El periodismo de investigación tiene cita en Buenos Aires. Este miércoles se inauguró en la Universidad Torcuato Di Tella la 16° Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), que premia todos los años a las mejores investigaciones periodísticas de la región. Además, en paralelo, este año coincide con la celebración del 20° Congreso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 

En la Universidad de Palermo y durante tres jornadas a partir de este jueves, se realizarán mesas de exposición de las mejores investigaciones latinoamericanas y argentinas, talleres de capacitación y debates.

elDiarioAR fue convocado para exponer sobre la investigación publicada en diciembre de 2024 junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y con la colaboración de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sobre las offshore de Romina Diago, la esposa del diputado Cristián Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara Baja. La investigación fue publicada en diciembre pasado y generó un terremoto político en el seno del macrismo y su alianza con La Libertad Avanza.

Este medio también expondrá la investigación sobre cómo la familia del presidente Javier Milei construyó su fortuna en base a subsidios del Estado al transporte de pasajeros durante el kirchnerismo. Este trabajo fue realizado en alianza con el diario La Nación y el CLIP. Las exposiciones estarán a cargo de la periodista Emilia Delfino, coordinadora de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. 

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio, como publicó la UDI de elDiarioAR este domingo. La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, hoy a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción. 

En el ámbito internacional, la organización que representa a los jinetes es la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Tiene una “Política de Salvaguarda contra el Acoso y Abuso”. Las penas van desde los diez años hasta la suspensión de por vida del infractor. A través de aquel apartado, la organización se compromete a promover un entorno seguro para todos sus miembros, atletas, personal de apoyo, entrenadores, oficiales y voluntarios en todas las disciplinas ecuestres, prohibiendo explícitamente toda forma de acoso y abuso.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para realizar preguntas por ambos casos nombrados en esta nota. La FEI acusó recibo y afirmó que “está investigando este asunto y no está en condiciones de ofrecer más comentarios en este momento”.

Las respuestas de la Federación Ecuestre Argentina

Lenzi Pra, la primera denunciante, notificó sobre su denuncia contra Fraschina a Campo Chico Country Club, el club al que representó cuando competía como jineta. El 8 de febrero de 2019 ingresó por mesa de entrada una carta dirigida a su presidente, que cerraba con el siguiente párrafo: “Ahora los pongo en conocimiento para que conjuntamente con la Federación Ecuestre Argentina (FEA), que tiene la responsabilidad de velar, cuidar y respetar, ética y moralmente a su comunidad, tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir actos semejantes con otras niñas, niños y adolescentes”. A Fraschina “le negaron la entrada al country”, recuerda Lenzi Pra en diálogo con elDiarioAR. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con Fraschina para hacer preguntas sobre las denuncias en su contra y dar lugar a su versión de los hechos. El jinete derivó a este medio con su abogado Diego Olmedo. El letrado respondió: “No damos reportajes mientras las causas estén en trámite”. Luego, agregó: “Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación, no nos parece prudente. Por esa razón hasta que estas causas no terminen, que insisto, están en pleno trámite, me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”. 

Tras la notificación a las autoridades ecuestres, Fraschina siguió concurriendo a otros espacios y competencias de la equitación. Un año y siete meses después de la carta de Lenzi Pra, en octubre de 2020, la denunciante notificó de su denuncia por correo electrónico a la Federación Ecuestre Argentina en una carta electrónica dirigida a su presidente de entonces, Gregorio Werthein, hijo de Gerardo, saliente canciller del gobierno de Javier Milei. También lo envió al secretario general de la FEA, César Lopardo Grana, a Marcelo Brandolino -actual presidente de la FEA- y a Julio Orma Carrasco, actualmente a cargo de la Secretaría Técnica de la Federación. 

En el correo, Lenzi Pra expuso las razones de la denuncia penal de 2018 y pidió que se tomaran medidas para “evitar que esos delitos volvieran a ocurrir”. Además, relató los “dolores, culpas y trastornos físicos y psíquicos” que los abusos le habrían ocasionado.

Lenzi Pra preguntó por qué la FEA no había suspendido a Fraschina, a pesar de haber sido notificada de la denuncia el 8 de febrero de 2019, cuando envió una carta al presidente de Campo Chico Country Club, que forma parte de la Asociación de Clubes de Campo de la Federación. 

La respuesta de la institución llegó dos días después, notificándole que el Comité Ejecutivo de la FEA había resuelto “suspender al jinete Augusto Carlos Fraschina” hasta tanto la Comisión Directiva de la institución, previa intervención de Oficial Sumariante designado al efecto, resolviera en forma definitiva sobre el caso. La respuesta fue firmada por Gregorio Werthein, Alejandro B. Cima, César Lopardo Grana, Ricardo Doldan, Leonardo Madcur y Marcelo Brandolino, actual presidente de la FEA. 

Según el artículo 47 del Estatuto de la FEA, la Comisión Directiva tiene la facultad de sancionar a los atletas federados, incluyendo la suspensión. Además, indica que se podrán aplicar las normas del Código Penal en materia de imputabilidad, responsabilidad, tentativa, participación, reincidencia y concurso de infracciones.

A pesar del aviso de la FEA sobre la suspensión del jinete, Lenzi Pra nunca recibió comunicación oficial sobre lo que decidieron después: su reincorporación. Fraschina seguía asistiendo a los concursos, asegura la denunciante: “Me di por enterada, pero no me avisaron nada, ni qué trataron, ni en qué quedó. Me fui enterando por conocidos, no porque me hayan notificado ni nada”, aclara la mujer.

Tras la denuncia, Lenzi Pra asegura: “Me lo cruzaba [a Fraschina] y él pasaba a propósito delante mío. Me acuerdo patente, pero a mí me salía del inconsciente bajar la cabeza y me acuerdo de mi hermano más chico diciéndome: 'Vos parate, vos [con] la frente en alto'. Pero es difícil, porque ver a la persona te genera muchas sensaciones”. Lenzi Pra sostiene que se vio expulsada del deporte que tanto quería, incluso dejó de ir a ver a su padre competir: “Es muy injusto. Llegó un momento en que tomé la decisión, aunque me duela, de dejar de ir porque no me hace bien”.  

La UDI de elDiarioAR se comunicó con la FEA a través de tres direcciones de correo electrónico para preguntar sobre la postura de la institución respecto a ambos casos. Al cierre de esta nota no había recibido respuestas. Tampoco respondió su apoderado, Alberto Hernán Méndez Canas.

El pasado 10 de mayo, Fraschina compitió en el Club Hípico Argentino contra otros 24 jinetes por el Gran Premio Internacional Sol de Mayo, uno de los más importantes del país. Este no es un torneo más, sino un torneo internacional de salto que integró el circuito de la Federación Ecuestre Internacional - FEI World Cup - CSI1-W* y sumó puntos para uno de los rankings, el Longines Ranking Group E.

Fraschina quedó en quinto lugar. En la foto de la entrega de premios publicada por la Federación Ecuestre Argentina, Fraschina aparece sonriente, con su característico pelo rubio cubierto por una gorra de Mercedes Benz, como el resto de los ganadores. Debajo del podio, acompañaban las autoridades de la FEA.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocio jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y por abuso sexual con acceso carnal, como reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, que actualmente tiene 38 años, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho de abuso supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses.

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio. Ante la consulta de la UDI de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos denunciados, el jinete e instructor derivó a este medio con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

Candela Lenzi Pra declaró contra Fraschina en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar. Después de casi siete años, continúa esperando una resolución de la causa, que correría peligro de prescribir. 

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone.

En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El riesgo de prescripción se debe a una prueba, la ampliación de un peritaje psicológico que buscaba acreditar que los hechos le habían generado a la víctima un grave daño a la salud. Fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2023, que declaró su nulidad y todos los actos consecuentes. 

Tras la anulación, el juez de Garantías Saettone interpretó que esa prueba anulada tenía un efecto extensivo sobre la citación a prestar declaración del principal imputado en la causa, realizada en junio de 2021. Ante la Justicia, Fraschina sostuvo: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. El jinete se refirió a las situaciones de supuesto abuso enumeradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

La causa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la queja de la fiscal María Laura D’ Gregorio por “improcedente”, argumentando que la resolución no era una sentencia definitiva. Sin embargo, en la respuesta dejó entrever que la nulidad no afectaba el llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, que esa declaración de Fraschina no era nula, según interpreta el abogado de Lenzi Pra, Hugo Tomei, consultado por la UDI de elDiarioAR.

La causa estuvo bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por los jueces Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, por los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Manuel Cayuela, y de la propia Lenzi Pra. Uno de los jueces que debía decidir sobre el futuro de la causa, García Maañón, fue denunciado en julio último por una secretaria letrada por presunto acoso sexual y laboral, lo cual llevó a una investigación de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En sus idas y vueltas, el expediente contra Fraschina volvió a ingresar a la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 13 de junio de 2025. La Cámara debía resolver si era procedente extender la nulidad de la prueba al llamado a prestar declaración del imputado y a la citación a juicio. Eso podría haber herido de muerte a la causa. 

El pasado 2 de septiembre, y luego de la renuncia presentada por Maañón, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Cayuela, a pedido del fiscal departamental adjunto, Cosme Iribarren, y de Lenzi Pra y su abogado. 

Además, la Cámara revocó la decisión del juez Saettone, permitió que el proceso continúe su curso hacia el juicio oral y público y remitió el expediente a un nuevo juez. El fallo da cuenta de cómo afecta a la denunciante el paso del tiempo sin una resolución, afirmando que “la demora en el proceso vulnera los derechos de la víctima, especialmente considerando su condición de niña al momento de los hechos”.

Sin embargo, la defensa ha hecho una reserva para recurrir a Casación nuevamente. En un escrito del 4 de septiembre, el juez Saettone hizo lugar a ese pedido.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos en la causa fue el 21 de octubre pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fraschina.

La UDI de elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con el juzgado de Garantías número 7 para consultar al juez Saettone. Se dejó constancia del motivo del contacto y un número telefónico. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Este medio también se contactó con la Fiscalía número 1 de Juicio del departamento judicial de San Isidro, derivado por el Fiscal General de San Isidro, John Broyad, quien constató que la causa está actualmente en manos de la fiscal Marcela Semería. elDiarioAR envió preguntas sobre el caso, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Denunciar y sus costos

La segunda denunciante de presunto abuso sexual cometido por Fraschina, M. Sol Brunello, evaluó las posibles repercusiones de emprender acciones legales, tanto para ella como para otros, antes de decidirse a denunciar. Al principio, dudó: “Era abrir y destapar una olla”, dijo a la UDI de elDiarioAR. Sin embargo, una vez que pudo hablar, todo comenzó a avanzar: “Desde que logré hablar, todo está yendo para adelante”. La denuncia fue presentada en agosto de 2024, luego de que la mujer hablara con sus familiares sobre la denuncia de Lenzi Pra, que salió publicada en un medio local, Pilar a diario, y después de que Brunello le contara a su familia lo que asegura haber vivido con Fraschina.

La fiscalía que lleva a cabo la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en violencia de género, a cargo de María José Basiglio. Luego de tomarle declaración a la denunciante, a sus padres y su hermano, y de considerar lo relatado por Brunello en el espacio de contención del Centro de Atención a la Víctima, la fiscal determinó que la denunciante “no logró dar detalles de los hechos denunciados en autos”, que el material probatorio fue “contradictorio” y, como consecuencia, “insuficiente” para tomarle declaración al imputado según el Código Penal. Sin más, Basiglio dispuso archivar la causa.

Sin embargo, luego de reclamar por supuesta ineficiencia en la investigación y solicitar la revisión de archivo, la denunciante -con representación del mismo abogado de Lenzi Pra, Tomei-, logró una respuesta favorable de la Justicia, aunque no un cambio de fiscalía. 

El 18 de febrero pasado, Sebastián Cosme Iribarren, fiscal departamental adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, resolvió revocar el archivo por considerar “que el criterio adoptado [por la fiscal] aparece -de momento- prematuro”.

La medida de desarchivo fue un nuevo impulso para Brunello: “En un momento, cuando tengo que firmar para desarchivar la causa, me hago la pregunta: ¿sigo con esto? Porque esto puede tardar un montón de años”, reflexiona la mujer en diálogo con elDiarioAR.

El 11 de marzo pasado, tras lo dispuesto por la Fiscalía General, la fiscal Basiglio dispuso librar varios oficios para solicitar medidas, como que se fije fecha para una pericia psicológica a los acusados y a la denunciante.

Las pericias serán recién dentro de casi un año: en septiembre de 2026. La fiscal también solicitó librar oficio al Presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), Marcelo Luis Brandolino, a fin de que informe si Fraschina y su supuesto cómplice, el jinete Javier Rawson, estaban registrados como deportistas entre 2004 y 2008, fecha en la que la denunciante pudo encuadrar que habrían sucedido los abusos. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Pilar para enviar preguntas sobre los avances en el caso el pasado 22 de octubre por la mañana. Ese mismo día, a las 15:55, siete meses después de aquel escrito, la fiscalía envió un oficio al titular de la comisaría de San Miguel para que realice una “inspección ocular en Campo de Mayo -sector equitación- y se constate los registros de ingreso y egreso de personas entre los años 2004-2009” para corroborar los dichos de Brunello.

Además, la fiscal requirió que se le informe quiénes cumplían funciones en el lugar durante dicho período y que se informen los datos de contactos de los mismos a fin de recibir declaración en la fiscalía. Al cierre de la nota, las preguntas enviadas por este medio a la fiscal no fueron respondidas.

La respuesta de la Federación Ecuestre Argentina llegó rápidamente, al día siguiente. El apoderado de la institución, Alberto Hernán Méndez Canas, confirmó mediante un informe: “Tanto Rawson Marcelo Javier Humberto como Fraschina Augusto Carlos estuvieron federados como jinetes en nuestra institución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. También informaron que Rawson es instructor de la FEA desde 1999.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que está imputado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones.

El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, según un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En un acta de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber -a Rawson- los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

El Instituto Nacional del Agua (INA) está descentralizado en cinco sedes a lo largo y ancho del país en las que trabajan poco menos de 300 personas. El rol que ocupa es clave en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos relacionados con el agua. Entre sus actividades más destacadas se encuentran el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, el diseño de grandes obras hidráulicas como las centrales hidroeléctricas nacionales e internacionales, la investigación de enfermedades vinculadas con el agua y la resolución de conflictos legales por contaminación. Pero el INA podría ser reemplazado por una empresa privada y su personal reducido a sólo 50 personas, según denuncian los trabajadores.

En un comunicado de prensa, los empleados del INA señalaron que el histórico instituto “enfrenta un futuro incierto tras una decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que amenaza con disolver este organismo, de más de cinco décadas de trayectoria”.

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley de Bases N°27.742 ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, los trabajadores entienden que el ajuste presupuestario y los despidos pueden ser una forma de sortear el impedimento y dejar al INA sin cumplir los objetivos para los que fue creado. 

Según Melina Devercelli, directora del Centro Regional Litoral del INA, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “solicitó la disolución del INA, alegando que sus funciones podrían ser cubiertas por una empresa privada. Frente a la excepción de cierre por la propia Ley de Bases, se está pidiendo la elaboración de un plan de negocios autosustentable de dos de los laboratorios del Polo Hídrico de Ezeiza, equivalentes a una privatización, y el cierre de Centros Regionales”.  La científica advirtió, además, que se busca llevar al INA a un mínimo de 50 trabajadores.

En el comunicado de prensa, se destaca que “se ha solicitado al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Andrés Rodríguez, comenzar con el achicamiento de la institución”. Rodríguez, a su vez, está a cargo del despacho de presidencia del Instituto, ya que el Gobierno no designó a una persona para el cargo, al igual que el gerente de proyectos, siendo estas dos las principales autoridades.

elDiarioAR intentó contactarse con Andrés Rodríguez en reiteradas ocasiones para consultar por el estado de situación del organismo, pero hasta el momento, no ha recibido respuestas.

Leandro Kazimierski, delegado gremial de ATE y jefe del programa de hidráulica fluvial del laboratorio de hidráulica de Ezeiza relató a este medio que la Ley de Bases sólo protege al instituto del cierre. Pero aclaró: “uno puede dejar dos personas, o lo mínimo indispensable y el resto, disponer de ello. Entonces, cerrar un organismo, como está pasando hoy, es matarlo de inanición: es no pagar los servicios, no pagar luz, gas, agua, internet, no pagar mantenimiento, no pagar distintos proveedores que uno tiene para el quehacer diario. Si no se paga eso, al INA lo van matando lentamente.

El ajuste se da en un contexto de avanzada contra los organismos de Ciencia y Tecnología, donde muchos de ellos, como la Agencia que financia al sistema científico argentino, dejó de pagar los proyectos de investigación, aún cuando sus fondos provenían de préstamos de organismos multilaterales. Recién el pasado 23 de enero, luego de cinco meses de demora, se dio aviso de la aprobación de fondos para pagar parte de la deuda de los servicios que no se abonaban desde agosto, incluso con amenazas de corte y otros servicios que ya se habían facturado.

Una infraestructura única

El INA, como institución de ciencia y tecnología, cumple un rol que va más allá de las capacidades del sector privado. La institución cuenta con una infraestructura única, y un equipo interdisciplinario de expertos dedicado a la investigación y búsqueda de soluciones para problemas hídricos.

“Tenemos infraestructura que es única en Latinoamérica para estudiar este tipo de problemas, para hacer modelos físicos a escala, tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos: estamos bien equipados”, afirmó Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica de Ezeiza. 

Además de su infraestructura, el INA desarrolla investigaciones que van en beneficio de la sociedad: ofrece servicios de alta especialización y capacita recursos humanos en torno a la gestión del agua. A diferencia del sector privado, el INA no persigue fines de lucro, lo que garantiza la independencia de criterio y el compromiso con la comunidad.

Re destaca “el compromiso que tiene una institución como el INA es la del bienestar colectivo, fuera de intereses parciales y lucrativos”. El INA también participa en peritajes, ofrece consultas a nivel nacional e internacional y forma parte de organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), funciones que difícilmente podrían ser asumidas por una empresa privada.

Una de las características más importantes del INA es su estructura descentralizada en distintas zonas geográficas del país en la que se crearon los Centros Regionales: Litoral, en Santa Fe; Andino, en Mendoza; Región Semiárida, en Córdoba; Aguas Subterráneas, en San Juan y los tres laboratorios del predio de Ezeiza. 

Es por eso que la institución puede abordar problemáticas hídricas que trascienden las fronteras provinciales, como el manejo de cuencas hidrográficas compartidas o la gestión de recursos hídricos. Sin embargo, la idea de cerrar los centros regionales, atenta contra el carácter independiente en temas nacionales y una mirada integral del recurso hídrico.

Leandro Kazimierski ejemplificó lo que pasaría si se provincializara un centro regional como el de San Juan: “con el tema minería, como los sueldos son de las provincias, uno podría encontrar ciertas incompatibilidades, porque se estarían auditando a sí mismos. Hay que verlo caso por caso”, y agregó: “un organismo nacional tiene una visión federal e integral del todo”. 

Motosierra o bisturí

Si bien, las reuniones con el Ministerio de Desregulación con trabajadores y directivos se han dado en el ámbito privado, los trabajadores del INA destacan que el representante del Ministerio de Desregulación que encabeza las negociaciones y comunicaciones oficiales es Alejandro Tamer, cofundador de Despegar.com y actual subsecretario de Reforma Estatal de la Secretaría de Transformación del estado.

Una fuente allegada al organismo, confirmó a elDiarioAR que el 28 de noviembre pasado, agentes de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el predio de Ezeiza del instituto para analizar y tasar al menos las 15 hectáreas que colindan con el Estadio de River. Asimismo, diversas fuentes allegadas a la sede, confirmaron la presencia del organismo.

elDiarioAR se contactó con el Ministerio de Desregulación del Estado para obtener una respuesta sobre la situación del INA, pero desde el organismo negaron que el instituto estuviera dentro de los temas de trabajo. Este medio también contactó a Alejandro Tamer, para consultarle sobre la posible disolución del INA, pero el funcionario respondió: “Yo no doy notas a nadie de ningún tema”.

Asimismo, el 22 de enero, los trabajadores del predio de Ezeiza recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Economía. El Secretario de Obras públicas, Luis Giovine y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Felipe Berón recorrieron las instalaciones. Según relató Leandro Kazimierski, el mensaje que quedó después del recorrido fue que desde el Ministerio de Sturzenegger la motosierra es completa, mientras que los representantes del Ministerio de Economía describieron el ajuste como un “bisturí”.

Además, este medio pudo conocer que los trabajadores del INA alertaron a los empresarios, consultores y Pymes del ámbito privado sobre los recortes anunciados y éstos pidieron una reunión con Alejandro Tamer para explicarle la importancia del instituto para realizar sus propias actividades dentro del sector productivo.  

Para el 2025, el instituto, tiene un presupuesto de $8.357 millones proveniente del financiamiento del Tesoro Nacional. En el mismo presupuesto se detallan, también, los proyectos a desarrollar por el instituto durante este año. “Es un presupuesto que, comparándolo en dólares, desde los últimos 15 años se redujo a la mitad”, aportó Mariano Re.

Pese a su gran aporte, el INA tiene un presupuesto relativamente modesto. La mayoría de sus fondos se destinan al pago de salarios, y el resto se utiliza para el mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. El valor que el INA aporta al Estado y a la sociedad, en términos de prevención de desastres, gestión de recursos hídricos y apoyo al sector productivo, supera con creces el costo de mantener la institución funcionando.

Desde el conurbano al Canal de Panamá

La disolución o el desmantelamiento del INA tendría graves consecuencias para la sociedad y la economía. La institución cumple un rol fundamental en la prevención y mitigación de desastres hidrológicos, como inundaciones y sequías. Su sistema de alerta hidrológico, por ejemplo, permite pronosticar el comportamiento de los ríos y alertar a la población en riesgo.

“Estamos trabajando en un sistema de alerta para inundaciones junto con el servicio meteorológico nacional en el conurbano sur, pensando en cómo le llega a la población inundable a su teléfono celular la información de que se puede llegar a inundar. Es un hecho concreto e impacta sobre cientos de miles de personas en el conurbano sur”, comentó Mariano Re a este medio.

Además, el INA genera información hidrológica clave para la producción agropecuaria, la industria y el sector energético. Su labor permite optimizar obras de infraestructura hídrica, reducir costos y prevenir pérdidas económicas. 

Melina Devercelli destacó que la disolución del INA significaría la pérdida de personas expertas que trabajan interdisciplinariamente en temas del agua: “los problemas del agua necesitan ser abordados desde distintas miradas y en conjunto: una mirada ambiental, social y productiva conjunta” y agregó: “Sería una pérdida de este equipo de expertos que además ha llevado mucho tiempo en que se especializaran para poder abordar esas problemáticas”. 

En la misma línea, Mariano Re, habló de la pérdida que significaría desmantelar el organismo: “la gran pérdida acá es una acumulación de 50 años de conocimiento en temáticas muy específicas asociadas a lo energético, porque siempre hemos tenido fuerte incidencia en las grandes obras hidráulicas: las presas Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y otros problemas asociados al agua en centrales térmicas o hasta nucleares”. 

El Instituto participó en el diseño de esclusas para el Canal de Panamá, un proyecto de gran dimensión que requirió de mano de obra altamente especializada. La incidencia del INA también abarca a las distintas zonas del país, interviniendo en actividades económicas como la minería, la agricultura, la vitivinicultura, y lo agroalimentario.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores del INA se encuentran en estado de alerta y están organizándose para defender la institución. Han generado propuestas de mejora del funcionamiento sin perder su esencia. Sin embargo, la postura del Ministerio de Desregulación parece inflexible, lo que hace aún más incierto el futuro del INA.

“Desde el INA se han generado propuestas de optimización y de adecuación frente a las nuevas políticas y que de alguna manera pretenden mejorar el funcionamiento de la institución sin perder de vista esta premisa y este principio: que como institución de ciencia y tecnología nuestra función es trabajar para generar propuestas frente a las problemáticas del agua, mejorar la calidad de vida y también preservar la vida de las personas”, sostuvo Devercelli.

elDiarioAR intentó obtener respuestas acerca de la situación del instituto de parte del Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas. 

LG/MG

Cristian Ritondo no apareció en la escena pública durante toda la semana desde que elDiarioAR expuso el domingo pasado la compleja trama de sociedades y propiedades sin declarar en Miami de su esposa, Romina Aldana Diago, pero estuvo activo en las sombras. Con movimientos calculados, buscó convencer a propios y ajenos de que la causa penal presentada el lunes en Comodoro Py por la investigación periodística no tendría asidero. Los destinatarios de esos mensajes fueron, principalmente, Mauricio Macri y los 36 diputados que dirige como titular de la bancada del PRO.

La primera reacción de Ritondo, según pudo reconstruir este medio, fue consultar con sus abogados. Entonces ensayó una sutil explicación pública que apareció solapadamente en el diario Clarín el lunes en una nota en la web. Fueron unas breves líneas: “El diputado argumenta que todas las operaciones tienen más de diez años y que la información sobre las sociedades está ‘mezclada’”, se leé en la nota que no tiene firma.

Ni el legislador ni su entorno respondieron a las sucesivas consultas realizadas por este medio durante los últimos días. Antes de que la investigación saliera a la luz, los colaboradores de Ritondo habían pedido incluso una prórroga de tiempo para responder un cuestionario enviado por elDiarioAR. Esas preguntas nunca se contestaron.

En la investigación hay bastante información que está mezclada y descontextualizada. En el PRO siempre hicimos lo correcto, y esta no será la excepción

Parte del mensaje de Ritondo en el chat del PRO

Siendo un dirigente con peso propio en el PRO, incondicional a María Eugenia Vidal pero fiel a los movimientos de Macri, Ritondo consiguió rápido un blindaje interno. Lo respaldaron con un sugestivo silencio desde las facciones contrarias, como las de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “No tengo porqué bancarlo, pero lo banco”, aseguró en estricto off un diputado amarillo que para nada comulga con su estilo político.

Entre el lunes y el miércoles, Ritondo tuvo contacto telefónico con varios de sus compañeros de banca. Hubo quienes lo llamaron preocupados por las revelaciones. A esos interlocutores les repitió el mismo argumento de que la información publicada sobre las sociedades en Miami y paraísos fiscales no es correcta. 

A mediados de semana, Ritondo hizo un descargo político llamativo: en el grupo de WhatsApp de los diputados del PRO se desligó de la denuncia y dijo que en el momento que considere oportuno dará sus explicaciones, confirmaron tres miembros distintos del chat. 

“Cuando lo crea conveniente y por el canal que decida, Ritondo seguramente dará las explicaciones necesarias. Según dijo, en la investigación hay bastante información que está mezclada y descontextualizada. En el PRO siempre hicimos lo correcto, y esta no será la excepción. Cuando se lo requieran, brindará detalles a las autoridades competentes, acorde a la ley”, se leyó en el grupo. Ante el curioso uso de la tercera persona, una fuente justificó: “Es lo que él mandó”. Otro legislador apuntó: “Fue eso y no mucho más. No avanzó en ninguna explicación”.

Sin actividad oficial en el Congreso porque ya no hay sesiones ordinarias –y tampoco se llamó a extraordinarias–, el legislador puede evitar por ahora transitar los pasillos parlamentarios y esquivar las consultas periodísticas. Sin embargo, el tema se coló en la cotidianeidad del Palacio. El propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue abordado en el brindis de fin de año y hasta en una entrevista en el Canal 11 de Salta. El riojano reveló que no habló con Ritondo y ratificó que cualquier denuncia tiene que ser investigada por la Justicia. En los aliados libertarios entendieron que “es un tema delicado”.

Al final de la semana, Ritondo tuvo una prueba de fuego. Como presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, se lo esperó en vano este viernes en la cumbre partidaria del Consejo Nacional del PRO en el Abasto Hotel, con Macri a la cabeza. Su nombre estaba desde el miércoles en la lista de los “confirmados”. Hubo un interés especial entre los operadores amarillos para encontrar su apellido en el listado, un dato anecdótico que revela el clima interno que se generó en el partido en los últimos días por las sospechas sobre su espada legislativa.

Sin Ritondo, a Macri lo terminaron rodeando en el escenario del salón de conferencias del hotel a las 9 de la mañana su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; los diputados Vidal y Diego Santilli; Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido a nivel nacional y bonaerense; Fernando de Andreis, mano derecha del ex mandatario, y Facundo Pérez Carletti, secretario general del PRO.

El faltazo de Ritondo le evitó a Macri y al partido la presión de tener que hacer una muestra explícita de apoyo. Con su silencio, el expresidente lo terminó apañando. Solo habló al respecto Vidal, que en rueda de prensa buscó bajarle el tono a las sospechas: “Lo que hay es sólo una denuncia”, dijo.

La ausencia en la cumbre partidaria también evitó que él fuera el foco de interés, algo que Macri evidentemente no quería, porque aprovechó el evento para hacer una fuerte baja de línea interna. Primero, sorprendió al intervenir el partido en Córdoba, donde está dominado por dirigentes referenciados en Larreta y Bullrich. Luego, desglosó en su discurso algunas críticas al Gobierno por su “destrato permanente” pese al apoyo incondicional en votaciones clave en el Congreso. Entonces, sin mencionar a Ritondo, Macri dijo que “[conducir] el bloque de Diputados la verdad que es una tarea descomunal”.

Aunque Ritondo no fue al hotel, sí lo hicieron algunos de sus colaboradores más cercanos. Ante la pregunta sobre cómo estaba el ánimo del diputado, una voz que lo conoce aseguró: “Súper”. Y cuando se consultó sobre por qué se ausentó pese a haber confirmado su presencia, la respuesta quedó en el aire. Otro operador bromeó con una explicación: “No llegó. Pincho cubierta el Uber”.

MC

“No tengo ningún motivo para bancarlo, pero lo banco”. En el PRO hay cierto convencimiento sobre el escándalo que involucra a Cristian Ritondo por las sociedades y propiedades sin declarar en Miami a nombre de su esposa, Romina Aldana Diago: de eso no se habla. El partido amarillo blindó al jefe de su bancada en Diputados en las últimas 48 horas, luego de la revelación de elDiarioAR el domingo pasado. Ahora le tocará el turno al jefe máximo, el propio Mauricio Macri, que encabezará una reunión interna de importancia este próximo viernes, en la que obviamente está invitado el legislador.

La voz en off de trato cotidiano con Ritondo en la Cámara baja salió a “bancarlo” pese a que admitió que la trama de los departamentos por US$2,6 millones ya era una verdad de perogrullo en la escudería hoy filo-oficialista. Las contorsiones argumentativas se repitieron en otras fuentes consultadas por este medio. Incluso hay una sensación de que en algún momento el diputado deberá dar la cara de manera pública: “Algo va a tener que decir”, apuntó un operador que conoce los movimientos internos del PRO.

El partido tendrá un desafío sobre Ritondo cuando este viernes se reúna su Consejo Nacional a las 9 de la mañana en un hotel en el barrio del Abasto. Se trata del típico evento de balance de fin de año, que en esta oportunidad funcionará como plataforma para un anuncio de la Fundación Pensar, que conduce María Eugenia Vidal y apadrina Macri. 

Lanzarán un programa de formación en liderazgo para dirigentes sub 40. Lo que no contaban en el PRO es que el encuentro iba a estar cruzado por las sospechas que involucran a su espada legislativa. El escándalo ya tiene una causa abierta en Comodoro Py, a cargo del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.

¿Será entonces cuando Ritondo rompa el silencio? “Está todo bastante hermético. Nadie se pronunció en el partido. Se están manejando en un círculo muy cerrado”, comentó una fuente al tanto de la vida diaria del partido. La mesa chica del PRO la encabezan Macri, como titular; la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, vicepresidenta; Fernando de Andreis, mano derecha del exmandatario; Ritondo, presidente partidario en Buenos Aires; el diputado Martín Yeza, al frente del Consejo, y Vidal, por la Fundación Pensar. 

El bullrichismo tiene lugares secundarios y mucho menos vuelo tiene el larretismo, aunque curiosamente tampoco en esas facciones salieron públicamente ni a cuestionar ni a respaldar a Ritondo, pese a que hasta hace dos semanas se enfurecieron en el recinto de Diputados cuando el kirchnerismo, pero también algunos del PRO y más de La Libertad Avanza, no dieron quórum para tratar Ficha Limpia.

El macrismo cuenta a favor también con un cerco mediático de los principales medios: el lunes hubo apenas una vaga explicación velada por parte del diputado en el diario Clarín, donde solo argumentó que todas las operaciones tienen más de diez años y que la información sobre las sociedades está “mezclada”, pese a que elDiarioAR le había dado diez días de plazo para responder un cuestionario. Allí no llegó a desmentir la denuncia. “Estamos todos en el barro. No se puede tapar un elefante”, metaforizó un diputado del PRO ante este medio.

Parte del hermetismo del PRO se revela en cómo fuentes cercanas a Ritondo buscaron deslegitimar la investigación. “Todo operación sucia. Para mí los datos no son reales, porque lo conozco personalmente”, aseguró un entornista del diputado con el que tiene relación desde hace varias décadas. Ante la repregunta sobre qué detalles del escándalo que involucra al legislador serían falsos, la respuesta fue un acotado: “No sé, no hablé con él”. 

Otro diputado amarillo tuvo una hipótesis particular de la denuncia sobre Ritondo: “Me huele a que fue Macri, para frenarle el diálogo que tiene él con Santiago Caputo”, comentó, sin hacer lugar a la serie de documentos publicados por elDiarioAR. El exmandatario tendrá el viernes, en definitiva, una oportunidad de “bancar” a su jefe de diputados.

MC/MG

El 19 de noviembre de 2023 a las 19.35, apenas media hora después de que se conociera el resultado del balotaje que Javier Milei le ganó a Sergio Massa, Cristian Ritondo publicó en su cuenta de Twitter una foto con una motosierra. “Felicitaciones”, le dedicó escueto al entonces presidente electo y a Victoria Villarruel. Con esa postal que parece haberse sacado durante el invierno anterior, en alguna recorrida del interior bonaerense, quien todavía no era jefe del bloque PRO buscaba congraciarse con el flamante mandatario con un único objetivo: ser el presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión libertario. El esfuerzo fue en vano: el cargo quedó para Martín Menem, un recién llegado a la política que le ganó la pulseada al experimentado dirigente que ya en 2002 fue secretario del Interior de Eduardo Duhalde. 

Cuando se cumple un año exacto de la asunción de Milei, la titularidad de la Cámara baja sigue siendo un anhelo para Ritondo y en las últimas horas quedó en el foco de la atención mediática por un investigación de elDiarioAR que reveló que su esposa encabeza un complejo entramado de sociedades en Estados Unidos con propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Un patrimonio que el legislador nunca demostró en sus declaraciones públicas. 

La noticia no le fue indiferente al diputado amarillo: sugestivamente este lunes cerró su telefóno y el de su equipo. Solo a través del diario Clarín se desligó de la denuncia sin dar mayores detalles: argumentó que todas las operaciones tienen más de diez años y que la información sobre las sociedades está “mezclada”. En esa nota no hay ninguna declaración de su boca.

Ritondo es un animal político “de esos que ya no quedan”, lo perfiló alguien que lo conoce de cerca. Asumió por primera vez como diputado en 2003. Fue apadrinado en el peronismo por Miguel Angel Toma, ex secretario de Seguridad Interior del menemismo y ex jefe de la SIDE en el duhaldismo. Inclinado en el peronismo de derecha, formó parte del nacimiento del PRO de la mano de Mauricio Macri, a quien acompañó en la gestión porteña como legislador de la ciudad entre 2007 y 2015, rol que culminó como vicepresidente de la Legislatura. 

En ese tiempo en su oficina ya exhibía su fanatismo por Independiente, con una camiseta y una foto del equipo de Avellaneda adornando su despacho, pese a que su base de acción fue Mataderos. Ritondo fue vocal del Rojo en la primera presidencia de Hugo Moyano. Ahora acompaña de cerca a Néstor Grindetti, como representante de los socios, pero básicamente “acercando sponsors”, como él mismo se definió. En enero pasado justamente se involucró en una fallida pretemporada que el plantel iba a hacer en Miami vía la empresa Black and White Inc. 

En 2015 saltó a la provincia de Buenos Aires como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, de quien se considera un incondicional. En las últimas PASO se sumó a las filas de Patricia Bullrich, pero siempre puso como condición que si la actual diputada se lanzaba a la carrera presidencial, él iba a ser su principal armador. La dupla Vidal-Ritondo tuvo su prueba de fuego apenas asumidos en 2015, cuando se fugaron los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci. Más de mil policías los buscaron durante 15 días para finalmente capturarlos hambreados y heridos.

Cómo será la confianza que existe entre Vidal y Ritondo, que durante la gestión amarilla en PBA el ministro era el único que tenía vía libre para tomar cualquier decisión –ya sea política, como ejecutivo y hasta comunicacional–. “Podía hacer lo que quisiera”, recordó una fuente que lo trató de cerca en aquella época. Todos los demás funcionarios debían pasar por la jefatura de Gabinete. “Era como un gobierno independiente dentro del gobierno”, lo describieron. “Ella le tenía entre respeto y pánico”, completó la voz consultada.

Ritondo volvió a Diputados en 2019 y desde ahí se mantuvo al frente del bloque del PRO, haciendo honor de controlar “los fierros” en la provincia de Buenos Aires. Es el armador principal del macrismo en el conurbano, tanto por tener tropa propia en algunos partidos calientes como por manejar estructura, aunque ahora tiene una disputa abierta con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, muy alineado a Milei. La firma “Patita” o “Pata” en los murales de ambos lados del conurbano en campañas pasadas llevaban su venía. 

Bien posicionado en el ámbito parlamentario, su mayor objetivo es ser gobernador. En marzo del año pasado fue viral un video en el que como precandidato en la provincia se mostró con la camisa arrugada pidiendo fiscales para las elecciones por venir. “Podré tener arrugada la camisa pero no arrugo contra los narcos”, se defendió. Finalmente cuando Macri y Vidal se bajaron de la carrera electoral, Ritondo se alineó con Bullrich para inclinar la balanza de Horacio Rodríguez Larreta-Diego Santilli. El acuerdo tenía el compromiso de que él sería ungido titular de Diputados si el bullrichismo llegaba al poder. 

Cuando Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje, Ritondo fue parte del pacto de Acassuso con Milei en la mansión de Macri. Cuando entró al domicilio no esperaba encontrarse con el libertario, pero no se sintió “emboscado”, sino más bien todo lo contrario. Entonces reconoció al aún candidato presidencial, que estaba sentado de espaldas hacia él, por su tupida melena.

Ritondo entendió rápido la jugada y puso a disposición sus “fierros” para cuidarle los votos a La Libertad Avanza en la segunda vuelta. Esperaba cobrar el apoyo con la Cámara baja, pero volvió a quedarse en la puerta. “Se le pasó el tiempo de la presidencia de Diputados; yo creo que era más una obsesión de Macri que de él”, entendió una fuente que lo sigue tratando. Por ahora Ritondo tiene que conformarse con ser el presidente del PRO en Buenos Aires, cargo al que asumió con el regreso de Macri al ruedo partidario.

Ese perfil pseudo-opositor de Macri no le impidió a Ritondo construir sus propios puentes con el poder libertario. Ya son anécdotas sus conversaciones nocturnas con Santiago Caputo en el verano pasado cuando Diputados se enredaba con la primera versión fallida de la ley Bases. Hace pocas semanas compartieron un asado, que algunos entendieron como una cita en el noviazgo LLA-PRO, que tiene mucho de relación tóxica. La última desinteligencia fue el proyecto de Ficha Limpia, bandera histórica amarilla, cuya sesión fue vaciada por el kirchnerismo, pero también por algunos libertarios y bullrichistas sueltos. 

Si Ritondo se lleva bien con Caputo, ya no tanto con Bullrich. El quiebre en la relación fue cuando la ministra echó al ritondista “Tito” Ventura como secretario de Seguridad, como parte de la interna del PRO, luego de que Macri corriera a la ministra de las sillas de influencia partidaria. “Fue una venganza política. Patricia sabe mandar pero no conducir”, contraatacaron. 

Ritondo es un jugador nato de la rosca, lo que explica su sociedad con Oscar Zago desde que fue expulsado de LLA, pero sobre todo que el PRO se mantuvo unido pese a los cimbronazos entre Macri y Bullrich, abrazando incluso a los pocos larretistas que todavía quedan. “Es un tipo componedor. Logró mantener la unidad del bloque en un año muy difícil”, planteó un diputado de su espacio. La contracara de ese costado dialoguista tiene como ejemplo mayúsculo el gesto obseno y misógino que Ritondo le dedicó en diciembre de 2022 a Cecilia Moreau, titular de Diputados, en una escandalosa sesión que la entonces oposición logró boicotear.

Más filo-oficialista que pseudo-opositor, Ritondo acompañó cada una de las votaciones que propuso el Gobierno, al punto que fue clave para blindar los vetos de Milei al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario. Ahora apaña la demora de la discusión del Presupuesto 2025. La motosierra en mano, al final, le sienta muy bien. 

MC

Como un tema estrictamente “personal”. Así definen en Casa Rosada al entramado de sociedades offshore, departamentos en Miami por US$2,6 millones y complejas estructuras financieras que conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, información que reveló este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

“No tenemos nada decir, es algo de caracter privado”, apuntaron ante la consulta de este medio fuentes del gobierno de Javier Milei, que tiene al jefe del bloque PRO y referente de Mauricio Macri como a uno de sus aliados predilectos en la Cámara baja. Según los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que elDiarioAR pudo acceder junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Ritondo figura como heredero directo de las propiedades a nombre de Diago en caso de muerte o incapacidad de su pareja.

En su defensa, Ritondo argumentó este lunes que la información sobre las sociedades offshore está “mezclada” y que todas las operaciones tienen más de diez años. Antes de la publicación de la investigación el diputado fue contactado por elDiarioAR y, tal como solicitó, se le concedieron 10 días de plazo extra para responder las consultas, pero aún así decidió no dar explicaciones a este medio.

Un dato que se desprende de los documentos está marcado por la coyuntura: una transacción inmobiliaria en Miami, celebrada en marzo de 2013, que une a la abogada Diago con Juan Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex-AFIP.

Hasta la semana pasada, Pazo fue un funcionario todoterreno del Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo. Pero el inicio de su historia en la función pública tuvo lugar en 2016, cuando se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri como director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo. Dejó ese puesto en 2017 para asumir como superintendente de Seguros de la Nación, donde permaneció hasta 2019.

Pazo además tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, exjefe de la UIF de Macri. Su empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro, está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. 

Aliados ambivalentes

Milei y Ritondo cultivan una buena relación a partir del trabajo que supieron compartir en el recinto de la Cámara baja. “Tenemos la oportunidad histórica de realizar los cambios rápidos y profundos que Argentina necesita para volver a ser un país normal. El momento es ahora”, publicó en marzo el dirigente del PRO en su cuenta de X, junto a una foto con el Presidente. El diputado había sido recibido en el despacho del libertario en Casa Rosada, en donde compartieron un almuerzo en un clima de extrema cordialidad.

La relación del jefe de bloque PRO con La Libertad Avanza trasciende el vínculo que mantiene con Milei. En octubre, Ritondo fue el anfitrión de un asado que tuvo como invitados especiales al asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero lo que en un principio parecía representar un nuevo hito en el sinuoso proceso de acercamiento entre ambos espacios luego del acompañamiento de los amarillos al veto a la ley de Financiamiento Universitario, acabó por quedar en la nada tras la sesión frustrada para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Lo que más duele es que nos quedamos pedaleando en el aire”, fueron las palabras de Ritondo luego de que no se alcanzó el quorum para tratar la iniciativa motorizada por el bloque del PRO y que expuso una vez más los desacuerdos entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso. Durante un evento sobre transparencia electoral, criticó la falta de acompañamiento de La Libertad Avanza y subrayó que, de haber sabido con antelación la postura del Gobierno, no habrían llegado a esa instancia con expectativas.

Además, Ritondo remarcó la importancia de que el PRO mantenga su identidad frente a los libertarios. “No perder la identidad significa seguir siendo amarillo”, señaló, aludiendo a los valores construidos gracias al liderazgo de Mauricio Macri, desde la oposición al kirchnerismo. Y manifestó que la relación con la Casa Rosada estará marcada por el apoyo a “medidas correctas”, pero sin tolerar supuestos acuerdos con Cristina Kirchner. “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”, apuntó.

PL/JJD

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público, si bien proviene del ámbito privado: fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

El abogado fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp, de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposo, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Paso de manos

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo –de la que además el abogado figura como accionista en 2018– fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Aquella transacción inmobiliaria de 2013 conecta a la esposa del diputado Ritondo con el flamante titular de ARCA. 

Sin embargo, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024 por parte de elDiarioAR, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Esta información surge de documentos de la filtración Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández, según fuentes del organismo. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño. 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años –excarcelable–, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –antes AFIP–. La UDI del elDiarioAR y CLIP consultaron al matrimonio a través de voceros de Ritondo si Diago declaró ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los últimos diez años. También se les envió un cuestionario para conocer su versión de los hechos. El equipo periodístico aguardó 10 días las respuestas pero al cierre de esta edición, aún no habían respondido.

Redes offshore

Las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida. 

El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña, en representación del bloque del PRO. 

En el correo electrónico, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Sunstar Point fue adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000. 

La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según quedó asentado en otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.

Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino.

El objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago en el extranjero. El fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como “grantor” (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y “trustee” (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trata, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento. En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point (aunque la sociedad se terminaría activando legalmente unas semanas más tarde).

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio.

Nuevo director

El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, cuando Ritondo llevaba ya dos años como ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900, de acuerdo a las publicaciones del sector inmobiliario encontradas en documentos públicos gracias a la colaboración de la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

El edificio de Hallandale se construyó en 2014 –mismo año de constitución del fideicomiso y de la apertura de la sociedad offshore– y desde sus departamentos se pueden apreciar “amaneceres y atardeceres en la costa del Atlántico, acceso directo a la playa, terrazas con cristaleras panorámicas en todas las unidades”, según su sitio web.

En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust –el fideicomiso constituido por Diago– continuaba siendo el titular de las acciones de la compañía. Pero, además de modificar la dirección, surgen dos cambios más con respecto a los documentos de 2014: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porteña del Banco Santander Río y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declaró ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires. Dejó asentados su número de teléfono celular y un correo electrónico. El equipo argentino intentó comunicarse con Petrera pero no recibió respuestas.

Enrevesado

La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates. 

El entramado se complejiza aún más, cuando se suman otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por OCCRP. 

Llegar a los dueños reales de Ilustre LLC es difícil. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami. Se trata de otra sociedad pantalla que hace difícil conocer la identidad de los dueños del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39.

Ilustre y Bonita

La propiedad del condominio Beachwalk fue vendida seis años más tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja.  Sunstar Point y Bonita Holdings 39 tiene un segundo domicilio donde mantiene los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, apartamento 200. A pasos de allí, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustre LLC. Bonita Holding e Ilustre LLC tienen, además, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los dueños de sus propiedades: María José Pérez-Millan. 

Pérez-Millan figura como la persona autorizada a operar en nombre de una tercera sociedad extranjera: Goformore (“Vamospormás”, en su traducción al español).

“Vamos por más”

Diago también figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad. La abogada aparece por única vez en un documento de la firma Goformore, radicada en Florida. La sociedad fue fundada en 2012. Diago aparece en un documento público del registro comercial del estado de las palmeras como administradora o miembro/administradora (manager o accionista manager, según los documentos). Un año más tarde, en junio de 2013, su nombre desaparece de los registros públicos de la sociedad.

Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. 

El primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por US$467.843, según el registro oficial de Miami Dade. 

El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo año por un valor similar: US$446.900.

La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos años y medio más tarde. Costó US$656.900.

Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por US$580.000. Fue adquirido a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). Pazo fue nombrado este sábado 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, Pérez Millán aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil público la identifica como una agente profesional que actúa en representación de terceros. 

Ante una primera consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

A pesar de la salida de Macri del gobierno, Ritondo mantuvo su influencia en la política argentina. El diputado es ahora un dirigente clave para la relación de su partido con Milei. Hace pocos meses celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Horas después de renunciar a la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), la economista Alicia Caballero hizo pública una carta de despedida en la que deja entrever que las decisiones por las que tuvo que abandonar el cargo se tomaban “en otro nivel” que no era el suyo.

Caballero hace referencia a la retención de al menos US$53 millones de préstamos internacionales destinados a la actividad científica argentina, revelada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, en un contexto en el que le organismo que presidía hasta ayer le decía a los científicos que no “había plata”.

“Luego de más de 6 meses al frente de la agencia I+D+I, presenté mi renuncia ayer a la tarde”, comienza el texto de Alicia Caballero. “En este tiempo tuve la oportunidad de interactuar de cerca con científicos, empresas innovadoras, emprendedores y actores de esta maravillosa comunidad”.

“Esto solo ha reafirmado mi opinión acerca del nivel de excelencia del sistema de I&D argentino, y de la importancia de la inversión en capital humano. Esto lo he escrito muchas veces, entre otras en Clarín, en abril de 2003!”

“Acepté el cargo para tratar de aportar algo a este país que amo. Les aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero las decisiones se tomaban a otro nivel, y en términos prácticos nada podía resolver, dado que el Directorio propuesto nunca fue aprobado”.

“Si a partir de mi renuncia las cosas empiezan a fluir, todo el esfuerzo y las discusiones de estos meses habrán valido la pena”.

“Una mención y agradecimiento especial merece el equipo de profesionales y todo el personal de la Agencia, que desde el primer momento se ha mostrado extraordinariamente comprometido. Todos trabajan con pasión para que las cosas sucedan”.

“Me voy en paz porque trabajé sosteniendo mis convicciones. Deseo de corazón que todo se encamine positivamente, que sigamos construyendo sobre las buenas cosas que existen y aprendiendo de los errores para mejorar”.

“Abrazo a todos!”, concluye la carta de despedida de la ahora ex funcionaria.

Según el comunicado de prensa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Caballero había atribuido la decisión de renunciar a temas personales. 

DM

elDiarioAR lanza este domingo 21 de julio su Unidad de Investigación (UDI), otra apuesta de este medio contra la corriente de los medios, que se achican y desvían muchas veces el camino de los periodistas que apuestan a este género complejo y exigente en tiempos de austeridad, despidos y crisis multilateral.

Desde diciembre de 2020, cuando este medio vio la luz, la investigación periodística ha sido una constante en nuestros contenidos. Entre las investigaciones de mayor impacto, elDiarioAR ha publicado las revelaciones del equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) –que integra–, abarcando desde empresarios y políticos hasta deportistas y empresarios de medios. También ha publicado las historias sobre algunos de los principales anunciantes de los medios a nivel nacional, como Coto.

La investigación Pandora Papers, de la que participó elDiarioAR y que implicó un alto impacto en la agenda, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de Investigación del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) en 2022.

Además, se han realizado otras investigaciones colaborativas y transnacionales sobre el negocio de las vacunas contra el Covid-19 y el avance de la ultraderecha en la región, finalista del Premio Gabo en 2022.

El medio también mantiene una activa agenda socioambiental, que pone el foco en los abusos y desequilibrios de poder, los impactos en el ambiente, las violaciones a derechos humanos y expone las prácticas de las empresas más poderosas de la industria en el país. Hemos generado alianzas con Periodistas x el Planeta, Mongabay Latam, Climate Tracker y Amnistía Internacional.

Otro eje de la agenda investigativa se ha enfocado en el encubrimiento de los abusos en la Iglesia Católica argentina, premiada recientemente en los Premios Adepa, que entrega la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. elDiarioAR también reveló la trama de abusos sexuales en la Facultad de Odontología de La Plata, finalista de los Premios Fopea, que provocó el apartamiento de autoridades y profesores de la institución.

También hemos revelado cómo el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, montaron un negocio multimillonario en un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires que pone en riesgo la provisión de agua de 500.000 vecinos porteños.  

Recientemente, elDiarioAR también investigó junto a sus aliados cómo el padre del presidente Javier Milei consolidó su fortuna con subsidios del Estado y las inversiones truncas de la familia presidencial en Miami.

Este domingo nuestras lectoras y lectores podrán leer una investigación sobre uno de los espacios más oscuros de nuestra realidad: la muerte en situación de encierro. El ahorcamiento, explicado por supuestos suicidios, es la principal causa de muerte en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Los casos, que afectan especialmente a los jóvenes, están rodeados de sospechas y denuncias de homicidios encubiertos. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR apuntó allí una linterna para dar voz a las familias de los fallecidos y exponer la falta de respuesta de las autoridades. 

El proyecto de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR nació en la Conferencia de la Global International Journalism Network (GIJN, la red global de periodismo internacional, la principal institución de periodismo de investigación a nivel mundial), en septiembre de 2023, en Gotemburgo, Suecia. Allí, se cruzaron los caminos de elDiarioAR y CAPIR, un consorcio para apoyar el periodismo independiente en la región, que se alistaba para fomentar la conformación de unidades de investigación en medios del continente latinoamericano. CAPIR es, a su vez, un proyecto Institute for War & Peace Reporting (IWPR) de los Estados Unidos y será el financiador de esta unidad de investigación. 

Tras un proceso de postulación y selección de participantes, CAPIR seleccionó a elDiarioAR para financiar una unidad de investigación, solventando honorarios de periodistas, viajes con propósito de investigación, asesoramiento legal y tecnológico, además de capacitaciones para los periodistas de este medio y sus colaboradores. La organización aporta los fondos otorgando a su vez total independencia y autonomía para decidir el destino de los mismos y el contenido editorial de las investigaciones y cualquier otro contenido de elDiarioAR, una condición sine qua non de este medio para establecer alianzas, como refleja nuestra historia en estos tres años y medio de vida.

Nuestras lectoras y lectores conocen la capacidad y voluntad de elDiarioAR para investigar sin condicionamientos del poder político, empresario, mediático y de cualquier otro tipo. En la historia del medio ninguna investigación o publicación ha sido censurada porque no está en la naturaleza de elDiarioAR, un medio que nació con la misión de cubrir los vacíos de información de los grandes medios de comunicación o de aquellos cooptados por sectores políticos y empresarios. 

El medio también se diferencia por cumplir con protocolos de ética periodística rigurosos y por mantenerse por fuera de la denominada “grieta”, convocando siempre a voces diversas pero encolumnadas en los valores del medio: el respeto por los derechos humanos, la igualdad, la libertad y honestidad intelectual.

El equipo de elDiarioAR mantiene un compromiso a lo largo de su historia: que las noticias e ideas no sean acalladas, a pesar de los intereses que puedan afectar. Esa consigna es la base de su unidad de investigación, que apuesta a ser el semillero de revelaciones que puedan sacar a la luz lo que el poder quiere mantener oculto, garantizando así el cumplimiento del rol del periodismo en democracia.

ED