En Zárate, un grupo de personas motivadas por sus convicciones morales y por las heridas de su pasado, resguarda la vida de aquellos que quieren dejar de existir, en medio del aumento exponencial de suicidios en todo el país. Se agrupan en la ONG Tu Esperanza –que pertenece a la Cámara Pastoral–, caminan por la ciudad y escuchan a vecinos desahogarse. En el último año, atendieron presencialmente a 204 personas en situaciones límites, y avisan que los casos aumentaron más del 20%. “No damos abasto”, dicen.

También hacen obras de teatro, dictan charlas en escuelas, fábricas y fuerzas policiales. Y tienen una teléfono abierto las 24 horas (3487-589876) para los momentos más oscuros, que en el último año sonó un promedio de 20 veces por semana, con picos de 3–4 por día. Pero sobre todo, este grupo de evangélicos destina gran parte de sus recursos vitales a monitorear el Puente Zárate-Brazo Largo.

Este complejo (que une Buenos Aires con Entre Ríos), es, a la vez, sinónimo de progreso –monumento histórico, considerada una de las arterias viales más importantes de Sudamérica–, y lugar más elegido de los habitantes de la zona para arrojarse al vacío. En Zárate, según Gendarmería y la ONG, hay alrededor de 10 intentos de suicidio por semana, y la gran mayoría ocurre en este puente que tiene una extensión de 30 kilómetros.

En el medio del puente hay cámaras de monitoreo y carteles con números telefónicos y mensajes pegados en columnas y barandas que alientan a la gente a no arrojarse. “No sé cómo voy a alimentar a mi familia, pero vi el cartel y te llamé; ahora me estoy bajando del puente”, le dijo un joven de 30 años que perdió recientemente el trabajo a María de los Ángeles González, encargada de la ONG Tu Esperanza. “El 80% de los casos que nos llaman son varones adultos jóvenes que perdieron su trabajo o están endeudados y no saben cómo salir de ese laberinto”, le cuenta González a elDiarioAR.

Tiene 43 años e integra la ONG –que fundó el director Rubén Orozco hace 9 años– tras superar una crisis (“me di cuenta que no quería terminar con mi vida, quería terminar con el dolor”). Junto a otras tres personas (Carla Palacio, Juan Manuel Coria y Valeria Moreira), hacen guardia de 8 horas durante todo el día, todo el año, a la espera de un llamado o un mensaje por redes. Coordinan su trabajo con el municipio, el hospital y capellanes especializados. Después de una intervención de urgencia, hacen un acompañamiento semanal.

La red de contención

El Centro de Monitoreo de Zárate es el primer eslabón. Desde las cámaras instaladas en el puente, empleados observan y detectan conductas “sospechosas”: un andar lento, las manos en la cara, la mirada sostenida en el río (“hay un gendarme que hace 25 años trabaja en el puente y sabe, a primera vista, si una persona tiene intenciones recreativas o fatales”, cuenta María). A continuación notifican a Gendarmería y a la ONG Tu Esperanza, que se trasladan en Uber o en un vehículo de Vialidad hasta el lugar. Hay veces que no se puede hacer nada, porque un auto frena de repente, el conductor baja y todo termina en segundos.

Otras veces llaman las propias personas desde el borde del puente (“Estoy en el puente, si no vienen me tiro”). Ocurre sobre todo al atardecer y en la madrugada. No sólo son zarateños, también se acercan habitantes de Baradero, Pilar, Campana, Capital Federal, incluso de otras provincias como Entre Ríos y Corrientes (“hace poco una chica viajó en Uber desde Corrientes, se arrojó y se salvó de milagro porque justo abajo estaban unos pescadores que la socorrieron”, detalla María). ¿Por qué eligen este puente? “La verdad es que no tengo una respuesta para esa pregunta”, dice María. “Lo que puedo decirte es que los folletos que pegamos salvaron muchas vidas. Por eso cuando llueve nosotros volvemos al puente, para revisar que no se hayan despegado”.

El Zárate-Brazo Largo no es el único caso. En el norte del país, el puente General Belgrano –que une Corrientes con Chaco– replica la escena a escala mayor: unos 560 voluntarios de la iglesia evangélica Casa de Dios, conocidos como los “Ángeles del Puente”, lo patrullan las 24 horas desde agosto de 2023, y en ese lapso registraron unos 260 intentos y rescataron a 163 personas; cinco se quitaron la vida frente a ellos.

Los dos viaductos figuran, con carácter urgente, en un proyecto de ley presentado en abril en el Congreso. Propone un programa nacional de prevención en infraestructuras de alto riesgo, con barreras físicas, mallas de contención, dispositivos antiescalamiento, cámaras y señalética con líneas de ayuda. El antecedente que citan los impulsores es el Golden Gate de San Francisco, que en 2024 completó una red de acero a lo largo de 2,7 kilómetros y redujo los suicidios un 73% en el primer año.

Matambre al rescate

Cada día, al entrar en su oficina sobre una iglesia evangélica a 20 minutos del puente, o ante situaciones límites que irrumpen en su día, María se disocia (“Cuando una conoce el dolor, deja de mirarse a sí misma”). Recuerda muchos casos. Como el chico solitario que caminó horas desde Campana hasta el puente. O con el que hizo una videollamada durante todo el trayecto hasta que lograron manotearlo desde el borde. O el que iba decidido y tropezó y, desde el piso de acero y losa de hormigón, agarrándose la rodilla, levantó la cabeza y leyó “No estás solo, llamame”. Pero hay un caso que María evoca en su intimidad.

Eran las tres de la mañana. Hacía dos horas había empezado su turno. Estaba en la oficina de tres ambientes: dos habitaciones y una sala de estar con un escritorio, una computadora y un teléfono. En silencio, divagaba. Los pensamientos se dispersan a esa hora con la ciudad apagada. Era un típico martes de julio. El teléfono sonó.

–Necesito hablar– se escuchó entre el viento.

–Estoy para escucharte, corazón–.

La mujer había recorrido unos 250 metros. En la mitad del puente Zárate–Brazo Largo, bajo la noche cruzó desde el sendero peatonal y atravesó la vía ferroviaria. Llegó hasta el angosto espacio que hay junto a la baranda. A esa altura, el viento sube 50 metros desde las aguas turbias del Paraná y se siente con mayor fuerza. Miró a su costado y vio, en una columna, un cartel. “Puedes superar esto”, decía. Y un número: 3487-589876. Llamó.

–Me voy a matar

–¿Por qué, corazón? Contame

–Mi hermana se quitó la vida hace un mes. Vivo con mi mamá y con mi sobrina, porque mi hermana tenía una hijita... No sé cómo voy a llevar todo esto adelante.

Empezaron a hablar. María escuchaba. De pronto, preguntó:

–¿Y vos a qué te dedicas?

–Soy chef. Pero ya no aguanto más, me voy matar– dijo desde el borde del puente.

–Pero esperá, si a mí me encanta el matambre a la pizza.

La imagen absurda de un matambre a las tres de la mañana la obligó a salir de la oscuridad del túnel. Y el drama, de a poco, empezó a disolverse con la risa, excusa suficiente para postergar cualquier decisión.

Hablaron de otros platos y delicias. María desde su oficina. La mujer desde el puente. A veinte minutos de distancia.

–Tenés que cocinarle a tu sobrina, nena. Le vas a tener que enseñar.

–Sí– entre risa y llanto.

Dos horas después, a las cinco de la madrugada, María dijo:

–Andá bajando, corazón.

–Bueno, ya bajé del puente–, al rato dijo la mujer.

Después agregó:

–Loca, me salvaste a la vida. Cuando te vea voy a cocinarte ese matambre a la pizza.

–Yo solo quiero que llegues a tu casa y abraces a tu mamá y a tu sobrinita.

Siguieron hablando hasta que la mujer llegó a su casa.

–Ya llegué. Voy a entrar y voy a abrazar a mi mamá y a mi sobrina.

María todavía evoca el chirrido de la puerta al abrirse que escuchó del otro lado del teléfono, y suspira.

“La gente no escucha, habla por los oídos. Cada vez más, se escucha sólo para responder. Si escucháramos, muchas otras cosas cambiarían”, dice María.

En un par de horas, las dos mujeres habían construido un lazo que pocas veces se logra. Pasó un año desde aquella conversación, pero nunca se vieron, no se conocen en persona. Y María no comió el matambre a la pizza.

“Qué loco, ¿no?”, dice. “La vida tiene eso”.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda por una crisis emocional o pensamientos suicidas, podés comunicarte las 24 horas con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435 desde todo el país. También es importante buscar atención en el centro de salud más cercano.

Los suicidios registrados en 2025 alcanzaron el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables en la Argentina. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 9,1.

Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta del país. En 2025 las muertes por esta causa triplicaron a los homicidios dolosos: 5.209 frente a 1.676. Del total de las víctimas, el 78,6% eran varones, con una mayor concentración entre los 18 y los 34 años.

La tendencia fue ratificada en un informe de The Lancet Regional Health-Americas –una de las publicaciones médicas más prestigiosas– que indicó que en América desde hace 20 años el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes viene aumentando de manera sostenida y se convirtió la tercera causa de muerte entre varones de 10 a 24 años.

Según The Lancet, las principales causas hay que buscarla en el aumento de la depresión y la ansiedad en edades cada vez a edades más tempranas, la presión que ejercen los entornos digitales y consumo de drogas.

“La mayor preocupación está puesta en los varones jóvenes, aproximadamente entre los 18 y los 34 años”, señala Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria observa un cambio en el perfil de los casos: “Antes era más frecuente encontrar cuadros asociados a depresiones, trastornos mentales o consumos problemáticos, pero hoy hay una vinculación creciente con las condiciones de vida y la falta de empleo”.

El deterioro del mercado laboral acompaña ese escenario. Desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 puestos de trabajo registrados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La desocupación cerró 2025 en 7,5%, el nivel más alto desde la pandemia, con casi 1,7 millones de personas sin empleo. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la tasa superó el 16% tanto en varones como en mujeres. Incluso entre quienes conservan un empleo, la necesidad de complementar ingresos crece, ya que el 12,2% de las personas ocupadas tiene más de un trabajo y, en ocho de cada diez casos, ese pluriempleo implica sostener dos ocupaciones simultáneas.

Para Calmels, las dificultades económicas aparecen cada vez con más frecuencia en las trayectorias de quienes atraviesan situaciones críticas. “Siguen existiendo factores como las rupturas vinculares, pero vemos una asociación cada vez más frecuente entre los suicidios, la pérdida del empleo y, sobre todo, el endeudamiento. Estamos encontrando personas que llegan a situaciones límite atravesadas por niveles de deuda muy severos, que generan una sensación de asfixia”, afirma.

Según el informe Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, publicado en marzo de 2026, el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa; el 23,5% acumula más de tres deudas simultáneas –el doble que un año antes– y uno de cada seis tiene cuentas embargadas. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la mora ronda el 40%, la tasa más alta entre los distintos grupos etarios.

Los estudios académicos también registran un peso creciente de las dificultades económicas sobre el bienestar emocional. El Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). El mismo estudio identifica los niveles más altos de riesgo suicida entre los jóvenes de 18 a 29 años.

“El factor de la crisis económica tiene un lugar muy importante en todos los estudios que venimos realizando. Si no aparece como la principal causa de malestar emocional, aparece entre las primeras. El desempleo y la incertidumbre económica explican buena parte de los problemas de salud mental que observamos”, sostiene Cristian Garay, subsecretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y uno de los autores del relevamiento.

El informe también advierte sobre las dificultades para acceder a tratamiento. Entre quienes consideran que necesitan atención psicológica pero no la realizan, el 43,4% señala que no puede afrontar el costo.

Para Calmels, el aumento de los suicidios debe entenderse como un fenómeno multicausal, aunque atravesado por un contexto social cada vez más complejo. “No se trata necesariamente de personas aisladas. Lo que aparece es una creciente dificultad para sostener un horizonte de vida, para imaginar un futuro, porque cuando la vida se convierte únicamente en una lucha por la subsistencia, también pierde sentido”, concluye.

Los mandatos de masculinidad

“Que entre el 75% y el 80% de los suicidios correspondan a varones no nos sorprende, es una tendencia histórica”, dice Nicolás Pontaquarto, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. “Lo que sí nos llama la atención es el crecimiento de los suicidios y el desplazamiento de la edad”. En 2019, un estudio de UNICEF ubicaba la mayor prevalencia entre varones de 15 a 19 años. Hoy esa franja se corrió a los 20-30 años. “Eso obliga a preguntarnos qué pasa cuando esos jóvenes terminan la escuela e intentan insertarse en el mundo laboral. Ahí aparece una enorme dificultad para imaginar un horizonte”, agrega.

“Muchos varones tienen muy pocas herramientas para tramitar el sufrimiento o la frustración”, agrega sobre la construcción de la masculinidad. A eso se suma una relación distante con el sistema de salud. “Los varones que integran las estadísticas de suicidios, en la mayoría de los casos, nunca pasaron por el sistema de salud. Entre las mujeres suele haber más intentos, y eso permite una intervención y un seguimiento posterior”.

El mandato de proveedor sigue vigente aunque las condiciones que lo sostenían ya no existen. “Durante décadas existían empleos más estables y mayores posibilidades de proyectar una vida. Hoy esas condiciones cambiaron, pero el mandato permanece. Cuando no se cumple, aparecen frustración, fracaso y derrumbe”, describe. Además, señala que se suma un clima cultural individualista. “Se instala la idea de que pedir ayuda es un fracaso y que el otro es un competidor”.

Pontaquarto también apunta a los modelos masculinos de las redes sociales, como los influencers financieros que prometen enriquecimiento rápido. “Cuando esa promesa fracasa aparece una enorme frustración, y toda la responsabilidad recae en el individuo”, plantea.

En los talleres que da con varones en sindicatos y empresas, el endeudamiento aparece seguido. “No tenemos un registro sistemático que vincule endeudamiento y suicidio, pero esos relatos son constantes: la frustración por no sostener económicamente a la familia, las dificultades laborales, las deudas, el miedo a no cumplir con el mandato de proveedor”, cierra.

Menor presupuesto y cambios en la política de salud mental

En este contexto, se produce un ajuste significativo en Salud Mental. La Ley Nacional 26.657 establece que el área debería recibir al menos el 10% del presupuesto sanitario, pero para 2026 la asignación prevista representa el 1,42%, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El mismo relevamiento advierte que el programa presupuestario específico para implementar la ley, “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, contará con 48 millones de pesos en 2026, lo que representa una reducción del 91,5% respecto de los recursos vigentes en 2025. A su vez, hasta septiembre de ese año se había ejecutado poco más del 30% de la partida disponible.

Uno de los casos que concentró mayores cuestionamientos fue el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. Tras su intervención por decreto en febrero de 2025, el Gobierno redujo su presupuesto y avanzó con la no renovación de más de 200 contratos, entre ellos profesionales de distintas disciplinas. Meses después dispuso el cierre de las seis residencias interdisciplinarias que funcionaban en el establecimiento.

En paralelo, el gobierno impulsa una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que modifica los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto, enviado al Senado en abril de 2026, reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría que un psiquiatra indique una internación de urgencia, con posterior ratificación por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

LN/MG

Muchos revivieron momentos gratos la semana pasada al ver un pinball de Los Locos Adams en el centro de la agenda mediática, pero pocos saben que detrás de este artefacto de culto existe un universo de grandes exposiciones, coleccionistas nostálgicos, competencias internacionales y un restaurador argentino referente mundial. Son parte de la fascinante historia del pinball, una trama que también une a Al Capone con Manuel Adorni, quien habría pagado unos US$8.000 por una pieza de colección.

Antes de la adquisición del exjefe de Gabinete, y después de que el juego se popularice como entretenimiento barato durante la Gran Depresión, el pinball fue prohibido durante 34 años. Era considerado un juego de azar y lo relacionaban con Al Capone, quien controlaba el negocio de las apuestas. Además, las fábricas de pinball estaban en Chicago, tierra del capo mafia. En 1943 el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, destruyó y arrojó al mar todas las máquinas de la ciudad. “Les quita el dinero del almuerzo a los niños”, dijo en aquel momento.

Cinco años después, el diseñador Harry Mabs incorporó las paletas, los llamados flipper, y el azar cedió terreno a la habilidad. Esta fue la razón para que la prohibición se terminará en 1976, cuando Roger Sharpe, jugador profesional, se paró frente a funcionarios de Nueva York con una máquina y anunció por qué carril iba a salir la bola, y la bola salió por ese carril. El juez lo declaró juego de habilidad, y la ley se levantó de inmediato.

En Argentina el pinball llegó en 1939, de la mano de Kurhelec padre, pero se prohibió en Buenos Aires. Su hijo Juan encontró la salida donde las ordenanzas eran más laxas, en la costa atlántica, donde registró en 1978 la marca Playland. Recién en 1993 los fichines dejaron de ser una postal exclusiva del verano cuando la Justicia habilitó en Buenos Aires las salas recreativas de pinball.

De momento, no se sabe si la Justicia recaerá sobre el pinball del exjefe de Gabinete. Lo que sí es seguro es que Adorni ahora tendrá más tiempo para dedicarle al juego. Y si el sobreúso termina pasando factura, la reparación de la máquina probablemente quede en las manos quirúrgicas de Marcelo Adrián Blanco, reconocido como uno de los mejores restauradores de flipeers del mundo.

El restaurador

En el café de Tacuarí y Garay, San Telmo, a dos cuadras de su taller donde hace unos minutos se encontraba reparando un pinball, como cada mañana, las manos negras, algo engrasadas, de Marcelo Blanco se mueven rápidamente. Habla con fluidez, y maneja perfectamente el inglés, idioma con el que brinda seminarios intensivos en Ohio y Chicago frente a cientos de gringos que lo admiran y toman nota acerca de los secretos del arte de la restauración de flippers.

Hace años, fue contactado por Robert Berk, experto mundial y récord guiness a mayor coleccionista de pinball con 1.041 máquinas. Berk no podía creer que existiese una persona como Blanco. Cuando vio un video de un trabajo que realizó el argentino restaurando una pieza que estaba para el basurero, Berk se tomó la cabeza y dijo: “Este hombre tiene que venir”.

Desde entonces, Blanco viaja todos los años, se instala unos meses en Ohio y trabaja con la colección de Berk. Brinda seminarios y desparrama su conocimiento. Participa de las ferias mundiales. Berk, un altruista del pinball que repara máquinas excepcionales que ningún otro coleccionista compartiría para que utilice el público, le hizo un certificado de adopción y le entregó la “llave de la ciudad de Girard” por su “significativa contribución a la comunidad”.

“En la feria mundial de Chicago había pinballs desde la década del 30. Restauré una máquina de 60 años que anda con film e iba para la basura, nadie lo podía creer. De las mil máquinas que había, un nene de 10 años se enamoró de esa. Todo ese camino es maravilloso”, dice, conmovido, Blanco, quien cada vez que está terminando un trabajo y observa cómo cada pieza se ensambla y los colores cobran vida, se dice a sí mismo: “Dale tarado, ¿por qué te emocionás? Hace 40 años hacés esto”.

Blanco nació en 1971, viendo a su padre restaurar objetos en su local de antigüedades de la calle Chacabuco y Bolivar; y jugando al Meccano, el clásico juego de construcción infantil. Fue el socio de su padre, Roberto MacKintosh, artista plástico, quien le enseñó la técnica de la restauración y le inculcó la perspectiva artística que hace de Blanco hoy un restaurador único, reconocido en el mundo del pinball.

Cuando tenía 14 años, su padre compró un lote de antigüedades. Adentro venía un pinball, un Skinning 1974. “Es mío”, dijo Blanco y se lo compró a US$300, con el dinero que venía ahorrando de trabajos en restauración de juguetes japoneses. Al abrirlo, Blanco quedó fascinado para siempre, encandilado por el “cerebro loco” de esa “máquina misteriosa”.

“Siempre me pareció un objeto misterioso. Cómo la máquina hace las cosas, cómo cuenta puntos, cómo se mueve, una especie de cerebro loco. Abris el cabezal y es una locura lo que hay adentro”, cuenta Marcelo, quien tuvo que aprender a prueba y error, con intuición y sentido común. Desde entonces, no paró, le arregló o restauró el fliper prácticamente a todos los jugadores del país. Hace unos meses, le reparó el pinball a Mario Pergolini.

El juego

El pinball es una negociación con el caos. Cada máquina tiene su diseño y sus reglas, pero todo es secundario si no se domina el control de la bola. Hay técnicas para frenarla sobre la paleta, para pasarla de una aleta a la otra, para sacudirle el cuerpo a la máquina (nudging) para corregir trayectorias sin activar el tilt. Con la electrónica llegaron el multiball y la voz: en 1980 Bally lanzó Xenon, la primera máquina con locución femenina, obra de Suzanne Ciani, cuyas seductoras frases salían de un chip de 8 kilobytes, menos memoria que un mensaje de texto.

El campeonato mundial rota de país en país bajo la órbita de la IFPA. La distancia entre un aficionado y un profesional es muy grande. Donde uno hace 100.000 puntos, los campeones marcan 100 millones. Antes de cada torneo, los de élite recorren las máquinas con libreta en mano para estudiar cada particularidad. El IFPA21, en junio de 2026 en Wisconsin, reunió a 80 jugadores de más de 20 países con un pozo de US$40.000. En Argentina hay buenos jugadores, pero nadie vive de esto.

La lista negra de Marcelo Blanco

Todos los días le piden a Marcelo un trabajo nuevo, de Argentina o del exterior. Sin embargo, hay más gente que está en su “lista negra” que personas que atiende. Hay mucho desprolijo en el ambiente. Últimamente, se centra solo en coleccionistas apasionados, aquellos que hacen un gran esfuerzo por tener su pinball, y precisan un trabajo fino. A los inescrupulosos o lucradores del “compra-venta”, los deja de lado.

“Muchos te dicen ‘es la máquina de mis sueños’ y no termina de salir del taller que ya está vendida. Por ejemplo, la compran a US$2.000, yo se las restauró a US$500 o 1.000, y la venden a 8 mil. Está bien, es su negocio, pero yo mi tiempo se lo dedico a otra gente, a coleccionistas chicos o grandes”, aclara. Según cuenta, en el país hay al menos 10 coleccionistas que tienen más de 100 máquinas.

La nostalgia y el conocimiento intrasferible

Los Locos Adams (Bally, 1992) es la máquina de pinball más vendida de la historia: 20.270 unidades. “Si le preguntás a cualquiera, todo el mundo le jugó”, dice Blanco. “Es la que más restauré en mi vida. He pintado más de cien Adams”. En Pinside, la comunidad de referencia mundial, rankea 31° en el Top 100 general, lejos del podio para los conocedores, pese a ser el título más vendido de la historia. “A mí no me gusta”, dice Blanco.

“Lo de Adorni no fue un tema de estatus”, señala. “El pinball no te da estatus, hay muchachos que viven en un monoambiente y tienen un pinball. Lo de Adorni fue nostalgia pura, es de la generación que el pinball significaba vacaciones en la playa ya que en Buenos Aires estaba prohibido. Son los fichines de la niñez, y el que más se jugaba era el de los Locos Adams”, opina Blanco. 

Este juego tiene también algo de extravío feliz. La posibilidad de entretenerse y abstraerse hacia una realidad sin preocupaciones. Paradójicamente, durante la crisis del 2001 hubo un leve crecimiento en la compra de estos artefactos, según afirma el especialista Blanco. “Conocí muchas personas que se compraron un pinball y se tomaban un whisky esperando a que estalle todo”, revela.

Con Marcelo se termina el sofisticado arte de la restauración de pinball. Tiene una experiencia que se perdió. En su momento intentó transmitir el conocimiento, pero es un oficio que demanda mucho tiempo y “la gente no tiene paciencia, quieren un par de tips y listo”. 

Sin embargo, el amor por el pinball está más vivo que nunca. Todos los años las empresas sacan subtítulos nuevos. “Salió uno de Elton Jhon que es un escándalo, tira láser al techo”, dice. En Europa y en el resto del mundo, crecen los clubes y museos. “No va a desaparecer”, asegura. Siempre habrá coleccionistas apasionados, salas vintage o alguna persona que esté pasando una crisis existencial o un buen momento económico y quiera darse un gustito: tener un flipper en su casa.

LN/MG

Cada lunes, martes y jueves, de 18 a 20, una calle interna de La Carbonilla –en La Paternal– que es, en simultáneo, un estacionamiento, se convierte en cancha de fútbol. Pese a los obstáculos, La Carbo Fútbol Club, que no puede jugar de local, lleva ganando tres campeonatos consecutivos en la Ciudad. Durante las prácticas, los arcos se arman sobre el asfalto. Los padres se plantan en los costados como vallas humanas para evitar tragedias, frente a autos que no dejan de circular. Siempre hay algún vehículo estacionado en el medio del espacio. Y es habitual que se generen peleas o irrumpan operativos policiales, como ocurrió el pasado 14 de mayo.

Ese jueves se desplegaron más de 1.500 agentes en las 15 principales villas de la Ciudad, en el marco del Operativo Tormenta Negra. En La Carbonilla unos 150 efectivos armados, con escudos y en motos, atravesaron entre niños la cancha en pleno entrenamiento. Muchos chicos corrieron, otros se quedaron paralizados. “Fue muy traumático ver semejante despliegue de patrulleros, los chicos tienen mucho miedo y no se lo merecen”, narra Jesús Antonio, referente de las familias del barrio, padre de uno de los 70 niños que compiten en La Carbo FC.

La Carbo FC nació hace una década, con la primera escuelita deportiva en el barrio. En 2021, Tejiendo el Barrio se sumó al proyecto y lo fortaleció con equipamiento, gastos y estructura institucional. Desde entonces, son tricampeones. Ahora, tras el último operativo, esta asociación civil, que se ocupa de mejorar el desarrollo de barrios populares, dio a conocer una demanda que tienen hace tiempo: consiguieron el financiamiento para construir una cancha reglamentaria bajo el viaducto del San Martín pero, según denuncian, el Gobierno de la Ciudad no inicia el trámite burocrático que no le costaría dinero al Estado.

“El año pasado perdimos US$35.000 de una marca deportiva internacional que quería construir la cancha, y perdimos esa oportunidad porque se demoró el trámite”, lamenta Rodrigo Karasik, presidente de Tejiendo el Barrio. “Ahora tenemos comprometidos alrededor de US$50.000 de empresas privadas. Lo único que necesitamos es el terreno, que no tiene valor comercial porque está debajo del viaducto San Martín, que sólo se tiene acceso a través de la villa. No tienen que gastar un peso, nosotros nos encargamos de todo. Lo único que nos dicen es que 'no están dadas las condiciones políticas' para esto”, explica el referente de la ONG que ya ha hecho obras en otros barrios.

elDiarioAR consultó al Gobierno de la Ciudad por el estado del pedido, pero hasta el momento no hubo respuesta.

El mismo viaducto, otra ciudad

El terreno que reclaman no es una excepción dentro de la Ciudad. Es la parte que sobró. El viaducto del San Martín, inaugurado en 2019, elevó las vías a lo largo de cinco kilómetros entre Palermo y La Paternal y generó, debajo, más de 48.000 metros cuadrados de espacios nuevos. En diciembre de ese año, un día antes del recambio presidencial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concesionó por 30 años los tramos mejor ubicados: la firma Directos Pacífico S.A. pagó $768 millones por los sectores Corrientes-Córdoba y Playa Ferroviaria Palermo, y Espacios Estrella S.A., 144 millones por el tramo de Warnes, según los registros del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Hoy, bajo esos arcos funcionan bares, restaurantes y locales comerciales.

El tramo que bordea La Carbonilla, en cambio, quedó vacante ya que nadie ofertó por un espacio al que solo se accede caminando por la villa. Mientras del lado de Palermo el bajo viaducto se llenó de mesas y pizarras con menús, del lado de La Paternal crecen pastizales y circulan roedores. Ese es el lugar donde Tejiendo el Barrio quiere construir la cancha con vestuarios y baños, con fondos que ya están comprometidos. Lo único que falta, insisten, es que la Ciudad abra el expediente para pedirle la cesión del terreno a Nación.

“Nos parece un despropósito que se pierdan inversiones privadas destinadas a generar infraestructura social por cuestiones burocráticas”, resume Karasik.

Más operativos, menos urbanización

Karasik cuenta que la propuesta concreta se presentó durante la administración actual, que las primeras reuniones fueron positivas y que siempre les dijeron que el proyecto era interesante. El paso siguiente, iniciar el trámite, nunca llegó. “Nuestra percepción es que hubo un cambio de enfoque hacia los barrios populares. La gestión considera que las políticas anteriores fueron equivocadas y adoptó una mirada mucho más centrada en la seguridad”, señala.

Tormenta Negra fue el primer operativo simultáneo en las 15 principales villas porteñas e incluyó drones, perros K9, dos helicópteros y el vehículo blindado “Fénix”. Jorge Macri lo supervisó desde el Centro de Monitoreo Urbano y dijo que el objetivo es “proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires”. Esa misma noche, entrevistado en LN+, el jefe de Gobierno resumió su política de hábitat para las villas: “En la Ciudad no se puede construir más. Si vemos construcciones las demolemos”.

Deudas que se cobran con el techo

La Carbonilla nació con la crisis de 2001, cuando unas 40 familias se asentaron en terrenos ferroviarios junto a la estación La Paternal. Hoy viven unas 4.000 personas en un barrio inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, donde casi todos los adultos económicamente activos trabajan, en la economía formal o en la informal.

Karasik describe tres problemas que se potencian entre sí. El primero es el retroceso de los procesos de urbanización. El segundo, la caída de los ingresos: muchas actividades informales que permitían subsistir a las familias están siendo perseguidas. El tercero es el endeudamiento con prestamistas vinculados a organizaciones criminales. Cuando las familias no pueden pagar, aparecen mecanismos de presión violentos y muchas terminan entregando el “espacio aéreo” de sus viviendas, es decir, la posibilidad de construir hacia arriba, que esas organizaciones aprovechan para desarrollar negocios inmobiliarios dentro del barrio.

“Hay una sensación de abandono muy fuerte”, agrega el presidente de Tejiendo el Barrio. “Los mismos servicios funcionan de una manera en los barrios formales y de otra muy distinta en los barrios populares. Esa diferencia es percibida por los vecinos todos los días.”

“Para ellos sería cumplir un sueño”

Jesús Antonio, Tony, vive en La Carbonilla desde hace 20 años y cada entrenamiento tiene que avisar a los vecinos que retiren los autos, revisar los carteles con los horarios que él mismo colocó, pararse frente a una moto para que baje la velocidad. “Permanentemente existe el riesgo de que algún vehículo lastime a un chico”, dice. Más de una vez tuvo que detener el juego para que la gente pudiera cruzar por el medio de la cancha.

Su pelea por el club convive con su propia urgencia, ya que trabajó diez años en el Correo Argentino hasta que en 2024 lo echaron. Desde entonces se reinventó como vendedor ambulante en ferias bonaerenses. En varias oportunidades le advirtieron que no puede subir al tren con el carro que usa para transportar la mercadería y, antes que arriesgarse a perderlo, ha vuelto a su casa sin el plato de comida para sus hijos.

La escuelita reúne de manera permanente a unos 70 u 80 chicos. Los lunes hay básquet, los jueves fútbol y los martes la cancha es exclusiva del fútbol femenino. Los que compiten reciben botines, pecheras y equipamiento completo, financiados por las empresas que acompañan a la ONG. Pero el espacio no tiene medidas reglamentarias. El club queda afuera de algunos torneos y está condenado a jugar siempre de visitante.

“Es una lástima porque el club genera mucha identidad barrial. Cada vez que salen campeones organizamos una vuelta olímpica por el barrio y participa muchísima gente”, cuenta Karasik. “Que no puedan jugar de local es una pérdida para toda la comunidad”.

LM/MG

La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada, viajó esta semana a La Rioja para conocer de primera mano la situación de Arcoiris, la niña de 10 años que desde el 17 de diciembre de 2025, tras una decisión judicial que dispuso su traslado desde Buenos Aires, reside nuevamente en La Rioja con su padre. Tanto el progenitor como el abuelo paterno fueron denunciados por abuso sexual desde que la nena tenía 2 años. 

Según alerta su madre, Delfina Silva Zarranz, y su entorno familiar, desde entonces la niña solo pudo mantener dos videollamadas supervisadas de 20 minutos con su madre. Pelloni planteó ante las autoridades judiciales la necesidad de restablecer el contacto entre la niña y su familia materna mientras continúan tramitándose las causas judiciales vinculadas a denuncias de violencia sexual que permanecen abiertas desde 2018.

“Para nosotros el caso Arcoiris ha sido emblemático desde el comienzo”, sostuvo Pelloni durante una conferencia de prensa realizada este viernes.

La referente, reconocida por su participación en el reclamo de justicia por el crimen de María Soledad Morales, mantuvo reuniones con la jueza Ana Carla Menem, integrante de la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas de La Rioja; con autoridades del Tribunal Superior de Justicia provincial y con Gastón Mercado Luna, del Ministerio Público de la Defensa.

Sobre el encuentro con Menem, Pelloni señaló haber quedado “relativamente conforme” con las explicaciones brindadas. También pidió que se profundice la investigación a partir de nuevos elementos que, según sostuvo, no habrían sido considerados hasta ahora.

Respecto de las conversaciones mantenidas con integrantes del Tribunal Superior de Justicia, dijo haber recibido el compromiso de avanzar en mecanismos que permitan retomar el contacto de la niña con su familia materna. “Hay espíritu de continuar trabajando con lo que hemos pedido”, afirmó.

El reclamo por el vínculo con la familia materna

La jueza Menem, con quien Pelloni dijo haber quedado “relativamente conforme”, fue también quien firmó la resolución que derivó en el traslado de la niña a La Rioja el 17 de diciembre pasado.

De acuerdo con la familia materna, desde entonces los pedidos para retomar el contacto con Arcoiris no obtuvieron respuesta judicial. En paralelo, el juzgado impulsa una nueva evaluación pericial sobre Delfina Silva Zarranz.

La madre sostiene que una pericia previa, ordenada por la propia jueza Menem, concluyó que se encontraba en condiciones de ejercer el cuidado de su hija y recomendó evitar situaciones de “sobreintervención institucional” y de “victimización secundaria”.

Desde su traslado, Arcoiris habría dejado de asistir a la escuela y se habrían interrumpido las actividades recreativas y artísticas que realizaba, según consta en la presentación de la familia.

Una causa abierta desde hace ocho años

El conflicto judicial se remonta a 2018, cuando Delfina Silva Zarranz consultó a una psicóloga infantil por cambios en el comportamiento de su hija. A partir de esas intervenciones surgieron denuncias por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos en el entorno de la familia paterna.

Las acusaciones alcanzaron inicialmente al abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, quien se desempeñaba entonces como jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de La Rioja. A lo largo de los años se acumularon cinco denuncias vinculadas a distintos episodios ocurridos entre 2018 y 2022.

En junio de 2022, madre e hija viajaron a Buenos Aires. Durante esa estadía, que finalmente se extendió durante casi cuatro años, Delfina presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. El organismo calificó la situación como de “alto riesgo” y solicitó medidas de protección, que fueron otorgadas por el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 106.

En febrero de 2023 se produjo un intento de restitución de la niña a La Rioja. La intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires derivó en nuevas actuaciones y en una denuncia contra el padre y el abuelo paterno por presunta violencia sexual.

Mientras tanto, la Justicia riojana procesó a Delfina Silva Zarranz por impedimento de contacto y le impuso prisión domiciliaria, medida que cumplió hasta fines de 2023.

En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó decisiones adoptadas por la Justicia riojana, al considerar que habían incurrido en un “rigor formal excesivo” incompatible con el adecuado servicio de justicia. El máximo tribunal ordenó revisar las actuaciones y garantizar el interés superior de la niña.

Sin embargo, nueve meses después, la jueza Menem firmó la resolución que derivó en el operativo realizado el 17 de diciembre de 2025. Ese día, tras el levantamiento de las medidas de protección vigentes en Buenos Aires, Arcoiris fue trasladada a La Rioja por orden judicial.

A ocho años de las primeras denuncias, las causas penales vinculadas a los presuntos hechos de violencia sexual continúan sin una resolución definitiva.

Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.

“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”

Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.

Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte. 

El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”

Características de la reforma migratoria

El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.

El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.

La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.

Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”

El requisito imposible

Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.

Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.

En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice. 

“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.

La otra cara: los operativos

Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.

En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.

Más dura que la Ley Videla

Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.

“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori. 

Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.

“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.

“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye. 

LN/MC

Con una fila que arrancó a la madrugada del domingo y se extiendió por más de 8 kilómetros, cientos de miles de fanátícos del Indio Solari despidieron al artista en el Polideportivo Gatica, junto al Anfiteatro “Hugo del Carril”, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, sur del Conurbano.

Fue un funeral histórico como lo fue su arte que lo convirtió en uno de los artistas más importantes del país.

El gobierno bonaerense montó un importante operativo de seguridad en el lugar con centenares de policías asignados, disponiendo además tres postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia. 

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar, pasando algunos la noche allí en una vigilia que incluyó a grupos procedentes de Laferrere e Isidro Casanova al reparo del frío y el rocío.

La familia del Indio Solari compartió una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, donde informó que “la despedida del Indio ya comenzó” y destacaron que “todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”. 

El gobierno nacional había ofrecido Tecnópolis, actualmente en proceso de privatización a pesar de que la familia y la oposición habían pedido el Congreso.

El velatorio comenzó pasadas las 11 de la mañana del domingo y se extendió hasta las 4 de este lunes, en Avenida Bartolomé Mitre 5000. “Para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, confirmó la familia. La Autopista Buenos Aires-La Plata no cobró peaje. Los trenes llegaron a las estaciones Villa Domínico y Wilde, desde donde arrancó la última peregrinación ricotera.

El Parque Los Derechos del Trabajador fue fundado el 18 de noviembre de 1949. Tras el golpe de Estado de 1955, la dictadura lo rebautizó “Presidente Sarmiento”. En 1991 recuperó su nombre. Allí, en el microestadio que lleva el nombre de José María “El Mono” Gatica, ídolo popular del boxeo, que terminó viviendo en una villa en ese mismo barrio después de que el gobierno de la Revolución Libertadora le quitara la licencia de boxeador por peronista, será alojado el cuerpo del Indio Solari. A pocas cuadras, en el Cementerio Municipal de Avellaneda, también descansan los restos de Luca Prodan, el otro mito fundacional del rock nacional.

La muerte que paralizó al país

Carlos Alberto Solari murió el viernes 5 de junio a las 8:30 de la mañana, en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó. Tenía 77 años. Su cuidadora llegó a las 8 y lo encontró en la pileta interior climatizada. Junto con Virginia Mones Ruiz, su esposa, sacaron el cuerpo del agua y llamaron a la emergencia médica. Las maniobras de reanimación no funcionaron.

La autopsia, realizada ese mismo viernes en la Morgue de Ituzaingó, determinó que murió de un accidente cerebrovascular hemorrágico. El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la UFI N°2, fue claro: “En horas de la madrugada se había introducido en la pileta y, a raíz de haber sufrido un ACV hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento.” El golpe que se detectó en la cabeza ocurrió cuando lo sacaron del agua.

Solari padecía la enfermedad de Parkinson desde 2016. Lo había hecho público ese año, en un recital en Tandil. Tenía el hábito de meterse en la pileta de noche para calmar los dolores que le generaba la enfermedad. El Parkinson fue la razón del retiro después de Olavarría en 2017, el último recital que dio con más de 400.000 personas. Veinte días antes de morir, el 15 de mayo, la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa. No pudo ir. Mandó un mensaje grabado desde su casa: “Habla Indio. Quería agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsar esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias.” Fueron sus últimas palabras públicas.

La controversia por el velatorio

Horas después de confirmada la muerte, legisladores opositores pidieron formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el Palacio Legislativo abriera sus puertas para el velatorio. Firmaron Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau por Unión por la Patria, y el radical Pablo Juliano. Argumentaron que el Congreso, “como ámbito de representación de todos los argentinos”, era el espacio correspondiente.

Menem rechazó el pedido. Consultó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que concluyó que “la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente”. El edificio, dijeron, no tiene la infraestructura necesaria. En ese mismo edificio fueron velados Eva Perón, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y Mercedes Sosa.

El Gobierno ofreció Tecnópolis, en Villa Martelli. La ministra Monteoliva dijo: “Tuvimos consultas de parte de las provincias por si venían micros, entonces se pensó en un lugar donde los micros puedan llegar”. Según la versión que dio el Gobierno, la familia no respondió a ninguna de las dos alternativas y confirmó Avellaneda.

Sin duelo nacional pero con miles de ricoteros en las calles

La muerte generó en el entorno oficial una jornada incómoda. Ni Milei, ni Karina Milei, ni ningún ministro emitió declaraciones durante el viernes. El único funcionario que escribió algo fue el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, comentó. No hubo duelo nacional ni acción oficial prevista.

“Yo puse mensajitos”, dijo la ministra Monteoliva sobre su intento de comunicarse con la familia del Indio. “Karina y Manuel también, estamos los tres”, agregó hacia las 20, ya con una Plaza de Mayo colmada de ricoteros. El entorno del Indio no respondió.

La noticia llegó un viernes a la mañana y en pocas horas se organizaron misas ricoteras en todo el país por WhatsApp y redes sociales. Plaza de Mayo, el Monumento a la Bandera en Rosario, Patio Olmos en Córdoba, Plaza Belgrano en Jujuy, el Monumento a San Martín en Mar del Plata. En La Plata –ciudad donde se formaron Los Redondos– la misa fue en la esquina de 7 y 50.

En Plaza de Mayo, a las 16:30, ya había fanáticos con banderas y bombos una hora y media antes del horario pautado. La Policía de la Ciudad avanzó con escudos y disparó gases lacrimógenos. Hubo corridas. Luego volvió la calma. A las 18:20 arrancó “Ji ji ji” y el centro de la plaza se convirtió en un pogo. Minutos después, los presentes cantaron el Himno Nacional. Bengalas rojas y negras, fuegos artificiales, fanáticos trepados a las rejas de la Casa Rosada. “Es loco que cuando nos pasa algo venimos a la Plaza de Mayo, es como un refugio”, dijo una chica a un canal de televisión. “Por eso también en su momento fue bombardeada. Este lugar es nuestro punto de encuentro”

El sábado, volvieron a reunirse en el Obelisco. Y este domingo llegaron más personas desde distintos puntos del país. Vinieron de las provincias más alejadas del norte y del sur, quienes mejor representan el peregrinar ricotero. Se hicieron presentes los que lo vieron por primera vez en los 80 y los que lo descubrieron en los 2000. Hubo trabajadores del conurbano, el núcleo duro que hicieron propio cuando el público de clase media de los primeros años se fue, y universitarios que discuten el significado de las letras. Rolingas con campera de cuero y viejos que vieron a la banda en Obras. Pre-adolescentes que conocieron al Indio por el teléfono de sus padres, y familias enteras lloraron por el último artista que conmovió multitudes.

“El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”, concluyó el círculo íntimo del Indio.

Con información de NA

LN/MG

En el frente de un paquete de galletitas hay un octógono negro. Dice: “Exceso en azúcares”. Desde que la Ley de Etiquetado Frontal entró en vigencia, el 94,5% de la población aprendió a reconocer ese sello y el 61% dejó de comprar al menos un producto por tenerlo, según la primera encuesta nacional sobre el impacto de la norma, realizada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la FCE-UBA a fines de 2025.

Sin embargo, este marte el gobierno envió al Senado un proyecto para derogarla. La iniciativa lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y elimina la norma en su totalidad desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, sin período de transición. El proyecto consta de sólo cuatro artículos.

La derogación no implicaría únicamente el fin de los sellos negros de advertencia. También dejarían de regir las restricciones a la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, la obligación de informar azúcares libres en los envases –un dato relevante para personas con diabetes– y las disposiciones vinculadas a la promoción de entornos escolares saludables.

“No se trata solamente del etiquetado”, señala Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. “La ley también regula la publicidad y promueve la educación alimentaria nutricional. Lo que se propone es desarmar una política pública completa”.

Los cambios que produjo la ley

La Ley 27.642 fue sancionada en octubre de 2021 con 200 votos afirmativos en Diputados y 64 en el Senado. La norma obliga a colocar octógonos negros en alimentos y bebidas que superen determinados límites de azúcar, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías, definidos según el perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde su implementación, la encuesta de la FCE-UBA registró cambios en los hábitos de compra y consumo. El 97% nota los octógonos mientras que el 94,5% comprende su significado. A su vez el 79% realizó algún tipo de cambio en sus compras, y el 61% efectivamente bajó el consumo de al menos un producto por tenerlos. El estudio concluye que el impacto “atraviesa todas las edades” y no se limita a un grupo generacional específico.

El efecto también alcanzó a los hogares con niños y adolescentes. Un estudio de Malzoni y Secchi, publicado en 2024 en la Revista SAN y realizado sobre 1.150 personas, mostró que el 74,4% de los padres con hijos menores de 16 años reporta pedidos frecuentes de productos con sellos de advertencia, como galletitas, yogures y golosinas. La presencia visible de los octógonos interviene entonces en la decisión final de compra de los padres.

Un análisis de más de 500 productos ultraprocesados realizado por Karen Manzur y Carlos Yáñez de la Universidad Adventista del Plata, publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024, detectó reducciones de hasta 40% en grasas totales y cercanas al 10% en sodio en lácteos y snacks salados.

La evidencia más citada sobre el impacto del sistema proviene de Chile, que implementó una legislación similar en 2016. Un estudio conjunto de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte, publicado en 2024 en PLOS Medicine, analizó las compras de 2.844 hogares durante seis años y detectó una reducción del 37% en la compra de azúcar proveniente de productos con sellos de advertencia. También registró caídas del 22% en sodio, 16% en grasas saturadas y 23% en calorías.

En Argentina, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición del 2019, el 13,6% de los menores de cinco años tiene exceso de peso. En los adultos, se estima que cerca del 39% tiene obesidad y el 73% exceso de peso, según datos de la OMS del 2025. Las enfermedades crónicas no transmisibles –diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares– producen el 70% de las muertes totales en el país, según un estudio publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024.

“Estamos viendo cada vez más hipertensión, sobrepeso, obesidad y diabetes en chicos menores de 10 años”, advierte Salzman. “Cuando un chico consume permanentemente productos ultraprocesados, deja de consumir frutas, verduras, huevos, alimentos naturales. Ahí hay una responsabilidad social y comunitaria. Hay que discutir hasta dónde llega el poder de la industria alimentaria”.

El etiquetado en la vida cotidiana

Virginia Demo tiene 57 años, es humorista y alcanzó notoriedad masiva tras participar en Gran Hermano 2023. En enero de 2026 ingresó al programa Cuestión de Peso con 89,9 kilos y cuatro meses después recibió el alta con 76,6. En ese proceso, modificó sus hábitos y logró revertir un cuadro leve de hígado graso.

Cuenta que antes sostenía ayunos prolongados y luego consumía alimentos ultraprocesados. Desde papas fritas y gaseosas hasta dulces. Durante el tratamiento comenzó a incorporar herramientas para leer etiquetas y entender el impacto nutricional de determinados productos.

“La tabla nutricional hay que saber leerla e interpretarla. Los sellos, en cambio, son rápidos, simples y claros”, dice. “No hace falta tener tantos conocimientos técnicos para entenderlos”.

También empezó a comparar productos similares. “Hay productos que parecen súper sanos y después ves que tienen exceso de azúcar o sodio. El etiquetado también te ayuda a elegir mejor”, agrega.

Cinthia Gentiletti, de 43 años, que recurre regularmente a la consulta con su nutricionista, también modificó algunas decisiones cotidianas a partir de los octógonos. “Me permitieron hacer elecciones más informadas y ajustar aún más una forma de alimentarme que ya era consciente”, cuenta.

Dice que las mayores sorpresas aparecieron en productos que suelen presentarse como saludables, “especialmente algunas galletitas y ciertos lácteos”. “Confirmé que tenían niveles de azúcar, grasas o sodio mucho más altos de lo que esperaba”, señala. También empezó a comparar marcas dentro de una misma categoría y detectar diferencias nutricionales importantes entre productos similares.

Lo que Demo y Gentiletti aprendieron en su experiencia cotidiana es, para especialistas en nutrición, uno de los objetivos centrales de la ley: ofrecer información comprensible en pocos segundos y sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.

Erica Bianquet, integrante del Grupo de Trabajo por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de FAGRAN y del Colegio de Nutricionistas, trabaja con pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. “Es una herramienta rápida y concreta para tomar una decisión en una góndola, especialmente para personas que no tienen por qué saber interpretar una tabla nutricional compleja”, explica. “No todo el mundo puede ponerse a comparar etiquetas durante veinte minutos en el supermercado. Y eso genera desigualdad”.

La discusión por la derogación

La ofensiva contra la ley comenzó antes del envío del proyecto al Congreso. En diciembre de 2024, la ANMAT modificó aspectos centrales de la ley. El principal cambio fue el criterio para calcular nutrientes críticos. Desde entonces, se consideran únicamente los ingredientes agregados durante la elaboración y no la composición total del producto. Como consecuencia, alimentos como quesos, yogures, mermeladas y jugos perdieron sellos pese a no haber cambiado su perfil nutricional.

“Generó muchísima confusión”, sostiene Bianquet. “Mucha gente asocia que cuando desaparece un sello, el producto mejoró o pasó a ser más saludable. Cuando en realidad la composición no cambió. El mensaje visual dejó de coincidir con el perfil nutricional real del producto”.

Durante la semana del 19 de mayo, los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA) presentaron un proyecto para derogar la ley con respaldo explícito de COPAL, la coordinadora de las industrias alimenticias. Días después, el Poder Ejecutivo envió su propia iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

Las empresas que históricamente presionaron contra la ley –entre ellas Arcor, Coca-Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, nucleadas en COPAL– encontraron en el gobierno libertario un terreno receptivo. El informe “Mucho más que etiquetas”, publicado por Fundeps en 2026, documenta que las flexibilizaciones administrativas del gobierno coincidieron con reclamos previos de esos sectores empresariales.

Los argumentos en disputa

El Gobierno sostiene que el sistema actual genera “distorsiones” porque aplica criterios uniformes a productos diferentes y no distingue entre excesos leves y altos niveles de nutrientes críticos. También cuestiona la falta de armonización con el Mercosur y afirma que el esquema no incentiva mejoras graduales en las formulaciones.

El legislador Bongiovanni argumentó que en 2023 el 85% de los productos en góndola tenía al menos un sello. “Si todo tiene octógono, el octógono no significa nada”, sostuvo.

“La armonización regional existe, pero no impide que un país tome medidas de salud pública propias”, responde la nutricionista Bianquet. “Hay varios países de América Latina que avanzaron con sistemas de advertencia similares. Hay una discusión de fondo sobre qué pesa más, si los intereses comerciales de ciertos sectores o el derecho de la población a recibir información clara sobre lo que consume”.

“No me parece bueno sacar los sellos. No es lo mismo tener la tabla nutricional que tener los sellos. Porque no todo el mundo tiene conocimientos de nutrición”, resumen Virginia Demo.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, organizaciones de nutricionistas y especialistas en salud pública mantienen reuniones con senadores de distintos bloques para intentar frenar la derogación. “Derogarla sería tirar a la basura años de trabajo técnico y sanitario”, concluye Salzman.

LN/MG

El viernes 22 de mayo, cerca de las 11 de la mañana, un paciente de salud mental del Hospital “Carlos G. Durand” caminó alrededor de 200 metros, atravesó distintos sectores del establecimiento, ingresó a la sala de terapia intermedia y desconectó el respirador de una persona internada. El hombre murió a pesar de los intentos del personal por reanimarlo.

Según relataron a elDiarioAR trabajadores del hospital que estuvieron en el lugar, el paciente se atendía en consultorios externos por una patología psiquiátrica. Nadie pudo explicar todavía cómo logró atravesar los controles de seguridad ni por qué llegó hasta un área crítica.

En el momento del hecho, en la sala había alrededor de 20 pacientes y el personal de enfermería atendía urgencias en distintas habitaciones. “No puede haber pacientes tan delicados en terapia intermedia”, dijo a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE en el hospital y licenciado en enfermería. “Pero los directivos siguen ingresando pacientes pese a la falta de personal y recursos”.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, el personal encontró al paciente extubado. Según las fuentes consultadas, realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.

Terapia intermedia con pacientes críticos

Trabajadores del hospital sostienen que el episodio expuso problemas estructurales que vienen denunciando desde hace años. Ortiz explicó que la terapia intermedia debería alojar pacientes que ya atravesaron la etapa crítica y requieren menor complejidad de atención. Sin embargo, afirmó que el desborde del sistema hace que también se internen allí personas con asistencia respiratoria mecánica. “La terapia intermedia se transformó en una terapia intensiva encubierta, pero sin el personal necesario”, señaló.

Según indicó, el área no cuenta con la misma capacidad de vigilancia ni con la cantidad de enfermeros especializados que requiere una terapia intensiva. En algunos casos, agregó, un enfermero debe atender hasta cuatro pacientes, cuando los estándares indican uno cada dos.

La situación del Durand ya había sido objeto de reclamos gremiales en los últimos años. En mayo de 2024, la terapia intensiva 1 cerró por una falla en el sistema de aspiración central y doce pacientes fueron trasladados de urgencia a terapia intermedia. En ese momento, ATE denunció falta de mantenimiento y advirtió sobre riesgos en áreas críticas.

En septiembre de 2025, además, el hospital redujo camas de terapia intensiva por falta de profesionales especializados. De 11 camas disponibles, solo 8 permanecían operativas.

Reclamos por seguridad, infraestructura y salud mental

Ortiz también cuestionó las condiciones de seguridad dentro del hospital. Según afirmó, en el sector donde ocurrió el hecho había una sola persona de vigilancia para controlar distintos servicios.

“Es imposible cubrir todo con un solo trabajador”, sostuvo.

Los reclamos incluyen además problemas de infraestructura y falta de personal en distintas áreas. Trabajadores denuncian sectores sin calefacción, demoras de meses en cirugías por falta de anestesistas y enfermeros, y áreas pediátricas que alojan adolescentes con padecimientos psiquiátricos sin dispositivos específicos de contención.

“Hace años pedimos una sala adecuada de psiquiatría y medidas de seguridad en ventanas porque ya hubo pacientes que se tiraron”, dijo Ortiz. Según relató, en la última década hubo al menos cinco episodios de ese tipo dentro del hospital.

También cuestionó el funcionamiento de las empresas privadas tercerizadas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad. “Nosotros no responsabilizamos a los trabajadores, sino a las empresas y al Gobierno de la Ciudad, que no controla si cumplen con los pliegos”, afirmó.

La investigación y el reclamo gremial

La familia del paciente fallecido inició acciones legales. En paralelo, la Junta Interna de Delegados de ATE reclamó una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido y pidió medidas urgentes para reforzar la seguridad y el funcionamiento de las áreas críticas.

Ortiz sostuvo que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “Acá hubo una cadena de responsabilidades: falta de personal, falta de controles y un sistema completamente desbordado”, dijo.

Según estimaciones del gremio, el hospital necesita incorporar alrededor de 80 enfermeros especializados para cubrir adecuadamente las áreas críticas. También reclaman mejoras salariales para evitar la salida de profesionales hacia el sector privado o hacia hospitales nacionales.

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La bolsa llega sellada. Adentro puede haber cualquier tipo de lácteos, vencidos, a punto de vencer o los que nadie compra. El precio original es de $15.000. La app Cheaf lo cobra a $7.500. Antes de abrirla, la pantalla informa cuántos kilos de dióxido de carbono no fueron emitidos gracias a que la bolsa no se tiró.

“Rescaté comida y ahorré un 50%”, dijo una usuaria frente a la cámara de Telenoche en mayo del año pasado, a unos meses de que Cheaf se instale en el país. La joven había retirado su primera bolsa sorpresa en un Jumbo de Buenos Aires. Adentro encontró unos cuantos potes de yogurt que vencían al día siguiente. Se va contenta a su casa, sintiendo que ahorró y que le hizo un bien al medio ambiente.

Y es que la clase media no solo vive cada vez más a base de comida chatarra. También está consumiendo alimento vencido. O a punto de vencer. Este es el nuevo sistema exitoso de las aplicaciones que crecen en las regiones donde la clase media se licua, vendiendo a mitad de precio los productos que antes los supermercados tiraban o regalaban. “Argentina es el mercado de mayor crecimiento dentro de los países donde operamos”, confirmó Kim Durand, CEO y cofundador de Cheaf, al cumplirse un año de su desembarco.

Cheaf es una aplicación mexicana que conecta supermercados, panaderías y restaurantes con usuarios que compran, con descuentos de entre 50 y 70 por ciento, alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en bolsas cuyo contenido se desconoce hasta el momento del retiro. Aterrizó en Argentina el 11 de febrero de 2025 con tres locales. En poco más de un año acumuló 1,4 millones de descargas, 466 comercios adheridos en 77 ciudades de 18 provincias. Es el lanzamiento de mayor crecimiento de su historia regional, que incluye México, Chile y Colombia.

Sin embargo, Cheaf no creció sola. En enero de 2025, la app argentina Kigüi, que devuelve parte del dinero sobre productos ya comprados que están a punto de vencer, cerró rondas de inversión con The Yield Lab y Amazon por US$1,85 millones y sumó 300.000 descargas y 100.000 usuarios activos.

En abril llegó desde Uruguay “Buen Provecho”, con descuentos de entre el 35 y el 50 por ciento en alimentos frescos y excedentes, con planes de alcanzar 1.000 locales en Argentina antes de fin de 2026. “Nos pareció muy importante traer la app acá por su inflación y la caída en el consumo”, razonó Daniela Lejtreger, CEO de la app. Juntas, las tres plataformas construyeron en un año un mercado en expansión que en 2024 no existía.

Lo que ganaron las apps, lo perdieron los comedores

Cheaf opera exclusivamente a través de la app y se paga con tarjeta. Kigüi reintegra el cashback a una cuenta bancaria o a Mercado Pago. El modelo excluye a quien no tiene acceso al sistema financiero digital. Su público es la clase media venida a menos. Buen Provecho, por ejemplo, apunta a “jefes y jefas de familia de 30 a 50 años” y a “jóvenes de 20 a 30 años con presupuesto limitado”.

Al mismo tiempo que este segmento de la sociedad estira sus bolsillos con una tendencia promocionada como “ética” y “ambiental”, los sectores más postergados, que subsisten en parte gracias al alimento donado a comedores, se ven perjudicados.

En Córdoba, el Banco de Alimentos que suministra productos a organizaciones y comedores atraviesa desde fines de 2025 una caída pronunciada en las donaciones de supermercados: pasó de recolectar 15 bultos por sucursal a obtener apenas cinco. Los productos próximos a vencer que antes llegaban a la institución se canalizan ahora hacia las plataformas de descuento. El resultado es una lista de espera de comedores barriales que piden auxilio y no pueden ser incorporados por falta de stock.

“Desde septiembre del año pasado cayó la donación de alimentos sobre todo de supermercados, que pasaron de entregarnos 15 a cinco bultos. Las aplicaciones que ofrecen productos a punto de vencer son un competidor muy importante, porque la gente aprovecha los descuentos. Esos alimentos antes venían en gran cantidad y ahora está siendo muy reducido”, confirmó Alejandro Ruíz Díaz, del Banco de Alimentos de Córdoba. “Tratamos de darle un poco a cada uno. Por ahí el combo no sale con la cantidad de kilos que salía antes, pero la idea es que pueda alcanzar a más organizaciones”, agregó.

Isabel de Elizalde, de la panadería Hausbrot, uno de los locales que se sumó a Cheaf, explicó la transición a la Agencia de Noticias de Comunicación de la UBA: “Con la situación del país se hizo complicado sostener tanta cantidad de donaciones y cuando leímos sobre Cheaf nos pusimos en contacto con ellos.”

La retórica es el ambiente, el motor es la crisis

El discurso de estas plataformas habla de toneladas rescatadas, kilos de CO2 evitados, consumo responsable. Ese relato está construido sobre un problema real, ya que Argentina desecha 16 millones de toneladas de alimentos por año, el 12,5 por ciento de su producción agroalimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La retórica es la sostenibilidad, pero el motor es la caída del consumo.

Las ventas en supermercados cayeron un 11% durante 2024, según el INDEC, y los autoservicios mayoristas –refugio de quienes compran en cantidad para estirar el presupuesto– se hundieron un 15%. Además, los precios de los servicios –gas, electricidad, transporte– aumentaron entre 350% y 707% en el primer año de la gestión Milei, según un informe del Centro RA de la UBA.

Fue la clase media la que absorbió el impacto con mayor virulencia. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande sobre los microdatos de la EPH-INDEC del segundo trimestre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios debió gastar sus ahorros, vender pertenencias o endeudarse para llegar a fin de mes, superando incluso a los sectores de menores ingresos. La morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el registro más alto de la serie histórica. Lo que antes era un colchón, hoy es una lona.

“Creo que la gente usa la app más por la cuestión del ahorro. Lo ambiental suena bien y está bueno como conducta de vida, pero a la gente realmente la mueve la plata, no la mueve que se tire una galletita y se desperdicie”, dijo a ANCCOM Marino Steiner, dueño del almacén Oliva Don Mateo, uno de los comercios adheridos a Cheaf.

La grieta en las reseñas

“Miren lo que me pedí por $8.000 PESITOS”, celebró esta semana La Jefa del Ahorro, la cuenta más influyentes del universo del ahorro, uno de los rubros que más creció entre los creadores de contenido. Mostraba una imagen con 6 yogures y un queso crema. “Existe una app donde los locales arman paquetes con la comida que sobró del día...”, explicaba.

“No podés promocionas las sobras”, la cruzó un usuario. “Es la versión virtual y cool de llevar un carro y pedir las sobras del día en la panadería”, agregó otro. “Se llama 'cheaf', en otros países se llama SER POBRE”, protestó un tercero. “Manusma” se quejó de la tómbola: “A nosotros nos decía 'lácteos' y nos clavaron 6 margarinas que estaban a 4 días de vencer”.

Pero otras se sintieron satisfechas. “Las bolsas de Cheaf son una maravilla, por 20 lucas me vino una torta cabsha, dos muffins, una masa de tarta y una tarta de frutas”, dijo un usuario. “Rescaté una bolsa de lácteos y me vino una horma de queso. Te lo entregan con el valor real, entonces podés ver cuánto ahorrás. Esa bolsa costaba más de 11 mil pesos y yo la pagué 7 mil”, agregó otra.

Y están quienes la usan de forma estratégica: “Viene bien para la merienda en el parque, o si es el cumpleaños de tu nene y vienen muchos amiguitos, comprás panificados y te olvidás”, cerró una usuaria en la reseña de Google Play.

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Mientras se desploman los restaurantes típicos a los que concurría la clase media, al tiempo que la cocina premium gana estrellas Michelin y se concretan emprendimientos gastronómicos millonarios, hay un rubro –que no tiene salón ni mozos y no supera los 40 metros cuadrados– que creció en medio de la crisis socioeconómica. Son los locales low cost —pizza al corte, empanadas, hamburguesas—. En los últimos dos años se multiplicaron en todos los centros urbanos del país a un ritmo que el sector formal llama “refugio de emprendedores”.

El sábado pasado en Caballito, sobre av. Rivadavia, Antonela N. (36) esperaba, en una larga fila con su marido y sus hijas, la cena de Mr. Tasty: balde repleto de papas fritas con seis burger por $23.000. Esta joven familia tipo, en otro momento no tan lejano, salía los sábados a comer en restaurantes. Cada tanto, incluso, la pareja se reservaba algún viernes para beber “tragos de autor”. Pero en el último año sus ingresos se congelaron, ya no llegan a los casi $2.400.000 necesarios para pertenecer a la clase media porteña –según datos del INDEC– y tuvieron que recortar gastos.

“Si bien no pagamos alquiler porque mi marido heredó el departamento del padre, ya no podemos salir a comer afuera. Por eso empezamos a venir acá, es muy barato y a las nenas les gusta. Nos llevamos un balde de estos y vamos a casa a mirar algo en la tele”, cuenta Antonela y describe, al mismo tiempo, la reconfiguración de la escena gastronómica en Buenos Aires.

Julio Gauna, fundador y dueño del Grupo Desembarco, un imperio gastronómico que incluye Mr. Tasty, El Desenbarco, Dark Kitchens y Mila & Go., confirma la tendencia: “Cuando abrimos Mr. Tasty en 2024 teníamos un público joven, pero hoy en día la mayoría son familias que antes salían a comer y ahora pasan a comprar un balde con hamburguesas y papas y comen en su casa”.

“Hay recesión y la gente consume distinto, hoy el cliente busca precio, promociones y rapidez”, dice Gauna, que proyecta terminar el año con 200 locales en todo el país. “El año pasado abrimos 60 locales en seis meses, en uno de los momentos más recesivos del país; eso demuestra que hay consumo”, asegura.

El centro que colapsa

Según los expertos, la gastronomía se está reorganizando en dos extremos –uno que se agranda y otro que se mantiene– mientras el centro colapsa. Los restaurantes y bodegones típicos están cerrando al tiempo que las sucursales de comida barata y rápida abren decenas por mes y la cocina premium acumula reservas con semanas de anticipación.

“Una de las particularidades de este modelo es ampliar la brecha entre ricos y pobres”, dice Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. “La quita de restricciones y cepos ha mejorado la vida de quienes pueden vivir en dólares y ha empeorado a las mayorías de la clase media. El ajuste del sector público impacta directamente en los negocios minoristas de todos los días”, explica.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad en restaurantes cayó 30% interanual. Los locales vacíos se multiplicaron en las principales arterias del microcentro, San Nicolás y Monserrat.

El boom de los low cost

En simultáneo, los locales baratos y rápidos se agrandan. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el formato crece entre el 8 y el 12% anual incluso en años de contracción, y nueve de cada diez locales franquiciados siguen abiertos diez años después de su inauguración, una tasa de supervivencia que ningún otro segmento del rubro puede mostrar.

“Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”, dijo recientemente Marcelo Bernardini, de la consultora Franquicias que Crecen. El fenómeno se entiende también por la facilidad de ingresar al negocio. Se precisa una inversión inicial que no supera los US$ 35.000, entre uno y tres empleados, gastos operativos mínimos y un recupero del capital, según estiman, en doce a dieciocho meses.

Mr. Tasty es una de las nuevas franquicias low cost con crecimiento vertiginoso. Fundada en 2024 por Julio Gauna como una dark kitchen, pasó en menos de un año de tener un solo local en Boedo a más de 60 en doce provincias, con otros 40 en construcción. Sus locales miden 40 metros cuadrados, no tienen salón y funcionan con siete u ocho empleados. Los precios arrancan en $4.000. “Está pensado para el trabajador que baja del tren, cansado, y quiere comer bien sin esperar”, dice Gauna.

Solo Empanadas, otra de las cadenas del segmento, inauguró entre dos y tres locales por mes durante 2025 con un ticket de entrada de US$ 25.000 y espacios de 40 metros cuadrados. El modelo también cambió el hábito de consumo que lo sostiene. “La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado”, dijo en otra entrevista Daniel Arce, de Franquicias que Crecen. “Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo”.

“Yo prácticamente vivo a empanadas de estos locales”, cuenta Antonela, todavía en la fila de Mr. Tasty que avanza con rapidez. Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), en Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas por día; en plataformas de delivery, es el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. “Trabajo de secretaria en microcentro hasta las cinco de la tarde. Antes me compraba una vianda, pero no tiene sentido. Ahora cruzo y me como dos empanadas, gasto $2.000 en el almuerzo”, dice.

Quizás quien mejor resumió la situación fue Claudio Messina, director de la empresa Fantoche, quien describió un aumento exponencial en la venta, pero lejos de ser mostrarse satisfecho se sinceró: “En muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país”. En un reportaje con Ahora Play, siguió: “Esto no es de hoy, desde la década del '80, cada vez que hay un problema económico y falta plata en el bolsillo de la gente el alfajor crece porque es la porción justa. Comes un triple con una gaseosa o un agua y tenés las calorías necesarias para seguir trabajando y gastás muchos menos que sentarte a comer en un restaurante”.

De acuerdo a datos de 2025, en Argentina se venden 12 millones de alfajores por día, esto implica 4.380 millones por año para un mercado liderado por las marcas que ofrecen los productos de menor costo con Guaymallén a la cabeza. Fantoche, en particular, aumentó sus ventas 32% respecto de 2024.

El otro extremo que acumula estrellas

Mientras crecen los locales low cost y fast food como Mostaza –que anunció una inversión de US$ 40 millones para abrir 30 nuevos locales solo este año–, sobre la Costanera Norte, el llamado Distrito Joven concentra restaurantes de primer nivel inaugurados en los últimos dos años –Maro, Sendero Costanera, Fabric Dragón Blanco, Costa 70 70, Jano's Eventos–. “Parecen de Miami”, dice a elDiarioAR Martín Pittaluga, empresario gastronómico, dueño de La Huella y El Mostrador Santa Teresita de Olivos.

Esos nuevos restaurantes operan sobre tierras públicas concesionadas a privados. Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo en una nota publicada en Clarín el pasado 4 de enero: “El acceso al río queda mediado por la capacidad de consumo. Si no te sentás a pagar, el espacio te expulsa”. Quienes pueden sentarse, en general, son el 6% de la población que actualmente concentra el 34% de la riqueza argentina, con un piso de ingreso de US$ 8.000 mensuales, según la una investigación de la consultora Moiguer.

“Veo una caída enorme del consumo. Primero porque Argentina está muy cara y segundo porque la gastronomía está atravesando una crisis muy fuerte. Hay mucha oferta, sí, pero sobre todo hay costos muy altos”, comenta Pittaluga, quien conoce las dos caras de la crisis.

En los años 90 quebró un restaurante en Buenos Aires y se fue a Uruguay. En 2001 fundó con dos socios el Parador La Huella en José Ignacio, sobre una playa que nadie frecuentaba y que hoy atiende hasta mil personas diarias en temporada alta. La Huella llegó al puesto 11 del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y es caso de estudio en Harvard Business School.

“Lugares de primer nivel como Don Julio, El Preferido o Happening tienen una fama y una clientela consolidada que los sostiene”, dice. “Tienen un plus. Puede ser la calidad, la ubicación, la tradición o la fama. Hoy tener una clientela consolidada vale muchísimo.”

Don Julio, el más citado, acumula estrella Michelin, estrella verde y un puesto en los 50 Best Latin America. En 2025, la Guía Michelin otorgó tres nuevas estrellas en Buenos Aires: Crizia, con el chef Gabriel Oggero, se sumó a Aramburu, el único restaurante con dos estrellas del país.

Mientras el fine dining acumula reconocimientos internacionales y reservas con semanas de anticipación, el mercado intermedio se contrae. En noviembre de 2025, el Financial Times lo registró con un título: “Más pizza, menos bife de chorizo”. El encarecimiento en dólares –el precio de un bife de chorizo con guarnición pasó de US$ 9,40 en 2023 a US$ 21,90 en 2025– expulsó al turista extranjero y aceleró el corrimiento del consumo local hacia los extremos.

En restaurantes de gama media y alta, la caída del consumo llegó al 40%, según la AHRCC –diez puntos por encima del promedio general–. El 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer, según una encuesta de Kantar Insights. “Los restaurantes más cotidianos, los de clase media, donde la gente antes salía dos o tres veces por mes, ahora salen una sola vez, y muchos quiebran”, concluye Pittaluga.

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Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

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El mercado laboral argentino está funcionando al revés, según especialistas. Mientras cae la participación de jóvenes, crecen los adultos mayores que recurren al trabajo precario para subsistir, luego del retiro. Paradójicamente, el descanso llega al comienzo, en el momento de mayor capacidad productiva, mientras que el deslome se produce sobre todo al final, en el ocaso de la vida.

“Estamos hablando de personas trabajando en condiciones precarias en sus últimos años, teniendo en cuenta que los hombres en los barrios populares viven 11 años menos que el promedio de Argentina, por los trabajos manuales”, advierte Candelaria Rueda, socióloga e investigadora, a cargo del último informe del Instituto Argentina Grande que da cuenta de esta tendencia en el mercado laboral.

“40 años trabajando en gastronomía y empresas de limpieza”, cuenta Mirta, una señora de 75 anos, sentada en un banco de Parque Lezama, frente a una olla popular. “Me la pasé cocinando y limpiando oficinas, y ahora tengo que cuidar a un hombre y venir a buscar la comida acá, ¿a vos te parece?”, dice la mujer que cuida a un hombre senil, seis horas diarias y recibe viandas de ollas populares y parroquias.

“Yo soy la que está entrando a una edad para que la cuiden y tengo que cocinarle y limpiarle a un hombre mayor para subsistir, y encima no me alcanza”, lamenta.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad de mayores de 66 años creció un 12% en el último año, al tiempo que se redujo la inserción laboral juvenil. “Lo esperable sería que los jóvenes se incorporen al trabajo y los jubilados tengan ingresos suficientes vivir, pero está sucediendo exactamente al revés”, señala Rueda.

Aumento de la precariedad entre adultos mayores

El crecimiento del trabajo en edades avanzadas se da, además, en condiciones mayormente informales. Según el relevamiento –basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares– la desprotección laboral entre jubilados aumentó de manera significativa entre fines de 2023 y 2025: un 39,7% en varones y un 34,4% en mujeres.

En la actualidad, los adultos mayores presentan la tasa de desprotección más alta de todo el mercado laboral, que llega a un pico histórico del 44,9% de los ocupados sin aportes ni estabilidad. En total, más de 6 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.

“Trabajé más de tres décadas como chofer, y ahora tengo que pedir ayuda en la calle”, cuenta Julio Romero, jubilado de 79 años, frente a la Estación Constitución. “Vivo en una pensión y hago changas de carpintería y jardinería, pero por semana me sale una o dos, con suerte”, dice. Atraviesa, además, un tratamiento oncológico.

Esta semana el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 292/2026, el bono de $70.000 para jubilados, sin actualizaciones desde marzo del 2024 y con una perdida de un 53,8% de su poder adquisitivo. Según un informe de Chequeado.com, para mantener su valor real debería ubicarse por encima de los $150.000. Aún con ese refuerzo, la jubilación mínima se encuentra un 9,4% por debajo de su nivel real de noviembre de 2023. Es otra de las razones que explican el crecimiento de la actividad laboral en la tercera edad.

“Sturzenegger celebró el crecimiento de la actividad poblacional, pero es básicamente de jubilados. El bono está congelado y los aumentos de tarifas, servicios y medicamentos están por encima de la inflación, rubros con peso particular en la canasta de ese grupo”, sostuvo Rueda.

Jóvenes: más desempleo y menos búsqueda

En paralelo, la situación de los jóvenes muestra otro tipo de deterioro. El desempleo entre personas de 18 a 26 años alcanzó el 18,1%, frente al 14,9% de 2023. Pero el dato más relevante es la caída en la tasa de actividad: hay menos jóvenes buscando trabajo. “No es que mejoraron sus condiciones, sino que dejaron de buscar”, señala Rueda.

Daniel Díaz, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Lanús, lleva meses sin conseguir empleo. Rechazó recientemente una oferta en una concesionaria de Lomas de Zamora con jornadas de 12 horas por un salario de $400.000. “Prefiero seguir estudiando a que se me vaya la vida en un trabajo esclavo, mis amigos están igual”, explicó. “Por ahora vivo con mis viejos”.

Mientras muchos jubilados son sostén económico del hogar y no pueden rechazar ingresos, los jóvenes –en general sin personas a cargo– tienen mayor margen para descartar empleos precarios. “La mayoría de los jubilados son jefes de hogar y no pueden darse el lujo de rechazar changas. Los jóvenes en general son trabajadores complementarios del hogar. Pueden decir que no a propuestas vergonzosas”, indica Rueda.

El impacto del ajuste fiscal

Otro informe de IAG vincula estos cambios con la política económica. En 2024, el gasto público cayó seis puntos del PBI, la mayor contracción desde 2002. De ese total, 3,3 puntos correspondieron al gasto social, con recortes en áreas como educación, asistencia social y previsión.

“El ajuste golpea en dos dimensiones”, explica el economista Hernán Herrera . “A nivel productivo, por el deterioro de la infraestructura. A nivel familiar, el ingreso disponible después de pagar servicios es mucho menor. Quienes consiguen más horas de trabajo pierden descanso. Quienes no las consiguen, pierden mucho más.”

A eso se suma lo que el gobierno presenta como logro: el superávit fiscal. “El superávit no es real”, dice Herrera. “Se ven obligados a ajustar todos los meses para lograrlo. No se puede hablar de estabilidad macroeconómica en ese sentido.”

“A la destrucción de empleo –agrega el profesional – se le suma la caída de subsidios que disparó las tarifas y la baja del 60% en las transferencias a las provincias del norte”.

En este contexto, el crecimiento económico ocurre sólo en los sectores concentrados de baja generación de empleo (exportaciones de minería y agro). En contraste, sectores como la industria y el comercio muestran retrocesos.

“La Argentina puede crear trabajos de calidad pero requiere promover cadenas de valor regionales, enlazando los servicios del conocimiento con los sectores productivos y con una planificación estatal”, analiza el economista.

“Yo nunca pensé que iba a tener que seguir cocinando y limpiando en la última etapa de mi vida”, dice Mirta, sentada a la noche con una vianda en Parque Lezama. “Ya no tomo ningún medicamento, y espero todas las semanas a que me salga alguna changa”, agrega Julio. Son dos septuagenarios que no pueden salir del mercado laboral. “Voy a seguir esperando un trabajo, porque no me sirve de nada tirar a la basura mi formación por 400 lucas”, comenta Daniel, un veinteañero que no puede entrar al mundo laboral.

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En Mendoza, una alumna entra al colegio con un arma en la mochila y dispara dos veces. Meses después, en una escuela de Santa Fe, un chico mata a un compañero con una escopeta. En los días siguientes se multiplican amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país. En San José, Entre Ríos, se registra una “epidemia” de suicidios. Y en Merlo, la muerte de Maitena, encontrada ahorcada de un árbol, conmueve al país. “Todos pensamos alguna vez si vale la pena seguir viviendo”, dice Aimara, su compañera de 15 años, ante un un móvil de C5N.

Son escenas y geografías distintas, pero en todas hay adolescentes atravesando situaciones límite en contextos de fragilidad social, escolar y emocional. Se repiten antecedentes de violencia, aislamiento y un uso intensivo de redes sociales. Según especialistas, el malestar juvenil se volvió más frecuente y se mantiene en niveles comparables a los de 2020, en plena pandemia.

“Los adolescentes nos cerramos, pero eso no significa que no nos guste que nos pregunten: ‘¿cómo te fue?, ¿cómo la pasaste?, ¿tenés amigos?’. Sin embargo, nuestros padres llegan estresados, laburan 12 horas al día. Tiene que haber un trabajo de prevención en las familias y en las aulas, porque todos podemos ser Maitena”, resume Aimara.

Según profesionales, el uso intensivo de redes sociales y la hiperconectividad profundizan el malestar y el aislamiento de adolescentes que no encuentran contención en adultos, desorientados frente al avance acelerado de la tecnología y absorbidos por el pluriempleo, que en los últimos ocho años creció un 40%, según datos de la CTA. En ese contexto, la inversión en salud mental pasó de representar el 10% del presupuesto sanitario en 2023, al 1,4% en la actualidad. 

El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indica que el 6,5% de la población presenta riesgo de trastorno mental, con mayor impacto en jóvenes de 18 a 29 años y en sectores de menor nivel socioeconómico. Solo el 29,15% está en tratamiento psicológico y, entre quienes no acceden, el 50,05% considera que lo necesita, con la barrera económica (43,44%) como principal obstáculo. Además, el 58,69% reporta problemas de sueño y el 52,40% atraviesa una crisis vital, en niveles de malestar similares a los registrados durante la pandemia.

“La soledad, el vínculo con la tecnología, el acceso a drogas y la violencia familiar son las principales preocupaciones. Hay un aumento de intentos de suicidio y de autolesiones, que es un mecanismo que alivia la ansiedad, cada vez más presente en jóvenes”, advierte Pedro Kestelman, psiquiatra infantojuvenil y ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil.

Los suicidios: una preocupación creciente

En la Argentina, las muertes por suicidio mantienen una tendencia en alza. En 2023 hubo 4.197 casos frente a 3.955 muertes viales, mientras que en 2024 fueron 4.249 contra 3.539, según el Ministerio de Seguridad. Tras una baja entre 2018 y 2020, los casos crecieron de forma sostenida, con un aumento acumulado cercano al 28% desde 2017. Hoy es la principal causa de muerte violenta.

Por edad, se observa un corrimiento hacia los jóvenes en las muertes por suicidio: aumentan los casos en el grupo de 15 a 25 años, mientras descienden en adultos mayores, según la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil. A su vez, la Facultad de Psicología de la UBA advierte que las personas de 18 a 29 años presentan los niveles más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Aumentaron las crisis anímicas y los intentos de suicidio en adolescentes, que están muy solos y el mundo adulto no sabe cómo acompañarlos. La pospandemia y el avance de la tecnología nos dejaron descolocados. Es difícil separar lo positivo de lo dañino”, señala Kestelman.

“Hoy la palabra tiene poco valor, está devaluada, no encuentra ni tiempo ni espacio para ser compartida en un lazo que la sostenga”, dice Eugenia Serrano, psicóloga y docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM.

“Hay en la época un gusto compartido y aceptado por la exhibición y espectacularización del odio y la crueldad, donde las adolescencias bucean en esa oscuridad de manera ilimitada”, suma Soledad Arrieta, psicóloga que creó y coordinó el dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte y fue desplazada recientemente de ese puesto.

Retroceso de políticas públicas en salud mental

En Mendoza, la alumna que ingresó armada a la escuela en septiembre de 2025 quedó luego vinculada a un abuso sexual por parte de un celador. En Santa Fe, el ataque que terminó con la muerte de un alumno expuso la participación del agresor en comunidades digitales que promovían masacres escolares. En San José, Entre Ríos, una ciudad de 22.000 habitantes, se registraron 16 suicidios entre 2024 y 2025 —con víctimas de entre 15 y 40 años— y decenas de intentos, con una internación diaria en 2024 por ideación suicida, por depresión y apatía. En Merlo, el caso de Maitena sumó indicios de hostigamiento en redes sociales.

En todos los casos aparece un patrón común: el peso de las tecnologías, el aislamiento progresivo y la dificultad para establecer canales de diálogo con adultos. “Sufrimos en silencio”, advirtió la compañera de Maitena. En este contexto, especialista advierten un retroceso del Estado en políticas de salud mental. A esto se le suma despidos y renuncias por bajas condiciones laborales, y el cierre de instituciones de formación profesional, como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM). 

“No vamos a contar con profesionales formados en hospitales escuela, como el Bonaparte, que es una institución de referencia”, advierte Soledad Arrieta, quien fue desplazada del dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte.

El dispositivo –una línea telefónica federal y gratuito de atención en urgencias de salud mental– mostró un fuerte crecimiento en la demanda en 2023 y 2024. Sin embargo, esa tendencia se revirtió en 2025 y lo que va del 2026. “La merma en los pacientes atendidos de los últimos dos períodos –2025 y 2026– se debe a los despidos y renuncia de personal especializado del 0800 perteneciente al Hospital Bonaparte. Pasamos de una dotación de 31 profesionales a 19 en la actualidad”, explicó.

En este contexto, el Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, flexibilizar las condiciones para la internación involuntaria –con mayor intervención del psiquiatra– y reorganizar el sistema en una red por niveles de complejidad, en lugar de avanzar en el cierre de hospitales psiquiátricos.

Las provincias cuestionaron la iniciativa por considerar que fue elaborada sin participación federal. Autoridades sanitarias advierten que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda –con subas en la provincia de Buenos Aires del 77% en internaciones y del 134% en consultas ambulatorias en 2025–, el proyecto presenta problemas de financiamiento y podría introducir nuevas barreras de acceso, especialmente en situaciones de urgencia. Además, señalan que implica un retroceso en el enfoque comunitario de la ley vigente.

“El problema de la ley es por un lado su precarísimo financiamiento y por otro los intereses en juego de las grandes corporaciones y prestadoras de salud”, resume Arrieta. En esa línea, Eugenia Serrano advierte: “El proyecto de reforma actual tiene como eje fundamental una vuelta al paradigma de la hegemonía médica por sobre los abordajes interdisciplinarios que plantea la ley vigente y en este sentido es reduccionista”.

Tecnología y malestar

Un relevamiento de la UBA indica que el 97,19% de los jóvenes usa redes sociales y el 58,98% herramientas de inteligencia artificial, con niveles más altos de ansiedad y malestar asociados a su uso. Incluso, un 7,37% preferiría interactuar con IA antes que con un profesional, grupo que presenta los peores indicadores de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Hay malestares de época –ansiedad, depresión, soledad– que en la adolescencia se intensifican y amplifican en las plataformas digitales”, señala Santiago Stura, coordinador de comunicación de Faro Digital.

Experiencias como el rechazo o la exclusión ya no se tramitan en espacios visibles para adultos, como la escuela o la familia, sino en intercambios entre pares dentro de redes sociales. “Muchas veces ocurren por fuera del radar del mundo adulto”, advierte.

Plataformas como TikTok funcionan como motores de búsqueda donde circulan explicaciones sobre salud mental entre jóvenes, una lógica que empieza a trasladarse también a la inteligencia artificial. “Se utiliza con fines casi terapéuticos”, señala Stura.

“Por ahora no estamos viendo la parte positiva de la inteligencia artificial. Muchos adolescentes están sustituyendo la consulta profesional. Ahí hay una zona de riesgo que ya se está estudiando”, concluye Kestelman.

“Yo creo que estamos llegando al final”, dice Gastón Arcuchín, jubilado de 72 años. “No tiene sentido vivir así; veo gente llorando en las farmacias porque no pueden comprar medicamentos, veo gente muy deprimida, personas mayores que se abandonan y se dejan morir porque no pueden atenderse y no quieren ser una carga para sus familiares”.

Arcuchín trabajó y aportó 48 años como técnico en reparación de televisores, hasta que el temblor del Parkinson lo obligó a jubilarse. Además tiene hipertensión, artrosis y otras afecciones crónicas. Cobra la jubilación mínima de $450.000 y destina alrededor de $100.000 mensuales a medicamentos. Tuvo que dejar el tratamiento que tomaba tras un cáncer de próstata. En los últimos meses, la quita de descuentos y la suba sostenida de los precios agravaron su situación, en medio de la crisis del PAMI y los cambios en el programa Remediar.

Un sistema colapsado

La situación individual se inscribe en un escenario más amplio. Una huelga nacional de 72 horas de médicos y odontólogos de cabecera profundiza la crisis del PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados. El organismo arrastra una deuda con prestadores que ronda los $500.000 millones y enfrenta recortes presupuestarios en el área de salud.

La modificación del esquema de pagos –formalizada en la resolución 1107/2026– elevó el monto fijo por paciente, pero eliminó adicionales por consultas, lo que en la práctica redujo ingresos y aceleró la salida de profesionales que solo perciben $2.100 por pacientes.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias. El impacto se refleja en menos médicos disponibles, demoras en turnos y mayores dificultades de acceso a la atención.

“En lo posible trato de no recortar, pero hay cosas que no puedo sostener”, dice Arcuchín. “El medicamento que tomaba por el cáncer lo tuve que dejar”. También espera desde hace ocho meses una operación de cataratas. “Cada vez hay menos médicos. Acá ya no tenemos especialidades básicas. No tenemos servicios”.

Ingresos en caída y vida cotidiana

El deterioro del sistema de salud se combina con la pérdida de ingresos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los adultos mayores alcanzó en abril los $1.824.682, más de cuatro veces el haber mínimo que percibe el 64% de los jubilados. El bono de $70.000 se mantiene congelado desde 2024.

El poder adquisitivo de las jubilaciones cayó hasta 29% desde el inicio del actual gobierno, mientras la actividad laboral entre mayores de 66 años creció 11% interanual. En paralelo, el desempleo encubierto alcanza el 13,8%, más del doble de la tasa oficial.

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. Además, el 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, y quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.

“Yo ya no puedo trabajar, tengo 72 años. Hago algunas artesanías, pero nada más”, dice Arcuchín. “Dividimos gastos con mi pareja, buscamos ofertas. Pero esto ya no es vida”.

Medicamentos y redes de ayuda

El acceso a los tratamientos también se ve afectado por los cambios en el programa Remediar, que redujo su alcance. El vademécum pasó de 79 medicamentos a tres, enfocados en enfermedades cardiovasculares. El programa abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en la atención primaria.

En ese contexto, Salvador Riquelme, jubilado de 73 años, atravesó una situación similar. Tenía programada una operación de cataratas, pero no podía pagar las gotas previas, con un costo cercano a $100.000. La intervención se suspendió 48 horas antes.

“Me avisaron por mensaje a la noche”. Necesitaba una medicación que finalmente llegó a través de una campaña en redes sociales impulsada por la periodista Lula González, que permitió reunir el dinero necesario.

“En este momento lo único que nos está sosteniendo es la solidaridad de la gente”, dice Riquelme. “Muchos jubilados alquilamos y después tenemos que ver cómo sobrevivir”.

Para sostenerse, combina su precario salario con trabajos informales. “Vendo cosas por internet, lo que puedo. Es la forma de llegar a fin de mes”, explica. La ayuda también llega en alimentos y aportes individuales. “Muchas veces ni sabemos quiénes son los que ayudan. Son gestos anónimos”.

Protestas y reclamos

El conflicto se traslada a la calle. En las movilizaciones frente al PAMI y el Congreso, jubilados reclaman por medicamentos, prestaciones y haberes. En una de las últimas protestas fue detenido nuevamente Carlos “Chaca” Dawlowfki, de 75 años, quien resultó gravemente herido en su mano y brazo durante la represión.

Entre los manifestantes está Mario, que perdió su trabajo como chofer. “Estuve dos días tomando mate cocido con una galleta”, dice. “En dos meses bajé seis kilos. Vivo en un hotel porque no puedo sostener otra cosa”.

Los testimonios se repiten y abundan en la calle y en redes sociales, mientras se redefine la vida cotidiana de los adultos mayores. “Lo más concreto es esto”, resume Arcuchín. “La gente no puede comprar los medicamentos y se abandona”.

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“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones”, advierte Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar. La frase condensa una preocupación creciente. Detrás de las faltas reiteradas a clase, los especialistas advierten que hay límites institucionales difusos, regímenes más flexibles y un vínculo debilitado entre escuela, estudiantes y familias.

El dato más visible confirma la tendencia. El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento, de 7 puntos porcentuales, se replicó en las 24 jurisdicciones del país.

El informe, elaborado por Argentinos por la Educación, muestra además que el fenómeno no crece de manera homogénea. Por el contrario, se intensifica en ciertos grupos. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio –quienes faltaban entre 5 y 14 días–, lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Una asistencia cada vez más desigual

Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir, se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.

Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente.

Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Razones visibles y causas estructurales

Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y subjetivos. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.

Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega. En ese contexto, describe aulas atravesadas por dificultades de convivencia y esquemas de acreditación más laxos, donde “siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior”.

Videla coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.

El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país carece de herramientas básicas para seguirlo en tiempo real. Argentina no cuenta con un sistema nominal y abierto de registro de inasistencias, por lo que gran parte de la información proviene de autorreportes de los propios estudiantes. Esa limitación dificulta diseñar políticas públicas más precisas.

Para Mercedes Palavecino, docente y profesora de Filosofía, el dato central es el punto de partida de un problema mayor. “Es un síntoma de un quiebre social que debe abordarse de manera conjunta entre escuela, familias y Estado”, afirma. Y concluye: “No se trata solo de que el alumno esté presente, sino de garantizar condiciones reales para aprender”.

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“Perdón, ¿qué fila es esta?”, “¿Acá es para tomarse el 53 o el 98?”, “¿Esta es la del 102 o el 100?”. Las preguntas se repiten, una y otra vez, en filas que se alargan, se confunden y se mezclan entre sí en Plaza Constitución, uno de los puntos más afectados desde que las empresas de transporte del AMBA redujeron hasta un 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio del atraso en el pago de subsidios estatales y el aumento del combustible.

“Trabajo en una obra acá en Capital y después, cuando vuelvo, manejo Uber en Lomas de Zamora. Pero llego tarde y no me quedan horas para manejar. Es el tercer día así y te liquida. Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, cuenta Jorge Ramírez, de 41 años.

“Yo voy hasta Lanús. Trabajo como cajera todo el día, parada, y a esta hora ya no doy más”, dice Ariana G., de 35 años, sin moverse de la fila. “Normalmente tardo media hora, cuarenta minutos. Hoy ya sé que va a ser mucho más. Lo peor es que mañana será igual”.

Filas que crecen, viajes que se estiran

El conflicto escaló a fines de marzo, con impacto pleno en la primera semana de abril. El martes quizá haya sido el día más caótico, por la novedad y lo desconcertante del escenario, y también por una llovizna persistente que agravó la espera. Ayer, a las 17, la temperatura era más cálida; el sol daba de frente a hombres y mujeres que se cubrían los ojos con la mano para distinguir a lo lejos qué línea se acercaba.

Cuando comprobaban, una vez más, que no era la suya, muchos dejaban la mano apoyada en la frente, en una postura pensativa, y bajaban la mirada hacia las baldosas. Otros bostezaban a las 17.30 mientras esperaban volver a sus hogares tras la jornada laboral, o volvían al celular, en una agria espera cada vez más larga. Los que todavía guardaban energía se impacientaban y devolvían miradas hoscas a quienes merodeaban o a los vendedores ambulantes que ofrecían todo por mil pesos (paltas, bolsas, turrones, encendedores).

Lucas Benítez, de 23, empleado en un local de ropa, mira el celular y suspira. “Tengo que ir hasta Lomas de Zamora. En un día normal es una hora, ponele. Ahora ya arranco sabiendo que voy a llegar tarde y cansado. Y al otro día, otra vez lo mismo. Es todos los días así”.

Empresas, subsidios y un sistema en tensión

Las cámaras empresarias de transporte califican al sistema como “inviable”, aseguran que no pueden cubrir salarios ni costos y ya redujeron frecuencias como forma de presión, sin descartar una suspensión total del servicio. En ese marco, la UTA inició desde la medianoche una retención de tareas en las empresas que no hayan pagado sueldos, lo que agrava la baja de colectivos. Mientras el Gobierno afirma haber girado fondos, el sector sostiene que no alcanzan y advierte que más de un centenar de líneas podrían verse afectadas.

Un poco más atrás, con la mochila colgada al hombro, Ricardo Ferreyra, de 48 años, albañil, sigue con la mirada cada colectivo. “Laburé todo el día y ahora tengo que ir hasta San Justo. Tardo una hora y media, pero hoy seguro se me va a tres horas o más”.

El deterioro del servicio ocurre, además, en paralelo a un fuerte incremento tarifario. En enero de 2024, el boleto mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 ya estaba cerca de $495; y en 2026 se ubica entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el boleto se multiplicó por más de nueve veces, en el marco de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario.

Tiempo perdido: la brecha social en el uso del tiempo

Las personas cargan con lo que traen del día: bolsas, carteras, bolsones, mochilas. Algunos sostienen buzos o camperas; otros, a sus hijos, que se duermen o se inquietan entre la gente. La fila está hecha de trabajos distintos y rutinas que se cruzan a la misma hora. Algunos fuman, otros escuchan música. La mayoría espera en silencio.

De a ratos, hablan con cronistas de televisión que preguntan cuánto más se puede aguantar. Una mujer, visiblemente alterada, toma del brazo a una periodista y le señala la fila: “Filmá esto. El 100 es un desastre. Dos horas para llegar a Lanús”.

La crisis del transporte también expone una brecha social en el uso del tiempo. Según la especialista en movilidad María Rodríguez Touron, los sectores de menores ingresos no solo dependen más del sistema público, sino que además viajan más y peor. Antes de la pandemia, el quintil más pobre destinaba cerca de dos horas diarias a trasladarse, contra una hora en los sectores de mayores ingresos: un 50% más. La expansión urbana hacia zonas periféricas y de baja densidad vuelve más ineficiente el transporte y estira los trayectos, consolidando una desigualdad donde los que menos tienen son quienes más tiempo pierden en moverse.

De repente llegan dos colectivos de la línea 98 y una parte de la fila logra avanzar. La escena se mueve, se acomoda, respira por unos minutos. Pero el 51 no aparece y la hilera vuelve a crecer, lenta y constante.

Cerca del cordón, Elena Martínez, de 65, empleada de limpieza en casas particulares, ajusta la bolsa que lleva en la mano. “Yo sigo hasta San Miguel. Son casi dos horas en un día normal, pero así no sé cuándo llego”, dice. “Vengo cansada, trabajé todo el día y lo único que quiero es llegar a casa. Y encima sabés que mañana, si tenés que salir, te espera lo mismo”.

A las 18, el sol ya se esconde detrás de los edificios. La temperatura cae y el aire se vuelve más frío. El 98, que una hora antes había pasado dos veces seguidas –para envidia de quienes esperaban el 51–, ahora lleva más de 45 minutos sin aparecer. La cola supera los 50 metros y sigue extendiéndose.

Cuando finalmente llega un colectivo, la fila ya es aún más larga. Algunas mujeres que no estaban al tanto del conflicto se quejan y dicen que así viene toda la semana. Las puertas se abren, pero el avance es mínimo. Desde lejos, la fila se comprime y se balancea, como una hilera que apenas logra desplazarse.

Hay quienes corren creyendo que van a perder el colectivo, pero al acercarse descubren que todavía quedan decenas de personas por delante. Saben que no van a subir. Tendrán que dejar pasar uno, dos o tres colectivos más.

Empiezan los bocinazos, crece el malestar. Todos estiran el cuello para ver si viene el suyo.

Adentro, los que ya consiguieron asiento evitan mirar. Algunos simulan dormir, otros giran la cabeza hacia la ventana. En el pasillo, el espacio se comprime. Brazos en alto, en un equilibrio forzado que se repite viaje tras viaje.

“La gripe causa más de 5.000 muertes por año en Argentina y ese número podría aumentar”, alertó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en medio de faltantes de vacunas y demoras en la distribución nacional. “Se viene el invierno y sin una cobertura adecuada podemos tener brotes importantes y una fuerte sobrecarga del sistema de salud”, advirtió, en referencia al incumplimiento de la Ley 27.491, que obliga al Estado nacional a garantizar la compra, distribución y logística del calendario.

La preocupación por el faltante de vacunas se expande a lo largo y ancho del país. Desde Jujuy advirtieron que “Nación no manda vacunas suficientes” y que enfrentan un “escenario de mayor vulnerabilidad”. En La Pampa, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, dijo que “hay centros de salud donde no tenemos disponibilidad”. En Chubut informaron hace una semana que “faltan dosis antigripales para adultos”.

A tres semanas de haber comenzado la campaña antigripal, en Provincia de Buenos Aires la situación es especialmente crítica. Hay stock suficiente solo para mayores de 65 años, mientras que más de la mitad de los niños (56%) no tiene sus dosis, y se recibió apenas el 22% de las vacunas destinadas a adultos, en un contexto de alta demanda. También se registran faltantes o stocks críticos en virus sincicial respiratorio, varicela, VPH y COVID pediátrico, lo que obligó a reorganizar la atención, priorizar esquemas incompletos y registrar pacientes para su posterior convocatoria. “Si una persona va al vacunatorio y no encuentra la dosis, es muy difícil que vuelva”, sostuvo Kreplak.

Circulación anticipada y alerta por una variante más contagiosa

La campaña antigripal se adelantó tres semanas por la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia del subclado K de influenza A (H3N2), la “súper gripe” que presenta mayor capacidad de contagio. “Ya tenemos circulación en casi todas las provincias y 94 casos confirmados”, explicó la infectóloga Alejandra Gaiano, de la Sociedad Argentina de Infectología. “Este año cobra más relevancia la vacunación porque esta variante muestra más internaciones y complicaciones en grupos de riesgo, por eso es clave llegar antes del pico invernal”, señaló.

El comportamiento del virus ya encendió alertas a nivel internacional. En la temporada 2025-2026, el subclado K se volvió predominante en el hemisferio norte, con millones de contagios, más de 120.000 hospitalizaciones y miles de muertes en Estados Unidos, además de sistemas sanitarios exigidos en países como Reino Unido y Canadá. La experiencia reciente muestra temporadas más intensas, con picos tempranos de consultas y mayor presión hospitalaria.

En Argentina, el 20 de enero se confirmó la primera muerte por esta variante –un hombre de 74 años en Mendoza– en un escenario de crecimiento acelerado de casos. El virus afecta principalmente a mayores de 60 años y niños, con casi la mitad de los pacientes que requirió internación y una baja cobertura de vacunación (21%) entre los infectados, lo que anticipa un impacto mayor en los próximos meses.

“Invierno es la temporada alta de la gripe y una de las principales causas de internación”, advirtió Kreplak. “La salud pública ya está con muchísima sobrecarga. Cada vez más personas, incluso con obra social, se atienden en el sistema público. Vamos a absorber la demanda, pero eso impacta en la calidad de atención y en las vidas”.

Faltantes, reclamos y riesgo de judicialización

El conflicto por las vacunas también escala en el plano institucional. Kreplak responsabilizó al Gobierno nacional por la reducción en la compra y distribución de dosis y por el debilitamiento de la política de inmunizaciones. Según detalló, la Provincia recibe entre 30% y 60% de lo necesario, con casos en los que directamente no hay entregas, como en HPV o COVID pediátrico. En la antigripal llegó apenas el 22% de lo previsto y en la triple viral el 50%, incluso en medio de brotes de sarampión.

“Esto genera faltantes permanentes y oportunidades perdidas”, afirmó. También alertó sobre el aumento de enfermedades prevenibles, con subas de más del 400% en coqueluche y del 250% en hepatitis A, y advirtió que la caída de coberturas ya tiene consecuencias concretas en la epidemiología.

Ante la falta de respuestas, la Provincia no descarta avanzar en la judicialización de la política sanitaria, un escenario que el ministro calificó como “complejo y dañino”, al trasladar a los tribunales decisiones que deberían resolverse en el ámbito de la gestión y la coordinación federal.

Caída histórica de coberturas y cambios en el sistema

“Estamos en presencia de la peor cobertura de la historia en Argentina”, advirtió la infectóloga Gaiano. La especialista señaló el crecimiento de grupos antivacunas y sectores reticentes, en un contexto atravesado por desconfianza tras la pandemia, crisis económica, dificultades de acceso –como vacunatorios con horarios limitados– y falta de campañas activas. “Las bajas coberturas alcanzan a todo el calendario y a todas las edades”, explicó.

En paralelo, la estructura institucional también muestra señales de debilitamiento. En diciembre pasado, distintas sociedades científicas cuestionaron la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) por implicar una pérdida de autonomía, federalismo y pluralidad, al quedar subordinada a la misma estructura que debe asesorar. A esto se suma la decisión del Gobierno de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nos saca del principal ámbito técnico de vigilancia epidemiológica y coordinación sanitaria. Vamos a quedar afuera de debates y actualizaciones clave”, advirtió Kreplak, y alertó que puede afectar la capacidad de respuesta y los controles internacionales.

Informe del CELS

Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la caída sostenida de la vacunación en Argentina ya tiene impacto sanitario, con la reaparición de enfermedades prevenibles. Desde 2015 las coberturas descienden y, tras la pandemia, no lograron recuperarse. Hoy ninguna vacuna alcanza el 95% necesario para evitar brotes. El organismo vincula este retroceso con falta de políticas sostenidas, campañas débiles y un contexto social más restrictivo.

Los datos son críticos en la infancia. En 2023, menos del 74% de los niños completó la vacuna contra la polio, y en 2024 solo el 46,7% recibió el refuerzo de triple viral a los 5 años. El efecto ya se observa en la región. Los casos de sarampión crecieron 32 veces en 2025, con casi el 80% de los infectados no vacunados, mientras que en Argentina se confirmaron casos y alertas. A su vez, el país registró 1.191 casos de coqueluche en 2025 y 11 muertes infantiles, en su mayoría en bebés sin vacunación.

El CELS señala que la baja cobertura responde a múltiples factores como las barreras de acceso, crisis económica, debilitamiento territorial y retroceso de la comunicación pública. Según el informe titulado “La ausencia de políticas de vacunación generó más enfermedades”, ocho de cada diez familias perciben un retiro del Estado en salud, mientras la vacunación recae cada vez más en los hogares. En ese escenario, advierte el informe, aumenta el riesgo de brotes, internaciones y muertes evitables.

Vacunación y prevención frente al invierno

En este escenario, los especialistas insisten en reforzar la inmunización en niños pequeños, mayores de 65, personas con factores de riesgo y embarazadas, que además protegen a los recién nacidos en sus primeros meses de vida. “La vacuna no siempre evita el contagio, pero sí reduce cuadros graves, internaciones y muertes”, explicó Gaiano.

También buscan desarmar mitos que afectan la cobertura: “Es falso que la vacuna provoque gripe y es necesario aplicársela todos los años, porque el virus muta y las formulaciones se actualizan”, concluyó.

MC

Así como una persona en un supermercado abandona una marca tras comprar un producto en mal estado, en el comercio internacional los países dejan de comprar cuando la calidad de lo que se exporta no está garantizada. En el negocio de los alimentos, la reputación lo es todo.

Por eso, la suspensión de China a las importaciones de uno de los frigoríficos que más exporta en el país y el rechazo de Bulgaria a un cargamento de girasol tras no superar los controles sanitarios, encendieron las alarmas en el sector. “La marca Argentina, por los controles de calidad y sanidad, eran modelo en el mundo, pero esa reputación se está poniendo en duda”, alertó Mercedes Cabezas, trabajadora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El Senasa atraviesa un proceso de vaciamiento, según denuncia ATE. La combinación de desregulación –como la flexibilización del registro de agroquímicos–, salarios que quedaron por debajo de la línea de la pobreza (entre $1 millón y $1,3 millones con exclusividad en el trabajo) y el éxodo de profesionales (la planta pasó de 6.000 trabajadores en 2023 a menos de 4.900 en la actualidad) que se produce en forma sostenida, está deteriorando la capacidad operativa del organismo.

Con controles cada vez más limitados, el impacto ya se siente en las exportaciones y pone en riesgo el estatus sanitario de un país dependiente del agro para le ingreso de dólares. “El control se sostiene por la sobrecarga de quienes permanecen. No sé hasta cuándo más se puede aguantar, estamos al límite de la capacidad operativa”, advirtió Cabezas, quien también es secretaria adjunta de ATE.

En marzo, dos episodios encendieron alertas en el frente externo. Por un lado, Bulgaria rechazó un cargamento argentino de semillas de girasol tras detectar niveles de malatión y deltametrina que superaban hasta tres y cinco veces, respectivamente, los límites de la Unión Europea, en un embarque declarado oficialmente “en incumplimiento” y con otros diez buques en camino por unas 440.000 toneladas.

En paralelo, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los principales exportadores del país, por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional, lo que obligó a gestiones diplomáticas urgentes para intentar revertir la medida. Ambos casos están relacionados con las fallas en los controles sanitarios.

“Con el pretexto de desregular, solo se bajan los estándares sanitarios y de control para facilitar las importaciones de productos veterinarios, herbicidas y demás”, señaló el ex vicepresidente del Senasa, Carlos Milicevic.

“El organismo atraviesa una situación delicada; a las intromisiones políticas se le suma la poca valoración que se da a sus agentes, que con magros salarios buscan otros horizontes laborales, y este deterioro lo podemos pagar muy caro”, agregó el ingeniero en Producción agropecuaria.

“Cualquier enfermedad que aparezca en el consumo interno rápidamente se traslada a frigoríficos exportadores. Y eso nos preocupa. Ya vimos cargamentos devueltos: carne desde China, girasol desde Bulgaria. Eso refleja problemas que ya no se pueden tapar y que tienen que ver con la baja capacidad operativa del organismo”, denunció Cabezas.

Menos controles, más riesgos

Detrás de estos episodios, los trabajadores del organismo describen un sistema bajo presión. En los últimos años se fueron más de 1.200 profesionales, en su mayoría por salarios que no alcanzan y condiciones laborales deterioradas. Sin reemplazos, el personal restante absorbió tareas o directamente dejó de realizar ciertos controles.

En áreas sensibles como fronteras, los controles comenzaron a volverse más aleatorios. Esto implica riesgos no solo comerciales sino también sanitarios: el ingreso de alimentos o productos vegetales sin la fiscalización adecuada puede introducir enfermedades o plagas que luego impacten en la producción local.

“El sistema funcionó durante décadas justamente porque evitaba estos problemas. Argentina no tuvo grandes epidemias en los últimos 50 años por la calidad de sus controles. Si eso se debilita, el deterioro es inevitable”, explicó Cabezas.

A la sobrecarga laboral se suman demoras en viáticos y gastos que, en algunos casos, terminan siendo afrontados por los propios trabajadores. “Estamos hablando de personas que toman decisiones en nombre del Estado. Eso requiere condiciones dignas y claridad mental”, advirtió.

Del comercio exterior al plato local

El impacto no se limita al frente exportador. En el sector advierten que el debilitamiento del Senasa también puede trasladarse al mercado interno.

Advierten que una falla en los controles sanitarios puede derivar en la circulación de productos no aptos para el consumo. Y, en sentido inverso, cualquier problema detectado en el mercado interno puede escalar rápidamente hacia el circuito exportador, con consecuencias comerciales.

“Si se sigue debilitando el sistema, pueden aparecer enfermedades o situaciones que hoy están controladas. El Senasa está justamente para evitar eso”, señalaron desde el organismo.

A contramano del mundo

El deterioro local ocurre en un contexto internacional que avanza en sentido opuesto. Los principales mercados endurecen sus exigencias sanitarias y ambientales, con límites cada vez más estrictos a los residuos químicos y mayores controles sobre toda la cadena productiva.

En la Unión Europea, por ejemplo, las regulaciones abarcan desde el uso de agroquímicos hasta la trazabilidad completa de los productos: transporte, almacenamiento, contenedores y análisis de laboratorio. Cualquier falla en ese recorrido puede terminar en un rechazo en puerto.

En ese marco, según los especialistas, los rechazos recientes pueden derivar en controles más estrictos para todos los productos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.

“Argentina logró recuperar mercados después de crisis sanitarias, como ocurrió con la fiebre aftosa. Pero si ahora se percibe una baja en los controles, esos mercados pueden volver a cerrarse”, advirtió Cabezas.

El riesgo, coinciden en el sector, no es solo inmediato. Es estructural, ya que la pérdida de confianza en la “marca país” puede erosionar uno de los principales motores de ingreso de divisas en un contexto económico ya frágil.

LN/MG

“Después de 22 años sin casos, vuelve una muerte a tiros en una escuela en un contexto de flexibilización de armas”. La advertencia de Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), coincide con el comunicado de la Red Argentina para el Desarme. “No es un hecho aislado, es el resultado de una política irresponsable”. Ambas miradas apuntan en la misma dirección tras el ataque en una escuela de Santa Fe que dejó un alumno muerto y reabrió un escenario que Argentina había logrado evitar durante más de dos décadas.

Ayer por la mañana, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. Mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos. El arma, una escopeta, estaba oculta en un estuche de guitarra. El agresor fue reducido por un asistente escolar y detenido.

El caso es el primero con una víctima fatal en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004, un episodio que marcó un antes y un después en las políticas públicas sobre armas de fuego en el país.

Para Alfie, ese dato no es menor. “Después de 22 años sin ningún hecho de este tipo, hoy en Argentina volvemos a lamentar una muerte a tiros en una escuela”, señaló. Y vinculó ese regreso con un cambio de rumbo: “No puede leerse por fuera de un contexto de flexibilización de armas”.

De una política de Estado al cambio de paradigma

Tras la tragedia de 2004, en 2006 se sancionó la ley que declaró la emergencia en violencia armada y se lanzó el plan de desarme voluntario. Según Alfie, allí comenzó a consolidarse una política sostenida durante dos décadas.

“Se transformó en una verdadera política de Estado, sostenida por gobiernos de distinto signo”, explicó. El consenso era transversal. A mayor circulación de armas, mayor violencia y más probabilidad de que conflictos cotidianos escalen a situaciones letales.

Ese enfoque, sin embargo, comenzó a revertirse. “La política empezó a retrotraerse por dos vías”, advirtió. Por un lado, medidas concretas como la baja de la edad mínima para acceder a armas de 21 a 18 años, la flexibilización de controles, la implementación de trámites exprés y la habilitación de armas semiautomáticas que durante décadas estuvieron restringidas.

Por otro, un cambio en el discurso. “Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas”, señaló.

En la misma línea, la Red Argentina para el Desarme dijo que el Gobierno impulsa una visión “simplista y peligrosa”, que supone que las armas son un problema solo en manos de delincuentes, pero una solución en manos de “personas de bien”.

Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas

Un crimen que no parece casual

Alfie evitó establecer una relación directa entre el caso puntual y las medidas recientes, pero planteó una preocupación clara. “Es muy temprano para atribuir una relación directa, pero no parece casual”, afirmó.

Durante los años en que se sostuvo la política de desarme, explicó, también hubo campañas de concientización y un trabajo activo en escuelas para detectar situaciones de riesgo. “Había un trabajo muy fuerte con docentes y comunidades educativas para generar alertas tempranas”, recordó.

Ese entramado, según el especialista, se debilitó. Y ahí aparece el problema: “Cuando además hay un mensaje persistente de que tener armas no es riesgoso sino incluso positivo, empiezan a aparecer hechos que durante mucho tiempo no se habían registrado”.

“La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, planteó la Red del Desarme.

El factor adolescente

Según los especialistas, el impacto de este tipo de políticas puede ser aún más crítico en jóvenes. “Está estudiado que en etapas donde las personas todavía están desarrollando el control de las reacciones impulsivas, el acceso a armas de fuego es particularmente riesgoso”, explicó Alfie.

Si a eso se suma una narrativa que avala su uso, “se genera un combo muy peligroso”, especialmente en adolescentes, más permeables a esos mensajes.

El caso de Santa Fe refuerza esa preocupación, ya que el agresor no tenía antecedentes de conducta violenta y era considerado un buen alumno, según autoridades locales.

Qué cambió en el control de armas

Durante dos décadas y a través de distintos gobiernos, la política pública combinó control y prevención. El plan de desarme voluntario permitió retirar más de 200.000 armas de circulación y estuvo acompañado por campañas de concientización.

En 2015, además, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que amplió las funciones del antiguo RENAR: no solo registraba armas, sino que producía información, impulsaba políticas públicas y colaboraba con la Justicia.

Ese esquema fue desmantelado en los últimos años. El Gobierno restituyó el RENAR con funciones más limitadas, eliminó áreas de control, no renovó el plan de desarme y avanzó en la liberalización del acceso.

Entre las medidas más controvertidas figura el decreto que habilitó la tenencia civil de armas semiautomáticas derivadas de uso militar, similares a las utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos. También se implementó un sistema de “tenencia exprés” para agilizar los trámites.

La evidencia y el discurso oficial

Frente a la idea de “armas en manos de personas de bien”, Alfie aseguró: “La evidencia internacional desmiente esa idea”.

“La mayoría de las muertes con armas de fuego no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en accidentes, suicidios o conflictos interpersonales”, explicó. Es decir, situaciones cotidianas que se vuelven letales por la disponibilidad de un arma.

Incluso en contextos de defensa, agregó, las personas armadas tienen más probabilidades de resultar heridas o morir ellas o alguien de su entorno.

Un país en riesgo

Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un dato que, según especialistas y organizaciones, está vinculado a políticas activas de control de armas.

“Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”, advirtió la Red Argentina para el Desarme, que además exigió la reactivación del plan de desarme, la reversión de las medidas recientes y el fin de los discursos que legitiman la violencia.

Alfie sumó la falta de información como otro de los problemas. “Hoy no hay datos disponibles. Sin datos es muy difícil evaluar qué está pasando”, señaló.

LN/MC