Poco después de asumir el cargo en 2023, el presidente Javier Milei anunció una iniciativa para atraer grandes inversiones al país. Dirigida a empresas nacionales o extranjeras dispuestas a invertir más de US$200 millones en el país, los beneficios que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluyen exenciones fiscales y ventajas cambiarias y aduaneras.

El RIGI, aprobado por el Congreso en julio de 2024 y en vigencia desde octubre, ya cuenta con 11 proyectos de inversión presentados por empresas nacionales y extranjeras por un total de US$15.500 millones en promesas de inversión, según fuentes del Ministerio de Economía. De esos proyectos, cuatro ya fueron aprobados por el gobierno y los demás esperan respuesta. La mayor parte se centran en energía y minería.

La expectativa del gobierno es que las ventajas cambiarias, aduaneras y fiscales del RIGI propicien un boom de las exportaciones energéticas y mineras para expandir la economía. Sin embargo, especialistas consultados por Dialogue Earth para este artículo advierten que el RIGI no ha atraído tantas propuestas de inversión nuevas como podría parecer, y que podría suponer un riesgo de desindustrialización interna al fomentar la importación de determinados equipos necesarios para estos proyectos. Además, sostienen que el RIGI no contempla la protección del ambiente en sus artículos e incluso se prioriza el acceso de parte de las empresas a recursos estratégicos, como el agua.

“Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, sostiene la ONG argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un análisis del RIGI.

Beneficios del RIGI

El RIGI apunta a captar inversiones en los sectores forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Los proyectos cuentan con 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria y ante cualquier controversia que surgiera con el Estado, las empresas pueden recurrir a tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). Además, las autoridades provinciales y municipales de Argentina pueden ofrecer sus propios beneficios a los posibles inversores, además de los ya garantizados a nivel nacional.

Máximos referentes de los sectores beneficiados por el RIGI manifiestan un fuerte apoyo a la política. Por ejemplo, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE) y la tercera persona más rica de Argentina, manifestó recientemente que Milei “está trabajando fuerte para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros recursos energéticos, así como de las obras de infraestructura relacionadas a ello”.

En cambio, representantes de la industria manufacturera nacional advirtieron sobre el impacto negativo del RIGI. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) sostuvo en un comunicado que la política “atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”. Esto se debe a que las empresas pueden importar bienes de capital e insumos sin aranceles en el marco del RIGI.

Infraestructura energética

Hasta ahora, hay solo cuatro proyectos aprobados de los 11 presentados en el marco del RIGI.

El primero es el liderado por la empresa petrolera estatal argentina YPF junto a Empresa Mendocina de Energía (EMESA) para desarrollar el parque solar El Quemado, en Mendoza, de 305 MW de potencia, con una inversión de US$211 millones según fuentes gubernamentales.

El segundo es la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur por un total de US$2.486 millones para el transporte de petróleo extraído del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, y la exportación en una futura terminal marítima en la zona de Punta Colorada en Río Negro. El proyecto, que podría estar operativo en el cuarto trimestre de 2026, es llevado adelante por YPF en alianza con las petroleras Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina. Horacio Marín, CEO de YPF, calificó a Vaca Muerta Oil Sur como “un antes y un después para la industria”.

“El sector hidrocarburífero experimenta una pujanza que se diferencia del resto de la economía, basada en el fomento a la exportación por parte del tanto del gobierno como de YPF”, explica Juan José Carbajales, experto del sector de petróleo y gas y director de la consultora Paspartú.

Otro proyecto que permitiría expandir a la industria de los combustibles fósiles, también aprobado, es la construcción de la infraestructura necesaria para amarrar en la costa de la provincia de Río Negro dos buques de licuefacción de gas. Ello permitiría exportar Gas Natural Licuado (GNL) a partir del recurso extraído de Vaca Muerta.

Inversiones mineras

Otro foco de inversiones del RIGI es en el sector minero. De los 11 presentados, seis pertenecen a este rubro y solo uno fue aprobado: la inversión de Río Tinto, por US$2.724 millones, para ampliar su proyecto Rincón de Litio en Salta, provincia del norte argentino.

También en Salta, la empresa minera surcoreana Posco ha propuesto una inversión de US$633 millones para ampliar su proyecto de litio Sal de Oro. El tercero en esta provincia es una propuesta de US$273 millones de la china Ganfeng Lithium para construir la planta de litio Pozuelos-Pastos Grandes, que actualmente se encuentra en fase de ingeniería.

Otro proyecto presentado en el sector del litio es el de la empresa australiana Galán Lithium, que implicaría una ampliación de la explotación de Hombre Muerto Oeste en la provincia de Catamarca, por US$217 millones.

En tanto, en minería de oro aparece el proyecto de la empresa Minas Argentinas en San Juan, en el centro-oeste del país, que implicaría una inversión de US$1.000 millones, Incluiría, además de la mina de oro, producción industrial de cal y un parque solar. También en San Juan, está la propuesta de la mina de cobre Los Azules, una colaboración de las empresas McEwen Cooper, la automotriz Stellantis y Rio Tinto, a partir de una inversión de US$227 millones.

En el caso de la minería, los beneficios del RIGI se complementan con un régimen promocional específico que fue aprobado por ley en la década de 1990 y que contempla facilidades similares a las ahora extendidas hacia otros sectores de la economía.

Consultado sobre la necesidad de esta doble promoción minera, Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, consideró que el RIGI representa un “sobreseguro” para las empresas: cuanto más haga el gobierno para persuadir a los inversores internacionales de que elijan Argentina para sus proyectos, mejor. “Algunos dicen que el RIGI es incluso más de lo que las empresas piden, pero lo cierto es que este tipo de grandes inversiones están debatiendo destinos y entonces así aumenta el atractivo nacional”, agrega de los Ríos.

Guido Bambini, investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostiene que muchos de los proyectos presentados ya estaban en carpeta y, lógicamente, cuando apareció la posibilidad de RIGI, se frenaron y se inscribieron una vez que entraron en vigencia los beneficios. “Es decir, no ha traccionado proyectos nuevos”, agrega.

Desprotección del ambiente

En el texto de la ley de aprobación del RIGI, no hay ninguna mención respecto de la protección del ambiente. Tampoco en la reglamentación del régimen. Es decir, no se contempla la variable ambiental a la hora de ponderar los beneficios de un proyecto para el otorgamiento de los beneficios, así como tampoco se tiene en cuenta situaciones de vulneración del ambiente para definir el cese de los privilegios.

Los pasivos ambientales, que son un riesgo de los grandes proyectos extractivos, como la minería, no son mencionados. “El propio Código de Minería de los ’90 estableció un capítulo ambiental. En el RIGI no hay alusión al tema”, indica Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Entre las críticas que realiza FARN está el artículo 193 del RIGI, que indica que los proyectos adheridos al régimen “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones […] en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda”.

“En los proyectos de megaminería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. Si el agua escasea en ese territorio, como muchas veces sucede, el abastecimiento de la población local se vería relegado”, explica Nápoli.

El interés de China

El gobierno se mostró especialmente interesado en promocionar el RIGI entre empresas chinas, considerando que China es el segundo socio comercial de Argentina. Por ello, el Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, lideró una visita al país asiático para mantener tratar de avanzar en acuerdos de inversión de parte de empresas chinas.

Sin embargo, de acuerdo al director del Consejo Argentino-Chino (CAC), Ernesto Fernández Taboada, “no se ha notado hasta el momento gran movimiento de parte de las empresas chinas respecto del RIGI”. Esto se encuadra en un contexto global que si bien registra un incremento de las inversiones chinas dentro de su estrategia global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cual Argentina forma parte, la porción recibida por América Latina está en caída.

Para Norma Ramiro, directora de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Asia, el RIGI despierta mucha atención en inversores extranjeros por la seguridad jurídica que provee. “Empresas de China, pero también de Corea, Japón, India y Canadá son favorables a presentar proyectos. Sin embargo, hay aspectos que hacen que el proceso sea lento, como por ejemplo el hecho de que este año es electoral y también la presencia de las restricciones cambiarias”, agrega.

El régimen estará abierto para nuevas propuestas de inversión hasta agosto de 2026. Mientras tanto, se espera que el gobierno avance en los próximos meses en la aprobación de algunos de los proyectos ya presentados.

Este artículo fue originalmente publicado en Dialogue Earth.

El Comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó hoy el primer proyecto minero, en el que se invertirán US$ 2.700 millones.

Se trata de Rincón de Litio, en Salta, donde la empresa Rio Tinto aumentará la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará a mediados de este año.

Así lo anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco del evento ArminerA, que agrupa a las principales empresas del sector. 

“Esperemos que sea el primero de varios”, dijo González, en el marco del evento organizado por IDEA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Rincón de Litio es el cuarto proyecto RIGI que se aprueba, pero el primero del sector minero de los siete que se presentaron desde que entró vigencia el régimen de beneficios fiscales y cambiarios, en octubre del año pasado.

Rio Tinto es la segunda empresa minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales del año pasado. 

Opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy.

Con información de agencias.

IG

En la campaña electoral de 2023, la entonces secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, preguntó en una recorrida por el conurbano a quién iban a votar los vecinos de una villa que ella estaba urbanizando y le respondieron por Javier Milei. “Lo que ustedes están haciendo es lo que deben hacer, no los vamos a votar por eso”, contestó uno, cansado de la inflación. Tenía razón. Pero después llegó el economista libertario a la Casa Rosada y paralizó las obras de la Secretaría de Vivienda, incluidas de las de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.

Y este 23 de enero en un webinar de la Universidad de Princeton el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que se eliminaba directamente la Secretaría de Vivienda porque el gobierno nacional sólo debía contribuir en esa política reduciéndose y asegurando estabilidad económica y, por tanto, era una de las áreas de las que debía apartarse para dejarlas en manos del mercado, las provincias o los municipios. La noticia se conoció porque el mayor multimillonario del mundo y futuro secretario de Eficiencia Gubernamental de EE UU, Elon Musk, tuiteó ese tramo de la exposición en su red X.

“No aplaudas a un gobierno por hacer obras con tu dinero, es como aplaudir al cajero ATM, por darte tu dinero”, tuiteó cinco días después el asesor presidencial Santiago Caputo. Ya nadie aplaudirá por viviendas hechas por la Nación, como en los 80 años previos. Habrá que encomendarse a los gobernadores e intendentes, también bajo ajuste, o al mercado, que ofrece por ahora créditos hipotecarios para la clase media alta.

En Estados Unidos hay un Departamento (Ministerio) de Vivienda y Desarrollo Urbano. En Alemania, un Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbanístico y Construcción. En Reino Unido, uno de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Locales. En Francia, uno de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. En Canadá, uno de Vivienda, Infraestructura y Comunidades. Son cinco de las siete potencias desarrolladas del G7, países con mucho mercado, pero también con gobiernos nacionales que definen políticas de vivienda social, ya sean que las ejecuten por mano propia o a través de jurisdicciones estaduales o locales. Hay naciones ricas como Países Bajos, Austria y Dinamarca donde más de las 20% de las viviendas son sociales.

No por nada, a tono con estos tiempos violentos, el exministro de Economía Martín Guzmán dejó la moderación y calificó por X la idea de Sturzenegger de “tremenda estupidez”: “¿El mercado le va a resolver el problema de la vivienda a un pibe de 5 años que crece en condiciones de hacinamiento?”. Consultada por elDiarioAR, la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, que cambió villas en barrios como con la Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita, también critica a Sturzenegger: “La Secretaría de Vivienda tenía un modelo de intervención que era inescalable y había que cambiarlo, pero el mercado solo no va a resolver el tema”.

En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que dirige Rodolfo Aguiar, se preguntan cuál será el próximo organismo que despedirá personal después de que en diciembre el Ministerio de Justicia echara a 2.400 empleados y en enero, el de Salud, a 1.400. “Sobran a patadas empleados públicos por todos lados. No hay que parar de echarlos y a la calle. Son un robo a la gente de laburo que paga impuestos”, escribió en X el diputado José Luis Espert, el mismo que también quiere erradicar la industria automotriz argentina: “Habría que importar todos los autos”.

En Salud hay mesas de negociación por sector, desde el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) hasta el hospital de salud mental Bonaparte, pero no progresan. Ya hace un mes, antes de la nueva ola de cesantías, había habido rajes en el PAMI, diálogo con ATE para suspenderlos, pero después el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, llamó al jefe de la obra social de los jubilados, Esteban Leguízamo, para amenazarlo con volarlo del cargo si había reincorporaciones.

En ATE temen despidos en organismos descentralizados, incluida la Autoridad Matanza Riachuelo (Acumar). Lo que sorprende es que la motosierra de Milei no toca a los camporistas instalados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ni a los massistas ubicados en la Secretaría de Transporte, así como tampoco jamás el Presidente denunció en la Justicia al exsecretario de Comercio Matías Tombolini por las supuestas coimas para importar que él vociferó en el Congreso. ¿Pactos tras las bambalinas?

El próximo martes, ATE se reunirá para definir el primer paro nacional de 2025: en 2024 ya hubo un día y medio de huelga por mes, pero eso no evitó los 37.000 despidos ni el atraso salarial. Sin embargo, especulan con que el rechazo social al discurso de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos contra el colectivo LGBT, el feminismo y los inmigrantes, con la marcha de este sábado, pueda replegar el ímpetu envalentonado del Presidente que venció por ahora la inflación y entonces se confían para ir por todo.

La diatriba en Suiza del jefe de Estado, principal aliado latinoamericano de Donald Trump, está en sintonía con la ideología que el regresado inquilino de la Casa Blanca quiere imponer en el mundo en su segundo mandato. Y las empresas reaccionan aquí y en el resto del planeta. Muchas compañías habían implementado en los últimos años programas y publicidades sobre diversidad e inclusión de mujeres, LGBT y otras minorías y ahora están a la deriva preguntándose qué hacer con ellos ante un discurso antiwoke que se expande como un huracán por las redes sociales. Por caso, Disney anunció en diciembre pasado que retiraba un personaje trans de una futura serie.

Dos por uno

Para el establishment local y mundial, a Milei se lo considera una “rockstar”, un modelo para otros países que pretenden ajustar el Estado y desregular el mercado. Grandes empresarios de aquí y de afuera se desviven por juntarse con él o ir a escucharlo a sus conferencias, aunque no todos están haciendo negocios al mismo ritmo. Están por un lado los que aprovechan lo que ellos llaman el “happy hour” del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que dura dos años, 2024 y 2025, y por tanto anticipa decisiones, así como quien se adelante a ir al bar para tomarse dos birras al precio de una.

A pesar de que Trump ya anunció que apostará fuerte a extraer petróleo y gas en EE UU, sin importarle la crisis climática, y que eso impacta a la baja de las cotizaciones mundiales de ambos hidrocarburos y retrasa aunque no desarticula el giro hacia los autos eléctricos, las apuestas en la Argentina por Vaca Muerta, el litio y el cobre buscan aprovechar la ventana que les ofrece el RIGI. El precio del oro blanco también lleva desde 2023 en baja y sin perspectivas de repunte. Pero el presidente de YPF, Horacio Marín, cerró una gira por India para conseguir contratos de exportación de gas natural licuado (GNL), mientras la australiana Galan, la británica Rio Tinto y la surcoreana Posco ya presentaron proyectos de litio en el RIGI y se especula con que los sigan pronto la francesa Eramet y Tecpetrol (grupo Techint). En cobre, en cambio, las mineras y el Gobierno insisten con modificar la ley de protección de glaciares para que se concreten en el periodo del RIGI las iniciativas para extraer el material clave para los cables de los autos eléctricos. Inversores energéticos y mineros destacan no sólo el happy hour sino la estabilización macroeconómica lograda con un brutal ajuste con apoyo popular, aunque quieren esperar a que ese respaldo se confirme en las urnas.

Gracias a la política energética de los anteriores tres gobiernos, de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la Argentina pasó del déficit comercial en la materia en 2022 al superávit en 2024 y se espera que ese saldo positivo llegue a US$8.300 millones en 2025. Sin embargo, consultores calculan que con la apreciación actual del peso –una de las bases para bajar la inflación junto con la motosierra– la balanza comercial del total de bienes quedaría este año con un rojo de 1.500 millones, a lo que hay que sumarles el déficit de servicios –incrementado por los viajes al exterior– y los pagos de intereses de la deuda.

Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita urgente el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y viajó de imprevisto a recibir su misión, pero el enviado, el venezolano Luis Cubeddu, se fue sin anuncios concretos y con la sola promesa de seguir conversando en las próximas semanas.

El tipo de cambio casi fijo es el motivo de discusión. Milei y Luis Caputo quieren liberarlo, pero sin saltos del dólar y la inflación. Hay US$10.000 millones de ganancias de multinacionales retenidas por el cepo desde 2019 esperando para ser giradas a sus casa matrices, según un relevamiento de la Fundación Capital, de Martín Redrado, que publicó el diario La Nación. No se descarta, sin embargo, que los US$11.000 millones del Fondo llegue entre marzo y mayo para liberar el control cambiario y que el alza de precios consiguiente impacte los primeros meses pero su estela no llegue a los comicios de octubre. Por eso, el Presidente y Santiago Caputo están obsesionados con eliminar las primarias de agosto, dado que para entonces sí continuaría el efecto de una eventual salida del cepo.

Las petroleras como YPF y Pan American Energy (PAE), dueña de la red Axion, niegan que por ahora vayan a despedir empleados por la norma que entró en vigencia esta semana y que permite el autodespacho de combustible. En Shell y Puma guardan silencio. No obstante, en algún momento comenzará el ajuste. En España, donde la carga de gasolina y gasóleo por mano propia comenzó en los 80, hay cuatro empleados por estación de servicio, frente a 12 en la Argentina. Algunos puestos de trabajo se compensarán con los que contraten en Vaca Muerta y sus exportaciones, pero ni la energía ni la minería pueden movilizar el empleo en todo el país. Se necesita del comercio, la industria y la construcción, tres sectores que siguen en crisis. En las empresas de estas áreas están obsesionados por ganar competitividad para sobrevivir a unos nuevos tiempos que les exigen un cambio de modelo de negocios, ya no basados en el proteccionismo y la alta inflación como antes. Está resignados a no esperar bajas tributarias ni devaluaciones del Gobierno. Es tiempo de echar empleados, pero no en todos los casos porque algunos necesitan contratar con la ilusión de repuntar. Sí de mantenerse firmes ante los gremios en la pauta salarial del 1% mensual que impuso el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para impedir traslados de aumentos a precios pero también para evitar que el sueldo en dólares suba tanto que se traduzca en despidos. Es tiempo también de invertir en robots e inteligencia artificial. Todo sea para ser más eficientes.

Los que también están preocupados por los costos son los usuarios de la Hidrovía del río Paraná, los exportadores, que reclamaron que se modifique el pliego de la licitación que cierra el 12 de febrero para que se ponga énfasis en el peaje. Las dragadoras DEME, de Bélgica, y Rohde Nielsen, de Dinamarca, apelarán la semana próxima, cuando termine la feria judicial, el fallo que durante las vacaciones de enero ratificó el proceso que ellas consideran a favor de la belga Jan de Nul, la que controla la Hidrovía desde 1995. Este cronista consultó a la embajada de Países Bajos por presuntas quejas al gobierno de Milei por la licitación, pero prefirieron no hacer comentarios. Es que la neerlandesa Boskalis está que brama y no se presentará a la contienda. En cambio, no se descarta que su compatriota Van Oord lo haga, aunque sin muchas chances de vencer a Jan de Nul. La dragadora actual necesita que al menos otro formule una oferta porque si no, Milei ha prometido que anulará la subasta. El Presidente suele hablar mucho de periodistas ensobrados, pero también los hubo, los hay y los habrá entre funcionarios y empresarios.

AR/MG

El Gobierno oficializó este miércoles la aprobación del primer proyecto que ingresará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto apenas superior a los US$211 millones, mediante la Resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La inversión que obtuvo el aval gubernamental definitivo al cumplimentar todos los pasos previstos es el “Parque Solar El Quemado y Anexos” por una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW), que se desarrollará en la provincia de Mendoza por la empresa Luz del Campo S.A. - YPF Luz (la división de energía eléctrica de YPF).

La implementación de la iniciativa se llevará a cabo en dos etapas. En la primera se avanzará con la instalación de paneles solares bifaciales en 350 hectáreas por una capacidad instalada de 200 MW, mientras que en la segunda instancia se prevé completar la capacidad total planeada.

Tras el anuncio del Ministerio de Economía, su titular, Luis Caputo, lo celebró en X: “Se aprobó oficialmente el primer RIGI. Vamos con todo este 2025”, posteó el funcionario al dar a conocer el comunicado oficial de su cartera.

El proyecto implica una inversión total de US$211.600.072, de los cuales en el primer y segundo año contados desde la fecha de solicitud de adhesión se emplearán US$204.544.000, “cumplimentándose el 40% del monto mínimo de inversión definido para el sector de energía”.

Asimismo, quedó estipulado que de la inversión total, unos US$94.076.795 serán abonados a proveedores del exterior, mientras que la suma restante de US$117.523.278 será cancelada a proveedores locales. Además, se fijó que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de enero de 2027.

En el análisis realizado para determinar la viabilidad de la inversión, el Banco Central consideró que la misma “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni tampoco resulta significativo su impacto en las reservas internacionales” y también señaló que “no se considera que el proyecto pueda afectar negativamente, por sus efectos cambiarios, los objetivos de desarrollo económico y estabilidad financiera”.

En paralelo, la entidad bancaria sostuvo que “en el caso que se diera la sustitución de importaciones planteada una vez que entra en producción, el balance cambiario resultaría positivo considerando los tres años iniciales del proyecto, ya que los gastos de operación a partir de la puesta en marcha son locales”.

Al mismo tiempo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Secretaría de Energía evaluaron la iniciativa y concluyeron que la misma “cumple con los requisitos y objetivos del RIGI”.

La resolución completa

De acuerdo al sitio web de YPF Luz, el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado 1” estará ubicado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí. “El proyecto está ubicado en una zona de alta radiación y se estima que tendrá un factor de capacidad de 31.4%. Contará con más de 330.000 paneles bifaciales de última generación, instalados en una superficie de 350 hectáreas. La potencia instalada será de 200 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 180.000 hogares y evitará la emisión de más de 298.000 toneladas de dióxido de carbono al año”. 

Qué dice el comunicado de Economía

“A través de la Resolución 1/2025 del Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional aprobó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto ”Parque Solar El Quemado y Anexos“, que se desarrollará en localidad de Jocolí del departamento Las Heras de la provincia de Mendoza. El proyecto de Luz de Campo SA / YPF Luz contará con una inversión de USD 211 millones y generará una capacidad instalada de 305 MW.

En este sentido, el plan de inversión presentado se desarrollará en dos etapas y proveerá energía bajo un factor de carga del 31,4 %. Asimismo, Luz de Campo SA / YPF Luz informó que que la totalidad de la inversión se aportará en en los próximos dos años.

En la misma línea, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), procederá a generar un CUIT especial para Luz de Campo SA / YPF Luz, así como también a la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros del RIGI. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitará los incentivos cambiarios previstos. También, se aprobó el listado de mercaderías y/o servicios que se podrá importar para desarrollar el proyecto.

El RIGI es una herramienta de largo plazo para proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos preexistentes que representen inversiones significativas para la economía nacional que de otro modo no se desarrollarían. Este Régimen contempla el otorgamiento de incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos.

De esta manera, el Régimen se enmarca en la política que lleva adelante el Gobierno Nacional como herramienta para fomentar el desarrollo económico, productivo y social de la Argentina, generando las condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para atraer Grandes Inversiones al país a través de la promoción del desarrollo de sectores estratégicos y el adelantamiento temporal de soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales no podrían desarrollarse con el dinamismo deseado“.

Con información de agencias.

IG

YPF anunció el inicio de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto atravesado por un fuerte reclamo de las comunidades costeras de Río Negro y Chubut. Tiene una extensión de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica. La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. 

La petrolera estatal –ahora bajo la gestión libertaria– se unió en lo formal a la empresa Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un consorcio de compañías que incluye a Vista Energy Argentina, Pampa Energía y Pan American Sur. La intención es comenzar la construcción del oleoducto de manera inmediata para que esté operativo en julio de 2027. 

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo. Según publicó elDiarioAR en su momento, YPF aseguró que tendría todos los permisos ambientales aprobados.

Ahora la compañía dio un paso concreto para llevar adelante el proyecto: informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la reunión de directorio de VMOS celebrada el viernes pasado, donde se aprobó por unanimidad la construcción del oleoducto. La sede de YPF fue el epicentro del encuentro que reunió a los ejecutivos más importantes de las compañías participantes, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina; y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron, según consignó el diario Clarín.

La creación formal de Vaca Muerta Sur está atada a la gestión de Javier Milei, ya que el proyecto fue el primero en plegarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se anotó el 15 de noviembre. Según el anuncio oficial, significa una inversión de US$ 3.000 millones.

El proyecto incluye una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se prevé una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios. La estatal YPF tendrá una capacidad de transporte comprometida de 120.000 barriles por día.

El conflicto ambiental

A mitad de este año, el obispo Álvarez de Rawson se hizo eco del reclamo de diversas ONGs, ambientalistas y vecinos de Chubut y le envió una carta directamente al gobernador donde le preguntaba si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

“Ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, cuestionaba Álvarez en su misiva del 31 de julio.

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta comienzos de este año era Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF. En el Golfo San Matías, el puerto de destino del oleoducto estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. 

MC

El gobernador Martín Llaryora envió hoy a la Unicameral el proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) previsto en el Título VII de la Ley N° 27.742.  

El texto destaca que la provincia de Córdoba se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.   

A principios de mes, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado el carácter superador del proyecto local, al afirmar que este “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.  

En efecto, el proyecto de ley enviado hoy a la Unicameral añade, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.   

Además, la adhesión de Córdoba al RIGI incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1” de la norma sancionada por el Congreso Nacional, sostiene el texto que lleva la firma del gobernador Llaryora.   

Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo” 

Finalmente, el proyecto de ley invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, o R.I.G.I., aprobado dentro de la Ley Bases, le otorgó una serie de descomunales concesiones a las inversiones de 200 millones de dólares o más en la industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Entre ellas, estabilidad fiscal, tributaria, cambiaria y jurídica por 30 años; importantes exenciones en ganancias e IVA; libre disponibilidad de las divisas. Como se dice en la calle, suculentos beneficios a los que pongan como mínimo 200 palos verdes para apropiarse de nuestros bienes naturales sin obligación de dejar nada de ello para el país. Pero estos no son los únicos palos con los que viene el RIGI. Un mes después de su promulgación, a principios de septiembre el gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución N° 893/2024 del Ministerio de Seguridad que dispone la creación del llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva.

Como lo señala la propia resolución ministerial, dicho Comando busca impedir los cortes de ruta o acciones de protesta que traben el funcionamiento comercial y productivo de los puertos de Bahía Blanca, San Lorenzo y Timbues –estos dos últimos de la zona de Rosario- que es por donde se exporta, entre otras cosas, los frutos del agronegocio; las zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta; las zonas de los emprendimientos megamineros; y los parques industriales. No requiere ninguna explicación sesuda, son los sectores ofrecidos al gran capital por el RIGI. Lo reitera la misma resolución cuando justifica la medida de otorgar una “seguridad especial” a ciertas empresas por “su gran contribución al crecimiento del país”, por el “volumen de su producción, a la magnitud de su aporte” o el “alto valor de sus productos”. Y lo aclara el propio Ministerio cuando señala, según informa el diario La Nación, “que en las zonas mencionadas en la resolución, el polo petroquímico de Bahía Blanca, la zona portuaria de San Lorenzo, una de las más importantes vías de carga fluvial de granos, y el área de hidrocarburos de Vaca Muerta se instalarán posiciones de fuerzas federales para tener una rápida capacidad de despliegue y mejor coordinación con las unidades de las policías provinciales” (Gallo, 2024). Así, no se trata sólo de la unificación de mando y articulación de un conjunto de fuerzas federales (la policía federal, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria) y provinciales, incluso con su vinculación con las áreas y servicios de inteligencia; sino que se prevé desplazar y ubicar destacamentos especiales de las fuerzas federales en los territorios y actividades a proteger. 

Ciertamente, no es el primer Comando unificado de las fuerzas de seguridad que se crea en el país. En 2020 se creó el Comando unificado de Rosario; en 2022 el de Villa Mascardi; en 2023 el del Conurbano. A fines de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno de Milei y la Ministra de Seguridad Bullrich, se constituyó el Comando Unificado Urbano para actuar en la Ciudad de Buenos Aires días después de la entrada en vigencia del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, bautizado como el “protocolo antipiquetes. Fue entonces su contracara operativa, como lo es el de hoy con el R.I.G.I. 

Luego, el nuevo gobierno pretendidamente libertario sancionó otros comandos unificados; pero éste es el primero que no tiene por objeto, aunque sea de modo retórico, asegurar o mejorar la seguridad de la población o los ciudadanos sino que, explícitamente, se dirige a proteger una serie de enclaves productivos. Con sus diferencias, rememora ese pasaje oscuro de la historia argentina cuando bajo la aplicación de la ley antisubversiva al activismo sindical, estigmatizado como “guerrilla fabril”, se reprimió violentamente la acción de los trabajadores de la planta de Acindar de Villa Constitución abriendo el sino trágico que, pocos meses después, la dictadura descargaría sobre el movimiento obrero y popular. No hay que olvidar que más del 60% de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores y militantes sindicales. Pero, como lo escribiera Rodolfo Walsh en esos tiempos, “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada” (Walsh, 2013). Y así, las sucesivas olas neoliberales desindustrializaron el país; hicieron, para el movimiento popular, del barrio la nueva fábrica; y construyeron un modelo económico basado en la apropiación privada, explotación y exportación de los bienes naturales, eso que se llama extractivismo y que el gobierno de Milei viene a profundizar. En una contribución reciente hemos examinado esta ofensiva extractivista actual, el papel del R.I.G.I., y sus consecuencias de saqueo y destrucción socioambiental (Seoane y Hayes, 2024). Aparece aquí la cara represiva y violenta que requiere tamaño despojo; y así la “guerrilla fabril” de otrora, se troca en el “ambientalismo” de hoy. 

O en los “extremistas veganos anarquistas” que la ministra Bullrich sindicó livianamente como autores del reciente envío explosivo al presidente de la Sociedad Rural. Bajo estas estigmatizaciones, se trata en realidad de las poblaciones afectadas por estos emprendimientos, trabajadores, vecinos, comerciantes, jóvenes; y también, basta leer bien la resolución, de los trabajadores portuarios, aceiteros, petroleros, etc.

Existe otra peligrosa similitud que puede señalarse entre lo acontecido en los años 70 y la actualidad. En su exposición en la reciente 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizó en la ciudad de Mendoza, la ministra Bullrich señaló respecto del accionar de este Comando Unificado que “se están armando sistemas de monitoreo integrados con las empresas para poder tener online información, coordinando el trabajo con las secretarías de transporte, de energía, de industria, AFIP-Aduana y otras áreas del Ministerio de Economía con competencia” (Gallo, 2024). También en los años 70 la represión al activismo sindical se coordinó con las empresas, sus gerencias y sus cuerpos de seguridad; y en sus predios funcionaron incluso los primeros centros de detención; allí están las causas judiciales y los condenados civiles de Acindar, Mercedes Benz, Molinos Ríos de la Plata, Ledesma, La Veloz del Norte. ¿Este nuevo comando unificado pretende articular las fuerzas de seguridad estatales y privadas, los servicios de inteligencia del estado y de las gerencias de recursos humanos?

Con casi diez meses de gobierno, resulta cada vez más clara la sombra oscura y amenazante que proyecta la política oficial sobre nuestro pueblo. El objetivo de una economía basada en el saqueo de nuestros bienes naturales, una economía de enclave, esa que castiga a pueblos africanos y latinoamericanos, que supone una sociedad en la que sobran dos tercios de la población. Un comando unificado del extractivismo y de la violencia que necesita para imponerse la libertad del gran capital.

José Seoane es Sociólogo. Profesor e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, F. Soc., UBA

El Gobierno nacional reglamentó este viernes el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que incluye proyectos que demanden un mínimo de US$ 200 millones como inversión e impacta en ocho sectores de la actividad económica.

Entre otras cosas, de acuerdo a los fundamentos del Gobierno, el RIGI “ofrece una serie de facilidades impositivas, de acceso a importaciones y al mercado de cambios, además del manejo de utilidades y flujo de fondos en el exterior”. La reglamentación se hizo oficial a través del Decreto 749/2024 que se publicó en el Boletín Oficial.

Los segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas.

La reglamentación aclaró que las inversiones en este último sector destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los US$ 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$ 600 millones.

Dentro de cada segmento además se indican actividades específicas: 

Sector de Turismo: servicio de hospedaje y alojamiento.

Sector de Infraestructura: construcción de estructuras físicas, redes y sistemas públicos o privados para logística y transporte (vial, terrestre, marítimo, fluvial, portuario, ferroviario, aeroportuario) y proyectos de esparcimiento.

Servicios públicos y esenciales: salud, educación, telecomunicaciones, defensa y seguridad.

Sector de Minería: prospección, exploración, desarrollo, extracción y explotación de minerales.

Sector de Tecnología: producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores como biotecnología, nanotecnología, movilidad, energía, industria aeroespacial, nuclear, software, robótica, inteligencia artificial, armamento y defensa.

Sector de Siderúrgico: industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones para producir productos primarios o elaborados.

Sector de Energía: generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, y otras energías bajas en carbono.

Sector de Petróleo y Gas: construcción de plantas, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petroquímica, licuefacción de gas natural y exploración/explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

A su vez, crea las figuras de:

- Registro de Vehículos de Proyecto Único (VPU) (son entidades como sociedades, sucursales o contratos que tienen como único objeto el desarrollo de un proyecto específico y deben ajustarse a las normativas correspondientes).

- Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo

- Registro de Proveedores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año.

Entre los beneficios más importantes habrá una reducción del impuesto a las Ganancias al 25%, se implementará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, los saldos de IVA se devolverán en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto al cheque crédito en Ganancias.

Asimismo, las empresas gozarán de exenciones en el pago de derechos de importación y durante los primeros tres años no se pagarán derechos de exportación.

El régimen también establece facilidades para la liquidación de divisas que ingresen por exportaciones que serán de 20% luego de dos años iniciada la inversión, 40% después de tres años y 100% luego del cuarto año.

En caso de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, los plazos son los siguientes:

Todos los detalles

Quirno, sobre el RIGI: “El sector privado es el único creador de riqueza”

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó este jueves que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), “contiene a las condiciones que queremos a futuro para toda la economía argentina”.

“El RIGI garantiza seguridad jurídica, acceso a divisas para el pago de dividendos, repatriación de utilidades, pago de financiamientos, acceso a exportaciones sin límites, entre otros beneficios”, dijo Quirno al exponer en el marco del “Argentina Business Council” organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

El Palacio de Hacienda informó que, durante el panel, que fue moderado por el vicepresidente senior del Departamento de las Américas de la Cámara de Comercio, Neil Herrington, el Secretario se refirió a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para ordenar la economía y fomentar el desarrollo del sector privado.

“El gobierno del Presidente Milei está sentando las bases para que el Estado se retire de los lugares que nunca debería haber ocupado. Estamos generando las condiciones para que el sector privado, que es el único creador de riqueza en la economía, pueda desarrollarse”, explicó Quirno.

Con información de agencias.

IG

A la velocidad de los tiempos que corren, el rapto chauvinista que invadió a Javier Milei y Victoria Villarruel en el entredicho con Francia por los cánticos racistas de la Selección viró a un pragmatismo in extremis que no duda en seguir enviando lingotes de oro del Banco Central a Londres ni en dejar flamear la bandera brasileña en una embajada argentina si lo cree necesario. Con la inflación a raya gracias a la recesión y al dólar clavado, Luis Caputo se aferra con uñas y dientes al “plan llegar”: este lunes despachará otro cargamento de lingotes hacia el Reino Unido y apuesta a que, entre los dólares que ingresen al país por el blanqueo y lo que pueda obtener al empeñar ese oro, las reservas alcancen para que el mercado no vuelva a doblarle el brazo como en 2018. 

El problema es adónde llegar. Si es a que gane Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de noviembre y a que vuelva a presionar para que el Fondo Monetario otorgue un nuevo préstamo al país en febrero o marzo, la advertencia del cubano-americano Mauricio Claver-Carone rompió la hoja de ruta. “Milei no es Macri. Trump fue socio de Franco, el padre de Mauricio. Con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, pero había una confianza y una relación de más de 30 años”, le dijo el jueves al portal El Observador, con sede en Miami. El principal gestor de aquel crédito récord de U$S50.000 millones para Macri también acusó a Milei de estar “gobernando como un peronista” y opinó que “la situación económica se está convirtiendo insostenible para el pueblo”.

El Presidente reaccionó airadamente y adjudicó esos dichos al “encono personal” de Claver-Carone con Guillermo Francos. El encono es real. Cuando el actual jefe de Gabinete de Milei era funcionario del peronismo, hace apenas dos años, impulsó su destitución como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por una “relación impropia” que inició con una empleada del mismo organismo, Jésica Bedoya, a quien dispuso subirle el sueldo dos veces en cuestión de meses. Pero aquel entuerto, que terminó por costarle el puesto, no hizo mella en su relación con Trump, quien difícilmente se escandalice por algo así. “Es millonario, tiene su base de apoyo en Florida y sigue siendo súper influyente en la rosca republicana”, dijo a elDiarioAR un peronista de fluido vínculo con Washington. “Dudo que se largue a decir algo tan fuerte en forma espontánea”, agregó el director que designó inicialmente Macri en el Fondo, Héctor Torres. 

La fibra que tocó Carone es sensible porque, de cumplir Caputo con lo que les juró a los traders que citó a Economía días atrás, el Central va a seguir perdiendo reservas. Ya se gastó U$S300 millones en intervenir para hacer bajar los dólares paralelos financieros y sacrificó U$S2.617 millones durante julio por vencimientos de deuda y pago de importaciones. Aunque sigue arriba de lo que tenía en enero, en lo inmediato solo le quedan las balas del blanqueo (espera que haga ingresar unos U$S2.000 millones) y del repo a cambio de los 7.000 lingotes que viajarán en total a Londres, contando los de este lunes (que aportaría entre 2.000 y 3.000 millones más). Los vencimientos de lo que queda de 2024 superan con creces la suma de ambos. 

La tercera pata del “plan llegar” ya se cayó. Era un acuerdo con las grandes multinacionales acopiadoras para que liquidaran sus tenencias de granos a cambio de una letra dolarizada emitida por el Tesoro. Lo gestionaron ante la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) el secretario de Producción, Juan Pazo, y el nuevo secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quienes hasta diciembre seguían convocando inversores para un fondo ganadero que en el mundillo agropecuario adjudican al mismísimo Caputo. “Si estás tan convencido de que la brecha se va a comprimir y el dólar oficial no va a subir, habilitanos una cuenta dollar linked para depositar los pesos de la liquidación y cubrirnos”, contrapropuso el jefe de CIARA, Gustavo Idígoras. Pazo le respondió que no. 

En agosto y septiembre, advierten desde las acopiadoras, la liquidación va a ser mucho más baja que en julio. El desplome de la soja en Chicago empeoró todo. De 300.000 toneladas por semana que llegaron a entrar a los puertos rosarinos en junio, el ingreso cayó a menos de 20.000 esta última. 

La licuefacción es un sueño eterno

Todos los demás dólares quedan demasiado lejos en el tiempo como para que Caputo pueda evitar que lo corra el mercado. Especialmente los que pueda aportar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo la megaplanta de licuefacción de gas que YPF y la malaya Petronas anunciaron su intención de emplazar en la localidad rionegrina de Punta Colorada, en vez de hacerlo en Bahía Blanca como se preveía hasta el año pasado. Es el proyecto que permitiría exportar como gas natural licuado (GNL) todo lo que pueda producir Vaca Muerta por encima de las necesidades de abastecimiento local. En YPF sueñan con que dentro de una década sume exportaciones por U$S30.000 millones al año. Otra Pampa húmeda. 

Más allá de las chicanas que intercambiaron Javier Milei y Axel Kicillof por esa decisión, la pregunta es si finalmente la planta se hará. Por ahora no tiene proyecto ejecutivo, plan financiero, socios nacionales productores de gas ni compradores externos asegurados. Con el riesgo país en 1.600 puntos, es poco más que una expresión de deseos. Tampoco está el gas disponible para que licúe ni hay previsto financiamiento para el gasoducto que lo llevaría hasta el Golfo San Matías, justo al lado de la Península Valdés. 

El propio dueño de Techint, Paolo Rocca, confesó haberse apresurado a contar los pollitos antes de que nazcan. “Probablemente fuimos demasiado optimistas con Milei al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo”, dijo esta semana en una conferencia con inversores de Tenaris, según publicó Bloomberg. “Argentina va a recuperar credibilidad y acceso al mercado, pero eso llevará un poco más de tiempo”, agregó. Fue tras presentar un balance que decepcionó a nivel global, que hizo que su acción cayera un 9%. 

Lo que sí está más maduro es el plan de Panamerican Energy (PAE) con la noruega Golar para traer el año próximo un barco licuefactor capaz de producir 2,5 millones de toneladas anuales de GNL, una décima parte de lo que aspira a escupir la megaplanta de YPF y Petronas. El buque va a requerir entre 10 y 11 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, una cantidad que sólo podría recibir durante los siete u ocho meses más cálidos del año, cuando los gasoductos desde Vaca Muerta tienen capacidad ociosa. Aunque también mira a Río Negro, la compañía de los Bulgheroni no confirmó aún dónde anclará. 

Lo difícil es proyectar cuántos dólares llegarán realmente al país. Como todos los proyectos de GNL podrán presentarse como vehículos de proyecto único (VPU) sujetos a los beneficios del RIGI, las compañías no tendrán la obligación de liquidar sus exportaciones en el país. Distinto es el caso de las exportaciones de petróleo, cuyos pozos igual se iban a perforar. Desde Economía ya avisaron que ahí el RIGI no corre. 

Sí gozarán de sus beneficios la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que esta semana anunciaron una operación conjunta para adquirir la mina Filo del Sol, en la provincia de San Juan, por U$S3.250 millones. La inversión ya se había anunciado varias veces –la última en 2021– e iba a hacerse tarde o temprano. En términos impositivos no cambia tanto porque la Ley de Minería del menemismo –que el kirchnerismo nunca modificó– funciona desde hace 30 años como un RIGI sectorial. Lo que les da el nuevo régimen son dos ventajas más: las exime de liquidar las divisas en el país y les habilita enjuiciar al Estado en tribunales extranjeros en caso de que en el futuro consideren afectados sus intereses.

Empobrecedores 

Mientras se cuecen esas habas, el drama social se agudiza. El viernes, el INDEC publicó las bases de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De ellas se desprende que, en el primer trimestre del año, la pobreza saltó del 45,2% al 55% de la población. Son los primeros cuatro millones y medio de pobres íntegramente atribuibles a la gestión de Milei, porque la cantidad de personas pobres en todo el país llegó a 25,9 millones. Lo calculó la consultora ExQuanti, que también informó un salto de la indigencia del 14,6% al 20,3%. Los que pasan hambre son 9,6 millones de argentinos, 2,8 millones más que quienes lo sufrían en diciembre. 

La pobreza es casi exactamente la que había estimado en mayo el equipo de Agustín Salvia en la Universidad Católica Argentina (UCA), pero ahora confirmada oficialmente. El salto de la indigencia es aún peor que cualquier proyección previa. El empobrecimiento fue tan vertiginoso que se rompió su estacionalidad: en los trimestres impares suele bajar siempre por efecto del aguinaldo, aun cuando muchos no lo perciban. Esta vez no.

Es la contracara de la Argentina del RIGI, de los vencimientos de deuda que se pagan puntualmente y de la quimera de Caputo para clavar el precio del dólar aun a costa de empeñar el oro que le queda al Central. También es el reverso del balance de Mercado Libre, que duplicó sus ganancias en el segundo trimestre y reportó una utilidad neta de U$S531 millones justo para su cumpleaños número 25. Un balance contra el que refunfuñan los bancos locales, que le encargaron a la ortodoxa FIEL un estudio sobre la regulación del sector que concluyó que hay “sobrerregulación” en la normativa bancaria, que eso perjudica la expansión del crédito y que “persisten asimetrías regulatorias que desnivelan la cancha” con las fintech como MercadoPago. 

No son los únicos. Con menos eco pero también patalean quienes venden a través de la plataforma, que le pagan a Marcos Galperin un 15,5% de comisión por cada venta y un sobrecargo de $900 si el producto vale menos de $10.000. Un fee que no distingue entre quienes cayeron bajo la línea de pobreza y quienes todavía se mantienen a flote en el paraíso libertario del magnate que se radicó en Uruguay para pagar menos impuestos y todavía no volvió a poner su plata donde está su boca, como se dice en inglés. 

AB/DTC

La Cámara de Diputados aprobó a fines de junio las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de negociaciones con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. 

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera. Además, se desreguló el funcionamiento del Estado “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, y se incorporaron flexibilizaciones laborales, algunas facultades delegadas para reconfigurar el Estado a gusto del Ejecutivo, nuevas reglas para el negocio del tabaco y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).

Así quedaron redactados en el Boletín Oficial este 8 de julio, a través del decreto 592/2024 y a horas de la firma del Pacto de Mayo, los 238 artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

Ley 27742

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS

TÍTULO I

Declaración de emergencia

Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.

TÍTULO II

Reforma del Estado

CAPÍTULO I

Reorganización administrativa

Artículo 2°- Establécense, como bases de las delegaciones legislativas dispuestas en el presente capítulo las siguientes:

a) Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común;

b) Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y

c) Asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Artículo 3°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente:

a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y

b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y aquellos organismos vinculados a la cultura.

En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Artículo 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la presente ley:

a) La modificación o transformación de su estructura jurídica; y

b) Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Artículo 5°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable.

En el caso de que, por decisión fundada de la autoridad competente, se resolviera liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado:

a) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser distribuido de conformidad con el régimen establecido por la ley 23.548 y sus normas complementarias y modificatorias;

b) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional; y

c) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados.

Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565 y ampliado y modificado por ley 27.637.

Artículo 6°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las instituciones de la seguridad social.

El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará: (i) conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo nacional; y (ii) bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa.

En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público nacional serán designados por el Poder Ejecutivo, según la propuesta del ministro referido en el párrafo anterior, cuando así corresponda.

Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo.

CAPÍTULO II

Privatización

Artículo 7°- Decláranse “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley.

Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

Artículo 8°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Además, deberá requerirse indudablemente el voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y

c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades.

Artículo 9°- Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ésta podrá únicamente: (i) organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; y (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Artículo 10.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a llevar adelante las privatizaciones autorizadas por la presente según los procedimientos y modalidades dispuestos en los capítulos II y III de la ley 23.696, debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por la presente.

Artículo 11.- Cuando en el marco de las autorizaciones de privatización declaradas por la presente ley se produzca la liquidación de empresas en las cuales el Estado nacional posea la totalidad de la participación societaria, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes;

b) En los casos en que bienes de titularidad de la empresa fueran insuficientes para cubrir los pasivos, se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas;

c) Los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y

d) La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Artículo 12.- El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión.

La reglamentación establecerá los plazos y modalidades específicas para garantizar la debida publicidad y difusión.

Artículo 13.- La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la ley 23.696, intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de las disposiciones de la presente ley.

A los efectos de cumplir con su cometido, la referida Comisión Bicameral deberá ser informada de:

a) La modalidad y procedimiento seleccionado conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17 y 18 de la ley 23.696;

b) Cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696;

c) Las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y

d) Toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización aquí previsto.

La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.

Artículo 14.- La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de ciento veinte (120) días hábiles. Este examen deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.

Artículo 15.- Sustitúyase el inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 por el siguiente:

2) Venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento.

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 18 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 18: Procedimiento de selección. Las modalidades establecidas en el artículo anterior se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del procedimiento de selección será justificada en cada caso, por la autoridad de aplicación, mediante acto administrativo motivado.

1) Licitación Pública, con base o sin ella.

2) Concurso Público, con base o sin ella.

3) Remate Público, con base o sin ella.

4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del país o del extranjero.

La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 20 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 20: Control. La Sindicatura General de la Nación tendrá intervención previa a la formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa pública en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, debiendo formular las observaciones y sugerencias que estime pertinentes.

El plazo para la emisión del informe será de quince (15) días hábiles a contar desde la recepción de las actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las observaciones o sugerencias formuladas deberán ser expresamente consideradas por el Poder Ejecutivo nacional y remitidas a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 22 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 22: Sujetos adquirentes. Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias.

Artículo 19.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 27: La autoridad de aplicación elaborará un coeficiente de participación, el cual deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría, el ingreso total anual del último año, actualizado, prorrateado con este criterio el monto total para esta categoría entre los empleados que decidan participar del proceso. Aquellos que opten por no participar durante el período establecido perderán cualquier derecho de reclamar su participación en el futuro.

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 23.696 por el siguiente:

Artículo 35: La Sociedad Anónima privatizada depositará en el banco fideicomisario los importes destinados al pago de las acciones previstos en el Acuerdo General de Transferencia y en los artículos 30 y 31 de esta ley. El banco pagará al Estado vendedor o a la autoridad de aplicación, en su caso, las anualidades correspondientes, por cuenta de cada uno de los adquirentes.

Artículo 21.- Deróganse los incisos 3, 4 y 5 del artículo 16 y los artículos 32 y 33 de la ley 23.696.

Artículo 22.- En todos los procedimientos previstos en los capítulos I y II, las empresas, sociedades u organismos involucrados:

(i) Quedarán exceptuados de cumplir con el régimen dispuesto por la ley 11.867; y

(ii) No les será exigible el monto de capital mínimo indicado en el artículo 186 de la ley 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.

Artículo 23.- Toda empresa u organismo con participación estatal total o mayoritaria deberá respetar los siguientes principios rectores:

a) Eficiencia: utilizar eficientemente los recursos propios y los que reciba de las partidas presupuestarias;

b) Transparencia: adoptar un rol activo en la publicación vinculada a su desempeño, adoptando las mejores prácticas de transparencia con sus accionistas y con la ciudadanía;

c) Integridad: adoptar y cumplir con las políticas destinadas a prevenir y castigar la corrupción y el fraude, y desarrollar procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos;

d) Generación de valor: maximizar el impacto de las empresas en la economía, generando valor económico y social a lo largo de toda la cadena del negocio;

e) Roles diferenciados: mantener por parte de los órganos de administración y de gobierno, de la independencia respecto de los funcionarios públicos en su rol de formuladores de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por la sociedad;

f) Controles eficientes: diseñar un sistema de auditoría y control que vigilen el cumplimiento de normas y legislación vigente pero que también cuenten con una arquitectura de control destinada a identificar y evaluar riesgos críticos y el impacto de las políticas corporativas.

CAPÍTULO III

Procedimiento administrativo

Artículo 24.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 1°: Ámbito de aplicación.

a) Las disposiciones de esta ley se aplicarán directamente a:

(i) La Administración Pública nacional centralizada y descentralizada, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales;

(ii) Los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, cuando ejerzan actividad materialmente administrativa.

b) También se aplicarán, en forma supletoria los títulos I, II y III a:

(i) Los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales y a personas privadas, cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales;

(ii) Los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales que se desarrollen ante los órganos y entes indicados en los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) precedente.

c) La presente ley no se aplicará a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras sociedades y demás organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga, directa o indirectamente, participación total o mayoritaria, en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Los entes mencionados en este inciso c), así como el Banco de la Nación Argentina y cualquier otra entidad financiera o bancaria de titularidad del Estado nacional, se regirán en sus relaciones con terceros por el derecho privado. El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, podrá, a petición del interesado, someter la controversia al ámbito del derecho público siempre que, para la solución del caso, conforme con el derecho en juego, resulte relevante la aplicación de una norma o principio de derecho público.

d) La presente ley será de aplicación a los organismos militares y de defensa y seguridad, salvo en las materias regidas por leyes especiales y en aquellas cuestiones que el Poder Ejecutivo excluya por estar vinculados a la disciplina y al desenvolvimiento técnico y operativo de las respectivas fuerzas, entes u organismos.

Artículo 25.- Incorpórese como artículo 1º bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 1° bis: Son principios fundamentales del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, la transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración. En función de ello, los procedimientos regidos en esta ley se ajustarán, además, a los siguientes principios y requisitos:

a) Tutela administrativa efectiva: los administrados tienen derecho a una tutela administrativa efectiva, que comprende la posibilidad de:

(i) Derecho a ser oído: de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos o a sus intereses jurídicamente tutelados, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente.

Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.

Cuando fuere exigible por norma de rango legal la realización de una audiencia pública, ésta se llevará a cabo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación aplicable. Dicho procedimiento podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate. El contenido de tales instancias participativas no será vinculante para las autoridades administrativas, sin perjuicio del deber de éstas de considerar las principales cuestiones conducentes allí planteadas, para el dictado de los pertinentes actos.

(ii) Derecho a ofrecer y producir pruebas: de ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la prueba que deba producirse, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. Todo ello deberá realizarse bajo el oportuno control de los interesados y sus profesionales, quienes además podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.

(iii) Derecho a una decisión fundada: que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, entre ellas la prueba producida, en tanto fueren conducentes a la solución del caso.

(iv) Derecho a un plazo razonable: que los procedimientos administrativos tramiten y concluyan en un plazo razonable, por decisión escrita y expresa. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

b) Impulsión e instrucción de oficio: la Administración deberá impulsar e instruir de oficio, sin perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones.

c) Celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia en los trámites. Gratuidad: los recursos y los reclamos administrativos deberán tramitar y sustanciarse íntegramente por el órgano de grado que deba resolverlos, excepto en el caso de recursos o reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo nacional.

Los trámites administrativos, incluyendo los recursos, reclamos y demás impugnaciones, serán gratuitos, sin perjuicio de la obligación del interesado de sufragar los honorarios que pudieren corresponder a sus letrados y representantes y a los peritos que él proponga.

Tanto la Administración como los administrados deberán obrar con buena fe y lealtad en el trámite de los procedimientos.

d) Eficiencia burocrática: los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.

La Administración podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes o bases estatales o mediante consulta a las plataformas de intermediación u otros sistemas habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramite el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez (10) días a contar desde la solicitud.

e) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.

f) Días y horas hábiles: los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse aquellos que no lo fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas.

g) Los plazos: en cuanto a los plazos:

(i) Serán obligatorios para los interesados y para la Administración.

(ii) Se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte.

(iii) Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación, en la que deberá hacerse saber al interesado los recursos administrativos que se pueden interponer contra el acto notificado y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si el acto agota la instancia administrativa. La omisión total o parcial de estos recaudos determinará automáticamente la invalidez e ineficacia de la notificación.

(iv) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días.

(v) Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, en caso de interposición de recursos que deban ser resueltos por un órgano superior del que dictó el acto, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. La omisión del cumplimiento de este plazo se considerará falta grave del funcionario que deba proceder a dicha elevación. Toda elevación de actuaciones será notificada a las partes del procedimiento.

(vi) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado; en caso contrario, el plazo quedará automáticamente prorrogado hasta dos (2) días después de que se haga efectiva la notificación de lo resuelto respecto de la prórroga.

(vii) Sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo anterior, la solicitud de vista de las actuaciones producirá la suspensión de todos los plazos para presentar descargos, contestar vistas, citaciones, emplazamientos o requerimientos, interponer recursos o reclamos administrativos, o promover acciones o recursos judiciales, salvo los de prescripción, desde el momento en que se presente la solicitud, y se extenderá por todo el plazo fijado para tomar la vista, el cual en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días.

(viii) Cuando las normas no fijen un plazo máximo para resolver, éste será de sesenta (60) días, una vez que esté en condiciones de ser resuelto por el órgano competente.

(ix) En todo caso, se informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

h) Interposición de recursos fuera de plazo. Denuncia de ilegitimidad: una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales (las que en ningún caso podrán exceder ciento ochenta (180) días desde la fecha de notificación del acto), se entienda que medió abandono voluntario del derecho.

i) Interrupción de plazos por articulación de recursos administrativos o acciones judiciales: la interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente. Los efectos interruptivos permanecerán hasta que adquieran firmeza en sede administrativa, según corresponda: (a) el acto administrativo que ponga fin a la cuestión; (b) el acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo; o (c) el acto administrativo que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento o del derecho.

Igual efecto producirá la interposición de recursos o acciones judiciales, aunque fueren deducidos ante tribunal incompetente.

j) Pérdida de derecho no ejercido en plazo: la Administración podrá dar por decaído el derecho no ejercido dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a que se refiere el apartado siguiente.

k) Caducidad de los procedimientos: transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al interesado debidamente comprobada, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente.

Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo o el Jefe de Gabinete de Ministros cuando aquél lo disponga, resolverá las cuestiones de competencia que se susciten entre los ministros y las que se plantean entre autoridades, organismos o entes autárquicos que desarrollen su actividad en sede de diferentes ministerios. Los titulares de éstos resolverán las que se planteen entre autoridades, organismos o entes autárquicos que actúen en la esfera de sus respectivos departamentos de Estado.

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 7º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 7°: Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia;

b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) El objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible; debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;

d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas especiales, se incluyen en estos últimos (i) el respeto a la tutela administrativa efectiva de quienes pueden verse afectados por el acto de alcance particular en sus derechos o intereses jurídicamente tutelados; y (ii) el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses jurídicamente tutelados;

e) Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser razonables y proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 8°: El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, ya sea en forma gráfica, electrónica o digital; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

El acto que carezca de firma no producirá efectos jurídicos de ninguna especie. Lo mismo ocurrirá con el que carezca de forma escrita salvo que las circunstancias permitieren utilizar una forma distinta.

La reglamentación establecerá las distintas modalidades y condiciones a las que se sujetará la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos.

Artículo 29.- Incorpórase como artículo 8° bis de la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 8° bis: En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública que resguarde el acceso a la información adecuada, veraz e imparcial, y proporcione a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones con la amplitud necesaria, dentro de plazos razonables. La autoridad regulatoria deberá considerar fundadamente las opiniones vertidas en la consulta pública. También podrá optar por la celebración de una audiencia pública no vinculante, cuando así lo ameriten las circunstancias del caso justificando la decisión en razones de economía, sencillez y celeridad.

Artículo 30.- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 9°: La Administración se abstendrá:

a) De llevar a cabo comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados;

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que, en virtud de norma expresa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto un recurso administrativo, no hubiere sido notificado;

c) De establecer mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que, mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos, tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente proscriptas;

d) De imponer por sí medidas que por su naturaleza exijan la intervención judicial previa, tales como embargos, allanamientos u otras de similares características sobre el domicilio o los bienes de los particulares.

Artículo 31.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 10: El silencio o la ambigüedad de la Administración se regirá de conformidad con las siguientes normas:

a) Cuando se tratare de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.

b) Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.

Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.

Artículo 32.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 11: Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

Los actos de alcance general rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que en ellos se determine.

Artículo 33.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 12: El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial.

La Administración sólo podrá utilizar la fuerza contra la persona o sus bienes, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o tierras fiscales de propiedad del Estado nacional, incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad o salubridad de la población o, en el caso de las Fuerzas Policiales o de Seguridad, ante la comisión de delitos flagrantes.

Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.

Artículo 34.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 14: El acto administrativo es de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por:

(i) Error esencial;

(ii) Dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos;

(iii) Violencia física o moral ejercida sobre la autoridad que lo emitió;

(iv) Simulación; o

(v) Un grave defecto en la formación de la voluntad de un órgano colegiado.

b) Cuando:

(i) Fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio o del tiempo.

En el caso de la incompetencia en razón del grado, cuando el acto fuere dictado por una autoridad administrativa distinta de la que debió haberlo emitido dentro del ámbito de una misma esfera de competencias, la nulidad es relativa, salvo que se tratare de competencias excluyentes asignadas por ley a una determinada autoridad en virtud de una idoneidad especial;

(ii) Careciere de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado;

(iii) Su objeto no fuere cierto, física o jurídicamente posible, o conforme a derecho;

(iv) Se hubiere omitido la audiencia previa del interesado cuando ella es requerida o se hubiere incurrido en otra grave violación del procedimiento aplicable; o

(v) Se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder.

La sentencia que declare la nulidad absoluta tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el tribunal disponga lo contrario por razones de equidad, siempre que el interesado a quien el acto beneficiaba no hubiere incurrido en dolo.

Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 15: El acto administrativo es de nulidad relativa, y sólo será anulable en sede judicial, si presenta un defecto o vicio no previsto en el precedente artículo 14. Las irregularidades u omisiones no esenciales no dan lugar a nulidad alguna.

La sentencia que declare la nulidad relativa tendrá efecto retroactivo a la fecha de dictado del acto, a menos que el acto fuere favorable al particular y éste no hubiese incurrido en dolo.

Artículo 36.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 17: El acto administrativo de alcance particular afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa. No obstante, una vez notificado, si hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo o se hubiere cumplido totalmente su objeto, no procederá su revocación, modificación o sustitución en sede administrativa, y sólo se podrá obtener su declaración de nulidad en sede judicial, salvo en el supuesto previsto en el cuarto párrafo de este artículo. La sentencia que anule el acto tendrá el efecto previsto en el artículo 14, último párrafo.

No podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta cuando no se admita su revocación en dicha sede.

El acto administrativo regular de alcance particular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, sustituido o suspendido en sede administrativa una vez notificado.

Tanto el acto administrativo regular como irregular podrán ser revocados, modificados, sustituidos o suspendidos de oficio en sede administrativa si la revocación, modificación, sustitución o suspensión del acto favorece al administrado sin causar perjuicio a terceros, si se acreditara dolo del administrado o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.

También podrá ser revocado, sustituido o suspendido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios producidos, de conformidad con la metodología dispuesta por la reglamentación. En esos supuestos, la indemnización comprenderá el lucro cesante debidamente acreditado.

Artículo 37.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 18: Los actos administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que pudieran haber nacido al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por sus titulares.

Artículo 38.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 19: El acto administrativo afectado por vicios que ocasionen su nulidad relativa puede ser saneado mediante:

a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado;

b) Confirmación, sea por el órgano que dictó el acto, sea por el órgano que debió dictar el acto o haberse pronunciado antes de su emisión, subsanando el vicio que lo afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación solamente cuando ello favorezca al particular sin causar perjuicio a terceros.

Artículo 39.- Sustitúyese el nombre de la sección “Revisión” del título III de la ley 19.549 por el nombre de “Prescripción”.

Artículo 40.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 22: El plazo de prescripción para solicitar la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo de alcance particular será de diez (10) años en caso de nulidad absoluta y de dos (2) años en caso de nulidad relativa, desde notificado el acto.

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 23: El administrado cuyos derechos o sus intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto de alcance particular:

(i) Revista calidad de definitivo;

(ii) Impida totalmente la tramitación de la pretensión interpuesta aun cuando no decida sobre el fondo de la cuestión;

(iii) Se diere el caso de silencio o de ambigüedad contemplado en el artículo 10 o en el inciso d) de este artículo; o

(iv) La Administración violare lo dispuesto en el artículo 9°.

b) En los supuestos de los sub-incisos (i) y (ii) del inciso a) será requisito previo a la impugnación judicial el agotamiento de la vía administrativa salvo que:

(i) La impugnación se basare exclusivamente en la invalidez o inconstitucionalidad de la norma de jerarquía legal o superior que el acto impugnado aplica;

(ii) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento, transformándolo en un ritualismo inútil;

(iii) Se interpusiere una acción de amparo u otro proceso urgente; o

(iv) Se tratare de actos que fueren dictados en relación con lo que es materia de un proceso judicial, con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva y firme. Tales actos serán impugnables directamente en el procedimiento de ejecución de sentencia. En la medida en que ellos contraríen o modifiquen lo dispuesto por la sentencia, no producirán efectos jurídicos de ninguna especie.

c) Se considera que agotan la vía administrativa:

(i) El acto que resuelve un recurso jerárquico;

(ii) Todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo nacional, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iii) Los actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, con las exclusiones dispuestas en el artículo 1° de esta ley, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado;

(iv) Los actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, con o sin intervención o audiencia del interesado.

Contra los actos que agotan la vía administrativa será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

d) El plazo para la interposición de los recursos administrativos susceptibles de agotar la vía administrativa no podrá ser inferior a treinta (30) días contados desde la notificación válida del acto que se impugna.

e) Los actos administrativos dictados durante la ejecución de contratos con el Estado nacional, así como con las demás entidades y órganos incluidos en el inciso a) del artículo 1°, que el contratista haya cuestionado, en forma expresa, dentro de los treinta (30) días de serle notificados, serán impugnables judicialmente hasta cumplidos ciento ochenta (180) días de la extinción del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre prescripción que correspondan. Al efecto no será necesario haber mantenido su impugnación administrativa o promovido la judicial, o la de la denegatoria expresa o tácita de ese cuestionamiento, durante dicha ejecución.

Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 24: El administrado cuyos derechos o intereses jurídicamente tutelados puedan verse afectados por un acto de alcance general podrá impugnarlo judicialmente cuando:

a) El acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente dichos derechos o intereses, y el interesado haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10.

Estarán dispensadas de la obligatoriedad de este reclamo:

(i) Las acciones de amparo u otros procesos urgentes; y

(ii) La impugnación de los decretos del Poder Ejecutivo nacional dictados en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 76, 80 y 99, inciso 3° de la Constitución Nacional.

b) Cuando la Administración le haya dado aplicación al acto de alcance general mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiere agotado sin éxito la instancia administrativa.

La falta de impugnación directa de un acto de alcance general, o su eventual desestimación, no impedirán la impugnación de los actos de alcance particular que le den aplicación. Asimismo, la falta de impugnación de los actos de alcance particular que apliquen un acto de alcance general, o su eventual desestimación, tampoco impedirán la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos propios de los actos de alcance particular que se encuentren firmes.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 25 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 25: La acción judicial de impugnación contra el Estado o sus entes autárquicos prevista en los dos artículos anteriores deberá deducirse dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales, computados de la siguiente manera:

a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;

b) Si se tratare de actos de alcance general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;

c) Si se tratare de actos de alcance general impugnados a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;

d) Si se tratare de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado.

No habrá plazo para impugnar las vías de hecho administrativas sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. La falta de impugnación de actos que adolezcan de nulidades no obstará a su planteo como defensa dentro del plazo de prescripción.

Artículo 44.- Incorpórase como artículo 25 bis a la ley 19.549 el siguiente:

Artículo 25 bis: Cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución definitiva que agote la instancia administrativa. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores.

En ningún caso el órgano administrativo ante quien se interponga el recurso judicial podrá denegar su procedencia, debiendo limitarse a elevarlo al tribunal competente. Salvo que se hubiese fijado un plazo menor, el plazo para la elevación del expediente será de cinco (5) días. Si no se cumpliere este plazo, el interesado podrá ocurrir directamente ante el tribunal judicial.

En el recurso judicial deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que se intentare valer, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas en el artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como un requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario.

Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 26 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 26: La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure el silencio de la Administración.

La acción contra el Estado nacional y las entidades autárquicas por los perjuicios ocasionados por sus actos ilegítimos comenzará a correr, para el actor, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia que declara su nulidad.

Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 27: La acción de nulidad promovida por el Estado o sus entes autárquicos no estará sujeta a los plazos previstos en los artículos anteriores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción conforme lo establecido en el artículo 22 precedente.

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 28: Quien fuere parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, cuando hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable, sin emitir el dictamen, la interpretación aclaratoria o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.

Presentado el petitorio, el juez, si hubiere vencido el plazo fijado al efecto o si considerare irrazonable la demora, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales informe las causas de la demora aducida y el plazo dentro del cual expedirá la medida solicitada.

Del informe de dicha autoridad se correrá traslado al peticionante por otros cinco (5) días hábiles judiciales.

Contestado el traslado o vencido el plazo antedicho que corresponda, según el caso, sin que la autoridad o el peticionante se hayan pronunciado, el juez aceptará el plazo informado por la autoridad administrativa si lo considera razonable en atención a la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes y a la demora ya incurrida, o, de no haberse informado tal plazo o considerarlo irrazonable, fijará el plazo dentro del cual deberá expedirse la autoridad requerida pudiendo agregar, en todos los casos, el apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante de no respetarse el nuevo plazo aceptado o fijado.

La resolución del juez será apelable sólo en los siguientes casos: (i) cuando no haga lugar al amparo por mora; (ii) cuando acepte el plazo propuesto por la Administración; (iii) cuando fije el plazo para que la Administración se pronuncie. El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo.

Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 29: La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable, a los efectos disciplinarios, lo dispuesto por el artículo 17 del decreto-ley 1.285/58, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder por dicha desobediencia.

Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 30: Salvo cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24, el Estado nacional no podrá ser demandado judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad descentralizada.

Artículo 50.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 31: El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado podrá requerir pronto despacho y, si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que podrá ser interpuesta en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción. El Poder Ejecutivo nacional, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente. La denegatoria expresa del reclamo podrá ser recurrida en sede administrativa. La demanda judicial deberá ser interpuesta por el interesado dentro del plazo de ciento ochenta (180) días hábiles judiciales de notificada dicha denegatoria expresa o, en su caso, de notificada la denegatoria expresa del recurso administrativo que hubiera intentado contra aquélla. Esto último, sin perjuicio de la opción que el administrado tiene de recurrir en sede administrativa la denegatoria, conforme lo previsto en el artículo 23, inciso c) final.

Artículo 51.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 19.549 por el siguiente:

Artículo 32: El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;

b) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual o extracontractual o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria; o

c) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil.

CAPÍTULO IV

Empleo público

Artículo 52.- Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 11: El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación.

Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad deberán (i) recibir la capacitación que se les imparta; o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.

Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional. Tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.

La presente norma será de aplicación supletoria al personal alcanzado por el régimen de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo.

Artículo 53.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 12: Para los supuestos previstos en el artículo anterior, los delegados de personal con mandato vigente o pendiente el año posterior de la tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad.

Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.

Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 15 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 15: Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes correspondiente. La movilidad del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador, pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la ley 24.185.

El Poder Ejecutivo nacional podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, provincias y municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, estados provinciales y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 18 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 18: El personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes.

Artículo 56.- Sustitúyese el artículo 20 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 20: El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria.

Artículo 57.- Incorpórase como inciso j) del artículo 24 del anexo de la ley 25.164 el siguiente:

j) Realizar durante sus horas laborales del servicio público cualquier tipo de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias.

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 31 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 31: Se podrá imponer el apercibimiento o la suspensión hasta treinta (30) días cuando se verifique:

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido;

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de cinco (5) días discontinuos en el lapso de doce (12) meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas; y

c) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 23 de esta ley, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos justifiquen la aplicación de la causal de cesantía.

Artículo 59.- Sustitúyese el artículo 32 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 32: Son causales para imponer la cesantía:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días discontinuos, en los doce (12) meses inmediatos anteriores;

b) Abandono de servicio, el cual se considerará consumado cuando el agente registrare más de tres (3) inasistencias continuas sin causa que lo justifique y fuera intimado previamente en forma fehaciente a retomar sus tareas;

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas, que hayan dado lugar a treinta (30) días de suspensión en los doce (12) meses anteriores;

d) Concurso civil o quiebra no causal, salvo casos debidamente justificados por la autoridad administrativa;

e) Incumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 23 y 24 cuando por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiere;

f) Delito doloso no referido a la Administración Pública, cuando por sus circunstancias afecte el prestigio de la función o del agente;

g) Calificaciones deficientes como resultado de evaluaciones que impliquen desempeño ineficaz durante dos (2) años consecutivos o tres (3) alternados en los últimos diez (10) años de servicio y haya contado con oportunidades de capacitación adecuada para el desempeño de las tareas.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

Artículo 60.- Sustitúyese el artículo 33 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 33: Son causales para imponer la exoneración:

a) Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal;

b) Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Pública;

c) Pérdida de la residencia permanente;

d) Violación de las prohibiciones previstas en el artículo 24;

e) Imposición como pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.

En todos los casos podrá considerarse la solicitud de rehabilitación a partir de los cuatro (4) años de consentido el acto por el que se dispusiera la exoneración o de declarada firme la sentencia judicial, en su caso.

La exoneración conllevará necesariamente la baja en todos los cargos públicos que ejerciere el agente sancionado.

Artículo 61.- Sustitúyese el artículo 37 del anexo de la ley 25.164 por el siguiente:

Artículo 37: Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, con las salvedades que determine la reglamentación, se computarán de la siguiente forma:

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: un (1) año;

b) Causales que dieran lugar a la cesantía: dos (2) años;

c) Causales que dieran lugar a la exoneración: cuatro (4) años.

En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.

Artículo 62.- Incorpórase como artículo 16 bis de la ley 24.185 el siguiente:

Artículo 16 bis: El ejercicio regular del derecho a huelga no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y el descuento en la remuneración será proporcional al tiempo no trabajado.

TÍTULO III

Contratos y acuerdos transaccionales

CAPÍTULO I

Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales

Artículo 63.- Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o rescisión de los contratos: (i) de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados; (ii) cuyos montos superen los diez millones (10.000.000) de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030/2016 o el que en el futuro lo reemplace; y (iii) hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados, cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante.

La facultad a la que se refiere el primer párrafo sólo podrá ser ejercida, previo informe de transparencia y siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público.

Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley 23.696 y aquellos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción.

Artículo 64.- A los fines de lo establecido en el artículo 63, se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley.

Artículo 65.- En toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales, en los términos y con los efectos previstos en los artículos 1641 y siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre que el acuerdo se encuentre debidamente fundado y resulte conveniente para los intereses del Estado nacional.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la celebración de los acuerdos transaccionales en los que será obligatorio contar con dictámenes favorables previos de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, quienes a su vez podrán requerir los informes técnicos que estimen convenientes a cualquier órgano o entidad del sector público nacional y a instituciones idóneas y representativas en la materia a fin de que el Estado cuente con un rango de monto admisible para proceder a la transacción.

Capítulo II

Concesiones

Artículo 66.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 1º: El Poder Ejecutivo nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos por un plazo fijo o variable a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la presente ley.

Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una sociedad de propósito específico que deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades.

Podrán otorgarse concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras, sin perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento.

La tarifa, peaje y/o remuneración compensará la ejecución, modificación, ampliación y/o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución, explotación y mantenimiento de la obra nueva.

A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes.

Artículo 67.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 4°: Las concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública nacional o internacional.

El Poder Ejecutivo podrá convocar a la presentación de iniciativas privadas para la celebración de contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos en sectores considerados de interés público, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación.

Toda persona podrá presentar ante el Poder Ejecutivo iniciativas privadas para la ejecución de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos mediante el sistema de concesión. En todos los casos el financiamiento deberá ser privado.

La reglamentación establecerá el procedimiento aplicable, los requisitos de admisibilidad de las propuestas, los derechos y obligaciones del proponente de la iniciativa privada y las ventajas competitivas que se reconocerán en los procedimientos licitatorios convocados sobre la base de iniciativas declaradas de interés público.

La licitación de la obra, infraestructura pública y servicio público objeto de la concesión se adjudicará a la oferta más conveniente conforme con las condiciones establecidas en la reglamentación y las bases de la licitación o concurso.

En todos los casos serán aplicables, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.

Artículo 68.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 7°: El contrato de concesión deberá definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; las garantías a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si la hubiere; el procedimiento de control contable y/o económico financiero y de fiscalización de los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de rescisión.

La documentación licitatoria y contractual en virtud de la cual se adjudiquen las concesiones de obra pública deberá contemplar los siguientes aspectos:

a) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el destino de las sanciones de índole pecuniaria;

b) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, del Estado y/o de terceros, así como también, los procedimientos de revisión del precio del contrato con el fin de preservar su ecuación económico-financiera;

c) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo de su vigencia;

d) La facultad de la Administración Pública nacional para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;

e) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el tribunal judicial competente;

f) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra. Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario cedente.

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión se deberá obtener la aceptación lisa y llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la administración. Toda cesión que se concrete conforme con los recaudos antes referidos en este inciso producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se disponga una solución distinta.

Artículo 69.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° bis: A lo largo del plazo de vigencia de los contratos de concesiones de obras, infraestructuras públicas y servicios públicos la administración deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su perfeccionamiento.

Generada una distorsión de dicho equilibrio por causas no imputables a ninguna de las partes, las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato con el fin de alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo, conforme al plazo que será establecido en la reglamentación o en la documentación licitatoria. De no arribarse a un acuerdo, las partes deberán someter la controversia a consideración de un panel técnico y, si correspondiere, al tribunal arbitral respectivo. En caso de extinción por mutuo acuerdo, la reglamentación determinará el plazo desde la fecha de suscripción del convenio de extinción dentro del cual deberá realizarse la liquidación de créditos y débitos y, en su caso, el pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes.

Los oferentes deberán consignar en sus propuestas la ecuación económico-financiera por medio de la explicitación del Valor Actual Neto (VAN) y/o la Tasa Interna de Retorno (TIR), conforme a los parámetros que deberán establecerse en la documentación licitatoria.

La documentación licitatoria y contractual establecerá los mecanismos de recomposición del equilibrio económico-financiero del contrato.

En aquellos supuestos de fuerza mayor o actuaciones de la administración que resulten determinantes de la ruptura sustancial de la economía del contrato de concesión, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por hasta igual término al de su duración inicial. En los casos de fuerza mayor, el concedente garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera de manera absoluta la realización de la obra o la continuidad de su explotación.

Artículo 70.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 7° ter: La extinción del contrato por razones de interés público se regirá únicamente por las disposiciones del presente artículo y no será de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificatorias.

La decisión de la autoridad concedente que disponga la extinción del contrato de concesión por razones de interés público, a efectos de encontrarse adecuadamente fundada deberá:

a) Identificar los informes técnicos objetivos que justifican la extinción del contrato;

b) Explicitar de manera concreta las causas en que se funda y las razones que sustentan una evaluación distinta del interés público comprometido en el contrato de concesión;

c) Someter la determinación del alcance de la reparación del concesionario, en el caso que no haya mediado previo acuerdo de las partes, a la consideración del panel técnico y/o al tribunal arbitral actuantes en el marco del contrato, en los supuestos que el contrato de concesión no contemple fórmulas u otros mecanismos para su determinación. A dicho efecto, podrá utilizarse como parámetro objetivo de ponderación las inversiones no amortizadas;

d) Establecer el plazo de pago de la indemnización, el cual deberá concretarse con anterioridad a la ejecución de los actos que materialicen la extinción del contrato por razones de interés público o la toma de posesión de la obra o infraestructura por el concedente.

Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.520 por el siguiente:

Artículo 12: Todos los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación y/o arbitraje.

Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión podrán ser sometidas a consideración de un panel técnico o tribunal arbitral a solicitud de cualquiera de ellas.

Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales independientes e imparciales, en todos los casos de acreditada idoneidad y trayectoria en la materia. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de índole técnica, de interpretación del contrato y económica o patrimonial que pudieran suscitarse durante su ejecución o extinción, aplicando a tal fin criterios de celeridad y eficacia en la tramitación de los conflictos que resulten compatibles con los tiempos de ejecución de los contratos.

En el caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral que será aprobada en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional e informado inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 72.- Incorpórase como artículo 12 bis de la ley 17.520 el siguiente:

Artículo 12 bis: No serán de aplicación directa, supletoria ni analógica a las contrataciones sujetas a la presente ley:

a) El decreto 1023/01 sus modificatorios y su reglamentación;

b) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.

El pago del precio del contrato y/o la remuneración del concesionario constituyen una obligación de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El Estado nacional sólo se liberará si el concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.

Artículo 73.- El Poder Ejecutivo nacional podrá, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, renegociar, por razones de emergencia, la reconducción de los contratos de obra pública y servicios de consultoría de obra pública celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley que se encuentren en estado de paralización, a los efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado tendiente al reinicio y finalización de las obras comprometidas.

La reglamentación establecerá las condiciones, requisitos y procedimientos aplicables, los que deberán garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de la reconducción.

Artículo 74.- Deróguense los artículos 8° y 11 de la ley 17.520.

Artículo 75.- La autoridad de aplicación de la ley 17.520 será definida por el Poder Ejecutivo nacional.

TÍTULO IV

Promoción del empleo registrado

Artículo 76.- Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas en el artículo precedente.

Esos efectos podrán comprender:

a) La extinción de la acción penal prevista por la ley 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificatorias, 22.161 y sus modificatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus modificatorias, delitos relativos a los recursos de la seguridad social de la ley 24.769 y sus modificatorias, la ley 25.212 y sus modificatorias, firmes o no, siempre que se encuentren impagas o incumplidas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley 26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la presente ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa;

c) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

(i) Sistema Integrado Previsional Argentino, ley 24.241 y sus modificaciones.

(ii) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus modificaciones.

(iii) Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modificaciones.

(iv) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.

(v) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias.

(vi) Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ley 22.250 y sus modificatorias.

(vii) Otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al setenta por ciento (70%) de las sumas adeudadas. Se podrán establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Artículo 78.- Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la ley 24.013 y sus modificatorias. Los meses regularizados no serán considerados a los fines de la determinación de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia.

Artículo 79.- La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título de la ley.

Artículo 80.- Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

Artículo 81.- La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular, de oficio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos comprendidos en la regularización correspondiente a los subsistemas de la seguridad social, así como de formular ajustes impositivos, todo ello con causa en las relaciones laborales regularizadas en el marco de este título.

TÍTULO V

Modernización laboral

Capítulo I

Modificaciones a la ley 24.013

Artículo 82.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 7°: Se entiende que la relación o el contrato de trabajo se encuentran registrados cuando el trabajador esté inscripto en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

Dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

La autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.

Respecto de éstas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.

Artículo 83.- Incorpórase como artículo 7° bis de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° bis: La registración efectuada en los términos del artículo 7° se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes.

Artículo 84.- Incorpórase como artículo 7° ter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° ter: El trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, o ante las autoridades administrativas del trabajo locales.

El sistema deberá expedir la constancia pertinente.

Artículo 85.- Incorpórase como artículo 7° quáter de la ley 24.013 el siguiente:

Artículo 7° quáter: En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de la seguridad social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente, si la hubiera, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado.

Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate.

Artículo 86.- Sustitúyese el Registro del Capítulo 2 del Título II de la ley 24.013 por el siguiente:

Del Sistema Único de Registro

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.013 por el siguiente:

Artículo 18: El Sistema Único de Registro concentrará los siguientes registros:

a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y al prestador del sistema nacional de salud elegido por el trabajador;

b) El registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo.

Capítulo II

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 2°: Ámbito de aplicación.

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:

a) A los dependientes de la Administración Pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo;

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente;

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario;

d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 23: Presunción de la existencia del contrato de trabajo.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social.

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 29: Mediación. Intermediación. Solidaridad. Subsidiariedad. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última.

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 92 bis: Período de prueba. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba:

a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y

b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.

El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

(i) Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al período de prueba.

(ii) El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.

(iii) Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.

(iv) Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, con los beneficios establecidos en cada caso.

(v) El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

(vi) El período de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.

El empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación; caso contrario, se considerará que ha renunciado al período de prueba.

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 136 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 136: Contratistas e intermediarios. Los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a solicitar a la empresa principal para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, que retengan, de lo que deben percibir estos, y den en pago por cuenta y orden de su empleador, los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el principal estará facultado a retener sin preaviso, de lo que deben percibir los contratistas o intermediarios, los importes que estos adeuden a los organismos de seguridad social con motivo de la relación laboral mantenida con los trabajadores contratados por dichos contratistas o intermediarios. Dichas sumas deberán depositarse a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determine la reglamentación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro de los noventa (90) días de sancionada la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente a la seguridad social establecida en el presente artículo.

Artículo 93.- Sustitúyese el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo.

Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días.

La trabajadora o persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.

La misma conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.

Garantízase a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, el que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la misma practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer o persona gestante será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.

Artículo 94.- Sustitúyese el artículo 242 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 242: Justa causa.

Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.

La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:

a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;

b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;

c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.

Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.

Artículo 95.- Incorpórase como artículo 245 bis a la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

Artículo 245 bis: Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad.

En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso.

Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el cien por ciento (100%), conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios.

El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos.

Capítulo III

Fondo de cese

Artículo 96.- Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744.

En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina.

Capítulo IV

De los trabajadores independientes con colaboradores

Artículo 97.- El trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional.

El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación.

Queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley.

El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.

Capítulo V

Trabajo agrario

Artículo 98.- Sustitúyanse los artículos 16 y 69 de la ley 26.727 por los siguientes:

Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación continua, salvo los casos previstos expresamente por esta ley. Su extinción se regirá por lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Para los trabajadores de tiempo indeterminado del sector agrario será de aplicación lo dispuesto respecto del período de prueba en el artículo 92 bis de la ley 20.744.

Artículo 69: Bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial podrán proponer a los empleadores un listado del personal necesario para la realización de tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión de Trabajo Agrario.

El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga.

Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador.

Capítulo VI

Derogaciones

Artículo 99.- Deróganse los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la ley 24.013; el artículo 9° de la ley 25.013; los artículos 43 a 48 de la ley 25.345; el artículo 15 de la ley 26.727 y el artículo 50 de la ley 26.844.

Artículo 100.- Derógase la ley 25.323 y toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente título.

TÍTULO VI

Energía

Capítulo I

Hidrocarburos. Modificaciones a la ley 17.319

Artículo 101.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivos principales, además de los dispuestos por el artículo 3° de la ley 26.741, maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.

Artículo 103.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley.

Artículo 104.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 5º: Los titulares de permisos, concesiones y autorizaciones, sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.

Artículo 105.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 6º: Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior.

Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía. El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna.

Artículo 106.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 7º: El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.

Artículo 107.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 12: El Estado nacional y las provincias tienen derecho a percibir una participación en el producido de la explotación de yacimientos de hidrocarburos de su dominio por empresas estatales, privadas o mixtas, con arreglo a los artículos 59, 61 y 93.

Artículo 108.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 14: Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o concesiones de explotación, y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, prohíba expresamente tal actividad.

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra el Estado nacional o provincial de sumas invertidas en dicho reconocimiento.

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionen.

Artículo 109.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 32 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se realicen.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el título III y las demás disposiciones que sean aplicables.

Artículo 110.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 21: El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.

Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de la regalía comprometida en el proceso de adjudicación, con la excepción prevista en el artículo 63.

Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 27 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.

El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área y reconvertirla de convencional a no convencional. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto, siendo dicha solicitud el objeto de la concesión a otorgar; y sólo podrá ser realizada hasta el 31 de diciembre de 2028. Vencido dicho plazo, no se admitirán otras solicitudes de reconversión.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días. Aprobada la solicitud de reconversión, el plazo de la concesión reconvertida será por única vez de treinta y cinco (35) años computados desde la fecha de la solicitud.

Queda establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente y aplicará a la zona unificada pagos al Estado nacional o provincial, según corresponda, que correspondan al área que los prevea en mayor cantidad y el plazo de la concesión que sea menor.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones existentes al momento de su concesión, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la presente ley, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión.

Artículo 112.- Sustitúyese el artículo 28 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 28: El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a una autorización de transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la Sección 4ª del presente título.

Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas cuyas concesiones hayan vencido, o las que por cualquier motivo hayan quedado sin concesionario, a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5ª del presente título. Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en la presente ley. Esta modalidad de concesión no implica garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación No Convencionales de Hidrocarburos de acuerdo con los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis de la presente ley.

Artículo 114.- Sustitúyese el artículo 31 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 31: Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda área abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas.

Artículo 115.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 35: De acuerdo con la siguiente clasificación, las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23 de la presente ley:

a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años;

b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años;

c) Concesión de Explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.

En nuevas concesiones el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, al momento de definir los pliegos de bases y condiciones conforme artículo 47 podrá determinar otros plazos de hasta diez (10) años como máximo de los plazos previstos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, de manera fundada y motivada que justifique el apartamiento de los mismos. En ningún caso, los plazos podrán ser fijados a perpetuidad.

Las concesiones de explotación y concesiones de transporte que hayan sido otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, continuarán rigiéndose hasta su vencimiento por los plazos establecidos por el marco legal existente a la fecha de aprobación de esta ley.

Artículo 116.- Sustitúyese la denominación de la Sección 4ª de la ley 17.319 por la siguiente:

Sección 4ª

Autorizaciones de transporte y habilitaciones de procesamiento y de almacenamiento subterráneo.

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 39: Las autorizaciones de transporte confieren el derecho de transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.

Artículo 118.- Sustitúyese el artículo 40 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 40: Las autorizaciones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, a las personas que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de la presente ley. La autoridad de aplicación nacional llevará un registro de los autorizados para transportar y de los habilitados para procesar hidrocarburos.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a obtener una autorización de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, dicha autorización será facultativa y será otorgada en las mismas condiciones que la concesión de explotación.

Los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos y/o sus derivados a la autoridad hasta sus instalaciones de industrialización y desde las mismas hasta los centros y/o instalaciones de ulteriores procesos de industrialización o comercialización. Estas autorizaciones no estarán sujetas a plazo.

Artículo 119.- Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 41: Las autorizaciones a que se refiere la presente sección que se otorgasen a concesionarios de explotación que hubieren ejercitado el derecho conferido por el artículo 28 serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las autorizaciones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

En los casos de cesión de una autorización de transporte otorgada en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente, los autorizados podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas, siempre que hayan cumplido con sus obligaciones y se encuentren transportando hidrocarburos al momento de solicitar la prórroga.

Las concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se regirán por los términos y condiciones de su otorgamiento.

Las habilitaciones a las que se refiere la presente sección que se otorguen a los titulares de proyectos y/o instalaciones para el acondicionamiento, separación, fraccionamiento, licuefacción y/o cualquier otro proceso de industrialización de hidrocarburos no estarán sujetas a plazo.

Artículo 120.- Sustitúyese el artículo 42 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 42: Las autorizaciones de transporte y las habilitaciones de procesamiento en ningún caso implicarán un derecho de exclusividad para quien realiza la actividad.

Artículo 121.- Sustitúyese el artículo 43 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 43: Mientras las instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los autorizados estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias. Si una persona es titular de capacidad de transporte y no la usare, la misma debe ser puesta a disposición de terceros para su utilización; pero siempre subordinado a las necesidades del propio autorizado a transportar. Los autorizados a transportar hidrocarburos no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de su posición dominante en el mercado.

Quienes fueren habilitados a procesar hidrocarburos deberán procesar los hidrocarburos de terceros hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de la capacidad de sus instalaciones siempre que no se comprometa la seguridad del proceso, que las partes arriben a un acuerdo por el servicio a prestar y que el solicitante se haga cargo de los costos asociados a la conexión a la planta. Dicho porcentaje podrá ser incrementado: (i) por acuerdo de partes en cualquier momento y/o; (ii) por la autoridad de aplicación una vez transcurridos cuatro (4) años desde la habilitación comercial de la planta y en caso de persistir la capacidad remanente u ociosa de la planta. Si se tratare de plantas de procesamiento de combustible líquido, el servicio de procesamiento incluirá el servicio de almacenaje.

Las previsiones del presente artículo no resultarán aplicables a las unidades de proceso que integran complejos de refinación y sus instalaciones de almacenamiento vinculadas, a las plantas de licuefacción de gas natural ni a las autorizaciones de transporte de hidrocarburos otorgadas a los titulares de dichas plantas de licuefacción de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 último párrafo.

La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.

Artículo 122.- Sustitúyese el artículo 44 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 44: En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley y su reglamentación, o en los actos de autorización, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.

Artículo 123.- Incorpórase, después del artículo 44 de la ley 17.319, la Sección 4ª Bis “Almacenamiento subterráneo”.

Incorpórase como artículo 44 bis de la ley 17.319, el siguiente texto:

Artículo 44 bis: Las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural confieren el derecho de almacenar gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos depletados, incluyendo el proceso de inyección, depósito y retiro del gas natural. Podrán ser otorgadas en:

a) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación propias;

b) Áreas sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación de terceros, con autorización de estos ante la autoridad de aplicación;

c) Áreas que habiendo sido productivas ya no se encuentren sujetas a permisos de exploración y/o concesiones de explotación.

Todo otro proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural que no sea realizado bajo los supuestos antes señalados no requerirá autorización bajo la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural a cualquier sujeto que: (i) cumpla con los requisitos de experiencia técnica y capacidad financiera; (ii) cuente con la conformidad del titular del permiso de exploración y/o la concesión de explotación en cuya área se emplace el reservorio natural que se utilizará para el almacenaje; y (iii) se comprometa a construir a su propio costo y riesgo las instalaciones necesarias para llevar adelante la actividad de almacenaje.

Las autorizaciones de almacenamiento no estarán sujetas a plazo. Los titulares de una autorización de almacenamiento subterráneo de gas podrán solicitar una autorización de transporte de hidrocarburos hasta sus instalaciones de almacenamiento y desde éstas hasta el sistema de transporte, las que tampoco estarán sujetas a plazo.

Los autorizados no estarán obligados a almacenar gas natural de terceros, teniendo libertad para realizar la actividad en beneficio propio o de terceros, y acordar libremente los precios por la venta del gas natural almacenado y por el servicio de almacenaje, incluyendo la reserva de su capacidad.

La autorización de almacenamiento subterráneo de gas natural no se encontrará sujeta al pago de bonos de explotación y no se podrá imponer pagos análogos por el otorgamiento de estas autorizaciones a través de normativa provincial. El gas natural utilizado en los almacenamientos subterráneos sólo pagará regalías al momento de su primera comercialización en los términos del artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias. En el caso de almacenamiento de gas natural propio, las regalías se abonarán a los Precios al Ingreso del Sistema de Transporte (PIST) promedio de cuenca al momento de su producción previo a ser almacenado.

Artículo 124.- Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 17, 22 y 27 bis de la presente ley, los permisos de exploración y las concesiones de explotación regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5° de la presente ley y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Artículo 125.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

El pliego modelo contendrá condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas, así como las inversiones mínimas necesarias a las que deberá comprometerse el adjudicatario, y las restantes condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas. Asimismo, el pliego modelo establecerá mecanismos de ajustes de las regalías que se consideren convenientes, los que podrán considerar para su formulación la totalidad de las inversiones realizadas, los ingresos obtenidos y los gastos operativos incurridos, entre otras variables.

La evaluación de ofertas tendrá en cuenta el valor total del proyecto, incluyendo las regalías ofertadas, inversiones comprometidas y producción asociada conforme lo establecido en el pliego respectivo.

Los oferentes competirán en el valor de la regalía sobre un valor base del quince por ciento (15%), que regirá el proyecto en cualquiera de sus etapas. La regalía a ofertar se identificará como el quince por ciento (15%)+“X”. Dicho término “X” se establece en un porcentaje (%) a exclusiva elección del oferente, el que podrá ser negativo.

El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, al Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Artículo 126.- Incorpórase el artículo 47 bis de la ley 17.319 según el siguiente texto:

Artículo 47 bis: Las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no podrán ser adjudicadas sin mediar un nuevo procedimiento licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un (1) año al vencimiento de las mismas.

Si la licitación a realizar tuviera por objeto la concesión de explotación de áreas en producción, el pliego de bases y condiciones podrá establecer el valor correspondiente a las inversiones no recuperadas durante la explotación del área.

Conforme lo determine el pliego de bases y condiciones, el oferente podrá incluir dicho valor al momento de realizar la oferta a los efectos de continuar con la explotación de los pozos existentes y dicho valor será reconocido al titular de la concesión vencida.

En caso de que el oferente no incluyera el valor mencionado en su oferta, no podrá explotar los pozos existentes.

Artículo 127.- Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 48: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, estudiará todas las propuestas y la adjudicación del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente conforme lo establecido en el artículo 47. Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.

Artículo 128.- Sustitúyese el artículo 49 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 49: Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren afectados por el llamado a concurso y/o licitación, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, acompañando la documentación en que aquélla se funde.

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso y/o licitación si, a su juicio, la oposición se fundara documentada y suficientemente.

No se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere el llamado basadas solamente en los daños que le pudiese ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el título III de esta misma ley. No es causal válida de afectación, el hecho que una empresa esté produciendo previamente en dicha área.

Artículo 129.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:

a) Plazo Básico:

1er. Período: el monto equivalente en pesos de cero coma cincuenta (0,50) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

2do. Período: el monto equivalente en pesos de dos (2) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

b) Prórroga: el monto equivalente en pesos a quince (15) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

Artículo 130.- Sustitúyese el artículo 58 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado al Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, el monto equivalente en pesos de diez (10) barriles de petróleo por kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área.

Artículo 131.- Sustitúyese el artículo 58 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 58 bis: Los cánones a pagar, establecidos en los artículos 57 y 58 de la presente, se ajustarán tomando como referencia el precio promedio del barril de petróleo, basado en la cotización del ‘ICE Brent Primera Línea’. Este precio promedio corresponderá al observado durante el primer semestre del año anterior al que se efectúa la liquidación.

El tipo de cambio a utilizar para la liquidación del canon será el correspondiente a dólares estadounidenses divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente el día hábil anterior al de efectivo pago.

Artículo 132.- Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos un porcentaje equivalente al determinado en el proceso de adjudicación.

Para los contratos vigentes a la fecha de sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos la regalía será la que se haya convenido con el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda.

El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.

Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.

Artículo 133.- Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c) apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

Artículo 134.- Sustitúyese el artículo 66 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 66: Los permisionarios, concesionarios y autorizados instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones 2a, 3a, 4a y 4a bis del título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos.

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el permisionario, autorizado o concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.

Artículo 135.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 67: El mismo derecho será acordado a los permisionarios, concesionarios y autorizados cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

Artículo 136.- Sustitúyese el artículo 69 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios, concesionarios y autorizados, sin perjuicio de las establecidas en el título II:

a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de cualquier novedad al respecto;

c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, de los que ocurrieren;

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.

Artículo 137.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 70: Los permisionarios, concesionarios y autorizados suministrarán a la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente ley.

Artículo 138.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 71: Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se desarrollen dichos trabajos.

La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por cada permisionario, concesionario o autorizado, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los pliegos.

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.

Artículo 139.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 72: Los permisos, concesiones y autorizaciones acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios, concesionarios o autorizados, según corresponda.

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, nacional o provincial, según corresponda, acompañada de la minuta de escritura pública.

Artículo 140.- Sustitúyese el artículo 75 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 75: La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios, concesionarios o autorizados.

Artículo 141.- Sustitúyese el artículo 77 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 77: Los permisionarios, concesionarios o autorizados facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.

Artículo 142.- Sustitúyese el artículo 79 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 79: Son absolutamente nulos:

a) Los permisos, concesiones o autorizaciones otorgados a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley;

b) Las cesiones de permisos, concesiones o autorizaciones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;

c) Los permisos, concesiones o autorizaciones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;

d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta;

e) Cualquier adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales, sin mediar una licitación pública y abierta.

Artículo 143.- Sustitúyese el artículo 80 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 80: Según corresponda, las concesiones o permisos caducan por:

a) Falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;

b) Falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;

c) Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;

d) Transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;

e) No haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22 y 32;

f) Haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;

g) Fallecimiento de la persona humana o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;

h) Incumplimiento de la obligación de transportar y/o procesar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 43.

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, intimará a los permisionarios y/o concesionarios y/o autorizados y/o habilitados, según resulte de aplicación, para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.

Artículo 144.- Sustitúyese el artículo 86 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 86: En las cláusulas particulares de los permisos, concesiones y autorizaciones se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, según lo previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales.

Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los interesados y la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiso, concesión o autorización.

El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Artículo 145.- Sustitúyese el artículo 87 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 87: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos, concesiones y autorizaciones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre ochenta mil (80.000) UVAs y ochenta millones (80.000.000) UVAs. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios, concesionarios o autorizados podrán promover su repetición ante el tribunal competente.

Artículo 146.- Sustitúyese el artículo 88 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 88: El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios, concesionarios o autorizados, facultará a la autoridad de aplicación a disponer el apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refieren los artículos 40 y 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos, concesiones o autorizaciones de que fuera titular el causante.

Artículo 147.- Sustitúyese el artículo 91 bis de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, y los contratos o asociaciones con terceros que dichas entidades hubieran celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se respetarán las condiciones existentes a la fecha de aprobación de dicha ley. Las nuevas asociaciones con terceros, sin embargo, deberán respetar los procedimientos de la Sección 5ta del Título II de esta ley.

Artículo 148.- Sustitúyese el artículo 94 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 94: Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación, transporte y/o procesamiento, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios, concesionarios y autorizados.

Artículo 149.- Sustitúyese el artículo 95 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 95: Las empresas estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades siempre ateniéndose a la sección 5a del Título II de esta ley para la selección de terceros.

El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a, de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos de locación de obras y servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se asocien con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general que les fuere aplicable.

Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta ley.

Artículo 150.- Sustitúyese el artículo 98 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 98: Es facultad del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su competencia:

a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley;

b) Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones;

c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;

d) Anular concursos;

e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial;

f) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios;

g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá delegar en la autoridad de aplicación el ejercicio de las facultades enumeradas en este artículo, con el alcance que se indique en la respectiva delegación.

Artículo 151.- Sustitúyese el artículo 100 de la ley 17.319 por el siguiente:

Artículo 100: Los permisionarios, concesionarios y autorizados deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar -de común acuerdo y en forma optativa y excluyente- los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios.

Artículo 152.- Deróganse los artículos 11, 13, 15, 51, 91, 96, 101, 103 y 104 de la ley 17.319.

Capítulo II

Gas natural. Modificaciones a la ley 24.076

Artículo 153.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 3°: Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Las exportaciones de gas natural deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo nacional según el artículo 6° de la ley 17.319.

Artículo 154.- Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.076 el siguiente:

Artículo 3° bis: Las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) deberán ser autorizadas por la Secretaría de Energía de la Nación, dentro del plazo de ciento veinte (120) días de recibida la solicitud conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional que establecerá las condiciones que deben reunir los solicitantes y las inversiones y proyectos de desarrollo de explotación de hidrocarburos que permitan producir las cantidades de gas natural requeridas para abastecer el o los respectivos proyectos de licuefacción de gas natural destinados principalmente a la exportación de GNL. No aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.

Dentro de los seis (6) meses desde la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Secretaría de Energía de la Nación realizará un estudio a los efectos de emitir una Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos en el largo plazo que contemple la suficiencia de recursos gasíferos en el país proyectada en el tiempo y el suministro de gas natural de otros orígenes para abastecer regularmente en el curso ordinario de los acontecimientos la demanda interna, y a la misma vez, suministrar sobre base firme e ininterrumpible los proyectos de exportación de GNL cuyo desarrollo y ejecución se prevea durante el mismo período de análisis.

La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional fijará las pautas y premisas de análisis que deberán tenerse en consideración en el estudio a realizarse a los fines de la referida Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos, incluyendo aquellas necesarias para las proyecciones de producción nacional de gas natural y ofertas de otras fuentes u orígenes, y de la demanda interna durante el período de análisis.

Sin perjuicio de las condiciones más favorables a la exportación que pudieren establecerse en virtud de regímenes promocionales específicos para inversiones de magnitud conforme determine la ley o la reglamentación dictada al efecto, las autorizaciones de exportación de GNL que se otorguen tendrán carácter firme respecto de los volúmenes de GNL autorizados durante un plazo de hasta treinta (30) años, desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción (en tierra o flotante) o sus ampliaciones o etapas sucesivas y contendrán las garantías establecidas en dicho régimen.

El otorgamiento de una autorización de exportación firme de GNL implicará para sus titulares el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del período de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin.

La Secretaría de Energía de la Nación establecerá los requisitos de información y documentación que deberán ser satisfechos por los solicitantes. Las solicitudes de exportación serán tramitadas y resueltas en el orden cronológico de presentación, a menos que la Secretaría de Energía de la Nación determine que alguna presentación no se ajusta a los requerimientos previstos en este artículo y las normas reglamentarias, en cuyo caso se la tendrá por presentada, a estos efectos, recién al momento en que se hayan subsanado las deficiencias observadas por dicha autoridad.

A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.

Las autorizaciones de exportación de GNL podrán ser total o parcialmente cedidas previa autorización de la autoridad de aplicación.

Asimismo, las modificaciones de esta ley o de la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo nacional o de las resoluciones que emita la autoridad de aplicación no tendrá efecto alguno respecto de las autorizaciones de exportación firmes de GNL concedidas, excepto que estas sean más favorables a la exportación.

Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 6º: Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de veinte (20) años. A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas.

Artículo 156.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 24: Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos necesarios para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles. A tal fin, por sí o por terceros, podrán adquirir, construir, operar, mantener y administrar instalaciones de almacenaje de gas natural, todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en la sección VIII de la presente ley.

Artículo 157.- Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 70: Los actos emanados de la máxima autoridad del Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Artículo 158.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 73 de la ley 24.076 por el siguiente:

Las sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador del Gas serán impugnables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación.

Capítulo III

Modificaciones a la ley 26.741

Artículo 159.- Sustitúyanse los incisos d), g) y h) del artículo 3° de la ley 26.741 por los siguientes:

d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del abastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo.

g) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con la calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos.

h) La exportación de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.

Artículo 160.- Derógase el artículo 1° de la ley 26.741.

Capítulo IV

Unificación de los Entes Reguladores

Artículo 161.- Créase el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la ley 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la ley 24.076.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a dictar todas las normas y actos tendientes a hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo anterior y a dictar el correspondiente texto ordenado de las leyes 24.065 y 24.076.

Hasta tanto no se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, los actuales Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) continuarán en ejercicio de sus funciones respectivas.

El nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad tendrá las atribuciones previstas en los artículos 52 y concordantes de la ley 24.076, y 56 y concordantes de la ley 24.065.

Capítulo V

Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065

Artículo 162.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar, en el plazo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, las leyes 15.336 y 24.065 y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:

a) Promover la apertura del comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, pudiendo el Estado formular objeciones por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro;

b) Asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor;

c) Impulsar el despacho económico de las transacciones de energía sobre una base de la remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en consideración el gasto marginal horario del sistema; y aquél que represente para la comunidad la energía no suministrada;

d) Adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos conforme los principios tarifarios de las leyes 24.065 y 24.076;

e) Propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al mercado eléctrico mayorista y al fisco, según corresponda;

f) Garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos;

g) Modernizar y profesionalizar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico a fin de lograr un mejor cumplimiento de las funciones asignadas. Para la reorganización del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, creado por la ley 15.336, se deberá considerar su funcionamiento como organismo asesor de consulta no vinculante de la autoridad de aplicación a los fines del desarrollo de la infraestructura eléctrica de jurisdicción nacional.

Capítulo VI

Legislación ambiental uniforme conforme la ley 27.007

Artículo 163.- Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la ley 27.007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA GRANDES INVERSIONES (RIGI)

Capítulo I

Creación y ámbito de aplicación.

Artículo 164.- Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por el que se establecen, para vehículos titulares de un único proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo.

El RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina y regirá con los alcances y limitaciones establecidas en el presente título y en las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 165.- Declárese, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las “Grandes Inversiones” que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.

Artículo 166.- Los objetivos prioritarios del RIGI son indistintamente los siguientes:

a) Incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país;

b) Promover el desarrollo económico;

c) Desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos;

d) Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI;

e) Favorecer la creación de empleo;

f) Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse;

g) Crear para las Grandes Inversiones que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI;

h) Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales; y

i) Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

Capítulo II

Plazo. Sujetos habilitados

Artículo 167.- El RIGI resultará aplicable a las Grandes Inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos en el presente título.

Artículo 168.- El plazo para adherirse al RIGI será de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen.

El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo para acogerse al RIGI por un período de hasta un (1) año a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Artículo 169.- Podrán solicitar su adhesión al RIGI los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como Gran Inversión.

Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.

Serán considerados VPU los siguientes entes:

a) Las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada;

b) Las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades;

c) Las Sucursales Dedicadas previstas en el artículo 170 de la presente ley; y

d) Las uniones transitorias y otros contratos asociativos.

Los titulares de concesiones relativas a la ejecución y/o explotación de obras de infraestructura y/o prestación, operación y/o administración de servicios, que se presten en competencia con otros concesionarios, operadores o prestadores a nivel local o regional, podrán adherirse al RIGI si: (i) presentan un plan de inversión que califique como Grandes Inversiones bajo este régimen y (ii) satisfacen los restantes requisitos y condiciones para su inclusión en el RIGI.

Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 190 de la presente ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI. Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino.

A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.

Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por contador público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 190, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 190, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.

El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 211 -excluido su inciso f)-, conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 213.

Artículo 170.- En los casos en los que una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero desee adherir al RIGI y desarrolle una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión, o posea uno (1) o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrá optar, al sólo efecto de su adhesión, por establecer una sucursal que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar inscripta en el registro público que corresponda a su lugar de asiento;

b) Obtener una Clave Única de Identificación Tributaria e inscribirse en los tributos correspondientes a las actividades que desarrolle, en forma independiente a la sociedad a la cual pertenece;

c) Tener un capital asignado;

d) Tener designado como su único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se solicitará la inclusión en el RIGI;

e) Tener asignados únicamente los activos, pasivos y personal que serán afectados a dicho proyecto de inversión;

f) Llevar contabilidad separada a la sociedad a la cual pertenece.

La adhesión al RIGI y los incentivos incluidos en el mismo únicamente resultarán aplicables con relación a dicha sucursal.

Artículo 171.- No podrán solicitar su inclusión en el RIGI quienes, a la fecha de adhesión y/o a la fecha en la cual la autoridad de aplicación deba resolver la aprobación del plan de inversión conforme lo establecido en el artículo 177 de esta ley, conformen e integren un VPU y se encuentren incluidos en uno o más de los siguientes supuestos:

a) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, por cualquier tipo de delito en virtud de la ley 27.401, o cuyos socios o accionistas se encuentren en dicha situación;

b) Los declarados en estado de quiebra, en los términos de las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificatorias, según corresponda;

c) Los condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda;

d) Quienes registren deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional;

e) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, representantes legales, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados, con condena confirmada en segunda instancia, con fundamento en las leyes 23.771 y 24.769 y sus modificatorias o del Régimen Penal Tributario del Título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones, o bajo el Título I, Sección XII del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), o bajo el Régimen Penal Cambiario de la ley 19.359 (confr. Decreto 480/95 y sus modificaciones), según corresponda.

Capítulo III

Requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI.

Plan de inversión. Procedimientos y efectos

Artículo 172.- A los efectos del presente, serán considerados “Grandes Inversiones” los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Involucrar un monto de inversión por proyecto en activos computables igual o superior al monto mínimo de inversión previsto en el primer párrafo del artículo 173, debiendo completarse dicho monto mínimo de inversión antes de la fecha límite indicada en el plan de inversión; y

b) Prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la prevista en el segundo párrafo del artículo 173.

Asimismo, para contar con las garantías del presente régimen, las inversiones deberán tener un carácter de largo plazo. Serán consideradas de largo plazo en tanto tengan un cociente no mayor al treinta por ciento (30%) entre, por un lado, el valor presente del flujo neto de caja esperado, excluidas inversiones, durante los primeros tres (3) años a partir del primer desembolso de capital y, por otro lado, el valor presente neto de las inversiones de capital planeadas durante ese mismo período. La autoridad de aplicación podrá modificar este cociente, simultáneamente para todos los sectores involucrados, siempre que con dicha modificación el régimen mantenga el propósito de dar garantías de estabilidad solamente a inversiones de larga maduración.

Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que aún no cuente con participación relevante, de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación y que involucren desembolsos de capital en etapas sucesivas cuya inversión mínima en activos computables por etapa sea igual o superior a mil millones de dólares estadounidenses (USD 1.000.000.000), podrán ser calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo por la autoridad de aplicación en oportunidad de su aprobación, y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas reglamentarias.

La reglamentación podrá establecer condiciones diferenciales en lo que hace a los requisitos de los proyectos calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo en función de sus particularidades.

Resultan requisitos esenciales para la calificación y permanencia en el RIGI el cumplimiento de las condiciones previstas en el presente título, así como el de las que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 173.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 172, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.

A efectos de lo previsto en el inciso b) del artículo 172, el Poder Ejecutivo nacional establecerá el porcentaje del monto mínimo de inversión referido en el párrafo anterior, que deberá completarse durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Dicho porcentaje podrá ser distinto para cada uno de los dos (2) primeros años, pero deberá ser suficiente para alcanzar al cabo de esos dos (2) primeros años, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto mínimo de inversión como condición de permanencia en el RIGI.

Excepcionalmente, y sin afectación de la garantía de igualdad ante la ley, cuando medien circunstancias particulares o especiales y aplicables a un determinado sector, subsector o etapa productiva, el Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el referido porcentaje del cuarenta por ciento (40%) a ser cumplido dentro de los dos (2) primeros años. Bajo ninguna circunstancia dicha reducción podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto mínimo de inversión.

Artículo 174.- A los efectos de lo previsto en los artículos 172 y 173, se considerarán inversiones en activos computables todas aquellas que se realicen a partir de la entrada en vigencia del RIGI y estén destinadas a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades incluidas en el RIGI, para el desarrollo de un proyecto de titularidad de un VPU adherido, excluidos los activos financieros y/o de portafolio y los bienes de cambio.

La adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias podrán considerarse como activos computables en tanto se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las sociedades adquiridas incluyan activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo; y

b) La sociedad adquirida se fusione con el VPU dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días corridos. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la sociedad adquirida con relación a sus activos totales.

También se considerará como inversiones en activos computables, aquellas realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del RIGI, e incluso antes de la adhesión del VPU al RIGI y que consistan en:

(i) La adquisición por parte de inversores de las cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU, siempre que dicho VPU incluya activos computables de acuerdo con lo previsto en el presente artículo. En estos casos, la inversión a computar será tomada en una proporción equivalente al porcentual que representen los activos computables existentes en la VPU adquirida con relación a sus activos totales;

(ii) La asignación de activos descriptos en el presente artículo a una Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI, de acuerdo con lo previsto en el inciso a) punto (iii) del artículo 195.

A los efectos del cumplimiento del monto de inversión mínima previsto en el artículo 173, las inversiones en la adquisición o asignación de los activos que se indican a continuación sólo podrán computarse, en forma conjunta, hasta un máximo del quince por ciento (15%) de dicho monto de inversión mínima:

1. Los activos indicados en los párrafos segundo y tercero del presente artículo relativos a la adquisición de cuotas, acciones y/o participaciones societarias de un VPU o los asignados a Sucursales Dedicadas.

2. Los bienes inmuebles.

3. Los derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles.

4. Las concesiones de explotación minera, de petróleo y gas.

Sin perjuicio de la posibilidad de computar como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión un porcentaje de la adquisición o asignación de los referidos activos ocurrida con anterioridad a la adhesión del VPU al RIGI, el derecho al efectivo goce del RIGI y el cómputo de parte de la referida adquisición a los efectos del cumplimiento de parte del monto mínimo de inversión estará condicionado y sujeto a la previa adhesión del VPU al RIGI.

La adquisición de un VPU con anterioridad a la adhesión del mismo al RIGI, con miras a calificar o a eventualmente computar parte de dicha adquisición como cumplimiento del monto mínimo de inversión a partir de la entrada en vigencia del RIGI, no brindará ningún derecho con anterioridad a la efectiva adhesión de dicho VPU al RIGI.

Todos los activos incorporados a la ejecución del proyecto de inversión, con independencia de que sean considerados o no como inversiones en activos computables en los términos del presente artículo, y cualquiera sea la forma de contratación en que hayan sido incorporados, incluyendo, pero sin limitarse a los contratos de locación, chárter marítimo, leasing o cualquier otra modalidad, resultan alcanzados por los incentivos, derechos y garantías previstos en el presente régimen.

De manera excepcional y a solicitud de un VPU en oportunidad de la presentación de solicitud de adhesión, la autoridad de aplicación podrá, en atención al riesgo asumido por el inversor, autorizar que los montos destinados a la cancelación de las obligaciones asumidas en contrataciones de servicios esenciales para el proyecto y sin los cuales el mismo no podría ejecutarse, puedan computarse como cumplimiento del monto mínimo de inversión por hasta un máximo que no exceda un veinte por ciento (20%) de dicho monto mínimo de inversión.

La autoridad de aplicación resolverá el otorgamiento de esta excepción en el mismo acto administrativo en el que decida sobre la solicitud de adhesión. En estos casos el solicitante deberá aclarar en la solicitud de adhesión, si la factibilidad de cumplimiento del monto mínimo de inversión exigido por el RIGI necesariamente depende y se encuentra condicionado al otorgamiento de esta excepción. En ningún caso podrán computarse contrataciones o servicios que no resulten esenciales para la viabilidad y/o ejecución del proyecto.

Artículo 175.- A efectos de adherir al RIGI y adquirir los derechos y beneficios que se establecen en dicho régimen, los VPU deberán:

a) Presentar la solicitud de adhesión y un plan de inversión en los términos y condiciones previstos en el artículo 176; y

b) Obtener la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Artículo 176.- La solicitud de adhesión y el plan de inversión indicado en el artículo 175 deberán contener como mínimo lo siguiente:

a) Descripción del proyecto objeto del plan de inversión, la ubicación del proyecto y el sector al que corresponde;

b) Datos societarios del VPU;

c) Constitución de domicilio a los efectos de las notificaciones y designación de la persona o representante para tratar cuestiones del proyecto con la autoridad de aplicación, a efectos de lo cual deberán incluirse sus datos de contacto. Cualquier modificación deberá informarse y actualizarse dentro de los treinta (30) días hábiles de producida;

d) Monto de la inversión total del proyecto en activos computables, especificando los montos involucrados en el inicio, construcción, operación y cierre del proyecto, y detallando los rubros y conceptos de inversión proyectados, el que deberá ser igual o superior al monto mínimo de inversión previsto por sector incluido. Asimismo, se deberá especificar, en caso de que corresponda, el monto del quince por ciento (15%) de la adquisición o asignación de activos realizada desde la entrada en vigencia del RIGI pero con anterioridad a la adhesión por parte del VPU al RIGI, a ser computada como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión, de conformidad con lo previsto en los párrafos segundo a quinto del artículo 174;

e) Rubros principales a los que se destinaría la inversión en activos computables con los costos de capital y operación debidamente discriminados y, asimismo, discriminando las inversiones en los activos previstos en el párrafo cuarto del artículo 174;

f) Cronograma estimado de la inversión total en el proyecto (con descripción si correspondiera del plazo de obra o construcción, fecha estimada de puesta en marcha, y vida útil del proyecto);

g) Monto de la inversión en activos computables que se realizará durante el primer y segundo año contados desde la notificación del acto administrativo de aprobación de la adhesión al RIGI y del plan de inversión, que no podrá ser inferior al porcentaje del monto mínimo de inversión definido según sector que establezca el Poder Ejecutivo nacional por reglamentación;

h) Declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local;

i) Fecha límite a propuesta del VPU, antes de la cual se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto de inversión mínima en activos computables previsto en el artículo 173 y definido por sector;

j) Descripción de la fuente o modo de financiamiento del monto de la inversión. En todos los casos el financiamiento será a exclusiva cuenta y riesgo del VPU;

k) Empleo directo e indirecto, con integración local estimada;

l) Plan de desarrollo de proveedores locales: El que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.

m) Estimado de producción y, de corresponder, monto estimado de exportaciones con cronograma proyectado hasta fin de vida útil;

n) Balance comercial y de flujos de divisas del proyecto para los primeros tres (3) años desde la fecha de aprobación del plan de inversión;

o) Declaración con respecto a la factibilidad técnica, económica y financiera del proyecto de inversión del que surja evidencia razonable con respecto a su factibilidad, incluyendo matriz de riesgos, plan de mitigación e informe de evaluador económico-financiero independiente;

p) Descripción de los permisos y habilitaciones obtenidos por el VPU necesarios para el desarrollo del plan de inversión y aquellos pendientes de obtención, de conformidad con la ley sustantiva aplicable según el sector de actividad del VPU. Deberá indicarse, asimismo, el tipo de habilitación y/o permiso, jurisdicción y autoridad competente a su cargo y, en caso de habilitaciones y/o permisos pendientes de obtención, estado del trámite y fecha aproximada de otorgamiento; y

q) Firma de representante legal del VPU.

La información referida y presentada por el VPU en cumplimiento del presente artículo será al solo efecto de evaluar la solicitud de adhesión al RIGI. Cualquier modificación de lo informado deberá ser notificada dentro de los treinta (30) días hábiles de conocida la modificación por parte del VPU. Ello sin perjuicio de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 de la presente.

Artículo 177.- Desde la presentación de la solicitud de adhesión y el plan de inversión por parte del VPU (o, en su caso, desde la presentación de cualquier información complementaria o aclaratoria requerida por la autoridad de aplicación al efecto), la autoridad de aplicación contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días siguientes para expedirse aprobándolos o rechazándolos. El plazo de cuarenta y cinco (45) días antes referido es esencial. El acto administrativo de aprobación o rechazo de la solicitud de adhesión deberá ser notificado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su emisión.

La autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria o las aclaraciones que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto en función de sus características e incluso podrá citar a una audiencia a mantener con los representantes del VPU. El plazo previsto en el primer párrafo del presente se suspenderá desde la fecha de notificación de la solicitud de información adicional hasta la fecha de presentación de la información complementaria o las aclaraciones requeridas.

La decisión sobre la aprobación o el rechazo por parte de la autoridad de aplicación se basará en la información incluida en la solicitud de adhesión, en el plan de inversión y de la evaluación que la autoridad de aplicación realice en los términos previstos en la presente ley. La decisión al respecto no será discrecional y respetará la garantía de igualdad ante la ley de todos los solicitantes, respetándose uniformidad y coherencia en los criterios de otorgamiento.

En los casos en que medie rechazo, el acto administrativo deberá incluir de manera expresa y clara las razones en virtud de las cuales se funda dicho rechazo las que únicamente podrán consistir en las siguientes:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la presente ley;

b) No alcanzar el monto de inversión mínima requerido;

c) Un excesivo e injustificado plazo propuesto como fecha límite para cumplir con el monto de inversión mínima en activos computables;

d) Un monto de inversión en activos computables inferior al requerido como inversión mínima durante el primer y segundo año posteriores a la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación del plan de la adhesión al RIGI y del plan de inversión;

e) La falta de información adecuada o esencial en el plan de inversión;

f) La ausencia de permisos relevantes o esenciales para la ejecución del plan de inversión y/o la incertidumbre o largo plazo para su obtención que pudieran hacer peligrar la factibilidad del proyecto en los tiempos propuestos;

g) Una clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento al plan de inversión de la manera planteada por el VPU a criterio de la autoridad de aplicación, sea en términos de factibilidad técnica, económica y/o financiera; y/o

h) La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local.

El rechazo de la solicitud de adhesión al RIGI no podrá ser recurrido. Sin embargo, el VPU tendrá derecho a presentar un nuevo plan de inversión respecto del mismo proyecto y someterlo nuevamente a consideración de la autoridad de aplicación hasta dos (2) veces más dentro del mismo año calendario. El acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión indicará de manera expresa lo siguiente:

(i) La fecha de adhesión al RIGI, la que se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de adhesión o de presentación de la información complementaria que permitió la aprobación;

(ii) Los montos que deberán cumplirse en cada uno de los primeros dos (2) años contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que apruebe la adhesión al RIGI; y

(iii) La fecha límite para cumplimiento del monto de inversión mínima en activos computables según lo propuesto por el VPU en el plan de inversión aprobado.

El acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión implicará que el VPU se encuentra adherido al RIGI, que se ha aprobado el plan de inversión presentado y que el proyecto objeto de adquisición, construcción, explotación y/o desarrollo por parte del VPU es un proyecto adherido al RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión, se considerará que la fecha de adhesión al RIGI, y de adquisición de los derechos, es la fecha de la presentación original de la solicitud de adhesión por parte del VPU o la fecha posterior en la que el VPU hubiese completado a satisfacción de la autoridad de aplicación su solicitud de adhesión original con la información aclaratoria y/o complementaria solicitada por la autoridad de aplicación, lo que suceda último.

La fecha de adhesión será considerada como la fecha de adquisición de los derechos bajo el RIGI tanto para el proyecto como para el VPU.

La fecha de notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la adhesión al RIGI y del plan de inversión será considerada como la fecha de asunción por parte del VPU de los compromisos y requisitos de cumplimiento esencial previstos en el RIGI para la permanencia en el régimen.

El acto administrativo aprobatorio del plan de inversión de determinado proyecto será constitutivo de los derechos que surgen del RIGI.

Emitido el acto administrativo aprobatorio la autoridad de aplicación procederá a:

1. Emitir como constancia de adhesión al RIGI y a efectos meramente declarativos el “Certificado de Adhesión del Proyecto al RIGI” que acreditará el derecho a gozar de los incentivos bajo el RIGI. El acto aprobatorio de la solicitud de adhesión y dicho certificado serán notificados al VPU en el domicilio constituido en oportunidad de presentar el plan de inversión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores y siguientes al de su emisión;

2. Informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles genere una CUIT especial a los efectos del RIGI para el VPU a la que se le agregará al final del número la sigla “RIGI”; y

3. Informar a la autoridad competente en materia cambiaria (Banco Central de la República Argentina -o quien la reemplace-) a fin de que aplique al VPU los incentivos previstos en el presente en materia cambiaria.

En el caso del cuarto párrafo del artículo 169, una vez aprobada la solicitud de adhesión al RIGI por la autoridad de aplicación, se deberá llevar adelante un procedimiento de renegociación contractual a fin de lograr la adecuación del contrato de concesión a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento. El plazo del contrato deberá fijarse teniendo en consideración las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable.

Artículo 178.- La adhesión al RIGI implicará para el VPU:

a) Desde la fecha de adhesión al RIGI, la adquisición de los derechos previstos en el RIGI exclusivamente respecto del proyecto objeto del plan de inversión propuesto por el VPU y aprobado por la autoridad de aplicación;

b) Desde la notificación al VPU del acto administrativo aprobatorio de la solicitud de adhesión que incluye el plan de inversión, la asunción de obligaciones de manera irrevocable para la permanencia en el régimen.

Desde la fecha de adhesión al RIGI inclusive, el VPU gozará de un derecho adquirido asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos en los capítulos IV, V, VI y X del presente título, y demás derechos resultantes del RIGI, que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior y que tendrá la estabilidad prevista en el presente RIGI.

El VPU gozará de los derechos, garantías e incentivos previstos en el RIGI, en la medida en que no se incurra en alguna de las causales de cese de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la presente ley. Adicionalmente, gozará de la garantía de estabilidad prevista en el capítulo VI del presente título por un plazo de treinta (30) años contados desde la fecha de adhesión.

La aprobación de la solicitud de adhesión, que incluye el plan de inversión genera en todos los casos para el VPU la obligación de cumplir con los compromisos previstos en los incisos a) y b) del artículo 172 como condición para la permanencia en el RIGI, quedando sujeto a las sanciones que le pudiera corresponder en caso de goce indebido del RIGI los beneficios conforme lo previsto en el capítulo VIII de este título.

Los incentivos solo podrán ser utilizados por parte del VPU exclusivamente respecto del proyecto adherido. El VPU no podrá ser titular ni desarrollar otras actividades o proyectos distintos del proyecto adherido. Sin perjuicio de ello, se podrán fusionar VPUs y/o adquirir proyectos ya adheridos a fin de conformar un único proyecto adherido.

Artículo 179.- La autoridad de aplicación deberá hacer seguimiento y controlar:

a) El cumplimiento del monto mínimo de inversión antes de la fecha límite;

b) El cumplimiento de la inversión realizada dentro de los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI;

c) El cumplimiento de las demás obligaciones que surgen del RIGI; y

d) La adecuada utilización de los incentivos por parte de los VPU respecto del proyecto adherido.

Los activos que se hayan computado a efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión deberán permanecer afectados al proyecto adherido objeto del plan de inversión aprobado por el término de su vida útil o hasta el fin del plazo de estabilidad o el fin de la vida útil del proyecto adherido, o hasta la fecha en que medie permiso de la autoridad de aplicación para desafectarlo, lo que ocurra primero.

La autoridad de aplicación podrá autorizar, a solicitud del VPU, la desafectación de activos para las operaciones de venta y reemplazo debidamente justificadas previstas en el inciso b) del artículo 183 en tanto el monto invertido en el reemplazo sea igual o mayor al obtenido por la venta.

Artículo 180.- Con las limitaciones que surgen del último párrafo del artículo 178, el plan de inversión que hubiese sido aprobado en oportunidad de la aprobación de la solicitud de adhesión, podrá ser modificado por los VPU sin necesidad de previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación, debiendo, sin embargo, notificar la modificación a la autoridad de aplicación dentro de los cinco (5) días hábiles de decidida o conocida, debiendo además proceder a la actualización de la información presentada con carácter de declaración jurada conforme al artículo 176.

Sin embargo, los siguientes aspectos del plan de inversión sólo podrán modificarse en los casos en que medie previa solicitud del VPU y autorización expresa y por escrito emitida por parte de la autoridad de aplicación:

a) Reducción del monto a invertir durante los dos (2) primeros años contados desde la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI y/o prórroga de dichos plazos anuales para cumplir con el monto comprometido; y

b) Extensión de la fecha límite antes de la cual debe alcanzarse el monto de inversión mínima.

El rechazo a la solicitud de modificación será irrecurrible.

La solicitud de modificación de plan de inversión en estos casos deberá ser realizada por el VPU con una antelación mínima de sesenta (60) días corridos antes de su vencimiento, y deberá acreditar razones debidamente fundadas y ajenas a la voluntad y/u obrar del VPU que, a criterio de la autoridad de aplicación, justifiquen razonablemente el otorgamiento de lo solicitado.

Las modificaciones, extensiones y/o ampliaciones de los planes de inversión informadas o aprobadas, según sea el caso, no alterarán los derechos adquiridos bajo el RIGI, salvo en aquellos supuestos en que se incurra en algunas de las causales de terminación, en los términos y condiciones previstos en el artículo 209 de esta ley.

El VPU que tenga conocimiento cierto de la imposibilidad de cumplimiento de alguna de las condiciones y/o requisitos esenciales para la permanencia en el RIGI, deberá informarlo a la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de tomado dicho conocimiento.

La autoridad de aplicación deberá analizar la presentación y resolver sobre la permanencia o terminación del VPU en el RIGI, encontrándose facultada para, eventualmente, ordenar la modificación de las condiciones de inversión a efectos de prevenir y evitar un goce indebido de los incentivos otorgados al VPU que se encuentre en las condiciones descriptas en el párrafo anterior. El incumplimiento de esta obligación será causal del agravamiento de las sanciones previstas en el presente régimen.

Artículo 181.- Como condición de la permanencia en el RIGI, el VPU asume el compromiso de cumplir con todas las condiciones y requisitos esenciales del presente régimen. Sin perjuicio de ello, se reconoce que la concreción y continuidad de dicho proyecto depende de una diversidad de factores cuyo control a veces resulta ajeno al VPU, y por ende el VPU podrá, en cualquier momento, ante la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor en los términos definidos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomar la decisión de suspenderlo, reiniciarlo y/o cerrarlo en forma provisoria o definitiva, parcial o total, sin incurrir en responsabilidad bajo el presente, debiendo justificar razonablemente su decisión mediante notificación a la autoridad de aplicación, y suspendiendo sus obligaciones por igual plazo que dure la suspensión.

Durante el plazo en que dure la suspensión, el VPU se abstendrá de hacer uso de los incentivos que surgen del RIGI, pudiendo reanudar el ejercicio de sus derechos a partir del cese de los efectos de caso fortuito o fuerza mayor.

En la medida en que se produzca un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, se suspenderá el cumplimiento de las obligaciones que no puedan ser satisfechas durante el período en que se vea impedido dicho cumplimiento. El VPU afectado por el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor deberá comunicar dicha circunstancia a la autoridad de aplicación, por escrito, dentro de los quince (15) días de tomar conocimiento de su existencia, explicando si se trata de un supuesto de suspensión (con su duración estimada) o cierre parcial o definitivo. Dicha notificación deberá indicar la naturaleza del supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor y sus causas. Desaparecido el impedimento, el VPU afectado deberá retomar inmediatamente el cumplimiento de sus obligaciones y se reanudará el uso y goce de los incentivos.

Artículo 182.- La reglamentación establecerá las clases de garantías que deberán exigirse para preservar el crédito fiscal relativo al otorgamiento de los incentivos tributarios y aduaneros a los VPU, específicamente relacionados con la utilización indebida de incentivos.

Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por la autoridad de aplicación, los VPU podrán optar por alguna de las formas siguientes:

a) Depósito de dinero en efectivo;

b) Depósito de títulos de la deuda pública, computados sus valores del modo que determinare la reglamentación;

c) Garantía bancaria;

d) Seguro de garantía;

e) Garantía real, en primer grado de privilegio, en cuyo caso el valor de los inmuebles o muebles de que se tratare se establecerá del modo que determinare la reglamentación; y

f) Las demás que autorizare la reglamentación para los supuestos y en las condiciones que allí se establecieren.

Capítulo IV

Incentivos tributarios y aduaneros

Artículo 183.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto a las Ganancias será entendida como la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado en 2019 por el decreto 824/2019 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al impuesto a las ganancias, los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) La alícuota prevista en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias será del veinticinco por ciento (25%) no resultando de aplicación sobre dichas utilidades la escala prevista en el inciso a) del artículo 73 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones;

b) Los VPU podrán, para las inversiones que realicen, optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de afectación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los artículos 78, 87 y 88, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:

(i) En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas;

(ii) En minas, canteras, bosques y bienes análogos o en obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al sesenta por ciento (60%) de la estimada.

El incentivo mencionado en el presente inciso resultará de aplicación en la medida en que el bien del cual se trate se encuentre habilitado, entendiéndose como tal cuando se encuentre apto para ser utilizado en el proyecto respectivo.

Para el caso de activos incorporados al VPU mediante los supuestos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 174, en el cual tales bienes u obras hayan sido habilitados en ejercicios fiscales anteriores a aquel en que se aprueba la solicitud de adhesión y el plan de inversión, el incentivo previsto en el primer párrafo del presente inciso podrá usufructuarse por el valor remanente no amortizado de los bienes u obras sujetos a beneficio.

Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el artículo 71 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la amortización especial prevista en el primer párrafo del presente inciso deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la referida ley del gravamen. Si la enajenación y reemplazo se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento previsto en este párrafo queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos en reemplazo permanezcan afectados a la ejecución del proyecto. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuesto resultantes más los intereses resarcitorios establecidos en el artículo 37 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), salvo en el supuesto previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder por aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del presente Título.

No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la proporción de las amortizaciones computadas en virtud del importe reinvertido que no se encuentre alcanzada por el régimen, tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior;

c) El quebranto impositivo sufrido por los VPU en un período fiscal, que no pueda absorberse con ganancias gravadas del mismo período, podrá deducirse de las ganancias gravadas que se obtengan en los años inmediatos siguientes, sin límite temporal. Transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán transferirse a terceros. En el caso de Sucursales Dedicadas del artículo 170, transcurridos cinco (5) años sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias gravadas, éstos podrán utilizarse para absorber ganancias gravadas de la sociedad a la cual pertenecen o transferirse a terceros. Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

d) Las actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos, no resultando de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Artículo 184.- La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y las remesas de utilidades a que se refiere el segundo párrafo del inciso b) del artículo 73 de dicha ley, proveniente de los VPU adheridos al RIGI, tributará a la alícuota del siete por ciento (7%).

Cuando los dividendos y utilidades a que se refiere el párrafo precedente se paguen a beneficiarios del exterior, corresponderá que quien los pague efectúe la pertinente retención e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos dicho porcentaje, con carácter de pago único y definitivo.

Artículo 185.- Una vez transcurrido un plazo de siete (7) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades referidos en el artículo precedente quedarán alcanzados por una alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%).

Los pagos que los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo efectúen a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por las locaciones o chárter marítimos, por los servicios de transporte internacional destinado a exportaciones y por los servicios incluidos en contratos de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, se encontrarán exentos del Impuesto a las Ganancias.

Cuando los VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica efectúen pagos no incluidos en el párrafo anterior a beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario, el treinta por ciento (30%) de los importes pagados, excepto que exista una disposición que implique un tratamiento más favorable, en cuyo caso será de aplicación este último.

A los fines de la retención a beneficiarios del exterior a realizar por VPU con proyectos declarados de Exportación Estratégica, en ningún caso será de aplicación el acrecentamiento de la ganancia contemplado en el artículo 227 del decreto reglamentario de dicha Ley de Impuestos a las Ganancias.

Artículo 186.- Las transacciones u operaciones que los VPU realicen con sus titulares, miembros o con entidades locales vinculadas a ellos se encontrarán sujetas a las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con excepción de lo previsto en su octavo párrafo.

A los fines de determinar si los acuerdos de reparto o contribución de costos que celebren los VPU –incluidas las sucursales especiales– con sus titulares, miembros o con entidades locales o extranjeras vinculadas a ellos se consideran ajustados a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes, el valor de las contribuciones o aportes efectuados por cada participante debe ajustarse al que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables, teniendo en cuenta la parte proporcional de los beneficios totales que razonablemente espera obtener del acuerdo.

Artículo 187.- A efectos del presente régimen, cualquier referencia a la Ley de Impuesto al Valor Agregado será entendida como la Ley de Impuesto al Valor Agregado –texto ordenado en 1997 por el decreto 280/1997 y sus modificaciones– así como cualquier otra ley que en un futuro la modifique o sustituya.

Con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los VPU adheridos al RIGI estarán sujetos al siguiente régimen:

a) Cuando a los VPU se les hubiera facturado IVA (incluidas las respectivas percepciones) por compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de uso o por inversiones de obras de infraestructura y/o servicios necesarios para su desarrollo y construcción y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos esas compras o importaciones definitivas la alícuota a la que dichas operaciones han estado sujetas, los VPU podrán pagar el IVA (incluidas las percepciones) a sus proveedores, o a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el caso de importaciones de bienes, a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. Dichos bienes de uso u obras de infraestructura deberán cumplir con su afectación al proyecto prevista en el artículo 179 del presente;

b) Los Certificados de Crédito Fiscal tendrán para los proveedores el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En aquellos casos en los que el proveedor solicite la devolución o transferencia a terceros de saldos que tengan origen en Certificados de Crédito Fiscal, y la Administración Federal de Ingresos Públicos no proceda a la devolución en un plazo de tres (3) meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En este último caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá verificar la procedencia, exactitud y existencia de los remanentes de dichos saldos con posterioridad a su transferencia y, en caso de que tales remanentes de saldos resulten improcedentes, inexactos o inexistentes, reclamar al VPU el ingreso de los importes transferidos por el proveedor indebidamente a terceros. La Administración Federal de Ingresos Públicos no podrá impugnar el cómputo de los remanentes de esos créditos fiscales transferidos por parte de los proveedores ni de los terceros, ni reclamar a tales proveedores o terceros el pago de los tributos cancelados con dichos remanentes de créditos fiscales;

c) En ningún caso los VPU podrán computar los créditos fiscales reales abonados con Certificados de Crédito Fiscal.

La reglamentación establecerá los requisitos, procedimientos y condiciones para la emisión y entrega de los Certificados de Crédito Fiscal y la transferencia del remanente de saldos de créditos fiscales. La autoridad de aplicación dictará las normas que estime necesarias para instrumentar el régimen, pudiendo incluso utilizar medios informáticos para implementar la emisión y entrega de los mencionados certificados, como así también de los remanentes de saldos de créditos fiscales.

Artículo 188.- Los VPU adheridos al RIGI que estén conformados por uniones transitorias u otros contratos asociativos, de conformidad con lo previsto en el inciso d) del párrafo tercero del artículo 169, tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

i) Serán considerados sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetos al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a sus miembros;

ii) Las distribuciones de utilidades del VPU a sus miembros tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre el VPU y sus miembros deberán ser caracterizados al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si el VPU y sus miembros hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Demás tributos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún tributo local las operaciones, transferencias, ventas, locaciones, prestaciones ni ninguna otra relación económica entre el VPU y sus miembros. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 189.- Los VPU adheridos al RIGI podrán computar el cien por ciento (100%) de los importes abonados y/o percibidos en concepto del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413 y su reglamentación, como crédito del impuesto a las ganancias.

Artículo 190.- Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales. Cualquier imposición en tal sentido será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

La propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con el tratamiento previsto en el párrafo anterior excepto insumos utilizados para producción no puede ser objeto de transferencia, salvo que dicha transferencia se efectúe a otro VPU adherido al RIGI, lo cual deberá ser notificado a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente párrafo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en este régimen.

La obligación impuesta en el párrafo precedente se extingue en los mismos supuestos que los previstos en el artículo 179.

Artículo 191.- Las exportaciones para consumo de los bienes obtenidos al amparo del proyecto promovido, realizadas por los VPU adheridos al RIGI se encontrarán exentas de derechos de exportación, luego de transcurridos tres (3) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Las exportaciones a las que se refiere el párrafo anterior realizadas por los VPU titulares de proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo estarán exentas de derechos de exportación, a partir de los dos (2) años contados desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 192.- A los efectos de la aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley General de Sociedades -ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificatorias-, podrán deducirse de las ganancias y/o adicionarse a las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por este régimen.

Los beneficiarios del presente régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto.

En lo que hace a su tratamiento impositivo, para los beneficiarios del presente régimen, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias excepto por las limitaciones establecidas en el cuarto párrafo y siguientes del inciso a) de su artículo 85, las cuales no serán aplicables durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de adhesión al RIGI.

Artículo 193.- Los VPU adheridos al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho Proyecto Adherido, sin que puedan aplicárseles prohibiciones ni restricciones directas, restricciones cuantitativas, cupos o cuotas, de ningún tipo, ni cualitativas, de carácter económico. Tampoco podrán aplicárseles precios oficiales ni ninguna otra medida oficial que altere el valor de las mercaderías importadas o exportadas, ni prioridades de abastecimiento al mercado interno, aun cuando las mismas estén previstas en la legislación vigente a la fecha de adhesión y excepto que las mismas se encuentren expresa y específicamente incluidas en la aprobación de la autoridad de aplicación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado.

Los VPU adheridos al RIGI incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de Exportación Estratégica de Largo Plazo no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los VPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. En particular, también se garantiza a todos los VPU adheridos al RIGI, incluyendo a aquellos cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que: (i) los obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado; (ii) les impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido con carácter dedicado y exclusivo al respectivo proyecto y (iii) que afecten la estabilidad de las autorizaciones de exportación de largo plazo para sus productos que hayan sido otorgadas previamente. Se considerará que configuran prohibiciones o restricciones directas a las importaciones o a las exportaciones de carácter económico, en los términos del presente artículo, a las declaraciones juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los certificados de importación, los sistemas de monitoreo de importaciones o exportaciones y cualquier otra declaración, intervención, acto administrativo o presentación de carácter previo a la registración del despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica por parte del Estado. También se considerarán restricciones directas las medidas que exijan la presentación de certificados de origen, salvo cuando el origen de la mercadería cuya importación se solicita de derecho a la aplicación de preferencias arancelarias o tratamientos diferenciales, o cuando dicha mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios o específicos, o a medidas de salvaguardia.

Cualquier restricción y/o afectación en los términos de los párrafos anteriores será considerada como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 194.- Los VPU adheridos al RIGI podrán optar por llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses utilizando las Normas Internacionales de Información Financiera.

Artículo 195.- Las Sucursales Dedicadas tendrán el tratamiento tributario previsto en el presente capítulo, conforme a las siguientes disposiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el apartado 2 del inciso a) del Artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) Las distribuciones de utilidades de la Sucursal Dedicada a la sociedad a la cual pertenecen tendrán el tratamiento previsto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;

(iii) La asignación de patrimonio que se efectúe de la sociedad a la Sucursal Dedicada a efectos de su establecimiento, inscripción y adhesión al RIGI estará sujeta al siguiente tratamiento:

La Sucursal Dedicada gozará de los atributos impositivos que, de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Ganancias y su reglamento, poseía la sociedad a la cual pertenece, en proporción al patrimonio asignado;

(iv) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al sólo efecto de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Especial hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

b) Impuesto al Valor Agregado:

(i) Serán consideradas sujetos comprendidos en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, desde la fecha de adhesión al RIGI, por lo que quedarán sujetas al tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo en forma separada a la sociedad a la cual pertenecen;

(ii) No se considerarán ventas las asignaciones que se realicen como consecuencia del establecimiento de la Sucursal Dedicada a los efectos de su adhesión al RIGI. Los saldos de impuestos existentes en la sociedad serán atribuibles a la Sucursal Especial en la proporción de los bienes asignados;

(iii) Las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial –excepto las previstas en el inciso anterior– deberán ser caracterizadas al solo efecto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y el RIGI, de acuerdo con la forma o estructura jurídica que hubieran adoptado si la sociedad y la Sucursal Dedicada hubieran sido empresas distintas y separadas que realizasen las mismas o similares actividades en las mismas o similares condiciones, y tratasen con total independencia una de otra.

c) Demás tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipales: No podrán alcanzarse con ningún otro impuesto nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni municipal las operaciones, actos o relaciones económicas entre la sociedad y la Sucursal Especial.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Artículo 196.- Los incentivos tributarios otorgados a través del presente régimen no producirán efectos en la medida en que pudieran resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros por aplicación de un impuesto mínimo global –sea a través de una regla de inclusión de ganancias, una regla de pagos sujetos a baja tributación o cualquier otra medida análoga– que implemente o esté dirigido a implementar, total o parcialmente, el segundo pilar del Marco Inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G-20 sobre erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.

Artículo 197.- Las reorganizaciones de empresas que se lleven a cabo con el objeto de establecer un VPU o realizar las inversiones en activos computables podrán efectuarse de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, con las siguientes modificaciones:

a) No será requisito que la o las entidades continuadoras prosigan con la actividad de la o las empresas reestructuradas;

b) No se requerirá aprobación previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total de la o las empresas reorganizadas;

c) Los efectos impositivos previstos en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no se encuentran supeditados al cumplimiento de los requisitos de publicidad e inscripción establecidos en la Ley General de Sociedades - ley 19.550, texto ordenado 1984 y sus modificaciones; y

d) No resultarán aplicables los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 172 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias - decreto 862/2019, texto ordenado 2019, y sus modificaciones.

Capítulo V

Incentivos cambiarios

Artículo 198.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios:

a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad.

Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos (tales como aportes de capital, préstamos o servicios) vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos.

Las divisas exceptuadas de la obligación de ingreso y liquidación en los términos precedentes serán de libre disponibilidad para los VPU.

Cuando se trate del cobro de exportaciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

(i) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(ii) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;

(iii) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.

Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.

Artículo 199.- Las divisas provenientes de financiamientos locales o externos tomados por los VPU adheridos al RIGI, que fueran desembolsados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, no estarán sujetas a restricciones en cuanto a su libre disponibilidad en el exterior o en el país. Dichos fondos serán de libre disponibilidad por parte del VPU y/o del Proyecto Adherido y sus montos podrán ser utilizados libremente para cualquier concepto.

No le será aplicable a los VPU adheridos al RIGI ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no, impuesta por la normativa cambiaria.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, el monto de activos externos líquidos que los VPU mantengan en el exterior en virtud de los beneficios del RIGI podrá ser tenido en cuenta por aquellas normas que establezcan, o puedan establecer en un futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios con base en la tenencia de activos externos líquidos. Sin embargo, dichas normas sólo podrán exigir a los VPU que atiendan el pago de endeudamientos comerciales y/o financieros con el exterior, el pago de capital e intereses de préstamos, la distribución de dividendos y utilidades, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, prioritariamente con dichos activos externos líquidos o que no puedan acceder al mercado de cambios para el pago de las mismas mientras cuenten con tales activos externos líquidos.

Asimismo, no resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de capital de préstamos y otros endeudamientos financieros con el exterior, y/o la repatriación de inversiones directas de sujetos no residentes, en la medida que el importe de divisas ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios como préstamos y otros endeudamientos con el exterior y/o aportes de capital u otras inversiones directas por parte de los VPU sea en todo momento mayor o igual a los importes en divisas que demanden tales accesos.

No resultarán aplicables a los VPU las normas cambiarias que establezcan, o que puedan establecer en el futuro, restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambios para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes, en la medida que tales utilidades, dividendos o intereses hayan sido generados por aportes de capital u otras inversiones directas, o por préstamos u otros endeudamientos financieros con el exterior, ingresados y liquidados en el mercado de cambios por el VPU a partir de la fecha de adhesión al RIGI, sin que en este caso aplique el límite cuantitativo previsto en el párrafo anterior.

Los organismos públicos y los entes privados intervinientes en el procedimiento administrativo relativo al cumplimiento de los requisitos y/o condiciones formales y/o sustanciales establecidos en la normativa cambiaria a fin de que los VPU adheridos al RIGI accedan al mercado de cambios para adquirir divisas o moneda extranjera por los conceptos mencionados en los párrafos precedentes velarán porque su tramitación no afecte el normal desenvolvimiento y ejecución de dicho proyecto.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días corridos de publicada la presente ley, las normas necesarias a fin de implementar en la normativa del mercado de cambios los derechos reconocidos en este artículo.

Artículo 200.- El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI:

a) La plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación;

b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;

c) El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU tenga la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial;

d) El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad previa del Banco Central de la República Argentina en la medida que la inversión haya ingresado a través del mercado único y libre de cambios;

e) El acceso irrestricto a la justicia y demás remedios legales disponibles para la defensa y protección de sus derechos relacionados con el proyecto objeto del plan de inversión aprobado.

Capítulo VI

Estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes. Cesiones

Artículo 201.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos, de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, consistente en que los incentivos otorgados en los capítulos IV y V del presente título no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva que las que se encuentran contempladas en el RIGI. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU. A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo, el RIGI no tendrá más estabilidad para el VPU adherido y podrá ser modificado por el régimen general regulatorio, tributario, aduanero y cambiario.

La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria que gozarán los VPU adheridos al RIGI cuyos proyectos sean declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extienda hasta los treinta (30) años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del Proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos de inversión previstos en el inciso a) del artículo 172. Las fechas estimadas de puesta en marcha de cada etapa del proyecto y de finalización de vigencia de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de cada etapa del proyecto, deberán constar en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión, y en ningún caso la estabilidad de las etapas sucesivas se extenderá más allá de treinta (30) años contados desde cumplido el décimo año de la puesta en marcha de la primera etapa del proyecto.

Artículo 202.- Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos al RIGI serán los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen del capítulo IV del presente título. Los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo IV del presente título, no serán aplicables a tales VPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo IV del presente título no serán aplicables a los VPU.

Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá sin embargo a los VPU de beneficiarse de la eliminación de tributos o reducción de alícuotas que pudieran establecerse en un futuro en el régimen general y que resulten más favorables que los vigentes a la fecha de adhesión con las modificaciones del capítulo IV del presente título.

El beneficio de estabilidad tributaria otorga a los VPU adheridos al RIGI el derecho a rechazar cualquier reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de aquellos importes que excedan el tributo que corresponda abonar en virtud de los párrafos precedentes. Si, no obstante ello, el VPU abonara el importe que no correspondía en virtud de los apartados precedentes, el beneficio de estabilidad tributaria habilitará al VPU a utilizarlo como crédito fiscal pudiendo aplicarlo de manera inmediata a la cancelación de cualquier otro impuesto nacional.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que existe un incremento de tributos estabilizados bajo el RIGI y no aplicables al VPU, cuando:

a) Se aumenten las alícuotas, tasas o montos;

b) Se deroguen total o parcialmente exenciones o se graven actividades o bienes no gravados a la fecha prevista en el párrafo primero del presente artículo;

c) Se modifiquen los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el VPU adhirió al RIGI y que signifiquen un incremento en dicha base imponible;

d) Se incorporen al ámbito de un tributo situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas.

En los pagos efectuados a sujetos del exterior, comprendidos en el título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, la estabilidad fiscal también alcanza:

(i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes; y

(ii) a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina.

No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma:

1. la prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal;

2. la caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso;

3. la incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los VPU puedan disminuir de manera indebida y/o deliberada —cualquiera sea su metodología o procedimiento— la base de imposición de un gravamen;

4. los aportes y contribuciones de la seguridad social; o

5. el incremento en las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado.

Estará a cargo de los VPU que invoquen una vulneración de la estabilidad tributaria justificar y probar dicha vulneración en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Sin embargo, cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal o reglamentaria de cualquier aspecto relativo a los tributos vigentes a la fecha de adhesión, estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos justificar y probar, en cada caso, que no se ha producido un incremento de la carga tributaria como condición previa para aplicar dicho tributo o la mayor alícuota al VPU.

Artículo 203.- A efectos de lo previsto en el artículo 19 del Régimen Penal Tributario -ley 27.430 y sus modificaciones- y siguiendo el criterio general que resulta aplicable, en los casos previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de dicho régimen, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando el VPU haya exteriorizado el criterio utilizado para determinar la obligación tributaria –incluyendo aquellos aspectos relativos a la base imponible, alícuota, exenciones, hecho imponible, alcances y/o vulneración de la estabilidad tributaria, entre otros– a través de presentación por escrito efectuada a dicha administración con anterioridad a la presentación de la respectiva declaración jurada.

Artículo 204.- En el caso de los tributos regidos por la legislación aduanera, serán de aplicación a las importaciones y a las exportaciones para consumo de los VPU adheridos al RIGI el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes al momento de la fecha de adhesión con las modificaciones que surgen de los incentivos previstos en el capítulo IV del presente título.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento de autoliquidación manual libre que garantice al VPU la posibilidad de presentar la liquidación de derechos y demás tributos a la importación o a la exportación que estime corresponder y de registrar la destinación de importación o exportación incorporando dicha liquidación, sin que pueda exigírsele en ningún caso el pago previo de los importes que resulten aplicables bajo la normativa vigente en cada momento. Dicho procedimiento no podrá estar sujeto a autorización previa ni a requisitos o condiciones de ninguna clase.

Artículo 205.- Los VPU adheridos al RIGI gozarán de estabilidad normativa en materia cambiaria desde la fecha de adhesión al RIGI y durante el plazo mencionado en el artículo 201, la cual consiste en que el régimen cambiario vigente a la fecha de adhesión al RIGI, con las modificaciones aplicables en virtud de los incentivos cambiarios otorgados bajo la presente, no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas.

Las normas susceptibles de estabilidad cambiaria son todas las normas vinculadas a la materia cambiaria y que forman parte del régimen cambiario dispuesto en el RIGI con la única exclusión del tipo de cambio.

El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades asignadas en su carta orgánica, dictará en el plazo máximo de treinta (30) días de publicada la presente ley, las normas necesarias con el fin de garantizar los derechos otorgados en este artículo.

El VPU adherido al RIGI, se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Estará exento de cualquier restricción cambiaria derivada del régimen general cambiario vigente que contradiga o restrinja o resulte más gravosa que los derechos que en materia cambiaria se encuentran previstos en el capítulo V del presente título, pudiendo el VPU rechazar su aplicación con la mera exhibición o presentación de la constancia de adhesión al RIGI;

b) En el supuesto de reducciones o eliminación de restricciones cambiarias que impliquen un tratamiento cambiario más beneficioso que el previsto en el capítulo V del presente título, el VPU podrá beneficiarse de las mismas aplicándolas de inmediato.

Artículo 206.- En caso de que un VPU adherido al RIGI alegue una violación a la estabilidad normativa cambiaria, dicho VPU podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de adhesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 205, notificando fehacientemente al Banco Central de la República Argentina esta circunstancia. Si el Banco Central de la República Argentina considerara que no ha existido tal violación, previo a dar inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, deberá requerir al VPU que, dentro de un plazo de quince (15) días, indique, de manera concreta, la norma, acto, conducta u omisión que considera violatoria a la estabilidad cambiaria, y que fundamente dicha posición. En ese mismo acto, el VPU deberá ofrecer o aportar las pruebas que hagan a su derecho. Evacuado el requerimiento y, en su caso, las medidas de prueba solicitadas, el Banco Central de la República Argentina deberá dictar resolución fundada aceptando o desestimando la existencia de una violación a la estabilidad normativa cambiaria dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles. Contra la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina procederá, a opción del VPU, el recurso de alzada previsto en el artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos –decreto 1759/72, texto ordenado 2017– o la acción judicial pertinente. El Banco Central de la República Argentina suspenderá los efectos de la resolución, en los términos del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos –ley 19.549 y sus modificatorias– hasta tanto se resuelvan, con carácter de cosa juzgada, los recursos y/o acciones judiciales antes mencionados. En consecuencia, no se dará inicio al proceso sumario previsto en el artículo 8º de la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1995, hasta tanto la resolución dictada por el Banco Central de la República Argentina quede firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material.

Artículo 207.- Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser transferidos, directa o indirectamente, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo informar de ello a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI podrán ser objeto de prenda, cesión en garantía, fideicomiso y/o cualquier otro tipo de negocio jurídico de garantía con entidades financieras, organismos de crédito, locales o extranjeros, sin autorización previa de la autoridad de aplicación, debiendo ello ser informado a ésta última dentro de los quince (15) días corridos siguientes de ocurrido.

Artículo 208.- Los beneficios previstos en el RIGI no podrán ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales preexistentes. Sin embargo, la adhesión al RIGI no implicará renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y/o futuros con los que se podrán combinar incentivos de distinta naturaleza que no se superpongan, ni se acumulen o reiteren con los incentivos previstos en el presente.

A los efectos indicados en la última parte del párrafo anterior, no resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 32 de la ley 24.331 de Zona Franca.

Capítulo VII

Terminación de los incentivos bajo el RIGI

Artículo 209.- Los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

a) Finalización del proyecto por fin de su vida útil;

b) Quiebra del VPU;

c) Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o

d) Cese como sanción por infracción al RIGI.

Artículo 210.- Los VPU podrán darse de baja voluntariamente del RIGI en los siguientes casos:

a) Una vez cumplidas las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172; o

b) Si ofrecen abonar voluntariamente el mínimo de la multa prevista en el inciso e) del artículo 213, y dicho pago se efectiviza en el plazo que establezca al efecto la reglamentación.

La solicitud de baja deberá ser presentada por el VPU en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, y deberá ser aceptada por la autoridad de aplicación mediante la emisión del correspondiente acto administrativo. Una vez aprobada, el sujeto solicitante de la baja quedará liberado de sus obligaciones bajo el RIGI desde la fecha de solicitud de la baja. Desde esa misma oportunidad en adelante, se considerará que habrá perdido todo derecho, garantía e incentivo previsto en el RIGI, sin efecto retroactivo y sin afectar los derechos utilizados con anterioridad a la baja.

Capítulo VIII

Régimen Infraccional y Recursivo Aplicable al VPU

Artículo 211.- Serán sancionables los siguientes incumplimientos del presente régimen y sus normas reglamentarias:

a) Omitir o demorar la presentación de la información requerida por la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

b) Presentar información o declaraciones juradas falsas o inexactas a la autoridad de aplicación u otros organismos competentes en el marco de la presente ley;

c) Omitir la autorización previa y expresa de la autoridad de aplicación en aquellos casos en que la misma sea necesaria de conformidad con lo previsto en el RIGI;

d) Desafectar (ya sea por venta o reexportación) bienes introducidos al amparo de franquicias establecidas por el RIGI o en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172 con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos en el segundo párrafo del artículo 179 y en el tercer párrafo del artículo 190;

e) Desarrollar actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 169; o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 169;

f) Incumplir injustificadamente las obligaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 172;

g) Goce indebido de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias previstas en el presente régimen.

Artículo 212.- Verificado un supuesto de los previstos en el artículo precedente, la autoridad de aplicación deberá intimar al VPU, por medio fehaciente, a los fines de que proceda, en los casos en que ello sea materialmente factible, a la subsanación del incumplimiento dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes al de la notificación de la referida intimación.

En caso de que la autoridad de aplicación detecte la ocurrencia de los supuestos previstos en el artículo 211 y no sea un supuesto susceptible de subsanación o haya vencido el plazo para subsanarlo previsto en el apartado anterior sin que el VPU lo haya subsanado, se procederá a la instrucción del sumario infraccional correspondiente y a la aplicación, en su caso, de las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

El procedimiento sumarial deberá garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del VPU.

Dispuesta la apertura del sumario, deberá notificarse la imputación al VPU y conferírsele un plazo de quince (15) días hábiles para que presente su descargo y ofrezca la totalidad de la prueba que considere pertinente.

Presentado el descargo o vencido el plazo para hacerlo, la autoridad de aplicación resolverá sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas, considerando y disponiendo la producción de aquella que fuere pertinente, y rechazando únicamente y por decisión fundada aquella que resultare sobreabundante o improcedente.

Se fijará un plazo para la producción de la prueba admitida, que no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles.

Clausurado el período probatorio, la autoridad de aplicación notificará al beneficiario para que, de estimarlo necesario, alegue sobre la prueba producida en un plazo de cinco (5) días hábiles.

Presentado el alegato o vencido el plazo para su presentación, la autoridad de aplicación deberá dictar resolución sobre el sumario dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

Artículo 213.- Cuando la autoridad de aplicación, una vez concluido el procedimiento sumarial regulado en el artículo anterior, comprobara el acaecimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 211, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación tributaria, aduanera, previsional y/o penal vigente:

a) Apercibimiento, para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo 211;

b) Multa de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a treinta millones de pesos ($ 30.000.000) para los hechos previstos en el inciso a) del artículo 211;

c) Multa de cien millones de pesos ($ 100.000.000) a cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000) para los hechos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 211;

d) Multa de uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 para los hechos previstos en el inciso e) del artículo 211;

e) Multa de cinco por ciento (5%) al quince por ciento (15%) del monto mínimo de inversión del inciso a) del artículo 172 que se encuentre pendiente de cumplimiento, para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211;

f) Cese del RIGI para los hechos previstos en el inciso f) del artículo 211, lo que implicará la caducidad total de los incentivos del RIGI desde que el incumplimiento de dichas obligaciones se hubiese resuelto de manera definitiva y firme, por el tribunal competente;

g) Inhabilitación para solicitar la adhesión de un nuevo Proyecto al RIGI como sanción eventualmente adicional y accesoria a la prevista en el inciso anterior, dependiendo la gravedad de la conducta, la que será efectiva desde que la resolución disponiendo la sanción se hubiese resuelto de manera definitiva y firme por el tribunal competente, constituyendo dicha fecha la fecha efectiva de cese; y

h) Devoluciones de las franquicias tributarias, aduaneras y cambiarias para los hechos previstos en el inciso g) del artículo 211, con más sus intereses resarcitorios.

Ante uno de los supuestos previstos en el artículo 211, la autoridad de aplicación aplicará, de forma conjunta o alternativa, las sanciones previstas en el presente artículo.

Los montos previstos en los incisos b) y c) de este artículo se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente al 31 de diciembre del año anterior al del ajuste respecto al mismo día del año anterior.

La falta de cumplimiento de la obligación prevista en el anteúltimo párrafo del artículo 180 será causal de agravamiento de la sanción en aquellos casos en que, ante la terminación del RIGI para un VPU como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de permanencia en el RIGI, la autoridad de aplicación determine, sin lugar a duda razonable, que el VPU conocía o debió conocer que se encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento a las condiciones y compromisos para la permanencia en el régimen.

Artículo 214.- En la misma resolución en la que la autoridad de aplicación disponga la apertura del sumario infraccional podrá instruir la iniciación de las acciones pertinentes a los efectos de que el tribunal competente disponga cautelarmente, de manera preventiva y hasta que recaiga decisión definitiva y firme al respecto, la suspensión preventiva del goce de los incentivos bajo el presente RIGI. Asimismo, durante dicho plazo se considerarán suspendidas el cumplimiento de las demás obligaciones bajo el RIGI.

Artículo 215.- La acción penal en las infracciones del artículo 211 reprimidas con pena de multa se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trate.

Lo previsto en el párrafo anterior sólo surtirá efecto extintivo de la acción penal si el pago voluntario se efectuare antes de vencido el plazo previsto en el cuarto párrafo del artículo 212.

Artículo 216.- El cese será dispuesto por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo dictado al efecto en el que se especificará la causal incurrida por el VPU, la que deberá consistir en el incumplimiento acreditado de una de las obligaciones de cumplimiento esencial según lo dispuesto en el artículo 172.

El cese de los incentivos no tendrá efectos retroactivos, ni afectará a los incentivos gozados y/u obtenidos con anterioridad al cese.

La resolución firme y definitiva de cese de los incentivos implicará la pérdida automática del derecho a utilizar todos los incentivos posteriores a la fecha efectiva del cese.

Producido el cese de los incentivos, el VPU no podrá volver a ser incluido en el RIGI.

Artículo 217.- Las sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación a los VPU en los términos del presente régimen podrán recurrirse administrativamente por las vías y según los procedimientos previstos en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, sin perjuicio de la facultad del VPU de optar por someter la controversia a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley.

Los recursos y/o remedios alternativos judiciales y/o arbitrales que interpongan los VPU suspenderán la ejecución y efectos de los actos dictados por la autoridad de aplicación.

Para el caso en que la decisión definitiva y firme del tribunal competente resuelva levantar y/o revocar el cese, se reconocerán al VPU los incentivos que hubiese tenido que percibir durante el período de suspensión en el que el tribunal competente hubiere eventualmente dispuesto, conforme lo previsto en el artículo 214 de esta ley, la suspensión cautelar preventiva de los incentivos establecidos en el presente régimen, reanudándose la exigibilidad de las obligaciones que surgen del RIGI.

No será necesario que los VPU presenten en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo, no siendo exigible el agotamiento de instancia administrativa alguna a los efectos de someter cualquier controversia vinculada con el presente régimen a arbitraje en los términos previstos en el artículo 221 de la presente ley. Asimismo, no será aplicable ningún plazo de caducidad para el inicio de un reclamo arbitral, aun frente a una resolución expresa de un recurso o impugnación administrativa.

La interposición de los recursos o impugnaciones administrativas no impedirá desistirlos unilateralmente en cualquier momento para promover el reclamo arbitral. El desistimiento no podrá en ningún caso interpretarse como renuncia de los derechos que le pudieren asistir al VPU, ni obstará a que se articule el reclamo arbitral una vez resueltos definitivamente aquellos sin sujeción a plazo de caducidad alguno.

La promoción del reclamo arbitral impedirá la continuación o posterior interposición de recursos administrativos contra el mismo acto.

Capítulo IX

De la autoridad de aplicación

Artículo 218.- El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación del presente título de la ley, con facultades para:

a) La evaluación y aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión y de los planes de inversión presentados por los VPU;

b) La fiscalización y control del RIGI;

c) La verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias así como de las obligaciones a cargo de los VPU que deriven del RIGI;

d) La caducidad de los incentivos contemplados en el presente; y

e) El dictado de las normas operativas, aclaratorias y complementarias requeridas que resulten necesarias a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento del RIGI el cual es considerado operativo desde su vigencia.

Artículo 219.- La autoridad de aplicación podrá delegar en las Secretarías de gobierno las facultades previstas en el artículo precedente en base al sector de actividad de que se trate.

Artículo 220.- Los sujetos beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación la información que les fuera requerida acerca del estado del proyecto y de los VPU. Instrúyese a la Administración Federal de Ingresos Públicos a crear un área específica cuyas funciones serán crear las CUIT asignadas a los VPU y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte de tales sujetos.

Capítulo X

Jurisdicción y arbitraje

Artículo 221.- Todas las controversias que deriven del presente régimen o guarden relación con éste, entre el Estado nacional y un VPU adherido al RIGI, incluyendo, pero no limitado a, la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del presente régimen y normas relacionadas, o con el uso, goce, cese y/o ejercicio de los derechos, beneficios e incentivos obtenidos por el VPU (incluso, sin limitación, en cuanto a su validez, aplicación y alcance) (una “Disputa”), se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas.

Si la Disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en un plazo de sesenta (60) días corridos desde que el VPU notificó al Estado nacional sobre la existencia de la Disputa, el VPU –o sus socios o accionistas extranjeros en los casos de los incisos b) y c) del presente– someterá la disputa a arbitraje, de conformidad con –a elección del VPU-:

a) El Reglamento de Arbitraje de la CPA de 2012;

b) El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o

c) El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965 o, en su caso, el Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del CIADI.

Con excepción del caso en que el VPU opte por el arbitraje de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, del 18 de marzo de 1965, el tribunal arbitral o la institución administradora, según corresponda conforme a las reglas aplicables, definirá la sede del arbitraje, que deberá establecerse fuera de Argentina y en un país que sea parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, de fecha 10 de junio de 1958.

El tribunal arbitral estará formado por tres (3) árbitros que se elegirán de acuerdo con las reglas de procedimiento aplicables. Ninguno de los árbitros podrá ser nacional de Argentina o del estado origen del accionista mayoritario del VPU.

El arbitraje será en idioma español, excepto en los casos de los incisos b) y c) del presente sometidos a arbitraje por socios o accionistas extranjeros, en los que podrá ser en idioma español o inglés.

El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para establecer mecanismos de solución de controversias con el VPU, específicos para cada proyecto, en el acto administrativo que apruebe la solicitud de adhesión y el plan de inversión.

Artículo 222.- Los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, que resulten aplicables y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado nacional de conformidad con sus disposiciones, y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen.

Artículo 223.- La existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina o los derechos del VPU y su pleno uso, goce y ejercicio.

Capítulo XI

Jurisdicciones Locales. Declaración de Interés Nacional

Artículo 224.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones.

Artículo 225.- Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados.

A los efectos del presente régimen, se entenderá que existe un nuevo gravamen local cuando se cree un nuevo hecho imponible respecto de los existentes al 31 de diciembre de 2023 o, asimismo, cuando se modifique el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, las deducciones, las exenciones y/o desgravaciones y/o cualquier otro aspecto de los tributos existentes a dicha fecha, que en los hechos implique una mayor carga fiscal.

En el caso de tasas retributivas por servicios prestados, existentes o a crearse en el futuro, éstas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados. Se entenderá que una tasa excede el costo específico del servicio efectivamente prestado cuando su base imponible se determine sobre la base de ventas, ingresos brutos, ganancias o parámetros análogos.

Cualquier incumplimiento a lo mencionado en el presente artículo será considerado como una violación a lo establecido en el artículo 165 de esta ley.

Capítulo XII

Disposiciones transitorias del RIGI

Artículo 226.- El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el presente régimen en el término de treinta (30) días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 227.- La falta de reglamentación del presente no obstará a la plena utilización de los incentivos establecidos en el RIGI en las condiciones previstas, ya que las disposiciones del presente régimen son plenamente operativas desde su entrada en vigencia, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren corresponder a los funcionarios por la falta de cumplimiento de lo allí establecido.

Todo funcionario que incurra en el incumplimiento injustificado de los plazos o términos establecidos en el presente Título resultará pasible de ser sancionado, previo sumario administrativo.

Artículo 228.- El presente régimen entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO VIII

Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad

Capítulo I

Tabaco

Artículo 229.- Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 2º de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, el siguiente texto:

Artículo…: Cuando el precio de venta al consumidor informado por los sujetos pasivos del gravamen, según lo establecido en el artículo anterior, no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos, que resulte inferior, como mínimo, en un veinte por ciento (20%) al precio que surja del relevamiento mencionado en el párrafo anterior. Las disposiciones precedentes no se aplicarán en los casos en los que los sujetos pasivos acrediten fehacientemente, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el precio de venta al consumidor informado es un precio de mercado.

El Poder Ejecutivo nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentarán lo prescrito en este artículo y dictarán las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 230.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo 15: Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%).

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 231.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 16 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Los importes consignados en el segundo párrafo de este artículo se actualizarán trimestralmente, por trimestre calendario, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, considerando las variaciones acumuladas de dicho índice desde el mes de enero de 2018, inclusive. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo nacional podrá, con las condiciones indicadas en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 14, cuando las circunstancias económicas así lo requieran a los efectos de garantizar la sostenibilidad fiscal, aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) o disminuir, con el objeto de estimular en virtud de las circunstancias económicas imperantes el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal hasta en un diez por ciento (10%) transitoriamente los referidos montos mínimos.

Artículo 232.- Sustitúyese, en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, la segunda oración por el siguiente texto:

Este importe se actualizará conforme a lo indicado en el cuarto párrafo del artículo 16.

Artículo 233.- Sustitúyese el primer párrafo del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 20 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, por el siguiente texto:

Artículo…: El transporte de tabaco despalillado, acondicionado, picado, en hebras o reconstituido o de polvo para la elaboración reconstituido, no comprendido en el artículo 18, fuera de los establecimientos y locales debidamente habilitados que se efectúe, sin importar su destino, sin el correspondiente respaldo documental de traslado o con documentación de traslado con irregularidades, será sancionado con una multa equivalente al importe que resulte de aplicar la alícuota dispuesta en el primer párrafo del artículo 15 sobre el precio que surja del relevamiento al que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del artículo 2º, en proporción a la cantidad de cigarrillos que resulte de dividir el total de gramos de tabaco transportado por ochenta centésimos (0,80), considerando el momento de la detección.

TÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 234.- Los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional.

Artículo 235.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que resulten necesarias para el establecimiento de procedimientos congruentes con los propósitos de esta ley.

Artículo 236.- Salvo para los casos en que se establezca un plazo específico, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su entrada en vigencia y dictará las normas complementarias, interpretativas o aclaratorias que resulten necesarias para su aplicación.

Artículo 237.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario.

Artículo 238.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27742

VICTORIA VILLARRUEL - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín W. Giustinian - Tomás Ise Figueroa

ANEXO I

Privatización

Privatización / Concesión

IG

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) despierta rechazos entre las pequeñas y medianas empresas, las cuales alertan que provocará la desaparición de muchos emprendimientos y conducirá a una “reprimarización” de la economía argentina y provocará la desaparición de miles de empleos.

“Estamos muy preocupados. Esta ley condena a toda la población al subdesarrollo por mucho tiempo”, advirtió el titular de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), Julián Moreno.

Remarcó que el sector pyme “viene de mal en peor” y que el RIGI será, si se aprueba, un durísimo golpe para las pymes porque se abrirá una frontera al capital extranjero sin límites. 

“Es una vergüenza, una pérdida de soberanía, la entrega de recursos que creímos que era un bien que teníamos que celebrar como el litio, el petróleo, el gas, el agro”, cuestionó.

Sostuvo que a partir de esta ley “se abren las fronteras para que salgan todos esos recursos del país y que no les quede nada de nada a los argentinos. Ese es el famoso RIGI”.

Y denunció que a partir de la ley Bases y el paquete fiscal muchas pymes irán a la quiebra.

Sobre el RIGI insistió en que se trata de una brutal entrega de soberanía: “Tenemos recursos disponibles que son apreciados en todo el mundo como las reservas de litio, el petróleo y el gas, sumado a un campo que genera alimentos para 400 millones de personas, zonas de sol y viento para energías renovables y agua dulce. Todo será retirado por un caño o por un puerto para el desarrollo de otros países”.

Dijo que el RIGI “desprotege a las industrias nacionales, en particular a las pymes, porque no podrán competir con los grandes inversores extranjeros que podrán importar todo, desde bienes de capital hasta el más mínimo insumo, y eso sin ningún límite. Los beneficios, según plantea la ley, se extenderán por 30 años”.

Qué dicen los gobernadores peronistas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó en los últimos días a su par de la Pampa, Sergio Ziliotto, y juntos criticaron con dureza al presidente Javier Milei, al modelo liberal y al RIGI. 

Incluso, consideraron “aberrante” la ley Bases y denunciaron el recorte de recursos a las provincias.

Convocaron además a otros gobernadores de distintos signos políticos que busquen defender sus recursos en un mensaje a los mandatarios aliados a Milei que se quejan por los recortes en sus cajas. 

Fue interpretado como una señal a los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. “Buscamos unidad y amplitud”, dijo Kicillof.

Ziliotto dijo que el modelo de “Voy a fundir a las provincias”, no es sólo una amenaza, sino además una realidad de la que deben defenderse.

“Hoy tenemos una Argentina más injusta, menos federal -destacó el gobernador de La Pampa-. El paquete fiscal quita recursos a las provincias, a los municipios y a su gente. Esto que estamos haciendo hoy es mostrar que el Estado es la última trinchera, para los que menos tienen. Aunque nos quiten recursos, seguiremos articulando para hacer cada día más inteligente la aplicación de los fondos públicos”, dijo Ziliotto.

En tanto, Kicillof consideró “calamitoso lo que está ocurriendo en la República Argentina. Y en cada una de nuestras provincias tiene cada vez más efectos”.

“Fundir a las provincias, que parece una frase para enojar, es triste, pero está ocurriendo. El Estado Nacional está desertando”, remarcó el gobernador de Buenos Aires. 

“Esto es de extrema gravedad”, subrayó, y dijo: “La coordinación entre provincias y regiones se vuelve imprescindible”.

“Estamos en una etapa muy compleja -dijo Kicillof-. Ya vemos los efectos de esta política económica. Hoy observamos una caída del PBI, un alza del desempleo. Ya Milei puede comentar, mientras recorre el mundo, que le hizo perder el trabajo a 155.000 personas solo en la provincia de Buenos Aires.”

Kicillof cuestionó en particular la aprobación del RIGI. “Tienen que explicar cuál sería la conveniencia”, afirmó. Y subrayó que es un avance sobre la autonomía de las provincias. “El federalismo no es optativo. Lo tiene que cumplir”, subrayó.

Ziliotto dijo que los gobernadores van a “seguir trabajando, uniéndonos, buscando un Estado más eficiente, más ordenador de la economía, buscando la justicia social”.

Kicillof suscribió cada palabra de Ziliotto. “Venimos a trabajar por un Estado presente”, aseguró durante la firma de convenios para cooperación en materia de Seguridad y Salud.

“La concentración no sólo se produce en empresas y recursos. También demográficamente. Lo digo para que escuche bien el gobierno nacional: nosotros miramos a nuestra acción política como una que viene a ampliar derechos que está en las antípodas del sálvese quien pueda”, enfatizó el mandatario de Buenos Aires.

En el interior del país también hay preocupación. En La Pampa, las pymes alertan que el RIGI las deja “en una situación desventajosa para competir con proveedores del exterior”. 

“Las empresas dedicadas a la explotación de petróleo podrán importar los mismos productos que ellos fabrican con ventajas impositivas”, señalan.

Con información de agencias.

IG

En los medios de comunicación se ha debatido extensamente sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), asumiendo que las inversiones se concentrarán principalmente en sectores extractivos como la minería y el petróleo. Esto, de antemano, sugiere una reprimarización de nuestra economía lo que dificultará el desarrollo de políticas productivas ante los desafíos actuales: la transición energética, la industria 4.0, los cambios geopolíticos en las cadenas de valor, y las guerras comerciales y tecnológicas entre potencias, etc.

El RIGI implica una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo de nuestro país y el modelo de acumulación de las grandes empresas. Un documento recientemente presentado por el grupo de estudios Surplus de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR), en conjunto con la Fundación Pueblos del Sur, se mete en estos debates y nos insta a examinar este régimen en el contexto de los marcos regulatorios existentes. En este sentido, el RIGI tiene como antecedentes a la vigente ley de inversiones extranjeras de la última dictadura cívico-militar, las respectivas modificaciones durante el menemismo y los tratados bilaterales de inversión.

Como resultado del esquema regulatorio consolidado en la etapa neoliberal de los ´90, las inversiones extranjeras que arribaron a la Argentina se centraron en la compra de empresas ya existentes. Es decir, implicaron un cambio de propiedad de empresas en funcionamiento. Entre estas experiencias se encuentran las privatizaciones, principalmente desarrolladas durante la primera mitad de la década, y la extranjerización de empresas tras la venta de firmas pertenecientes a grupos económicos locales, concretadas fundamentalmente en la segunda mitad de dicha década.

El RIGI se monta sobre estos marcos regulatorios y otorga amplias libertades a los inversores a la vez que presenta definiciones laxas en términos regulatorios, abriendo la puerta a prácticas que podrían ser perjudiciales para el desarrollo económico. Por tal motivo, por ejemplo, no existe una definición precisa sobre lo que se consideraría como inversión, de modo tal que, ante el antecedente de los años ´90, nos permitiría pensar que las compras de empresas ya existentes podrían ser uno de los principales objetivos en materia de inversión para su inscripción en el RIGI. Más aún, si tenemos en cuenta el brutal ajuste de la economía el cual posiblemente implicará la quiebra de empresas y la respectiva baja en el valor del capital productivo. A lo que se le suman la posible inscripción de compras de empresas propuestas a privatizar en la propia ley Bases.

Asimismo, las grandes empresas podrían crear esquemas societarios complejos, conocidos como “mamushkas societarias”, para comprar y vender activos y acogerse a los beneficios del RIGI. De este modo, una persona jurídica recién creada podría adquirir todos los activos de las empresas relacionadas con el fin de constituirse como la beneficiada sin comprometer inversión que realmente incremente las capacidades productivas.

Beneficios para algunos y perjuicios para muchos

El RIGI parte de la premisa de que el Estado debe retirarse con el fin de crear un ambiente óptimo para el desarrollo de grandes inversiones, renunciando así a su soberanía en materia fiscal, cambiaria, aduanera y medioambiental. Este enfoque resulta cortoplacista ya que buscará obtener divisas en los primeros años a expensas del desarrollo industrial, los recursos fiscales y la estabilidad cambiaria durante los próximos 30 años, período en el que el Estado cede estas potestades. A su vez, ante cada beneficio y libertad que se otorgaría, se presenta la posibilidad que las empresas inscriptas realicen prácticas nocivas que perjudiquen el bienestar general.

En primer lugar, la renuncia fiscal es significativa. El RIGI se centrará en recaudar únicamente a través del impuesto a las ganancias, en tanto los demás tributos mantendrán una alícuota nula. Sin embargo, en la práctica, el Estado ni siquiera logrará recaudar eficazmente a través de dicho gravamen por varios motivos. Por un lado, debido a la reducción en la tasa del impuesto a las ganancias en 10 puntos porcentuales, quedando en 25% para las empresas inscriptas. Por otro lado, hay que sumarle el beneficio de las amortizaciones aceleradas de las inversiones, lo que incrementará los costos y reducirá las ganancias contables. Además, se permitirá el traspaso de créditos fiscales provenientes del IVA y del impuesto a los créditos y débitos para la cancelación de obligaciones en el impuesto a las ganancias. Cabe destacar que resulta alarmante la ausencia de estudios de impactos que permitan cuantificar la posible pérdida fiscal derivada de la implementación del RIGI.

Estos beneficios facilitan prácticas perjudiciales por parte de las grandes empresas. En particular, el RIGI impide al Estado cuestionar desvíos en los precios de transferencia, y de esta forma, habilita a las empresas a subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones. Esto comprometerá aún más la recaudación del impuesto a las ganancias debido a las estrategias de traslado contable de ganancias hacia guaridas fiscales.

Sumado a esto, el RIGI no cuestiona la procedencia de los capitales, permitiendo su complementación con el blanqueo de capitales presente también en la Ley de Bases. Por tal motivo, los capitales inscritos en el régimen podrían provenir de la evasión fiscal o incluso de actividades delictivas como el narcotráfico, promoviendo así el lavado de activos.

En segundo lugar, en materia aduanera y cambiaria, el RIGI otorga amplias libertades a las empresas. Trascurridos los 3 años desde el inicio del proyecto de inversión, estas podrán optar por no liquidar las divisas provenientes de las exportaciones, facilitando la fuga de capitales. Además, se les permitirá importar bienes sin controles aduaneros, lo que podría poner en jaque a la industria nacional debido a la competencia importadora. A esto se suman amplias libertades para repatriar el capital invertido y distribuir dividendos a sus casas matrices sin ningún impedimento regulatorio. Por ejemplo, una empresa inscrita en el RIGI podría vender todos sus activos, distribuir los fondos como dividendos y, aun así, seguir disfrutando de los beneficios del régimen durante el período establecido. Estas prácticas exacerban la restricción externa de Argentina y someten a la economía a la volatilidad y la inestabilidad cambiaria.

En la misma línea, el RIGI en ningún momento discute sobre el financiamiento de las inversiones. Por lo tanto, se estimula el endeudamiento externo incluso a partir de prácticas de deuda intra-firma. En tal caso, el acreedor y el deudor pertenecen al mismo grupo económico. De esta forma, la inversión deviene en deuda ante la cual habrá que atender las futuras amortizaciones e intereses. Como consecuencia, la inversión será repatriada al cabo de unos años cuando se produzca el respectivo pago del endeudamiento.

Finalmente, si se realizan inversiones en sectores extractivos bajo la redacción actual del RIGI, las empresas inscritas podrán quedar exentas de cualquier responsabilidad por futuros pasivos ambientales. Esto vulnera las potestades provinciales sobre los recursos naturales y exime a las grandes empresas de responsabilidades en caso de conflictos ambientales.

En definitiva, el RIGI se posiciona como un mecanismo de acumulación para el gran capital que afectará la distribución del ingreso, las condiciones socioambientales, el aparato productivo y la estabilidad fiscal y cambiaria en las próximas décadas.

El autor es economista, profesor universitario en la Universidad Nacional de Rosario e investigador del CONICET.

La comunidades costeras de Río Negro y Chubut están en alerta. La petrolera YPF anunció en los últimos días que comenzará la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra destinada a transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta el Golfo San Matías, un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto.

YPF anunció que construirá el primer tramo de la obra, que va desde su planta en Loma Campana, Vaca Muerta, hasta Allen, Río Negro. Se trata de los primeros 128 kilómetros de caños. El oleoducto tiene como objetivo el transporte para la exportación a partir de 2026. Este primer tramo también conectará Loma Campana con el sistema de Oldelval, hacia el norte, que conduce hacia las principales tres refinerías de Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca. Pero su principal objetivo es llegar, hacia el sureste, a la costa atlántica de Río Negro, en la localidad de Sierra Grande y Punta Colorada, en el Golfo San Matías. 

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo, una decisión que aún no fue comunidad oficialmente y cuyos fundamentos a favor de la obra permanecen en las sombras, explicó a elDiarioAR el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA). Todo indica que el caso terminará judicializado. 

El primer tramo de la obra, que tiene autonomía de los dos restantes, tendría todos los permisos ambientales aprobados, aseguró YPF ante la consulta de elDiarioAR.

Existe otro contexto que afectará el futuro de esta obra: la sanción o el rechazo a la “ley Bases” que impulsa el gobierno de Javier Milei. La normativa contiene el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más criticados por la oposición e incluso por sectores económicos por los desmesurados beneficios a las corporaciones. Busca incentivar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, entre otras pocas actividades. Unas 50 organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el efecto ambiental de esta iniciativa de Milei. 

El oleoducto entraría dentro de las inversiones que plantea incentivar el RIGI y engloba varias polémicas: una de ellas es que el primer tramo, que se aprobó sólo en Neuquén, se extiende en territorio de Río Negro y sin embargo la comunidad de esa provincia no pudo participar de las oposiciones al proyecto. 

Lo mismo sucede con Chubut: Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia, es lindera con el Golfo San Matías, donde se construirá la terminal petrolera del oleoducto y cuya comunidad no tuvo posibilidad de oponerse durante el proceso de audiencia pública de los tramos II y III: sólo se habilitó a manifestarse a habitantes de Río Negro. Luego, incluso las autoridades terminaron bloqueando la participación de quienes se oponían a la obra en la provincia.

El Bloque Acción Chubut se reunió este viernes por la tarde. Participaron ONGs como AAdAA y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ambientalistas, vecinos y referentes locales. Decidieron comenzar a armar los equipos legal y científico para analizar la documentación que el gobierno de Neuquén debe hacer públicos: la Declaración de Impacto Ambiental, en donde autoriza la obra en el marco de la ley y reglamentaciones ambientales.

A principios de esta semana, los abogados se reunirán también con las organizaciones y expertos nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, en Río Negro, la otra pata del conflicto. Este sector también se opone a que el oleoducto desemboque en el golfo, un área de alto valor en biodiversidad, para el turismo local y la pesca artesanal.

Una megaobra

La compañía sostuvo en un comunicado que en el primer tramo la inversión rondará los US$190 millones y que se generarán 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas, otro punto de conflicto para quienes sostienen que el costo ambiental es demasiado alto comparado con la creación de empleo que ofrecerá la obra. 

El oleoducto es la gran apuesta de la petrolera argentina. Se trata de un proyecto monumental: se demandarán más de 10.000 caños de 20 y 30 pulgadas y su capacidad operativa máxima permitirá transportar 390 mil barriles diarios de petróleo, incrementando en un 70% la posibilidad de evacuación de la Cuenca Neuquina. Eso significa que se duplicará la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta, informó YPF.

¿De dónde saldrán los fondos para esta megaobra? Es otro de los puntos que los ambientalistas y abogados estarán mirando con lupa Por ahora, las flechas apuntan a empresas de Estados Unidos. “La segunda etapa y terminal de exportación, que completarán el proyecto, están en etapa de desarrollo y con alto grado de avance. Implicarán una inversión de más de US$2.000 millones, que YPF afrontará en conjunto con otras compañías que ya mostraron interés en el proyecto”, afirmó la petrolera.

El oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá exportar 135 millones de barriles de petróleo por año. YPF sostiene que convertirá a la Argentina “en uno de los principales exportadores de la región” y aportará “divisas y trabajo al país”.

Impacto ambiental

Aún están también pendientes las Declaraciones de Impacto Ambiental del tramo 2 y tramo 3 de la obra, que debe aprobar el área de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Además del oleoducto, el proyecto contempla la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina y dos monoboyas flotantes que se ubicarán a 6 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, pegado a Península Valdés.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta hace pocos meses es Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF.

En el Golfo San Matías, la obra estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías y de Península Valdés alertaron sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, se pronunciaron contra el proyecto.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tercer tramo: la terminal de carga en el Golfo San Matías.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla, su representante, expuso en la audiencia pública del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo de 2023.

“No existen impactos ni significativos ni críticos”, dijo Pinilla en la audiencia pública. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

Nota: este artículo se corrigió el 27 de mayo de 2024 a las 9:13 para modificar el apellido de Gonzalo Vergez.

ED/DTC

El gobierno de Javier Milei impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la llamada “Ley Bases” para incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero la iniciativa tiene un objetivo claro: la industria extractivista y aquellas actividades que implican deforestación. En la megaley libertaria, el régimen está destinado exclusivamente a la agroindustria, forestal, minería, gas y petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología.

El RIGI ya cuenta con media sanción en Diputados, pero se debate en el Senado para su aprobación final. Busca la llegada de inversiones superiores a los US$200 millones y otorga incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para generar “seguridad jurídica”. Las organizaciones ambientalistas y conservacionistas vienen advirtiendo y criticando la medida ante el alto impacto que tendrá en el ambiente y la biodiversidad.

Unas 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a los senadores sobre las alarmas ambientales de la Ley de Bases y aseguraron que atenta contra la protección ambiental. Entre esos puntos, destacaron los efectos del RIGI.

“El daño a los derechos ambientales es muy nítido”, dijo a elDiarioAR Ariel Slipak, coordinador área de Investigaciones en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “El RIGI tiene el concepto de que lo ambiental es un costo y va a flexibilizar en lo laboral, lo fiscal y lo ambiental”, agregó el investigador.

“Los beneficios del RIGI son mayores a los del Régimen de Inversión Minero de 1993, que es el que rige actualmente y que ha beneficiado a un puñado de empresas sin generar demasiados puestos de trabajo y encadenamiento económico”, afirmó Slipak.

“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA).

“Hay flexibilización y liberalización normativa, financiera, tributaria y aduanera hasta artículos que establecen que ninguna otra normativa se puede oponer al RIGI, como las normativas provinciales. Es decir, las normativas provinciales van a perder efecto si quieren controlar la naturaleza en sus territorios”, criticó Viale.

Viale asegura que las grandes inversiones sólo pueden estar circunscriptas a la gran minería, al petróleo y al agronegocio. “Hay un artículo que establece que los recursos pueden ser utilizados sin nada que lo impida y eso incluye un recurso fundamental que necesitan la minería y el fracking que es el agua. Es decir que si una provincia decide suspender la utilización de agua de una minera porque eventualmente no hay para abastecer a la población, la minera puede recurrir a esta ley para garantizarse el recurso del agua”, advirtió el abogado.

Slipak también resaltó que “en la ley no hay ningún parámetro ambiental que limite, por ejemplo, la participación de empresas con antecedentes de contaminación en los beneficios fiscales, no hay siquiera una mención a la obligatoriedad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

“Hay dos artículos especialmente problemáticos. En el caso del artículo 163, que incluso el secretario de Energía admitió en el Senado que la redacción era ‘poco feliz’, el RIGI permite que el Gobierno Nacional pueda imponerse y llevar a la Justicia cualquier normativa contraria al régimen. Las provincias tienen normas específicas de control que no podrán ser aplicadas”, explicó Slipak. 

“Pero además, el RIGI va en detrimento de la sanción futura de nuevas leyes ambientales. Si Río Negro en un futuro decide dar marcha atrás con la ley que ahora habilita la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías -que era un área protegida hasta que se modificó la ley provincial-, el Gobierno Nacional puede decir que esa marcha atrás va contra el RIGI y puede llevar a Río Negro ante la Justicia”, afirmó.

El segundo artículo problemático es el 219, “que establecer -añadió Slipak- que ante controversias entre el Estado Nacional y el inversor, Argentina cede soberanía jurídica y accede a que la controversia se dirima en un tribunal internacional y no en los tribunales argentinos”, lo significaría renunciar a la soberanía jurídica en pos de una instancia internacional como el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

ED

¿Existe algún país que brinde tantas facilidades impositivas para su explotación? ¿O que ponga tan pocas condiciones a las empresas extranjeras en el sector, como podrían ser, exigencias de agregado de valor local, compensaciones por daños ambientales o por el uso de recursos clave como el agua?

Difícil, ¿no? Si existe alguno, hay que poner mucho esfuerzo en encontrarlo. Por el contrario, la mayoría de los países que poseen estos minerales (Chile, Indonesia, Congo, China, Chile, Perú, Bolivia) están empleando todos los medios posibles, y mostrando una gran imaginación, para obtener el mayor beneficio posible de ellos. Cosa que se facilita ya que los que nos los poseen (a mano), están buscando cómo acceder a ellos y asegurar su suministro otorgando importante concesiones, por ejemplo, la Unión Europea, a través de la Ley de Materias Primas Críticas; Estados Unidos, con la Ley de Reducción de la Dependencia de Minerales de Estados Unidos y Canadá, a través de la Estrategia de Minerales Críticos.

Lo que quieren asegurarse los países que tienen minerales críticos es que si estos se van a extraer, dejen la mayor cantidad de riqueza en el país. Y para esto, no alcanza solamente con cobrarles impuestos; se deben encontrar formas de aprovechar estos recursos para impulsar otras industrias, generar valor agregado local y así, al menos en parte, hacer que las empresas extranjeras paguen los enormes costos ambientales y sociales que genera (a esta altura, sin lugar a duda) su extracción. Un ejemplo de esto sería mediante proyectos de producción de celdas de batería, baterías y vehículos eléctricos.

Veamos algunos ejemplos. Indonesia, el principal productor de níquel, cansado de que China se lleve el mineral para procesarlo en sus fronteras dejando poco y nada en su país, en 2014 impuso restricciones a la exportación del mineral. Ahora sólo puede exportarse si se demuestra algún tipo de valor agregado local. Con esta medida, y tras intensas negociaciones, a la que se sumaron una serie de políticas orientadas a facilitar y promover las inversiones en actividades de valor agregado (como la reducción de cargas impositivas a los proyectos de valor agregado), Indonesia logró aumentar el porcentaje de exportaciones con valor agregado del 5% al 15% en 10 años. Puede parecer poco, pero representa un gran avance. Pensemos que Chile, con años de políticas de incentivos, no ha conseguido superar el 5%.

Me imagino que muchos pueden estar pensando que este no es un buen ejemplo para Argentina muy extremo, muy distante. Veamos entonces uno de los países considerados modelos en esta cuestión de sacar provecho a los minerales, Australia, que a su vez es en la actualidad el principal exportador mundial de litio. A pesar de su tradición neoliberal, este país, reconociendo que ha fallado en promover el valor agregado localmente en relación con sus minerales críticos, en 2023 lanzó su Estrategia de Minerales Críticos (Critical Minerals Strategy 2023-2030). El objetivo: dar un marco para un conjunto de medidas orientadas a fomentar el procesamiento de los minerales a nivel nacional, incluyendo el financiamiento de emprendimientos para agregar valor localmente, inversiones públicas en investigación y desarrollo en el área, requisitos de contenido local y, por supuesto, la imposición de estándares sociales y ambientales estrictos.

Si todavía esto parece demasiado distante, podemos mirar a nuestro país vecino: Chile. Este país lanzó el año pasado el Plan Nacional del Litio, con el objetivo de establecer un marco que permita diseñar, negociar e implementar políticas destinadas a aprovechar este mineral de manera más efectiva. Dentro de ese marco, el gobierno está buscando una mayor intervención en el sector para incentivar actividades de valor agregado local. Esto incluye negociar una mayor participación del Estado en la extracción, y así ganar control en los procesos de extracción. También ha introducido una serie de incentivos para la transformación de los minerales en productos con mayor valor dentro de las fronteras del país.

¿Los casos no son convincentes?

Veamos algunos de los números globales que los acompañan. La Asociación Internacional de Energía (AIE) identificó cerca de 200 de estas políticas y regulaciones en 2023, con más de la mitad promulgadas en los últimos cinco años. Estas incluyen restricciones a la importación y a la exportación, entre otras. Solo tomando las restricciones a la exportación de materias primas críticas la AIE encontró que estas se han quintuplicado desde 2009.

Todo esto tiene una explicación: nadie quiere repetir los errores del pasado. Porque aunque ahora tratemos de mantener la esperanza, al afirmar que la llamada maldición de los recursos no siempre se cumple (así se le llama en la literatura de desarrollo a la asociación negativa entre el peso de actividades de recursos primarios en la economía y el desarrollo económico), la realidad es que la mayoría de las veces sí ocurre. Aquí se puede observar el vaso medio lleno o medio vacío, pero permítanme centrarme en el vacío para que se comprenda mejor el punto. Sin un Estado fuerte, que invierta e intervenga para contrarrestar los problemas que trae un peso fuerte de actividades recursos naturales (como la minería o el petróleo) en la estructura económica de un país, esta especialización tiene consecuencias nefastas en las posibilidades de desarrollo.

Aunque algunos países han logrado revertir esta tendencia, como Canadá, Australia y Noruega, resulta difícil encontrar ejemplos similares en países de ingresos medios. Debo decir además, que incluir a Chile en esta lista (cosa que se suele hacer) puede ser muy discutible. El país aún está luchando hace décadas por diversificar su economía, que depende en un 60% de las exportaciones de minerales. Esta estructura además es la que explica en gran medida, que en lo político el gobierno actual no logre avanzar con muchas de sus propuestas de reforma sustantiva progresista (aún habiendo ganado con amplia mayoría).

Pero ¿por qué tanta atención a los minerales críticos?

No es exagerado decir que estos minerales son algo así como el nuevo petróleo de la economía mundial. La tan buscada transición energética en la que ya se han embarcado con decisión los países del norte - la Unión Europea se comprometió a prohibir todos los vehículos que usan petróleo para el año 2030 y Estados Unidos a obtener toda su energía de fuentes renovables para 2035 - depende en gran medida de estos minerales.

Y la realidad es que no hay posibilidad de llevar a cabo esta transición energética, por lo menos con las tecnologías actuales, sin hacer uso extensivo de minerales críticos. Los vehículos eléctricos necesitan seis veces más minerales que los convencionales; las plantas eólicas nueve veces más que las plantas de energía de gas. Una batería Tesla que pesa 450 kilos necesita más o menos 230.000 kilogramos de minerales. Se estiman aumentos en la demanda de minerales de más del 500% por ciento, o más, para algunos de estos minerales.

Estos minerales, además, están concentrados en muy pocos países. ¡Sí, más que el petróleo! un recurso cuya concentración trajo una gran cantidad de problemas en el pasado. El cobalto se encuentra mayormente en el Congo, los minerales raros en China, el níquel en Indonesia y el litio, bueno ya sabemos. El 60% de las reservas mundiales en su forma más económica para acceder, están en Argentina, Chile y Bolivia.

Ahora nos podemos hacer una idea de por qué algunos sectores están tan obnubilados con Javier Milei. Pero creo que ni en sus mayores sueños se imaginaron tanto. Estoy hablando del RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el que a contramano de la historia y como si nuestros sistema no fuera ya lo suficientemente liberal, le ofrece a las empresas que quieran invertir en minerales críticos en Argentina (y en otros sectores de recursos) lo que ni las mismas empresas se atrevieron a imaginar: reducción de impuestos (la alícuota de ganancias del 35% al 25%); retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones; arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, sin ningún requisito de compre nacional y; requisitos de liquidación de divisas en el mercado nacional de solo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión. 

Pareciera que en vez de buscar maneras de sacarle provecho, como la mayoría de los otros países está intentando, el gobierno actual y sus aliados están buscando que nuestros minerales críticos destruyan la economía (productiva) y el ambiente. Hasta los dialoguistas de la oposición que le están dejando pasar cosas inauditas a este gobierno votando la Ley Bases, como las facultades extraordinarias para tomar decisiones sobre instituciones clave para el nuestro desarrollo (como el Conicet, el INTI/A, y el ANMAT) le dicen: ¿No será mucho?

Está bien, Argentina no ha sido un buen destino para inversiones de largo plazo. Pero esto no ha sido porque el sistema regulatorio no sea favorable. La inestabilidad, y en lo que respecta a la minería la falta de coordinación entre el estado nacional y los gobiernos provinciales, además del enorme rechazo social, han sido las principales trabas para los gobiernos que la quisieron impulsar.

Menem lo hizo

En los 90, Menem lo hizo, y sacó una ley de inversiones mineras que buscaba darle a las empresas extranjeras garantías de estabilidad regulatoria. Pero nuestro país no la pudo cumplir. Desde ese momento y hasta la actualidad hubo al menos seis cambios regulatorios. Incluso el gobierno de Mauricio Macri, el más vocal en sus intenciones de generar un ambiente que propicie las grandes inversiones mineras, con sus cambios en las retenciones introdujo inestabilidad y contradijo la ley.

Si hay que trabajar en algo entonces para atraer más y mejores inversiones es en ver cómo lograr estabilidad regulatoria. Y esto solo se consigue con regulaciones acordadas, que incorporen los intereses y las aspiraciones de diferentes actores sociales. No me refiero a las negociaciones del tipo “que me das” y “que te doy” que se están dando entre el estado nacional y las provincias ahora. Me refiero a procesos deliberativos que involucren a empresas, estado y poblaciones afectadas, que son las que sufren las peores consecuencias de la minería y reciben poco de sus beneficios. Reconociendo además que con la minería no hay una situación ganadora para todos los implicados. Simplemente no la hay. Sino tomamos esto en cuenta vamos a seguir con las idas y vueltas. Algo que este régimen pareciera venir a buscar, porque con las facilidades que pretende dar es imposible imaginar que se vaya a sostener en el tiempo.

En el caso del litio, además, todo esto ni siquiera era un problema. De hecho, con todas las facilidades que el país da al sector en relación con otros países, el año pasado Argentina se pronosticaba entre los países que más inversiones recibiría. Según la consultora JP Morgan en 2023 con las “las políticas favorables a la minería y los bajos cánones de Argentina la han convertido en el principal destino de la inversión extranjera en América Latina en busca de proyectos de litio, lo que ha alimentado las previsiones de que el país podría superar a Chile como segundo productor mundial de litio”.

Y esto sin el régimen de inversiones que se discute ahora en el senado. Entonces uno se pregunta: ¿Para qué, por qué o para quién?

AM / NB

La prolongada toma de ganancias que se desató en la Bolsa porteña al día siguiente de que Elon Musk recomendara por Twitter invertir en Argentina expuso las limitaciones de la diplomacia selfie de un presidente que acumula más millas por sus viajes al exterior que dentro de su propio país. Pese a su euforia por haberse convertido en vedette de la ultraderecha mundial y de la nueva élite trasnacional de magnates, Javier Milei sabe que el tiempo apremia: para frenar la depresión que desató su política antiinflacionaria hace falta que alguien invierta en serio. 

No alcanza con el sueño de que Tesla haga sus baterías acá. Sobre todo porque no es más que eso: un sueño. La fábrica de autos eléctricos del amigo Elon importa litio catamarqueño que extrae la norteamericana Livent. En 2022, un enviado suyo visitó Antofagasta de la Sierra y le contó al entonces ministro Matías Kulfas sobre su plan de nearshoring post-pandemia, que apuntaba a reemplazar insumos chinos por otros producidos más cerca. Habló de varios componentes que podrían fabricarse en el país pero descartó de plano las baterías. Nadie las produce tan lejos de la terminal por el riesgo de explosión que hay al transportarlas. 

Lo que quiere Tesla es más carbonato de litio. Al menos mientras no lo reemplace el sodio, que los competidores chinos de BYD (que acaban de superarlo en ventas) ya prueban con éxito como combustible alternativo. Es una commodity codiciada pero ya no tanto como un año atrás, cuando valía el triple, o en noviembre de 2022, cuando llegó a su pico y cotizaba casi seis veces lo que hoy. Para avanzar en el procesamiento local de la materia prima haría falta una integración planificada en conjunto con Chile y Brasil. Algo impensable. Se sabe que Milei no negocia con comunistas. 

Los colectivistas brasileños, curiosamente, sí reciben inversiones millonarias de compañías como Stellantis (anunció U$S6.000 millones hasta 2030), General Motors (US$1.400 millones este año), Toyota (US$2.500 millones este año) y Volkswagen (US$3.000 millones hasta 2028). Todo un contraste con la alicaída industria automotriz criolla, que en el primer cuatrimestre del año produjo 23% menos que en el mismo lapso del año pasado y que no tiene perspectivas de incorporar nuevos modelos a su portafolio productivo. En abril, según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), las terminales no encontraron consuelo en el mercado interno ni en el externo: las ventas a concesionarios cayeron 25,6% contra marzo y las exportaciones, un 12,2%. 

Taca taca

La apuesta del oficialismo para seducir a ese capital extranjero por ahora reticente es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el capítulo de la ley ómnibus que más resistencia enfrenta en el Senado. Quienes primero lo aprovecharían son los mineros detrás de proyectos avanzados como Taca Taca (Salta), Agua Rica (Catamarca) y Pachón (San Juan). Cerca de ‘Toto’ Caputo también se entusiasman con que empuje la planta de licuefacción de gas de la petrolera malaya Petronas que promocionó en su momento Sergio Massa y que ahora volvió a rankear alto en la wishlist oficial, con el objetivo de algún día exportar GNL de Vaca Muerta al mundo. 

Los privilegios impositivos y cambiarios para las compañías que entren al RIGI son excesivos para economistas de todo pelaje, incluso los que defienden los regímenes especiales para grandes proyectos. La Unión Industrial Argentina (UIA) salió esta semana a cuestionar otro aspecto, nodal: el RIGI habilita a las empresas a importar sin arancel cualquier bien de capital, repuestos y otros insumos nuevos o usados. También les permite revenderlos en Argentina una vez que no los necesiten más. Es decir, en vez de estimular que florezcan proveedores locales para esos grandes proyectos extractivos, puede abrir un gigantesco negocio importador a costa de la castigada industria local. 

La central fabril apuesta a modificarlo en el Senado. Hubo reproches contra Daniel Funes de Rioja por el fracaso del lobby indirecto que desplegó en Diputados. Los demás directivos lamentan haber perdido el tiempo con Maximiliano Pullaro, gobernador de una de las provincias donde las fábricas empiezan a despedir obreros de a cientos, que les prometió involucrarse y después ordenó a sus diputados aprobar el paquete sin más. Confían en que Martín Lousteau sea más consecuente que esos correligionarios. 

A Funes de Rioja también le reclaman que quien redactó el proyecto tras bambalinas fue un abogado del estudio que él fundó, Sergio Arbeleche, que sonó en diciembre como posible secretario de Minería de Milei. “¿No era tuyo, éste?”, le preguntó socarrón otro miembro del Comité Ejecutivo. Los popes fabriles también discutieron una polémica que se viene en torno al blanqueo: el artículo 47 del proyecto habilita a exteriorizar bienes y dinero sin declarar a los hermanos y hermanas de funcionarios, a quienes no excluye como a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, descendientes y ascendientes. 

Quitas y liquidaciones

Son temas cruciales del reseteo económico que propone La Libertad Avanza. Igual que la reforma laboral, eje del paro general con el que la CGT volvió a exhibir su músculo el jueves, pese a haber transado antes la remoción de los artículos que ponían en riesgo la existencia misma de los sindicatos. Es el dilema que cruza a un peronismo todavía catatónico tras la derrota en el balotaje: golpear o negociar. Algunos gobernadores ya optaron por lo segundo, como Raúl Jalil, que se autopercibe lo suficiente diestro como para convencer a las megamineras de que no reediten lo que hacían los dueños de Bajo La Alumbrera en los 90: traer de Australia el papel higiénico que usaban sus mineros y de Canadá parte del catering con que los alimentaba. 

¿Cruza el mismo dilema a las grandes firmas que se relamen con el RIGI y la flexibilización de las leyes laborales pero que no quieren cargar con la parte del ajuste fiscal que pretende endosarles Caputo? Hubo dos episodios esta semana que parecen indicar que sí. Uno fue durante la presentación de resultados de Pampa Energía ante sus inversores. Alguien consultó al CEO, Gustavo Mariani, si estudiaba la vía judicial para rechazar que Economía salde con bonos a 14 años (y quita implícita del 50%) la deuda que acumuló en el primer cuatrimestre CAMMESA por la electricidad que no le pagó. Mariani dijo que confiaba en llegar a un acuerdo pero respondió que sí. Esa vía judicial podría llegar hasta el CIADI del Banco Mundial y convertirse en un fuerte dolor de cabeza a futuro. 

Otra que mostró los dientes fue la estadounidense AES, cuya filial en Argentina controla diez plantas de energía hidroeléctrica, térmica y eólica que representan cerca del 10% de la potencia instalada en generación. Su CEO, Martín Genesio, sorprendió a todos por su crudeza en un foro sectorial el mismo jueves del paro. “Ayer yo recibí llamados del Fondo Monetario, del Departamento de Estados, del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la Embajada. Y la pregunta era sólo una: ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno hizo esto? Pongo el ejemplo este concreto para que nos demos cuenta que cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco”, advirtió. Es un monto que amerita la amenaza implícita en el mensaje: a todas las generadoras, Caputo les dejó debiendo unos U$S1.200 millones.

Disciplinar a los medios de comunicación es mucho más sencillo. Con la pauta publicitaria provincial restringida al mínimo y un mercado privado famélico, a Karina Milei le alcanza con administrar el pago de las deudas que dejó el gobierno anterior para garantizarle a su hermano la continuidad de un blindaje que volvió a brillar esta semana en la cobertura del paro general. El sesgo antisindical de las crónicas de un par de presentadores televisivos coincidió temporalmente con el saldo de deudas que acumulaba la agencia Télam (todavía en la nebulosa) con las productoras de sus programas.   

Dr. Jekyll y Mr. Galperin

El capital siempre le exige más a la Argentina. Incluso aunque sea capital local, que es la mayor parte del que se blanqueará y se invertirá en los proyectos bajo el paraguas del RIGI, en caso de que la ley Bases prospere. El miércoles, en el Alvear Palace, Milei volverá a rogarles en persona a los más poderosos potentados del país lo mismo que ya les pidió en el Llao Llao y desde el foro Milken de Los Angeles: que inviertan de una vez, no solo en los rentables bonos de la deuda sino en la economía real. Falta ver a qué parte del cuerpo aludirá, siempre creativo para las metáforas. 

El más rico de todos esos magnates (y entusiasta libertario como Musk), Marcos Galperin, quedó del lado de los rebeldes. Sigue sin acatar la orden del Banco Central de abrir sus códigos a la competencia y habilitar la interoperabilidad de los QR que generan sus terminales de MercadoPago. Les dijo a sus interlocutores en los bancos que quiere cobrar el 0,18% de cada transacción que pase por esos dispositivos, lo cual rechazaron de plano. Por eso MODO lo denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia. 

Lo llamativo es que hace un año y medio, MercadoLibre denunció a Apple ante los organismos antimonopolios de México y Brasil por lo mismo que le cuestionan acá a Galperin los dueños de las demás billeteras electrónicas: obligar a los desarrolladores que ofrecen bienes o servicios digitales dentro de apps a usar el propio sistema de pago de Apple e impedirles redirigir a los compradores a sus páginas web. También reprochó que el pulpo californiano hubiera impuesto varias restricciones a la distribución de productos digitales y compras dentro de las aplicaciones, incluida la prohibición de que las aplicaciones distribuyan productos y servicios digitales de terceros, como películas, música, videojuegos, libros y contenidos escritos. “Esto perjudica claramente a sus competidores, a menos que ellos mismos sean gigantes digitales integrados, que pueden incluso beneficiarse de esta inclinación artificial hacia los ecosistemas integrados”, dijo en esa ocasión el vicepresidente de MeLi para asuntos legales y públicos, Jacobo Cohen Imach.

Decir “gigantes digitales integrados” en Argentina es hablar exclusivamente de MeLi, que concentra el 80% del e-commerce y más del 70% del mercado de pagos digitales, agregación, adquirencia, crédito, delivery, envíos y streaming. En pocas semanas también va a empezar a vender dólar MEP. Todo un prócer monopolista como los que reivindica Murray Rothbard. Lástima que siga invirtiendo más en Brasil y en México que en la cuna de las fuerzas del cielo.  

AB/DTC

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló que la administración libertaria vaticina un piso de 38 votos en la Cámara de Senadores que respalden la votación en general de la ley Bases, pero contempla la posible vuelta del proyecto a Diputados por modificaciones puntuales. Además, hizo un balance del paro dispuesto por las centrales obreras.

“Hay una posición mayoritaria de apoyo y diferencias en algunos temas que algunos sectores piden clarificaciones para darle un sentido más estricto. Estamos trabajando eso”, reveló en declaraciones a Radio Mitre.

En la misma línea, precisó: “Estamos convencidos de que vamos a tener un apoyo general, puede ser 38 o más. Hay propuestas de modificación que estamos analizado: hay clarificaciones en algunos aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que algunos senadores entienden que dice una cosa y nosotros decimos que dice otras. Se están clarificando los artículos”.

“Con respecto a Ganancias hay un reclamo de los gobernadores patagónicos y algunos detalles más, pero no son temas que van a entorpecer los detalles de la ley. Son los temas que se están conversando”, completó sobre el futuro del proyecto. 

Por su parte, el funcionario nacional admitió que “si existen finalmente estas modificantes tendrá que volver a Diputados”, y remarcó que “así como se apoyó la ley con una cantidad de votos importantes, si existe alguna modificación, se ratificarán las modificaciones”. “Estamos optimistas”, confesó. 

Cuestionamientos al paro y críticas a los dirigentes sindicales

Por otra parte, Francos lamentó “la actitud que tomó la CGT”, y sostuvo que la medida sindical del pasado jueves fue “un paro absolutamente político que nada tiene que ver con los reclamos concretos de los trabajadores”. 

“Una perdida para el país, estas cosas no conducen a absolutamente nada. Había un sector de trabajadores que resolvieron cortarles el transporte para hacerlo. Perdidas para el país, para los trabajadores y los dirigentes sindicales que cada vez ven más bajas sus imágenes ante la opinión pública”, desarrolló. 

Para el ministro, los dirigentes sindicales “están embanderados con una fuerza política que fracasó, perdió políticamente de una manera incontrastable”, y los llamó a la reflexión. 

“Espero que reflexionen, Daer solía ser una persona bastante reflexiva. Creo que ha cambiado su posición”, ironizó sobre el triunviro de la CGT, Héctor Daer, al tiempo que sostuvo que el presidente Javier Milei está “absolutamente convencido del rumbo en el que ha puesto al país” y no modificará sus medidas por el paro.

El Pacto de Mayo

Por último, reveló que las actividades previstas en el marco del Pacto de Mayo a celebrarse el 25 del mes en la provincia de Córdoba, se están llevando adelante y admitió la posibilidad de incorporar la educación a los 10 puntos previstos. 

“En principio la propuesta al pacto tenía que ver con la propuesta económico, con un compromiso hacia el crecimiento. Hay otros temas de interés, la educación es uno de ellos, estamos analizando de qué manera tener en cuenta este tema tan importante”, concluyó. 

Con información de NA.

IG

Actualmente en el Senado se está discutiendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o más conocido en los pasillos como “Sr. RIGI”. En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados, este capítulo ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo del oficialismo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Es fuertemente cuestionado en la discusión de comisiones en el Senado.

Beneficios del RIGI

El Régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones encuentren en Argentina un destino atractivo:

1. Beneficios impositivos:

 - Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

 - Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

 - Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

 - Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

 - Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

 - Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

2. Beneficios aduaneros:

- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

3. Beneficios cambiarios:

- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

 - 20% el primer año.

 - 40% el segundo año.

 - 100% a partir del tercer año.

- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

4. Estabilidad normativa:

- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Requisitos para adherirse al RIGI

Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:

A. Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):

B. Monto de Inversión Mínima:

C. Sectores incluidos:

D. Detalle del plan de inversión:

Críticas y polémicas en torno al RIGI

A pesar de los incentivos ofrecidos, el régimen ha suscitado críticas y controversias entre algunos sectores:

Competencia desleal

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles.

Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país.

Invalidez de normativas preexistentes

El artículo 162 de la Ley Bases anularía cualquier normativa previa que limite los beneficios del RIGI, lo que podría vulnerar la autonomía de provincias y municipios, según abogados constitucionalistas.

Reclaman falta de desarrollo de proveedores locales

Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propone un marco legal “sólido” para atraer inversiones de gran envergadura a Argentina, con la intención de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. No obstante, será fundamental abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores para que el régimen sea efectivo e inclusivo.

¿Qué pasó en Diputados?

En una sesión maratónica que ya superó las 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en la votación en particular.

El Título 7 del RIGI tiene varios capítulos. El primero en ser aprobado fue el que dispone la “creación de ese régimen y el ámbito de aplicación”, con 134 votos positivos, 109 rechazos y seis abstenciones.

El capítulo 2 de “plazos y sujetos” recibió 136 afirmativos, 109 negativos y cinco abstenciones, mientras que el capítulo 3 sobre “Requisitos” cosechó 136 votos a favor, 110 rechazos y cinco abstenciones.

El capítulo cuarto sobre “incentivos tributarios y aduaneros” finalizó con 134 votos positivos, 11 negativos y cinco abstenciones, en tanto que el capítulo quinto sobre “incentivos cambiarios” totalizó 134 afirmativos, 107 negativos y cinco abstenciones.

Ahora la pelea de fondo por la aprobación de ley está en el Senado, donde el kirchnerismo dice contar con al menos 33 votos y necesitaría 4 para bloquear la norma. Por otra parte, el gobierno negociar con los gobernadores para revisar puntos y generar consenso. Si hay cambios, debería volver a diputados. 

El capítulo sexto sobre “Estabilidad” dejó 132 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones, mientras que el capítulo séptimo sobre “Terminación” tuvo 136 votos positivos, 110 negativos y seis abstenciones.

El capítulo 8 sobre “Inversiones” recibió 136 apoyos, 110 rechazos y cuatro abstenciones, mientras el capítulo 9 sobre “autoridad de aplicación” tuvo votos 137 positivos, 110 negativos y cinco abstenciones.

El siguiente capítulo sobre “Jurisdicción y arbitraje” plasmó un resultado de 135 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, en tanto que el capítulo 10 tuvo 136 afirmativos, 11 negativos y cinco abstenciones, y el capítulo 12 recibió 136 apoyos, 111 rechazos y cinco abstenciones.

Cuestionamientos en el Senado

El Senado de la Nación inició este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones con un clima de tensión por las maniobras kirchneristas para obturar el recorrido de los proyectos e incertidumbre por la celeridad que urge al oficialismo por conseguir el dictamen el próximo jueves -hoy lejano- que le permita desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo. 

Tras las exposiciones del ministro del interior, Guillermo Francos, José Rolandi (vicejefe de Gabinete) y María Ibarzábal Murphy (secretaria de Planeamiento Estratégico), una de las voces más sólidas a la hora de responder por parte del oficialismo, Maximiliano Abdala (UCR), abrió la ronda de preguntas, acción que acapara la mayor parte del encuentro y que se extendió hasta casi las 19.30.

El capítulo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue foco de críticas e interrogantes transversales de senadores de todos los bloques. 

Con el RIGI, La Libertad Avanza se propone habilitar un programa de beneficios a inversiones mayores a los 200 millones de dólares para acelerar la toma de decisiones de inversión brindando un marco de seguridad jurídica. El radical Martín Lousteau (CABA) fue uno de los más rigurosos a la hora de posar la lupa sobre el RIGI puntualizando en cuestiones técnicas arancelarias. 

A su cuestionamiento se plegó Guadalupe Tagliaferri (CABA), del PRO, y la kirchnerista Fernández Sagasti, quizás, la más pirotécnica contra el régimen que tuvo la luz de Diputados. La mendocina dejó entrever que el capítulo habría “salido de una oficina oscura” de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, afirmó que quien lo redactó no sabe de “federalismo”. 

Un senador de JxC, en contra del RIGI

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que votará a favor de la Ley de Bases en general, pero al mismo tiempo señaló que se opondrá a la eliminación del régimen de promoción que beneficia a su provincia y reclamará cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También se pronunció en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas porque la consideró esencial para la conectividad del distrito austral.

Blanco pertenece al bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y su definición ante la Ley de Bases despeja algunos interrogantes sobre cómo iba a comportarse al momento de la votación.

En declaraciones a Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, el fueguino precisó que votará a favor de la ley en general “porque el Gobierno necesita la herramienta”, pero que se opondrá en particular en algunos capítulos.

Acerca del capítulo del impuesto a las Ganancias, evitó pronunciarse y reconoció que hay conversaciones con sus colegas patagónicos pero aclaró que aún no hay una posición unificada sobre este tema.

El senador fueguino conjeturó que en virtud de la discusión que se está dando en la Cámara Alta, la Ley de Bases será aprobada pero con cambios y deberá volver a ser tratada en Diputados.

“El Artículo 111 de sub regímenes de promoción, aunque no tiene nombre y apellido es un artículo dirigido a Tierra del Fuego. Hay muchas opiniones por desconocimiento. Me voy a oponer y voy a trabajar para que sea rechazado”, afirmó Blanco.

Sobre el RIGI sostuvo que “es necesario hacerle modificaciones porque hay avance sobre facultades y derechos provinciales. Además hay errores de redacción, que después pueden ser interpretados de forma incorrecta”.

En referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas sostuvo que para su provincia es esencial porque es “aerodependiente y cuando fue privatizada hubo problemas de conectividad”.

“El servicio de Aerolíneas, más allá de la restructuración que hay que hacer, debe mantenerse en manos del Estado”, concluyó.

Con información de agencias.

IG