En 2025, luego de dos años de prórrogas, el Congreso aprobó un nuevo presupuesto nacional para 2026. Sin embargo, las prioridades votadas para este año no necesariamente se verán reflejadas de la misma manera cuando se llegue a diciembre. Si no hay nuevas modificaciones, el gasto destinado a Servicios Sociales cerraría alrededor de 7 puntos por debajo, en términos reales, de lo previsto originalmente. Y dentro de esa finalidad, la situación es todavía más desigual: mientras algunas políticas recibieron refuerzos, otras perdieron recursos incluso en términos nominales. 

¿Qué pasó? El Presupuesto 2026 combinó dos elementos que resultaron determinantes durante su ejecución. Por un lado, estableció que el ejercicio debía cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Por el otro, fue elaborado con una inflación anual estimada en 10,1%, muy por debajo del 17,7% que proyectaba el REM cuando se presentó el proyecto y todavía más lejos de la inflación cercana al 30% que se espera actualmente para este año. 

Esa diferencia importa porque buena parte del presupuesto no se actualiza automáticamente con la inflación. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, mantener una partida en los valores nominales aprobados significa, en los hechos, reducir los recursos con los que cuenta esa política. Y cuando al mismo tiempo existe una meta fiscal que debe cumplirse, la decisión sobre qué partidas actualizar, cuáles no (y de este modo, dejar que pierda valor) y cuáles directamente recortar adquiere una importancia central.

Eso fue lo que ocurrió durante 2026. A la licuación producida por la inflación se sumaron modificaciones presupuestarias realizadas por el Poder Ejecutivo. En mayo, por ejemplo, una Decisión Administrativa redujo el gasto autorizado en $2,44 billones con el objetivo declarado de cumplir la meta de equilibrio o superávit financiero establecida en la ley de presupuesto. Posteriormente hubo ampliaciones, entre ellas para prestaciones sociales, universidades, salud y salarios, pero esos refuerzos fueron selectivos y no alcanzaron a recomponer de manera general la pérdida provocada por la inflación. 

Y no todas las áreas corrieron la misma suerte. Parte de las actualizaciones estuvo vinculada con obligaciones legales, mecanismos automáticos o conflictos que limitaron el margen del Ejecutivo para mantener determinadas partidas congeladas. En Educación, por ejemplo, el principal refuerzo se produjo en el contexto del conflicto por el financiamiento universitario. Al mismo tiempo, otras políticas sociales continuaron perdiendo recursos. En el extremo opuesto, las partidas destinadas a inteligencia recibieron ampliaciones muy superiores a la inflación: el presupuesto de la SIDE pasó de $97.135 millones a $176.916 millones durante el año. 

Este contraste permite ver algo que queda oculto cuando la discusión se reduce a si el Estado alcanzó o no la meta de equilibrio fiscal. La readecuación del gasto no se realiza de manera automática y uniforme sobre todo el presupuesto. Existen decisiones sobre qué gastos se preservan, cuáles se refuerzan y cuáles absorben la pérdida. El equilibrio fiscal puede fijar el límite general, pero dentro de ese límite subsisten derechos y garantías constitucionales que exigen una cierta asignación del gasto.

Por eso, para entender lo ocurrido en 2026 hay que mirar también los años anteriores. Hacia fines de 2023 la reducción del déficit fiscal fue un objetivo central del Poder Ejecutivo, y la disminución del gasto fue el principal instrumento utilizado para alcanzarlo. Durante 2024 y 2025, además, no hubo nuevas leyes de presupuesto: se prorrogaron los créditos existentes en un contexto de inflación elevada. La repetición de partidas en términos nominales facilitó una fuerte reducción de su valor real, a la que se agregaron modificaciones presupuestarias y subejecuciones. 

En ese sentido, 2026 no inauguró esta lógica. Lo que cambió fue el mecanismo. Esta vez había un presupuesto aprobado por el Congreso, pero la combinación entre una inflación subestimada y una meta explícita de equilibrio volvió a colocar al gasto como principal variable de ajuste. De hecho, la propia lógica había sido explicitada anteriormente en el proyecto de Presupuesto 2025: frente a un desvío del escenario macroeconómico, se proponía adecuar el gasto para cumplir con la regla de equilibrio financiero. Esa regla no fue sancionada entonces, pero la Ley de Presupuesto 2026 sí incorporó la exigencia de cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario. 

El problema no es solamente contable. Una ley de presupuesto es una norma jurídica que debe cumplir mandatos constitucionales. La asignación de recursos es uno de los medios fundamentales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Si frente a cada desvío de las variables económicas el resultado fiscal debe permanecer inalterado y el gasto es el que debe adaptarse, la vigencia de esos derechos puede quedar supeditada a un parámetro de mera conveniencia financiera. 

La experiencia de 2026 resulta especialmente relevante para discutir el Presupuesto 2027. Esta vez, la pauta oficial de inflación se encuentra mucho más cerca de las expectativas disponibles. El riesgo aparece en otro lugar: los ingresos. El proyecto prevé un crecimiento nominal importante de los recursos impositivos y aumenta sustancialmente su peso dentro de los ingresos corrientes de la Administración Nacional. Si esa recaudación no se concreta en los niveles previstos y, al mismo tiempo, se mantiene inalterada la exigencia de equilibrio, volverá a aparecer la pregunta sobre qué variable deberá absorber el desvío. 

Después de tres años de fuerte reducción en los recursos destinados a garantizar derechos, la pregunta cobra mayor relevancia. Porque el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a evaluar el escenario bajo las proyecciones iniciales; en un contexto volátil, resulta indispensable prever qué ocurrirá si las variables macroeconómicas divergen de lo estimado. Frente a desfasajes entre lo proyectado y lo que efectivamente suceda, ¿cómo se evitará que sean las partidas vinculadas a derechos las que absorban la diferencia? 

El autor es economista del programa Justicia Distributiva de ACIJ

En el debate político actual suele hablarse de números, equilibrios fiscales y planillas de cálculo como si fueran frías abstracciones. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria que se recorta o se congela hay historias concretas, familias angustiadas y derechos básicos vulnerados. Nada ejemplifica con mayor crudeza esta realidad que lo que está sucediendo en el ámbito de la discapacidad en la Argentina.

Hasta hace muy poco, el gobierno nacional venía ejecutando un cumplimiento extremadamente parcial de la ley de emergencia en discapacidad. Si bien aplicaba un ajuste mensual de las prestaciones alineado con la inflación, arrastraba una deuda estructural insostenible: jamás compensó la pérdida de los dos años previos en los que los aranceles quedaron absolutamente congelados. Como resultado de ese desfasaje, los valores de referencia del nomenclador continuaron en niveles críticos. A esto se sumó el incumplimiento sistemático de otro pilar fundamental de la norma, del cual fui autor e insistí en reiteradas oportunidades: la correcta implementación de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Las cifras del deterioro hablan por sí solas. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alarmante 320,0%, los aranceles destinados a servicios esenciales como hogares, rehabilitación y transporte apenas se actualizaron en un 233,8%. La situación resulta aún más grave para los centros de día, los centros educativos terapéuticos, la escolaridad y los apoyos a la inclusión, cuyos montos sólo recibieron un ajuste del 219,8%. Esta brecha, generada y profundizada en los últimos años, la están sosteniendo a fuerza de sacrificio las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales e instituciones del sector que se encuentran al borde de la quiebra. El caso de los talleres protegidos es especialmente dramático, porque también sufren la caída del consumo y la recesión económica.

Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo decidió ir más lejos al presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La propuesta oficial pretendía romper el compromiso de mantener la actualización mensual por inflación y, lo que es peor, desarticular la universalidad del nomenclador único fijado por una ley de los años noventa.

La idea de eliminar un arancel regulado para que cada empresa de medicina prepaga u obra social negociara de forma individual las prestaciones con cada familia constituye un despropósito conceptual e institucional. Hablar de un “acuerdo entre privados” y una “negociación libre” en este contexto es desconocer la realidad más elemental: una madre o un padre que pelea por la cobertura de las terapias de su hijo frente a una corporación de salud jamás se encuentra en una posición de igualdad. No hay negociación posible cuando una de las partes depende del tratamiento para tener una vida digna y la otra solo busca optimizar un margen de ganancia.

A la par, el proyecto oficial buscaba eliminar artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad y reinstaurar el viejo y restrictivo esquema de pensiones por invalidez laboral, generando un grave retroceso en materia de derechos adquiridos.

Frente al rechazo generalizado del colectivo de la discapacidad y la resistencia de aliados políticos que se negaron a convalidar semejante avasallamiento, el gobierno debió dar marcha atrás. En los últimos días pasó de una postura intransigente –que asfixiaba al sistema de prestaciones– a lograr un dictamen de mayoría en Diputados que aceptará conservar el nomenclador único, mantener el ajuste mensual por inflación y dar curso a las pensiones por discapacidad integrando aspectos centrales de la ley de emergencia.

Cabe preguntarse a qué responde este repentino cambio de postura. ¿Estará influenciado por la cercanía de la visita del Papa o simplemente por la imposibilidad matemática de aprobar un presupuesto tan despiadado en el Congreso? Hay que tener una templanza especial para creer en la sinceridad de este giro de 180 grados, pero esa es la fotografía de la situación hoy.

Sin embargo, también el dictamen de mayoría presenta algunos huecos legales. La sociedad y las organizaciones representativas se mantienen en alerta para exigir la plena compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, la garantía absoluta de la cobertura de salud bajo la ley 24.901, el financiamiento adecuado para los talleres protegidos y el pago integral de todas las compensaciones adeudadas.

El reclamo es urgente y no admite dilaciones. La dignidad de las personas con discapacidad y la preservación de sus derechos no pueden estar sujetas al regateo político ni a la insensibilidad de un plan de ajuste.

*El autor es exdiputado nacional y autor de la ley de emergencia en discapacidad.

El Presupuesto 2027 prevé que la inversión educativa del Estado nacional crezca en términos reales: Pero el aumento no alcanza para recuperar lo perdido en los últimos años y sacar lo invertido en educación de sus mínimos históricos. Es más, sigue 44,4% más abajo que lo que se destinó en 2023, cuando el reparto del dinero del Estado aún no estaba en manos de Javier Milei y su motosierra.

Según el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso, la función Educación y Cultura representaría el 0,79% del PBI, un nivel casi idéntico al de 2025 y 2026 y muy lejos del 1,42% que alcanzaba en 2023. El dato surge de un informe de Argentinos por la Educación elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada.

“A pesar de la recuperación prevista, la inversión nacional en educación seguirá en niveles históricamente bajos en relación con el tamaño de la economía”, dice el informe.

De acuerdo con el análisis, el gasto pasaría de $8,8 billones en 2026 a 9,3 billones en 2027, medidos a valores constantes de 2026. Eso equivale a una mejora real del 5,6% (27,2% en términos nominales), calculada con una inflación promedio del 20,5% proyectada por el propio Gobierno. Pero la comparación con 2023 cambia la lectura: ese año el gasto educativo nacional había llegado a 16,7 billones, por lo que la caída acumulada hasta 2027 sería del 44,4%. El punto más bajo se registró en 2025, cuando la pérdida frente a 2023 alcanzó el 47,6%.

“La evolución de largo plazo muestra que el gasto educativo nacional cayó de manera sostenida desde 2017 hasta 2020 y luego se recuperó hasta 2023”, agrega el informe.

Virginia Giordano, economista de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), asegura que “el informe muestra con claridad la magnitud de la caída de la inversión educativa nacional: pasó de representar el 1,42% del PIB en 2023 al 0,79% previsto para 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 marca un cambio de tendencia, con un crecimiento real del 5,6%, aunque se trata de una recuperación moderada frente a la reducción acumulada de los últimos años”.

Un gasto estancado frente al PBI

En relación con el tamaño de la economía, el gasto nacional en Educación y Cultura pasó del 1,42% del PBI en 2023 al 0,86% en 2024 y al 0,78% en 2025. Para 2026 y 2027 se proyectan 0,77% y 0,79%, una “amesetamiento” que el informe marca como rasgo central del período. De cada 100 pesos del Presupuesto, 5,63 irían a esta función en 2027, contra 5,55 en 2026 y 5,35 en 2025.

Las universidades concentran la mayor parte de ese gasto: pasaron del 0,71% del PBI en 2023 al 0,52% en 2025 y se proyectan en 0,53% para 2027. La educación obligatoria y superior no universitaria, en cambio, cayó del 0,32% al 0,08% del PBI entre 2023 y 2025 y se mantendría en ese nivel.

El panorama debe leerse junto con la estructura del financiamiento: las provincias concentran cerca del 75% del gasto público en educación, mientras que el Presupuesto nacional sostiene sobre todo a las universidades y a programas de alcance federal. A fines de 2025, además, el Congreso derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso de inversión consolidada del 6% del PBI con vigencia desde 2026. Esa meta solo se había cumplido en 2015.

El proyecto de Presupuesto nacional 2027 significa la continuidad del desfinanciamiento de la función educativa observado desde la asunción del actual gobierno

Juan Doberti — Docente e investigador de la UBA

“El informe expone que el proyecto de Presupuesto nacional 2027 significa la continuidad del desfinanciamiento de la función educativa observado desde la asunción del actual gobierno, lo cual significa una baja global del 35% con respecto al promedio del período 2017-2023. Además, se precisa que el Estado nacional se focaliza casi exclusivamente en el nivel universitario, que pasa de representar el 57% del presupuesto educativo nacional en 2023 al 80% en 2027, e incumple la ley vigente de financiamiento universitario. Los programas destinados a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario contienen mermas más significativas (pasan del 0,32% al 0,08% del PIB entre 2023 y 2027) por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Plan Conectar Igualdad, así como la reducción de la mayoría de los programas restantes”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. Y agrega: “Aun en el caso de cumplirse los supuestos optimistas del Gobierno en términos de inflación, crecimiento económico y recaudación impositiva, el rasgo distintivo del proyecto de Presupuesto nacional 2027 es la consolidación del desfinanciamiento educativo”.

Dónde se concentran los recursos

La Educación Universitaria se llevaría el 80,1% del presupuesto de la Secretaría de Educación, con un aumento nominal del 20,9% que, descontada la inflación, equivale a apenas 0,3% real. El informe advierte que ese monto no contempla la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento está pendiente: hacerlo implicaría, según estimaciones, una ampliación real cercana al 30% respecto de 2026.

A principios de mes, los resultados de las pruebas PISA dejaron en blanco sobre negro el deterioro de la educación en los años que lleva en el gobierno Javier Milei. Mostraron el impacto de la falta de presupuesto ya que revelaron una caída respecto de 2022, el año de la pandemia y el peor de todos hasta ahora. De los 91 países que participan de la prueba, Argentina quedó en el puesto 75 en Matematica, 62 en Lectura y 71 en Ciencias. Es decir, bajó en todas las áreas evaluadas.

En ese contexto, el Presupuesto 2027 no parece apuntar a revertir esos resultados. Si bien está previsto incorporar el Compromiso Federal por la Matemática, además de la extensión de la jornada escolar, la producción y distribución de materiales pedagógicos y recursos digitales, la formación docente, la evaluación y el monitoreo, y la participación de las familias y la comunidad, el proyecto no identifica una partida presupuestaria específica para su financiamiento.

Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles

Javier Curcio — coautor del informe

Javier Curcio, coautor del informe, afirma: “El refuerzo del Programa Nacional de Alfabetización y la incorporación de nuevas líneas para fortalecer aprendizajes fundamentales, como Matemática, son señales positivas. Sin embargo, estos avances deben analizarse en el marco de la contracción del financiamiento educativo de los últimos años. Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles. En lo referido a la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, dado el rol estratégico de las universidades nacionales en la formación de capital humano, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social del país.”

Los programas de educación obligatoria y superior no universitaria, que representan el 12,5% del gasto de la Secretaría, crecerían 11,2% en términos reales. El Plan Nacional de Alfabetización alcanzaría los $773.830 millones de pesos (8,3% del total), con la jornada extendida como principal destino. En cambio, Infraestructura y Equipamiento pesaría apenas 0,3% del presupuesto de la Secretaría, contra el 3,1% ejecutado en 2025.

Giordano plantea que “en los últimos años, el aporte nacional a la educación básica redujo su peso dentro del financiamiento del sistema. Este cambio no debería analizarse únicamente como una menor participación del Estado nacional, sino también como un avance hacia una distribución más clara de responsabilidades dentro del esquema federal. La gestión cotidiana de las escuelas, su organización y su financiamiento corresponden principalmente a las provincias, mientras que la Nación debe concentrar su rol en la coordinación del sistema, la definición de objetivos comunes y estándares de calidad, la evaluación de resultados y la generación de información pública. Estos objetivos deberían ser concretos, medibles y permitir monitorear avances que vayan más allá de los aprendizajes mínimos evaluados actualmente”.

Dentro del Presupuesto, Educación y Cultura es la tercera función con mayor incremento nominal, detrás de Salud (39,8%) e Información y Estadística Básicas (28%). La Secretaría de Educación, que ejecutaría el 82% de los fondos de la función, tendría una suba real más moderada, de 2,1%. El informe recuerda también que el Presupuesto 2026 había previsto una inflación de 13,8%, frente al 32,3% que se estima hoy.

El proyecto todavía debe discutirse en el Congreso: su primer tratamiento está previsto para el 7 de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90 y dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

La jefa de senadores oficialistas, Patrici Bullrich, se quejó este jueves de la manera en que se enteró de las modificaciones al leer el texto y aseguró estar “sorprendida”. “Estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. Y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, relató la exministra de Seguridad.

“Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto o como que los engañaste. Entonces eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Veremos qué es lo que manda Diputados a Senado. Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué nos llega a los senadores porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, concluyó.

Horas antes, las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, ya habían revelado públicamente que se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición, el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

En el mismo sentido, un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado, también se quejó: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”. La idea de libertarios y senadores cercanos al oficialismo era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad –como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

Los chispazos entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso también quedaron expuestos en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

De acuerdo a la información publicada este miércoles por elDiarioAR, los aliados sospechan de una interna del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

Más recortes en Discapacidad

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación“.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

La lista completa de las obras proyectadas por provincia

1. Provincia de Buenos Aires

Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín (Cabrera 222, Junín). Importe total a devengar: $2.806.259 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $5.236.800 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección/registro). Importe total a devengar: $1.700.000 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.275.750 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $1.755.000 miles

Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca (otra sección). Importe total a devengar: $2.119.500 miles

Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique Nº 1, de la BNPB. Importe total a devengar: $4.125.378 miles

Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina - Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Importe total a devengar: $3.367.320 miles

Readecuación y Mejora de los Edificios 5 y 13, Impermeabilización de Techos y Actualización de Tableros Eléctricos del Centro Atómico Constituyentes (San Martín). Importe total a devengar: $1.980.998 miles

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Templado Cálido – Zona IIIa – Marcos Paz (GEF 4861). Importe total a devengar: $2.980.787 miles

Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote. Importe total a devengar: $46.135.945 miles

Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR) - Ramal Constitución - La Plata de la Línea Gral. Roca. Importe total a devengar: $7.600.000 miles

Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Importe total a devengar: $74.997.440 miles

Construcción de Puente Ruta Nacional N° 35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasico), Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles

Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N° 3, Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles

Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas y Helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar (Programa F-16). Importe total a devengar: $10.579.134 miles

Incorporación de Equipos de Transporte Anfibio, Equipos Sanitarios, de Comunicaciones y Militar para el GOE, Moreno. Importe total a devengar: $2.888.742 miles

Refuncionalización del Pabellon para el Servicio de Rehabilitación. Importe total a devengar: $1.384.787 miles

Préstamo para Incorporación de DOS (2) Fragatas Multimisión, Base Naval Puerto Belgrano (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: USD 1.200.000.000

Préstamo para Adquisición de TRES (3) Submarinos convencionales, Base Naval Mar del Plata (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: USD 2.300.000.000

2. Provincia de La Pampa

Adecuación de Edificio Adquirido - Juzgado Federal de General Pico (Calle 18 Nº 845). Importe total a devengar: $2.871.657 miles. 

Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa (Av. San Martín Oeste 153). Importe total a devengar: $4.909.704 miles

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 151, Tramo: Lte. Con Río Negro - Emp. R.N.N°143. Importe total a devengar: $21.518.600 miles. 

Ruta Nacional N° 22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado). Importe total a devengar: $3.173.460 miles

3. Provincia de San Juan

Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan (Entre Ríos Sur 282). Importe total a devengar: $1.835.371 miles

4. Provincia de Río Negro

Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal - Cámara Federal de Apelaciones General Roca (España 1690). Importe total a devengar: $1.261.483 miles

Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación (incluye RA-6) (Compartido con otras provincias). Importe total a devengar: $2.892.346 miles

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche. Importe total a devengar: $2.500.000 miles

5. Provincia de Tucumán

Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán (Congreso N°319). Importe total a devengar: $1.220.268 miles. 

Construcción de Acueducto Vipos (BID 5578 OC-AR). Importe total a devengar: $148.257.172 miles

Obras de Seguridad Sobre Rutas Nacionales N° 9 y N° 38, Tramo: Monteros - Ciudad de Tucumán. Importe total a devengar: $3.124.000 miles

Obra de Repavimentación y Mantenimiento, Tramo: Lte. Tucumán/Catamarca - Aguilares. Importe total a devengar: $24.670.012 miles

6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial - Etapa I (Viamonte 2151). Importe total a devengar: $18.329.571 miles

Restauración de fachadas interiores de azoteas - Etapa II - Palacio de Justicia (Talcahuano 550). Importe total a devengar: $1.800.000 miles

7. Provincia de Neuquén

Remodelación y ampliación del edificio sede de la ciudad de Neuquén. Importe total a devengar: $1.662.500 miles

Mantenimiento Rutinario (TFO) Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas - Lte. con Chile (Po. Pino Hachado). Importe total a devengar: $4.475.000 miles

Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 237 Tramo: Ea. Alicura 9 Km (D) - A. Limay Chico. Importe total a devengar: $31.687.500 miles

Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40. Importe total a devengar: $22.500.000 miles

8. Provincia de Misiones

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Muy Cálido – Puerto Iguazú (GEF 4861). Importe total a devengar: $3.141.370 miles

Obra de Conservación Mantenimiento y Refuerzo de Puentes S/ A° Ita-Curuzú y S/ A° Caraguatay, Ruta Nacional N° 12. Importe total a devengar: $1.278.000 miles

Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas). Importe total a devengar: $27.946.757 miles

Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Posadas. Importe total a devengar: $1.271.848 miles

9. Provincia de Corrientes

Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido – Zona IIb – Paso de los Libres (GEF 4861). Importe total a devengar: $2.885.167 miles

Construcción de Variante de Paso Por La Ciudad de Corrientes En Ruta Nacional N° 12. Importe total a devengar: $17.665.047 miles

10. Provincias varias (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe)

Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6. Importe total a devengar: $2.892.346 miles

11. Provincias de Catamarca y Santiago del Estero

Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras - Provincias de Catamarca (QUIROS) y Santiago del Estero (FRIAS) (BID 5578/OC-AR). Importe total a devengar: $97.753.467 miles

12. Provincia de Salta

Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay – San Antonio de Los Cobres. Importe total a devengar: $30.613.305 miles

13. Provincia de La Rioja

Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Lte. con Catamarca. Importe total a devengar: $22.420.121 miles. 

Obra de Mantenimiento En Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. Con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión). Importe total a devengar: $19.266.400 miles

Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38. Importe total a devengar: $12.279.299 miles

Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38 (La Rioja y Catamarca). Importe total a devengar: $112.814.415 miles

14. Provincia de Jujuy

Mantenimiento Rutinario (TFO) 2025 - 2026 Provincia de Jujuy. Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 52. Importe total a devengar: $13.838.656 miles

Construcción de Puente Sobre Aº Zanjón y Accesos Sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma. Importe total a devengar: $10.349.091 miles

Préstamo para Parque Fotovoltaico Cauchari- Plantas Cauchari Solar IV y V (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: USD 250.000.000

15. Provincia de Santa Fe

Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario - Santa Fe. Importe total a devengar: $21.275.000 miles

Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: Sancti Spiritu - Circunvalación de Rosario. Importe total a devengar: $9.687.621 miles

Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Ruta Nacional N° 178, Tramo: Emp. RN 33 - Las Rosas. Importe total a devengar: $47.850.000 miles

Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito. Importe total a devengar: $1.672.000 miles

Construcción de Terceros Carriles En RNn°9: Autopista Buenos Aires - Rosario. Importe total a devengar: $7.985.000 miles

16. Provincia de Chubut

Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27. Importe total a devengar: $39.352.005 miles

Duplicacion de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N° 3; Tramo: RN A010 - Trelew. Importe total a devengar: $15.107.350 miles

Malla Crema 632 – RN 40 y RN 259 - Provincia de Chubut. Importe total a devengar: $29.455.665 miles

17. Provincia de Santa Cruz

Mantenimiento Rutinario (TFO) - Provincia de Santa Cruz. Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293. Importe total a devengar: $27.373.125 miles

Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. De Santa Cruz. Importe total a devengar: $27.560.000 miles

Obra de Reparación Integral de Los Tableros de Los Puentes Sobre El Rio Santa Cruz. Ruta Nacional N° 3. Importe total a devengar: $11.653.000 miles

Construcción de Dos puentes nuevos sobre el Rio Santa Cruz en Ruta Nacional N° 3. Importe total a devengar: $30.310.000 miles

18. Provincia de Tierra del Fuego

Transferencias de Funciones Operativas en la Pcia. de Tierra Del Fuego. Importe total a devengar: $2.736.000 miles

Construcción de Obra Basica y Pavimento en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem – Acceso a Parque Nacional Tierra Del Fuego. Importe total a devengar: $11.673.962 miles

Construccion de Nuevos Puentes Sobre Río Bella Vista y Río Rasmussen En Ruta Nacional Comp B. Importe total a devengar: $5.500.000 miles

19. Provincia de Catamarca

Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Rio Ongoli. Importe total a devengar: $12.279.299 miles

20. Provincia de Formosa

Río Bermejo - Defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa. Importe total a devengar: $1.640.994 miles

21. Provincia del Chaco

Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia En Ruta Nacional N° 11. Importe total a devengar: $27.131.189 miles

Crema Malla 405A – Obras de Recuperación y Mantenimiento; Tramo: Emp. R.P. N° 13 – General Pinedo, Chaco – Quimilí, Santiago del Estero. Importe total a devengar: $134.141.084 miles

22. Territorio Antártico Argentino

Construcción de un Muelle para ampliar la Capacidad Operativa de la Base Antártica Conjunta PETREL (Cabo Wellchness, Isla Dundee). Importe total a devengar: $30.433.096 miles.

El Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con las personas con discapacidad. Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. El Presupuesto 2027 no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90: una fantasía impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

Las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición: el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

“Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”, se quejó un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado. La idea era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad – como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

El Presupuesto 2027, por un lado, desmantela la ley de emergencia de discapacidad que se sancionó el año pasado, Milei vetó, el Congreso insistió, se buscó eliminar en el Presupuesto y la oposición rechazó en el recinto. El proyecto propone volver al modelo de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como única vía legal y directa para acceder a una pensión (que pasará a quedar a manos de la discrecionalidad del Ejecutivo). La incompatibilidad laboral se vuelve automática y no por dos sueldos mínimos, como establece la ley para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Lo más grave es que barre con el sistema de prestaciones que viene funcionando desde hace 30 años. No solo elimina la actualización mensual obligatoria de las prestaciones (que se estableció en la ley de emergencia), sino que elimina el arancel único que paga cada obra social y prepaga a los prestadores. La idea del Ejecutivo –cuyo autor intelectual es Lugones– es liberar a cada obra social y prepaga pueda definir los vales y las terapias que cubre. 

Quitan, además, la garantía legal de cobertura de salud. Es decir que la cobertura médica obligatoria dejará de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones.

“Esto es invotable”, advirtieron los representantes de las provincias de Misiones, Córdoba y Santa Fe. 

“División de poderes”

El cortocircuito entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso quedó expuesto en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

Los aliados sospechan de una interna del Gobierno: Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

MCM

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá en 2027 un presupuesto 87% mayor al que había recibido originalmente para 2026. El proyecto que Javier Milei envió este martes al Congreso contempla $181.472 millones para el organismo que conduce Cristian Auguadra, frente a los $97.135 millones con los que había comenzado este año. En el medio hubo una diferencia decisiva: a lo largo de 2026, el Gobierno reforzó la caja de la central de inteligencia en casi $80.000 millones a través de dos DNU.

Ese recorrido queda parcialmente oculto en las planillas del nuevo Presupuesto. Allí, el Ministerio de Economía toma como punto de comparación los $176.916 millones que la SIDE tiene actualmente disponibles y no la partida con la que comenzó el año. Por eso, oficialmente, el salto previsto para 2027 aparece reducido a apenas 2,6%: $4.556 millones adicionales.

La foto completa es otra. Entre el presupuesto original y las sucesivas ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo, los recursos de la SIDE crecieron durante 2026 alrededor de 82%. Y si la comparación se extiende hasta los $181.472 millones proyectados para el próximo ejercicio, la nueva base presupuestaria de la inteligencia argentina queda casi 90% por encima de aquella con la que Auguadra había arrancado el año.

El primer salto ocurrió en julio. A través del DNU 594/2026, el Gobierno incorporó unos $49.261 millones para la SIDE y llevó el crédito del organismo hasta aproximadamente $146.397 millones. De aquella ampliación, $7.466 millones fueron destinados a gastos reservados, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre salarios, equipamiento y gastos de funcionamiento.

La segunda ampliación llegó a comienzos de septiembre, apenas unos días antes de que el Poder Ejecutivo terminara de cerrar el proyecto de Presupuesto que enviaría al Congreso. El DNU 867/2026 agregó otros $30.519 millones al programa de Información e Inteligencia y terminó de llevar el crédito vigente hasta los $176.916 millones que ahora aparecen como base de comparación para 2027.

El movimiento adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el ajuste acumulado en otras áreas del Estado desde la llegada de Milei. Mientras el Presidente reforzó los fondos de la SIDE, el proyecto mantiene partidas todavía muy por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. Según un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) sobre el Presupuesto 2027, el gasto destinado a educación y cultura se mantiene cerca de un 40% por debajo de 2023 en términos reales, mientras que en ciencia y tecnología la caída ronda el 30% y la obra pública permanece aproximadamente 60% por debajo de aquel nivel.

La trayectoria de la inteligencia fue distinta. En 2023, último año completo antes de la llegada de Milei, la central todavía funcionaba bajo la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); al año siguiente, el Gobierno la disolvió y restituyó la SIDE como órgano superior de un sistema dividido en distintas agencias. Desde entonces, el área recorrió el camino inverso al de buena parte de la administración pública: según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la SIDE acumulaba hasta agosto de 2026 un aumento del 42% en términos reales respecto del mismo período de 2023, mientras que el gasto total de la Administración Pública Nacional había caído un 32% en la misma comparación.

Entre el Papa y Malvinas

El movimiento presupuestario acompañó una transformación más amplia de la SIDE bajo la conducción de Cristian Auguadra y el diseño político de Santiago Caputo. Una primera explicación pública sobre el destino de esos recursos apareció el 25 de agosto, cuando Auguadra se presentó por primera vez desde su llegada al organismo ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja.

La reunión concentró durante varias horas a buena parte de la cúpula de la inteligencia argentina en el quinto piso del anexo del Senado. Junto a Auguadra estuvieron, entre otros, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, y el director de Operaciones, Diego Kravetz. Los legisladores preguntaron por el Plan de Inteligencia Nacional, el funcionamiento del nuevo Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la cooperación con agencias extranjeras y, especialmente, por el crecimiento de los fondos reservados.

Fue allí donde la conducción de la SIDE puso sobre la mesa una de las justificaciones para el incremento presupuestario. Según pudo reconstruir entonces elDiarioAR, los gastos secretos habían pasado de alrededor de $19.000 millones a $27.000 millones y Auguadra vinculó los aproximadamente $8.000 millones adicionales con las necesidades operativas y de seguridad previstas para una futura visita del papa León XIV a la Argentina. Hasta ese momento, la SIDE había ejecutado unos $12.019 millones en gastos reservados y se comprometió a remitir a los legisladores información adicional sobre su utilización.

Pero la explicación sobre el Papa convivió con otra definición que anticipaba hacia dónde buscaba orientar la nueva conducción parte de las capacidades de inteligencia. Auguadra habló ante los legisladores de la necesidad de proteger recursos estratégicos como el petróleo, el gas, el litio y el cobre y mencionó expresamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la proyección sobre la Antártida como asuntos que requerían capacidad estatal para anticipar amenazas.

Apenas nueve días después de aquella presentación, Malvinas dejó de ser un ejemplo utilizado puertas adentro para convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda presidencial. El 3 de septiembre, Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión y anunció un paquete de medidas. La SIDE había participado directamente de la preparación de ese giro. Durante los meses anteriores, el organismo elaboró un informe de inteligencia sobre el proyecto petrolero Sea Lion, con información sobre movimientos de buques, puntos de extracción e imágenes satelitales.

Ese trabajo terminó funcionando como una de las bases informativas de la ofensiva que Milei hizo pública. Después de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con sanciones contra compañías vinculadas a actividades en las islas y comenzó a preparar una modificación legislativa para ampliar el alcance de las penalidades, incluso sobre proveedores y otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.

El episodio encajó además con el perfil que Caputo pretende imprimirle a la nueva SIDE, más orientada hacia la contrainteligencia, las amenazas externas y la protección de intereses estratégicos. Malvinas apareció así como una primera vidriera pública de esa doctrina. Un movimiento que tuvo esta semana otro capítulo con la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación, presentado por la SIDE como una estructura profesional destinada a trascender las administraciones de turno y nutrirse de perfiles especializados.

El nuevo estatuto establece una carrera para los agentes con mecanismos de ingreso y promoción basados en criterios técnicos, capacitación y evaluaciones de desempeño, en lugar de tomar la antigüedad como criterio determinante. La reforma, que comenzará a implementarse plenamente desde el 1° de enero de 2027, forma parte del mismo proceso de reorganización iniciado con el polémico DNU de enero pasado y busca dotar a la central de cuadros propios para las nuevas funciones que el Gobierno pretende asignarle.

PL/MG

“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.

En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.

La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.

Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.

Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.

El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.

La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.

El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.

El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”

MC

Apenas unas horas después de que el Gobierno enviara al Congreso el Presupuesto 2027, Diego Santilli pondrá en marcha la negociación política necesaria para intentar convertir las proyecciones de Luis Caputo en una ley. El jefe de Gabinete recibirá entre este miércoles y el jueves a siete gobernadores en tres reuniones en la Casa Rosada, con una agenda que no se agotará en las cuentas públicas: el oficialismo también buscará apoyos para la reforma electoral y el nuevo proyecto sobre Malvinas.

La primera cita será hoy a las 15, cuando Santilli reciba a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Será el primer contacto formal con un grupo de mandatarios provinciales después de que el Ejecutivo girara el proyecto a Diputados y, sobre todo, el comienzo de una discusión en la que los gobernadores buscarán llevar la conversación desde las grandes variables macroeconómicas hacia un terreno bastante más concreto: cuánto dinero habrá para las provincias y qué margen existe para recuperar recursos y obras después de tres años de ajuste.

La ronda continuará el jueves. Por la mañana, Santilli recibirá junto con Caputo al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, una presencia que le dará a ese encuentro un carácter particularmente económico. Pasado el mediodía será el turno del chaqueño Leandro Zdero y, por la tarde, el jefe de Gabinete cerrará las conversaciones con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Las reuniones representan el paso inmediatamente posterior a la mesa política que se realizó el martes en la Casa Rosada. Allí, Caputo presentó ante el núcleo político del Gobierno las variables con las que fue confeccionado el Presupuesto: 4% de crecimiento del PBI, una inflación promedio del 21,1%, salarios creciendo 25,4%, exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un superávit comercial de más de US$15.000 millones. Para el dólar se calculó un promedio anual de $1.728.

El Gobierno también volvió a colocar el superávit fiscal como condición innegociable del programa. Ese punto será precisamente uno de los límites con los que Santilli deberá negociar con las provincias: cualquier concesión que implique mayores partidas deberá convivir con la decisión de Milei y Caputo de no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

La discusión comienza, además, sobre un Presupuesto que llega después de tres años de fuerte contracción del gasto. El proyecto establece $202,10 billones de gasto total para la Administración Nacional y, aunque contempla algunas recuperaciones respecto del presupuesto vigente, mantiene varias áreas muy por debajo de los niveles de 2023. Es allí donde puede aparecer una de las principales tensiones con los gobernadores, especialmente alrededor de la obra pública y la infraestructura, dos rubros que durante toda la gestión de Milei formaron parte de las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La denominada “ley de leyes” comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados durante la primera semana de octubre. Hasta entonces, la Casa Rosada intentará detectar qué reclamos provinciales pueden ser atendidos sin alterar el corazón del programa fiscal y, sobre todo, qué gobernadores están dispuestos a traducir el diálogo con Santilli en votos de sus diputados y senadores.

Una negociación que va más allá del Presupuesto

El oficialismo pretende aprovechar las reuniones para avanzar también sobre otras prioridades. Una es la reforma electoral, cuyo debate comenzó a moverse en el Congreso y para la cual La Libertad Avanza todavía necesita ampliar su base de apoyos. La modificación de las PASO y del sistema electoral exige una mayoría especialmente difícil de construir, por lo que la posición de los gobernadores vuelve a ser determinante.

El asunto fue discutido el martes en la mesa política. Patricia Bullrich repasó allí el comienzo del tratamiento en comisiones y el estado de las conversaciones parlamentarias. La estrategia oficial pasa por evitar una votación hasta contar con los números necesarios, mientras Santilli trabaja sobre los mandatarios provinciales que pueden inclinar a sus legisladores. Jalil y Zdero se encuentran entre los gobernadores que expresaron respaldo a la reforma.

El tercer tema será Malvinas. El Gobierno busca avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, preparado durante las últimas semanas por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que contempla endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa forma parte de la nueva ofensiva política que Milei puso en marcha alrededor del reclamo de soberanía y que ahora pretende trasladar al Congreso. Las tres discusiones tienen calendarios y dificultades diferentes, pero comparten una misma necesidad: votos que La Libertad Avanza no puede garantizar por sí sola.

PL

El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.

Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.

Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce de elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.

Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.

El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.

El Gobierno giró esta noche el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias.

Las principales proyecciones para 2027

El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

“A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%”, señala el proyecto.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 “no se trata de una predicción”, sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Superávit fiscal como regla

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.

Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.

El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una “regla fiscal inalterable” y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Recursos y gasto

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

El resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.

En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

Los recursos para las universidades alcanzarán los 7,3 billones de pesos.

El análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP)

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, esta vez con Luis Caputo sentado a la mesa y a pocas horas de que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto 2027. El ministro de Economía llevó ante el núcleo político de Javier Milei las principales variables con las que la administración libertaria proyecta atravesar el próximo año, mientras Patricia Bullrich repasó la agenda que el oficialismo intentará empujar en el Congreso: en resumen, estima una inflación de 18% para el año próximo y un dolar que lllegará a diciembre del 2027 en $1.847,6.

El encuentro tuvo así un componente diferente respecto de las últimas reuniones. Con el Presupuesto como telón de fondo, Caputo expuso ante Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros integrantes de la mesa, los números sobre los que estará construido el proyecto y que el Gobierno pretende convertir también en parte de su argumento político de cara a 2027.

Según la presentación del ministro, el Ejecutivo proyecta para el año próximo un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% punta a punta, mientras que el promedio lo ubicó en 21,1%, además de un aumento del salario promedio del 25,4%. Se trata, por ahora, de estimaciones oficiales que suponen la continuidad del proceso de crecimiento y una mejora de los ingresos por encima de los precios, dos variables especialmente sensibles para una administración que necesita que la estabilización macroeconómica termine de traducirse con mayor claridad en el bolsillo antes de las elecciones.

“Para 2027 se asume un crecimiento del PIB del 4,0% anual. El tipo de cambio nominal se proyecta en $1.847,6 en diciembre de 2027 (+15,5%) y la inflación desacelera al 18,0% interanual en el mismo período”, dice el texto del proyecto

Los números están en línea con el relato que la Casa Rosada comenzó a ordenar en los últimos días. Milei pretende llegar a la campaña defendiendo los resultados acumulados desde 2023 y discutiendo la percepción de una economía que todavía muestra dificultades en distintos sectores. En ese sentido, el Presupuesto no funcionará únicamente como una hoja de cálculo sobre los ingresos y gastos del Estado: también ofrecerá una primera versión oficial del país que el Gobierno promete para el año en que el Presidente buscará su reelección.

Caputo también anticipó que el proyecto volverá a contemplar un resultado fiscal positivo. El Gobierno sostiene que, de cumplirse esa previsión, la Argentina completará cuatro años consecutivos con superávit en la línea financiera sin encontrarse en default. El equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la principal bandera económica de Milei, aun cuando el debate presupuestario obligará al oficialismo a explicar cómo piensa sostenerlo y, al mismo tiempo, atender las demandas de recursos que llegan desde distintos sectores y las provincias.

Las estimaciones oficiales incluyen además exportaciones por más de US$130.000 millones y un saldo comercial favorable de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones. Para el dólar, el proyecto utilizará un tipo de cambio promedio anual de $1.728.

En la Casa Rosada se ocuparon especialmente de relativizar el alcance de ese último número. Sostienen que no debe interpretarse como una predicción del valor que tendrá el dólar, sino como el resultado de aplicar la inflación estimada para 2027 sobre el tipo de cambio actual. La aclaración busca evitar que una de las cifras más sensibles del Presupuesto termine convertida en una referencia cambiaria para el mercado y, al mismo tiempo, deja al descubierto los límites que el propio Gobierno le asigna a las proyecciones incluidas en el proyecto.

La discusión económica se produce, además, después de que Milei bajara el lunes ante sus funcionarios y legisladores una línea política para encarar el camino hacia 2027. El Presidente reivindicó los resultados de su programa, pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida por la Argentina y sostuvo que el oficialismo deberá contrastar sus números con la situación que recibió al asumir en diciembre de 2023. La apuesta oficial será que la discusión electoral se ordene alrededor de esa comparación, más que sobre las dificultades que persistan al final de su mandato.

Del Presupuesto a la agenda electoral

La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al Congreso. Allí tomó protagonismo Patricia Bullrich, quien informó sobre el comienzo del debate en comisiones de la reforma electoral, uno de los asuntos que la Casa Rosada pretende poner en discusión mientras comienza a ordenar las reglas con las que se disputarán las elecciones del año próximo.

La cuestión electoral había aparecido también en las últimas reuniones de gabinete, aunque el Gobierno viene administrando los tiempos de esa discusión en función de una dificultad concreta: todavía necesita construir los votos para avanzar con los cambios que pretende. La intención oficial es modificar el esquema de las PASO y otras reglas electorales, pero sin abrir una batalla parlamentaria antes de asegurarse una mayoría que evite una derrota en el recinto.

Bullrich repasó además el estado del resto de las iniciativas que aguardan tratamiento en el Senado. La agenda parlamentaria será uno de los frentes centrales de las próximas semanas, cuando el oficialismo deberá combinar la discusión del Presupuesto con una acumulación de proyectos que pretende aprobar antes de fin de año y para los cuales, pese al crecimiento de su representación parlamentaria, sigue necesitando negociar con aliados y bloques provinciales.

En ese paquete también aparece la nueva ofensiva del Gobierno alrededor de Malvinas. Durante la reunión se confirmó que esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que el Ejecutivo viene preparando para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.

El proyecto había sido uno de los temas centrales de la mesa política de la semana pasada, cuando participaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno. Su llegada al Congreso abrirá ahora una segunda etapa de la estrategia con la que Milei busca apropiarse de la iniciativa política alrededor de la cuestión Malvinas y llevar la discusión al terreno parlamentario, donde el oficialismo espera que el contenido de la propuesta obligue a la oposición a elegir entre acompañarla o quedar expuesta al señalamiento del Gobierno por rechazar una iniciativa presentada bajo la bandera de la soberanía nacional.

PL

En una semana marcada por la necesidad de mostrar control político en medio de tensiones internas, el presidente Javier Milei activará una agenda de alta intensidad que combina reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, y el avance de tres proyectos clave en el Congreso: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el paquete de iniciativas vinculadas a Malvinas.

Un lunes de control político: Gabinete y legisladores alineados

El Presidente abrirá la semana con una reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada, instancia que en las últimas semanas se convirtió en el espacio donde Milei baja línea sobre las prioridades legislativas y revisa variables económicas junto a sus ministros.

En tanto, a las 15, volverá a reunir a diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas, en un gesto que busca reforzar disciplina interna y ordenar la estrategia parlamentaria antes de una semana cargada de definiciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, serán parte del dispositivo político.

El Senado acelera por la Reforma Electoral

El oficialismo quiere avanzar esta semana con el debate de la reforma electoral, cuyo punto más sensible es la eliminación de las PASO. Después de cuatro meses, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes para reactivar el debate.

Al final de la semana pasada, el presidente de la comisión Agustín Coto, incorporó al temario dos expedientes de senadores aliados a La Libertad Avanza: el de Ficha Limpia, que impulsó el PRO con las firmas de Martín Goërling Lara y Andrea Cristina; y el de Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, que propone reformar las PASO y establecer obligatoriedad solo cuando exista competencia interna.

La propuesta del macrismo en el Senado está incorporada dentro del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en abril pasado, pero el de la legisladora patagónica es una alternativa que va en sintonía con la línea de Karina Milei, quien ya maneja la posibilidad de que eliminar las PASO no tendrá la aprobación del recinto y apuesta por una suspensión, tal como pasó en 2025, o la eliminación de la obligatoriedad de votar en las primarias, que están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027. La idea original de la hermana del Presidente es atomizar al peronismo, quitarle la posibilidad de resolver sus peleas a través de una interna, y forzar a los aliados a ir detrás de una sola lista de derecha que confeccionarán entre ella y los Menem en cada territorio. Mientras que Javier Milei quiere ahorrarse el costo fiscal y evitar un adelantamiento de la campaña que le desestabilice la macro.

Entre varias modificaciones al sistema vigente, la Reforma Electoral endurece los requisitos para la creación de partidos políticos, con nuevas exigencias de afiliación, plazos estrictos y un control judicial permanente. Para constituir una fuerza será necesario alcanzar un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un tope establecido, de acuerdo a la información que recopila Parlamentario.

En el caso de los partidos nacionales, la iniciativa establece que deberán contar con presencia en al menos diez distritos y alcanzar un piso determinado de afiliaciones en todo el país. Además, fija reglas específicas para las elecciones internas obligatorias y establece mecanismos para regular las alianzas, confederaciones, fusiones y adhesiones entre fuerzas políticas.

La reforma electoral que busca el oficialismo también incorpora la Boleta Única de Papel (BUP) para todas las categorías electorales, con fotografías de los candidatos, con la posibilidad de votar por categoría y la opción de elegir una lista completa, que incorpora un casillero en blanco que permitirá realizar una única marca para votar al mismo partido en todas las opciones.

El proyecto, además, incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impedirá postularse a personas condenadas por delitos dolosos cuando exista sentencia confirmada en segunda instancia, y un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y extiende la inhabilitación a cargos ejecutivos nacionales.

En tanto, el Gobierno busca que el Congreso apruebe que el financiamiento político tenga mayores controles mediante la obligación de utilizar una única recepción, la presentación de informes semanales sobre aportes privados durante las campañas, mayores restricciones para determinados donantes y regular la publicidad digital y en redes sociales, con un registro oficial de las cuentas de partidos y candidatos. El proyecto también establece que las campañas de los diferentes espacios comiencen 60 días antes de la elección y finalicen 48 horas antes, además de prohibir los actos de gobierno con fines electorales durante los 25 días previos.

Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la elección directa quedará suspendida, serán designados entre los diputados nacionales y no percibirán una remuneración adicional.

La Casa Rosada considera este debate como uno de los pilares de su agenda política y busca que el Congreso dé señales de avance antes del próximo viaje internacional del Presidente.

Presupuesto 2027: envío inminente y señales al mercado

El Gobierno afrontará una dificultosa negociación en el Congreso Nacional para aprobar el Presupuesto 2027, en un escenario atravesado por la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año, en los que el presidente Javier Milei pondrá en juego su reelección.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera. 

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada. 

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios han comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad. 

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.

Biocombustibles, reforma del BCRA y nueva Inocencia Fiscal

Esta semana, el Senado también se prepara para retomar el debate por la Ley de Biocombustibles, después de que su tratamiento se haya postergado el último jueves debido a la falta de acuerdo entre Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Si bien debe ser oficializado, los funcionarios podrían retomar el tratamiento de esta ley el próximo jueves 17 de septiembre.

Según informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había logrado un principio de acuerdo con bloques dialoguistas para tratar el cambio en la norma, pero no pudo superar las distinciones sobre los beneficios que pierden las pymes de biodiesel denominadas “no integradas”.

El objetivo del oficialismo, en ese sentido, es superar estas diferencias e incorporar la reforma que impulsa la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la sesión de esta semana, cuando también se buscará convertir los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

El proyecto propone modificar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, para aumentar los porcentajes de corte obligatorio de combustibles de origen vegetal. El texto dictaminado establece llevar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15% en el plazo de un año, distribuyéndose entre la producción a partir de caña de azúcar, la de maíz y un tramo sujeto a competencia.

Malvinas: sanciones, base naval y agenda internacional

El Poder Ejecutivo también enviará a Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece sanciones a actividades vinculadas a Malvinas, incluyendo pesca y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.

La iniciativa se complementa con el avance de la base naval integrada en Tierra del Fuego y con la reciente escalada diplomática tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que se ofreció como mediador en un eventual conflicto.

El cierre de la semana: viaje a Bahía Blanca

El viernes, Milei viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega, integrado por YPF, Dow y Petrobras. Será su primera visita a la ciudad desde las inundaciones de 2025.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana que estará marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.

El encuentro se consolida como parte de la dinámica de reuniones semanales impuesta por el Presidente para evaluar la gestión por áreas y fijar prioridades políticas. Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado.

Durante la reunión, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves. Dichas medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron favorablemente el impacto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros en el proyecto Sea Lion que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral.