Lourdes Arrieta no usa eufemismos. Tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace apenas dos semanas, la diputada presentó una denuncia por escrito ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia: acusó al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, a su hijo Lautaro y al polémico empresario Leonardo Scatturice de integrar una red de poder paralela. El martes pasado, por primera vez, sostuvo esas mismas acusaciones cara a cara ante los legisladores. Llegó al sexto piso del anexo del Senado acompañada de su abogado y con nuevos documentos bajo el brazo.

La reunión fue a puertas cerradas, sin micrófonos ni registros públicos. Duró poco más de dos horas. Según la versión de un integrante de la comisión, fue “anodina”: Arrieta ratificó cada una de sus denuncias, pero enfrentó una respuesta quirúrgica de los representantes del PRO, que se valieron de los descargos escritos de Neiffert para contrarrestar sus dichos. Desde el entorno de la diputada, sin embargo, afirman que el material presentado fue contundente.

Pero más allá del efecto inmediato, el paso de Arrieta por el Senado dejó en evidencia algo más profundo: en el interior de la SIDE se libra una guerra soterrada entre sectores que se disputan el control del organismo, el manejo de los fondos reservados y la legitimidad política que los respalda. Su denuncia fue, en los hechos, la primera filtración pública de ese conflicto.

Varios espías lo admiten en off: la diputada mendocina actuó como válvula de escape de un sistema que funciona bajo presión. Expulsada de La Libertad Avanza a mediados de 2024, tras el escándalo por su visita a represores detenidos en Ezeiza, pero aún con acceso a información sensible, Arrieta parece haberse convertido en portavoz de una interna feroz que enfrenta a los recién llegados —referenciados en Santiago Caputo— con los resabios del stiusismo, operadores históricos de gobiernos anteriores y técnicos que intentan conservar su lugar en el esquema. Neiffert, como jefe formal de la SIDE, busca contener la crisis, pero hay dudas crecientes sobre su capacidad de mando real.

La guerra secreta

Detrás de la denuncia de Arrieta hay algo más profundo que una disputa puntual. Hay una fractura estructural que atraviesa a la SIDE desde su reconfiguración bajo el mando de Javier Milei. El decreto 614, firmado en julio de 2024, no solo rebautizó la exAFI como la tradición lo indicaba: Secretaría de Inteligencia del Estado. También partió el organismo en cuatro áreas diferenciadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Dirección de Asuntos Internos. Con esa división, Santiago Caputo intentó concentrar el poder político en la figura de Neiffert, un viejo conocido de su padre, y delegar la administración operativa en cuadros de confianza.

Pero no todo salió como se esperaba. Lo que se diseñó como una estructura eficiente rápidamente derivó en una guerra fría entre alfiles con autonomía relativa y terminales propias. De un lado están los “caputistas”, funcionarios que responden al asesor todopoderoso del Presidente. Son los que llegaron con la ola libertaria y que controlan, entre otras áreas, la ASN. Allí destacan nombres como el de Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos del excomisario Alejandro Cecati en esa agencia, con presencia operativa en la Triple Frontera.

Del otro lado, los “stiusistas”: cuadros históricos, técnicos y reciclados del kirchnerismo que supieron operar con el exdirector de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, o bajo su influencia, y que todavía sobreviven en algunos sectores. En el medio, una tercera fuerza: los “orgánicos”, operadores con años de trayectoria en inteligencia que no responden a ningún bando en particular, pero ven con preocupación cómo la SIDE se convirtió en campo de disputa entre modelos de poder.

El conflicto se desató cuando los sectores caputistas comenzaron a avanzar con una agenda propia, paralela a los canales diplomáticos formales. La contratación de Tactic Global LLC, una firma radicada en Florida que desde abril actúa como enlace no oficial del gobierno argentino en Washington, fue un punto de quiebre. Se supo que esa empresa, dirigida por el operador Leonardo Scatturice, fue contratada por la SIDE sin licitación ni decreto público. Cobra 10 mil dólares mensuales por representar al país ante actores del poder norteamericano, en tareas que normalmente le corresponderían a la Cancillería.

Según la denuncia hecha por Arrieta, detrás de ese contrato hay una estructura de lobby informal con terminales en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en los equipos de campaña de Donald Trump. A ese entramado pertenecerían también los hermanos Caputo —Santiago y Francisco, hombre clave en la Fundación Faro—, el ex PRO Manuel Vidal y la mujer que fue noticia en los últimos meses por haber llegado a la Argentina en un vuelo privado con valijas sin declarar: Laura Belén Arrieta, figura clave de la CPAC Argentina.

Ese episodio, el del avión Bombardier matrícula N18RU que aterrizó el pasado 26 de febrero en Aeroparque con diez valijas de las cuales solo cinco fueron declaradas, terminó de encender las alarmas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa de oficio, pidió los registros del hangar y los videos del desembarco. La publicación de las imágenes por parte del canal TN confirmó que las valijas no pasaron por controles de Aduana, pese a que el Gobierno lo había negado. En paralelo, la diputada incluyó el caso en su presentación ante la Bicameral, como muestra de cómo el oficialismo habría montado una “logística paralela” para mover recursos, operadores y mensajes fuera del radar institucional.

Enemistad histórica

El rol de Scatturice en esta trama también expone una tensión no resuelta en los subsuelos del espionaje argentino. A principios de siglo, el empresario fue señalado por sus vínculos con el mundo de la inteligencia, aunque sus voceros insisten en que jamás fue formalmente un espía. La primera vez que su nombre apareció en los medios fue durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando su consultora, C3 Consultings, quedó involucrada en una investigación por presunto espionaje. Su teléfono fue intervenido en el marco de la feroz interna entre Stiuso y Fernando Pocino, jefe de Reunión Interior.

Scatturice mantenía una relación cercana con los agentes alineados con Pocino, lo que lo convirtió en blanco de sus adversarios. El escándalo dejó expuesta una red de vínculos entre espías y empresarios dedicados a la inteligencia comercial. En las escuchas judiciales no solo surgieron nombres como el exjefe del Ejército, César Milani, y operadores de Comodoro Py, sino también conversaciones privadas de Scatturice con algún que otro dueño de medios. Todo ese universo quedó encapsulado en una causa judicial aún abierta, conocida como “Dark Star”, impulsada por Stiuso bajo la denuncia de un presunto espionaje británico.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Scatturice. Primero se radicó en Panamá y luego en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con la norteamericana Diana Marquardt y desde entonces busca obtener la green card. Desde el exterior, sin embargo, nunca cortó sus vínculos: amplió su red de negocios, afianzó su influencia en círculos de poder y mantuvo interlocución con exagentes, consultoras y operadores locales que, según diversas fuentes, todavía hoy lo consideran un actor relevante en las sombras.

Hoy, más de una década después de aquella denuncia realizada en 2014, algunas figuras ligadas al stiusismo habrían mutado de bando: en la central afirman que varios cuadros con pasado en la vieja escuela responderían, de forma directa o por vasos comunicantes, a los intereses de Scatturice. La reconciliación entre antiguos enemigos no sería total, pero el pragmatismo —y sobre todo, ciertos negocios en común— habría limado viejas asperezas. Del otro lado, los leales a Stiuso aún ven con recelo esta posible fusión.

Motivaciones

Es en ese contexto donde muchos ubican el germen de la denuncia presentada por Arrieta: no como un intento de saneamiento institucional, sino como un misil lanzado desde adentro del sistema, destinado a forzar una intervención externa que desmonte una red donde los bordes entre lo público y lo privado, lo legal y lo clandestino, se desdibujan cada vez más.

Es que la diputada no es una outsider. Tampoco es una aliada clásica del kirchnerismo ni del radicalismo, los dos espacios que suelen motorizar los controles sobre los organismos de inteligencia. Su salida de La Libertad Avanza tuvo más que ver con una interna de poder que con convicciones. Hace un mes, oficializó su pertenencia a Transformación, el espacio que lidera Eugenio Casielles, un dirigente con línea directa con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma.

Alrededor suyo también orbitan algunas otras figuras de peso. Una de ellas es su colega diputada Marcela Pagano, hoy enemistada con el núcleo duro del mileísmo, pese a seguir formando parte del bloque de La Libertad Avanza. Su pareja es el abogado y empresario de medios Franco Bindi, con vínculos en Comodoro Py y una historia cruzada con los servicios de inteligencia y el aparato mediático kirchnerista.

Desde su lugar, Arrieta juega un partido doble: formalmente se muestra como una diputada preocupada por el control parlamentario de los fondos reservados, pero su ofensiva también podría estar alimentada por sectores de la vieja guardia desplazada. En su entorno, sin embargo, niegan cualquier especulación. Aseguran que la diputada está actuando en solitario, con asesoramiento legal propio y con el respaldo necesario de documentación.

La intervención de Arrieta alteró la quietud habitual de la Bicameral de Inteligencia, una comisión que existe por mandato legal pero que rara vez incomoda al poder real de los servicios. Compuesta por catorce legisladores y con funciones limitadas, suele moverse con cautela entre informes reservados y sesiones selladas. En ese clima, su aparición en el Senado fue leída como un gesto inusual. Para algunos fue un acto valiente; para otros, una jugada impulsada por intereses ocultos. Lo cierto es que el sistema parece sacudirse. Y nadie puede asegurar si es apenas un chispazo o el inicio de algo más.

PL/MG

Por primera vez desde que presentó su denuncia por escrito, la diputada nacional Lourdes Arrieta asistió este martes de forma presencial a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Durante poco más de dos horas, en una reunión a puertas cerradas celebrada en el sexto piso del Anexo del Senado, la legisladora mendocina ratificó punto por punto su acusación contra el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; su hijo Lautaro; el empresario argentino radicado en Miami Leonardo Scatturice, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien señala como figura clave detrás de lo que considera una red paralela de poder montada desde los márgenes del Estado.

“Fue una reunión anodina”, resumió a elDiarioAR una fuente del entorno de uno de los legisladores que participó del encuentro. “Arrieta ratificó todo, le cuestionaron algunas cosas a partir de una respuesta que mandó Neiffert”, agregó. Desde el entorno de la diputada, por el contrario, celebraron haber entregado “un montón” de documentación respaldatoria. “Lo más sólido de todo es lo de Tactic”, se escuchó incluso entre algunos opositores. Fue el PRO, sin embargo, el que asumió el rol más crítico: “La corrieron lindo”, dijo uno de los presentes sobre el tono inquisitivo de los legisladores amarillos, que operan en defensa del oficialismo ya que La Libertad Avanza cuenta solo con Gabriel Bornoroni como representante dentro de la comisión.

Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy parte del monobloque Transformación, sostiene que la SIDE está operando por fuera de los canales institucionales, con fondos reservados destinados a actividades diplomáticas y logísticas que deberían estar bajo control del Congreso. En su denuncia, presentada el 18 de junio, apuntó a un conjunto de relaciones y operaciones que tienen su anclaje en tres puntos concretos: el edificio de 25 de Mayo 11, sede de la SIDE; el círculo íntimo de asesores de Javier Milei; y la ciudad de Miami, donde se consolidó un polo de influencia del oficialismo con ramificaciones políticas, comerciales y de inteligencia.

Uno de los ejes más contundentes de su presentación fue la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC, dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida, como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, la SIDE le paga US$10.000 mensuales para realizar tareas de lobby diplomático que, en circunstancias normales, serían competencia de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado en abril, sin licitación ni publicación oficial. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, denunció Arrieta.

La diputada pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y describió a Tactic como parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria con terminales en el trumpismo. Ambas entidades, sostiene, funcionarían como pantallas legales para canalizar recursos, gestiones y alianzas políticas por fuera del control del Estado.

Scatturice —nuevo dueño de Flybondi a través del fondo COC Global Enterprise— no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Fue en Miami donde, en enero, recibió al propio Caputo, a su hermano Francisco y al dirigente Manuel Vidal, en una gira que terminó en la asunción de Donald Trump. Según Arrieta, esa ciudad funciona como una suerte de embajada paralela del oficialismo libertario, donde se negocian nombramientos, financiamiento y relaciones internacionales en el más absoluto hermetismo.

Otro capítulo de la presentación estuvo dedicado al avión privado matrícula N18RU, vinculado a Scatturice, que aterrizó en Aeroparque a fines de febrero con una decena de valijas que no pasaron por controles aduaneros. Las imágenes del desembarco, difundidas esta semana por el canal TN, contradicen la versión oficial, que afirmaba que las valijas ni siquiera habían ingresado al país. Según el parte de vuelo, solo se declararon cinco, aunque el material audiovisual muestra al menos diez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía especializada en corrupción— ya abrió una investigación y solicitó información a PSA, Migraciones, Aduana y ANAC.

La Triple Frontera, en la mira

Para Arrieta, ese episodio no es anecdótico: es la postal concreta de una estructura que combina blindaje institucional, privilegios logísticos y negocios opacos. Y que, además, tiene ramificaciones internacionales. Un ejemplo: el rol de Ignacio “Nacho” Jiménez, actual jefe de la delegación de inteligencia en la Triple Frontera y número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los organismos en que se reestructuró la SIDE. Según Arrieta, Jiménez organizó reuniones fuera de agenda con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —de su propiedad— que funciona como base informal del oficialismo en Parque Patricios. En el mundillo del espionaje, Jiménez es vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso a través del abogado Lucas Nejamkis.

Desde Paraguay, el ministro del Interior Enrique Riera admitió los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido intercambio de dinero. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo la diputada en una entrevista con el medio ABC. A eso se suma una novedad geopolítica de las últimas horas: el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, confirmó públicamente que su país, junto a los gobierno de Brasil y Argentina, ultiman los detalles para instalar en diciembre una oficina antiterrorista conjunta en la ciudad de Puerto Iguazú. La iniciativa, liderada por el propio Riera y difundida por los medios del país vecino, contaría con participación militar y tendría como eje las tareas de inteligencia en la zona. El objetivo formal es “marcar presencia” frente a amenazas regionales.

Sin embargo, en paralelo a esa coordinación oficial, crece la versión de que un sector de la SIDE ya estaría montando una estructura paralela en la zona, financiada con fondos del FBI estadounidense. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes con acceso directo a los organismos de inteligencia, se trata de una red operativa propia, sin articulación con el comando tripartito formal. La operación sería llevada adelante por la ASN, que dirige Alejandro Cecati, y tendría como articulador local a Jiménez.

La Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Pero la práctica demuestra que sus investigaciones, muchas veces, terminan en la nada. Un antecedente reciente es el caso de Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE, quien fue citado por la comisión en enero tras la difusión de un video en el que golpeaba a un joven detenido. Pese al escándalo, Kravetz fue confirmado en el cargo y quedó al frente de casi toda la estructura operativa del organismo.

Por eso, en los márgenes del encuentro de este martes, el escepticismo seguía flotando. Aunque el contenido de la reunión se mantiene bajo reserva, fuentes parlamentarias aseguran que no hubo mayores avances ni definiciones políticas. Arrieta, al menos, logró lo que se había propuesto: ratificar su acusación frente a los catorce miembros de la comisión, entregar documentación respaldatoria y poner en circulación, dentro del Congreso, una hipótesis de poder que hasta hace semanas se comentaba solo en voz baja. El resto, como casi siempre, dependerá de la voluntad política.

PL/JJD

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

Después de un año de dolores de cabeza, Martín Menem puede respirar tranquilo: la Justicia cerró la causa que investigaba la visita que un grupo de diputados libertarios hizo al penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros genocidas condenados. El juez federal Luis Armella consideró, tal como sostenía Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal no había incurrido en ninguna irregularidad para facilitar el encuentro. El juez se hizo eco, así, del dictamen del fiscal Sergio Mola, el mismo fiscal que viene apelando para que Cristina Fernández de Kirchner deba cumplir su condena en prisión.

El 11 de julio del año pasado, seis diputados de La Libertad Avanza se subieron a una combi oficial de la Cámara baja, viajaron al complejo penitenciario VII de Ezeiza y pasaron una tarde junto a un grupo de represores, entre los que se encontraba Astiz, pero también Alberto “Gato” González, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti. Todos detenidos y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Allí, los diputados libertarios -Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci- se reunieron y fotografiaron con los represores. Todos menos una: Bonacci, quien denunciaría, luego, que había sido “engañada” por Benedit, el organizador de la visita y uno de los coordinadores del chat en el que se barajaban propuestas que permitieran que los genocidas pudieran acceder a prisión domiciliaria.

En ese chat de WhatsApp participaba también el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, quien coordinaba encuentros para aquellos que quisieran ayudar a los condenados por lesa humanidad. En el grupo se llegó a presentar, incluso, un proyecto de ley que reformaba el Código Penal e incorporaba una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurridos 20 años desde el momento en que el Estado tomara conocimiento de un delito. El proyecto se llamaba “Derecho a ser juzgado en un plano razonable”.

Toda esta información fue aportada por Lourdes Arrieta, la otra arrepentida, en una denuncia penal que presentó contra sus propios compañeros de bloque. La ex diputada libertaria, incluso, apuntaría contra Menem, lo que le terminó valiendo que la expulsaran del bloque oficialista.

Causa cerrada

El juez Armella decidió archivar la causa en sintonía con el pedido que había hecho el fiscal Mola, quien dictaminó que el Servicio Penitenciario Federal no había cometido ningún delito. Cuando la causa cayó en sus manos el año pasado, Mola decidió circunscribir la investigación a si habían existido irregularidades por parte del Servicio Penitenciario, que responde a Patricia Bullrich, cuando los diputados realizaron la visita. Y dictaminó que no había motivos para continuar investigando.

El motivo del foco de la investigación era que, en los chats aportados por Arrieta, los diputados mencionaban que contaban con el visto bueno de Bullrich y al jefe del SPF. Cuando se realizó la visita, además, no los revisaron ni les pidieron sus teléfonos celulares (que luego serían utilizados para sacarse la foto de familia con Astiz).

Mola sostiene, sin embargo, que los diputados no habían realizado una “visita”, sino un “recorrida” para conocer las condiciones de los presos. La diferencia es crucial, ya que para las “visitas”, las personas están obligadas a pasar un procedimiento de seguridad -como escáner corporal y detector de metales- y deben realizar el encuentro con el preso en un área común.

Las “recorridas” o inspecciones institucionales para conocer las condiciones de la privación de libertad, en cambio, debe ser garantizada por la autoridad penitenciaria “debiendo prescindir de diligencias innecesarias que obstaculicen su realización”, tal como precisa Mola en su dictamen (al que eldiarioAR tuvo acceso).

“Que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una ”recorrida“ no parece ilógico. Al así considerarla, resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control”, sostiene Mola, y agrega: “¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”.

Para Mola, que viene de apelar con Diego Luciani el beneficio de arresto domiciliario que se le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, “no surgen elementos para considerar un actuar doloso por parte de los funcionarios penitenciarios”. Y el juez coincidió y archivó la causa.

Un año después del escándalo que sacudió el corazón del bloque libertario. De embestidas opositoras que intentaron crear una comisión investigadora y fracasaron. De chats filtrados y guerras internas. Después de varios dolores de cabeza, Menem puede estar tranquilo con que al menos ese drama quede en el pasado.

MC/JJD

La escena fue tan inusual como reveladora. El martes de la semana pasada, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso sesionó dentro del edificio oficial de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sobre la calle 25 de Mayo 11. Diputados y senadores ingresaron al corazón del organismo más opaco del Estado para escuchar a su titular Sergio Neiffert dar explicaciones acerca del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento reservado que rige los objetivos, métodos y prioridades del espionaje argentino. Su filtración había generado polémica en la opinión pública: el texto autoriza a la SIDE a vigilar a actores sociales que puedan “erosionar la confianza en los funcionarios públicos”, una forma discreta pero eficaz de legitimar tareas de seguimiento interno.

Sin embargo, lo que Neiffert no dijo en su oficina lo expuso afuera un personaje insospechado: la diputada mendocina Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza. Pocos días antes, el 18 de junio, había presentado un escrito ante la Bicameral en el que solicitaba investigar al propio jefe de los espías, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice, por presunto tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso indebido de fondos reservados y vínculos oscuros con operadores paraguayos y lobbistas internacionales. También exigía que sean convocados a declarar.

La presentación pone bajo la lupa los movimientos de Lautaro Neiffert, de 25 años, accionista de la firma de seguridad SEGUR&PROTECCIÓN S.R.L.. Según registros oficiales, el hijo del “Señor 5” ingresó al menos seis veces a la Casa Rosada entre junio y agosto de 2024, en ocasiones acompañado por su padre, y otras autorizado por el asesor presidencial Santiago Caputo. El 4 de junio fue su primera entrada, al sector “Asesores SP”; el 6 de agosto, su último ingreso registrado, figura acompañado por una mujer identificada como “Sra. Jenifer”, sin documento, al área “Pre-Privada SP”.

La trama incluye una empresa estadounidense: Tactic Global LLC, registrada en el estado de Florida y dirigida por Scatturice. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía fue contratada por la SIDE para actuar como “enlace estratégico” entre el gobierno de Javier Milei y sus contrapartes en Washington, a razón de 10.000 dólares mensuales. El contrato, firmado en abril de este año, no pasó por licitación ni fue difundido oficialmente. La diputada Arrieta pidió identificar qué partida del presupuesto de inteligencia financia ese gasto.

Consultado en su última conferencia de prensa sobre el tema, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió sobre el vínculo entre el Gobierno y Scatturice. El periodista de MDZ Online, Nicolás Palermo, le preguntó por qué una tarea diplomática entre la Argentina y Estados Unidos fue delegada a una empresa privada como Tactic Global, con base en Miami, y no a través de la Embajada. También quiso saber por qué la contratación fue canalizada por la SIDE. Adorni replicó que “todo lo vinculado es materia de seguridad nacional” y sostuvo que “no hay ninguna irregularidad ni motivo para sospechas”. Y cerró con ironía: “Algunas respuestas podés encontrarlas en Google”.

La figura de Scatturice es cada vez más resonante. Empresario argentino radicado en Miami, con pasado en el mundo de inteligencia y conexiones con el trumpismo, su fondo de inversión, COC Global Enterprise, acaba de tomar el control accionario de la aerolínea Flybondi. Para algunos funcionarios, la operación combina capitalización empresarial, red de rutas y logística paralela para el oficialismo.

Su nombre ya había circulado en diciembre de 2024, durante el desembarco de CPAC Argentina en Buenos Aires, cuando fue mencionado por la CEO local, Soledad Cedro. Un mes más tarde, recibió en Florida a Santiago Caputo, a su hermano Francisco (responsable de la Fundación Faro) y al dirigente con pasado PRO Manuel Vidal, en una gira cuyo destino final era la asunción de Donald Trump.

Pero la polémica terminó de estallar en marzo, cuando el diario La Nación señaló a Scatturice como el propietario del jet N18RU que trajo a Aeroparque a Laura Belén Arrieta —exazafata devenida ejecutiva— con valijas que no habrían pasado por controles aduaneros. La aeronave permaneció sospechosamente una semana en Buenos Aires antes de partir rumbo a París.

Un dato no menor en toda esta historia: el empresario con pasado y presente en la SIDE no puede salir de los Estados Unidos por problemas migratorios. Por eso, según pudo saber elDiarioAR, cualquiera que quiera reunirse con él debe volar a Miami. Incluso algunos postulantes a cargos en el organismo de inteligencia están obligados a emprender ese viaje, siempre con el riesgo de finalmente no quedar seleccionados. Lo que se dice toda una apuesta.

Polémica paraguaya

La denuncia de Arrieta sorprende por su nivel de detalle. La diputada no integra la Bicameral de Inteligencia ni había mostrado antes interés público por el funcionamiento de los servicios secretos. ¿Por qué ahora, entonces, y con tanta información? ¿Tendrá algo que ver su flamante incorporación al espacio Transformación, liderado por el legislador porteño Eugenio Casielles, de estrecho vínculo con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma y conocido por haber sido uno de los miembros fundadores de La Libertad Avanza?

La mención más sugestiva de toda la trama delineada por la diputada es la que hace refencia al espía Ignacio “Nacho” Jiménez. Arrieta afirma que fue él quien organizó una reunión con un comisario paraguayo de nombre Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —una trattoria italiana ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, de la que Jiménez es dueño— fuera de cualquier canal diplomático formal. Según las declaraciones de la legisladora, el restaurante funcionaría como una suerte de “base operativa paralela” de “la Casa”, como se conoce al organismo en la jerga del espionaje.

“La SIDE es una estructura civil. No hay razón para que interactúe directamente con policías. Y si lo hace, queremos saber por qué”, cuestionó Arrieta en una entrevista con ABC Paraguay, en referencia al cónclave entre Cardozo y Jiménez, actual número dos en la Agencia Nacional de Seguridad, área de la SIDE dedicada a las operaciones interiores y dirigida por el excomisario Alejandro Cecati. Hijo del otrora vicepresidente de Racing, Miguel Jiménez, el nombre de “Nacho” figura entre los operadores que mantienen línea directa con Santiago Caputo y que, según distintas fuentes, conforman una red informal de poder que se mueve por fuera de los organigramas oficiales.

En su presentación ante la Bicameral, Arrieta pidió que el Congreso tome cartas en el asunto y solicitó a la Comisión que además verifique los viajes al exterior del titular de la SIDE, así como los movimientos del propio Jiménez, a quien señala abiertamente como el nexo con la Policía paraguaya y con otros actores del circuito político y diplomático no formal.

Una de las hipótesis que planteó la diputada es que esa estructura de inteligencia podría estar vinculada al exsenador Edgardo Kueider, hoy preso en Asunción tras ser detenido con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. “Nos preguntamos si este dinero [por los fondos reservados] va a parar a Paraguay, si está ligado a inversiones inmobiliarias, y qué papel juega la SIDE en todo esto. Hay demasiadas coincidencias”, deslizó Arrieta, que niega que su presentación esté vinculada a algún tipo de interna política. “Yo ya no soy de La Libertad Avanza”, repite, a modo de escudo.

La respuesta paraguaya a sus declaraciones no tardó en llegar. El ministro del Interior del país vecino, Enrique Riera, reconoció públicamente la comunicación entre Cardozo y autoridades argentinas, aunque defendió al comisario. Lo hizo luego de asegurar haber recibido una llamada del propio Neiffert, en un intento de bajarle el tono al conflicto por parte del jefe de la SIDE. Cardozo, por su parte, también se hizo eco del asunto y negó haber cobrado dinero, pero admitió los nexos. “Nunca nos transfirieron fondos. Trabajamos con Argentina porque compartimos investigaciones”, dijo el comisario a medios locales, revelación que Arrieta calificó de “preocupante” al afirmar que deja expuesta una “vulnerabilidad en el sistema de inteligencia argentino”.

Pero Jiménez no es ningún improvisado. Según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes del organismo, se trata del funcionario que está al frente de los movimientos operativos de la SIDE en la zona de la triple frontera, en Misiones, una de las regiones más sensibles desde el punto de vista de la seguridad regional y el monitoreo internacional. Quedó a cargo de esa delegación hace poco más de un mes, luego de imponerse en una interna y sacar del juego a otro grupo.

Lejos de las formalidades, su rol trasciende el mero protocolo: “Nacho” es considerado uno de los principales articuladores entre el nuevo esquema comandado por Caputo y actores históricos del submundo de los espías. Es que no faltan quienes lo vinculan con el ex Director de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, secretario privado del hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia (SI) durante el kirchnerismo. En ese entramado de relaciones también aparece el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, cuya esposa figura como socia de Jiménez en otro de sus emprendimientos gastronómicos, un circuito donde conviven el fervor culinario y la afinidad por la información clasificada.

Mientras tanto, todo parece irse volviendo cada vez más evidente. En los márgenes del organigrama estatal, algo asoma: es una estructura paralela de favores, contratos reservados y operadores que —como Scatturice y Jiménez— orbitan alrededor del círculo íntimo del poder libertario. La denuncia de Arrieta, más allá de sus motivaciones reales, deja expuesta una trama que combina el secreto y los negocios internacionales con nombres que hasta hace poco se movían en las sombras. Si la Bicameral decide avanzar, no será la primera vez que los integrantes de ese sottogoverno se vean empujados a tener que dar explicaciones. Aunque en la práctica nunca suceda.

PL/JJD

La diputada Lourdes Arrieta anunció que se fue de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y que ahora conforma un monobloque que se llama Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal (FE). La legisladora tomó esa decisión al conocer que la conducción del bloque de LLA había resuelto expulsarla tras el escándalo generado por la visita de diputados libertarios a genocidas presos en el penal de Ezeiza.

“Se lavaron las manos con la visita, me pusieron a mí como carne de cañón”, expresó Arrieta al brindar declaraciones a los medios en las puertas del Congreso. El bloque de LLA, liderado por Gabriel Bornoroni, tenía planeada la expulsión de Arrieta, luego de que la legisladora revelara el plan coordinado por sus pares para liberar o morigerar las penas de represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Arrieta, que participó en la polémica visita a los genocidas en el penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía el verdadero propósito de la actividad, también formaba parte del grupo de Whatsapp en el que circuló el borrador del proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario. Ante la inminente expulsión, la legisladora de Mendoza decidió dar un paso al costado y formar su propio monobloque.

Arrieta expresó su frustración con la conducción del bloque: “Que quieran encubrir delitos de lesa humanidad... yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra también de la agenda del presidente”, dijo.

Confirmó que decidió irse antes de que la expulsaran: “Exactamente, decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde, primero, no me respetan, y segundo, no respetan la agenda del presidente [Javier Milei]”.

La diputada también señaló que fue aislada y maltratada por sus colegas: “Es evidente los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración; todos se lavaron las manos, me dejaron sola, a los que realmente tenían que investigar, no los investigan y yo no puedo ser parte de esto”. Arrieta pidió que se investigue a otros diputados involucrados en la visita, como Beltrán Benedit, María Emilio Orozco y Lilia Lemoine, y exigió claridad sobre lo ocurrido en la reunión del 14 de marzo.

Cuando se le preguntó sobre su participación en la visita a Ezeiza, la mendocina reiteró que fue una visita institucional y que no actuó por cuenta propia: “Yo ya lo expliqué, fue una visita netamente institucional, yo no me mando sola y acá todos se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara para abajo”, afirmó, en alusión al riojano libertario Martín Menem.

A pesar de su salida del bloque, Arrieta afirmó que sigue apoyando las ideas de la libertad y al presidente Milei, pero subrayó que no puede estar en un espacio donde no se respeta ni siquiera la agenda presidencial.

Sobre su primer proyecto como parte de su nuevo monobloque, Arrieta indicó que se enfocará en ampliar la investigación sobre la visita al penal de Ezeiza, incluyendo la investigación de conexiones sospechosas con sociedades offshore en Estados Unidos del cura Javier Olivera Ravasi, expulsado por la diócesis de Zarate. Además, expresó que votará conforme a sus valores y principios, y que apoya el proyecto del oficialismo cuando esté alineado con los ideales del presidente Milei.

Con la salida de Arrieta, el bloque LLA tendrá 37 integrantes, es decir el 14% de la Cámara de Diputados.

JJD

La expulsión de la diputada Lourdes Arrieta del bloque libertario de la Cámara baja no parece inquietar de más al Gobierno. “No nos metemos, más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido”, repetían este martes en los pasillos de la Casa Rosada, despegándose del inédito escándalo que por estas horas envuelve a la bancada oficialista y que tuvo como origen la visita de seis de sus miembros a la cárcel de Ezeiza, el 11 de julio pasado, en solidaridad con militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.

Cerca de Javier Milei sostuvieron que el affaire Arrieta es “un tema del Poder Legislativo”, aunque aclararon que respetan que la diputada tenga “su agenda”. “Tiene la decisión de denunciar lo que crea conveniente y tiene la decisión de hacer con su vida lo que le parezca mejor”, señaló el lunes en su habitual conferencia de prensa matutina el vocero presidencial Manuel Adorni. Así y todo, el portavoz dio a entender que la denuncia judicial que presentó la diputada contra varios de sus ahora excompañeros de bloque no tenía ningún tipo de fundamento.

La decisión de correr a Arrieta de la bancada oficialista se terminó de cocinar el lunes en la cúpula de La Libertad Avanza en Diputados, integrada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. Era una medida que ya había trascendido el jueves luego de la escandalosa reunión del día anterior, en la que la diputada salió a los gritos y envuelta en llanto acusando por maltrato a sus compañeros. Sin embargo, el pulgar hacia abajo del Gobierno contra la legisladora terminó de decantar por sus manifestaciones públicas del fin de semana.  

En el Gobierno se muestran conformes con haber aprobado la ley Bases, pero resignados ante la posibilidad concreta de futuros reveces en el Congreso. Los sucesivos traspiés legislativos del oficialismo evidenciaron un escenario adverso que podría terminar de coronarse este jueves, si es que el Senado vota definitivamente a favor del rechazo al DNU que otorgó $100.000 millones de fondos reservados para la SIDE, que ya fue tratado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Pero las turbulencias puertas adentro del bloque libertario no son exclusivas de la Cámara baja, sino que se extienden también a la bancada oficialista del Senado. Es que la diputada Arrieta no sería la única en caer en desgracia. También está en la cuerda floja el senador díscolo de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, principal opositor a la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. El formoseño podría ser corrido próximamente del bloque luego de sus furiosos embates contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

“A Milei lo han convencido de que Lijo servía para algo. Esta es la responsabilidad de este personaje”, lanzó Paoltroni el miércoles de la semana pasada, día en que el polémico magistrado de Comodoro Py se presentó ante los miembros de la Cámara alta. Pero este lunes sus críticas fueron todavía más allá y apuntaron directamente al Presidente. “No es mi jefe, es un socio político con el cual firmamos un acuerdo”, sostuvo el senador, que ya se siente con un pie afuera del espacio.

En medio de todo ese bullicio, las miradas vuelven a posarse sobre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ronda la pregunta de si se pondrá una vez más al frente de la negociación política con el Congreso. Allí, desde mediados de julio, el Gobierno intenta avanzar con la discusión de la reforma electoral, que tendría entre sus ejes principales la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, en reemplazo de la tradicional boleta partidaria. Francos delegó esas tratativas en sus dos funcionarios de mayor confianza, José Rolandi y Lisandro Catalán, quienes tomaron la posta de la interlocución con el Parlamento. Sin embargo, la oposición acabó por tomar la iniciativa y dejó al oficialismo en offside. 

En Balcarce 50 no ignoran que Francos sigue siendo un jugador irremplazable en las filas libertarias. El lunes, sin embargo, hubo críticas internas al jefe de Gabinete debido a la triple derrota sufrida por La Libertad Avanza en el Congreso la semana pasada, que empujará al Presidente a firmar su primer veto en los próximos días. Las intrigas palaciegas en el Gobierno se parecen cada vez más a una pelea de todos contra todos. Un clima de tensión del que a Milei no parece interesarle formar parte, aunque lo afecte directamente.

PL/JJD

Con el último antecedente de Cristina Fernández de Kirchner en 1997, cuando fue corrida del bloque del PJ, este martes otro oficialismo expulsará a un miembro de su propia bancada parlamentaria. Será la suerte de la diputada libertaria Lourdes Arrieta, que llegó a denunciar judicialmente a varios de sus compañeros por la visita del 11 de julio pasado a Alfredo Astiz y una decena más de genocidas de la última dictadura encarcelados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. 

La decisión se terminó de cerrar ayer en la cúpula de La Libertad Avanza en Diputados, que integran el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. Era una medida que ya había trascendido el jueves luego de la escandalosa reunión del día anterior, en la que Arrieta salió a los gritos y envuelta en llantos acusando por maltrato a sus compañeros. El pulgar hacia abajo del Gobierno contra la legisladora terminó de decantar por sus manifestaciones públicas en las últimas 48 horas.  

Sabiéndose alejada del oficialismo, Arrieta aceleró su estrategia de confrontación. El domingo en su cuenta de Twitter publicó los chats sobre cómo la visita a Ezeiza era parte de un plan para que se concrete un proyecto de ley que saque a los represores mayores de 70 años de la cárcel. Y ayer habló por primera vez en un medio nacional y no solo apuntó directamente con Menem y Bornoroni, sino que nombró a otros pares, desde Beltrán Benedit, quien organizó el encuentro con los represores, a Lisandro Almirón, a quien acusó de haberla “zamarreado” en la reunión de bloque. “No voy a renunciar a mi banca”, desafió la mendocina.

“Arrieta ya no responde políticamente al espacio”, dijo ayer un vocero libertario a este medio. La cumbre que definirá la expulsión de Arrieta está agendada para las 20.30, pero podría correrse hacia las 22 por la sobrecarga de reuniones de comisiones de trabajo que hay durante la jornada. Menem no va a ser parte de la reunión, supo elDiarioAR de fuentes oficialistas. Será conducida por Bornoroni, que propondría una votación entre los presentes, aunque ya hay un consenso interno de correr a la mendocina para intentar encapsular el escándalo. 

Sin embargo no hay voces en la bancada violeta que quieran asumir públicamente el costo de admitir que votarán la expulsión de la colega, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la salida es inminente. “Lo que pasa en el bloque queda en el bloque”, planteó un legislador que quiere a Arrieta afuera. “No pienso votar ni sí ni no. Me parece muy bajo. Quedaría un bloque pro-liberar represores”, dijo una voz interna disidente.

Ayer en el despacho de Menem hubo una frenética actividad en la previa al cónclave de hoy. Entre los oficialistas no tardó en propagarse la entrevista que dio bien temprano Arrieta en Radio Con Vos. Por la tarde en la misma emisora salió Rocío Bonacci, otra de las legisladoras que afirmó haber ido “engañada” a Ezeiza, pero por ahora tiene su banca asegurada porque –entienden en LLA– “no cruzó el límite” de Arrieta; esto es, ir a la Justicia por la polémica entrevista con los genocidas. 

Si bien Bonacci se cuidó más en sus expresiones mediáticas y tiene cierta construcción política propia en Santa Fe que aún la hace conveniente para el armado territorial de Javier Milei, está en la mira del oficialismo. “Opera con lógica similar a Lourdes”, dijo un operador. “Con Bonacci todavía no está claro el panorama, pero obviamente si empieza a salir públicamente como hizo Arrieta no ayuda”, manifestó otro vocero. El padre de la legisladora, José Bonacci, excarapintada allegado a Aldo Rico, posee el partido UNITE que le sirvió al Presidente como “sello de goma” para tener una lista libertaria en el distrito. Ahora en la provincia la construcción oficialista la quiere conducir la diputada Romina Diez, que tiene la venia de Karina Milei.

Arrieta quedará excluida de LLA aunque no abandonará su banca ni hay muchas precisiones sobre cómo será el procedimiento interno de su expulsión. “Políticamente ya está 100% definido, pero administrativamente no se sabe”, admitió un vocero. Una de las explicaciones técnicas sobre esa incertidumbre es que no existe en Diputados la figura de “monobloque”. Tampoco está definido que la diputada se sume a otros espacios. Una de las especulaciones es que podría ser abrazada por el bloque MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), de Oscar Zago, quien en su momento fue corrido como jefe de la bancada libertaria. 

Lo concreto es que la fuerza de Milei quedará con 37 miembros, la misma cantidad que tiene el PRO. Esa parda puede derivar a futuro en una discusión sobre cómo se traducen los pesos de las fuerzas en los distintos resortes internos, por ejemplo las comisiones. Arrieta no preside ningún cuerpo de trabajo, pero tiene firma en siete, principalmente en tres sensibles para el Gobierno: Seguridad Interior, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores. 

LLA podría expulsarla también de esas comisiones: fue lo que le pasó a Cristina Kirchner en 1997, ante su negativa a apoyar la ley de creación del Consejo de la Magistratura. Antes de que se vaya, el entonces oficialismo menemista la vació de su poder relativo, corriéndola de una decena de comisiones que integraba como senadora. 

En Mendoza Arrieta ya sufrió un primer revés político. Karina Milei la desplazó ayer como presidenta de la Junta Promotora de La Libertad Avanza y también apoderada, al igual que a su hermano Martín, consignó el diario Los Andes. El oficialismo la sostuvo bastante, porque hace meses el armado político de Arrieta quedó envuelto en escándalo desde que se supo que entre los avales para su candidatura había usado la identidad de personas fallecidas. 

Con la expulsión de Arrieta, Menem busca ofrendarle a Milei que el escándalo interno en Diputados ya está cerrado. Igualmente la polémica quedará latente porque el miércoles está convocada otra reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, de la macrista Silvia Lospennato, que discute cómo tramitar una posible comisión investigadora sobre el episodio. 

Mientras tanto, pese al ruido mediático originado por Arrieta y Bonacci, sigue en un silencio sugestivo Benedit, así como el resto de los diputados que participaron del encuentro con Astiz: Guillermo Montenegro –ex mano derecha de Victoria Villarruel–, María Fernanda Araujo –hermana de un caído en Malvinas– y Alida Ferreyra –con quien el entrerriano ya había visitado en marzo a represores encarcelados en Campo de Mayo–. “Yo quiero que den explicaciones”, se quejó internamente una voz oficialista. Benedit dijo internamente que asumía la responsabilidad de haber sido el organizador del viaje a Ezeiza–reconstruyó elDiarioAR–, pero no estima dar explicaciones públicas. Recibió enfáticamente la orden de guardar silencio, según metaforeó un conocedor de los rincones libertarios: “Va a hacer como Bernardo, el mudo del Zorro”. 

MC/JJD

La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta filtró una serie de proyectos y un decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. 

Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados al Penal de Ezeiza, Arrieta en horas del domingo detalló: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

Qué dice el “Plazo Razonable”

A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito. 

El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.

De esta forma, argumentan que los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones”.

Detalles del decreto

Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia. 

Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.

En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”. 

Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.

“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.

Según fundamentan “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.

Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores presos en Ezeiza, como Alfredo Astiz, siguen generando polémica tanto en el seno del partido oficialista, como en todo el arco político y social. En ese contexto, en el ojo de la tormenta quedó la diputada mendocina, Lourdes Arrieta, apuntada por los propios libertarios por asegurar que no sabía a quién iba a ver cuando fueron en grupo hacia el penal, y se mantuvo muy crítica con sus compañeros y compañeras de espacio. “Siento que me usaron. Estas conspiraciones son de cobardes. Hay dirigentes que demostraron eso, que son cobardes”, disparó.

En este contexto de incertidumbre y crisis interna, Arrieta habló este lunes por primera vez con la prensa, luego de expresarse en redes sociales y en el recinto en la convulsionada sesión del pasado miércoles, y apuntó contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, contra quienes no salieron a defender su postura frente a los cuestionamientos de todos los sectores y contra la decisión que se materializaría este mismo martes de expulsarla del bloque libertario.

En diálogo con el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, la diputada por Mendoza relató que el diputado entrerriano Beltrán Benedit “es que el que organizó la visita, avalados por el sacerdote Javier Ravasi. Para mí era una visita para conocer las condiciones sanitarias de los internos. Nadie me dijo que era visitar a condenados por lesa humanidad. Nadie me dijo que iban a visitar a Astiz, se referían a presos políticos, veteranos de guerra de Malvinas, militares presos”, argumentó.

De acuerdo a Arrieta, “la historia la conozco, pero la realidad es que no conozco las caras de esta gente. En la secundaria esto se pasaba por alto, en la universidad también. Esto habla del sistema educativo, donde no se enseña esto”.

En cuanto a cuando nacieron los rumores sobre su posible expulsión, la legisladora aseguró haber pedido “información al presidente de la Cámara, pero trató de poner paños fríos. Lo mismo Gabriel Bornoroni (diputado cordobés, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza), que me dijo que solo era política, que no me preocupe. Ese día me suben a una combi de la Cámara de Diputados y ahora resulta que ''se mandaron solos'' y no es la agenda del presidente. Si no es la agenda del presidente, a ver, más atención. Nadie me dijo que no era la agenda del presidente. Yo hubiera acatado lo que él dijera porque soy una persona orgánica, que cree en este proyecto”, reclamó.

Para Arrieta, sus compañeros de bloque “me faltaron el respeto. Las personas que dijeron que vienen a hacer el cambio juegan con las mañas de la vieja política”, sostuvo.

Sobre su foto con el libro 'Nunca Más' en la mano, aseguró que se trató de “una reivindicación a la historia. Yo soy liberal, pero legislo para todos. Un informe como el de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) se tiene que hacer valer, hay que darle la importancia que merece”. Y agregó: “El Gobierno de facto no tomó en serio el respeto a la dignidad humana. No van con mis principios cristianos las torturas a gente, a bebés. Pido disculpas por haber ido a esa visita, no está en mi agenda ni en mi realidad”.

Asimismo, Arrieta insistió en que fue “la primera vez que entraba en un penal” y apuntó con dureza a sus compañeros y compañeras de partido: “Me hicieron una cama, a mí me querían echar del bloque. Martín Menem no podía no saber, como presidente de la Cámara, en un grupo de chat de la Libertad Avanza, no puede”.

Además, sobre Lilia Lemoine, que dijo que la diputada mendocina “no tenía los patitos en fila”, Arrieta sostuvo que escuchar sus palabras le generó “indignación”. “Quiere congraciarse con el presidente de la Cámara y con Milei. Y es muy triste la actitud del grupo en general. Nadie se levantó para calmarme cuando me enojé tanto en la sesión. Son cómplices. Todos lo minimizaron, me decían que no tenían los votos para echarme”, detalló.

De acuerdo a la legisladora, “el mismo Martín Menem, cuando yo estaba con mi abogado porque no sabía si me iban a sancionar, en vez de preocuparse por cómo estaba, solo dijo que acá no hay lugar para los tibios y que no era momento de venderse como 'putitas'. No le importó, siguieron hablando y pedían que me expulsaran. ¿Esa es la gente que legisla en nombre de la libertad? Es indignante. Cuando una mujer te dice a los gritos que no tenés huevos, es que perdiste toda autoridad”, recalcó.

Con respecto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, aseguró que nunca la llamó. “No se atrevería a decir ‘este sí, este no’, porque nos votó la gente. Esa soberbia que siguen instalando, burlándose del trabajo de mucha gente, es de locos. Yo creo que hay un verticalismo de gente que no responde al presidente, que quiere congraciarse con alguien, no sé si con Karina, con Martín Menem…o son muy cerrados y no les gusta que tengamos pensamiento crítico, o quieren hacerse dueños de La Libertad Avanza”, apuntó.

“Cuando Javier dice 'no vengo a criar corderos, vengo a despertar leones', cuando alguien tiene un pensamiento crítico, nos quieren sacar. Javier no tiene nada que ver, alguien desde adentro quiere desestabilizar todo esto”, reflexionó Arrieta.

Sobre su futuro dentro del partido libertario, dijo querer “terminar estos cuatro años legislando para bien. Quiero sembrar una semilla de patriotismo, ayudando al prójimo. Hay muchos que confunden al electorado que lo votó, que no entiende lo que está pasando. Yo no voy a renunciar a la Cámara de Diputados, me votó el 43% de los mendocinos. No me voy a rendir. Voy a arremeter para adelante. Estoy fortalecida en Dios y en mi familia. Voy a seguir legislando, comprometiéndome el doble”, adelantó.

“Dije la verdad y peleé contra un sistema de corrupción enorme, con un régimen verticalista totalitario donde no se puede pensar distinto. No hay diálogo ni con el presidente del bloque y menos con el presidente de la Cámara”, remarcó. Y agregó: Como mujer sufrimos violencia política, nos destratan. No hablés, cállate, los únicos que pueden hablar son el presidente del bloque y Javier Milei. La política sigue siendo muy machista y ninguna mujer se tiene que quedar callada. Se jactan de Alberto Fernández, de Espinoza, y actúan como ellos, violentando a una mujer. Ya no más. No hay que callarse más. Hay que decir las cosas. Puertas para dentro tiene que haber un replanteo para ver a quiénes queremos apoyar. En mi caso, banco las ideas de la libertad y a Javier Milei“, concluyó.

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por seguir dando visibilidad a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Arrieta cargó contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho “una cama”.

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”. En las próximas horas, el bloque tomará una definición y todo apunta a que la mendocina ya no pertenecerá al espacio formal de LLA.

IG

El martes que viene, en una reunión del bloque de diputados, La Libertad Avanza resolverá el apartamiento de Lourdes Arrieta.

La mendocina había quedado en una situación muy delicada después de denunciar judicialmente a miembros de su bloque por la visita a represores militares presos en el penal de Ezeiza, y más aún luego de sugerir una responsabilidad del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la supuesta autorización del traslado en vehículo oficial del grupo de diputados que intervino.

Ante esta situación, hoy Arrieta publicó en su cuenta de la red social X numerosos chats del grupo de legisladores en el que se organizó la visita a los represores, a partir de los cuáles afirmó que se puede establecer la “verdad” del caso que viene sacudiendo las internas del Gobierno.

“NO MÁS IMPUNIDAD. Como dijo el presidente Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas”, arrancó Arrieta en su cuanta de la red social X. “Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo”.

“(Al grupo) Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, relata la mendocina.

“El 11 de marzo, (el sacerdote Javier Ravasi, impulsor de la visita) informa: ”Cambio de tema: El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz“, revela el chat compartido por Arrieta, que apunta a la participación (o, al menos, al conocimiento) de Patricia Bullrich en la organización de la visita, algo que la ministra niega.

Una más que probable expulsión

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios increpó a Arrieta por seguir dando visibilidad a un tema que La Libertad Avanza necesitaba ponerle un cierre.

Las críticas soliviantaron a Arrieta, quien cargó contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Beltrán Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho “una cama”.

Luego de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”, pero tuvo que intervenir la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para tomar la decisión definitiva.

El punto de quiebre fue su testimonio en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde cargó nuevamente contra Menem a quien culpó de haber autorizado el viaje del grupo libertario a la cárcel de Alfredo Astiz y compañía, pese a que el riojano ya había aclarado que la asignación era automática para quien lo pidiese.

La otra diputada que se encuentra en conflicto es Rocío Bonacci, quien defendió a Arrieta en los medios y también dijo que fue “engañada” por Benedit al visitar a los represores.

DM con información de agencia NA

Una de las múltiples dimensiones que constituyen la extraordinaria irrupción de Javier Milei y La Libertad Avanza en la política argentina es, para la investigadora del Conicet Melina Vázquez, la valoración de los “recién llegados” sobre “lo establecido”, una narrativa que encuentra eco en el origen del PRO, hace dos décadas.

La fuerza que ocupa la Casa Rosada alberga componentes ideológicos de la alt right y diversas tradiciones políticas, expresa un rechazo a los últimos Gobiernos, representa a “encerrados” de la pandemia e irradia desde la televisión porteña y las redes, pero encuentra en el currículum plebeyo una razón en sí misma para validarse como combatiente contra “la casta”.

Cierto tipo de libertario se reivindica como alguien que llegó “por mérito propio”, sin linaje, ni fortunas, ni acomodos, ni colegio bilingüe, ni empleo público, ni reconocimiento académico, lo que configura una característica que puede llegar a difuminar fronteras ideológicas.

Así como el antifeminismo es un eje de Karina Milei y de estamentos conservadores del Ejecutivo, hay feministas libertarias que dan pelea “para no regalarle espacio a las zurdas”, remarca Vázquez, doctora de la Universidad de Buenos Aires especializada en juventudes políticas.

El patito y los Menem

Ejemplo de una “recién llegada” es la diputada mendocina Lourdes Arrieta, locutora y comunicadora, creyente evangelista e hija de un cabo primero que participó de la guerra de Malvinas y enfrenta acusaciones de torturas a soldados a su cargo y de haber dejado morir de hambre a uno de ellos.

Es cierto que después de la debacle económica agravada por los Milei, un patito en la cabeza puede transformarse en un factor irritante antes que en un ícono de la lucha contra la casta

No es poco para Mendoza, una provincia con una amplia oferta de derechas tradicionales, ser una dirigente sin prosapia que ganó confianza de los hermanos Milei para constituir La Libertad Avanza en el distrito. El perfil de Arrieta contrasta con los otros tres diputados mendocinos que integran el bloque oficialista, cuyo origen se encuentra en el Partido Demócrata de la provincia cuyana, sinónimo de lo instituido. Por si fuera poco, Arrieta nació en San Juan, dato no neutro en la elite mendocina.

De allí que el patito en la cabeza de Arrieta o la declaración de que no sabía “quién era Astiz”, el represor al que visitó el 11 de julio junto a cinco colegas de bancada, porque ella nació en 1993, puede no restar, sino sumar en algún imaginario plebeyo de La Libertad Avanza. Es cierto que después de la debacle económica agravada por los Milei, un patito en la cabeza puede transformarse en un factor irritante antes que en un ícono de la lucha contra la casta. En esa transición estamos, para incertidumbre del proyecto ultraderechista.

Arrieta entró en conflicto grave con La Libertad Avanza, al punto de que podría ser expulsada del bloque de Diputados. La punta de lanza mediática es llevada por otra “recién llegada”, Lilia Lemoine, una de las pocas amigas de Milei que actúan con anuencia de Karina.

Si la expulsión se consuma, será un trámite difícil de sobrellevar para una dirigente cuyo avatar de whatsapp es el escudo de La Libertad Avanza con la leyenda “Mendoza Oficial”.

Otras dos diputadas, Marcela Pagano y Rocío Bonacci, están en la mira de ultraortodoxos del mileísmo. Acaso prevalezca una voz política que evite nuevas fugas que se sumarían a las de los tres del MID que dirige el defenestrado Oscar Zago, en un bloque oficialista al que si algo no le sobra son diputados.

En Arrieta, el quiebre interno, acaso, ya sucedió. Ella, que llegó desde abajo, alardeando lealtad a los Milei, se encontró con que “los Menem”, que los hay en cantidad bajo presupuesto público, le sacaron tarjeta roja.

La diputada hizo público lo que es un hecho confirmado por múltiples fuentes y desató un pandemonio: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avaló la visita de seis legisladores oficialistas a una docena de represores alojados en el penal de Ezeiza.

Arrieta, quien llegó desde abajo, alardeando lealtad a los Milei, se encontró con que “los Menem”, que los hay en cantidad bajo presupuesto público, le sacaron tarjeta roja

Cuando Arrieta trataba de desmontar el cono de silencio impuesto en el grupo de whatsapp de los diputados de La Libertad Avanza, llegó un mensaje lacónico de un funcionario: “Me mandó Lule (Menem) esto; me dice que por favor no se hable más del tema. Que se pidió se deje que se diluya con los días, muchas gracias”.

Eduardo “Lule” Menem, subsecretario con despacho cerca del de Karina Milei y treinta años como empleado en la Cámara de Diputados, es decir, “casta” pura cepa, imponía el silencio para proteger a los suyos, entre ellos, su primo, Martín, uno de los más extremistas del apellido. Por esos vasos subterráneos que despistan esquemas binarios, la protección de Lule también alcanza a la vertiente procesista que comanda Victoria Villarruel y a la que seduce desde otro costado Karina Milei. Qué decepción habrá sentido Arrieta.

Del dicho al hecho

El caso de la diputada del patito probablemente quedará olvidado en días, pero expone una dificultad mayor. Un proyecto “recién llegado” tuvo un valor como mensaje político y pudo haber sido eficaz para sumar a una victoria electoral, pero cobra otro sentido puesto en acción de Gobierno. El problema empieza por arriba.

Una cosa es Javier Milei en pose de arrojar insultos y números disparatados como panelista de “Intratables” y otra es elaborar, en el noveno mes de mandato, una teoría terraplanista sobre cómo un módico aumento jubilatorio para recuperar lo perdido este año llegará a representar 64% del PBI. El jubilado que, por las decisiones de Milei, vio reducido el valor de lo que cobra para comprar alimentos, pagar la luz y viajar en transporte público, y, encima, recibe menos medicamentos gratuitos, puede sentir su inteligencia insultada ante un razonamiento tan primitivo.

No es lo mismo la Karina que arreglaba honorarios por whatsapp para las charlas de su hermano economista y complementaba su vida con tortas y tarot, que una secretaria general que hace y deshace como si fuera una presidenta adjunta. Otro tanto cabe para la megafuncionaria que no funciona Sandra Pettovello y para el terrible Santiago Caputo, quien pasó de ser uno más de la asesoría política pocos años atrás, a pretender manejar la SIDE, las negociaciones con gobernadores y las empresas públicas, jugar al matonaje en Twitter y clavarle un cuchillo a un libro de Marcos Peña exhibido en un despacho de Casa Rosada.

Junto a los “recién llegados” avanzaron rostros y causas con décadas de actuación en las penumbras, conocedores cabales de los entresijos del Estado. Desde los estudios jurídicos corporativos que redactan las leyes que les pide Federico Sturzenegger, los reciclados de todos los gobiernos anteriores y las huestes negacionistas.

Victoria Villarruel había llegado hacía rato a la intimidad carcelaria de los represores y sin dudas se siente expresada por los editoriales negacionistas del diario más influyente. Siempre contó con algún responsable de un penal del pabellón de lesa humanidad dispuesto a concederle algún favor, con obediencia ancestral. Sin embargo, la hoy vicepresidenta logró colar que decirles “siniestras” a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e “hijos de terroristas” a los nietos recuperados sea visto como un discurso fresco que se “rebela” frente a lo establecido.

La lasagna de la SIDE

La variedad de vertientes que abrevan en el Gobierno ultra remite al origen de uno de los desencuentros entre los Milei y el confuso Mauricio Macri, evidenciado esta semana.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, esbozó un argumento inapelable para desmerecer la postura de los diputados del PRO que se sumaron al rechazo al DNU que otorga unos US$ 100 millones como fondos reservados para la renacida Secretaría de Inteligencia del Estado. El repentino frenesí republicano por la transparencia del espionaje estatal es poco creíble en un expresidente que montó una trama abusiva capaz de fisgonear hasta en la propia tropa y en cuñados indeseables de su familia.

Como recordó Francos, Milei replicó lo que hizo Macri no bien asumió en 2016: restauró los fondos reservados, que habían sido recortados en el último año de Cristina y fueron casi extinguidos durante los cuatro de Alberto Fernández.

En el Gobierno entienden que lo que Macri objeta no es el carácter secreto de los gastos ni la multiplicación presupuestaria, sino la conducción de los mismos.

La SIDE, anunciada con grandilocuencia a mediados de julio, es en teoría comandada por Santiago Caputo a través de su allegado Sergio Neiffert. ¿Puede? ¿Tiene capacidad o el integrante del “triángulo de hierro” que hace rodar versiones como que el matón de Twitter Gordo Dan (Daniel Parisini) ocupará un puesto como espía mientras viejas guardas restauradas parcelan un presupuesto exorbitante?

Un ex alto funcionario de Macri apunta que la convivencia de corrientes de Inteligencia convocadas para la nueva agencia exhibe la carencia de poder real de quien dice conducir.

El examigo y luego archienemigo del kirchnerismo Jaime Stiuso es reportado de regreso, aunque no con el despliegue de antaño, porque centra su actividad en servicios a privados.

Juan Bautista Yofre, designado director de la Escuela Nacional de Inteligencia, fue un efímero secretario de la SIDE en el comienzo de Carlos Menem. Desde entonces, 34 años atrás, se transformó en un administrador de secretos.

Una relación distante de Yofre con Stiuso pasó a ser bélica cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó al primero junto a un grupo de periodistas y mano de obra desocupada por orquestar un supuesto espionaje sistemático a políticos y famosos entre 2006 y 2008. La jueza dijo contar con “profuso material probatorio” (que enumeró en detalle) y los procesamientos fueron ratificados por dos instancias superiores, hasta que la propia magistrada desanduvo sus pasos en 2015 y cerró el expediente, tras el aparente suicidio de su exesposo, Alberto Nisman. Para Yofre, el impulsor inequívoco de la investigación que lo tuvo en el banquillo había sido el entonces todopoderoso Stiuso.

A la presencia siempre espectral de Stiuso y el regreso de Yofre se suma José Luis Vila, nombrado secretario de Inteligencia Nacional en los anuncios de julio.

Vila fue un hombre clave de la Inteligencia con Raúl Alfonsín, al punto de que coordinó el reparto de armas dentro de Casa Rosada en el primer alzamiento carapintada, Semana Santa de 1987. Tras un largo derrotero, ocupó posiciones con ministros radicales de Defensa, bajo el Gobierno de Macri.

En 2018, Vila recibió varias intimidaciones, incluida una bomba sin conectar enviada al edificio en que vivía en Recoleta. Los indicios de la investigación apuntaron a uno de los grupos inorgánicos que operaron en tiempos de Gustavo Arribas —el jefe de la AFI muy cercano a Macri— y Silvia Majdalani.

Esa red tan impoluta que acumula capas como de una lasagna, integrada además por baluartes de las Fuerzas Armadas, sería la que debería proteger al país de un eventual atentado terrorista y para ello necesita una montaña de pesos libres de auditoría, según expresó Milei. Mientras ese berenjenal se acomoda, el presidente argentino insiste en ser uno de los pocos gobernantes del mundo que se plegó sin ningún reparo a la ofensiva del israelí Benjamín Netanyahu en Gaza. El aval irrestricto a esa masacre, que lleva más de 40.000 muertos, la mitad de ellos niños, pone a Argentina en un terreno para el que no parece estar preparada.

No hubo pique en Alaska

En un movimiento que rompió la dinámica, Martín Lousteau fue designado esta semana al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El radical más crítico de Milei acordó con los representantes de Unión por la Patria su propia designación y la de Leopoldo Moreau en la vicepresidencia y la de Oscar Parrilli en la secretaría general.

El senador Edgardo Kueider quedó con las ganas de presidir la Comisión. Santiago Caputo pretendía que este peronista de Entre Ríos ocupara la silla como forma de pagarle el transfuguismo que lo llevó de opositor a virtual oficialista del Ejecutivo ultra. Salió mal.

Quien tampoco tuvo ocasión de mostrarse como opositor al Gobierno de Milei fue el mentor político de Kueider, Gustavo Bordet, en principio, hoy distanciado del senador. El exgobernador de Entre Ríos se ausentó el miércoles de la sesión de Diputados que rechazó el DNU que otorga US$ 100 millones a la nueva SIDE porque estaba de excursión de pesca en Alaska, junto a su amigo y contador, Juan Domingo “Palito” Orabona, según fuentes confiables. La oficina de prensa del diputado se vio sorprendida por la consulta de este medio, para aclarar al día siguiente que Bordet había viajado “al exterior, por un compromiso de años de la facultad, no a Alaska”.

Clarín e Indalo, contra Pettinato 

Clarín no suelta a Tamara Pettinato. En los últimos días, las pantallas de ese medio divulgaron un hecho impactante para la salud de la República: la humorista y conductora habría recibido un tratamiento privilegiado en aeropuertos y habría sido trasladada a ellos desde su trabajo o domicilio en camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Durante el Gobierno de Fernández, esa fuerza fue dirigida por José Glinski, novio de Pettinato, la amiga de Alberto Fernández con quien se intercambiaban mensajes de amor, según videos surgidos de un celular en poder de Fabiola Yáñez.

Los medios del Grupo Clarín amplificaron ese relato y el ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, inició un sumario para averiguar qué pasó. Según informó Clarín, la PSA presentó una denuncia penal contra Pettinato y Glinski, en la que sumó que “hay versiones” de que la pareja habría utilizado una casa en Martínez incautada a un narco y asignada a la fuerza.

La atención puesta sobre la presentadora de streaming y diversas radios hizo cumbre en la tapa del diario del Grupo sobre el “escandaloso video” filmado en el despacho presidencial.

Hay una razón probable —ya mencionada en estos días— para ese inusitado interés en una figura secundaria en el caso de probable violencia machista de Fernández contra Yáñez.

Glinski fue señalado como responsable de haber filtrado el viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido con el que el Grupo Clarín agasajó a los jueces Carlos Mahiques (Casación Federal), Julián Ercolini (criminal federal), Pablo Yadarola (juez en el penal económico) y Pablo Cayssials (contencioso administrativo federal); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; el exministro de Justicia y Seguridad de CABA y una de las manos derechas de Horacio Rodríguez Larreta Marcelo D’Alessandro; el exagente de la SIDE Leonardo Bergoth, y el publicista y ex SIDE Tomás Reinke. La causa por presuntas dádivas y otros delitos, que se potenciaban por el contenido del Telegram que compartían los visitantes, fue incrustada con fórceps en Comodoro Py. Como indica la ley de gravedad, todos los apuntados fueron sobreseídos, junto a los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo, que actuaron como anfitriones en esa escapada de fines de 2022. Los integrantes del tour juraron venganza, como demostraron sus intercambios en la red Telegram.

En la lógica de saldar cuentas con Glinski, todo lo que ataña a Pettinato es poco para el Grupo Clarín, pero no está solo en la tarea.

El presunto traslado de Pettinato a aeropuertos en una camioneta de la PSA también concitó un notorio interés en la pantalla de C5N, del Grupo Indalo; en los papeles, rival de Clarín.

Uno de los máximos responsables del ala mediática de Indalo, Julián Leunda, también tiene alguna cuenta pendiente por el affaire de Lago Escondido.

Cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia, en diciembre de 2019, Leunda, muy cercano al empresario Fabián de Souza, pasó a ser vicejefe de Gabinete y luego sería ascendido a jefe de asesores del mandatario. Esas sillas clave le valieron almorzar a diario con Fernández durante los tres primeros años del Ejecutivo del Frente de Todos.

En diciembre de 2022, cuando la excursión indebida a la estancia de Lago Escondido salió a la luz, Leunda quedó expuesto en los chats de los viajantes. Se lo notó desviviéndose ante directivos de Clarín y los jueces para enterrar el tema, comprometiéndose a no mencionarlo en los medios de Indalo.

El cristinismo había puesto a Leunda en la mira desde el inicio del mandato, pero esa situación tan irregular —el jefe de asesores de Fernández aparecía articulando con Clarín y jueces federales para ocultar una trama que exponía a los presuntos enemigos del Gobierno— valió un reclamo explícito de su cabeza. Leunda debió dejar su silla en Casa Rosada y regresó a Indalo.

El joven tiene un motivo adicional para facturarle a Glinski: ambos son rivales en el peronismo de Chubut, provincia de la que el novio de Tamara Pettinato es diputado nacional.

“Short description”

La narrativa del “recién llegado” resultó cómoda para el macrismo mientras gobernó la Ciudad, con uno de los principales presupuestos de pauta publicitaria y menos urgencias socioeconómicas que atender. Si bien había que poner voluntad para ver un “recién llegado” en Mauricio Macri, sirvió hasta que el acceso a la Presidencia transformó en ridícula esa pretensión.

Con Milei, el rasgo plebeyo es mucho más marcado y la inexperiencia es un sello de identidad en varios de sus responsables del Ejecutivo. Con la ultraderecha, no es tanto un problema de rostros como de una dinámica que demuestra que los “recién llegados” se ven forzados cada vez más a delegar en viejos conocidos: Sturzenegger, Caputo, Menem, Yofre, Bullrich y siguen las firmas. 

Mientras, el Presidente se enreda en teorías terraplanistas y manotea una “short description” —si es breve, le gusta emplear el inglés— del mandato recibido en las urnas.

Dice que lo votaron para reducir la inseguridad y derrotar la inflación, nada más. Lo primero es una historia en continuado. Sobre lo segundo, por ahora, logró ubicarla en los términos de los cuatro años del Gobierno de Macri y los primeros tres años de Alberto Fernández, al costo de una recesión inédita e inducida que no da respiro.

Mejor hablar de Yuyito, el patito de Arrieta y el Gordo Dan.

SL/MG

La crisis en el bloque de Javier Milei en Diputados por la visita a Alfredo Astiz y otros represores escaló a un punto de no retorno: en el oficialismo decidieron expulsar de la bancada a Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que fue a la cárcel de Ezeiza y que protagonizó un fuerte cruce con sus pares en los últimos días. La definición de separar a la diputada por Mendoza se formalizaría el martes próximo, cuando se concrete una nueva reunión del espacio libertario, supo elDiarioAR de importantes fuentes en La Libertad Avanza.

Arrieta quedó en la mira de las espadas libertarias en Diputados luego de que el martes pasado acusara públicamente a Martín Menem de haber dado su aval político para el viaje al penal y tras un fuerte incidente en la reunión del bloque del miércoles, luego de que la oposición rechazara el polémico DNU de los fondos reservados de la SIDE. En ese marco, en el salón Blanco de la Cámara baja, Arrieta se cruzó a los gritos con varios de sus pares y llegó a radicar una denuncia contra Nicolás Mayoraz por supuesta violencia de género. 

“Arrieta está afuera. No hay vuelta atrás”, recogió este medio en la bancada libertaria. La medida contra Arrieta será el tema excluyente en el próximo cónclave de LLA: el proceso político sería una votación interna en el que la mayoría avalaría su apartamiento, que luego tiene que ser comunicado formalmente al titular de Diputados, el propio Menem. Con esa salida, la fuerza oficialista pasaría a tener 37 miembros, la misma cantidad que tiene actualmente el PRO –Unión por la Patria es la primera minoría, con 99 diputados de 257–. 

El movimiento de fichas en el oficialismo podría tener un efecto en cadena que aún se vislumbra lejano: junto con Arrieta quedó al borde de la salida Rocío Bonacci, otra de las diputadas que visitó a los genocidas en Ezeiza y que afirmó que viajó “engañada”, aunque se cuidó públicamente con sus declaraciones. En el despacho de la diputada por Santa Fe negaron enfáticamente su salida de LLA.

Ambas legisladoras apuntaron contra su compañero de bancada Beltrán Benedit por haber organizado el viaje desde el Congreso al penal, pero Arrieta fue mucho más contundente. Semanas atrás formuló una denuncia judicial para cubrirse penalmente por el escándalo de encontrarse con condenados por delitos de lesa humanidad y aportó chats donde se revelaban conversaciones sobre la organización de esa entrevista y la intención en el Gobierno de armar un proyecto para morigerar las penas de los presos. Luego, el martes, en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, cargó contra Benedit pero sobre todo contra Menem y reclamó que Diputados investigue la polémica. Y el miércoles se trenzó con Mayoraz, quien la acusó de ser una operadora kirchnerista y, según pudo reconstruir este medio, la maltrató. En medio de esa agresión verbal, la diputada ultramileísta Lilia Lemoine se sumó a la tensión haciendo gestos que sugerían que Arrieta estaba “loca”. 

La crisis con tintes telenovelescos terminó con Arrieta a los gritos y Menem pidiendo por el ingreso de la seguridad. Al salir, acompañada de su abogado, la diputada radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz. “Afectó la honorabilidad de su compañero de bloque. Dejó los dedos pegados. Es más, debería irse solita de la cámara”, justificó una importante fuente parlamentaria. Otra voz con influencia en LLA también reconoció que la legisladora tiene las horas contadas en el bloque. “Si no la echan a Lulú, van a hacer que se vaya”, planteó una tercera espada oficialista al tanto de la crisis interna que dijo tenerle afecto a la mendocina.

elDiarioAR intentó tener la voz de Arrieta pero no hubo respuestas de ella ni de su defensor legal, Yamil Castro Bianchi. Este medio solo pudo recoger que la legisladora, este jueves, ya estaba “mejor de ánimo” tras la pelea del día anterior. Lo del miércoles fue la gota que colmó la paciencia del presidente de Diputados y del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, para decidir separar a la mendocina de la bancada.

Qué hará Arrieta tras su salida de LLA es aún un misterio, pero en el oficialismo son conscientes de que con tan pocos diputados propios, cualquier pérdida tiene un alto costo político. A la bancada de Mlei ya se le complicó el panorama cuando vio que el PRO, habitual aliado, no teme votarle en contra. Quedó demostrado en la sesión por el DNU sobre el financiamiento de la SIDE. 

Si tras la expulsión Arrieta decide seguir siendo diputada, podría tener un monobloque o plegarse a alguna otra de las fuerzas satélites que tienen los libertarios, que pueden negociar mejor su acompañamiento en las votaciones. Es la situación de Oscar Zago, que tras salirse de LLA, armó su espacio MID de tres miembros, que políticamente valen más que ser orgánicos de la bancada oficialista. 

Sugestivamente, Zago fue muy concesivo con sus dichos ante Arrieta en la comisión del martes cuando comenzó a tratarse la posibilidad de investigar la visita de los diputados a Astiz. Sugestivamente, el diputado se sentó a su derecha. Incluso desde el kirchnerismo le tendieron la mano a la mendocina cuando ella pidió ante la Justicia –cuando hizo su denuncia penal por la visita a Ezeiza– que le otorguen una custodia policial a ella y su familia porque ya había tenido amenazas anónimas contra su persona. 

En sus ocho meses como legisladora, Arrieta no pasó de estar involucrada en escándalos. Para empezar, su candidatura en la boleta libertaria en Mendoza está envuelta en sospecha al haber presentado como avales la firma de personas fallecidas. No es una diputada del riñón de Omar de Marchi, un operador mileísta en la provincia cuyana, y apenas tiene una foto con Karina Milei. Ya en la bancada, ganó popularidad mediática por aparecerse en una reunión de comisión con los patitos amarillos kawaii en su peinado. 

Tras visitar a genocidas en Ezeiza, llegó a decir públicamente que desconocía a Astiz por haber nacido en 1993. Según reconstruyó la revista Crisis, en ese encuentro en la cárcel fue el represor que se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas durante la dictadura quien la reconoció: “A vos te conozco. Sos Lourdes Arrieta. Yo te sigo”, le dijo a la libertaria mendocina. En la foto con los genocidas en el SUM del penal, Arrieta aparece con un gesto sonriente en el centro de la imagen, ataviada en un saco naranja. Provocadora, en la primera sesión que hubo en Diputados tras el estallido del escándalo, Arrieta apareció con el libro “Nunca Más”. 

MC/JJD

En una tensa reunión posterior a la última sesión de Diputados, en que la oposición consiguió rechazar el DNU de Javier Milei que le otorga más plata a los espías de inteligencia del Estado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) protagonizó un escándalo telenovelesco que tuvo como protagonista a la diputada Lourdes Arrieta.

La polémica surgió luego de que Arrieta, quien había visitado al genocida Alfredo Astiz junto a varios de sus colegas, presentara una denuncia judicial afirmando que fue engañada para participar en esa visita. La diputada aportó chats donde supuestamente se había organizado el encuentro, lo que desató la furia de varios integrantes del bloque.

El detonante de la furia libertaria contra su propia colega, Arrieta, fue la reunión de la comisión de Peticiones y Poderes realizada el martes con el fin de discutir el viaje del 11 de julio que hicieron los legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. En esa reunión, la mendocina Arrieta lanzó: “Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones al respecto. No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, aseguró. Ninguno de los demás legisladores involucrados en la polémica se presentaron en la comisión este martes. “Se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación para conocer las instalaciones del penal. Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía”, dijo la legisladora. Incluso señaló que tiene que haber autorizaciones especiales para vehículos de gran tamaño.

El diputado Nicolás Mayoraz —conocido por ser de pocas pulgas—, que estuvo presente en la reunión de comisión del martes, fue uno de los más duros con Arrieta en la reunión de este miércoles, según pudo saber elDiarioAR. La acusó de ser una operadora kirchnerista y la maltrató frente a sus compañeros, apuntándola con el dedo mientras le recriminaba por mostrar los chats. Mayoraz, quien figuraba en esos mismos mensajes, la acusó de perjudicar al líder del espacio, Milei. En medio de esta agresión verbal, la diputada ultramileísta Lilia Lemoine se sumó a la tensión haciendo gestos que sugerían que Arrieta estaba “loca”, acompañados de chicanas sobre “tener los patitos en la cabeza”. Es porque Arrieta se mostró en algunas reuniones de comisiones con el patito amarillo de juguete en la cabeza, una moda adolescente de los últimos meses.

La situación se desbordó cuando Arrieta, visiblemente afectada, se levantó de su asiento y comenzó a gritar en medio de la reunión. La escena se tornó tan caótica que Martín Menem, integrante del bloque LLA y presidente de la Cámara de Diputados, pidió la intervención de seguridad. “¡Llamen a seguridad!”, exclamó, exigiendo que Arrieta fuera retirada de la sala. El episodio terminó con la intervención del abogado de la diputada, que ingresó para intentar calmar la situación.

En diálogo con periodistas en la puerta del edificio del Congreso que da a a calle Rivadavia, Lemoine dijo: “Lo que yo sé es que hubo un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. La chica del patito en la cabeza”, dijo, refiriéndose despectivamente a su colega de bloque Arrieta.

“Su abogado, no casualmente, es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina [Fernández de Kirchner]. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidenta,. también hay una causa armada [contra eñ exdiputado Gerardo Milman]. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo”, dijo Lemoine.

“Realmente, el bloque no está bien”

Otra diputada libertaria, Rocío Bonacci, se refirió a la pelea de su espacio que terminó con la intervención de la seguridad, respaldó a Arrieta e insinuó que podría abandonar la bancada oficialista.

“La agresión fue por parte de Nicolás Mayoraz, una agresión en un tono elevado, digamos. No hubo ni un insulto, ni nada más que señalamientos, totalmente injustos. De muy mal tono, de muy mal tono”, relató Bonacci, que en el enfrentamiento está en la vereda de enfrente de Lemoine, Menem y Mayoraz, entre otros, y defiende Arrieta.

Describió al episodio de este miércoles como “fue un momento duro e incómodo” y dijo que, “realmente, el bloque no está bien”. Señaló que Arrieta “está en su derecho de defenderse” y que “lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque”, que preside el cordobés Gabriel Bornoroni.

“Me consta que ella (por Arrieta) hizo una denuncia penal hacia el diputado Beltrán Benedit por amenazas que recibió, que de hecho hoy lo aclaró en su momento de ira y de angustia y de llanto. Lo aclaró, pero parece ser que hay oídos que son sordos”, dijo Bonacci respecto de la denuncia con el aporte de los chats que sirvieron supuestamente para organizar la visita a Astiz.

La diputada, en defensa de su colega Arrieta, insistió en que “no se puede increpar a una compañera de bloque por decir la verdad” y respecto del resultado de la votación de este miércoles en sesión, en contra del DNU de Milei por más plata a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es una señal que los aliados le “han soltado la mano” al oficialismo. “Nos han soltado la mano porque se están dando cuenta que el DNU no era lo correcto, no es el camino del cambio, y eso va a quedar totalmente asentado porque es la realidad. El PRO no nos acompañó en este momento, hay muchos diputados que se abstuvieron”, dijo.

Consultada sobre si se quedará en el bloque oficialista o se irá, por ejemplo, al bloque aliado que conduce Oscar Zago, Bonacci respondió: “No lo tengo definido en este momento”. Y subrauyó que acompaña a Arrieta “como mujer, como colega, y porque es una persona muy, muy valiente que se atrevió a decir la verdad”.

No es el primer escándalo en la bancada libertaria

Este no es el primer conflicto interno que sacude al bloque de La Libertad Avanza. La denuncia de Arrieta, presentada hace unas semanas, ya había generado incomodidades, pero el malestar explotó tras la reciente derrota en la sesión. Mayoraz fue el encargado de recriminarle a Arrieta que su actitud afectaba gravemente al bloque y que sus acciones, especialmente la difusión de los chats, eran vistas como una traición.

En medio del caos, el diputado “Bertie” Benegas Lynch fue categórico: “Quien no se sienta a fin con el manejo del bloque, que se vaya del bloque”. Su compañera Lorena Villaverde reforzó la idea: “Si no están de acuerdo, que se vayan”.

El escándalo interno de este miércoles revela las tensiones dentro del oficialismo, donde las acusaciones cruzadas y las diferencias ideológicas han comenzado a fracturar la unidad del bloque, dejando a muchos preguntándose sobre el futuro del espacio político en un clima tan enrarecido.

Entre las diferencias ya se cuentan la escisión del bloque ocurrida hace unos meses, que terminó con la salida del entonces presidente de la bancada Oscar Zago, quien formó con otros dos libertarios el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y el escándalo con otra diputada, Marcela Pagano, por la presidencia de la comisión de Juicio Político.

MC/JJD

La semana pasada fue Rocío Belén Bonacci quien dijo haber sido llevada “engañada” a la visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hicieron a varios represores detenidos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad. Ahora fue Lourdes Arrieta quien además de utilizar el mismo argumento que su compañera de bloque agregó no sabía quién era Alfredo Astiz ni lo otros condenados.

“Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea”, dijo este miércoles en diálogo con MDZ Radio.

La visita al penal de de Ezeiza fue organizada por el diputado Beltrán Benedit. Se trato de un viaje oficial ya que el grupo de diputados se trasladaron con una camioneta de la Cámara baja.

Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea

Lourdes Arrieta — Diputada nacional de LLA

“Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentoné y decidí salir a contar lo que fue”, fue la explicación que dio Arrieta sobre la visita.

Arrieta, de 31 años, es otra fan del animé y se hizo conocida tanto por llevar al patito kwaii en la cabeza durante las sesiones como por haber presentado avales de personas fallecidas para armar La Libertad Avanza en Mendoza.

Como Bonacci, señaló que nunca supo “que era a la Unidad 31, ni tampoco a ver justamente a los represores. A los cuales repudio completamente y a todo acto de violencia, sobre todo a los delitos de lesa humanidad”.

Además, agregó que “es un tema que no está en mi agenda que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí y punto. Lo demás se tendrá que ver y hablar con los demás diputados”.

En la comitiva a Ezeiza estuvieron además de Benedit Bonacci y Arrieta, los diputados Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. No solo vieron a Astiz, sino que también se encontraron con los represores Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

La semana pasada, en una entrevista televisiva al programa Jaque Mate que se emite por un canal de Santa Fe, Bonacci dio argumentos similares a los de Arrieta: “No quiero decir que el diputado me traicionó o que su objetivo era engañar. Yo digo que sentí un engaño desde el momento en que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar (...) realmente, en el fondo, sentí que fue un engaño porque la información se me proporcionó llegando al penal”.