el secundario. También subastó las cuatros centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: dos fueron ganadas por Edison, la empresa de Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Luis Galli –el dueño y el CEO de Newsan, grupo de productos electrónicos y de higiene– y el fondo Inverlat –de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai–, otra por Central Puerto y la restante por BML, firma del sojero y energético Manuel Santos Uribelarrea.

En cuanto a las principales compras de empresas en estos dos años, se pueden señalar:

Ramiro Isaac, director de asesoramiento de este tipo de operaciones y estrategias de la consultora KPMG, opina que “Argentina está generando las condiciones para un crecimiento exponencial de las transacciones de M&A (siglas en inglés de las fusiones y adquisiciones) en el país a partir de la consolidación del programa de estabilización macroeconómica impulsado por Milei”. “En este contexto, la actividad de fusiones y adquisiciones en el país se viene desarrollando al ritmo de esta transformación de la economía, la cual presenta nuevas oportunidades de crecimiento para algunos sectores competitivos como el petróleo, gas, minería y agronegocios, así como desafíos para otros como la manufactura de productos de consumo masivo y el comercio minorista que deben afrontar una desregulación creciente de la economía”, agrega Isaac.

El experto ratifica “un proceso de consolidación de una burguesía nacional que toma el control de activos en ciertos sectores de la economía argentina”. Durante estos dos años, se registraron más de 200 transacciones de M&A en el país por US$16.000 millones.

Todavía quedan por delante más privatizaciones de empresas, concesiones de servicios al sector privado y nuevas aprobaciones de proyectos del RIGI.

 AR/MG

Expertos tributaristas remarcaron que la reforma impositiva debe favorecer la devolución de los saldos a favor que tienen las empresas y que le quitan capital de trabajo y la extensión del RIGI a todas las industrias en el marco de la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) bajo el lema “El futuro se produce hoy”.

Asimismo, reiteraron que es urgente una modificación de los impuestos distorsivos como a débitos y créditos, ingresos brutos y tasas municipales, en especial la de Seguridad e Higiene.

“En el cortísimo plazo una de las cosas que más les preocupa a la industria son los sados a favor nacionales y provinciales. Es capital que las empresas no están pudiendo utilizar”, señaló Carlos Abeledo, Presidente del Departamento de Política Tributaria UIA.

En ese sentido, remarcó que es imprescindible que las empresas puedan “agotar los saldos a favor en forma inmediata”.

El tributarista de la UIA señaló que “los objetivos que tiene el gobierno son parecidos a los que tenemos desde el sector industrial”, pero advirtió: “Estamos expectantes en esperar la velocidad y la forma en que va a suceder esto”.

A su vez, remarcó que “está faltando un consenso fiscal, pero que modifiquen los errores de concepción los anteriores”.

Abeledo también reclamó que el RIGI se extienda a todas las empresas y a crear un sistema especial para las medianas, pequeñas empresas“.

En el mismo sentido, César Litvin, CEO Lisicki Litvin & Abelovich, sostuvo que “los saldos a favor son un mounstro que se creó por cobros anticipadas. Debe haber un trámite ágil y rápido para la devolución”

“Los saldos a favor técnico debieran ser de inmediata disponibilidad”, insistió.

Caputo en la UIA: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente, no nos agrandemos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las bandas cambiarias están “bien calibradas” y afirmó: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos”. Lo dijo durante su exposición en la Conferencia de la UIA. 

El titular de la cartera económica volvió a defender la política cambiaria oficial ante industriales al sostener que “para nosotros es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre porque las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda” remarcando que “están en un nivel razonable, sino no habría récord de exportaciones”.

Con el objetivo de reforzar la postura gubernamental en materia cambiaria, Caputo hizo alusión a una serie de factores que consideran, en el contexto actual, para mantener las bandas cambiarias. Entre estos se refirió a la demanda de dólares en los últimos meses.

Al respecto, señaló que “la Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. En estos meses hubo una dolarización que no se ha visto en la historia. Hay que graduarse para poder flotar libremente”.

En este sentido, manifestó que “la mayoría de los países no flota libremente, ningún país en desarrollo lo hace” y advirtió: “No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner cepo”.

Sobre este aspecto, comentó que “la microestructura de nuestro mercado es tan chica que inmediatamente cuando enfrentas un shock, sea político, económico, local o internacional, poner un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso” y señaló que “no nos comamos el cuento de que es fácil flotar porque no es así”.

El funcionario también aportó que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y señaló que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.

Asimismo, el ministro citó el factor político como otro condicionante para justificar las bandas cambiarias al aseverar que “tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente con la volatilidad política que tenemos” y afirmar que “mientras la alternativa siga siendo el comunismo es muy difícil flotar”.

En este marco, expresó que a diferencia de lo que sucede en otros países “en Argentina hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para otro lado” y señaló que “la alternativa política tiene que ser más racional”.

“El potencial de acumulación de reservas es muy significativo”.

En cuanto a las reservas, Caputo sostuvo que “este es el gobierno que más compró” al precisar que “compramos 29 mil millones”, aunque reconoció que “se retuvieron menos porque las tuvimos que usar para pagar deuda”. A su vez, aseguró que “lejos de ser algo que subestimamos para nosotros es una prioridad” y aseguró que “queremos acumular reservas para hacer más fuerte el balance del Banco Central porque eso contribuye al proceso de desinflación”.

En este marco, expresó que “hoy estamos en una situación que cambió gracias a Dios, ya que se abrieron otras alternativas desde lo financiero. Estamos hablando con bancos, tenemos oportunidades desde el mercado mismo también, incluso hemos tenido requerimientos inversos de los fondos mismos y empresarios por invertir en bonos argentinos”.

Sobre el panorama descrito, el ministro aseguró que “hoy podemos separar lo financiero de lo monetario afortunadamente” y llevó tranquilidad sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al afirmar que “las metas estaban puestas pensando que teníamos que pagar con reservas los vencimientos de enero, pero hoy eso se resuelve de manera financiera por lo que no hay ningún problema con las metas del FMI ni con acumular reservas”.

Al reforzar su mensaje, Caputo lanzó que “vamos a acumular reservas y probablemente más de las que cualquiera puede estar pensando” y aseveró que “el potencial de acumulación de reservas es muy significativo”.

Además indicó que “lo que queremos es comprar reservas inteligentemente” al aclarar que “no vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación, y hay que esterilizar con lecaps y se genera nuevamente déficit”.

Al finalizar su discurso, Caputo alentó a los empresarios industriales a acompañar el rumbo del Gobierno expresando que “los invito a creer, a confiar a sumarse porque Argentina va a ser el país más libre y que más va a crecer en los próximos 30 años”.

Poco después de asumir el cargo en 2023, el presidente Javier Milei anunció una iniciativa para atraer grandes inversiones al país. Dirigida a empresas nacionales o extranjeras dispuestas a invertir más de US$200 millones en el país, los beneficios que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluyen exenciones fiscales y ventajas cambiarias y aduaneras.

El RIGI, aprobado por el Congreso en julio de 2024 y en vigencia desde octubre, ya cuenta con 11 proyectos de inversión presentados por empresas nacionales y extranjeras por un total de US$15.500 millones en promesas de inversión, según fuentes del Ministerio de Economía. De esos proyectos, cuatro ya fueron aprobados por el gobierno y los demás esperan respuesta. La mayor parte se centran en energía y minería.

La expectativa del gobierno es que las ventajas cambiarias, aduaneras y fiscales del RIGI propicien un boom de las exportaciones energéticas y mineras para expandir la economía. Sin embargo, especialistas consultados por Dialogue Earth para este artículo advierten que el RIGI no ha atraído tantas propuestas de inversión nuevas como podría parecer, y que podría suponer un riesgo de desindustrialización interna al fomentar la importación de determinados equipos necesarios para estos proyectos. Además, sostienen que el RIGI no contempla la protección del ambiente en sus artículos e incluso se prioriza el acceso de parte de las empresas a recursos estratégicos, como el agua.

“Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, sostiene la ONG argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un análisis del RIGI.

Beneficios del RIGI

El RIGI apunta a captar inversiones en los sectores forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Los proyectos cuentan con 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria y ante cualquier controversia que surgiera con el Estado, las empresas pueden recurrir a tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). Además, las autoridades provinciales y municipales de Argentina pueden ofrecer sus propios beneficios a los posibles inversores, además de los ya garantizados a nivel nacional.

Máximos referentes de los sectores beneficiados por el RIGI manifiestan un fuerte apoyo a la política. Por ejemplo, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE) y la tercera persona más rica de Argentina, manifestó recientemente que Milei “está trabajando fuerte para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros recursos energéticos, así como de las obras de infraestructura relacionadas a ello”.

En cambio, representantes de la industria manufacturera nacional advirtieron sobre el impacto negativo del RIGI. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) sostuvo en un comunicado que la política “atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”. Esto se debe a que las empresas pueden importar bienes de capital e insumos sin aranceles en el marco del RIGI.

Infraestructura energética

Hasta ahora, hay solo cuatro proyectos aprobados de los 11 presentados en el marco del RIGI.

El primero es el liderado por la empresa petrolera estatal argentina YPF junto a Empresa Mendocina de Energía (EMESA) para desarrollar el parque solar El Quemado, en Mendoza, de 305 MW de potencia, con una inversión de US$211 millones según fuentes gubernamentales.

El segundo es la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur por un total de US$2.486 millones para el transporte de petróleo extraído del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, y la exportación en una futura terminal marítima en la zona de Punta Colorada en Río Negro. El proyecto, que podría estar operativo en el cuarto trimestre de 2026, es llevado adelante por YPF en alianza con las petroleras Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina. Horacio Marín, CEO de YPF, calificó a Vaca Muerta Oil Sur como “un antes y un después para la industria”.

“El sector hidrocarburífero experimenta una pujanza que se diferencia del resto de la economía, basada en el fomento a la exportación por parte del tanto del gobierno como de YPF”, explica Juan José Carbajales, experto del sector de petróleo y gas y director de la consultora Paspartú.

Otro proyecto que permitiría expandir a la industria de los combustibles fósiles, también aprobado, es la construcción de la infraestructura necesaria para amarrar en la costa de la provincia de Río Negro dos buques de licuefacción de gas. Ello permitiría exportar Gas Natural Licuado (GNL) a partir del recurso extraído de Vaca Muerta.

Inversiones mineras

Otro foco de inversiones del RIGI es en el sector minero. De los 11 presentados, seis pertenecen a este rubro y solo uno fue aprobado: la inversión de Río Tinto, por US$2.724 millones, para ampliar su proyecto Rincón de Litio en Salta, provincia del norte argentino.

También en Salta, la empresa minera surcoreana Posco ha propuesto una inversión de US$633 millones para ampliar su proyecto de litio Sal de Oro. El tercero en esta provincia es una propuesta de US$273 millones de la china Ganfeng Lithium para construir la planta de litio Pozuelos-Pastos Grandes, que actualmente se encuentra en fase de ingeniería.

Otro proyecto presentado en el sector del litio es el de la empresa australiana Galán Lithium, que implicaría una ampliación de la explotación de Hombre Muerto Oeste en la provincia de Catamarca, por US$217 millones.

En tanto, en minería de oro aparece el proyecto de la empresa Minas Argentinas en San Juan, en el centro-oeste del país, que implicaría una inversión de US$1.000 millones, Incluiría, además de la mina de oro, producción industrial de cal y un parque solar. También en San Juan, está la propuesta de la mina de cobre Los Azules, una colaboración de las empresas McEwen Cooper, la automotriz Stellantis y Rio Tinto, a partir de una inversión de US$227 millones.

En el caso de la minería, los beneficios del RIGI se complementan con un régimen promocional específico que fue aprobado por ley en la década de 1990 y que contempla facilidades similares a las ahora extendidas hacia otros sectores de la economía.

Consultado sobre la necesidad de esta doble promoción minera, Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, consideró que el RIGI representa un “sobreseguro” para las empresas: cuanto más haga el gobierno para persuadir a los inversores internacionales de que elijan Argentina para sus proyectos, mejor. “Algunos dicen que el RIGI es incluso más de lo que las empresas piden, pero lo cierto es que este tipo de grandes inversiones están debatiendo destinos y entonces así aumenta el atractivo nacional”, agrega de los Ríos.

Guido Bambini, investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostiene que muchos de los proyectos presentados ya estaban en carpeta y, lógicamente, cuando apareció la posibilidad de RIGI, se frenaron y se inscribieron una vez que entraron en vigencia los beneficios. “Es decir, no ha traccionado proyectos nuevos”, agrega.

Desprotección del ambiente

En el texto de la ley de aprobación del RIGI, no hay ninguna mención respecto de la protección del ambiente. Tampoco en la reglamentación del régimen. Es decir, no se contempla la variable ambiental a la hora de ponderar los beneficios de un proyecto para el otorgamiento de los beneficios, así como tampoco se tiene en cuenta situaciones de vulneración del ambiente para definir el cese de los privilegios.

Los pasivos ambientales, que son un riesgo de los grandes proyectos extractivos, como la minería, no son mencionados. “El propio Código de Minería de los ’90 estableció un capítulo ambiental. En el RIGI no hay alusión al tema”, indica Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Entre las críticas que realiza FARN está el artículo 193 del RIGI, que indica que los proyectos adheridos al régimen “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones […] en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda”.

“En los proyectos de megaminería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. Si el agua escasea en ese territorio, como muchas veces sucede, el abastecimiento de la población local se vería relegado”, explica Nápoli.

El interés de China

El gobierno se mostró especialmente interesado en promocionar el RIGI entre empresas chinas, considerando que China es el segundo socio comercial de Argentina. Por ello, el Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, lideró una visita al país asiático para mantener tratar de avanzar en acuerdos de inversión de parte de empresas chinas.

Sin embargo, de acuerdo al director del Consejo Argentino-Chino (CAC), Ernesto Fernández Taboada, “no se ha notado hasta el momento gran movimiento de parte de las empresas chinas respecto del RIGI”. Esto se encuadra en un contexto global que si bien registra un incremento de las inversiones chinas dentro de su estrategia global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cual Argentina forma parte, la porción recibida por América Latina está en caída.

Para Norma Ramiro, directora de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Asia, el RIGI despierta mucha atención en inversores extranjeros por la seguridad jurídica que provee. “Empresas de China, pero también de Corea, Japón, India y Canadá son favorables a presentar proyectos. Sin embargo, hay aspectos que hacen que el proceso sea lento, como por ejemplo el hecho de que este año es electoral y también la presencia de las restricciones cambiarias”, agrega.

El régimen estará abierto para nuevas propuestas de inversión hasta agosto de 2026. Mientras tanto, se espera que el gobierno avance en los próximos meses en la aprobación de algunos de los proyectos ya presentados.

Este artículo fue originalmente publicado en Dialogue Earth.

El Comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó hoy el primer proyecto minero, en el que se invertirán US$ 2.700 millones.

Se trata de Rincón de Litio, en Salta, donde la empresa Rio Tinto aumentará la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará a mediados de este año.

Así lo anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco del evento ArminerA, que agrupa a las principales empresas del sector. 

“Esperemos que sea el primero de varios”, dijo González, en el marco del evento organizado por IDEA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Rincón de Litio es el cuarto proyecto RIGI que se aprueba, pero el primero del sector minero de los siete que se presentaron desde que entró vigencia el régimen de beneficios fiscales y cambiarios, en octubre del año pasado.

Rio Tinto es la segunda empresa minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales del año pasado. 

Opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno oficializó este miércoles la aprobación del primer proyecto que ingresará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto apenas superior a los US$211 millones, mediante la Resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La inversión que obtuvo el aval gubernamental definitivo al cumplimentar todos los pasos previstos es el “Parque Solar El Quemado y Anexos” por una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW), que se desarrollará en la provincia de Mendoza por la empresa Luz del Campo S.A. - YPF Luz (la división de energía eléctrica de YPF).

La implementación de la iniciativa se llevará a cabo en dos etapas. En la primera se avanzará con la instalación de paneles solares bifaciales en 350 hectáreas por una capacidad instalada de 200 MW, mientras que en la segunda instancia se prevé completar la capacidad total planeada.

Tras el anuncio del Ministerio de Economía, su titular, Luis Caputo, lo celebró en X: “Se aprobó oficialmente el primer RIGI. Vamos con todo este 2025”, posteó el funcionario al dar a conocer el comunicado oficial de su cartera.

El proyecto implica una inversión total de US$211.600.072, de los cuales en el primer y segundo año contados desde la fecha de solicitud de adhesión se emplearán US$204.544.000, “cumplimentándose el 40% del monto mínimo de inversión definido para el sector de energía”.

Asimismo, quedó estipulado que de la inversión total, unos US$94.076.795 serán abonados a proveedores del exterior, mientras que la suma restante de US$117.523.278 será cancelada a proveedores locales. Además, se fijó que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de enero de 2027.

En el análisis realizado para determinar la viabilidad de la inversión, el Banco Central consideró que la misma “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni tampoco resulta significativo su impacto en las reservas internacionales” y también señaló que “no se considera que el proyecto pueda afectar negativamente, por sus efectos cambiarios, los objetivos de desarrollo económico y estabilidad financiera”.

En paralelo, la entidad bancaria sostuvo que “en el caso que se diera la sustitución de importaciones planteada una vez que entra en producción, el balance cambiario resultaría positivo considerando los tres años iniciales del proyecto, ya que los gastos de operación a partir de la puesta en marcha son locales”.

Al mismo tiempo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Secretaría de Energía evaluaron la iniciativa y concluyeron que la misma “cumple con los requisitos y objetivos del RIGI”.

La resolución completa

De acuerdo al sitio web de YPF Luz, el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado 1” estará ubicado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí. “El proyecto está ubicado en una zona de alta radiación y se estima que tendrá un factor de capacidad de 31.4%. Contará con más de 330.000 paneles bifaciales de última generación, instalados en una superficie de 350 hectáreas. La potencia instalada será de 200 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 180.000 hogares y evitará la emisión de más de 298.000 toneladas de dióxido de carbono al año”. 

Qué dice el comunicado de Economía

“A través de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto ”Parque Solar El Quemado y Anexos“, que se desarrollará en localidad de Jocolí del departamento Las Heras de la provincia de Mendoza. El proyecto de Luz de Campo SA / YPF Luz contará con una inversión de USD 211 millones y generará una capacidad instalada de 305 MW.

En este sentido, el plan de inversión presentado se desarrollará en dos etapas y proveerá energía bajo un factor de carga del 31,4 %. Asimismo, Luz de Campo SA / YPF Luz informó que que la totalidad de la inversión se aportará en en los próximos dos años.

En la misma línea, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), procederá a generar un CUIT especial para Luz de Campo SA / YPF Luz, así como también a la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros del RIGI. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitará los incentivos cambiarios previstos. También, se aprobó el listado de mercaderías y/o servicios que se podrá importar para desarrollar el proyecto.

El RIGI es una herramienta de largo plazo para proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos preexistentes que representen inversiones significativas para la economía nacional que de otro modo no se desarrollarían. Este Régimen contempla el otorgamiento de incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos.

De esta manera, el Régimen se enmarca en la política que lleva adelante el Gobierno Nacional como herramienta para fomentar el desarrollo económico, productivo y social de la Argentina, generando las condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para atraer Grandes Inversiones al país a través de la promoción del desarrollo de sectores estratégicos y el adelantamiento temporal de soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales no podrían desarrollarse con el dinamismo deseado“.

Con información de agencias.

IG

En 2019, cuando ya era famoso panelista de televisión, Javier Milei llamó “héroes” a los evasores. En abril pasado, en el hotel Llao Llao de Bariloche, ante los principales empresarios del país, usó el mismo calificativo para quienes fugaban su plata de la Argentina. Antes y después de asumir la presidencia ha dicho que los impuestos son un “robo”, pero ahora los cobra y los necesita para su déficit fiscal cero. Sin embargo, ha adoptado en estos diez meses de gobierno una batería de medidas que expertos tributarios consideran un incentivo para los evasores, sus héroes.

La disolución y ajuste de personal en la AFIP

Que esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos haya adoptado el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone el énfasis en “recaudar”, pero no en la función de “fiscalizar”, advierte el contador Ricardo Koss, exfuncionario de la Dirección General Impositiva (DGI).

Pero no se trata sólo de una cuestión nominal. También hay polémica por el despido de 3.100 agentes que, según el gobierno de Milei, entraron en la administración anterior, pese a que la planta en realidad subió de 21.934 en 2019 a 22.114 en 2023, es decir, en 180 empleados, un 0,8%. Eso sí, en 2022 había bajado a 20.858, con lo cual entraron 1.256, un 6%, el último año del gobierno anterior, es decir, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y Carlos Castagneto, jefe de AFIP.

Más allá de la polémica sobre 2023, lo que preocupa a Koss o al economista experto en asuntos impositivos Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata, es que disminuya la planta de inspectores. Eva Sacco, directora del programa de justicia fiscal de la Fundación SES, advierte que el gasto promedio de la AFIP en relación al PBI, del 0,25%, era similar al de Portugal, pero el personal dedicado a los grandes contribuyentes era sólo el 3% del total, frente al 4% en EE UU y Chile, el 5% en Uruguay o el 13% en Países Bajos. “Despedir una gran cantidad de personal con experiencia no solo desmantela las capacidades recaudatorias sino que los libera para poner esas capacidades en manos de los grandes estudios contables y de abogados que trabajan con las grandes empresas y patrimonios”, comenta Sacco. “Aunque puede resultar un discurso tentador, reducir hasta en 3.000 trabajadores va a derivar en una mayor injusticia fiscal. Para sostener la misma recaudación con menos capacidades técnicas es necesario incrementar la presión sobre los sectores de menores ingresos. Estos sectores cuentan con menos poder de presión y acceso a especialistas y facilitadores”, agrega la economista.

La rebaja salarial de los inspectores

En la AFIP los empleados cobraban un fuerte plus por lo que recaudaban. Ya no lo harán. Los sindicatos de la DGI y la Aduana reconocen que los trabajadores del primer organismo cobraban de $2,2 millones a 3,9 millones y los del segundo, de 1,1 millones a 3,6 millones y sólo 17 altos cargos jerárquicos puestos por los gobiernos de turno se llevaban entre $17 millones y 30 millones, y ahora cobrarán como máximo 5 millones, como un ministro.

El economista Valerdi advierte sobre la rebaja salarial: considera que puede llevar a la inacción de los inspectores en las pujas contra grandes contribuyentes, batallas que demandan más esfuerzo y traen dolores de cabeza, y a concentrarse en los pequeños, o incluso podría haber incentivos a corromperse por parte de los evasores. “Puede volver la DGI corrupta que había hasta los años 80, antes de la profesionalización de los 90. Y ni hablar de la Aduana, que hasta ahora ha estado bajo sospecha”, alerta el profesor de La Plata. No es gratis enfrentarse a los poderosos: cuando en 2017 el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, avanzó contra Mercado Libre por presunta evasión porque supuestamente estaba mal encuadrada en el régimen de incentivo del software, el presidente Mauricio Macri lo removió y puso en su lugar a Leandro Cuccioli, que en julio pasado, cinco años después de dejar el cargo, asumió como vicepresidente de la empresa de Marcos Galperin en México.

El blanqueo de capitales

Koss, Valerdi, Sacco y Alejandro Gaggero, investigador de la Universidad de San Martín e integrante del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coinciden en señalar que el perdón de los impuestos sin pena alguna que promovió el Gobierno y que aprobó el Congreso, con apoyo de la oposición dialoguista, constituye un premio a los evasores y sin ningún beneficio a los cumplidores, a diferencia de lo ocurrido en la amnistía tributaria de 2016/2017. Gaggero además señala que es el octavo blanqueo desde el regreso de la democracia y ningún otro país hizo tantos en estos 41 años. Recuerda que en general se recomienda que estos perdones sean excepcionales y sean acompañados por un mejoramiento del control para evitar la evasión a futuro. Tantos blanqueos llevan a pensar a los evasores que siempre habrá otra oportunidad de registrarse más adelante. Gaggero agrega que este sinceramiento ofrece además condiciones “excepcionalmente” favorables, porque permite blanquear sin pagar nada, a diferencia de los del pasado.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI, que también impulsó el Ejecutivo y recibió el respaldo de la oposición dialoguista, elimina los requisitos de presentación de documentación de precios de transferencia, que son los de las exportaciones e importaciones. Si bien las empresas deberán presentarlos en caso de inspección, su falta de información rutinaria torna más difícil el análisis de riesgo, según una especialista en tributación internacional que prefiere el anonimato. Además, advierte que las compañías tampoco deberán presentar las declaraciones juradas de ventas de exportaciones (DJVE) y no serán objeto sus importaciones ni exportaciones de precios de referencia para establecer valor.

La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones son clásicos métodos de evasión tributaria en el mundo. Se factura de menos el envío al exterior, para encubrir ganancias y pagar menos impuesto, al tiempo que se cobra lo restante en algún paraíso fiscal. A su vez, se sobrefactura la compra desde el extranjero, para inflar los gastos, acotar los beneficios y tributar menos, mientras que ese dinero de más se gira a una cuenta en una guarida fiscal del mismo grupo empresario y desde allí recién se transfiere lo correspondiente a la adquisición.

También estas operaciones de comercio exterior fraudulentes se hacen entre filiales del mismo conglomerado en distintos países. Por último, el RIGI permite que, en relación con el impuesto a las ganancias, los quebrantos podrán ser deducidos de beneficios futuros sin limitación en el tiempo, y podrán ser transferidos a terceros, lo que podría alentar a la declaración de falsas pérdidas de manera continua.

Eliminación de valores de referencia de las exportaciones

Lo resolvió esta semana la Aduana, antes de que el abogado Eduardo Mallea deje su jefatura en manos de José Velis, y fue festejado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la red social X: “Damos por finalizado el uso de los valores de referencia para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción.

Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones. Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.

Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía. A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público“. No obstante, la experta en tributación internacional señala que el valor de referencia eliminado servía como un ”determinante de riesgo“ de evasión que ahora será eliminado. Señala que países desarrollados los requieren para evitar precisamente la subfacturación de exportaciones. De todos modos, admite que la DGI sigue contando internamente con precios de referencia para determinar si se ha facturado de menos, con lo que si quiere, puede continuar controlando.

AR