¿Puede un condenado por abusos sexuales ostentar cargos de responsabilidad en la Iglesia católica? Para el arzobispo de la ciudad francesa de Toulouse, Guy de Kerimel, parece que sí. El prelado nombró nuevo canciller de la diócesis a Dominique Spina, quien tomará posesión el próximo 1 de septiembre. Spina fue condenado en 2006 a cuatro años de prisión por violar a un adolescente de 16 años. Los hechos sucedieron hace tres décadas, cuando el sacerdote ejercía como director espiritual del joven en la escuela Notre-Dame de Bétharram, en Pau (diócesis de Bayona). El clérigo también fue nombrado responsable de la pastoral matrimonial de la diócesis. Las víctimas consideraron la decisión “simplemente escandalosa”.

¿Hasta dónde llega el perdón, la misericordia y la reinserción? El prelado francés salió al paso de las acusaciones con un comunicado en el que reivindica el trabajo contra los abusos llevado a cabo por la diócesis, aunque recuerda que, tras un proceso canónico, “Roma no expulsó al padre Spina del estado clerical”.

“Desde que estoy en Toulouse, el padre Spina se encarga de los archivos de la catolicidad y, como vicecanciller, gestiona las notificaciones de bautismos, matrimonios, extractos de bautismo para las parroquias que lo solicitan... Clasifica, archiva, digitaliza documentos... ”,explicó De Kerimel.

Eso sí, aclara que el sacerdote “seguirá trabajando en su despacho del arzobispado, por lo que no tiene contacto con los jóvenes y lleva una vida muy discreta”. El arzobispo defiende que, hoy, el nuevo canciller “es de reputación íntegra y está por encima de toda sospecha”, y subraya que “la conversión de una persona es posible”.

El arzobispo de Toulouse insiste en que “en el caso del padre Dominique Spina, se reconoció a la víctima, se hizo justicia, se denunció el delito y el padre Spina cumplió cuatro años de prisión”.

¿Qué ocurrió?

Los hechos probados muestran que Spina fue director espiritual del joven, que provenía de un entorno familiar problemático, y abusó de él entre 1992 y 1994. Tras esto, el clérigo impidió que el chico entrara en el seminario, aunque posteriormente fue admitido. Fue entonces cuando el seminarista denunció los abusos, siendo expulsado por “falta de madurez”.

En 2002, finalmente, la víctima –que posteriormente acabó siendo acusado a su vez de abusos– presentó una denuncia penal y Spina fue detenido y condenado a cuatro años de prisión por lo que él describió como “una relación consentida”. Durante el juicio, los peritos psiquiátricos advirtieron de las “disposiciones paranoicas, narcisistas y perversas”, y la “ausencia de culpa” del clérigo, que dos años después de su entrada a prisión pasó a libertad condicional, siendo trasladado a la diócesis de Toulouse.

En 2009, se le permitió reanudar su ministerio sacerdotal. En 2016, después de que se conociera que estaba en contacto con menores, el obispo de la diócesis lo relevó de sus funciones, derivándolo a tareas administrativas hasta que, ahora, se le asciende a canciller de la diócesis. Por su parte, Fraternité Victimes, asociación que apoya a las víctimas de abusos en la Iglesia, criticó con dureza la decisión: “Hablar de misericordia para defender este ascenso es simplemente escandaloso”.

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“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

El Papa Francisco ya habría firmado el decreto de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una de las organizaciones ultra que estaban bajo la lupa del Vaticano, por los abusos de su fundador, Luis Figari, y de buena parte de su cúpula. Así lo ha reconocido la propia organización en un comunicado, después de que se filtrara la información a portales sedevacantistas.

A falta de la confirmación oficial por parte de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal peruana –reunida en estos días para renovar su cúpula–, se pone fin a un proceso que ya tuvo sus primeros resultados a mediados de agosto, cuando el Papa expulsó al propio Figari y a varios de los máximos responsables del Sodalicio, entre ellos a quien fuera director de la agencia ACI, uno de los aparatos de la propaganda anti-Bergoglio en la Iglesia, Alejandro Bermúdez.

“La información central sobre el hecho era cierta, pero contenía varias inexactitudes”, señala la Asamblea General del Sodalicio de Vida Cristiana, reunida en Aparecida (Brasil), dando veracidad a la filtración lanzada el sábado pasado según la cual, apunta la nota, “el Santo Padre había disuelto a nuestra sociedad de vida apostólica”.

Entre las razones, la ausencia de un carisma fundacional legítimo y a los graves casos de abusos cometidos por su fundador, Luis Fernando Figari, y otros miembros destacados, expulsados en los últimos meses.

En un inédito comunicado, la 'Asamblea General del Sodalicio' recalca que, tras conocer la publicación de dicha comunicación, “y ante la gravedad de los hechos”, se exhortó a que “los responsables asumieran el despropósito de haber filtrado una información absolutamente de carácter reservado”. Dos sodalités reconocieron “haber violado las reservas del caso y, luego de pedir perdón a los presentes, fueron expulsados definitivamente de la Asamblea”, lo cual permite colegir dos cosas: una, que es cierto que se informó de la disolución; dos, que la filtración no provino del cardenal Ghirlanda, uno de los encargados, junto a Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, de la investigación contra la organización.

“Lamentamos que la inconducta de estos dos miembros haya podido ser aprovechada por la prensa para generar dudas sobre que haya sido el Card. Gianfranco Ghirlanda SJ, Delegado pontificio del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (DIVCSA), quien haya filtrado la noticia”, señala el comunicado.

Finalmente, y lejos de lo que postulan otros ilustres ex-sodalités, como el propio Bermúdez, quien en un vídeo colgado en su canal de Youtube ha llamado a “resistir” a Bertomeu, la asamblea “se deslinda de toda otra noticia que haya salido o salga de la prensa relacionada a la Asamblea, al Sodalicio, al Santo Padre, en el cual confiamos y al cual obedecemos, a Mons. Jordi Bertomeu Farnós y al Card. Gianfranco Ghirlanda, SJ.”.

Ahora, únicamente resta dar oficialidad a la muerte canónica de uno de los grupos más relevantes a la derecha del Vaticano de las últimas décadas. Una caída que se suma a la reciente intervención canónica del Instituto del Verbo Encarnado, y con la mirada puesta en el futuro del Opus Dei.

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“Hay víctimas que nunca se han atrevido a hablar porque hay obispos que no creen en estas cosas, entonces tú puedes decir: ‘Mira, no ha habido suficientes víctimas que hayan hablado’. Yo te digo que no estaría aquí si no nos preocupáramos y lo central fueran las víctimas”. Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del pederasta Karadina en Chile, es uno de los miembros de la Comisión Antipederastia del Vaticano que este mediodía, después de diez años de trabajo, ha presentado su primer informe global sobre los abusos en la Iglesia. Un informe que no aporta cifras de casos a nivel global, pero que plantea exigencias a la propia institución para mejorar su actuación con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica.

“Las víctimas claman justicia”, admitió el cardenal Sean O'Malley, quien fuera arzobispo de Boston y uno de los máximos responsables de la lucha contra la pederastia en la Iglesia durante la presentación del informe, que incluye una serie de recomendaciones, entre la que destacan “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los abusadores, así como “medidas rigurosas de reparación” para las víctimas.

De hecho, el estudio exige “estudiar las políticas de indemnización” a nivel global para ejercer medidas “rigurosas” de reparación en el proceso de “sanación” de las víctimas, al tiempo que admite “una preocupante falta” de estructuras de denuncia y de acompañamiento de los supervivientes de abusos sexuales. Más aún: se constata que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”, que les impide desarrollar una vida normal.

A día de hoy, y pese a las reformas en el Derecho Canónico, todavía no existe un estatuto de las víctimas, que no tienen acceso completo a sus procesos judiciales. En ocasiones, incluso, los denunciantes solo se enteran verbalmente del resultado de los juicios canónicos, algo que debe cambiar radicalmente, en opinión de la Comisión, que ha sido recibida en estos días por el papa Francisco.

Para ello, constata el informe, la Iglesia católica debe impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el “problema” de la opacidad en los procesos canónicos. “Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos”, se lee en el informe.

“Hay personas sin medios para contratar a un abogado, que temen el encubrimiento de algunos obispos, que no les creen, los insultan o destruyen sus carreras”, lamenta Juan Carlos Cruz, quien plantea a la Iglesia dar voz “a los buenos, para que podamos callar a los malos”, y pide a la institución “no ponerse una venda en los ojos”. “La Iglesia tiene que hacer un firme compromiso de conversión, de que esto no vuelva a pasar”, concluye en su doble figura de superviviente y miembro de la Comisión.

El informe publicado este martes insta a “garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa” de cada caso de abuso, y a “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de los líderes eclesiales acusados de abusos, “siempre que esté justificado”.

Algo que, pese a que ya es posible con el Código de Derecho Canónico en la mano, apenas se ha llevado a cabo.

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En función de la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno español indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprobó hoy un plan con el que toma el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, quien en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población sufrió abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.

El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que elDiario.es pudo confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.

“Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, aseguró Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que señaló que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación”. “Por eso, los poderes públicos tenemos la obligación de reconocer esos abusos, de prevenir y reparar el daño” , ha asegurado.

Las indemnizaciones

En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aportar dinero para la reparación. De hecho, la Conferencia Episcopal señaló que solo se avendría a participar de un fondo de reparación si este incluyera “a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia”. Bolaños, en cualquier caso destacó que están “en conversaciones” con los obispos para que sufrague esas indemnizaciones. “Me parece que tienen voluntad de colaborar. Es mi impresión y así me lo trasladan”, señaló el ministro.

Concretamente, el plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el texto no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos. Bolaños recordó que una de las recomendaciones del Defensor era la creación de un órgano independiente para el reconocimiento de las víctimas y establecer su reparación.

“Entiendo que la Iglesia asumirá los costes”, señaló el ministro de Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. En cuanto a la negociación, Bolaños señaló que el diálogo ha comenzado el pasado jueves y destacó: “La iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y están trabajando en este tema”. Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal se han mostrado proclives a establecer una relación con las asociaciones de víctimas, pero de facto la Iglesia reconoce una mínima parte de los abusos que incluye el informe del Defensor del Pueblo. En el polémico informe Para dar Luz, hablaban de apenas unos 800 casos.

Casos no prescritos

En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.

Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos.

Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual.

El plan aprobado por el Consejo de Ministros contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española. Y prevé la elaboración de un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la prevalencia de los abusos en el ámbito religioso. La encuesta realizada por el Defensor del Pueblo e incluida en el informe que da origen al plan reveló que el 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, antes de los 18 años. En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos han afectado a un 1,13 % de las personas adultas.

La posición de la Iglesia

Fuentes episcopales sostenían a primera hora de la mañana que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, “el tema de las víctimas se abordó en general”, y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. El ministro de la Presidencia señaló, por el contrario, que las conversaciones se iniciaron entonces y que ayer adelantó a los obispos las líneas generales del plan, del que hoy remitirá el texto completo.

En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir. Y lanzan mensajes de entendimiento con el Gobierno que podrían dar a entender la intención de la Iglesia de participar de un posible fonde de reparación.

La Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, “asumiendo nuestra responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”. Así respondía el cardenal de Madrid, José Cobo, a las preguntas de elDiario.es tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.  

“En la última Plenaria –señaló Cobo– establecimos una línea y un horizonte”. Y recalcó que “hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento, no solo a corto plazo, sino en todo el proceso de acompañamiento que necesita”.

Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.

La Conferencia Episcopal publicó una nota de prensa en la que consideraba que el plan de reparacióndel Ministerio de la Presidencia “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas”.

“La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, concluye el comunicado.

Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague

Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.

La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.

Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición.

Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.

Las víctimas critican “el rescate de los obispos”

“Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, tomó con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo. 

Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo. En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer. 

Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como “un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.  

“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”.

Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.

Después de años de continuas negativas, en algunos casos rotundas, y pocos días antes de viajar a Roma para un imprevisible encuentro con el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal anunció la aprobación de un “plan de reparación integral” a las víctimas de la pederastia clerical en el que, por primera vez, se indemnizará económicamente a los supervivientes, sin que necesariamente tenga que mediar una sentencia judicial en firme.

“La Iglesia va a reparar siempre. La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones si media sentencia judicial, y si no la hay, también lo vamos a hacer”, aclaró el secretario general de la CEE, César García Magán, en una rueda de prensa en la que no se entregó el citado plan, ni tampoco el texto titulado Enviados a acoger, sanar y reconstruir. Mensaje de la Asamblea Plenaria al Pueblo de Dios, y en el que los obispos hacen “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”, según adelantaron.

En el documento, los obispos se comprometen a “ser transparentes en este proceso y a rendir cuentas ante las víctimas, la Iglesia y Dios”. Queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia“, apunta el mensaje, que reconoce que ”el sufrimiento lo han causado no solo los abusos sino también el modo en que, a veces, se han tratado“, aunque matiza que ”poner el foco únicamente en la Iglesia es desenfocar el problema. Las recomendaciones y las medidas que hay que tomar no solo deben ser dirigidas a nosotros, sino a toda la sociedad“.

El texto, aprobado por unanimidad, se admite como un 'informe' a presentar este martes al Papa Francisco. “Es una palabra que queremos enviar a los fieles y a la sociedad”, indicó el obispo auxiliar de Toledo, quien añadió que el texto “está centrado en el tema de las víctimas”, e incluye “una petición de perdón explícita, clara, directa a las víctimas”, así como “el anuncio de un plan de reparación integral a las víctimas”.

“El texto está muy encuadrado en las víctimas, para manifestarles nuestro perdón, nuestro deseo de ayudar”, añadió García Magán. “También hay una palabra de esperanza y de consuelo al resto del pueblo de Dios, porque la víctima está en el centro. Esos delitos han sido un atentado contra las víctimas, y también contra el pueblo de Dios”.

Lo que no harán los obispos es esperar a la auditoría de Cremades, que las últimas decisiones episcopales intentan desactivar antes de la pretendida publicación del informe definitivo, prevista –si no hay contraorden, porque la CEE, a esta hora, todavía no ha decidido qué hacer con él– para el 15 de diciembre. Sí que parece claro que en el nuevo organismo que dictaminará las indemnizaciones a las víctimas, y que todavía no ha arrancado a andar, no estará Cremades, pues “será desarrollado por los órganos competentes de la CEE”.

En este sentido, Magán explicó que el pasado viernes “Javier Cremades envió por correo electrónico, no la auditoría, sino un borrador sujeto a cambios, con un informe de unas 800 páginas, que no se corresponde con el índice inicialmente aprobado”. Posteriormente, envió tres anexos, con cuadros de denuncias, tablas de prevención de las diócesis y de las congregaciones religiosas. Lo que sí hizo el portavoz episcopal fue recordar al bufete que ellos no pueden publicar la auditoría sin el permiso “de la propiedad, que es quien la encarga” y que, según adelantó elDiario.es, ya ha pagado más de 1,2 millones de euros.

Así, “se ha aprobado un plan de trabajo, que ha presentado el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores”, basado en la “atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, con todas las perspectivas, también la económica”.

En cuanto a los plazos, el portavoz de la CEE insistió en que “se va a hacer lo antes posible, pero tenemos que cumplir unos requisitos estatutarios” que no terminó de explicar. Lo que sí parece claro es que, por primera vez, los obispos admiten que se pagarán indemnizaciones, independientemente de que haya sentencias judiciales en firme. “La Iglesia va a reparar siempre. La Iglesia se hace cargo de indemnizaciones si media sentencia judicial, y si no lo hay, también lo vamos a hacer”, recalcó.

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El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) presentó los recursos formales contra la sentencia que absolvió en octubre último a todas las acusadas en el expediente por los delitos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la sentencia dictada por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, quienes absolvieron a las mojas Kumiko Kosaka, Asunción Martínez, la exdirectiva Graciela Pascual, entre otras imputadas, quienes habían llegado al juicio acusadas de participes en las causas conocidas públicamente como Próvolo II.

En un extenso recurso Alejandro Iturbide, fiscal jefe, y Gonzalo Nazar, fiscal adjunto penal, “han planteado todos y cada uno de los vicios de la sentencia”, informó hoy en un comunicado el MPF mendocino.

Añadieron que los funcionarios judiciales pidieron “su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.

Entre los “agravios principales” destacaron “no haber valorado el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad”

Mencionaron, además, haber quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual dependiente del MPF ( E.De.A.A.S.) bajo el argumento de “trabajar sus profesionales sólo con sesgo de confirmación de los hechos”, siendo que las tres juezas “en momentos inmediatos anteriores a la sentencia e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna y considerando valioso el aporte de sus profesionales”.

También cuestionaron “no haber tratado veintidós pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas”.

Y las acusaron de “haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate”.

Las juezas dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate el 18 de octubre ultimo, que constó de más de 300 audiencias y la declaración de más de 100 testigos.

Nueve mujeres llegaron imputadas al juicio, aunque finalmente la parte acusatoria solo pidió condena para 5 de ellas en la etapa final, y entre ellas, Kosaka tenía 6 imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos, mientras que para la exrepresentante legal del Próvolo, Graciela Pascual habían pedido 18 años de cárcel como partícipe primaria y para la monja, Asunción Martínez la parte acusatoria solicitó 10 años de prisión, también imputada como partícipe por omisión.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 25 años de prisión.

El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años. El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.

MM con información de Agencia Télam.

La investigación A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual publicada por elDiarioAR el 22 de octubre de 2022 recibió el segundo premio en la categoría Información General de la 34ª edición del certamen anual “Premios ADEPA al Periodismo”.

Se trata un premio con el que cada año la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas premia la excelencia en el ejercicio de la profesión y que en esta oportunidad distingue el trabajo realizado por Mariana García, subdirectora de elDiarioAR, junto con Alicia Alvado, quienes llevaron adelante esta investigación en la que también participaron Nadia Burgués (edición), Victoria de Masi (textos) y Marcelo Morán (Infografía). A lo largo de diez notas, publicadas al cumplirse veinte años del inicio del caso Grassi, el equipo de elDiarioAR mostró como fue el recorrido de los abusos sexuales y de poder dentro de la Iglesia, cuáles fueron sus complicidades, y quienes los condenados y quienes aún siguen impunes.

Después de meses de trabajo, la investigación logró mostrar que a partir de que la denuncia contra Julio César Grassi se hizo pública, los casos comenzaron a salir a la luz, uno tras otro. En 20 años, se acumularon al menos 128 denuncias contra miembros de la Iglesia. Sin embargo, en ese tiempo solo hubo 31 condenados por la justicia, 28 expulsados del estado clerical -la máxima sanción que puede recibir un sacerdote por parte de la institución-, mientras que 11 recibieron tanto una condena judicial como una la expulsión del estado clerical. Seis monjas fueron denunciadas, ninguna de ellas fue condenada. La investigación incluye la lista completa de los 128 acusados.

La investigación mostró también como a lo largo de 60 años la Iglesia tomó medidas que no han servido de mucho para evitar abusos que se siguen cometiendo y sancionar la impunidad que los abusadores parecen tener garantizada. Otra de las notas, dio cuenta de como el traslado de los denunciados fue el mecanismo elegido para el encubrimiento.

El pasado 4 de noviembre, Emilia Delfino, periodista de elDiarioAR junto a sus colegas de La Nación e Infobae, resultó ganadora por la investigación de Pandora Papers con el Premio Fopea 2022

El horror de los abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia ya cuenta con un informe oficial e independiente que certifica que fue una realidad que existió en España y que permaneció durante años cubierta por un manto de silencio. El Defensor del Pueblo ha hecho público este viernes el documento Una respuesta necesaria, en el que reconoce las dinámicas de ocultamiento y minimización que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. 

El informe, de 770 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una una muestra metodológica y numérica significativa de la población española de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La encuesta revela que un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad, y un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido. “Creemos que son unos datos muy significativos, aunque no es necesario extrapolarlos y por eso no lo hemos hecho en el informe”, ha explicado Gabilondo.

El Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en que esta realidad ha estado soterrada durante todo este tiempo por la propia Iglesia católica. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes es un ejemplo de malas prácticas. Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”, ha asegurado en la presentación. 

Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente para las compensaciones a las víctimas, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso

Ángel Gabilondo — Defensor del Pueblo

En el informe no han participado representantes de la Iglesia católica. A pesar de que Gabilondo consideró que su aportación haría que el informe fuera “más fecundo”, una visión que otros sectores ponen en cuestión. Gabilondo llegó a mantener diferentes conversaciones con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y con su presidente, el cardenal don Juan José Omella, pero la institución desestimó formar parte de la comisión asesora. 

Pocos minutos antes de la presentación del Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal anunció que se ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el lunes, en la que los obispos, de manera online o presencial, estudiarán y valorarán el informe. También analizarán la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que le encargó sobre este mismo tema la CEE. Al finalizar, “se ofrecerá a los periodistas la oportuna información”, señala la escueta nota, que no aclara si habrá o no rueda de prensa, informa Jesús Bastante.

Un órgano especial y un fondo estatal

El Defensor del Pueblo plantea la opción de instaurar procedimiento administrativo para víctimas de delitos prescritos para conceder un estatus para que puedan ser reparadas. Un procedimiento específico con cierto contenido probatorio: una autoridad instituciones independiente e imparcial “que declare que el hecho ha tenido lugar, es injusto y que ha causado daño”.

Ha pedido que se haga un acto público de reparación, para lo que ha solicitado “el compromiso de la Iglesia católica”. Además, respecto a las indemnizaciones, Gabilondo señaló que no puede depender del criterio de diferentes instituciones, por lo que pide un fondo estatal específico. “Un fondo que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos donde no se haya podido proceso penal contra el victimario”.

Confío en que la iglesia católica esté a la altura de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto en toda su integridad. Si no, se equivocará

Ángel Gabilondo — Defensor del Pueblo

Y ha señalado que en cualquier caso, el dinero debe provenir de la propia Iglesia y que “el Estado vele por ese proceso y que le dé las garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público”. Ha señalado que esto le toca ahora ejecutarlo al Gobierno, pero fue contundente respecto al papel de la Iglesia: “Es inevitable que colabore económicamente para las compensaciones, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso”, ha asegurado. Sin embargo, Gabilondo consideró incluso la posibilidad de no contar con la aquiescencia de los obispos: “Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la iglesia católica o por carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma”. 

“Confío en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y la oportunidad que se le da de abordar este tema”, ha asegurado ante las preguntas de los periodistas.

“Mentiría si dijera que nadie ha colaborado o que ha habido una colaboración extraordinaria [...] Ha habido una colaboración dispar. Algún obispo no solo nos ha contestado sino que nos ha reñido. Algún otro nos ha mandado una información vacía de contenido. Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien. Lo cual demuestra que a pesar de las dificultades se puede llegar más lejos. El mayor de los escándalos sería no colaborar con una sociedad que quiere saber. Ahora tienen conciencia de que nada dañaría más a la iglesia que callar sobre este asunto

En el inicio de 2022, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. En marzo, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo una investigación independiente sobre los casos de abusos sexuales en instituciones católicas en las últimas décadas y el papel de los poderes públicos. El mandato fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, salvo Vox. El equipo para investigar este asunto ha estado dividido en “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y una Unidad de Atención a las Víctimas (UAV). Sólo en sus dos primeros meses de vida, este último organismo atendió a 201 víctimas. 

La comisión asesora ha estado compuesta por una veintena de personas. Se trata de expertos que pertenecen al ámbito profesional o académico y tienen experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en los ámbitos jurídico y sobre derechos humanos. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, a los jóvenes o han estudiado las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. 

Nueve mujeres que estaban acudas por el delito de abuso sexual contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos, ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza, fueron absueltas hoy al término del juicio oral que se les siguió en el ámbito del Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia durante dos años. Se trata de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como exdirectoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del juzgado ubicado en el Polo Judicial Penal, de la ciudad de Mendoza, donde se desarrolló este tercer juicio por el llamado “Caso Próvolo”, que comenzó el 3 de mayo de 2021.

El Tribunal Penal Colegiado 2 mendocino dio a conocer su decisión luego de que las imputadas hicieran uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de darse a conocer el fallo.

Las primeras denuncias, en 1982

Hace 41 años se hicieron las primeras denuncias contra un grupo de sacerdotes de La Plata, entre ellos Nicola Corradi que había arribado a la capital bonaerense en 1972 proveniente de Verona, presumiblemente como parte de la política de traslados dado que su nombre aparece luego integrando a la lista de 26 curas pederastas elaborada por sobrevivientes de Verona, publicó tiempo atrás elDiarioAR. El sacerdote permaneció en La Plata hasta 1998, cuando fue enviado al recién fundado colegio Próvolo de Luján de Cuyo como su director.

En 2006, 50 integrantes de la asociación de ex alumnos del Próvolo de Verona se reunieron con el superior general del Instituto para solicitarle -sin éxito- que se separara de la institución a 26 sacerdotes acusados de pederastia. 

Pero el caso italiano irrumpió con fuerza en la agenda pública recién en 2009, cuando el semanario L’Espresso de Milano publicó los testimonios de 15 ex alumnos que aseguran haber sufrido abusos entre 1954 y 1984. 

Entonces, el Vaticano ordenó la creación de una comisión investigadora independiente que terminará condenando a solo uno de los sacerdotes inculpados, cuya pena consiste en la obligación de llevar una vida dedicada a la plegaria y a la penitencia, teniendo prohibido el contacto con menores.

MM con información de Agencia Télam

En noviembre de 2022, el cardenal Jean-Pierre Ricard admitía haber abusado de una niña durante tres años. En un proceso que en febrero fue declarado prescrito por la Justicia francesa, el purpurado anunció su retiro y pedía perdón a la víctima, que entonces tenía 14 años. Sin embargo, la Santa Sede, como es preceptivo, le abrió un expediente. Ahora, tras el viaje del Papa Francisco a Marsella, el periódico católico francés La Croix tuvo acceso a la sentencia canónica: el cardenal Ricard fue inhabilitado para el ministerio público... salvo en su diócesis, donde todo sigue como si nada.

En el proceso canónico, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe suspende al purpurado “de todo ministerio público” excepto en la diócesis en la que actualmente reside, Digne, en la región de los Alpes. ¿Qué supone esto? En la práctica, bien poco: Ricard seguirá siendo sacerdote, y cardenal. De hecho, a sus 78 años, podría participar en un cónclave que eligiera nuevo Papa. Y ser elegido.

Solo tiene que ser “lo suficientemente inteligente como para comprender que debe ser discreto”, subraya el arzobispo de Marsella, Jean-Marc Aveline, encargado de entregar la sentencia a Ricard, al ser ésta su diócesis de origen. Y, siempre que viaje fuera de la diócesis en la que vive, no podrá celebrar la misa en público o administrar sacramentos. Sí podrá celebrar en privado, o en compañía de una persona.

“El cardenal Ricard vive en total reclusión (...) debe mantener un perfil bajo”, concluye el arzobispo de Marsella, señalado por algunos como posible sucesor del Papa Francisco y que el pasado fin de semana tuvo un gran protagonismo, junto a Bergoglio, en la visita papal y su multitudinaria misa –con la presencia del presidente de la República Emmanuel Macron– en el Velodrome de la ciudad francesa. 

Por su parte, el obispo de Digne –la diócesis donde reside y puede seguir ejerciendo Ricard–, Emmanuel Gobilliard, fue rotundo al afirmar su desacuerdo con la sentencia vaticana. “No estoy de acuerdo en que el cardenal Ricard celebre por el momento en la diócesis de Digne, se lo dije, y espero que la sanción se aplique también aquí”, indicó. Por su parte, el cardenal Ricard evitó cualquier comentario para “no suscitar ni alimentar polémica alguna”. Aunque la polémica ya la había desatado la decisión vaticana. 

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“Caminemos, Valentina” era la invitación que la exmonja Sandra Migliore solía hacerle a su colega y amiga, Valentina Rojas, cuando necesitaban conversar tranquilas lejos del convento. Más de 15 años después es también la frase que da nombre a la película sobre sus vidas, una historia marcada a fuego por las agresiones sexuales de una formadora pero también por la cooperación en la denuncia, la valentía, la resiliencia y el amor que nació entre ellas.

Actualmente las exmonjas Sandra (57) y Valentina (52) llevan casadas más de una década y viven en la pequeña localidad cordobesa de Justiniano Posse, desde donde viajaron para promocionar la cinta dirigida por Alberto Lecchi y protagonizada por Paula Sartor, Roxana Naranjo Robles, Jacinta Torres Molina, Sara Margot y Gabriela Robledo Azócar que se estrenó este jueves en 17 salas, incluyendo el espacio Gaumont.

Pese a que habían compartido algún tiempo de noviciado, no fue hasta 2008 cuando se reencontraron como compañeras de trabajo en un colegio religioso de Lanús, que se hicieron amigas sin saber, al principio, que la otra también había sido abusada en la adolescencia por la misma monja en el convento que la Congregación de las Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey tiene en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

Requerida por las autoridades de la congregación para dar explicaciones sobre las denuncias, la monja acusada por Sandra y Valentina pero también por una docena de monjas y exmonjas, Bibiana F., desapareció en 2012 del monasterio montevideano a donde había sido trasladada y una investigación periodística del diario La voz del Interior la ubicó en 2019 en un hogar de adultos mayores de Caracas, Venezuela.

“Recuerdo que yo le decía ‘bueno, Valen, caminemos y hablemos porque acá no podemos’ y entonces, después del horario escolar, nos hacíamos unas 30 cuadras de ida y de vuelta mientras hablábamos sobre cómo íbamos a enfrentar la vida de ahí en más”, cuenta a elDiarioAR Sandra Migliore.

Es que para entonces, allá por 2011, ambas habían decidido denunciar ante el Arzobispado los abusos que habían sufrido casi tres décadas antes, animadas por una cadena de mails anónimos que señalaban a Bibiana como una pederasta reincidente que durante décadas abusó de muchas alumnas con total impunidad.

Pero además Valentina, que todavía era monja, “ya había decidido abandonar la vida religiosa” y necesitaba acompañamiento.

“Yo padecí los manoseos y los abusos de Bibiana durante varios años: empezaron cuando no había cumplido los 17 años y duraron hasta que a ella la trasladan a Lanús”, cuenta Rojas sobre sus primeros años de noviciado.

“Antes de irse recuerdo que yo estaba sola en el patio y ahí aprovechó para decirme que ella se iba, pero que a mí me faltaban años de formación todavía y que si quería ser religiosa me tenía que callar bien la boca, que nadie me iba a creer, que hay cosas que había que guardarlas para uno y que gran parte de todo lo que había pasado era culpa mía”, agregó.

“Yo era una nena totalmente inocente, vulnerable, que estaba en un convento lejos de la familia y sin los medios de comunicación ni la conciencia que hay ahora sobre los derechos. Pasábamos muchas horas en silencio, sin que nos permitieran hablar ni compartir y eso favorecía este tipo de cosas”, agregó.

Recién ocho años después, una vez despejada la vergüenza y la culpa que acompañó el recuerdo de esa experiencia, Valentina le contó lo sucedido a su director espiritual “y esa fue la primera vez que alguien me dice ‘esto no fue culpa tuya’ y me pide que hable con mis superiores porque ‘esto se tiene que saber’”,

“Como yo lo vi alarmado, hablé con mi superiora, pero ella me volvió a decir que me callara la boca, que de esto no había que hablar, que cómo me atrevía a volver a traer estas cuestiones de tan atrás y que algo habré hecho para que me hiciera eso. Esa charla me hizo muy mal, así que nunca más lo mencioné”, contó.

En el caso de Sandra, el abuso se produjo una sola vez a sus 16 años. “Yo logro sacármela de encima con un empujón y diciéndole que le iba a contar a la monja que me había llevado al convento”, recordó. “Ella me amenazó, me dijo que nunca iba a llegar a ser religiosa, que nadie me iba a querer, que era una mocosa impertinente y que me calle la boca porque nos convenía a las dos”. “Yo en ese momento pensé que me había sucedido a mí nada más y lo mismo pensábamos todas, nadie se imaginaba que era masivo”, agregó.

Si bien ambas estuvieron unos meses como novicias en el mismo convento durante 1985, en esa etapa solo se conocían de vista y ese año Migliore fue trasladada al convento de la localidad bonaerense de Lanús que tiene a su cargo el Instituto San Francisco de Asís de educación inicial, primaria y secundaria.

Seis años después, la noticia de que la hermana Bibiana sería destinada al mismo convento de la localidad bonaerense, llevó a Sandra a tomar la decisión de dejar los hábitos. No obstante, siguió vinculada a la institución como empleada administrativa laica, protegida por la madre superiora, Odilia.

Pero en 2009 –ya fallecida Odilia y con Bibiana trasladada a Montevideo— también Valentina fue enviada a Lanús para ocupar un cargo que suponía ser la jefa de Sandra, en virtud de lo cual hasta le encargaron la tarea de descubrir algún error en su desempeño que pudiera justificar su despido.

“En ese momento de adentro del convento surge una movida de las mismas monjas que ponen a circular mails anónimos denunciando con nombre y apellido las situaciones que se habían vivido en los años 80. En realidad era una medida política para destituir a la superiora provincial poniendo en evidencia de que había sido una de las encubridoras de Bibiana”, contó Sandra.

“Yo me quedé helada y vino una de las superiores a preguntarme si estaba al tanto y qué opinaba. Yo le dije: ‘yo no opino, yo sé que es verdad porque lo viví en carne propia’”, agregó.

Los mails fue motivo de conversación obligada entre Sandra y Valentina, que abordaran el tema ya con toda la confianza de las amigas que eran. “Ella me preguntó si yo conocí a Bibiana y si me había pasado algo, y yo le confié que sí. Ella también me confía lo mismo, me cuenta que va hacer la denuncia al obispado y me anima para que yo haga lo misma lo mismo”, agregó Sandra.

Después de las denuncias y del intento frustrado de la madre generala –la máxima autoridad global de la congregación— de entrevistarse con Bibiana en Montevideo, la versión oficial de la Iglesia es que nadie más supo de ella aunque La Voz del interior confirmó por diferentes fuentes que se encuentra en Venezuela donde sigue siendo monja.

Ya en pareja con Valentina y en uso de una licencia, Sandra plasmó la traumática experiencia de su adolescencia en un libro al que tituló “Raza de víboras. Memorias de una novicia”. Estaba en proceso de publicarlo cuando, al querer retomar su trabajo, fue despedida del Instituto sin causa pero tampoco sin indemnización, situación que la llevó a demandar laboralmente al centro educativo.

“Tuvimos una conciliación en el ámbito civil pero nunca llegamos a hacer la denuncia penal por los abusos porque ya está todo prescrito y a mí tampoco me interesa demasiado porque ya le correspondería, en el caso de que se pudiera hacer algo, una prisión domiciliaria porque es una persona mayor”, dijo Valentina.

“Hacer la denuncia penal implicaría además seguir involucradas en un proceso judicial que nos va a llevar la vida porque yo ya tengo 57”, agregó Sandra.

Ambas están muy contentas y agradecidas con el producto final conseguido por el director Alberto Lecchi en “Caminemos Valentina”, a la que consideran “una hermosa película hecha con mucho respeto, sin golpes bajos, sin morbosidad, sin mostrar más de lo que es necesario para pintar la situación horrible que tuvimos que vivir en nuestra adolescencia”.

El film es una coproducción de Zarlek Producciones S.A. (Argentina) y Andrea Films Internacional (Chile), en asociación con Luis Schenone, Diego Turdera y Pablo Topet.

Valentina cuenta que fueron muy movilizadores los dos meses de trabajo conjunto con las dos actrices que la representan en la película, “compartiendo con ellas lo que habíamos vivido”.

“Yo les agradecí mucho todas esas charlas, todas esas emociones y llantos compartidos porque para mí fue la oportunidad de ponerle palabras a muchos sentimientos y de reconciliarme o de darle una mano a esta niña que fui y con la que todavía tenía un cierto enojo porque no se supo defender”, dijo.

Sobre el juicio a las monjas Kumiko Kosaca (46) y Asunción Martínez (53) que se desarrolla en Mendoza como corolario de la causa Provolo II dicen que no lo están siguiendo por el gran malestar que les provoca toda noticia al respecto. “Yo no lo puedo ni escuchar”, dice Sandra; “a mí me pone la piel de gallina”, remata Valentina.

Ambas están de acuerdo también que las agresiones sexuales en la infancia deberían ser considerados delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad, y ambas tienen una opinión favorable respecto a la posibilidad de instalar una comisión de la verdad conformada por expertos independientes, con la misión de hacer un informe sobre la problemática en Argentina.

En su visita a Buenos Aires para promocionar la película y participar del estreno de esta coproducción Argentina-chilena, las ex monjas junto a la productora organizaron proyecciones especiales a las que invitaron a referentes de diferentes organizaciones LGBTIQ+. “Nos sentimos partícipes de estas minorías, queremos que nos conozcan, que sepan que estamos y levantar con ellos bandera de los derechos de la diversidad”, dijo Sandra.

Cuando se les propone el ejercicio de pensar cuál habría sido su futuro dentro de la congregación si no se hubieran topado con Bibiana pero igualmente se hubieran encontrado,  las dos coinciden en que “la iglesia no nos hubiera permitido vivir ese vínculo de ninguna manera” de manera abierta y honesta como actualmente lo viven.

“Creo que hubiéramos dejado la vida religiosa igual y hubiéramos ido a construir nuestra familia -como de hecho lo hicimos- cortando con todo. Hay mucha hipocresía en la Iglesia; si sos gay o lesbiana o defendés el matrimonio igualitario te echan, pero si alguien tiene un montón de denuncias de abuso con la misma mecánica, ‘ah, no capaz, que estás mintiendo, capaz que viste mal’”, remató Sandra.

El año pasado, una encuesta realizada por la Comisión de Atención y Protección a la Niñez, Adolescencia y Adultos Vulnerables de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR) reveló que una de cada dos monjas sufrieron abusos de poder en América Latina y el 20% reconoció además que los ataques fueron sexuales, aunque la mayoría de los agresores fueron sacerdotes.

En Argentina, de los 128 casos de curas o religiosos denunciados por abuso sexual infantil con posterioridad al caso Grassi y relevados por una investigación especial de elDiarioAR, solo 6 son mujeres (monjas), lo que representa el 4,6 por ciento de los casos.

Hasta el momento, la justicia Argentina condenó a una sola monja, Luisa Ester Toledo en 2019, pero por privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas contra otras dos monjas de inferior rango en Paraná. Agotadas las instancias de apelación, la mujer cumple desde 2021 con tres años de prisión efectiva

En cambio, todavía ninguna fue encontrada penalmente responsable de abuso sexual, un delito que a nivel mundial afecta a 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, según datos de la OMS, y que tiene lugar preferentemente en el interior de los hogares pero también en las instituciones de los que las niñas y niños participan. Kumiko y Martínez podrían ser las primeras.

MAA/JJD

El Padre Julio César Grassi pidió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón que le otorgue el derecho a la libertad condicional. Su argumento es que ha cumplido la mitad de condena. El cura hizo el trámite por su cuenta. Recibido de abogado en el penal de Campana, aun no tiene matrícula pero redactó y presentó el escrito por su cuenta. Como no anotició a sus abogados, el estudio que lo representa renunció a su defensa. De acuerdo con la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por haber abusado de un menor de edad, Grassi debería permanecer en la Unidad 41 de Campana hasta el 30 de mayo de 2028.

El abogado querellante, Juan Pablo Gallego, dijo a Télam que se opondrá “rotundamente” a este pedido, que significa “un fuerte golpe para las víctimas”. Gallego representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn). Agregó que “aún no han sido notificados” y su “oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal”.

El proyecto

Grassi se ordenó sacerdote en 1987. Se interesó en las infancias desde el principio. Su primera incursión en la asistencia a menores de edad fue en “La Casita” de Paso del Rey, al oeste de Buenos Aires. Con la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, logró reconocimiento público. La Fundación daba comida y escolarización a quienes sí tenían dónde vivir, pero no suficientes recursos. En diez años, 20 mil adolescentes egresaron del sistema Felices Los Niños, que llegó a tener 500 empleados, más de 30 hogares distribuidos en el país y asistía a casi 6 mil menores de edad. Estaban divididos en dos grupos. Los internos, unos 600, vivían en la Fundación, es decir que accedían a cama, comida, escolarización y la preparatoria para la primera comunión. La mayoría eran externos: acudían a los hogares de día, una forma de prevenir que estuvieran en la calle. El primer denunciante, “Gabriel”, era del primer grupo, un “interno”.

La denuncia

El 29 de noviembre de 2000 alguien dejó un papel impreso y sin firma en el Juzgado de Menores N°3 de Morón. Nunca se supo qué decía exactamente esa carta, pero señalaba a Grassi como abusador sexual dentro de su fundación Felices los Niños. Nadie investigó. Dos años después, el 23 de octubre de 2002, la Justicia ordenó la detención del cura por “abuso deshonesto y corrupción de menores agravada”. Esa misma noche “Gabriel” daba testimonio un informe de Telenoche Investiga. 

Grassi se entregó el 24 de octubre, al día siguiente de la emisión del informe. Quedó detenido en el servicio penitenciario de Ituzaingó. Salió 15 días después y regresó a la Fundación en andas, vitoreado. También le habían imputado el delito de corrupción de menores. 

El sacerdote cumple una pena de 15 años por haber abusado en dos ocasiones y corrompido en una a “Gabriel”. Los tres hechos ocurrieron en 1996, cuando la víctima tenía 13 años. En el mismo juicio, Grassi fue absuelto por otros 15 delitos sexuales porque la Justicia no pudo acreditar que habían sucedido. El fallo fue en 2009 y Grassi vivió bajo un régimen de libertad vigilada hasta que la sentencia quedó firme, en 2013. Lleva diez años preso. 

VDM/DTC

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo”. Con esa frase, Carla Vitale, cuyo hijo es una de las víctimas del cura Tulio Mattiussi, le reclamó al obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, que dejé de proteger al sacerdote dándole lugar para que cumpla la prisión domiciliaria luego ser condenado por abuso sexual de niños de un jardín de infantes.

En un extenso video publicado en su cuenta de Instagram Vitale hizo su descargo luego de que ayer el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a 15 años de prisión a la que fueran sentenciados el año pasado Mattiussi y el portero Anselmo Ojeda. Ambos fueron encontrados culpables por el abuso sexual de niños de entre 3 y 5 años en un jardín de infantes Belén de San Pedro.

“Hoy es un día que es bueno, porque significa que los pasos que vamos dando en la justicia son buenos”, comenzó en Vitale con la voz entrecorta.

“A veces el infierno viene de los que vienen del cielo, a veces nosotros les depositamos a esas personas nuestras angustias, nuestras esperanzas, no digo que todos los curas son así pero este cura no puede estar protegido por un obispado, no puede estar viviendo en una casaquinta donde le estén dando la comida, la vivienda, donde esté protegido, donde le paguen los abogados, cuando dos tribunales lo condenaron por abuso de menores”, siguió Vitale quien contó además que tuvo que recurrir a la justicia para frenar el hostigamiento que sufrió por parte del obispado.

Los padres de las víctimas reclaman que tanto el sacerdote como el portero pasen a cumplir prisión efectiva.

“Vamos a pedir una revocación de la domiciliara para que puedan ir a la cárcel y tengan que ir donde que tengan que estar”, dijo Vitale.

El año pasado, el 24 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de de San Nicolás condenó por unanimidad a Mattiussi y Ojeda por “abuso sexual simple agravado y reiterado” por ser ministro de un culto para el caso de Matiussi y por ser un encargado de la guarda de las víctimas para el de Ojeda, en tanto la preceptora María Rubies resultó absuelta por “falta de pruebas”.

Mattiussi y Ojeda integra la lista de los 128 miembros de la Iglesia católica involucrados por abuso sexual de acuerdo a la investigación publicada por elDiarioAR en octubre de 2022.

El fallo fue firmado por los miembros de la sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por Ricardo Maidana y Daniel Carral, ante quienes habían presentado recursos de apelación tanto las defensas como el particular damnificado.

“¡Pedimos la prisión efectiva en la cárcel sin beneficios para ambos, al ya tener doble conforme, porque dos tribunales confirmando la pena!”, expresaron en un comunicado los padres que participan del expediente como particulares damnificados.

Las defensas de Matiussi y Ojeda habían cuestionado la “valoración probatoria efectuada en el veredicto para tener por acreditara la materialidad ilícita y la participación de sus defendidos”, mientras que el abogado de las familias había pedido un monto mayor dado que “la pena impuesta no resulta proporcional a la gravedad de los hechos y las circunstancias agravantes contempladas”.

“Conforme lo expuesto, la operación que determinó la convicción del Tribunal respecto de la materialidad ilícita se apoyó rigurosamente en la lógica, la observación y la experiencia siguiendo un razonamiento inobjetable sin que las críticas formuladas por las defensas logren evidenciar falencias en lo decidido”, dice Casación en su sentencia a la que tuvo acceso Télam.

Los hechos ocurrieron en 2017 en el jardín Belén, un establecimiento educativo y religioso de San Pedro. Al menos cinco niños fueron las víctimas, quienes sufrieron “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.

“Necesitamos que estas personas estén en la cárcel sin privilegios y cumplan una condena efectiva de 15 años de prisión”, pidió desde su cuenta Instagram Vitale apenas conocida la decisión de la Cámara de Casación.

Desde allí contó cómo fue la pela que tuvo que dar para conseguir justicia: “Enfrentarnos al obispado fue muy difícil, enfrentarnos a una sociedad fue muy difícil porque nadie quería creer y hoy hay dos tribunales que confirman que son culpables”.

En otro tramo de su publicación, la mujer también reconoció lo difícil que resulta para las víctimas y sus familias seguir adelante con las denuncias: “De muchas denuncias no se logran las condenas, porque es muy difícil, es muy difícil mantenerte intacta, porque no podés llorar o gritar porque terminas siendo loca, tenés que tener estabilidad en todos los sentidos, tenés que guiar el proceso, que esto se haga bien, tenés que buscar abogados cuando no tenés idea de que significa un proceso penal, mientras tenés que atravesar el dolor de un abuso sexual a tu hijo que es lo último que querés en la vida”.

Con información de Télam

MG

El exsacerdote Carlos Eduardo José fue declarado en rebeldía y bajo pedido de captura nacional e internacional por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín que este martes iba a condenarlo por abuso sexual. La decisión fue tomada luego de que José no se presentara en la audiencia en la que se le iba a fijar la pena y no ser hallado en la vivienda de la localidad de Caseros, donde había fijado domicilio.

José integra la lista de los 128 miembros de la Iglesia católica involucrados por abuso sexual de acuerdo a la investigación publicada por elDiarioAR en octubre de 2022.

La “audiencia de cesura” había sido convocada a las 9 de la mañana por los jueces Marcelo Machado, Héctor Toneguzzo y Alejandro Moramarco Terrarossa en la causa contra el excura por “abuso sexual gravemente ultrajante” de una alumna menor de edad, después de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtiera parcialmente su absolución por prescripción en octubre pasado pero manteniendo al procesado en libertad.

Para el tribunal Carlos Eduardo José (64) es culpable de “abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado” contra Mailin Gobbo (35), una alumna del colegio parroquial que él dirigía en la localidad bonaerense de Caseros, a quien agredió sexualmente entre sus 12 y 21 años de edad en el domicilio de la víctima.

A lo largo de tres horas de espera en la sede judicial, la abogada defensora del exsacerdote les comunicó informalmente a las partes que su defendido no respondía a los mensajes que le había enviado desde primera hora de la mañana.

Según informaron fuentes judiciales, la policía se hizo presente con una orden de allanamiento en el domicilio de Carué 5273 pasadas las 10.30, pero nadie respondió a los llamados y “resultaron negativos” todos los esfuerzos por encontrarlo.

“Carlos Eduardo José no vino a pesar de que fue notificado personal y fehacientemente de la realización de la audiencia. Superado el tiempo de espera, el tribunal lo mandó a buscar por la fuerza pública, con posibilidad de allanar, pero esas acciones arrojaron resultado negativo. Ante esta situación, el tribunal decide declarar al imputado en estado de rebeldía y ordenar su captura nacional e internacional”, explicaron fuentes judiciales.

“Ya se comunicaron los oficios a Interpol y a todas las dependencias judiciales correspondientes”, agregó.

Por su parte, Gobbo aseguró no estar sorprendida e incluso “intuía que esto iba a pasar porque ya lo hizo una vez en 2017, cuando yo hice la denuncia”.

Efectivamente, José estuvo una semana prófugo en julio de 2017 cuando fue requerido por primera vez por esta denuncia y es en virtud de esta actitud esquiva que la Justicia le denegó sucesivos pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria, llegando bajo prisión preventiva al juicio de primera instancia celebrado entre febrero y marzo de 2021.

No obstante y tras permanecer tres años y medio encarcelado, José recuperó la libertad en marzo de ese año al ser absuelto por prescripción de los hechos.

“Lo que no entiendo y no voy a entender nunca es cómo los jueces teniendo la oportunidad de haber prevenido esto no lo hicieron y encima dilataron los tiempos”, dijo.

Esta audiencia había sido fijada inicialmente para el 31 de mayo, pero dos días antes el tribunal accedió a postergarla a pedido de la defensa, que arguyó que José tenía una operación de cadera programada para el 1 de junio. Posteriormente, sobrevendría la recuperación post operatoria que se extendió hasta ayer.

“No era previsible pero estaba dentro de marco de las posibilidades que no se presente porque él ya estuvo prófugo y no hizo las cosas fáciles durante el juicio”, dijo el abogado del particular damnificado, Héctor Silveira.

Lo que queda por delante es “procurar su detención” y, cuando se lo consiga, “se establecerá una nueva fecha de audiencia de cesura, y se le impondrá la pena que el tribunal considere en función del delito que cometió” porque “Casación ya determinó que está comprobada la materialidad del ilícito y que él es el autor material”. 

Junto a la víctima, estuvieron presentes desde temprano dos de las otras tres denunciantes originales, quienes no obtuvieron justicia porque esos expedientes fueron prescriptos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

“Hubiera preferido que se matara antes de profugarse, porque si le dictan la condena mínima -que es de 8 años- tres ya lo tiene cumplidos (por la prisión preventiva) y después de 5 años más, él todavía tiene todavía la capacidad de abusar de otras niñas”, dijo Gobbo a Télam

“Quiero que lo encuentren y, si lo encuentran con vida, que le den la condena más alta (que es de 20 años) con prisión efectiva”, agregó la joven que concurrió a la institución educativa que José dirigía -el Instituto San José Obrero- hasta el segundo año de secundaria, cuando decidió cambiarse de colegio pero sin poder perder contacto con el sacerdote, que seguía concurriendo a su casa como amigo de la familia.

Según testimonió en el juicio, mientras estuvo en la escuela el sacerdote la sacaba del aula casi diariamente para confesarla sentada en su falda, momento que aprovechaba para manosearla.

También, según contó la joven, el religioso iba a su casa, ya que era de confianza de la familia y cometía el delito en su habitación.

El 9 de marzo de 2021 el TOC N° 2 de San Martín lo absolvió al considerar que estaba extinta por prescripción la persecución penal por el denominado “hecho 1” -ocurrido en el colegio San José Obrero de la localidad bonaerense de Caseros entre 2000 y 2001- y del “hecho II” -que tuvo lugar entre 1999 y 2008 en la casa de la víctima-.

Y eso a pesar de que tanto la querella como el fiscal Ricardo Romero habían solicitado la pena máxima; y de que los abogados de Mailin difundieron un video donde se ve a José bailando con muchos niñas y niños alrededor, pero a la única que agarra sin soltarla, abraza y habla al oído es a la víctima, que por entonces tenía unos 6 años.

Esa sentencia fue apelada tanto por los abogados querellantes como por el fiscal de juicio Ricardo Romero, quienes habían coincidido en solicitar 20 años de prisión.

A mediados de octubre del año pasado, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó parcialmente el fallo de 2021 por considerar “acreditados” tanto “la materialidad ilícita” como “la autoría responsable” del imputado en relación a los hechos denunciados como ocurridos entre 1999 y 2008 en la casa de la víctima (hecho II), entre sus 12 y sus 21 años.

Esto implicó que la causa volviera al mismo tribunal de primera instancia de San Martín cuyo fallo fue parcialmente revocado, donde una nueva conformación debía limitarse a determinar la pena de la sentencia condenatoria, sin posibilidad de volver a revisar los hechos o cambiar el sentido de la decisión judicial.

“Lo que me trajo hasta acá es que no haya más niños víctimas de abuso, porque a mí no me va a haber justicia que repare lo que me hizo; que le dicten tres o cinco años es indistinto, porque mi infancia no se recupera ni incluso, mi vida. Las infancias son todo lo que tenemos que cuidar y no entiendo cómo la Justicia no lo hace”, concluyó.

María Alicia Alvado/Agencia Télam

“Espero que el proceso judicial no sea una carnicería como ha pasado con otros sobrevivientes”, dice el exseminarista Vicente Suárez Wollert. El 2 de mayo comienza en La Pampa el juicio por abuso sexual agravado contra el cura José Miguel Padilla, fundador de la congregación de frailes La Fraternidad de Belén, que tiene monasterios en La Pampa y provincia de Buenos Aires, y excapellán del Ejército durante la última dictadura militar. 

Padilla, quien actualmente reside en San Luis, es acusado por hechos que ocurrieron entre noviembre de 2015 y junio de 2016 cuando el joven, de 19 años, ingresó al monasterio en Intendente Alvear, La Pampa. En ese momento, el sacerdote era el director del convento de los frailes Capuchinos Recoletos. En 2019, el seminarista pudo denunciar la situación en un hilo de Twitter y después continuó por la vía judicial. “Era como ‘El elegido”', relata el joven en diálogo con elDiarioAR. “Yo recibí muy rápido el hábito de fraile y comencé a ser como el 'secretario' de Padilla: lo acompañaba a las citas, a las reuniones, a las visitas de los enfermos, en los viajes, al médico. Me decía que cuando él no esté quería que yo quedara al frente de la comunidad junto con otros frailes”, agrega.

Un sacerdote me dijo que era psicólogo y me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro

Vicente Suárez Wollert — Denunciante

La denuncia indica que los abusos comenzaron durante unas vacaciones comunitarias en una casa de retiro en Villa de la Quebrada, en San Luis. La segunda vez fue en la habitación del cura cuando los padres del joven lo visitaron en el convento. “A ellos les dijo que yo los odiaba y a mi me decía que mis papás no me querían, que tenía que concentrarme en mi vocación. De a poco fue alejándome de todo lo que era mi entorno, no había celular, no había Facebook, ninguna comunicación. Hay hechos que los recordé con terapia y al momento de hacerme las pericias judiciales. Otro de los hechos ocurrió en la ruta, eso lo recordé hace pocas semanas en el camino cerca del convento”, comenta el joven que ahora vive en Santa Fe y es docente en una escuela especial.

Padilla es criticado también por su actuación durante la última dictadura cívico militar en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA) 141 de San Luis. La escritora y docente pampeana Claudia Giacobbe, autora del libro sobre el caso llamado “La verdad los hará libre”, da cuenta eso. “Fue capellán del Ejército entre 1980 y 1983. Después, estuvo en San Luis con el obispo ultra conservador Juan Rodolfo Laise (Nota del diario: acusado por testigos en juicios por delitos de lesa humanidad de cooperar con los militares). En ese momento, Padilla fue rector del seminario, párroco de la catedral y vicario del obispo”, afirma la autora a este diario.

Además, el libro da cuenta de que Padilla participó del levantamiento carapintada. “En abril de 1987 bendijo las armas de los enemigos de la patria y al año siguiente participó del segundo levantamiento que buscaba derrocar a Alfonsín”, describe Giacobbe, quien escribió la historia de Vicente y estudió características de los curas abusadores. El sacerdote también se expresó en contra de los pueblos originarios. “En el colegio secundario Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear difundió material donde se trataba a los pueblos originarios de sanguinarios, cuatreros y extorsionadores. También caracterizó a la Campaña del Desierto como una monumental empresa y reivindicó la figura de Roca. También calificó el Día de la Memoria como una fiesta ideológica y consideró al genocidio de los 70 como una guerra contra la subversión y las minorías rebeldes extremistas. Al mismo tiempo, caracterizó como patéticos y deplorables a los militantes de derechos humanos”, detalla la periodista.

“El cometía los abusos y después lloraba, decía que le había fallado a Dios, a su vocación. Le pedía perdón a Dios, pero nunca me pidió perdón. Él me decía que fuera del convento yo no iba a ser feliz. Los abusos se meten no solo con la integridad sino también con los sueños, con el proyecto de vida”, reflexiona Vicente, quien después de estar en La Pampa intentó seguir la vida religiosa en la Congregación San Miguel del Arcángel en Paraguay. Allí le contó la situación a sus superiores, que le recomendaron perdonar y dejar las cosas “en manos de Dios”. Además, un integrante de la iglesia le hizo un test que determinó que tenía un trastorno psicoafectivo. “Era un sacerdote que me dijo que era psicólogo y me realizó un psicodiagnóstico falso, me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro. Yo creí por varios años, incluso después de haber dejado la vida religiosa. Después un psicodiagnóstico privado reveló que eso no era cierto”, agrega.

Tres años después de la denuncia, la justicia pampeana determinará la responsabilidad de Padilla, quien recibió una presentación en su contra de un exalumno del Colegio Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear, al que renunció a su cargo de rector. Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina advirtieron sobre las maniobras dilatorias del proceso judicial en la causa de Vicente por parte del abogado del cura, Jorge Salamone. Indicaron que presentaron varios recursos para impedir que las personas citadas a declarar lo hagan de manera virtual, algo que sí le permitieron a los obispos citados. “La defensa continúa obstaculizando la causa, a semanas del inicio del juicio, oponiéndose a la declaración remota de testigos y peritos que no benefician a su cliente. La Justicia ha hecho lugar a la mayoría de sus pedidos, permitiendo - en cambio - que los obispos implicados declaren desde la comodidad de sus palacios arzobispales. Exigimos un acceso real e igualitario a la justicia”, indicaron en un comunicado. elDiarioAR se comunicó con el abogado defensor de Padilla, quién no pudo responder por estar de viaje. 

Desde la querella indicaron que las tres autoridades de la Iglesia Católica citadas a declarar fueron habilitadas por el tribunal a hacerlo de manera virtual. Se trata de Raúl Martin, obispo de Santa Rosa, su auxiliar Luis Darío Martín y el arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer. “A ellos les permitieron declarar de esa manera. En mi caso, la defensa se opuso y le dieron lugar. Tendré que viajar 800 kilómetros para declarar”, contó Suárez Wollert.

Le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada

Vicente Suárez Wollert — Denunciante

“Fueron años en los que yo revisaba los mails, actualizaba la página una y otra vez a ver si el obispo me escribía”, así se puede resumir la respuesta de la institución católica a los reclamos del seminarista ante la denuncia de abuso sexual. En 2016, Suárez Wollert le envió mails al obispo Martin para contarle lo que pasaba en su jurisdicción, pero no recibió respuesta. “En el primero no remití explícitamente al abuso, pero le di suficientes elementos con capturas de pantallas y con mensajes que me mandaba mi superior, que era Padilla. En el primer mail respondió y después ya no. En ese momento confié en la Iglesia. Yo también confié y también le conté a los superiores de Paraguay”, agregó.

“Le escribí al obispo de San Luis, Gabriel Barba, a monseñor Mario Poli también. Lo mandé a todos los correos de la Conferencia Episcopal pidiendo que intervenga y no tuve respuesta. Denuncié en la Comisión que creó el obispado de Santa Rosa. Ahí denuncié a Padilla y al monseñor Gabriel Martin por encubrimiento. Son dilaciones y falta de voluntad, no hay un compromiso con la verdad y la justicia”, detalló el joven. 

La parte acusadora pidió citar a varios integrantes de la iglesia, de distintas jurisdicciones, para que relaten las advertencias que el joven hizo en distintas etapas.“Cuando me desvinculan de la comunidad fui al obispado de La Plata, donde la congregación de Padilla tenía una casa y le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada”, explicó. 

CDB / MG

“Era un sacerdote que me dijo que era psicólogo y me realizó un psicodiagnóstico falso, me diagnosticó un transtorno psicoafectivo. Por muchos años lo creí. Me decían que la única estructura donde yo podía realizar mi vida era dentro de la iglesia porque afuera yo era un peligro. Yo creí por varios años, incluso después de haber dejado la vida religiosa. Después un psicodiagnóstico privado reveló que eso no era cierto”,

Vicente Suárez Wollert

.“Cuando me desvinculan de la comunidad fui al obispado de La Plata, donde la congregación de Padilla tenía una casa y le cuento al obispo Aguer todo lo que había sucedido y le pedí volver a una casa en la que no esté Padilla. Él me ofreció dinero e ingresar al seminario de La Plata , pero yo no acepté. Cuando la justicia le preguntó dijo que no se acuerda de nada”,

Vicente Suárez Wollert

Pablo Vío y Gonzalo Elizondo cursaban juntos sexto grado en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Tenían 11 y 12 años cuando César Fretes, hermano jesuita de la institución, abusó sexualmente de ellos y de varios de sus compañeros. Hace un año, formaron parte de un grupo de diez exalumnos que denunciaron penalmente a las principales autoridades del colegio y de su orden religiosa madre, la Compañía de Jesús, la misma a la que pertenece el Papa Francisco, en calidad de partícipes y encubridores siendo las autoridades responsables.

Tres años atrás, Vío y Elizondo, casi en sus treintas, intercambiaron experiencias y se dieron cuenta de lo que les ocurrió. Habiendo conocido testimonios de otros amigos, recurrieron a la institución: “No encontramos ningún tipo de respuesta, arrepentimiento o decisión de hacerse cargo de una manera responsable”, dijo Pablo a elDiarioAR. “Lo único que hicieron fue excusarse diciéndonos que ellos creen que actuaron de la forma indicada para la época”, apuntó.

“Nos fuimos muy dolidos y decidimos darle inicio a este camino judicial”. Tras un año y medio de buscar abogados, Vío y Elizondo -junto a otras ocho víctimas- presentaron su denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres (UFEM) con el patrocinio de Carlos Lombardi, Pablo y César Mayer.

Los denunciados son Luis Rafael Velasco, rector del colegio entre 1999 y 2003; Ricardo Moscato, vicerrector entre 1999 y 2010 y rector desde entonces; Alonso José Gómez, superior provincial de la orden entre 2003 y 2009 y actualmente rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); Álvaro Pacheco, delegado de la Compañía para la prevención de denuncias y abusos y Andrés Ignacio Aguerre Herrera, rector de la escuela entre 2004 y 2010 y desde 2022 vicerrector de la UCC.

Fretes falleció a raíz de un cáncer en octubre del 2015. Se había desempeñado como tutor de sexto grado entre 1997 y 2003. “Sí tenía una relación más cercana con la mayoría”, recordó Vío. Fue el encargado de impartir “Educación para el amor”, una especie de educación sexual. “A vista de nuestros padres y profesores se lo veía de una forma muy positiva; cercano y simpático”. Fretes estaba habilitado a indagar en cuestiones del desarrollo corporal y de la vida sexual de sus alumnos. En ese momento, tenía 40 años.

El jesuita solía retirar a los niños del aula durante horario de clases, para llevarlos a su despacho al final del pasillo del tercer piso, cuya puerta con ventanas estaba tapada con cartulina desde adentro. Dice la denuncia que ahí, con sus alumnos, Fretes preguntaba si se habían masturbado, con la excusa de que se bajaran los pantalones para ver y tocar. Como acompañante, frecuentaba también campamentos de retiros espirituales, llamados “Encuentros con Cristo”, donde de noche entraba a las carpas o las habitaciones.

Los denunciantes indicaron que Velasco y Moscato recibieron al menos tres denuncias de padres y una cuarta de un sacerdote, pero estos dos en vez de separar a Fretes del trato con los niños, habrían consentido para que continuara retirando niños del aula y siguiera como tutor y acompañante de ellos en campamentos y retiros espirituales, optando por el silencio para que la comunidad educativa no tomara conocimiento de lo sucedido. Los exalumnos consideran que la inacción de los directivos hizo que el hermano siga por más de dos años.

Por su parte, Gómez, Pacheco y Aguerre Herrera habrían encubierto los delitos de Fretes y la inacción de Velasco y Moscato. Según la denuncia, ocultaron pruebas fundamentales para el esclarecimiento a los hechos y se negaron a entregar copias de los expedientes abiertos por los abusos de Fretes. “Ellos tienen que entregar la documentación si la piden, porque es un derecho humano ejercido por víctimas de abuso”, explicó Lombardi a elDiarioAR.

En cuanto al paradero de Fretes, “él se fue a Mendoza, y nunca se dijo nada sobre su traslado y se mantuvo con bastante hermetismo”, dijo Vío. Comenta que es común ver entrar y salir curas en un colegio religioso, por lo que no sería raro el traslado en otras circunstancias. Sin embargo, “tenía que ver con encubrir a un abusador”. Lombardi describe un modus operandi de la Iglesia, y cuenta que en la ciudad cuyana “vino a la sede de los jesuitas, también colaboró en una parroquia de un barrio vulnerable y siguió en contacto con jóvenes porque participó de algunos campamentos”. “Como no tenían cómo contener el reclamo de los padres, deciden trasladarlo, pero en silencio”, apuntó.

La respuesta del colegio

A poco de conocerse la denuncia penal, la Compañía de Jesús difundió un comunicado en el que aseguran haber prestado “toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación”, y recordaron que Fretes ya no pertenecía a la institución ya que había sido “dimitido” del estado clerical, la máxima sanción prevista por la Iglesia católica, en 2007. También afirman que fue separado de sus funciones en 2003, cuando se conoció la primera denuncia.

Luego, agregan el argumento utilizado en la mayoría de los casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, que se trataba de un delito privado y que por lo tanto no podían denunciarlo:  “Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas”.

Como sigue la causa

La causa, actualmente bajo secreto de sumario, tuvo el viernes 10 de marzo dos allanamientos: al Colegio del Salvador y al Centro Loyola, sede de la Orden Jesuita en San Miguel, provincia de Buenos Aires. elDiarioAR supo que los investigadores fueron en busca de documentación: “Parte de esa documentación se secuestró y otra se presentó por parte del abogado de los curas. No deja de ser una actitud contradictoria, porque el año pasado negaron la información y ahora con una orden judicial la presentan”, cuestionó Lombardi. “Lo que presentaron es antojadizo, lo que han querido”.

"Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco

Carlos Lombardi — Abogado de las víctimas

En un comunicado, los excompañeros dicen que “en octubre del 2022 enviamos una carta al Papa Francisco”, donde explicaron su denuncia y solicitaron “su intermediación para esclarecer estos hechos. Es la segunda carta que enviamos al Papa. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta”. Jorge Bergoglio fue docente de la institución: “Si no lo conoció personalmente, por lo menos por las cartas ha tenido noción y conocimiento del caso y la persona”, piensa Lombardi. “Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco”.

“Consideramos que era una forma de aunque sea hacer algún comentario, alguna reflexión”, explica Vío, aunque confiesa: “A mí no me va a conmover porque entiendo que es el líder de la institución que se maneja de esta forma”. Aunque opina que el Papa no debe conocer el caso, cree que la Iglesia “permite este tipo de abusos, entonces esperar una respuesta es un poco irónico. No lo veo como una solución a esto, sí una herramienta para el proceso judicial y el sanar de muchas personas que estamos transitando esto”.

“Entiendo que tiene un condimento particular esta denuncia, que es la de varones”, reconoce Pablo, y piensa que de ahí viene la repercusión que tiene el caso, aunque “no lo hicimos con ese objetivo, fue hacer público algo que estábamos intentando hacer casi tres años, hacernos escuchar”. Reflexiona: “somos personas que pudimos seguir con nuestra vida, trabajando, estudiando, y sin embargo lo que nos pasó no deja de ser gravísimo y sí tuvo repercusión en nuestras vidas”.

“El objetivo de todo esto es encontrar justicia. Esperamos que ese fallo sea positivo, más allá de la condena, porque tiene que ver con poner un granito de arena con lo que no se habla y tampoco se juzga”, responde Vío a la pregunta de sus expectativas. Habla de sentar bases para que quienes cometan delitos de abuso y encubrimiento “tengan que dar explicaciones ante la justicia y no aprovechar si son casos religiosos”. “Ellos creen que todo se define dentro de su ámbito”, sentenció.

LC

Unas 1.200 víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica de Francia presentaron el pedido para recibir una compensación económica por los ataques sufridos. Pero hasta ahora sólo 190 víctimas recibieron compensaciones por 37.000 euros mientras que apenas 40 consiguieron el máximo posible de 60.000 euros.

Estas víctimas representan una ínfima parte las 330.000 denuncias recibidas por una comisión independiente en el año 2021. A lo largo de 2.500 páginas, la denominada Comisión Ciase determinó los abusos cometidos entre la Iglesia de Francias entre 1950 y 2020. De ese total, 216.000 fueron menores.

A partir de este informe, la Conferencia Episcopal de ese país resolvió crear una nueva comisión, la INIRR (Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación), para escuchar y recibir denuncias de las víctimas. Sin embargo, hasta el 1 de marzo sólo se habían recibido 1.186 denuncias, de las cuales sólo 404 fueron atendidas por sus servicios.

El número se achica aún más al momento de diferencias entre los casos que siguen en estudio y quienes efectivamente recibieron una compensación: 230.

Del total de casos recibido por la INIRR, el 58 % de los ataques se prolongaron durante más de un año, en tanto en el 21% las víctimas fueron sometidas por más de cinco años. En la mayoría de los casos se trató de violaciones, sobre todo a niños de entre 11 y 15 años (54 % del total) o entre 6 y 10 años (40 %).

“Sabemos que los abusos sufridos durante la infancia son extremadamente importantes y sus efectos se prolongan durante años”, reconoció la presidenta de la institución, Marie Derain de Vaucresson, quien admitió que durante años hubo una voluntad en la Iglesia de ocultar estos hechos. 

Las víctimas, cuya edad media actual es de 61 años, son mayoritariamente hombres (68 %), pero la directora de la INIRR reconoce que el número de mujeres es mayor del esperado y actualmente representan el 32 %.

Las víctimas, que contactan por teléfono o por correo electrónico al organismo, reciben un acompañamiento próximo e individualizado por parte de la figura del referente, quien les ayuda a través de entrevistas a clarificar sus recuerdos y calificar la violencia sufrida.

Sin embargo, el dinero no siempre es suficiente y en el caso de Stephan, que prefiere no usar su nombre verdadero, la reparación estuvo en el reconocimiento y el consuelo de su sufrimiento. Atacado a los 13 años durante una confesión, cargó durante años con la culpa del episodio, que le hizo desarrollar una obesidad mórbida por la que tuvo que someterse a una cirugía cardíaca.

“Pensamos que el niño que es violado lo olvida, pero no. El niño que es violado no olvida nunca y sufre traumas de por vida”, resalta esta víctima, que, tras su proceso con la INIRR, dice sentirse liberado y reconocido. 

“La reparación pasa por una reparación financiera, pero no puede sustituir a la justicia civil”, señaló François, nombre ficticio de otra de las víctimas. El hombre agregó que contar su experiencia ante INIRR fue “una revelación” que le permitió poder expresarse y dar testimonio de lo que había sufrido, e insiste en esa necesidad de reconocimiento, en especial por parte de la Iglesia.

“Lo más importante es que exista esta instancia, creada para ser un foro de escucha, con gente competente que puede comprender lo que hemos vivido y reconocer lo que hemos vivido”, concluyó.

Con información de EFE.

La Fiscalía General del Estado trata de dar pasos para arrojar luz sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica de España a pesar de la falta de colaboración de los obispos. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció este jueves en una comparecencia en el Senado que en los “próximos días” se dirigirá directamente a congregaciones y entidades religiosas para que remitan toda la información a su alcance sobre denuncias o testimonios relativos a la pederastia clerical. El objetivo es acceder a “los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece y sobre los que no ha sido informada”, explicó ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. 

Esta decisión es consecuencia de la “escasísima información” que la jerarquía católica facilitó hasta el momento sobre “una realidad criminal de incuestionable gravedad” como son los abusos sexuales a menores en la Iglesia. García Ortiz explicó que el pasado noviembre la Fiscalía solicitó a las 70 diócesis que facilitaran toda la información al respecto que estuviera en su poder. Pero sólo 29 de ellas contestaron. Y lo hicieron, además, con “respuestas modelo”, afirmando que no tienen casos abiertos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. 

La información aportada en sede parlamentaria por el fiscal general revela que las diócesis siguieron a rajatabla las directrices de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el sentido de que debían limitar la información que ponían a disposición del Ministerio Público. En una carta, el secretario general de la CEE, César García Magán, aconsejó a las diócesis que no comunicaran a la Fiscalía General del Estado ningún caso que no estuviera previamente comunicado a la fiscalía provincial y que la respuesta fuera coordinada por la procuradora que representa a esta organización. E incluso para facilitar esa respuesta unánime adjuntaba además dos modelos a completar que fueron utilizados por la mayoría de ellas. 

La Fiscalía preguntó a las diócesis por indicación de la propia Conferencia Episcopal, a quien se había dirigido el Ministerio Público en primera instancia tras recibir un escrito que reproducía a su vez la investigación realizada por El País sobre estos abusos. “Valorando ese gesto” —dijo García Ortiz—, la Fiscalía pidió a los obispos que informaran “de aquellos casos de los que tuvieran conocimiento” para poder “dimensionar el fenómeno” y “valorar cada caso de forma individual”. Pero éstos replicaron que no tenían “competencia” para hacerlo e indicaron al Ministerio Público que contactara con cada diócesis individualmente. 

En su intervención, García Ortiz aseguró que las agresiones sexuales a menores “cometidas en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa” es “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. Y recordó en este sentido, que la Fiscalía está elaborando un estudio sobre las alternativas procesales para reparar a las víctimas, en casos de hechos prescritos y autores fallecidos. “Dicho estudio analizará los referentes internacionales y autonómicos, siempre teniendo presente que lo central es dotar a las víctimas de una plataforma de escucha, reconocimiento y posterior reparación por los hechos sufridos”, afirmó.

elDiario.es informó este jueves que la auditoria sobre estos abusos que la Conferencia Episcopal encargó al al despacho Cremades & Calvo Sotelo apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se centró en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se concretó en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50.