En una resolución de fuerte impacto institucional, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la investigación por la represión contra un grupo de jubilados frente al Congreso ocurrida en octubre de 2025. El fallo no solo obliga a reabrir el expediente para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales y las autoridades políticas, sino que además apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían intentado clausurar la pesquisa, calificando su actuación como prematura y arbitraria.

La decisión, adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, se originó a partir de una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú. El caso central que motorizó el reclamo fue el de Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que, durante una de las movilizaciones de los miércoles, sufrió una fractura de húmero tras ser violentamente empujado por efectivos de la Policía Federal mientras se encontraba sobre la vereda.

En sus fundamentos, el juez Slokar fue especialmente crítico con el “paradigma beligerante de combate” que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad. El magistrado señaló que el uso de la fuerza pública debe estar regido por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, algo que —según las pruebas videográficas analizadas— estuvo ausente en el operativo. Para la mayoría del tribunal, el cierre de la causa sin haber realizado peritajes médicos ni haber identificado a los responsables directos constituyó una denegación de justicia que favorecía la impunidad en casos de violencia institucional.

El fallo de Casación subraya que los Estados tienen una “obligación reforzada” de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, especialmente cuando se trata de adultos mayores, protegidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Reglas de Brasilia. Los jueces advirtieron que la inacción judicial frente a estos excesos genera un “efecto amedrentador” o chilling effect, cuyo objetivo final es disciplinar a la sociedad y atrofiar el debate público mediante el temor a la represalia física.

Uno de los puntos más duros de la resolución fue el apartamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. Casación consideró que estos magistrados habían emitido un juicio sesgado al ratificar el archivo solicitado por el fiscal Eduardo Taiano (el mismo que tramita la causa de la cripto $LIBRA que salpica a Javier Milei), quien sostenía que la policía simplemente había cumplido con su deber bajo el protocolo de seguridad vigente. Para el máximo tribunal penal, aceptar ese argumento sin investigar los hechos equivale a validar una “zona de excepción” donde los derechos constitucionales de reunión y petición quedan suspendidos por la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.

La reapertura de la instrucción implica ahora una serie de medidas urgentes que el juzgado de origen había omitido sistemáticamente. Entre ellas, se destaca la citación a la víctima para que preste declaración testimonial, la realización de pericias forenses que acrediten la gravedad de las lesiones y la identificación precisa de la cadena de mandos que ordenó avanzar sobre los manifestantes. Según consta en el expediente, las imágenes televisivas de aquel 22 de octubre muestran a una treintena de jubilados rodeados por un despliegue desproporcionado de efectivos, lo que desmiente cualquier hipótesis de “resistencia a la autoridad” o peligro inminente para el orden público.

Este revés judicial para el Ministerio de Seguridad se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional. Hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual una mención específica sobre el retroceso en las libertades democráticas en Argentina, señalando el uso abusivo de gases químicos y la violencia física contra sectores que reclaman por derechos sociales básicos.

Los jubilados concretaron este miércoles una nueva marcha contra el gobierno de Javier Milei en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas como consecuencia de los incidentes.

“Los manifestantes se desplazaron por Avenida Callao con intenciones de llegar a Corrientes. Se los frenó y la Policía avanzó hasta Bartolomé Mitre para que los manifestantes se vayan a la Plaza Congreso”, indicó la Policía ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas y agregó que “por el momento hay tres detenidos”.

Según Periodistas Argentinas, los detenidos son cuatro y uno de ellos es el fotógrafo Fabricio Fischer.

La marcha tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía desde las 12.30 la reforma de la ley que regula los DNU.

El miércoles último también se habían registrado incidentes con empujones y corridas durante la movilización de los jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.

El gendarme Héctor Guerrero no disparó su arma de gas lacrimógeno como indica el manual de uso de la fuerza federal que conduce Patricia Bullrich. A esa conclusión llegó un peritaje realizado por la Policía de la Ciudad, ordenado por la jueza María Servini, sobre el ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo en la represión de la marcha de los jubilados del 12 de marzo.

El juzgado incorporó este martes el informe de reconstrucción balística que se realizó días atrás a la causa por la represión que ordenó el Gobierno sobre aquella marcha de los jubilados con hinchas de fútbol alrededor del Congreso. El trabajo fue producido por la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con los peritos de la querella y de la defensa, e incluyó mediciones en el lugar de los hechos y una serie de disparos de prueba en un descampado.

La conclusión central del documento es categórica: quedó descartado que el gendarme haya efectuado el disparo que impactó en el cráneo de Grillo siguiendo las instrucciones del manual de uso de las pistolas lanza gases que Gendarmería aportó a la causa.

La prueba demostró que si el gendarme hubiese disparado a 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual, el cartucho de gas lacrimógeno jamás hubiera alcanzado a Grillo del modo en que lo hizo. “El disparo que hicieron en 45 grados terminó en la casa de un vecino, a más de una cuadra y media”, comentó a elDiarioAR una fuente con acceso al expediente.

En el caso de la prueba con disparo en parábola hacia arriba, el cartucho cayó a 156 metros del tirador, es decir, a más del triple de la distancia en la que se encontraba Grillo de Guerrero. La conclusión es inequívoca: para herir al fotógrafo como ocurrió, el gendarme debió haber disparado de manera horizontal y directa hacia las personas. El informe de la Policía porteña no aporta esa conclusión, pero la deja en evidencia.

Dicho punto es una de las disputas iniciales del caso. Apenas días después de la represión, Bullrich defendió públicamente a Guerrero y sostuvo que había actuado “como indican los manuales”. Sin embargo, los videos que circularon desde la primera jornada mostraban al gendarme disparar a la altura del cuerpo, una práctica expresamente prohibida por su alto grado de peligrosidad y potencial letalidad.

La reconstrucción posterior que logró el Mapa de la Policía reveló quién fue el tirador y se mostraron registros de su forma de disparar. La foto que permitió identificar a Guerrero lo muestra disparando de manera recta durante la represión.

El informe ahora incorporado a la causa pone en crisis la versión del Gobierno y robustece el planteo de la querella, que acusa a Guerrero de disparar en dirección a los manifestantes en violación de todos los protocolos. El documento será clave para las próximas decisiones judiciales en un expediente que no sólo busca determinar responsabilidades individuales, sino también evaluar la cadena de mandos y el rol de Bullrich en la represión.

La jueza Servini citó a indagatoria a Guerrero para el 17 de septiembre. Originalmente la fecha era este martes 2, pero pospuso la presentación del gendarme a la espera del informe de la Policía de la Ciudad, que finalmente llegó en las últimas horas. Para un día antes está citado Emanuel Martínez, el prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, un manifestante que ese mismo 12 de marzo, pero del otro lado de la plaza del Congreso, recibió el disparo de una bala de goma en su ojo izquierdo, por el que perdió la visión.

MC

La última semana dejó al Gobierno acorralado en el Congreso. El miércoles en Diputados se ratificó el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria por apenas tres votos, pero se ratificó la ley de emergencia en discapacidad. El jueves en el Senado se acumularon triunfos opositores con la sanción de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en el hospital Garrahan, junto el rechazo a decretos que disolvía Vialidad Nacional y degradaba el INTA, además de otros organismos autárquicos.

Las calles acompañaron cada votación con movilizaciones de jubilados, organizaciones de personas con discapacidad, trabajadores estatales, estudiantes y médicos. Todos ahora enfrentan el próximo round. Excepto el aumento jubilatorio, el veto a la emergencia en discapacidad aún tienen que pasar por el Senado. Por otro lado, Milei ya amenazó con vetar el presupuesto universitario y la emergencia en pediatría. Y, a su vez, pese a la caída del DNU sobre el INTA, el Ejecutivo pasó a disponibilidad a sus trabajadores.

Entre la bronca y la celebración parcial, convocados por elDiarioAR, distintas voces directas de los trabajadores e involucrados en cada uno de los sectores que están en pie de lucha contra el Gobierno dan su testimonio en primera persona, con una misma conclusión: los derechos conquistados en el Parlamento solo podrán sostenerse con más organización y protestas populares.

Manuel Gutiérrez, secretario de la Mesa Coordinadora de Jubilados

“El miércoles pasado fue importante el acompañamiento, sobre todo de dirigentes gremiales, las dos CTA presentes. Además hubo un acto unitario porque el equipo de sonido se bancó junto con los compañeros de las organizaciones de discapacidad. Tendría que haber sido de otra envergadura la marcha, pero fue importante en términos de representación política y social. Recordemos que en nuestro reclamo empezamos siendo 20 o 50 personas años atrás y el otro día ya fuimos unos 2000. Eso quiere decir que hay un crecimiento de la solidaridad con los jubilados.

La ratificación del veto la vivimos con una gran bronca y mucha decepción. Existía la posibilidad cierta de que se rechazara el veto. Fue solo por tres votos que no se logró. Estuvo cerca. Y también hay bronca por el sinceramiento del escenario hostil hacia los jubilados. Esto ratifica el camino de crueldad del Gobierno, allanado por la compra de votos.

Los jubilados quedamos en 370 mil pesos: es el congelamiento de la miseria de los jubilados. Una cosa es saber que te van a matar, pero cuando te matan se ve la cosa real. La bronca nos plantea a la Mesa cómo seguir, porque este sinceramiento de Milei debe llevarnos a reflexionar cuál será nuestra estrategia.

La pregunta del millón es cómo seguir: no hay que dejar lo hecho pero también hay que agregar nuevas acciones ante la necesidad de Milei de aplastar a los jubilados. El Gobierno no quiere negociar, el Parlamento está cerrado para nosotros, y entonces decimos que hay que reflexionar sobre que no hay una institucionalidad con la cual conversar. El Estado está cerrado para los jubilados.

Tenemos que buscar estrategias que logren arrancarle estas demandas al Gobierno. La acción tiene que radicalizarse sobre el principio de la soberanía popular y la legitimidad de la Constitución. Lo hecho hasta aquí no alcanzó. Hasta aquí nos ganó, ahora tenemos que radicalizar la lucha en el sentido y espíritu de la defensa constitucional de nuestro derecho, de un criterio humano de existencia y en defensa de un futuro mejor.

Dentro del cambio de actitud tiene que existir la unidad porque es un gobierno que viene por todo. Los miércoles se mantienen en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Rosario, Mendoza. En todo el país hay acciones de los jubilados. Sería bueno hacer una gran marcha nacional de los jubilados hacia la ciudad de Buenos Aires.“

Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad

“El rechazo al veto lo vivimos con alegría pero con sabor amargo porque acompañamos también a los jubilados. Sabíamos que había un bloque de gobernadores que se estaba separando del Gobierno y veíamos que había una posibilidad, mezclado entre el tratamiento de la ATN y el reparto a las provincias.

Con las movilizaciones en discapacidad a nivel nacional le fue más difícil al Gobierno. La protesta que pudimos hacer jugó el peso necesario para que saliera la ley y vimos cómo negociaron con los jubilados y los gobernadores. Pero vamos a seguir los miércoles con los jubilados para exigir el tratamiento en el Senado de la ley en discapacidad.

Ahora tiene que tratarse el veto en el Senado. Mantenemos la lucha hasta el final, hasta que se caiga por completo. Quisimos que se trate el jueves en el Senado pero no entró. Hay diez días para que los senadores convoquen, traten y derriben el veto. Ahí fue donde la ley más fuerza tuvo y creemos que puede caer el veto.

Pero dilatar tanto el proceso hace que la emergencia que pedíamos ya quede chica, porque sigue sin haber aumentos en el nomenclador. Con certificado hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La pensión está en 270 mil pesos con el bono congelado, como los jubilados. A eso la ley impone una actualización y también la posibilidad de que sea compatible con un trabajo, porque ahora directamente te dan de baja. El nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— está en unos 3000 pesos la hora, que también la ley busca actualizar. Por último, se contempla la condonación de deudas, por ejemplo con el monotributo, y obliga a las empresas privadas a que contraten personal con discapacidad.

Ahora le explotó un escándalo de corrupción en la ANDIS y habrá que ver cómo se desarrolla, porque el caso llega hasta Milei. Veníamos denunciando a Spagnuolo desde que asumió: fue el de los insultos a Ian Moche. Ya ahí empezábamos a ver este perfil. Sin perspectiva ni trayectoria en discapacidad, estaba ahí más por una amistad con Milei que por una trayectoria en el sector. Hoy nos damos cuenta de que se están enriqueciendo a costa de las personas con discapacidad: no entregan sillas de ruedas ni bastones y recortan las prestaciones.“

Julieta Boedo, trabajadora delegada de ATE en el INTA

“El jueves tuvimos una victoria contundente en el Senado con el rechazo al DNU 462, pero en poco tiempo nos notificaron los pases a disponibilidad. A las doce de la noche tuvimos en nuestras casillas de mail notificaciones del pase a disponibilidad: 286 trabajadores del INTA, 8 en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Y este viernes a la mañana en el Boletín Oficial salió que en la Agencia de Seguridad Vial hay pase a disponibilidad de 97 trabajadores.

El pase a disponibilidad implica que quedás en una lista, una especie de bolsa, a la espera de que te anoticien si alguien requiere tu capacidad. Te sacan del escritorio y te ubican de acuerdo a tu antigüedad. Si tenés hasta 15 años de antigüedad, tenés seis meses en disponibilidad. Ellos nos convierten en ñoquis. Es un despido encubierto con unos meses de margen. Además nos sacan las funciones específicas, solo nos dejan las básicas y nos bajan el viático. Son improvisados y están fuera de la ley. Y no lo decimos solo nosotros: lo dice la Justicia y lo dice el Congreso.

Porque todo eso ocurrió no solo habiéndose volteado el decreto, sino dos días después de que la Justicia fallara a favor nuestro, porque el tribunal de San Martín exigió al Ejecutivo no innovar y abstenerse de pases a disponibilidad y traslados. Entonces, avasallaron la Justicia y el Congreso a pleno, no solo es contra los trabajadores del INTA. Es totalmente ilegal e irregular lo que hicieron.

Esto lo vamos a dar vuelta: tenemos con qué. Es una embestida contra la gran victoria en el Senado. Esta semana cambió el escenario político. Se viene una resistencia más dura. Están liberando otro escenario, hay denuncias de coimas hacia el Ejecutivo.

Pero en concreto desde el jueves a la tarde, cuando se cayó el DNU, el INTA volvió a ser autárquico: no dependemos de la Secretaría de Agricultura ni del Ministerio de Economía. Lo que hicieron con el pase a disponibilidad es totalmente ilegal. Este viernes pudimos entrar a trabajar; el lunes veremos qué sucede.“

Alejandro Lipco, delegado del Hospital Garrahan

“La sanción de la ley de emergencia en pediatría se vive como un triunfo. Es indudable que es resultado de una lucha que se dio en forma muy amplia pero con los métodos propios de los trabajadores y trabajadoras: paros, movilizaciones y organización tanto dentro del hospital como fuera.

Tuvimos un apoyo social enorme que se canalizó en movilizaciones, con la más significativa el 17 de julio con la Plaza de Mayo llena. No tenemos la opinión de que se trató simplemente de un gesto del Parlamento, que le viene dando la espalda a los reclamos populares, sino que acá la lucha impuso una agenda y que se vio reflejada en este proyecto de ley.

Que se haya aprobado la ley es una primera conquista. Al mismo tiempo no se nos escapa que con la sola aprobación de la ley no basta. Ahora se tiene que implementar y habrá que quebrar la política del Gobierno, que anticipa el veto. Estamos a la espera de que eso ocurra.

Tenemos un plan de acción sin esperar el veto. Primero, porque ya sabemos que está planteado. Segundo, porque no podemos esperar que el Gobierno lo vete y que las mayorías en el Congreso se cambien o se compren de acuerdo a la relación de los gobernadores con el Ejecutivo. Por eso este jueves 28 tenemos lanzado un paro: queremos que se implemente la ley cuanto antes.

Esa ley es un primer paso para poner un freno al vaciamiento, por la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y residentes hay unos 420. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

El costo electoral para el Gobierno es un activo de la lucha que hay que explotar. Y hay que derrotar. Por eso no solo tenemos el llamado al paro la semana que viene, sino que nos mantenemos en asambleas. Si el veto ocurre, y se combina con el veto a las universidades —donde tenemos muchos vasos comunicantes con docentes, no docentes y estudiantes—, se está planteado que reventemos las calles.“

Nahuen Corbeletto, estudiante universitario, dirigente de la agrupación CEPA

“La ley de financiamiento universitario es un triunfo de la lucha por la universidad pública que viene desde el año pasado y ya logró por segunda vez una ley de financiamiento. Ahora nos preparamos para enfrentar de nuevo el veto. Porque el Gobierno, como hizo con todas las cosas que se conquistaron en la calle, anuncia que las va a vetar.

Queremos construir una gran marcha universitaria para mediados de septiembre y desde cada lugar del país volver a decirle al Gobierno que deje de atacar a la universidad pública. La marcha de septiembre está charlada en el gran frente: autoridades, gremios y estudiantes. Entre el 28 y 29 de agosto, la semana que viene, se pondrá fecha a la movilización. Sabemos que está la ley, pero tenemos que lograr que se rechace el veto.

Lo principal va a pasar por la capacidad de movilizar y demostrar fuerza de vuelta en la calle. El conjunto de luchas afectadas por las medidas del Gobierno hizo que en el Congreso se rechazaran varios vetos. El punto está en generar fuerza desde cada curso, facultad y universidad para que el Congreso escuche lo que viene de abajo, y no que haya diputados o senadores que están escuchando más al Gobierno que a los universitarios.

Los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas. Estudiantes somos 2 millones y, en proporción, el presupuesto está en niveles de 2004, cuando había apenas un poco más de un millón de estudiantes.

Se empieza a escuchar que muchos que lo votaron con alguna esperanza están arrepentidos o decepcionados. Otros ya no creen que las elecciones puedan cambiar algo, por eso no van a votar. Pero la llave para resolver esto la tiene el Gobierno. Está en juego terminar o no el año académico, porque ahora los docentes van a paros rotativos, se afectan las mesas de exámenes y los estudiantes no podemos avanzar en las carreras ni recibirnos.“

Laura Jordan, trabajadora de Vialidad Nacional

“Yo tengo un cariño familiar por la repartición: en Vialidad trabajaron mi papá y dos tíos míos. Por eso viajamos desde varias provincias a Capital Federal para estar en la marcha por la votación en el Congreso con el DNU que disolvía Vialidad Nacional. Yo me había perdido la votación en diputados y quería estar en el Senado. Compramos el pasaje hasta Retiro y de ahí nos fuimos en subte hasta la sede, y de ahí salió la marcha al Congreso. A las diez y media de la mañana llegamos y a las diez y media de la noche ya nos volvimos.

El momento de la votación fue parecido a cuando salimos campeones en el Mundial: querer gritar, que se te va la garganta, saltar. Corríamos riesgo como repartición de dejar de existir. En los momentos previos, escuchando si ya se votaba el decreto nuestro o no, se nos cortaba la voz.

Tuvimos que aprender sobre cuestiones parlamentarias cuando salió el decreto del 8 de julio, que se anunciaba como que se quería fusionar Vialidad, pero en realidad la dejaba directamente sin existir. Preguntamos cómo llegar a diputados y senadores para que nos escuchen, buscamos el acta de votación y el orden de los oradores.

Ahora podemos decir que el decreto no tiene vigencia: Vialidad sigue existiendo como repartición. No nos van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo el mismo convenio de trabajo. Al volver para atrás seguimos existiendo, aunque no quiere decir que no vayan a despedir gente o cambiar jefes, porque los jefes de distrito son políticos.

Los cambios con este Gobierno se hicieron de a poco: en Córdoba en agosto nos cambiaron el jefe de distrito. Nos pidió el legado de cada uno y pidió reuniones. La verdad es que necesitábamos que nos ordene, pero no echar gente, sino acomodar prioridades.

En Vialidad sí hay ñoquis, pero no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa. Además, se minimiza el trabajo administrativo, que es base para los que van a rutas, campamentos u otros distritos. A nivel nacional somos 5.100 trabajadores; en Córdoba éramos 260, aunque unos diez renunciaron y otros se jubilaron. Hay que pensar lo duro que es que uno da 30 o 40 años de trabajo y el día que te jubilás te vas como si nada, habiendo entregado más de la mitad de tu vida. Eso somos para el país: tristísimo.

Después de esas primeras reuniones, en febrero nos cambiaron los horarios de trabajo. Nos avisaron por WhatsApp un jueves para el lunes siguiente. Fue terrible: mucha gente tuvo que pedir licencia para acomodarse con su familia.

Económicamente estamos sin guardia, así que la cubrimos entre compañeros. Hace un año no tenemos aumento. Siempre está la amenaza de que nos cortan luz, gas o internet. Ya nos cortaron en la oficina el agua potable, así que la pagamos entre nosotros.

Y la última bomba fue el 8 de julio, con el decreto de Milei. Por eso la alegría del jueves fue como salir campeones. Ya dijimos que si tenemos que volver a Buenos Aires, vamos a volver. Esta lucha entre compañeros, incluso con o sin los sindicatos, nos une más. Un día estás arriba y otro día abajo. En estos momentos es así, hay que estar juntos.“

MC

La marcha de jubilados y de personas con discapacidad de este miércoles buscará presionar desde la calle a los diputados que discutirán dentro del Congreso los vetos de Javier Milei al aumento de los haberes, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Pero la protesta tiene un condimento extra: será la primera que tenga que reprimir Patricia Bullrich ya como flamante candidata a senadora del Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de la ministra de Seguridad consideraron ante elDiarioAR que es “un activo” para su campaña la insistencia de la mano dura. Desde hace meses, cada miércoles las fuerzas federales saturan las inmediaciones del Palacio Legislativo para evitar que la marcha semanal de los jubilados se acerque apenas al edificio parlamentario.

Pero el protocolo antipiquete genera igualmente problemas de tránsito y ya tuvo momentos de extrema violencia contra los manifestantes. La semana pasada se detuvieron a dos trabajadoras de prensa de ATE que tuvieron que ser liberadas a las pocas horas por falta de pruebas.

En los primeros seis meses de este año, la represión de Bullrich provocó más heridos y detenidos que en todo 2024. Hasta julio se registraron 1.251 personas heridas y 130 detenciones.

En ese marco, ayer elDiarioAR reveló en exclusiva que fue identificado el prefecto que atacó a Jonathan Navarro en un ojo durante la protesta del 12 de marzo, el mismo día en que un gendarme hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo. La jueza María Servini llamó a indagatoria a ambos agentes -el prefecto Sebastián Emanuel Martínez y el gendarme Héctor Guerrero- para septiembre y les prohibió salir del país.

La protesta de este miércoles se aventura masiva, ante la convocatoria realizada tanto por las agrupaciones de jubilados como de las personas con discapacidad. La convocatoria en la plaza frente al Congreso es desde las 12 y también habrá concentraciónes en distintas plazas del país.

“La expectativa es que se logre derogar los vetos de Milei y que la leyes se hagan efectivas. Este segundo veto es un sinceramiento del Gobierno de una política muy mala para las jubilados. La vamos a pasar peor a lo mal que ya venimos. Ya esto es una reforma jubilatoria, quieren que desaparezcan las jubilaciones y que se transformen en pensiones a la vejez”, señaló a elDiarioAR Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora de los jubilados.

La iniciativa que busca imponer la oposición implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación. La segunda iniciativa dispone la extensión por 2 años de la moratoria previsional, que perdió vigencia el 23 de marzo de 2025.

Por su lado, la Ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

“La situación es muy grave en el sector discapacidad: los tratamientos interdisciplinarios están caídos, los transportistas no pueden salir y cada vez hay más recortes en las pensiones no contributivas. Por eso apuntamos a que caiga el veto, porque las votaciones para la sanción salió con más de dos tercios. Apelamos a que los diputados rechacen el veto antidemocrático y que rápidamente el Senado lo pueda votar también”, apuntó a elDiarioAR Natt Rodríguez, referente de la Red de Discapacidad.

MC

El fuerte vallado de las fuerzas de seguridad alrededor del Congreso marca el tono con que el Gobierno está en alerta por la primera marcha de los jubilados tras el veto de Javier Milei al aumento de haberes y la moratoria previsional.

La protesta de los jubilados se espera por la tarde, como cada semana, mientras adentro en la Cámara de Diputados la oposición buscará presionar al oficialismo con la sanción de la emergencia pediátrica y el aumento universitario, entre otros temas. El tratamiento de los recientes vetos presidenciales sería recién el 20 de agosto.

El control policial alcanza las inmediaciones del Palacio Legislativo. Una de las zonas vallada es la de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y otra es la comprendida entre las avenidas Rivadavia y Callao. Así, las fuerzas federales que comanda Patricia Bullrich busca evitar que la manifestación se acerque al Congreso y quede comprendida en la plaza

En tanto, hubo restricciones a para los legisladores y trabajadores legislativos: por Riobamba y Bartolomé Mitre es el acceso peatonal y cocheras personal, mientras que por Riobamba y Avenida Rivadavia es la entrada del personal de HCDN. Además, la zona de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos es de acceso exclusivo del Senado.

“Todos contra el veto. Milei verdugo de los jubilados”, es la consigna que lanzó para este miércoles la Mesa Coordinadora de Jubilados y Jubilados, una entidad apartidaria que articula la manifestación que cada semana organizan unas veinte agrupaciones políticas de los adultos mayores, desde peronistas a trotkistas, pasando por independientes y autoconvocados.

La calle será un termómetro sobre el impacto del múltiple veto que oficializó Javier Milei este lunes contra el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Mañana martes diversas agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad se movilizarán hacia el Congreso a las 11.30, pero la expectativa está puesta en el grado de adhesión de la próxima marcha de los jubilados el miércoles. Ser´ justo cuando sesione la Cámara de Diputados, aunque la ratificación de esas leyes o el blindaje al veto no entrarían en el temario del día. El jueves habrá otra jornada importante porque se espera una masiva peregrinación por el día de San Cayetano, desde el santuario de Liniers a la Plaza de Mayo, con la novedad de que habrá una columna propia de la CGT.

Para este martes a la mañana diversas agrupaciones que bregan por los derechos de las personas con discapacidad se movilizarán en la Plaza de los dos Congresos y en todas las plazas centrales del interior país. Paralelamente, se suspenderán las actividades relacionadas al área de Discapacidad por la “gravedad de la crisis” que está atravesando. “Presidente Milei, ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, exigió en un comunicado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A su vez, desde la agrupación Discas en Lucha llamaron a manifestarse junto a los jubilados el miércoles.

Desde hace días los jubilados están en alerta por el anunciado freno del Gobierno al aumento de haberes. La marcha de la semana pasada –que fue la 1740 desde que comenzaron las movilizaciones en los noventa– tuvo la consigna “contra el veto de Milei a las leyes previsionales y otras que reclamaba el conjunto de los agredidxs”, según un comunicado que firmó la Mesa Coordinadora, entidad que suele funcionar como articuladora de las distintas organizaciones y banderas que protestan cada semana.

El miércoles pasado las fuerzas de seguridad volvieron a instalar un vallado completo alrededor del Congreso y limitó la concentración de los manifestantes en la plaza. La marcha terminó en incidentes cuando la Policía de la Ciudad reprimió y detuvo a siete personas.

A la manifestación de este miércoles se sumarán las agrupaciones de personas con discapacidad, que ya estuvieron en otras de las marchas de los jubilados.

El veto de Milei echa por tierra el aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, además de subir el bono de $70.000 a $110.000 para quienes cobran la mínima. Además frena la prórroga de la moratoria previsional para quienes tienen más de 65 años pero no cumplieron el requisito de tener tres décadas de aportes. Por otro lado se anula la emergencia en discapacidad, que declara la emergencia para garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral.

La presión callejera contra los vetos se sentirá dentro del Palacio, donde Diputados sesionará sobre otros temas sensibles al Gobierno: la declaración de emergencia en pediatría y el aumento del presupuesto universitario. Son proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que Milei amenaza con vetar también si son aprobados finalmente por la Cámara baja.

Los vetos a jubilados y discapacidades no están en el temario oficial porque si bien el Ejecutivo oficializó hoy la medida presidencial, aún no fueron girados al Legislativo. Una intención de la oposición que recorre los pasillos parlamentarios es armar una sesión para el 20 de agosto, es decir dentro de dos semanas, una vez que pase la inscripción de candidaturas para las elecciones nacionales del 17 de agosto.

Masiva peregrinación contra Milei

El jueves la calle volverá a dar la nota porque los movimientos sociales de la economía popular, junto con la CGT, harán su tradicional peregrinación por el día de San Cayetano. Bajo la consigna de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, habrá una extensa caminata desde el santuario ubicado en Liniers a la Plaza de Mayo, recorriendo casi en su totalidad la avenida Rivadavia para luego continuar por avenida de Mayo.

“Lo hacemos con la convicción de ponerle un freno a esta política de miseria planificada que lleva adelante el gobierno nacional y que hace más de un año viene arrasando con la dignidad de los laburantes y los que menos tienen”, apuntó a elDiarioAR Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, el gremio de la economía popular que nació al calor de las peregrinaciones por San Cayetano en la época de Mauricio Macri. En esta oportunidad la caminata tendrá un fuerte simbolismo sobre las demás protestas abiertas, tanto la de los jubilados como la de las personas con discapacidad, los universitarios y los trabajadores del hospital Garrahan.

“Este 7 de agosto es una oportunidad para seguir uniendo las luchas: los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que abren caminos de dignidad en un momento de oscuridad, siempre en unidad con el conjunto de la clase trabajadora, junto a los jubilados y la discapacidad que luchan contra el veto cínico del gobierno, el Garrahan que enfrenta el ajuste, el grito de ni una menos, de la universidad pública, de las pymes, y de todos los sectores afectados por este gobierno de entrega y de saqueo”, completó Gramajo.

La caminata de los movimientos sociales tendrá la adhesión de la CGT, que sumará una columna recien al ingreso a Plaza de Mayo. Y también estarán las dos CTA.

La concentración es a las 8 en Cuzco y Rivadavia, Liniers. Allí habrá una bendición de herramientas de las distintas ramas de la economía popular antes de que comience la peregrinación. Habrá una primera parada en Flores para homenajear al fallecido papa Francisco en su iglesia. Y luego habrá otra parada en el Congreso, donde van a sumarse columnas de organizaciones sociales, estudiantiles, feministas, de jubilados y de organismos de derechos humanos. La peregrinación continuará por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto principal con un escenario en frente a la Casa Rosada.

MC

Javier Milei encabezará este miércoles el relanzamiento formal de la campaña legislativa en el principal distrito electoral del país, Buenos Aires, con una foto con sus candidatos seccionales. Lo hará después de haber firmado este sábado el veto al aumento jubilatorio y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Presidente dejó en claro desde un inicio que no cedería ante medidas que impliquen más gasto social. Pero también prometió en su campaña presidencial que al ajuste no lo iba a pagar la gente sino la casta política. Lo primero lo cumple a rajatabla, inclusive cobrando más impuestos a la población. Lo segundo no lo cumple para nada a juzgar por los salarios y haberes de miseria que cobra la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina; y en especial, los jubilados.

“Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, proclamó en un comunicado oficial, en septiembre del año pasado. Aquel episodio marcó el tono de su gestión: el mandatario vetó el primer intento de la oposición de conseguir una mejora para los jubilados con una ley de movilidad jubilatoria que otorgaba un 8% adicional y celebró que la Cámara de Diputados no lograra los dos tercios para revertir su veto. Incluso organizó un asado en la Quinta de Olivos para homenajear a quienes definió como los “87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.

El 10 de julio pasado, la oposición consiguió aprobar por segunda vez en el Congreso un paquete de alivio social que incluye un aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, llevar de $70.000 a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, una prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei anticipó que vetaría todas estas leyes por considerarlas una amenaza a su plan económico. “Un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal”, argumentó. El sábado, cumplió su amenaza y firmó los vetos que hoy se publican en el Boletín Oficial.

Fiel a su estilo beligerante, acusó de “genocidas” a los legisladores que apoyaron las mejoras sociales. En declaraciones radiales, tildó de “hijos de puta” a los senadores opositores por votar lo que él calculó como un aumento del gasto “de casi tres puntos del PBI”. Simultáneamente, anunció un recorte de retenciones al agro que costará hasta 0,22% del PBI en recaudación, la mitad de lo que implicaría el aumento a jubilados.

Milei tenía plazo hasta este lunes 4 de agosto para firmar los vetos. En la Casa Rosada confían en reunir el número de diputados necesario para impedir que la oposición logre los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales. La negociación política fue intensa en las últimas semanas: el oficialismo activó gestiones con gobernadores aliados, ofreció partidas extraordinarias y cerró pactos electorales locales a cambio de colaboración parlamentaria. Con la incorporación de los llamados “radicales con peluca” al interbloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista consolidó una base cercana a 46 votos propios. A ellos se sumarían diputados del PRO y otros aliados provinciales, con lo cual el Gobierno calcula acercarse a los 80 votos. Las ausencias serán clave: el oficialismo necesita alrededor de 86 votos presentes para garantizar el veto.

El trasfondo de esta disputa es eminentemente político-electoral. Milei apuesta a exhibirse como el Presidente que no se doblega ni siquiera en año electoral, confiando en que sus votantes premien su coherencia. Sin embargo, el costo político podría ser alto en sectores sensibles a la situación de jubilados y personas con discapacidad. No es casual que cinco gobernadores hayan lanzado un frente con críticas al ajuste libertario. Las imágenes de abuelos reprimidos y la retórica explosiva del Presidente generan ruidos en las alianzas que Milei teje rumbo a octubre.

Jubilaciones de miseria en una Argentina empobrecida

La determinación presidencial de frenar el aumento jubilatorio ocurre en un país donde gran parte de la población vive una emergencia económica silenciosa. La Argentina cuenta con unos 7,4 millones de jubilados, de los cuales 63,5% cobra la mínima. Esa jubilación mínima se ubicó en julio en $309.000, que gracias a un bono de refuerzo llega a $379.000. Al tipo de cambio vendedor de $1.375 por dólar (pizarra del Banco Nación del viernes), equivale a unos 278 dólares mensuales. Este ingreso apenas roza la línea de pobreza: según el último dato del Indec, una persona adulta necesita $358.048 mensuales para no ser pobre, monto que no contempla necesidades específicas de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad estima que un jubilado debería percibir más de $1,2 millones para cubrir una canasta básica adecuada.

En 2024, con la inflación aún fuera de control (y aunque ahora baja todavía persiste y, a diferencia de los ingresos de las personas, los precios suben todos los meses), el haber mínimo real perdió 4,4% de poder de compra desde el cambio de gobierno. En febrero de ese año, el haber real tocó su peor nivel en 15 años, ubicando a la mitad de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. El proyecto aprobado por el Congreso implicaría llevar la jubilación mínima a alrededor de $441.200, un monto que, si bien seguiría siendo bajo, representaría un alivio concreto para quienes cobran menos.

Protestas y mano dura en las calles

Lejos de resignarse, los jubilados argentinos ganaron visibilidad con protestas semanales frente al Congreso. Desde el año pasado, cada miércoles se congregan para exigir una jubilación digna, y cada semana enfrentan un despliegue policial más intenso. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich convirtió estos reclamos en campo de pruebas para su protocolo antipiquetes. El operativo del 30 de julio fue particularmente violento: fuerzas federales triplicadas que usaron gas pimienta y balas de goma incluso contra jubilados de avanzada edad y periodistas. Hubo al menos cinco detenidos y decenas de heridos. Las imágenes de abuelos con bastones enfrentando escudos policiales son el símbolo de una nueva época amarga para los bosillos de los adultos mayores.

Bullrich reivindicó estas acciones como necesarias. “Demostramos que tenemos la posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos”, dijo. Milei delegó en Bullrich la misión de poner reprimir mientras él pasa la motosierra contento, sin acusar recibo del sufrimiento de las personas, con la carcajada de payaso loco. “Las calles no se toman... si se toman, habrá consecuencias”, advirtió la ministra. Esa política se tradujo en operativos semanales de disuasión frente al Congreso, con gendarmes, detenciones preventivas y uso recurrente de gases.

La tensión en las calles va en aumento. Los jubilados que protestan cada miércoles ya son acompañados por sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos decepcionados con sus propias dirigencias. “No vamos a salir de las calles”, advierten los manifestantes. La persistencia de estas marchas semanales, pese a la represión, generó comparaciones con las movilizaciones de los años noventa lideradas por Norma Plá. Su figura reaparece en pancartas que claman “todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo”.

Milei juega al límite. Retrasar el veto de las leyes le dio tiempo para la rosca política y para intentar contener la presión social. Si su cálculo resulta correcto, se anotará otra victoria legislativa: impondrá nuevamente su ajuste, pero a costa de intensificar el desgaste de su imagen. La batalla final se dará en el recinto. Si Milei triunfa en sostener sus vetos, llegará a octubre con un ajuste invicto bajo el brazo, pero deberá cargar con las consecuencias: jubilados empobrecidos, personas con discapacidad desprotegidas y una sociedad que se debate entre apoyarlo en octubre, en su afán de “normalizar” la economía, o hacerle sentir el rigor de las urnas: la que sigue viviendo muy bien, pese al paso del tiempo y gracias a su propio gobierno, es justamente la casta, no la gente.

Los vetos en el Boletín Oficial

JJD

Entre forcejeos y empujones con las fuerzas de seguridad, siete personas fueron detenidas este miércoles durante los incidentes que se produjeron en la marcha de los jubilados al Congreso. Además, varios manifestantes denunciaron el uso de balines con gas pimienta.

La policía también confirmó las detenciones bajo el cargo de “atentado y resistencia a la autoridad”.

“Es es lo nuevo que trajo (Patricia) Bullrich, tienen gas pimienta adentro, entonces te tiran y salta la pimienta que después no te deja respirar y duele”, dijo el padre Paco en declaraciones a la revista “mu, La Vaca”. Allí también contó que fue uno de los primeros en ser detenido pero que luego lo soltaron pero que sí se llevaron a “dos compañeros de Chacarita con muchos golpes, mucha violencia”.

Desde temprano, camiones hidrantes y patrulleros se deplazaron en la zona del Congreso. Los efectivos lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos. Ya avanzada la tarde, un grupo de manifestantes intentó avanzar por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo y fue entonces cuando comenzó la represión.

El epicentro del operativo fue el cruce de Avenida de Mayo y Montevideo, donde una columna de al menos cien personas fue interceptada por personal policial que les exigía liberar los carriles. En medio del forcejeo, comenzaron las detenciones.

Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron en reclamo de un aumento en los haberes previsionales mínimos y la suba del bono de 70 mil pesos que otorga el Anses, además de la demanda por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI. Los jubilados también protestan contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector.

A la protesta se sumaron también organizaciones políticas como la UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras.

La expectativa está puesta también en el último proyecto de aumento de jubilaciones sancionado el 10 de julio por el Senado, una iniciativa para la cual el Poder Ejecutivo tiene vigente un plazo de 10 días hábiles para concretar el veto, como anticipó el presidente Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había asegurado en los últimos días que el presidente vetará la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, al argumentar que “el sistema de reparto no alcanza a cubrir los aumentos” y que el Estado no puede seguir gastando más de lo que recauda.

En tanto, Martín Llaryora -gobernador de Córdoba- anunció el fin de semana último un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y la implementación de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000 mensuales. La semana pasada, la marcha de jubilados se había trasladado desde el Congreso a Plaza de Mayo, en una movilización que contó con el apoyo de distintas organizaciones políticas y que también motivó un fuerte operativo policial en la zona.

Según la versión de la policía, los incidentes se produjeron cuando una columna de al menos 100 manifestantes intentó cortar la Avenida de Mayo para marchar hacia Plaza Mayo. Fue entonces cuando la policía presionó para que ocuparn solo dos carriles de la avenida. “Comenzaron a agredir al personal policial y a arrojar objetos contundentes”, informó la Policía de la Ciudad ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas. Y agregaron que “los efectivos actuaron ”ante agresiones y objetos contundentes“.

La policía impidió además el ingreso a las inmediaciones del Congreso a toda persona que no fuera legislador, trabajador acreditado o prensa.

Con información de la agencia NA

La represión de las fuerzas federales del 12 de marzo en la zona del Congreso no solo dejó al fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido sino también a Jonathan Navarro, un trabajador de 33 años e hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma. Más de cuatro meses después, este lunes una investigación independiente logró identificar al gendarme que disparó contra Navarro directamente a la cara.

La reconstrucción la realizó la plataforma Mapa de la Policía. Por el cruce de las cámaras de monitoreo urbano y videos y fotos aportadas por manifestantes, testigos y reporteros independientes lograron dar con el efectivo de la Prefectura que hizo el disparo. Aún se desconoce el nombre del agente, pero el material ya forma parte de la causa judicial que investiga la feroz represión de esa jornada.

Mapa de la Policía es la misma plataforma que en su momento logró dar con el cabo de la Gendarmería Héctor Guerrero como autor material del disparo del proyectil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo. Por el hecho la jueza María Servini citó a declaración indagatoria al gendarme para el próximo 2 de septiembre.

Cómo identificaron al prefecto

El prefecto que atacó a Navarro fue identificado por varios elementos: el color naranja del rifle BYRNA TCR que portaba, una marca blanca en su casco, protecciones de antebrazo colgando de la cintura y un guante negro en una mano. La represión contra el hincha de Chacarita fue sobre la Avenida Rivadavia, cerca del cruce con Rodríguez Peña, apenas minutos después de que en el otro costado de la plaza del Congreso, sobre Yrigoyen y Solís cayó gravemente herido Grillo.

El material más elocuente lo aportó una de las grabaciones de la cámara “Domo Entre Ríos”, ubicada en el Congreso de la Nación: en la filmación se distingue a un agente de Prefectura de pie detrás de la primera línea represiva, apuntando directamente a la cara de Navarro.

Según Mapa de la Policía, el rifle táctico disuasivo BYRNA TCR es un arma que lanza proyectiles neumáticos con gas pimienta a velocidades de hasta 300 km/h y está equipada con una mira para disparos de larga distancia. El manual de uso de este armamento prohíbe explícitamente apuntar a zonas sensibles como la cabeza o el rostro. El disparo habría sido a no más de cuatro metros de distancia.

El operativo de Prefectura del 12 de marzo estuvo al mando del Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo Albatros, quien reportaba al comando unificado liderado por Patricia Bullrich. El propio jefe operativo confirmó que la ministra dio las órdenes.

“Yo recibí un balazo de goma en el pie y cuando me estaba protegiendo recibí un impacto en el ojo izquierdo. Empiezo a no ver nada y me sale sangre”, relató Navarro en un video, que fue atendido primero en el Instituto Patria, que depende de Cristina Kirchner, a metros del Congreso y luego es trasladado a un hospital. “Una de las cosas que me impulsó a ir al Congreso es que a mi viejo le salió 80.000 pesos uno de sus medicamentos. Cobran una miseria. Ver en la tele cómo le pegan a los jubilados es bien de cobardes”, agregó Navarro, quien hoy tiene secuelas por la pérdida de visión en su ojo: “Nunca más volví a la cancha y ya no puedo hacer deportes. No tengo reflejos. No puedo alcanzar un vaso a menos de un metro y medio”.

MC

En los seis meses de 2025 la represión de Patricia Bullrich provocó más heridos y detenidos que en todo 2024. El dato de la ferocidad de la mano dura del Gobierno es revelador justo cuando los jubilados y organismos de derechos humanos encabezarán este miércoles una “marcha antirrepresiva” del Congreso a la Plaza de Mayo.

Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conocido en las últimas horas detalló que en el primer semestre del año hubo 1.251 personas heridas (36 más que en todo el 2024) y 130 detenciones (contra 93) a raíz del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad. Más de la mitad de las protestas que se realizaron este 2025 fueron reprimidas (21 de 39 monitoreadas por el CPM).

El documento señala que hubo una manifestación en la que los efectivos policiales duplicaron y hasta triplicaron la cantidad de manifestantes, actuando en simultáneo hasta cinco fuerzas distintas: la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad.

La CPM realizó un desglose del total de los heridos en manifestaciones, entre los cuales hubo 179 periodistas, 132 adultos mayores, 3 niñas y un joven de 16. Además, destacaron el caso del fotorreportero Pablo Grillo, quien pasó 83 días peleando por su vida en terapia intensiva luego de que un efectivo policial le disparara un proyectil en la cabeza.

“Si se tiene en cuenta que el año pasado se reprimieron 3 de cada 10 manifestaciones, estos datos de 2025 dan cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores”, dice el informe.

La CPM, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentó en la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el informe semestral sobre la Represión a la Protesta Social y determinó que en lo que va del 2025 ya se duplicaron los hechos de represión de todo el año anterior. “En la Argentina quieren privatizar todo pero estatizaron el miedo. Si algo hizo el Gobierno Nacional desde que asumió es reprimirnos a los trabajadores y a los jubilados. El informe es elocuente. Podemos dar fe porque los trabajadores y los sectores populares lo estamos sintiendo en carne propia”, indicó Rodolfo Aguiar.

En referencia al informe, el dirigente apuntó: “Está absolutamente desvirtuada la idea del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Desde que asumió el Gobierno nacional y con el correr de los meses, se inició un proceso progresivo de vulneración de todas las garantías constitucionales. El Estado de Derecho ha sido atacado y por estos días la democracia se encuentra absolutamente restringida en nuestro país”.

Participaron de la exposición Adolfo Pérez Esquivel, Presidente de la CPM; Víctor de Gennaro, Vicepresidente del CPM; Roberto Cipriano García, Secretario Ejecutivo de la CPM; Sandra Raggio, Directora General de áreas de la CPM; y Juan Irrazábal, Presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Este miércoles tanto Pérez Esquivel como ATE participan de la “marcha antirrepresiva” que surgió desde las agrupaciones de jubilados que cada miércoles se manifestan frente al Congreso. Se espera una masiva manifestación a partir de la amplia convocatoria a organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras.

La protesta comenzará a las 15 con una radio abierta en las inmediaciones del Anexo de la Cámara de Diputados y luego habrá una marcha a Plaza de Mayo. Hay expectativa por el operativo que despliegue Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes: desde hace semanas la policía impide que los jubilados se acerquen al Palacio Legislativo a partir de la instalación de un imponente cordón de vallas sobre la avenida Entre Ríos.

“La expectativa de la marcha es unir y coordinar fuerzas contra esta lógica represiva del Gobierno, para que no se naturalice la violencia. Denunciamos todos los abusos autoritarios del Gobierno por fuera de los marcos constitucionales que garantizan la libre manifestación. Y no lo hacemos solo por los jubilados, sino también por lo de Pablo Grillo, los manifestantes y periodistas golpeados semanalmente, o aquellos que recibieron el allanamiento de sus locales”, señaló a elDiarioAR Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.

“La represión a los jubilados es una forma del Gobierno para disciplinar y meter miedo”, denunció a elDiarioAR Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y dirigente del Frente de Izquierda. “La represión del Gobierno busca garantizar el veto presidencial”, agregó.

MC

La tradicional marcha de los jubilados tiene este miércoles una consigna recargada: fue convocada contra la represión de las fuerzas federales que conducen Javier Milei y Patricia Bullrich y que cada semana saturan la zona del Congreso para evitar la manifestación. En las primeras horas se registraban momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos de la Policía de la Ciudad, que obligaron a los jubilados a movilizarse sobre las veredas en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Además de las agrupaciones de la tercera edad y banderas políticas que se ven cada siete días, la movilización cuenta con la adhesión de organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y se espera la participación del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La protesta comenzará a las 15 con una radio abierta en las inmediaciones del Anexo de la Cámara de Diputados y luego habrá una marcha a Plaza de Mayo. Hay expectativa por el operativo que despliegue Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes: desde hace semanas la policía impide que los jubilados se acerquen al Palacio Legislativo a partir de la instalación de un imponente cordón de vallas sobre la avenida Entre Ríos.

Justamente uno de los motivos de la protesta es repudiar la represión que protagonizó la Gendarmería el 12 de marzo, cuando el cabo Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno en línea recta que impactó en el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo. Recién esta semana la Justicia federal ordenó la indagatoria al gendarme, que ocurrirá en septiembre.

“La expectativa de la marcha es unir y coordinar fuerzas contra esta lógica represiva del Gobierno, para que no se naturalice la violencia. Denunciamos todos los abusos autoritarios del Gobierno por fuera de los marcos constitucionales que garantizan la libre manifestación. Y no lo hacemos solo por los jubilados, sino también por lo de Pablo Grillo, los manifestantes y periodistas golpeados semanalmente, o aquellos que recibieron el allanamiento de sus locales”, señaló a elDiarioAR Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados.

La represión a los jubilados es una forma del Gobierno para disciplinar y meter miedo

Alejandrina Barry

“La represión a los jubilados es una forma del Gobierno para disciplinar y meter miedo”, denunció a elDiarioAR Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y dirigente del Frente de Izquierda. “La represión del Gobierno busca garantizar el veto presidencial”, agregó.

La marcha estaba convocada originalmente para el miércoles pasado, pero se pospuso para juntar fuerzas con la movilización que hubo el jueves de los médicos del Garrahan, que unió el Congreso con la Plaza de Mayo.

La gran cantidad de efectivos de seguridad cada miércoles generó un episodio singular en las últimas horas. Senadores de Unión por la Patria exigieron a Victoria Villarruel que ordene el uso que hacen los agentes de la Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria de las instalaciones del Senado cada día de operativo. “Debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunio y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones diariamente”, se quejaron los legisladores. La propia Bullrich dio a conocer la carta dirigida hacia la vice y cuestionó: “Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado”.

El Gobierno no suele revelar cuántos efectivos se despliegan en el Congreso semanalmente, pero generalmente el número ha superado los mil policías.

Las próximas marchas

Además de encabezar la marcha antirrepresiva, los jubilados están en alerta ante el inminente veto presidencial contra las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad que sancionó el Congreso semanas atrás. Las leyes fueron remitidas este lunes al Poder Ejecutivo y comenzó a correr el plazo de diez días hábiles que tiene Milei para firmar su veto. Ese plazo vence el 4 de agosto. Si avanza con esa medida, los diputados y senadores tendrían entonces la posibilidad de ratificar las normas, así como el oficialismo buscará un tercio de los votos para blindar el veto.

La ley de aumento a jubilados incrementa un 7,2% las jubilaciones. Además, sube el bono de $70.000 a $110.000, con ajuste mensual. También obliga a la Anses a girar fondos a provincias con cajas jubilatorias no transferidas. Por otra parte, la ley de restitución de la moratoria previsional extiende por 2 años la moratoria para quienes no completaron los años de aportes. Y, por último, la ley de emergencia en discapacidad incluye beneficios fiscales y de financiamiento para pensiones y prestadores. En el Senado las leyes fueron votadas por una amplia mayoría, incluyendo algunos legisladores del PRO.

Este martes la Mesa lanzó un nuevo comunicado en el que cuestionó la línea general de las políticas de Milei. “Quien cuestionaba duramente a ”la casta“ no sólo recurre a ella sino que forma parte de la misma. Quien iba a dinamitar al Banco Central lo convierte en una pieza clave de su política económica. Quien pregona la transparencia de los actos de gobierno y de las conductas personales es un mero estafador internacional como lo demuestra su responsabilidad en la causa Libra. Podríamos seguir enumerando la larga lista de actos de corrupción protagonizados por integrantes del gobierno a diario, pero que quedan opacados o escondidos al público por el accionar cómplice de medios de comunicación y periodistas venales, cómplices de Milei y sus aliados”, expresaron.

MC

Astillas de una estructura de madera volando por el aire. Fuego. Humo. Al fondo –invisibles– la Gendarmería y el Congreso. Detrás de la cámara, Pablo Grillo ya está herido por el impacto en su cráneo de un proyectil de gas lacrimógeno que disparó el cabo Héctor Guerrero.

La última postal que capturó la cámara del fotorreportero de 35 años el 12 de marzo pasado, cuando las fuerzas de Patricia Bullrich reprimieron con ferocidad una marcha de los jubilados, revela los instantes previos a la caída al suelo, inconsciente, de Grillo, luego de que el cartucho del gendarme haya atravesado –en línea recta– una estructura de madera prendida fuego. Allí se había apostado el joven fotógrafo para registrar una toma poética, rebelde, de denuncia, sobre la represión. Una toma anterior muestra, al fondo, a la Gendarmería y la cúpula del Congreso.

Las imágenes fueron publicadas por la especialista Cora Gamarnik (@coragamarnik en X), quien además es familiar de Grillo. “En esa milésima de segundo que capta la cámara la granada de gas lacrimógeno ya impactó sobre su cabeza y rompió su cráneo. Pablo quedó tendido en el asfalto. La granada rompió la cámara al rozarla y esa leve desviación que produjo le salvó la vida”, contó en sus redes sociales.

La toma fue parte del informe del Mapa de la Policía que días después de la represión permitió armar una secuencia exhaustiva de la represión de las fuerzas federales. Una imagen lateral, tomada por otro reportero gráfico, permitió dar con la identidad del cabo Guerrero, quien aún cumple funciones en la Gendarmería.

“Sabemos quien le disparó, sabemos quien era el jefe del que disparó, sabemos quién dio la orden. Sabemos que Bullrich y Milei son responsables. Y sobre todo sabemos que tarde o temprano será justicia”, escribió Gamarnik.

A cuatro meses del hecho, la familia de Grillo refuerza su pedido de justicia y exige principalmente que el cabo Guerrero sea citado a indagatoria. “No entendemos por qué todavía no lo llamaron a indagar”, cuestionó Fabian Grillo en declaraciones a Página/12. La investigación interna de Gendarmería fue cerrada apenas una semana después del hecho y sin sanciones disciplinarias.

La causa está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, que como última medida conocida hicieron un allanamiento a la Gendarmería para secuestrar el arma utilizada por Guerrero y varios cartuchos de gas sin usar. El agente de la Gendarmería no disparó hacia arriba, en un ángulo de 45 grados hacia el cielo, como indica el protocolo, sino que apuntó en un ángulo llano, directo hacia los manifestantes.

Grillo está actualmente en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca y su recuperación es favorable, a la espera de una prótesis en su cabeza. “Él va bien, sigue con el tratamiento, hace todo para recuperarse. Hay un tema que es fundamental que es la colocación de la prótesis, que si todo marcha va a ocurrir de acá a un mes, en el Hospital Ramos Mejía”, agregó su padre.

El último recuerdo de Pablo Grillo es que estuvo en la marcha de los jubilados y de la situación de represión que había cuando le dispararon en las inmediaciones del Congreso. Pero no tiene memoria sobre el momento en sí en que fue atacado. Queda, ahora, la última toma que capturó su cámara como testigo del balazo que recibió por parte de la Gendarmería.

MC

La oposición en el Senado logró firmar dictamen sobre el paquete jubilatorio que había sido aprobado a principios de junio en la Cámara de Diputados. El despacho se consiguió en la primera reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión, con la férrea oposición del oficialismo y la mayoría de los bloques dialoguistas. En la reunión hubo escenas escandalosas, con una legisladora del PRO aliada al Gobierno que buscó boicotearla permanentemente.

El kirchnerismo logró 9 votos para dictaminar el proyecto porque contaba con el respaldo de ocho senadores propios y de la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (CABA), una dirigente cercana a Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual superó la mitad más uno de la comisión, que tiene 17 integrantes.

El triunfo del bloque peronista es un avance para la oposición que ahora buscará obtener los dos tercios en el recinto para convertir en ley el aumento a las jubilaciones y la extensión de la moratoria por dos años. El Gobierno ya adelantó que vetará la reforma, como lo hizo con iniciativas similares en 2024.

La reunión comenzó con la elección de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero como presidenta de Trabajo y Previsión y del legislador kirchnerista Mariano Recalde como vicepresidente, además de Bruno Olivera, de la Libertad Avanza (LLA), como secretario, pero apenas terminó la designación de autoridades inició la ofensiva del peronismo para lograr un dictamen de respaldo a los proyectos votados en Diputados.

El primer planteo fue formulado por Recalde para que se incorpoara el debate y los dictámenes sobre los proyectos de aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento y el bono de 70 mil a 110 mil pesos, además de la moratoria por dos años.

A lo largo de toda la reunión, Álvarez Rivero quiso bloquear la votación de la moción e incluso propuso levantar la sesión y se retiró por unos minutos, pero luego tuvo que volver sobre sus pasos porque Recalde estaba dispuesto a asumir la vicepresidencia para poner en consideración los proyectos aprobados en Diputados sobre el paquete jubilatorio.

Álvarez Rivero no tuvo el respaldo de ningún radical ni del PRO en su estrategia porque esos legisladores siguieron sentados en sus sillas del Salón Illia, donde se concretó la reunión, por lo que tras dos horas de debate no tuvo otra opción que poner a votación la propuesta de Recalde.

“Le estoy pidiendo la palabra, no se vaya. Está la comisión reunida, asumo la presidencia para que se incluyan en esta reunión dos expedientes que vienen en revisión de la Cámara de Diputados y ya tenemos la firma para dictaminar”, advirtió Recalde. El senador porteño sostuvo que “son dos proyectos que ”tienen que ver con la situación de los jubilados, que están en una situación de emergencia, que la están pasando muy mal, que no admite más dilaciones ni postergaciones“.

La senadora bullrichista Álvarez Rivero proponía un plan de trabajo con exposiciones de diversos especialistas para tratar “en profundidad” el problema jubilatorio, pero no tenía consenso en la comisión donde el kirchnerismo tiene casi la mitad de sus miembros, y que solo querían avanzar con la firma del despacho que permita debatir estos temas en el recinto de sesiones.

Incluso también se llegó a votar la propuesta del radical Eduardo Vischi, cercano al oficialismo, para convocar mañana a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto, donde la UCR es probable que presente un dictamen propio sobre el aumento a los jubilados y en contra de la moratoria.

A lo largo de la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, sostuvo que no era “reglamentario” incorporar un temario y “menos sacar dictamen”. “Es un tema que requiere el análisis de la comisión, estoy de acuerdo con que es urgente e importante”, dijo, pero planteó que “dictaminar en forma apresurada sería un error”.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio criticó con dureza a Álvarez Rivero por resistirse a poner la moción a votación y le recordó que “solo preside la comisión, pero las decisiones se toman en conjunto. Si hay una moción se vota y si tenemos mayoría, tenemos, y si no, no”, advirtió. Desde la UCR, Martín Lousteau le respondió que “hace ya más de tres semanas que tenemos media sanción de tres proyectos que son los más urgentes que dos tienen que ver con los jubilados, y otro con la discapacidad”.

Finalmente primó la voluntad de la mayoría y el peronismo, junto con la amarilla Tagliaferri, consiguió la mayoría para el dictamen que busca otorgar un aumento a los jubilados, así como un bono y reimplantar la moratoria previsional.

Con información de agencia NA

MC

Desde hace meses, los miércoles en la plaza del Congreso dejaron de ser un día más de la semana. Un amplio arco de organizaciones de jubiladas y jubilados se congrega frente al Parlamento para reclamar una vida digna en la vejez. Ahora, ese espacio semanal se amplifica en dos iniciativas clave: una campaña por un millón de firmas y una marcha nacional antirrepresiva para el próximo 16 de julio.

Este miércoles 2 de julio, a las 14, se realizará una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso —o en la plaza, si no estuviera vallada— para anunciar el nuevo Plan de Lucha de las organizaciones de adultos mayores. Las demandas centrales son un aumento urgente de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución plena de medicamentos y atención médica en el PAMI y en las obras sociales.

En paralelo, ya se organiza una gran movilización para el 16 de julio a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo el lema #MarchaAntirrepresiva. El llamado se extiende a sindicatos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, partidos políticos, centros de estudiantes, agrupaciones de mujeres y disidencias y asambleas barriales.

El eje de la convocatoria es claro: el ensañamiento del Gobierno de Milei, y en particular de la ministra Patricia Bullrich, con las protestas de los jubilados. Según denuncian los convocantes, el protocolo “antipiquetes” ha sido aplicado incluso sobre las veredas, afectando de manera sistemática las rondas y actos que se realizan todos los miércoles en el Congreso.

La represión ya dejó heridos, detenidos y hasta un fotógrafo internado en grave estado: Pablo Grillo. Por eso, entre los puntos principales de la movilización se exige juicio y castigo a los responsables de la violencia policial que lo dejó hospitalizado, y también la abolición del protocolo represivo, la derogación de los decretos DNU 340/25 y DNU 70/24, y de la Ley Bases.

El pliego de reclamos también incluye el rechazo a las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la expulsión de los servicios de inteligencia de las universidades y organismos públicos, y un pedido expreso: “Fuera Bullrich”. Además, las organizaciones se pronuncian contra la persecución de referentes políticos, sindicales y estudiantiles, y extienden su repudio a la política exterior, condenando los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

Convocan a esta jornada nacional de lucha: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A., el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilades PTS + Independientes, Jubiladxs de Izquierda, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Clasistas, Jubiladxs Anticapitalistas, Jubilados Frente Grande, Jubilados CONAT, el Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Autoconvocadxs Trabajadores, Estudiantes y Jubiladxs, el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, Trabajadores Activos y Jubilados, y Jubilados Independientes.

El miércoles 16 de julio será, según aseguran los organizadores, una jornada para visibilizar que la calle sigue siendo un territorio de derechos y no un espacio bajo asedio.

JJD

“Vamos a hablar con los senadores y esperemos que lo entiendan o nos digan de dónde sacamos los fondos ¿o quieren que aumentemos los impuestos?”. Apenas horas después de la media sanción en la Cámara de Diputados del aumento para los jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad, Guillermo Francos explicitó la nueva estrategia que ensayará el Gobierno para evitar que la oposición consiga la sanción definitiva en el Senado. La última carta es el veto presidencial, que Javier Milei ya ratificó sin temor al costo político en medio de un año electoral.

La votación en la Cámara alta aún no tiene fecha, pero los bloques que impulsaron el avance ayer buscarán acelerar para no perder el envión. El clima social apremia, porque en el medio está la negociación por las listas que puede embarrar todo: en julio y agosto se definen los candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses (son el 7 de septiembre) y nacionales (el 26 de octubre).

El derrotero parlamentario de los proyectos de aumento y bono para los jubilados, más la moratoria previsional, y la ayuda en discapacidad, contempla primero un tratamiento en comisiones específicas –podrían ser las de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Trabajo y Previsión Social, y Salud– y recién luego la votación en el pleno. La llave para abrir el recinto la tiene Victoria Villarruel, que atraviesa la etapa más fría de su relación con la Casa Rosada.

Francos dijo en radio Mitre que hablará con los senadores, pero entre líneas se refirió a los gobernadores. Es la misma estrategia de siempre del Gobierno: acordar con los mandatarios provinciales dialoguistas que tienen bancas propias en el Senado –tanto radicales como peronistas no-kirchneristas– a cambio de promesas de fondos u obras. Justamente ayer varios se “rebelaron” a partir de un temario con mucha carga social del que no podían hacerse los distraídos. Los caciques también se juegan su territorio en este año electoral.

“Imagino que, desde la Rosada, van a ir por los gobernadores. Después vendrá el cuerpo a cuerpo con los senadores”, dijeron en un despacho de La Libertad Avanza esta mañana. La bancada oficialista la comanda el jujeño Ezequiel Atauche, que no estaba estar horas en Buenos Aires, aunque él funciona más como un alfil: el teléfono rojo con las provincias está conectado en Balcarce 50 y lo manejan entre Francos, Karina Milei, Lule Menem y, eventualmente, Santiago Caputo.

Al Gobierno le dolió la mayoría que consiguió la oposición anoche: con 142 votos a favor y 67 en contra, se aprobó la media sanción de un incremento del 7,2% de todas las jubilaciones y un aumento del bono, que pasaría a ser de $110.000. Para el oficialismo hubo dos sorpresas: el avance de la moratoria y que sus condicionales del PRO se abstuvieron para evitar el costo político.

Francos deberá llamar al menos a tres gobernadores peronistas: el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora. Son los que le dieron la venia a sus diputados para que se sienten en sus bancas ayer al mediodía y habilitaran el quórum. Giraron con respecto a dos semanas atrás, cuando aportaron al vacío de la sesión que tenía un temario similar, más dos puntos incómodos para el Gobierno: la comisión investigadora del caso $LIBRA y la composición de la Auditoría General de la Nación, órgano que revisa las cuentas públicas.

El jefe de Gabinete también tendrá que aceitar el vínculo con el chubutense Nacho Torres, pintado de amarillo, porque ayer un diputado de su provincia se abstuvo a la hora de votar. Sí votó en contra, como el oficialismo, un legislador que responde al entrerriano Rogelio Frigerio, también del PRO pero alineado con Milei.

Un llamado de atención para el Gobierno es que también hicieron juego propio los diputados del bloque Innovación que responden a Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones, donde capitanea Carlos Rovira). Muchos de ese grupo se ausentaron, pero otros votaron a favor de los jubilados, como la salteña Pamela Calletti, jefa del bloque.

Así el Gobierno tiene la difícil tarea de convencer a distintos senadores. Por ejemplo, la cordobesa Alejandra Vigo es la esposa de Juan Schiaretti, quien está armando un espacio opositor de centro contrario al Gobierno. Los de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ya mostraron ser aceitosos con el giro en ficha limpia. La rionegrina Mónica Esther Silva es ficha de su gobernador y los de Santa Cruz –José María Carambia y Natalia Elena Gadano– y Chubut –Edith Elizabeth Terenzi– puede jugar al fleje.

El oficialismo podría tener el apoyo parcial del PRO y la UCR, por las divisiones internas. No es lo mismo la larretista Guadalupe Tagliaferri (CABA) que el macrista Alfredo de Angeli (Entre Ríos). Y también en el radicalismo hay divisiones: ayer mismo Francos se mostró con el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, junto al senador Eduardo Vischi, jefe de la bancada, pero enfrentado internamente a Martín Lousteau.

La estrategia del oficialismo es temeraria por tocar cables sensibles socialmente, como son los jubilados y discapacitados, sin tener en cuenta que anoche de madrugada vació el tratamiento de una declaración de emergencia en favor del hospital Garrahan o el financiamiento a las universidades, así como sus diputados rechazaron otorgar ayuda para la reconstrucción de Bahía Blanca por las inundaciones. “El juego es dejar al Gobierno de tener que vetar la ley y mostrarse ante los ojos de la opinión pública como insensible”, reconoció Francos esta mañana. “Crueles son los que llevaron al país a esta situación, no los que tratan de remediarlo”, contraatacó. Y reafirmó que “El equilibrio fiscal no es negociable”.

El diputado por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le apuntó a Milei de dónde se financiaría el aumento jubilatorio, para contrarrestar la narrativa de ajuste permanente: apuntó que la recomposición de los haberes jubilatorios solo implica el 0,6% del PBI y que se puede echar mano a la exención del IVA para directores de empresas, los beneficios en Ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), las tasas y aranceles que se quedan entes cooperadores como los Registros Automotor o de la Propiedad, los ahorro de intereses del FMI, un fondo anticíclico (Jurisdicción 91, Programa 99) que no se toca y la redirección de los gastos reservados de la SIDE.

Hoy el Gobierno jugó una carta “institucional” para reforzar su estrategia: oficializó el pomposo Consejo de Mayo encabezado por Francos con integración de gobernadores y legisladores. Designó a dedo al gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, muy alineado con las ideas libertarias, y le otorgó la silla como representante del Senado a Carolina Losada (Santa Fe), también fiel seguidora de Milei pese a militar en la UCR, y como representante de Diputados al amarillo Cristian Ritondo, que ayer votó rechazó el aumento jubilatorio y la ayuda para discapacitados.

MC

El recinto estalló en aplausos cuando el tablero de la Cámara de Diputados mostró que había 131 diputados presentes. Pese a las presiones del Gobierno y del sometimiento del PRO y el radicalismo, la oposición había conseguido quórum para impulsar un conjunto de leyes sociales que generan incomodidad en Casa Rosada. Aumento a las jubilaciones, emergencia en discapacidad, la crisis en el Hospital Garrahan, el desfinanciamiento de las universidades: el temario de este miércoles es el reverso de la conflictividad social que, mientras los diputados sesionan, se concentra en las afueras del Congreso.

El peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la izquierda del FIT apostaron a todo o nada en la sesión y lo consiguieron. En una previa tensa y frenética, la multipartidaria opositora consiguió cambiar el equilibrio de fuerzas de la mano de tres figuras claves: los gobernadores de Córdoba, Santiago del Estero y Catamarca.

Ahora la oposición se encamina a votar en una larga sesión -se calculan al menos 14 horas de duración- un aumento para los jubilados del 7,2%, un bono extraordinario (de entre $70.000 a $105.000 o $115.000 según corresponda), el restablecimiento de la moratoria previsional y una Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

El desembarco de los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora cambió el clima en el recinto. Hubo solo una excepción, Ignacio “Colo” García Aresca, que es el diputado más cercano al gobernador y que bajó al recinto sólo cuando se había conseguido el quórum, como un gesto al Ejecutivo. La presión social por el tema discapacidad había calado hondo en Córdoba, y los diputados no querían volver a exponerse a un escrache público cuando llegaran a sus provincias.

Fue así que Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que en la última sesión habían pegado el faltazo a pesar de haber presentado proyectos vinculados a las jubilaciones, terminaron dando el presente. Llaryora, a modo de guiño a Javier Milei, logró que su legislador más cercano llegara tarde, pero no más. Gestos en una sesión sensible e incómoda de parte de un gobernador que todavía quiere llevarse bien con el Ejecutivo nacional.

Este mismo guiño se repetiría con los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, que en la última sesión habían colaborado a vaciar el recinto en sintonía con las presiones que llegaban desde Casa Rosada. Esta vez, sin embargo, UxP tuvo presencia casi perfecta. Jalil, que es el más cercano al Gobierno e, incluso, analiza la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral en la provincia, solo pudo bajar a una diputada: la exsecretaria de Minería Fernanda Ávila, una dirigenta que coquetea con la gestión libertaria desde el desembarco de Milei.

El caso de Zamora fue mucho más fuerte: cinco de sus siete diputados dieron el presente, y solo una de las ausencias fue un gesto a Casa Rosada (el otro diputado está con problema de salud hace más de un mes). El santiagueño, que en las últimas semanas comenzó a ser sugerido como un posible candidato presidencial en 2027 desde las usinas del Instituto Patria, mantiene un vínculo aceitado con Cristina Fernández de Kirchner y lleva una relación más sinuosa con la gestión libertaria.

Dependiente, como la mayoría de los gobernadores del Norte, de las transferencias directas de la Nación, suele bajar diputados cuando la Casa Rosada se lo pide. En esta ocasión, sin embargo, terminó plegandose a la presión social.

El quórum, sin embargo, se logró por un pelo, y en Casa Rosada ya comienzan a preparar el terreno para el veto presidencial, algo aún lejos porque tras una eventual media sanción de Diputados falta la sanción definitiva por el Senado. En el Gobierno se muestran confiados de que, cuando llegue el momento, el tercio de “héroes” saldrá a blindarlo cuando sea necesario: se necesita solo un tercio del recinto y hay varios gobernadores que todavía están dispuestos a defender a capa y espada al Presidente.

Este es el caso de algunos gobernadores del PRO, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut), que exploran la posibilidad de alianzas con La Libertad Avanza en sus distritos. Pero fundamentalmente de los radicales, como Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes): el primero ya cerró una alianza local con LLA que le permitió ganar las elecciones, y el segundo mantiene conversaciones sobre la posibilidad de proponer un mismo candidato a gobernador, aunque hay discusiones sobre el nombre porque LLA no quiere que sea Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador.

Están, además, los que ya dieron el salto y mantienen un vínculo aceitado -y dependiente- con Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Con ellos y la UCR y el PRO, ya subsumidos por la ola libertaria, Milei espera retener el control del Congreso hasta que sea el recambio legislativo.

MC/MC

“Van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte”. “La marcha central es la que convocan los violentos”. “Todos los grupos políticos ligados al kirchnerismo y la izquierda tratan de montarse”.

Patricia Bullrich desplegó toda su narrativa ultra para intentar desprestigiar la marcha de este miércoles frente al Congreso a la que convocan jubilados, médicos del Garrahan, científicos del Conicet, colectivos feministas, grupos de discapacitados y universitarios, apoyados por las centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones tanto peronistas como de izquierda. La ministra de Seguridad montó un fuerte operativo policial, con un extenso vallado en las inmediaciones del Palacio Legislativo para obligar a las columnas de manifestantes a que solo puedan circular sobre la plaza frente al Congreso.

“Si manifiestan con tranquilidad, va a haber tranquilidad”, dijo Bullrich esta mañana en LN+ cuando ya la protesta era importante. “Es un operativo que prevé manifestaciones continuas”, explicó la ministra sobre el modo en que se activó el protocolo antipiquetes, que igualmente no impidió cortes de calles e interrupción del tránsito en el microcentro porteño.

La funcionaria buscó correr el eje de la discusión por el alcance del ajuste de Milei y afirmó que en la protesta habrá grupos de personas “que van a ir con unos alambres para golpear los pies de los policías”. Afirmó contar con videos y material aportado por inteligencia al respecto, pero no ofreció ninguna prueba pública. De hecho primero dijo que “está todo absolutamente en paz, organizamos todo para que sea tranquilo” y luego arremetió: “Hay un nivel de preparación y provocación muy fuerte; hay grupos anarquistas, kirchneristas, todo mezclado, que generan un nivel de violencia enorme”.

Las mismas acusaciones al aire había tirado cuando la represión del 12 de marzo dejó malherido al fotógrafo Pablo Grillo, a quien vinculó con el kirchnerismo. Recién ayer el joven reportero fue dado de alta tras el impacto en su cabeza de una granada de gas lacrimógeno que disparó la Gendarmería, aunque deberá seguir con cuidados. La ministra no se disculpó públicamente al respecto.

Hoy además Bullrich cuestionó que los médicos residentes del hospital pediátrico no hayan desactivado la convocatoria luego de la oferta de mejora salarial que ofreció el Gobierno de pasar de $800.000 a $1.300.000, que igualmente no fue aceptada por los trabajadores hasta tanto no se les garantice en una mesa de diálogo que el aumento impactará en su recibo de sueldo. “No digo que no ganen pocos los residentes, pero ellos aceptaron la oferta. El Gobierno reconoce que habia una medida que estaba mal”, dijo Bullrich.

MC

Este miércoles los jubilados no marcharán solos. Tendrán el apoyo de numerosos colectivos, incluyendo organizaciones de médicos, científicos, migrantes y grupos feministas que decidieron correr un día la movilización por el décimo aniversario de Ni Una Menos –es el 3 de junio– para concentrarse frente al Congreso en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei y bajo el lema “contra el ajuste y la crueldad”.

La movilización está prevista para las 16 y aglutinará a numerosos grupos que se han visto afectados por las políticas y recortes implementados por el Ejecutivo.

Al igual que todas las semanas, la concentración fue convocada en la icónica Plaza del Congreso, y tendrá lugar ante un fuerte protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Además de los jubilados, que reclaman una mejora de sus paupérrimas pensiones –casi dos tercios de ellos reciben sumas que los dejan prácticamente por debajo de la línea de pobreza–, este miércoles saldrán a las calles una serie de colectivos con otros reclamos.

Se espera que el más numeroso sea el colectivo feminista, que, tras cumplirse este martes el décimo aniversario del movimiento Ni Una Menos, decidió mover su tradicional manifestación anual al miércoles, para coincidir con los jubilados y otros grupos vulnerables.

“Unir las luchas es la tarea”, escribió el grupo en sus redes sociales, y agregó: “La salida, siempre colectiva”.

También se harán presentes en la manifestación de este miércoles grupos de científicos argentinos, muchos de ellos empleados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que reclaman contra los recortes presupuestarios sufridos por el sector, por el congelamiento de sus salarios y por la falta de subsidios para la investigación, entre otras cuestiones.

“Los trabajadores de Conicet continuamos movilizados y nos unimos a los jubilados, los trabajadores de salud, las personas con discapacidad, y a todos los sectores afectados por el ajuste y la crueldad del gobierno de Javier Milei. A 10 años del primer Ni una Menos, nos encontramos en las calles”, anticiparon.

Otro colectivo que se manifestará este miércoles será el de los trabajadores del estatal Hospital Garrahan, el centro médico pediátrico más importante del país, que han implementado una serie de medidas de fuerza en los últimos días en reclamo de mejores condiciones, sobre todo para los médicos residentes.

Pese a que este lunes el estado informó a los trabajadores del hospital del otorgamiento de un bono único de 300.000 pesos (unos 250 dólares) en julio, los residentes de la clínica reclamaron que esa suma sea incorporada de forma permanente a sus salarios y hasta entonces decidieron continuar con las medidas de fuerza.

También acudirán colectivos de migrantes, en protesta a la reciente reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo de Milei, que limita el acceso a la ciudadanía, a la educación superior y al sistema de salud, entre otras cuestiones.

Distintos sindicatos, especialmente los que aglutinan a trabajadores estatales, anticiparon que se unirán a la protesta, mientras que también se espera la participación de un número importante de ciudadanos de a pie.

En paralelo con la movilización central en Buenos Aires, también están previstas una serie de manifestaciones en distintos puntos del país.

La de este miércole será la marcha 17° de los jubilados en lo que va del año. En las primeras 15, la represión policial se cobró 129 detenidos y 406 heridos, supo elDiarioAR de un relevamiento realizado por el CELS.

Bullrich activa el protocolo antipiquetes

“Siempre se aplica el protocolo porque es algo que está vigente”. La afirmación que soltó ante elDiarioAR una fuente que rodea a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad revela el estado de situación por estas horas en el Gobierno de cara a la protesta del miércoles que viene frente al Congreso.

En ese marco, Bullrich mantendrá en pie su llamado protocolo antipiquetes, aunque los voceros consultados por este medio buscaron no dar pistas sobre cuál será el alcance definitivo que tendrá el operativo de las fuerzas nacionales. Si bien desde hace varios miércoles se suceden represiones, especialmente violentas contra los trabajadores de la prensa que registran la marcha de los jubilados, siempre en las protestas más masivas el Gobierno prefirió adrede correrse del lugar.

Entonces, la posibilidad de que haya una “zona estéril” alrededor del Congreso cobra fuerza, como ya hizo en la protesta de jubilados que acompañó la CGT luego de la feroz represión del 12 de marzo, cuando fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. La “zona estéril” significa instalar un vallado a lo ancho de toda la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, entre Yrigoyen y Rivadavia, para evitar que cualquier persona sin autorización transite por la zona. De esa manera obliga a los manifestantes a quedar concentrados en la plaza frente al Congreso, así como en zonas aledañas. El piquete lo termina haciendo la policía porque hay cortes de tránsito en varias manzanas a la redonda del Palacio Legislativo.

MM/MG

“Siempre se aplica el protocolo porque es algo que está vigente”. La afirmación que soltó ante elDiarioAR una fuente que rodea a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad revela el estado de situación por estas horas en el Gobierno de cara a la protesta del miércoles que viene frente al Congreso. Se espera una movilización multitudinaria porque en una misma manifestación confluirán una serie de actores que fueron blanco de ataques de Javier Milei en el último tiempo: jubilados, médicos, científicos, universitarios y feminismos.

En ese marco, Bullrich mantendrá en pie su llamado protocolo antipiquetes, aunque los voceros consultados por este medio buscaron no dar pistas sobre cuál será el alcance definitivo que tendrá el operativo de las fuerzas nacionales. Si bien desde hace varios miércoles se suceden represiones, especialmente violentas contra los trabajadores de la prensa que registran la marcha de los jubilados, siempre en las protestas más masivas el Gobierno prefirió adrede correrse del lugar.

Entonces, la posibilidad de que haya una “zona estéril” alrededor del Congreso cobra fuerza, como ya hizo en la protesta de jubilados que acompañó la CGT luego de la feroz represión del 12 de marzo, cuando fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. A Bullrich le costó un tirón de orejas lo desmesurado de esa jornada que terminó con el reportero intenado -que aún sigue muy delicado- y a la semana siguiente tuvo que aceptar una reunión con Santiago Caputo y el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, para que el Ejecutivo comande el operativo: se dispusieron controles en los accesos, mensajes intimidatorios en los trenes y espionaje entre los manifestantes.

También Bullrich debió obligar a los policías a marcha atrás en las dos marchas universitarias del año pasado: en la primera, de abril, el cordón de efectivos se vio desbordado por la cantidad de manifestantes y, en la segunda, en septiembre, instaló un vallado a metros de las escalinatas del Congreso.

¿Habrá “zona estéril”?

La “zona estéril” significa instalar un vallado a lo ancho de toda la fachada del Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, entre Yrigoyen y Rivadavia, para evitar que cualquier persona sin autorización transite por la zona. De esa manera obliga a los manifestantes a quedar concentrados en la plaza frente al Congreso, así como en zonas aledañas. El piquete lo termina haciendo la policía porque hay cortes de tránsito en varias manzanas a la redonda del Palacio Legislativo.

Ese tipo de operativos, según supo elDiarioAR, es el consejo habitual de los jerarcas de la Policía Federal, hoy a cargo del comisario Alejandro Rollé. La PF es la fuerza que dirige el operativo en calle, a los que Bullrich suma la Gendarmería, la Prefetura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En lo formal la presencia de las fuerzas es custodiar los “objetivos federales”, en este caso el Congreso de la Nación. En la práctica, el vallado busca evitar que haya cualquier tipo de contacto entre los manifestantes y los agentes. Existe la orden de que si una persona “toca” a un policía, esta sea detenida ante la excusa de cometer un delito in fraganti.

Pero lo que suele suceder cada miércoles es que la misma policía es la que amedrenta a los manifestantes para evitar que corten la calle o se reúnan. En esa tensión in crescendo es cuando los agentes reprimen con un abanico de armas llamadas no letales pero que pueden causar graves heridos: balas de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta.

La de este miércole será la marcha 17° de los jubilados en lo que va del año. En las primeras 15, la represión policial se cobró 129 detenidos y 406 heridos, supo elDiarioAR de un relevamiento realizado por el CELS.

MC