Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR el 1° de noviembre pasado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. Además, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) dijo a partir de la consulta de este medio que se encuentra investigando los casos.

Apenas una hora luego de la publicación de la investigación en elDiarioAR, el buscador de Google fue colonizado por fake news que, copiando el estilo de titulación de la nota, afirmaba: “Reconocido jinete e instructor hípico Augusto Fraschina exonerado de todas las acusaciones de abuso sexual”. Los links estaban alojados en las páginas web de las universidades Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil. 

La supuesta noticia, fechadas el 27 de octubre de 2023 pero publicadas el 1° de noviembre por la madrugada, sostenían: “Las autoridades judiciales han concluido que no existen evidencias suficientes para sostener las acusaciones de abuso sexual presentadas contra Augusto Fraschina en marzo de 2025”. Sin embargo, las denuncias fueron presentadas por las mujeres en 2018 y 2024, según consta en los expedientes judiciales, y se encuentran en pleno trámite. No existe absolución ni condena por el momento. 

Envenenando la web

“Fraschina, reconocido por su trayectoria extensa en el turf y su labor como instructor, ha sido completamente exonerado, reafirmando su reputación en el ámbito ecuestre”, anunciaba la noticia falsa que buscaba desacreditar lo publicado por la UDI de elDiarioAR. Actualmente, ambas causas están en pleno proceso. La primera, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La falsa noticia afirmaba: “Por su parte, los abogados del instructor señalaron que esta resolución demuestra la importancia de la presunción de inocencia y el valor del debido proceso en la Justicia”. Además, las publicaciones resaltaron que las “acusaciones infundadas” no deben afectar “la carrera ni la vida personal de individuos que han dedicado su existencia a promover los valores y la excelencia en el deporte.” 

elDiarioAR consultó al abogado de Fraschina, pero la defensa rechazó hacer declaraciones sobre estas publicaciones. Solo dijo que no tenía información sobre ellas.

Este medio también consultó al abogado de ambas denunciantes, Hugo Tomei, sobre la publicación de las noticias falsas. “Me sorprendió. Estamos en un nivel de acciones que pueden ser ilícitas, que se dan en una escala económica superior, no es lo que se encuentra comúnmente”, y agregó: “Estamos hablando de hechos que se dan en un estado mayor de posibilidades económicas. Entonces, todo lo que pueda llegar a pasar lo voy comprendiendo desde ese lugar. Hay recursos de otros lugares que pueden intentar cancelar una nota (de elDiarioAR) y por qué no también un proceso (judicial)”, “Siento que fui elegido para ser el abogado de dos chicas con una fortaleza enorme, pero que esto va un poco más allá: es una causa”, aseguró el letrado.

Cómo funciona la maniobra

Mauro Eldritch, fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD), una empresa que ofrece soluciones de inteligencia de amenazas digitales y ayuda a las organizaciones a detectar riesgos y tomar decisiones de seguridad fundamentadas, dialogó con elDiarioAR sobre el caso de las fake news publicadas en las páginas web de Nantés Université de Francia y la Universidade do Estado de Santa Catarina de Brasil.

“Es un claro ejemplo de Black Hat SEO, y, más particularmente, una forma de SEO Poisoning, un conjunto de prácticas orientadas a desposicionar un contenido y posicionar otro en su lugar para ‘taparlo’, sepultándolo entre los resultados del buscador”, explicó Eldritch a este medio, y agregó: “En este caso abusaron de sitios de universidades que rankean muy bien y suelen aparecer primero, pero que tendrían alguna mala configuración o vulnerabilidad que aprovecharon para subir contenido. La noticia de elDiarioAR [publicada el sábado 1° de noviembre último] habla de una denuncia a un jinete, ellos usaron casi las mismas palabras del titular pero cambiando la historia para decir que fue exonerado”. 

El resultado de la operación mencionada por Eldritch se refleja en el buscador de Google, donde se exponen en una misma jerarquía visual dos informaciones que se contradicen. “Cuando un usuario busque el nombre (de Augusto Fraschina) o el titular de la nota de elDiarioAR, el buscador le va a ofrecer primero los sitios con mejor ranking: los de las universidades, aunque el contenido indexado por el buscador sea ficticio”, aclaró a este medio.

Consultado sobre la sofisticación que puede implicar este tipo de operaciones, el experto respondió: “Tiene su sofisticación pero no es demasiada. Identificaron servidores de entidades que rankearan bien en el buscador y que tuvieran vulnerabilidades. Coordinaron la explotación para subir las noticias falsas con cierta simultaneidad y esperaron a que el buscador las indexara”.

“El problema es que es un truco que se descubre fácil, dura hasta que un administrador [de las webs de las universidades] borre el contenido ilegítimo de la web y hasta que el indexador de los buscadores vuelva a pasar y ya no encuentre ese contenido; o incluso hasta que un sitio de noticias saque algo nuevo sobre el tema. En ese caso por ser más reciente probablemente rankee primero. De nuevo, todo depende del buscador”, agrega Eldritch.

Tal como explicó el experto, pocas horas después de la aparición de las fake news sobre la exoneración de Fraschina en los casos de presunto abuso sexual en su contra, las noticias falsas dejaron de figurar entre los primeros resultados en el buscador de Google. Pero sí llegaron a rankear en un primer momento. Este comportamiento se explica “porque el administrador de sistemas o quién esté a cargo de la web de la universidad se da cuenta de la anomalía y revierte el contenido, pero esa persona trabaja para el sitio de la universidad, no para Google. No se puede desindexar del buscador. Por eso al generar la búsqueda muchas veces el buscador sigue ofreciendo un resultado ‘fantasma’ por algún tiempo breve” concluyó el fundador de Birmingham Cyber Arms (BCA LTD).

La lectura del contenido de la noticia falsa presentaba una dificultad: al abrir el link, la página mostraba por muy pocos segundos el contenido de la nota en formato blog e inmediatamente redirigía a un sitio de apuestas online.

Qué dice eso de la operación principal, le preguntó este medio al experto. “Aunque hayan borrado el sitio, lo que permitió en primer lugar que subieran el contenido (una vulnerabilidad en la seguridad de la web de la universidad, por ejemplo) no fue corregido y fue aprovechado por otro actor para difundir su propio contenido. En este caso, sitios de apuestas, crypto-casinos, etcétera, que probablemente lo hayan descubierto y explotado de forma automatizada. Como dije antes es un truco que funciona (si lo hace) por muy poco tiempo”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con voceros de Google para solicitar información sobre estas publicaciones. La respuesta fue que es “difícil saber qué puede haber sucedido” y que existen caminos oficiales para denunciar contenidos fraudulentos. También comunicó sobre la maniobra a las universidades de Francia y Brasil, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido por el encargado de la educación y guarda y abuso sexual con acceso carnal. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Así surge del expediente de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR durante los últimos meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, quien actualmente tiene 38 años, denunció ante la Justicia a Fraschina por un hecho cometido supuestamente cuando tenía entre 17 y 20 años. 

La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

La equitación implica algunos requerimientos indispensables para practicarlo: tener un caballo, alimentarlo, domarlo, hacerle controles veterinarios, conseguirle un establo para que duerma. Y tener el dinero, los medios o los contactos para que todo eso suceda. Pero hay otro punto central para poder realizar este deporte: tener un instructor.

Augusto Fraschina es una figura reconocida en el ambiente hípico y un hombre conectado con el poder. En 2023, ganó una de las competencias más importantes del país con el caballo HT Felini. Se destacó en la competencia de 1,5 metros por su tiempo, 74 segundos, y ninguna falta. Al recibir el premio, el jinete mostró una sonrisa perfecta, la piel dorada, el cabello rubio y los lentes de cristales rectangulares. Sostenía la copa de cristal con su mano izquierda y con la derecha tomaba por el hombro a Marcelo Brandolino, presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA). Una banda azul lo condecoró como ganador del “Gran Premio Federación Ecuestre Argentina”.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la FEA, en octubre de aquel año, el ganador dijo estar feliz por los resultados y por los dos caballos con los que compitió, propiedad de los hermanos Toviggino. Más adelante, agradeció a aquella familia: “Me siento afortunado de la calidad humana de todo el equipo de trabajo y ni hablar a la familia Toviggino que nos da la oportunidad de hoy darnos este gustito”. 

Pablo Ariel Toviggino es tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), además de presidente ejecutivo del Consejo Federal de la institución. También es un apasionado de los caballos. Sus tres hijos, jóvenes y destacados jinetes, fueron entrenados por Fraschina. Felini, el caballo con el que el jinete ganó en 2023, pertenecía al hijo mayor de Toviggino. elDiarioAR se comunicó con Pablo Toviggino para preguntarle si estaba al tanto de las denuncias contra Fraschina, pero al cierre de esta nota no había respondido.

Denuncias de abusos

Además de competir y ser instructor, Fraschina, de 50 años, es fundador del Centro Ecuestre “Las Casuarinas”, ubicado en el complejo Pilar del Este. Fue en este lugar donde comenzaron los abusos a su entonces alumna Candela Lenzi Pra, de acuerdo con la denuncia presentada por la joven ante la Justicia y su testimonio ante la UDI de elDiarioAR.

La primera vez que Lenzi Pra montó un caballo fue a los tres años. Su padre, Juan Lenzi, practicaba equitación amateur. Su instructor, Fraschina, abusó sexualmente de ella por primera vez cuando tenía 16 años y él, alrededor de 36, afirma en la denuncia ante la Justicia y ante elDiarioAR. Los abusos comenzaron en 2010 y se extendieron durante meses, según su declaración.

Lenzi Pra se destacó en las competencias de equitación desde pequeña y ganó concursos nacionales en la categoría juvenil. Llegó a representar al país a los 14 años, cuando fue invitada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) a través de su entrenador de entonces, anterior a Fraschina. La competencia fue en Santiago de Chile.  

Su deseo más grande era crecer en el deporte. “De chica siempre soñé con saltar en primera, era mi único sueño”, dice la mujer de 31 años, aunque admite: “Hoy es difícil decir si me hubiese dedicado porque de repente de un día para el otro se me vino el mundo abajo”. 

Su familia la acompañaba en cada competencia. “Todos los fines de semana mis papás me llevaban a los concursos y me acompañaban. Se movía toda la familia: si tocaba saltar en el (Club Hípico) Argentino, íbamos todos al Argentino y pasábamos todo el día ahí, aunque entrara a la pista por 30 segundos, un minuto como mucho”. Su familia la veía entusiasmada y con potencial, por lo que buscaron un jinete de primera categoría que pudiera enseñarle y entrenarla con mejores caballos.

En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde vivía la familia, había solo tres entrenadores de primera, explica Lenzi Pra. Por recomendación de un amigo de Juan Lenzi, su padre, llamaron a Fraschina. La primera reunión con el jinete fue en la confitería del barrio privado Campo Chico, en Pilar. Fraschina sacó una notebook y mostró videos de sus entrenamientos. Juan Lenzi recuerda aquel momento en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “Me mostró cómo eran los videos, cómo laburaría, cuántos caballos tenía y cómo saltaba. El tipo ya estaba saltando en primera y como jinete es bueno”. Candela quedó contenta, ahora tenía un profesor de primera categoría.   

elDiarioAR contactó a Augusto Fraschina para hacer preguntas y dar lugar a su versión de los hechos y fue derivado con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar bajo alguna modalidad”.

Ante la Justicia, Fraschina sostuvo durante una declaración indagatoria en junio de 2021: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. Fraschina se refirió entonces a las situaciones de supuesto abuso nombradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

Después de algunas clases en Campo Chico, Fraschina le propuso a la familia hacer las clases en su nuevo establecimiento ecuestre, Las Casuarinas, que manejaba con su socio y amigo Javier Rawson, también jinete. Allí la joven podría entrenar con mejores caballos.  

Los martes y jueves, al salir del colegio, y por la tarde, la adolescente de 16 años comenzó a asistir a Las Casuarinas. Fraschina filmaba a su alumna durante el entrenamiento para luego ver juntos el video y detectar cómo mejorar en los saltos. “Una tarde me dijo que fueramos a ver el video al lugar donde yo me cambiaba y ahí mientras estábamos en un sillón viéndolo, se empezó a acercar más, hasta que me agarró de la cintura y de la cara y a la fuerza me dio un beso en la boca”, relató Lenzi Pra en la denuncia que efectuó ante la Justicia. “Esa vez fue solo eso, yo le dije que no, me lo saqué de encima”, agregó en el descargo. Aquel fue el primer abuso de tantos que ejercería Fraschina, afirma la denunciante.

Los entrenamientos continuaron. “Cada vez que yo me cambiaba, él venía al lugar, entraba y me acorralaba y me tocaba, siempre con ropa”, detalla la joven y agrega: “Estaba confundida, no sabía qué hacer porque, por un lado, a mí me encantaban las clases, eran las mejores, era un gran profesor, para mí era muy importante tomar clases con él, lo admiraba mucho y me daba los mejores caballos. Pero, por otro lado, me hacía eso”. 

Lenzi Pra se quedaba paralizada, dice. Así lo relata a elDiarioAR: “De repente no entendía nada. No entendía qué era lo que estaba pasando, era mi profesor, era alguien que quería mucho y de repente me estaba haciendo algo que yo no quería y aunque le decía que no, él insistía. No es que insistió una vez, sino que ya había hecho varias cosas y me paralizaba, no sabía cómo manejar la situación, no la podía manejar, claramente”. 

Fraschina cambiaba de actitud de un minuto a otro, asegura la denunciante. Apenas salía del cuarto, fingía que nada había pasado, sostiene Lenzi Pra. La clase continuaba y la alumna era introducida en un esquema de premios y castigos. De acuerdo a ese esquema, la joven recibía su clase con los mejores caballos o una simple vuelta al trote.  

Así lo relata en la denuncia ante la Justicia: “Siempre me negaba y le decía que no, pero capaz me decía: 'Bueno, hoy te voy a prestar tal caballo', como para que yo tenga un buen entrenamiento y salte bien o quede contenta, y al otro día venía y me hacía lo del abuso y si decía que no, me decía: 'No, hoy no te doy clases, hoy me tengo que ir temprano'”. 

Engaños

Los abusos no solo sucedieron en “Las Casuarinas”, sostiene Lenzi Pra. Otro episodio ocurrió al regresar de un concurso, según la denuncia. Su padre le pidió a Fraschina que la llevara a su casa, ya que él estaba en el trabajo y no llegaría a buscarla. Fraschina accedió. “Yo no decía nada. No me animaba a decirle a mi papá: ‘No me dejes sola con este tipo'”. Ya en el vehículo con Lenzi Pra, el jinete se desvió del camino a la casa de la adolescente. Ella recuerda que su entrenador le dijo: “Antes tengo que pasar por mi casa”. Hoy la mujer imagina todas esas cosas que cree que debería haber hecho y no pudo: “En vez de tirarme del auto, de patalear, de lo que sea, me quedé en el auto”. 

Al llegar, Fraschina le dijo: “Bueno, bajá porque yo voy a tardar” y ella bajó, sostiene Lenzi Pra. En la denuncia, relató: “Yo estaba en la cocina de su casa hasta que me agarró de los brazos y me llevó a su cuarto. Él se acostó en la cama boca arriba y a la fuerza me tiró encima. Yo quedé acostada arriba de él, me empezó a tocar y nuestras partes íntimas quedaron una arriba de la otra. Me decía que así le gustaba a él. Me dio un beso y sentí un gusto amargo, su presencia me paralizaba. En un momento, como pude, me paré de la cama y salí de la casa, y después él me llevó a la mía, como si nada hubiese pasado”.

La última vez que Lenzi Pra recuerda que Fraschina abusó de ella, sostiene la denuncia, fue mediante un engaño. La mujer describió ante la Justicia esta situación como “lo peor que me hizo”. A finales de 2010, Fraschina le dijo que organizaría una fiesta de fin de año para la gente de Las Casuarinas. La fiesta sería de día, en una quinta con pileta y se suponía que con más gente. “En teoría nos juntaríamos con personas que montaban en Las Casuarinas, íbamos a ir a una quinta y yo estaba yendo con una chica que conocía del lugar, en su auto”, cuenta la mujer. 

Javier Rawson, socio de Fraschina, mantenía un vínculo en aquel momento con la amiga de Lenzi Pra, también menor de edad, de 17 años, según la denuncia. A mitad de camino, las adolescentes se cruzaron con Rawson y Fraschina, que iban en otro auto. Lenzi Pra dice en la denuncia: “Javier se bajó del auto en que iba con Augusto y me dijo que él quería ir con mi amiga y que yo fuera con mi profesor”. 

Lenzi Pra se sorprendió al ver que estacionaban en un lugar inesperado. “Cuando frenamos me di cuenta de que no estábamos en ninguna quinta”. Era un hotel ubicado cerca de la ruta 8, a la altura del kilómetro 64. El nombre del establecimiento se detalla en la denuncia. “Hasta que entramos no me di cuenta de que era un hotel. Cuando empezaron a hacer el check-in yo le dije a mi amiga que esto no era lo que habían dicho”, asegura a elDiarioAR. El nombre completo de su amiga, quien declaró para ratificar el testimonio de la denunciante ante la Justicia, figura en el expediente pero este medio resguardó su identidad.

En la denuncia, Lenzi Pra sostuvo: “Yo sentía que no le podía decir que no [a Fraschina] y por eso no podía hacer mucho”. Su amiga dijo a la Justicia que los socios se adelantaron al mostrador del hotel para acreditarse y ellas quedaron detrás. Ellos pidieron dos habitaciones: una, supuestamente para ellas, donde se cambiaron, y otra para ellos. Los cuatro fueron a la pileta del hotel. “Ellos sacaron de una mochila un champagne con unas copas y nos quedamos un rato ahí”, recuerda la mujer, y agrega: “A nosotras no nos pidieron documentos ni nada [en el hotel]”.

Luego, según consta en el expediente, ella relató: “Nos metimos a la pileta hasta que mi amiga se fue con Javier y yo me quedé con Augusto. En un momento me dijo que fuéramos al cuarto a sacarnos el cloro. Yo nuevamente me sentí obligada”. Una vez en el cuarto, ella entró a la ducha y él se metió detrás de ella. Lenzi Pra fue abusada, sostiene. Cuando la joven salió de la ducha, se le tiró encima nuevamente, dijo. “Yo me asusté mucho y empecé a llorar y a gritar pidiéndole por favor que no, diciéndole que no quería, pidiéndole por favor que no me hiciera nada, hasta que él se vistió y se fue a otro cuarto”. 

Lenzi Pra fue al cuarto donde estaba su compañera y le dijo que quería irse de allí. Las jóvenes juntaron sus cosas y se fueron. En su declaración, su compañera contó que no hablaron del tema, pero que Lenzi Pra estaba visiblemente angustiada.  

Segunda denuncia

La segunda denunciante, M. Sol Brunello, acusa a Fraschina del presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Su familia siempre estuvo cerca de los caballos. Durante los años 90, se fueron a pique en términos económicos y lo que era un hobby de su padre, la equitación, se convirtió en el negocio familiar que los sacó a flote con un establecimiento ecuestre. “Nosotros cuidábamos caballos, dábamos clases, ganamos el oficio laburando a la par de mi viejo”, asegura la mujer en diálogo con este medio.

Cuando su padre consideró que les había enseñado todo lo que sabía a ella y a su hermano, la única alternativa para conseguir un instructor fue un antiguo profesor, quien en su juventud fue un destacado jinete. A cambio, ella y su hermano mantenían la caballeriza del instructor ubicada en Campo de Mayo. Allí, la joven tomó clases entre 2004 y 2008. El hecho denunciado habría ocurrido cuando tenía entre 17 y 20 años.

En aquellos años, su regreso a casa desde Campo de Mayo solía ser en el colectivo 57 o a veces con su antiguo instructor. Otras pocas veces la llevó Javier Rawson, una persona conocida de la familia, hijo de un militar de Campo de Mayo que vivía cerca del lugar donde su familia tenía el establecimiento hípico. 

“La primera vez Rawson me ofreció llevarme a mi casa porque venía para estos lados, no hubo ninguna situación. La segunda vez me pidió hacer un pequeño desvío porque tenía que hablar con su socio, lo que me pareció normal, yo tenía tiempo. Bajó unos minutos de la camioneta gris en la que íbamos y tuvo una charla con alguien en un centro hípico”, dijo Brunello en su declaración ante la Justicia. 

Hubo una tercera y última vez. Ella estaba en la parada del 57 y Rawson salía de Campo de Mayo. Se ofreció a llevarla. “Me preguntó si podíamos pasar a buscar un pasaporte de un caballo, él transportaba caballos”, relató. Se dirigieron a un barrio cerrado sobre la calle Champagnat, camino a la Universidad del Salvador, mientras él hablaba con alguien por handie o Nextel. Llegaron a una casa desconocida para ella. “Me ofreció pasar a tomar un vaso de agua, hacía calor, era casi primavera o verano”, cuenta. Decidió bajar del vehículo. 

“Cuando entré estaba en la casa Augusto Fraschina, a quien no conocía [personalmente] pero sí sabía quién era por la revista Equestrian y el entorno de este deporte. Lo conocía de nombre y sabía quién era, pero nada más. Él bajó por la escalera, me tomó el cuerpo y me arrastró a la fuerza para llevarme a la habitación del primer piso. Me hizo subir la escalera, a lo que yo empecé a llamar a Javier Rawson pidiéndole ayuda. Vi que Javier se empezó a reir mientras tomaba agua, hizo un gesto burlón como saludando con su mano, como diciendo ‘qué va a ser’, y se fue, se metió para adentro de la cocina, pasó a través de una puerta creo que corrediza o vaivén”, relató Brunello en la denuncia penal que hizo en agosto de 2024.

“Fraschina me arrastró hacia arriba. Una vez en la habitación, comenzó a bajarme el pantalón, tenía su pene afuera, se colocó un preservativo que ya tenía sobre la cama. Yo le decía que no, que me deje, que no quería”, describió en la denuncia. “Me acuerdo que me miraba con cara de sacado, me decía: ‘Dale, dale’”, continuó la mujer en su exposición. Ella se vio atrapada en una habitación. Tenía que salir. Como pudo, logró bajar las escaleras. 

“No había nadie, ya Javier no estaba o si estaba, estaba metido adentro. Agarré mis cosas de la camioneta y me fui caminando”. Aquel recuerdo de cómo regresó a su casa fue para ella una de las más difíciles de recordar: “Sé que me fui caminando, es lo que más me costó recordar, cómo me fuí de ahí”, dice. “Recuerdo caminar pensando: ‘Bueno, esto es que te violen’”.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que es investigado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones. El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, de acuerdo a un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En el acta de presentación de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Aquel día, al llegar a su casa, la joven se encontró con su hermano menor. “Yo quería contarle, pero no me animé, me dio vergüenza”. Aquél fue el único intento por poner en palabras el abuso antes de reprimirlo durante años: “No lo pude contar y lo archivé automáticamente”. Si bien su hermano no pudo ayudarla en aquel momento, sí lo hizo cuando ella empezó a recordar. “A mí me costó mucho ubicar mi edad en torno a esa época porque por mucho tiempo lo negué, durante mucho tiempo lo reprimí, pero mi hermano me ayudó porque él tiene más recuerdos, porque él viajó más, compitió más y a través de los recuerdos fugaces míos y las fechas en las que mi hermano también participó de diferentes torneos fuimos llegando a una edad mía en donde viví esto”.

Después de tantos años de haber bloqueado los recuerdos de aquel día, asegura Brunello, aún no pudo establecer exactamente en qué año sucedió, según la denuncia. 

Lo que hubiera sido un proyecto de vida, tuvo un punto de quiebre, a pesar de su buen desempeño en las competencias, cuenta. “Fue entre los 17 y 20 años más o menos que a mí me pasa esto, y fueron los años que yo más me había comprometido con la equitación, sobretodo con la enseñanza, hice el curso de equinoterapia y le metí fuerte a entrenar, a aprender y a mi escuelita donde daba clases a chicos desde los tres años”, cuenta.

Luego, la joven siguió dando clases un tiempo más, incluso a sus 20 años llegó a tener 30 alumnos pequeños a quienes enseñaba a montar. Pero de un momento para otro, dejó todo, abandonó la equitación.

“Fue muy fuerte para mi familia, nadie terminó de entender bien por qué, tampoco qué era lo que me pasaba. Me frustré, me cansé, me enojé y ahora puedo decir que para mí yo no había podido digerir esto”, dice. “Vendí mis caballos, todas mis monturas. Regalé mi ropa de montar, mis botas, todas mis cosas”.

Después de un viaje largo, quiso retomar la equitación: “Luego intenté volver como profe en otro club, pero ya no fue lo mismo, los tiempos empezaron a apretar económicamente y el laburo no me rendía, había conocido a un chico, quedé embarazada y decidimos venirnos para acá después de que naciera mi hija. Y ahí se terminó la equitación para mí”, cuenta desde su hogar en el interior del país.

En 2023, Javier Rawson participó de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde coincidió con el hermano de Brunello, asegura la mujer. “En Santiago de Chile, fui a ver a mi hermano. Tenía que ir y ver a Rawson ahí. Él me vio, bajó la cabeza. Yo recién acababa de recordar”. 

El silencio

Tras el último abuso que consta en la denuncia, sostiene Lenzi Pra, Fraschina comunicó a su familia que no podría seguir entrenándola y la recomendó con una profesora. Pero ella no logró retomar el deporte y decidió alejarse. Fraschina continuó compitiendo y creciendo en su carrera: “En los concursos me lo he cruzado. Él hacía como si nada y yo también hacía como si nada”, recuerda la mujer. 

Pronto empezaron los vómitos, la depresión. “No se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mis papás, amigas, hermanos, a nadie y la única forma que tenía de sacarlo era vomitando. Entonces, estuve muchos años sin poder hablar”. Los padres, preocupados, la llevaron a Aluba, una institución que aborda los trastornos alimenticios. El acompañamiento de una psicóloga y una nutricionista la ayudaron. 

El momento de hablar llegó después de un episodio específico. Su padre recibió un premio en una competencia amateur y se encontró con Fraschina en la pista. Al momento de la entrega de premios, Juan Lenzi se tomó una foto con el jinete y se la envió a su hija por WhatsApp: “Mirá con quién estoy”, le dijo. Al verla, la joven volvió a sentir náuseas. Vomitó. “A la noche tengo que hablar con ustedes”, le respondió. “Fue la primera vez que nos cuenta lo que había pasado”, recuerda su padre en diálogo con elDiarioAR durante una entrevista a mediados de 2025. 

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Augusto Fraschina, reconocido jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal, como informó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, que actualmente tiene 38 años, M. Sol Brunello, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses. 

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio, como publicó la UDI de elDiarioAR este domingo. La primera causa tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, hoy a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción. 

En el ámbito internacional, la organización que representa a los jinetes es la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Tiene una “Política de Salvaguarda contra el Acoso y Abuso”. Las penas van desde los diez años hasta la suspensión de por vida del infractor. A través de aquel apartado, la organización se compromete a promover un entorno seguro para todos sus miembros, atletas, personal de apoyo, entrenadores, oficiales y voluntarios en todas las disciplinas ecuestres, prohibiendo explícitamente toda forma de acoso y abuso.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para realizar preguntas por ambos casos nombrados en esta nota. La FEI acusó recibo y afirmó que “está investigando este asunto y no está en condiciones de ofrecer más comentarios en este momento”.

Las respuestas de la Federación Ecuestre Argentina

Lenzi Pra, la primera denunciante, notificó sobre su denuncia contra Fraschina a Campo Chico Country Club, el club al que representó cuando competía como jineta. El 8 de febrero de 2019 ingresó por mesa de entrada una carta dirigida a su presidente, que cerraba con el siguiente párrafo: “Ahora los pongo en conocimiento para que conjuntamente con la Federación Ecuestre Argentina (FEA), que tiene la responsabilidad de velar, cuidar y respetar, ética y moralmente a su comunidad, tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir actos semejantes con otras niñas, niños y adolescentes”. A Fraschina “le negaron la entrada al country”, recuerda Lenzi Pra en diálogo con elDiarioAR. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con Fraschina para hacer preguntas sobre las denuncias en su contra y dar lugar a su versión de los hechos. El jinete derivó a este medio con su abogado Diego Olmedo. El letrado respondió: “No damos reportajes mientras las causas estén en trámite”. Luego, agregó: “Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación, no nos parece prudente. Por esa razón hasta que estas causas no terminen, que insisto, están en pleno trámite, me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”. 

Tras la notificación a las autoridades ecuestres, Fraschina siguió concurriendo a otros espacios y competencias de la equitación. Un año y siete meses después de la carta de Lenzi Pra, en octubre de 2020, la denunciante notificó de su denuncia por correo electrónico a la Federación Ecuestre Argentina en una carta electrónica dirigida a su presidente de entonces, Gregorio Werthein, hijo de Gerardo, saliente canciller del gobierno de Javier Milei. También lo envió al secretario general de la FEA, César Lopardo Grana, a Marcelo Brandolino -actual presidente de la FEA- y a Julio Orma Carrasco, actualmente a cargo de la Secretaría Técnica de la Federación. 

En el correo, Lenzi Pra expuso las razones de la denuncia penal de 2018 y pidió que se tomaran medidas para “evitar que esos delitos volvieran a ocurrir”. Además, relató los “dolores, culpas y trastornos físicos y psíquicos” que los abusos le habrían ocasionado.

Lenzi Pra preguntó por qué la FEA no había suspendido a Fraschina, a pesar de haber sido notificada de la denuncia el 8 de febrero de 2019, cuando envió una carta al presidente de Campo Chico Country Club, que forma parte de la Asociación de Clubes de Campo de la Federación. 

La respuesta de la institución llegó dos días después, notificándole que el Comité Ejecutivo de la FEA había resuelto “suspender al jinete Augusto Carlos Fraschina” hasta tanto la Comisión Directiva de la institución, previa intervención de Oficial Sumariante designado al efecto, resolviera en forma definitiva sobre el caso. La respuesta fue firmada por Gregorio Werthein, Alejandro B. Cima, César Lopardo Grana, Ricardo Doldan, Leonardo Madcur y Marcelo Brandolino, actual presidente de la FEA. 

Según el artículo 47 del Estatuto de la FEA, la Comisión Directiva tiene la facultad de sancionar a los atletas federados, incluyendo la suspensión. Además, indica que se podrán aplicar las normas del Código Penal en materia de imputabilidad, responsabilidad, tentativa, participación, reincidencia y concurso de infracciones.

A pesar del aviso de la FEA sobre la suspensión del jinete, Lenzi Pra nunca recibió comunicación oficial sobre lo que decidieron después: su reincorporación. Fraschina seguía asistiendo a los concursos, asegura la denunciante: “Me di por enterada, pero no me avisaron nada, ni qué trataron, ni en qué quedó. Me fui enterando por conocidos, no porque me hayan notificado ni nada”, aclara la mujer.

Tras la denuncia, Lenzi Pra asegura: “Me lo cruzaba [a Fraschina] y él pasaba a propósito delante mío. Me acuerdo patente, pero a mí me salía del inconsciente bajar la cabeza y me acuerdo de mi hermano más chico diciéndome: 'Vos parate, vos [con] la frente en alto'. Pero es difícil, porque ver a la persona te genera muchas sensaciones”. Lenzi Pra sostiene que se vio expulsada del deporte que tanto quería, incluso dejó de ir a ver a su padre competir: “Es muy injusto. Llegó un momento en que tomé la decisión, aunque me duela, de dejar de ir porque no me hace bien”.  

La UDI de elDiarioAR se comunicó con la FEA a través de tres direcciones de correo electrónico para preguntar sobre la postura de la institución respecto a ambos casos. Al cierre de esta nota no había recibido respuestas. Tampoco respondió su apoderado, Alberto Hernán Méndez Canas.

El pasado 10 de mayo, Fraschina compitió en el Club Hípico Argentino contra otros 24 jinetes por el Gran Premio Internacional Sol de Mayo, uno de los más importantes del país. Este no es un torneo más, sino un torneo internacional de salto que integró el circuito de la Federación Ecuestre Internacional - FEI World Cup - CSI1-W* y sumó puntos para uno de los rankings, el Longines Ranking Group E.

Fraschina quedó en quinto lugar. En la foto de la entrega de premios publicada por la Federación Ecuestre Argentina, Fraschina aparece sonriente, con su característico pelo rubio cubierto por una gorra de Mercedes Benz, como el resto de los ganadores. Debajo del podio, acompañaban las autoridades de la FEA.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Candela Lenzi Pra (31) llega primero a la entrevista virtual, vía Zoom. Le sigue M. Sol Brunello (38). Ya se encuentra también conectado su abogado, Hugo Tomei, quien las acompañará durante la entrevista con la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Se muestran conmovidas, pero seguras. Hablarán sobre las repercusiones de la investigación que reveló las denuncias por abuso sexual contra el reconocido jinete e instructor Augusto Fraschina. Ellas son las denunciantes y detallarán cómo llevan adelante el proceso judicial, la indiferencia a sus causas dentro de la equitación y las repercusiones de la publicación de este medio. También, cómo se dan fuerzas mutuamente, a pesar de no haberse visto nunca personalmente. Lenzi Pra vive en la provincia de Buenos Aires y Brunello, en el interior del país.

El 1° de noviembre la UDI de elDiarioAR reveló que el reconocido jinete e instructor de equitación Augusto Fraschina fue denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal. Lenzi Pra denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Brunello también denunció ante la Justicia a Fraschina: afirmó que fue abusada cuando tenía entre 17 y 20 años. Brunello denunció, además, a un segundo jinete, sindicado como presunto cómplice de Fraschina, su entregador, Javier Rawson. Así surge de los expedientes de la Justicia de San Isidro y testimonios consultados por la UDI de elDiarioAR durante los últimos meses.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1, Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio. El segundo expediente, iniciado por Brunello, tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

—¿Cómo vivieron los días posteriores a la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —Es movilizante porque uno vuelve a recordar el pasado y se cruzan un montón de emociones, pero creo que fue tanto el esfuerzo que uno hace para seguir luchando contra esto, contra el sistema judicial, por la verdad, que no te queda otra que seguir. Por suerte estoy bastante contenida y tratando de aferrarme a que esto sirva, para que le llegue también a otras chicas, ya sea del ambiente de la equitación o no. Que por lo menos la gente sepa, que los padres se enteren lo que está pasando en el ambiente. Lamentablemente queda clarísimo que la gente que cometió estos hechos sigue libre y las que terminamos escondiéndonos somos nosotras, por cuidarnos. Estos tipos siguen sueltos y la Justicia sigue sin hacer nada. No somos solo dos mujeres, hay muchas más víctimas.

M. Sol Brunello: —Mi caso es similar, me está sosteniendo mi familia. Lo más fuerte es que tengo que sostenerme también para recibir un montón de comentarios y llamadas de otras mujeres que también vivieron casos de violencia en el ambiente. Hubo mucha gente comunicándose incluso con mi familia, con mi hermano -quien es jinete- que recibió mucho apoyo de sus colegas. Denunciar es mostrarlo todo, es desnudarse porque es algo que uno lleva con vergüenza y es sostener la palabra hasta el final, como dice Cande. 

Nosotras somos víctimas de estos tipos que nos arrebataron la inocencia, nos arrebataron el deporte y creo que nada va a repararlo, pero sí alivia un montón no taparlo sino ponerlo a circular porque te das cuenta de que hay un montón de mujeres afectadas.

—¿Qué esperan de la Justicia?

Lenzi Pra: —Espero que hagan bien su trabajo, que se ocupen, que no dejen pasar el tiempo. En mi caso ya van a ser siete años. Yo arranqué siendo mucho más chica, con la inocencia de que la Justicia iba a actuar bien y que me iba a cuidar. Y me encontré impulsando a la Justicia, yendo a buscarla, tocando las puertas del juzgado una vez por mes y que no me quisieran atender o que me atiendan mal, o que me dijeran: “Mirá, yo me voy a tomar el tiempo que quiera, que necesite”, a lo que he respondido: “Tomarte el tiempo que quieras también es una respuesta hacia mí, estás tomando una decisión”.

Brunello: —Yo empiezo ahora a sentir el cansancio que Cande me contaba que sentía las primeras veces que hablamos. La realidad es que una tiene que seguir con la vida, también te pasan otras cosas: el tema laboral, los hijos y de fondo está esto que es como estar arrastrando una piedra, ese esfuerzo tiene que ser de la Justicia.

Me parece que más allá de nosotras, también es una bomba de tiempo que estos tipos sigan dando vueltas y que sigan afectando a un montón de personas. Para nosotras también, porque queremos darle un cierre y seguir con nuestras vidas, que es lo que nos merecemos después de tanto.

Lenzi Pra: —Siento que no somos del todo cuidadas por la Justicia. Yo dejé de ir a los concursos, dejé de montar, directamente no me acerco a una pista cuando sé que tengo la posibilidad de cruzarme con alguien, y si pasa la que termina estando mal después de ese día soy yo. Por suerte ahora estoy mejor, pero tenía recaídas, volvía a vomitar, volvía a tener depresión. Yo intentaba seguir con mi vida, pero es imposible. Vos estás constantemente presentando escritos, sometiéndote a pericias, fui a una pericia ocular al lugar, me hicieron pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, fui al juzgado las veces que necesitaron y me presenté diciendo “lo que necesiten y lo que ayude para acelerar el proceso estoy disponible al juzgado y a la fiscalía, ya he hablado con el fiscal, con los jueces en reiteradas oportunidades.

—¿Pensaron alguna vez en abandonar el proceso judicial?¿Por qué decidieron seguir?

Lenzi Pra: —Mil veces tuve las dudas de dejarlo porque es agotador, porque decís ¿hasta cuándo voy a estar con esto? ¿Cuántos años voy a seguir perdiendo el tiempo y la energía? No es gratis, cada vez que hay algo nuevo para presentar o una resolución o la respuesta de un juez o de un fiscal, se vuelven a revivir un montón de cosas del pasado, no es que leo el escrito y no me genera nada. 

Sol Brunello: —Cuando pensé en no seguir avanzando fue por la enorme energía que requiere cada escrito, releer, abrir otra vez esos recuerdos de aquella época. Creo que es lo más duro. Las veces que me pasa que estoy por aflojar, me impulso a través de Cande. Por ejemplo, cuando me enteré que Cande también iba a hablar en la nota dije “Bueno, somos dos”, te sentís acompañada y entendida de alguna manera. Y también a través de mi hermano, todo el tiempo me dice: “No tengas miedo”. Porque tengo miles de miedos. Igualmente, desde el día uno yo tengo confianza en este proceso porque está Cande y porque está Hugo. No sé si podría convivir con la decisión de no haber hecho lo que tenía que hacer, lo que me iba a dejar tranquila.

Lenzi Pra: —A mí también me sirvió mucho que Sol se animara a hablar, una cosa es estar sola luchando contra todo y otra cosa es ser dos, que, lamentablemente, pasamos por lo mismo con la misma persona. No es coincidencia porque las historias tienen mucho en común y está super claro y la gente que realmente los conoce no duda de que es verdad.

—¿Qué repercusiones del ámbito ecuestre les llegaron después de la publicación de la investigación?

Lenzi Pra: —A mí me hablaron algunas personas del ambiente. Me contaron que en la Federación Ecuestre Argentina estaban todos revolucionados porque no les gusta que los nombren y que los expongan. Lo de la Federación Ecuestre Internacional, eso sí fue como el bombazo, llamó la atención de todos, como que dijeron, “Bueno, acá no es joda, esto no queda solo acá en Argentina”, sino que se empieza a expandir mucho más.

—Sol, comentó que le hablaron muchas mujeres para contarle sobre abusos. ¿Qué siente cuando le llegan todas esas historias?

Brunello: —Creo que todo cobra sentido, más allá de nuestros casos siento que esto nos atraviesa a nivel social y es una justicia que se da en el ámbito social, que es necesaria para poner cada cosa en su lugar. Y me parece que es desarmar esa idea de que es algo que se tiene que ocultar, callar, del “mejor no digas nada”. Nos fortalecemos entre nosotras para animarnos a hablar porque es re loco que la violación y los abusos son los delitos, quizás los únicos, en los que la vergüenza la llevamos nosotras, las víctimas.

—¿Qué les gustaría que se revea en la equitación y el deporte en general en cuanto a la violencia de género y los abusos? 

Lenzi Pra: —Siento que tiene que haber un cambio en la sociedad y en lo personal de cada uno de cuidarse más con estas cosas. Sí, obviamente, que la Federación Ecuestre tome las medidas necesarias para cuidar también a las personas que denuncian y no que esas personas se tengan que ir del deporte por eso.

Brunello: —Yo que estuve de los dos lados, alumna y profe, creo que sí hay muchas cosas que pueden cambiar. Concuerdo que la sociedad tiene que actuar también. Pero, por ejemplo, no hay formación pedagógica en la equitación, trabajan con chicos desde los tres años y no están formados pedagógicamente. Todo eso filtra a estos seres. No quiere decir que alguno no se escape, pero me parece que son todos filtros: para que puedas trabajar con niñas de 16 años, además de ser buen jinete tenés que ser buena persona y tenés que ser docente. 

Por otro lado, no hay un cupo femenino en la Federación Ecuestre, no hay mujeres en la [conducción de] Federación Ecuestre. Hay muy pocas y son secretarias o son ayudantes. No hay una renovación de las nóminas, o sea, siguen estando los mismos tipos. No hay cupo femenino en los torneos internacionales. Y esto de que nuestros casos hayan llegado a la Federación Ecuestre Internacional es también muy importante. Por último, el maltrato animal también es una forma de abuso y no está para nada regulado en las ligas menores. Vemos caballos enfermos, rengueando en la pista, caballos que saltan 25 veces al día. 

—¿Qué mensajes les darían a otras posibles víctimas de abuso?

Lenzi Pra: —Que se animen a hablar, que realmente es muy sanador sacar todo lo que uno tiene adentro, eso que te hace mal. Ya sea hacer una denuncia o hablar con sus conocidos, no guardárselo, no tener miedo más allá de que es lo primero que se siente, que es imposible no sentirlo, pero que después, cuando uno lo pone todo en palabras, es muy sanador.

Nosotras luchamos con nuestra verdad y eso no nos lo va a sacar nadie. Siempre se puede ayudar a alguien más, esa persona no está sola. Me sentí así con Sol cuando me escribió la primera vez y me dijo: “Cande, gracias a que vos te animaste a hablar yo pude hablar con mi familia”, eso para mí ya fue darle un sentido a todo esto que había arrancado. Antes, me sentía muy sola. En su momento cuando me animé a subir algo en mis redes, a mí también me escribieron desde mujeres mayores que han sido abusadas y que me dijeron “yo no me animo a hablar”, hasta personas que me escribieron por un Instagram falso y que me dijeron “te agradezco que hayas hablado, pero por ahora no me animo a hablar”.

Brunello: —Sí, que se escuchen a sí mismas. Si te escuchás en el momento en que lo estás viviendo, sentís eso que está en la nota: yo me fui de ahí [el lugar donde denunció haber sido abusada] diciendo… “esto es que te violen”. Cuando sientan que algo no corresponde o que las incomoda, que se animen a hablar primero con quien tengan a mano para que las ayude o con nosotras también, yo estoy ahí para escuchar. Es importante que aprendan a no naturalizar cualquier situación de incomodidad: “No se dio cuenta”, “fue un chiste”. Hay cosas que no corresponden en un vínculo de profesor-alumna o de compañeros de deporte.

ED/MC

Augusto Fraschina, reconocio jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y por abuso sexual con acceso carnal, como reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, que actualmente tiene 38 años, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho de abuso supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses.

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio. Ante la consulta de la UDI de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos denunciados, el jinete e instructor derivó a este medio con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

Candela Lenzi Pra declaró contra Fraschina en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar. Después de casi siete años, continúa esperando una resolución de la causa, que correría peligro de prescribir. 

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone.

En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El riesgo de prescripción se debe a una prueba, la ampliación de un peritaje psicológico que buscaba acreditar que los hechos le habían generado a la víctima un grave daño a la salud. Fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2023, que declaró su nulidad y todos los actos consecuentes. 

Tras la anulación, el juez de Garantías Saettone interpretó que esa prueba anulada tenía un efecto extensivo sobre la citación a prestar declaración del principal imputado en la causa, realizada en junio de 2021. Ante la Justicia, Fraschina sostuvo: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. El jinete se refirió a las situaciones de supuesto abuso enumeradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

La causa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la queja de la fiscal María Laura D’ Gregorio por “improcedente”, argumentando que la resolución no era una sentencia definitiva. Sin embargo, en la respuesta dejó entrever que la nulidad no afectaba el llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, que esa declaración de Fraschina no era nula, según interpreta el abogado de Lenzi Pra, Hugo Tomei, consultado por la UDI de elDiarioAR.

La causa estuvo bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por los jueces Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, por los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Manuel Cayuela, y de la propia Lenzi Pra. Uno de los jueces que debía decidir sobre el futuro de la causa, García Maañón, fue denunciado en julio último por una secretaria letrada por presunto acoso sexual y laboral, lo cual llevó a una investigación de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En sus idas y vueltas, el expediente contra Fraschina volvió a ingresar a la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 13 de junio de 2025. La Cámara debía resolver si era procedente extender la nulidad de la prueba al llamado a prestar declaración del imputado y a la citación a juicio. Eso podría haber herido de muerte a la causa. 

El pasado 2 de septiembre, y luego de la renuncia presentada por Maañón, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Cayuela, a pedido del fiscal departamental adjunto, Cosme Iribarren, y de Lenzi Pra y su abogado. 

Además, la Cámara revocó la decisión del juez Saettone, permitió que el proceso continúe su curso hacia el juicio oral y público y remitió el expediente a un nuevo juez. El fallo da cuenta de cómo afecta a la denunciante el paso del tiempo sin una resolución, afirmando que “la demora en el proceso vulnera los derechos de la víctima, especialmente considerando su condición de niña al momento de los hechos”.

Sin embargo, la defensa ha hecho una reserva para recurrir a Casación nuevamente. En un escrito del 4 de septiembre, el juez Saettone hizo lugar a ese pedido.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos en la causa fue el 21 de octubre pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fraschina.

La UDI de elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con el juzgado de Garantías número 7 para consultar al juez Saettone. Se dejó constancia del motivo del contacto y un número telefónico. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Este medio también se contactó con la Fiscalía número 1 de Juicio del departamento judicial de San Isidro, derivado por el Fiscal General de San Isidro, John Broyad, quien constató que la causa está actualmente en manos de la fiscal Marcela Semería. elDiarioAR envió preguntas sobre el caso, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Denunciar y sus costos

La segunda denunciante de presunto abuso sexual cometido por Fraschina, M. Sol Brunello, evaluó las posibles repercusiones de emprender acciones legales, tanto para ella como para otros, antes de decidirse a denunciar. Al principio, dudó: “Era abrir y destapar una olla”, dijo a la UDI de elDiarioAR. Sin embargo, una vez que pudo hablar, todo comenzó a avanzar: “Desde que logré hablar, todo está yendo para adelante”. La denuncia fue presentada en agosto de 2024, luego de que la mujer hablara con sus familiares sobre la denuncia de Lenzi Pra, que salió publicada en un medio local, Pilar a diario, y después de que Brunello le contara a su familia lo que asegura haber vivido con Fraschina.

La fiscalía que lleva a cabo la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en violencia de género, a cargo de María José Basiglio. Luego de tomarle declaración a la denunciante, a sus padres y su hermano, y de considerar lo relatado por Brunello en el espacio de contención del Centro de Atención a la Víctima, la fiscal determinó que la denunciante “no logró dar detalles de los hechos denunciados en autos”, que el material probatorio fue “contradictorio” y, como consecuencia, “insuficiente” para tomarle declaración al imputado según el Código Penal. Sin más, Basiglio dispuso archivar la causa.

Sin embargo, luego de reclamar por supuesta ineficiencia en la investigación y solicitar la revisión de archivo, la denunciante -con representación del mismo abogado de Lenzi Pra, Tomei-, logró una respuesta favorable de la Justicia, aunque no un cambio de fiscalía. 

El 18 de febrero pasado, Sebastián Cosme Iribarren, fiscal departamental adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, resolvió revocar el archivo por considerar “que el criterio adoptado [por la fiscal] aparece -de momento- prematuro”.

La medida de desarchivo fue un nuevo impulso para Brunello: “En un momento, cuando tengo que firmar para desarchivar la causa, me hago la pregunta: ¿sigo con esto? Porque esto puede tardar un montón de años”, reflexiona la mujer en diálogo con elDiarioAR.

El 11 de marzo pasado, tras lo dispuesto por la Fiscalía General, la fiscal Basiglio dispuso librar varios oficios para solicitar medidas, como que se fije fecha para una pericia psicológica a los acusados y a la denunciante.

Las pericias serán recién dentro de casi un año: en septiembre de 2026. La fiscal también solicitó librar oficio al Presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), Marcelo Luis Brandolino, a fin de que informe si Fraschina y su supuesto cómplice, el jinete Javier Rawson, estaban registrados como deportistas entre 2004 y 2008, fecha en la que la denunciante pudo encuadrar que habrían sucedido los abusos. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Pilar para enviar preguntas sobre los avances en el caso el pasado 22 de octubre por la mañana. Ese mismo día, a las 15:55, siete meses después de aquel escrito, la fiscalía envió un oficio al titular de la comisaría de San Miguel para que realice una “inspección ocular en Campo de Mayo -sector equitación- y se constate los registros de ingreso y egreso de personas entre los años 2004-2009” para corroborar los dichos de Brunello.

Además, la fiscal requirió que se le informe quiénes cumplían funciones en el lugar durante dicho período y que se informen los datos de contactos de los mismos a fin de recibir declaración en la fiscalía. Al cierre de la nota, las preguntas enviadas por este medio a la fiscal no fueron respondidas.

La respuesta de la Federación Ecuestre Argentina llegó rápidamente, al día siguiente. El apoderado de la institución, Alberto Hernán Méndez Canas, confirmó mediante un informe: “Tanto Rawson Marcelo Javier Humberto como Fraschina Augusto Carlos estuvieron federados como jinetes en nuestra institución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. También informaron que Rawson es instructor de la FEA desde 1999.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que está imputado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones.

El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, según un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En un acta de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber -a Rawson- los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

El Instituto Nacional del Agua (INA) está descentralizado en cinco sedes a lo largo y ancho del país en las que trabajan poco menos de 300 personas. El rol que ocupa es clave en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y proyectos relacionados con el agua. Entre sus actividades más destacadas se encuentran el pronóstico y alerta de inundaciones y sequías, el diseño de grandes obras hidráulicas como las centrales hidroeléctricas nacionales e internacionales, la investigación de enfermedades vinculadas con el agua y la resolución de conflictos legales por contaminación. Pero el INA podría ser reemplazado por una empresa privada y su personal reducido a sólo 50 personas, según denuncian los trabajadores.

En un comunicado de prensa, los empleados del INA señalaron que el histórico instituto “enfrenta un futuro incierto tras una decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que amenaza con disolver este organismo, de más de cinco décadas de trayectoria”.

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley de Bases N°27.742 ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, los trabajadores entienden que el ajuste presupuestario y los despidos pueden ser una forma de sortear el impedimento y dejar al INA sin cumplir los objetivos para los que fue creado. 

Según Melina Devercelli, directora del Centro Regional Litoral del INA, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “solicitó la disolución del INA, alegando que sus funciones podrían ser cubiertas por una empresa privada. Frente a la excepción de cierre por la propia Ley de Bases, se está pidiendo la elaboración de un plan de negocios autosustentable de dos de los laboratorios del Polo Hídrico de Ezeiza, equivalentes a una privatización, y el cierre de Centros Regionales”.  La científica advirtió, además, que se busca llevar al INA a un mínimo de 50 trabajadores.

En el comunicado de prensa, se destaca que “se ha solicitado al Subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Andrés Rodríguez, comenzar con el achicamiento de la institución”. Rodríguez, a su vez, está a cargo del despacho de presidencia del Instituto, ya que el Gobierno no designó a una persona para el cargo, al igual que el gerente de proyectos, siendo estas dos las principales autoridades.

elDiarioAR intentó contactarse con Andrés Rodríguez en reiteradas ocasiones para consultar por el estado de situación del organismo, pero hasta el momento, no ha recibido respuestas.

Leandro Kazimierski, delegado gremial de ATE y jefe del programa de hidráulica fluvial del laboratorio de hidráulica de Ezeiza relató a este medio que la Ley de Bases sólo protege al instituto del cierre. Pero aclaró: “uno puede dejar dos personas, o lo mínimo indispensable y el resto, disponer de ello. Entonces, cerrar un organismo, como está pasando hoy, es matarlo de inanición: es no pagar los servicios, no pagar luz, gas, agua, internet, no pagar mantenimiento, no pagar distintos proveedores que uno tiene para el quehacer diario. Si no se paga eso, al INA lo van matando lentamente.

El ajuste se da en un contexto de avanzada contra los organismos de Ciencia y Tecnología, donde muchos de ellos, como la Agencia que financia al sistema científico argentino, dejó de pagar los proyectos de investigación, aún cuando sus fondos provenían de préstamos de organismos multilaterales. Recién el pasado 23 de enero, luego de cinco meses de demora, se dio aviso de la aprobación de fondos para pagar parte de la deuda de los servicios que no se abonaban desde agosto, incluso con amenazas de corte y otros servicios que ya se habían facturado.

Una infraestructura única

El INA, como institución de ciencia y tecnología, cumple un rol que va más allá de las capacidades del sector privado. La institución cuenta con una infraestructura única, y un equipo interdisciplinario de expertos dedicado a la investigación y búsqueda de soluciones para problemas hídricos.

“Tenemos infraestructura que es única en Latinoamérica para estudiar este tipo de problemas, para hacer modelos físicos a escala, tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos: estamos bien equipados”, afirmó Mariano Re, jefe del programa de Hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica de Ezeiza. 

Además de su infraestructura, el INA desarrolla investigaciones que van en beneficio de la sociedad: ofrece servicios de alta especialización y capacita recursos humanos en torno a la gestión del agua. A diferencia del sector privado, el INA no persigue fines de lucro, lo que garantiza la independencia de criterio y el compromiso con la comunidad.

Re destaca “el compromiso que tiene una institución como el INA es la del bienestar colectivo, fuera de intereses parciales y lucrativos”. El INA también participa en peritajes, ofrece consultas a nivel nacional e internacional y forma parte de organismos como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), funciones que difícilmente podrían ser asumidas por una empresa privada.

Una de las características más importantes del INA es su estructura descentralizada en distintas zonas geográficas del país en la que se crearon los Centros Regionales: Litoral, en Santa Fe; Andino, en Mendoza; Región Semiárida, en Córdoba; Aguas Subterráneas, en San Juan y los tres laboratorios del predio de Ezeiza. 

Es por eso que la institución puede abordar problemáticas hídricas que trascienden las fronteras provinciales, como el manejo de cuencas hidrográficas compartidas o la gestión de recursos hídricos. Sin embargo, la idea de cerrar los centros regionales, atenta contra el carácter independiente en temas nacionales y una mirada integral del recurso hídrico.

Leandro Kazimierski ejemplificó lo que pasaría si se provincializara un centro regional como el de San Juan: “con el tema minería, como los sueldos son de las provincias, uno podría encontrar ciertas incompatibilidades, porque se estarían auditando a sí mismos. Hay que verlo caso por caso”, y agregó: “un organismo nacional tiene una visión federal e integral del todo”. 

Motosierra o bisturí

Si bien, las reuniones con el Ministerio de Desregulación con trabajadores y directivos se han dado en el ámbito privado, los trabajadores del INA destacan que el representante del Ministerio de Desregulación que encabeza las negociaciones y comunicaciones oficiales es Alejandro Tamer, cofundador de Despegar.com y actual subsecretario de Reforma Estatal de la Secretaría de Transformación del estado.

Una fuente allegada al organismo, confirmó a elDiarioAR que el 28 de noviembre pasado, agentes de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el predio de Ezeiza del instituto para analizar y tasar al menos las 15 hectáreas que colindan con el Estadio de River. Asimismo, diversas fuentes allegadas a la sede, confirmaron la presencia del organismo.

elDiarioAR se contactó con el Ministerio de Desregulación del Estado para obtener una respuesta sobre la situación del INA, pero desde el organismo negaron que el instituto estuviera dentro de los temas de trabajo. Este medio también contactó a Alejandro Tamer, para consultarle sobre la posible disolución del INA, pero el funcionario respondió: “Yo no doy notas a nadie de ningún tema”.

Asimismo, el 22 de enero, los trabajadores del predio de Ezeiza recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Economía. El Secretario de Obras públicas, Luis Giovine y el Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Políticas de Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Felipe Berón recorrieron las instalaciones. Según relató Leandro Kazimierski, el mensaje que quedó después del recorrido fue que desde el Ministerio de Sturzenegger la motosierra es completa, mientras que los representantes del Ministerio de Economía describieron el ajuste como un “bisturí”.

Además, este medio pudo conocer que los trabajadores del INA alertaron a los empresarios, consultores y Pymes del ámbito privado sobre los recortes anunciados y éstos pidieron una reunión con Alejandro Tamer para explicarle la importancia del instituto para realizar sus propias actividades dentro del sector productivo.  

Para el 2025, el instituto, tiene un presupuesto de $8.357 millones proveniente del financiamiento del Tesoro Nacional. En el mismo presupuesto se detallan, también, los proyectos a desarrollar por el instituto durante este año. “Es un presupuesto que, comparándolo en dólares, desde los últimos 15 años se redujo a la mitad”, aportó Mariano Re.

Pese a su gran aporte, el INA tiene un presupuesto relativamente modesto. La mayoría de sus fondos se destinan al pago de salarios, y el resto se utiliza para el mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. El valor que el INA aporta al Estado y a la sociedad, en términos de prevención de desastres, gestión de recursos hídricos y apoyo al sector productivo, supera con creces el costo de mantener la institución funcionando.

Desde el conurbano al Canal de Panamá

La disolución o el desmantelamiento del INA tendría graves consecuencias para la sociedad y la economía. La institución cumple un rol fundamental en la prevención y mitigación de desastres hidrológicos, como inundaciones y sequías. Su sistema de alerta hidrológico, por ejemplo, permite pronosticar el comportamiento de los ríos y alertar a la población en riesgo.

“Estamos trabajando en un sistema de alerta para inundaciones junto con el servicio meteorológico nacional en el conurbano sur, pensando en cómo le llega a la población inundable a su teléfono celular la información de que se puede llegar a inundar. Es un hecho concreto e impacta sobre cientos de miles de personas en el conurbano sur”, comentó Mariano Re a este medio.

Además, el INA genera información hidrológica clave para la producción agropecuaria, la industria y el sector energético. Su labor permite optimizar obras de infraestructura hídrica, reducir costos y prevenir pérdidas económicas. 

Melina Devercelli destacó que la disolución del INA significaría la pérdida de personas expertas que trabajan interdisciplinariamente en temas del agua: “los problemas del agua necesitan ser abordados desde distintas miradas y en conjunto: una mirada ambiental, social y productiva conjunta” y agregó: “Sería una pérdida de este equipo de expertos que además ha llevado mucho tiempo en que se especializaran para poder abordar esas problemáticas”. 

En la misma línea, Mariano Re, habló de la pérdida que significaría desmantelar el organismo: “la gran pérdida acá es una acumulación de 50 años de conocimiento en temáticas muy específicas asociadas a lo energético, porque siempre hemos tenido fuerte incidencia en las grandes obras hidráulicas: las presas Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y otros problemas asociados al agua en centrales térmicas o hasta nucleares”. 

El Instituto participó en el diseño de esclusas para el Canal de Panamá, un proyecto de gran dimensión que requirió de mano de obra altamente especializada. La incidencia del INA también abarca a las distintas zonas del país, interviniendo en actividades económicas como la minería, la agricultura, la vitivinicultura, y lo agroalimentario.

En este contexto de incertidumbre, los trabajadores del INA se encuentran en estado de alerta y están organizándose para defender la institución. Han generado propuestas de mejora del funcionamiento sin perder su esencia. Sin embargo, la postura del Ministerio de Desregulación parece inflexible, lo que hace aún más incierto el futuro del INA.

“Desde el INA se han generado propuestas de optimización y de adecuación frente a las nuevas políticas y que de alguna manera pretenden mejorar el funcionamiento de la institución sin perder de vista esta premisa y este principio: que como institución de ciencia y tecnología nuestra función es trabajar para generar propuestas frente a las problemáticas del agua, mejorar la calidad de vida y también preservar la vida de las personas”, sostuvo Devercelli.

elDiarioAR intentó obtener respuestas acerca de la situación del instituto de parte del Ministerio de Economía, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuestas. 

LG/MG

Una torre de 35 pisos será edificada en uno de los barrios patrimoniales más restrictivos de la ciudad de Mar del Plata, donde no se permiten más de siete metros de altura en los edificios. Gracias a una ordenanza votada a fines de septiembre de 2024, el proyecto que preside Florencia Miconi (por la Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP SA) será posible. La medida fue aprobada en el Concejo Deliberante gracias a los votos del interbloque oficialista de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. 

El terreno destinado a la construcción de la torre de 122 metros de altura está ubicado a una cuadra del mar, en el barrio residencial Stella Maris, justo en la manzana del chalet de María Frers de Mahn, “La Robla”, declarado de interés patrimonial, y próximo a otros dos chalets, el “Belvedere” y “Top Capu” o “El Tovar”. 

elDiarioAR tuvo acceso al expediente donde uno de los argumentos troncales para validar el pedido de la constructora dice: “En los casos en que las parcelas superen los 3.750 metros cuadrados –La Robla ocupa más de 6.500— el Código de Ordenamiento Territorial permite que los propietarios pidan a la Municipalidad el dictado de normas urbanísticas particulares”. Entre las firmas que sostienen el pedido está la de Ricardo Rodríguez, arquitecto, ex subsecretario de Planeamiento Urbano y actual asesor de empresas, y la de Juan Martín Colombo, especialista en Derecho Administrativo y ex procurador municipal.

Para Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, el permiso para construir 35 pisos en un barrio que es casco urbano es “un verdadero desastre”. En el mundo entero –como ocurre en Europa, dice— se prioriza la protección del casco urbano por encima de cualquier tipo de inversión“, afirma.

“Hay diferentes tipos de excepciones, pero con La Robla, sin dudas, se llega al extremo de la dislexia urbana”, enfatiza Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), mientras recuerda el día de la votación, cuando “los vecinos dijeron en el Consejo que estaban destrozando su barrio”. 

Para Gonzalo Vergez, abogado especializado en medioambiente, el proyecto La Robla responde al “perfeccionamiento de las excepciones exprés”, ya que “entró en febrero y para fines de septiembre la ordenanza ya estaba promulgada sin haber cumplido correctamente con las instancias tempranas de participación ciudadana que establece el Acuerdo de Escazú”. Este documento es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe.

La presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento, Angélica González, en cambio, considera que todas las excepciones otorgadas, incluida La Robla, “han sido producto de un estudio concienzudo, otorgando, modificando, restringiendo o ampliando aquello que consideramos que correspondía y podíamos acompañar”.  

“Entiendo a los vecinos y creo que si viviera en ese barrio me sentiría de la misma manera, pero la evolución de la ciudad y de cada distrito muchas veces tienen características que deben ir siendo modificadas dentro de las normativas vigentes y con sus debidas excepciones para que la ciudad pueda seguir evolucionando al ritmo del crecimiento poblacional y urbanístico”, detalla la concejala de la Coalición Cívica (CC).

La vicepresidenta de Acción Marplatense no está de acuerdo: “La aprobación de excepciones no incluye evaluaciones ambientales profundas ni estudios sobre cómo los nuevos desarrollos afectan la infraestructura existente, el acceso a servicios básicos, el manejo de residuos o el entorno natural. Con la proliferación de grandes edificios en áreas que no están preparadas para soportar un aumento significativo en la población, se genera presión sobre los servicios públicos (agua, cloacas, energía) y se agravan las inundaciones y la pérdida de espacios verdes”.

Nota: se corrigio la bajada el 2 de febrero de 2025 a las 21:19, donde decía “siete pisos” debió decir “siete metros.

ED/JJD

En la ciudad de Mar del Plata, el plan de desarrollo inmobiliario que promueve el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, tiene un objetivo muy claro: “Que el privado invierta” y que “el Estado acompañe”, según argumenta en distintas notas periodísticas.

En un twit de hace unos meses, el mandatario decía: “Más del 90% del empleo en nuestra región corresponde al sector privado, por eso nuestro trabajo es acompañarlos, dar facilidades y quitar trabas para que puedan crecer y apostar por Mar del Plata: los permisos exprés para las obras, la ordenanza para recibir los fondos de los créditos de Banco Nación para la construcción y el incentivo a nuevas inversiones son ejemplos claros de esto”.

Un selecto grupo de desarrolladores privados junto a representantes de la UOCRA –el gremio de los construcción– y funcionarios públicos afines al oficialismo enfatizan en que los proyectos inmobiliarios traerán progreso y más trabajo a la ciudad. Por otro lado, una gran porción de la comunidad marplatense realiza críticas y denuncias al advertir graves faltas legales y técnicas al momento de otorgar permisos que “no miden las consecuencias ambientales y sociales”.

El caso de La Reserva Explanada, un megaproyecto inmobiliario que busca construir 9 edificios de 12 metros de altura con cocheras subterráneas sobre una de las playas sur de la ciudad (sobre la ruta 11 KM 530, barrio Alfar), llegó a la Justicia con la denuncia de diversas instituciones, expertos y vecinos de la ciudad de Mar del Plata que se oponen por el impacto ambiental, habitacional, arqueológico y turístico que implicaría su desarrollo.

Para comenzar las obras, el fideicomiso espera la Declaración de Impacto Ambiental, entre otros permisos que tiene pendientes. Sin esto, la empresa constructora CROMAR SA, la cual participa del proyecto, no puede avanzar. Sin embargo, distintas inmobiliarias de la zona filtraron a este medio que desde fines de 2023 se están vendiendo lotes con departamentos divididos en 9 módulos –con y sin cocheras incluidas, frente al mar o en zona de bosque–, a un valor promedio de US$5.000 dólares el metro cuadrado. 

La ubicación elegida es uno de los grandes puntos de tensión: el predio donde se proyectan las viviendas está ubicado en la primera línea de médanos lindero con la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, un extenso sector de la costa marplatense que abarca desde el Faro hasta Los Acantilados y que está bajo los dominios privados de la sociedad anónima Playas del Faro, firma que responde a los herederos de la familia fundadora Peralta Ramos. 

Playas del Faro SA administra desde 1991 el espacio para uso comercial y, desde entonces, entrega a emprendedores privados diferentes porciones (donde hay médanos, reserva forestal y arroyos que terminan en el mar), bajo la figura municipal de “Complejo Turístico”, el cual responde a la ordenanza (8.434), la cual tiene la última prórroga vencida en 2015.  

“Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona”, explican a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR desde la Asamblea Playas del Sur, conformada por vecinos, investigadores y profesionales de diversas áreas de la ciudad.

Desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires distrito 9, en un extenso y detallado informe, advirtieron sobre múltiples consecuencias negativas: la fragilidad ambiental, el desmonte de especies implantadas, el impacto en la remoción de médanos, el peligro de las construcciones que impermeabilizan el terreno y pueden provocar inundaciones mayores tanto en el terreno del proyecto como en los barrios aledaños, el valor paleontológico y arqueológico que no está siendo tenido en cuenta y el acceso a las playas públicas, entre otros puntos en conflicto.

En un intento por conocer la posición del oficialismo y conversar con referentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y con el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad, la UDI de elDiarioAR pidió una entrevista hace más de una semana, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una ordenanza cuestionada desde el inicio

Todo comenzó a fines de 2022, cuando el Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la ordenanza 25.848/222 en un tratamiento legislativo “exprés”, que permitió ampliar las posibilidades de edificación de viviendas multifamiliares en zonas de fragilidad de médanos y reserva forestal.

Unos meses antes, el empresario Esteban Alberto Materia había ingresado una nota particular donde solicitaba “la reinstalación de indicadores urbanísticos y normas territoriales para el predio y/o sector conocido comercialmente como balneario La Reserva”, persiguiendo el objetivo que más tarde se haría público: el emplazamiento de un complejo de edificios de uso residencial uni o multifamiliar con una densidad de 100 habitantes por hectárea.

“La ordenanza 25.848 tiene restricciones provinciales que se imponen a toda propiedad privada en el frente costero, con la particularidad de encontrarse circundada por el arroyo Corrientes y la Reserva Fiscal. Por eso, la provincia de Buenos Aires es la encargada de dar intervención a la Autoridad del Agua (ADA), al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de infraestructura para velar por los principios de legalidad y los recursos naturales, para que la modificación que suceda en un municipio no altere el patrimonio provincial”, puntualiza a la UDI de elDiarioAR Kanki Alonso, asambleísta diplomado en el Ordenamiento Ambiental Territorial y coordinador del Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur.

Según explica a este medio Soledad Arenaza, abogada y coordinadora de la Organización MAR, “la ordenanza 25.848/222 (firmada el 28 de diciembre de 2022), que modificó los indicadores urbanísticos, nunca fue convalidada como corresponde por decreto de la provincia de Buenos Aires, de la que depende el Municipio de General Pueyrredón. Se trata de una modalidad que se viene replicando en varios proyectos de la zona”.  

Paula Suero, arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR, analiza para la UDI de elDiarioAR: “Mar del Plata viene sufriendo una transformación urbanística muy preocupante que responde a una matriz basada en un modelo de lote privado que no tiene en cuenta el espacio público, el ambiente, el espacio costero, las personas que habitan el barrio, los bienes comunes, el patrimonio construido y natural”.

“La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular, algo que viene acompañado necesariamente de la entrega de lugares públicos y espacios verdes. Mirar al territorio únicamente como un negocio es la mercantilización absoluta del espacio donde para acceder hay que pagar”, se lamenta.

Los espacios que se oponen al megaproyecto coinciden en que esta ordenanza podría ser la “primera de muchas más” que intenten modificar los indicadores urbanísticos para avanzar sobre terrenos frágiles a lo largo de todo el Paseo Costanero Sur. Especialmente, ahora que el Concejo Deliberante cuenta con mayoría automática.

Lo que dejó la audiencia pública del 26 de noviembre

Cuando la Constructora CROMAR SA presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) preliminar firmado por la arquitecta María Müller, recibió fuertes críticas sobre incongruencias técnicas, legales y ambientales que quedaron expuestas en la audiencia pública del 26 de noviembre. 

En esa instancia, vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad costera tomaron el micrófono para contar cómo serían perjudicados de manera directa: explicaron que en los barrios aledaños aumentaría el riesgo de inundaciones como consecuencia de la destrucción de médanos en conjunto con las crecidas del arroyo Corrientes; que se agravaría la situación de contaminación de ese mismo arroyo, que tiene por destino los desechos cloacales de los 9 edificios (y a dónde ya llegan los desechos que reciben por parte del balneario privado de mismo nombre). También mencionaron el cono de sombra que las edificaciones proyectarán sobre la playa pública, quitando horas de sol tanto a vecinos del barrio como a los turistas que se acerquen.

El abogado y asesor del fideicomiso Julián Vespa, presente en la audiencia, se encargó de defender que “el desarrollo se asienta sobre una propiedad privada, esto no es tierra del municipio y tenemos la escritura en regla”, y aseguró que “no afectará al mar ni a los médanos, y no afectará el acceso a las playas públicas”.

Para Marcia Mojica, geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “la fragilidad de dunas de la zona” es una de las razones suficientes para oponerse al proyecto y así lo detalló: “En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas”.

El conflicto continuó escalando y en diciembre la Defensoría del Pueblo de la Nación pidió acceso al expediente para conocer la situación actual. ¿Con qué se encontraron? En diálogo con este medio, explicaron que se encuentran “en etapa preliminar de análisis”, y que con el correr de las semanas analizarán “si el proyecto respeta lo previsto por la Ley General de Ambiente”, al mismo tiempo que evaluarán si “el derecho a la participación ciudadana se cumplió con debido proceso”, es decir, si la ciudadanía tuvo acceso a la información sobre el EIA preliminar en tiempo y forma y si se otorgó una respuesta acorde a las inquietudes presentadas en aquella audiencia pública. 

Por último, adelantaron que “será tenido muy en cuenta el temor que la ciudadanía denuncia respecto a la ordenanza 25.848”, en relación a que podría ser el primer paso para que luego se multipliquen iniciativas similares a lo largo de toda la franja costera.

Nosotros no estamos en contra del progreso inmobiliario en la ciudad, pero nos oponemos al lugar elegido para su desarrollo por el fuerte impacto ambiental y habitacional que provocará en la zona

Asamblea Playas del Sur.

El límite entre lo público y lo privado: la línea de ribera denunciada

Otro de los puntos de conflicto que aparecen en el EIA preliminar responde al otorgamiento de la prefactibilidad hidráulica por parte de la Autoridad del Agua (ADA).

Según revisa el coordinador del Observatorio Ciudadano Costanero Sur, desde 1998, la Ley 12.257 con la que se creó el Código de Aguas –que rige hasta la actualidad para toda la provincia de Buenos Aires– aumentó en el artículo 143 la franja de protección de desagües naturales a 50 metros, modificando lo establecido en un decreto de 1961 que indicaba 15 metros. En el Estudio de Impacto Ambiental cuestionado, se tomó el parámetro antiguo como distancia necesaria al arroyo Corrientes para iniciar las construcciones. Un error que no parece inocente.

Asimismo, Alonso explica que “la línea de ribera utilizada para medir la distancia que divide lo público de lo privado, que sería el límite desde donde se podría comenzar a edificar, también está desactualizada”. En el artículo 142 de la misma ley dice que se prohíbe “el loteo y la edificación en una franja de 150 metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. Sin embargo, la línea de ribera que fue tomada en cuenta es de 100 metros, de acuerdo a la ordenanza municipal (8434/11), que “no solo está vencida, sino que está maliciosamente modificada”.  

¿Por qué? “La norma municipal 8434 fue sancionada en 1991 y no en 2011”, explica Alonso, hecho que también fue denunciado y que ahora se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio número 6 de La Plata, en el marco de la actuación de Andrea Cumba, directora provincial de Gestión Hídrica del ADA, responsable de la firma que otorga el aval de prefactibilidad hidráulica que daría luz verde al proyecto. 

A favor de quienes se oponen aparece un nuevo argumento: el último estudio del ADA publicado en 2022, en el que se sugiere que las tierras involucradas en el área donde se proyectan los edificios quedarían en zona de restricción. “La mensura que toma el proyecto es de 2014, donde el límite de la línea de ribera está totalmente desactualizado: actualmente es una línea que cae dentro del mar”, cuentan a este medio desde la comisión de arquitectos y arquitectas de la Asamblea Playas del Sur.

“La línea de ribera que debe ser tomada en cuenta es la que está publicada en el último informe realizado por el ADA, en el que se sugiere un trazado actualizado de línea de ribera de acuerdo a la topografía mixta del lugar”, aclaran, y anticipa: “Desde la comisión, estamos realizando un informe en el que superponemos la mensura de 2014 con la de 2021 y la ubicación en terreno donde quedan implantados los 9 edificios. A partir de la línea de ribera actualizada, que es la que se debe tener en cuenta para el avance del desarrollo, planteamos la restricción de los 150 metros que dictamina el Código de Aguas demostrando que no cuentan con terreno disponible ni habilitado para el desarrollo del proyecto”.

Una marcha por las playas públicas del sur

Entre las últimas acciones que visibilizan el conflicto, la Asamblea Playas del Sur organizó una marcha el pasado domingo 12 en “defensa de las playas públicas del sur”, que partió por la costa desde el arroyo Corrientes y se desplazó hasta la Reserva Educativa Verde Mundo.

En el comunicado que convocó a marchar decía: “El límite costero donde termina lo público y comienza lo privado también está en riesgo. Turistas y vecinos que disfrutamos de las playas públicas del sur tendremos cada vez menos espacio disponible para habitar un espacio natural que nos pertenece a todos y todas. Queremos que nuestra ciudad prospere, pero que los negocios se realicen en sitios adecuados, donde no exista riesgo ambiental y social. Donde no se necesite destruir para prosperar”.

La lógica especulativa en la que se basa la iniciativa inmobiliaria en la ciudad solo busca acumular riqueza en lugar de responder a una necesidad habitacional particular

Paula Suero — Arquitecta especializada en transformaciones territoriales y derecho a la ciudad y miembro de la Organización MAR.

En un recorrido de más de dos kilómetros sobre la orilla del mar, entre cantos a favor del cuidado de las playas y en contra de la especulación inmobiliaria, desde la asamblea contaron a elDarioAR que están “preocupados y dispuestos a defender los pocos médanos que quedan al sur de la ciudad sin intervención inmobiliaria”, y advirtieron que “el avance de los privados sobre las playas públicas es cada vez más evidente”, que lo hacen “sin respetar las normativas que rigen en la provincia de Buenos Aires”.

Más exigencias legales

Actualmente, continúa en debate el proceso de aprobación definitiva de las obras de La Reserva Explanada. la UDI de elDiarioAR tuvo acceso al expediente y pudo corroborar que, entre los últimos movimientos publicados, desde el área de Gestión Ambiental que dirige Marcelo Ragonese y que depende de EMSUR, se publicaron nuevas exigencias. 

Julián Vespa, el asesor del fideicomiso, fue consultado por elDiarioAR sobre distintos puntos cuestionados en el expediente, pero debido a la “falta de tiempo” para expresar su opinión, ya que “se encuentra de vacaciones”, no brindó una respuesta.

Entre los nuevos requisitos, el fideicomiso deberá presentar “un proyecto para la demarcación de manera física y tangible de los límites del Paseo Costanero Sur que se encuentra entre esta propiedad privada y la ruta 11; especificar exhaustivamente la cantidad de ejemplares (de árboles) a extraer, la superficie de excavación y la cantidad de metros cúbicos a ser removidos; deberá presentar los permisos emitidos por la Autoridad de Agua de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente Factibilidad de Servicio Eléctrico; agregar un estudio con sus correspondientes especificaciones del impacto del cono de sombra y especificar cómo será el acceso al predio de viviendas multifamiliares con un croquis de intervenciones respecto al acceso desde la ruta y el desarrollo vial en el interior del predio.

En esta área se encuentra la única barrera medanosa que presenta el partido General Pueyrredón y que se orienta hacia el Sudeste, por lo que es susceptible a las tormentas del sur. Por esta razón, la arena juega un rol muy importante como amortiguador frente a las sudestadas

Marcia Mojica — Geóloga magister en gestión integrada de áreas litorales y becaria doctoral del Conicet.

“Se piden requerimientos con los que acordamos, pero todavía omiten otros que son relevantes”, se queja Alonso, y enseguida brinda un ejemplo: “Por un decreto de 1985, se prohíbe la tala y el desmonte en esa propiedad, es decir no se puede talar ni uno ni 700 árboles”. 

“Tampoco mencionan la restricción a otros dos artículos del Código de Aguas ni hacen el debido pedido de estudio de impacto arqueológico y paleontológico que requiere la zona”, repasa. 

Carlos Quintana, miembro del laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), adhiere al reclamo del Observatorio Ciudadano Costanero Sur y sostiene ante la consulta de este medio que “el área específica del emprendimiento La Reserva Explanada se sitúa en un sitio arqueológico (denominado Arroyo Corrientes) fechado en más de siete milenios siendo muy relevante por diversos motivos, en tanto da cuenta de los modos de vida de sociedades cazadoras recolectoras costeras. Por otro lado, se trata de un caso raro de un sitio arqueológico dispuesto en pleno tejido urbano, otra razón por la cual se deberían extremar los recaudos para su protección”.

A su vez, explica que “el patrimonio arqueológico y paleontológico de este sector bonaerense comprende bienes y yacimientos que están protegidos por legislación nacional, provincial y municipal, como ser por la Ley Nacional 25743/2003 y, más precisamente por la ordenanza 9417/94”.

Junto con el Estudio de Impacto Ambiental, se debe realizar un estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico, el cual se tramita de manera provincial a través del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (CRePAP). Pero, al momento, este requerimiento no fue solicitado por la municipalidad.

ED

A través de las ordenanzas por excepción –que modifican indicadores urbanos—, un selecto grupo de desarrolladores privados, avalados por el Ejecutivo municipal, acumulan proyectos millonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad de Mar del Plata. 

Distintos expertos y actores políticos consultados por este medio coinciden en que, en los últimos años —con mayor celeridad en los últimos 3—, se aceleró el mecanismo de aprobación de ordenanzas exprés gracias un mecanismo “cada vez más aceitado” entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, desde donde se determina cómo y dónde construir. 

El círculo rojo de la ciudad, conformado por funcionarios, empresarios y profesionales expertos del rubro de la construcción, logró adquirir más de un millón de metros cuadrados en la ciudad a través de ordenanzas por excepción. 

“Frente a la falta de un plan de desarrollo urbano integral, la excepción empezó a convertirse en la regla de un concepto de desarrollo que beneficia a un reducido y repetido grupo de personas que no resuelve ninguno de los problemas habitacionales, además de que perjudica, en términos generales, al ambiente urbano y, en particular, a los barrios que constituyen la identidad de esta ciudad”, explica a elDiarioAR Gonzalo Vergez, abogado ambientalista, coordinador del equipo Legal de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y miembro de Organización Mar. 

¿En qué consiste ese mecanismo? A partir de modificar “por excepción” el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y actualizar distintos índices y valores de la construcción, en el Concejo Deliberante se aprobaron más de 10 proyectos inmobiliarios multimillonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad y en barrios de gran valor patrimonial, como es el caso de “La Robla”, como se conoce al proyecto de vivienda multifamiliar Casa Malecón, donde se proyecta una torre de 35 pisos sobre la costa, o el caso de La Reserva Explanada al sur de la ciudad, en la que se intenta construir 9 edificios sobre la playa y en zona arqueológica, a pesar de las advertencias por el fuerte impacto ambiental y habitacional. 

Detrás de los emprendimientos de lujo hay un grupo selecto de privados entre los que se encuentra Juan Pablo Reverter, CEO de H Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, que obtuvo a fines de 2024 el respaldo para modificar los indicadores que permitirían el desarrollo de un nuevo barrio privado en el sur marplatense. Al mismo tiempo, el empresario consiguió el aval para avanzar con el Unkanny Residences, ubicado sobre la zona patrimonial del ex Hotel Hurlingham, donde se proyecta una torre de 21 pisos y un hotel boutique sobre Playa Varese. Este último será la pieza que complementa el ya casi terminado Unkkany Tower, ubicado a una cuadra sobre el terreno del Chalet “Mores” (por haber sido la casa de Mariano Mores), gracias al aval de otra ordenanza por excepción aprobada en 2016. 

Florencia Miconi es otra de las figuras de esta transformación inmobiliaria. Es CEO de IMASA, presidenta de Fiduciaria Paisajes Urbanos SA y presidenta del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. En sus manos se encuentra el proyecto de la torre de 35 pisos conocida como “La Robla”, uno de los casos más emblemáticos y cuestionados desde que la ordenanza se aprobó a fines de septiembre pasado. 

Miconi también tiene desde 2019 el aval para construir un edificio de 9 pisos en el chalet patrimonial conocido como Villa Susuki y, desde 2023, el respaldo legal para iniciar el desarrollo del Distrito de Arte y Diseño ubicado en la zona del Puerto. Este último se trata de un ambicioso proyecto presentado por el Jefe comunal ante el Concejo Deliberante en busca de los permisos necesarios para construir dos torres de 30 pisos junto a oficinas y locales gastronómicos, aspirando a conseguir un “Puerto Madero de Mar del Plata”, según declaraciones del mandatario.

Por su parte, Patricio Gerby, titular de la constructora Coarco SA —uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos—, en octubre del año pasado obtuvo el aval para la construcción de un edificio de 10 pisos en el predio de dos chalets de valor patrimonial, los “Vaia Po” y “Félix Pachano”, destinado para vivienda multifamiliar y locales comerciales. Un dato: en 2021, el Jefe comunal adjudicó a su constructora la principal obra del Presupuesto 2021, la segunda etapa del desagüe pluvial Marcos Sastre, consignada en más de US$530 millones.

Dos modelos de ciudad

“En este modelo de negocio concentrado, el Ejecutivo municipal facilita de manera sistemática la modificación de indicadores urbanísticos por excepción para habilitar nuevos proyectos inmobiliarios. Se trata de un modelo que viene a sustituir la falta de un plan de desarrollo urbano inclusivo para toda la ciudad”, asegura a elDiarioAR Francisco Olivo, decano de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), preocupado por el uso abusivo de las excepciones porque “rompen acuerdos sociales sobre las condiciones estipuladas acerca de cómo queremos vivir en una sociedad según las leyes vigentes, creando una gran desarticulación provocada por el mercado”.

“La excepción tiene que estar cuando la normativa no alcanza a resolver un problema puntual de una regla general, pero no para beneficiar a un grupo pequeño de personas con alto nivel adquisitivo y de manera sistemática”, remarca el decano de UNMDP.

Para Vergez tampoco existe “una planificación que incluya a todos”. En cambio observa una lógica muy vigente de “extractivismo inmobiliario”, que se impone “en perjuicio del hábitat urbano, de sus habitantes y del medioambiente”. Pone contexto: “Si tomamos como punto de partida el año 1988 con la creación de las torres Manantiales, en esos años solo se dio un puñado de excepciones en toda una década, pero ahora tenemos una decena de excepciones en pocos años. Ahora, hasta hemos llegado a la instancia de pensar todo un Distrito de Arte que es aprobado por excepción. Esto está subiendo la vara de la ambición hacia límites impensados e irrazonables”. 

Otro de los proyectos aprobados se encuentra en el predio Chateau Frontenac, originalmente denominado Villa Kelmis, sobre las calles Alvear y Bolívar. En este caso, la construcción de dos torres de hasta 30 pisos (además de la puesta en valor del edificio de interés patrimonial) está a cargo de un grupo de desarrolladores e inversores de Buenos Aires y Uruguay. 

Círculo rojo: vínculos cuestionados

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano del municipio, Jorge “Guasa” González, fue consultado por este medio acerca de las objeciones manifestadas ante el avance de megaproyectos que fueron avalados con su firma, pero no respondió al cierre de esta nota. También se intentó consultar al intendente, Guillermo Montenegro, pero tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, en los pasillos del Concejo Deliberante, donde una mayoría automática facilita el camino rápido para la resolución de proyectos en línea con el oficialismo, se cuestiona la relación existente entre González y María Müller, su esposa y arquitecta experta en Gestión Ambiental responsable de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) preliminares de los proyectos más cuestionados: La Robla y La Reserva Explanada. 

Consultada por los megaproyectos que avala con su firma, Müller dijo a elDiarioAR que no tiene “mucho para aportar” y que “la instancia de participación –ciudadana— era para eso”, dando a entender que en aquella instancia quedaron planteadas todas las dudas sobre los proyectos. 

“Los que me cuestionan suelen ser siempre los mismos. Mi trabajo es evaluar proyectos de arquitectura e intervenciones urbanas, es técnico y tiene un alcance que está muy claramente definido. Yo solo participo de la instancia preliminar, como parte de un proceso”, agregó. En relación al polémico caso La Reserva Explanada, asegura que todavía se encuentra en “la fase de presentación” y que ya se cumplió con “la participación ciudadana”.

Con respecto al vínculo que mantiene con el secretario de Obras, su marido, dice que no encuentra ningún problema. Por el contrario, explica que su trabajo “pasa por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), por lo que no hay conflictos de ética”, y avisa que también elevó una nota a su Colegio Profesional notificando sobre la situación. “Toda la vida trabajé en el rubro, pero si quieren criticar, que lo hagan”, dice y se disculpa por cortar el diálogo para atender una reunión de trabajo.

De acuerdo a Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), “la relación –por Müller y González— se repite en el tratamiento de los casos más complejos y paradigmáticos de la ciudad, como ocurre en La Reserva Explanada, en el que se cuestiona la destrucción de médanos entre muchos otros puntos, y en La Robla: no me parece un detalle menor, por el contrario, es bastante escandaloso”.

Por su parte, el arquitecto y asesor del Bloque Unión por la Patria Gustavo Franco desliza que “le llama la atención que se hayan expuesto tanto”. “Los conozco a los dos y los respeto, pero me parece que esto no corresponde, especialmente por la repetición de casos donde hay megaproyectos en juego y muy cuestionados por la ciudadanía”, dice.

A favor y en contra de las ordenanzas exprés

Entre los que se oponen al mecanismo exprés que se viene otorgando a las ordenanzas por excepción, Gueglielmotti se posiciona: “Las ciudades están atravesadas por intereses económicos y es entendible. Pero el gran problema acá es que no se planifica de manera integral: la especulación es tal que se les da prioridad a las zonas más costosas, frente al mar o en la zona sur, dejando de lado otras zonas de la ciudad que también necesitan atención para infraestructura e inversión”.

A este planteo se suma Franco para remarcar “la enorme asimetría entre el desarrollo de megatorres que, en gran medida durante el año casi no están ocupadas, y la realidad habitacional de la periferia, donde hay falta de cloacas, de alumbrado, calles destruidas, incluso, en muchas zonas, hay servicios de emergencia que no pueden ingresar a los barrios”. 

“Hay dos grandes ciudades dentro de Mar del Plata y esas diferencias cada vez se acrecientan más ya que no vemos que se plantee una línea de crecimiento coherente para toda la ciudad”, coinciden desde Unión por la Patria.  

En la misma línea, Eva Ayala, concejala por Acción Marplatense asegura a elDiarioAR que “la vía de excepción es un negocio para pocos con un costo para todos”. “En ausencia de una planificación estratégica, la ciudad no solo pierde su identidad histórica y cultural, sino que también enfrenta un deterioro de su entorno natural”, afirma. Ayala sostiene que en lugar de planificar la ciudad de manera integral, estas excepciones permiten el avance de negocios inmobiliarios que no consideran ni el impacto ambiental ni la preservación del patrimonio. “La falta de regulación, a su vez, se refleja en las compensaciones urbanísticas, que deberían equilibrar las excepciones otorgadas pero que, al no contar con criterios claros, quedan a discreción del Ejecutivo y de los desarrolladores”.

En tanto, Angélica González, presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento y concejala por la Coalición Cívica (CC) intenta aportar “una mirada más amplia”, dice a este medio. “Para que las ciudades avancen se tienen que hacer movimientos que muchas veces incomodan, pero son parte necesaria de la evolución siempre y cuando no destruya ni corrompa los bienes marplatenses. En tanto se respeten las normativas y los privados aseguren la restauración y conservación de los bienes patrimoniales nosotros no vemos inconvenientes”.

Este medio también conversó con el arquitecto Diego Domingorena sobre la posición del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito 9, que preside: “Es indispensable una planificación democrática de la ciudad, con herramientas donde participen todos los sectores, donde se balanceen obligaciones, intereses, objetivos, que se tengan en cuenta lo productivo, lo industrial, lo cultural, lo turístico, y nada de esto está ocurriendo. Contrariamente, vemos esta serie de excepciones a las que nos opusimos y brindamos en cada caso razones suficientes”.

El presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, se suma al debate y dice a este medio que el desarrollo en la ciudad “no se debe detener” pero que le preocupa “la utilización excesiva de excepciones”. Como martillero, resalta que, por supuesto quiere vender propiedades, “pero siempre que sea cuidando la ciudad, el barrio y la identidad de los marplatenses”. 

De corrido y como si pensara en voz alta, pone un ejemplo: “El barrio Chauvin fue perdiendo la armonía de sus casas a partir de las excepciones que permitieron construir torres que rompieron con una topología particular del lugar. En todo caso, lo que deberíamos hacer es volver a reunirnos todos los actores y plantear qué ciudad queremos”. En este barrio, Jardines de Chauvin SA, obtuvo el aval (26.533) a fines del año pasado para construir dos torres.

Dos Mar del Plata

Al menos hay dos miradas muy diferentes sobre la conservación patrimonial de bienes inmuebles en Mar del Plata: por un lado, Miconi considera que muchos de los inmuebles patrimoniales que hoy son parte de distintos desarrollos estaban en “estado de abandono” y que ahora “se están poniendo en valor” gracias a la inversión de privados.

En la misma línea, el presidente de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, decía hace unos meses que “varios chalets aristocráticos de hace 100 años, que habían sido abandonados y corrían riesgo de derrumbe, ahora están siendo restaurados y reutilizados para fines comerciales o integrados en nuevos desarrollos inmobiliarios”.

Sin embargo, desde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), alertaron sobre “la continuidad de la normativa de excepcionalidad a cambio de compensaciones, ya que la misma fácilmente puede transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata, caracterizada como uno de los ejemplos patrimoniales arquitectónicos y urbanísticos más destacados de nuestro país”. 

Según Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, la preservación del patrimonio “es una responsabilidad del conjunto social, pero tiene un protagonista principal y es el Estado”. 

“Es muy preocupante la destrucción de la armonía urbana del casco de la ciudad que se está permitiendo. No hay un solo urbanista en este país que pueda avalar esto; incluso hay muchos que se pronunciaron en contra y tildaron las modificaciones como una gran barbaridad”, dice en diálogo con elDiarioAR, luego de aclarar que no tiene “nada en contra de los desarrolladores ni de las empresas constructoras”, apunta al Estado municipal por ser “el gran ausente como garante de la protección del patrimonio de la ciudad”. 

“Es lamentable que, con la misma voracidad que se avalan miles de metros cuadrados, no se avance proporcionalmente en la construcción de otros bloques de viviendas para aquellas personas que no tienen acceso, incluso dentro de la comunidad europea, que en compensación por las construcciones de lujo se ven obligadas a construir viviendas sociales. Pero, claro, en ese caso el negocio no es tan rentable”, afirma Vergez.

Por su parte, Ayala ve a la ciudad como “testigo de la sistemática demolición de su patrimonio arquitectónico y urbanístico”. “Las excepciones aprobadas en el Concejo Deliberante, bajo la excusa del desarrollo inmobiliario, permitieron la construcción de edificios en zonas residenciales que, además de alterar la fisonomía urbana, eliminan construcciones históricas que forman parte de la identidad de la ciudad. Esto no es solo un problema estético, sino una pérdida de memoria colectiva y de atractivos únicos que diferencian a Mar del Plata como destino”, concluye.

ED/JJD

Un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández, según fuentes del organismo. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño. 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado.

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años –excarcelable–, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante la ahora Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) –antes AFIP–. La UDI del elDiarioAR y CLIP consultaron al matrimonio a través de voceros de Ritondo si Diago declaró ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los últimos diez años. También se les envió un cuestionario para conocer su versión de los hechos. El equipo periodístico aguardó 10 días las respuestas pero al cierre de esta edición, aún no habían respondido.

Redes offshore

Las conexiones de Diago con sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un bufete especializado en la conformación de sociedades offshore, y de los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida. 

El 3 de noviembre de 2014, Álvaro Castillo, del estudio jurídico Castillo & Associates, de Miami, escribió un correo electrónico a una ejecutiva de OMC en Panamá, en el que le adelantó que le está enviando una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, una de las jurisdicciones más opacas del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña, en representación del bloque del PRO. 

En el correo electrónico, Castillo afirma que envía todo los solicitado para el trámite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumiría como directora de la sociedad: Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point Ltd.

Sunstar Point fue adquirida por Romina Aldana Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicación, la abogada informó en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de la compañía offshore, radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en US$650.000. 

La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida, según quedó asentado en otro formulario interno. “Origen de los fondos”: “Ingresos por negocios”, declaró Diago. También afirmó que su trabajo era “administradora de un estudio jurídico”. El formulario lleva la firma de la esposa de Ritondo.

Si bien Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino.

El objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago en el extranjero. El fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como “grantor” (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y “trustee” (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trata, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento. En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point (aunque la sociedad se terminaría activando legalmente unas semanas más tarde).

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio.

Nuevo director

El formulario de Sunstar Point se actualizó en 2018, cuando Ritondo llevaba ya dos años como ministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad offshore declaró una nueva dirección física en un departamento del condominio Beachwalk Condominium, en Hallandale Beach, en el sur de Florida. La propiedad estaba entonces valuada en US$498.900, de acuerdo a las publicaciones del sector inmobiliario encontradas en documentos públicos gracias a la colaboración de la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

El edificio de Hallandale se construyó en 2014 –mismo año de constitución del fideicomiso y de la apertura de la sociedad offshore– y desde sus departamentos se pueden apreciar “amaneceres y atardeceres en la costa del Atlántico, acceso directo a la playa, terrazas con cristaleras panorámicas en todas las unidades”, según su sitio web.

En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago siguió siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust –el fideicomiso constituido por Diago– continuaba siendo el titular de las acciones de la compañía. Pero, además de modificar la dirección, surgen dos cambios más con respecto a los documentos de 2014: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porteña del Banco Santander Río y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declaró ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires. Dejó asentados su número de teléfono celular y un correo electrónico. El equipo argentino intentó comunicarse con Petrera pero no recibió respuestas.

Enrevesado

La conexión entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible de establecer a través del rastreo de documentos públicos. Esa relación estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates. 

El entramado se complejiza aún más, cuando se suman otras dos compañías a la red de sociedades en el extranjero. En abril de 2015, aquel departamento del condominio Beachwalk quedó a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos hallados por OCCRP. 

Llegar a los dueños reales de Ilustre LLC es difícil. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, según los registros públicos de Miami. Se trata de otra sociedad pantalla que hace difícil conocer la identidad de los dueños del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento público: el nombre de Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39.

Ilustre y Bonita

La propiedad del condominio Beachwalk fue vendida seis años más tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja.  Sunstar Point y Bonita Holdings 39 tiene un segundo domicilio donde mantiene los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, apartamento 200. A pasos de allí, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustre LLC. Bonita Holding e Ilustre LLC tienen, además, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los dueños de sus propiedades: María José Pérez-Millan. 

Pérez-Millan figura como la persona autorizada a operar en nombre de una tercera sociedad extranjera: Goformore (“Vamospormás”, en su traducción al español).

“Vamos por más”

Diago también figura en los registros públicos de Florida en una cuarta sociedad. La abogada aparece por única vez en un documento de la firma Goformore, radicada en Florida. La sociedad fue fundada en 2012. Diago aparece en un documento público del registro comercial del estado de las palmeras como administradora o miembro/administradora (manager o accionista manager, según los documentos). Un año más tarde, en junio de 2013, su nombre desaparece de los registros públicos de la sociedad.

Goformore LLC es actualmente dueña de tres propiedades en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. 

El primer departamento se encuentra en el 3301 NE, 1st Ave, Miami, y fue adquirido el 25 de enero de 2013 por US$467.843, según el registro oficial de Miami Dade. 

El segundo se ubica en el mismo edificio y fue comprado el 16 de septiembre de ese mismo año por un valor similar: US$446.900.

La tercera propiedad se ubica en el 460 NE, calle 28, Miami. Fue comprada el 22 de julio de 2015, dos años y medio más tarde. Costó US$656.900.

Goformore tuvo un cuarto inmueble, en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por US$580.000. Fue adquirido a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). Pazo fue nombrado este sábado 7 de diciembre al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, el organismo encargado del control tributario y la recaudación de impuestos.

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, Pérez Millán aparece en alrededor de 14 empresas en Florida, y su perfil público la identifica como una agente profesional que actúa en representación de terceros. 

Ante una primera consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

El equipo periodístico solicitó a la Legislatura porteña copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador había declarado vínculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos. Ritondo debería haber declarado también el patrimonio de su pareja, pero esos documentos ya no pueden ser consultados. Para los legisladores que terminaron su mandato antes de 2020, la ley porteña plantea que pasados los 5 años desde la finalización del mandato, las declaraciones juradas “dejan de estar disponibles”, respondieron.

A pesar de la salida de Macri del gobierno, Ritondo mantuvo su influencia en la política argentina. El diputado es ahora un dirigente clave para la relación de su partido con Milei. Hace pocos meses celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

La investigación sobre el entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, dejó en evidencia la necesidad de dar transparencia a los patrimonios de los cónyuges de funcionarios y legisladores. Las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latioamericano de Investigación Periodística (CLIP) aún no han sido aclaradas por Ritondo y Diago, quienes fueron consultados antes de la publicación y declinaron responder.

Diago figura en documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers, a las que accedió el equipo periodístico como parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La documentación se encontraba en poder de un estudio jurídico de Panamá que fue uno de los blancos de la filtración, OMC.

Además, la UDI de elDiarioAR y CLIP consultaron los registros públicos de sociedades y propiedades de Florida, Estados Unidos, de donde también surgen documentos públicos que conectan a Diago con más sociedades y propiedades. Pese a esa información, son varias las preguntas que aún quedan por responder por los involucrados en la trama.

Quedan tres puntos por conocer: 

La UDI de elDiarioAR consultó a tres expertas para intentar adelantar respuestas.

Cadena de favores

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

El caso demuestra que en Argentina los obstáculos legales para conocer el patrimonio de los cónyuges de los funcionarios públicos es una discusión que dejó de darse hace años pero nunca debió abandonarse. ¿Por qué no podemos conocer los bienes de los cónyuges de los y las funcionarias?

La participación en empresas, las propiedades muebles e inmuebles de los cónyuges y de los hijos no emancipados, tanto en el país como en el exterior, era información pública hasta las declaraciones juradas de 2012. 

En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner motorizó cambios en la Ley de Ética Pública, logrando una modificación esencial, entre otras: el patrimonio de los cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados ya no serían de carácter público, como era hasta 2012.

Gracias a aquella modificación votada por el Congreso, el patrimonio de la esposa de Ritondo permanece resguardado en un legajo reservado al que ahora sólo se podrá acceder por una orden del juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que interviene en el expediente contra el diputado y su pareja.

“Las declaraciones juradas deben servir para identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de la función pública y de conflictos de intereses”, explicó a elDiarioAR Clara Lucarella, coordinadora del programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Aquella reforma implicó un retroceso en la transparencia. Excluir esta información impide que la ciudadanía pueda llevar adelante un adecuado control de los actos de gobiernos y la prevención de la corrupción”, afirmó la abogada.

Un fallo sin efecto 

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró que este punto de la reforma de la ley es inconstitucional, luego de un planteo de la organización Poder Ciudadano. Sin embargo, no ha habido una modificación normativa que refleje esta decisión, explicó Lucarella. 

Germán Emanuele, abogado de Poder Ciudadano y coordinador del servicio jurídico gratuito de la organización, sostuvo ante la consulta de este medio que la declaración de inconstitucionalidad de 2018 quedó en la nada. “La excusa de la Oficina Anticorrupción para no cumplir el fallo era que no podían dar a conocer los anexos reservados de las declaraciones juradas si la ley seguía en vigencia”, aseguró. Entonces, gobernaba Mauricio Macri y la OA estaba al mando de Laura Alonso. 

“Con el cambio de gobierno en 2020 recibimos una nota de la Oficina Anticorrupción en la que nos invitaban a participar de una mesa de trabajo que tenía como fin cumplir con la sentencia de 2018. Debíamos pensar una nueva normativa”, explicó Emanuele. Un mes más tarde, llegó la pandemia del Covid-19 y todo volvió a truncarse. “La OA presentó un proyecto en el Congreso y quedó ahí, no se discutió más”.

Casados con hijos

Si Diago y Ritondo están casados, ¿los bienes adquiridos por Diago en el exterior son bienes conyugales? ¿Debería Ritondo haber declarado el 50% de esos bienes en sus declaraciones juradas públicas, por ejemplo, cuando era legislador porteño, entre 2013 y 2015?

“Todos los bienes que uno recibe a título oneroso, es decir que no son por donación o herencia, son bienes gananciales, no importa que la titularidad sea de ella”, explicó Marisa Herrera, investigadora del Conicet, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Diago declaró ante el estudio OMC que al menos en el caso de una inversión inmobiliaria de US$650.000, los fondos provenían de su trabajo como abogada. Es decir que para la ley argentina, son bienes conyugales.

Esto determina, explicó Herrera, que si Diago se divorcia de Ritondo, el diputado tiene derecho al 50% de los bienes que ella tenga a su nombre tanto en el país como en el exterior. “Ella es la titular pero él tiene un derecho en expectativa por ser bienes gananciales, que se actualiza o se hace valer cuando se disuelva la comunidad” del matrimonio, agregó la experta. Esto se aplica de esta manera tanto en el viejo como el nuevo Código Civil.

Beneficiaria final

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o ARCA? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

En los documentos revelados, Diago aparece como member o integrante de la sociedad de Florida: Bonita Holdings 39. Esta compañía es a su vez accionista de otra sociedad: Ilustre LLC (radicada en Delaware). Ilustre aparece hasta 2021 como la titular de un departamento en Hallandale Beach, Florida.

Además, en otro documento confidencial de Pandora Papers, Diago figura como beneficiaria final de Sunstar Point Ltd, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Así consta en documentos de OMC de 2014 y 2018. Esta compañía también figuraba como titular de un inmueble en Florida.

¿Qué es un beneficiario final? Es quien ejerce el control efectivo de una sociedad sin la necesidad de ser accionista. En inglés la figura se denomina “beneficial owner” o “dueño beneficiario”, y cumple el mismo rol: es quien controla la estructura y se beneficia de los bienes de la compañía.

Argentina sancionó en marzo de 2024 una ley que crea un Registro Público de Beneficiarios Finales en cabeza de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes AFIP. 

¿Quiénes están obligados a informar a ARCA si son beneficiarios finales de una sociedad? De acuerdo con la ley, todas aquellas personas residentes en el país aunque las sociedades estén radicadas en el extranjero. Lo mismo sucede con la participación en fideicomisos en Argentina o en el extranjero. Eso obliga a Diago a declarar su participación en Sunstar Point ante las autoridades argentinas, en caso de que siga siéndolo o lo haya sido en los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder a este registro? “La norma señala que existirán distintos grados de acceso a este registro para los diferentes organismos públicos y particulares que requieran esa información y que no habrá secreto fiscal oponible en relación con la información del Registro y sobre los accesos otorgados”, explicó Maria Eugenia Marano, abogada integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). 

Sin embargo, aclaró Marano, el registro no es de acceso público por fuera de determinados organismos de control. La publicidad total del Registro Público de Beneficiarios Finales es uno de los debates que organizaciones de la sociedad civil como Fundación SES –miembro de la red Latindadd– vienen dando desde hace años en el país. 

“La ley dejó en cabeza de ARCA la reglamentación del acceso a dicho registro y lejos de convertirse en una herramienta ágil y eficiente para las investigaciones, lo transformó en otro burocrático registro, donde el acceso es limitado a determinados funcionarios de los diferentes poderes habilitados”, afirmó Marano.

“El caso que nos ocupa visibiliza a la perfección como a través de múltiples entramados multijurisdiccionales y artilugios jurídicos, el uso abusivo de las cáscaras empresarias logró ocultar a quienes buscan pasar desapercibidos ante el Estado, ya sea para no pagar sus impuestos, lavar dinero o bien para ocultar sus bienes a otras personas”, sostuvo Marano. 

A más de una semana de la revelación sobre las sociedades y sus patrimonios en Estados Unidos, Ritondo y Diagosin responder esos detalles.

ED/MC

El diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, quedó en el centro de las críticas esta semana tras una investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico reveló que Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien citó al denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, a ratificar su presentación este martes.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Ritondo, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. Estas son las claves del caso.

1. De dónde surgen los documentos 

Las conexiones de Diago con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas y un fideicomiso en Florida surgen de una serie de documentos internos del estudio Overseas Management Company (OMC), que se filtraron gracias a Pandora Papers, una investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integran la UDI de elDiarioAR y el CLIP. La participación del periodista argentino Iván Ruiz, del CLIP, fue central en la investigación. OMC es un bufete o estudio jurídico especializado en la conformación de sociedades offshore. 

Además, otros documentos públicos permitieron reconstruir las conexiones de Diago con otras sociedades a través de las consultas al registro público de sociedades de Florida. Este sitio es abierto y puede consultarse en internet. 

Otro registro público que aportó documentación es el registro de propiedades de Florida. Los documentos fueron hallados por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas con las bases de datos de Estados Unidos. Allí fue clave el investigador Angus Peacock, quien asistió al equipo periodístico en la búsqueda.

2. Cuáles son las conexiones de Diago con las sociedades

La investigación sacó a la luz tres redes distintas de sociedades y propiedades, pero que están conectadas entre sí, no sólo por Diago sino también por una persona y direcciones que se repiten en ambos circuitos. 

Red 1: el fideicomiso. La primera red, hallada en Pandora Papers, está formada por la sociedad Sunstar Point Ltd, de las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del Caribe. Diago aparece en los documentos activando esta sociedad en 2014 a través del estudio OMC de Panamá, de acuerdo con un correo electrónico.

El objetivo de la compañía es ser titular de una propiedad en Florida valuada en US$650.000, de acuerdo con los documentos.

La propiedad estaría ubicada en Hallandale, en el sur de Florida, en un condominio denominado Beachwalk Condominium, frente al mar, de acuerdo a un formulario del estudio OMC.

Sunstar Point era controlada por Diago como beneficiaria final de la sociedad y como presidenta y directora, pero su accionista es un fideicomiso creado en Florida, también en 2014. El fideicomiso, denominado Warwick Trust, fue creado por Diago para controlar esta sociedad.

Diago estableció que tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio. La sociedad también tuvo un cuenta bancaria en el Bank of America de Tampa, Florida. En 2018, en un formulario de OMC, aparece un vínculo con una cuenta bancaria en el Santarder Río, en Buenos Aires.

Diago aparece en los documentos de Sunstar Point al menos hasta noviembre de 2018.

Red 2: Ilustre y Bonita. El departamento de Hallandale aparece en 2015, un año después, a nombre de otra sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos, donde llegar a los verdaderos dueños de las compañías está plagado de obstáculos.

Conocer quién es el verdadero dueño de Ilustre LLC es requirió del análisis de documentos públicos de Florida, hallados en el registro de propiedades, ya que los documentos de la sociedad en Delaware no arrojaban esa información. En Florida, sin embargo, surge una declaración jurada. En agosto de 2021, Ilustre LLC decidió vender el departamento de Hallandale. Durante la venta del departamento, la agente inmobiliaria de la sociedad, María José Pérez-Millán, firmó un documento en el que declaró que la sociedad era propiedad de otra compañía radicada en Florida: Bonita Holdings 39. También sostuvo que Bonita Holdings 39 tenía un miembro: Diago. 

¿Qué significa ser “miembro” (member) de una sociedad en Florida? elDiarioAR consultó a un experto en este tipo de compañías. Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, explicó a este medio que mientras el manager de la sociedad es quien gestiona los negocios de la compañía, el miembro o “member” es equivalente a un accionista.

Red 3: Vamospormás o Goformore. En los documentos públicos, Ilustre LLC es representada por Pérez Millán. La agente inmobiliaria también aparece como manager de otra sociedad: Goformore LLC, radicada en Florida, y cuya traducción podría ser “Vamospormás”.

La investigación de la UDI de elDiarioAR y el CLIP estableció que la sociedad estuvo conectada a Diago hasta junio de 2013, cuando la abogada renunció a su cargo como “manager/miembro” de la compañía. La abogada desaparece de los documentos públicos y la agente inmobiliaria Pérez-Millán asume el cargo de manager (no el de miembro). Hasta la actualidad, Goformore LLC aparece representada en Florida por Pérez-Millán.

Esta compañía aparece como propiedatria de cuatro inmuebles en Miami, uno de ellos vendido en 2015. 

La primera propiedad fue adquirida el 14 de marzo de 2013. Se trata de un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Fue comprado a una empresa del ahora funcionario Juan Alberto Pazo (denominada Harbour House 1533 Corp.). 

Un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, Goformore vendió la propiedad en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015. Los departamentos están valuados en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Hace pocos meses, Ritondo celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

3. La conexión con Juan Alberto Pazo, jefe de ARCA

Pazo es abogado y proviene del sector privado pero también es un hombre del espacio que lidera Macri. El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fue hasta principios de diciembre el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. 

Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público: fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp (la sociedad que vendió un departamento a Goformore LLC en 2013), de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Pazo fue denunciado esta semana por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) ante la Justicia por presunta por “falsedad maliciosa de su declaración jurada”.

4. Ritondo y su patrimonio 

Ritondo es el diputado más rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. 

En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

Los funcionarios públicos, incluidos los legisladores locales, diputados y senadores, deben declarar el patrimonio de su cónyuge, pero en 2012 una resolución de Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los bienes registrados a nombre de las parejas de los funcionarios son reservados. Sólo la Oficina Anticorrupción (OA) y un juez pueden acceder a esos legajos. Por esa razón, el patrimonio de Diago es reservado. Ritondo debía informarlo también cuando estas estructuras se montaron y él era legislador porteño, entre 2013 y 2015.

5. Qué dijeron Ritondo y Diago sobre la investigación

El matrimonio no respondió las consultas de la UDI de elDiarioAR y el CLIP sobre si estas sociedades y propiedades fueron declaradas por Diago ante la exAFIP -hoy ARCA-. Tampoco quiso dar su versión de los hechos al cierre de esta investigación ni luego de la publicación.

En abril, cuando surgieron los primeros documentos, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa sobre Goformore LLC, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Pazo ya había sido funcionario público, si bien proviene del ámbito privado: fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

El abogado fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

En 2018, cuando era funcionario de Macri, Pazo era accionista de Harbour House 1533 Corp, de acuerdo con los documentos del estado de Florida, pero nunca lo declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), como reveló elDiarioAR en abril. El funcionario sostiene que la sociedad es de su esposo, la empresaria Josefina Helguera, y está debidamente declarada por ella ante la exAFIP, según informaron voceros de Pazo ante la consulta de este medio.

Paso de manos

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo –de la que además el abogado figura como accionista en 2018– fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Aquella transacción inmobiliaria de 2013 conecta a la esposa del diputado Ritondo con el flamante titular de ARCA. 

Sin embargo, ante una consulta a Ritondo sobre su relación y la de su esposa con Goformore realizada en abril de 2024 por parte de elDiarioAR, desde el equipo del diputado respondieron: “Se trata de una consulta sobre algo de hace más de una década, es algo del cual no tenemos registro”. Luego agregaron: “La relación de Romina con la sociedad fue una relación laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidió desvincularse de la organización”. “Estamos buscando las declaraciones juradas de esos años para verificar la información, pero Ritondo no estuvo vinculado a la empresa”, afirmaron desde el despacho del diputado.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Esta información surge de documentos de la filtración Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

El diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de Retiro, tras las revelaciones de una investigación sobre los vínculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en paraísos fiscales y Florida, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. El caso fue revelado este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Eduardo Taiano, de acuerdo al sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ). 

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

El caso

Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por US$2,6 millones en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Voceros de Ritondo desligaron al diputado y su esposa de parte del entramado pero no respondieron si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la exAFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo -de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust y había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

La compañía de la familia Rocca dividió a Rinconadillas, una comunidad de 82 familias y logró así la licencia social para operar en ese territorio y extraer el ansiado “oro blanco” en una zona catalogada como la Séptima Maravilla Natural del país. Aquí, otras comunidades se oponen al avance de las mineras. 

La necesidad de trabajo convenció a parte de los habitantes de Rinconadillas y le concedió la victoria a la empresa, que arrastra un pasado de causas de corrupción, sobornos y abandono de las comunidades afectadas por su actividad.

Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil. El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S5.600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.

Tecpetrol, división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).

Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán. 

En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público en el caso de los cuadernos de la corrupción, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados.

A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.

Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadience Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración. 

La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. “Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos”, afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.

Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy. En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.

Un modus operandi

El equipo periodístico de elDiarioAR y Mongabay intentó obtener respuestas de Tecpetrol y Techint tras la asamblea de junio último, en la que parte de la comunidad de Rinconadillas dijo “sí al litio” y aprobó el ingreso de la petrolera para la exploración en la Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la compañía no quiso responder más preguntas ni consultas.

“Las empresas mineras y las corporaciones saben muy bien que la estrategia es divide y vencerás”, explica Melisa Argento, investigadora de Conicet. La experta añade que, básicamente, se trata de dividir a las comunidades entre “ganadoras” y “perdedoras”. Las comunidades ganadoras son las que van a recibir los beneficios de las mineras. “Las otras son las relegadas, las olvidadas, a las que también se les destruye el territorio, su forma de vida, la agricultura, la pastura, los animales se les mueren, tienen conflictos territoriales todo el tiempo con las empresas”. Dijeron “no al litio”, pero pagaron igual las consecuencias ante la falta de unidad de las comunidades. Justamente, lo que el grupo inicial de 38 comunidades buscaba evitar.

“La promesa de empleo puede valer para la primera etapa, cuando las empresas están en la fase de construcción y pueden contratar mano de obra local, pero después el trabajo se tecnifica y vuelve a haber una expulsión, una desocupación en la región”, sostiene la investigadora. Luego, en las comunidades pueden crecer otros rubros como gastronomía, empleo de seguridad, limpieza y mantenimiento.

“En Catamarca, otra provincia donde se extrae litio, la empresa Livent —hoy Arcadium— opera en el Salar de Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra. Es la casuística de todo lo que estamos diciendo”, asegura Argento. La investigadora explica que hay que mirar allí para ver lo que pasará en Jujuy durante los próximos 25 años: “La injusticia socioambiental permanente y la vega del Río Trapiche seca”, afectando la provisión de agua a los pobladores de la zona. 

En Catamarca, por ejemplo, el progreso no se tradujo en beneficios para las comunidades linderas al salar. Y las consecuencias se sintieron cuando la minera intentó ampliar su explotación, explicó Argento. “Cuando la comunidad decidió resistir el avance de la segunda etapa de Livent en la zona, tuvieron persecución, hostigamiento, al punto de que las familias decidieron salirse de la resistencia. En la lucha quedaron muy pocos y son muy atacados”, explica. El equipo periodístico intentó comunicarse con Livent pero no fue posible obtener una respuesta de la compañía.

Sismos inducidos

Los antecedentes de Tecpetrol no están vinculados al negocio del litio, pero sí a la extracción de gas. En la provincia de Neuquén, la empresa cambió para siempre la vida en un paraje rural, Sauzal Bonito. Este pueblo de unos 300 habitantes, se ubica a 48 kilómetros al suroeste de Añelo, la ciudad base de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y cuarto en petróleo no convencional a nivel global. Aquí, los combustibles fósiles se extraen mediante el mecanismo del fracking. 

Sauzal Bonito es el pueblo más cercano al yacimiento de gas que explota Tecpetrol en Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Desde que la petrolera de Techint se instaló allí para desarrollar la actividad del fracking, la localidad comenzó a temblar. 

Los sismos coincidían con el inicio de las operaciones de fracking, explicó a Mongabay y elDiarioAR el geógrafo Javier Grosso Heredia, quien dirige el Observatorio de Sismicidad Inducida junto a Guillermo Tamburini Beliveau. El organismo ya contabilizó casi 500 sismos inducidos desde finales de 2018 hasta julio de 2024 en esta zona de Vaca Muerta, informó Grosso Heredia. 

“Nunca existió un reconocimiento de la responsabilidad de Tecpetrol en la producción de los sismos ante los habitantes de Sauzal Bonito”, afirma Grosso Heredia. “La empresa tampoco hizo público cómo es su sistema de semáforos sísmicos, que ayudaría a informar y actuar preventivamente ante los sismos en el pueblo”, agrega el geógrafo. “Sin embargo, sí aportó 500 millones de pesos (unos US$526.000 al valor del cambio actual) para la construcción de viviendas antisísmicas”, explica el investigador. La petrolera no admite la conexión entre el fracking y los sismos, pero accedió a financiar un paliativo para los vecinos. 

El caso de Sauzal Bonito llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2022, ante un amparo ambiental presentado por la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, habitantes de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la provincia de Neuquén. Sin embargo, el caso aún no fue tratado por los jueces del tribunal.

La extracción de litio en el salar de Catamarca y el fracking en la provincia de Neuquén son evidencia de los problemas que podrían llegar con la explotación en Guayatayoc. El primer conflicto es notorio y se ve en las grietas que amenazan con romper del todo la unidad de las 38 comunidades indígenas que hace 14 años y en bloque se oponían a la llegada de la minería.

ED

“Sabemos lo que les pasa a los salares cuando se les saca el agua: disminuye su biodiversidad al disminuir las lagunas y pueden secarse completamente. Es un daño impresionante”, afirma Cristina Dorador, bióloga chilena y una de las científicas que más ha estudiado los salares. Es también doctora en Ciencias Naturales e integró la Convención Constitucional de Chile en representación de la Región de Antofagasta. Dorador sabe que la experiencia chilena es otro escenario que Argentina podría repetir en el futuro. 

En una entrevista con elDiarioAR y Mongabay, la científica se remonta a los inicios para explicar la importancia de estos sistemas de vida llamados salares. “Los salares son ecosistemas acuáticos, que en el pasado fueron grandes lagos, grandes paleolagos, que con el tiempo se fueron evaporando, secando y también separando entre sí”, explica Dorador.

“Estos legados de antiguos lagos son fundamentales para el lugar donde están porque estamos hablando de una zona que es bastante árida”, dice Dorador. “Son los reservorios de agua de los Andes”, agrega. “Además, concentran la mayor biodiversidad de la zona, tanto del Altiplano como de la Puna. Por lo tanto, son fundamentales para el funcionamiento del ecosistema, pero también para los ciclos biogeoquímicos: estos salares están produciendo gases, pero también están concentrando otro tipo de elementos en reservorios, como CO2, metano y otro tipo de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, sostiene la bióloga. 

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

Allí, la compañía logró el acuerdo parcial de la comunidad indígena de Rinconadillas, dividida por la posibilidad de que la petrolera explore y encuentre litio en la porción de la laguna que forma parte de su territorio. La preocupación con respecto al uso del agua y a las consecuencias en el medio ambiente divide a la comunidad jujeña.

Tecpetrol sostiene que de encontrar litio en la laguna aplicará un sistema más moderno de extracción de litio, que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de este mineral en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Los salares tienen implicancias en el clima local y en la vida de las personas que habitan en la zona, asegura Dorador. La científica precisa que a diferencia de otros lugares del mundo donde el litio se encuentra en roca, en el norte de Chile, el sur de Bolivia y el norte de Argentina, zona conocida como “el Triángulo del litio”, este mineral se encuentra en los salares. “Se trata de un mineral que está concentrado en un ecosistema acuático. Por ello se habla de una minería del agua”, asegura. 

Básicamente, para obtener este mineral, hay que sacarlo del agua. “El litio se encuentra contenido en salmueras: agua con alta concentración de sal, que están generalmente en las partes más profundas de los salares. Por lo tanto, hay que bombearla hacia la superficie”, detalla Dorador. La forma más común de extracción es a través de pozas o piletas de evaporación, que muchas veces se hace en la superficie de los salares mismos. Estas piletas llegan a ser tan grandes que se alcanzan a ver desde el espacio, explica la experta. “Luego, se saca esa costra salina, se deposita una cubierta de un plástico de alta densidad y se pone esta salmuera que ha sido bombeada a la espera de que empiece a precipitar la sal”. Eso hace que al evaporar el agua aparezca la sal y se cosechen distintas sales. Así, hasta obtener una salmuera concentrada en litio. 

Este proceso, explica Dorador, altera el paisaje y genera un impacto significativo en las fuentes hídricas. “Hay un uso del agua que puede ser muy disruptivo y ocasionar cambios importantes en el ecosistema”, asegura la bióloga, que ha seguido de cerca el impacto ambiental de la minería de litio en algunos de los salares más importantes de Chile.

“Lamentablemente, nosotros tenemos experiencia sobre destrucción y extinción de salares”, dice Dorador desde Chile. “Hay casos emblemáticos de desecación de salares para esta industria como es el Salar de Punta Negra, el Salar de Lagunillas, la afectación en el Salar de Llamarada y otros. De hecho han habido juicios ambientales al respecto de parte del Consejo de Defensa del Estado, que ha denominado que estos sistemas han sido afectados de forma irreversible, irreparable”.

Las consecuencias de los nuevos sistemas, como los que Tecpetrol dice que aplicará, aún están por verse.

ED

Una voz angustiada se escucha del otro lado del teléfono. La llamada llega desde un territorio nativo de la Amazonía peruana. “Están queriendo nuevamente levantar vuelo, comunícate por favor con la Dirandro. Por favor, no quiero tener problemas en mi comunidad”, se arriesga a contar un poblador indígena, cuya identidad se mantendrá en anonimato. Pide la presencia de oficiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, mientras ve a lo lejos una avioneta desconocida oculta en el bosque. En medio de la oscuridad, sin que nadie lo pueda ver y con la respiración agitada, narra cómo un grupo de hombres alista un cargamento de droga en una pista de aterrizaje ilegal abierta en el territorio de su comunidad. La desesperación es evidente, sobre todo porque sabe que se enfrenta a un monstruo gigante enquistado en Ucayali, región que se ha convertido en un nuevo foco del narcotráfico en el país.

Este pedido de auxilio es uno de los tantos que llegan desde distintas localidades indígenas de la selva peruana que viven cercadas por la ilegalidad. El líder que se arriesga a llamar es una de las más de 50 fuentes periodísticas entrevistadas por Mongabay Latam, como parte de una investigación de un año que logró rastrear en total 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. El trabajo de verificación posterior permitió confirmar la existencia y los episodios de violencia detrás de 76 de ellas.

Cada uno de esos trazos ilegales en el bosque fue detectado o corroborado por Earth Genome, una organización basada en California, Estados Unidos, especializada en el análisis satelital del territorio con la que Mongabay Latam se unió para trabajar esta investigación, y que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center. Los expertos desarrollaron una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pistas de aterrizaje clandestinas en tres regiones de la Amazonía peruana.

Para que el análisis funcione, los equipos trabajaron con información de Open Street Map, con datos de pistas oficiales reportadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con muestras de narcopistas identificadas por la Dirandro y el Gobierno Regional de Ucayali. Con toda esta información, la inteligencia artificial pudo rastrear patrones similares en el territorio.

Se le “pide a la inteligencia artificial que busque características similares en las imágenes de satélite”, explican los especialistas, quienes se lanzaron a la tarea de detectar nuevos trazos ilegales ocultos en el bosque. La dificultad de esta búsqueda la describen así los expertos: “Imagina localizar un aeródromo desde el espacio en la Amazonía peruana, es como encontrar un palillo escondido en un campo irregular de fútbol, como ubicarlo entre la hierba, la maleza y la tierra desnuda”.

Una vez hecho el análisis satelital, cada pista detectada fue verificada con fuentes locales y oficiales por un equipo periodístico de Mongabay Latam, que confirmó la ubicación, extensión, uso, fecha de apertura, presencia dentro de espacios prohibidos —como áreas protegidas, reservas indígenas y concesiones forestales—, así como la cercanía a vías y ríos.

Las imágenes satelitales, que toman fotografías frecuentemente del planeta, permiten establecer con claridad detalles como cuándo fueron abiertas las pistas clandestinas, pues sólo basta comparar el trazo detectado por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA con la fotografía previa del mismo lugar cuando el bosque aún estaba en pie. Los hallazgos se resumen en esta visualización.

Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad

Noam López — Profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

El análisis satelital de las pistas clandestinas detectadas confirma la existencia de rutas del narcotráfico sólidas que están fuera del control de las autoridades. La facilidad con la que las pistas destruidas se vuelven a abrir es prueba de ello. Según el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, a los narcotraficantes apenas les toma una semana volver a operar si sus pistas son inhabilitadas. “Las organizaciones que trafican drogas —añade Tanchiva— tienen una buena logística, tienen su brazo armado y tienen dinero. Esa es la realidad”.

La realidad también indica que la ilegalidad va más allá del narcotráfico. “Estamos en una época de confluencia de delitos en Perú, porque ya no se trata sólo de un tema de tráfico de drogas, sino de varios delitos que se están gestionando y manejando conjuntamente”, señala Luisa Sterponi, especialista en sensores remotos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un informe de junio de 2024, del cual Sterponi es autora, señala que en los últimos tres años se ha incrementado la pérdida anual de bosques, los decomisos de madera ilegal y se ha registrado una fuerte expansión de cultivos ilícitos de coca. “La cantidad de laboratorios de procesamiento de derivados cocaínicos destruidos por la Policía Antidrogas ha sido el más alto en el país, acompañado por un aumento exponencial de pistas clandestinas”.

Sobrevivir en el triángulo de la muerte

El crudo panorama que dibujan las narcopistas se puede ver con claridad en el triángulo que conforman las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. De hecho, la herramienta de búsqueda con inteligencia artificial generada por Earth Genome puso en evidencia la alta concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en un espacio que bien podría llamarse el “triángulo de la muerte”. Las pistas y los cultivos ilícitos de coca son la escena del crimen de al menos 11 líderes y pobladores indígenas, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aunque la cifra sube a 15 en el conteo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Fuentes en territorio señalan, sin embargo, que no se están considerando aquellas muertes que no son reportadas por temor a represalias.

“Yo sé de dos hermanos indígenas asesinados en 2023 y de uno que ha desaparecido este año”, dice un dirigente de una importante federación indígena de la zona, que pidió la protección de su nombre. Las matanzas y desapariciones son parte de la violencia con las que les toca convivir a 28 líderes indígenas que están bajo amenaza en las tres regiones, según el mapeo realizado por la o.

Los trazos ilegales no sólo cortan el territorio y deforestan los bosques, sino que siembran dinámicas de terror. Las imágenes satelitales aportan evidencia concreta de esa realidad. De las 67 narcopistas detectadas por el Earth Genome y Mongabay Latam en Huánuco, Pasco y Ucayali, 30 están dentro y 26 alrededor de comunidades indígenas. Siete territorios en particular no sólo están invadidos por pistas, sino que a la vez están cercados por ellas. Un dato relevante más: los cultivos de coca en las tres regiones suman 18.742 hectáreas: 12.221 en Ucayali, 4.960 en Huánuco y 1.561 en Pasco, según el último monitoreo de coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En el caso de Ucayali, la producción se triplicó desde 2020 y en Huánuco se duplicó.

Para tener una idea más clara, se trata de una extensión comparable con 76 veces el Centro Histórico del Cusco.

La investigación permitió confirmar también que las 67 pistas de aterrizaje clandestinas sirven al narcotráfico. Al menos 60 entrevistados, entre fuentes locales y oficiales, además de dirigentes importantes de tres federaciones indígenas de la Amazonía peruana fueron clave para determinar con precisión su uso.

En medio de esas rutas del narcotráfico, viven comunidades indígenas que describen afligidas el cambio cultural abrupto que ha traído a sus tierras.

Algunas comunidades se han visto obligadas a compartir su territorio con colonos que trabajan en los cultivos ilegales, que tienen a su cargo el traslado de los cargamentos de droga, que vigilan los laboratorios o habilitan nuevas pistas. El silencio es la única forma de sobrevivir cuando se es testigo de esas escenas. Mientras tanto, deben acostumbrarse a que su rutina se detenga en cada vuelo. “Cuando va a aterrizar una avioneta para ser cargada de droga, todo el tránsito se paraliza. La población también. No pasa muy seguido, pero así vivimos”, narra un dirigente amazónico que vivía en una comunidad de la provincia de Atalaya y que tuvo que abandonar su territorio por seguridad.

Un cálculo hecho por Mongabay Latam, en base a datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, muestra que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 109 hectáreas de selva, alrededor de tres veces el Campo de Marte de Lima o el equivalente en kilómetros a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia. Sin embargo, Luisa Sterponi, de UNODC Perú, explica que las consecuencias de la presencia de pistas clandestinas en las comunidades amazónicas van más allá del impacto ambiental del desbosque. “La apertura de una pista clandestina es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Tienen un impacto directo sobre la deforestación, pero el impacto real es más amplio e involucra también dimensiones sociales”.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, está convencido de que el combate a la ilegalidad no puede estar basado sólo en la represión. “No solo se trata de hacer correr a las personas que trabajan en la actividad ilegal, sino que para que ese sitio no sea invadido nuevamente y no regresen, se deben realizar acciones sociales y civiles concretas”, explica. De lo contrario, añade el dirigente, “es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades”.

Dos comunidades ubicadas entre Huánuco y Pasco conviven con 15 narcopistas dentro y alrededor de sus territorios. La más antigua de las pistas fue abierta en diciembre de 2015 y la más reciente en febrero de 2023.

“Sí hay pistas de aterrizaje, no en la comunidad, pero si en los alrededores. El Estado sabe cuántas pistas hay y dónde están. En Constitución hay más de 100”, dice un líder indígena de la zona.

Las dos comunidades, visitadas por un equipo periodístico de Mongabay Latam, tienen la mala suerte de vivir en medio de una de las rutas del tráfico de drogas que se articula a partir de ciudad Constitución, un eje del narcotráfico donde confluyen “todos los males” y la “violencia, extorsión y asesinatos” son parte de la rutina, como lo describe Florencio Carrillo, ejecutivo de la Oficina Zonal La Merced de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las comunidades están asentadas, además, en un sector de la selva central en el que convergen las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazu, Santa Isabel y parte del río Pachitea.

¿A qué se debe el incremento de pistas clandestinas en esta zona? Frente a la presión policial y militar en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) —lugar que concentra más de 38 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, la mayor cantidad a nivel nacional —, los grupos criminales se ven obligados a trasladar el transporte de la droga a otro punto. Esos nuevos espacios de comercio son a los que hemos llamado “el triángulo de la muerte” y donde se observa el llamado “efecto globo”, es decir, presionas en un sector del territorio y la actividad se mueve inmediatamente a otro.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, explica que la zona proporciona dos ventajas. La primera tiene que ver con la facilidad logística y operativa para los traslados de la droga desde Perú hacia Bolivia, debido a la cercanía de esta zona con este país limítrofe. Y, la segunda, la posibilidad de evadir el control policial y militar.

“Operar dentro del VRAEM, que produce mucha más cocaína que el resto de toda la región, es casi imposible en términos de vuelos y movilizaciones, por lo tanto, resulta más sencillo moverse dos o tres distritos más arriba y colocar en las zonas de Atalaya, Pichis-Palcazu-Pachitea y Aguaytía las pistas de aterrizaje disponibles”, indica Zevallos.

Es por esta razón que las mafias buscan los lugares más remotos y menos accesibles, como las comunidades indígenas y las reservas para pueblos indígenas en aislamiento.

En las comunidades nativas que rodean a la Reserva Indígena Kakataibo, la inteligencia artificial detectó tres pistas de aterrizaje clandestinas: una dentro de la misma reserva y otra alrededor, ambas situadas en la zona norte, y una muy cerca a la zona sur del territorio protegido. Esto lo constató el equipo periodístico que llegó al lugar.

Otras tres pistas de aterrizaje fueron confirmadas en dos reservas indígenas: una dentro y otra alrededor de la Reserva Indígena Murunahua; y una tercera alrededor de la Reserva Territorial Kugapacori, Nahua, Nanti. En estos casos, se observa claramente los surcos abiertos muy cerca de ríos y en medio de un bosque tupido.

Es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades

Miguel Guimaraes — Vicepresidente de la Aidesep.

“Es tremendo que haya pistas clandestinas en tantas reservas indígenas, eso significa que el Estado no puede garantizar la protección efectiva de ninguna de ellas”, dice Vladimir Pinto, responsable de la organización ambiental Amazon Watch en Perú.

En una comunidad cercana a la reserva Kakataibo Norte y Sur, un líder indígena le dijo a Mongabay Latam que “su territorio está acorralado” y que las autoridades locales y regionales no atienden sus denuncias. Solo la guardia indígena se esfuerza por liberar su territorio comunal de la presencia del narcotráfico y otras economías ilegales. Esto se repite en cada una de las comunidades que colindan con las reservas de los PIACI.

“La guardia indígena hace controles, destruye pozas de maceración y quema cultivos, pero son muchos”, narra una fuente en territorio.

El negocio de las ‘canchas’

Quienes viven en la provincia de Atalaya, en Ucayali, conocen muy bien cómo opera el narcotráfico. Los testimonios lo describen como un negocio planificado y bien articulado, en el que las narcopistas juegan un papel fundamental. De hecho, Atalaya es considerada por Devida una de las áreas de mayor concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país, y uno de los territorios donde la herramienta de búsqueda desarrollada con IA detectó una de las más altas concentraciones de trazos ilegales.

A Atalaya solo se ingresa con advertencias. No hablar con extraños, entrar acompañado, permanecer poco tiempo en los lugares y tratar siempre de pasar desapercibido. La premisa es clara: no confiar en nadie. Una vez en la zona, los avisos dejan de ser una exageración y dan paso a la dificultad de conseguir fuentes que estén dispuestas a hablar. La mayoría de ellas piden la protección de sus nombres.

El equipo periodístico pudo llegar hasta una pista de aterrizaje clandestina recién abierta y despejada. “Son 985 metros, una gran ‘cancha’ ”, como se llaman a las narcopistas en esta parte de la Amazonía peruana.

Quienes se encargan de ‘facilitar’ la llegada y salida de las avionetas cargadas con droga son muchas veces personas que viven en el área y que han logrado instalarse dentro de las mismas comunidades nativas, narra un motorista de la zona. El trabajo consiste en asegurar que los narcotraficantes tengan a su disposición una pista de aterrizaje clandestina para que la operación se realice sin contratiempo.

“Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína”, le dijo una fuente local al reportero que visitó la zona.

Las 31 narcopistas detectadas en la provincia de Atalaya por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA son sólo el correlato de la situación que se vive. La peor parte se la llevan las comunidades indígenas, pues cuando resisten o se oponen a la operación ilegal se convierten en un obstáculo para las mafias. Más aún si 13 de los 31 aeródromos ilegales de Atalaya están dentro de sus territorios y 13 alrededor. Las guardias comunales son, en muchos casos, la primera línea de defensa.

Sin embargo, combatir a un enemigo tan poderoso sin ayuda es imposible. Las organizaciones criminales, explican los expertos, se reestructuran todo el tiempo y cambian de estrategias. Ahora, por ejemplo, tercerizan algunas de las tareas de la cadena de ilegalidad, lo que vuelve más difícil para la policía y el ejército dar con los responsables.

Una primera transformación ocurrió con la llegada de los cárteles mexicanos que dieron paso a un sistema de tercerización, explica Nicolás Zevallos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. “Ahora eso es aún más fragmentado al punto que básicamente son brokers los que controlan el transporte de drogas de un punto a otro, pero no tienen el control absoluto de toda la cadena, sino que se sirven de varios proveedores”, asegura. Zevallos añade que en Perú, si bien hay algunos grandes laboratorios que producen cocaína, la gran mayoría son pequeños laboratorios que producen volúmenes de droga reducidos que se van acopiando hasta obtener un cargamento “más o menos importante”.

Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína

Fuente anónima de Atalaya, Ucayali.

El especialista explica que para que funcione este sistema fragmentado, las organizaciones criminales transnacionales envían a una persona que sirve de conexión con los países productores de droga, como es Perú. Este sujeto contrata y coordina con quienes se encargan del acopio y del transporte de la droga, y luego se va.

Luisa Sterponi, de UNODC, coincide en que se están observando diferentes fenómenos alrededor de las drogas, desde la aparición de grupos criminales especializados más pequeños que brindan servicios directamente al narcotráfico, hasta grupos criminales transfronterizos como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital que desde Brasil están ingresando al territorio peruano. “Esos grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de droga también se están dedicando a otros crímenes. La confluencia de delitos dentro de los grupos de crimen organizado está aumentando muchísimo”.

Noam López, profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP), e investigador principal en seguridad de PULSO PUCP, intenta resumirlo. “Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad”. Explica que suele haber un líder que desarrolla una estrategia y que de ser exitosa, la replica una y otra vez: “Un líder organiza todas estas actividades. Entonces, imagina que tiene un batallón de 30 a 50 jóvenes que tienen el conocimiento del territorio. Cuando le va bien en un lugar y tiene todo organizado, se va a otra zona. Eso es lo que está pasando”.

El especialista indica que la transferencia de conocimiento es rápida y que si alguien muere, es reemplazado de inmediato, porque ya hay otras personas que conocen el sistema. “Por eso si destruyes pistas, vuelven a construirse y a operar avionetas muy rápidamente”. La estrategia, precisa López, incluye la creación de empresas para lavar dinero. “Nuestra mirada debe ser al crimen organizado, al lavado de activos y a todo lo que tiene que ver con los flujos ilícitos porque es un negocio internacional y multiproductos”, concluye Luisa Sterponi de UNODC Perú.

¿Hacia dónde va la droga que sale de esta zona de Perú? Un agente del área de Operaciones Tácticas de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Pucallpa le dijo a Mongabay Latam que avionetas Cessna de bandera boliviana aterrizan en Atalaya para llevar cargamentos de entre 300 y 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Suelen tener como destino el departamento del Beni y, en algunos casos, luego de parar en esa región del norte de Bolivia, continúan vuelo hacia Brasil. A veces también se dirigen a Colombia, como lo menciona el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa.

En respuesta a un pedido de información, la oficina central de Dirandro señaló que entre 2013 y 2022 destruyeron 705 pistas de aterrizaje clandestinas en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. Las intervenciones se incrementaron sobre todo entre 2019 y 2020, los años más críticos de la pandemia y violencia en esos territorios. Además, se destruyeron 12 avionetas destinadas al tráfico de drogas en las tres regiones y 19 aeronaves fueron reportadas como siniestradas entre el 2012 y 2022.

Concesiones de alto vuelo

“Deberían hacer un centro de operaciones tipo VRAEM en Ucayali porque ya es insostenible lo del narcotráfico. Hemos aprendido a convivir, mientras no nos metamos con ellos”, cuenta a Mongabay Latam el representante de una concesión forestal en la que se detectó una pista de aterrizaje clandestina. A pesar de las denuncias presentadas por el concesionario, asegura que las autoridades no han actuado.

Si se observan las imágenes satelitales de las narcopistas detectadas dentro de las concesiones forestales de Ucayali, se nota que sobre ellas se superponen los parches de cultivos ilícitos de coca. Seis de las 10 pistas ilegales de las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad están en medio de sembríos de coca.

“Los concesionarios son custodios del bosque y tienen la responsabilidad de informar a las autoridades y hacer una denuncia cuando ocurre una invasión y cuando encuentran cultivos ilícitos o pistas clandestinas”, señala Navarro. Al menos 6 de los 9 concesionarios reportaron los hallazgos y señalaron que las autoridades no atendieron sus denuncias, como se lee en los informes del Osinfor. Cabe mencionar, que hoy solo cuatro de las nueve concesiones se encuentran activas, los títulos habilitantes del resto han caducado.

Franco Navarro, del Gobierno Regional de Ucayali, le dijo a Mongabay Latam que en sobrevuelos realizados en el 2023 detectaron hasta 21 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de concesiones forestales y que toda la información fue enviada al concesionario y a las autoridades correspondientes, entre ellas la Dirandro y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali. Sin embargo, un agente antidrogas de Pucallpa señaló que no le ha llegado “ningún documento de alguna empresa con concesión forestal que dé cuenta de alguna pista en esos terrenos”. Mientras las responsabilidades pasan de un lado a otro, más pistas se siguen abriendo.

De todas las pistas abiertas dentro de concesiones forestales, cinco de ellas se construyeron entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia del Covid 19, época en que se redujeron significativamente las fiscalizaciones forestales debido a las restricciones para los trabajos en campo.

“Hay 36 líderes indígenas asesinados (desde el 2013) y este número va aumentar mientras no se resuelvan los problemas de raíz. Esto va a continuar”, señala Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, quien aporta una cifra mayor a los crímenes identificados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje, además de todas las comunidades indígenas, fueron cambiados u omitidos por su seguridad. Esto fue conversado con la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

Esta investigación fue realizada por Mongabay Latam en alianza con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) en América Latina.

El arreglo de resultados en algunos partidos de las categorías inferiores del Ascenso arranca desde un simbólico kilómetro cero: las apuestas deportivas tienen bandera verde en Argentina desde 2021, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe aprobaron las jugadas online para empresas compuestas por un socio local y otro extranjero. 

Pero detrás de esa cara visible, también reconvertida en poderosos anunciantes de los medios de comunicación, existe un submundo en el universo de las apuestas: como informa este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, cada vez más jugadores salen a la cancha a dejarse perder. Detrás de esas derrotas, existen grupos empresarios que digitan algunas acciones de los partidos en función del dinero que quieren ganar, por lo general, a través de casas apuestas de Asia que son ilegales en nuestro país y donde existe menos seguimiento sobre el fútbol de Sudamérica.

Un país donde apostar

Prohibidas en gran parte de los torneos de Europa para evitar la ludopatía y el arreglo de partidos, las licenciatarias legales se apresuraron a desembarcar en Sudamérica: hoy la mayoría de las ligas de nuestro continente están auspiciadas por casas de apuestas. En Argentina, a partir de entonces, quedó atrás el tiempo en el que el juego deportivo online sólo estaba permitido en el limbo de Misiones, en la frontera con Paraguay y Brasil.

La AFA firmó contrato como sponsor de una de las licenciatarias y primero River y después Boca llevaron a otras dos empresas al pecho de su camiseta. Vélez y Estudiantes son dos “arrepentidos” que este año quitaron ese tipo de patrocinio en su indumentaria. 

En medio de la crisis económica del país y de un fútbol ávido de ingresos, la inyección de dinero de las casas de apuestas se convirtió en un sostén clave. Detrás de los derechos para la transmisión televisiva de los partidos, el segundo y el tercer ingreso de la AFA proviene de la industria del juego online: los “betting rights” (derechos para apostar sobre los torneos) y los “streaming betting rights” (autorización para mostrar esos partidos en los portales de apuestas).

Saltaron cuotas y alteraciones muy extrañas, era evidente que el ambiente sabía que algo anormal iba a pasar

Junto al bombardeo de propagandas en las transmisiones de partidos y las publicidades encabezadas por ídolos de la selección, influencers y periodistas, algunos temores se hicieron realidad: la ludopatía es un problema severo sobre todo para los menores, con múltiples testimonios de preocupación de parte de docentes de secundario y campañas públicas de prevención.

Pero la problemática es todavía más compleja y excede a la legalidad de las licenciatarias: los expertos en la industria aseguran que el mercado asiático –por lo general clandestino e inabarcable- implica un campo paralelo, indetectable y sucio que queda fértil para el lucro a partir de los resultados. 

Click and bet

El arreglo de partidos, del que existieron múltiples denuncias en el fútbol asiático y europeo a comienzos de siglo, se movió para Sudamérica en los últimos años. Argentina no es la excepción.

Apostar en casas de Indonesia, Filipinas y Tailandia y en menor medida China, ilegales en nuestro país, es muy sencillo: basta con escribir “bet” en el buscador y aparecerán decenas de opciones por fuera de las licenciatarias reguladas en Argentina. Incluso, con un poco de conocimiento extra, esas posibilidades serán cientas. 

“Son realmente incontables”, dice un futbolista semiprofesional, de 25 años, cuyo principal ingreso económico es, justamente, como “levantador de apuestas” online o “dueño de casino virtual”: ofrece distintas casas dónde jugar. 

Que sean webs ilegales en nuestro país no implica necesariamente que no tengan autorización en Indonesia o el país de Asia en el que estén domiciliadas. De hecho, la advertencia de partidos arreglados que llegó a la AFA fue de una casa china que es el sponsor de un equipo de la Premier League de Inglaterra.

Lejos pero acá nomás 

Las casas de apuestas, ya sean con o sin regulación, no están interesadas en los arreglos de resultados. Al contrario: su ganancia es que nadie sepa qué ocurrirá en el juego. Las webs legalizadas en nuestro país, además, se cuidan especialmente: tienen un departamento -llamado “de Integrity”- para detectar movimientos sospechosos antes y durante los partidos. 

El 20 de octubre, entre otros ejemplos, al menos una casa dejó de ofrecer la posibilidad de apostar en vivo en el Deportivo Madryn 5-Almirante Brown 1, por la Primera Nacional -la antesala a la A-. “Saltaron cuotas y alteraciones muy extrañas, era evidente que el ambiente sabía que algo anormal iba a pasar”, contó un experto en la industria. 

Asia es el continente por excelencia del submundo de las casas de apuestas. Allí, se mueven volúmenes enormes de dinero y atrae a los apostadores más fuertes del mundo, no sólo del deporte. En contraste, los (pocos) miles de dólares que se intentan ganar desde mercados menores como el argentino no llaman tanto la atención, por lo que para Sudamérica se abre un camino gigantesco para apostar por goles, resultados, corners, laterales y demás incidencias -en el primer tiempo, en el segundo, en los primeros 15 minutos, en los últimos- en una gran cantidad de torneos de nuestro país, desde ligas locales del Interior hasta el Ascenso de la AFA. 

Además, como son casas ilegales en nuestro país -no todas en Asia-, tienen menos seguimiento de lo que sucede aquí.

Las casas del Sudeste Asiático funcionan diferente a las de Occidente: no tienen rastreos de protocolo de internet ni piden depósitos bancarios o tarjetas de crédito. Se puede apostar con billeteras virtuales e incluso criptomonedas. Aceptan, además, saltos muy dinámicos en las cuotas, casi en simultáneo al volumen de dinero que ingresa. Y un aspecto clave, casi no tienen límites para ganancias, a diferencia de las casas autorizadas, que no permiten que el apostador se lleve montos significativos en torneos menores como las Reservas y el Federal A. 

Los clientes argentinos también recurren a brokers asiáticos que actúan como corredores: en una web juntan las cuotas de varias casas para distribuir el dinero en diferentes apuestas y evitan las sospechas de las empresas por posibles riesgos. “Pero los asiáticos, en sus propias reglas, pueden cancelar una jugada ya hecha si detectan alguna maniobra extraña. Devuelven el monto jugado y andá a reclamarle a ‘Míster Apuesta de Indonesia’”, explicó un especialista que conoce en profundidad el submundo de las apuestas.

Alarmas como “algo raro está pasando en este partido” suenan seguido entre los expertos en apuestas. Ya no es extraño que, horas antes de un encuentro, el triunfo del equipo de peor campaña pase de pagar -por ejemplo- 3 a 1,5, mientras que la cuota del rival, mejor posicionado en la tabla, suba de 2 a 4. Luego llega “la sorpresa deportiva”: el resultado favorecerá al equipo más frágil. El mercado, sin embargo, ya sabía lo que iba a ocurrir.

Cómo se cocina un resultado 

“Grupos empresarios” informales y anónimos, que están conformados por diferentes actores del fútbol -ex árbitros, ex jugadores y ex intermediarios, por ejemplo-, conocen una doble realidad: las zonas grises que abren las apuestas -en especial en las casas asiáticas- y la dificultad económica que afrontan los jugadores de los torneos inferiores para vivir del fútbol. No se descarta que estos agentes argentinos tengan algún contacto con especialistas asiáticos.

Los asiáticos, en sus propias reglas, pueden cancelar una jugada ya hecha si detectan alguna maniobra extraña. Devuelven el monto jugado y andá a reclamarle a ‘Míster Apuesta de Indonesia’

Entonces llega el contacto con los jugadores del Ascenso, los más expuestos. Los futbolistas entran en esta larga cadena de apuestas como su último escalón, y acaso el más vulnerable. Las causas por las que algunos aceptan involucrarse son múltiples. La subsistencia económica en un país con más del 50% debajo de la línea de la pobreza no justifica, pero en parte explica. 

La clase trabajadora del fútbol surfea entre pan duro, como la mayoría del país. En las categorías más bajas nadie –o casi nadie- vive de sus clubes. Los sueldos de los jugadores son muy bajos –a principios de año el mínimo en la Primera C era de $263.000 (poco menos de un Salario Mínimo Vital y Móvil), un monto que aumentó ligeramente a mitad de año-, y no siempre son pagados a tiempo por los clubes. 

Incluso, como Argentina es un país en el que muchos sudamericanos quieren despegar su carrera deportiva, un futbolista del Ascenso contó a la UDI de elDiarioAR: “En mi equipo hay un jugador extranjero que paga para estar en el plantel. Un muchacho de Ecuador que pone US$8.000 al año”.

A esa economía en rojo se le suma, en algunos casos, la peculiar organización de los torneos que despliega la AFA, que deriva en un desinterés deportivo por ganar. La Primera C es un ejemplo: de 25 equipos, solo asciende uno y desciende otro. Con la llegada de octubre, ya cerca del final de la temporada, muchos equipos durante varias fechas no compiten por objetivos deportivos.

En ese contexto, “grupos empresarios” que forman parte del ambiente comenzaron a sondear hace pocos años a futbolistas del Ascenso a través de Whatsapp, cuentas de Instagram especialmente creadas para dicho fin o jugadores que ya están dentro de los planteles y tientan a sus compañeros. “Si quedan cinco fechas, el resultado no cambia nada, tenés problemas de guita y te ofrecen un dinero que tu club no te va a pagar…. la mayoría de los jugadores no lo va a aceptar, porque el amor al fútbol sigue siendo sagrado, pero más de uno puede tentarse”, asume el integrante de un plantel.

Por fuera del cono del silencio oficial, desde 2022 empezaron a conocerse testimonios de jugadores de las Primeras C y B que dijeron haber rechazado los contactos para dejarse perder, provocar penales o generar su propia expulsión. 

Incluso en la A del fútbol femenino, la arquera de El Porvenir reveló que le ofrecieron US$3.000 por un partido, una cifra imposible de cobrar de su club. Pero la novedad de 2024 es que los grupos empresarios ya no contactan a jugadores aislados, dos o tres por equipo, sino que pueden “tener” a varios integrantes en un mismo plantel.

ED

Algunos códigos básicos del deporte, como jugar a ganar, están siendo rifados en los torneos de menor categoría organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Algo se rompió en el fútbol, espina dorsal de la sociedad argentina. Entre el dinero que no alcanza, el espíritu de época de supervivencia individual y gerenciamientos sombríos que se aprovechan de la desesperación, los tentáculos alrededor de las apuestas deportivas les abrieron la puerta a una nueva clase de futbolistas profesionales: cada vez más jugadores de las categorías inferiores del Ascenso salen a la cancha a dejarse perder. 

La última novedad es que en más de un caso, además, lo hacen para equipos que no son alineados únicamente por directores técnicos sino también por grupos empresarios que digitan los resultados o algunas acciones de los partidos en función del dinero que quieren ganar, por lo general, a través de casas ilegales con origen y domicilio en Asia, según pudo establecer la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Aunque el asunto está lejos de salpicar a todo el ambiente, en 2024 aumentaron los equipos integrados en parte por futbolistas que cobran más cantidad de dinero por las apuestas clandestinas que por el sueldo de los clubes para los que juegan. Detrás de escena aparecen difusos y anónimos grupos de negocios conformados por representantes, intermediarios, dirigentes, ex árbitros y ex jugadores argentinos con aceitadas relaciones en el ambiente y un buen entendimiento de cómo funcionan las casas de apuestas, en especial las clandestinas del Sudeste Asiático, como las de Indonesia, Filipinas, Tailandia y en menor medida, China. 

Se trata, en todo caso, de una metodología importada: los arreglos de partidos fueron noticia durante muchos años en Asia y Europa. Algunos de los grupos nacionales podrían tener vínculos con especialistas asiáticos, explicaron algunas de las fuentes consultadas por la UDI de elDiarioAR.

Espero que la Asociación del Fútbol Argentino, la policía, los clubes y el gobierno investiguen.

Mail de una compañía de apuestas de China enviado a jugadores.

Los escándalos se superponen en partidos jugados fuera del radar mediático, en canchas con poco césped y tribunas bajas, pero que provocan escenas tan anormales que quedan bajo evidencia: derrotas por goleada, penales a la hora señalada, expulsiones propias, goles en contra, una determinada cantidad de corners y resultados cambiantes.

Durante dos meses, la UDI de elDiarioAR contactó a más de 60 fuentes del negocio, testigos de partidos salpicados por escándalos, empleados de la Justicia y protagonistas de la clase obrera del Ascenso, entre ellos futbolistas profesionales y de divisiones inferiores. También se consultó a entrenadores, preparadores físicos, representantes de jugadores, dirigentes de clubes, árbitros, levantadores de apuestas ilegales, empleados de casas online con licencias autorizadas, fiscales de ciberdelitos, periodistas partidarios e integrantes de los “grupos empresariales” que tientan a los jugadores para convertirlos en socios, pero también en rehenes, de sus beneficios económicos. 

Aunque apenas una minoría de los contactados aceptó hablar, y siempre bajo la condición de un riguroso off the record, muchos dieron a entender su voluntad para que el asunto saliera a la luz: “Es un tema mucho más grande de lo que se cree”, coincidieron las fuentes. En ese silencio mayoritario, incluso los pocos jugadores que advirtieron del tema en medios locales rechazaron volver a hacerlo ante la UDI de elDiarioAR: “Ya está, no quiero perjudicar al club ni a mi carrera. Si yo hablo solo, no voy a cambiar nada”, explicó uno de ellos.

En un ecosistema que se maneja en el silencio y el mutismo, la AFA no tiene un vocero oficial y las autoridades consultadas no respondieron ante las consultas de este medio. Tampoco los dirigentes del Ascenso opinan en público del tema, aunque en privado aceptaron ante la UDI de elDiarioAR que los derivados de las apuestas forman parte de las conversaciones de varios planteles. Los siguientes casos, que marcan una radiografía más social que deportiva de Argentina, son apenas una muestra.

Ir para atrás

El 10 de mayo de 2024, Laferrere perdió 9-2 contra Villa San Carlos (Reserva de la Primera B) y empezó una sugerente racha de goleadas en contra: en los partidos siguientes, perdería 7-0 con Dock Sud, 6-1 contra UAI Urquiza, 6-0 frente a Sacachispas y 5-0 con Villa Dálmine. Para la fecha 20 ya habrá recibido 78 goles. Y no sólo fueron extraños sino también los trámites de los encuentros: Lafe le ganaba 3-0 a Los Andes al final del primer tiempo y terminó perdiendo 5-3. 

Son temas muy sensibles y estamos presionados para que no contemos nada. Tenemos familia y debemos cuidarla

Testigos del partido consultados por la UDI de elDiarioAR resaltaron un comportamiento “alevoso” de los jugadores de Lafe -en el complemento se dejaban eludir para recibir goles- aunque a la vez, no se sorprendían tanto: sabían que era su modus operandi. “Se chocaban entre sí, no llegaban a la pelota, era tragicómico”, relató un observador.

Poco después, el 24 de agosto, Laferrere anunciaría en su cuenta de X la expulsión de varios de esos jugadores: “A raíz de los sucesos que involucran a la Tercera B (Reserva), se apartó a dichos deportistas y a quienes se sospecha de ser los responsables de propiciar acciones alejadas del fair play y la ética deportiva”. 

El caso expuso una nueva realidad: algunas Reservas del Ascenso ya no son un espacio para probar a los jóvenes jugadores, antes de que den el salto a la Primera, sino para que difusos grupos económicos gerencien esos equipos. Llevan futbolistas de su propiedad que, a cambio de un dinero superior al que cobran de los clubes, cumplen sus instrucciones. Hay dirigentes que, resignados, preferirían eliminar el torneo de Reserva.

Otro caso similar sucedió el 9 de junio de 2024 en un partido entre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) por el torneo Federal A -tercera categoría, el paso previo al Nacional-. Tras sufrir la tercera goleada en contra, el plantel entrerriano terminó de fracturarse: la empresa que había acercado refuerzos a comienzos de año, pagándoles el sueldo, retiró a muchos de sus jugadores. 

En los partidos previos la tensión en el vestuario se había tornado insalvable entre algunos jugadores de los que habían llegado con el gerenciamiento y los futbolistas con más historia de Defensores de Pronunciamiento, que lloraban ante la impotencia de lo evidente. Así lo reconstruyó la UDI de testigos de la situación.

Sospechas y un e-mail

Pocas semanas después, el 29 de junio -según escribió el periodista Roberto Parrottino en Cenital-, los equipos del Ascenso recibirían un correo electrónico que los alertaba de movimientos extraños de dinero en el mercado de Asia durante partidos de tres equipos del Federal A, el ya mencionado Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Círculo Deportivo Otamendi (Buenos Aires) y Sol de Mayo de Viedma (Río Negro); y uno de la Primera C, Muñiz. 

“En los últimos 6 meses, nuestra empresa ha recibido simultáneamente una gran cantidad de apuestas de la Liga Federal A Argentina, superando los $150.000 por partido, causando graves daños al mercado de apuestas. Tras el análisis de los datos, sospechamos que algunos clubes participan en las apuestas”, comenzaba el correo escrito por un representante de una casa de apuestas china, legal en su país pero fuera de las licenciatarias autorizadas en Argentina. 

Que el Ascenso esté tan mal te lleva a veces a tomar malas decisiones, a que los jugadores se confundan, se vean obligados a hacer cosas que no corresponden. Año a año es peor. Se ven cosas increíbles.

Jugador Imanol Iriberri — En la radio marplatense Marca Deportiva.

El mail advertía a la AFA: “Espero que la Asociación del Fútbol Argentino, la policía, los clubes y el gobierno investiguen. El fútbol es una plataforma deportiva justa, no un paraíso del juego. Este comportamiento afecta gravemente la reputación del fútbol argentino. Presentaremos todas las pruebas a la FIFA”, decía el correo al que accedió la UDI de elDiarioAR. 

Sin embargo, un tercer caso quedó a la luz poco después, el 7 de julio de 2024, en un partido que otro de los equipos apuntados por ese e-mail. Círculo Deportivo Otamendi jugó contra Santamarina de Tandil (Federal A). El partido desató una imagen simbólica en el pequeño estadio del equipo de Comandante Nicanor Otamendi, un pueblo de 8.000 habitantes a 40 kilómetros de Mar del Plata. Hinchas del equipo local, Círculo, se sorprendieron por una persona que, libreta en mano, gritaba palabras y números indescifrables a algunos jugadores locales, según pudo reconstruir la UDI a través de entrevistas con testigos. 

En una localidad en donde todos se conocen, su rostro y sus indicaciones resultaron extrañas. Tras otra de sus participaciones en voz alta, como si fuera un técnico detrás del alambrado, un futbolista de Círculo cometió un penal que terminó en gol rival. “Los hinchas entendimos lo que sucedía, rodeamos al hombre de la libreta que parecía llevar el guión del partido y lo echamos a la calle”, reconstruyó un simpatizante del equipo local. 

Como Defensores de Pronunciamiento, Círculo tomó medidas similares: aunque no todos “jugaban para atrás”, les rescindió el contrato a varios de los futbolistas que habían llegado al club a comienzos de año a través de una empresa que se hacía cargo de parte de sus sueldos. 

Con el equipo debilitado, Círculo recién se salvaría del descenso en la última fecha, el 15 de septiembre. El capitán, Imanol Iriberri, hablaría en la radio marplatense Marca Deportiva: “Jugué muchos años y las cosas que viví este año en el Federal nunca las había vivido. Que el Ascenso esté tan mal te lleva a veces a tomar malas decisiones, a que los jugadores se confundan, se vean obligados a hacer cosas que no corresponden. Año a año es peor. Se ven cosas increíbles. Con ver un partido te das cuenta de cosas que no son normales”.

Un cuarto caso fue el 6 de agosto, cuando Fénix perdió 8 a 0 ante Excursionistas (Reserva de Primera B). El árbitro Nicolás Gabriel Díaz suspendió el partido a falta de 10 minutos por haber sospechado de una actitud anti deportiva: los jugadores de Fénix precipitaban sus propios errores para facilitar los goles rivales. 

La UDI de elDiarioAR accedió a la ficha COMET del partido –el sistema informático que centraliza la información de los torneos de la AFA, Conmebol y FIFA- y confirmó una irregularidad excepcional: de los 18 jugadores que presentó Fénix (11 titulares y 7 suplentes), sólo figuraba el nombre de 10 de ellos, o sea que 8 eran futbolistas “fantasmas” ante la AFA, sin habilitación ni registro. Si el fútbol suele manejarse por sospechas o confesiones en privado, en este caso aparece lo que casi nunca: una evidencia. 

Tal como hizo Laferrere, Fénix también desvincularía al entrenador y a cinco futbolistas que participaron de la goleada en contra, la tercera consecutiva tras sendos 1-6 ante Colegiales y Argentino de Quilmes. 

Finalmente, el 29 de septiembre se jugó otro partido del Federal A que quedó en medio del escándalo: la derrota 3-0 de Atenas de Río Cuarto como visitante contra Juventud Unida de San Luis. El equipo cordobés se reforzó entre el año pasado y el actual con dos jugadores serbios -de escaso talento- y un brasileño que arribaron al país en 2022 al ya apuntado Sol de Mayo: el mismo brasileño convirtió dos goles en contra en el 0-3 en San Luis. 

Un mes después, el martes 29 de octubre, la Justicia cordobesa allanó el domicilio de seis personas vinculadas a Atenas, entre ellos el hijo del presidente, la kinesióloga del plantel y el tesorero del club. La denuncia fue realizada por la Lotería de Córdoba, que comprobó cómo los investigados habían abierto cuentas en casas online -legales- dos días antes del partido y apostaron a la derrota 3-0 de su propio equipo, tal como ocurriría. Fuentes de la fiscalía de cibercrimen confirmaron que se investiga al presidente de Atenas por haber ganado $4 millones por la derrota de su club.

El gerenciamiento

En los torneos del fútbol de los campeones del mundo quedan especialmente expuestas las Reservas del Ascenso y el Federal A, un campeonato inviable desde lo económico: por las enormes distancias a recorrer –cientos o miles de kilómetros al mes-, los clubes deben cubrir un presupuesto de al menos US$30.000 mensuales. 

Son categorías sostenidas a pulmón en las que muchos clubes apenas pueden mantener a sus equipos. Es inevitable, entonces, que algunas dirigencias acepten entregar el fútbol a grupos que prometen un oasis: traer jugadores, cubrir sueldos y dejar un dinero. 

Ser futbolista siempre fue un laburo. Antes era para ganar y ahora, a veces, es para perder

El problema es que el supuesto paraíso, en más de un caso, se convierte en un caballo de Troya de las apuestas: en el combo también llegan futbolistas que durante los partidos priorizan los intereses económicos de la empresa a la que responden por sobre los objetivos deportivos de los equipos para los que juegan. Investigaciones como las que enfrenta Atenas de Río Cuarto, sin embargo, confirman que en algunos casos también los dirigentes pueden ser partícipes de la estafa a su propio club. 

Según cuentan desde adentro de los planteles, dejarse perder supone una especie de arte. “Tampoco es que los ‘jugadores tocados’ salen a perder siempre: también se cuidan. Juegan dos o tres partidos seguidos en serio, a ganar, y recién en el siguiente hacen su negocio, por lo general de visitante, casi nunca de local para no exponerse ante su gente. Los implicados se enteran 20 minutos antes lo que tienen que hacer y no pueden ir con celular a la cancha”, explicó alguien con conocimiento del sistema. 

El tema es tan sensible que hay quienes ven a algunos de los jugadores involucrados como víctimas del sistema: se sabe de represalias intimidatorias a quienes se negaron a cumplir con lo pautado. Incluso los encargados de llevar las estadísticas de los partidos -las casas de apuestas las toman de empresas de tecnología- suelen recibir amenazas anónimas, según los testimonios recogidos por la UDI: lo que puede parecer un error insignificante a veces implica mucho dinero. 

A fines de mayo, Deportivo Madryn, del Nacional -segunda categoría-, despidió a tres jugadores de su plantel. Según publicó el periodista Maximiliano Uria en Clarín, la dirigencia del club patagónico sospechó que ese trío de futbolistas entró a la cancha con un objetivo: que su rival, Defensores Unidos -en un partido jugado el 19 de mayo, que terminó 0 a 0- llegara a los 9 córners a favor. 

“Son temas muy sensibles y estamos presionados para que no contemos nada. Tenemos familia y debemos cuidarla”, afirmaron un par de jugadores de diferentes equipos a la UDI de elDiarioAR. 

Más allá de lo deportivo, también se trata de otro paisaje de época de la Argentina actual: el profesionalismo en el fútbol no sólo parte del sueldo de los clubes sino del dinero de grupos que aprendieron a hacer negocios en el circuito clandestino de apuestas. Mezclados los vivos con los desesperados, los “futbolistas de las apuestas” ganan más dinero que “los jugadores de los clubes”: por provocar un penal en contra de su equipo pueden ganar el quíntuple de su sueldo o más. O, generando un par de laterales y de córners, reciben el mismo dinero que reciben por su contrato mensual con el club. 

Sintetizado en boca de alguien de la industria, “ser futbolista siempre fue un laburo. Antes era para ganar y ahora, a veces, es para perder”.

ED

Desfinanciamiento estructural, científicos que ponen plata de sus bolsillos para sostener laboratorios, investigaciones en riesgo y un organismo clave en crisis. Así es el contexto en el que los investigadores intentan seguir haciendo ciencia en el Estado que gobierna Javier Milei, muy lejos del ideario del Presidente, que cree que las arcas públicas financian la “vocación” de los científicos. En el país de “no hay plata”, la plata para financiar ciencia está y ni siquiera proviene de las arcas públicas nacionales. Aun así, no se ejecuta. Existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023, según pudo establecer la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, con apoyo de CAPIR.

Al contexto de becas canceladas, despidos, universidades que no llegaban a pagar la electricidad y un Presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo, se sumó en las últimas semanas la confirmación oficial de que los científicos dejarán de recibir financiamiento de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Sin embargo, por cada dólar invertido en ciencia por la Agencia durante 2024, hay otros US$3,93 que permanecen en los bancos sin aportar al desarrollo científico y tecnológico argentino.

El organismo estatal, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, se dedica a financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos para impulsar líneas de investigación. También contemplaban la compra de insumos, equipos y becas doctorales para profundizar investigaciones. La Agencia I+D+I impulsó, además, programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

En 2024, la Agencia I+D+i tuvo una reducción drástica de su presupuesto anual real, que cayó un 65,1%, según el Análisis Presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Agosto de 2024, realizado por el Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, los fondos que le corresponden están, pero no aparecen. 

El monto de US$53.050.938,64 surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

“No hay plata”

Tras nueve meses de incertidumbre ante la falta de información sobre el desembolso de fondos, el 20 de agosto último, Alicia Caballero, ex presidenta de la Agencia I+D+I – renunció luego de la publicación de esta investigación–, se presentó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional. La funcionaria terminaría presentando su renuncia horas después de la publicación de esta investigación periodística, el 30 de septiembre de 2024.

Antes de responder las preguntas de los presentes, Caballero expuso durante 20 minutos —PowerPoint mediante— sobre la historia de la Agencia, el crecimiento logrado a lo largo de los años y las publicaciones en redes internacionales alcanzadas gracias al apoyo institucional. Los miembros de la comisión ya conocían estos hechos y esperaban respuestas concretas ante la asfixiante situación que atraviesa el sistema científico argentino.

Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo describió en diálogo con la UDI de elDiarioAR: “De todas las preguntas que teníamos, no quedó respondida ninguna”. Los integrantes de la comisión enumeraron sus preocupaciones. “Cuando le preguntamos (a Caballero) si iban a cerrar la convocatoria (a nuevos proyectos de investigación) que hoy está abierta y si la someterían a evaluación, nos dijo que no. Cuando le consultamos si iban a financiar la convocatoria del año pasado, que ya fue evaluada y con proyectos seleccionados, nos dijo que no”. 

Ante las respuestas negativas, las consultas continuaron: “Cuando le preguntamos si respetarían la actualización del presupuesto que figura en los contratos firmados con las universidades, nos dijo que sabía que había una cláusula de actualización de presupuesto, pero que no la cumplirán porque no hay plata. Y cuando le preguntamos qué convocatoria abrirán, nos dijo que todavía están evaluando la situación”, concluyó.

La reunión finalizó y una frase de Caballero resonó entre los presentes. Así lo relató Civallero: “Ella termina diciendo que lo que están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”.

La decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. “El desembolso de los fondos se encuentra en un proceso de auditoría”, respondió la Agencia ante la consulta de la UDI de elDiarioAR. “Durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional. Por ese motivo se encuentra en análisis la modalidad de financiamiento para que esta sea de mejor calidad y más eficiente para el desarrollo de nuestro país. Una vez finalizado este proceso se comunicarán las determinaciones que tomará la cartera”, sostuvo el organismo.

Hay plata

La Agencia I+D+I se nutre mayormente de préstamos de organismos multilaterales. Actualmente, se encuentra ejecutando fondos de tres programas.

¿Cuál es el objetivo del préstamo? Según la página oficial del Banco Mundial, el programa “busca fortalecer el sistema nacional de innovación y fomentar el crecimiento del sector privado hacia una frontera más productiva” y para ello busca generar “alianzas público-privadas” y financiar “el desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnología para las pequeñas y medianas empresas, y el apoyo a emprendedores”. Sin embargo, tampoco habrá más financiamiento para este objetivo cercano a las ideas del Gobierno.

La UDI de elDiarioAR consultó al BIRF-Banco Mundial acerca de la evaluación del desempeño de la Agencia y la respuesta fue que el organismo ha actuado de manera “satisfactoria”. También confirmaron que ya desembolsaron US$40,5 millones (20%) durante 2023, “superando las proyecciones iniciales”. Además sostuvieron: “Los equipos de la Agencia I+D+i continúan preparando propuestas, términos de referencia y otros documentos del proyecto para acelerar la implementación”.

El organismo internacional agregó que la Agencia I+D+I “ha logrado avances significativos en la adjudicación de proyectos dentro de los programas de consorcios público-privados”, incluyendo “la inauguración de la primera Tecnoteca dentro del complejo Tecnópolis”. 

Según una fuente cercana a la Agencia I+D+I, los dólares de los préstamos se desembolsan en etapas a partir del cumplimiento de los objetivos de la etapa anterior. Para poder utilizarlos, los dólares se venden al valor oficial y el Banco Central envía pesos a una cuenta bancaria del país. 

A partir de ese momento, los dólares pasan a formar parte de las reservas nacionales. Si bien el presupuesto disponible de cada organismo estatal es aprobado por el Congreso cuando se aprueba el Presupuesto Nacional, hay dos actores fundamentales que intervienen luego en la administración de ese presupuesto disponible: el ministro de Economía, Luis Caputo, quien decide el ritmo en el que se administra el dinero; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien interviene en la reasignación de las partidas presupuestarias. 

Por tanto, la Agencia I+D+I solo puede usar el dinero de los desembolsos de los organismos multilaterales según habilite el ministro de Economía. Mientras tanto, el dinero en las cuentas bancarias sigue engrosando el Tesoro Nacional. 

3. Préstamo BID 5293, aprobado en 2021 con finalización en 2026. Se deben ejecutar US$128.200.000 del BID y US$32.125.000 de aporte local. Según un informe de la AGN, los saldos encontrados en las cuentas al 31 de diciembre de 2023 ascendían a US$14.396.855. La Agencia I+D+I confirmó haber ejecutado durante 2024 US$11.901.618.

Sin embargo, un informe de la agencia Crowe sobre el préstamo, disponible en la página oficial del BID advirtió en sus hallazgos un problema con una solicitud de desembolso por US$15.900.000 realizada el 6 de diciembre de 2023 y enviada por el BID al día siguiente. Según relata la empresa auditora, los dólares se encontrarían en el Banco Central, pero aclara que “no tienen ninguna documentación de respaldo que asegure dicha información”. El efecto que advierte Crowe es el “devengamiento y pago de intereses sobre fondos que no están a disposición del programa para su utilización”.

Ese desembolso es el mismo que declara la Agencia I+D+I como el último recibido en diciembre del año pasado. Sin embargo, al ser consultados por el auditor, la respuesta del programa fue la siguiente: los fondos se solicitaron recién el 24 de mayo último a Economía, “debido al cambio de gestión producido el 10 de diciembre y la consecuente reestructuración de la Administración Pública Nacional, la cual trajo aparejada la designación de nuevos funcionarios y/o firmantes”.

Según una fuente cercana a la Agencia, los reglamentos de los organismos multilaterales son muy estrictos e impiden el desvío de los fondos a otras partes del Estado. Por tanto, el dinero sólo puede utilizarse para los fines del proyecto o mantenerse en las cuentas del Banco Central.

En conclusión, al saldo reportado por la AGN en las cuentas bancarias de US$14.396.855, deben sumarse los US$15.900.000 recibidos en mayo de 2024, y a eso restarle la ejecución comunicada por la Agencia I+D+I de US$11.901.618. Lo cual da un total disponible en las cuentas bancarias del programa de US$18.395.237.68.

Si la Agencia cumpliera con los hitos estipulados en el contrato del préstamo, para lo cual deberían pagar los contratos y proyectos científicos, se habilitaría la posibilidad de solicitar un nuevo desembolso por US$9.375.000 más, explicó a la UDI una fuente vinculada al organismo.

Otro préstamo

Existe, además, un cuarto préstamo todavía no ejecutado del programa BID 5759/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$35 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y sin necesidad de aporte local. Según su página oficial, el objetivo del programa es contribuir “al aumento de las exportaciones de los sectores de la Economía del Conocimiento (EDC) a través de la provisión de capital humano especializado, el desarrollo y la adopción de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA), y la promoción de su inserción internacional”. 

La Agencia I+D+I afirmó que el programa “está declarado elegible para recibir el primer desembolso”. El proyecto, informó el organismo en su sitio, ya se encuentra en etapa de implementación y fue aprobado en junio de 2023. La UDI de elDiarioAR se contactó con un representante del BID, pero al cierre de esta nota, no ha recibido respuestas a los interrogantes enviados. 

Además, el organismo obtuvo fondos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en la actualidad ejecutados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, aunque no se especificó el monto. 

El argumento del gobierno de Milei de un Estado que no tiene dinero para el desarrollo científico y la innovación se desmorona con los desembolsos de los organismos multilaterales paralizados en las cuentas. Si la plata existe, ¿cuál es el verdadero proyecto del Gobierno para la ciencia? ¿Qué sucederá con los proyectos que llevan años de desarrollo? ¿A qué llama el Ejecutivo “estar al servicio del sistema productivo”? Son algunas de las incógnitas que se plantea el sistema científico mientras el Estado libertario hace borrón y cuenta nueva.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 30 de septiembre de 2024 a las 19:41 para informar la renuncia presentada por Alicia Caballero a la presidencia de la Agencia I+D+I horas después de la publicación de esta investigación.

LG/ED

El presidente Javier Milei se refirió a los científicos en su discurso del Foro Madrid, el 5 de septiembre último, como uno de los sectores de la sociedad que forman parte de “la casta”. Son, dijo, “los supuestos científicos e intelectuales -dijo-, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación”. “Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino. Investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado”, agregó.

El hashtag #Ñoquicet corre como reguero de pólvora cada vez que los sectores libertarios buscan atacar a los científicos en redes sociales. Sin embargo, el proceso de selección de cada proyecto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) es un sistema con estándares internacionales, explicaron los científicos consultados por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.

Marisa Censabella dirigió el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el principal fondo de apoyo a la ciencia dentro de la Agencia I+D+I, desde octubre de 2022 hasta marzo de este año, cuando la gestión actual decidió no renovarle el contrato. 

Para otorgar fondos de los préstamos internacionales que recibe la Agencia, se abrían concursos todos los años. “Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación”, dijo Censabella, y recordó: “En 2022 se presentaron aproximadamente 3.200 postulaciones, que luego pasaron por un mecanismo muy estricto de distintas capas de evaluación. Primero, se hace una admisibilidad, en la que el personal de FONCyT revisa y acredita que las condiciones formales de la presentación sean correctas”. Además, se revisa que una persona no tenga asignados más de dos proyectos. “Eso no corresponde, tiene que poder repartirse de manera equitativa para todo el sistema”, sostuvo la ex directora del FONCyT.

La evaluación llega hasta los directores del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT): “Los responsables máximos de ese proyecto necesitan pasar un piso de producción de los últimos cinco años, es decir, deben tener la formación adecuada para llevarlo adelante y acreditar una productividad en publicaciones y patentes, lo cual también limita mucho”, afirmó Censabella. Finalmente, los profesionales que superan ese tamiz se someten a un complejo sistema de evaluación, detallado en las casi 30 páginas de las bases que se abren cada año, donde se explican los pasos del proceso de evaluación.

Además, detalla que el proceso implica una evaluación de pares: “Si te dedicás a la lingüística, como me dedico yo, te van a evaluar lingüistas de prestigio de Argentina, que luego enviarán tu proyecto a otros lingüistas nacionales o internacionales. A su vez, estas personas van a evaluar toda tu trayectoria y tus publicaciones”. Así se hace un orden de mérito y, luego, otra comisión, que no será ninguna de las anteriores, controlará lo que hizo la primera comisión. La lingüista concluye que luego “decidirán dónde queda la línea de corte, es decir, quiénes pasan y quiénes no”.

Censabella sostiene que este proceso complejo tiene un alto prestigio en el país y asegura una optimización de los recursos: “Permite que un país como Argentina, que no es de los que más invierte en ciencia y tecnología, asegure que el poco dinero disponible se utilice bien. Por eso los científicos argentinos son tan bien vistos en el resto del mundo”.

La figura del “ñoquicet”, en referencia a científicos que gozaban de preferencias políticas en la asignación de temas o proyectos de investigación, no sólo fue difundida por usuarios anónimos en redes sociales. Al anunciarse el desfinanciamiento, Ámbito Financiero consultó a la Agencia sobre las razones del mismo y la respuesta fue que “la parálisis no tiene que ver con la falta de fondos, sino con que se está llevando adelante un cambio estratégico que consiste en el financiamiento específico para los proyectos de Ciencia que son fundamentales en el desarrollo de la Nación”, buscando “mecanismos de adjudicación transparentes, sin favoritismos políticos”, abonando la imagen de una institución que favorece por conveniencia política la entrada discrecional de personal al sistema.

Lleva un año evaluar cualquier proyecto de cualquier disciplina que llega, donde prima la excelencia y el mérito de quienes conforman esa propuesta de investigación

Marisa Censabella — ex directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT).

Censabella habla de la impotencia que siente al escuchar a la gestión actual desprestigiar el organismo del que fue parte: “Cuando estos funcionarios dicen que (los proyectos) se asignaban políticamente, el enojo es brutal porque si hay dos concursos en los que no inciden las preferencias políticas son este concurso y el de Conicet. Es realmente una calumnia”.

Censabella explicó las consecuencias de no continuar con la apuesta que hace el Estado en la formación de científicos: “El Estado pagó una formación doctoral, pagó una buena parte de una formación postdoctoral, y después esa persona se tiene que ir del país o abandonar su carrera científica para dedicarse a otra cosa. Entonces, la inversión que hiciste en esa persona para tener un profesional adecuado para los desafíos que se necesitaban abordar también la perdés”, y agregó: “Es una pérdida de dinero terrible y eso vale años. Dentro de uno, dos o tres años tenés que empezar de nuevo. ¿En qué condiciones se va a empezar? Ahí comienzan esos ciclos que venimos teniendo con la ciencia: en un gobierno hay inversión, entonces todo empieza a mejorar, pero al siguiente gobierno hay un brutal desfinanciamiento”.

No es la primera vez que se desfinancia el sistema científico nacional. La exdirectora del FONCyT recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una baja de inversión muy marcada. Sin embargo, sostuvo que “la de ahora es mucho peor porque además hay una especie de ninguneo al sector científico, un desfinanciamiento total. No está dirigido, no es un achique del sistema que podría seguir funcionando, sino que es un ataque brutal”.

Censabella no está segura de cuál será el rumbo de la Agencia I+D+I: “Quizás sea un desgaste y un achique brutal para reconfigurarla. Por lo menos, esas eran las ideas en diciembre del año pasado de esta nueva gestión. Ahora lo desconozco porque en este momento hay un silencio tremendo. Tendrían que involucrarse personas de la comunidad científica en esta nueva propuesta y te puedo asegurar que no hay nadie de la comunidad científica que quiera cargar sobre sus hombros la destrucción del sistema como está sucediendo ahora”.

Matías Mastrángelo, doctor en conservación de la biología del grupo de estudio de agroecosistemas y paisajes rurales, estudia la región chaqueña. El investigador y su grupo trabajan en evidenciar el impacto del avance de la deforestación sobre el monte chaqueño. A través de estadísticas que sirvan a la sociedad y a los gobiernos, el grupo genera insumos que permitan tomar decisiones conscientes del daño sobre los bienes públicos por parte de la actividad privada.

Sin este estudio, Mastrángelo cree que “no estaríamos visibilizando todos los bienes públicos que se pierden, el patrimonio público que tenemos los argentinos y argentinas no sólo en los ecosistemas, sino también en la cultura y en el capital humano. Eso se pierde cuando la actividad privada no tiene ningún tipo de regulación”. 

Mastrángelo aseguró que sin el financiamiento para el sistema científico “todo eso va a seguir perdiéndose, pero en forma invisible. Y sobre lo que no se ve, no se puede actuar, no se va a tomar ninguna decisión para tratar de evitar que se siga perdiendo”.

Por su parte, Haydeé Pizarro, investigadora responsable Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se opuso a la idea de la “resiliencia”, palabra que está de moda en los últimos tiempos y que cree que puede jugar en contra en este contexto: “No hay que adaptarse, hay que salir a manifestarnos y hacer que la sociedad sepa de qué se trata”.

Censabella cree que el futuro necesita de mayor innovación científica y tecnológica. “Van a haber cambios muy grandes en las formas en que se trabaja y en el tipo de personal que se necesita. Habrá sectores que necesitarán menos recursos humanos y otros que van a necesitar muchos más. Esas transformaciones no las podemos hacer pidiéndole a una empresa internacional que venga a hacerlo o a una consultora internacional que venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros desde nuestras propias capacidades. No veo futuro sin eso; ningún país tiene futuro sin esa innovación”. Horas más tarde, enviará un mensaje: “Un país sin ciencia y tecnología es un país con menos oportunidades”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED

“Nosotros ejecutamos todo lo que consideramos que es correcto”. Las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni fueron la primera explicación oficial que dio el gobierno de Javier Milei tras la revelación de elDiarioAR acerca de los US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos que se encuentran retenidos y que motivó este lunes la renuncia por “motivos personales” de la presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), Alicia Caballero.

Durante su conferencia de prensa, Adorni ratificó que la decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. El portavoz se limitó a argumentar que “lo que no se ejecuta es porque fueron líneas solicitadas y aprobadas con anterioridad a este gobierno, que no tienen absolutamente ningún sentido ejecutarlas y ningún sentido entrar en una deuda”. Y no dio mayores explicaciones acerca del informe en el que se detalla que por cada dólar ejecutado en 2024, permanecen inmovilizados en cuentas bancarias US$3,93, una situación que generó una parálisis en el sistema científico durante los últimos nueve meses.

La investigación periodística llevada adelante por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR desmonta el argumento de la falta de fondos, demostrando que el dinero está disponible. Además, si se ejecutaran los pagos a los científicos y a los proyectos pactados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), se podrían habilitar nuevos desembolsos para impulsar el desarrollo científico.

La parálisis de los US$53 millones se da en el marco de un ajuste que hizo que algunos científicos debieran emigrar y otros poner dinero de sus bolsillos para sostener investigaciones de años. Según pudo saber este medio, en la Facultad de Exactas de la UBA corren riesgo muchas células que llevan hasta tres años en producirse por falta de dinero para pagar el nitrógeno líquido en el que se conservan. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de los tanques donde se conservan las células. Esto implica 730 litros de nitrógeno al año por un total de $2.044.000.

Trastienda política

Alicia Caballero había asumido la conducción de la Agencia I+D+I en marzo de este año, con el aval político del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, pero sobre todo de uno de sus laderos de mayor confianza: el exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. La eyección, a fines de mayo, del exejecutivo de Corporación América también arrastró a Cosentino, un alfil que había sido clave en el plan de Posse para manejar la política de telecomunicaciones a partir, por ejemplo, de la intervención del Enacom.

Pese a ese cimbronazo, Caballero, que había tenido un paso previo por el directorio del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y antes se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, parecía seguir firme al frente de la agencia. Al menos hasta este lunes, cuando, según pudo saber elDiarioAR, puertas adentro de la Jefatura de Gabinete se alertaron acerca de la información publicada por este medio y decidieron pedirle la renuncia, aunque oficialmente se habló de “motivos personales”.

En el lugar dejado vacante por Caballero asumirá ahora Natalia Avendaño, actual subsecretaria de Gestión Administrativa en la Jefatura de Gabinete. Se trata de una funcionaria que cuenta con el apoyo total de Guillermo Francos y que ya se habría comprometido ante la comunidad científica a retomar el diálogo.

Exposición fallida

El 20 de agosto pasado, tras nueve meses de incertidumbre ante la falta de información sobre el desembolso de fondos, Caballero se presentó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Antes de responder las preguntas de los presentes, Caballero expuso durante 20 minutos —PowerPoint mediante— sobre la historia de la Agencia, el crecimiento logrado a lo largo de los años y las publicaciones en redes internacionales alcanzadas gracias al apoyo institucional.

Los miembros de la comisión ya conocían estos hechos y esperaban respuestas concretas ante la asfixiante situación que atraviesa el sistema científico argentino. “De todas las preguntas que teníamos, no quedó respondida ninguna”, describió en diálogo con elDiarioAR el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sebastián Civallero.

Cuando se le preguntó a Caballero si planeaban cerrar la convocatoria de nuevos proyectos de investigación actualmente abierta y someterla a evaluación, respondió que no. Luego, al consultarle si financiarían la convocatoria del año pasado, que ya había sido evaluada y tenía proyectos seleccionados, también negó esa posibilidad.

“Le preguntamos también si respetarían la actualización del presupuesto estipulada en los contratos firmados con las universidades, y nos contestó que, aunque sabe que existe esa cláusula de actualización, no la cumplirán porque no hay fondos”, agregó Civallero. La reunión finalizó y una frase de Caballero resonó entre los presentes. Así lo relató Civallero: “Ella termina diciendo que lo que están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”.

PL/DTC

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT) junto a 2000 científicos y científicas firmaron la presentación frente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un documento que da cuenta del incumplimiento por parte del Estado de la ejecución de los fondos para financiar los proyectos científicos. Hoy científicos y científicas se movilizaron al Polo Científico de Conicet, en defensa de la ciencia pública y sus trabajadores. 

Valeria Levi, Vicedecana de la Facultad de Exactas de la UBA y miembro de RAICyT contó sobre la presentación al organismo multilateral: “Hemos tratado de hablar numerosas veces y hemos hecho llegar nuestros reclamos en numerosas instancias al gobierno nacional y no tuvimos respuesta, entonces apelamos al BID que es uno de los organismos financiadores” y agregó: “Pero hay interrogantes: ¿cuántos fondos quedan?, ¿en dónde están?, ¿se han girado al país y no se han usado?”.

Según Levi, el organismo respondió que “inmediatamente después de presentar la denuncia”, les llegó un email diciendo que se va a revisar todo el material y “que en caso de ser necesario nos van a contactar”. Y agregó que el envío de la documentación con la firma de los 2000 científicos, es un hecho sin precedentes en la historia del país: “hay gente de todo el arco político, gente hiper importante del ámbito científico. Creo que es la primera vez en la historia que al BID le llega un reclamo a la propia comunidad científica y eso nos parece también un hecho importante, que marca la crisis absoluta que estamos viviendo”.

Las 2000 avales que acompañaron el petitorio tienen firmas de científicos de renombre como el biólogo y divulgador científico argentino, especialista en cronobiología, Diego Golombek; la viróloga argentina, Andrea Gamarnik, científica conocida por sus investigaciones relacionadas con el VIH, la hepatitis B, y el virus del dengue y Jorge Geffner, doctor en Bioquímica, investigador superior del CONICET y director del Departamento de Microbiología de Facultad de Medicina de la UBA.

En septiembre pasado, una investigación de elDiarioAR reveló que la Agencia I+D+I que financia la ciencia argentina anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retenía al menos US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado hasta ese momento durante 2024, US$3,93 permanecían en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde fines de diciembre de 2023. La situación desde entonces no hizo más que empeorar.

La investigación periodística desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, se expuso que si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. Sin embargo, la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica (PICTs) de 2023, el instrumento que permitía recibir financiamiento para cada una de las investigaciones, se prorrogó por 5° vez. 

Levi sostiene que: “además del tema de la plata en sí, hay otras cosas que marcan que se está obstruyendo con la agenda de la financiación de las ciencias, en particular el no nombramiento de los miembros del directorio” y agregó que “eso en sí frena, paraliza un montón de tareas rutinarias que necesitan del directorio [de la Agencia I+D+I] para ser realizadas, que no se pueden realizar porque no está nombrado”.

Los becarios y becarias de la Agencia I+D+I organizados en asamblea, comenzaron hace algunas semanas una campaña focalizada en cuestionar “¿Dónde están los 53 millones de dólares?”. En un video que circuló por redes sociales plantearon la situación asfixiante que viven los investigadores: “Los salarios de los investigadores están congelados hace casi un año y ahora incluso suspenden becas ya otorgadas”, sostuvieron y agregaron: “Si los organismos internacionales ya enviaron la plata: ¿Dónde están los fondos?, ¿Se están usando para lo que corresponde?, ¿Por qué el gobierno nacional no da respuestas?”

En un comunicado de prensa con motivo de la marcha a realizarse hoy, los becarios y científicos apuntaron contra el Gobierno: “con la publicación de los resultados de la última convocatoria de becas de finalización en Conicet y como consecuencia de una escasez en los cupos otorgados, quedan en la calle al menos 166 investigadorxs en formación que venían desarrollando sus doctorados como becarixs de la Agencia I+D+i o distintas universidades nacionales y que normalmente los habrían concluido como becarixs de Conicet”. Además agregaron: “una decena de becarixs de la Agencia I+D+i fueron despedidxs por decisión burocrática de ese organismo, excusándose en criterios contradictorios en sus propios reglamentos internos”.

Ya a principios de diciembre, Raicyt había enviado un pedido de acceso a la información pública al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos para consultar, entre otras cosas, sobre la asignación y ejecución presupuestaria de la Agencia I+D+I y los programas y proyectos ejecutados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según detalló Levi, las respuestas fueron insuficientes, por lo que el equipo de abogados de la Red, reafirmó el pedido de la información solicitada.

Este miércoles, científicos y científicas marcharon hacia el Polo Científico donde se encuentra el predio de Conicet y la Agencia I+D+I en el marco de la primera reunión de directorio de Conicet. 

Victoria García, delegada de ATE Conicet, sostuvo en diálogo con este medio que ya presentaron un pedido de reunión con el directorio de la institución: “tenemos una serie de problemáticas pendientes como la situación de las becas de finalización de doctorado donde los cupos resultaron totalmente insuficientes este año: Hay más de 50 becarios que quedaron afuera y que ya vienen desarrollando tareas como investigadores en formación”. Además, mencionó “la situación gravísima de los ingresos a la carrera de investigador y a la carrera del personal de apoyo, que son aproximadamente 1000 personas que están en un limbo total después de los concursos que aprobaron”.

La situación de la ciencia argentina se agrava mes a mes. Valeria Levi sostiene que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sector científico, los grupos de investigación y desarrollo continúan haciendo “malabares para sobrevivir” y concluyó: “Igual lo vamos a seguir haciendo porque creemos en lo que hacemos y creemos que es importante para el desarrollo del país, pero ahora más que nada nos estamos respaldando en en la ayuda y colaboración de grupos que existen en el exterior, de colaboradores externos, pero ningún país del mundo vive de eso”.

Este martes fue otro día agitado en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia. Tras el desembarco de Natalia Avendaño, alfil del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, unos 1.200 becarios de posgrado vieron retrasado el cobro de sus estipendios y la Directora de Financiamiento Internacional de la Agencia, Silvia Oliver, fue desplazada de su cargo. 

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que, a pesar de la crisis financiera que vive el organismo y del discurso oficial de “no hay plata”, la Agencia retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. Horas después de la publicación de la investigación, la presidenta del organismo, Alicia Caballero, renunció a su cargo, dejando como saldo 80 despidos y un directorio sin conformar, tras la renuncia en masa de los directores del organismo en marzo.

Luego de la renuncia de Caballero, la alfil de Francos que manejaba “la caja” de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, desembarcó en el organismo. elDiarioAR contó este lunes que los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político. Durante la tarde del lunes, se conocieron los primeros efectos de la nueva presidencia en el organismo: alrededor de 1.200 becarios vieron paralizado el cobro de sus estipendios.

“La verdad es que ya no tenemos ninguna certidumbre, sinceramente han sido muchos los ataques a la Agencia. Desde los no aumentos a las becas, la parálisis de subsidios, los cambios de autoridades, es muy difícil tener alguna garantía de que haya alguna solución pronta”, sostuvo Francisco Gelman Constantin, becario de postdoctorado de Agencia y delegado de ATE-Conicet.

El delegado relató que los más de mil afectados no reciben actualización salarial desde mayo, por lo que quedaron debajo de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En su mayoría, los afectados recibían una beca inicial para concretar un doctorado y debían cobrar el pasado 5 de octubre $786.000 mientras que los postdoctorales debían recibir $950.000.

Las áreas que abarcan los becarios de la Agencia van desde ingeniería, ciencias médicas, naturales y sociales, hasta humanidades. Según Gelman Constantin, “son becas que se aplican en todas las universidades y los centros propios del Conicet y también en el Instituto Antártico y en hospitales”.

Los cobros debían realizarse el día 5 de cada mes, con posibilidad de corrimiento de uno o dos días máximo. Al ver que pasaban las horas y los pagos no se concretaban, los becarios se contactaron con la presidencia de la Agencia y con FONCyT, el fondo de la Agencia que financia las becas. 

Según Gelman Constantín, la primera respuesta que recibieron los becarios el día lunes fueron dilatorias: “Al principio lo que decían era ‘escríbanle a tal sector de agencia’ o ‘escriban a las instituciones que gestionan las becas dentro de cada universidad’, como buscando otros destinatarios”, y agregó: “Al final del día, a las 7 de la tarde, nos responden desde la Unidad de Becas que estaban al tanto de la demora y que era por el cambio de autoridades en la Agencia”.

Durante el mediodía del martes, una comitiva de becarios y referentes de ATE-Conicet entregaron una carta formal en las puertas de la Agencia, pidiendo el pago inmediato de los estipendios que se paralizaron. “Exigimos el pago de nuestros estipendios en tiempo y forma, debiendo ser este el día 5 (cinco) de cada mes, como lo anuncia la web oficial de Agencia”, sostuvieron en el escrito.

Asimismo, pidieron por la “actualización de los estipendios de acuerdo a los aumentos establecidos para la Administración Pública Nacional, en iguales condiciones” que a los becarios del Conicet, “que realizan el mismo trabajo y tienen las mismas obligaciones”.  

Por último, los becarios sostienen en el escrito que “resulta insuficiente una respuesta compuesta sólo de expresiones de buenas intenciones”. “Necesitamos acciones comprometidas a respetar los acuerdos y normas establecidos que nos vinculan mutuamente”.

Cerca del mediodía del martes los becarios comenzaron a recibir sus estipendios, aunque sin la actualización solicitada. Mientras tanto, los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICTs) que debían comenzar este año siguen sin recibir financiamiento. 

La UDI de elDiarioAR pudo establecer que por cada dólar que la Agencia I+D+I ejecutó durante 2024, hay US$3,93 que retiene en las cuentas bancarias.

Un rol clave, sin firma

Este martes elDiarioAR se comunicó con la Secretaría de Ciencia y Tecnología para consultar la situación de Silvia Oliver, quien tiene más de 25 años de trabajo en la Agencia a cargo de la Dirección de Financiamiento Internacional. Oliver era la encargada de firmar los pagos a los becarios. La respuesta de la Secretaría fue que Oliver está en planta permanente, pero que “no tiene más el cargo ahora”. 

La dirección que tenía a cargo Oliver cumple con el objetivo de combinar diversos reglamentos de aplicación de fondos, fuentes de financiamiento y su distribución a más de 100 instituciones. En síntesis, es la columna vertebral de la gestión financiera y operativa de cobros y pagos.

Una fuente con conocimiento del organismo sostuvo que Oliver era el último eslabón en la cadena de firmas, motor y cuidadora del cumplimiento sistemático con los becarios. 

ED

La Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) ha financiado numerosos proyectos de investigación con fondos de los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde la asunción de Javier Milei el flujo de fondos se paralizó con la excusa de que “no hay plata”. Sin embargo, la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR pudo establecer que la plata está –existen al menos US$53 millones paralizados en las cuentas bancarias del organismo– pero no se ejecuta, mientras los científicos financian de su bolsillo los costos de la ciencia para no paralizar investigaciones ni truncar avances en sus proyectos. En el peor de los casos, no pueden afrontar los costos y deben renunciar al trabajo de meses y años.

El objetivo de la Agencia I+D+I, que en su mayoría se nutre de préstamos de organismos multilaterales, es financiar y auditar proyectos de investigación científica y tecnológica estratégicos para el país. Con uno de sus instrumentos estrella, los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICTs), los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) podían presentarse a concursos cada año para impulsar líneas de investigación. 

También contemplaban la compra de insumos y equipos y el apoyo a empresas de base tecnológica. El organismo impulsó, además, la creación de programas de desarrollo productivo y de crecimiento tecnológico mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Las pérdidas por falta de financiamiento abarcan desde el mantenimiento de maquinaria hasta cultivos de células y organismos que llevaron años de desarrollo.

La Agencia es responsable de financiar un objeto de uso recurrente durante la pandemia: los “Neokit” o kits de testeo rápido para confirmar la presencia del virus de Covid-19. Este dispositivo pudo llegar a las provincias del país a las pocas semanas de comenzada la pandemia, gracias a que los científicos que lo desarrollaron contaron con dos puntos clave: financiamiento y experiencia previa desarrollando kits de testeos rápidos para la enfermedad de Chagas.

Carolina Carrillo, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein contó a elDiarioAR el proceso de desarrollo: “En 2012 nos salió un subsidio y para 2017 ya teníamos un kit para Chagas. Además, como la plataforma era muy poderosa, ya la planteamos para que se pudiera replicar para distintas infecciones”. 

Carrillo afirmó que varios miembros del equipo empezaron a trabajar con distintas enfermedades o infecciones. Cuando llegó la pandemia de Covid-19, el camino estaba allanado. “En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria y en mayo ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ya aprobó nuestro kit. Para mí es importante resaltar esto porque respondimos en dos meses, pero porque veníamos hace años trabajando en el tema”, aseguró la científica.

La investigadora está convencida de que sin ese tiempo de prueba y error, la respuesta nunca hubiera sido posible en tan poco tiempo: “Fueron muchos años trabajando en eso, probando una cosa que no funcionaba, ajustando y probando otra que andaba más o menos. Todos estos años de ciencia y aprendizaje fueron los que hicieron que tan rápidamente resolviéramos ese problema”. 

El desfinanciamiento de la Agencia ahora marca un antes y un después para los científicos argentinos. Carrillo habla de un “recorte a mansalva en la ciencia y tecnología”. Con los recortes queda en evidencia “todo lo que no estamos pudiendo hacer, desarrollar y aprender para situaciones futuras: lo que no aprendemos hoy es lo que no vamos a aprender para mañana”, dijo a elDiarioAR.

La UDI de elDiarioAR se contactó con dos representantes de Conicet en reiteradas oportunidades pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

Investigar sin plata

¿Cuánto más se puede investigar sin financiamiento? La pregunta circula por los pasillos de los laboratorios. Los costos no se están cubriendo y los PICTs financiados por la Agencia, que debían desarrollarse desde principios de año, ni siquiera pudieron comenzar. Este es el caso del grupo de la científica Haydée Pizarro, del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Su laboratorio demostró que el glifosato no es inocuo para el agua dulce, sino todo lo contrario. “La calidad del agua de los sistemas acuáticos empeora muchísimo: se aceleran los procesos de eutrofización, las aguas se ponen más verdes, se vuelven un hábitat más propicio para el desarrollo de ciertas poblaciones de algas y cianobacterias que pueden ser tóxicas, y cambia enormemente el balance de oxígeno en el agua”, sostuvo Pizarro en diálogo con este medio.

Para lograr estos hallazgos, los científicos recrean hábitats naturales para asegurar la rigurosidad de los resultados. “Esto lo pudimos determinar porque hacemos ensayos no sólo con organismos individuales, sino que simulamos verdaderas lagunas y ensayamos al aire libre con comunidades desarrolladas. Hemos visto varias aristas de esta problemática a lo largo del tiempo”, afirma la científica, quien investiga el tema desde hace más de 20 años gracias al financiamiento de la Agencia I+D+I, mediante los PICTs y subsidios de la UBA.

Sin embargo, el equipo de Pizarro no pudo continuar con la línea de estudio del impacto de agroquímicos en la calidad del agua dulce. El grupo proyectaba realizar experimentos al aire libre en el campo experimental para evaluar el impacto de herbicidas, como el glifosato y el 24-D (ácido 24-diclorofenoxiacético), en la dinámica del oxígeno disuelto del agua.

“Dejamos de recibir cuotas de todos los subsidios que teníamos aprobados y en funcionamiento. Nos empezaron a decir que las cuotas que debían entregar se empezaron a ralear y, finalmente, dejaron de entregarse”, explicó Pizarro a elDiarioAR, y recordó una de las últimas cuotas de un PICT que recibió el laboratorio: “Recibimos una cuota de $350.000, lo que equivale a 350 dólares. Para que te des una idea, acaba de salir publicado un trabajo que envié hace un año y medio a una revista internacional. Para que sea de acceso abierto, hay que pagar US$4.000 más impuestos”, sostiene la científica y comenta que gracias a que abona una cuota como socia de la sociedad internacional de tecnología pudo publicar sin tener que pagar ese monto, aunque el artículo será de acceso restringido. “Publicar un paper cuesta eso, y nos dan una cuota para trabajar durante cuatro, cinco o seis meses con 350 dólares. Es imposible”, concluyó.

Pizarro señaló que otro punto de conflicto es la compra de materiales con los que trabajan los científicos: “Hacemos determinaciones químicas y biología molecular con insumos que hoy no se pueden comprar. Está todo parado, incluso el proyecto que fue evaluado y aprobado para un nuevo experimento en el campo experimental”, sostuvo respecto al proyecto que buscaba evaluar si una de las causas de la mortandad de peces podría relacionarse con agroquímicos en el agua, lo cual disminuye el balance de oxígeno.

Para ilustrar los gastos, la científica detalla que los kits que usan en el laboratorio para detectar sustancias como nitratos, amonio y fosfatos en el agua cuestan entre US$250 y US$300. Cada uno sirve para medir 100 muestras y se necesita un paquete para cada sustancia. Pizarro comenta: “Eso nos sirve, por ejemplo, para medir las muestras que tomamos para una campaña”, algo básico para el desarrollo de las investigaciones.

Ciencia en emergencia

En otros casos, las medidas son de emergencia y el riesgo es alto. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA y directora del Laboratorio de Dinámica Intracelular, afirmó que escasean insumos indispensables para la conservación de células y que estas pueden perderse por falta de material de refrigeración. “Las células se conservan en tanques de nitrógeno líquido. Todo este material biológico lo tenemos guardado como en un banco de células. Si no podemos pagar el nitrógeno líquido, entonces corremos el riesgo de perder estas líneas celulares que demoran años en desarrollarse. Es un material irrecuperable”, concluyó la investigadora.

Las estrategias para sortear estas dificultades implican riesgos. La científica sostuvo que para obtener nitrógeno líquido, “antes venía una empresa y cargaba los tanques cada vez que hacía falta”. “Ahora conseguimos una opción un poco más barata, pero tenemos que ir a buscarlo, y en esas desincronizaciones corremos el riesgo de quedarnos sin él”. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de tanques, lo cual implica 730 litros al año. En total, el costo de un año de mantenimiento de las células en los tanques es de $2.044.000.  

“Estamos con una opción más barata, pero tiene un riesgo tan grande que estamos todos asustados”, agrega Levi, quien asegura que ya hay científicos que están poniendo plata de su bolsillo para mantener los laboratorios funcionando. La opción más económica es comprar el nitrógeno líquido producido en la FCEN de la UBA, que cuesta $800 por litro. Sin embargo, la disponibilidad del material es limitada e implica un trabajo más para los científicos que deben adoptar protocolos para minimizar los riesgos en materia de Seguridad e Higiene al movilizar el nitrógeno líquido desde el pabellón 1 de la FCEN - UBA hasta el Laboratorio de Dinámica Intracelular.

El mismo material también se utiliza en un equipo llamado Calorímetro Diferencial de Barrido utilizado en experimentos de caracterización fisicoquímica, estudios de interacciones y estabilidad de nuevos ingredientes, alimentos y biomateriales que se desarrollan para la industria alimentaria y farmacéutica. En la FCEN de la UBA es usado por varios grupos de investigación del Departamento de Industrias, pero también da soporte a investigadores de otros cinco departamentos de química. Cuando se llena el equipo se gastan unos 35 litros. Eso alcanza para un día y medio o dos de trabajo.

Levi enumera algunas estrategias que son habituales dentro de los laboratorios de la FCEN de la UBA, aunque hoy no son una alternativa sino la única opción para mantener las investigaciones: “En vez de comprar un reactivo, mandamos un mail a toda la facultad a ver si alguien lo tiene, usamos el reactivo vencido con el riesgo de que el experimento no nos salga, reutilizamos material que no habría que reutilizar, hay numerosas tretas que tienden a ser de peor calidad”, y concluye: “Lo otro que todos estamos haciendo es limitar el alcance de los proyectos, o sea, achicamos las expectativas”.

Romina Gamberale es directora del Instituto de Medicina Experimental, de Conicet- Academia Nacional de Medicina. Es una de las profesionales que conforman la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT). La red tiene tan sólo 9 meses y comenzó con una cadena de emails entre directores de distintos institutos y universidades ante la preocupación por el entonces candidato Javier Milei y su lema: “Conicet, ¡afuera!”.

La directora relató a la UDI de elDiarioAR el origen de la red: “Ante la incertidumbre, ya con Milei presidente, queríamos saber cuál era el plan de Ciencia y Técnica para nuestro país y qué era lo que iba a pasar con Conicet, con la Agencia, con el Ministerio, empezamos a comunicarnos entre las autoridades de los institutos”. 

El primer gran paso de la Red fue en febrero cuando se entregó un petitorio con 12.000 firmas de personas del sector, científicos que migraron al exterior y personas de la comunidad para conseguir la certeza acerca de que se iba a seguir recibiendo el apoyo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional.

Durante la entrega en el Polo Científico, Gamberale sostiene que fue la primera vez que Daniel Salamone, presidente del Conicet, recibió a un comité de RAICyT. “Esa fue la primera y la única vez que nos recibió”, concluyó. La red está conformada por alrededor de 400 autoridades de distintos lugares del país.

Las reuniones de la red con las autoridades de la Agencia I+D+I tampoco fueron fructíferas. La científica sostiene que desde RAICyT se solicitaron infinidad de reuniones con Darío Genua, director de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para consultar sobre PICTs adeudados y que sus secretarias argumentaron falta de disponibilidad por temas de agenda y han sido derivados a la subsecretaria Paula Nahirñak, quien tampoco a podido dar respuestas ya que debe remitirse a Secretaría. 

La red también intentó tener reuniones con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien tampoco ha respondido a la solicitud, incluso enviando cartas formales a la jefatura. Gamberale confirmó que RAICyT convocará a la marcha universitaria del próximo 2 de octubre “porque muchos de nuestros becarios se forman en universidades públicas y los institutos funcionan allí también. Por eso tenemos que aunar fuerzas y vamos a apoyar activamente esta marcha”. Además, la comisión de Asuntos Parlamentarios de la red está trabajando en generar una mesa redonda sobre ciencia, desarrollo y consensos para el presente y futuro donde se reúnan diputados y senadores de todo el espectro político.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

LG/ED

Ante el desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, Argentina incumple acuerdos de cooperación científica con Francia. Así pudo determinarlo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR tras las consultas a fuentes directamente vinculadas a la problemática. 

Los acuerdos en tensión se enmarcan en un programa denominado ECOS-Sud, que funciona ininterrumpidamente desde hace más de 25 años y permitió avances científicos, patentamiento de hallazgos, el intercambio de más de 3.800 investigadores y la formación de jóvenes científicos. 

La continuidad del programa, en riesgo ante la falta de desembolsos del Estado argentino, depende directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua. El incumplimiento argentino se da en un contexto de desfinanciamiento de la ciencia, como viene informando este medio, que reveló que la Agencia I+D+I, principal organismo de financiamiento de los científicos en el país, retiene al menos US$53 millones de préstamos internacionales. Tras la investigación de elDiarioAR, la entonces presidenta de la Agencia, Alicia Caballero, presentó su renuncia. 

El programa ECOS-Sud se financia gracias al aporte de los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) y de Educación Superior, Investigación e Innovación (MESRI) de Francia; mientras que del lado argentino, depende del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), ahora Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El incumplimiento de los acuerdos por parte de Argentina dejó a muchos científicos sin financiamiento para continuar las investigaciones en conjunto, lo que los obligó a cancelar sus viajes y puso en riesgo la finalización de tesis doctorales de estudiantes de ambos países. Como paliativo, surgió una iniciativa de algunos investigadores franceses, quienes propusieron resignar uno de los dos intercambios de cada proyecto para que al menos un argentino pudiera viajar.

Antoine Rabatel es científico francés de la Universidad Grenoble Alpes y del Instituto de Geociencias del Ambiente y está de intercambio en Mendoza, en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de Conicet. Allí, fue recibido por Lucas Ruiz, glaciólogo e investigador adjunto del Conicet para desarrollar un proyecto que busca comprender el impacto del cambio climático sobre los glaciares y el funcionamiento hídrico de la cuenca del río Santa Cruz.

Los directores de los proyectos del programa ECOS-Sud contactaron al embajador francés en Buenos Aires, Romain Nadal: “Le pedimos que intercediera con las autoridades en la Argentina, en este caso con el secretario del área, Geuna”, explicó a la UDI de elDiarioAR el científico Eduardo Barrio, director de un proyecto y miembro de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT).

Este año, dos científicos franceses debían trabajar en Argentina y dos argentinos debían viajar a Francia a avanzar con las investigaciones. “Era un viaje de 15 días para un investigador del grupo y otro viaje de un mes para un estudiante de doctorado”, explicó el investigador argentino a elDiarioAR. Sin embargo, Ruiz aclaró que “como no hay financiamiento del lado argentino, los viajes no se podían realizar”. Por eso, explicó, la contraparte francesa ofreció una alternativa: que uno de los viajes de los franceses sea realizado por uno de los científicos argentinos.

Ante la consulta, el investigador francés reconoció que la falta de fondos para el programa es “una limitación muy importante porque efectivamente el hecho de que los colegas de Argentina no se puedan beneficiar de estos financiamientos obviamente limita los intercambios que podemos tener y va a tener impacto sobre los resultados esperados en este proyecto”.

Cuestión de números

Barrio, doctor en filosofía e investigador del Conicet, dirige un proyecto del programa ECOS-Sud basado en lógica matemática que busca avanzar en el desarrollo de sistemas de pruebas automáticos para fórmulas y teoremas. El científico relató a este medio que a pesar de haber presentado las rendiciones de cuentas y tener la aprobación del proyecto, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología no desembolsó los fondos correspondientes. 

“Mi proyecto se aprobó en 2022 y empezamos a trabajar en 2023. Durante 2023 tuvimos diversas expediciones de argentinos a París. Mi proyecto es con un centro de investigación que está en París y nosotros viajamos. Yo estuve un mes trabajando allá con la gente en Francia y vino gente de Francia a trabajar a mi instituto”, dijo.

Este año el proyecto debía continuar con el intercambio de investigadores de ambos países, pero Argentina estuvo en falta. Así lo describe Barrio: “En este momento, el segundo año, nosotros tenemos a un investigador trabajando en nuestro instituto con dinero francés, porque Francia sigue sus compromisos y sus contratos, pero lamentablemente no tenemos a ninguno de nuestros científicos trabajando en París, ya que el gobierno argentino decidió no cumplir el contrato firmado con Francia”, sostuvo el científico.

Según fuentes con conocimiento del programa ECOS-Sud, el monto de los proyectos del programa ECOS-Sud iban entre los €6.000 y €12.000 dependiendo de las áreas de trabajo y el tipo de insumos necesarios, y abarcaban desde inteligencia artificial y matemática hasta lógica y humanidades.

Se seleccionaban diez proyectos por año que recibían €10.000 para solventar gastos de traslado y estadía. Al durar cuatro años cada proyecto, en 2023 existían cuatro cohortes vigentes, por lo que el aporte de Argentina para sostener el proyecto ECOS-Sud, ascendía a €400.000. 

Barrio sostiene que la decisión de discontinuar la colaboración con el país europeo es política: “Si Argentina no tiene €400.000 para mantener cooperación con Francia, es que no les interesa políticamente hacerlo”.

La incertidumbre

Por primera vez en 25 años el incumplimiento del acuerdo bilateral por parte de Argentina obligó a los investigadores de ambos países a buscar estrategias para mantener la continuidad del programa. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro y el agotamiento de recursos obligan a los científicos a hacerse la pregunta: ¿Cuánto más se puede sostener?

Rabatel intentó una respuesta: “Si la situación continúa de esta forma, veremos para 2025 si hacemos el mismo pedido del lado francés para tratar de financiar un viaje de un colega de Argentina o no. Y veremos si Francia sigue aceptando esto”, agregó. 

El secretario Genua asumió el 6 de junio pasado con un recorrido como jefe de gabinete del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri y como Secretario de Economía y Hacienda en el municipio de Pilar durante 2023, bajo la gestión del intendente del PJ Federico Achaval. El licenciado en Administración de Empresas desembarcó en la Secretaría luego de la salida de Alejandro Cosentino, quien estuvo al frente del organismo por cinco meses hasta la renuncia temprana del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien lo había designado.

Barrio relató que durante este año los directores de los proyectos seleccionados comenzaron a contactarse cuando empezaron los recortes. El científico rescató que durante la gestión de Cosentino recibían respuesta a sus preguntas de por qué no se ejecutaban las partidas, aunque dilatorias, como la ya conocida “vamos a hacer una auditoría” o “vamos a ver cómo se rindieron los proyectos”. 

El científico sostiene que la auditoría sobre los proyectos no podría haber durado más de una semana: “Tenían que revisar las facturas y ver que se correspondían a los euros que se habían adjudicado, si es que no creía lo que habían hecho las anteriores autoridades. En el caso de estos proyectos con Francia hay ocho proyectos por año. La magnitud de la revisión es bastante pequeña porque tenía que revisar alrededor de 32 proyectos”.

Laurence Vignollet, agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine respondió a elDiarioAR que en una reunión con el Embajador francés y el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, mostraron la voluntad de Francia de continuar con el programa ECOS-Sud. Según la funcionaria, la respuesta de los representantes de Argentina fue que la ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes y que están reflexionando sobre cómo van a financiar las acciones. Asímismo, la representante francesa aseguró que para Francia fue importante escuchar aquella afirmación y que es optimista al respecto. Sin embargo, aseguró: “Pero por el momento, esa es toda la información que tengo”.

Vignollet confirmó estar al tanto de la decisión de algunos grupos franceses de resignar uno de los dos viajes de un científico francés en pos de que la contraparte argentina pueda cumplir con el intercambio, aunque aclaró que no es sistemática la decisión de la parte francesa y que no está escrito en el programa. Según Vignollet, la decisión se aceptó para ayudar a algunos proyectos a que pudieran viajar en ciertos momentos importantes, como eventos particulares en Francia o algunas experimentaciones ya pautadas. Asimismo manifestó incertidumbre sobre la devolución de esos aportes por parte de Argentina en el momento en que se reactiven los desembolsos correspondientes. La justificación de este aporte se debe a que desde Francia están intentando que los programas avancen: “Estamos siendo ágiles, flexibles”, agregó la funcionaria.

Al preguntarle sobre cómo evaluaban el incumplimiento por parte de Argentina, Vignollet respondió que se mantiene optimista y que considera que el país va a apoyar los proyectos de 2022 y 2023 aunque admitió que es difícil de evaluar.  

La funcionaria sostuvo que sabe que los científicos argentinos atraviesan un período en el que no pueden saber si van a recibir financiamiento o no, pero que continúan trabajando en todos sus proyectos. Además, agregó que cree que con el apoyo puntual que los franceses hacen a los argentinos, los proyectos están desarrollándose. “Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades”.

Habló, además, de las expectativas para las próximas convocatorias del programa: “Esperamos mucho de la próxima respuesta del secretario para decir que en el 2025 podremos lanzar la próxima convocatoria para 2026”, dijo. “Pero no podemos decir nada porque es decisión de la Argentina. Pero Francia está lista”, concluyó.

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para consultar por el estado del programa ECOS-Sud. Desde el organismo confirmaron que hay 37 proyectos bajo auditoría. Se están observando “gastos que no tendrían que haber salido” y “determinadas rendiciones que no se cumplieron”.

Barrio sostuvo que luego del desembarco de Genua la poca información oficial que recibían los científicos por parte de la institución se terminó: “En la actualidad no tenemos respuestas, la política comunicacional de las autoridades cambió”.

Es lo que importa para nosotros, es lo que miramos, es que la ciencia pueda continuar, es que el trabajo pueda continuar aunque con más dificultades

Laurence Vignollet — Agregada a la cooperación científica, tecnológica y descentralizada del Institut français d’Argentine.

Entre los científicos empezaron a crecer las dudas sobre la continuidad del programa: “Nosotros presentamos notas formales por TAD (Sistema de Trámites A Distancia) y diversos reclamos. En ninguno de los casos los reclamos fueron respondidos”, afirmó Barrio.

Sin insumos

Mauricio Sica es investigador adjunto de Conicet y está a cargo del laboratorio de inmunología molecular en el Centro Atómico de Bariloche. El científico explicó a este medio el estudio que realizan con su equipo: “Nosotros estudiamos unas proteínas que se llaman receptores de factores de necrosis tumoral que regulan la función del sistema inmune en relación con otras células en procesos que pueden ir desde el cáncer hasta la inflamación”.

El laboratorio tiene adjudicados dos proyectos cuyos fondos están frizados, por lo que también se ven afectados por la falta de insumos que no se pueden comprar para avanzar en las construcciones genéticas necesarias. “Ya se nos están acabando los reactivos y no tenemos dinero para comprarlos y reemplazarlos” sostuvo Sica. Además comentó que la contraparte francesa, entendiendo la situación económica, mandó a hacer la construcción genética a Europa, lo que les hubiera llevado meses hacerlo de manera artesanal en el laboratorio, aún teniendo los reactivos: “Ellos saben la situación en la que nos encontramos nosotros y dijeron ‘No te preocupes, Mauricio, yo te la mando a hacer, y ya en dos o tres días de trabajo nos mandan a hacer cinco construcciones genéticas. Es una suerte tenerlos”, sostuvo el investigador.

Mientras los centros de investigación y laboratorios se quedan sin insumos y recortan expectativas en los proyectos, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología respondieron a este medio que existiría voluntad para reactivar el programa ECOS-Sud: “Se le dio la palabra al embajador (de Francia) de continuar con eso y se va a activar”, sostuvieron.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Horas después de renunciar a la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), la economista Alicia Caballero hizo pública una carta de despedida en la que deja entrever que las decisiones por las que tuvo que abandonar el cargo se tomaban “en otro nivel” que no era el suyo.

Caballero hace referencia a la retención de al menos US$53 millones de préstamos internacionales destinados a la actividad científica argentina, revelada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, en un contexto en el que le organismo que presidía hasta ayer le decía a los científicos que no “había plata”.

“Luego de más de 6 meses al frente de la agencia I+D+I, presenté mi renuncia ayer a la tarde”, comienza el texto de Alicia Caballero. “En este tiempo tuve la oportunidad de interactuar de cerca con científicos, empresas innovadoras, emprendedores y actores de esta maravillosa comunidad”.

“Esto solo ha reafirmado mi opinión acerca del nivel de excelencia del sistema de I&D argentino, y de la importancia de la inversión en capital humano. Esto lo he escrito muchas veces, entre otras en Clarín, en abril de 2003!”

“Acepté el cargo para tratar de aportar algo a este país que amo. Les aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero las decisiones se tomaban a otro nivel, y en términos prácticos nada podía resolver, dado que el Directorio propuesto nunca fue aprobado”.

“Si a partir de mi renuncia las cosas empiezan a fluir, todo el esfuerzo y las discusiones de estos meses habrán valido la pena”.

“Una mención y agradecimiento especial merece el equipo de profesionales y todo el personal de la Agencia, que desde el primer momento se ha mostrado extraordinariamente comprometido. Todos trabajan con pasión para que las cosas sucedan”.

“Me voy en paz porque trabajé sosteniendo mis convicciones. Deseo de corazón que todo se encamine positivamente, que sigamos construyendo sobre las buenas cosas que existen y aprendiendo de los errores para mejorar”.

“Abrazo a todos!”, concluye la carta de despedida de la ahora ex funcionaria.

Según el comunicado de prensa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Caballero había atribuido la decisión de renunciar a temas personales. 

DM

La economista Alicia Caballero renunció este lunes a su cargo como presidenta del principal organismo de financiamiento del sistema científico argentino, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Según el comunicado de prensa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Caballero atribuyó la decisión a temas personales. 

La renuncia se dio tras la revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en la que se expuso que la Agencia I+D+I anunció a finales de agosto que no hay plata para los científicos pero retiene US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La investigación informó que por cada dólar ejecutado en 2024, US$3,93 permanecen en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace nueve meses.

La investigación desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico. 

Según informó la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quien asumirá el cargo de Caballero al frente de la Agencia I+D+I será Natalia Avendaño, actualmente subsecretaria de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Guillermo Francos. Allí, Avendaño coordina diversos aspectos de la gestión gubernamental, incluyendo financiamiento externo y la implementación de políticas presupuestarias y financieras.

La Secretaría informó sobre la nueva presidenta: “Su trayectoria profesional abarca roles de alta gerencia en el sector público argentino. Ha trabajado en estrecha colaboración con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF”.

La investigación

La UDI de elDiarioAR reveló que existen al menos US$53.050.938.64 aportados por organismos internacionales para financiar programas científicos que están paralizados desde diciembre de 2023. El monto surge de las cuentas bancarias de dos programas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) al 31 de diciembre de 2023 (US$14.396.855,68 y US$36.251.203,96, respectivamente). A esos números, se sumaron los últimos desembolsos recibidos por esos programas (US$15.900.000). Luego, se restó lo ejecutado durante 2024, US$13.497.121. Las cifras fueron obtenidas de las consultas a la Agencia I+D+I y los informes de auditorías a los programas efectuados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe.

Los desembolsos dependen del cumplimiento de los contratos firmados entre el Estado argentino y los organismos multilaterales. Al no ejecutar estos fondos, la Agencia podría frustrar otro desembolso por US$9.375.000, explicó a la UDI de elDiarioAR una fuente vinculada al organismo.

La decisión de no cumplir con el financiamiento de los proyectos científicos en marcha es política. La Agencia informó que los desembolsos de encontraban en proceso de auditoría ya que “durante los últimos años se había ampliado la cantidad de proyectos financiados, lo que resultaba ineficiente para los fines del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional”. Caballero comunicó en una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Interuniversitario Nacional, el 20 de agosto último, que ahora “están buscando es que la ciencia esté al servicio del desarrollo productivo”. 

La parálisis de los US$53 millones se da en el marco de un ajuste que hizo que algunos científicos debieran emigrar y otros poner dinero de sus bolsillos para sostener investigaciones de años. En la Facultad de Exactas de la UBA corren riesgo muchas células que llevan hasta tres años en producirse por falta de dinero para pagar el nitrógeno líquido en el que se conservan. Los precios del nitrógeno líquido de las empresas proveedoras rondan entre los $2.500 y los $2.800 por litro. En un año se realizan aproximadamente 36,5 cargas de los tanques donde se conservan las células. Esto implica 730 litros de nitrógeno al año por un total de $2.044.000.

ED

En la Argentina, para ingresar al Poder Judicial son más importantes las conexiones familiares que el currículum vitae. Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, es un ejemplo de esta lógica. Al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con él (según datos de julio de 2024) en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia.

El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta que se le realizó en el proceso de identificación de los parentescos) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia Federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado. Es una verdadera familia judicial, más unida y cercana que nunca.

Pero no es la única. Esta investigación periodística de Chequeado y CONNECTAS detectó que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en el Poder Judicial. A esta cifra se llegó a través de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tomando como punto de partida una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras fuentes, se pudo realizar por primera vez un mapa de las relaciones familiares que existen hoy en parte de la Justicia federal argentina.

Los nombramientos de parientes de magistrados son tantos que, en Córdoba, por ejemplo, han llevado a poner en duda la imparcialidad de los magistrados al momento de hacer justicia. En 2017, una abogada defensora alegó que temía la posible parcialidad de la jueza Graciela Montesi en un caso donde debía revisar la sentencia de un par suyo, Hugo Vaca Narvaja. Éste acababa de proponer la contratación de un hijo de ella, Tomás Bobone, pedido al que había accedido la Cámara Federal que integra la magistrada y madre.

La camarista impugnada respondió que ella no era la única que tenía familiares en los tribunales cordobeses y apuntó contra otro juez, Ignacio María Vélez Funes (hoy jubilado). Éste no se quedó atrás y también metió en el tema al magistrado Abel Guillermo Sánchez Torres por sus parientes nombrados. Al final de este paseo por la familia judicial de Córdoba, la Cámara (Vélez Funes entre ellos) rechazó la recusación de Montesi y afirmó que era “de mal gusto” hablar de los parientes empleados en los tribunales.

Dos años después, Montesi volvió a ser cuestionada junto a su par Sánchez Torres por el impacto de sus relaciones personales en su deber de guardar imparcialidad. En aquella oportunidad, el planteo fue firmado por tres de sus compañeros en la Cámara, Liliana Navarro, Vélez Funes y Luis Roberto Rueda (falleció en 2021), y dirimido en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Navarro, Vélez Funes y Rueda reprocharon la manera en la que Montesi y Sánchez Torres se habían manejado para cubrir un cargo en el estrado y, entre otros argumentos, alegaron que aquellos estaban obligados a inhibirse por “resultar incompatible que ambos magistrados cumplan funciones en ‘el mismo tribunal por la relación personal’ que los une, y que ellos han hecho pública en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa...”.

¿Qué hizo el máximo tribunal del país? Rechazó el planteo, y dijo que las causales de excusación y de inhibición no se aplicaban a los temas de superintendencia. En cuanto a lo manifestado sobre el vínculo entre Montesi y Sánchez Torres, la Corte afirmó que se trataba de “expresiones impropias”, que “ponían de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado”.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (se jubiló en 2021) consideraron que los jueces sólo debían confrontar opiniones entre ellos con respeto y razones fundadas en el derecho. De esa manera, dieron el tema por cerrado, y avalaron la posición de Montesi y Sánchez Torres.

Pero a pesar de que en la Justicia prefieren no mencionar el tema, se trata de una realidad conocida y naturalizada en los juzgados y estrados federales de todo el país. E incluso en la propia Corte Suprema. Los 89 familiares de jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de ellos son secretarios. Estos puestos valen por sí mismos y por su proyección en la escalera de ascensos. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados “a dedo” y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.

Es el caso de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas (Misiones). Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del exjuez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y poco después, en abril de 2002, fue designada en forma discrecional como secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su madre, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin haber tenido experiencia laboral.

Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia (designación temporaria) en el Juzgado Federal de Oberá; y después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.

En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ingreso Democrático para poner un freno al acomodo y a la cobertura “a dedo” de los empleos judiciales. Consultado al respecto, Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), enfatiza que la Justicia Federal argentina incumple esta norma, que establece que los empleos judiciales deben ser cubiertos por concurso. “El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, observa el académico e investigador.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, “el principal problema del nepotismo es que desdibuja la carrera administrativa y que, de alguna manera, también termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”. De acuerdo a este experto, “los integrantes de estas familias de sangre y políticas —en el sentido de afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos— hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial”.

El fenómeno nepotista ha llegado hasta tal extremo que la Corte de la Nación dejó de lado su renuencia y espontáneamente puso el asunto a la vista hace poco. Lo hizo a través del ministro Ricardo Lorenzetti, en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024 sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal. En ella, el magistrado afirmó que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

En su voto minoritario y opuesto al de sus pares Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Lorenzetti insistió en que en la Justicia argentina “deben ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.

Sin embargo, la misma Corte —incluso durante la presidencia de Lorenzetti— nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que ya tiene 11 años en vigor en la Argentina. Este vacío reglamentario permitió que continuara en general la histórica designación de parientes de la magistratura sin evaluaciones objetivas de sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación, donde los empleos están sometidos al régimen legal de los concursos.

Curiosamente, Lorenzetti también cuenta con familiares en la Justicia Federal. Su esposa, Mara Beatriz Perren, es prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (ciudad santafesina de origen del juez de la Corte). Y su cuñada Ana Marcela Perren es escribiente de la Cámara Federal de Rosario.

Consultado por esto, la oficina de Lorenzetti respondió que como su esposa ingresó al Poder Judicial dos años antes al matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.

Otros dos magistrados de la Corte Suprema, Rosatti y Maqueda, también cuentan con familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. 

Ambos jueces justificaron y se desligaron de estos nombramientos. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir ocho años, nueve meses y un día después” que su hijo.

Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, cuatro años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los seis ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la mujer para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.

Un gremio de cónyuges, hijos y hermanos

La base de datos analizada por CONNECTAS y Chequeado releva la lista de empleados de la Justicia federal en 14 provincias –de las 24 que tiene el país– que integran siete circunscripciones judiciales: se trata de 3.601 cargos sobre un total de 19.847. Y en todas se encontraron casos de jueces con familiares nombrados en la misma jurisdicción o en tribunales federales de otros distritos. Si bien no todos implican actos de nepotismo, pues algunos pueden haber ingresado por otras razones o antes de la unión familiar, como puede ocurrir respecto de algunos cónyuges, el volumen de casos detectados –desde ya una porción de los efectivamente existentes– sí sugiere la injerencia de los nexos familiares en la selección de nuevos empleados.

El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser más grande, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en esta producción.

En todo caso, del universo examinado surge un patrón: un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal son un buen ejemplo de esa tendencia: conforman el 48%, casi la mitad, de los 46 casos hallados.

En Santa Fe, la provincia de origen de Lorenzetti y Rosatti, 12 de 21 jueces federales tienen parientes nombrados. Allí el fenómeno está muy presente en el caso de Marcelo Bailaque, juez federal de la ciudad de Rosario. El magistrado es padre de Julieta Bailaque, oficial mayor; de Ramiro Bailaque, escribiente auxiliar, y de la escribiente Sofía Bailaque.

Recientemente, este juez fue denunciado por supuestas irregularidades en el trámite de un expediente que habrían favorecido al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Con una curiosidad extra: Bailaque y el acusado compartían contador, Gabriel Mizzau, y el hijo de este profesional, Sebastián Mizzau, había ingresado en 2017 —mediante un nombramiento discrecional— a trabajar al Juzgado Federal N° 4. ¿Quién es el titular de esa unidad? El propio Bailaque, quien no respondió a la consulta.

El patrón de nombramientos vinculado con los jueces de mayor antigüedad se aprecia en el caso de José María Escobar Cello, quien llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe en 1994, hace 30 años. Este juez es padre de Juan José Escobar Cello, prosecretario administrativo; y de Francisco Escobar Cello, escribiente, ambos con prestación de servicios en el Tribunal Oral. El padre, que compartiría ámbito de trabajo con sus dos hijos, no respondió a la consulta formulada para esta investigación. 

En la Justicia federal de Santa Fe también se pueden observar las conexiones con la Justicia provincial a partir de, por ejemplo, los nombramientos de familiares de integrantes de la Suprema Corte de la provincia. Allí trabajan María Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral del interior de la Justicia Federal y sobrina del juez santafesino Rafael Gutiérrez; y Esteban Falistocco, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario e hijo del juez Héctor Falistocco. Ninguno de esos magistrados provinciales respondió a las consultas. Tampoco lo hicieron los 12 jueces federales con familiares designados en esta jurisdicción.

Por otro lado, en la Justicia federal de Córdoba (que incluye en su jurisdicción a la provincia de La Rioja) se encontraron parientes con cargos vinculados a 12 de los 20 integrantes de la magistratura. Graciela Montesi, la camarista federal cuestionada en aquellos debates de 2017 y 2019 mencionados anteriormente, es madre de Josefina Bobone, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, y de Tomás Bobone, escribiente del Juzgado Federal N° 3; además de tía de Alejo Montesi, oficial del Juzgado Federal N° 1, y de Gerónimo Bobone, auxiliar de la Secretaría Electoral de Córdoba.

Pero no eran los únicos integrantes de la familia que trabajaban en la Justicia. Pablo Montesi, hermano de la camarista y padre de Alejo Montesi, fue juez federal de la ciudad cordobesa de San Francisco hasta su fallecimiento en agosto de 2024. Graciela Montesi no respondió la consulta relativa a la designación de estos parientes y, en el caso de su hermano, el titular del Juzgado Federal de San Francisco solicitó que se informara quién era la persona responsable de la consulta sobre los parentescos. Pese a que se le brindaron más detalles, Pablo Montesi no envió comentario alguno (aunque seguía en funciones en julio de 2024, tras la noticia de su defunción se resolvió sacar a este juez de la base de datos).

De la Justicia federal de Córdoba y de La Rioja sólo respondieron los camaristas Eduardo Daniel Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torres (también participante de aquellas polémicas resoluciones dictadas en 2017 y 2019). Ávalos, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, refirió que efectivamente Sofía Elena Sylvester, secretaria de aquel estrado, es su “mujer”, pero negó haber influido en su nombramiento porque en ese momento era “un pinche” en el Juzgado Federal N° 1. “Con el tiempo, contrajimos matrimonio y continuamos casados a la fecha, por lo que el destino ha obrado al respecto. Tampoco tengo hijos en el Poder Judicial: ellos desarrollan profesiones ajenas a la abogacía”, agregó el magistrado.

Para explicar su caso, Sánchez Torres, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, primero ofreció la posibilidad de dialogar en su despacho o virtualmente. Si bien se le propuso una reunión por Zoom, luego el juez envió un correo electrónico en el que negó ser familiar actual de su exesposa, la jefa de despacho Alejandra Cecilia Cabido, así como haber tenido injerencia en la designación de sus tres hijos, María Agustina, Joaquín y Lucía, en la Justicia federal cordobesa. Pero no se privó de destacar los antecedentes académicos de sus descendientes.

En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges con cargos en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy, y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal N° 2 de Salta).

Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que éste entró en “1994 o 1995”, cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.

Por su parte, un secretario de Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, el juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de su esposa Martínez Allende. El texto refiere que ella ingresó al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.

También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.

Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis. Además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.

Los demás magistrados con parientes designados en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria.

En la provincia de Salta hay que destacar la evidente penetración de la familia Catalano en los tribunales. Este apellido lo comparten tres primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales: una carrera parecida a la de la misionera Verónica Skanata.

En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus dos designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.

En la jurisdicción que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías tienen parientes empleados. En esta circunscripción aún resuena el caso del exjuez Walter Bento (fue destituido a finales de 2023), cuya esposa Marta Boiza y dos hijos, Nahuel y Luciano, estaban empleados en los tribunales mendocinos. Los cuatro familiares están involucrados en un escándalo judicial por venta de sentencias y enriquecimiento ilícito, que llevó a la expulsión de Bento y a su encarcelamiento a finales de 2023.

Sólo Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, aceptó manifestarse sobre la cuestión de la designación de familiares en los estrados de esta jurisdicción. Quirós confirmó que es cónyuge de Marisol del Carmen Compañy, jefa de despacho del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza (a quien dijo haber conocido en 1997 en el propio Poder Judicial donde ambos trabajaban), y cuñado del oficial de servicio Hernán Compañy. Respecto de este último, precisó que entró a la Justicia Federal antes de su juramento como magistrado.

En Misiones, se corroboró que 4 de 9 jueces tienen parientes trabajando en la Justicia federal, mientras que en las provincias vecinas de Chaco y Formosa (que comparten jurisdicción) están en esa situación 3 de 10.

El único magistrado misionero que aceptó hacer comentarios es Fabián Gustavo Cardozo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Cardozo confirmó que su esposa, Mónica Oria, ingresó en 1994, y que en la actualidad es prosecretaria administrativa y está al frente de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Añadió que él entró al Tribunal Oral en 2004; que en 2005 conoció a Oria y que en 2007 nació el hijo que tienen en común. Precisó además que él es juez desde 2022 y recordó que su Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones ejercen funciones de superintendencia por separado, de manera que “Oria jamás ha dependido laboralmente” de él.

En Chaco y Formosa emitieron respuestas dos magistrados. Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, detalló que su hermana Liliana Niremperger fue contratada en forma temporaria en la Justicia Federal de la capital de Chaco en cinco oportunidades (con sus prórrogas) desde 2002. Y que en 2007 fue designada escribiente auxiliar “a propuesta del juez titular Carlos Rubén Skidelsky” (que renunció en 2016). “En relación con Kamila Niremperger (sobrina), ésta ingresó en el Poder Judicial en una suplencia en agosto de 2023 en el Juzgado Federal N° 2 por propuesta de Ricardo Alcides Mianovich por un lapso corto y luego nuevamente (fue) designada por un corto plazo, todos datos que completaré una vez que el titular del juzgado Federal N° 2 remita dicha información a quien suscribe”, dijo Niremperger. La ampliación anticipada no llegó.

Por su parte, Ricardo Alcides Mianovich, juez federal N° 2 de Resistencia, eligió contestar lo siguiente: “Responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.

En la última jurisdicción analizada, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se constataron designaciones de familiares para 3 de 15 miembros de la magistratura. Ninguno de los que tienen parientes nombrados hizo comentarios al respecto. 

Gatopardismo judicial

¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica el académico Alberto Binder, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo”, durante la década de 1990.

En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.

Pero ninguna medida logró frenar los casos de nepotismo en la rama judicial. En el caso de la Ley de Ingreso Democrático, esta nunca se aplicó en los tribunales de justicia porque –como se dijo– sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo (según se afirmó en 2013, transitoriamente) en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.

Binder explica que parte de la razón de la persistencia de este sistema tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.

El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético

Alberto Binder — Doctor en Derecho.

Cada uno de estos cargos que ocupan parientes implican retribuciones muy tentadoras para una economía tan golpeada como la de Argentina. La remuneración de auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (US$927 en base a la cotización oficial). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $2,8 millones (US$2.814, cotización oficial), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Las consignadas son cifras apenas orientativas porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos. 

Ese “botín” burocrático incentiva lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar a los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explica el académico.

Para el sociólogo Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo dos juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.

Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añade que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.

El profesor Binder sostiene que, si no se pone límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.

El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y como advierte Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.

Nota de la redacción: esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre jueces y juezas federales de la Argentina cuyos parientes ocupan cargos en la Justicia realizada por CONNECTAS y Chequeado tomando una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ver metodología aquí), así como información proveniente de otras fuentes.

La difusión de los nombramientos de familiares de autoridades judiciales, incluso de los concretados a partir de 2013, cuando entró en vigor la Ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (ley 26.861), no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio de valor sobre las aptitudes profesionales, intelectuales ni morales de las personas contratadas aquí nombradas, sino que sólo apunta a identificar posibles casos de materialización de esta práctica y a problematizarla a la luz de la normativa vigente. 

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¿Conocés posibles casos de nepotismo de las 14 provincias investigadas que involucren a integrantes de la magistratura federal argentina? ¿Y en otros distritos judiciales? Aportá aquí esos datos. Garantizamos el tratamiento confidencial de las fuentes.

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Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por CONNECTAS participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado, Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer (edición).

ED/JJD

Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

FLD/ED/JJD

A partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Javier Alonso, podría ser citado ante la cámara de Diputados bonaerense para rendir explicaciones por los ahorcamientos en las comisarías del distrito, principal causa de muerte en dichas dependencias policiales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane (Partido Obrero - Frente de Izquierda) solicitó que Alonso sea interpelado por los diputados con el fin de obtener información no sólo sobre las muertes por ahorcamiento en las comisarías bonaerenses, sino también sobre las investigaciones en torno a esos supuestos suicidios y el relevamiento pertinente de los casos por parte del Ministerio.

Kane aseguró a elDiarioAR que “el elevado número de muertes informadas como suicidios por ahorcamientos muestra que estamos frente a un método de encubrimiento sistemático”. “Que esto surja por una investigación periodística o el impulso de organismos de derechos humanos y no como información del Ministerio muestra que una vez más se ampara desde el poder a la Bonaerense”, señaló el diputado del Partido Obrero a este medio. 

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los ahorcamientos “están plagadas de irregularidades”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta. 

elDiarioAR consultó varias veces a una fuente del Ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En esa línea, Kane apuntó contra la Justicia ante la falta de respuesta. “Cuando una práctica se extiende tanto en el tiempo y acumula tantos casos evidentemente es porque hay una matriz de impunidad, donde los fiscales juegan un rol y donde ya tenemos una doctrina de varios gobiernos de no investigar los hechos graves que puedan cometer policías”, puntualizó el diputado provincial.

Otro punto que le preocupa al legislador es la financiación de abogados y peritos por parte del Ministerio de Seguridad a los policías implicados en muertes bajo su propio cuidado. “Es muy grave la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de defender a los policías bonaerenses con sus recursos, con profesionales, incluso cuando están acusados de llevar adelante delitos aberrantes”.

En ese sentido, Kane dijo que se encuentran preparando la presentación de un proyecto de ley que plantee que no se puedan usar los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender a los policías acusados de delitos en el ejercicio de su función. 

La razón que impulsa este proyecto, explicó Kane, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Martínez, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría Quinta de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comision de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Martínez. En los cuatro, el médico y funcionario de la cartera de seguridad, defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de los cuatro víctimas le confirmaron a este medio que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Este no es el primer pedido de informe que el legislador provincial presenta para obtener información o respuestas del ministerio de Seguridad. “Hemos presentado múltiples pedidos de informe e interpelaciones sobre estos temas. En particular cuando Sergio Berni era ministro”, afirmó Kane. “No hay una costumbre de atender estos pedidos”, agregó. “Las bancadas del oficialismo tienen por costumbre votar en contra de los pedidos de informe e interpelación, con lo cual no sólo no acuerdan con nuestras inquietudes sobre estos problemas, o sobre las familias afectadas, sino que ni siquiera con el derecho a la información”, aseguró el diputado.

En lo que va del año, al menos cuatro detenidos fueron hallados ahorcados en comisarías bonaerenses.

ED

El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

FLD/ED/JJD

José Camili tenía 19 años. En agosto de 1967, lo encontraron ahorcado en una comisaría de San Justo, provincia de Buenos Aires. El periodista y escritor Rodolfo Walsh narró brevemente su historia en la emblemática crónica “La secta del gatillo alegre”, publicada por entregas en el Semanario CGT de los argentinos, en 1968. “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomentan negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que contribuye a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados. San Justo, en ese sentido, es un lugar inconveniente cuya frondosa historia puede remontarse a 1957, con el picaneo de los gremialistas Mitjans, Ramos, Rodríguez y Amoroso”, escribió Walsh, en una investigación que reveló el accionar ilegal de la policía bonaerense en distintas localidades.

Aquella “ola de suicidios” en los calabazos que detalló el escritor de Operación Masacre hace 56 años volvió a golpear con fuerza en 2022. Durante ese periodo, como refleja esta investigación de la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR, trece detenidos fueron hallados ahorcados en diferentes comisarías de Buenos Aires, la cifra más alta de los últimos diez años. La mayoría de esas dependencias no estaban habilitadas para alojar personas. Además, la investigación judicial de muchos de esos supuestos suicidios ─confirman abogados de derechos humanos y peritos forenses que hablaron con este medio─ estuvieron plagadas de “irregularidades”. 

Entre los ahorcamientos de 2022 se encuentra el de Daiana Abregú, una madre de 26 años que el 5 de junio de ese año fue encontrada muerta en una celda de la comisaría de la localidad de Laprida. Como refleja su historia, la detención de Daiana, tras salir de un boliche, fue “arbitraria”. “No había razones para apresarla. Estaba caminando sola por la vía pública”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Tras su muerte, distintos departamentos de la policía bonaerense participaron de la investigación del caso, violando así la Resolución 1.390 del Ministerio Público provincial. El dictamen exige, entre otras medidas, apartar a la fuerza de seguridad sospechada del crimen. 

El cuerpo de la joven, además, se preservó en una morgue de la policía provincial y los exámenes de su primera autopsia ─denunció la CPM─, no respetaron el Protocolo de Minnesota para muertes bajo custodia estatal.  Daiana era la única detenida aquella mañana en la dependencia cuando, horas después de su aprehensión, tres policías la encontraron “ahorcada” con las mangas de su campera de jean. Cuatro de los cinco oficiales implicados en su muerte volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense. Sólo una efectiva será juzgada por “incumplimiento del deber” en el cuidado de Daiana. 

En 1968, Walsh no solo contó la presunta “ola de suicidios” en las dependencias bonaerenses, sino también describió las torturas y vejaciones que se realizaban dentro. Desde el uso de picanas eléctricas hasta los manejos espurios de los comisarios a cargo. La UDI de elDiarioAR reveló algo similar en la comisaría de Laprida. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a este medio que fueron torturados por personal policial con la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Les sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad para revisar una serie de expedientes y documentación sensible guardada en el destacamento. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto de 2003, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia figura que el excomisario de la estación separado por el caso de Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

El pasado 5 de junio, la familia de la joven hizo una marcha por el segundo aniversario de su muerte en Laprida en las inmediaciones del destacamento. Su hermana, Nahiara Abregú, de 19 años, le contó al elDiarioAR que distintos oficiales reprimieron a su familia durante esa jornada. Nahiara, sin embargo, sueña con entrar a la fuerza bonaerense para que no se repita lo de su hermana. “No la cuidaron como deberían. Lo dice hasta la justicia”, contó la joven 

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la CPM ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. Un vocero de ese organismo, sin embargó, ofreció una respuesta institucional frente a este reportaje: “Tu investigación no tiene sostén para la Justicia. Podes escribir como se hace casi siempre de todo y sin problemas para nosotros”.

Desde el  Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio. En ese sentido, el ministerio de Seguridad es quien se encarga de financiar a los abogados de los oficiales inicialmente imputados. El organismo también ofrece peritos forenses de parte para su defensa. elDiarioAR comprobó que un mismo médico ─empleado del ministerio de Seguridad provincial─ participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El mismo médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos.

Los casos de ahorcamientos en dependencias provinciales relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte.

De José Camili a Marcos Portela

Así como Walsh relató el ahorcamiento de José Camili de 19 años en 1967 en una comisaría de San Justo, la UDI investigó el caso de Marcos Portela, de 18 años, en Moreno.  Según la versión policial, Marcos fue hallado colgado del tragaluz de su celda el lunes 5 de febrero en el destacamento N°8 del barrio de Las Catonas. El joven había salido de un boliche el sábado por la mañana junto a sus amigos cuando fue detenido por el supuesto robo de un celular. Lo alojaron en una celda de la dependencia. La misma estaba inhabilitada: no debió ser apresado allí.

Ana Córdoba, mamá de Marcos, contó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató la madre.

Florencia Brandan, de 36 años, apresada un día después que Marcos en otra celda de la dependencia, fue la última persona en verlo con vida. “Me dijo que lo rociaban con un matafuego”, contó Florencia, quien también señaló que le vio “marcas de golpes en la espalda”. La exdetenida, además, denunció apremios ilegales contra su persona. “Me molieron a golpes adentro”, confesó. El policía que encontró al joven declaró que ese lunes había llegado “tarde” a la estación “por problemas familiares”.

Entre las pertenencias de Marcos que la policía le devolvió a su mamá estaba el supuesto celular robado. Era de una amiga de su hijo, pero los oficiales nunca le creyeron al momento de arrestarlo. “Parecía un chiste”, recuerda Ana. 

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También contactó al fiscal Jonatan Lay de la UFI N°7 de Moreno, a cargo del caso de Marcos, pero se negó a hacer declaraciones sobre su hipótesis de investigación. Asimismo, este medio intentó nuevamente hablar con el ministerio de Seguridad de la provincia por el caso del joven de 18 años, pero no obtuvo respuesta. 

Las mismas comisarías

La localidad de Lomas del Mirador también forma parte de la crónica de Walsh. El 15 de septiembre de 1967 ─narra el periodista del Semanario CGT de los argentinos─ dos oficiales de esa jurisdicción hirieron de gravedad a una mujer que pasaba junto a ellos, luego de que se les “escapara” una ráfaga de disparos. 

Un domingo 17 de abril de 2023 en la misma localidad, Mauricio Castillo salió de su casa por la mañana a comprar facturas cuando fue detenido por un patrullero. Lo acusaban de un presunto robo que nunca se comprobó. Al día siguiente, en la celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador, un oficial lo encontró ahorcado con su propio buzo. Esa misma jornada, mientras su cuerpo era trasladado a la morgue de Lomas de Zamora, la ambulancia agarró un supuesto “bache” que hizo que la cabeza del cuerpo de Mauricio se golpeara contra los fierros de la camilla. La UDI comprobó que la testigo de “oído” que confirmó esa situación en las actas policiales es una oficial bonaerense. Además, la ambulancia iba escoltada por un móvil bonaerense con dos efectivos de la misma localidad, algo prohibido por el Protocolo de Minnesota. 

La primera autopsia se hizo finalmente en la morgue de Lomas de Zamora. Los resultados, señala el abogado de la familia Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos de los exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó que “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, afirmó Craham.

El escritor de El caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo? finalizó la entrega de su último reportaje en el semanario con un listado de las últimas muertes y torturas causadas por la policía bonaerense durante los primeros meses de 1969. 

Actualmente, podría repetirse ese escenario: el 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega la versión de un suicidio. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

El 2022 no fue un buen año para los policías de las comisarías del distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo, en el destacamento N°4, un detenido murió por causas que no se precisaron. Cuatro días más tarde, otra persona falleció de igual forma en la estación policial N°7 de esa localidad. Mientras que el 21 de septiembre, los oficiales encontraron a un hombre de 56 años ahorcado en la celda de la comisaría N°8.

Los policías de la localidad de Ezeiza no están muy lejos de esa situación. También en 2022, dos detenidos se ahorcaron en diferentes comisarías de su jurisdicción, al mismo tiempo que otro falleció en una tercera dependencia por causas que no fueron informadas. La policía de Quilmes también sufrió la singular “ola” de supuestos suicidios que dejó un saldo de 13 ahorcados en las comisarías bonaerenses durante 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Dos decesos con esta última modalidad, además de una tercera por “causas desconocidas”, ocurrieron aquel año en la ciudad cervecera.

Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), como informó elDiarioAR este domingo a través de su Unidad de Investigación (UDI), con el apoyo de CAPIR. Los mismos fueron informados como suicidios por los efectivos bonaerenses que encontraron los cuerpos en esas dependencias. Además, entre esos años, hubo otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas al organismo de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Desde 2012, hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. En el transcurso de este año, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

De las 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, destacamentos que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril, según el último registro de la CPM, había 659 detenidos en 99 estaciones policiales clausuradas en la provincia.

Ahorcados

Muchas de estas muertes, sin embargo, presentan irregularidades que ponen en duda la versión policial del suicidio.

Para Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM, la cantidad de suicidios en lugares con vigilancia y control policial permanente como las comisarías es “preocupante”. “Hay personal policial abocado a esa única tarea y muchas veces no la cumplen”, señaló Pomares. “Incluso, cuando hay un único detenido en toda la dependencia, tampoco se lo supervisa”, agregó el abogado. Además, muchas de esas detenciones que terminaron en supuestos suicidios ─puntualizó Pomares─, ocurrieron en “circunstancias irregulares”.

Este último escenario que describe el integrante de la CPM ocurrió en los casos de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), alojados en comisarías inhabilitadas o clausuradas. Al momento de su “ahorcamiento”, eran los únicos detenidos en las dependencias. La línea de investigación de los fiscales a cargo de sus casos coincidió siempre con la versión policial: los tres se quitaron la vida. 

“Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial”, aseguró Pomares. Cinco oficiales fueron imputados brevemente de homicidio en el caso de Daiana Abregú ─la joven de 26 años que fue encontrada “ahorcada” con su campera en la comisaría de Laprida en 2022─ pero sólo una fue llevada a juicio por “incumplimiento de su deber” durante el cuidado de Daiana. El resto de los policías volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense .

“Hay una débil o nula aplicación de protocolos básicos para muertes bajo custodia estatal, como el de Minnesota”, afirmó el abogado de la CPM. El protocolo de Minnesota es un procedimiento internacional para fallecimientos bajo custodia estatal al que Argentina suscribe y que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses. En esa línea, el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia impulsó en 2001 la Resolución 1.390, que exige a todas las fiscalías de la provincia “brindar especial importancia a hechos delictivos vinculados con torturados y apremios ilegales”. Además, establece el apartamiento inmediato del caso a la misma fuerza que está siendo investigada.

En los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo la misma Policía Bonaerense participó con distintas tareas en la investigación de sus casos. En el caso de la joven de Laprida, el primer fiscal del caso, Christian Urlezaga, usó a la policía científica bonaerense para la recolección de pruebas en la comisaría. Luego, el cuerpo de Daiana fue preservado en una morgue de esa misma fuerza antes de realizarle la primera autopsia. La propia Bonaerense confirmó la versión policial del suicidio, pero luego fue impugnada por no respetar los protocolos establecidos. 

En el caso de Castillo, no hubo preservación del cuerpo en la ambulancia que lo trasladaba desde la dependencia de Lomas del Mirador ─donde fue hallado ahorcado a las pocas horas de su ingreso─ hasta la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Según los oficiales de la División Morgue, la ambulancia, tras agarrar una cuneta, golpeó la cabeza de Castillo contra los fierros de la camilla, provocándole una herida cortante. El vehículo iba escoltado por un móvil de la comisaría bonaerense. Además, como demostró elDiarioAR este domingo, la testigo del supuesto golpe que sufrió el cuerpo es una efectiva de esa misma fuerza.

elDiarioAR consultó al ministerio de Seguridad, donde rechazaron enfáticamente que las estadísticas por ahorcamiento o causa desconocida fueran “importantes”. “Desde la Provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

“Los fiscales no cumplen ni el Protocolo de Minnesota, ni la Resolución 1.390. O si lo hacen, es parcialmente”, señaló Augusto Infante, abogado y director del programa de litigio estratégico de la CPM. “Muchas dirigencias de esas mismas investigaciones las hace la policía de la provincia. No hay una rápida intervención por parte de los fiscales en el lugar del hecho, sino que muchas de sus acciones son delegadas a la misma fuerza sospechada, lo que dificulta el control de la escena del hecho”, dijo Infante. 

Las dificultades de los fiscales para apartar a la fuerza bonaerense ocultan, muchas veces, fines “prácticos”. “Trabajan con ellos todos los días”, destacó el abogado. “Incluso los usan para la resolución de otros casos que tienen a cargo, dado que es una fuerza de prevención del delito. También les sirve para enviar notificaciones básicas o para averiguar la dirección de los domicilios de los testigos”, agregó Infante.

Protocolos

Para los abogados de la CPM, la preservación de la escena del hecho es “crucial” a la hora de esclarecer lo sucedido con un detenido en una comisaría, donde ─muchas veces─ el único testigo es la propia policía. “Hay errores iniciales que, en este tipo de muertes, condicionan prácticamente toda la investigación”, remarcó Infante. Para Pomares, los fiscales se transformaron en unos “delegadores” de la tarea de investigación en la policía u otras fuerzas. Ese escenario, coincidieron tanto Infante como Pomares, favorece siempre a la versión policial. Al respecto, elDiarioAR se comunicó con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia para conocer su posición pero en el organismo declinaron hacer declaraciones.

La respuesta estatal a esta problemática, señalan los abogados, es nula. En sus informes semestrales, el MPF no registra la tipología de muerte en las comisarías provinciales ni sus circunstancias. De hecho, sus números respecto a las muertes en dependencias bonaerenses no coinciden muchas veces con los del organismo de derechos humanos. “Sus registros de violencia institucional responden a un criterio diferente que no compartimos”, contó Infante. “Un caso de gatillo fácil, por ejemplo, lo inscriben sólo si se inició una denuncia formal y fue tomada por una fiscalía que lo haya registrado de esa manera”, puntualizó el director del programa de litigio estratégico de la CPM. Y agregó: “El 90% de los casos por violencia institucional que computa el MPF se archivan o desestiman”. 

En estos casos, el ministerio de Seguridad bonaerense responde brindando representación legal a los oficiales involucrados en una muerte bajo custodia. El propio organismo financia la defensa de los policías a través de un patrocinio gratuito, como así también los peritos de parte encargados de analizar los exámenes forenses posteriores de las víctimas. elDiarioAR comprobó que el mismo médico, empleado del ministerio de Seguridad provincial, participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos. En los cuatro casos, sostienen los abogados de cada víctima consultados por este medio, habría pruebas suficientes que demuestran lo contrario. “¿Por qué yo, siendo jubilado, tengo que salir a pagar un abogado y peritos de parte por la muerte de mi hijo y los policías que lo mataron tienen todo servido?”, se preguntó Ricardo Tasori, padre de Nahuel. 

elDiarioAR presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012, como así también las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no obtuvo respuesta. 

El derecho de defensa de los policías implicados, afirmó el abogado Pomares, debe “estar garantizada por la defensa pública” y no en la financiación de letrados del mismo organismo que está siendo denunciado. “La misma órbita pública que luego puede ser condenada por violaciones a los derechos humanos es la que utiliza sus recursos para evitarlo a toda costa”, concluyó el integrante de la CPM.

En los casos relevados durante esta investigación, el organismo de derechos humanos intervino, en algunos casos, como particular damnificado de las víctimas, llevando adelante la querella de las familias. En otros, como en el caso de Marcos Portela ─detenido el 5 de febrero en una comisaría de Moreno y hallado ahorcado dos días después─, colaboró de forma lateral, solicitando algunas medidas de protocolo.

Incumplimientos

Más allá de que la investigación de la fiscalía coincida con la versión policial y concluya finalmente en que la muerte haya sido por un suicidio, para Pomares “hay otros delitos que deben ser investigados y juzgados”. “Desde la detención irregular hasta la falta de cuidado con el detenido, son acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad que merecen ser esclarecidas”, afirmó el abogado.

La mayoría de las causas en las que se logra presentar pruebas concluyentes contra los policías son cuando intervienen organismos de derechos humanos como la CPM. “Pero no llegamos a estar en todos por una cuestión de magnitud”, dijo el abogado.

Desde 2012 hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. Desde que comenzó 2024, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.

Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial.

Rodrigo Pomares — abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM.

Patrones y sospechas

Lo primero que le llamó la atención fueron los pelos de la víctima entre los barrotes de la celda. Virginia Creimer, perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, había sido convocada en 2022 por la CPM como perito de parte en la causa de Daiana Abregú. Cuando analizó las imágenes de la escena del hecho ─un procedimiento habitual en su tarea forense─ algo la conmovió. Los pelos de Daiana estaban prolijamente situados entre los barrotes de la celda en donde había atado la campera de jean que supuestamente usó para ahorcarse. Además, entre las paredes del calabozo, había un mensaje de “despedida” supuestamente escrito por ella misma.

“Hacía mucho que no veía un caso así. Un montaje casi perfecto”, afirmó Creimer a elDiarioAR. La especialista lleva 30 años investigando hechos de violencia institucional. “El lugar del hecho estaba armado de tal manera que cualquier persona distraída pensaría que fue un suicidio”, explicó la perito. “Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?”, se preguntó Creimer. 

Para la especialista, la fuerza bonaerense fue “sofisticando” las “escenas del crimen” con el tiempo. “La mutación que hubo desde el caso de Luciano Arruga es desestabilizante y grave”, señaló la perito. Se refiere al caso de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido durante cinco años, tras ser detenido y torturado en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. La dependencia fue clausurada y trasladada a otra zona de la misma localidad. Allí, en 2023, fue encontrado ahorcado Mauricio Castillo. “Antes sacaban los cuerpos, ahora los dejan ahí un rato y después lo llevan rápido a las morgues para hacerles una autopsia favorable a la versión policial”, dijo la perito. “Hay casos que son calcados”, destacó. “Las muertes se producen rápidamente. A veces pasan sólo horas (desde el momento de la detención). Y la policía bonaerense actúa de forma irregular junto a fiscales que no investigan”, señaló Creimer. 

Fabián Quintero ─antropólogo, investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP)─ también fue convocado por la CPM en la causa de Daiana Abregú. Quintero se encargó del análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. En especial, el antropólogo forense analizó la prueba mecánica que la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal impulsó por pedido de la defensa de los policías imputados. En esa instancia, la UCAC confirmó que la campera resistía más de lo que la joven de Laprida pesaba, avalando la hipótesis del suicidio. Para Quintero, sin embargo, esa prueba “estuvo mal hecha”. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, explicó el especialista. En los informes de la UCAP, dijo Quintero, no se brindó una descripción detallada del método de ahorcamiento. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”, señaló el perito forense

El método de ahorcamiento, afirmó el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron tracción sobre la parte de arriba”, detalló Quintero. 

“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera”, profundizó el investigador. “Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, la parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, agregó el investigador. Las pericias sobre la campera, concluyó Quintero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir con exactitud qué extremos de la prenda usó la víctima para ahorcarse. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, enfatizó el investigador.

Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?

Virginia Creimer — perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

El antropólogo sostuvo, además, que las investigaciones se complejizan a medida que se suman “nuevas pericias” del cuerpo. “Primero porque no las están manejando los fiscales, sino las fuerzas de seguridad. Y lo otro que sucede es que los fiscales no tienen una visión integral de las mismas, sino que van descartando resultados periciales a medida que llegan otros nuevos”, finalizó el perito del caso Abregú. 

En la misma línea, la perito en criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Bufalini, aseguró que la preservación de la escena del hecho es “tan importante como la autopsia”. “Si vos tenes un relevamiento del lugar del hecho deficitario o irregular, la autopsia no va a ser concluyente”, afirmó. Bufalini participó en casos icónico de violencia institucional como el de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en 2002 y el de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Bariloche, muerto tras recibir un disparo por parte de un integrante de Gendarmería Nacional en 2017. “Si un fiscal no toma todos los indicios en el lugar del hecho, después confirmar si fue un suicidio o homicidio es algo temerario porque sólo va a ver la mitad de lo que realmente ocurrió”, sostuvo la perito. 

Respecto a las muertes por ahorcamiento, Bufalini ve improbable un montaje de las escenas por parte de la policía. “El 70% de las muertes por asfixia mecánica son efectivamente suicidios”, precisó la especialista. “Es muy difícil montar una escena sin que luego se compruebe lo contrario en las pericias”, señaló. “Si se trabajó bien la escena del hecho y la investigación se hizo respetando los protocolos correctamente, se debería poder demostrar si un ahorcamiento fue en realidad un homicidio”, remarcó Bufalini.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

La pregunta la desarmó por completo. Aquel 9 de abril de 2024 era una mañana agradable en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Olavarría, una ciudad húmeda de la pampa bonaerense. A través de los ventanales, el sol iluminaba la cara de Nahiara Abregú, de 19 años, sentada con las manos sobre su regazo frente a una psicóloga de la institución. Era su último examen para formar parte de una de las escuelas de policías más antiguas y numerosas: la de la provincia de Buenos Aires. No había tenido problemas en las otras pruebas: salud (“apta”), físico (“apta”), teórico (“apta”). Ahora, el escritorio de la psicóloga la separaba de su sueño de convertirse en una oficial bonaerense. Entonces, sucedió lo imprevisto: “¿Qué pensás de los policías involucrados en la muerte de tu hermana?”, indagó la especialista. Lo que siguió para la joven aspirante fueron respuestas que no convencieron, el rechazo para entrar a la fuerza (“no apta”) y un largo camino de regreso a Laprida envuelta en lágrimas. Antes de partir, sin embargo, Nahiara vio a sus compañeros de ingreso celebrar juntos la admisión a la escuela. Esa imagen bastó para convencerla: volvería a intentarlo. Lo haría por su hermana.

El 5 de junio de 2022, Daiana Abregú, de 26 años, apareció ahorcada en la celda de la comisaría de Laprida. Su historia, como contó la Unidad De Investigación (UDI) de elDiarioAR en el especial Custodia Letal, estuvo plagada de irregularidades. Desde su detención, mientras caminaba sola tras salir del boliche El Castillo, hasta su encierro en una comisaría inhabilitada para alojar detenidos, el caso se convirtió en uno de los más paradigmáticos sobre muertes bajo custodia de la Bonaerense. Como señalaron abogados de derechos humanos y peritos forenses a este medio, la misma policía de la provincia sospechada del crimen de Daiana participó en distintas dirigencias en la resolución del caso.

Además, no se respetó el Protocolo de Minnesota en la primera autopsia de Daiana, que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses.

Cinco oficiales fueron detenidos y acusados por el presunto homicidio de Daiana. Sin embargo, tras dos años de una investigación a cargo del fiscal Ignacio Calonge ─criticado por la querella por impulsar una pesquisa “superficial” y “tendenciosa” a favor de la hipótesis policial del suicidio─ la Justicia dictaminó que la joven se habría quitado la vida, ahorcándose con su propia campera, apenas unas horas después de su detención por una contravención. 

Los efectivos acusados fueron liberados y cuatro de ellos ya se reincorporan a la fuerza bonaerense. Sólo una de las policías aguarda un juicio por incumplimiento del deber en el cuidado de Daiana, la única detenida en toda la comisaría al momento de su muerte. Su caso, como demuestra esta investigación de la UID, no fue el único en 2022. Ese año, según números de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 13 personas aparecieron ahorcadas en diferentes dependencias de la provincia de Buenos Aires, la cifra más alta en los últimos diez años. 

En lo que va de 2024, este medio registró al menos cuatro casos con esa metodología de muerte en comisarías bonaerenses. Uno de ellos, el de Marcos Portela, también investigado por la UDI, presenta irregularidades similares a las de Daiana: detención arbitraria, destacamento inhabilitado y muerte con la policía como único testigo.

Nahiara Abregú tenía 17 años cuando su hermana fue hallada muerta. Pero desde los 15, al menos, desea ser oficial bonaerense. 

La otra hermana

Desde muy chica, Nahiara le decía a su mamá Laura que quería entrar al Ejército. No sabía bien por qué. La vocación de servicio. La desmesura de su presencia en los desfiles. Las armas. Todo eso junto. “Pero después me fue llamando más la atención la policía. Creo que es algo que te nace”, dijo Nahiara, un jueves de junio desde Laprida. Está parada delante de la comisaría donde hace dos años murió su hermana. Viste un buzo amarillo y el pelo largo, lacio, que cubre sus hombros. 

Nahiara recuerda bien aquel 5 de junio de 2022. Sus padres le avisaron en el living de su casa que Daiana había muerto. “Como que algo se me desconectó y quedó todo en silencio. No pude escuchar más”, recordó la joven. Las Abregú son seis hermanas, pero ellas tenían una conexión especial. “Éramos muy compinches. Nos gustaba salir a bailar y jugar a la pelota. Casi jugamos enfrentadas, si no ocurría lo que pasó”, contó. Una semana después de su muerte, los equipos de fútbol femenino de Laprida de ambas hermanas iban a enfrentarse en un partido. Daiana jugaba en la primera del Club Lilán. Nahiara había sido recién convocada al primer equipo de Platense. “A veces me imagino como hubiera sido ese partido”, afirmó Nahiara, entre risas. 

La muerte de Daiana la afectó. Durante un año se “encerró”. Abandonó su último año de secundario y casi no salía de su casa. Sin embargo, con el avance de la investigación judicial y la mediatización del caso, Nahiara se fue convenciendo de algo: “No me importaba si se había suicidado o la mataron, la cuestión es que estaba bajo el cuidado de la policía y no cumplieron su deber”, aseguró la joven. Fue entonces que lo decidió. Entraría a la fuerza bonaerense. “No me gustaría que a otros detenidos les pase lo de Daiana”, agregó Nahiara. “Quiero ser policía para ayudar a la comunidad. Me gustaría llegar a ser comisaria”, dijo.  

Jóvenes y policías

Ana Passarelli es socióloga y autora del libro La Local: un estudio de jóvenes (y) policías en Quilmes. La especialista entrevistó a veinte jóvenes policías de lo que en su momento fue la Policía Local, un proyecto de seguridad urbana que se lanzó en 2015 en toda la provincia de Buenos Aires, pero que finalmente terminó absorbiendo la Bonaerense al poco tiempo. 

Entre las motivaciones de los jóvenes aspirantes para entrar a la fuerza, Passarelli destacó tres aspectos: la influencia familiar, la vocación de servicio y el acceso a un empleo estable y en blanco. “Muchos ingresantes vienen de trabajos informales y estratos populares. Pasar a formar parte del Estado es una garantía laboral atractiva”, puntualizó la socióloga a elDiarioAR. Otro factor de ingreso que señaló Passarelli es la posibilidad de entrar, luego de haber sido rechazado de otras fuerzas. “Muchos oficiales bonaerenses fueron rechazados inicialmente de la Federal, dado que tienen requisitos y exigencias diferentes”, evaluó la investigadora. Sin embargo, la especialista enfatiza en que actualmente los jóvenes policías priorizan tener un empleo que “les permita también disfrutar su vida privada, sin pensar tanto en la vocación de servicio”. 

Asimismo, el antropólogo y miembro del Grupo de Estudios en Policía y Fuerzas de Seguridad de la Universidad de Quilmes, Tomás Bover, puntualiza que en contextos de crisis económica como los actuales, crecen las inscripciones para entrar a las diferentes fuerzas de seguridad. “Más allá de que muchos puedan identificarse con la cuestión ideológica del monopolio de la violencia, el mercado laboral está más limitado. La promesa de un trabajo estable seduce por sobre otras motivaciones”, aseguró Bover a elDiarioAR. 

Sin embargo, el investigador señaló que actualmente los municipios tienen “enormes problemas” para reclutar nuevos agentes. “Hoy la Bonaerense tiene 90 mil integrantes cuando hace unos años tenía 30 mil policías menos”, apuntó el especialista. “Se agotó la fuente de reclutamiento”, agregó Bover. “Las nuevas formas de trabajo, como las aplicaciones o el cuentapropismo pusieron en tensión la capacidad de captación de aspirantes nuevos por parte del Estado”, sostuvo el antropólogo.

La comisaría de Laprida

El 5 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Daiana. Su familia hizo una marcha en las inmediaciones de la comisaría. Pegaron carteles y cortaron calles. Al igual que durante la marcha del primer aniversario, fueron reprimidos. “Le pegaron a mi hermana más chica”, aseguró Nahiara. 

Los hechos de violencia por parte de la dependencia no son nuevos. Como contó la UDI de elDiarioAR, previo a lo sucedido con Daiana, hubo denuncias por vejaciones y golpizas dentro de la comisaría. Además, en 2003, la dirección de Asuntos Internos de la provincia tenía previsto llegar a la ciudad a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible del destacamento. El 21 de julio, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. 

En agosto de ese año, el peritaje de esa investigación determinó que el fuego se originó de forma “intencional”. En la noticia, figura que el excomisario de la estación separado por el caso Daiana estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Nahiara aclaró que ella no tendría problema en trabajar con los policías que estuvieron involucrados en la muerte de su hermana. “Creo que es a ellos a quienes les molestaría”, afirmó. “La Justicia dijo que mi hermana se suicidó. Pero también que no la cuidaron”, agregó. El año próximo volverá a intentar entrar a la Policía Bonaerense. “Para que no le vuelva a pasar a nadie lo que le sucedió a mi hermana”.

FLD/ED

Un patrullero de la Policía Bonaerense estacionó en la puerta de su casa a las cuatro de la mañana. Aquel lunes 5 de febrero de 2024, Ana Córdoba, de 34 años, se vistió como pudo y subió al vehículo. La habían llamado desde la comisaría N°8 del barrio bonaerense de Las Catonas, en Moreno, para que se acercara lo más rápido posible. Su hijo Marcos Portela, de 18 años, estaba detenido en esa dependencia desde hacía dos días por el supuesto robo de un celular. Pero a Ana nadie le explicaba qué pasaba con su hijo. Ni por teléfono ni en el auto policial rumbo a la comisaría. Lo único que la distraía a Ana esa madrugada calurosa de febrero era ver a través del vidrio las formas extrañas del follaje de los árboles a toda velocidad. 

El ahorcamiento es la principal causa de muerte en las comisarías bonaerenses, como informó este domingo la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en su primera entrega del especial Custodia Letal. Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM).

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada o muere de “causas desconocidas” en una comisaría bonaerense.

Un adolescente de José C. Paz

“Hijo, hijito, lo que te hicieron lo van a pagar, Marcos, te amo hijo, me lo mataron”, mensaje de Ana Córdoba en su estado de WhatsApp, sábado 11 de mayo.

A Marcos le encantaban las bicicletas y las motos. Se trasladaba en ellas a su trabajo en una vidriería, al club, a lo de su novia. “Las arreglaba con los ojos cerrados. Siempre se las arregló para aprender solo”, dijo Ana Córdoba, un sábado de junio, a elDiarioAR. Está sentada en el comedor de su casa, un pequeño departamento en un segundo piso de la localidad de José C. Paz. Marcos y Mara ─la segunda hija, de 15 años─, crecieron en esta localidad, pero se mudaron varias veces dentro del mismo barrio. Ana lo cuenta con resignación, cubriéndose la cara con las manos.

El 12 de abril de 2023, recordó, empezó su calvario de mudanzas “forzadas”. “Nos quedamos en la calle ese día. Unos vecinos nos vivían hostigando y me había cansado de denunciarlos en la policía”, afirmó la madre. Esos vecinos se dedicaban a la venta de droga y no toleraban que ella los denunciara, dijo. La saña de los de “al lado”, sin embargo, empezó a centrarse en Marcos. “Les molestaba todo. Que si Marcos ponía música, que si se juntaba con los amigos, que si arrancaba la moto. Todo”, explicó Ana. 

Fue una tarde de 2023 cuando Ana se asustó más que otras veces. Marcos había salido de su casa con su bicicleta, pero no llegó a subirse. Un vecino se le acercó y lo amenazó de muerte con una cuchilla. “Ahí dije nos vamos de acá”, contó la madre. Primero consiguieron un alquiler por Facebook, pero los estafaron y nunca pudieron entrar. Después fueron a la casa de los padres de un novio de Ana, pero la convivencia fue imposible. Luego se dividieron. Marcos se fue con su padre, quien estaba internado en un centro de rehabilitación por problemas de consumo. “Lo dejaron quedarse ahí unas semanas por intermedio de su papá”, sostuvo Ana. Pero no era un sitio adecuado para un adolescente. Marcos, por último, se acomodó en lo de su novia.

La falta de vivienda, sin embargo, no fue lo único que su hijo tuvo que atravesar. En 2023, él y sus amigos tuvieron una pelea con otros jóvenes arriba de un tren. La riña terminó con una acusación contra Marcos por un supuesto robo que no se comprobó. El joven tenía entonces 17 años. Una jueza de menores lo obligó a ver una vez por semana a una psicóloga en “El Vallecito”, un Centro de Referencia para adolescentes en la localidad de San Martín. “Amaba ir a terapia. Le hacía muy bien”, dijo Ana. “Por eso cuando los policías me dijeron lo que le pasó en la comisaría no les creí nada”, afirmó. 

No recuerda mucho aquella madrugada del 5 de febrero, cuando llegó a la comisaría de Las Catonas, en Moreno. Sólo que la recibió Román Porta, asistente de la Unidad Fiscal N°3 de esa localidad, quien le dio la noticia de que su hijo se “había quitado la vida”. Ana también recuerda que buscaba a los gritos a su hijo en la dependencia. Gritaba su nombre, le pedía que viniera. Que apareciera para irse juntos a su casa en José C. Paz. Pero nada de eso ocurrió. “No les creí nada”, dijo Ana. “Mi hijo podría ser medio rebelde, pero sería incapaz de hacer algo así. Nunca se quitaría la vida”, reiteró la madre. La última vez que había visto a Marcos fue el viernes cuando el joven salió a bailar con sus amigos a Ikki Club, un popular boliche de Moreno.

Detención irregular

El sábado 3 de febrero de 2024, por la mañana, luego de que Marcos y sus amigos salieran del boliche en Moreno, se acercaron hasta un puesto de comida. En ese instante ─relató su madre─, un patrullero llegó hasta el puesto y detuvo a Marcos y a un amigo suyo de 15 años. Los acusaban de haber robado un celular. Ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia del barrio de Las Catonas. Su amigo, por ser menor de edad, fue liberado a las pocas horas. Marcos, en cambio, fue apresado en una celda.

La dependencia bonaerense estaba inhabilitada para alojar detenidos, según un informe cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El protocolo indica que tendría que haber estado detenido un máximo de seis horas en esa comisaría”, explicó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno, en diálogo con elDiarioAR. Marcos estuvo dos días detenido antes de aparecer colgado del tragaluz del techo de su celda. Pero esa no sería la única supuesta irregularidad que cometería el personal policial de Las Catonas durante el fin de semana.

Ana afirmó que el mismo sábado, tras enterarse de la detención de su hijo y llegar al destacamento, un policía “vestido de civil” le pidió dinero para liberarlo antes de que lo “empapelen”. Es decir, antes de blanquear su ingreso en la comisaría a través de la fiscalía de turno. “Me pidió $150.000 para largarlo”, precisó la madre. “Pero llegué a juntar solo $115.000”, aseguró. En un cuarto privado de la comisaría, Ana le entregó el dinero, pero el supuesto policía no liberó a Marcos. “Me dijo que yo no le di nada y que me iba a hacer una denuncia por extorsión”, relató Ana. Genesis Charras, tía de Marcos, presenció ese momento entre Ana y el presunto policía de civil. “Jugaron con la desesperación de una madre. ¿Quién no hubiese hecho lo mismo que Ana?”, se preguntó Charras.

elDiarioAR intentó consultar a Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno, por las denuncias contra la comisaría N°8, pero no obtuvo respuesta. También consultó sobre este mismo punto al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de esta investigación aún no había respuesta del organismo. Una fuente del mismo ministerio rechazó enfáticamente que la estadística de un fallecimiento al mes por ahorcamiento o causa desconocida en comisarías bonaerenses fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Denuncias de tormentos

Florencia Brandan, de 38 años, fue detenida el domingo 5 de febrero y alojada en la misma comisaría que Marcos. Su detención también fue irregular. La dependencia es sólo para varones. “La tendrían que haber alojado en otra comisaría. Es una falta grave”, retomó Jésica Brigandi, abogada de la secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la municipalidad de Moreno. Aquel domingo, el joven de 18 años le hizo llegar un cigarrillo a Florencia, por intermedio de una oficial de turno.

Florencia logró verlo tras salir por un momento de su calabozo, mientras no había vigilancia policial. “Me dijo que lo mojaban durante las mañanas y que lo rociaban con un matafuego”, señaló la exdetenida a elDiarioAR. También plateó dudas sobre el supuesto suicidio: “Para mí no llegaba a colgarse del techo. Era muy alto para hacer un nudo que lo aguante”, comentó. Florencia, además, sostuvo que sufrió vejaciones contra su persona en la dependencia. “Me molieron a golpes adentro. En Catonas siempre pasa lo mismo. Te meten a los buzones y te dan con todo”, dijo a este medio. Aseguró que no hizo la denuncia por miedo. Florencia fue liberada a las 6 de la tarde del domingo. Fue la última persona que vio a Marcos con vida.

El oficial Diego Balmaceda lo encontró colgado en la primera hora del lunes 5 de febrero. En su declaración, el oficial admitió que debía haber ingresado a las 19 horas del día domingo, pero se atrasó “por motivos familiares”. En cambio, llegó a las 00:20 del lunes. Ni bien empezó su servicio, le tocó hacer tareas de imaginaria. Es decir, la vigilancia regular de los apresados. En ese momento, expuso el efectivo, encontró a Marcos. 

La causa judicial

La causa por la muerte de Marcos estuvo investigada inicialmente por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Fiscal N°3 de Moreno. No es el primer supuesto suicidio en una comisaría que investiga la fiscal. Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días más tarde, apareció colgado en una celda de la dependencia N°4 de la misma localidad. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La causa también había quedado a cargo de Pontecorbo.

Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno le afirmó a elDiarioAR que la investigación del caso Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Distintos abogados de derechos humanos y peritos forenses explicaron que la falta de investigación para estos casos es “habitual”. elDiarioAR intentó en varias ocasiones hablar con Pontecorvo, pero no obtuvo respuesta.

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de Ana en el caso de su hijo, confirma que en el caso de Marcos los protocolos “se respetaron correctamente”. “Se aplicó la Resolución 1.390 y se apartó a la Policía Bonaerense para la recolección de pruebas. Tampoco vemos irregularidades en la autopsia, donde se hizo en base al Protocolo de Minnesota”, señaló la abogada. Sin embargo, esto no excluye a la Bonaerense de haber cometido presuntos delitos. “Creemos que hubo una falta grave en su cuidado por parte del personal policial”, agregó Verdú. Cuando lo encontraron ahorcado, Marcos era el único detenido en una comisaría que no tenía permitido alojar detenidos. Su caso coincide en algunos puntos con otros, como el de Daiana Abregú y Mauricio Castillo, cuyas historias también abordó la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. 

Actualmente, el caso del joven de José C. Paz es investigado por la fiscalía N°7 de Moreno, a cargo de Jonatan Lay. Este medio intentó hablar con el fiscal sobre la hipótesis de su investigación, pero en la fiscalía se negaron a hacer declaraciones. Fuentes de ese departamento judicial, sin embargo, señalaron que la versión policial del suicidio es la que se “está siguiendo” en la causa.

Paula Farini, psicóloga de Marcos, ve “muy extraño” el supuesto suicidio. “Era un pibe lleno de vida. Con proyectos. Había pasado por situaciones estresantes, como cualquier adolescente, pero en ningún momento lo noté deprimido”, señaló la psicóloga. “Era un poco rebelde, pero nunca mostró indicios de que quería autolesionarse ni estaba medicado. Creo que algo más pasó en esa comisaría”, concluyó la especialista.

“Mi hijo salió a bailar y me lo entregaron en una bolsa”, afirmó Ana. Alrededor de la comisaría de Las Catonas, todavía hay pintadas de un nombre que no deja de doler: “Marcos Portela”.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo fue actualizado el 24 de julio de 2024 a las 12:07.

ED/DTC

Una soga improvisada de tela alrededor de su cuello lo mantenía suspendido. Atado a una pequeña hendija en el techo de su celda, el torso desnudo de Marcos Portela, de 18 años, apenas se balanceaba. Un cuerpo inmóvil, en soledad, a metros del suelo. Así lo encontró el policía bonaerense Daniel Balmaceda de la comisaría N°8 de Moreno en la madrugada del lunes 5 de febrero. Así también lo vieron las tías de Marcos horas más tarde, tras llegar a la dependencia policial junto a la madre del joven, Ana Córdoba. La última vez que Ana había visto a su hijo fue el viernes a la noche, cuando Marcos salió a bailar a un boliche de Moreno con sus amigos. Dos días después, en la madrugada del lunes, el fiscal de turno que llegó al destacamento les permitió ver el cuerpo todavía en el aire.

─Su hijo se ahorcó, señora ─, le dijo el funcionario judicial.

─A mi hijo lo mataron ─, respondió Ana.

Lo dijo aquella madrugada por primera vez en la comisaría de Las Catonas, pero Ana repetirá esa frase muchas veces. En marchas, en pintadas alrededor de las calles de la estación policial, en su humilde casa de la localidad de José C. Paz, la madre de Marcos defenderá hasta las últimas consecuencias que su hijo jamás se hubiese quitado la vida.

La hipótesis policial del supuesto suicidio de Marcos presenta supuestas irregularidades. Florencia Brandan, una mujer que estuvo detenida en una celda contigua a la de Marcos ─liberada antes de la muerte del joven─ denuncia que le vio marcas de golpes en el cuerpo. “Me dijo que lo habían rociado con un matafuegos”, señaló Florencia a elDiarioAR. Además, la joven, quien tampoco debió ser apresada en ese destacamento porque sólo es para masculinos, pone en duda la versión del suicidio. “No sé cómo hizo para llegar hasta el techo y hacer un nudo. Era complicado”, dice Florencia, quien también relató ante este medio agresiones contra ella dentro de la dependencia. La comisaría no estaba habilitada para alojar detenidos.

Desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. Muchas de esas estaciones policiales, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM) ─elaborada mayormente con información provista por órganos judiciales de la Procuración, el Ministerio Público Fiscal de la provincia y la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad ─, no estaban habilitadas para alojar detenidos.

Sólo entre 2022 y 2023, señala la CPM, hubo 20 ahorcamientos de detenidos que fueron informados como suicidios por los mismos efectivos bonaerenses de esas dependencias, además de otros 8 supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas por las autoridades judiciales y policiales. Asimismo, de esas 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, comisarías que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril de 2024, según el último registro de la CPM, había 659 personas detenidas en 99 estaciones policiales clausuradas. 

El suicidio por ahorcamiento es la principal causa de muerte en las dependencias policiales, seguido por las descompensaciones médicas de los detenidos. Sin embargo, las investigaciones judiciales en torno a esos fallecimientos bajo custodia estatal demuestran ─en muchos casos─, irregularidades que ponen en duda la hipótesis policial del suicidio. “Muchos fiscales ni siquiera se toman la molestia de respetar procedimientos básicos”, señala una fuente judicial del distrito Moreno-General Rodríguez, departamento con dos detenidos supuestamente ahorcados en 2022 y 2024.

Nicolás Gómez había sido apresado por una denuncia de violencia de género el 20 de junio de 2022. Cuatro días después apareció colgado en una celda de la comisaría N°4 de Moreno. Su familia, desde un primer momento, negó que Nicolás se quitara la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisa Pontecorbo. Silvia Cansino, secretaria de Derechos Humanos de Moreno, le afirmó a este medio que la investigación en el caso de Gómez “no respetó los protocolos básicos” para muertes en contexto de encierro. Pontecorbo dirigió en un primer momento la investigación por la muerte de Marcos Portela. elDiarioAR intentó en reiteradas ocasiones hablar con la fiscal, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con Ismael Castro, actual secretario de Seguridad de Moreno.

El caso de Marcos, aseguró una fuente judicial de esa localidad con conocimiento del expediente, se está investigando “como un suicidio”, apartando de toda responsabilidad a la Policía Bonaerense.

A nivel provincial, este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no hubo ninguna respuesta. A su vez, elDiarioAR consultó con una fuente del mismo ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Las muertes bajo custodia estatal que la Justicia bonaerense investiga, afirman distintos peritos forenses y abogados de derechos humanos consultados para este reportaje, no respetan muchas veces los protocolos o procedimientos previstos para esos casos. Ese escenario ─explican los distintos especialistas─, favorece siempre a la versión policial y deja a los familiares de las víctimas a la deriva, cerrando el caso como un suicidio y sin aplicar ninguna responsabilidad por falta de cuidado en los oficiales de turno.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En 2022, hubo 1.610 procesos penales iniciados contra efectivos de esa fuerza. De ese total, 606 casos ocurrieron en comisarías. 

Asimismo, el informe arroja la cantidad de muertes en contexto de encierro. Ese año hubo 200 fallecimientos en cárceles y comisarías. Doce detenidos de ese total, informó el MPF, murieron en comisarías bonaerenses, mientras que otros nueve lo hicieron en hospitales, tras derivarlos desde diferentes comisarías. Según la CPM, en 2022 hubo 13 ahorcamientos dentro de las estaciones policiales ─la cifra más alta en los últimos diez años─, además de otras 8 muertes por descompensaciones médicas o causas desconocidas. El número total de casos, tanto del organismo público como el de derechos humanos, coinciden en 21 muertes. 

Los casos de ahorcamientos en comisarías bonaerenses relevados por este medio coinciden en su escena inicial: los arrestos de los fallecidos fueron irregulares, las dependencias no estaban habilitadas para alojar personas y no había otros detenidos al momento de su muerte. Es decir, los únicos testigos eran los policías de turno que debían velar por la seguridad de un solo apresado. Otra característica que comparten los fallecidos es el poco tiempo que permanecieron encerrados: apenas algunas horas en dos casos y dos días en un tercero. Ninguno de los tres, además, tenía antecedentes como paciente psiquiátrico o intentos de suicidio. En dos casos, los detenidos usaron sus propias prendas para ─según la versión policial─, quitarse la vida: un buzo y una campera. El tercero, señaló el personal policial que lo encontró, usó un trozo recto de tela de una toalla. 

En las tres muertes, la versión policial del suicidio fue la línea de investigación que siguieron los fiscales.

Daiana Abregú

Era una mañana fría aquel domingo 5 de junio de 2022 cuando Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles de Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Había salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Criaba a su hijo de tres años, jugaba al fútbol y planeaba irse a vivir a la ciudad de La Plata. A las 7 de la mañana, fue detenida por policías bonaerenses. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en la Comisaría Comunal de Laprida, dependencia que tenía una denuncia por clausura y no tenía permitido alojar personas. Unas horas más tarde, siendo la única detenida del destacamento, la joven fue encontrada muerta por tres oficiales bonaerenses de turno.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas más tarde. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron reanimarla. No les dejaron ver el cuerpo.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnó esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de la tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, tras insistencia de la CPM, ordenó una segunda autopsia del cuerpo. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, puntualizaron los peritos en su informe, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio. Pero la Bonaerense intervino a través de abogados y el caso volvió a dar un giro, como puede leerse en esta nota.

Las muertes bajo custodia estatal desencadenaron 200 investigaciones penales, de las cuales, el MPF desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señala Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explica Infante.

Durante el primer semestre de 2023, el último informe del organismo público arrojó que hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro lo hicieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en ese primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Mauricio Castillo

El lunes 17 de abril de 2023, a las dos de la mañana, una ambulancia trasladaba el cuerpo desnudo de Mauricio Castillo, de 42 años, a la morgue judicial de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El cuerpo viajaba en custodia de un policía, integrante de la División Morgue Policial de La Matanza que, a su vez, es escoltado por un patrullero bonaerense.

Castillo, según la policía, se ahorcó el día anterior en una celda de la comisaría N°2 de Lomas del Mirador con su propio buzo. La dependencia no estaba habilitada para alojar detenidos. El oficial que lo encontró declaró en la causa que estaba “semicolgado” y “sin pulso”. En su relato, el policía “intenta reanimarlo” con el cuerpo todavía colgado. Dos detenidos habían sido liberados unas horas antes. Castillo estaba solo en la dependencia.

Pero, en la madrugada fresca del conurbano bonaerense, las versiones no importan. La única preocupación del oficial de la División Morgue Policial era entregar el cuerpo a la morgue. Para eso lo llamaron. Buscar y dejar un cuerpo “semicolgado”.

Algo, sin embargo, ocurrió. La cuneta en medio de la calzada mal iluminada, la ambulancia que no frenó a tiempo, un bache que hizo supuestamente golpear la nuca de Castillo contra los fierros fríos de la camilla. El hecho, en el acta policial, será relatado de esa forma por el oficial. Incluso la herida provocada por el supuesto golpe: “Un pequeño fluido rojo en la cabeza”, dijo en su declaración. Todo, además, será tomado hasta ahora tal cual lo contó el oficial: cuneta-golpe en la cabeza-sangre.

El oficial, en su declaración, tiene una testigo. Alguien que no presenció el hecho, pero sí lo escuchó de parte suya. Pero la testigo de “oído” del golpe en la cabeza del fallecido Castillo es una policía bonaerense en actividad, según confirmó a este medio con los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consultados. También lo ratificaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

La primera autopsia se hizo en la morgue de Lomas de Zamora, un día después de la muerte de Castillo. Los resultados de la misma, señala el abogado de la familia, Gabriel González Craham, fueron “muy escuetos” y no describieron con exactitud algunos exámenes realizados.

“El informe exigía inferir muchas cosas y no llega a ninguna conclusión”, explicó el abogado. Además, destacó, “no se tomaron muestras de la herida en la cabeza”, dando por hecho que ocurrió luego de la muerte de Castillo. Con este escenario, el abogado solicitó una nueva autopsia con un perito de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. La misma se hizo el 9 de junio de 2023 en la Asesoría Pericial de La Plata, donde sí se puso el foco en analizar el golpe en la cabeza, a fin de comprobar si la herida fue causada antes o después de la muerte de Castillo.

Esos resultados se confirmaron el mes pasado. El peritaje señaló que la herida, efectivamente, ocurrió en la ambulancia. “Tenemos duda de que esté bien realizado y queremos poner un perito de parte para que analice los resultados”, señala Craham. Rodrigo Pomares, abogado de la CPM, explica que, aunque las pericias forenses apunten a un suicidio, las irregularidades en torno al caso son muchas. “No se descarta una hipótesis sólo por confirmar otra. El caso debe investigarse de forma integral. Y allí vemos muchos errores”, puntualiza Pomares.

Entre las medidas que impulsó en su momento la fiscal del caso, Karina Licalzi, se encontraba el pedido del celular de la víctima a fin de construir un “perfil psicológico” de Castillo. “Siempre quieren buscar que la víctima es un suicida en potencia”, retoma el letrado Craham.

Castillo había salido de su casa en Lomas del Mirador a comprar facturas para su familia por la mañana y fue detenido por la policía en un confuso episodio, en el que se lo acusó de un supuesto robo que nunca se comprobó. Por la tarde ese día, sin embargo, ya estaba muerto.

Tensiones en las investigaciones judiciales

“Cuando hay intervención tanto de la Subsecretaría de Derechos Humanos como la de organismos que trabajan la temática, hay una posibilidad mucho más certera de que la causa tome impulso”, explicó Ignacio Álvarez, director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. “Hay un déficit institucional muy evidente con respecto a las investigaciones por muertes en contexto de encierro”, destacó Álvarez, quien participó desde la Subsecretaría en los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo.

Entre las falencias judiciales en las investigaciones por ahorcamientos, el funcionario destaca la “poca profundidad” con que se abordan. “Hay casos que se investigan parcialmente, dejando un escenario propenso para la versión policial”, detalló el director. Álvarez prefiere no particularizar los casos, pero señala que hay patrones “muy claros” que conducen, muchas veces, a la impunidad de los policías imputados.

Las autopsias para esas muertes, puntualiza el funcionario, suelen ser “muy deficitarias”. “Faltan profesionales capacitados en el Ministerio Público Fiscal (MPF) para llevar adelante esos exámenes forenses con mayor rigurosidad y que tienen como consecuencia resultados periciales endebles”. El poco uso de la tecnología y la falta de recursos, afirmó el funcionario, también impactan en las investigaciones. “La rápida descomposición de los cuerpos hace también que todo se dificulte a la hora de pedir otras reautopsias o exámenes”, dijo Álvarez. Para el funcionario, el MPF, muchas veces, tiene una inclinación “a no investigar cómo se debe”.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos trabajan en conjunto con el departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad cada vez que investigan una muerte bajo custodia estatal. “Es una articulación positiva, que colabora a la hora de particularizar a los agentes, pero la tensión la tenemos con el Poder Judicial”, aseguró. “También buscamos una reparación para los familiares, que son las otras víctimas de la desidia judicial”.

Las familias

Laura Abregú, mamá de Daiana, no entendía por qué muchas personas le dejaron de hablar en Laprida cuando encontraron muerta a su hija. Hasta que se dio cuenta de que Laprida, tras ese hecho, quedó dividida. “Los que defienden a los policías por un lado y los que creemos que mataron a Daiana, por el otro”, afirmó Laura, desde su casa. “Dos años estuve en vilo esperando cada resultado de las autopsias. Que se mató, que la mataron. Que un fiscal pedía una cosa, un perito la otra. Yo sé que ella no se quitaría la vida”, dijo Laura. “Y nadie me va a convencer de lo contrario. Todos los 5 de junio vamos a salir a marchar por mi hija”, aseguró. En la última convocatoria, la policía de Laprida reprimió a la madre y a su familia.

Ricardo Tasori también perdió a su hijo en circunstancias similares. Nahuel Tasori, de 29 años, fue detenido el 27 de junio de 2023 en la comisaría 4ta de Tandil. Allí, aseguró su padre, lo “torturaron y golpearon hasta matarlo”. La policía, sin embargo, informó que murió en un hospital de esa localidad por una “sobredosis”. El fiscal del caso de su hijo es el mismo que el de Daiana Abregú: Ignacio Calonje. “Presentamos muchas pruebas de la paliza letal que recibió mi hijo y las ignora todas. Me dejó plantado varias veces y pedí hablar con él”, aseguró Ricardo. 

Noelia Donda, pareja de Mauricio Castillo, no puede dejar de pensar en aquella mañana de 2022 en que el padre de su hija salió a comprar facturas y, horas más tarde, apareció ahorcado en la comisaría N°2 de Lomas del Mirador. “Mi hija va a crecer sin su papá”, dice Donda. “Mauri nunca hubiera hecho algo así. No nos hubiera dejado en banda”, relata.

Ana Córdoba todavía espera que Marcos, su hijo de 18 años, entre por la puerta en su pequeña casa de José C. Paz y le haga algún chiste, como solía hacer cada vez que pasaba a visitarla. “Marquitos era un pibe lleno de vida. Era mi compañero. Salió a bailar y me lo devolvieron en una bolsa. Me llamaron de todos los ministerios para darme apoyo, pero nadie me escucha, a él lo asesinaron”, contó Ana.

Mientras se realizaba esta investigación, otras muertes por ahorcamiento ocurrieron en la provincia. El 8 de febrero de 2024, tres días después del caso de Marcos Portela en Moreno, Donato Antonio de Gregorio, de 55 años, fue hallado colgado en la comisaría N°1 de Merlo. El 23 de marzo, Jorge Guana, un albañil de 41 años, fue detenido y alojado por un supuesto robo en una comisaría de Bernal Oeste. A las pocas horas, lo encontraron ahorcado en su celda. Su familia niega esa versión. El 22 de junio, según informaron medios locales, un joven de 36 años apareció con un lazo anudado a su cuello en la celda de una dependencia de la localidad de 9 de Julio.

Son muchos. Al menos 88 ─desde 2012─ en la provincia de Buenos Aires. Podrían ser más. Los encuentran tarde. Cuerpos colgados, agazapados en la soledad de su celda, entre las sombras de un último suspiro.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:15.

ED

El domingo 5 de junio de 2022 fue una mañana helada en Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles, tras haber salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Vestía una campera de jean, remera blanca y unas zapatillas negras. A Daiana no le molestaba andar sin compañía por las calles vacías. Hacía muchas otras cosas sola. Iba a bailar, criaba a su hijo de tres años y planeaba irse a vivir con él a la ciudad de La Plata. Volver a empezar. También jugaba al fútbol: en el Club Atlético Lilán de Laprida era conocida por ser una jugadora “aguerrida”. Su actitud y tozudez, además, le eran reconocidos por familiares y amigos. De hecho, esa palabra ─actitud─ la llevaba tatuada en su cuello. A las 7 de la mañana, un móvil de la Policía Bonaerense frenó a su lado. Daiana no lo sabría, pero ese instante cambiaría su vida y haría que Laprida, la ciudad donde nació y se crió, se dividiera en dos.

Esa mañana, Daiana fue detenida por policías de la comisaría comunal de Laprida. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en soledad en una celda de la dependencia. El destacamento tenía una denuncia por clausura: eso significa que no podía tener personas apresadas por más de seis horas. Daiana apenas estuvo unas horas más. Esa noche fue la única detenida. La joven fue encontrada ahorcada por tres oficiales bonaerenses de turno durante el mediodía de aquel domingo.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas después de hallarla sin vida. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron salvarla. Tampoco les dejaron ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad de Azul, a 160 kilómetros de Laprida, para realizar la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnaron esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal, así como también la Resolución 1.390 de la Procuración provincial, en la que se exige el apartamiento de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El segundo fiscal del caso, Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, ordenó una segunda autopsia del cuerpo, tras insistencia de la CPM. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio, de acuerdo con el informe de los peritos.

El fiscal Calonje, luego de esos resultados, imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, ordenó que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo ─criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas, como psiquiatras, y no por perito forenses, acordes para estudiar los informes de la autopsia.

Los miembros de la UCAC rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación del supuesto suicidio en la celda de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad “inestable” y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, por lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

Además, en el peritaje de la campera de Daiana estuvo “mal medido”, afirmaron a elDiarioAR peritos de parte del organismo de derechos humanos CPM. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, aseguró el perito forense y antropólogo Fabián Quintero. Virginia Creimer, perito de parte de la CPM, reconstruyó la escena del hecho en la comisaría. “Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, señaló Creimer a este medio.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría, y que aquel domingo 5 de junio fue apresada por un delito menor como una supuesta contravención, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad: Daiana se suicidó. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata, que decía que la joven fue presuntamente asesinada, y otro, el de la Federal, que concluía que Daiana se había quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme alguna de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este último órgano judicial, sin embargo, no dio lugar a los resultados de la segunda autopsia y cerró el caso como otro de los 13 supuestos suicidios que hubo en comisarías de la provincia en 2022. Tras dos años del caso, cuatro de los cinco policías imputados volvieron a trabajar como policías. Sólo una efectiva irá a juicio por la falta de cuidado hacia la única detenida de la dependencia que debía custodiar durante su turno, aquella fría mañana de junio.

Una fuente policial que trabajó en Laprida describió a los oficiales de entonces como “violentos” y dijo que las guardias de inspección de calabozos se “adulteraban”, tal como confesó una de las efectivas imputadas ante el fiscal. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a elDiarioAR que fueron torturados por personal de esa comisaría utilizando la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Le sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú.

El ministro de Seguridad bonaerense por aquel entonces, Sergio Berni, se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en noviembre de 2022 en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. Allí Berni defendió la actuación de sus policías. “Lamentablemente fue un suicidio. La primera autopsia lo demuestra”, concluyó el exministro, sin aludir a que en el primer examen pericial del cuerpo participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, una acción vetada por el Protocolo de Minnesota y la Resolución 1.390 de la Procuración. El caso de Abregú fue tomado por Amnistía Internacional como un ejemplo de violencia institucional en el país. En la última marcha del 5 de junio por el segundo aniversario de la muerte de Daiana, la policía de Laprida reprimió a sus familiares.  

De las 200 investigaciones penales que se iniciaron por muertes bajo custodia estatal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explicó Infante.

Durante el primer semestre de 2023, hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses, según el último informe del MPF provincial. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro sucedieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en el primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Laura Abregú, mamá de Daiana, dice estar “cansada” de tantos idas y vueltas con el caso de su hija. Cada vez que pasa por la comisaría de Laprida, a pocas cuadras de su casa, cierra los ojos por un momento. “La veo a Dai abrazando a su hijo, que la extraña mucho”, dice Laura. “Y me veo a mí, abrazándolo a los dos”.

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:28.

ED

Maribel Rodríguez se puso en contacto con la persona indicada en la frontera, en la ciudad boliviana de Yacuiba. Le dieron el paquete y la promesa: 700 dólares. “Tenía que adosarlo a mi panza”, recordó. Decía que sí a todo, era la primera vez que hacía algo parecido. Nunca había estado en una situación así. 

Emprendió viaje desde Salvador Mazza, provincia de Salta, frontera seca con Yacuiba, con destino a Córdoba, acompañada de un kilo de cocaína y de su hijita. A cada paso la consumían un poco más los nervios y la culpa.

En Jujuy, un operativo protocolar de Gendarmería frenó el micro. La requisaron: 998 gramos de cocaína. Quedó detenida y la imputaron por transporte de cocaína, un delito penado con entre cuatro y 15 años de cárcel.

Pero paradójicamente fue absuelta. Mario Juárez Almaraz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la exculpó. El magistrado acogió los fundamentos de la defensa pública: el contexto en el que vivían ella y sus hijos no le había dejado otra opción que transportar la cocaína. Algo que en el derecho penal se conoce como “estado de necesidad justificante o exculpante”.

La imputada había sufrido una salvaje violencia de género durante seis años. No tenía el secundario completo, tampoco había accedido al mercado laboral formal. Sus ingresos eran mínimos, ni ella ni sus hijos gozaban de cobertura médica.

Pero el gran detonante para la absolución fue otro: la malformación congénita de su hija en la mano izquierda. Cuando Maribel la llevó al Hospital Materno Infantil de Salta, los médicos le advirtieron que cuanto más se postergara la cirugía, menos posibilidades tenía la niña de recuperar la mano.

“El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible”, concluyó el juez Juárez Almaraz en su fallo absolutorio.

Ante la disyuntiva, Maribel eligió el mal menor. ¿Transportar un kilo de cocaína o que tal vez su hija nunca pudiera recuperar la funcionalidad de la mano? El inciso tercero del artículo 34 del Código Penal de Argentina estipula que no habrá castigo para quien cometa un mal con el fin de evitar otro mayor. 

Maribel recuperó la libertad, mas no la calma. El fiscal federal subrogante Sebastián Gabriel Jure apeló la absolución. El 10 de diciembre de 2019 el caso recayó en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani dieron vuelta el veredicto. 

En esta segunda instancia y ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal falló por mayoría a favor de la postura del fiscal Jure, y los jueces decidieron mayoritariamente condenar a Maribel Rodríguez por el delito de transporte de cocaína. 

Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga.

Matías Gutiérrez Perea. — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

El Ministerio Público Fiscal esgrimió que, si bien la acusada había sido víctima de violencia de género, no recibía agresiones al momento de cometer el delito porque la relación con el padre de sus hijos había terminado meses atrás. Argumentó también que existen hospitales públicos donde podría haber tratado la malformación. Y que la nena no se encontraba en una situación de vida o muerte que justificara la urgencia de conseguir dinero a cualquier costo.

Ante la condena, llegó también la apelación de la defensa. Otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala II, anuló la condena y ordenó que un juez volviera a revisar el caso y le pusiera punto final. 

Así fue que el expediente llegó a las manos de Ángela Ester Ledesma, jueza de Casación, quien volvió a absolver de culpa y cargo a Maribel Rodríguez el 5 de marzo de 2021. La jueza desarmó los fundamentos del fiscal Jure. “Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas”, se lee en el fallo.

Según la jueza, el fiscal Jure había omitido que para atenderse en el hospital infantil de Salta, Maribel y su hija tenían un viaje de 14 horas ida y vuelta. Les era imposible sostener económicamente la operación que podría costar hasta 4.500 dólares más la estadía de la internación. Si bien Maribel no era golpeada por su ahora ex pareja al momento del delito, seguía sufriendo violencia económica y psicológica, argumentó Ledesma.

La causa contra Maribel pasó por las manos de cinco jueces. Tres concluyeron que no correspondía condenarla. 

Después de la última sentencia, Maribel recuperó las riendas de su vida. Ya alejada de los vaivenes de los tribunales, conoció a su actual pareja y fue mamá por tercera vez. Sigue viviendo en Salvador Mazza, a pasos de la frontera que le enseñó cómo funciona la saña injusta con el último eslabón del tráfico de cocaína, las mujeres más necesitadas son piezas tan importantes como descartables para el crimen organizado. 

Maribel no logró juntar el dinero para tratar a Zamira, que está en segundo grado y tiene una maestra especial que la ayuda a adaptarse y mejorar todo lo posible la funcionalidad de su mano izquierda. 

Un negocio redondo para los narcos

Bolivia y Argentina comparten 742 kilómetros de frontera. Buena parte del contrabando pasa por ahí, incluidos los pequeños cargamentos de entre uno y ocho kilos de cocaína en el cuerpo de las mujeres.

Cada semana son detenidas unas diez mujeres, que la prensa y la policía llaman “mulas” o “bagayeras” y que viajan desde los pasos de frontera de Salta y Jujuy, según el Ministerio Público de la Defensa.

El crimen organizado mueve la cocaína con mujeres porque es una opción económica y segura. Cada una recibe un pago de entre US$600 y US$1.000 por viaje, posiblemente mucho menos que lo que costaría garantizar la logística a través de una cadena de coimas a quienes tienen a cargo los controles, coinciden actores de la Justicia.

El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible.

Juez Juárez Almaraz.

Ser “mula”, recordó Maribel al teléfono, “era algo que pagaba bien”. Después de que Maribel le contara los habituales episodios de violencia a una “amiga”, después de que se mostrara dispuesta a todo para conseguir el dinero que le devolviera la funcionalidad de la mano a su hija, le llegó la propuesta para juntar mucho dinero en poco tiempo. 

Que la cocaína cruce fronteras en el cuerpo de las mujeres es un método seguro para el capitalista. Las organizaciones “buscan personas con necesidades a quienes les sea imposible decir que no. Y esa persona casi nunca conoce quién la contrató”, dijo Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta. “En una causa que tuve en Jujuy, había una persona que buscaba mujeres que tuvieran familiares enfermos”, explicó Villalba. 

A los tribunales fronterizos llegan “muchas mujeres de Bolivia, de comunidades aborígenes inclusive, algunas sólo hablan quechua, vienen de situaciones de vulnerabilidad de toda naturaleza. Las captan y las mandan para acá”, dijo Matías Gutiérrez Perea, coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

Jefas de familia, jóvenes, sin antecedentes, víctimas de violencia de género, sin estudios completos ni posibilidades de salida laboral. Casi todas las mujeres que resultan detenidas por contrabandear cocaína son representadas por un defensor público ante la Justicia. “Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga”, relató Gutiérrez Perea, quien, como defensor de oficio, representó a Maribel Rodríguez ante el Tribunal de Jujuy en el que la absolvieron en primera instancia. 

Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas.

Fallo judicial.

“Nadie transporta droga para comprarse un celular nuevo. Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal”, sintetizó Gutiérrez Perea.

Estas mujeres aceptan cometer el delito confiadas en que no van a ser detenidas: es un fenómeno que existe hace décadas, según el coordinador de defensores públicos.

Las condiciones de vulnerabilidad llevan a límites mortales a estas mujeres. Algunas aceptan transportar la cocaína dentro de sus cuerpos, dosificada en cápsulas. Un envoltorio roto puede ser fatal.

Por suerte, entre 2023 y el primer trimestre de 2024 no se registraron casos en Salta y Jujuy. La metodología desapareció del radar de la Justicia después de que en 2022 ocurriera la muerte de Rosana López. Una de las 74 cápsulas que llevaba en el estómago explotó mientras viajaba en un micro a la provincia de Chaco acompañada por Jessica Nahir Figueroa, encargada de vigilar y coordinar la operación. Cuando bajaron del micro las esperaba otro miembro de la banda propietaria de la cocaína. Juntos intentaron sin éxito que expulsara las cápsulas del cuerpo y durante casi dos días la privaron de recibir atención médica. Cuando advirtieron que no tenían forma de salvar las cápsulas, arrojaron su cadáver a un costado de la ruta 26.

El 10 de mayo pasado Figueroa fue condenada a 10 años de cárcel por el transporte de la droga en el estómago de la víctima. Pero tanto ella como su colaborador resultaron absueltos del homicidio en primera instancia. Esta sentencia será revisada en Casación.

Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal.

Matías Gutiérrez Perea — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

La complejidad de la frontera

“A esta altura, nadie en esta jurisdicción aplica todo el peso de la ley a una ‘mula’. Pero es algo que sí hemos hecho años atrás”, reconoció el fiscal Eduardo Villalba. 

“Hoy no existe un fallo de una mujer donde no se cite la perspectiva de género. Hace cinco años atrás no estaba en el mapa del Poder Judicial usar esta herramienta para analizar la situación de las mujeres”, afirmó Gutiérrez Perea.

Las mujeres que participan del tráfico de cocaína tienen un panorama distinto cuando se enfrentan a los tribunales. Las argentinas pueden optar por aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado, y ser sentenciadas sin pasar por la cárcel. La otra alternativa es ir a debate oral para conseguir la absolución, como ocurrió con Maribel. Pero la defensa debe probar el estado de necesidad justificante.

Para las imputadas extranjeras se abre un capítulo aparte, ya que, como están de paso por el país, no tienen recursos, domicilio ni familia en el lugar donde están siendo juzgadas. En un contexto de cárceles que no están preparadas para alojar mujeres, como sostiene Macarena Fernández Hofmann, coordinadora de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que se empezó a hacer es a flexibilizar el acuerdo entre las partes para que se desarrolle un juicio abreviado, generalmente con condenas por debajo de la mínima, y para que se proceda a decretar la expulsión anticipada de las mujeres extranjeras. El principal impedimento para esto es el artículo 64 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que ordena cumplir la mitad de la pena antes de la expulsión, escollo que las defensas atacan cuando hay chicos a cargo, con el argumento de la superioridad normativa de la Convención de los Derechos del Niño y de la necesidad de reunir a las madres con sus hijos. 

Si bien las salidas para las imputadas extranjeras por transportar droga no están exenta de detractores y de críticas, existen transformaciones relevantes en el tratamiento de esas causas y de las de las argentinas. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy, más la capacitación de los actores judiciales a través de la Ley Micaela, dos políticas que se aplicaron desde 2019, comenzó a notarse en los fallos referidos a esta temática un claro cambio de tendencias.

El trato mano a mano con las personas propulsó la modificación. “Nos cambió la óptica, ahora tenemos una Justicia con rostro. Estamos cara a cara con la imputada y el juez. Así uno se da cuenta de aquellos casos dramáticos de extrema vulnerabilidad. Yo fui fiscal 20 años con el otro sistema, y lo único que veías era el expediente. Te cambia diametralmente conocer a la persona, la audiencia le da otra sensibilidad al caso”, completó Villalba.

“Puede haber una pequeña resistencia todavía, pero ya no queda ningún juez o fiscal sin citar la perspectiva de género. Discutimos los alcances, pero hay un avance tremendo”, opinó el defensor Gutiérrez Perea.

En cuanto a Maribel Rodríguez, hay algo que, después de haber pasado por el criterio de cinco jueces y haber estado privada de la libertad en su casa durante ocho meses, hasta hoy la sorprende: “Ni los gendarmes que me detuvieron, ni el fiscal, ni nadie jamás me preguntó quién me dio la droga o si tenía algún jefe”.

*Iago Vieyra elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

Envuelta en sábanas blancas, la psicóloga Milena Pozo, de 46 años, se desperezaba en su cama. Tenía que entrenar, pero su cuerpo cansado no despertaba con el nuevo día. El barrio Pinares, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, todavía se mantenía en silencio.

Eran las 7 de la mañana del 9 de noviembre de 2017 cuando un ruido fuerte, contundente y demasiado cercano retumbó en la recámara. Abrió los ojos. Parecía una explosión. Se levantó, se puso la bata y salió de la habitación. Mientras bajaba por la escalera hacia el living comedor, vio policías con armas, cascos y filmadoras que se movían de un lado al otro. 

“Estamos acá por una denuncia de cannabis”, dijo uno de los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la dueña de casa contestó: “Acá tengo”.

Una valija con 10 goteros de aceite de cannabis estaba al costado de la puerta derribada. Aparte había otras botellas con medio litro de aceite en los antebaños. Pozo es corredora y el cannabis le alivia los dolores en las piernas. Su pareja es entrenador de corredores y maratonista, el cannabis baja su estrés. Sus dos hijas mayores de edad, que practican atletismo, lo usaban para relajarse y aliviar los dolores post entrenamiento.

Pero esa mañana nadie corrió. “Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo”, recordó la psicóloga. 

Ese mismo día habían allanado también sus dos consultorios de Río Tercero. Por la tarde, Pozo fue detenida. “Nunca me voy a olvidar la cara de la policía que dirigía el allanamiento cuando cortó el teléfono con el fiscal y dijo que debía llevarme. No estaba convencida, pero habían montado tremenda movida. Quedaba mal si no me detenían”, afirmó a casi siete años del allanamiento.

En 2016, Milena escuchó hablar del cannabis medicinal. En ese momento circulaban muchas noticias, leyó notas y escudriñó publicaciones sobre los beneficios del aceite que hacía Mario Juliano, el ahora difunto juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea. Lo utilizaba para frenar los dolores de deportista. “Le escribí por las redes y me dijo que la pomada y el aceite eran muy buenos. Así me enteré de las propiedades de la planta”, contó la psicóloga. A través de un paciente que le comentó que usaba aceite pudo conectarse con cannabicultores que le vendieron para probar. La primera vez no pasó nada, recién tres semanas después empezó a sentir alivio y relajación.

Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo.

Detenida

“¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien?”, escuchó por la noche a una de sus hijas gritándole desde la calle. Se quebró. Ya había recibido una carta de ella y la comida que le había preparado. 

Pozo pasó la noche en la celda de una comisaría por primera y última vez. El espacio de tres metros por cuatro estaba pintado de gris: no tenía luz y la ventana era muy alta. Los bancos eran de mampostería. Leyó el primer capítulo del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, de Darío Szeta, hasta que no pudo continuar por falta de iluminación y de los anteojos que no le dejaron ingresar. “Necesitaba pensar en los porqués. La filosofía abre esos caminos. Consideraba necesario hacerme preguntas”, dijo ahora Pozo.

Caminó en círculos en ese espacio diminuto. Hizo sentadillas. Y pensó en su futuro. “Si me detienen unos años voy a estudiar, a hacer talleres artísticos y a entrenar”, pensó. 

Estuvo sola en la celda hasta la madrugada, cuando ingresó una chica embarazada de 19 años. “Era la hija de una mechera (ladrona de tiendas) muy conocida, la engancharon en la calle mientras el novio vendía drogas, huyeron y la agarraron”, recordó. Pese a su corta edad, la joven era “muy experimentada” en detenciones. “Me decía: ‘Si te trasladan tratá de ir al penal de Bouwer, no a Villa María’”. 

Al día siguiente, cuando volvía de declarar en la fiscalía de lucha contra el narcotráfico, en los Tribunales de Río Tercero, desde el patrullero vio a otra de sus hijas por la calle, quien también identificó a su madre. Fue pura casualidad. “La angustia fue terrible. Afortunadamente cuando ingresamos a la celda, ya sin las manos esposadas, pude recibir el abrazo de mi compañera de encierro que se conmovió y me acompañó mientras me calmaba”.

Pozo se derrumbó al imaginar una vida alejada de sus cinco hijos y nietos. Estaba tomada por el dolor de estar lejos.

Puente para el dolor

Pozo había empezado a ser “puente” porque tenía una paciente con diagnóstico de fibromialgia, que había usado el aceite con muy buen resultado. 

Desde entonces, acompañaba a personas a morir en tratamientos paliativos con cannabis terapéutico. “Por lo general son pacientes oncológicos que utilizan gotas de cannabis”, contó. 

Una paciente de Pozo que también tenía fibromialgia, una enfermedad que produce dolores en el cuerpo, fatiga y problemas de sueño, la denunció ante la Justicia luego de descompensarse al ingerir dos tomas de aceite de cannabis, de 3 gotas cada una, de un aceite con alto porcentaje (80%) de CBD, según declaró.

“La médica que la atendió en la guardia le dijo que se sentía mal por el aceite. Pero no hubo tiempo a que el producto actuara. La sustancia debe provocar una sensibilización, pero eso no pudo suceder con tres gotas un martes a la noche y otras tres al día siguiente”, opinó la psicóloga. “Hice muchos cursos sobre cannabis. Sabía qué cepa servía para cada dolencia y conseguía el aceite, no cultivaba ni vendía”, explicó.  

Pozo defiende la calidad de la sustancia. “El aceite lo elaboraba uno de los cannabicultores que proveía a las ‘Clínicas del Cannabis’ en Córdoba. Era de los más probados en la provincia”, aseguró.

Sin embargo, la Justicia de Córdoba la imputó por comercialización agravada de estupefacientes en noviembre de 2017. También por ejercicio ilegal de la medicina y lesiones leves. Además, imputaron al (ahora) ex novio de Pozo por comercialización de sustancias estupefacientes agravada y a dos personas más por comercialización agravada, que en términos prácticos implica de 6 a 20 años más de pena. Los acusaron por vender aceite, cremas y tinturas de cannabis.

La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar.

La imputación dejó marcas en su vida personal y profesional. “La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor”, relató Pozo.

Hubo algunos pacientes que no quisieron continuar la terapia. Tampoco pudo seguir trabajando como responsable del Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Quillinzo porque en el allanamiento le sacaron el auto y no tenía cómo llegar al lugar. Hizo varias peticiones por su auto, pero siempre le contestaron que más adelante se resolvería la cuestión. Nunca se lo devolvieron. A su vez, la colega con quien compartía consultorio se rehusó a atender en el mismo espacio que ella. Y en el otro consultorio le impidieron seguir trabajando.

En mayo de 2022, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero la condenó a tres años de prisión en suspenso por comercialización de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. Fue absuelta por lesiones leves. 

“La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar”, explicó el abogado de Pozo, Tomás Aramayo. Para él “no existe nexo causal” entre la afección de la denunciante y la ingesta de las gotas de aceite. “El efecto no fue probado por los peritos”, aclaró. 

La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor.

Uno de los expertos implicados en la causa, el médico Leandro Ángel Lamberti, sostuvo que “una intoxicación relevante a partir de la sustancia requeriría tomar seis o siete goteros”. Otro perito, el médico Federico Racca, que trabaja para Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sostuvo que “no se recogieron las características médicas y clínicas suficientes para aducir una causalidad específica respecto a los efectos adversos que la paciente aduce con el cannabis medicinal”.

Además, Aramayo asegura que “no había fin de lucro”, ya que sólo acercaba el aceite que conseguía de un cannabicultor. “La ley de estupefacientes sanciona el tráfico ilícito de drogas y, por ende, no es aplicable en este caso”, detalló.

La condena sorprendió a la mujer. Confiaba en que la Justicia provincial fallara a su favor como lo había hecho la Justicia Federal de Córdoba en dos causas famosas de cannabis. Al productor de cannabis medicinal Daniel Landgren lo absolvieron en septiembre de 2021, y al médico Carlos Laje, a cargo de la “Clínica del Cannabis”, lo sobreseyeron en marzo de 2024.

Ambos procesos penales habían comenzado, como el de Pozo, luego de la sanción de la ley de cannabis con fines terapéuticos. Las causas de Laje y Landgren fueron resueltas por la Justicia Federal por “la gran cantidad de estupefacientes” en juego. Pero, por la pequeña cantidad de producto en su poder, la psicóloga había quedado en manos del Poder Judicial local que sigue sin resolver su situación. Sí, los que tenían más cannabis habían salido indemnes.

“Son años de muchos altibajos emocionales. El no saber qué sucedería ni cuándo ni cómo seguiría mi vida era una espada de Damocles. La incertidumbre y la amenaza de un posible futuro de encierro no me permitían proyectar”, contó sobre el tiempo que duró el proceso judicial desde el allanamiento hasta la condena.

El fallo fue apelado con un recurso de casación, que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“Vivo con angustia la falta de resolución judicial. Al no resolverse (mi causa) no se qué va a pasar en mi vida personal, con mi matricula de psicóloga (al no haber condena firme no está suspendida) y si tendré que apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual implicaría miles de dólares para pagar abogados y no tengo ese dinero. La incertidumbre de no saber qué va a suceder afecta mi salud mental día tras día”, afirmó Pozo. 

Aunque dejó de ser el “puente” entre pacientes y productores de cannabis, sigue pagando un alto precio familiar. Todavía siente vergüenza frente a sus hijos, aunque nunca recibió reclamos. Con su pareja hubo un quiebre. “Los reproches se hicieron presentes, más aún, cuando él también fue imputado al año siguiente. Nos separamos”, relató.

Hace siete años que Pozo espera. Se quedó sin pareja, sin auto, sin trabajo. Los tiempos de la Justicia no son los de Pozo. Dice que si la absuelven le hará juicio al Estado por daños y perjuicios. Su regreso al Ministerio donde prestaba servicios también depende de su absolución. Pozo ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Ahora, como hace siete años, sigue esperando, pero en condiciones más desventajosas. Para ella la condena ya sucedió. Fue por seis gotas de aceite de cannabis. 

*Mara Resio elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

elDiarioAR lanza este domingo 21 de julio su Unidad de Investigación (UDI), otra apuesta de este medio contra la corriente de los medios, que se achican y desvían muchas veces el camino de los periodistas que apuestan a este género complejo y exigente en tiempos de austeridad, despidos y crisis multilateral.

Desde diciembre de 2020, cuando este medio vio la luz, la investigación periodística ha sido una constante en nuestros contenidos. Entre las investigaciones de mayor impacto, elDiarioAR ha publicado las revelaciones del equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) –que integra–, abarcando desde empresarios y políticos hasta deportistas y empresarios de medios. También ha publicado las historias sobre algunos de los principales anunciantes de los medios a nivel nacional, como Coto.

La investigación Pandora Papers, de la que participó elDiarioAR y que implicó un alto impacto en la agenda, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de Investigación del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) en 2022.

Además, se han realizado otras investigaciones colaborativas y transnacionales sobre el negocio de las vacunas contra el Covid-19 y el avance de la ultraderecha en la región, finalista del Premio Gabo en 2022.

El medio también mantiene una activa agenda socioambiental, que pone el foco en los abusos y desequilibrios de poder, los impactos en el ambiente, las violaciones a derechos humanos y expone las prácticas de las empresas más poderosas de la industria en el país. Hemos generado alianzas con Periodistas x el Planeta, Mongabay Latam, Climate Tracker y Amnistía Internacional.

Otro eje de la agenda investigativa se ha enfocado en el encubrimiento de los abusos en la Iglesia Católica argentina, premiada recientemente en los Premios Adepa, que entrega la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. elDiarioAR también reveló la trama de abusos sexuales en la Facultad de Odontología de La Plata, finalista de los Premios Fopea, que provocó el apartamiento de autoridades y profesores de la institución.

También hemos revelado cómo el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, montaron un negocio multimillonario en un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires que pone en riesgo la provisión de agua de 500.000 vecinos porteños.  

Recientemente, elDiarioAR también investigó junto a sus aliados cómo el padre del presidente Javier Milei consolidó su fortuna con subsidios del Estado y las inversiones truncas de la familia presidencial en Miami.

Este domingo nuestras lectoras y lectores podrán leer una investigación sobre uno de los espacios más oscuros de nuestra realidad: la muerte en situación de encierro. El ahorcamiento, explicado por supuestos suicidios, es la principal causa de muerte en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Los casos, que afectan especialmente a los jóvenes, están rodeados de sospechas y denuncias de homicidios encubiertos. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR apuntó allí una linterna para dar voz a las familias de los fallecidos y exponer la falta de respuesta de las autoridades. 

El proyecto de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR nació en la Conferencia de la Global International Journalism Network (GIJN, la red global de periodismo internacional, la principal institución de periodismo de investigación a nivel mundial), en septiembre de 2023, en Gotemburgo, Suecia. Allí, se cruzaron los caminos de elDiarioAR y CAPIR, un consorcio para apoyar el periodismo independiente en la región, que se alistaba para fomentar la conformación de unidades de investigación en medios del continente latinoamericano. CAPIR es, a su vez, un proyecto Institute for War & Peace Reporting (IWPR) de los Estados Unidos y será el financiador de esta unidad de investigación. 

Tras un proceso de postulación y selección de participantes, CAPIR seleccionó a elDiarioAR para financiar una unidad de investigación, solventando honorarios de periodistas, viajes con propósito de investigación, asesoramiento legal y tecnológico, además de capacitaciones para los periodistas de este medio y sus colaboradores. La organización aporta los fondos otorgando a su vez total independencia y autonomía para decidir el destino de los mismos y el contenido editorial de las investigaciones y cualquier otro contenido de elDiarioAR, una condición sine qua non de este medio para establecer alianzas, como refleja nuestra historia en estos tres años y medio de vida.

Nuestras lectoras y lectores conocen la capacidad y voluntad de elDiarioAR para investigar sin condicionamientos del poder político, empresario, mediático y de cualquier otro tipo. En la historia del medio ninguna investigación o publicación ha sido censurada porque no está en la naturaleza de elDiarioAR, un medio que nació con la misión de cubrir los vacíos de información de los grandes medios de comunicación o de aquellos cooptados por sectores políticos y empresarios. 

El medio también se diferencia por cumplir con protocolos de ética periodística rigurosos y por mantenerse por fuera de la denominada “grieta”, convocando siempre a voces diversas pero encolumnadas en los valores del medio: el respeto por los derechos humanos, la igualdad, la libertad y honestidad intelectual.

El equipo de elDiarioAR mantiene un compromiso a lo largo de su historia: que las noticias e ideas no sean acalladas, a pesar de los intereses que puedan afectar. Esa consigna es la base de su unidad de investigación, que apuesta a ser el semillero de revelaciones que puedan sacar a la luz lo que el poder quiere mantener oculto, garantizando así el cumplimiento del rol del periodismo en democracia.

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