“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones”, advierte Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar. La frase condensa una preocupación creciente. Detrás de las faltas reiteradas a clase, los especialistas advierten que hay límites institucionales difusos, regímenes más flexibles y un vínculo debilitado entre escuela, estudiantes y familias.

El dato más visible confirma la tendencia. El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento, de 7 puntos porcentuales, se replicó en las 24 jurisdicciones del país.

El informe, elaborado por Argentinos por la Educación, muestra además que el fenómeno no crece de manera homogénea. Por el contrario, se intensifica en ciertos grupos. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio –quienes faltaban entre 5 y 14 días–, lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Una asistencia cada vez más desigual

Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir, se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.

Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente.

Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Razones visibles y causas estructurales

Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y subjetivos. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.

Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega. En ese contexto, describe aulas atravesadas por dificultades de convivencia y esquemas de acreditación más laxos, donde “siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior”.

Videla coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.

El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país carece de herramientas básicas para seguirlo en tiempo real. Argentina no cuenta con un sistema nominal y abierto de registro de inasistencias, por lo que gran parte de la información proviene de autorreportes de los propios estudiantes. Esa limitación dificulta diseñar políticas públicas más precisas.

Para Mercedes Palavecino, docente y profesora de Filosofía, el dato central es el punto de partida de un problema mayor. “Es un síntoma de un quiebre social que debe abordarse de manera conjunta entre escuela, familias y Estado”, afirma. Y concluye: “No se trata solo de que el alumno esté presente, sino de garantizar condiciones reales para aprender”.

LN/MC

“Perdón, ¿qué fila es esta?”, “¿Acá es para tomarse el 53 o el 98?”, “¿Esta es la del 102 o el 100?”. Las preguntas se repiten, una y otra vez, en filas que se alargan, se confunden y se mezclan entre sí en Plaza Constitución, uno de los puntos más afectados desde que las empresas de transporte del AMBA redujeron hasta un 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio del atraso en el pago de subsidios estatales y el aumento del combustible.

“Trabajo en una obra acá en Capital y después, cuando vuelvo, manejo Uber en Lomas de Zamora. Pero llego tarde y no me quedan horas para manejar. Es el tercer día así y te liquida. Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, cuenta Jorge Ramírez, de 41 años.

“Yo voy hasta Lanús. Trabajo como cajera todo el día, parada, y a esta hora ya no doy más”, dice Ariana G., de 35 años, sin moverse de la fila. “Normalmente tardo media hora, cuarenta minutos. Hoy ya sé que va a ser mucho más. Lo peor es que mañana será igual”.

Filas que crecen, viajes que se estiran

El conflicto escaló a fines de marzo, con impacto pleno en la primera semana de abril. El martes quizá haya sido el día más caótico, por la novedad y lo desconcertante del escenario, y también por una llovizna persistente que agravó la espera. Ayer, a las 17, la temperatura era más cálida; el sol daba de frente a hombres y mujeres que se cubrían los ojos con la mano para distinguir a lo lejos qué línea se acercaba.

Cuando comprobaban, una vez más, que no era la suya, muchos dejaban la mano apoyada en la frente, en una postura pensativa, y bajaban la mirada hacia las baldosas. Otros bostezaban a las 17.30 mientras esperaban volver a sus hogares tras la jornada laboral, o volvían al celular, en una agria espera cada vez más larga. Los que todavía guardaban energía se impacientaban y devolvían miradas hoscas a quienes merodeaban o a los vendedores ambulantes que ofrecían todo por mil pesos (paltas, bolsas, turrones, encendedores).

Lucas Benítez, de 23, empleado en un local de ropa, mira el celular y suspira. “Tengo que ir hasta Lomas de Zamora. En un día normal es una hora, ponele. Ahora ya arranco sabiendo que voy a llegar tarde y cansado. Y al otro día, otra vez lo mismo. Es todos los días así”.

Empresas, subsidios y un sistema en tensión

Las cámaras empresarias de transporte califican al sistema como “inviable”, aseguran que no pueden cubrir salarios ni costos y ya redujeron frecuencias como forma de presión, sin descartar una suspensión total del servicio. En ese marco, la UTA inició desde la medianoche una retención de tareas en las empresas que no hayan pagado sueldos, lo que agrava la baja de colectivos. Mientras el Gobierno afirma haber girado fondos, el sector sostiene que no alcanzan y advierte que más de un centenar de líneas podrían verse afectadas.

Un poco más atrás, con la mochila colgada al hombro, Ricardo Ferreyra, de 48 años, albañil, sigue con la mirada cada colectivo. “Laburé todo el día y ahora tengo que ir hasta San Justo. Tardo una hora y media, pero hoy seguro se me va a tres horas o más”.

El deterioro del servicio ocurre, además, en paralelo a un fuerte incremento tarifario. En enero de 2024, el boleto mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 ya estaba cerca de $495; y en 2026 se ubica entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el boleto se multiplicó por más de nueve veces, en el marco de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario.

Tiempo perdido: la brecha social en el uso del tiempo

Las personas cargan con lo que traen del día: bolsas, carteras, bolsones, mochilas. Algunos sostienen buzos o camperas; otros, a sus hijos, que se duermen o se inquietan entre la gente. La fila está hecha de trabajos distintos y rutinas que se cruzan a la misma hora. Algunos fuman, otros escuchan música. La mayoría espera en silencio.

De a ratos, hablan con cronistas de televisión que preguntan cuánto más se puede aguantar. Una mujer, visiblemente alterada, toma del brazo a una periodista y le señala la fila: “Filmá esto. El 100 es un desastre. Dos horas para llegar a Lanús”.

La crisis del transporte también expone una brecha social en el uso del tiempo. Según la especialista en movilidad María Rodríguez Touron, los sectores de menores ingresos no solo dependen más del sistema público, sino que además viajan más y peor. Antes de la pandemia, el quintil más pobre destinaba cerca de dos horas diarias a trasladarse, contra una hora en los sectores de mayores ingresos: un 50% más. La expansión urbana hacia zonas periféricas y de baja densidad vuelve más ineficiente el transporte y estira los trayectos, consolidando una desigualdad donde los que menos tienen son quienes más tiempo pierden en moverse.

De repente llegan dos colectivos de la línea 98 y una parte de la fila logra avanzar. La escena se mueve, se acomoda, respira por unos minutos. Pero el 51 no aparece y la hilera vuelve a crecer, lenta y constante.

Cerca del cordón, Elena Martínez, de 65, empleada de limpieza en casas particulares, ajusta la bolsa que lleva en la mano. “Yo sigo hasta San Miguel. Son casi dos horas en un día normal, pero así no sé cuándo llego”, dice. “Vengo cansada, trabajé todo el día y lo único que quiero es llegar a casa. Y encima sabés que mañana, si tenés que salir, te espera lo mismo”.

A las 18, el sol ya se esconde detrás de los edificios. La temperatura cae y el aire se vuelve más frío. El 98, que una hora antes había pasado dos veces seguidas –para envidia de quienes esperaban el 51–, ahora lleva más de 45 minutos sin aparecer. La cola supera los 50 metros y sigue extendiéndose.

Cuando finalmente llega un colectivo, la fila ya es aún más larga. Algunas mujeres que no estaban al tanto del conflicto se quejan y dicen que así viene toda la semana. Las puertas se abren, pero el avance es mínimo. Desde lejos, la fila se comprime y se balancea, como una hilera que apenas logra desplazarse.

Hay quienes corren creyendo que van a perder el colectivo, pero al acercarse descubren que todavía quedan decenas de personas por delante. Saben que no van a subir. Tendrán que dejar pasar uno, dos o tres colectivos más.

Empiezan los bocinazos, crece el malestar. Todos estiran el cuello para ver si viene el suyo.

Adentro, los que ya consiguieron asiento evitan mirar. Algunos simulan dormir, otros giran la cabeza hacia la ventana. En el pasillo, el espacio se comprime. Brazos en alto, en un equilibrio forzado que se repite viaje tras viaje.

“La gripe causa más de 5.000 muertes por año en Argentina y ese número podría aumentar”, alertó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en medio de faltantes de vacunas y demoras en la distribución nacional. “Se viene el invierno y sin una cobertura adecuada podemos tener brotes importantes y una fuerte sobrecarga del sistema de salud”, advirtió, en referencia al incumplimiento de la Ley 27.491, que obliga al Estado nacional a garantizar la compra, distribución y logística del calendario.

La preocupación por el faltante de vacunas se expande a lo largo y ancho del país. Desde Jujuy advirtieron que “Nación no manda vacunas suficientes” y que enfrentan un “escenario de mayor vulnerabilidad”. En La Pampa, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, dijo que “hay centros de salud donde no tenemos disponibilidad”. En Chubut informaron hace una semana que “faltan dosis antigripales para adultos”.

A tres semanas de haber comenzado la campaña antigripal, en Provincia de Buenos Aires la situación es especialmente crítica. Hay stock suficiente solo para mayores de 65 años, mientras que más de la mitad de los niños (56%) no tiene sus dosis, y se recibió apenas el 22% de las vacunas destinadas a adultos, en un contexto de alta demanda. También se registran faltantes o stocks críticos en virus sincicial respiratorio, varicela, VPH y COVID pediátrico, lo que obligó a reorganizar la atención, priorizar esquemas incompletos y registrar pacientes para su posterior convocatoria. “Si una persona va al vacunatorio y no encuentra la dosis, es muy difícil que vuelva”, sostuvo Kreplak.

Circulación anticipada y alerta por una variante más contagiosa

La campaña antigripal se adelantó tres semanas por la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia del subclado K de influenza A (H3N2), la “súper gripe” que presenta mayor capacidad de contagio. “Ya tenemos circulación en casi todas las provincias y 94 casos confirmados”, explicó la infectóloga Alejandra Gaiano, de la Sociedad Argentina de Infectología. “Este año cobra más relevancia la vacunación porque esta variante muestra más internaciones y complicaciones en grupos de riesgo, por eso es clave llegar antes del pico invernal”, señaló.

El comportamiento del virus ya encendió alertas a nivel internacional. En la temporada 2025-2026, el subclado K se volvió predominante en el hemisferio norte, con millones de contagios, más de 120.000 hospitalizaciones y miles de muertes en Estados Unidos, además de sistemas sanitarios exigidos en países como Reino Unido y Canadá. La experiencia reciente muestra temporadas más intensas, con picos tempranos de consultas y mayor presión hospitalaria.

En Argentina, el 20 de enero se confirmó la primera muerte por esta variante –un hombre de 74 años en Mendoza– en un escenario de crecimiento acelerado de casos. El virus afecta principalmente a mayores de 60 años y niños, con casi la mitad de los pacientes que requirió internación y una baja cobertura de vacunación (21%) entre los infectados, lo que anticipa un impacto mayor en los próximos meses.

“Invierno es la temporada alta de la gripe y una de las principales causas de internación”, advirtió Kreplak. “La salud pública ya está con muchísima sobrecarga. Cada vez más personas, incluso con obra social, se atienden en el sistema público. Vamos a absorber la demanda, pero eso impacta en la calidad de atención y en las vidas”.

Faltantes, reclamos y riesgo de judicialización

El conflicto por las vacunas también escala en el plano institucional. Kreplak responsabilizó al Gobierno nacional por la reducción en la compra y distribución de dosis y por el debilitamiento de la política de inmunizaciones. Según detalló, la Provincia recibe entre 30% y 60% de lo necesario, con casos en los que directamente no hay entregas, como en HPV o COVID pediátrico. En la antigripal llegó apenas el 22% de lo previsto y en la triple viral el 50%, incluso en medio de brotes de sarampión.

“Esto genera faltantes permanentes y oportunidades perdidas”, afirmó. También alertó sobre el aumento de enfermedades prevenibles, con subas de más del 400% en coqueluche y del 250% en hepatitis A, y advirtió que la caída de coberturas ya tiene consecuencias concretas en la epidemiología.

Ante la falta de respuestas, la Provincia no descarta avanzar en la judicialización de la política sanitaria, un escenario que el ministro calificó como “complejo y dañino”, al trasladar a los tribunales decisiones que deberían resolverse en el ámbito de la gestión y la coordinación federal.

Caída histórica de coberturas y cambios en el sistema

“Estamos en presencia de la peor cobertura de la historia en Argentina”, advirtió la infectóloga Gaiano. La especialista señaló el crecimiento de grupos antivacunas y sectores reticentes, en un contexto atravesado por desconfianza tras la pandemia, crisis económica, dificultades de acceso –como vacunatorios con horarios limitados– y falta de campañas activas. “Las bajas coberturas alcanzan a todo el calendario y a todas las edades”, explicó.

En paralelo, la estructura institucional también muestra señales de debilitamiento. En diciembre pasado, distintas sociedades científicas cuestionaron la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) por implicar una pérdida de autonomía, federalismo y pluralidad, al quedar subordinada a la misma estructura que debe asesorar. A esto se suma la decisión del Gobierno de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nos saca del principal ámbito técnico de vigilancia epidemiológica y coordinación sanitaria. Vamos a quedar afuera de debates y actualizaciones clave”, advirtió Kreplak, y alertó que puede afectar la capacidad de respuesta y los controles internacionales.

Informe del CELS

Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la caída sostenida de la vacunación en Argentina ya tiene impacto sanitario, con la reaparición de enfermedades prevenibles. Desde 2015 las coberturas descienden y, tras la pandemia, no lograron recuperarse. Hoy ninguna vacuna alcanza el 95% necesario para evitar brotes. El organismo vincula este retroceso con falta de políticas sostenidas, campañas débiles y un contexto social más restrictivo.

Los datos son críticos en la infancia. En 2023, menos del 74% de los niños completó la vacuna contra la polio, y en 2024 solo el 46,7% recibió el refuerzo de triple viral a los 5 años. El efecto ya se observa en la región. Los casos de sarampión crecieron 32 veces en 2025, con casi el 80% de los infectados no vacunados, mientras que en Argentina se confirmaron casos y alertas. A su vez, el país registró 1.191 casos de coqueluche en 2025 y 11 muertes infantiles, en su mayoría en bebés sin vacunación.

El CELS señala que la baja cobertura responde a múltiples factores como las barreras de acceso, crisis económica, debilitamiento territorial y retroceso de la comunicación pública. Según el informe titulado “La ausencia de políticas de vacunación generó más enfermedades”, ocho de cada diez familias perciben un retiro del Estado en salud, mientras la vacunación recae cada vez más en los hogares. En ese escenario, advierte el informe, aumenta el riesgo de brotes, internaciones y muertes evitables.

Vacunación y prevención frente al invierno

En este escenario, los especialistas insisten en reforzar la inmunización en niños pequeños, mayores de 65, personas con factores de riesgo y embarazadas, que además protegen a los recién nacidos en sus primeros meses de vida. “La vacuna no siempre evita el contagio, pero sí reduce cuadros graves, internaciones y muertes”, explicó Gaiano.

También buscan desarmar mitos que afectan la cobertura: “Es falso que la vacuna provoque gripe y es necesario aplicársela todos los años, porque el virus muta y las formulaciones se actualizan”, concluyó.

MC

Así como una persona en un supermercado abandona una marca tras comprar un producto en mal estado, en el comercio internacional los países dejan de comprar cuando la calidad de lo que se exporta no está garantizada. En el negocio de los alimentos, la reputación lo es todo.

Por eso, la suspensión de China a las importaciones de uno de los frigoríficos que más exporta en el país y el rechazo de Bulgaria a un cargamento de girasol tras no superar los controles sanitarios, encendieron las alarmas en el sector. “La marca Argentina, por los controles de calidad y sanidad, eran modelo en el mundo, pero esa reputación se está poniendo en duda”, alertó Mercedes Cabezas, trabajadora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El Senasa atraviesa un proceso de vaciamiento, según denuncia ATE. La combinación de desregulación –como la flexibilización del registro de agroquímicos–, salarios que quedaron por debajo de la línea de la pobreza (entre $1 millón y $1,3 millones con exclusividad en el trabajo) y el éxodo de profesionales (la planta pasó de 6.000 trabajadores en 2023 a menos de 4.900 en la actualidad) que se produce en forma sostenida, está deteriorando la capacidad operativa del organismo.

Con controles cada vez más limitados, el impacto ya se siente en las exportaciones y pone en riesgo el estatus sanitario de un país dependiente del agro para le ingreso de dólares. “El control se sostiene por la sobrecarga de quienes permanecen. No sé hasta cuándo más se puede aguantar, estamos al límite de la capacidad operativa”, advirtió Cabezas, quien también es secretaria adjunta de ATE.

En marzo, dos episodios encendieron alertas en el frente externo. Por un lado, Bulgaria rechazó un cargamento argentino de semillas de girasol tras detectar niveles de malatión y deltametrina que superaban hasta tres y cinco veces, respectivamente, los límites de la Unión Europea, en un embarque declarado oficialmente “en incumplimiento” y con otros diez buques en camino por unas 440.000 toneladas.

En paralelo, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los principales exportadores del país, por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional, lo que obligó a gestiones diplomáticas urgentes para intentar revertir la medida. Ambos casos están relacionados con las fallas en los controles sanitarios.

“Con el pretexto de desregular, solo se bajan los estándares sanitarios y de control para facilitar las importaciones de productos veterinarios, herbicidas y demás”, señaló el ex vicepresidente del Senasa, Carlos Milicevic.

“El organismo atraviesa una situación delicada; a las intromisiones políticas se le suma la poca valoración que se da a sus agentes, que con magros salarios buscan otros horizontes laborales, y este deterioro lo podemos pagar muy caro”, agregó el ingeniero en Producción agropecuaria.

“Cualquier enfermedad que aparezca en el consumo interno rápidamente se traslada a frigoríficos exportadores. Y eso nos preocupa. Ya vimos cargamentos devueltos: carne desde China, girasol desde Bulgaria. Eso refleja problemas que ya no se pueden tapar y que tienen que ver con la baja capacidad operativa del organismo”, denunció Cabezas.

Menos controles, más riesgos

Detrás de estos episodios, los trabajadores del organismo describen un sistema bajo presión. En los últimos años se fueron más de 1.200 profesionales, en su mayoría por salarios que no alcanzan y condiciones laborales deterioradas. Sin reemplazos, el personal restante absorbió tareas o directamente dejó de realizar ciertos controles.

En áreas sensibles como fronteras, los controles comenzaron a volverse más aleatorios. Esto implica riesgos no solo comerciales sino también sanitarios: el ingreso de alimentos o productos vegetales sin la fiscalización adecuada puede introducir enfermedades o plagas que luego impacten en la producción local.

“El sistema funcionó durante décadas justamente porque evitaba estos problemas. Argentina no tuvo grandes epidemias en los últimos 50 años por la calidad de sus controles. Si eso se debilita, el deterioro es inevitable”, explicó Cabezas.

A la sobrecarga laboral se suman demoras en viáticos y gastos que, en algunos casos, terminan siendo afrontados por los propios trabajadores. “Estamos hablando de personas que toman decisiones en nombre del Estado. Eso requiere condiciones dignas y claridad mental”, advirtió.

Del comercio exterior al plato local

El impacto no se limita al frente exportador. En el sector advierten que el debilitamiento del Senasa también puede trasladarse al mercado interno.

Advierten que una falla en los controles sanitarios puede derivar en la circulación de productos no aptos para el consumo. Y, en sentido inverso, cualquier problema detectado en el mercado interno puede escalar rápidamente hacia el circuito exportador, con consecuencias comerciales.

“Si se sigue debilitando el sistema, pueden aparecer enfermedades o situaciones que hoy están controladas. El Senasa está justamente para evitar eso”, señalaron desde el organismo.

A contramano del mundo

El deterioro local ocurre en un contexto internacional que avanza en sentido opuesto. Los principales mercados endurecen sus exigencias sanitarias y ambientales, con límites cada vez más estrictos a los residuos químicos y mayores controles sobre toda la cadena productiva.

En la Unión Europea, por ejemplo, las regulaciones abarcan desde el uso de agroquímicos hasta la trazabilidad completa de los productos: transporte, almacenamiento, contenedores y análisis de laboratorio. Cualquier falla en ese recorrido puede terminar en un rechazo en puerto.

En ese marco, según los especialistas, los rechazos recientes pueden derivar en controles más estrictos para todos los productos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.

“Argentina logró recuperar mercados después de crisis sanitarias, como ocurrió con la fiebre aftosa. Pero si ahora se percibe una baja en los controles, esos mercados pueden volver a cerrarse”, advirtió Cabezas.

El riesgo, coinciden en el sector, no es solo inmediato. Es estructural, ya que la pérdida de confianza en la “marca país” puede erosionar uno de los principales motores de ingreso de divisas en un contexto económico ya frágil.

LN/MG

“Después de 22 años sin casos, vuelve una muerte a tiros en una escuela en un contexto de flexibilización de armas”. La advertencia de Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), coincide con el comunicado de la Red Argentina para el Desarme. “No es un hecho aislado, es el resultado de una política irresponsable”. Ambas miradas apuntan en la misma dirección tras el ataque en una escuela de Santa Fe que dejó un alumno muerto y reabrió un escenario que Argentina había logrado evitar durante más de dos décadas.

Ayer por la mañana, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. Mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos. El arma, una escopeta, estaba oculta en un estuche de guitarra. El agresor fue reducido por un asistente escolar y detenido.

El caso es el primero con una víctima fatal en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004, un episodio que marcó un antes y un después en las políticas públicas sobre armas de fuego en el país.

Para Alfie, ese dato no es menor. “Después de 22 años sin ningún hecho de este tipo, hoy en Argentina volvemos a lamentar una muerte a tiros en una escuela”, señaló. Y vinculó ese regreso con un cambio de rumbo: “No puede leerse por fuera de un contexto de flexibilización de armas”.

De una política de Estado al cambio de paradigma

Tras la tragedia de 2004, en 2006 se sancionó la ley que declaró la emergencia en violencia armada y se lanzó el plan de desarme voluntario. Según Alfie, allí comenzó a consolidarse una política sostenida durante dos décadas.

“Se transformó en una verdadera política de Estado, sostenida por gobiernos de distinto signo”, explicó. El consenso era transversal. A mayor circulación de armas, mayor violencia y más probabilidad de que conflictos cotidianos escalen a situaciones letales.

Ese enfoque, sin embargo, comenzó a revertirse. “La política empezó a retrotraerse por dos vías”, advirtió. Por un lado, medidas concretas como la baja de la edad mínima para acceder a armas de 21 a 18 años, la flexibilización de controles, la implementación de trámites exprés y la habilitación de armas semiautomáticas que durante décadas estuvieron restringidas.

Por otro, un cambio en el discurso. “Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas”, señaló.

En la misma línea, la Red Argentina para el Desarme dijo que el Gobierno impulsa una visión “simplista y peligrosa”, que supone que las armas son un problema solo en manos de delincuentes, pero una solución en manos de “personas de bien”.

Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas

Un crimen que no parece casual

Alfie evitó establecer una relación directa entre el caso puntual y las medidas recientes, pero planteó una preocupación clara. “Es muy temprano para atribuir una relación directa, pero no parece casual”, afirmó.

Durante los años en que se sostuvo la política de desarme, explicó, también hubo campañas de concientización y un trabajo activo en escuelas para detectar situaciones de riesgo. “Había un trabajo muy fuerte con docentes y comunidades educativas para generar alertas tempranas”, recordó.

Ese entramado, según el especialista, se debilitó. Y ahí aparece el problema: “Cuando además hay un mensaje persistente de que tener armas no es riesgoso sino incluso positivo, empiezan a aparecer hechos que durante mucho tiempo no se habían registrado”.

“La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, planteó la Red del Desarme.

El factor adolescente

Según los especialistas, el impacto de este tipo de políticas puede ser aún más crítico en jóvenes. “Está estudiado que en etapas donde las personas todavía están desarrollando el control de las reacciones impulsivas, el acceso a armas de fuego es particularmente riesgoso”, explicó Alfie.

Si a eso se suma una narrativa que avala su uso, “se genera un combo muy peligroso”, especialmente en adolescentes, más permeables a esos mensajes.

El caso de Santa Fe refuerza esa preocupación, ya que el agresor no tenía antecedentes de conducta violenta y era considerado un buen alumno, según autoridades locales.

Qué cambió en el control de armas

Durante dos décadas y a través de distintos gobiernos, la política pública combinó control y prevención. El plan de desarme voluntario permitió retirar más de 200.000 armas de circulación y estuvo acompañado por campañas de concientización.

En 2015, además, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que amplió las funciones del antiguo RENAR: no solo registraba armas, sino que producía información, impulsaba políticas públicas y colaboraba con la Justicia.

Ese esquema fue desmantelado en los últimos años. El Gobierno restituyó el RENAR con funciones más limitadas, eliminó áreas de control, no renovó el plan de desarme y avanzó en la liberalización del acceso.

Entre las medidas más controvertidas figura el decreto que habilitó la tenencia civil de armas semiautomáticas derivadas de uso militar, similares a las utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos. También se implementó un sistema de “tenencia exprés” para agilizar los trámites.

La evidencia y el discurso oficial

Frente a la idea de “armas en manos de personas de bien”, Alfie aseguró: “La evidencia internacional desmiente esa idea”.

“La mayoría de las muertes con armas de fuego no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en accidentes, suicidios o conflictos interpersonales”, explicó. Es decir, situaciones cotidianas que se vuelven letales por la disponibilidad de un arma.

Incluso en contextos de defensa, agregó, las personas armadas tienen más probabilidades de resultar heridas o morir ellas o alguien de su entorno.

Un país en riesgo

Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un dato que, según especialistas y organizaciones, está vinculado a políticas activas de control de armas.

“Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”, advirtió la Red Argentina para el Desarme, que además exigió la reactivación del plan de desarme, la reversión de las medidas recientes y el fin de los discursos que legitiman la violencia.

Alfie sumó la falta de información como otro de los problemas. “Hoy no hay datos disponibles. Sin datos es muy difícil evaluar qué está pasando”, señaló.

LN/MC

“Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”. La advertencia de Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resume el escenario que atraviesa el organismo, donde avanza un plan de reducción de personal que podría afectar a más de 200 trabajadores sobre una dotación de 787. Esta situación se da en línea con el recorte que el Gobierno viene aplicando en distintas áreas del Estado: en dos años destruyó 63.000 empleos públicos y para 2026 se propuso reducir el 10% de todo el sector (entre 5.000 y 6.000 puestos).

Sin embargo, la discusión alrededor del SMN excede lo laboral. ¿Qué implica, en la práctica, un servicio meteorológico debilitado? Menos datos en tiempo real, menos estaciones operativas y menor capacidad de anticipar eventos. En un aeropuerto, por ejemplo, un despegue podría depender de información incompleta sobre viento o visibilidad. En el campo, un productor podría decidir sembrar o fumigar sin conocer con precisión las condiciones que afectan su cosecha. En una ciudad, una alerta podría llegar tarde o no emitirse.

El SMN produce y distribuye información clave para la aviación, el agro, la energía y la gestión de emergencias. También sostiene el sistema de alertas tempranas ante tormentas, olas de calor o inundaciones. “Es un servicio que muchas veces no se ve, pero se usa todo el tiempo”, señaló Romano. Y explicó que la pérdida de personal impacta directamente en esa cadena. Es decir, menos observadores implica menos datos, y menos datos reducen la calidad de los pronósticos.

Un servicio invisible, con impacto directo

Las consecuencias combinan riesgos cotidianos y efectos económicos. “Un vuelo sin información sobre el estado del tiempo o de las pistas no debería salir por razones de seguridad”, advirtió Romano. A la vez, remarcó que el agro depende de esos reportes para planificar. “El pequeño productor necesita del Servicio para manejar sus cultivos”, sostuvo. Lo mismo ocurre con sectores como la energía o la construcción, que utilizan proyecciones meteorológicas para definir operaciones.

El deterioro se arrastra desde 2023. En ese período, el organismo perdió alrededor de 200 trabajadores entre despidos, jubilaciones y renuncias asociadas a salarios que, según denuncian, no superan los 800 o 900 mil pesos. El impacto ya es visible en estaciones que funcionaban las 24 horas redujeron su cobertura, otras cerraron y algunas operan con dotaciones mínimas. Un nuevo ajuste podría llevar la planta a unos 500 trabajadores, lejos de los 1.200 que un relevamiento interno consideraba necesarios.

El riesgo sobre la red de observación

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que un recorte de esa magnitud podría derivar en un “colapso operativo”. La preocupación está puesta en la red de observación, base de todos los pronósticos. “Podría dejar a ciegas a gran parte del territorio”, señaló su presidenta, Carla Gulizia, al describir el efecto de perder estaciones en distintas regiones.

Un comunicado del cuerpo de delegados de ATE en el SMN plantea un escenario similar, con cierre de estaciones, menor cobertura territorial y dificultades para sostener servicios esenciales. Entre los puntos críticos mencionan la seguridad aérea –por la falta de datos en tiempo real–, la emisión de alertas tempranas y el seguimiento de fenómenos extremos. También advierten sobre el impacto en zonas donde el organismo es la única fuente de medición meteorológica.

Tecnología, ajuste y límites operativos

En paralelo, crece la tensión interna. Trabajadores señalaron que, durante visitas al organismo, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer (manos derecha del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) planteó que se reemplazarán a observadores por sistemas automáticos. La hipótesis incluye reducir la red de estaciones de unas 125 a cerca de 80, lo que implicaría menos puntos de medición en el territorio.

Especialistas advierten que ese cambio no es lineal. “La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza la interpretación”, explicó el investigador del Conicet, Juan Rivera. La diferencia, plantean, no es solo operativa. “Un dato aislado no alcanza sin alguien que lo valide, lo compare y lo integre en un sistema más amplio”, señala. Además, la reducción de estaciones interrumpe series históricas que permiten entender cómo cambia el clima a lo largo del tiempo.

El SMN forma parte de redes internacionales y aporta información que se utiliza dentro y fuera del país. Su trabajo está detrás de decisiones que van desde la suspensión de un vuelo hasta la activación de un protocolo de emergencia. En un contexto de eventos climáticos más frecuentes e intensos, esa información gana peso, avisan los especialistas.

En ese marco, la discusión sobre el ajuste suma otra dimensión. No se trata solo de cuántos trabajadores quedan, sino de qué capacidad conserva el Estado para medir, anticipar y advertir. Si esa cadena se corta, el impacto se traduciría en decisiones tomadas con menos información y, en algunos casos, en riesgos que podrían haberse evitado.

“Estamos frente a una problemática muy grande, con impacto directo en la población y en la economía”, concluyó Rivera.

LN/MG

Bajando las escaleras hacia el depósito de la Librería Hernández, Damián Carlos Hernández colocó una estantería vieja y profunda a lo ancho del pasillo. El fondo era una pared de cartón prensado de 8 metros con repisas repletas. Si se corrían los libros, parecía que el sótano finalizaba ahí. Pero a un costado, detrás de los estantes, una puerta oculta de apenas medio metro se abrió una noche de mediados de 1975 y dos hombres la atravesaron en cuclillas.

–Por ahí mi padre, junto con Rogelio García Lupo, pasaban los libros “subversivos”–dice María Susana Hernández, Marisú.

Es la menor de las tres hijas de Damián Carlos Hernández y Emilce García, fundadores de la librería de la calle Corrientes 1436. El local, que cumplió 70 años, decidió –en el marco de los 50 años del golpe– exhibir los libros que la dictadura había censurado.

Hernández sabía que venía una mano dura, no de gusto había estado preso en tres oportunidades. Sus hijas, acostumbradas a un padre relajado, empezaron a notarlo distinto. Cada noche apoyaba los codos sobre la mesa, se tomaba la frente y se perdía en dramáticos pensamientos hasta que llegaba la cena. Acaso en una de estas abstracciones, meses antes del golpe de 1976, imaginó el pasadizo secreto. Un muro ilusorio para ocultar más de 235 mil libros que pronto serían prohibidos.

–Yo la llamo la “estantería de la resistencia”–.

Apoyada sobre una pila de libros en el depósito, Marisú prende un cigarrillo y señala las dimensiones de la puerta oculta. Hasta ahí llegaba ella, juntando el material que su padre y sus amigos escondían del otro lado, un espacio del mismo tamaño que la librería donde aún hoy se conservan muchos de estos ejemplares envueltos en papel madera y diarios de la época que Marisú toca al pasar.

–El olor–dice Marisú caminando ya entre los pasillos del sótano escondido–. El olor de estos libros...

Con 20 años, Marisú era una joven estudiante de medicina que admiraba a su padre. Apodado el “Librero Mayor” por Osvaldo Bayer, Hernández fue una figura central en la circulación de ideas políticas y culturales en la Argentina de los años 60 y 70. Su local se convirtió en un espacio de encuentro, formación y discusión para estudiantes, militantes e intelectuales, por donde pasaron personajes como Eduardo Galeano, Arturo Jauretche y David Viñas. Tenía cultura general y una memoria prodigiosa para ubicar libros, desde los más accesibles hasta aquellos perdidos en lo alto, adonde Marisú llegaba con una escalera para retirarlos y bajarlos al sótano cuando no quedaba nadie más en el local.

Durante seis meses, Damián Carlos Hernández, su hija Marisú y Pajarito García Lupo trabajaron escondiendo más de 235 mil títulos en un sótano clandestino.

La librería ya había cerrado esa noche de mediados de 1975. Hernández seguía ordenando cuando alguien tocó la puerta. Desde el año anterior, la Triple A lo hostigaba con llamadas: “Te vamos a reventar, librero”, amenazaban. Hernández fue hasta la puerta y abrió: era Rogelio García Lupo, que dirigía Eudeba. “Pajarito” entró, “siempre impecable”, se arremangó y comenzaron: Marisú bajaba libros y ellos los pasaban al sótano clandestino a través del pasadizo. Tenían por delante seis meses de trabajo y más de 235 mil títulos por esconder, siempre fuera del horario comercial, para que nadie los vea. Pero alguien los vio.

Emilce y la memoria de los libros prohibidos

–Dios mío, otra vez los libros–. 

Emilce García está por cumplir 100 años, y cuando su hija, Marisú, y su nieta, Mariana, entran a la habitación donde está internada y le muestran el video que hicieron el 28 de enero al cumplirse un año más del día que las fuerzas conjuntas allanaron la librería Hernández, Emilce García se lleva las manos a la cabeza, y dice:

–Dios mío, otra vez los libros–.

A 49 años de aquel cierre, Marisú Hernández reconstruyó en ese video la historia del material prohibido: el secuestro sistemático y el intento por hacer desaparecer el catálogo. Tras la publicación en redes sociales, la repercusión fue inmediata. Cientos de personas contaron su vínculo con la librería y su historia durante el golpe (“yo tuve que quemar mis libros”, dijo uno. “Mi papá los enterró”, contó otro). Muchos padres y madres se acercaron y llevaron uno de estos ejemplares para enseñarles a sus hijos.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”.

Lila Filler –hermana Silvia Filler, asesinada en 1971 por un grupo parapolicial–contó que durante la dictadura pidió un libro prohibido de Cortázar y se lo entregaron. “Pude conseguir el Libro de Manuel. Recuerdo que primero me dijeron que no, luego me dijeron que esperara y finalmente me lo entregaron ya envuelto”, dijo.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”

La mención a la librería Trilce en el video abrió otra historia. Poco después, se contactó el hijo de sus dueños, ambos secuestrados y desaparecidos. Contó que, como a muchos hijos, la historia llega más tarde: primero el silencio, después las preguntas. Días después, fue a tomar un café con Marisú. Nunca se habían visto. Sus padres eran Isabel Valencia y Horacio Edmundo Fernández.

Al otro costado de la cama, Mariana transmite desde su celular a la televisión el video de Marisú en el depósito. Emilce se recuesta y observa. Aunque su nombre casi no circuló públicamente, fue cofundadora de la librería en 1956 y una figura central en su sostenimiento. De perfil bajo, ligada al trabajo cotidiano, sostuvo a la vez la vida familiar y el proyecto en contextos adversos. Durante la dictadura atravesó desplazamientos entre Buenos Aires y Montevideo, sin perder el vínculo con sus hijas. Si Hernández fue la exposición y el carisma, ella fue el trabajo silencioso. Tras la muerte de su marido, en 1987, su presencia en la continuidad del proyecto familiar se volvió más evidente. Siguió así hasta que la pandemia la obligó a recluirse.

–Esos libros–dice Emilce, con una mano en la frente, al terminar de ver el video–, esos libros...

Los allanamientos y el exilio

El 28 de enero de 1977, cerca de las siete de la tarde, suena el teléfono en Corrientes 1436.

–Librería Hernández.

–Hola, Eduardo –saluda Damián Carlos Hernández.

–¿Eduardo?

–Tenemos visitas, en este momento no podemos atenderlo –responde Eduardo Mora y corta. 

Efectivos de la Seccional Quinta irrumpen en la librería. Remueven libros y retienen testigos. Damián Carlos y Emilce, desde Comodoro Rivadavia, vuelan a Aeroparque. Observan su hija Ana María y su marido, Eduardo Mora, encargado del local. Marisú está en Boedo, en un cumpleaños. “Quedás detenido por vender libros de izquierda”, le dicen a Mora. Ese día secuestran unos 8 mil ejemplares. Entonces, bajan al sótano.

Llegan a la enorme estantería, antigua y cargada de libros. Corren algunos volúmenes y ven, al fondo, una pared de cartón. No sospechan. Clausuran el local y se llevan a Eduardo.

Nadie en la familia imagina que la detención de Eduardo se va a prolongar. Durante años, casi no se habla de esos seis meses en las cárceles de Devoto, La Plata y Caseros. Se enterarán años después de algunas cosas que vivió en libros que se escribieron. Esa tarde lo detienen. Un mes y medio más tarde, tras un segundo allanamiento el 18 de marzo, lo sacan de la comisaría y lo llevan nuevamente a la librería. Alguien había denunciado la existencia de un “sótano escondido”.

Esta vez, los policías destruyen la estantería. Detrás aparecen pilas y pilas de libros. “Enloquecen”. Se llevan un ejemplar de cada título. El resto queda ahí. Eran unos 235 mil ejemplares.

Entre ellos, El peronismo, de Gonzalo Cárdenas (Ediciones Cepe); Formaciones económicas precapitalistas, de Karl Marx (Polémica); Testigos de China, de Bernardo Kordon y otros (Carlos Pérez Editor); Literatura y cultura popular, de Antonio Gramsci (Cuadernos de Cultura Revolucionaria); entre muchos otros.

Esa tarde del 28 de enero, Ana María —embarazada— se queda sola. Busca a su hermana y vuelven a su casa. Carlos Damián y Emilce regresan y se refugian en lo de la “tía Yolanda”, amiga de confianza.

El 8 de febrero, en su Fiat 1600 rojo, Marisú pasa a buscar a su padre y lo lleva hacia el puerto para exiliarse en Uruguay.

–Esperá –dice él–. Llevame por Corrientes.

Desde el auto en movimiento, miran la librería clausurada. Siguen en silencio hasta el puerto.

La librería vuelve a abrir a fines de 1977, con el sótano clausurado. La administración queda en manos de Ecequiel Leder Kremer, ex pareja de Marisú y padre de Mariana, que le da una impronta adaptada a la época. “Para mis viejos era importante que esto se mantuviera. Y así lo hicimos”, dice Marisú.

El matrimonio se instala en Montevideo. En Argentina desaparecían muchos de sus amigos. Hernández enferma. Le diagnostican un cáncer de estómago que arrastra hasta su muerte, en 1987. Tenía 63 años.

“No pudieron con los libros”

Marisú es médica y trabajó durante años en terapia intensiva hasta que un problema de salud la obligó a dejar. A comienzos de los 2.000 retomó su trabajo como librera en un local más chico, en Corrientes 1311, que cerró con la pandemia. Entonces volvió a este lugar, donde todo había empezado.

–Estar acá, en silencio, me llena de energías. Pero también esta librería representa muchas otras cosas...

Camina por los pasillos del sótano revisando viejos libros. Se detiene en uno. Lo huele y lo abre.

–No sabes lo que significa este libro para mí–, dice.

–¿Qué importancia tienen los libros hoy?

–El libro como objeto es incomparable, y tiene mucha importancia sobre todo hoy porque están intentando destruir la cultura y el pensamiento, es terrible lo que está pasando. Con mi hija, mi hermana, mis sobrinos y la gente que trabaja, que son verdaderos libreros, intentamos mantener la impronta que dejó mi viejo: promover la cultura, que el libro llegue a la gente, que vengan y lo toquen.

Marisú sube las escaleras hacia el salón. Entre clientes que caminan, se ubica a unos metros de los libros prohibidos exhibidos en unos estantes.

–¿Cómo se sintió tras la publicación del video?

–Fue impresionante la repercusión. Un hombre me llamó y me contó que estuvo el día del allanamiento. Hubo madres que vinieron para enseñarles a sus hijos el significado de estos libros.

–¿La respuesta fue siempre positiva?

–Mi hija me contó que hubo algunos haters en redes. Dicen cosas como “esta señora se salvó vendiendo libros comunistas”. Lo dicen con liviandad, pero esas palabras te llevan directamente a un momento oscuro. Yo tenía 20 años entonces, pero no eran los 20 de ahora.

–¿Cómo era antes?

–Estábamos involucrados. Yo era más feliz. Había entusiasmo porque había ideales. Hasta el golpe, eso nos cambió la vida.

–¿Qué aprendió y que admiraba de sus padres?

–Lo que más admiro en ambos es el compañerismo–(con la voz quebrada)–, y la coherencia. Y que nos permitieron leer: mi viejo me decía “vos leé; este es un facho pero lee, lee para que no te engañen”.

–Entonces, ¿que representa esta librería para usted?

–Representa a los desaparecidos que venían a leer y a pensar acá. Cuando los militares encontraron los 235 mil libros, eran demasiados y no pudieron quemarlos ni llevárselos. No pudieron con los libros. Tampoco pudieron con la librería. Eso es lo que nos mantiene vivos.

LN/MG

El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

“Si sigue entrando ropa usada, es posible que Argentina se convierta en el nuevo basural textil del mundo”, alertó Priscila Mukari, de la Fundación Pro Tejer que, junto a Change.org –una corporación de beneficio público– impulsaron esta semana una petición para pedir a la Secretaría de Industria y Comercio que prohíba la importación y retome los criterios ambientales y sanitarios en la política comercial.

La importación de ropa usada creció de forma explosiva en Argentina durante el último año y pasó de ser un fenómeno marginal a representar cerca del 12% de las importaciones de indumentaria que ingresan al país. Según datos relevados por la Fundación Pro Tejer, en 2025 ingresaron alrededor de 4,6 millones de kilos de ropa usada, mientras que en 2024 el volumen había sido de apenas 24.000 kilos.

“El salto fue enorme”, explicó Makari, economista de la fundación. El incremento exponencial no se explica únicamente por la habilitación de las importaciones –que rige desde 2022–, sino, sobre todo, por la fuerte caída del poder adquisitivo, que empuja a cada vez más consumidores a buscar alternativas más baratas. Sin embargo, muy pocos saben que la mayoría de esas prendas provienen directamente de la basura.

Un circuito global de descarte

El crecimiento de estas importaciones se vincula con el modelo internacional del ultra fast fashion, un sistema de producción acelerada que fabrica grandes volúmenes de ropa a bajo costo y de corta vida útil. La mayoría de esas prendas se producen en Asia, se venden en mercados desarrollados y, tras poco tiempo de uso, ingresan en circuitos de descarte masivo.

“Los países que consumen fast fashion generan excedentes que no saben cómo gestionar. Gran parte de esa ropa es de fibras sintéticas o poliéster, materiales difíciles de reciclar. Entonces terminan exportándola hacia otros territorios”, explicó Makari.

Durante años Chile permitió el ingreso de esos cargamentos, lo que derivó en la acumulación de millones de prendas en el desierto de Atacama, considerado hoy el mayor basural textil de América Latina.

Según estimaciones del sector, entre el 81% y el 84% de la ropa usada que llega a Argentina ingresa por la aduana de Jujuy y proviene principalmente de Chile, en muchos casos tras haber permanecido años en ese circuito de descarte.

Fardos de ropa y un mercado informal

Las prendas llegan al país en fardos de entre 20 y 70 kilos. Una vez abiertos, solo una parte logra comercializarse. “Una proporción importante directamente se descarta porque la ropa está rota, manchada o deteriorada”, explicó Makari. “Muchas prendas estuvieron expuestas durante años al sol, a la arena o a la humedad”.

Lo que se encuentra en mejor estado suele terminar en ferias o circuitos informales de venta, a través de una cadena de intermediación que todavía no está completamente identificada.

Un importador mayorista que comercializa este tipo de mercadería explicó que los fardos se venden desde 100 hasta 500 dólares, según la calidad. Sin embargo, reconoció que crecen las quejas de compradores: “Muchos clientes dicen que están trayendo basura al país”.

Riesgos sanitarios y químicos

Además de las dudas sobre la calidad de las prendas, especialistas del sector químico advierten sobre posibles riesgos para la salud. “No existe información clara sobre los productos químicos utilizados en esas prendas”, explicó Carlos del Santo, integrante de la Cámara Argentina de Representantes de Colorantes.

Según indicó, entre las sustancias que pueden encontrarse en textiles importados figuran formaldehídos, ftalatos o metales pesados, compuestos que en algunos casos pueden provocar irritaciones o reacciones cutáneas. “Aunque las prendas presenten certificados de desinfección, esos químicos no se eliminan con un lavado, porque muchas veces están incorporados en la fibra o en los estampados”, señaló.

Hasta ahora no existen registros sistemáticos de afecciones vinculadas a estas prendas, en parte porque el fenómeno es reciente y difícil de rastrear.

Un problema ambiental en expansión

El impacto ambiental también forma parte del debate. Gran parte de las prendas descartadas están hechas de fibras sintéticas, que pueden tardar décadas en degradarse. Si se acumulan en basurales, contaminan suelo y agua. Si se incineran, liberan gases tóxicos.

El caso del desierto de Atacama funciona como antecedente regional. Allí se acumulan montañas de ropa descartada provenientes del comercio global, en un proceso que llevó incluso a la intervención de la justicia chilena.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Estado chileno elaborar un plan de reparación ambiental de diez años para retirar los residuos textiles y restaurar los suelos afectados.

Organizaciones científicas como la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) advirtieron que la quema de prendas sintéticas combinada con plásticos genera compuestos químicos altamente contaminantes.

Impacto en la industria y en la economía circular

El aumento de estas importaciones también genera preocupación en la industria textil local. Las cámaras empresariales señalan que las prendas usadas llegan al país a precios extremadamente bajos –alrededor de 1,2 dólares por kilo–, muy por debajo del costo de producción de la indumentaria nueva.

Para los fabricantes locales, esto configura una competencia desleal, ya que la industria argentina debe cumplir normas laborales y ambientales más estrictas.

Pero el impacto también alcanza a emprendimientos vinculados con la moda circular. “Como marca circular real, esto nos está destrozando”, explicó María, dueña del emprendimiento María Moda Circular. “Durante cinco años construimos un negocio familiar basado en reutilizar ropa local. Hoy estamos pensando cuánto tiempo más podremos resistir sosteniendo nuestros valores o si vamos a tener que sumarnos a algo que no nos representa”.

“Todas las semanas nos llegan propuestas de importadores y ya hemos recorrido varios puntos. Hay galpones llenos de estos fardos en todo el país. No hay mercado para la cantidad de ropa que entró”, indicó.

Según relató, gran parte de las prendas presentan estampas deterioradas, telas sintéticas o manchas, lo que dificulta su reutilización. “Estamos pagando a otros países lo que es su basura”, afirmó.

“Esto lo hacemos para que los argentinos puedan comprar barato y para que se creen nuevos empleos”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al defender la apertura de importaciones y la reducción del costo laboral, que según explicó pasaría de 18 a 2 puntos. “El problema de Argentina era que te despedían y la gente no podía conseguir trabajo”, insitió Caputo, el martes pasado, desde la Fundación Mediterránea.

“Yo todavía no pude conseguir trabajo”, responde Ayelén Monzón, una de las 220 trabajadoras despedidas hace cuatro meses de Whirlpool, la fábrica de lavarropas que cerró en noviembre pasado. “Antes mis hijos tenían desayuno, merienda, almuerzo y cena. Ahora tengo que decidir si toman una leche o si a la noche pueden comer. A veces tengo que entretenerlos para que no estén todo el día con hambre”.

La situación de Ayelén se repite entre sus ex compañeros y parte de los 330 mil trabajadores que perdieron empleos registrados tras el cierre de más de 22 mil fábricas desde noviembre de 2023 y noviembre del 2025, según datos oficiales que publicó el 12 de febrero el Ministerio de Capital Humano.

Muchos invierten tiempo y dinero en currículums, transporte y búsquedas laborales. Recorren agencias de empleo y deambulan por parques industriales y fábricas. En las entrevistas, según relatan, las ofertas rondan entre $600.000 y $800.000 por jornadas de 12 horas.

“A mí me ofrecieron trabajar de 8.30 de la mañana a 11 de la noche en una paquetería de General Pacheco por $150.000 semanales, es una locura”, dice Ayelén. “La mayoría hacen Uber o Pedidos Ya. Los que consiguieron trabajo cuentan que Whirlpool no era nada comparado con lo que viven ahora. A varios no les pagan lo que corresponde por la categoría y los amenazan con el despido”.

“Muchas veces te agarran el CV y directamente lo tiran”, agrega otro ex trabajador de Whirlpool.

“Busqué trabajo en Pilar, Garín, El Talar y en todas las agencias de Don Torcuato y General Pacheco. Me descargué Computrabajo y LinkedIn, armé CV y mandé a todos lados. Nadie me llama”, cuenta otra ex empleada que pidió no ser nombrada.

Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sugiere que el problema laboral es mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el desempleo se ubica en 6,6%, el llamado “desempleo encubierto” –personas con trabajos precarios o pocas horas que buscan más ingresos– alcanza 13,8%, más del doble.

El fenómeno también crece entre los adultos mayores: en el último año el desempleo encubierto aumentó 34,1% entre personas de más de 66 años y, respecto de 2023, los jubilados en esa situación se multiplicaron por 2,5.

Clima de desolación

Muchos de los despedidos contactados para esta nota no respondieron o pidieron que su nombre no aparezca. Dos ex empleados de Dass en Coronel Suárez –la empresa que fabricaba zapatillas Adidas y cerró su planta en la provincia de Buenos Aires en enero pasado despidiendo a 360 personas– contaron por Whatsapp que ahora venden comida en la calle o manejan Uber.

Uno de ellos pidió “ni ser nombrado” porque su historia no “cambia nada” ante la “pasividad de la gente” y prefiere “no amargarse”.

Un clima similar se percibe en Suipacha, localidad bonaerense de 12 mil habitantes donde funcionaba La Suipachense, empresa láctea que empleaba a 142 familias y era el principal motor económico del pueblo. Su cierre en noviembre dejó de inyectar $300 millones mensuales en salarios que circulaban en comercios y servicios.

“La pobreza se ve en todo el pueblo, porque la fábrica era el corazón económico”, dijo en su momento el ex operario Walter Oliva, quien contó que muchas familias sobreviven con rifas y colectas solidarias.

Desde diciembre, sin embargo, pocos vecinos aceptaron hablar. En enero, la dueña de un restaurante dijo que el pueblo pasó una “navidad tristísima” y hace una semana una panadera respondió que la situación sigue siendo “crítica”.

La vida cambió

El 22 de octubre de 2022, cuando Whirlpool inauguró en Pilar su planta más moderna del mundo (fabricaba lavarropas en 40 segundos), Ayelén Monzón ingresó al área de limpieza y su vida cambió. Tenía 25 años y era madre soltera de tres hijos. Sus padres la ayudaban y ella limpiaba casas para sostener su familia, pero recién se estaba armando y el sacrificio no se sentía tanto porque no había mucho margen para la incertidumbre.

Tras unos meses en la fábrica, ascendió como operaria de submontaje, logró mudarse y les dio un techo a sus nenes de 2, 5 y 9 años. Conoció los derechos laborales (vacaciones, aguinaldo), y el sindicato, que más tarde la nombró delegada, le proveía mochilas y útiles escolares. Con frecuencia negociaban bonos por la alta productividad de la empresa.

No le sobraba, trabajaba 8 horas y el sueldo le rondaba el millón de pesos, pero tenía ducha caliente, cuatro comidas y su día empezó a tener horarios claros que separaban la vida laboral de la maternal y el ocio. Descubrió algo que “no tiene valor económico”: la paz que da la estabilidad.

De repente la empresa bajó la productividad. En un solo mes, pasó de producir 700 lavarropas por día a 400. El miércoles 26 de noviembre de 2025 el director reunió a todos en el comedor. Semanas atrás habían echado a los 26 “trabajadores eventuales”. “Van a importar y la empresa ya no necesita el trabajo que realizan, esta planta cierra definitivamente”, les informó.

Entre el alquiler, las necesidades básicas y lo invertido en la búsqueda de otro empleo, en dos meses Ayelén se quedó sin el dinero de la indemnización. Volvió a casa de sus padres y cada tanto alguna amiga la ayuda. Cuando hay oportunidad, limpia en casas. Redujo las comidas a dos por día y ya no pude comprarle útiles escolares y mucho menos zapatillas a sus hijos. Su vida volvió a cambiar.

“Mami no te preocupes”, le dijo su hija más pequeña, de 5 años. “Yo hago pulseritas y te voy a contratar, vamos a poder salir juntas a vender”.

Un mapa de empresas en crisis

El cierre de Whirlpool no es un caso aislado. La crisis de la industria de electrodomésticos también alcanza a marcas tradicionales. Aires del Sur, dueña de Electra y Fedders, presentó un pedido de quiebra y ya despidió a 140 trabajadores, mientras que Goldmund S.A., controlante de Peabody, inició un concurso preventivo para reestructurar sus deudas en medio del impacto de las importaciones y la caída de las ventas.

En distintos sectores se multiplican quiebras, suspensiones y plantas paralizadas en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones, según advierten empresas y trabajadores. La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos que arrastraba un concurso preventivo desde 2021. En la industria también impacta el cierre anunciado por Fate, que planea despedir 920 trabajadores.

En alimentos y bebidas, Cervecería Quilmes redujo su planta de Zárate de 260 a 80 empleados, mientras Alimentos Refrigerados S.A., productora de yogures de SanCor, quebró dejando 400 despedidos. La láctea Verónica, en Santa Fe, mantiene plantas paralizadas y acumula meses de salarios impagos, con 700 puestos en riesgo.

La crisis alcanza también a otros sectores: Grupo Dass recortó personal en Misiones, Emilio Alal cerró sus fábricas en Corrientes y Chaco con 260 despidos, y Acindar acumula suspensiones desde 2024.

En paralelo, la avícola Granja Tres Arroyos enfrenta conflictos salariales, la fabricante de aires Aires del Sur quebró en Tierra del Fuego, el frigorífico San Roque cerró en Morón con 140 despidos, y la distribuidora Beer Market bajó 20 locales en el AMBA, dejando más de 90 trabajadores sin empleo.

La vida precaria

“Era un buen lugar la fábrica”, dice Ayelén sobre Whirlpool. “Estaban abiertos al diálogo y con el sindicato el trabajador mejoraba; por ejemplo conseguimos trabajar un solo sábado al mes y que se pague un 15% extra”.

Tras el cierre, la estabilidad desapareció. “Después de la fábrica todo fue muy duro. La industria está muy mal. No es que nos echaron y conseguimos trabajo en otro lado”.

En la vida cotidiana, el panorama es más delicado. Ayelén agotó la indemnización, perdió la obra social y depende de la ayuda de sus padres para sostener a sus tres hijos pequeños.

“Antes podía comprarles todo para la escuela. Hoy ni siquiera eso”, dice. A veces compra pan para que coman durante el día y por la noche van a la casa de sus padres si hay comida. O pide fiado en el almacén.

“Uno grande puede tomar un mate y aguantar –dice–. Pero ¿cómo le digo a mis hijos que no les puedo dar de comer?”.

La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.

El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.

La causa se inició en junio de 2023, cuando el equipo de InterJust (en aquel momento parte de la Clooney Foundation for Justice) presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.

Dos legajos y 16 imputados

El expediente –identificado como “legajo 1”– se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.

Hay 16 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.

En paralelo, otro expediente –el “legajo 3”– apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.

Jurisdicción universal “pura”

Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.

Ignacio Jovtis, Director para América latina de InterJust y abogado representante de familiares de víctimas en una de las causas, señaló que “Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos”. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.

Declaraciones clave y nuevo escenario político

Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.

En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.

No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.

Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.

LN/MC

El mercado laboral muestra un crecimiento de la actividad que, lejos de reflejar un dinamismo generalizado, se apoya en la incorporación de adultos mayores. Según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, el registro más alto para un tercer trimestre desde 2016. Sin embargo, el documento advierte que esa suba responde en gran medida a que cada vez más jubilados vuelven al mercado laboral para complementar ingresos y cubrir gastos básicos.

Entre las personas de 66 años o más, la actividad creció 11% interanual. El IAG define ese ingreso como “supervivencial”, es decir, no responde a una elección sino a la erosión del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

Los ejemplos abundan. En la Ciudad de Buenos Aires, Marta Beatriz Fernández, 75 años, jubilada de la administración pública porteña, empezó hace un año a limpiar casas de conocidos en Caballito y Almagro.

“Trabajé 35 años en el Estado. Cuando me jubilé pensé que iba a estar justa, pero tranquila. Con lo que cobro hoy no pago medicamentos, expensas y supermercado”, cuenta.

Hasta hace poco, sus dos hijos la ayudaban a completar gastos. “Ahora ya no pueden. A uno le nació el segundo hijo hace tres meses y están con la soga al cuello. Entonces yo salgo a limpiar para sostenerme y si puedo les doy una mano”, explica la mujer que trabaja cuatro veces por semana.

La escena se repite en distintos barrios porteños. “Muchísimos jubilados y jubiladas o pensionados están trabajando en limpieza, cuidado de enfermos, venta ambulante, jardinería y otros rubros”, señala Nora Biaggio, docente jubilada y referente del Plenario de Trabajadores Jubilados.

Con una jubilación mínima que, con el bono incluido, ronda los 429.000 pesos, “nadie puede vivir un mes”, afirma. “Solo los medicamentos, que ahora hay que pagar, insumen la mayoría de los haberes”.

Trabajo por necesidad

El IAG vincula el fenómeno con el encarecimiento de medicamentos y servicios de salud, así como con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. En paralelo, el trabajo desprotegido alcanza al 44,2% de los ocupados y supera por primera vez los 6 millones de personas.

La precarización también atraviesa a Raúl Osvaldo Benítez, 80 años, que vive en un departamento alquilado en Chacarita. Durante cuatro décadas trabajó en una imprenta en la Ciudad. Se jubiló hace 15 años, pero desde 2024 maneja un Uber al menos ocho horas por día.

“Si no salgo a trabajar, no llego al alquiler. Así de simple”, dice. “Entre el alquiler, las expensas y la comida, la jubilación se me va en cinco días”.

Raúl arranca a las 10 de la mañana y vuelve por la tarde. “Es cansador y triste. El cuerpo no es el mismo. Pero no me queda otra”, agrega.

Biaggio advierte que esa inserción se da casi siempre en condiciones informales. “Son empleos en negro. Es además un sobreesfuerzo que hacen los mayores, teniendo que desplazarse, cumplir horario y sostener tareas físicas exigentes”, sostiene. “El dato de crecimiento de la actividad es un síntoma de deterioro social, de ninguna manera puede ser un indicador de recuperación económica”.

El avance del “desempleo encubierto”

El dossier del IAG también incorpora un indicador de “desempleo encubierto”, que incluye a quienes buscan trabajo pero solo consiguen ocupaciones de pocas horas y alta precariedad. La tasa asciende al 13,8%, más del doble del desempleo oficial (6,6%).

En el caso de los jubilados, el desempleo encubierto creció 34,1% interanual, reflejando que muchos necesitan trabajar más horas para sostener ingresos básicos.

Mientras tanto, la actividad de los jóvenes de entre 18 y 26 años cayó 1,6%, lo que refuerza el carácter atípico del fenómeno: el mercado laboral no se expande por dinamismo económico sino por la necesidad de los adultos mayores.

“Yo ya trabajé toda mi vida”, dice Marta. “No tendría que estar limpiando casas a los 75”.

“Es realmente triste tener que hacer de chofer a los 80 años”, coincide Raúl. “Pero qué otra cosa puedo hacer”.

Para Biaggio, el cuadro es claro: “No estamos ante jubilados que buscan mantenerse activos. Estamos ante personas que, después de haber trabajado décadas, vuelven al mercado porque la jubilación no alcanza para vivir”.

LN/MC

La muerte de Leonel Ayala, docente de 32 años, es una de las 173 que la Justicia investiga en la causa por el fentanilo contaminado. Para su familia, sin embargo, el impacto no se limita a la pérdida sino que expone las consecuencias emocionales de una tragedia que dejó a los allegados sin contención estatal durante meses.

“No solo atravesamos un duelo, sino también un proceso lleno de obstáculos, omisiones e incumplimientos”, dijo su hermano, Alejandro Ayala, al describir este período como una etapa marcada por la lucha judicial y la sensación de abandono.

Según relató, tras el brote infeccioso detectado en abril del año pasado, nadie los llamó, nadie ofreció contención ni seguimiento médico. Recién ahora las familias comenzaron a recibir acompañamiento en salud mental por parte de equipos especializados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Durante estos meses estuvimos completamente solos, sin contención del Estado”, insistió. La ausencia inicial, agregó, tuvo efectos que exceden lo emocional, como la pérdida de trabajos, deterioro económico y rupturas familiares. “La salud mental atraviesa lo físico, lo psíquico, lo laboral y lo económico. Muchas familias perdieron estabilidad”.

Las secuelas invisibles del trauma

“El retiro de la atención mediática y la ausencia de reconocimiento agravan esa situación”, advirtió la subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Camels, al describir un escenario en el que el dolor se profundiza cuando el drama deja de ocupar un lugar en la agenda pública. “Cuando el Estado te desconoce, el dolor se profundiza de manera trágica”, señaló.

Desde la Provincia sostienen que este patrón ya fue observado en otras catástrofes, como el incendio de Cromañón, donde muchas víctimas quedaron expuestas a duelos prolongados y síntomas traumáticos. “No hay nada peor que una tragedia no sea reconocida como un dolor colectivo”, remarcó la funcionaria.

Camels también alertó sobre el vacío generado por la interrupción de políticas nacionales de acompañamiento en salud mental durante la gestión de Javier Milei. El riesgo, advierten especialistas, no es solo el sufrimiento inmediato sino la cronificación del trauma, con cuadros de angustia, depresión y aislamiento que pueden persistir durante años sin una respuesta sostenida.

Duelo y desprotección

El caso de Leonel sintetiza el recorrido de muchas familias. Había sido internado por pancreatitis, evolucionaba favorablemente y tenía el alta prevista. Tras una intervención, su cuadro se agravó y murió de una infección generalizada. Semanas después, los Ayala supieron que había recibido una dosis perteneciente a uno de los lotes contaminados.

“Sin justicia no hay salud mental. Esto no es un caso individual, es una tragedia social”, sostuvo su hermano quien remarcó que “acá mató la desregulación y la falta de control”.

El abogado de la familia, Sebastián Busso, señaló que la investigación “ya no se limita a las responsabilidades privadas” y comenzó a orientarse hacia posibles fallas de organismos de control y del Ministerio de Salud. “El juez tuvo que reconstruir la trazabilidad del fentanilo, algo que debió haber hecho el Estado”, explicó. Para la querella, ese vacío dejó al descubierto “fallas estructurales graves”.

El rol del Estado

Camels planteó que el acompañamiento estatal es decisivo para la elaboración del trauma colectivo. “Está ampliamente estudiado que en tragedias de este tipo el rol del Estado es central. La presencia, el acompañamiento y el reconocimiento reducen la gravedad de los efectos traumáticos”, dijo.

Definió lo ocurrido como “una tragedia enorme, en un contexto de abandono del Gobierno nacional de los controles”, y aseguró que hoy “no existe ninguna línea de acompañamiento” desde ese nivel.

Recordó además que en 2014 el Estado nacional había creado un programa específico para asistir a las víctimas de Cromañón, luego discontinuado tras un cambio de gestión. “Se creó un programa específico para Cromañón porque, a diez años de la tragedia, comenzaron a incrementarse los suicidios de jóvenes que habían estado en el recital. Ese programa se discontinuó con el cambio de gobierno nacional. Ante ese vacío, desde la Provincia empezamos a recibir pedidos para priorizar la atención y hoy tenemos equipos que trabajan específicamente con esas víctimas”, explicó.

Una red provincial frente al vacío

El abordaje bonaerense se apoya en una reforma iniciada en 2019 que amplió camas de internación, abrió centros comunitarios y sumó personal. La lógica –explicó Camels– es no esperar que quienes atraviesan el trauma busquen ayuda, sino acercar los equipos, evaluar necesidades y construir seguimiento.

“Con los familiares de las víctimas del fentanilo, estamos realizando encuentros grupales para escuchar y comprender las necesidades y evaluar cuándo ofrecer espacios de tratamiento individual”, contó. “Es necesario que los equipos se trasladen a donde están las personas y desarrollen intervenciones de acompañamiento situado, clave para proteger incluso la vida, porque el dolor y la angustia pueden ser insoportables”, advirtió.

“Los síntomas pueden ser muy diversos: ataques de angustia, síntomas corporales, depresiones, consumos problemáticos. Por eso estos dispositivos trabajan en un primer momento crítico, pero también dejan recursos disponibles a largo plazo”, detalló.

“Cuando el Estado se corre, niega o no acompaña, el dolor se profundiza de manera trágica. Esto lo vimos con Cromañón, con Malvinas y con las víctimas de la dictadura durante muchos años”, indicó Camels.

Responsabilidades bajo investigación

La causa judicial –que supera las 6.000 fojas– investiga la distribución de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes fabricadas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Peritajes determinaron que la bacteriemia fue causa directa o determinante en la mayoría de las muertes analizadas.

Hay 14 personas procesadas y el expediente avanza sobre una posible cadena de negligencias empresariales, controles fallidos y responsabilidades aún por determinar.

En paralelo, la exdiputada Mónica Fein, quien presidió la comisión investigadora del Congreso, advirtió que el caso expuso “delitos empresariales, fallas graves de control estatal y un progresivo debilitamiento del rol del Estado”, y cuestionó la falta de explicaciones públicas acordes a la magnitud de la tragedia.

Los familiares preparan una movilización al Congreso y buscan que el 13 de mayo sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo. “La lucha es por el derecho a la vida y para que cualquier persona pueda entrar a un hospital y salir con vida”, resumió Ayala.

LN/MG

Luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que nunca compró ropa en Argentina porque “es un robo”, se reavivó la discusión sobre el precio de la indumentaria a partir de una premisa extendida: que es cara por ineficiencias productivas y que una mayor apertura importadora ayudaría a moderar los valores.

Sin embargo, los datos sectoriales más recientes describen un escenario más complejo, atravesado por la recesión, la caída de la producción y un mercado interno debilitado.

Según la Fundación Pro Tejer, en noviembre de 2025 la producción textil se contrajo 36,7% interanual y 47,6% frente a 2023, una de las bajas más profundas de la industria manufacturera. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 29%, lo que implica que siete de cada diez máquinas permanecen paradas.

Un diagnóstico similar surge de la consultora Analytica, que señaló que el sector acumuló descensos en diez de los once meses de 2025 y se consolidó como la categoría más afectada del índice de producción industrial. Frente al promedio histórico 2016–2023, la producción de noviembre fue 40% inferior en productos textiles y 18% menor en confecciones y calzado.

El cuadro se completa con una retracción del consumo. “No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, advierte un informe de la cadena de valor textil de Pro Tejer.

Precios: entre la percepción y los datos

Uno de los supuestos más instalados es que la ropa aumenta por encima del promedio de los bienes. Los números recientes no acompañan esa idea, ya que en diciembre de 2025, el rubro prendas de vestir y calzado registró un incremento interanual del 15,3%, el menor entre todos los capítulos de consumo, de acuerdo a un informe de Pro Tejer.

Analytica también observa un abaratamiento relativo. Según el informe “Sector textil, en un cambio de paradigma” publicado el 4 de febrero, desde noviembre de 2023 la indumentaria se ubicó en su mínimo histórico frente al IPC. Mientras la inflación general acumuló 259,4%, la de ropa fue de 149,4%.

Para Priscilla Makari, directora ejecutiva de Pro Tejer, el principal equívoco es asociar el precio de vidriera con el costo industrial. “El mito más arraigado es que la industria textil nacional es la culpable de que la ropa sea cara debido a su ‘protección’. Esa narrativa persiste porque se apoya en una percepción engañosa: el precio de vidriera en los shoppings. Se asocia el precio de la ropa con las grandes marcas de los centros comerciales, donde paradójicamente más del 70% de las prendas son importadas”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que en una remera de marca “el costo de fabricación representa menos del 10% del precio final”, mientras que cerca del 50% corresponde a impuestos y otra parte relevante a alquileres comerciales, financiamiento y logística. “El problema está en lo que pasa desde la puerta de la fábrica hasta el mostrador”, resumió.

Una discusión de largo plazo

Un informe de Fundar, el centro de estudios dedicado a políticas públicas, aporta otra dimensión al debate. Según esta consultora, la ropa es cara en Argentina tanto en términos absolutos como relativos. Una canasta de prendas resulta 35% más costosa –al dólar oficial– que el promedio regional y, en relación con otros bienes y servicios, se ubica entre las más altas del mundo.

El trabajo señala que no existe una única causa. La protección comercial fue un factor relevante durante las últimas dos décadas, pero también incidieron la “volatilidad macroeconómica, la presión tributaria, el acceso restringido al crédito y una productividad sectorial estancada”.

Desde 2001, Argentina fue el país con mayor suba de los precios relativos de la ropa entre 48 economías analizadas: aumentaron 32%, mientras que a nivel global la indumentaria se abarató en la misma proporción.

Importaciones, demanda y cambio de escenario

Los informes de Pro Tejer describen como “débil y errático” el vínculo entre importaciones y precios. No obstante, el ingreso de productos del exterior creció fuertemente. En 2025 alcanzaron 391.676 toneladas y USD 1.702 millones, con subas del 71% en cantidades.

Analytica detecta un fenómeno similar y habla de un “cambio de paradigma”. Las compras externas aumentaron 97,3% en indumentaria y más de 120% en otros textiles, mientras las ventas vía courier -impulsadas por plataformas digitales- treparon 274% interanual. Estos movimientos reflejan un desplazamiento de la producción local por bienes importados en un contexto de demanda débil.

Empresas y empleo en retroceso

La contracara es el mercado laboral. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron más de 18.000 puestos registrados en la cadena textil, según Pro Tejer, una caída cercana al 15%. Analytica ubica el empleo sectorial en su nivel más bajo desde 2009 y advierte que la informalidad ronda el 72% en algunos segmentos.

En la práctica cotidiana de las fábricas, el ajuste se tradujo en recortes operativos. El empresario y dirigente textil Marco Meloni describió que el proceso comenzó con la eliminación de horas extras, siguió con la reducción de turnos y luego derivó en suspensiones. “Muchas plantas trabajaban tres semanas y una no. La planificación pasó a ser más de stock que de otra cosa por la caída muy brusca de la demanda y la apertura de importaciones”, explicó.

Meloni agregó que “la rentabilidad es negativa” y que algunas empresas continúan operando mientras programan su cierre. “Cerraron más de 500 compañías y las que quedan van a estar muy deterioradas en su capacidad productiva”, advirtió.

Costos y competitividad

Al analizar la estructura de precios, Pro Tejer sostiene que el costo industrial representa menos del 10% del valor final de una prenda, mientras que los impuestos explican cerca de la mitad. También inciden tasas de interés elevadas y costos logísticos altos.

Makari alertó que, si la tendencia continúa, “la sostenibilidad de mediano plazo del sector queda seriamente comprometida”. “El riesgo no es solo sectorial: implica una pérdida de capacidades productivas que luego resulta muy difícil de revertir”, señaló.

Meloni coincidió en que la reconstrucción sería compleja: “Ya se perdieron miles de puestos de trabajo y vamos a perder conocimiento. Mientras nuestros competidores tienen tasas anuales cercanas al 6%, nosotros enfrentamos costos financieros muy superiores”.

Un mercado con precios contenidos y producción en baja

El resultado es un mercado con abundancia de productos pero con consumo retraído. Para Analytica, el abaratamiento relativo de la ropa constituye una “noticia positiva para los consumidores”, aunque su contracara es la pérdida de empleo y el retroceso productivo.

Fundar, por su parte, subraya que reducir el debate a la apertura o al proteccionismo simplifica un fenómeno atravesado por factores macroeconómicos, regulatorios y estructurales.

“Será muy dificil una reconstrucción porque perdemos el personal que se va porque el empresario no le puede pagar en tiempo y forma, y vamos a perder todo el conocimiento que tanto cuesta construir, por eso vemos un panorama muy oscuro”, concluyó el empresario Meloni.

LN/MG

El 30 de enero pasado, la drag queen La Barby fue atacada con una botella a la salida de Radio Pop por un hombre que la insultó por su orientación sexual. El 24, tras dos semanas desaparecida en Salta, la mujer trans Marlen Villarrubia denunció que fue secuestrada y golpeada por policías. En noviembre, en Córdoba, murió Samuel Tobares, de 34 años, luego de que policías lo agredieran (“puto de mierda”) y lo golpearan como “una bolsa de boxeo”.

El 12 de octubre de 2025, en El Rosedal de Palermo, un joven de 24 años sufrió una fractura de mandíbula por parte de un agresor que dijo: “Dejámelo a mí que siempre quise pegarle a uno de estos”. Un mes antes, clausuraron un cine de Ciudadela frecuentado por la comunidad LGBT y detuvieron a tres personas; aunque la entonces ministra Patricia Bullrich habló de una red de trata, la Justicia no encontró pruebas y organizaciones denunciaron persecución y violencia institucional.

Desde mayo de 2024, cuando un hombre arrojó una bomba molotov contra una habitación ocupada por cuatro mujeres lesbianas en Barracas, provocando un incendio que mató a tres de ellas, los ataques de odio por la orientación sexual se han incrementado hasta la fecha. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre enero y junio del 2025 hubo 102 ataques, un 70% más con respecto al 2024 (60 casos). Si bien aún no están los datos del segundo semestre, los entrevistados por este medio coinciden en que los ataques de odio no han mermado. 

En este marco se desarrollará hoy, a partir de las 17, la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGTBIQNB+, con una movilización desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo y actividades simultáneas en provincias como Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Salta, Río Negro, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba, Misiones, Santa Fe y Mendoza. 

La protesta se inscribe en la continuidad de la movilización realizada el año pasado tras las declaraciones de Javier Milei en el Foro de Davos (“La ideología de género en su versión extrema constituye abuso infantil, son pedófilos”, fue su frase más resonante), pero la manifestación abarca más que la defensa a los derechos de la comunidad. Tendrá como consignas el rechazo a reformas laborales y penales, la oposición a la baja de la edad de imputabilidad, cuestionamientos a cambios en la Ley de Glaciares y el pedido de derogación de los decretos 61 y 62/2025 y del DNU 366/25, que modifica la ley migratoria.

Violencia y discursos

Gabriela Mitidieri, integrante de la Asamblea y del proyecto RADAR, que registra ataques de grupos de derecha, señaló que la movilización responde a un proceso que identifican desde 2023. “A cada discurso público que habilita cierto tipo de violencia le siguen efectos a nivel social: se legitima que la gente descargue agresiones sobre determinadas identidades”, explicó.

Según indicó, desde diciembre de ese año los blancos más frecuentes de ataques reportados han sido el colectivo LGBT y los sitios de memoria. RADAR funciona como una herramienta de denuncia espontánea, por lo que los registros dependen de los reportes recibidos.

El relevamiento incluye episodios como la muerte de Sofía Fernández, una mujer trans quien fue encontrada muerta en una comisaría; el incendio de un conventillo donde vivían parejas lesbianas en Barracas; y denuncias de violencia policial contra una mujer trans en Salta. Mitidieri también advirtió sobre faltantes de hormonización y medicación para VIH en distintos puntos del país.

Para la activista, la convocatoria busca mostrar “una coalición amplia” que articula agendas de derechos humanos, feministas y antirracistas.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, advirtió que “hoy vemos un Gobierno que promueve la violencia desde el debate público”, y agregó que el Estado “no muestra voluntad de intervenir para prevenirla”.

Paulón también cuestionó medidas que, según su lectura, restringen el acceso a la salud para menores travesti-trans y advirtió que podrían afectar el derecho a la identidad. A su vez, vinculó la convocatoria con recortes que -dijo- impactan en distintos sectores sociales y explican la adhesión de colectivos sindicales, ambientales y de discapacidad.

Operativos y condiciones de vida

Desde el sindicato de trabajadoras sexuales AMMAR, su secretaria general Georgina Orellano describió un incremento de operativos policiales en zonas como Constitución, Once, Flores y Palermo. “Hay maltrato verbal y físico, robo de pertenencias y detenciones arbitrarias”, afirmó.

Según detalló, también se labran actas contravencionales que, en la práctica, impiden trabajar durante varios días y afectan la subsistencia. El gremio registra además desalojos en hoteles donde vivían trabajadoras con subsidios habitacionales y un aumento de enfermedades como sífilis y tuberculosis.

“El control punitivo recae sobre trabajadoras sexuales, migrantes, población travesti-trans y personas en situación de calle”, señaló Orellano, quien también advirtió que estos discursos encuentran mayor legitimidad social.

Una agenda más amplia

La periodista y activista Marta Dillon, integrante de la columna Mostri, consideró que la movilización anterior “contribuyó a frenar iniciativas como la eliminación de la paridad en el Congreso y el cupo laboral trans”, pero sostuvo que luego avanzaron medidas que afectan especialmente a personas trans.

“Hoy necesitamos fortalecernos frente a una agenda que incluye reformas laborales y penales, el avance punitivo y la criminalización social”, planteó. Según Dillon, el objetivo es construir un frente social y sostener redes comunitarias.

En la misma línea, Nina Rodríguez Torrez, del colectivo YoNoFui, describió un escenario de “atomización social” en el que muchas personas están concentradas en su propia supervivencia. “Creemos imprescindible sostener la movilización y recuperar una dimensión colectiva de la política”, señaló.

La militante agregó que no esperan cambios en la respuesta oficial y mencionó operativos policiales “desproporcionados” en movilizaciones recientes. También reclamó mayor unidad de la dirigencia opositora.

Coalición transversal

Mitidieri destacó que la convocatoria reúne a sectores sindicales que “rara vez coinciden”, como las dos CTA y la CGT, además de partidos políticos y organizaciones sociales. Para los organizadores, la marcha buscará expresar ese entramado en las calles.

Paulón, por su parte, consideró que la reacción social frente a los discursos oficiales muestra que “debe haber lugar para todas las personas” y advirtió que el desafío será sostener consensos democráticos en un contexto de debates sobre derechos.

LN/MG

Durante 2025, el 48% de los hogares argentinos tuvo que desplegar algún tipo de estrategia para llegar a fin de mes. Así lo señala el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que registra un crecimiento sostenido de prácticas defensivas como el uso de ahorros, la venta de bienes personales y el endeudamiento, en un contexto de consumo deprimido y pérdida del ingreso.

“El fenómeno central hoy en la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias”, señaló Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social. “Las familias se endeudan porque no les alcanza y terminan tomando una deuda para tapar la anterior; cuando entrás en ese circuito, deja de ser algo puntual y pasa a ser permanente”.

El informe muestra que la principal herramienta para solventar esta situación fue el uso de ahorros: el 35,3% de los hogares los destinó a cubrir gastos corrientes y el 9,4% vendió pertenencias. Además, uno de cada cuatro hogares se endeudó, ya sea con entidades financieras o con personas cercanas.

“En 2024 gasté todos mis ahorros para cubrir gastos básicos: vendí los dólares de años para sostener la prepaga y el colegio de mis hijos. El año pasado pedimos créditos y nos endeudamos. Mi esposa y yo trabajamos, pero no alcanza. Ahora sacamos crédito para pagar la deuda. Se volvió algo permanente, con la sensación de estar tapando agujeros mes a mes”, relató Carlos Fernández, 50 años, empleado administrativo en una pyme.

“Vendí la computadora, una bicicleta y algunos muebles para poder pagar gastos básicos y sostener a mis hijos durante 2025. De a poco empezás a desprenderte de cosas que necesitás y, de todas formas, no llegás”, contó Mariana Díaz, 42 años, empleada de comercio y madre de tres hijos.

Deudas para cubrir lo básico

Según el IAG, el endeudamiento ya no está asociado a consumos extraordinarios, sino a la necesidad de cubrir gastos esenciales. El porcentaje de hogares que se endeudan específicamente para “llegar a fin de mes” creció tanto frente al segundo trimestre de 2024 como en la comparación interanual con 2023.

“Hay tres cuestiones claras: los costos fijos altos, especialmente luz, gas y servicios básicos; el costo de los medicamentos, hoy desregulado; y el costo de los alimentos”, enumeró Arroyo. “Mucha gente el día 10 ya se quedó sin plata y empieza una carrera muy difícil para llegar a fin de mes”, agregó.

El informe identifica a los hogares de ingresos medios como los más tensionados: el 40% recurrió a ahorros, frente al 35% de los hogares de menores ingresos. También es mayor su acceso al crédito formal: el 18% se endeudó con entidades financieras, contra el 12% de los hogares de ingresos bajos.

Fernanda G. tiene 54 años y tiene una extensa carrrera como periodista. Hace más de 20 años que trabaja como editora en la misma empresa. Empezó vendiendo algunos dólares porque no estaba dispuesta a dejar de lado algunos “gustitos”. “Empecé a cambiar para pagar alguna pavada, un regalo para los chicos, ir a cenar un día, comprarme algo para mi. Primero fueron 100 dólares cada dos meses, después fueron 200 todos los meses, hasta que ya no eran solo para esos gustitos, era para llegar a fin de mes, pagar la prepaga o las expensas. De 200 pasé a 700 todos los meses hasta que los ahorros empezaron a desaparecer. Entonces empecé a vender la ropa que ya usábamos. Por mi trabajo viajo bastante y aprovecho a comprar afuera. Las cosas de H&M o de GAP acá las pagan bien. Vendí todo lo que podía pero ya no me quedó nada. Nada de nada, ni ahorros ni ropa ni aritos ni pulseras. Me ayudan mi viejos que tienen casi 90 años. Es muy angustiante y muy injusto”.

Morosidad en niveles récord

El avance del endeudamiento se refleja en los indicadores de morosidad, que alcanzaron un nuevo récord. Según el Banco Central, la mora de las familias llegó al 8,8%, el nivel más alto en más de 15 años, tras 13 meses consecutivos de aumento. El crecimiento se explica principalmente por el crédito al consumo y el fuerte incremento de la deuda con entidades no bancarias, en un escenario de caída del poder adquisitivo de los salarios.

En el circuito no bancario —que incluye billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago, además de financieras y casas de electrodomésticos— el atraso es mucho mayor y alcanza al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, elaborado a partir de datos oficiales.

“Me endeudé con una financiera para poder comprar los medicamentos que necesito todos los meses, porque con la jubilación ya no me alcanzaba. Al principio parecía un monto chico, pero con los intereses la deuda se volvió impagable y empecé a atrasarme. Hoy me llaman y me mandan avisos de embargo”, contó Elena de Tellería, 71 años, jubilada.

En ese segmento, el endeudamiento con entidades financieras creció 14% interanual y casi 67% frente a 2023. Al mismo tiempo, aumentó el uso del crédito para consumos cotidianos: en noviembre de 2025, el 44,6% de las compras en supermercados se pagó con tarjeta de crédito, el nivel más alto desde que existen registros.

“El circuito suele empezar pagando el mínimo de la tarjeta, después aparece la financiera del barrio, después otra, y eso termina en tasas del 500% anual”, advirtió Arroyo.

El deterioro del ingreso disponible aparece como un factor clave. Según el IAG, aunque los salarios del sector privado registrado recuperaron niveles nominales similares a los de 2023, el cambio en los precios relativos redujo el margen real tras pagar servicios y transporte. En el AMBA, esos gastos pasaron de representar el 4,8% del salario mediano al 10,5% en dos años.

Ese ajuste convive con un consumo en retroceso: las ventas en supermercados cayeron 10,2% real entre enero y noviembre de 2025 respecto de 2023, con descensos en 23 de las 24 jurisdicciones. En paralelo, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 7,4%, el valor más alto registrado por el Banco Central.

En ese contexto, bloques opositores de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley orientado al desendeudamiento de los hogares, con foco en los sectores medios y bajos. La iniciativa propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES otorgue créditos a una tasa menor a la del sistema financiero privado para cancelar deudas acumuladas y establecer una relación cuota/ingreso que no supere el 30%.

Para Arroyo, el impacto social ya es visible. “No hablo de explosión social, sino de implosión: gente que no llega, vive endeudada y revienta para adentro”, afirmó. Y concluyó: “Cuando el endeudamiento es masivo, es un problema de política pública. Sin un tope a las tasas de interés, no hay salida”.

LN/MG

“Vos sos mi abogada feminista, ¿sabés?”, le dice Paola Ortiz a Julia Luna este miércoles 21 de enero.

Paola incorporó la palabra “feminista” en septiembre de 2025, cuando vio los adelantos de la película Belén en el televisor del penal de Bouwer, en Córdoba, donde está detenida desde hace 13 años.

“Sí, Pao. Y te vamos a sacar de ahí”, le responde Luna, al teléfono.

Paola vio las imágenes de la película primero con perplejidad y después se sintió menos sola porque se vio reflejada en Belén. “Lo mío es bastante parecido”, dijo. Asoció el papel de Dolores Fonzi con la abogada que tiene hace 4 años, Julia Luna. 

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice una vez más a Luna, quien integra la organización Feministas Católicas por el Derechos a Decidir.

Tras 13 años prácticamente invisibilizado, el caso de Paola, que ingresó al penal con 29 años y hoy tiene 42, tomó alguna relevancia nacional tras la proyección de Belén. Su defensa aprovechó el impacto del film para exponer su historia, una de las cientos que existen en el país con características similares al de Belén.

Criminalización de emergencias obstétricas

El mismo día del estreno de la película, una joven de 18 años, sin saber que estaba embarazada, tuvo un parto abrupto en el inodoro del baño de su casa, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y se desmayó en un charco de sangre.

Horas después despertó en una cama del Hospital de Moreno, en el área de Maternidad, rodeada de bebés llorando. Según denunciaron, médicos le mostraron el feto en una caja y le exigieron que lo reconociera. “Este es tu hijo, reconocelo. Ahora vas a ir presa por matar a tu bebé”, le dijeron a la joven que abría los ojos tras el desmayo.

Sus padres, sumisos, que habían encontrado el feto en el inodoro, siguieron las indicaciones del personal médico y policial. “Corresponde que su hija vaya presa, tienen que prepararse para esa situación”, les advirtió una médica.

El caso llegó a la Campaña Nacional por el Aborto. Una de sus integrantes, Rosana Fanjul, ingresó al hospital. “Tuve que ponerme una campera para tapar la remera de la Campaña porque no me dejaban entrar”, relata. Tras comunicarse con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, lograron evitar la detención.

“Los médicos la dejaron internada en Maternidad, junto a otros bebés. Fue una tortura. Ella cursaba el secundario y no sabía que estaba embarazada. A raíz de esto abandonó la escuela y quedó con un cuadro de salud mental muy delicado; hoy está en tratamiento psiquiátrico”, explica Fanjul.

Si bien no existe un número actualizado, una investigación realizada en 2020 por la Campaña junto al CELS y otras organizaciones relevó 1.532 mujeres criminalizadas, un 25% por emergencias obstétricas y el resto por abortos espontáneos, casi siempre bajo figuras penales agravadas.

“Son mujeres en extrema vulnerabilidad, acusadas de homicidio agravado por el vínculo partiendo de la premisa de que el feto es persona. Incluso encontramos autopsias falsas: demostramos que no hubo nacimiento con vida”, señala Fanjul.

Tras los casos de Belén y de Patricia Solorza, que murió esposada a una cama por una peritonitis tras cuatro años detenida por un aborto espontáneo, las organizaciones decidieron iniciar el relevamiento.

Libertades logradas y causas abiertas

“Empezamos a recorrer las provincias y logramos la libertad de 20 mujeres que aceptaron nuestra representación”, cuenta Fanjul. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, identificaron 22 casos más: solo en uno hubo una detención.

Por su parte, Lucía de la Vega, del área de Género y Diversidad del CES, resume los casos de criminilización en situaciones de emergencias obstétricas que les solicitaron intervención en 2025.

“En Santiago del Estero hubo tres casos de criminalización, entre ellos el de Julieta, condenada en 2023 por homicidio agravado y cuya pena fue luego revisada y morigerada por el Superior Tribunal de Justicia”, detalla.

“En la provincia de Buenos Aires, acompañamos el caso de Juana, procesada desde 2020; pese a reiterados pedidos de absolución, el fiscal sostuvo la acusación, el juicio oral ya tiene fecha y hay recursos ante la Suprema Corte por violaciones como el secreto profesional que aún no fueron resueltos”, advierte.

“En Azul, una joven detenida tras una emergencia obstétrica fue absuelta en primera instancia en 2025, pero la fiscalía apeló y la causa sigue pendiente, con una defensa oficial excelente”, destaca.

Paola, 13 años presa

La mañana del 21 de enero, Paola se despertó muy temprano y espero varias horas sentada en el colchón de su celda hasta que habilitaron el horario de las llamadas telefónicas.

“¿Hay alguna novedad?”, la mujer condenada a perpetua preguntó.

“No”, respondió Julia Luna. Junto a Rocío García Garro, es abogada de Paola desde 2022. En 2024 impulsaron un recurso de revisión para que se revea con perspectiva de género su situación judicial, que la responsabiliza desde 2015 –tras un juicio con jurados populares–, por la muerte del bebé que dio a luz el 31 de octubre de 2012.

Esa tarde de octubre de 2012, en la precaria habitación de su ex suegro que le prestaba a cambio “favores sexuales”, Paola tuvo un “parto en avalancha”, es decir, un parto extremadamente rápido con contracciones intensas y sin pausas, que no da tiempo a pedir ayuda. Cuando pudo tocar al bebé tras el parto súbito, el bebé estaba frío. 

–“No hay novedades, Pao”, siguió Luna. A casi dos años de aquel recurso revisión que probaba que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida, todavía no hubo respuesta de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que se abra el caso Ortíz.

–“Ah...”, dijo Paola al teléfono. 

–“Vos cómo estás?”, quiso saber Luna. Pero Paola no viene bien. En un contexto de hacinamiento y sin higiene personal, no puede recuperarse de lo que ocurrió el 20 de diciembre pasado, cuando vio cómo sacaban el cuerpo incinerado de la compañera con la que compartía la vida cotidiana. La amiga de Paola, según denuncian en esta causa que se sigue investigando y que dejó dos víctimas fatales, estaba asilada en una celda por reclamar por el corte de agua potable cuando se incendió un sector del penal.

Las ideas límites que cada tanto se adhieren a la cabeza de Paola sin embardo dejaron de atormentarla diariamente cuando se inició la campaña por su liberación el 6 de noviembre, al cumplirse un año más de su detención. Sus compañeras la felicitaron y la aplaudieron. Paola se emocionó. “Fue un empujón de esperanza”, dice Luna.

Paola y Belén

A diferencia de Belén que estuvo 2 años presa, Paola lleva 13 privada de su libertad. Si bien ambas fueron criminalizadas y tuvieron una defensa oficial ineficiente, el nombre de Paola sí trascendió a los medios locales que la estigmatizaron. “La tildaron de mala madre mata bebés”, señala Luna.

Paola utiliza su verdadera identidad para reivindicar su historia, tras múltiples difamaciones. “Quiero que mi hijos sepan la verdad”, ha dicho. “Es muy feo que tus hijos piensen que su mamá mató a una persona”.

Antes de la condena, Paola tenía tres hijos que quedaron con el padre y que nunca más vio. Estando presa tuvo dos hijos más. Uno fue dado en adopción sin su consentimiento. El otro logró permanecer con su familia de origen y hoy está con sus tíos paternos.

Otra diferencia entre Paola y Belén es que Belén tuvo una familia que la acompañó y que buscó a Soledad Deza, la abogada feminista interpretada por Doleres Fonzi. Paola no tiene familia que la contenga y Julia Luna, su abogada, conoció su caso de casualidad, a partir de otro trabajo jurídico.

Paola y Julia

“Y cómo pasaste tu cumpleaños”, pregunta Paola al teléfono el miércoles pasado. El cumpleaños de Julia fue el 5 de enero.

“Muy bien, Pao. Gracias”. Más allá de su ex cuñada que fue algunas veces, Julia y Rocío Garro fueron las únicas personas que en 13 años la visitan al penal y la escuchan.

La voz de Paola no se escuchó ni en su propio juicio. “Su voz no está en todo el proceso penal”, advierte Luna, que presenta su caso como la criminalización de una emergencia obstétrica en contexto de pobreza y violencia de género.

“Se usó el hecho de que ya tenía hijos para decir que ‘sabía parir’, cuando sus partos anteriores habían sido hospitalarios. Este fue un parto involuntario y urgente que nunca se investigó”, señala Luna.

En abril de 2024, las abogadas presentaron un recurso de revisión con nueva prueba médica que acredita que se trató de un parto en avalancha y advierte que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida. “Si no hay certeza de nacimiento con vida, no hay homicidio”, subraya.

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice Paola a Julia desde el penal de Bouwer.

“Sin la alfabetización en IA será ella, y quienes sí han sido alfabetizados, quienes nos controlen”, advierte Andrés Salazar-Gómez, investigador de la Universidad de Massachusetts (MIT). El especialista alerta por el debilitamiento de la autonomía intelectual y socioemocional que puede profundizarse si no se regula el uso de la inteligencia artificial, una herramienta en permanente expansión dentro del sistema educativo argentino.

Desde el desarrollo de aprendizajes “adaptativos”, que reconfiguran contenidos según la “necesidad” (o comodidad) del alumno, hasta la generación de materiales y la corrección automática de trabajos -que permite a los docentes disponer de más tiempo para “atender la diversidad en el aula”-, la IA ya forma parte de la vida escolar. “Nos guste o no”, resume Santiago Siri, presidente de Democracy Earth Foundation.

Según datos relevados por UNICEF y UNESCO, el 76% de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa y el 58% ya utilizó herramientas como ChatGPT. Su principal aplicación está vinculada a la resolución de tareas escolares: dos de cada tres chicos (66%) la usan con ese fin.

Un uso extendido sin marcos claros

Ese escenario explica la elaboración del informe “Inteligencia artificial en la educación: desafíos y perspectivas”, realizado por Argentinos por la Educación junto con investigadores de la Universidad de Massachusetts. El documento analiza tanto las oportunidades como los riesgos que implica el avance de estas tecnologías en el sistema educativo argentino.

Los especialistas destacan el “potencial transformador de la IA” tambien en la gestión institucional. Señalan que permite optimizar el análisis de datos sobre matrícula, asistencia y recursos, además de agilizar procesos administrativos como inscripciones, becas y emisión de certificados.

Riesgos para el aprendizaje y la autonomía

Sin embargo, los riesgos asociados al crecimiento del uso de la IA representan la principal preocupación. Según los profesionales, en términos generales la IA acorta los tiempos de los trabajos y aumenta la productividad de alumnos y docentes a cambio de un aprendizaje superficial que reduce el pensamiento crítico, la creatividad, aisla al individuo deteriorando su desarrollo socioemocional y lo vuelve, en consecuencia, más manipulable.

“A la vez que acelera la adquisición de conocimiento, puede distorsionar la comprensión”, sostiene Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, quien remarca que “es clave” volver a prácticas de lectura más distantes y reflexivas.

“Las nuevas generaciones crecieron con la IA. Eso no significa que sean usuarios responsables. La alfabetización en IA nos da la capacidad de entender y controlar la tecnología; sin ella, será la IA -y quienes sí han sido alfabetizados- la que nos controle”, insiste Salazar-Gómez.

En la misma línea, Agustina Brizio, coordinadora de innovación y tecnologías digitales de Asuntos del Sur, sostiene que el principal desafío para docentes e instituciones es fomentar una alfabetización en IA, ya que los riesgos están vinculados a la pérdida del pensamiento crítico y a las dinámicas de validación automática de contenidos.

Para Santiago Siri, el debate no debería oscilar entre la prohibición y la idealización. “El punto no es prohibirla ni celebrarla como magia sino diseñar alfabetismo en IA, reglas claras y supervisión humana para que la personalización no se convierta en desigualdad y para que la ‘muleta’ no termine reemplazando el pensamiento crítico”.

Por su parte, Andrés Rieznik, doctor en Física, divulgador y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, pone el foco en las brechas que puede profundizar la tecnología. “Amplifica la diferencia entre quienes tienen una formación profunda sobre los temas y quienes sólo hicieron un curso corto”, advierte.

“Necesitamos un enfoque sistémico que garantice que la IA funcione como palanca para el desarrollo humano y no como un acelerador de atajos cognitivos”, suma Diego López Yse, fundador de Eleva y docente e investigador en IA en la UTN.

Finalmente, Emiliano Pereiro, jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial en Ceibal, subraya que la herramienta ya se utiliza de forma masiva en las aulas. Por eso, señala, “el informe busca servir como insumo para impulsar políticas públicas que integren la inteligencia artificial con criterios pedagógicos, formación docente y resguardos éticos”.

“Y ya cayó, y ya cayó, ese hijueputa ya cayó”, coreaban a las cinco de la tarde cientos de venezolanos que se congregaron en el Obelisco para festejar la captura de Nicolás Maduro, tras la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano durante la madrugada.

“Cómo bailan las caraqueñas”, cantaba desde una esquina un hombre subido a un escenario improvisado, mientras un grupo de mujeres movía las caderas envueltas en banderas de su país. A unos metros, Erica Hernández (31) y Leonel Osorio (30) observaban la escena sin algarabía. Erica dio un trago a una botella de champagne.

“Estamos súper contentos” dijo, tras secarse la boca. “Hace 26 años que estamos esperando esto, desde Chávez hasta Maduro, pero somos escépticos”.

La pareja, oriunda de Caracas, vive desde hace siete años en Buenos Aires, adonde llegó empujada por la crisis económica. “Tristemente Estados Unidos tiene que hacer un gobierno de transición. No es correcta la intervención, pero en este caso es necesaria”, dice Leonel. Y agrega: “Las derrotas sucesivas que hemos tenido nos hacen escépticos. No sabemos qué va a pasar, pero esto tenía que terminar”.

El éxodo forzado por la crisis

La joven pareja es parte de los casi ocho millones de personas que abandonaron Venezuela en los últimos diez años, poco más del 27% de su población, cuando el país caribeño entró en una espiral inflacionaria que perdura hasta hoy. Los años de mayor inflación, según el Banco Central de Venezuela, fueron 2018, con 130.060%, y 2017, con 862,6%, mientras que en 2025 alcanzó 556%, de acuerdo con Bloomberg News.

Esta es la principal razón del éxodo venezolano, considerado el segundo mayor desplazamiento del mundo. La mayoría de quienes se fueron residen en la región: 6,7 millones en diciembre de 2024. El principal destino es Colombia (2,8 millones), seguido por Perú (1,7 millones), además de Brasil, Chile y Ecuador.

En Argentina, según el Censo 2022, habitan 161.495 personas nacidas en Venezuela sobre un total de 1,93 millones de extranjeros. Se estima que para 2024 ese número haya crecido hasta 197.395 habitantes, lo que ubica a los venezolanos solo por detrás de paraguayos y bolivianos entre las comunidades migrantes.

La vida en Argentina

María Fernanda Rojas, 36 años, administrativa, llegó a la Argentina en 2018. “Yo me vine con una valija y algo de plata que en pocos meses no valía nada”, cuenta mientras le da un sorbo a una lata de cerveza. Dice que dormía cuando la llamaron para contarle sobre la intervención estadounidense y que todavía cree que es un sueño. “Por primera vez en mucho tiempo siento que alguien de afuera está haciendo algo en serio. Acá la gente votó y el cambio llegó. En Venezuela eso no pasa, por eso muchos estamos acá hoy”.

Sentada sobre el pasto, a centímetros del asfalto, una familia emocionada intercambiaba palabras con un conductor que bajó la ventanilla para gritar: “Ahora vuélvanse a su país, vendepatrias”. El tránsito se reanudó justo cuando el hombre más robusto del grupo caminó serio hacia el auto, que arrancó mientras su conductor sacaba un dedo por la ventanilla.

En su lugar frenó otro vehículo. El conductor sonrió: era Iñaki Gutiérrez, acompañado por su novia. La familia transformó la bronca otra vez en emoción. “Es Iñaki”, repitieron varios. “Son muchas cosas para un solo día”, dijo uno de ellos. La “Pepona” intentó estacionar, pero un agente de tránsito se lo impidió. Sacó la cabeza por la ventanilla y gritó: “Viva la libertad”. “Viva la libertad”, corearon.

Trabajo, política e incertidumbre

Para las seis de la tarde, la zona del Obelisco estaba colmada y más venezolanos seguían llegando. “Estamos pidiendo para Venezuela lo que Trump está haciendo con Argentina: que intervenga, invierta y haga crecer el país”, dijo un hombre de mediana edad. A su lado, Kenders Fandiño, caraqueño de 35 años, agregó: “Lo único que pedimos es el cese de la dictadura. Y que lo haga Estados Unidos está bien”. Trabaja con una aplicación de transporte, vive desde hace diez años en Argentina y no sabe si volverá: formó familia con una jujeña. “Estamos bien”, resumió.

El derrumbe del poder adquisitivo, la pérdida de ahorros y la dolarización de hecho de la economía empujaron a millones de personas a dejar el país. Así, Argentina se convirtió en uno de los destinos del éxodo regional. En comparación con otros países, mantuvo una política de recepción relativamente abierta: la legislación migratoria garantiza el acceso a salud y educación públicas y se implementaron medidas para facilitar la regularización.

“No fue fácil, pero acá pude regularizar mis papeles, trabajar y mandar ayuda a mi familia”, dice Ana Carolina, 41 años, enfermera, que llegó en 2016. “Argentina me dio una oportunidad cuando allá no había futuro, aunque no me quiero quedar para siempre”.

La Disposición 520/2019 creó un Programa de Asistencia a Migrantes Venezolanos que permitió tramitar residencias incluso con documentación vencida. En términos laborales, distintos estudios muestran una alta tasa de inserción, aunque con precarización e informalidad.

Luis Ramírez, 39 años, oriundo de Maracay y licenciado en Administración, llegó en 2017. Primero manejó para aplicaciones; con el tiempo pudo abrir un pequeño local gastronómico. “No es fácil, pero acá se puede empezar de nuevo. En Venezuela perdimos todo. Por eso muchos miramos con atención lo que está pasando, porque queremos volver, pero a un país donde valga la pena esforzarse”.

Aunque no actúan como un bloque electoral organizado, los venezolanos en Argentina se consolidaron como un actor político visible, a través de movilizaciones vinculadas a la situación en su país y de su acercamiento a los gobiernos de Mauricio Macri primero y Javier Milei después. “Apoyamos a Milei y repudiamos el kirchnerismo, que es como el madurismo”, dijo Fandiño. “Aunque todavía no sabemos qué puede pasar”.

A las seis y media de la tarde se registró el momento de mayor clima festivo. Con música caribeña de fondo, los migrantes bailaban, bebían y cantaban alrededor del Obelisco. “Agradecemos a Milei que siempre estuvo con nosotros”, se escuchó desde el escenario. “Hoy merecemos festejar que cayó Maduro. Mañana vemos cómo sigue esto”, concluyó uno de los cientos de venezolanos presentes.

LN/MF

El ajuste en el sistema científico ya empezó a traducirse en efectos concretos que exceden a los laboratorios. Diagnósticos que no llegan, desarrollos que se frenan, controles que dejan de hacerse y tratamientos que se vuelven inviables forman parte de una misma cadena que conecta el desfinanciamiento con la vida cotidiana. “Es una catástrofe, es volver a la edad de Piedra”, advierten científicos del sector. “Toda una generación va a ser sacrificada para recomponer estos dos años de destrucción y, si esto se extiende, los efectos van a ser irreversibles”, coinciden, palabras más, palabras menos, todos los entrevistados consultados por elDiarioAR.

“La ciencia está todos los días en la sanidad de los alimentos, en el agua potable, en el transporte, en los medicamentos y en las vacunas”, explica Raquel Chan, la investigadora que lideró el desarrollo del trigo transgénico tolerante a la sequía HB4, aprobado el año pasado sin restricciones para su cultivo en Estados Unidos. Pese a ese logro de proyección internacional, señala que su equipo, si bien recibe financiamiento de “Redes de Alto Impacto”, atraviesa hoy una situación crítica porque “la ciencia no se puede hacer en forma aislada”.

En los laboratorios universitarios y del CONICET, el impacto se expresa en proyectos suspendidos o directamente paralizados. Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, describe investigaciones que no pueden avanzar por falta de insumos básicos o de recursos para pruebas indispensables.

“Desde el desarrollo de ingredientes alimentarios con antioxidantes hasta el control de calidad de medicamentos y el monitoreo ambiental de ríos, todo está paralizado”, advierte. “Sin campañas, equipos ni personal técnico, esos trabajos dejan de realizarse y sus efectos empiezan a sentirse fuera del ámbito científico. Desfinanciar la ciencia es la muerte de un país”.

La pandemia, agrega Levi, expuso hasta qué punto esas capacidades son estratégicas. “Hisopos, tests, barbijos, insumos críticos, todo eso lo desarrolló el sistema científico argentino. Nada aparece de la nada”, recuerda. “Todo lo que usamos a diario -desde análisis clínicos y vacunas hasta alimentos, telas para enfríar o transporte- fue posible porque, en algún momento, los países decidieron financiar investigación científica”.

La parálisis también alcanza áreas menos visibles pero centrales para las políticas públicas. Según Francisco Gelman Constantin, becario y delegado gremial del Conicet, sin producción de conocimiento actualizado se dañan procesos como los programas educativos focalizados o las mejoras habitacionales en territorios vulnerables, que dependen de diagnósticos locales recientes. Algo similar ocurre en la salud: investigaciones genéticas que permiten personalizar tratamientos oncológicos se realizan hoy en laboratorios al borde de detenerse por falta de reactivos y de personal. “El efecto no siempre es inmediato, pero se frena la cascada. Lo que no se investiga hoy deja de ser posible mañana”, resume.

En el campo biomédico, las consecuencias ya son directas. Jorge Geffner, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, UBA–CONICET), señala que el ajuste forzó la salida de investigadores y dejó proyectos estratégicos completamente detenidos, entre ellos estudios orientados a la cura del VIH y a tumores agresivos del sistema nervioso. Gelffner asegura que las iniciativas aprobadas sin financiamiento limitan diagnósticos tempranos y mejores decisiones terapéuticas, mientras la reducción de políticas de prevención y testeo agrava problemas sanitarios existentes. “Avances que podrían mejorar la vida de miles de personas quedan suspendidos indefinidamente”, advierte.

“Destrucción irreversible”

En 2025, el gasto real del CONICET cayó 17% interanual y acumuló una reducción del 32% respecto de 2023, según el Instituto Argentina Grande (IAG). El ajuste alcanzó también a la Agencia I+D+i, el INTI y el INTA. Las universidades nacionales lograron amortiguar parcialmente el impacto tras meses de conflicto presupuestario, aunque aun así registraron una baja real del 1,5%.

Lejos de tratarse de un proceso transitorio, distintas voces del sistema científico advierten que la pérdida de recursos ya está provocando un daño estructural. “La ciencia necesita masa crítica y una historia acumulada. Cuando eso se pierde, reconstruirlo no lleva meses ni años, sino generaciones, o incluso puede volverse irreversible”, señala Levi, integrante de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT).

Un presupuesto que consolida el ajuste

El escenario se agravó con la aprobación del Presupuesto 2026, el primero de la gestión de Javier Milei. La ley mantiene una reducción del gasto real del 2,5% interanual y deroga la garantía legal que fijaba un piso mínimo de inversión para el sistema científico (0,52% del PBI). Según Chequeado, el gasto en ciencia y tecnología caerá 10,7% en términos reales este nuevo año, consolidando el ajuste iniciado en 2024.

Para el IAG, la escasez de recursos responde también a decisiones fiscales que resignaron recaudación y luego se utilizan como argumento para justificar el recorte. Con esos ingresos, sostienen, hubiera sido posible mantener un presupuesto del CONICET equivalente al de 2023 o garantizar la continuidad de convocatorias hoy suspendidas.

Proyectos anulados y una cadena que se corta

A la poda presupuestaria se sumaron decisiones administrativas que profundizaron la incertidumbre. Las direcciones de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) del CONICET denunciaron la anulación de convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre del PICT 2023 y nuevas modalidades que excluyen áreas completas del conocimiento, en especial las ciencias básicas. Proyectos evaluados y aprobados quedaron sin financiamiento.

Los PICT son una herramienta central porque financian insumos, equipamiento, mantenimiento de laboratorios y formación de recursos humanos. “La Agencia I+D+i es el corazón del sistema científico”, explica Levi. “La ciencia no se divide entre básica y aplicada, es un continuo. Cuando se corta un eslabón, se pierde todo”.

El ajuste golpea con más fuerza en las provincias. “Hay institutos del interior que no pueden pagar un pasaje para usar equipamiento en una gran ciudad”, describe.

Salarios que no alcanzan y controles que expulsan

El deterioro también se expresa en las condiciones laborales. Según el delegado Gelman, los salarios perdieron alrededor del 40% de su poder adquisitivo real, mientras que en la Agencia I+D+i permanecen congelados desde hace casi dos años. Las becas doctorales rondan los 700 mil pesos y las posdoctorales los 950 mil, con un salario promedio apenas por encima del millón.

En ese contexto, comienzan a aparecer casos de científicos que toman otros trabajos, desde oficios hasta servicios informales. Sin embargo, el CONICET exige exclusividad laboral y, según denuncian desde el gremio, los controles se volvieron más exhaustivos. “Se cruzan datos de manera cada vez más minuciosa y se usan esas incompatibilidades como pretexto para reducir la planta”, advierte. Las sanciones incluyen la cancelación de becas y la obligación de devolver ingresos, lo que en la práctica funciona como un despido.

Laboratorios vacíos y consecuencias directas

La falta de insumos y personal implica investigaciones suspendidas con impacto directo en la sociedad. El sistema científico también participa en peritajes judiciales, control de agua y alimentos, asesoramiento legislativo y servicios tecnológicos.

En áreas como VIH, cáncer y tuberculosis, el ajuste ya dejó daños concretos. Geffner advierte que cerca del 90% de los grupos de investigación quedó sin financiamiento. Entre los proyectos paralizados hay estudios sobre cura del VIH, glioblastomas y coinfección VIH-tuberculosis. En su instituto se perderán 11 profesionales en pocos meses y el ingreso a la Carrera del Investigador se redujo en torno al 80%, dejando sin horizonte a una generación formada durante años.

En paralelo, se desmantelaron áreas estatales de prevención y testeo. En un país donde hasta el 30% de las personas con VIH no conoce su diagnóstico, la caída de campañas implica más contagios evitables, según el investigador.

El resultado del ajuste en ciencia es una “fuga creciente de talentos”, situación que los especialistas consideran como lo más “dramático”. Equipos con décadas de trabajo se desarman y se interrumpe el retorno de científicos formados en el exterior. “Cuando la masa crítica cae por debajo de cierto nivel, la reconstrucción deja de ser solo difícil y pasa a ser inviable”, alerta Levi. Y Chan concluye: “El desfinanciamiento no solo frena o anula proyectos sino que desalienta a los jóvenes a involucrarse en carreras científicas y genera las consecuencias más graves a mediano y largo plazo”.

LN/MC