Primero fue un poema. La escritora y pensadora Morena García definió lo que eran con dos palabras: una Nación Trava. Hablaba de una forma de vida extendida por todas las provincias, una geografía que llevan en los cuerpos hormonizados, una lengua propia –el carrilche– inventada para escapar de la Policía, un modo de gestionar lo político y de hacer cultura. Pero, sobre todo, detrás de la idea de la Nación Trava estaba lo que construyen desde hace años en Rosario.

La ciudad que siempre tuvo fama de ser distinta es la tierra donde travestis y trans lograron derechos impensados en tiempos de avance de las ultraderechas. Es donde, mucho antes de que se sancionara una ley nacional, nació la primera ordenanza de cupo laboral trans del país en 2016, con más de 50 ingresos. El cupo llegó a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con 25 personas en distintas facultades, y al Estado santafesino, con otras 30.

A nivel provincial, tiene la Ley 5110 que da una pensión a más de 180 personas trans mayores de 35 años en situación de vulnerabilidad. Y es donde se gestaron dos reparaciones históricas: la de las víctimas de la dictadura militar en 2018 y la Ley 14.220, sancionada justo después del triunfo de Javier Milei, que abarca a sobrevivientes de la violencia institucional en democracia. Ambas otorgan dos pensiones mínimas y obra social.

La Nación Trava va más allá de avances legislativos. Detrás hay una praxis que se extiende a instituciones, organizaciones sociales, gestión cultural, rosca política y trasvasamiento generacional. En un país donde tienen una expectativa de 35 a 40 años –mientras la esperanza de vida general ronda los 77–, en Rosario una comunidad construye un pequeño país donde ese número se transforma en la esperanza de vivir mejor y llegar a viejas.

La militante

–Las naciones tienen cultura, historia y lenguaje propios. Y nosotras tenemos todo eso. La diferencia es que nuestra Nación no es solo para travestis. Es un paraguas para todo aquel que se sienta por fuera del sistema hegemónico.

Michelle Vargas Lobo, La Miya para todo el mundo, habla desde una oficina en el Programa Andrés Rosario, el PAR. Tiene 44 años, el pelo lacio negro con un flequillo perfecto, los ojos achinados, la cara redonda y una sonrisa grande con hoyuelos. Está abrigada con un buzo de peluche rojo chillón.

–Y es una Nación donde laburamos desde el abrazo. Trabajamos con situaciones muy complicadas y la única manera es desde el amor.

Nació en Bahía Blanca, se crió en Río Gallegos y en la adolescencia salió de la casa expulsada. Recorrió el sur, vivió dos años en Chile, la pasó mal en Buenos Aires y llegó a Rosario en 2003. Los primeros años fueron duros. Tuvo problemas de consumo, vínculos violentos y llegó a vivir en la calle. Pero encontró algo que la hizo quedarse.

–A mí me cambió la vida la militancia. No es un lugar común: antes estaba completamente sola.

Esa militancia empezó casi por casualidad en 2010, cuando una amiga la invitó a una asamblea para organizar la marcha por la Ley de Matrimonio Igualitario. De ahí salió el primer grupito: Comunidad Trans Rosario, que sigue hasta hoy con otras cinco compañeras. También es militante peronista y trabaja en la UNR en el Programa de Inclusión Educativa y Laboral (Piel), donde hacen seguimiento de todas las personas travestis y trans en la universidad.

–El problema no es el ingreso al trabajo, es la permanencia. De qué te sirve trabajar si te van a tratar mal o no te respetan la identidad. La universidad todavía es un espacio hostil. Nosotras atajamos todas las pelotas y tratamos de mover la fibra sensible.

Todas las tardes está en el PAR, una asociación civil que nació en 1993 en distintos lugares del país para atender personas con problemas de consumo. Con los años, la sede de Rosario se independizó e hizo un giro en la forma de atención, volviéndose una referencia en salud mental y para la comunidad travesti. Tiene dos sedes, una donde hacen eventos culturales y reparten comida, la otra donde funciona la atención clínica, talleres y otros proyectos. De la comunidad trans, ya pasaron más de 200 personas. En 2025 funcionan cuatro talleres a los que van 60 jóvenes bajo el programa estatal provincial Nueva Oportunidad, que apunta a chicos y chicas de entre 18 y 35 años vulnerables o en contacto con la violencia urbana.

–Hay que tener una mirada muy particular para trabajar con nosotras porque somos muy quemacocos. El Estado nos deriva un montón de pibas porque no sabe cómo hacer y entiende que nosotras sí podemos contenerlas.

En el PAR armaron la cooperativa de cuidados Juntas y Unidas. Son 15 socias y la Miya es la presidenta. También es enfermera. Se recibió el año pasado en la UNR. Y es una red en sí misma: articula con la Secretaría de Salud por las hormonas, con sindicatos y organizaciones, con la Justicia Federal y la Unidad 5 donde hay 15 travestis presas. Con Comunidad Trans coordinan con el Ministerio de Capital Humano para darle comida a 200 compañeras. Apenas asumió la nueva gestión les habían cortado el envío pero después de varios trámites donde demostraron el trabajo que hacen volvieron a mandar comida.

En un momento dejaron de mirar a Buenos Aires. Se dieron cuenta de que tenían que hacer su propia agenda.

–Hubo algo de asumirnos como sujetas políticas y accionar desde ahí, siempre con lo colectivo en la cabeza.

Hoy están viendo los resultados de objetivos que se pusieron hace quince años. Con la reparación garantizada pueden enfocarse en otras poblaciones.

–Salvó a la franja más vulnerable, las mayores de 45. La mayoría de las compañeras están beneficiadas y eran las que más nos preocupaban. Ahora trabajamos más con la juventud.

Ella no cobró la reparación. Tiene los requisitos pero por ahora no la necesita. Entre los nuevos desafíos están las políticas de vejez. Están tramitando la jubilación de travestis que tienen edad para jubilarse y no lo sabían. Y quieren un espacio habitacional para infancias y vejez.

–Porque la expulsión es en la infancia y en la vejez. Te criás sola y te morís sola.

La intelectual

Morena García entra al bar con un poncho rojo y negro, el pelo gris larguísimo y ondulado, los ojos delineados hacia arriba con un firulete y un aro gigante amarillo que le roza el hombro. En la Nación Trava es el brazo intelectual, la que le pone palabras a las cosas. También produce un podcast, da clases de cocina en el PAR y está en el teje de todas las movidas.

Se sienta y lo primero que dice es que para ella no hubo una transición a la democracia para las travestis.

–En democracia la cana te detenía por zurdo, hippie, rockero. Hubo sujetos peligrosos por lo que pensaban, pero las travas portaban el cuerpo político. Muchas ni comprendían por qué las detenían.

Le gusta indagar sobre la historia de las travestis aunque dice que hay poco escrito. Apoya cuatro libros y un cuaderno arriba de la mesa y habla de que en épocas medievales las trans eran guardianas de los espíritus.

–Y la pregunta es cómo llegamos de eso a ser las mendigas de cualquier consideración social y de derechos humanos.

Se crió en Fisherton, en el norte de la ciudad, y se fue muy chica. No le gusta la palabra transición. Piensa que es un concepto con punto de partida y de llegada. Y ella no llegó a ningún lado.

–Yo soy esto desde siempre. Yo estoy siendo travesti, soy un gerundio.

Sí marca un momento en el que descubrió lo que era y fue cuando conoció a otra como ella: La Perla, una travesti de Barrio Godoy. Apenas la vio dijo: “Soy esto”. A los 12 la echaron de la casa. Salió con un bolsito, paró un camión y la llevó a Formosa. Después cruzó a Paraguay, donde fue víctima de trata durante cuatro años. Volvió a Rosario a los 16.

–A esa edad ya había pasado parte de la vida putoneando gratis porque era lo que me decía la sociedad que tenía que hacer. Nadie quisiera pasar por lo que pasamos nosotras para cobrar una pensión. El deseo lo pagamos con la vida. No lo digo como kamikaze del género, de “matenme porque estoy dispuesta a todo”. La travesti lo da todo, no hay clóset para nosotras.

Nación Trava es un poema de su libro Una sospecha de maquillaje, aunque dice que no nació de ella.

–Mis ideas se cruzan con otras, si pasás por lo mismo se nos ocurre lo mismo.

Sí cree que en la popularización Susy Shock fue fundamental. La define como una mula de la cultura, que trafica conceptos por todo el país. Para ella, cuando Susy viene a Rosario se permite lo que en Buenos Aires no puede.

–La Nación Trava es una de las más peligrosas porque no tiene territorio, se lleva la piel. Cada cuerpo travesti, marica, puto, hetero que conforma ese paraguas porta una geografía que se desplaza. Una travesti es paria de todas las naciones. Está cocida por geografías de otras travestis. Cuando migra lleva una lógica de gentrificación. No busca un tipo o una mina, busca otra travesti y arma comunidad. Esas son las células que conforman la Nación.

Ese país travesti tiene, además, un dogma: deshabitar la nación binaria. Para Morena García lo heterosexual puede habitar lo trava si se lo permite. Recuerda una conversación con Hebe de Bonafini en la Facultad de Psicología, cuando la madre de Plaza de Mayo le dijo que ella se sentía un poco travesti, por la locura y el coraje.

–El otro día le propuse a alguien un travesti shower. Una fiesta para recibir a un cuerpo que no va a pertenecer a una norma.

La Nación Trava tiene sus propios símbolos y pilares que Morena García define: la ternura política, la acción y el cuidado. Ayudar y devolver, sostener la vida, una que se queda sin medicamentos de VIH y otra le da unas pastillas. Piensa el concepto más allá de Rosario, como un rasgo federal. Y como toda Nación tiene discusiones.

–Durante mucho tiempo no podías discutir lo travesti porque era cancelativo. Nos habíamos ubicado en un lugar de víctimas. Y yo creo que hay que discutirlo todo. Una travesti era “dame, dame, dame”. Quedó una costumbre que también hay que discutir: la travesti como mendiga de algo sin generar política pública.

Para ella, eso está cambiando con las nuevas generaciones. En Rosario lo ve en La Peluche, una organización de jóvenes trans, travestis y no binaries que ella adoptó como una madre. Nacieron por un emprendimiento: una feria vintage que se mueve por la ciudad. También hacen gestión cultural, videos, garantizan acompañamientos y articulan con las más viejas.

–No les expliqué nada, yo ya estoy de modé. Nacieron siendo sujetos políticos, nosotras nos tuvimos que constituirnos como tales. La pendejada es la semilla del viento de la Nación Trava. Para algo que no tiene capacidad de reproducción lo que tenemos es la osmosis travesti. Nos quitan las hormonas, nos persiguen, pero cada vez somos más.

Su deseo es que en su lápida diga solo una palabra bien grande: TRAVESTI.

La funcionaria

Pamela Rocchi atiende el teléfono desde San Justo, en el norte santafesino. Tiene 39 años, es mujer trans, socialista y directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual.

–No estamos en Disney. Hay muchos problemas y años de abandono estatal pero nuestro desafío es garantizar que cada persona pueda vivir como quiera en esta provincia.

Nació en Alcorta y en 2021 se presentó como candidata a presidenta comunal. También es secretaria de la Asociación de Varones Trans de Santa Fe y fue autora de la obra de teatro Reparadas, donde travestis y trans contaron la violencia vivida en dictadura.

Fue clave en la Ley de Reparación. Cuando se trató en la Legislatura era asesora de la diputada Clara García y colaboró con la rosca legislativa que impulsó Karla Ojeda, otra de las referentas e imprescindibles de Comunidad Trans. La ley se aprobó en noviembre de 2023 y en diciembre la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, convocó a Pamela Rocchi para su gabinete. Para ella fue un desafío doble: pasó de militar la ley a implementarla.

Durante 2024 dos abogados de la Dirección se dividieron la provincia y reunieron la información de cada beneficiaria. Tenían que probar que habían sido detenidas y violentadas por el solo hecho de ser travestis y trans. El límite temporal era 2010, cuando la Legislatura derogó las contravenciones que habilitaban a la Policía a llevarlas presas.

La información venía de la Policía, los libros de comisarías, los centros de salud y la Justicia. Algunas tenían prontuarios del tamaño de varios diccionarios. Toda esa documentación pasó a formar parte del Archivo de la Memoria Travesti-Trans de Santa Fe que llevan adelante Marzia Echenique, Carolina Boetti y Karla Ojeda. Mientras los abogados juntaban pruebas, Pamela hacía la rosca política.

–Me tocó sentarme con muchísimos funcionarios para explicar por qué esta ley salva vidas. Siempre lo digo: ellas corrieron para que nosotras caminemos.

Para ella lo que pasa en la provincia de Santa Fe es un orgullo. La fortaleza está en que, a pesar de pertenecer a partidos distintos, entendieron que primero son comunidad travesti-trans. Desde la Dirección aplican la Ley 5110 y se ocupan de hacer llegar las hormonas, aún en tiempos de recortes. En 2024 la provincia recibió 93% menos de tratamientos hormonales, preservativos y anticonceptivos. Toda esa faltante fue cubierta por el gobierno provincial, que invirtió alrededor de 6 mil millones de pesos.

–Cuando estás cerca de la comunidad, escuchás lo que necesitan y los abrazás, cambia todo. A veces no vienen por una política pública, sino por un oído.

El vínculo entre Estado y comunidad también es una virtud de la Nación Trava. La Miya Vargas define a Pamela como una compañera que sabe el lugar que ocupa. Se formaron juntas políticamente, cada una desde su espacio.

–Ella sabe muy bien lo que hace y es muy acertado su lugar. También es importante el reconocimiento que le da el socialismo, algo que el peronismo no hizo con nosotras. La reparación casi le costó la cabeza. Las leyes son re lindas pero el costo político es ejecutarlas. Y ella estuvo ahí peleando en un contexto en que para el gobierno de Milei nosotras somos lo peor que le pasó al país. Y con un gobernador que lo apoya en lo discursivo.

Morena García dice que la funcionaria es un animal político. Siempre que puede le marca los puntos. Se pregunta por las hormonas y los medicamentos que faltan. Una vez le dijo: “Cuando todo se complique vos saltá. Toda tu Nación te va a respaldar”.

La gestora

En una vidriera de La Ferretería cuelga la bandera de Argentina, en la otra la del arcoiris. La Mara Prat aparece detrás del mostrador. Tiene 38 años y además de ser ferretera, es gestora cultural. Con sus dos socias de Capra organizan el festival Nación Trava que en septiembre tendrá su tercera edición. También están detrás del carnaval travesti, el ciclo Brasa y de otras movidas culturales.

La Mara Prat viene de familia de ferreteros y abrió la propia hace cuatro años con su pareja, Fede, un varón trans con el que tienen una hija de cuatro años. En una de las manos tiene tatuado su nombre, en la otra unos dibujos tipo hindúes. Lleva puesto un pulóver verde, jean, el pelo largo, la cara sin maquillaje. Prepara el mate mientras cuenta que ella transicionó de vieja, a los veintipico.

–Y por más que fue de grande perdí privilegios que ni sabía que tenía.

“Podés ser puto pero no travesti”, le dijeron en la casa. Ella ya vivía sola pero durante muchos años la relación se cortó. Cuando nació su hija el vínculo se recompuso, dice que sus padres son abuelos hermosos.

La Ferretería es un búnker travesti en Rosario. Arriba tiene una oficina en la que trabajan con Capra y en la terraza hacen asados, asambleas y reuniones. La Mara siempre estuvo vinculada a la música. Tenía 14 años cuando juntó laburando 550 dólares y se compró su primera batería. Su mamá travesti fue Ayelén Beker, cantante rosarina. Se conocieron en la grabación de un videoclip.

–Nunca más me dejó sola. Tuve una transición amorosa. Aprendí todo de ellas. Rosario es uno de los mejores lugares del país para ser travesti. Hemos girado mucho por las provincias y la construcción política de acá no está en ningún lado. Las peleas son infinitas pero se saben poner en un frasquito e ir todas juntas.

Con Ayelén Beker se volvió gestora. Se fueron de gira cuando tenía una banda de cumbia, grabaron discos y un video para Netflix en plena cuarentena, registraron temas y organizaron shows. Sobrevivieron en comunidad a los dos años de pandemia y conoció la amistad travesti. Siempre se acuerda de una noche que estaban sin un peso y la Beker las echó de la casa para hacer un servicio de trabajo sexual. Quince minutos después compró fideos con salsa para todas y les dio de comer.

–Todo eso hizo a la gestión cultural. La potencia artística que tienen las maricas está desde el sobrevivir.

En 2023 organizó con Capra el primer Festival Nación Trava. Tuvo como concepto la Constitución de la Nación Travesti. Fue dos semanas después del balotaje y se convirtió en un primer acto de resistencia. En el verano de 2024 decidieron juntar en la terraza a todos los satélites de la comunidad alrededor de Capra para ver cómo seguir en la era Milei. Y el apoyo fue unánime para seguir haciéndolo. El segundo Nación Trava tuvo como tema al lenguaje y las voces travestis.

Este año será el 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Parque España y estará atravesado por la idea de “amor puto”. La Mara pensó el concepto en la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales LGBTI+, del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a partir de otro poema de Morena García. Parte de la idea de ese primer beso que, como una molotov, detona todas las construcciones cisheterosexuales y determina “vivir tu vida a lo puto”.

Para ella la particularidad de Rosario tiene que ver con muchas cosas pero marca a la organización Comunidad Trans como determinante.

–Son referencias vivas, vienen acá a la ferretería y tejemos cosas juntas. Y también la entrada al Estado, se metió una y empezaron a entrar más. Y es literal lo que dice Lohana, es una fórmula matemática.

Lo dice por la frase de Berkins: “Cuando una travesti entra al Estado, cambia la vida de esa travesti. Cuando muchas travestis entran al Estado, cambia la vida de toda la sociedad”.

–Milei nos arrasó pero también produjo una reorganización. Me siento tranquila de que las más viejas no están poniendo solas el cuerpo. No son el motor principal, somos un montón de motores nuevos.

AB / MA

Inés avanza entre la gente con su metro cincuenta, gorra negra, el pelo corto blanco medio celeste y lentes de sol redondos. Tiene 80 años y hace dos se recibió de una carrera universitaria. Estudió artes visuales. Es jubilada y cuenta que cobra apenas un cachito más que la mínima. Su familia la ayuda aunque no le guste. Siempre quiso ser autónoma. Vive sola, hace natación y le gusta pintar.

—Como todos los jubilados, la patronal no te aporta, tenés que ir a juicio y hacer un montón de trámites para jubilarte.

Inés llega a la marcha frente al Congreso Nacional sola. Tiene el celular en la mano y saca fotos de carteles. No va todos los miércoles. Solo los que sabe que va a haber mucha gente y no le va a pegar la Policía. Este 4 de junio quería estar sí o sí. Por los trabajadores del Garrahan, por las y los discapacitados, por la universidad pública que le dio la oportunidad de estudiar a los 70 años y por Ni una Menos, una marcha a la que va desde sus comienzos.

—Ante la movilización el Gobierno no se queda tranquilo, por eso ponen vallas por todos lados. Saben que lo que hacemos es importante y si somos muchos no reprimen.

La marcha de los jubilados y jubiladas de este 4 de junio reunió a todos los sectores y concretó una estrategia que se teje desde hace unos meses: los miércoles como día de lucha, el cordón antirepresivo para cuidar a los más viejos y viejas y la unidad en la diversidad como respuesta a la violencia y las políticas del gobierno de Javier Milei.

En esa unidad estuvieron los feminismos, el colectivo LGTBIQ, residentes, trabajadores y trabajadoras del Garrahan y de otros los hospitales nacionales, discapacitados, familiares y trabajadores que piden la declaración de emergencia, sindicatos y organizaciones de la economía popular e informal, movimientos sociales, pueblos originarios, periodistas y fotoperiodistas, migrantes, hinchadas de fútbol, estudiantes secundarios y universitarios, niños y niñas, familias, grupos de amigas y amigos, organizaciones de la cultura, docentes e investigadores de Conicet y un etcétera cada vez más amplio.

En el año y medio que lleva Milei en el poder las resistencias se organizaron de a poco y en la dificultad de la precarización y la fragmentación. Hubo una necesidad de salir a la calle enseguida, desde diciembre con el primer DNU, pero los ataques son tantos que cuesta enfocar, poner cada uno en agenda, visibilizar las particularidades. Hubo marchas masivas que mostraron la multisectorialidad de las demandas. Y la marcha de este 4 de junio siguió en la misma línea. Ante la unidad de la política libertaria en el ataque de todos los frentes la respuesta fue la unidad de todos los frentes.

El Congreso vallado

La masividad se anticipó desde el día antes, cuando en todas las ciudades del país hubo movilizaciones por el décimo aniversario de Ni Una Menos. A la mañana del miércoles los móviles de televisión mostraban la llegada de 1200 efectivos y cientos de camiones, patrulleros y motos. Para el mediodía la Correpi denunciaba que las fuerzas de seguridad impedían que personas con discapacidad llegaran a la Ciudad de Buenos Aires. Pero la represión no sucedió.

Los policías estuvieron de un lado y la marcha de otro. El Congreso fue vallado desde temprano y a medida que pasaban las horas se convirtió en una pared a intervenir con carteles y pintadas. Las fuerzas de seguridad cortaron Callao desde el Congreso hasta Mitre y ocuparon toda la calle con efectivos que iban y venían mientras la plaza se llenaba.

Vanina se planta en la valla con los brazos en alto y un cartel que pide la emergencia en discapacidad por su hija. A su alrededor se reproducen frases de todo tipo. Es de Caseros, tiene 42 años y una nena de diez con autismo. Hace unos meses le cortaron el subsidio y no tiene más maestra acompañante en la escuela. También le dejaron de pagar a sus terapeutas. Todo lo que cuenta lo hace con los brazos en alto y mirando al frente. Nunca baja el cartel.

—Me da mucha impotencia porque lo único que quiero es una buena calidad de vida para mi hija—dice y cuenta que no solo está por ella. Apoya el resto de las luchas.

Sandra tiene 56 años y trabaja desde 1998 en el área de emergencias del Garrahan. Estudió siete años enfermería en atención de pacientes críticos pediátricos. Recibe a los niños y niñas que están en paro cardíaco, con convulsiones o politraumatismos. Salva vidas. Cuando habla se acuerda de la lucha de 2005, cuando tenían un atraso salarial que los hizo salir a la calle y los trataron de terroristas sanitarios. Esta vez es peor. Siente que hay un ninguneo.

—No somos ñoquis, en el Garrahan no sobra nadie. Después de tantos años y tanto estudio no merecemos ganar estos salarios. Trabajamos con vidas. Es un pena que el Gobierno no priorice la salud y la educación.

Sandra tiene un cartel que dice: “Internacionalmente reconocidos, nacionalmente abandonados”. Cuando habla la voz se le quiebra, pide disculpas y aclara varias veces que no la están pasando bien.

—Nosotros atendemos hasta en el pasillo. Tenemos las guardias saturadas, vienen chicos de todo el país. Nunca me di cuenta el trabajo difícil que hice toda mi vida. Cuando tenés un pibe en paro no pensas en nada, solo en sacarlo, que respire y le vuelva a latir el corazón.

Ayer escuchó en la tele a la diputada libertaria Juliana Santillán decir que se puede vivir con 800 mil pesos sin problema y sintió otra vez el desprecio. El miércoles marchó con sus compañeros y compañeras del hospital. Ya fueron otras veces a apoyar a las y los jubilados y vivieron de cerca la represión. Igual, Sandra piensa en volver. Sabe que en unos años será una de ellos y que tiene que estar ahí.

En Callao y Mitre las vallas negras cortan el paso. Del otro lado, la calle está completamente liberada con una fila de 30 policías federales. Un jubilado se asoma y los mira. Al lado tiene dos frases: “Argentina no es casta, es patria” y “Libertad es tener para comer”. El jubilado dobla y sigue al resto de los manifestantes para entrar a la plaza del Congreso por otro lado. Se le une una columna de mujeres de San Martín que avanzan con remeras violetas.

Los carritos y los puestos de merchandising se mezclan con el humo y las banderas. Venden desde la de Argentina, del colectivo trans y no binario hasta de la ciudad del Vaticano. En una esquina un grupo de feministas eclesiásticas reza en contra del ajuste. Le pasan por al lado chicas con pelucas fucsia y glitter y una columna de los sindicatos, con bombos y redoblantes.

Un grupo de adolescentes de 14 a 17 años avanzan de la mano. Son más de 30 y siempre van a las marchas de Ni Una Menos. Esta vez es la primera que están con los jubilados. En el camino se cruzan con Georgina Barbarrosa y Nancy Pazos dando una nota en un móvil de la tele. Una mujer alta con el cuello tatuado se les para atrás con un cartel: no somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y venimos por los de arriba.

Ricardo vino disfrazado. Mide un metro noventa y es un diablo rojo con antifaz, cuernos, una marioneta de Milei y un cartel que dice “engendro del mal”. Tiene un personaje para las cámaras y otro para cuando da una entrevista. Ahí se saca la máscara y responde: 74 años, fue telefónico pero no le hicieron todos los aportes y se jubiló con la moratoria del gobierno de Cristina Fernández. Cobra la mínima, 320 mil pesos. Para llegar a fin de mes trabaja de herrero. También es artista y le gusta salir a la calle haciendo una intervención. A la de los jubilados va todos los miércoles. Hoy está tranquilo. Sabe que cuando son muchos no le pegan.

—Son cobardes. Cuando somos 50 vienen con 200 policías listos para ir a la guerra. Es fácil pegarle a un abuelo pero cuando es así no se animan. Eso son, cobardes—repite y se pone la máscara y los cuernos. Ya tiene alrededor tres fotógrafos.

Muchos frentes, una sola marcha

Jessica llegó a Argentina hace ocho años para salir de la violencia de Colombia. También quería estudiar y buscar nuevos horizontes. Tiene 34 años y es defensora de derechos humanos, docente y periodista. Fue a la marcha con organizaciones migrantes. Hace apenas unas semanas el Gobierno nacional publicó un DNU que les preocupa.

—Nos ven como chivo expiatorio y una carga fiscal, y no como un hermano que vive en Argentina y aporta cultural y económicamente al país. Dan datos y estadísticas completamente falsos sobre los costos de salud y educación y con cifras exorbitantes sobre la irregularidad migratoria, cuando esa irregularidad es responsabilidad del Estado.

En el último año, Valeria estuvo en todas las asambleas. Es integrante de Mamá Cultiva y fue a las del Bonaparte, al Garrahan, a las de jubilados y jubiladas, las de discapacidad, las de la moratoria, las de Ni Una Menos. A veces en un mismo día corría de una a la otra. En todas escuchaba discursos distintos e iguales a la vez. Tenían la particularidad de cada sector pero detrás había una misma política de Estado: una decisión unívoca de empobrecer la vida.

Cuando en la primera asamblea de Ni Una Menos escuchó la propuesta de unificar las luchas en el miércoles 4 de junio gritó “sí, por favor, sí”. No fue la única. Una ovación hizo lo mismo. Estaban cansadas de pelear en tantos frentes y al mismo tiempo aparecía la esperanza de una estrategia en común. El aniversario por los 10 años del primer Ni Una Menos, ese que marcó un antes y un después en la historia de los feminismos argentinos, lo vivió en las calles. Para ella, las mujeres y diversidades son quienes están sosteniendo la supervivencia en este momento de crisis. Las atraviesan cada uno de los reclamos.

Micaela Polak es dirigente de Sipreba y recuerda que el Ni Una Menos surgió gracias a la convocatoria de trabajadoras de prensa que estaban hartas de cubrir femicidios en los medios y que no pasara nada.

—A diez años ya no vemos tanta cobertura de la violencia machista porque avanzó la derecha radicalizada que nos silencia. Por eso es importante seguir organizándonos para enfrentar a este gobierno. Vinimos a poner un freno a la represión y vamos a seguir organizándonos para terminar con la crueldad y la violencia machista.

Los y las trabajadores de prensa también son blanco de los ataques del Gobierno. Además de los insultos en redes, ya son un centenar los que sufrieron la represión del Estado cuando cubren marchas, sea con golpes o detenciones. Mientras decenas de fotógrafos y reporteros circulan entre los manifestantes, en el micrófono mandan un mensaje de amor a Pablo Grillo, el fotógrafo herido por la Policía hace tres meses en esta misma plaza. Unas horas antes recibió el alta de terapia intensiva y empezará la rehabilitación y le pondrán una prótesis en la cabeza.

Tres mujeres de tres décadas distintas caminan por Callao para volver a Ramos Mejía. Una tiene 55, otra 43 y la otra 35. Son musicoterapeutas y estuvieron en el Congreso desde las 11 pidiendo a los diputados y diputadas que sancionen la ley de emergencia en Discapacidad. Dicen que las áreas de discapacidad están en una situación crítica.

—Es muy emocionante estar en una marcha así. Es cierto que son reclamos distintos pero la unión hace la fuerza y este es el camino. Además de que si somos muchos no nos reprimen.

Una de ellas se acuerda del posteo que Javier Milei hizo días atrás burlándose de un niño con autismo. Las tres dicen lo mismo sin dudar.

—El presidente nos da vergüenza ajena. Vamos a volver todas las veces que sea necesario hasta que paren.

AB/MG

Federico Rodríguez estaba acostumbrado a que lo chequeen cinco o seis veces al año. Chequear es el término que usan en la industria audiovisual cuando los llaman para saber si están disponibles para un proyecto. Hasta 2023, tenía que decir que no a varios porque se le superponían los rodajes. Tiene 33 años, es asistente de dirección y filmaba entre tres y cinco películas o series por año. Su especialidad son las de autor, sobre todo las óperas primas, apoyadas por el  Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, Federico filmó una sola, una ópera prima que se rodó en 2024 y ya tenía el financiamiento garantizado de la gestión anterior. 

—Estamos a mitad de año y no me chequearon para ningún proyecto. Nunca me pasó desde que empecé a trabajar. 

La industria audiovisual argentina creció un 45% entre 2007 y 2022, cuando llegó a ocupar a 31.000 trabajadores y trabajadoras en puestos formales y generar otros 600.000 de manera indirecta. Ese crecimiento se frenó en 2024. La motosierra llegó al Incaa en los primeros meses de gobierno y gran parte de la producción nacional quedó paralizada. La gestión de Carlos Pirovano fue la primera en tener cero películas aprobadas en 2024 y 2025 y frenó el financiamiento de alrededor de 200 proyectos que estaban en proceso de realización en todo el país. 

También fueron eliminadas medidas clave de fomento, como el certificado de exhibición –un tributo que las distribuidoras de películas extranjeras pagaban al cine nacional–, la cuota de pantalla que garantizaba la exhibición de filmes argentinos y la media de continuidad que aseguraba la permanencia de una película en cartelera según su audiencia. También eliminó la preclasificación que adelantaba fondos y hubo más de 400 despidos en el Incaa.  

Federico se dio cuenta que no había lugar para el cine nacional cuando a comienzos del 2024 se encontró con colegas en las puertas de Congreso para pedir que no se desfinancie el Incaa. No solo estaban los técnicos como él. Los productores que siempre lo llamaban cuando tenían la plata para hacer las películas llegaron en la misma, pidiendo que les habiliten los proyectos. Desde hacía meses nadie los atendía ni firmaba los contratos. 

—Ahí me di cuenta que si ellos no tenían certezas faltaba muchísimo para empezáramos a filmar algo. 

Su salida fue parecida a la de muchos de sus amigos y amigas. Hace “changas audiovisuales”: producciones institucionales baratas con equipos reducidos. Lo que antes eran varios roles ahora lo cumple uno solo. A eso le suma alguna que otra publicidad. 

—Y así desaparecen fuentes de laburo. Mis amigos están en la misma, haciendo changas o buscando otra cosa. 

Federico trabajó en su primera película Incaa a los 24 años. Estaba en el equipo de dirección y a punto de recibirse en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). Había llegado a Buenos Aires desde Corrientes en un momento en el que crecía la industria de la mano de la Televisión Digital Abierta (TDA). Canal Encuentro, la Televisión Pública y otros canales públicos se convirtieron en una usina de producción para una generación de jóvenes egresados de escuelas de cine y distintas universidades. Había trabajo en Buenos Aires pero también en las provincias. 

Entrar a la industria era salir de trabajos precarizados y filmar una serie con presupuestos reales, donde se cumplían los roles y los pagos según lo que estipulaba el sindicato. Federico pasó por distintos trabajos, primero de eléctrico, después de producción hasta especializarse en asistente de dirección. Cuando estaba terminando de estudiar en Enerc un profesor le dijo algo que le quedó resonando: la inversión en la TDA era algo bueno porque había generado una industria pero también una trampa. 

—No había publicidad y nuestro rubro siempre se paga. Se tiene que poder sostener por sí mismo como pasaba con Incaa que era autosustentable y tenía fondos de varios impuestos. 

El primer cambio en la industria lo vio con el macrismo. Se terminaron las producciones para la televisión y tuvo que arrancar de cero. Ahí se metió en las de autor. Hizo más de 20 películas y series, por lo menos 15 con apoyo del Incaa, y filmó en provincias como Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En esos años vio cómo los presupuestos alcanzaban cada vez menos y siempre eran necesarios otros fondos, ya sea de las provincias, coproducciones con otros países o entidades privadas. 

—Cada vez se desplaza más a las películas de cine de autor y a las ópera prima que son la contracultura de la industria. Todo lo que vemos es de plataformas o grandes productoras. Me lleva a pensar en cuándo voy a volver a laburar en una película porque mi búsqueda laboral es en un cine que está desapareciendo. Los pocos que tienen trabajo están en plataformas. Y casi todo se filma en Buenos Aires. 

Abril Alassio entró en la producción de plataformas. Es tucumana pero vive en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 32 años, es microfonista y empezó en 2022 en una película con apoyo del Incaa. Desde entonces no paró: la llaman para distintos proyectos y casi no tiene baches. Al principio eran trabajos en cine pero en los últimos dos años la mayoría son series y películas para plataformas, como División Palermo y Atrapados. 

—Mi caso es excepcional, me considero bastante afortunada. Mi hermana trabaja hace 15 años en esto y estuvo un año y medio parada. Ahora está cosiendo y dando clases de costura. La mayoría está haciendo laburos de otra cosa por dos pesos con cincuenta. 

La hora de las provincias 

—La industria audiovisual hoy depende de lo que hagan las provincias— dice Luciana Lacorazza, quien integra la Cámara de Productoras Audiovisuales de Santa Fe.  Según estimaron, en la provincia quedaron 50 proyectos truncos por el desfinanciamiento del Incaa. En Santa Fe en 2022 se filmaron al menos cuatro películas y siete series, que emplearon a gran parte de la industria provincial. En 2025 ninguna. 

Luciana tiene 41 años y es productora creativa de proyectos. Trabaja con directores y directoras desde la etapa de desarrollo hasta la distribución. Antes del desfinanciamiento, trabajaba en una serie y una película que tenían premios y la declaración de interés para empezar y los frenaron. Ella también se considera afortunada: puede sobrevivir con empleo en el sector público. Dirige Señal Santa Fe, un canal del Ministerio de Cultura donde se proyectan producciones provinciales. 

Entre sus colegas la situación es distinta. Los que dan clases en las escuelas de cine de Santa Fe y Rosario tienen una parte de la subsistencia garantizada ahí. Pero no alcanza. Los salarios docentes quedaron atrasados. 

—Muchos se volcaron a otros trabajos o incluso se fueron de la provincia. 

Luciana es parte de la comunidad que pelea por una Ley de Cine provincial. Esta semana presentaron nuevamente el proyecto a la Legislatura. La propuesta tiene varios aspectos y uno de los más importantes es la creación de un fondo para la industria audiovisual. La idea es que dependa, entre otras partidas, del cobro de ingresos brutos a los servicios digitales audiovisuales online y del total de los ingresos brutos de la actividad audiovisual, de cines y cualquier otro medio de exhibición. 

Santa Fe fue pionera en 2008 cuando creó el plan de Fomento Espacio Santafesino, del Ministerio de Cultura, pero con los años los montos se volvieron bajísimos para una industria como la audiovisual. 

—Fuimos precursores y ahora quedamos relegados. Con un gobierno provincial que tiene uno de sus ejes en la producción, la audiovisual es una industria que genera trabajo directo e indirecto y construye identidad santafesina. 

Romina Tamburello habla con elDiarioAR apenas baja del avión en Misiones. Llegó a Posadas para estrenar Vera y el placer de los otros, la ópera prima que codirigió con Federico Actis, hecha por la productora Pez. Vera fue filmada en Rosario y trata de una adolescente de 17 años que subalquila por un par de horas un departamento vacío para que otros adolescentes tengan relaciones porque le gusta escuchar detrás de la puerta. La película se estrenó en 2023 en un festival en Estonia y cosechó premios en todo el mundo, desde Tailandia hasta Mar del Plata. 

El camino para hacer una película o una serie es largo. Vera lo empezó en 2016 cuando ganaron el concurso Raymundo Gleyzer del Incaa y quedó frenada dos veces: primero por la intervención del macrismo y en marzo de 2020 por la pandemia. El rodaje fue a fines de 2021 y empleó a muchas de las personas que trabajan en la industria en Rosario. Tuvo apoyo del Incaa y de la provincia de Santa Fe, entre otros fondos. Unos meses antes del rodaje, Romina dirigió Maternidark, una serie financiada por el programa Renacer Audiovisual del ex Ministerio de Cultura nacional con apoyo municipal y provincial. La serie estaba en Contar pero la bajaron junto con la plataforma. 

Con Pez trabajan en una segunda película pero no consiguen los fondos. Estaba en evaluación del Incaa para ser declarada de interés y se las mandaron de vuelta con el cambio de gestión. Romina ahora da talleres de guion y escritura. También escribe la adaptación a película de su último libro, Los amigos de papá. 

—Estamos buscando financiamientos internacionales para las dos películas porque el Incaa está destruído. Y también atentos a que salga la ley de cine de Santa Fe y viendo cómo coproducir con otras provincias. 

Con ley también es difícil 

Por primera vez en más de 20 años en la industria, Rodrigo Guerrero piensa en irse de Córdoba o en ponerse un negocio de otra cosa, tal vez una panadería. Es director, productor y guionista y tiene la productora La Buena Hora. Hizo su primera película en 2009, El invierno de los raros, estrenada en 2011. 

Trabaja en cine desde 2002 y vivió en cambio de la industria audiovisual cordobesa. Primero de la mano de las producciones de la TDA y después con una masa profesionalizada que empezó a hacer películas con el apoyo del Incaa. Hasta 2023 se rodaban entre diez y quince películas al año. En 2024 se hicieron dos y este año ni una. Rodrigo vive de los coletazos de una película que estrenó esta semana y todavía tiene un resto del Incaa y del Polo Audiovisual de Córdoba. También de otra película filmada en 2023 que le vendió a Amazon. 

—El año pasado solo rodé un cortometraje independiente y este año nada. Tenía tres películas con declaración de interés de 2023 y se cayeron. 

Córdoba tiene una ley propia de Fomento y Promoción para la Industria Audiovisual desde 2016. Fue implementada a través del Polo Audiovisual Córdoba, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Hay un Fondo para el Fomento de la Actividad Audiovisual pero la ley no especifica un monto fijo ni de donde sale, depende de la voluntad política de cada gobierno.  

Rodrigo explica que el Fondo para el Fomento siempre fue un complemento al Incaa. El tema es que es cada vez más chico. La otra política anunciada este año fue un cash rebate (o devolución de dinero) de $5.000 millones por año, con el que la provincia busca convertirse en un destino atractivo para filmar. Rodrigo celebra la medida pero dice que hay una disparidad con el Fondo, de apenas $350 millones. Para él, el cash rebate dificulta la producción de películas cordobesas y favorece que lleguen productoras de afuera con sus equipos armados. 

—Se valora el instrumento pero son reintegros y tenés que tener el dinero para gastarlo. Se complica sin el apoyo inicial del Incaa, que antes permitía rodar y luego reintegrar. El tema es en qué lugar quedamos los directores, guionistas y productores con las historias cordobesas contadas por cordobeses.

Desde que está la nueva gestión en el Incaa, Rodrigo presentó proyectos en las pocas convocatorias que hubo. No quedó. Los proyectos seleccionados eran la mayoría porteños. Para él, el Incaa debería tener un cupo federal. Sobre todo en tiempos en que lo único que se filma es de plataformas. 

—Los rodajes de plataforma son casi todos allá. Para las productoras de las provincias es doblemente difícil continuar produciendo y resolviendo la financiación de nuestras películas porque no tenemos la trayectoria ni la espalda económica de las productoras de Buenos Aires. 

Rodrigo hace ficción y documental. Más de 20 años logró vivir de su trabajo. No se metió en la docencia porque, mal que mal, siempre salían proyectos e hizo una carrera ahí. Ahora duda. 

—Si no produzco algo este año tengo que ir a otro lado o dedicarme a otra cosa. Es una decisión que me cuesta porque hace más de 20 años que vengo haciendo películas. Fuimos la primera generación que no nos fuimos de Córdoba y que empezamos a producir acá. Nos convertimos en la segunda plaza de producción a nivel nacional. Y ahora todo eso se está cayendo.

AB/DTC

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

Cuando a principios de los noventa el gobierno de Carlos Menem cerró la mayoría de los servicios de trenes de pasajeros, un grupo de seis amigos pensó en que tenían que hacer algo. Vivían en Paso del Rey, en el partido de Moreno de la provincia de Buenos Aires, y salieron a recorrer talleres ferroviarios. En una estación en 20 de Junio conocieron a un matrimonio de jubilados que vivían y cuidaban el lugar. Él, un ex ferroviario. Entre las chatarras había una zorra, el vehículo que usan los trabajadores ferroviarios para arreglar las vías del tren. Ese fue el comienzo de la Asociación Amigos del Belgrano, un grupo que construyó sus propias zorras ferroviarias y durante 30 años recuperó 200 kilómetros de vías de tren con picos, palas y motosierras. 

Enzo Iantoro y José Apugliese forman parte de ese primer grupo. Tienen 63 y 64 años y en mayo de 2023 sacaron las zorras de los rieles y subieron al Tren Turístico que une González Catán con Mercedes, pasando por Tomás Jofré. Cuando viajaron en ferrocarril se emocionaron al recorrer los kilómetros que habían recuperado. El Tren Turístico duró apenas un año. Un camión chocó contra un puente y desde entonces Trenes Argentinos interrumpió el servicio por falta de mantenimiento. 

—Y el ramal quedó nuevamente abandonado por la desidia del gobierno nacional. Otra vez empezó la maleza y los yuyos. Ya no tenemos 30 años como cuando empezamos—dice Enzo Iantoro. 

La Asociación Amigos del Belgrano se formó en 2005 y tiene sede en Plomer. Llegó a tener 80 socios y más de 150 personas que se sumaban todos los fines de semana a recuperar vías del ex Tren Belgrano Sur. Fueron precursores de una política construída desde abajo: reparan lo que el Estado alguna vez abandonó y después privatizó.

—Decidimos de forma unilateral resguardar el ramal, las vías y las estaciones. El tren es un medio de transporte cómodo, económico, práctico y seguro. El resto del mundo lo redescubrió y acá no se le da la trascendencia. Nosotros decidimos mantenerlo porque estamos seguros de que puede volver a funcionar. De hecho, ya lo logramos—dice José Apugliese, quien es hijo de ferroviario. 

Para recuperar el tren, en 1998 construyeron La Pionera, la primera de las cinco zorras ferroviarias a motor que usaban para moverse de un lado a otro. Un día se enteraron que en la estación de Espora había dos personas haciendo lo mismo que ellos. 

—Limpiaban los rieles porque cuando se inundaban podían moverse con la zorra ferroviaria. Llevaban a las maestras y a los chicos a la escuela por las vías—agrega Apugliese. 

Los dos grupos avanzaron de un lado y del otro. Conectaron Plomer con Espora y recuperaron 100 kilómetros. Y durante varios años organizaron en Espora la Fiesta Provincial de la Trocha Angosta para promover la recuperación del tren. 

Cuando fueron las inundaciones del último fin de semana, Iantoro pensó en el ferrocarril. 

—Ese ramal del Belgrano era francés y tenían la misión de hacer las vías en los terraplenes altos. Ahora con las inundaciones hay lugares a los que solo se puede llegar por las vías de tren, algunas se están aprovechando, como el Tren Solidario, pero otras no se puede porque están abandonadas– dice Apugliese.

Como ellos, otros grupos hacen lo mismo en distintos lugares del país. Ven en el tren el transporte del futuro aún cuando las políticas públicas no acompañen. 

—Fuimos los pioneros en la locura de limpiar vías. Logramos que mucha gente se interiorice en mantener los ramales. Éramos los locos de la vía pero a veces si uno no hace locuras no logra cosas– recuerda Apugliese.

Los Amigos del Belgrano ahora son 30 y ya no andan por las vías. Hay algunos con ganas de activar, otros que ya se sienten viejos para salir a desmalezar. Esperan que, como les pasó en los 90, haya gente más joven que se sume y vea en el tren un proyecto de futuro. 

Descarrilados 

En diciembre de 1977 la dictadura militar cerró la segunda red metropolitana de trenes de pasajeros más importante del país, que unía el sur de Rosario con tres provincias vecinas. La primera era y sigue siendo la que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conurbano. Lo mismo pasó al poco tiempo con el tren metropolitano de la ciudad de Santa Fe. 

Lo que vino después es conocido: cientos de pueblos de la pampa húmeda desaparecieron o se achicaron y envejecieron. Jóvenes que antes podían viajar en el día a estudiar a las universidades públicas de Rosario y Santa Fe tuvieron que mudarse. Lo mismo quienes iban y venían por trabajo. 

Durante años, las asociaciones de Amigos del Riel de Rosario y otras que defienden el tren de pasajeros pelearon para que el ferrocarril volviera. En 2022 lo lograron. Ese año inauguró el tren metropolitano Rosario-Cañada de Gómez. La frecuencia y la velocidad no eran las esperadas pero sabían que era un primer paso. Intuían que se iban a sumar muchos usuarios y usuarias porque los colectivos de la región dan un servicio cada vez peor. 

Y así fue. El primer mes tomaron el tren 2 mil personas, en menos de cuatro meses ya eran el doble y a comienzos de 2024 había 20 mil usuarios y usuarias mensuales. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei el servicio fue empeorando. Se llevaban la locomotora para atender la crisis de la Línea Mitre o reforzar el tren Rosario-Buenos Aires. En octubre, después de menos de dos años en funcionamiento, el servicio fue suspendido.  

—Lo fueron limando hasta darlo de baja—dice el diputado nacional Eduardo Tonioli (Movimiento Evita), quien impulsa los trenes metropolitanos de pasajeros desde que era concejal de Rosario. 

Este mes, la Secretaría de Transporte anunció un nuevo ajuste en Trenes Argentinos. En 2024 hubo 1.897 despidos y prometieron otros 1.937 con el plan de reducir la planta de casi 24 mil a 20 mil empleados. La privatización de los trenes de pasajeros está en los planes del gobierno nacional desde el día uno. Fue incluída en la lista empresas públicas a vender en las dos versiones de la Ley Bases y en el DNU 70/2023. 

El vaciamiento no es solo con despidos. Según el diputado Tonioli, fueron suspendidos al menos diez servicios de trenes regionales y de larga distancia que conectaban el interior del país. La falta de mantenimiento se vio también en el accidente del tren San Martín, en mayo de 2024, que llevó al Gobierno a declarar la emergencia ferroviaria. 

—Es un marco pseudo legal para acompañar la Ley Bases, ajustar, echar gente e ir hacia la privatización—explica Tonioli— Quieren privatizar lo que pueda ser privatizable, como los trenes de carga, y cerrar los trenes de pasajeros, donde no hay interesados en hacerse cargo. Los 2 mil despidos son parte del plan de degradar el funcionamiento de las empresas ferroviarias y desacreditarlas ante la sociedad dando un servicio cada vez peor.

El diputado explica que el tren es el transporte del futuro. En los países capitalistas centrales y en los de gran extensión territorial abarata los costos, es rápido y ecológico. También es más seguro y ofrece regularidad porque es un carril exclusivo sin interrupciones. 

—Estamos yendo a contramano. Las grandes empresas ferroviarias del mundo son atendidas por el Estado. Hubo una privatización en Inglaterra y hace poco tuvieron que volver atrás porque había sido una experiencia desastrosa. Ya vivimos una privatización bajo un argumento fiscalista y el Estado terminó gastando más subsidiando a los empresarios, que encima dejaron que se degradara la infraestructura. Los beneficios del tren no se miden en términos contables, son beneficios sociales y económicos para quienes lo usan. 

Mientras desde hace medio siglo el servicio de tren de pasajeros es cada vez peor y centrado en el AMBA, en las encuestas de opinión la mayoría sueña con viajar en tren. Incluso los que nunca lo hicieron en sus vidas. Una encuesta del Observatorio Social del Transporte de Santa Fe mostró que el 98 por ciento consideró positivo y necesario que haya trenes de pasajeros, aunque el 50 nunca se había subido a uno. 

En 2015, al final de la gestión de Cristina Fernandez de Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.132 para promover el tren de pasajeros. Desde entonces, se recuperaron algunos ramales pero solo en un año varios fueron dados de baja. 

La zorra y la pampa 

Espora fue el punto de partida y el de llegada de Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordóñez para hacer la película La Zorra y la Pampa. Sin saberlo, imaginaron lo mismo que los Amigos del Belgrano. Construyeron una zorra ferroviaria y salieron desde Rosario por las vías para contar de qué está hecha la pampa húmeda. Recorrieron 16 pueblos y ciudades del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. El destino final fue Plomer, donde Amigos del Belgrano tiene su sede. Iantoro y Apugliese aparecen con La Pionera.

—No tener el tren es una herida que no va a cerrar nunca. Está la infraestructura ahí, noble y duradera, pidiendo que la usemos y eso hicimos—dice el cineasta Leandro Rovere— El tren fue la forma de hacer un retrato de cómo cambió la pampa húmeda argentina. Pensamos algo que nos ponga en movimiento a nosotros pero también a la gente de las localidades a las que fuimos. La zorra es un símbolo de los trabajadores ferroviarios y queríamos que sea un homenaje a ellos pero también hablar del tren desde la acción, no la melancolía.

No tener el tren es una herida que no va a cerrar nunca. El tren fue la forma de hacer un retrato de cómo cambió la pampa húmeda argentina

Leandro Rovere — Autor de La Zorra y la Pampa

Rovere tenía 10 años cuando su papá lo llevó por primera vez a viajar en tren. Terminaban los ochenta y era uno de los últimos viajes del servicio de pasajeros que unía Rosario con Buenos Aires. Su papá quería que sus hijos conocieran la sensación de moverse sobre rieles, frenar en las estaciones, ver a la gente subir y bajar, tomar velocidad sin tener miedo, caminar entre vagones hasta el bar. 

Tuvieron que pasar casi 30 años para que en 2015 el tren Rosario-Buenos Aires volviera a funcionar. Desde entonces,  cada vez que puede se toma el tren. No importa que demore un poco más que el colectivo o que sea difícil conseguir pasajes. Siente que estar ahí arriba es algo mágico. 

La idea de la Zorra y la Pampa surgió de ese deseo de andar en tren en un país donde era una cotidianidad y hoy es imposible. La zorra a bomba pasa por los ex talleres ferroviarios de Pérez, uno de los más importantes de Latinoamérica, y los ve de afuera con los trabajadores que desde hace décadas no pueden entrar. En Zaballa, la poeta Diana Bellessi cumple su sueño de andar en zorra. El vehículo llega a una escuela rural de Villada donde hay una sola alumna, le da un lugar a la música producida en la región y a los pueblos originarios, muestra lo que pasa con los pueblos fumigados y las resistencias desde la agroecología. 

AB/MG

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG

Ezequiel Curaba empezó la secundaria en 2019. En las clases de Lengua y Literatura le encantaba escuchar a la profe Melina, leer cuentos de Fontanarrosa y Cortázar y odiaba, como la mayoría, el análisis de las oraciones. Nunca llegaba tarde, siempre sonreía y miraba a los ojos con atención. Hablaba poco, al menos con los profesores, no se peleaba con nadie y era cariñoso y dulce con todo el mundo. Cuando en 2020 llegó la pandemia, la escuela Carlos Fuentealba no cerró del todo. Las chicas y los chicos del barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de Rosario, seguían yendo a buscar apuntes y comida, mientras juntaban plata para pagar los datos y cursar por Whatsapp. Ezequiel era uno de ellos. Casi nunca llevaba la tarea hecha pero siempre buscaba la ración para comer. Al año siguiente, con el regreso de las clases presenciales, no volvió. Los profes se lo cruzaban de vez en cuando por las calles de Rosario con un carro, trabajando de cartonero. 

El pasado 1 de febrero Ezequiel cumplió 21 años. Diez días después, el domingo pasado al atardecer, se metió en un pozo con su hermano para robar unos cables de luz. Estaban en Barrio Triángulo, a unas 30 cuadras de Santa Lucía, pero hacía un tiempo los dos vivían en la calle. Hubo una explosión y lo demás es conocido. Ezequiel cubierto de tierra, en cueros, tambaleándose con el 90% del cuerpo quemado, reproducido en las redes y en los medios sin parar. Fotos, videos y miles de comentarios deseándole la muerte, titulares que lo trataban de delincuente, periodistas que se reían al aire de lo que le había pasado. 

—No quería que lo recordaran así— repite Melina Gigli, la profe de Lengua y Literatura. Usa la misma frase con la que abrió un posteo en Facebook, cuando el martes se enteró que Ezequiel había muerto en el Hospital de Emergencias. 

Melina trabaja desde hace 6 años en la escuela Carlos Fuentealba y hace 20 es docente. Cuando vio el video de Ezequiel en las redes no lo reconoció. Habló con la directora y con otros profes y todos coincidieron, le contó a elDiarioAR. La imagen, pero también lo que se decía de Ezequiel, no era la forma de recordarlo. Melina buscó una foto donde se lo ve sonriente y escribió: 

“Él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando. Le gustaban los cuentos, pero no leer. Era bueno. Tiraba de su carro”. 

El eslabón más débil 

Las primeras notas sobre Ezequiel hicieron un resumen de sus antecedentes penales y de cómo al intentar robar unos cables era parte de las asociaciones ilícitas que le cuestan a las empresas de energía entre 2 y 3 millones de dólares al año. Pero Ezequiel, un pibe cartonero, es el eslabón más bajo y más vulnerable de un negocio ilegal más grande. El kilo de cobre, el metal mejor pago, se vende por hasta 7 mil pesos en chatarrerías. Para llegar a los 285 mil pesos que necesita una familia tipo para no estar bajo la línea de indigencia, Ezequiel tendría que haber juntado 41 kilos de cobre. 

—Este es un delito económico que se organizó sin control—dice Verónica Geese, secretaría de Energía de Santa Fe. Estuvo a cargo del mismo área entre 2015 y 2019 y al final de esa gestión notaron que el robo de cables y transformadores crecía en el campo—Fue avanzando y nadie lo detuvo a tiempo hasta que se transformó en una gran industria. Es una situación nacional, lo hablamos con otras distribuidoras y les pasa lo mismo. 

Este es un delito económico que se organizó sin control. Fue avanzando y nadie lo detuvo a tiempo hasta que se transformó en una gran industria. Es una situación nacional, lo hablamos con otras distribuidoras y les pasa lo mismo

Verónica Geese — secretaría de Energía de Santa Fe

Lo que cambió en los últimos años es que se instaló una demanda de compra de metales a las personas en general, no solo a profesionales. Hay una parte más organizada, que roba transformadores en zonas rurales con grúas o camiones. Pero también están las chatarrerías y desarmaderos que le compran a las personas que venden por supervivencia. 

—La crisis ha llevado a que encontrar un pedazo de cobre o bronce sea una fuente de ingreso—explica Geese. En el caso de Ezequiel no fue un delito organizado. Quienes se dedican profesionalmente al robo de metales saben cuando el cable está tensionado. Él seguramente no tenía ese conocimiento y lo hizo pensando que lo que encontraba lo iba a vender fácilmente porque el sistema ya se armó para que cualquiera pueda llevar un pedazo de cobre y venderlo. 

Entre enero y febrero, la Policía detuvo en Rosario a 129 personas por robar cables en la calle. Fue a partir de denuncias que llegaron al 911. La mayoría eran varones jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad. Pablo Polito, a cargo de la dirección de Emergencias del Ministerio de Seguridad, explica que detectan más casos que antes. 

—No es necesariamente porque haya crecido la cantidad sino porque mejoró el tiempo de respuesta al 911. Eso es clave para evitar el corte de luz que afecta al barrio donde se roban los cables. 

Entre enero y febrero, la Policía detuvo en Rosario a 129 personas por robar cables en la calle

Pero, ¿qué pasa con los otros eslabones de esa cadena? En Rosario el área que se ocupa de las habilitaciones es la secretaría de Control y Convivencia municipal. Desde 2022 hasta comienzos de 2024 clausuraron 75 chatarrerías que funcionaban de manera ilegal. Llegaron a ellas por 45 denuncias. 

Desde el Ministerio de Seguridad explican que, con el cambio de gestión provincial del peronismo al radicalismo, todavía no está definida la estrategia en relación a estos delitos en los eslabones más altos. Intervienen cuando hay pedidos de la Justicia. En el Ministerio Público de la Acusación hay una causa abierta por el comercio ilegal de metales en la Unidad NN, aunque desde el área comunicaron que hay reserva y no se pueden dar detalles de la investigación. 

El problema de la venta ilegal de metales llegó a la Legislatura santafesina cuando se sancionó una ley para crear el “Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos”. Es para que se inscriban las personas humanas o jurídicas que hacen actividades de chatarreros. En julio de 2023 la norma fue promulgada para que las ciudades se adhirieran. Rosario lo hizo sobre fines de agosto. La ley busca que las chatarrerías deban llevar un libro con los datos del comprador o vendedor y la modalidad de comercialización.

El día que Ezequiel terminó electrocutado e internado en terapia intensiva, su hermano Cristian quedó detenido. La Policía se lo llevó porque los vecinos lo insultaban, además de filmar a su hermano agonizando. Tiene 34 años y también vivía en la calle. La Justicia de Flagrancia le dio la libertad sin formulación de causa porque no había pruebas para imputarle ningún delito. 

Economía del cazador 

En los últimos meses, quienes trabajan en el Servicio Público de la Defensa de Rosario notaron que hay cada vez más casos de personas con causas abiertas por robo de cables. 

—Viene pasando desde que empeoró la situación económica y no solo de cables de luz, sino de metales en general, hurtos de medidores o en cementerios—dice Francisco Broglia, defensor público y especialista en derecho penal. La mayoría son personas que viven en la calle o trabajan como cartoneros y cartoneras—Son delitos de poca monta. Tienen que recolectar muchísimos cartones o cobre para tener un rédito económico digno. Son las presas fáciles del sistema penal porque son visibles, están con el carrito en la calle y los detienen en flagrancia. 

Para el abogado, el foco de la Policía y la Justicia penal está en el eslabón más bajo de la cadena, como pasa con los delitos de narcotráfico, donde se apunta a los microvendedores de drogas ilegales, los soldaditos. La mayoría son varones jóvenes de los barrios más pobres.

—Es raro ver una intervención del sistema penal sobre las chatarrerías, donde se hace la reducción de cosas robadas. Lo más común es encontrarse con alguien como Ezequiel, muy afuera del sistema, que pone en riesgo su vida. El foco no está en las economías delictivas, que muchas veces son negocios legales que no son controlados por los Estados provincial y municipal. Ir por los eslabones más débiles es, además, poco redituable económicamente: el resultado es una ciudad patrullada por la Policía a la caza personas que cometen delitos menores. Es ir por el eslabón intercambiable. Como Ezequiel, siempre habrá un pibe dispuesto a arriesgar la vida. 

El robo pasa desde que empeoró la situación económica y no solo de cables de luz, sino de metales en general, hurtos de medidores o en cementerios. Son delitos de poca monta. Son presas fáciles del sistema penal

Francisco Broglia — Defensor público y especialista en derecho penal

El robo de cables es un delito que molesta. Impacta directamente en los barrios con los cortes de luz. Son los vecinos y vecinas quienes llaman para denunciar. Para Broglia, ese malestar se cruza con una deriva punitiva que desde hace 30 años se instaló en Argentina con la idea de la mano dura. Quien comete un delito es considerado un enemigo que debe ser violentado y excluido. 

Rosario sabe de esa deriva punitiva. Como las imágenes de Ezequiel, hace 10 años circulaban en las redes videos y fotos del linchamiento de David Moreyra. El joven de 18 años intentó robar una cartera y fue asesinado a golpes por más de 50 vecinos en una cortada del barrio Azcuénaga. 

—Lo que se vio esta semana en los medios, con periodistas justificando y burlándose de Ezequiel, habla de que socialmente hay vidas que no merecen ser lloradas, no son valiosas y no se consideran dignas de protección. 

Para Broglia, hay que entender estos delitos como parte de las crisis económicas sucesivas que afectan a los jóvenes de los sectores más pobres. 

—En los últimos 30 años hubo cambios en la estructura del mercado del trabajo. Los pibes como Ezequiel forman parte de una economía de la lógica del cazador, de la búsqueda de oportunidades, un día cirujean, otra cuidan autos, otra buscan cables, otras manguean y así. El empleo bien pago y estable no existe.

La despedida 

Mientras en los medios y en las redes reproducían sin parar las imágenes de Ezequiel, sus amigos, amigas y familiares de Santa Lucía hacían una colecta pagar el cajón. No les alcanzó la plata. Decidieron comprar flores y coronas. El jueves a la siesta lo despidieron en el cementerio La Piedad. 

En la escuela esta semana se preparaban para un nuevo año escolar. Todavía falta para el inicio de clases pero Valeria Ríos, la directora, sabe que está a cargo de un lugar de contención, un espacio seguro y cuidadoso desde el jardín hasta la nocturna. 

—Acá siempre hay aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, comida y agua corriente. Tenemos que estar en todos los detalles para que la escuela sea el mejor lugar para ellos–, le dice a elDiarioAR

Ríos es directora hace seis años pero conoce Santa Lucía hace 20. Piensa a la escuela como un eslabón comunitario fundamental en un barrio donde hay cada vez más violencia y hambre. Cuando piensa en Ezequiel no puede evitar pensar en los otros chicos que no volvieron a la escuela después de la pandemia. Tampoco en los que ve robando cables de la zanja de la vereda o en el alumno que estuvo detenido por ese delito. Ahora piensa que al menos tuvo la suerte de no electrocutarse. No es la primera vez que despide a un estudiante. El año pasado tres alumnos fueron asesinados en el barrio, uno en la esquina de la escuela. 

—Con Ezequiel sentí la deshumanización en su máxima expresión. Y los medios siguen pasando esas imágenes sin pensar que su familia y sus amigos tienen que ver eso todo el tiempo, sin parar. 

AB/MG

Una noche de fines de los 90 Sandra Cabrera escapa de una mujer casi 20 años mayor que ella. Están a una cuadra de la Terminal de Ómnibus, en una de las zonas rojas de Rosario. Sandra va a cumplir 30 y es rápida arriba de los tacos. Trabaja en la calle desde hace una década y está acostumbrada a escapar, correr y esconderse de todas las divisiones de la Policía santafesina. Esta vez no corre, camina rápido. La ignora, se hace la mala, se va a otra esquina. La mujer insiste. 

—Mirá que nosotras en Buenos Aires no vamos más presas. 

Sandra frena, la mira, se presentan.

La mujer se llama Elena Reynaga y Sandra ya la conoce. Es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). Desde hace unos meses recorre el país con preservativos, folletos y una misión: que el sindicato de trabajadoras sexuales nacido en la ciudad de Buenos Aires a mediados de los noventa sea federal y tenga filiales en todas las provincias. Cada vez que llega a una ciudad hace lo mismo. Va a las zonas rojas y busca entre las prostitutas una con pasta de dirigente. Y Elena sabe, todas se lo dijeron, que en Rosario esa pasta la tiene la sanjuanina Sandra Cabrera. 

Rock y Gilda

Sandra llegó a Rosario desde San Juan apenas comenzaba la década del noventa. Quería juntar plata para pagar la operación de pies de uno de sus dos hijos. Ya era prostituta. Había empezado cuando se separó del padre de los chicos. Apenas migró buscó una esquina en el centro de Rosario. Después fue a la zona Terminal de Ómnibus, a la cortada Quintanilla y San Lorenzo. En esa esquina se hizo amiga de los vecinos y la compartió con su comadre Claudia Lucero durante 10 años. Hablaban durante horas entre cliente y cliente, salían a bailar, comían facturas calientes recién salidas de la panadería y escapaban de cada patrullero para no ser detenidas. 

—Hablamos por primera vez en el pasillo del Hotel Cantábrico. Era el único lugar donde podíamos laburar porque el dueño arreglaba con la cana. En esa época caíamos presas todos los días. Era una semana en Moralidad Pública, la otra en la séptima, la otra en la sexta. Me las conozco como a mi casa a las comisarías. Nos daban hasta 40 días. Con Sandra en el hotel cruzábamos un hola y nada más. Yo siempre de ahí me iba a las bailantas de cumbia. Sandra era más rockera, aunque era devota de Gilda. Un día yo estaba sola porque ninguna de mis amigas quería ir y la invité al baile. Ahí nos hicimos uña y carne. Y ella me invitó a trabajar a su esquina. 

Cuando nació Macarena, la tercera hija de Sandra, Claudia se convirtió en su madrina. Las hijas y los hijos de las putas se criaban juntos. Entre las madres organizaban los cumpleaños. Trabajaban toda la noche para pagar la torta, los regalitos y la piñata. Salían en las fotos sonrientes con ojeras y maquillaje corrido. Y también cuidaban los chicos cuando alguna caía presa. 

—El día que la mataron yo no había ido a trabajar porque estaba indispuesta. Nunca me lo voy a perdonar. Siempre pienso en qué hubiera pasado. Ella estaba contenta porque se iba a Córdoba de vacaciones con la Paola. 

“Ofensa al pudor”

Hay una imagen recurrente. Sandra en la motito, a veces sola, a veces con Macarena, recorriendo las zonas de trabajo sexual callejero repartiendo volantes y preservativos. Sandra dando educación sexual integral en las esquinas antes de que existiera una ley. 

Las primeras reuniones de la incipiente seccional Rosario de Ammar se hicieron en un bar de la zona de la Terminal. Elena Reynaga viajaba cada dos semanas para formar a las que se animaban a participar. Las prostitutas participaban un rato, agarraban los preservativos y volvían a trabajar. Sandra era la única que se quedaba. Charlaba con Elena, la escuchaba atenta, fantaseaba con la derogación de las tres contravenciones que permitían a la Policía detenerlas: ofensa al pudor, prostitución escandalosa, travestismo. En 2003 presentaría el primer proyecto en la Legislatura provincial para eliminarlas y empezarían las amenazas. 

—Cuando caminaba era como que decía “acá vengo yo”. La quise mucho porque cuando nosotras estábamos paradas en la esquina, nadie nos daba bola. Ni la sociedad, ni la familia, ni nadie. Un día me dijo que quería armar un sindicato. Yo trabajaba en la zona oeste, cerca del Village y pensé que estaba loca. Y lo armó nomás, en el 2000 abrió la oficina. 

Myriam Auyeros es la actual secretaria general de Ammar Rosario y una de las amigas de Sandra. Tiene un vozarrón y es una narradora de la historia de las putas. La oficina estaba en el primer piso de la CTA, donde hoy funciona ATE Rosario. La primera vez ella entró a visitar a Sandra sintió vergüenza. Nunca había estado en un lugar lleno de trabajadores y trabajadoras organizados. 

Nosotras nos sentíamos sapo de otro pozo, lo nuestro era la noche, pero en la CTA nos trataban como iguales

Myriam Auyeros — Secretaria general de Ammar Rosario

—Nosotras nos sentíamos sapo de otro pozo, lo nuestro era la noche, pero ahí nos trataban como iguales. Cuando me enteré que la mataron me agarró una locura y empecé a los gritos. Mi nene, el más chiquito, me miró y me preguntó: ¿Y ahora quién me va a dar las monedas de un peso? Cada vez que él iba conmigo al sindicato la Sandra le daba una moneda de un peso. 

Denuncias contra la policía

La primera nota que le hicieron a Sandra en los medios de Rosario fue en diciembre de 2001, en el diario El Ciudadano. En plena crisis, piquete y cacerola, pedía bolsones de alimentos para las prostitutas que no tenían para comer. Los consiguió para navidad. Después vino la gestión de los planes jefas y jefes de hogar para 50 compañeras. 

La nota la escribió la periodista Mariela Mullhall y fue también quien le hizo la última, dos días antes de que la mataran. Sandra había llegado al diario un sábado por la tarde con una compañera. Venían de denunciar en Tribunales a Moralidad Pública. Ya en septiembre de 2003 habían removido a la cúpula cuando Sandra denunció en los medios que les cobraban coimas de 50 pesos para dejarlas trabajar. Esta vez, había pasado lo mismo. 

Sandra siempre prefirió el trabajo sexual callejero al de los boliches, cabarets y whiskerías. En la esquina la ganancia era toda para ella. Cuando se convirtió en secretaria general de Ammar, una de las causas que más militó fue la denuncia de las condiciones de trabajo en los privados. Se metía de prepo y juntaba pruebas de que ahí adentro había trata de menores y acuerdos con la policía. Más de una vez la sacaron a los golpes. 

La pelea con la policía era cotidiana. Sandra quería terminar con las detenciones. En 2003 empezaron las amenazas: a ella por la calle y por teléfono, al sindicato, contra Macarena. Le pusieron custodia policial, que estuvo en la puerta de su casa hasta cuatro días antes de ser asesinada. 

En un programa de televisión de diciembre de 2003 dijo que había muchas prostitutas que salían con policías y que ella no entendía por qué, cuando eran los primeros que las explotaban. Hacía más de un año que estaba enamorada de un policía de la Federal, de la división de Drogas Peligrosas. . 

La vendetta

El 26 de enero de 2004 hacía mucho calor. Esa noche Sandra salió a trabajar. Pasó por el quiosco en el que siempre hacía base, compró gaseosa y un palito bombón helado. Se paró en la esquina de trabajo con Paola,  amiga, compañera de esquina y de vacaciones. Se habían apoyado en una columna, dándose la espalda. Eran eso de las 3.30 cuando un tipo se le acercó. 

—Ya vengo— le dijo Sandra, y se fueron caminando para el lado de Iriondo. 

Paola declaró varias veces que no le vio la cara al supuesto cliente. Su testimonio aparece varias veces en la causa y siempre la misma respuesta: no le vi la cara y no podría reconocerlo de espaldas. 

Días después la kiosquera de la esquina de Cafferata y San Lorenzo declaró que esa noche Sandra se fue con el de Drogas Peligrosas. Que estaban charlando y ella le dijo “ahí está Diego”, y se fue. Fue la última que la vio viva. 

La primera autopsia indicó que la mataron entre las dos y las cinco de la mañana de un tiro en la nuca. La segunda fue más precisa: 5 de la madrugada. Recién a las 08.15 se registró el primer llamado denunciando un cuerpo en la puerta de una casa en Iriondo al 600. 

El cuerpo de Sandra Cabrera estaba a dos cuadras de la esquina donde trabajaba. Boca arriba, con los pantalones y la bombacha bajos y un tiro en la nunca. En la escena había un envoltorio de preservativo Camaleón y una colilla de cigarrillo. Nadie barajó la posibilidad de que la haya matado un cliente. La certeza se expandió como la noticia de su muerte: a Sandra la había matado la Policía. 

Un crimen impune

El expediente de la investigación del crimen de Sandra Cabrera no está en los Tribunales provinciales de Rosario. Hace ocho años quedó guardado en un sindicato, el mismo donde estuvo la primera y única oficina de Sandra. 

La guardiana del expediente se llama Liliana Leyes, dirigente de ATE. Con Sandra compartieron el día a día en las oficinas, aprendió de ella sobre la situación de las prostitutas y cuando la mataron, estuvo en cada reclamo por el esclarecimiento del crimen. En esas conversaciones cambió su mirada sobre la prostitución y los derechos de quienes la ejercen. 

—Tenía una voz gruesa y un lenguaje distinto al de cualquier ama de casa, el lenguaje que aprenden las compañeras en la calle. Era un cuadro impresionante,  incondicional con sus compañeras, las cuidaba mucho. Le dio un aire distinto a la CTA tener a Ammar acá. Se cayeron muchos prejuicios. Convivíamos y salíamos juntas a la calle. 

El expediente es un testimonio de época: la convivencia entre la máquina de escribir, el manuscrito y las primeras computadoras. La mala calidad de las fotos, la poca circulación de celulares, la inexistencia de cámaras de seguridad. Muestra las detenciones sistemáticas de las mujeres y travestis que trabajaban en la noche, del ninguneo de la Policía y de la violencia institucional. Evidencia cómo era aceptable dar de baja una investigación por considerar que los testimonios de trabajadoras sexuales eran “frágiles, que pertenecen a personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante, que no pueden otorgar datos certeros”. 

Es también un perfil de Sandra: muestra a una mujer compleja, madre, laburante y solidaria, que se metía en las comisarías a repartir volantes del sindicato entre las putas detenidas. Una sanjuanina de carácter fuerte, que más de una vez golpeó la puerta de la casa del papá de su hija lista para irse a las piñas. Una dirigente sindical mediática, con conciencia de clase, enamorada de un cana. También es una denuncia permanente del abuso policial y de poder, del circuito de la droga y la caja negra, de las complicidades y relaciones personales entre trabajadoras sexuales y policías. 

La mañana del 27 de enero de 2004 la causa judicial quedó a cargo del juez Carlos Carbone y el fiscal Ismael Manfrín. Carbone siguió desde un primer momento las huellas de la Policía en el crimen, con el foco en Moralidad Pública y las últimas denuncias de Sandra contra la dependencia. 

La investigación decantó en Diego Víctor Parvluczyk, del área de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La fuerza nacional convivía con Moralidad Pública y las comisarías 6º y 7º en la zona de trabajo sexual de la Terminal. Todas se disputaban los negocios de la zona y el avasallamiento a los pocos derechos que tenían las putas. 

A mediados de 2004, Carbone lo procesó. El policía federal estuvo detenido cuatro meses. Lo liberaron en noviembre de ese año, por resolución de la Sala I de la Cámara Penal, integrada por Ernesto Pangia, Eduardo Sorrentino y Alberto Bernardini, que consideró que las pruebas contra él no eran suficientes y que los testimonios de las trabajadoras sexuales no eran válidos. 

Carbone fue recusado meses más tarde. En 2007, el juez de Instrucción de la 10° Nominación, Alfredo Ivaldi Artacho, dictó el sobreseimiento del único imputado y detenido por el delito de homicidio agravado por alevosía contra Sandra Cabrera. En los años siguientes no hubo otras líneas de investigación y la causa quedó impune.

Te llevo en la piel

Macarena se tatuó por primera vez en la adolescencia. Se hizo en la espalda un círculo con flores, una S y una fecha: 27-01-04. Tenía 8 años cuando mataron a su mamá. Ella estaba en Mendoza. Sandra había conseguido un lugar para que viajara con un grupo de boy scout. El 27 de enero a la mañana el coordinador la separó del grupo y le dijo que tenía que volver a Rosario. Todo el viaje Macarena repetía en su cabeza. “Si mi mamá no se murió, a mi mamá la mataron, si mi mamá no se murió a mi mamá la mataron”. 

Era chica pero sabía de las amenazas. Sentía el peligro. Después quedó a cargo de su abuelo, la mandaron a San Juan, se escapó, volvió a Rosario, sufrió violencia intrafamiliar, se escapó de nuevo, se fue a vivir con Claudia mientras Liliana la seguía de cerca e intentaba conseguirle una casa. Estuvo una década en una relación violenta. Tuvo cuatro hijos. Hace dos años logró separarse y ahora vive en una casa en la periferia de Rosario con los chicos. Está juntando plata para abrir un quiosco. Cuando ve las pocas fotos que hay de su madre se ve físicamente distinta, pero se reconoce en la mirada. Desde que está sola con los chicos la entiende más. 

AB/MG

Esta nota fue realizada a partir de la investigación de Laura Hintze y Arlen Buchara para el podcast Matar a una puta sindicalista.

La Monic le pinta los ojos con rimmel y delineador a la Yani Saucedo. Completa los párpados con sombras de colores, le pone rubor en los pómulos y le hace unos labios rojos. 

Es una noche de verano de 1987 y es la primera vez que la Yani se monta para salir a trabajar. Se pone un chupín gris y un topcito negro. Se arregla el carré. La Monic es una trava más grande, la conoce de los carnavales de La Mandarina, en el sur de Rosario. Le marca a las travitas más chicas las zonas menos peligrosas para prostituirse, ahí donde la Policía no las tiene tan junadas. La Yani va a Montevideo y Colón, detrás de la Facultad de Ingeniería y del Politécnico. Tiene 16 años y en Argentina hace cuatro volvió la democracia. 

Llega y a la media hora un Falcon se le para al lado. Se acerca para hablar con el posible cliente y cuando mira de cerca ya es tarde. Dos hombres adelante y dos travestis atrás. Detenidas. 

—Moralidad Pública —dice uno de los policías de civil. 

Es la primera de un número de detenciones que, más de 30 años después, no puede recordar. 

—Imposible. Era algo de todos los días. O corrías o caías. 

En 1991, después de estar 60 días en el calabozo, la Yani se exilió. Salió de la comisaría a la mañana y a la noche fue a trabajar a la avenida del puerto. Ahí empezó la cacería: patrulleros de Moralidad, del Batallón de Infantería, de la cuarta y la primera. Nunca había visto tantos canas juntos. Las arrastraban por el asfalto y las subían de los pelos mientras les pegaban patadas en las costillas. La Yani corrió y se metió en el puerto con otra chica. Se escondieron en un vagón de tren, se agarraron las manos y se juraron que si zafaban se iban de Santa Fe. Al día siguiente, tomó un colectivo a Buenos Aires y no volvió por 10 años. 

Lo que sí sabe la Yani es que las detenciones son muchas más que las que figuran en su prontuario. Tiene la carpeta con antecedentes desde hace dos años, cuando con un grupo de compañeras y un abogado decidieron que el Estado tenía que reparar a las travestis y trans por las violencias vividas. 

Cuatro días después del triunfo de Javier Milei como presidente de la Argentina, lo lograron.

La ley de las travestis

La Ley 14.220 de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti-Trans Pos-Dictadura fue sancionada por la Legislatura de Santa Fe el 23 de noviembre de 2023. Salió por unanimidad del Senado, después de la media sanción de Diputados en junio del mismo año. Mientras la Argentina entraba en un período de retroceso en derechos humanos, Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en reconocer la violencia del Estado contra las personas trans y travestis en un período democrático. Y también en el primer Estado de Latinoamérica en tener una ley de este tipo. 

La reparación reconoce la violencia policial por identidad de género como una práctica sistemática. Toma al período de diciembre de 1983 a junio de 2010, cuando fueron derogados los códigos contravencionales que permitían a la policía detener en la calle bajo las figuras de travestismo, ofensa al pudor, merodeo y prostitución escandalosa. Pero no es solo un reconocimiento simbólico. Es, ante todo, una reparación económica. Equivale a dos pensiones mínimas y cobertura de obra social. El derecho es hereditario a cónyuges, hijos e hijas. 

El proyecto fue escrito por la Mesa por la Reparación, un colectivo formado en Rosario en 2022 por un grupo de travestis y trans y un abogado. Lo presentó la diputada peronista Matilde Bruera y tuvo apoyo de la mayoría de los partidos políticos. 

Pero la ley existe por la insistencia. No estaba en la agenda de ningún legislador, ni era la prioridad de ningún gobierno. Fueron las travestis y trans las que buscaron, uno por uno, los votos. Fueron ellas las que juntaron los apoyos institucionales, organizaron marchas, debates y acampes, convencieron a cada presidente de comisión, salieron en los medios y armaron colectivos y caravanas para bancar la ley. Un camino de dos años de rosca política trava para lograr una ley trava, como la definen desde la Mesa. 

—Una ley que salva vidas —agrega Yanina Saucedo. Tiene 52 años y por primera vez en su vida tendrá un ingreso formal y obra social. 

Presas políticas

La ley de reparación tiene como antecedente otro proceso reparatorio. En 2018, el Estado de Santa Fe reconoció a 33 mujeres trans y travestis como presas políticas durante la última dictadura militar. Después de un trabajo de recopilación de prontuarios y de testimoniar en la Justicia, las incluyó dentro de la ley 13.298, que da dos pensiones mínimas y cobertura de salud a víctimas del terrorismo de Estado. 

La primera reparación abrió un proceso de memoria. Las travestis y trans, todas mayores de 60, contaron las torturas que habían sufrido antes, durante y después de la dictadura. Marcia Echenique no sabía cuándo había sido su primera detención. Recién cuando vio el acta policial comprobó que había entrado al pozo de la ex Jefatura en 1979, con 16 años. 

El ejercicio de memoria fue colectivo. Primero, cinco de ellas hicieron una obra de teatro, Finalmente reparadas. A la salida de una de las funciones, una pareja de policías les pidió disculpas en nombre de la fuerza. Después, armaron el Archivo de Memoria Travesti Trans. Juntaron testimonios y accedieron a otros prontuarios que evidenciaban lo que ellas ya sabían: la violencia no había terminado con la dictadura. Es que, si para la Argentina 1983 fue el año de la libertad, para las travas la democracia empezó recién 29 años después, con la Ley de Identidad de Género de 2012.  

La expectativa de vida de travestis y trans en Argentina es de 35 a 40 años. Quienes superan esa edad son consideradas sobrevivientes. Por eso, siempre supieron que la reparación tenía que abarcar más allá de la dictadura. La primera reunión para gestar la ley fue en Rosario, en febrero de 2022. Asistieron cinco travestis y trans y un abogado. 

—Es una ley trava —repite Matías Gómez, abogado de la mesa. —Yo la escribí pero lo hice con ellas. 

Tiene 38 años, trabaja en la secretaría de Derechos Humanos provincial y estuvo detrás de la letra chica de la primera reparación de las sobrevivientes de la dictadura. En esa primera reunión les propuso que escribieran una ley con el antecedente burocrático y jurídico que ya estaba funcionando. Y se sumó como un activista más, redactando la ley y la memoria que presentarían en 2023 a la Legislatura. 

—Fue muy importante trabajar con ellas y probar que hubo un grupo de personas que por su identidad de género sufrió violaciones sistemáticas de derechos humanos en democracia. Construimos una verdad jurídica que es un antecedente para todo el país.  

Con la fuerza de la ley

El 13 de junio de 2023, la Cámara de Diputados de Santa Fe votó dos veces el proyecto de ley de reparación. La primera contabilizó 27 votos a favor de 50. Amalia Granata pidió la palabra y exigió votar de nuevo por un tecnicismo. La segunda dio 28.

—Tomá —gritó Karla Ojeda desde uno de los balcones. 

—No quiero escuchar más a estos patoteros —dijo la diputada.  

Karla es una de las integrantes de la Mesa por la Reparación. Y es una topadora. Siempre está de una punta a la otra de Rosario resolviendo problemas. Es parte del Archivo de Memoria Trans y trabaja en gestión en la Universidad Nacional de Rosario. Va a todos los actos y marchas, reparte ropa y colchones entre compañeras, ayuda a una a buscar casa mientras atiende la situación de violencia de la otra, cría a su hija.  

Tiene 53 y tampoco se acuerda cuántas veces estuvo detenida. Cuando recibió su prontuario sintió que, por primera vez, tenía una prueba de lo que siempre había sido una certeza. Sí recuerda todo lo que hacían para no caer presas. 

—Acuendá que viene la sidilcri —gritaban para avisar que llegaba la policía en carrilche, la lengua que se inventaron las travas argentinas como un código secreto ante en situaciones de peligro. Y ahí era correr, subirse a los árboles, meterse debajo de un auto o donde sea para zafar. Las detenciones eran desde un par de días hasta tres meses.

—Era salir a comprar el pan y que te llevaran. 

Las travas se hacían amigas en la construcción de la identidad y en las comisarías. Desde conseguir las hormonas o la silicona líquida, hasta la ropa o pasarse la data de calles y pensiones seguras. Karla empezó a prostituirse a los 21. Creció en una casa donde aceptaron su identidad, algo poco común entre sus compañeras. En los 90 conoció a Miguel, con quien está en pareja desde hace más de 30 años. Se fueron a España cuando las detenciones eran cada vez más violentas. Ya de vuelta en Argentina decidieron tener una familia y en 2017 adoptaron a Agustina cuando tenía 11 años. 

Karla fue una de las piezas clave del activismo por la ley. Con el trabajo en el Archivo se dio cuenta que podían hacer algo por las mayores de 40 y 50 que seguían vivas y habían pasado la mayor parte de la edad laboral productiva en un calabozo.  

—Pensábamos que nunca íbamos a tener esos archivos. Hay muchos que no están porque los destruyeron, como los de Moralidad Pública. Pero además teníamos otra prueba: nosotras como testimonio vivo. 

En los 80 y 90, Santa Fe era una de las provincias más difíciles para el colectivo travesti-trans. Había una saña particular de la Policía, encarnada en Moralidad Pública. La división había nacido en 1969 y patrullaba las calles aplicando los códigos contravencionales. La unidad quedó disuelta en 2004, cuando fue asesinada Sandra Cabrera, secretaria general de Ammar. Después del crimen, las detenciones bajaron pero no terminaron hasta 2010. 

—La reparación es darle un cachetazo al Estado y mostrar lo que sucedió. Nosotras en democracia no elegimos ni tuvimos derecho a nada. Lo único que elegimos fue ser travestis y nos mataron por eso—dice Karla. 

Conseguir la ley fue un trabajo dentro y fuera de la Legislatura. Cada acción construyó un anecdotario de una forma de hacer política travesti. Desde el día que bajo la lluvia Karla fue a encarar al presidente de una comisión en Rosario, mientras otra compañera hacía lo mismo en Santa Fe con el presidente de otra, y ninguna de los dos los dejó en paz hasta asegurarse la firma, hasta cuando llegó a la Legislatura una delegación de legisladores estadounidenses y les gritaban “aprobeishon de la repareishon”. Porque a pesar de la expectativa de vida bajísima, de la violencia con la que conviven desde la infancia, de las marcas en los cuerpos siliconados e inyectados, de las amigas que mueren todos los años, esa forma de hacer política está atravesada también por un lenguaje y un humor travesti contagioso. 

—Nosotras vamos travestizando la comunidad, marica. Hubo voluntad política sí, pero lo que hubo fue insistencia y política trava. Una construcción propia de memoria, verdad y justicia. 

Después de la media sanción, Karla supo que no podían dormirse. Tenían que pasar el Senado antes de que terminara el año. Con la composición 2024 de la Cámara iba a ser más difícil. Karla hacía lobby con la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, mientras Lali Naranjo, una travesti de San Lorenzo, se ocupaba de Armando Traferri, el más influyente entre los peronistas. 

La semana que Milei ganó el balotaje, les avisaron que había chance de tratar la ley. Alquilaron un colectivo, se endeudaron y fueron una vez más a Santa Fe. En la capital, las esperaba Fabiana González, una travesti fundamental en la organización de las actividades en la Legislatura y en el poroteo de los votos. Ese día el calor se sentía tan fuerte como los cantos y los bombos. 

—Las travas están, sí están. Las travas están, sí están. Entonces, vote, vote, vote Senado vote —gritaban sin parar. 

A las 17.30 un asesor les avisó que podía entrar un grupo de no más de seis personas. Era la señal. Chorreaban de transpiración cuando se ubicaron en los balcones y vieron a los 19 senadores votar la ley. Traferri pidió la palabra y se disculpó en nombre del Estado. 

Karla salió a la puerta de la Legislatura a abrazar a las que habían quedado afuera. Recién ahí se largó a llorar. 

Poner la ley en acción

Desde la sanción, el poder ejecutivo tiene 90 días para reglamentar la ley. La implementación la hará la Dirección de Diversidad Sexual, a cargo de la referenta trans Pamela Rochi, junto con la Caja de Jubilaciones. 

Pamela ya había estado en la gestión provincial durante el gobierno de Miguel Lifschitz e impulsó la obra de teatro Reparadas. Es una aliada clave para la mesa. Un día después de asumir, las recibió para trabajar en la aplicación. 

La mesa presentó un borrador de la reglamentación, ahora está en manos del ejecutivo avanzar con los primeros expedientes. Estiman que serán alrededor de 100 las beneficiarias: 40 en Rosario, 30 en Santa Fe y otras 30 en el resto de la provincia. Pero el número está en construcción. En la provincia hay 1569 travestis y trans que hicieron el cambio de identidad en el DNI y se calcula que la población asciende a unas 500 personas más. El beneficio llegaría a apenas el 5 por ciento de la comunidad. 

Para acceder, las personas trans deberán presentar documentación que certifique que fueron detenidas entre 1983 y 2010 en la provincia. También podrán sumar testimonios, historias clínicas y otros archivos que sirvan para probar esas detenciones sistemáticas. 

La reparación no es por edad, sino por las violencias sufridas. Apunta a las mayores de 40 años pero lo que reconoce y prueba es la violencia del Estado. Los documentos recolectados pasarán a ser parte del archivo provincial de derechos humanos. A nivel nacional, hubo distintos intentos para que el Congreso sancione una ley de reparación pero hasta 2023 no logró tratamiento.

Vivir escapando

Fabiana González no tiene recuerdos de la ciudad de Santa Fe que no sean dentro de un calabozo o escapando de la policía. 

—Algún que otro de la primaria quizás, pero pienso en esos años y solo me acuerdo de estar escondiéndome. No es que la policía te encontraba de casualidad. Andaban de día por los barrios cazándonos. Entraban a tu casa y te sacaban sin ninguna orden. 

La primera vez que la detuvieron fue en 1986. Había salido a hacer las compras cuando un auto con dos hombres se le paró adelante. Ella vestía un jardinero de jean y un suéter marrón. 

—Ninguna vestimenta de mujer, ni tacos, ni vestido, ni pintura. Solo mi identidad femenina. 

Tenía 16 años. Los policías le mostraron una placa de Moralidad Pública y la subieron a los empujones. La llevaron a la Jefatura. Fue la primera vez que conoció el centro de la ciudad. La encerraron en un cuartito y le tomaron declaración. Ella repitió varias veces que era menor pero no le creyeron. Al rato apareció uno de los policías con el pantalón por la rodilla y le dijo que si no se la chupaba no iba a salir. 

—Me asusté y me largué a llorar. Ahí me dejaron ir. 

Fabiana tiene 54 años. Empezó a prostituirse a los 18 cuando una travesti más grande le dijo: “Marica, deja de estar muriendo de hambre. Ponete un vestido, pintate y venite a putear acá. Yo te voy a enseñar”. Hasta ese momento, Fabiana pensaba que solo las mujeres cis cobraban por trabajo sexual. 

Las detenciones no pararon desde la adolescencia. Al principio a ella le parecía algo natural. Pero a los 20 habló con travestis de clase alta que nunca habían estado presas. Una de ellas le contó que su papá le había conseguido un habeas corpus para que no la detuvieran. Pero ella era pobre y no tenía esos contactos. Otra le habló de una serie de artículos de la Constitución que servían para defenderse de los códigos de falta. Fabiana los imprimió y los repartió entre las travas para que supieran cómo protegerse. 

Los policías empezaron a ser más violentos. Una noche la detuvieron en la zona donde trabajaba y, en vez de ir a la Jefatura, la llevaron a un callejón. La golpearon, la obligaron a practicarle sexo oral a todos y la dejaron tirada. La escena se repitió varias veces hasta que en 1996 se fue a Buenos Aires. 

En la crisis de 2001 migró a Barcelona después de que todos sus ahorros quedaran en el corralito. Volvió para hacer el cambio registral por la Ley de Identidad de Género y pidió ver su prontuario. 

—Un policía me lo mostró y era enorme, como dos diccionarios viejos de los de antes. 

Quiso revisarlo para hacerle un juicio al Estado pero no la dejaron. Diez años después, cuando lo buscó para el proyecto de reparación, se encontró con una carpeta más chica. 

—No estaban las fotos. Cada vez que nos metían presas nos desnudaban y nos sacaban fotos.  

A Santa Fe volvió en 2015, cuando su mamá se enfermó de alzheimer. Hace dos meses trabaja en el Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Entró por cupo laboral trans y es su primer empleo formal. Alguna vez soñó con ser paleontóloga pero no pudo terminar la escuela nocturna por los maltratos.

—Todos nuestros proyectos de vida fueron frustrados por la sociedad que no nos aceptaba. No estamos vivas porque somos unas genias, lindas o inteligentes. Estamos vivas porque tuvimos suerte. 

Fabiana fue la pata en la ciudad de Santa Fe para conseguir los votos y armar las movilizaciones. Una de las intervenciones que organizó fue una pegatina de prontuarios en un museo.

—Que el proyecto haya salido de nosotras mismas es la demostración de cómo después de tanto daño nunca lograron que nos convirtamos en personas de odio. Todo lo que nos hicieron lo transformamos en lucha y en amor. Siempre conquistamos derechos por las vías democráticas sin pasar por encima de nadie. 

El día de la votación pensó en las que no estaban. Algunas incluso se fueron en el proceso de debate. Jésica Moyano, integrante de la mesa, murió en diciembre de 2022. 

—Siempre vivimos con el fantasma de que nos vamos a morir jóvenes. A mí no me repara nada, no cambia lo que el Estado y la sociedad le hicieron a mi cuerpo. Sí sentí paz y tranquilidad por mis compañeras y por haber conseguido un poco de justicia por ellas. Para que a esta edad no tengan que pararse en una esquina para comer.

AB/MA

El Jardín de Infantes Sapo Pepe escribió dos comunicados de duelo en un mismo año. El primero en mayo de 2022, cuando Auriazul fue asesinada a tiros con la mamá y el papá en un pasillo del barrio Tablada, en el sur de Rosario. Auriazul tenía seis años. El segundo, cuando en navidad murió Candelaria por una bala perdida. Tenía cinco años. Lo mismo hicieron más de 30 veces jardines, escuelas primarias y secundarias, clubes y organizaciones de toda la ciudad. Lo mismo hicieron esta semana el gremio docente Amsafé y la escuela bilingüe 1344 Taigoye a donde iba Máximo en el barrio Los Pumitas. Su historia es conocida: fue asesinado el domingo en una balacera y tres de sus primos quedaron heridos. Tenía 11 años. 

El 2022 no solo fue el año con más muertes violentas en Rosario, con 287 homicidios. Fue también cuando más niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, con 36 casos en toda la ciudad. Fue, además, el año con más muertes de mujeres. Ainará Altamirano, la mamá de Auriazul, fue una de ellas. Tenía 25 años y es una de las 64 mujeres que murieron en distintos contextos de violencia. De la balacera se salvó la segunda hija de la pareja, una niña de tres años. Por el triple crimen, el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe pidió “un mea culpa a la política” por la situación de Rosario. A los tres meses renunció.  

Las muertes de mujeres y niños marcan un cambio en las formas de pensar la narcocriminalidad. Ya en 2022 desde el Observatorio de Seguridad Pública advertían que el número de mujeres muertas se había duplicado y hasta triplicado en apenas un año

Las muertes de mujeres y niños marcan un cambio en los datos sobre los homicidios de Rosario y en las formas de pensar los delitos alrededor de la narcocriminalidad. Ya en 2022 desde el Observatorio de Seguridad Pública advertían que el número de mujeres muertas se había duplicado y hasta triplicado en apenas un año. 

Entre 2014 y 2021 las muertes violentas en Rosario habían tenido un patrón: el 90 por ciento de las víctimas eran varones jóvenes y pobres de entre 15 y 30 años de los barrios más populares de la ciudad. El número de mujeres asesinadas era estable, entre un 7 y un 11 por ciento y la mayoría eran en contexto de violencia machista. En 2022 eso cambió: las mujeres fueron el 22.4 por ciento de las muertes violentas, una de cada cuatro víctimas. La tasa de mortalidad se triplicó. 

Otro indicador cambió: por primera vez las muertes de chicos y chicas menores de 18 años superó la barrera del 10 por ciento del total de homicidios. De los 287 registrados en 2022, un 12.4 por ciento fueron menores de 18 años. 

Por primera vez las muertes de chicos y chicas menores de 18 años superó la barrera del 10 por ciento del total de homicidios. De los 287 registrados en 2022, un 12.4 por ciento fueron menores de 18 años

Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de balaceras, tiroteos, venganzas y fuegos cruzados mientras juegan en la calle o en la canchita, festejan cumpleaños, están en brazos de sus madres o dentro de la casa. Las mujeres también. Son asesinadas por formar parte de distintos eslabones de la venta de drogas ilegales, por venganza, por ser familiar, novia, prima, amiga, hermana, hija de alguien, por estar en la calle cuando empiezan a tirar. Todos, mujeres, varones, adolescentes, niños y niñas viven en los barrios más pobres de la ciudad.  

Más muertas por violencia urbana que por violencia machista  

El aumento de muertes violentas de mujeres, infancias y adolescentes es analizado como una particularidad de Rosario, pero cada grupo responde a motivos y análisis diferentes.  

El Observatorio de Seguridad Pública elabora desde 2014 estadísticas trianguladas de la Justicia, la Policía y el sistema de salud. Santa Fe es la única provincia del país que hace un análisis de este tipo. 

En el caso de las muertes violentas de mujeres, el Observatorio registró que en 2022 hubo 64 asesinadas en Rosario. De ese total, cinco fueron femicidios por de violencia de género. La mayoría, el 78 por ciento, fueron en contexto de criminalidad organizada, lo que implica un aumento en relación a lo que pasaba desde 2014, cuando representaban el 33 por ciento, y a 2021 cuando fueron el 45 por ciento. Es decir: la letalidad vinculada a delitos de criminalidad organizada creció y para las mujeres rosarinas es más probable morir por la violencia urbana que por la violencia machista.

Otro indicador muestra el aumento de la violencia: las mujeres heridas por arma de fuego. En 2020 fueron 20. En 2022 se triplicaron. 

La circulación y el uso de armas aparece entonces como otro factor a analizar. Hasta 2021, un 55 por ciento de las mujeres eran asesinadas con armas de fuego. En 2022 la cifra llegó al 86 por ciento. Los números muestran un aumento de la letalidad: hay muchas más mujeres muertas que heridas.

“Lo que pasa en Rosario no se ve en ningún otro lugar del país y nos interpela para renovar categorías analíticas como la de femicidio”, dice Gustavo González, secretario de Política Criminal y DDHH del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. “Muchas veces no tenemos los elementos en las investigaciones para detectar violencia de género. La categoría femicidio tiene un origen jurídico que no fue pensado para las muertes en contexto de crimen organizado”. 

Pero ¿quiénes son las mujeres asesinadas en Rosario y por qué las matan? 

Un ejercicio para entender quiénes ponen los muertos en la ciudad es superponer el mapa de homicidios con el mapa de los barrios más pobres. La coincidencia es total. Con las mujeres pasa lo mismo: la mayoría son jóvenes de menos de 30 años de los barrios más vulnerables. La forma de matarlas es parecida a los varones jóvenes: hay un mandato previo, un sicariato, y el uso de armas de fuego.   

¿Quiénes son las mujeres asesinadas? La mayoría son jóvenes de menos de 30 años de los barrios más vulnerables. La forma de matarlas es parecida a los varones jóvenes: hay un mandato previo, un sicariato, y el uso de armas de fuego

Las mujeres son asesinadas por distintos motivos, explica González. Están las que participan en eslabones del microtráfico de drogas ilegales, las que entraron al negocio cuando sus parejas o familiares varones cayeron presos, las asesinadas en balaceras junto con otras víctimas como una forma de ostentar la violencia y las que que matan por venganza de un varón hacia otro varón, ya sea por ser la madre, la hermana, la pareja o tener algún vínculo con ellos. El 64 por ciento de las muertes violentas son por mandato previo. En casi el 80 por ciento hubo una planificación del homicidio. 

Ciudad de niños asesinados 

El año pasado marcó un antes y un después en el crecimiento de la violencia en  Rosario. No solo se rompió la barrera de los 264 homicidios de 2013. Aparecieron como nunca antes las noticias de niños, niñas y adolescentes asesinados en distintos contextos. 

Desde el Observatorio contaron 36 muertes de este tipo, el 12.4 por ciento del total de homicidios. El número preocupa si se lo compara con años anteriores: en 2021 fueron el 6.5 por ciento y en 2020, el 7 por ciento.

En las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes aparecen dos modalidades. Están las víctimas de balaceras. Ahí aparece una ostentación de la violencia, una demostración de poder de fuego, donde quienes mueren no son destinatarios directos de la violencia armada. Y están las víctimas directas, las y los adolescentes asesinados por conflictos territoriales en la disputa por el microtráfico de drogas ilegales. Y de nuevo en el mapa estas muertes se superponen de manera perfecta con los barrios donde viven. Los más pobres de la ciudad. 

Las pibas en el mundo del delito 

En 2015 la abogada y doctora en Antropología, Eugenia Cozzi, recibió un whatsapp de la novia de un pibe “tira tiros” de Rosario. Le reenviaba el flyer de la convocatoria al primer Ni Una Menos. Hasta ese momento, Cozzi veía la movilización como un reclamo de sectores de clase media. El mensaje la llevó a la marcha. 

“Mujeres muy jóvenes se intercalaban con viejitas, pibas de los barrios con señoras del centro, y así. Había furia, furia contenida y una energía arrolladora. Me conmoví. Esa experiencia se imprimió en mi cuerpo, en mi forma de mirar tan preocupada por denunciar los pibes que mataban y morían en la ciudad, de comprender ese mundo. Quería ahora conocer y comprender qué pasaba con las pibas en el mundo del delito, ese universo que tanto había estudiado”, escribió en el artículo Las pibas y el mundo del delito, publicado en Cordón.

Cozzi plantea que el Ni Una Menos generó un cambio en la manera de mirar a las mujeres desde la academia y las burocracias penales. Se volvieron un objeto de análisis y eso hace que muchas dinámicas, datos y otros indicadores sean mirados ahora desde una perspectiva de género. 

Ella había estudiado hasta ese momento a varones jóvenes de los sectores populares de Rosario, esos que llenan las estadísticas de homicidios cada año. El mundo del delito siempre fue masculinizado y Rosario no es la excepción. “Son los que ocupan el espacio público y disputan allí su honor a los tiros”, explica. Son la mayoría de las víctimas y de los victimarios y están en ciertos lugares de poder. 

Con la irrupción de los feminismos se preguntó si los mensajes tenían repercusión en el mundo del delito. Si habían entrado a todos los ámbitos de la vida, ¿por qué no pensar que en las tramas delictivas también? Y si había pasado ¿cómo incidía esa irrupción en Rosario? ¿Cambiaba algo? ¿Se reproducían las mismas lógicas machistas o aparecían nuevas formas? 

“Las mujeres jóvenes o los cuerpos feminizados que participan del mundo delito lo hacen desde una posición subalterna, en los peores puestos, como soldaditas en el mercado de drogas ilegalizadas, y son quienes, entre otras tareas, se encargan de la venta al por menor. Comparten ese lugar de subordinación, explotación y peligro que también ocupan los soldaditos, sus pares jóvenes varones. En otros casos llevan adelante la maquinaria logística imprescindible para el desarrollo de los mercados ilegales -como la organización y administración de puntos de venta-, y las más de las veces, además, se encargan de las tareas de cuidado necesarias para que ellos, los varones, se desarrollen en esos ámbitos”, dice en su análisis.

Para Cozzi son pocas las jóvenes que disputan prestigio a los tiros a la par de los varones. Y cuando lo hacen son masculinizadas. Las que ocupan ciertos lugares de poder son las menos y suelen ser esposas, madres, viudas, hijas o hermanas de varones presos o muertos. 

Son pocas las jóvenes que disputan prestigio a los tiros a la par de los varones. Cuando lo hacen son masculinizadas. Las que ocupan ciertos lugares de poder son las menos y suelen ser esposas, madres, viudas, hijas o hermanas de varones presos o muertos

Narcotráfico con perspectiva de género 

“Tristemente somos la ciudad donde podemos analizar esta particularidad que no se da en ninguna otra ciudad del país”, dice Luciana Vallarella, fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de Acusación. Para ella hay que pensar la narcocriminalidad con perspectiva de género. Opina que los asesinatos de niñas y niños muestran una ausencia de límites y una exhibición de la violencia de las organizaciones criminales: “Los niños quedan en medio de una balacera pero hay una intención de generar un temor generalizado en la ciudad”. 

Vallarela cree que la violencia crece cuando el Estado actúa de manera descoordinada. “Hoy no vemos esa articulación. Antes participamos de dispositivos multiagenciales de todos los niveles. El Estado entraba primero por la fuerza pública, porque ya se había retirado, pero después llegaba todo lo demás: municipio, provincia, Justicia, Vivienda, Desarrollo Social, Niñez, centros de salud, centros de convivencia barrial, etcétera. En la zona de Grandoli y Gutiérrez, una de las más conflictivas, habían disminuido drásticamente la cantidad de homicidios”, dice y agrega que desde la política debería haber acuerdos básicos sobre la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Rosario. 

Este año la fiscal Carla Cerliani pasó de la Unidad de Violencia de Género a Homicidios. Su incorporación fue anunciada como una política para analizar e investigar las muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género. 

Ciudad letal 

En los últimos años, Rosario se convirtió en una de las ciudades más letales de Sudamérica. La tasa de homicidios es similar a la de Río de Janeiro y cuatro veces más alta que la media nacional, con 22 muertes violentas por cada 100 mil habitantes cuando en el país el promedio es de 4.6. 

En 2023 los indicadores no cambian. Incluso son peores: hasta el 9 de marzo hubo 66 homicidios. Para la misma fecha del año pasado había 55. 

La crisis tiene de fondo el fracaso de las políticas de seguridad. En la última década han pasado ministros de todo tipo: académicos, políticos, técnicos y hasta de las fuerzas de seguridad. La gestión de Omar Perotti lleva cuatro ministros y diez jefes de Policía distintos. Hoy la cartera está conducida por el gendarme Claudio Brilloni.  

La política más sostenida en el tiempo fue el enfoque punitivo, represivo y carcelario. La población carcelaria aumentó casi un 150 por ciento en los últimos 15 años. En 2008 en la provincia había 3.794 personas privadas de libertad. En 2022 llegaron a 9.350. Dos de cada tres son personas que cometieron un delito por primera vez, es decir, no son reincidentes. El 96 por ciento son varones. La tasa pasó de 117 a 263 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes. La superpoblación de las cárceles asciende al 30 por ciento. Y los homicidios no bajaron. Al contrario, aumentaron. 

Después de la balacera contra el supermercado del suegro de Messi y del asesinato de Maxi en Los Pumitas, Rosario volvió a estar en todos los medios. Aparecieron los diagnósticos de todos los sectores políticos y el pedido de mano dura y más fuerzas de seguridad. Aparecieron los anuncios que incluyeron hasta al Ejército y llegaron, otra vez, más gendarmes.

“Preocupa que no se anuncien políticas que incluyan las variables sociales y urbanas. Todas las respuestas a la violencia pasan por un aumento de la cantidad de miembros de fuerzas de seguridad”, dice Gónzalez. 

La urbanización y el trabajo social en los barrios es un reclamo de distintos sectores hacia el municipio. Porque en el aumento de la criminalidad organizada no se salva ningún nivel del Estado. Influye desde lo más arriba como la falta de investigación sobre el dinero del narcotráfico hasta el transporte público que no llega a los barrios más vulnerables. Otro de los temas que reclama la agenda pública pero está ausente de los anuncios es la reforma de la Policía y el Sistema Penitenciario. 

Para González hay otro punto central en la discusión sobre la situación rosarina. El discursivo. La utilización de la palabra “narco” para justificar el aumento de la violencia es simplista. “Hablar de muertes narco más que ayudarnos a pensar lo que pasa en Rosario nos limita. No hay una relación directa entre narcotráfico y violencia. El microtráfico existe en todos lados pero la violencia no. Para las organizaciones criminales el uso de la violencia no es lo más conveniente, los coloca en la arena pública. Si creemos que todo es narco perdemos la complejidad y otras variables. La única relación causal directa es entre exclusión social y violencias. Basta con ver el mapa de los barrios y de los homicidios”, explica. 

Las muertes por violencia urbana se lloran en las escuelas, los jardines, las calles, las plazas, los murales que pintan para recordar las víctimas, las casas, las familias, los clubes, las amigas y amigos. Son muertes que duelen, no están naturalizadas. 

Qué vengan a ver cómo vivimos 

“¡Paramos porque la narcocriminalidad se sigue llevando las vidas de nuestras niñeces! ¡Justicia por Máximo!”.

Son casi las nueve de la noche cuando en el Monumento a la Bandera leen la proclama del 8 de marzo. Después de marchar 20 cuadras, por primera vez no habrá festival para cerrar la noche. La tradición de la feria, el escenario de espaldas al río, las bandas y la música hasta la medianoche es descartada en las asambleas feministas. Varios factores influyen en la decisión. Uno es la seguridad. “No estaban garantizados los colectivos gratuitos hasta tarde, la frecuencia es muy mala y las mujeres de los barrios populares terminan volviendo de noche y poniéndose en riesgo. Si no hay transporte público accesible es difícil pensar la seguridad. Más en el clima de estos días y siendo una marcha que mueve a las mujeres de los sectores populares de toda la ciudad”, explica la referente Majo Poncino. 

“Que se pongan las pilas y vengan a ver cómo vivimos”, dijo el lunes Antonia, la tía de Maxi, mientras lo velaban en el club donde quería ser campeón. Alrededor, un barrio sin servicios básicos, la llegada de más gendarmes y el fuego cruzado que no para. 

En 2020 en Argentina había casi 92 mil embriones congelados en 54 clínicas de fertilización asistida. La cantidad había aumentado un 70 por ciento en apenas tres años y los centros médicos advertían que un cuarto llevaba más de una década en el freezer sin ser usado. En 2023 no hay datos nuevos pero el tema de qué hacer con los 24 mil embriones ociosos llegó a la Corte Suprema de Justicia en medio del debate en comisión por el juicio político contra todos sus integrantes. 

El máximo tribunal del país decidió tomar una causa de una ex pareja que pidió desechar tres embriones para hacer una audiencia pública que aún no tiene fecha pero que ya generó interpretaciones de todo tipo. ¿Es un mensaje para el Gobierno en medio del pedido de juicio político? ¿Le está hablando al Congreso que nunca trató una ley para definir el destino de los embriones que no se usan? ¿Es una señal para tener apoyo de grupos antiderechos y conservadores? ¿Es ir contra la ley de aborto legal sancionada hace dos años? ¿De todos los temas de interés social para audiencias públicas, es el de los embriones congelados uno de ellos?

“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”, dice la abogada Marisa Herrera. Es una de las autoras de un proyecto de ley presentado en 2021 por la diputada del Frente de Todos Mara Brawer que busca definir el destino y la protección de los embriones congelados.  

Tres embriones a la Corte 

En 2021 una mujer y un hombre llegaron a la Justicia porteña por tres embriones. Se habían separado en 2018 y querían que la clínica donde habían hecho un tratamiento de fertilización asistida los tirara. No querían pagar más los 100 dólares anuales de mantenimiento y tampoco querían donarlos. Querían tirarlos. 

La ex pareja había empezado el tratamiento en 2014 en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires por derivación de la obra social. Cuando firmaron el contrato por los primeros 12 meses, desde la clínica no les aclararon que para tirar los embriones necesitaban una autorización judicial. En octubre de 2015 tuvieron una hija. 

“Cada vez que aparece la palabra embrión en la agenda pública hay una asociación directa con aborto y con derechos sexuales y reproductivos. La Corte busca reabrir un debate que ya está saldado en Argentina”

Marisa Herrera — Abogada

Tres embriones quedaron congelados para usar en el futuro. Pero se separaron y se pusieron de acuerdo en que no querían tener más hijos. La clínica hizo lo que hacen muchas clínicas en Argentina: apeló a un vacío legal y les dijo que lo tenía que resolver la Justicia. 

La causa llegó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº77 y la jueza Vilma Días rechazó el pedido. En una sentencia de julio de 2021 dijo que el embrión “detenta condición de humanidad”, relativizó el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” que no considera persona al embrión y dijo que el artículo 19 del Código Civil y Comercial reconoce la existencia de la persona desde su concepción, una interpretación muy escuchada entre quienes se oponían a la ley de IVE y que quedó saldada en los debates. 

El fallo fue apelado. En segunda instancia los jueces Paola Mariana Guisado y Juan Pablo Rodríguez, de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le dieron la razón a la ex pareja. “El fallo explica que no tienen que autorizar el pedido de destrucción de los embriones porque ningún centro médico debe pedir esa autorización. Hay un concepto de libertad: fue un proyecto de ellos, se pusieron de acuerdo en que ese proyecto se terminó, tienen embriones sobrantes y los quieren tirar”, explica Herrera. 

Pero no quedó ahí. El Ministerio Público Fiscal y la Defensora de Menores e Incapaces apelaron de nuevo y dijeron que faltaba una norma que regulase el destino de los embriones congelados que no se usan. 

Después de todo ese camino, los tres embriones de 7 a 10 milímetros llegaron a la Corte Suprema de Justicia este verano. El máximo tribunal definió la agenda 2023 y entre las prioridades están los embriones criopreservados. Tal es así que no resolvió la causa sino que decidió llamar a una audiencia pública, una herramienta que sirve para que el máximo tribunal escuche a la sociedad en temas que son de interés general. El año pasado convocó a cuatro. Solo hizo dos. 

Una legislación en progreso 

Los primeros tratamientos de fertilización asistida en Argentina fueron en los 80. Durante 30 años las personas que querían tener hijos a través de técnicas in vitro tenían que pagar por todo el proceso de manera particular. En 2013, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.862 y el país se convirtió en el primero de Latinoamérica en garantizar el derecho a los tratamientos que pasaron a ser cubiertos por obras sociales, prepagas y la salud pública. 

En la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 se avanzó en la filiación, es decir, en quiénes son las madres y los padres de las personas nacidas por técnicas de reproducción. Son quienes firman el consentimiento por más que el material genético sea de terceros. Parece una obviedad pero se buscaban regular dos situaciones posibles. Primero, que un donante de óvulos o semen quisiera reclamar la paternidad o maternidad. Segundo, que un padre quisiera desligarse de la paternidad de su hijo a través de un ADN, un antecedente que existía en Paraguay. 

Cuando se hizo la reforma hubo un pedido al Congreso Nacional para que regulara por ley el uso los embriones congelados. En 2019 el ex diputado Daniel Filmus presentó un proyecto que perdió estado parlamentario. En 2021 fue reelaborado por Brawer con firmas de diputadas de bloques distintos.

El proyecto de ley de protección del embrión no implantado propone cuatro destinos para los embriones criopreservados: ser utilizados por sus titulares para tratamientos posteriores; ser donados con fines reproductivos; ser donados con fines de investigación; y cesar su criopreservación. 

También define tres prohibiciones: la comercialización de embriones, la generación de embriones por el uso de las técnicas de reproducción humana médicamente asistida con el objetivo deliberado de ser utilizados sin fines reproductivos ni terapéuticos; y la extracción y fecundación post mortem de material genético. 

El proyecto no fue tratado y para Herrera la jugada de la Corte más que presionar para que eso suceda embarra más la cancha. “Estamos en un momento del Congreso muy partido y esta jugada no ayuda. Muchos diputados no van a querer dar el debate si la Corte lo está tratando. Hay que pensarlo también en el contexto de juicio político ¿Será que necesita que ciertos sectores la apoyen?”, se pregunta. 

24 mil embriones sin usar 

Los embriones que surgen de los tratamientos de fertilización asistida se guardan en clínicas equipadas con tecnología para mantenerlos congelados a menos 197 grados. No todos los centros de salud privada y pública tienen la capacidad para hacerlo. En Argentina son al menos 64 los que criopreservan y para 2020 tenían 92 mil embriones congelados. Los datos los elaboró la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y mostraron un aumento del 70 por ciento en relación a 2017, cuando eran 55 mil. Del último relevamiento salió también el dato de que el 25 por ciento, unos 24 mil embriones, están guardados desde hace más de 10 años. No se usan, probablemente nunca sean usados y generan costos de mantenimiento de entre 100 y 200 dólares anuales. 

“Las obras sociales, prepagas y el propio Estado invierten recursos que, en un país del tercer mundo, podrían ir a otro lado”, dice Herrera. 

Herrera trabaja el tema del estatus jurídico del embrión congelado hace años y cree que la ley de IVE fue la frutilla del postre para cerrar la discusión sobre el embrión. Le llama la atención que la Corte haya tomado este tema para una audiencia pública. “Las audiencias son para temas de interés social ¿Por qué le parece que a la sociedad le puede interesar? No se entiende una audiencia pública en un caso donde no hay conflicto para las personas, la pareja está de acuerdo en destruir esos embriones. El tema del embrión que ya fue super debatido en 2018 y en 2020 en audiencias públicas”, explica. 

La Ley 26.862 permite criopreservar y donar embriones y revocar el consentimiento antes de la implantación. “Si yo considerara que el embrión es persona no podría hacer nada de eso porque los derechos de las personas no se donan, no se revocan y mucho menos se criopreservan. Nuestro sistema jurídico ya te está diciendo que el embrión no es persona. Y es una ley que nadie tachó de inconstitucional. Después de la Ley de IVE quedó más claro aún que el embrión no es persona. Si puedo decidir por mi propia libertad en las primeras 14 semanas de embarazo en un embrión ya transferido y desarrollado, ¿cómo no voy a poder decidir en un estadio muchísimo anterior?”, explica Herrera. 

También hay legislación internacional. En 2012 en el fallo “Artavia Murillo vs Costa Rica” la CIDH fijó que el embrión no implantado no es persona ni tiene derecho a la vida e incorporó un elemento central: la gradualidad de derechos en tres niveles. Los embriones no implantados como una primera instancia de esa cadena de vida pero no de persona, el feto o persona por nacer que ya está dentro de la persona gestante y la persona nacida con vida. 

Además, en Argentina ya hubo al menos tres fallos que autorizaron a titulares de embriones descartarlos por no tener un destino reproductivo, el único fin previsto por la Ley 26.862. Fueron uno en Mendoza en 2018 y dos en La Plata en 2019. 

La decisión de la Corte también le pareció innecesaria a legisladoras de distintos partidos políticos. Mara Brawer (FdT) autora de un  proyecto de ley presentado en 2021, dijo a a la agencia oficial Télam que, si bien hay un vacío legal, la Corte se metió con el único tema que sí está saldado, que es la voluntad de disponer del material genético por parte de las personas que lo generaron. “Claramente hay una provocación de la Corte a una sociedad que ya discutió muchísimo este tema y que logró un consenso mayoritario, en una decisión alineada con los sectores de extrema derecha”, dijo. 

“El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida"

Carla Carrizo — Diputada radical

La radical Carla Carrizo opinó en el mismo sentido. Le pareció un error reabrir un debate zanjado en Argentina y citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Artavia Murillo vs Costa Rica. “El embrión no implantado no puede ser considerado una persona ni tiene derecho a la vida”, dijo a la agencia oficial. 

Sin marco legal para responder 

Matías Colabianchi está a cargo del Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio Colabianchi de Rosario. Su papá fue uno de los precursores de las técnicas de fertilización asistida en Argentina en los 80. Por la clínica pasan unas 200 personas al año para hacer un tratamiento que Colabianchi define como boutique. Se paga de manera particular, no trabajan con obras sociales ni prepagas. En la clínica no suelen tirar embriones por el vacío legal. Él cree que debe resolverlo el Congreso antes que la Justicia. 

“Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras”, explica. Colabianchi cree que el debate va a determinar lo que se entiende por vida y por persona. “Personalmente pienso que se reconoce como persona cuando se implanta en el útero, antes es un material biológico, no es una persona porque no tiene chance de vida. Pero esa es mi postura personal, si hay una ley no queda librado a la creencia de cada uno”. 

El médico explica que cuando hay parejas que se separan y quieren descartar los embriones, desde la clínica recurren al camino de la judicialización. “Porque en general hay dos personas que no están de acuerdo entre sí y no sabemos qué puede pasar si alguno de la pareja se arrepiente, entonces necesitamos una ley más allá de los consentimientos informados. Sería mucho más simple para las parejas o las personas que no desean mantener embriones congelados por cuestiones culturales, religiosas, sociales, personales o económicas, que es la mayor parte, poder hacerlo y listo”, agrega. 

Es un problema que tenemos todos los centros de fertilidad en el país. Hasta que esto no esté legislado va a seguir pasando y cada lugar lo resuelve de distintas maneras"

Matías Colabianchi — médico

Para la abogada Herrera, las clínicas de fertilización asistida no deberían dedicarse a criopreservar embriones si consideran que los embriones congelados son personas. “Es cuestión de ética. Si vos crees que lo que manipulas es una persona tenés que abrirte y no lucrar con esto. El debate del destino de los embriones no tiene que ver con definir dónde empieza la vida”, agrega y explica que hay un negocio detrás de la criopreservación. “Hoy las obras sociales y prepagas pagan la cadena de frío y la preservación de embriones que nunca van a ser transferidos. Por un tema ideológico y religioso estamos gastando plata que podría destinarse a otra cosa. Volvemos a reeditar posturas fundamentalistas en un estadío muy anterior a las 14 semanas”. 

La defensa de algo que no existe 

“¿Esta es la forma adecuada de resolver el vacío legal del estatus jurídico del embrión no implantado?”. La pregunta la hace abogada tucumana Soledad Deza y responde: “Debería ser por los carriles constitucionales con una ley votada por el Congreso”. Lo que más le preocupó a Deza como activista feminista es que la Defensoría General de la Nación se haya puesto como representante de un sujeto jurídico que no existe: el embrión críopreservado. 

“Este es un caso que tiene a dos interesados con una voluntad de procrear que se termina y se ponen de acuerdo con el descarte. ¿Y quién llega a la Corte? No son las partes sino la Defensoría General de la Nación que solo puede representar personas. Y un embrión crioconservado no implantado no es una persona”, explica. 

En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”

Soledad Deza — abogada

Deza cree que es importante separarlo de la cuestión de aborto y de los casos que están en la Corte en relación a la ley de IVE. De los 36 recursos presentados contra la ley, 32 fueron rechazados y quedan cuatro que no tienen que ver con el derecho a decidir abortar, sino con una cuestión de legitimación. “En aborto vos tenés un grupo de ciudadanos que invocan la representación de la vida intrauterina. En el otro hay un embrión no implantado, o sea, ni siquiera está dentro del útero de alguien. Ahí hay clínicas y dinero de por medio”. 

Para ella es importante esta aclaración para que los equipos de salud que que garantizan el derecho a decidir estén tranquilos a la hora de aplicar la ley. “Esta discusión en nada puede quitarle la seguridad jurídica a las prestaciones sanitarias que ellos brindan, que es el correlato de la soberanía reproductiva de las mujeres y personas gestantes al momento de un aborto”.

“Una cosa es el estatus jurídico del embrión criopreservado y otra cosa es si podemos dividir el cuerpo de una mujer y darle autonomía al feto. Eso el Congreso ya decidió que no con la Ley de IVE. El problema con el embrión criopreservado es que el Congreso no lo trató. Cuando no se dan ciertas discusiones legislativas donde hay representación federal de las provincias quedan cuatro varones discutiendo este tema”, agrega.

En caso de que se dé un debate de la ley, Deza considera que, como mínimo, los embriones deberían poder descartarse hasta la semana 14 inclusive. “Es el mismo plazo en el que uno puede decidir ponerle fin a la vida intrauterina. Si se extingue la voluntad procreacional es lógico que los dueños de los gametos puedan decidir el descarte de ese embrión. ¿Qué vamos a hacer? ¿obligarlos a que se los implanten o a donarlos?”. 

De fijarse la fecha de la audiencia de la Corte, Deza dice que las feministas estarán alertas. “Si la Corte incluye temas como este podría incluir también las causas que impugnan la ley de IVE. Si es así, como son cuestiones que tienen que ver con la autonomía y la soberanía reproductiva de las mujeres, vamos a exigirle perspectiva de género. No creo que lo ponga en agenda siendo una cuestión de género y no habiendo ninguna mujer en el tribunal”. 

AB/MG

D.G. tiene 36 años y está presa por abortar en Argentina. Pasaron casi dos años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero aún así una fiscal de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, la acusa de homicidio agravado por el vínculo, con la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua. 

D.G. vive en una situación de vulnerabilidad económica, social y mental, una de las causales por las que el aborto es no punible por fuera del plazo de 14 semanas. Tiene cinco hijos a los que no puede ver por problemas de consumo. El 30 de octubre tomó pastillas de misoprostol y le avisó a una amiga. Ella la denunció. La policía llegó a su casa, se la llevó puérpera y secuestró dos fetos que encontró en el patio. D.G. quedó detenida en una comisaría junto con un vecino acusado de ayudarla. 

El 2 de noviembre fue la audiencia imputativa. “La fiscal Gabriela Lescano describió un aborto pero a la hora de pedir la imputación lo hizo por homicidio agravado por el vínculo. Sin pruebas pidió la imputación más grave”, explica Daiana Araya de La Colectiva de Abogadas Transfeministas de Rosario. Desde la organización enviaron un pedido a la Fiscalía regional para que se sancione a la fiscal por desconocimiento de derecho.

El embarazo de D.G. no está registrado en el sistema de salud. Es decir, todavía no hay ninguna prueba que determine de cuántos meses estaba embarazada. A pesar de eso, los medios difundieron información falsa sobre la cantidad de semanas de gestación, los fetos y la vida de ella. La fiscal usó la palabra gemelas, dijo que su equipo se largó a llorar y profundizó en detalles que sumaron al estigma y la criminalización de D.G. 

En la ley 27.610 el aborto es legal sin restricciones hasta la semana 14. Por fuera de ese período lo es por causales que incluyen la violación y el riesgo de salud integral: física, económica, mental y social. Sin esas causales la pena para quien aborta es de tres meses a un año. La cárcel no es una opción. Con la acusación de homicidio agravado, el juez Álvaro Campos dictó una prisión preventiva de 45 días. 

En la audiencia la fiscal dijo que D.G. podría haber ido al centro de salud a tres cuadras de la casa porque “ahora hay una ley”.  

“¿Qué pasa que la gente no se entera de que ahora hay una ley? ¿Qué está haciendo el Estado para que acceda al derecho? ¿Alguien pensaba que se aprobaba la ley y se terminaba el estigma? ¿Cuán accesibles son los centros de salud?”. La que se hace estas preguntas es Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario. Desde la organización reclaman una mirada integral de la Justicia y que se revise la prisión preventiva cuando existe un problema de salud. 

A D.G. le tomó declaración un policía que la custodiaba en el hospital. Fue sin testigos ni defensa, en puerperio y en la camilla. “Eso en un Estado de derecho no está bien y no pasa con otros detenidos. Acá pesan dos estigmas: el del aborto y el de la adicción. No se la ve como persona que tiene un problema de salud, se la ve como un delincuente”, agrega Aranda.

Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir, la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua.

El caso de D.G. muestra cómo en Argentina hay personas gestantes criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas. Antes de la legalización del aborto, había 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal pero abogadas de distintos lugares del país siguen los casos y buscan sacarlas de la cárcel. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir,  la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua. 

Ni lavarse las manos 

La China no sabía que estaba embarazada. Tampoco lo supo las dos veces que fue madre y las otras dos que tuvo abortos expontáneos. Tiene ovario poliquístico, un síndrome que le provoca dolores fuertes y hace que la menstruación no se interrumpa con el embarazo. El 15 de diciembre de 2020 sintió esos dolores y expulsó lo que ella pensaba eran coágulos. 

Lo que tuvo ese día fue un parto en avalancha. Tiró las sábanas a la basura, un cartonero las encontró y llamó a la policía. A los pocos días la detuvieron a ella y al marido. Los primeros días estuvo presa en Tribunales, puérpera y con una hemorragia por el parto sin atención médica. No le dieron nada para limpiarse, no pudo cambiarse la ropa interior por tres días, ni siquiera la dejaron lavarse las manos. 

La China está presa desde hace casi dos años. Este lunes llegó a juicio por homicidio agravado por el vínculo. 

Indiana Guereño forma parte de la Asociación de Pensamiento Penal y del equipo que la representa. Ve en La China los patrones comunes que se repiten en otras causas y que ya habían registrado con Belén, quien estuvo presa tres años por un aborto espontáneo. Primero, los malos tratos en el hospital. Médicos que denuncian a mujeres con emergencias obstétricas, que las maltratan en vez de atenderlas ante un problema de salud. Mujeres que entran a un hospital y salen esposadas a la cárcel. Después, las investigaciones negligentes donde la primera y única hipótesis es que ellas son culpables. “No se verifica el ADN, no se investigan otras hipótesis, otros responsables. En el caso de La China está probado que tuvo un problema en la placenta, no hizo nada”, explica.  Por último, las sentencias arbitrarias con prisiones preventivas prolongadas y condenas a perpetua. 

Uno de los casos que mostró todos estos patrones fue el de Ana Clara, en Corrientes. Estuvo 13 años presa y era inocente. “Tuvo un parto en la casa y tenía doble vuelta de cordón. En el momento no se hicieron los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. Ella le había puesto la mejor ropita que tenía y la enterró. La estaba esperando y la trataron de criminal. Estuvo presa 13 años por perder un hijo”, dice Guereño. En 2014, gracias a la intervención de abogadas feministas, fue absuelta. 

Desde la Asociación de Pensamiento Penal siguen al menos diez causas de mujeres y personas gestantes criminalizadas por abortar o por emergencias obstétricas en Argentina. Entre abogadas de todas las provincias se pasan la información y se activa la red que integran con el Cels, Católicas por el Derecho a Decidir, Inecip, Mujeres por Mujeres y otras organizaciones. No hay certezas de cuántas son las presas en todo el país porque las carátulas no son siempre iguales. “A veces imputan por lesiones graves, otras por homicidio, otras por aborto”, agrega Guereño. 

Para la abogada en la Justicia falta lo que se repite desde hace años: perspectiva de género. “Ponerse en las zapatillas de esa mujer y lo que vivió en ese momento, poner en contexto. Correr los prejuicios y no juzgar el embarazo como una lo vivió, como una lo imagina porque cada cuerpo es diferente, al igual que cada casa y cada historia”. También hay desconocimiento y formación en relación a las legislaciones y tratados internacionales que dicen claramente que una mujer que sufrió una emergencia obstétrica no puede ser criminalizada. 

Esta semana distintas organizaciones lanzaron la campaña #AbsoluciónParaLaChina. Los alegatos empezaron este viernes y queda definir la fecha de la sentencia. 

Inconstitucional 

“Imputar por homicidio agravado por el vínculo a una persona que está atravesando el puerperio es inconstitucional. Si encima hubo una emergencia obstétrica más aún”, dice la abogada Luli Sánchéz. Representa a Juana, el nombre ficticio de una mujer de entre 20 y 30 años de Moreno, provincia de Buenos Aires, que está presa desde agosto de 2020.

Juana tuvo una emergencia obstétrica en pleno aislamiento estricto por la pandemia. No sabía que estaba embarazada. Llamó al Same para buscar ayuda y los médicos del servicio de urgencias y del hospital la denunciaron. 

Sánchez explica que es necesario hablar de la inconstitucionalidad de las acusaciones de homicidio agravado por el vínculo contra mujeres puérperas. Ese es el pedido que elevó en la causa de Juana. La abogada explica que la Justicia no consideró en la acusación el contexto de emergencia obstétrica y el puerperio que Juana atravesaba, como cualquier persona que tiene un parto o aborto. “Es una condición médica y física que no hay que probar. No se puede condenar a perpetua a una mujer puérpera. Es desproporcionado. No hay ministerios públicos que respeten la Constitución cuando persiguen a estas mujeres y piden penas perpetuas”, explica Sánchez.  

Antes de la reforma del Código Penal de 1994 la pena para homicidios en estado puerperal pasó de 3 años a perpetua. El retroceso venía en sintonía con una serie de cambios legislativos que tiraron para atrás derechos sexuales en todo el mundo. Se seguía una política del Vaticano como reacción a las conquistas de años anteriores. Mientras en Estados Unidos Bush prohibía la cooperación internacional que financiara cualquiera política pro aborto en el mundo y en Perú Fujimori ordenaba esterilizaciones masivas, en Argentina el menemismo fue el brazo ejecutor de distintos retrocesos. Aumentó la criminalidad por aborto, se eliminó el infanticidio, se prohibió el misoprostol y la pastilla del dia después. 

El otro argumento por el que Sánchez pide la inconstitucionalidad de la causa contra Juana es la violación de confidencialidad y el secreto médico, algo que se repite en todos los procesos contra mujeres criminalizadas por gestar. “No está permitido a los fiscales usar información obtenida ilegalmente. A Juana le tomaron declaración sin abogado, la familia fue interrogada  sin avisarles”, agrega.   

Un factor que se suma es que la emergencia obstétrica fue en plena pandemia, cuando el acceso a los derechos y al sistema de salud estaban restringidos. Las consecuencias en la salud sexual de mujeres y personas gestantes fueron advertidas en 2020 por organismos internacionales y por el Estado. En Rosario, por ejemplo, en el primer semestre de 2020 hubo un 60 por ciento menos de abortos legales que en el mismo período de 2019. Una caída que ya mostraba cómo el acceso a los derechos se veía restringido. 

“En el Amba regía la cuarentena estricta, no había vacunas, todos teníamos miedo a morir. Había un retroceso en el acceso a la salud porque el Covid ocupaba toda la escena. No se miden las consecuencias que ese aislamiento tuvo en la salud sexual de las personas”, dice Sánchez. 

Para la abogada es importante hablar de que no saber que estás embarazada es algo común y que pasa con frecuencia: “Sobre todo en pandemia sin acceso a la salud. Ese no saber puede tener que ver con muchas razones pero el abordaje debe ser sanitario, no criminal”. 

Juana primero estuvo detenida en una comisaría y ahora está con domiciliaria. Tiene el apoyo de su familia, estudia y espera ser escuchada. Recién en los últimos meses pudo volver a los controles de salud y está en tratamiento de salud mental. La causa fue elevada a juicio. Sánchez espera que no se llegue a esa instancia y que sea declarada inconstitucional antes. 

AB/MG