El exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla, según confirmaron fuentes oficiales. El cambio se produce en medio de una reconfiguración del Ministerio de Justicia impulsada por el flamante titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, quien comenzó a avanzar con la renovación de funcionarios en distintos organismos.

Horas después de asumir, el ministro solicitó la renuncia de los responsables políticos de varios entes que dependen de la cartera, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los pedidos de renuncia alcanzaron a sus titulares: Daniel Vítolo, Ana Belén Mármora, Alejandro Melik, Juan Cruz Montero y Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, sostuvo Mahiques en declaraciones a A24, donde explicó que se trata de una práctica habitual cuando se produce un cambio de conducción en el ministerio. “Son funcionarios que pone la política y cuando el ministro se va se tienen que ir, es la lógica”, afirmó.

La decisión marca el inicio de un proceso de reordenamiento interno con el que el nuevo ministro busca rodearse de funcionarios de confianza y consolidar su propio equipo en las áreas bajo su órbita. Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar con una estructura alineada a la nueva conducción y con mayor control sobre los organismos descentralizados.

En paralelo, desde el Gobierno volvieron a insistir en la necesidad de cubrir las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. No obstante, en la Casa Rosada reconocen que antes de avanzar con nuevas designaciones se buscará consolidar una mayoría en el Senado que garantice la aprobación de los candidatos propuestos y evite eventuales bloqueos legislativos.

Para el nombramiento de jueces federales se requiere mayoría absoluta en la Cámara alta, es decir 37 votos, por lo que el oficialismo evalúa avanzar con cautela en ese proceso. Mientras tanto, el nuevo equipo de Justicia se enfoca en reorganizar la estructura del ministerio y definir los próximos pasos en materia institucional.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

El secretario de Justicia Sebastián Amerio se enteró este miércoles en vivo de que ya no cumpliría su rol de viceministro, mientras presidía la Comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura. Al confirmar que lo desafectarían de su puesto, abandonó sus funciones al instante.

La situación quedó registrada en la grabación que había iniciado a través de la plataforma Zoom, en la que también participaban otros funcionarios e integrantes de la comisión, y dejó en evidencia que ninguna autoridad del Gobierno le había informado a Amerio sobre la decisión.

Según fuentes oficiales, Amerio se reunió luego con el asesor presidencial Santiago Caputo en sus oficinas de la Casa Rosada.

Entusiasmo por el nuevo ministro

Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con Juan Bautista Mahiques, el designado ministro de Justicia. “Tiene mucho poder en el Poder Judicial, peso propio, un largo recorrido” y proviene de una “familia judicial”, destacaron en la Casa Rosada.

También afirman que “le sobra el piné” para el cargo y que “conoce a fondo” el mundo de la AFA, hoy en el centro de la polémica por la causa contra el titular de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y la repatriación del gendarme Nahuel Gallo.

Con información de la agencia NA

El futuro del Ministerio de Justicia volvió a convertirse en el epicentro de la disputa interna que atraviesa al oficialismo. Mariano Cúneo Libarona, el abogado penalista que llegó al gabinete como garantía de nexo con el establishment judicial, ya había adelantado su salida en declaraciones previas a las elecciones. Pero Javier Milei y su hermana lo convencieron de quedarse al menos hasta el verano. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, confía una fuente con acceso directo a Balcarce 50.

La continuidad del ministro, sin embargo, se sostiene en un equilibrio precario. En la Casa Rosada saben que su salida es cuestión de tiempo y que detrás de esa silla se esconde una pelea mayor: quién controlará el vínculo del Gobierno con el Poder Judicial. La mira del karinismo está puesta sobre una cartera que se volvió estratégica, no sólo por su peso institucional sino por lo que simboliza en la puja interna con el asesor Santiago Caputo.

Semanas atrás, Cúneo Libarona había puesto su renuncia a disposición. Su desgaste es inocultable. “Está cansado del fuego cruzado”, dicen en su entorno. Pero Karina Milei lo contuvo con un objetivo político preciso: bloquear el desembarco de un dirigente del PRO o de su segundo, Sebastián Amerio, amigo personal y operador judicial de Caputo, figura excluyente del mileísmo en los tribunales de Comodoro Py.

Esa resistencia abrió una nueva fractura dentro del triángulo de hierro. Mientras la secretaria general de la Presidencia intenta preservar el control político del área, Caputo busca preservar a Amerio. En los hechos, el actual vice de Justicia hace tiempo que ejerce como un ministro de facto, aunque prefiere mantenerse en ese rol antes que asumir el primer mando: el cambio de jerarquía lo obligaría a dedicar tiempo a actos protocolares y viajes que lo alejarían de las gestiones que hasta hoy concentró en los tribunales.

En su entorno aseguran que su influencia real radica en ese trabajo silencioso, en contacto directo con jueces y fiscales. La disputa, más que simbólica, define si el Gobierno mantendrá una estrategia judicial autónoma o si el poder real volverá a concentrarse en la figura de Amerio, el funcionario que Caputo logró instalar como su pieza más sólida dentro de la estructura estatal.

Aunque formalmente no hay decisión tomada, los nombres que circulan para suceder a Cúneo Libarona revelan las líneas de tensión interna. Uno de ellos es el de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense electo, a quien se lo ubicó como virtual titular de una cartera unificada de Justicia y Seguridad que a último momento terminó descartándose. De perfil PRO –pero distanciado de Mauricio Macri– y experiencia judicial, hay quienes consideran que Montenegro podría funcionar como una suerte de figura de equilibrio en caso de que la intención sea buscar una salida por el lado de la amplitud.

La Casa Rosada analiza incluso la posibilidad de ungir a una figura con mayor capacidad de articulación con el Congreso, en línea con la nueva etapa de diálogo que Milei intenta reconstruir con los gobernadores y bloques aliados. En cualquier caso, el reemplazo se resolverá después de que se defina el rediseño más amplio del gabinete, previsto para diciembre.

Rosca judicial

Más allá de la disputa interna, lo que se pone en juego en el Poder Judicial excede cualquier recambio personal. Es que casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante antes de fin de año. En 2024, Amerio había anunciado el envío de 150 pliegos al Senado, pero la decisión se frenó por pedido del propio Presidente, que no quería abrir un frente judicial en medio del año electoral. Ahora, con el nuevo escenario político, el Gobierno busca destrabar ese paquete.

Además, en oficialismo también se evalúa avanzar en nombramientos de extrema sensibilidad, como son los candidatos a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación. El máximo tribunal opera hoy con su integración mínima y en Balcarce 50 no descartan ampliar el número de cinco a siete jueces como parte de una negociación con el kirchnerismo que ya está puesta en marcha.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner mantienen desde hace semanas un canal de interlocución reservado, mediado por emisarios de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La conversación –negada por ambas partes– gira en torno no solo a la designación de magistrados, sino al reparto de influencia en el sistema judicial, con el ministro bonaerense Juan Martín Mena y la senadora Anabel Fernández Sagasti como enlaces del cristinismo.

Ese intercambio inconfesable, nacido en la aritmética del poder, responde a una lógica compartida: juntos, La Libertad Avanza y el peronismo concentran los dos tercios del Senado, suficientes para decidir sin necesidad de la UCR ni del PRO. Desde San José 1111, la expresidenta percibió rápido que esa mayoría eventual podría ser la base de un intento de acuerdo inédito con el Presidente: redefinir el armado de la Corte Suprema y condicionar el mapa judicial sin depender de Mauricio Macri.

El diálogo se da en silencio, sin fotos ni mensajeros formales, y refleja un cambio de tono en el oficialismo: la hermana del Presidente, refrendada como jefa política tras el triunfo electoral del 26 de octubre, busca asumir el control de un área que había dejado librada a los designios delineados por el “monje” del Salón Martín Fierro.

Emisarios misteriosos

Pero aunque el interés de Karina por la rosca judicial comienza a asomar, no termina de quedar claro en qué intermediarios se sostiene. El abogado Santiago Viola es uno de los pocos nexos visibles de la secretaria general con ese mundo. Apoderado de La Libertad Avanza, en los tribunales lo conocen también por sus vínculos familiares: su madre, Claudia Balbín, es una figura mencionada en Comodoro Py y que mantiene una relación de amistad con la jueza María Servini.

El incipiente avance karinista choca de frente con los planes de Caputo, que pretende seguir reservando esas tratativas para Amerio. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales nadie olvida su gran traspié. El verano pasado, el asesor estrella encabezó la fallida negociación para colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, una jugada que terminó en derrota legislativa y con un costo político elevado.

Ahora, casi un año más tarde, los mismos nombres vuelven a sobrevolar las conversaciones. Como publicó elDiarioAR, Lijo conserva apoyos entre los gobernadores peronistas, y Massa busca reactivar su pliego con el visto bueno de Cristina. Pero el kirchnerismo discute si volver a apostar por un juez ligado a Ricardo Lorenzetti o impulsar a una mujer propia para completar la Corte, vacante de perspectiva femenina desde la salida de Elena Highton en 2021. En esa lista aparecen la propia Fernández Sagasti y la exsenadora santafesina María de los Ángeles Sacnún.

Mientras esas negociaciones avanzan en silencio, el Ministerio de Justicia atraviesa una parálisis cada vez más visible. En lo inmediato, Cúneo Libarona se mantiene en funciones con un margen cada vez más reducido. Su gestión quedó atrapada entre la inercia administrativa y el fuego cruzado de las facciones internas. “El Presidente ya sabe que se va, pero todavía no quiere abrir otro frente”, admite una fuente con llegada a la mesa chica libertaria.

El Gobierno evita dar señales públicas y prefiere mantener el suspenso. “La orden es mantener todo como está hasta que baje el ruido”, señalan. Detrás de esa espera se mueve algo más profundo: un tablero en plena reconfiguración. En ese juego, el control de la cartera judicial no es un asunto menor, sino la llave de futuras negociaciones que pueden redefinir los equilibrios de poder del nuevo ciclo abierto en la Argentina.

PL/MG

En la Casa Rosada, el aire denso del martes al mediodía se mezclaba con el calor cuando las puertas del Salón Martín Fierro se cerraron con sigilo. Afuera, los pasillos vibraban con el murmullo de secretarios y asesores. Adentro, el clima era otro: el poder se hundía en las sillas, no sin vacilaciones. Sobre la mesa, entre papeles y celulares boca abajo, alguna que otra lata de Speed y los cigarrillos, marca registrada del dueño del despacho: Santiago Caputo.

El asesor presidencial, cerebro estratégico del gobierno de Javier Milei, había convocado a una reunión clave, con un mensaje claro: acá no hay margen para errores. Patricia Bullrich, con su estilo de general en campaña, cruzaba los brazos. Sergio Neiffert, el “señor 5” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y su segundo, Diego Kravetz, sostenían la mirada seria de quienes conocen más que el resto. Franco Mogetta, de Transporte, asentía mientras Sebastián Amerio, vice de Justicia, repasaba mentalmente la lista de jueces díscolos que no están alineando con la política de mano dura del Gobierno. El objetivo era uno solo: diseñar un operativo que no solo garantice el orden, sino que también deje en claro quién manda en la calle.

Santiago Caputo escuchaba y asentía. No firma decretos ni da entrevistas, pero su influencia es innegable. Hace tiempo que su rol en el Gobierno se asemeja más al de un jefe de Gabinete en las sombras que al de un asesor presidencial convencional. Coordina, baja línea, es el nexo directo con Milei y, cada vez más, con las áreas de seguridad e inteligencia.

Durante una hora y media, desde poco antes de las 11 hasta las 12:30, se discutió lo que ya no se puede llamar una simple protesta. La marcha prevista para mañana, convocada por jubilados y organizaciones sociales, es tomada por Milei como un desafío a la gobernabilidad. Un termómetro que medirá el nivel de control que el oficialismo realmente tiene sobre la calle. El antecedente inmediato inquieta: el miércoles pasado, la manifestación de hinchas y jubilados terminó en un escenario de caos frente al Congreso, con las fuerzas de seguridad reprimiendo a mansalva y con un fotógrafo gravemente herido. La Libertad Avanza lo tradujo en términos de conspiración. “Quieren voltear al Gobierno”, repiten en privado.

La frase que trascendió desde el hermético encuentro en el Salón Martín Fierro fue que estaban allí para “analizar el cuadro de situación”. Traducción: delinear el operativo con precisión quirúrgica. La SIDE ya trazó un mapa de los accesos a la Capital, con especial atención a los movimientos de colectivos y trenes que ingresen desde el Conurbano, en particular desde La Matanza y Lomas de Zamora, según deslizaron fuentes oficiales. De acuerdo a lo que pudo saber elDiarioAR, la inteligencia previa es la apuesta fuerte: un sistema de monitoreo que permita identificar organizadores, evitar infiltrados y, si fuera necesario, actuar antes de que los focos de conflicto se trasladen al centro porteño.

Bullrich tenía en claro que el operativo debía corregir los errores del último despliegue, pero sin dar señales de retroceso. “Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes, no de la respuesta de las fuerzas de seguridad”, dijo este lunes en la conferencia que dio en la Casa Rosada, vestida de verde oliva, donde defendió al gendarme que fue identificado como el autor del disparo que hirió a Pablo Grillo. El mensaje era para los medios, pero sobre todo para su propio equipo: la línea es clara y no hay margen para fisuras internas.

El operativo del miércoles repetirá en esencia el esquema de la semana pasada: una “zona estéril” alrededor del Congreso, más de mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Pero habrá ajustes. La presencia de Kravetz en la reunión no fue casual: el nexo con la Policía de la Ciudad será clave para reforzar el control en los accesos. Desde Transporte, Mogetta trabajará en la supervisión de las líneas de colectivo que puedan trasladar contingentes organizados.

La hipótesis de los infiltrados sigue sobre la mesa. En el Gobierno sostienen que la violencia de la semana pasada no fue espontánea, sino orquestada. Y aunque ahora descartan la presencia de barras bravas, la lectura es que será una marcha “política”, con un claro intento de desgaste. Milei lo dice en privado y su círculo lo repite: “Nos están probando”.

Amerio, el vice de Justicia y brazo ejecutor de Caputo en ese área, estaba en la reunión por un motivo evidente. La liberación de la mayoría de los detenidos durante los disturbios de la semana pasada cayó pésimo en la Casa Rosada. La jueza Karina Andrade es el nuevo blanco de la bronca oficialista. “No podemos permitir que la Justicia sea un colador”, deslizó un alto funcionario tras la cumbre. El Gobierno quiere que esta vez los arrestos se sostengan y que los jueces no bajen la guardia.

En la Casa Rosada creen que hay magistrados que, con sus fallos, alientan la conflictividad social. Guillermo Francos fue explícito: “Si es una marcha pacífica, no habrá problemas. Pero si hay violencia, será reprimida”. El mensaje tiene dos destinatarios: los manifestantes y los jueces.

El cónclave terminó a las 12:30, pero la tensión quedó flotando en el aire. Los funcionarios salieron en fila, sin declaraciones, esquivando las miradas de los periodistas apostados en los pasillos. Patricia Bullrich fue una de las últimas en irse. Caputo, en cambio, no se movió de su despacho. Se quedó ahí, como si el verdadero operativo aún no hubiera terminado. Lo que ocurra este miércoles definirá, en buena medida, si el Gobierno mantiene el control o si la calle se convierte en el nuevo escenario de disputa.

PL

La Unidad de Información Financiera (UIF) atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la discordia aparece el nombre de una figura omnipresente en la cotidianidad de los pasillos del poder: Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, que comenzó a avanzar decididamente sobre la autonomía del organismo antilavado comandado por el abogado Ignacio Yacobucci. Luego de la salida forzada de su exnúmero dos, Manuel Tessio, a mediados del año pasado, cualquier resolución técnica llevada adelante por la unidad se vio sometida a una maquinaria implacable de presiones políticas.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, el malestar interno en la UIF escaló como nunca antes a partir de diciembre, tras la apelación a un fallo judicial que intentaba archivar el caso Hotesur, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio oral acaba de ser confirmado por la Corte Suprema. Dicha medida, que logró que la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara realizar una pericia y continuar con la investigación, desató un tan feroz como sugestivo enojo en la primera línea del oficialismo, paralizando las comunicaciones con la cúpula del organismo y provocando un aislamiento total entre las partes.

¿Un guiño velado del Gobierno a la presidenta del PJ, justo cuando se negocia en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? ¿Juego de necesidades mutuas de cara a un 2025 que se vislumbra cruzado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Especulaciones. Lo cierto es que, desde ese cortocircuito de hace un mes, los rumores de un posible desplazamiento de Yacobucci se acrecentaron. Detrás de esas maniobras se encontraría un íntimo amigo de Caputo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. El ministro está de vacaciones en Chile, completamente alejado de las visicitudes que cruzan por estas horas al organismo que, pese a ser autárquico, se encuentra bajo su ala.

El primer indicio de que la UIF comenzaba a estar bajo asedio tuvo lugar en junio, cuando Caputo dio la orden de remover de su vicepresidencia al abogado especialista en transparencia y compliance Manuel Tessio. El comunicado oficial alegó razones personales, pero el motivo real de su salida fue mucho más concreto: la presentación de la UIF como querellante en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Una movida que, lejos de ser celebrada, le costó el puesto a Tessio, quien meses más tarde fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un letrado cercano a Caputo sin experiencia alguna en la materia.

En aquel entonces, a través de una de sus cuentas anónimas de X, el asesor estrella de Milei redobló la apuesta y tildó a Tessio de ser un “massista” infiltrado, justificando la decisión de correrlo como un acto de limpieza ideológica. El mensaje fue claro: no se acciona si no es en línea con los intereses y directivas del todopoderoso integrante del “triángulo de hierro” presidencial. Un gesto que no solo desenmascara los objetivos non sanctos de La Libertad Avanza, sino que además revela cómo Caputo moldea áreas sensibles del organigrama estatal a su imagen y semejanza. De hecho, hace apenas semanas la UIF recibió una denuncia de Elisa Carrió contra Cristian Ritondo tras la investigación de elDiarioAR sobre las propiedades en Miami de su esposa. El jefe del PRO en Diputados cuenta con línea directa con Caputo. No hubo aún novedades al respecto.

Advertencia internacional

En octubre pasado, la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) despejó los temores de un ingreso de la UIF a la “lista gris” y evitó sanciones económicas para el país. Sin embargo, aunque este resultado representó un alivio importante, no alcanzó: en informes posteriores, el GAFI advirtió que las injerencias políticas están minando la autonomía del organismo, lo que amenaza con erosionar la ya frágil credibilidad de Argentina en el combate contra el lavado de dinero.

En el plano doméstico, en tanto, un punto que enciende alarmas es la precaria situación laboral de los trabajadores del organismo. Con salarios 32% por debajo del estándar del sistema nacional de empleo público (SINEP), la UIF está entre los peores pagos del Estado. Fragilidades que también se extenderían a la infraestructura tecnológica, que según fuentes consultadas por elDiarioAR requiere “inversiones urgentes” para estar a la altura de sus pares internacionales.

Los ruidos al interior de la UIF, lejos de ser anecdóticos, exponen un patrón recurrente puertas adentro del gobierno libertario: el que no agacha la cabeza ante las órdenes de la Casa Rosada, corre peligro de tener los días contados. Las presiones sobre el organismo que debe encargarse de prevenir los delitos financieros no son más que otro capítulo en la consolidación del poder de Caputo, un asesor sin firma que se mueve con la impunidad de quien se sabe exento de cualquier tipo de control.

PL/MC

La intención de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia parece entrar en etapa de definiciones. Con el reloj apretando debido a la finalización de las sesiones ordinarias, y tras un salvavidas inesperado de la kirchnerista Lucía Corpacci, el Gobierno logró arrancar las nueve firmas necesarias para poner en marcha el tratamiento del pliego en el Senado. Este avance refleja el éxito de una estrategia sostenida desde julio, cuando la Casa Rosada comenzó a sondear a senadores opositores para garantizarse el apoyo a uno de los magistrados más polémicos de Comodoro Py.

Este fin de semana, sin embargo, Guillermo Francos pateó el tablero: en declaraciones radiales, no descartó que tanto Lijo como el académico Manuel García-Mansilla, postulados en marzo por Milei para integrar el máximo tribunal, puedan ser eventualmente designados por decreto, jugada de Mauricio Macri en 2015, cuando el ahora expresidente intentó sin éxito nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en comisión. Finalmente, ambos obtuvieron el aval de los dos tercios del Senado, con votos peronistas como el del actual jefe del interbloque, el formoseño José Mayans.

“Son alternativas que están en análisis”, admitió Francos, el funcionario político de la gestión Milei, en una entrevista con Radio Mitre, posibilidad que anticipó elDiarioAR el mes pasado. El jefe de Gabinete aseguró que la “preocupación” principal del Gobierno está en las vacantes que se abrirán en la Corte en 2025, una vez que el 29 de diciembre próximo Juan Carlos Maqueda abandone su silla al cumplir 75 años, edad límite para ocupar su cargo, dejando al máximo tribunal con apenas tres miembros.

Sin embargo, el objetivo último del oficialismo es otro, inconfesable: lograr garantizarse una mayoría de jueces afines, similar a la que formó Carlos Menem en los albores de su Presidencia, que duraría 10 años, cuando extendió a nueve la cantidad de miembros del máximo tribunal y dio nacimiento a la famosa “mayoría automática” de Julio Nazareno. En aquel entonces, para ser juez de la Corte se requería apenas el apoyo de la mayoría simple del Senado, requisito que fue modificado con la reforma constitucional de 1994.

En ese sentido, vale aclarar también que pese a que la decisión de Macri en 2015 de nombrar por decreto jueces de la Corte —nada menos— fue duramente cuestionada, no deja de ser un mecanismo legal. Sin embargo, ese nombramiento en comisión dura sólo un año porque de igual manera, para ser jueces de la Corte, los postulantes necesitan sí o sí el aval de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública.

Más apoyos para Lijo

Hoy, por lo tanto, Lijo y García-Mansilla necesitan el apoyo del interbloque de Unión por la Patria y sus 33 miembros para alcanzar los 48 votos necesarios (en el caso de que los 72 miembros de la Cámara alta estuvieran presentes en el recinto). La mitad de ellos, sin embargo, responde directamente al Instituto Patria, que comanda Cristina Fernández de Kirchner, interesada particularmente en el desenlace de estas negociaciones y eventuales acuerdos políticos.

Este jueves, la mesa chica del oficialismo planea avanzar con el pliego de Lijo, que ya cuenta con el respaldo de casi una decena de senadores, entre los que se ubicarían el libertario Ezequiel Atauche, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora —del Frente Cívico, que lidera el caudillo Gerardo Zamora— y el radical correntino Eduardo Vischi. En paralelo, Milei prepara su última jugada: convocar a sesiones extraordinarias para incluir en el temario la candidatura de ambos magistrados.

En los cálculos del oficialismo, esta maniobra podría destrabar las tensiones con el peronismo, que ve a la Corte como un campo de batalla clave para el futuro electoral de la expresidenta. Con su condena ratificada en Casación y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos latente, Cristina se aferra al máximo tribunal como última esperanza.

Hace dos semanas, según pudo saber elDiarioAR, un intento de acuerdo entre ambos sectores estuvo cerca de cerrarse, pero naufragó por la negativa del Gobierno a reemplazar a García-Mansilla con una jueza cercana a la exmandataria. Ahora, con el aval de Corpacci para el pliego de Lijo, el escenario político parece volver a configurarse.

Idas y vueltas

Hace tiempo que en Casa Rosada sostienen que la nominación de los jueces de la Corte es una perrogativa exclusiva del Presidente, por lo que insisten en que el Senado solo tiene voz para decidir acerca de la “ideoneaidad” de los candidatos. “Esto no debería ser una discusión política”, repiten cerca de Milei, pese a que no dejan de mostrarse abiertos para negociar con el peronismo una posible ampliación del máximo tribunal a nueve miembros, que incluya una mayor representación femenina.

Al frente de esas tratativas con la oposición está un hombre clave en el organigrama del Gobierno: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. En un rol de igual o mayor gravitación que la de su superior, Mariano Cúneo Libarona, Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con quien es amigo desde hace años. Hasta diciembre, se desempeñó como funcionario de la Corte. Una vez que Milei llegó al poder, Amerio no solo fue designado en el segundo lugar de la cartera judicial, sino también nombrado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

A lo largo del año, fue la figura de Lijo la que más debates generó hacia el interior de los distintos bloques en la Cámara alta, incluso en las propias filas de La Libertad Avanza, situación que derivó en la expulsión del senador formoseño Francisco Paoltroni. “Lijo es el candidato de la impunidad y de la casta”, apuntó en agosto, antes de conformar su monobloque. “El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza”, remarcó en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde dejó en claro su anhelo de “una Argentina distinta, basada en transparencia y ética”, acompañado del hashtag #LijoNo.

Pero quien tampoco se alineó con la voluntad de la Casa Rosada fue Victoria Villarruel. La titular de la Cámara alta le cuestionó públicamente a Lijo no haber “actuado bien” cuando, en 2012, resolvió a través de un fallo que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo señaló en marzo, durante una entrevista con TN, el único reportaje televisivo que dio en lo que va de su mandato como vicepresidenta. Y añadió: “Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna catedrática”.

Es que, lejos de su retórica disruptiva, Milei optó por proponer a uno de los jueces más cuestionados para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincularía a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti, de sabida vinculación con Lijo. Por su parte, García-Mansilla confesó en agosto que no conoce al Presidente y que la oferta que le hicieron para integrarse al máximo tribunal llegó a través de Santiago Caputo. Con el tiempo en contra y un escenario político tenso, el desenlace de esta historia sigue siendo incierto.

PL/JJD

La intención de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia expuso como nunca antes un tópico ausente en la narrativa oficial: la relación de La Libertad Avanza con el statu quo del Poder Judicial, un ida y vuelta más que fluido. Con el objetivo de asegurarse los votos en la Cámara alta, la Casa Rosada comenzará esta semana a tantear a los senadores del kirchnerismo que aún guardan un sugestivo silencio respecto de la postulación al máximo tribunal de uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales de Comodoro Py. Al frente de esas tratativas, según pudo saber elDiarioAR, estaría un hombre clave en el organigrama del Gobierno: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

En un rol de igual o mayor gravitación que la de su superior, Mariano Cúneo Libarona, Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya influencia no deja de crecer puertas adentro de la gestión libertaria. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza de Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

Con sus pliegos presentados oficialmente en abril, falta poco menos de un mes para que arranquen las exposiciones de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la comisión de Acuerdos del Senado, el 21 y 28 de agosto respectivamente. Y más allá de que fueron varias las organizaciones que remarcaron que la cuota de género en el máximo tribunal no está siendo respetada, es la figura del actual juez federal la que genera los más encarnizados debates hacia el interior de los distintos bloques en la Cámara alta, incluso en las filas de La Libertad Avanza. 

Ambos candidatos deberán contar con el aval de los dos tercios del Senado para ser nombraron al frente de la Corte Suprema que preside Horacio Rosatti, un número imposible de alcanzar sin el eventual aporte del interbloque de Unión por la Patria: Milei precisa votos de esa bancada de 33 miembros para llegar a los 48 necesarios. La mitad de ellos, sin embargo, responde directamente al Instituto Patria y son hoy la principal incógnita debido a que todavía no se pronunciaron. Que la postulación de Lijo se maneje como si fuera un tabú alimenta las especulaciones de un pacto Milei-Cristina Kirchner. 

El PRO y la UCR, aliados circunstanciales del oficialismo, también alimentan la incertidumbre. Mientras el jefe del bloque de senadores del partido amarillo, Luis Juez, ya anunció que rechazará la postulación, quien mantiene el misterio es el radical Martín Lousteau. “Cuando vengan las audiencias públicas sobre Lijo, como hago siempre con todos los temas, voy a mirar en detalle cuáles son los apoyos, cuáles las objeciones, haré preguntas, escucharé las de los demás y recién después de todo ese proceso voy a tomar una decisión con los dos jueces”, declaró, tras meses de silencio al respecto, el legislador radical en una entrevista con LN+.

Grieta libertaria

Pese a que en el Gobierno se muestran optimista en relación al “poroteo” y confían en el respaldo de los gobernadores, con influencia en la decisión de los bloques provinciales, el panorama no deja de ser incierto para las pretensiones oficiales. Mucho más si se tiene en cuenta que entre los siete representantes de La Libertad Avanza en la Cámara Alta tampoco hay unanimidad y varios de los senadores oficialistas pusieron reparos al posible nombramiento de Lijo. A la cabeza de esas reticencias está la mismísima vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tampoco se muestra de acuerdo con la candidatura del magistrado de Comodoro Py.

La titular de la Cámara alta, quien es la que debería ponerse al frente de la búsqueda de voluntades para la aprobación de ambos pliegos, le cuestiona públicamente a Lijo no haber “actuado bien” cuando, en 2012, resolvió a través de un fallo que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo señaló en una entrevista con TN, el único reportaje televisivo que dio en lo que va de su mandato como vicepresidenta. “No me enloquece. Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna catedrática”, añadió en ese intercambio, que tuvo lugar en marzo.

Otro libertario que tampoco se guarda sus diferencias con la nominación que impulsó el presidente Milei fue el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. ¿Su justificación? La estrategia jurídica que adoptó Lijo en la causa Ciccone, por la cual el gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, terminó siendo sobreseído en el expediente que investigaba la contratación de la empresa The Old Fund para reestructurar la deuda provincial en 2010. “El señor Lijo desdobló la causa. En la que se tramitó en Capital Federal quedaron todos imputados, mientras que la que se trabajó en el fuero de Formosa quedaron todos sobreseídos, entre ellos Insfrán”, recordó, el mes pasado, el legislador en diálogo con FM Millenium. Y lanzó: “Yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió esa barbaridad jurídica”.

Pero su cruzada no se quedó ahí y hace dos semanas, durante una entrevista con Crónica TV, Paoltroni siguió utilizó munición gruesa contra el cuestionado magistrado. “Lijo es el candidato de la impunidad y de la casta”, apuntó el legislador. El senador compartió el recorte en su cuenta de X, con un mensaje directo a la interna del oficialismo. “El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza”, remarcó en un mensaje en el que dejó en claro su anhelo de “una Argentina distinta, basada en transparencia y ética”, acompañado del hashtag #LijoNo.

DM/PL