Un grupo de personas sumidas en la indigencia esperaba, con algo de incredulidad, un almuerzo y un kit de elementos más seguros para consumir crack, cocaína fumable. Estaban en la Plaza Garay, en Constitución. Habían llegado antes que los organizadores y aprovecharon para acomodar las sillas y colocar la olla con guiso sobre una mesa. Luego hubo una charla sobre cuidados y, mientras recibían el kit, mostraron sus heridas. La mayoría tenía las manos y los dedos cortados e infectados, y el labio inferior caído, lleno de llagas.

“Nos preocupa que hace dos años se profundizó y extendió la situación de consumo problemático, con la cocaína fumable como la droga más extendida y dañina, entre trabajadoras sexuales, personas que quedaron sin hogar y trabajadores de la informalidad”, cuenta a elDiarioAR Georgina Orellano, secretaria de AMMAR, el sindicato de trabajadoras sexuales.

Junto a ARDA, la Asociación de Reducción de Daños, el sindicato organizó el encuentro el miércoles 23 de septiembre: una olla popular, una charla informativa y la entrega de elementos para reducir los daños asociados al consumo de cocaína fumable. Según ARDA, asistieron unas 65 personas, se repartieron más de 50 viandas, se hicieron encuestas anónimas y se entregaron 33 kits.

Uno de los jóvenes que recibió el kit llevó la cuchara completamente oxidada con la que quema virulana y fuma cocaína a diario. Perdió el trabajo y atravesó dos desalojos en el último año. Empezó a consumir hace poco, según cuentan, como último recurso en la calle, ante los operativos que lo empujan a los márgenes y le secuestran la mercadería que sale a vender.

“Los dispositivos de contención fracasan y desaparecen. Quisiéramos que nuestras compañeras y compañeros tengan casa, obra social y jubilación, pero ese horizonte está cada vez más lejos. La realidad es que cada vez más personas consumen por la crisis y no queremos más muertes de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infecciosa”, dice Orellano. “Para eso hace falta una política de reducción de daños que reconozca que es un consumo que crece cada vez más”.

Del punto de escucha al piloto

La propuesta surgió tras una experiencia fallida de un punto de escucha que funcionaba en Casa Roja –la sede de AMMAR–, donde un trabajadora social y una psicóloga, en articulación con Sedronar, atendían dos veces por semanas. Con el tiempo, las personas que asistían advirtieron que las dos profesionales no ofrecían garantías ante un problema de pobreza estructural. Eran personas sin red de contención, en un barrio donde los vecinos las denuncian y los paradores no las aceptan por su adicción.

Entonces se pusieron en contacto con ARDA. “La intervención buscó llegar a personas que ya utilizaban cocaína fumable para generar una conversación, acercarlas al sistema de salud, promover prácticas menos nocivas y evaluar si determinados insumos pueden prevenir problemas asociados al consumo”, cuenta a elDiarioAR Patricio Liddle, titular de ARDA. La Asociación consiguió, a través de una donación de Smokeworks –una organización estadounidense de reducción de daños–, una cantidad importante de pipas para el piloto.

Pipas individuales, ranchadas que se mueven

El kit incluía dos tipos de pipa: una de martillo, que no obliga a manipular virulana, y otra de tubo, para quienes la introducen. Sumaba un palito para empujar la virulana sin usar el dedo y una boquilla para cada persona, de modo que nadie comparta el contacto directo con la pipa. Las pipas son de calidad y duran hasta ocho “pipazos”. La virulana que entregaron no es tan tóxica.

“Hicimos mucho hincapié en que la pipa tiene que ser individual”, dice Orellano. Antes de recibirla, cada uno tenía que escuchar una charla de diez minutos y responder una encuesta.

Llegar hasta ellos exigió buscarlos. Unos días antes, cuenta Orellano, recorrieron la zona para ubicar las ranchadas. Conocen el territorio y a las personas, pero las ranchadas no se quedan quietas porque la policía las desplaza. Ya no están bajo la autopista. Tampoco en la plaza, que a partir de las 20 se cierra y tiene control policial. Se fueron metiendo hacia adentro del barrio, en lugares más escondidos. “Este año, incluso, pusieron rejas en la Plaza Garay”, dice. Cuando las encontraron, les adelantaron que iban a entregar pipas menos dañinas y se entusiasmaron.

Cuándo empezaron a consumir

La encuesta que realizaron en el encuentro buscaba saber cuándo había empezado cada uno a consumir. Entre los varones, el grupo mayoritario, casi todos lo vinculaban con haberse quedado sin trabajo en el último tiempo. Después no pudieron pagar más la habitación de un hotel y terminaron en la calle. Algunos intentaron inventarse un ingreso, como vender paltas, encendedores o pañuelitos descartables, y contaron que la policía les secuestra la mercadería. “Lo que aparece es la sensación de no tener ninguna posibilidad de construir un horizonte”, dice Orellano.

Otras organizaciones también leen ese aumento como un efecto de la crisis. En junio de 2026, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, dijo que “en nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones”, y lo vinculó con la caída de los salarios, el endeudamiento de las familias y el deterioro de la seguridad alimentaria de niños y adolescentes. Su informe al papa León XIV cita un estudio de 2026 de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral: el 54% de las personas en situación de calle relevadas tiene un consumo problemático y, dentro de ese grupo, el 45,3% dice que se agravó después de llegar a la calle.

También cambió lo que se fuma. El informe describe “una forma económica y altamente tóxica de cocaína fumada” y recoge voces de barrios populares: “ahora están todos con el tema de la pipa, consumidos, parecen zombis”. En Río Negro, por ejemplo, el observatorio provincial contó 3.416 atenciones entre enero y junio de 2026, y la cocaína fue la principal sustancia de consulta, con 1.183 registros. En Entre Ríos, alertaron en mayo por el avance del crack en barrios populares en medio de los retrasos en los fondos del Sedronar.

Los estudios nacionales ubican el inicio del consumo en los 13 o 14 años, pero las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) ven casos de niñas y niños de apenas 8 y 9 años, según el mismo informe. Y la red que podría contenerlos se desarma: según la UTEP, en septiembre de 2025 ya se habían cerrado más de 30 CAAC. “Lo que más se consume es el crack, que se fuma en bombillas, antenas de acero o latitas de gaseosa; es mucho más barato que cualquier otra droga, cuesta entre $8.000 y $10.000”, detalla Orellano. “A eso se le suma el Fernandito, el fernet de baja calidad, que deteriora la salud en poquísimo tiempo”.

Primera vez que se entregan pipas

“Antes ARDA había distribuido jeringas para reducir la transmisión de Sida, pero es la primera vez que entregamos pipas”, aclara Liddle. La organización, que tiene 30 años de experiencia, lo hizo a fines de los 90 en Rosario, entre personas que se inyectaban cocaína. Según Liddle, esos proyectos redujeron más del 70% la transmisión de VIH. Para la cocaína fumable cita un estudio de Vancouver, donde el acceso a pipas de vidrio pasó del 7% al 62% y bajaron las lesiones en la boca y el sobrecalentamiento de la sustancia.

Después de la jornada, cuenta Liddle, algunas personas mantuvieron contacto con los equipos de reducción de daños y otras fueron derivadas a dispositivos de salud. A ARDA le sorprendió que muchas estuvieran conformes porque era la primera vez que una organización les hablaba de drogas sin imponer la abstención ni exigir un tratamiento. Fue un piloto, dice, y “si la evidencia científica acompaña, vamos a repetirlo”.

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Después de siete horas de trabajo no remunerado en el comedor Manos Solidarias, en el Bajo Flores, a Zaira Fernández todavía le quedaba una hora más. Tenía que cargar en la app del Gobierno porteño los datos de las 550 personas que cada día se llevan una ración con menos proteínas que antes. El viernes pasado, mientras anotaba los DNI, la app se trabó y ella aprovechó para entrar a sus redes. Ahí vio la noticia: una denuncia penal investiga si parte de las casi 30 toneladas de carne compradas para la Casa Rosada y la Quinta de Olivos terminó en “Pancitos Caseros”, un catering vinculado a la familia de María Belén Agudiez, ex subsecretaria de Planificación General de la Presidencia y amiga de Karina Milei.

“A nosotros nos persiguen, nos estigmatizan y nos controlan severamente con el hambre que hay, y ellos hasta se quedan con la carne comprada con fondos públicos para un emprendimiento privado”, dice a elDiarioAR Zaira, referente de Manos Solidarias, donde cada día se preparan 1.500 meriendas y 550 almuerzos. “Nos amenazan y nos imponen una app de control obligatoria que funciona mal y nos quita el tiempo que ya no tenemos para entregar un menú cada vez más escaso y sin proteínas”, agrega. Después de trabajar de 7 a 15 en el comedor, sale a limpiar o a coser peluches para vender.

Días antes de que el INDEC confirmara un aumento de la pobreza, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Según los cálculos, se prevé un recorte real de casi 10% para Alimentar Comunidad, el programa que abastece a comedores y merenderos, que acumula una caída cercana al 50% desde 2023. En paralelo estalló el escándalo de Olivos, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El catering figura a nombre de Analía Agudiez, hermana de la exfuncionaria. El entorno de Belén Agudiez rechazó las acusaciones y la Justicia aún no decidió si avanza.

“No puedo más de la bronca”, dice a elDiarioAR Lorena Claudia Corral, referente del comedor del Centro Cultural Recreativo y Biblioteca Evita, en el barrio Zavaleta, donde trabaja desde hace 32 años. “A ellos nadie los controla, compran carne y se la llevan, mientras que a nosotros nos humillan y nos obligan a pasar los balances diariamente con una app que requiere internet y muchas veces no funciona”. En los comedores advierten que aumenta la demanda y empeora la comida. “Es todo harina, pasamos de tener un poco de pollo o cerdo semana de por medio, casi nada de queso, y carne olvídate. Pero carne hay, se la quedan ellos para el catering”, dice Lorena.

“La app desgasta y se vuelve inviable, por eso el trasfondo es tener un argumento para ajustar y recortar cada vez más, como quedó demostrado en el proyecto del presupuesto”, señala Mariano “Turco” Kritterson, responsable de la UTEP-Evita en la Ciudad. “Lo que hay detrás de todo esto es una forma más de las tantas que han empleado para desarticular a las organizaciones sociales”.

Bajo sospecha

Según la denuncia de Pagano, en Olivos la misma dependencia que decidía cuánta comida se pedía, recibía la mercadería y firmaba los remitos. A los comedores, en cambio, el Estado los puso bajo sospecha desde 2024. En mayo de ese año se supo que Capital Humano retenía unas 5.000 toneladas de alimentos en galpones. El ministerio dijo que no iba a repartirlas entre “comedores inexistentes” y se allanaron espacios del Polo Obrero y Barrios de Pie. En 2025 eliminó el registro nacional de comedores tras una auditoría de la SIGEN. Ante un pedido de informes, respondió que la auditoría que sostenía la denuncia de “comedores fantasma” no existía. Por su parte, en diciembre de 2025, la Ciudad cerró 40 comedores que calificó de “fantasma” y Jorge Macri habló de “gerentes de la pobreza”. Las organizaciones lo llaman persecución.

El control, además, se volvió digital. En abril de 2026, Capital Humano lanzó el SISOC, una plataforma que cruza con ANSES, ARCA y el RENAPER los datos de cada beneficiario y de más de 3.600 espacios comunitarios, y usa inteligencia artificial para detectar fraudes e inconsistencias. “Si hay una persona con una situación inconsistente, lo sacamos”, explicaron en la presentación. En la Ciudad, el registro es más riguroso: desde comienzos de 2026, los más de 500 comedores porteños deben cargar todos los días en una app el DNI de cada persona que retira una vianda.

Cómo funciona la app

La Ciudad presentó la aplicación como la garantía de que “cada ración queda trazada”. Cuando se entrega la última vianda, alguien toma un celular y carga los datos de cada persona que retiró comida: DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y grupo familiar. La carga cierra a las 23.59. A Zaira le lleva una hora. Lorena tuvo que destinar a un compañero solo a esa tarea, sin sueldo, porque no puede sacar a nadie de la cocina ni de la entrega: “O hacés una cosa o hacés la otra”, dice.

La aplicación depende de internet y en los barrios la señal se cae. Sin conexión, el sistema admite dos o tres cargas más y se traba. Las familias muchas veces aparecen incompletas: un grupo de siete figura con tres integrantes, o con uno solo, y hay que cargarlo otra vez. Hay gente que no sabe su número de documento, o una hija que viene a buscar la vianda y no sabe el de la madre. “Si te dicen mal el nombre, ¿qué hacés? ¿No le entregás el tupper?”, pregunta Lorena. Y si un día la carga no se completa, para el sistema esa comida no se entregó.

Cada falla puede traer una advertencia. Zaira recibió mensajes que le avisaban que no estaba completando bien la aplicación y que podían sancionar al comedor. Pidió otra forma de registrar y le contestaron que solo vale la app. Llegó a ofrecer un video diario como respaldo. Hubo comedores sancionados que se quedaron semanas sin mercadería y tuvieron que cerrar; al reabrir, quedaron bajo un seguimiento más estricto. Lorena, que entró al programa de grupos comunitarios en 1995, dice que nunca había vivido “un control así”.

Lo que más preocupa a las organizaciones es lo que pasa después con las raciones. Kritterson explica que el Gobierno porteño hace una “lectura lineal” de los datos: “Si entregó 100 raciones y la aplicación registra 85 personas, interpreta que fueron necesarias 85”. En comedores que cargaron menos personas algunos días, las raciones bajaron después. A compañeros de Lorena se las recortaron sin explicación y, cuando reclamaron, les dijeron que habían cargado menos de lo que recibían. “Para sacarlas es rápido, pero para aumentarlas no es rápido”, dice ella. Para Kritterson, la herramienta “termina funcionando como un argumento para justificar una decisión que implica entregar menos comida a quienes más la necesitan”. Hay algo que la app no registra: a quienes hacen la fila y se van sin plato porque las raciones no alcanzan.

Más fila, menos comida

Mientras crece el control, también crece la fila. En el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, 4,1 puntos más que a fines de 2025, según el INDEC. En el Bajo Flores, Zaira ve a más gente acercarse al final del reparto para preguntar si sobró comida. Quienes antes juntaban algún ingreso en la calle, cuenta, hoy consiguen menos y terminan en el comedor.

En Manos Solidarias el pollo se alterna semana por medio con cerdo, el queso llega una vez al mes y la fruta bajó de cuatro unidades a dos. Las verduras vienen tan maduras que hay que repartirlas en el día. En Zavaleta, Lorena recibe el pollo pesado por cajón, con el cartón incluido, y una caja para chicos celíacos que muchas veces trae harina. Si el yogur viene aguado, le responden que es la marca permitida. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que la Prestación Alimentar estuvo 23 meses sin aumento y que en abril cubría el 19,5% de la canasta básica alimentaria.

Para sostener el comedor, Lorena y sus compañeras venden prepizzas y hacen rifas. Nadie cobra sueldo. “También es difícil hacer una rifa porque la gente no tiene plata para comprarla. Salís a vender prepizzas y quizás te compran una vez para colaborar”, dice. Zaira cobraba los 78.000 pesos del Volver al Trabajo, que le alcanzaban para la garrafa. El programa terminó en abril. “Se va cerrando todo”, resume Lorena.

La precarización y el pluriempleo de las fuerzas de seguridad que portan en todo momento el arma reglamentaria, combinado con un discurso político que legitima el uso de la violencia y con normas cada vez más permisivas, está provocando que se naturalicen las muertes y se multipliquen los casos de gatillo fácil, según los especialistas. “Estamos ante una transformación profunda del sistema represivo y un cambio de régimen en materia de derechos y garantías”, advirtió a elDiarioAR María del Carmen Verdú, titular de Correpi.

Desde este caldo de cultivo, surgió una nueva figura que preocupa a los organismos de derechos humanos: los policías choferes de aplicaciones. “Es un fenómeno creciente y muy preocupante porque son policías saturados, con armas, que hacen tareas de transporte sin regulación”, advirtió a elDiarioAR Rodrigo Pomares, del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano aumentaron un 40% desde 2023, según el CELS. Más del 75% las causaron agentes de civil que usaron su arma reglamentaria fuera de servicio, y 16 efectivos manejaban para una aplicación: el fenómeno se multiplicó por ocho en cinco años. En 2020, los efectivos involucrados en estos hechos fueron apenas 2.

En la provincia de Buenos Aires, la CPM contabilizó 141 muertes por uso letal de la fuerza en 2025, contra 135 en 2024: una cada 60 horas. Cien de las víctimas tenían menos de 30 años. La mayoría de los casos –87– los cometieron agentes en actividad pero fuera de servicio, defendiendo bienes propios, y 17 trabajaban como choferes de aplicaciones.

El lunes 7 de septiembre, en la esquina de Abdala y Gaboto del barrio San Alberto de Isidro Casanova, un subteniente de la División Delitos Complejos de la Bonaerense, de civil, estacionó con la aplicación de viajes abierta y esperó a una pasajera. Subieron dos jóvenes. Uno tiró del freno de mano desde el asiento trasero. El otro, Santino Ramón Tabarez, que había cumplido 16 años hacía un mes, lo abordó por la ventanilla, según declaró el policía. El subteniente sacó su pistola reglamentaria, una Bersa 9 milímetros, y apuntó.

“Cuando no estoy de servicio ayudo a mi mujer a cocinar y a vender en ferias de la Ciudad, y sí, llevo mi arma, porque hay algo que se llama 'estado policial' que nos obliga a estar armados las 24 horas”, dice a elDiarioAR un policía que patrulla San Telmo y pidió reservar su identidad. “Yo voy a ferias, pero la mayoría de mis compañeros hacen Uber”.

Un sueldo que no alcanza

En el AMBA el pluriempleo en las fuerzas no es la excepción sino la norma, aunque no exista registro oficial. El salario de un ayudante de la Policía Federal es de $1.076.077 mientras que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser pobre. La diferencia se cubre con horas extra, con un segundo trabajo y con deuda: el 24,2% del personal de la Federal tiene créditos en situación irregular, según ATE Capital con datos del Banco Central. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, vinculó ese endeudamiento con los suicidios en las fuerzas federales, que según dijo crecieron un 30% en 2025, un 8% por encima del promedio del país del 22%: el mayor número de casos desde que se registran los suicidios.

El subteniente disparó cinco veces contra Tabarez. Dos balas lo alcanzaron, en la cabeza y en el pecho. El policía obligó al otro joven a pasar al asiento delantero y lo redujo. Según declaró después, intentaba comunicarse con el 911 cuando llegaron familiares y vecinos y empezaron a tirar piedras. Sacaron del auto al joven retenido y lo obligaron a llevar al herido al hospital Balestrini.

Los casos siempre tienen las mismas características, según los especialistas. Un policía sin uniforme vuelve a su casa –la mayoría vive en el conurbano– o mientras está en otro trabajo, le intentan robar y este saca el arma sin protocolo ni apoyo. Entre 2016 y 2024, según la CPM, solo el 0,5% de los hechos –seis– ocurrió con riesgo real para la vida de otra persona. La mayoría de los impactos ingresa de atrás hacia adelante y en zonas vitales, compatible con personas que huyen. El 80% de las víctimas son varones de entre 15 y 27 años. El año pasado murieron 22 menores de edad, y algunas balas alcanzaron a chicos ajenos al hecho, como el caso de Thiago Correa, el nene de 7 años que estaba a 200 metros del disparo, esperando un colectivo con su padre.

“Los policías matan y mueren más cuando están fuera de servicio. Actúan sin preparación, sin planificación, sin apoyo, y ahí hacen un uso desmedido de la fuerza”, dice a elDiarioAR Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia del CELS. “Nos convertimos en recolectores de ingreso y los policías no están exentos de eso, el problema es que tienen un arma. Hay que pensar cuántas horas puede trabajar y cuánto se le puede exigir a alguien que porta un arma”

Verdú, de Correpi, lo mide con su propio archivo: “Más de la mitad de los casos de gatillo fácil corresponden a policías fuera de servicio que utilizan su arma reglamentaria. Hoy esa proporción supera el 70% y, en la Policía de la Ciudad, el 80%. El Gobierno no solo tolera el gatillo fácil, sino que lo promueve y lo legitima institucionalmente”.

Las normas que lo habilitan

El giro normativo empezó en diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Seguridad restableció el reglamento de uso de armas que Patricia Bullrich había dictado durante el gobierno de Mauricio Macri y que Sabina Frederic derogó en 2019. La resolución 125/24 del Ministerio de Seguridad habilita a disparar ante la sola presunción de que alguien podría estar armado, incluso contra quien huye, y amplía los márgenes que fijan los estándares de Naciones Unidas incorporados a la ley de seguridad interior.

Después llegaron los decretos. El 18 de junio de 2025 el Gobierno habilitó a los civiles a comprar semiautomáticas símil fusil y subametralladoras derivadas de armas militares, hasta entonces exclusivas de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día le quitó a la ANMaC, el organismo civil que renovaba cada año la autorización, la facultad de decidir qué efectivo puede portar armas de guerra: ahora la evalúa la propia fuerza, sin plazo anual y también sobre el arma que el policía compra por su cuenta. Es lo contrario de lo que reclaman Correpi, el CELS y la CPM: prohibir la portación del arma reglamentaria fuera de servicio.

El último tramo es el pasaje de la resolución a la ley. Mendoza, por ejemplo, sancionó la ley 9.700, ya vigente, que habilita a disparar para impedir una fuga, exime al efectivo de dar la voz de alto y prohíbe sancionarlo administrativamente hasta que haya sentencia firme. “Fue un copia y pega de una resolución ministerial”, dijo la senadora Adriana Cano, que votó en contra. En el Congreso espera el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, que amplía los criterio de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber”

Morón, mientras tanto, prepara una policía comunal de 130 agentes que sale a la calle en diciembre: todos retirados que conservan el estado policial, la condición que los habilita a portar su arma personal estén o no de servicio. Como la ley bonaerense prohíbe que un municipio compre armamento letal, el arma la pone cada agente. Es la misma figura jurídica que obliga al policía a manejar armado para una aplicación, usada ahora para montar una fuerza municipal. “Nos preocupa enormemente la implementación de las patrullas municipales por fuera de la ley provincial de seguridad, que se arrogan funciones que no tienen”, advirtió Roberto Cipriano García, de la CPM.

Cómo siguen las causas

En la guardia del Balestrini, los médicos constataron que el adolescente Santino Ramón Tabarez había llegado sin signos vitales. La causa quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. Rulli no ordenó medidas restrictivas contra el subteniente y consideró en principio que actuó en legítima defensa. El expediente sigue caratulado como homicidio. La autopsia, todavía pendiente, deberá establecer la trayectoria de los disparos.

“La mayoría de las veces el sistema de justicia convalida la versión policial de los hechos, o no analiza con precisión la intervención de los policías de cara a los principios de uso de la fuerza”, dice Darraidou. Entre 2018 y 2024, según la CPM, las causas por violencia institucional fueron el 0,4% de las investigaciones iniciadas en la provincia. De casi 23.000 presuntos autores, 656 quedaron formalmente imputados: el 3%. Nueve de cada diez causas terminadas se archivaron o se desestimaron y solo el 4% llegó a juicio oral. 

“Los casos posteriores a diciembre de 2023 son más difíciles de llevar a juicio”, dice Verdú, “porque el Poder Judicial empieza a adoptar la misma política represiva que impulsa el Ejecutivo”.

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Durante años, a la oficina de la Defensoría de la Tercera Edad que creó Eugenio Semino llegaban personas para asesorarse sobre cómo acceder a la jubilación. Pero las consultas cambiaron. Ahora, quienes están por cumplir 65 años preguntan cómo hacer para no jubilarse. “¿Cómo sigo trabajando?”, pregunta la gente mayor. El fenómeno comenzó hace dos años y, advierten, sus efectos sobre la salud física y mental son cada vez más preocupantes. “La oficina cambió de función porque todos saben que jubilarse, hoy, es caer en la indigencia”, dice Semino.

“Llego a mi casa totalmente estresado de la calle, con dolor en el estómago y las articulaciones de tanto estar sentado. Nunca pensé pasar mis últimos años así”, cuenta a elDiarioAR Jorge “Cacho” Smokvina, jubilado de 74 años. Seis días a la semana trabaja unas ocho horas como conductor de Uber y DiDi, en un auto que compró con todos sus ahorros para poder seguir trabajando.

Hace unas semanas, dos hechos expusieron crudamente algunas de las situaciones que atraviesan los adultos mayores. Un taxista de 80 años se quedó dormido mientras manejaba en San Telmo y chocó contra una columna de una estación de servicio. Trabajaba entre las 22 y las 6. Días después, en Cipolletti, la Justicia investigó como un pacto suicida la muerte de Jorge Horacio Ortiz, de 75 años. Su esposa, Mabel Ester Marx, sobrevivió. Ambos cobraban jubilaciones mínimas y destinaban casi todo el ingreso al alquiler. Pagaban $600.000 por un departamento cuya renovación superaba el millón de pesos y exigía tres millones por adelantado. Dejaron una carta en la que explicaban que no podían afrontar el costo.

Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), presentado a fines de agosto, el malestar psicológico en personas de 65 años pasó del 19,5% en 2017-2019 al 34% en 2024-2025. Entre quienes integran el estrato socioeconómico más bajo alcanza al 51,8%. El mismo relevamiento indica que el 46% de los hogares con personas mayores declaró ingresos insuficientes y que el 35,2% debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos, el valor más alto de toda la serie.

“Es impresionante la cantidad de amputaciones que estamos teniendo por falta de seguimiento de la diabetes”, dijo Semino. En los hogares más pobres, ese porcentaje trepa al 55%. “Hay gente que nos está marcando un rojo en este semáforo de observación de la población”, explicó Solange Rodríguez Espínola, que coordinó el estudio.

El otro dato del fenómeno aparece en el mercado laboral. A fines de 2025, 686.160 personas de 65 años o más trabajaban en los 31 principales aglomerados urbanos, un 32,6% más que en 2016, frente al 17,8% del empleo general. La tasa de actividad llegó al 18,9%. Pero también empeoraron las condiciones laborales. El 48,1% trabaja por cuenta propia y la informalidad entre los asalariados mayores de 65 años trepó del 47% al 55,7%. En un año, los mayores de 66 con empleo desprotegido pasaron de 19.700 a 42.000, según el Instituto Argentina Grande.

“Ahora tengo un emprendimien...”, dice a elDiarioAR Nancy Yulán, que se jubiló como bibliotecaria y docente en Letras, y se detiene. “No me gusta llamarlo emprendimiento. Yo no soy emprendedora, soy trabajadora. Pero no me quedó otra. No puedo seguir mangueando a mi familia para el alquiler así que empecé a recorrer librerías de libros usados y me puse un puesto”, cuenta. Nancy es una de las personalidades más combativas de los jubilados en el Congreso que reclaman al Gobierno nacional. “Cada vez se complica más ir los miércoles porque todos estamos endeudados y tenemos que salir a trabajar o vender en la calle”, dice.

Nancy tuvo que armar un puesto de libros en Villa Luro para poder pagar el alquiler.

“Sí o sí tengo que salir a hacer de chofer todos los días para pagarme el techo, no me queda otra. No sé qué voy a hacer cuando se me rompa el auto. Intento no pensar en eso”, retoma Cacho Smokvina.

“Empecé bien, me volvía con guita fresca, pero ya no”, cuenta. “El libro es lo último”. Otros jubilados, agrega, van a Once, compran mercadería y la revenden. “Todos los jubilados que nos manifestamos los miércoles estamos revendiendo cosas”.

“Tengo una relación perversa con el Uber”, dice a elDiarioAR Osvaldo Paloma, otro jubilado que trabaja de conductor. Cada mañana, mientras maneja, sintoniza Blackie, una radio de jazz que lo ayuda a “relajarse” y “pensar en otra cosa”. “El auto me da plata para los remedios y, al mismo tiempo, estar acá sentado tanto tiempo me quita salud, años de vida”.

Una jubilación que no alcanza

En septiembre, la jubilación mínima quedó en $428.633 y el bono se mantiene en $70.000 desde marzo de 2024. La canasta que calcula la propia Defensoría, que incluye farmacia, comida, vivienda y limpieza, llegó en marzo a $1.824.682. El haber mínimo cubre poco más de una cuarta parte de ese costo.

“Saben que la tasa de sustitución en Argentina es muy baja, ronda el 50%. Entonces, antes de llegar a los 65, empieza a buscar trabajo”, explica Semino a elDiarioAR. En la Defensoría atienden entre 200 y 400 casos por día. Según Semino, muchos de quienes consiguen trabajo lo hacen en negro y en condiciones precarias.

“Donde vivo, en la zona de Mataderos, los remises que cruzan entre Capital y provincia son manejados durante la noche por personas de 70, 80 y hasta 90 años, muchas veces con vehículos en pésimo estado. También trabajan como serenos nocturnos y en seguridad. Son tareas crueles y peligrosas para una persona mayor”, describe.

El problema también alcanza a los derechos laborales. “El viejo muchas veces no demanda ni inicia un juicio laboral porque necesita conservar ese ingreso”, sostiene. “Sigue siendo bueno trabajar a cualquier edad”, dice Semino. “Pero el que trabaja por necesidad, pierde por obligación”.

El costo sobre el cuerpo y la mente

En la Facultad de Psicología de la UBA, otra oficina hizo un movimiento similar al de la Defensoría. Hasta febrero, Paula Hermida dirigía el Programa de Preparación para la Jubilación. Desde marzo, el programa se llama “Trabajo y envejecimiento: cambios en la identidad laboral”. Cambió el nombre porque también cambió el perfil de quienes llegan.

“Cuando empecé mi tesis doctoral, en 2009, el perfil de las personas jubiladas que entrevistaba era el de propietarios de sus viviendas”, cuenta a elDiarioAR Hermida, investigadora del CONICET. “Hoy encontramos muchas personas que llegan a la jubilación sin ser propietarias y tienen que seguir pagando un alquiler con ingresos mucho menores”.

Su equipo dejó de estudiar la salida del mercado laboral y comenzó a analizar la permanencia. A fines de 2025 relevaron a 125 trabajadores del Área Metropolitana, con una edad promedio de 65 años. Los resultados son preliminares, pero muestran inseguridad sobre la estabilidad laboral, problemas con los superiores y, sobre todo, una percepción de trato injusto.

Cacho dejó de ir al cine, dejó de comer carne y compra las marcas más baratas. Lo que no puede resignar es el ahorro para una eventual reparación del auto. “Estoy obligado a tener un ahorro. Si llega a romperse el coche, ¿yo qué hago?”.

“En este momento de la vida nosotros tendríamos que estar contenidos socialmente, tendríamos que estar en una etapa de jubileo”, dice. Y agrega: “La jubilación es el jubileo, disfrutar los últimos años de la vida. Y, sin embargo, tenemos que hacer otro esfuerzo”.

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“Cuánto es 8 por 2”, preguntó finalmente Adriana González a sus alumnos de 14 años de un colegio público de La Plata, después de intentar sin éxito una ecuación y un problema matemático básico. Los adolescentes hablaban entre sí, cambiaban de banco, jugaban a la pelota, se maquillaban, se teñían el pelo o la miraban incrédulos. Al día siguiente se conocerían los resultados de PISA, con Argentina entre los peores países de la región, sobre todo en matemática. Para Adriana, docente desde hace dos décadas, no sería una sorpresa: “Lo vivimos hace años, todos los días”. Escribió entonces “ocho por dos” en el pizarrón y volvió a preguntar, esta vez a un adolescente que tenía dificultades para avanzar y la miraba desde su banco.

“El problema con matemática es doble, porque primero los chicos no comprenden los textos y, en simultáneo, no retienen los conocimientos básicos. Si multiplicar les cuesta, dividir es más difícil; por ejemplo 32 dividido 2 pocos pueden resolverlo rápidamente”, explica a elDiarioAR Adriana González, docente en dos colegios de La Plata a los que asisten chicos y chicas de ingresos medios y bajos. “En segundo año tenemos chicos que todavía no leen”, señala, y agrega que algunos solo escriben en imprenta mayúscula y no pueden leer letra cursiva. Según los resultados PISA que cita, el 76% no alcanza los conocimientos básicos en matemática y el 60% no logra los resultados esperados en interpretación de textos. “La dificultad aparece cuando deben resolver solos, porque en clase el docente los ayuda a interpretar porque solos no pueden”, explica.

En segundo año tenemos chicos que todavía no leen

Adriana González — Docente en La Plata

Argentina obtuvo en PISA 2025 su peor resultado en matemática desde que participa, con 367 puntos, y los peores desde 2006 en lectura (389) y ciencias (393). El deterioro en matemática es sostenido desde 2009 y solo el 24% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo, frente al 36% en 2006 y al 65% del promedio de la OCDE. El 76% no puede resolver una proporción ni calcular un promedio y Argentina quedó 75° entre 91 sistemas. En América Latina terminó octava entre 13, detrás de Uruguay (405), Chile (403), México (388), Costa Rica (387), Perú (382), Colombia (381) y Brasil (377), mientras Uruguay logró su mejor marca histórica en Ciencias (445) y fue el único país sudamericano que la OCDE ubicó entre los que mejoraron.

Veinte años de meseta

Argentina obtuvo en PISA 2025 entre 11 y 13 puntos menos que en 2022. La serie histórica muestra una caída sostenida. La proporción de alumnos que alcanza el nivel mínimo en matemática cayó del 36% en 2006 al 31% en 2018, 27% en 2022 y 24% ahora. “Si miramos los resultados de los últimos 20 años, lo que encontramos es más un estancamiento en niveles bajos que un deterioro profundo”, explica a elDiarioAR Cecilia Veleda, socióloga de la educación e investigadora principal de CIPPEC.

El 76% de los chicos de 15 años no alcanza ese piso y el país quedó 75° entre 91 sistemas, octavo en la región. “Significa que un estudiante de 15 años no está pudiendo resolver problemas adaptados para su edad: una regla de tres, despejar una X, calcular un promedio”, señala Martín Nistal, de Argentinos por la Educación, en comunicación con elDiarioAR.

Veleda, que dirigió el Instituto Nacional de Formación Docente entre 2015 y 2019, ubica el núcleo en la docencia: hay 31 institutos de formación por millón de habitantes, contra cuatro a seis en el resto de la región. “Es indudable que la cantidad atenta contra la calidad”, dice.

Un estudiante de 15 años no está pudiendo resolver problemas adaptados para su edad: una regla de tres, despejar una X, calcular un promedio

Martín Nistal — Argentinos por la Educación

El salario es la otra mitad. Según el economista Alejandro Morduchowicz, en 2025 los docentes ganaban en términos reales menos que en 2005, cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo para mejorar sus ingresos. Adriana González, profesora de Matemática en dos colegios de La Plata, trabaja 45 horas y media semanales, entre secundaria y educación superior, con jornadas que llegan de 7.30 a 21.30. “Si tuviera más horas en el día, trabajaría más para llegar bien a fin de mes”, dice. Daniel Filmus, exministro de Educación, describe el mismo escenario. “Hoy están teniendo dos o tres trabajos. Tienen que hacer otra cosa porque no les alcanza con la tarea docente”, sostuvo en declaraciones al programa QR.

Para Veleda, mientras no mejore la situación de la docencia, “por más inyección de recursos, libros o computadoras que haya, no va a haber manera de mejorar los resultados”. El otro factor es la inclusión sin aprendizajes: “Se logró que haya más chicos dentro del sistema, pero no se logró hacerlo con conocimientos”, resume Nistal. Filmus lo admitió: “Hubo algún momento en que se pensó que la incorporación de más chicos a la escuela pasaba por exigir menos”.

Si miramos los resultados de los últimos 20 años, lo que encontramos es más un estancamiento en niveles bajos que un deterioro profundo

Cecilia Veleda — Socióloga de la educación e investigadora principal de CIPPEC

Como repartir 24 alfajores

El lunes pasado, Adriana entró al aula y volvió a escribir conceptos ya trabajados en el pizarrón porque, explica, “no hay retención del material y no se puede avanzar”. Después planteó un problema sencillo y dividió la pizarra en dos. Al recorrer los bancos, observó que algunos copiaban de sus compañeros en imprenta mayúscula lo que habían tomado de la profesora, porque no entendían la letra cursiva. Otros habían reproducido el pizarrón como una foto en la hoja. “No hace falta que dividas la hoja como yo divido la pizarra”, tuvo que aclararles. “Recién cuando se te termina el renglón, vas al renglón de abajo”.

“Es muy grave lo que está pasando”, dice Adriana. Desde que empezó a dar clases en 2007, explica, cada año encuentra menores conocimientos. “A partir de 2017 empezó a ser mucho más grave, y tras la pandemia se hizo irremontable”, señala. La falta de retención obliga a volver constantemente sobre contenidos ya vistos: “Das algo y a los dos días ya se olvidan. Vemos contenido que debería darse a alumnos de 4 o 5 años más chicos”.

El problema planteado en el pizarrón pedía repartir 24 minialfajores en paquetes con la misma cantidad, sin venderlos sueltos ni todos juntos. “De los 34 alumnos del curso, entre cuatro y cinco resuelven solos un ejercicio así”, cuenta Adriana. Ese día no lo resolvió ninguno. Para la docente, la dificultad no está solo en quienes tienen problemas con matemática, sino en que “el resto del curso se descontrola”, lo que impide dedicar tiempo a quienes más lo necesitan. Puede hacerse un acta, explica, pero “nunca tienen consecuencias entonces no tiene sentido”.

Adriana bajó la exigencia a la tabla del 2. Cuánto es 8 por 2, le preguntó al adolescente que la miraba desde el banco. El chico no sabía. Adriana le explicó que era el doble de 8 y le preguntó cuánto era el doble de 8. Tampoco pudo responder. Le propuso entonces sumar 8 más 8 y el chico escribió la cuenta en la hoja para poder resolverla. Tenía las tablas anotadas. Buscó, encontró que 8 por 2 era 16 y volvió a la suma. Cuánto es 8 más 8, repitió Adriana. El chico todavía dudaba.

La cuenta que no cierra

A ese deterioro se le sumaron dos años y medio de ajuste. El presupuesto educativo nacional cayó cerca del 45% respecto de 2023 y toca el 0,75% del PBI, la mitad que hace una década. En las provincias, que aportan tres de cada cuatro pesos del gasto, cerca del 90% del presupuesto son salarios. “Cuando hablamos del impacto de los ajustes, principalmente estamos hablando de ajustes en los salarios”, explica Nistal.

El Ministerio de Capital Humano atribuyó el resultado a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas” y exhibió como política de fondo el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática. Pero el primero se aprobó en mayo de 2024 y pone el foco en el primer ciclo de la primaria; el segundo se firmó en marzo de 2026 y arranca en cuarto grado y el ciclo básico de la secundaria. Los chicos que rindieron PISA tenían 14 años cuando se aprobó el primero y ya cursaban los últimos años de la secundaria cuando se firmó el segundo.

El plan de alfabetización recibe $580.852 millones este año, pero el 82,1% paga la extensión de la jornada escolar, aprobada en 2022, y la formación docente cae 25,2% en términos nominales. Además, en mayo, horas antes de la marcha universitaria, el Gobierno le quitó $35.288 millones. A dos años de creado, no tiene medición de impacto. “Tengo la sensación de que la educación no genera rédito político inmediato y por eso no se le pone el esfuerzo necesario”, resume Adriana. “Muchas veces los docentes tenemos la sensación de que no logramos nada, de que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo”.

Los resultados muestran que las desventajas sociales no tienen por qué definir el destino educativo de los estudiantes. Algunos países lograron avances notables a pesar de partir de situaciones especialmente difíciles

Andreas Schleicher — Director de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE

Esta semana, luego de conocidos los resultados de PISA 2025, expertos de América Latina debatieron en un ecuentro Organizado por Argentinos por la Educación y la Fundación Varkey. Allí, una de las participantes fue Andreas Schleicher, director de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, quien aseguró: “Los resultados muestran que las desventajas sociales no tienen por qué definir el destino educativo de los estudiantes. Algunos países lograron avances notables a pesar de partir de situaciones especialmente difíciles. Esto demuestra que los sistemas educativos pueden encontrar formas de desarrollar el talento de los estudiantes más desfavorecidos”.

Schleicher explicó también como no alcanza con culpar a la pandemia para entender los resultados PISA: “La caída de los resultados comenzó antes de la pandemia y continuó después, por lo que el COVID-19 no alcanza para explicar esta tendencia. El uso de dispositivos digitales puede ofrecer una explicación más convincente, al menos en parte. En países como Argentina y Uruguay, gran parte de los estudiantes señala que ya no puede concentrarse porque alguien en su clase está usando un teléfono celular”.

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La Ciudad de Buenos Aires pondrá en funcionamiento en noviembre la T1 del TramBus, un corredor de 20 kilómetros que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante carriles exclusivos y unidades eléctricas sobre neumáticos. El proyecto contempla 71 paradores y un presupuesto informado por la Ciudad de alrededor de US$61 millones, que incluye infraestructura, señalización, vehículos eléctricos y cargadores.

El sistema es presentado por el Gobierno porteño como una alternativa para mejorar la velocidad y la calidad del transporte público en superficie. Pero el proyecto también recibió críticas vinculadas con su costo a largo plazo, la vida útil de las unidades y su capacidad para absorber la demanda prevista.

La T1 está proyectada para transportar unos 50.000 pasajeros diarios. Para Gabriel Schraiber, politólogo especializado en transporte y desarrollo urbano, el problema aparece al comparar esa capacidad con la de otros modos de transporte. “Estamos intentando que los colectivos cumplan el rol que debería tener un tranvía o un subte, es decir, ser la columna vertebral del transporte público”, sostiene.

La discusión por el costo

Uno de los cuestionamientos apunta a que el presupuesto de implementación no representa necesariamente el costo total del sistema durante su vida útil. Schraiber calcula el costo de la T1 a 50 años y estima que podría alcanzar los US$350 millones por traza.

Su cálculo incorpora el reemplazo de las unidades y de las baterías, además del mantenimiento de la infraestructura. “El colectivo, eléctrico o no, tiene una vida útil máxima de diez años según la normativa vigente de la Ciudad. En 50 años hay que reemplazarlos al menos cinco veces”, plantea.

También considera que las baterías de litio tienen una duración aproximada de cinco años y suma los gastos de mantenimiento del asfalto y los paradores. Con ese cálculo, sostiene que la inversión acumulada podría acercarse al costo de extender algunas líneas de subte.

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, realizó una estimación a 40 años, tomando como referencia la vida útil de un tranvía. Calcula un costo de US$500 millones para la T1, de los cuales, según su estimación, US$288 millones corresponderían a la renovación de la flota.

Ferraro sostiene que la diferencia económica con un tranvía se reduce cuando se considera el reemplazo periódico de los colectivos. Según un rango que atribuye al Centro de Estudios Metropolitanos, un tranvía para un recorrido equivalente costaría entre US$590 millones y US$890 millones.

La capacidad, otro punto de discusión

El otro cuestionamiento se refiere a la cantidad de pasajeros que puede transportar cada unidad. La Resolución 97/SECT/25 establece una capacidad de entre 70 y 85 pasajeros para los vehículos de 12 metros, mientras que los colectivos articulados de 18 metros anunciados para el sistema pueden transportar hasta 120 personas.

La diferencia se vuelve más significativa cuando se compara con otros modos de transporte. Un tranvía puede transportar entre 250 y 300 pasajeros por formación, mientras que un subte puede alcanzar una capacidad de hasta 750 pasajeros.

“Los usuarios van a poder viajar en un colectivo más silencioso, sí, pero bajo ningún punto de vista esto es un tram o tranvía”, sostiene Ferraro.

La discusión no se limita a la capacidad de cada vehículo, sino que también involucra el papel que el nuevo sistema tendrá dentro de la red. La T1 fue diseñada para transportar unos 50.000 pasajeros diarios, mientras que los modos de mayor capacidad permiten concentrar un volumen considerablemente mayor de usuarios por formación.

Qué responde el Gobierno porteño

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, rechaza que el TramBus deba evaluarse como una alternativa al subte o al tranvía. “El TramBus no fue planificado para competir o reemplazar otros modos de transporte”, sostiene consultado por elDiarioAR. Para el funcionario, una red de transporte eficiente requiere combinar distintas tecnologías según las características de cada recorrido.

“Las grandes ciudades del mundo combinan subtes, trenes, tranvías y sistemas de buses de alta capacidad porque ningún modo, por sí solo, puede resolver todas las demandas de movilidad”, explica.

Bereciartua también defiende el proyecto frente a la comparación con el subte. Extender la red subterránea, señala, requiere inversiones mucho mayores, varios años de ejecución y niveles de demanda que no siempre justifican una obra de esa magnitud.

Respecto del tranvía, sostiene que el TramBus ofrece prestaciones similares en velocidad comercial, accesibilidad y capacidad, pero con “mayor flexibilidad operativa y un costo de implementación considerablemente menor”. Como referencia, menciona sistemas de este tipo utilizados en ciudades como París, Barcelona, Madrid y Londres.

El ministro también rechaza que la decisión implique postergar la expansión del subte. La línea F continúa en proceso de licitación, con la apertura prevista para el 2 de octubre y el inicio de las obras proyectado para el verano de 2027.

“No se trata de elegir entre una obra u otra, sino de construir un sistema integrado donde cada inversión cumpla el rol para el que es más efectiva”, sostiene Bereciartua.

Si escuchás palabras como “soltar”, “sanar” o “atraer abundancia”, tocá tu bolsillo. Podés estar siendo víctima de estafa y abuso psicológico, advierten los profesionales. Alimentadas por la crisis socioeconómica y la extendida consigna del “amor propio”, crecen las terapias alternativas en medio de una emergencia en salud mental sin precedentes. Los guías espirituales ofrecen soluciones rápidas para problemas complejos que ignoran y están ocasionando severos daños psíquicos en pacientes que mejoran un tiempo y vuelven a caer, o desarrollan cuadros psicóticos.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Plata contó a elDiarioAR el caso de una paciente con un cuadro de depresión “delicado” que llegó recientemente a la institución en busca de ayuda. Ana Inés –nombre ficticio para preservar su identidad– es una abogada platense de mediana edad que comenzó a deteriorarse después de dos años de tratamiento “alternativo”. Había llegado a una “psicóloga social” por recomendación de una amiga, que le había prometido resultados rápidos, una propuesta atractiva frente a tratamientos convencionales que pueden ser largos y costosos. Cada vez que faltaba a una sesión, la terapeuta apelaba a la culpa para convencerla de que continuara pagando. Cuando Ana Inés le contó su episodio más grave —un abuso intrafamiliar—, la terapeuta le indicó que cortara el vínculo con toda su familia. Con el tiempo, quedó aislada de su entorno y llegó a la institución atravesando un cuadro depresivo severo.

“Hemos visto casos de personas que se separan de sus parejas, pierden trabajos, se alejan de sus familiares o llegan a situaciones extremas difíciles de reparar”, dijo a elDiarioAR Andrés Di Prinzio, presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito XI, con sede en La Plata. Llegan a estos casos por denuncias de los afectados y por un rastreo que empezó a arrojar páginas web donde personas sin título se presentan como psicólogos, con matrículas inventadas. El punto de inflexión, señala, fue la pandemia.

Pero ahora, con la emergencia en salud mental, crisis socioeconómica y la poca disponibilidad de psicólogos, el aumento de casos, advierten, es exponencial. “La gente entonces termina yendo al primero que se le ocurre, al primer pseudo-terapeuta por ahí”, advirtió al diario Río Negro Guido Beltrami, presidente del Colegio de Psicólogos de la Zona Andina de Río Negro.

Rápido, caro y sin garantía

Si bien no hay un registro de quienes ofrecen estas terapias alternativas, sí está medido el hueco por el que crecen. Las internaciones por salud mental en el sistema público subieron 42% desde 2023 y las consultas ambulatorias 23% en el último año, según el 2º Informe Federal de Salud Mental que coordinó la Universidad Nacional de Lanús y se presentó en el Senado el 28 de agosto. El estudio fue realizado sobre 14 jurisdicciones donde vive el 70% del país.

Además, la mitad de las personas que hoy no están en tratamiento dice que lo necesita, y el 43,44% señala lo económico como principal obstáculo, según el relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA. Enfrente espera una oferta instalada a fuerza de marketing, que tampoco es barata –una sesión de registros akáshicos o una constelación individual arrancan en 65.000 pesos y trepan hasta 133.000, más del doble que el arancel mínimo sugerido para una consulta con matrícula, fijado en 29.940 pesos– pero que ofrece resultados inmediatos.

Todas buscan aliviar rápido y la mayoría termina en “culpabilizar al sujeto de ese sufrimiento y hacerlo responsable”, explicó Ana Clara Cañabate, presidenta del Colegio de Psicólogos de Alto Valle Este. “Se funda en la lógica de que hay que tener voluntad para encontrar la salida por sí mismo. Somos seres sociales y necesitamos un sostén”, advirtió. El alivio, además, dura poco porque toman solo el sesgo de la sugestión, y “nadie está más ávido de que lo sugestionen que quien está sufriendo”, señala Di Prinzio.

Hace años que estas prácticas dejaron de ser marginales. Siete de cada diez argentinos hicieron al menos una durante el último año —reiki, registros akáshicos, limpieza energética del hogar con sahumerios, carta astral—, contra cinco de cada diez en 2022, según un estudio de la consultora Voices!. Quienes ya las hacían pasaron de combinar dos a tres. El antropólogo del Conicet Nicolás Viotti las ubica dentro de un mismo movimiento. Explica que la astrología, el tarot y “el amplio y complejo mundo postpsicológico” delimitan “una zona de la cultura contemporánea que está reconfigurando las separaciones convencionales entre cuerpo, mente y espíritu”, escribió en Nueva Sociedad. El antropólogo observa un hecho social con “revelevancia social abrumadora”, aunque las miradas convencionales quieran encontrar “solo una colección de prácticas dispersas, pseudociencias, eclecticismo o una religiosidad soft”.

El problema, sin embargo, no es la práctica sino quién la ejerce. Hay psicólogos matriculados que usan la meditación o la respiración, aclaró Di Prinzio. “Pero no es lo mismo que lo implemente una persona que no cuenta con un marco regulatorio. Estas terapias no tienen ni colegio ni marco”. Sin código de ética ni secreto profesional, tampoco hay dónde reclamar. “Alguien puede convencer a una persona de que transfiera una propiedad porque así se va a curar”, ejemplificó.

La ley protege el título, no la práctica

Presentarse como psicólogo sin serlo es un delito penal, pero la palabra “terapeuta” no está reservada a nadie. “La oferta es confusa porque se utiliza la palabra terapeuta o psicólogo espiritual, psicólogo social, y no es verdaderamente un profesional habilitado”, explicó Beltrami. Para formarse como constelador, según la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, no hacen falta requisitos académicos previos, ni siquiera el secundario. Argentina tampoco tiene ley de terapias complementarias: se presentaron tres proyectos desde 2018 y ninguno se votó.

Por eso, cuando llegan a la Justicia, estos casos llegan con otro nombre. En Mercedes, Corrientes, un allanamiento por ejercicio ilegal de la psicología terminó en junio con tres años de prisión en suspenso. “Basta con presentarse públicamente como profesional de la salud sin contar con la debida titulación”, explicó el fiscal Adrián Casarrubia. En Santa Fe imputaron a una falsa psicóloga que atendía desde 2019 con un diploma apócrifo. En Esquel, el Colegio de Chubut denunció a una mujer que atendió al menos a diecisiete pacientes en un centro de terapias alternativas. Decía tener un curso en Psicología Corporal. “Nada tiene que ver con la disciplina de la psicología, pero tiende a confundir”, señaló el procurador Ismael Cerda.

A su vez, el Estado está bajando drásticamente el presupuesto en Salud Mental. La ley obliga a destinar el 10% de la cartera de Salud y este año la inversión llega al 1,42%, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. La única línea del Ministerio de Salud destinada a implementar esa ley quedó con 48 millones de pesos, un 91,6% menos que en 2025. Autoridades de catorce provincias advirtieron en el Senado que debieron “asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con apoyo de Nación”. La reforma que el Gobierno impulsa allí elimina el piso del 10%.

La pareja de Ana Inés la convenció de abandonar las sesiones con la “psicóloga social”. Ella llegó al Colegio para preguntar si las constelaciones familiares eran una práctica de la psicología, pidió una entrevista presencial y ahí contó los dos años completos, el aislamiento, la culpa. Llegó muy deteriorada en su salud mental.

El Colegio no pudo hacer mucho. La mujer que la atendía trabajaba de manera virtual. Le ofrecieron contención, un profesional matriculado y asesoramiento jurídico para ir a la Justicia. “No podemos obligarla. Es una persona adulta y tiene que decidir hacerlo”, dijo Di Prinzio.

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“El que mejor se encuentra, solo está endeudado”, dice T., un vecino de La Carbonilla, parado entre altas y precarias construcciones que quedaron a medio terminar. Delante hay un estacionamiento que funciona como cancha de fútbol, mientras se desarrolla el entrenamiento por donde pasan autos y motos, vecinos, vendedores y mormones yankies que comen mandarinas e interrumpen la práctica. “El que menos, está endeudado”, insiste T., abriendo los ojos, recurriendo a la elipsis para explicar la compleja y laberíntica trama en la que muchos vecinos están atrapados.

La devaluación del 50% de 2023, la eliminación de programas como Volver al Trabajo y los operativos policiales que prohíben la venta y secuestran mercadería hicieron que las familias de las villas perdieran ingresos y entraran en un circuito de endeudamiento múltiple. Primero se recurre a billeteras virtuales; cuando esa vía se agota, se desinstala la aplicación y la deuda pasa al interior del barrio, a prestamistas y redes vinculadas al dinero que mueve el narco.

La deuda es de subsistencia; para darle de comer a los hijos y para conseguir algo que permita trabajar. Es común que alguien pida $20.000 para comprar alfajores y salir a vender al subte. En tres días tendrá que devolver $30.000. Pero si en un operativo –situación que ocurre con frecuencia, según vecinos– le secuestran la mercadería –caja de alfajores, paltas– o su herramienta –parrilla, carro–, se queda sin trabajar y conserva la deuda con el prestamista.

“Lo que se observa es un circuito en el que parte del dinero proveniente del narco, que no puede ingresar al sistema financiero formal, termina colocado en préstamos dentro del barrio. El préstamo aparece así también como una forma de mover o blanquear ese dinero”, advierte Rodrigo Karasik, presidente de la ONG Tejiendo el Barrio.

El negocio creció hasta volverse un mecanismo más de la economía de la zona, y llega a un límite cuando las familias ya no tienen qué vender. Entonces aparece un fenómeno reciente: empiezan a entregar el espacio aéreo de sus casas. En barrios populares, construir hacia arriba es la única posibilidad de crecimiento; tener otra habitación para que los hijos dejen de dormir hacinados. “Ahora, esa posibilidad está siendo cedida al prestamista vinculado con el narco”, avisa Karasik.

Los casos, la usura y la violencia

Cecilia (reservamos su identidad) tiene 52 años, vive en La Carbonilla, vende comida por encargo y coordina las entregas por Whatsapp. Su herramienta de trabajo es el celular. Uno de sus hijos, que atraviesa una situación de consumo problemático, le vendió el teléfono. Para seguir trabajando tuvo que endeudarse y comprar otro. Ya se había desinstalado todas las billeteras virtuales, así que el préstamo se lo dio una estructura vinculada al narcomenudeo, con tasas imposibles de afrontar.

Según un relevamiento de Tejiendo el Barrio, el costo anual del crédito bancario arranca en el 74% y en las billeteras virtuales llega al 1.376%. Los prestamistas barriales cobran 40% por mes: un costo efectivo anual del 5.569%. Sobre un préstamo de $100.000 a un año, en el banco más barato se devuelven $174.000. Con el prestamista de la cuadra, $5.670.000.

Al no poder devolver el dinero, Cecilia empezó a recibir presiones y amenazas. La deuda se resolvió recientemente, cuando la mujer cedió a los prestamistas la parte superior de su vivienda, un espacio que iba a ser destinado para descomprimir la situación de hacinamiento de la familia. Actualmente viven 8 personas en una sola habitación.

También está el caso de Yohana, una mujer de 40 años que vive en el Playón, una villa en Chacarita, y vende comida en la calle. Se endeudó para comprar insumos y hace unas semanas la policía la detuvo y le secuestró la mercadería. Pidió otro préstamo para pagar el anterior y volver a cocinar. Tras múltiples amenazas, entregó parte de su vivienda y su espacio aéreo.

“Se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos y tiros en las piernas por deudas de dinero”, confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Cuando tenés una deuda formal, pasás a las billeteras virtuales y después a los prestamistas, entonces aparecen personas vinculadas al narcomenudeo que están prestando plata y buscan sacarles las casas a familias que pidieron un millón de pesos y en cinco meses tienen que devolver 25 millones”, advirtió. Según los últimos datos oficiales del Ministerio, los hechos se duplicaron en un año, pasando de 132 casos mensuales durante 2025 a 252 entre enero-marzo 2026.

Son los casos registrados. Hay otro universo, el de quienes eligen no denunciar. “El tema del endeudamiento es algo de lo que no se habla mucho acá, es un asunto del que se elige callar”, cuenta Manon Laugier, presidenta de la Asociación de Fomento Vecina de Villa Miraflores, en el Bajo Flores. “Se ve gente todo el tiempo yendo de un lado a otro buscando comida. Acá, en el barrio, por ejemplo, la única proteína que se consume es la alita de pollo”.

Una encuesta de agosto del Instituto Periferias a más de 5.000 personas de barrios populares de todo el país arrojó que el 60% está endeudado y que el 42,3% de ese universo pidió plata para comer. “En ese camino de desesperación cayeron en manos de usureros inescrupulosos”, dice a elDiarioAR el sociólogo Daniel Menéndez, director del instituto.

Entre los más jóvenes, el prestamista ya le gana al sistema formal. El Instituto Universitario CIAS encuestó a 964 chicos de 16 a 24 años de barrios populares del AMBA: el 57% dijo que en su hogar tomaron deuda para gastos corrientes y, de esos hogares, el 39% fue a un prestamista del barrio, el 21% a una billetera virtual y el 18% a la tarjeta.

Primero los muebles, después la casa

Juan Pablo Hudson investiga hace más de una década las mutaciones de los barrios populares de Rosario. Publicó recientemente en Crisis un informe que describe el circuito del endeudamiento. Desde comienzos del año pasado verificó que las redes narco diversificaron el negocio: además de vender droga, prestan plata y manejan juego clandestino online, los “casinitos”. “Hoy, en los barrios populares y en las villas, el narco, un ‘tranza’, es el principal prestamista para los vecinos y las vecinas”, dice.

El préstamo se pide a alguien conocido: un familiar, un vecino, un amigo. Hudson los llama “acreedores populares”. Son miles los que intermedian y decenas de miles los que deben. La mora corre por día. Si de lunes a viernes el interés es de $5.000 diarios, el sábado y el domingo pasa a $10.000. “Se paga como un plus por el fin de semana”.

Cuando la deuda supera cierto límite, deja de administrarla el conocido. Aparecen los “soldaditos”, o “cobrantes”. “Te van a buscar a tu casa, te tocan la puerta y te piden el dinero. Cuando decís que no lo tenés, te dan una cantidad de horas”, describe. Cumplido el plazo piden un bien: un electrodoméstico, un mueble. Eso se repite. “Y cuando terminaste de entregar todo lo que tenías en tu casa y la deuda continúa, directamente te piden la casa”.

La baja de programas como Volver al Trabajo empuja el circuito. Unos 900.000 titulares cobraban un monto congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y este mes dejaron de recibirlo. “Si ya no tenés ni siquiera los $78.000 del plan social, necesitás quizá pedir un préstamo de $80.000 o $100.000 a un vecino para poder suplirlo”, dice Hudson.

Para él, el Gobierno juega con fuego pero cree que “está cómodo en un escenario en el que las periferias urbanas son gobernadas por los mercados ilegales”, dice, y aclara que no habla de una participación directa. Mientras la violencia quede entre prestamistas y deudores, no llega a Plaza de Mayo. “En la medida en que esto quede acotado al interior de las periferias, de los barrios populares y las villas, al Gobierno no le importa”.

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Una tarde entre abejas hace 25 años, un joven Walter Farina estaba a punto de descubrir el inicio de lo que años más tarde se convertiría en la “gran emoción biológica” de su vida. En un extremo del laboratorio había una colmena, y en el otro un alimentador artificial con un olor diluido y tres abejas que iban y venían. En el medio, Walter, el biólogo de la UBA, observaba el movimiento de los diminutos e imprescindibles insectos.

Las tres abejas iban a la colmena y volvían con nuevas reclutadas. Antes de que llegaran al alimentador, Walter las atrapaba y las anestesiaba en un tubo donde solo podían mover las partes bucales. Les ofrecía olores, y si la abeja extendía la proboscide (la trompita), era porque le evocaba que el alimento estaba por venir. Ese fue el puntapié inicial para demostrar que las abejas desarrollan una memoria olfativa dentro de la colmena, sin haber tocado nunca la flor, solo por haber recibido una gota de néctar de la boca de otra abeja.

El descubrimiento, publicado en 2005 en Proceedings of the Royal Society B, permitió diseñar una tecnología pionera en el mundo: la “polinización dirigida”. Alimentan colmenas con jarabe azucarado perfumado con el aroma sintético de un cultivo para que, por trofalaxis (intercambio boca a boca), toda la colonia asocie ese olor con comida antes de salir a volar, sin que la mayoría de las abejas haya pisado jamás esa flor.

La técnica, publicada en Current Biology en 2020 y patentada por CONICET/UBA, se transformó en una empresa –Beeflow– que hoy opera en seis países con arándanos, almendras, cerezas y kiwi, y aumenta los rendimientos entre 20% y 90% según el cultivo. La investigación que la hizo posible dejó de ser financiada por el Estado hace dos años y medio y subsiste en su mínima expresión, gracias a los fondos del convenio con Beeflow, licenciataria exclusiva del invento.

Primer gran hallazgo

El joven Walter Farina no sabía que estaba por desarrollar una tecnología inédita. Un trabajo posterior, publicado en 2007 con colmenas de observación de paredes de acrílico, certificó que el aprendizaje se produce a través de esa interacción boca a boca. “Todavía no me imaginaba que esa información pudiera propagarse entre miles de abejas”, dice Walter.

Ampliaron los ensayos al resto de la colmena. Pero la emoción biológica más grande llegó con los primeros mapas de rendimiento en cultivos de girasol. Habían entrenado decenas de colmenas en distintos lotes y podían comparar los grupos control, tratados con un olor que no tenía nada que ver –el de jazmín–, con los tratados con el formulado sintético.

Las diferencias eran tan significativas que Walter pudo verlas en el campo, incluso antes de procesar los datos. “Para mí, esa fue quizá la emoción biológica o científica más grande que sentí por algo de lo que había hecho”, dice. Esa noche de verano de 2011 el equipo brindó. Sabían que habían encontrado algo importante, pero la publicación del trabajo les llevó 10 años.

“Por eso no se pueden detener las investigaciones, porque llevan mucho tiempo”, dice Walter. “Nos mantenemos por los fondos del convenio con la empresa. Si no fuera por eso, se hubiese detenido, porque hoy el Estado desfinancia a todos los equipos”, lamenta el científico.

Décadas para construir

El miércoles 29 de julio, investigadores y becarios del CONICET se concentraron frente al Polo Científico Tecnológico, en Palermo. Reclamaron la prórroga de las becas de cerca de 400 posdoctorales que vencían el 31 de julio. Son profesionales con unos ocho años de formación, y la partida que piden –de entre $2.000 y $3.000 millones– depende de la Jefatura de Gabinete.

Desde el CONICET respondieron que “legalmente no es posible crear o prorrogar becas sin la correspondiente partida presupuestaria” y que extenderlas implicaría “una erogación de cientos de miles de millones de pesos que el organismo no tiene”. Fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas agregaron que el conflicto no alcanza el nivel de impacto público que tuvieron otras protestas recientes, como las del Hospital Garrahan.

El caso se inscribe en una caída sin precedentes. Entre 2023 y 2026, el presupuesto de la función Ciencia y Técnica cayó un 50,2% en términos reales. La Ley de Financiamiento de la Ciencia, sancionada en 2021 y hoy suspendida, fijaba un piso del 0,52%. La Agencia I+D+i, principal financiadora de proyectos, perdió cerca del 80% de su presupuesto, y los salarios del CONICET acumulan una caída real del 40,5%. “Construir ese sistema lleva décadas”, dice Walter a elDiarioAR. “Destruirlo puede hacerse muy rápido”.

A principios de julio, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales denunció en una carta abierta el “vaciamiento” del sistema y advirtió que el freno a los ingresos deja “a doctores altamente calificados sin empleo, forzando una grave fuga de cerebros”. “Muchos estudiantes dejaron de pensar en hacer un doctorado en la Argentina”, dice Walter. En su laboratorio, las líneas sin aplicación comercial inmediata quedaron reducidas a su mínima expresión. Una de ellas estudia cómo se adquiere la información química durante la fase larval, cuando las abejas todavía no salieron de la colmena. “Ahora seguimos estudiándolos, pero haciendo cuentas contables permanentemente”.

Las abejas que no pueden relacionarse

Antes de que llegara el ajuste, el equipo hizo otro descubrimiento: los agroquímicos dañan la memoria social de las abejas. No las matan, pero las vuelven lentas y les alteran la vida en común, lo que retrasa el crecimiento poblacional.

Encontraron alteraciones muy importantes en genes vinculados con la cohesión social. Eso los llevó a pensar que la intensificación agrícola no solo modifica el comportamiento individual, sino también el funcionamiento colectivo de la colonia. “Después de la exposición a ciertos agroquímicos las abejas tienen más dificultades para relacionarse socialmente”, dice Walter.

El trabajo tuvo repercusión mundial. Desde entonces conviven con esa doble mirada: un organismo capaz de aumentar la producción de alimentos y, a la vez, un animal que vive en ambientes cada vez más degradados. “Por eso creemos que deben permanecer el tiempo mínimo indispensable en los cultivos y luego volver, mediante la transhumancia, a ambientes más naturales donde puedan recuperarse”, afirma Walter.

Lo que sigue

El laboratorio tiene hoy preguntas abiertas: cómo la intensificación agrícola altera el sistema nervioso de las abejas, y qué ocurre en el cerebro de una abeja cuando interpreta la danza de otra y ese dato se convierte en una decisión de vuelo. La misma pregunta que Walter miraba hace veinticinco años en aquel campo, con tres abejas que iban y venían. Avanzan al ritmo que permite el presupuesto.

Alrededor de un tercio de la producción agrícola mundial depende de la polinización, y las abejas melíferas representan cerca del 95% de los polinizadores que se usan en la agricultura. Pero Walter insiste en que la cuenta no termina ahí. “Cada vez encontramos menos polinizadores silvestres, y eso significa menos diversidad y sistemas más inestables”, dice. “Protegerlas no es solamente cuidar un insecto: es proteger buena parte de los sistemas que sostienen nuestra alimentación”.

LN/MG

En apenas unas horas, la Guardia de Auxilio llega a un edificio, lo inspecciona, genera un acta que consigna riesgo de derrumbe y ordena la evacuación. Ese mismo día, camiones de mudanza cargan a las familias y sus pertenencias y las trasladan a un hotel, un parador o, en algunos casos, a la calle. No interviene un juez. No hay aviso previo ni relevamiento social.

En la Ciudad de Buenos Aires, ese mecanismo pasó de explicar el 2% de los desalojos en 2024 al 58% en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Congreso debate un proyecto que acelera los desalojos judiciales, amplía quiénes pueden iniciarlos y, según sus críticos, podría darle respaldo normativo a una práctica que hoy no lo tiene.

El 2 de marzo le tocó al edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Brigitte Torres vivía allí desde hacía siete años con sus dos hijas. Algunos vecinos llevaban dos décadas con contrato. “Era una herencia vacante”, cuenta Torres. “Apareció un supuesto dueño, pero nunca hizo la sucesión”.

Un mes antes habían pasado los bomberos. Según Torres, revisaron columnas, ventanas y escaleras y no detectaron problemas estructurales, aunque sí fallas técnicas, cables fuera de sus cajas y caños en mal estado. Después llegó la Guardia de Auxilio con la faja de clausura. “El arquitecto nunca entró al edificio”, afirma. El desalojo duró casi dos días.

Una excepción convertida en regla

La clausura total con desocupación por riesgo de derrumbe se apoya en el artículo 12 del decreto 1510/97, que habilita a la administración a actuar sin esperar a un juez. Está pensada para situaciones de emergencia estructural inminente e inaplazable. Es una excepción a la tutela judicial previa. Pero dejó de ser una excepción.

Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo 621 desalojos en la Ciudad, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con información oficial.

El cambio está en el método. En 2024, el 98% de los desalojos se hizo por orden judicial. En los primeros meses de 2026, los administrativos llegaron al 58% y superaron por primera vez a los judiciales, según un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Las clausuras totales pasaron del 2% al 56%: en todo 2025 alcanzaron a 20 familias y 35 chicos; en los primeros meses de 2026, a 222 familias y 215 chicos.

El mismo informe advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete porteña instó a realizar inspecciones en el 33% de esos desalojos, cuando el mecanismo debería responder a una “situación de emergencia técnica objetiva”. Los organismos también señalan que la evacuación total solo se justifica cuando no alcanza con apuntalar o clausurar una parte del inmueble y reclaman un protocolo único, que hoy no existe.

“Nos preocupa porque no cumple las pautas de los desalojos judiciales. No hay aviso previo, relevamientos ni intervención de los organismos correspondientes para evaluar la vulnerabilidad”, dice Victoria Freire, diputada de Fuerza por Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, quien además presento un proyecto de protocolo contra los desalojos. Según sus registros, las clausuras con desalojo fueron 14 en 2025 y 67 hasta el 14 de mayo de 2026. Contabiliza 509 familias desalojadas por esa vía, frente a 954 por la judicial. Un tercio de las personas alcanzadas son chicos.

“Está dirigida a viviendas colectivas donde viven familias trabajadoras de bajos ingresos que llevan muchos años en la Ciudad”, describe Freire. El informe del Ministerio Público ubica esos desalojos principalmente en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares de las comunas 1, 3 y 4.

El proyecto que acelera los desalojos

El 7 de agosto el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33. Su capítulo sobre desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad.

El texto establece que toda acción de desalojo tramite por juicio sumarísimo, habilita la entrega inmediata del inmueble bajo caución juratoria y amplía quiénes pueden iniciarla: ya no solo el propietario, sino cualquiera que invoque un derecho o interés legítimo. Para las viviendas, mantiene una intimación previa de diez días corridos por falta de pago. El proyecto pasó a Diputados.

“Los desalojos exprés ya se están desarrollando en la Ciudad, encubiertos bajo la modalidad de evacuación”, sostiene Freire. “La ley les otorgaría un marco legal que hoy no tienen”.

A quién alcanza el texto

La discusión pública asocia el proyecto con las usurpaciones, pero los números del Poder Judicial muestran que son una minoría. Entre 2020 y 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil registró 15.037 causas de desalojo. La intrusión –el ocupante sin ningún vínculo con el propietari– explicó 2.351, el 15,6%, y viene en baja: fueron 496 causas en 2023, 412 en 2024 y 336 en 2025.

Dos de cada tres causas corresponden a inquilinos: 5.576 por vencimiento de contrato y 4.238 por falta de pago. Los datos surgen de un trabajo especial de la propia Cámara publicado en junio de 2026.

Sobre ese universo recaen algunos de los principales cambios. Para obtener la desocupación inmediata ya no haría falta una caución real –una garantía económica– sino una declaración jurada del propietario. Y la intimación previa por falta de pago, que el Ejecutivo había fijado en tres días, quedó en diez después de la negociación en el Senado.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, planteó en el recinto el senador Mariano Recalde.

Torres, vocera de la Coordinadora contra los Desalojos, asegura que el perfil de las consultas empezó a cambiar: “Al principio recibíamos casos de lugares ocupados, inmuebles ociosos y herencias vacantes. Ahora están llegando directamente inquilinos con contratos formales”.

Qué queda después de un desalojo

Ni las familias ni los edificios desalojados tienen seguimiento. “No sabemos cómo reorganizaron su vida, si consiguieron otra vivienda o si los chicos continúan en sus escuelas. Tampoco existe una planificación clara sobre los inmuebles”, dice Freire.

Desde abril, ocho familias fueron desalojadas en distintos operativos en edificios ubicados en Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, en la zona que rodea la Plaza Malavar. Dos de ellas desalojadas el lunes pasado, vivían allí desde hace más de 20 años, según informó el medio vecinal Villa Ortúzar Periódico. Después del operativos, los vecinos se organizaron para montar guardia y evitar que otras personas en situaciones similares terminaran también en la calle. Sin embargo, este viernes volvieron a desalojar otra casa.

Cochabamba 2642 sigue tapiado. Adentro quedaron muebles de vecinos que estaban de vacaciones durante el operativo. “Está desierto. Se está pudriendo por dentro y las vecinas dicen que se llena de gatos”, cuenta Torres. De noche, algunas personas en situación de calle duermen bajo un techito sobre la vereda.

El edificio forma parte de un stock de viviendas vacías que la Ciudad no moviliza. En 2023, el 13% de las viviendas porteñas estaba vacío y unas 70.000 llevaban más de un año sin consumo eléctrico, según un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. La vacancia se concentra en el macrocentro y zonas como Constitución y Flores, entre sucesiones trabadas, deterioro edilicio y departamentos que perdieron demanda.

El Gobierno porteño sostuvo que había recuperado “un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años”, donde había denuncias por peleas, robos y disparos. También afirmó que funcionaba como “aguantadero” y que allí encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad. Con ese procedimiento, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos “a sus verdaderos dueños”.

La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y qué destino tendría. No hubo respuesta.

Torres se fue a un hotel con sus dos hijas, por $560.000 mensuales, y se endeudó en más de $2 millones para afrontar el primer mes, al igual que todas las familias que vivían en el edificio. Según cuenta, algunos quedaron en la calle. Una, de cinco personas y cuatro chicos, durmió tres días frente al edificio.

Cinco meses después, no hay obra ni proyecto. “Podría albergar a 40 familias y desalojaron a 40 familias”, dice Torres. Entre ellas, calcula, había al menos 60 chicos.

LNMG

Cada vez que un automovilista carga nafta paga un impuesto del 5% cuyo destino específico son las obras para evitar inundaciones en campos y pueblos. En el GNC, la alícuota es del 9%. Sin embargo, al 6 de abril de 2026, el fondo que se alimenta de ese impuesto tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional.

El dato fue informado por el Ministerio de Economía al Congreso en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete, aunque sin precisar a qué obras estaban afectados esos recursos.

La ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica establece que el Estado debe garantizar la “intangibilidad de los bienes” del fideicomiso y la estabilidad del impuesto, que “no constituye recurso presupuestario alguno” y solo puede destinarse a los fines establecidos por la propia norma. Entre ellos figuran las obras hídricas, la recuperación de tierras productivas, la mitigación de inundaciones y el saneamiento. Las Letras del Tesoro no aparecen entre esos destinos.

Los números desde diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2024 el fideicomiso acumulaba un resultado financiero positivo de $85.219 millones, según el informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto citado en un pedido de informes de la Coalición Cívica. Un informe del gobierno bonaerense calculó que, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el fondo recibió unos $175.000 millones y aplicó $13.011 millones a obras: un 7,45%.

Durante 2025 el patrón se mantuvo. Hasta mayo se habían presupuestado $83.608 millones para obras y ejecutado $12.101 millones: el 14,47%. Para 2026, el Presupuesto proyecta una recaudación de $321.290 millones y prevé un gasto de capital de $260.199 millones, aunque no detalla qué obras serán financiadas.

Veintiocho obras neutralizadas

Ante un pedido de acceso a la información, la Secretaría de Obras Públicas informó a mediados de 2025 que el fondo financia 49 obras y que 28 se encuentran neutralizadas. El dato consta en el proyecto 2642-D-2025 de la Cámara de Diputados.

Entre ellas está una obra que el propio Gobierno catalogó como prioritaria: la Etapa 2 del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, poco más de 30 kilómetros de dragado en una cuenca de 17 millones de hectáreas que alcanza a 59 municipios.

Los trabajos se detuvieron en febrero de 2025 y la paralización quedó formalizada mediante actas que invocaron como fundamento el decreto 70/2023 de emergencia económica. En octubre, después de una reunión con la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció su reactivación.

Seis meses después informó avances de 13,88%, 58,63% y 31,69% en los tres subtramos. El cronograma original establecía que debían estar terminados en mayo de 2025.

La respuesta oficial

Los diputados preguntaron por qué las obras estuvieron frenadas durante 2025 si el financiamiento salía de ese fideicomiso. El Gobierno no respondió ese punto. Explicó, por otra parte, que se trata de un fondo extrapresupuestario y que “por tal motivo no registra subejecuciones presupuestarias”. Agregó que “el monto abonado es en función de la certificación”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, definió a los fondos fiduciarios como “un mecanismo para generar caja” y celebró cada cierre como un avance hacia “una sociedad con menos corrupción”. Sobre la infraestructura fue terminante: “La obra pública no vuelve más”.

El fondo hídrico, sin embargo, no fue eliminado. Tampoco el impuesto que lo financia, que permanece vigente hasta 2035.

Las críticas

El cuestionamiento más duro no surgió del kirchnerismo, sino del sector agropecuario y de la oposición dialoguista. “Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera”, afirmó la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), quien habló de “290.000.000.000 de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.

Alberto Larrañaga, integrante del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, reclamó un mecanismo público para seguir el recorrido de los fondos. Ya en marzo de 2025 había considerado “inexplicable” que se frenaran obras por falta de financiamiento “cuando millones de pesos están durmiendo la siesta en la cuenta del fondo en el Banco Nación”.

“Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata”, planteó también el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Desde uno de los territorios afectados por las inundaciones, Patricia Gorza, de la Federación Agraria en Nueve de Julio, dijo: “Si no la vas a hacer, dejá de cobrarla al menos”.

Una historia de destinos cambiados

El fondo nació, precisamente, después de una inundación. En 2001, luego de que las aguas cubrieran vastas regiones productivas bonaerenses, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó el decreto 1381/01, que creó la Tasa de Infraestructura Hídrica y el fideicomiso.

En 2006, la ley 26.181 reemplazó la tasa por un impuesto y agregó entre sus objetivos las “obras de saneamiento”. Esa modificación permitió derivar hacia obras de cloacas del Conurbano recursos que originalmente habían sido creados para atender los anegamientos rurales.

En 2016, por cada peso asignado al Plan Federal de Control de Inundaciones se giraron 1,8 pesos a las represas santacruceñas.

Durante años, los movimientos del fideicomiso podían seguirse a través de un sitio de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. En 2012, a partir de esos registros, una investigación periodística reveló que más de $16,2 millones habían sido destinados a un stand en Tecnópolis. El entonces ministro Julio De Vido reconoció el gasto y sostuvo que no se trataba de una cifra “significativa”.

El Niño, otra vez

El antecedente es reciente. Entre marzo de 2025 y comienzos de 2026, el noroeste bonaerense atravesó una inundación prolongada y el temporal de Bahía Blanca llevó al Gobierno a crear por decreto un fondo de asistencia de hasta $200.000 millones.

Ahora, el pronóstico vuelve a encender las alertas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema ENOS ya se encuentra en fase cálida, con una probabilidad cercana al 100% de continuidad entre julio y septiembre. La NOAA, por su parte, le asigna un 81% de posibilidades de alcanzar la categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Ya hubo evacuados en Concordia y las Cataratas del Iguazú debieron cerrar.

El 3 de agosto, en Resistencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva presentaron junto a los gobernadores de Chaco y Corrientes el Plan Federal ENOS 2026/2027, que contempla monitoreo, mapas de riesgo y alertas tempranas.

El plan no asigna presupuesto ni incluye obras de infraestructura. Además, se apoya en tres organismos que fueron debilitados durante la actual gestión: el Servicio Meteorológico Nacional, con una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023; el Instituto Nacional del Agua, que permanece sin director designado; y Vialidad Nacional, disuelta por decreto en 2025.

La primavera comienza el 21 de septiembre. Ninguna obra hidráulica de la escala del Salado puede construirse en siete semanas. Mientras tanto, el dinero destinado a financiarla continúa generando intereses en Letras del Tesoro y cada litro de nafta sigue aportando un 5% al fondo.

Cada domingo previo al 7 de agosto, el santuario de San Cayetano renueva las espigas y los objetos que rodean la imagen del santo en la hornacina, a quien miles de personas le piden trabajo o ayuda para atravesar una necesidad. Las ofrendas representan un termómetro social y permiten observar cómo cambia el trabajo en la Argentina y cómo se desinflan las expectativas de los fieles. “Cada objeto intenta representar alguna dimensión de la realidad”, dice a elDiarioAR el padre Lucas Arguimbau, párroco del santuario de Liniers.

En 2023 se dejó como símbolo un cuentaganado rural, una pechera naranja de marítimo, el casco amarillo de un albañil, el mouse para una computadora, un estetoscopio y un costurero. La vara bajó abruptamente y los objetos se renovaron al año siguiente con un certificado de discapacidad, una bandejita de plástico (vianda del comedor comunitario), un hervidor de leche, un mate y un delantal de cocina. Las herramientas de oficio fueron reemplazadas por objetos de asistencia y emergencia.

Más asistencia, menos trabajo

El Servicio Social de San Cayetano refleja esa transformación. El comedor pasó de entregar 400 almuerzos diarios a entre 800 y 1.000. Antes preparaban 20 desayunos; hoy sirven entre 280 y 300. También se sumaron familias y jubilados. “Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año”, revela Arguimbau.La parroquia también tiene un Área de Orientación y Capacitación Laboral. Antes conseguía empleo; hoy apenas puede ayudar a buscarlo. Históricamente atendía a personas con escasa formación, incluso algunas que no sabían leer ni escribir. Hasta 2023 la mayoría buscaba trabajo en limpieza o cuidado de personas. En el último año cambió el perfil y empezaron a llegar abogados, docentes, técnicos y otros profesionales que no logran reinsertarse en el mercado laboral.

Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año

Lucas Arguimbau — Párroco del santuario de Liniers

“Antes predominaban personas con baja calificación o trayectorias laborales muy precarias; hoy se sumaron personas altamente calificadas, profesionales, técnicos y también jubilados”, cuenta a elDiarioAR Graciela Filomena, a cargo del área de Servicio Social.

Acompaña, por ejemplo, a un ingeniero en informática que perdió su cargo cuando cerró la empresa donde trabajaba y hoy es rechazado por estar sobrecalificado. “A las personas más calificadas les cuesta más conseguir trabajo. Cuando se presentan para puestos de menor calificación ni siquiera las convocan”, explica.

También llegan jubilados que necesitan volver a trabajar. “No quieren asistencia porque trabajaron toda su vida, pero ahora con la jubilación no llegan”, dice. “Y muchos tenemos voluntarios que quedaron desempleados y colaboran mientras buscan una nueva oportunidad”.

En el año que se combina el récord histórico de cosecha de trigo con el derrumbe del consumo interno de pan, que cayó hasta un 60% con 2.800 panaderías y 17.000 puestos de trabajo menos, miles de personas peregrinaron para pedirle un milagro a San Cayetano, el santo de la espiga, el pan y el trabajo.

Ignacio, trabajador del Estado, fue uno de los miles que este viernes marcharon de Liniers a Plaza de Mayo: “Estamos en un momento de mucho ajuste, de mucha violencia. Lo que pasó ayer en el Congreso refleja el descontento que tenemos como país, estamos esperanzados que lo de ayer genere un quiebre de cara al año que viene. Llegar a fin de mes es llegar al 10, es muy difícil, hacemos malabares para ver qué compramos. Es mi situación y la de casi todos mis amigos”.

Giselle estudia trabajo social y vende arriba del tren. También estuvo en la Plaza: “Yo trabajo en la economía popular, la cosa está muy dura, está muy mal, hay muchas necesidades, la gente está pasando mucha hambre. Ya no se puede ir al supermercado a comprar, no alcanza la plata. Sergio, de Monte Hermoso, se sumó a la movilización como ”autoconvocado“. El día anterior estuvo en el Congreso con su mujer para protestar contra la Ley de Tierras. ”Vinimos porque esto no da mas. No hay laburo, quieren vender la patria. Nos estamos acostumbrando a vivir mal y no es así“, le dijo a elDiarioAR.

Las vasijas de barro

Este año el santuario volvió a cambiar la simbología y eligió colocar vasijas de arcilla alrededor del santo para trasmitir algo elemental. Construyeron un horno de carámica en el fondo de la iglesia y ahí cocieron las piezas. Participaron personas en situación de calle, chicos de catequesis, adultos mayores, voluntarios y miembros de la parroquia. Ninguna salió igual a otra. El santuario eligió trasmitir una idea: todos vienen del mismo barro. En el año en que se discute públicamente quién merece ser asistido, los objetos de asistencia y emergencia fueron reemplazados por el recordatorio de que todos son iguales, todos son humanos.

“Hay vecinos de Liniers que colaboran, pero hay otros que preferirían que el Servicio Social no existiera; a veces nos dicen que las personas del conurbano deberían quedarse allá”, cuenta Filomena. “Cuando determinados discursos se legitiman y dividen a la sociedad, muchas personas sienten que pueden expresar comentarios muy violentos sin ningún reparo”.

“Nos inspiramos en la frase de San Pablo: 'Llevamos este tesoro en vasijas de barro'”, explica Arguimbau. “Habla de la fragilidad humana, pero también del soplo de Dios”.

Los objetos y los datos

En apenas un año, las ofrendas pasaron de representar el deseo de conseguir trabajo a expresar la necesidad de sostener la asistencia en la emergencia. Los datos acompañan ese cambio. Desde que asumió Milei se perdieron 329.600 puestos de trabajo registrados, 141.700 de ellos en los últimos doce meses, según el Instituto Argentina Grande sobre datos del SIPA.

En dos años cerraron 22.608 empresas, el 4,4% de las que había en el país. El 99% eran pymes de hasta 40 trabajadores. El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026: 1.145.000 personas. Más de cuatro de cada diez ocupados trabajan sin aportes, obra social ni protección frente al despido, y entre los jóvenes de 16 a 24 años siete de cada diez están en la informalidad. Además, 4,3 millones de personas están desocupadas, buscan otro empleo o necesitan trabajar más horas.

La asistencia se volvió más necesaria, pero también sintió el ajuste. A comienzos de la gestión, el Gobierno admitió que tenía cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir. En julio del año pasado eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Antes de diciembre de 2023 había 50 políticas nacionales de cuidado; en septiembre de 2025 quedaban tres, según La Cocina de los Cuidados. Este año también cayó el Volver al Trabajo, heredero del Salario Social Complementario: más de 930.000 personas dejaron de cobrar $78.000 mensuales. Las más afectadas fueron las cocineras de comedores, para quienes ese pago era el único ingreso.

La hornacina pasó así de mostrar con qué trabaja la gente a mostrar de qué depende para sobrevivir, como ocurrió con el certificado de discapacidad incorporado en 2024. Ese mismo año el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció la baja de 200.000 pensiones por invalidez. Después llegó la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto de Milei. En agosto de 2025 estallaron los audios de Spagnuolo con denuncias de coimas y menciones a Karina Milei. En enero de este año el decreto 942/2025 disolvió la ANDIS, transfirió sus funciones al Ministerio de Salud y dejó más de 700 despidos.

Con las vasijas de este año, el santuario quiso volver sobre la sencilla idea de que todos vienen del mismo barro y tienen la misma dignidad. Lo hace en un contexto en el que el presidente respondió, ante el planteo de que la gente no llega a fin de mes, que si fuera cierto “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”, y en una ciudad cuyo jefe de Gobierno extendió por decreto la prioridad de los porteños sobre los bonaerenses en los servicios públicos. En julio también se viralizó un video de Jorge Macri en el que cuestionó a las parroquias que reparten comida en la vereda: “La lógica de darle comida y abrigo afuera (...) solo hace que vengan más”. Arguimbau respondió: “El que vive en la calle vive en la calle. No importa si es de provincia o Capital”.

Con la colaboración de Lucía Sanguínetti

LN/MG

El Niño dejó de ser un pronóstico. El fenómeno ya se manifiesta en Argentina en zonas ribereñas con crecidas repentinas y familias evacuadas. Mientras las provincias se preparan y destinan fondos para la emergencia, Nación organizó para el próximo lunes una cumbre en Chaco junto a los gobernadores. “Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos”, deslizaron desde una gobernación del NEA sobre el Plan Federal ENOS, la estrategia oficial para enfrentar a El Niño.

Sin embargo, el Plan –que reconoce que El Niño de 2015/16 dejó más de US$687 millones en daños directos y pérdidas económicas superiores a los US$3.065 millones– no destina presupuesto. La resolución 559/2026 que lo aprueba detalla que es un plan de “coordinación” que descansa sobre tres organismos que el propio gobierno vació: el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional. También el texto deja en claro el orden de prioridades. Avisa explícitamente que los municipios tendrán que hacerse cargo y, en caso que no puedan, tendrán que pedir ayuda a la provincia. Recién después pueden solicitar la intervención Nación.

En tanto, los especialistas aseguran que ya no hay tiempo para nuevas obras, previendo que en octubre comenzará el fenómeno con mayor intensidad. Igualmente, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, establecido por Ley 26.181 en 2006 para la realización de obras que mitiguen inundaciones, actualmente tiene otro destino: están colocados en letras del Tesoro.

“El Fondo tiene $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP”, reveló al pasar el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni a fines de abril en el Congreso. “Es una vergüenza que usen los recursos para la timba financiera y no para hacer obras urgentes”, se quejó la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal).

A su vez, en el Gobierno se entusiasman con “la otra cara de El Niño”. En un país cuya topografía también produce desigualdad –donde en los bajos del NEA y en los barrios populares al borde de los arroyos habrá evacuación y pérdida–, alientan a los productores a invertir en las lomas bien drenadas de la región pampeana donde El Niño será un “aliado” que permitirá una buena entrada de divisas (las proyecciones privadas calculan unos US$37.000 millones para la campaña 2026/27, el mejor escenario desde 2020).

“Estemos preparados para invertir”, se entusiasmó el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en la Exposición Rural, durante la charla “Excesos hídricos y oportunidades productivas: las dos caras de El Niño”, en la que expusieron integrantes del Plan de Coordinación Federal ENOS y de un Comité de Emergencia Niño 2026/27. “Este parece ser un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos”.

El fenómeno ya empezó y las provincias se adelantan

El Niño es un calentamiento del océano Pacífico que ocurre cada dos a siete años y altera el clima de todo el planeta. El calor del mar cambia la circulación del aire, y el resultado se reparte al revés según la región: sequía en Australia y el sur de África, lluvias por encima de lo normal en buena parte de Sudamérica. En la Argentina significa más precipitaciones, crecidas de ríos y temperaturas altas, sobre todo en el Litoral y el NEA. La Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio del evento el 12 de junio y un mes después la NOAA estimó un 81% de probabilidad de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría “entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico”.

El fenómeno ya comenzó a manifestarse en Argentina. El 24 de julio el caudal del río Uruguay frente a El Soberbio, Misiones, pasó de 4.700 a 17.100 metros cúbicos por segundo en un día y 41 familias tuvieron que ser evacuadas. Esa misma jornada se cerró el acceso a la Garganta del Diablo y, del lado brasileño, la represa de Foz de Chapecó abrió de urgencia compuertas y vertederos. Cuatro días después la marca del puerto de Concordia rozaba los 9,90 metros y el agua cubría las playas de la costanera baja. En Colón el río casi duplicó su escala en una semana y llegó a 5,90.

Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica hasta el 31 de agosto y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones. Santa Fe anunció uno de $10.000 millones, sumó cuatro helicópteros y ordenó la limpieza de canales. Corrientes activó el 3 de julio un plan de contingencia con Defensa Civil, Obras Públicas, Salud y la Municipalidad de la capital: en Paso de los Libres estiman hasta 1.500 evacuados si el río alcanza los niveles de 1998. Misiones puso en marcha su Plan Provincial de Emergencia y Buenos Aires presentó un diagnóstico del escenario climático ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Un protocolo con organismos debilitados para un fenómeno que ya empezó

En paralelo, Nación aprobó un protocolo. El Plan ENOS alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la Ciudad, y rige hasta el segundo semestre de 2027. En la práctica hace cinco cosas: monitoreo semanal del fenómeno, mapas georreferenciados, alertas tempranas, mesas de coordinación con las provincias e informes operativos. Ante una emergencia confirmada habilita un comando unificado y un despliegue en tres niveles, de verde a rojo, según alcancen los recursos del municipio, los de la provincia, o haya que traer medios desde otros puntos del país.

Los tres organismos que sostienen ese esquema llegan en su peor momento. El Servicio Meteorológico Nacional acumula una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023 y despidió a 140 trabajadores en abril, en su mayoría observadores de las 125 estaciones del país. “La falta de mediciones redunda en falta de datos que se pierden y no se pueden recuperar”, explicó a elDiarioAR Silvina Romano, delegada de ATE en el organismo. Sin esos datos, advirtió, se debilitan los pronósticos y queda en riesgo “el Sistema de Alertas Tempranas, cuyo objetivo fundamental es salvar vidas y evitar pérdidas materiales”. El Instituto Nacional del Agua, que pronostica las crecidas, perdió su autarquía por decreto, redujo un 35% su personal y funciona sin director designado, con el presupuesto más bajo en veinticinco años. Vialidad Nacional, que despeja las rutas por donde se evacúa, fue disuelta por decreto en julio de 2025; la Justicia frenó la medida y el Gobierno apeló.

El fondo para obras hídricas, inmovilizado en Letras del Tesoro

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. La Ley 26.181 fija que el destino de los recursos son obras, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones. Nada de eso incluye letras del Tesoro, pero actualmente esos fondos están invertidos en LECAP según confesó el propio Gobierno. Mientras el dinero rinde intereses, el Plan Maestro del Río Salado –que abarca 59 municipios bonaerenses y a más de 1,5 millón de habitantes– tiene el Tramo IV paralizado bajo responsabilidad nacional. “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras”, reclamó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Bahía Blanca como antecedente

Bahía Blanca ofrece un antecedente reciente de la respuesta oficial frente a una emergencia climática. Tras el temporal que devastó la ciudad en marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción. El Gobierno la vetó y mantuvo un esquema de subsidios por vivienda. Se inscribieron 37.546 personas, pero nunca se informó cuántas cobraron ni en qué estado se encuentra la reconstrucción.

En febrero de 2025, Milei atribuyó el calentamiento global a “los ciclos naturales de temperatura del planeta” y calificó de “fraude” a la agenda ambientalista. Un año y cuatro meses después, la Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio de El Niño. Su secretaria general es la argentina Celeste Saulo, exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, el mismo organismo que el Plan de Coordinación ENOS considera clave para el monitoreo del fenómeno y que perdió casi el 40% de su presupuesto real desde 2023.

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Argentina atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento y, al mismo tiempo, enfrenta un deterioro de las políticas destinadas a garantizar los cuidados de las personas mayores. La tarea recae principalmente en las familias y, cuando estas no pueden asumirla, en cuidadoras domiciliarias que en su mayoría trabajan de manera informal y sin protección social.

El 11,9% de la población argentina tiene 65 años o más, según el Censo 2022 del INDEC. Esa franja pasó de 4,09 millones de personas en 2010 a 5,37 millones en 2022: creció un 31%, más del doble que el resto de la población. El grupo de 85 años y más, el más frágil, casi duplicó su peso relativo desde 1970.

El crecimiento de la población mayor aumenta la demanda de asistencia. Pero el sistema de cuidados no acompaña ese proceso y deja a las familias frente a una oferta limitada y costosa, según los especialistas.

Cada vez más personas mayores viven solas

Uno de cada cuatro mayores de 65 años vive sin nadie más en su casa, según el Censo 2022. En la Ciudad de Buenos Aires, ese número trepa al 34%.

“En Argentina, el 36% de las personas de 80 años y más vive sola. En la Ciudad, el porcentaje asciende al 38%”, precisa la gerontóloga Mónica Roqué, de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y extitular del área de Adultos Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social.

Vivir solo, explica Roqué, no implica necesariamente aislamiento, pero aumenta las posibilidades de que una persona mayor no cuente con ayuda cuando la necesita. “Eso no significa necesariamente que estén aisladas, pero sí que tienen más probabilidades de sentirse solas y de no contar con ayuda cuando la necesitan”, señala.

La soledad, además, tiene consecuencias sobre la salud. Según Roqué, “las personas mayores tienen más riesgo de morir asociado a la soledad que por tabaquismo, obesidad o alcoholismo”.

La necesidad de asistencia alcanza a una parte importante de esa población. Roqué calcula que el 10% de las personas mayores del país no puede realizar por sí sola actividades básicas como alimentarse o higienizarse. Son unas 750.000 personas que, sin ayuda, no sobreviven.

Si se suman quienes tienen dificultades para salir de sus casas o realizar un trámite, la cifra asciende a 1,7 millones. Entre los mayores de 75 años, calcula, cerca de 1,6 millones necesitan asistencia para las actividades cotidianas.

El costo de cuidar

Sin embargo el acceso a los cuidados está condicionado por los ingresos. Un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires cuesta, según relevamientos realizados en marzo y abril de este año, entre $1,3 y 5,5 millones por mes, de acuerdo con el grado de dependencia.

A su vez, una cuidadora domiciliaria registrada cobra, según la escala salarial de la UPACP vigente desde enero, $441.806 con retiro o $490.745 sin retiro. El subsidio que otorga PAMI para auxiliar domiciliario cubría, según la última cifra de referencia pública, correspondiente a marzo de 2025, alrededor de $200.000 mensuales. El acceso es restringido y está sujeto a una evaluación social que exige demostrar que no existe una red familiar disponible.

La diferencia entre el costo del cuidado y la ayuda estatal queda a cargo de las familias. En otros casos, la asume la propia cuidadora, que trabaja por debajo de lo que corresponde.

En Ushuaia, la cuidadora domiciliaria Candida Noemí Aponte declaró en junio a FM Ártika que cobra entre $300.000 y $500.000 por mes, sin registro, por jornadas que exceden largamente lo pactado.

Los datos de La Cocina de los Cuidados, el espacio intersectorial que coordina el CELS, muestran también una reducción de las políticas de asistencia. En junio de 2025, según el quinto informe de la organización, los subsidios de PAMI para contratar cuidadores habían caído 18% respecto del año anterior. Las camas que el organismo financia en residencias de larga estadía también bajaron, de 22.000 a 17.000.

En diciembre pasado, una nueva encuesta de La Cocina de los Cuidados, realizada junto con Ágora Consultores, mostró que la contratación paga de cuidadores domiciliarios había vuelto a caer: pasó del 14% al 11% de las familias con adultos mayores a cargo.

Los centros de día, a los que en 2023 asistía el 13% de esas familias, hoy están en cero.

Menos políticas públicas para un problema que crece

La reducción de los recursos destinados a los cuidados también se refleja en la cantidad de políticas públicas vigentes. Antes de diciembre de 2023 existían 50 políticas nacionales de cuidado. Para septiembre de 2025 solo quedaban tres activas, según el sexto informe de La Cocina de los Cuidados.

“Muchas políticas no fueron eliminadas formalmente, pero sí desfinanciadas. Durante un tiempo las considerábamos paralizadas; hoy directamente las damos de baja porque no registran ejecución”, explica Lucía de la Vega, coordinadora de ese espacio en el CELS. Entre los programas sin ejecución está el de formación de cuidadoras domiciliarias de la Dirección Nacional de Personas Mayores.

El Gobierno también derogó la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes habían trabajado durante toda su vida sin aportes registrados. “La eliminación de la moratoria afectó especialmente a las mujeres, porque seis de cada diez jubiladas habían accedido a la jubilación a través de ese mecanismo”, dice De la Vega.

Para gran parte de esas mujeres, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que, según el CELS, continúa por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica.

La reforma laboral aprobada por el Congreso este año tampoco modificó las condiciones del sector. Según el séptimo informe de La Cocina de los Cuidados, publicado en marzo, el trabajo en casas particulares –categoría que engloba a las cuidadoras– representa el 20,12% de toda la informalidad laboral del país.

La nueva ley extendió el período de prueba de 30 días a seis meses y no incorporó medidas para formalizar el trabajo de cuidado. Según estimaciones de la OIT y la CEPAL citadas en el mismo informe, la profesionalización del sector podría generar 1,8 millones de puestos hacia 2030.

Un trabajo feminizado y mayormente informal

El trabajo doméstico y de cuidado en casas particulares es realizado casi exclusivamente por mujeres. La tasa de feminidad se ubica entre el 97% y el 99%, según datos del INDEC y la OIT. Entre el 75% y el 77% de esas trabajadoras no está registrada. El 75,5% no tiene aportes jubilatorios y el 75,3% no tiene obra social.

La socióloga Natacha Borgeaud-Garciandía, investigadora del CONICET, lleva más de una década documentando la vida de las cuidadoras “cama adentro” en Buenos Aires. Son, en su mayoría, migrantes internas o de países limítrofes que conviven las 24 horas con la persona a la que asisten.

En sus entrevistas describe un encierro continuo: el espacio propio de la cuidadora se disuelve dentro del espacio de la persona que cuida.

Las condiciones laborales también se reflejan en los ingresos. Un estudio sobre cuidadoras domiciliarias en La Plata, publicado en diciembre pasado por la investigadora Luciana Deledicque, encontró que quienes trabajan a través de la obra social bonaerense IOMA, con jornadas de hasta 72 horas semanales, cobran en promedio apenas el 44% de la canasta básica total que calcula el INDEC.

“Ni un kilo de carne la hora y estamos cuidando de todos. No tenemos un trabajo digno, no tenemos valor”, dice Evangelina, una de las cuidadoras entrevistadas para ese estudio.

Otra investigación, realizada en Mar del Plata por las investigadoras Romina Cutuli y Eugenia Savino, encontró que siete de cada diez cuidadoras entrevistadas nunca tuvieron un vínculo laboral registrado en relación de dependencia, ni siquiera cuando trabajaron en residencias.

La precariedad se repite en distintas provincias. En Ushuaia, Candida Noemí Aponte contó a FM Ártika que cuida sola a un hombre de 92 años con demencia senil y que el programa estatal Incluir Salud no respondió a sus pedidos de intervención.

“Un desprecio total por lo que estoy haciendo, un desprecio total por la vida de este adulto mayor también y por el trabajo que estoy realizando”, declaró, tras quedarse sin ese trabajo por un conflicto interno que nunca fue investigado.

En Viedma, Ana María Haro, dirigente sindical de CUIDO Río Negro, denunció en junio que la obra social provincial IPROSS les ofreció un aumento de apenas $108 en el valor de la prestación. Lo calificó de “miserable” frente a trabajadoras que cumplen turnos de 12 horas y no llegan a fin de mes.

En esa misma provincia, un legislador recibió en mayo el reclamo de una cuidadora de General Roca que atiende, sin registro, a 21 adultos mayores en un geriátrico privado. Trabaja jornadas de 16 horas y cobra un salario cercano al millón de pesos.

Existen, sin embargo, algunas experiencias que buscan formalizar el sector. CuidarNos, una cooperativa que conecta cuidadoras con familias bajo contratos formales, sumó 180 mujeres en sus primeros meses de funcionamiento y les garantiza obra social.

Pero la informalidad sigue siendo la regla. El sociólogo Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, calcula que el 65% de quienes cuidan personas mayores en el país continúa trabajando en negro.

Un problema que también afecta el futuro de las cuidadoras

La falta de protección laboral tiene una consecuencia a largo plazo: las mujeres que hoy cuidan a las personas mayores tampoco tienen garantizado su propio acceso a una jubilación y a los servicios de cuidado que necesitarán en el futuro.

“Dentro de veinte años la población mayor de 60 años prácticamente se va a duplicar”, dice Lucía de la Vega, del CELS. El crecimiento de esa población implicará una mayor demanda de asistencia y de trabajadoras especializadas.

“Vamos a necesitar más servicios de cuidado, más trabajadoras y trabajadores formados y más políticas públicas orientadas a este sector”, sostiene De la Vega. Sin embargo, advierte, el proceso actual avanza en sentido contrario.

“Lo que vemos hoy es la eliminación de herramientas existentes y una situación de creciente desprotección. Muchas personas mayores están al borde de la exclusión y enfrentan decisiones dramáticas, como elegir entre comprar medicamentos o alimentarse adecuadamente”, concluye.

LN/MG

En Zárate, un grupo de personas motivadas por sus convicciones morales y por las heridas de su pasado, resguarda la vida de aquellos que quieren dejar de existir, en medio del aumento exponencial de suicidios en todo el país. Se agrupan en la ONG Tu Esperanza –que pertenece a la Cámara Pastoral–, caminan por la ciudad y escuchan a vecinos desahogarse. En el último año, atendieron presencialmente a 204 personas en situaciones límites, y avisan que los casos aumentaron más del 20%. “No damos abasto”, dicen.

También hacen obras de teatro, dictan charlas en escuelas, fábricas y fuerzas policiales. Y tienen una teléfono abierto las 24 horas (3487-589876) para los momentos más oscuros, que en el último año sonó un promedio de 20 veces por semana, con picos de 3–4 por día. Pero sobre todo, este grupo de evangélicos destina gran parte de sus recursos vitales a monitorear el Puente Zárate-Brazo Largo.

Este complejo (que une Buenos Aires con Entre Ríos), es, a la vez, sinónimo de progreso –monumento histórico, considerada una de las arterias viales más importantes de Sudamérica–, y lugar más elegido de los habitantes de la zona para arrojarse al vacío. En Zárate, según Gendarmería y la ONG, hay alrededor de 10 intentos de suicidio por semana, y la gran mayoría ocurre en este puente que tiene una extensión de 30 kilómetros.

En el medio del puente hay cámaras de monitoreo y carteles con números telefónicos y mensajes pegados en columnas y barandas que alientan a la gente a no arrojarse. “No sé cómo voy a alimentar a mi familia, pero vi el cartel y te llamé; ahora me estoy bajando del puente”, le dijo un joven de 30 años que perdió recientemente el trabajo a María de los Ángeles González, encargada de la ONG Tu Esperanza. “El 80% de los casos que nos llaman son varones adultos jóvenes que perdieron su trabajo o están endeudados y no saben cómo salir de ese laberinto”, le cuenta González a elDiarioAR.

Tiene 43 años e integra la ONG –que fundó el director Rubén Orozco hace 9 años– tras superar una crisis (“me di cuenta que no quería terminar con mi vida, quería terminar con el dolor”). Junto a otras tres personas (Carla Palacio, Juan Manuel Coria y Valeria Moreira), hacen guardia de 8 horas durante todo el día, todo el año, a la espera de un llamado o un mensaje por redes. Coordinan su trabajo con el municipio, el hospital y capellanes especializados. Después de una intervención de urgencia, hacen un acompañamiento semanal.

La red de contención

El Centro de Monitoreo de Zárate es el primer eslabón. Desde las cámaras instaladas en el puente, empleados observan y detectan conductas “sospechosas”: un andar lento, las manos en la cara, la mirada sostenida en el río (“hay un gendarme que hace 25 años trabaja en el puente y sabe, a primera vista, si una persona tiene intenciones recreativas o fatales”, cuenta María). A continuación notifican a Gendarmería y a la ONG Tu Esperanza, que se trasladan en Uber o en un vehículo de Vialidad hasta el lugar. Hay veces que no se puede hacer nada, porque un auto frena de repente, el conductor baja y todo termina en segundos.

Otras veces llaman las propias personas desde el borde del puente (“Estoy en el puente, si no vienen me tiro”). Ocurre sobre todo al atardecer y en la madrugada. No sólo son zarateños, también se acercan habitantes de Baradero, Pilar, Campana, Capital Federal, incluso de otras provincias como Entre Ríos y Corrientes (“hace poco una chica viajó en Uber desde Corrientes, se arrojó y se salvó de milagro porque justo abajo estaban unos pescadores que la socorrieron”, detalla María). ¿Por qué eligen este puente? “La verdad es que no tengo una respuesta para esa pregunta”, dice María. “Lo que puedo decirte es que los folletos que pegamos salvaron muchas vidas. Por eso cuando llueve nosotros volvemos al puente, para revisar que no se hayan despegado”.

El Zárate-Brazo Largo no es el único caso. En el norte del país, el puente General Belgrano –que une Corrientes con Chaco– replica la escena a escala mayor: unos 560 voluntarios de la iglesia evangélica Casa de Dios, conocidos como los “Ángeles del Puente”, lo patrullan las 24 horas desde agosto de 2023, y en ese lapso registraron unos 260 intentos y rescataron a 163 personas; cinco se quitaron la vida frente a ellos.

Los dos viaductos figuran, con carácter urgente, en un proyecto de ley presentado en abril en el Congreso. Propone un programa nacional de prevención en infraestructuras de alto riesgo, con barreras físicas, mallas de contención, dispositivos antiescalamiento, cámaras y señalética con líneas de ayuda. El antecedente que citan los impulsores es el Golden Gate de San Francisco, que en 2024 completó una red de acero a lo largo de 2,7 kilómetros y redujo los suicidios un 73% en el primer año.

Matambre al rescate

Cada día, al entrar en su oficina sobre una iglesia evangélica a 20 minutos del puente, o ante situaciones límites que irrumpen en su día, María se disocia (“Cuando una conoce el dolor, deja de mirarse a sí misma”). Recuerda muchos casos. Como el chico solitario que caminó horas desde Campana hasta el puente. O con el que hizo una videollamada durante todo el trayecto hasta que lograron manotearlo desde el borde. O el que iba decidido y tropezó y, desde el piso de acero y losa de hormigón, agarrándose la rodilla, levantó la cabeza y leyó “No estás solo, llamame”. Pero hay un caso que María evoca en su intimidad.

Eran las tres de la mañana. Hacía dos horas había empezado su turno. Estaba en la oficina de tres ambientes: dos habitaciones y una sala de estar con un escritorio, una computadora y un teléfono. En silencio, divagaba. Los pensamientos se dispersan a esa hora con la ciudad apagada. Era un típico martes de julio. El teléfono sonó.

–Necesito hablar– se escuchó entre el viento.

–Estoy para escucharte, corazón–.

La mujer había recorrido unos 250 metros. En la mitad del puente Zárate–Brazo Largo, bajo la noche cruzó desde el sendero peatonal y atravesó la vía ferroviaria. Llegó hasta el angosto espacio que hay junto a la baranda. A esa altura, el viento sube 50 metros desde las aguas turbias del Paraná y se siente con mayor fuerza. Miró a su costado y vio, en una columna, un cartel. “Puedes superar esto”, decía. Y un número: 3487-589876. Llamó.

–Me voy a matar

–¿Por qué, corazón? Contame

–Mi hermana se quitó la vida hace un mes. Vivo con mi mamá y con mi sobrina, porque mi hermana tenía una hijita... No sé cómo voy a llevar todo esto adelante.

Empezaron a hablar. María escuchaba. De pronto, preguntó:

–¿Y vos a qué te dedicas?

–Soy chef. Pero ya no aguanto más, me voy matar– dijo desde el borde del puente.

–Pero esperá, si a mí me encanta el matambre a la pizza.

La imagen absurda de un matambre a las tres de la mañana la obligó a salir de la oscuridad del túnel. Y el drama, de a poco, empezó a disolverse con la risa, excusa suficiente para postergar cualquier decisión.

Hablaron de otros platos y delicias. María desde su oficina. La mujer desde el puente. A veinte minutos de distancia.

–Tenés que cocinarle a tu sobrina, nena. Le vas a tener que enseñar.

–Sí– entre risa y llanto.

Dos horas después, a las cinco de la madrugada, María dijo:

–Andá bajando, corazón.

–Bueno, ya bajé del puente–, al rato dijo la mujer.

Después agregó:

–Loca, me salvaste a la vida. Cuando te vea voy a cocinarte ese matambre a la pizza.

–Yo solo quiero que llegues a tu casa y abraces a tu mamá y a tu sobrinita.

Siguieron hablando hasta que la mujer llegó a su casa.

–Ya llegué. Voy a entrar y voy a abrazar a mi mamá y a mi sobrina.

María todavía evoca el chirrido de la puerta al abrirse que escuchó del otro lado del teléfono, y suspira.

“La gente no escucha, habla por los oídos. Cada vez más, se escucha sólo para responder. Si escucháramos, muchas otras cosas cambiarían”, dice María.

En un par de horas, las dos mujeres habían construido un lazo que pocas veces se logra. Pasó un año desde aquella conversación, pero nunca se vieron, no se conocen en persona. Y María no comió el matambre a la pizza.

“Qué loco, ¿no?”, dice. “La vida tiene eso”.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda por una crisis emocional o pensamientos suicidas, podés comunicarte las 24 horas con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435 desde todo el país. También es importante buscar atención en el centro de salud más cercano.

Los suicidios registrados en 2025 alcanzaron el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables en la Argentina. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 9,1.

Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta del país. En 2025 las muertes por esta causa triplicaron a los homicidios dolosos: 5.209 frente a 1.676. Del total de las víctimas, el 78,6% eran varones, con una mayor concentración entre los 18 y los 34 años.

La tendencia fue ratificada en un informe de The Lancet Regional Health-Americas –una de las publicaciones médicas más prestigiosas– que indicó que en América desde hace 20 años el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes viene aumentando de manera sostenida y se convirtió la tercera causa de muerte entre varones de 10 a 24 años.

Según The Lancet, las principales causas hay que buscarla en el aumento de la depresión y la ansiedad en edades cada vez a edades más tempranas, la presión que ejercen los entornos digitales y consumo de drogas.

“La mayor preocupación está puesta en los varones jóvenes, aproximadamente entre los 18 y los 34 años”, señala Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria observa un cambio en el perfil de los casos: “Antes era más frecuente encontrar cuadros asociados a depresiones, trastornos mentales o consumos problemáticos, pero hoy hay una vinculación creciente con las condiciones de vida y la falta de empleo”.

El deterioro del mercado laboral acompaña ese escenario. Desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 puestos de trabajo registrados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La desocupación cerró 2025 en 7,5%, el nivel más alto desde la pandemia, con casi 1,7 millones de personas sin empleo. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la tasa superó el 16% tanto en varones como en mujeres. Incluso entre quienes conservan un empleo, la necesidad de complementar ingresos crece, ya que el 12,2% de las personas ocupadas tiene más de un trabajo y, en ocho de cada diez casos, ese pluriempleo implica sostener dos ocupaciones simultáneas.

Para Calmels, las dificultades económicas aparecen cada vez con más frecuencia en las trayectorias de quienes atraviesan situaciones críticas. “Siguen existiendo factores como las rupturas vinculares, pero vemos una asociación cada vez más frecuente entre los suicidios, la pérdida del empleo y, sobre todo, el endeudamiento. Estamos encontrando personas que llegan a situaciones límite atravesadas por niveles de deuda muy severos, que generan una sensación de asfixia”, afirma.

Según el informe Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, publicado en marzo de 2026, el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa; el 23,5% acumula más de tres deudas simultáneas –el doble que un año antes– y uno de cada seis tiene cuentas embargadas. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la mora ronda el 40%, la tasa más alta entre los distintos grupos etarios.

Los estudios académicos también registran un peso creciente de las dificultades económicas sobre el bienestar emocional. El Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). El mismo estudio identifica los niveles más altos de riesgo suicida entre los jóvenes de 18 a 29 años.

“El factor de la crisis económica tiene un lugar muy importante en todos los estudios que venimos realizando. Si no aparece como la principal causa de malestar emocional, aparece entre las primeras. El desempleo y la incertidumbre económica explican buena parte de los problemas de salud mental que observamos”, sostiene Cristian Garay, subsecretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y uno de los autores del relevamiento.

El informe también advierte sobre las dificultades para acceder a tratamiento. Entre quienes consideran que necesitan atención psicológica pero no la realizan, el 43,4% señala que no puede afrontar el costo.

Para Calmels, el aumento de los suicidios debe entenderse como un fenómeno multicausal, aunque atravesado por un contexto social cada vez más complejo. “No se trata necesariamente de personas aisladas. Lo que aparece es una creciente dificultad para sostener un horizonte de vida, para imaginar un futuro, porque cuando la vida se convierte únicamente en una lucha por la subsistencia, también pierde sentido”, concluye.

Los mandatos de masculinidad

“Que entre el 75% y el 80% de los suicidios correspondan a varones no nos sorprende, es una tendencia histórica”, dice Nicolás Pontaquarto, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. “Lo que sí nos llama la atención es el crecimiento de los suicidios y el desplazamiento de la edad”. En 2019, un estudio de UNICEF ubicaba la mayor prevalencia entre varones de 15 a 19 años. Hoy esa franja se corrió a los 20-30 años. “Eso obliga a preguntarnos qué pasa cuando esos jóvenes terminan la escuela e intentan insertarse en el mundo laboral. Ahí aparece una enorme dificultad para imaginar un horizonte”, agrega.

“Muchos varones tienen muy pocas herramientas para tramitar el sufrimiento o la frustración”, agrega sobre la construcción de la masculinidad. A eso se suma una relación distante con el sistema de salud. “Los varones que integran las estadísticas de suicidios, en la mayoría de los casos, nunca pasaron por el sistema de salud. Entre las mujeres suele haber más intentos, y eso permite una intervención y un seguimiento posterior”.

El mandato de proveedor sigue vigente aunque las condiciones que lo sostenían ya no existen. “Durante décadas existían empleos más estables y mayores posibilidades de proyectar una vida. Hoy esas condiciones cambiaron, pero el mandato permanece. Cuando no se cumple, aparecen frustración, fracaso y derrumbe”, describe. Además, señala que se suma un clima cultural individualista. “Se instala la idea de que pedir ayuda es un fracaso y que el otro es un competidor”.

Pontaquarto también apunta a los modelos masculinos de las redes sociales, como los influencers financieros que prometen enriquecimiento rápido. “Cuando esa promesa fracasa aparece una enorme frustración, y toda la responsabilidad recae en el individuo”, plantea.

En los talleres que da con varones en sindicatos y empresas, el endeudamiento aparece seguido. “No tenemos un registro sistemático que vincule endeudamiento y suicidio, pero esos relatos son constantes: la frustración por no sostener económicamente a la familia, las dificultades laborales, las deudas, el miedo a no cumplir con el mandato de proveedor”, cierra.

Menor presupuesto y cambios en la política de salud mental

En este contexto, se produce un ajuste significativo en Salud Mental. La Ley Nacional 26.657 establece que el área debería recibir al menos el 10% del presupuesto sanitario, pero para 2026 la asignación prevista representa el 1,42%, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El mismo relevamiento advierte que el programa presupuestario específico para implementar la ley, “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, contará con 48 millones de pesos en 2026, lo que representa una reducción del 91,5% respecto de los recursos vigentes en 2025. A su vez, hasta septiembre de ese año se había ejecutado poco más del 30% de la partida disponible.

Uno de los casos que concentró mayores cuestionamientos fue el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. Tras su intervención por decreto en febrero de 2025, el Gobierno redujo su presupuesto y avanzó con la no renovación de más de 200 contratos, entre ellos profesionales de distintas disciplinas. Meses después dispuso el cierre de las seis residencias interdisciplinarias que funcionaban en el establecimiento.

En paralelo, el gobierno impulsa una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que modifica los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto, enviado al Senado en abril de 2026, reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría que un psiquiatra indique una internación de urgencia, con posterior ratificación por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

LN/MG

Muchos revivieron momentos gratos la semana pasada al ver un pinball de Los Locos Adams en el centro de la agenda mediática, pero pocos saben que detrás de este artefacto de culto existe un universo de grandes exposiciones, coleccionistas nostálgicos, competencias internacionales y un restaurador argentino referente mundial. Son parte de la fascinante historia del pinball, una trama que también une a Al Capone con Manuel Adorni, quien habría pagado unos US$8.000 por una pieza de colección.

Antes de la adquisición del exjefe de Gabinete, y después de que el juego se popularice como entretenimiento barato durante la Gran Depresión, el pinball fue prohibido durante 34 años. Era considerado un juego de azar y lo relacionaban con Al Capone, quien controlaba el negocio de las apuestas. Además, las fábricas de pinball estaban en Chicago, tierra del capo mafia. En 1943 el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, destruyó y arrojó al mar todas las máquinas de la ciudad. “Les quita el dinero del almuerzo a los niños”, dijo en aquel momento.

Cinco años después, el diseñador Harry Mabs incorporó las paletas, los llamados flipper, y el azar cedió terreno a la habilidad. Esta fue la razón para que la prohibición se terminará en 1976, cuando Roger Sharpe, jugador profesional, se paró frente a funcionarios de Nueva York con una máquina y anunció por qué carril iba a salir la bola, y la bola salió por ese carril. El juez lo declaró juego de habilidad, y la ley se levantó de inmediato.

En Argentina el pinball llegó en 1939, de la mano de Kurhelec padre, pero se prohibió en Buenos Aires. Su hijo Juan encontró la salida donde las ordenanzas eran más laxas, en la costa atlántica, donde registró en 1978 la marca Playland. Recién en 1993 los fichines dejaron de ser una postal exclusiva del verano cuando la Justicia habilitó en Buenos Aires las salas recreativas de pinball.

De momento, no se sabe si la Justicia recaerá sobre el pinball del exjefe de Gabinete. Lo que sí es seguro es que Adorni ahora tendrá más tiempo para dedicarle al juego. Y si el sobreúso termina pasando factura, la reparación de la máquina probablemente quede en las manos quirúrgicas de Marcelo Adrián Blanco, reconocido como uno de los mejores restauradores de flipeers del mundo.

El restaurador

En el café de Tacuarí y Garay, San Telmo, a dos cuadras de su taller donde hace unos minutos se encontraba reparando un pinball, como cada mañana, las manos negras, algo engrasadas, de Marcelo Blanco se mueven rápidamente. Habla con fluidez, y maneja perfectamente el inglés, idioma con el que brinda seminarios intensivos en Ohio y Chicago frente a cientos de gringos que lo admiran y toman nota acerca de los secretos del arte de la restauración de flippers.

Hace años, fue contactado por Robert Berk, experto mundial y récord guiness a mayor coleccionista de pinball con 1.041 máquinas. Berk no podía creer que existiese una persona como Blanco. Cuando vio un video de un trabajo que realizó el argentino restaurando una pieza que estaba para el basurero, Berk se tomó la cabeza y dijo: “Este hombre tiene que venir”.

Desde entonces, Blanco viaja todos los años, se instala unos meses en Ohio y trabaja con la colección de Berk. Brinda seminarios y desparrama su conocimiento. Participa de las ferias mundiales. Berk, un altruista del pinball que repara máquinas excepcionales que ningún otro coleccionista compartiría para que utilice el público, le hizo un certificado de adopción y le entregó la “llave de la ciudad de Girard” por su “significativa contribución a la comunidad”.

“En la feria mundial de Chicago había pinballs desde la década del 30. Restauré una máquina de 60 años que anda con film e iba para la basura, nadie lo podía creer. De las mil máquinas que había, un nene de 10 años se enamoró de esa. Todo ese camino es maravilloso”, dice, conmovido, Blanco, quien cada vez que está terminando un trabajo y observa cómo cada pieza se ensambla y los colores cobran vida, se dice a sí mismo: “Dale tarado, ¿por qué te emocionás? Hace 40 años hacés esto”.

Blanco nació en 1971, viendo a su padre restaurar objetos en su local de antigüedades de la calle Chacabuco y Bolivar; y jugando al Meccano, el clásico juego de construcción infantil. Fue el socio de su padre, Roberto MacKintosh, artista plástico, quien le enseñó la técnica de la restauración y le inculcó la perspectiva artística que hace de Blanco hoy un restaurador único, reconocido en el mundo del pinball.

Cuando tenía 14 años, su padre compró un lote de antigüedades. Adentro venía un pinball, un Skinning 1974. “Es mío”, dijo Blanco y se lo compró a US$300, con el dinero que venía ahorrando de trabajos en restauración de juguetes japoneses. Al abrirlo, Blanco quedó fascinado para siempre, encandilado por el “cerebro loco” de esa “máquina misteriosa”.

“Siempre me pareció un objeto misterioso. Cómo la máquina hace las cosas, cómo cuenta puntos, cómo se mueve, una especie de cerebro loco. Abris el cabezal y es una locura lo que hay adentro”, cuenta Marcelo, quien tuvo que aprender a prueba y error, con intuición y sentido común. Desde entonces, no paró, le arregló o restauró el fliper prácticamente a todos los jugadores del país. Hace unos meses, le reparó el pinball a Mario Pergolini.

El juego

El pinball es una negociación con el caos. Cada máquina tiene su diseño y sus reglas, pero todo es secundario si no se domina el control de la bola. Hay técnicas para frenarla sobre la paleta, para pasarla de una aleta a la otra, para sacudirle el cuerpo a la máquina (nudging) para corregir trayectorias sin activar el tilt. Con la electrónica llegaron el multiball y la voz: en 1980 Bally lanzó Xenon, la primera máquina con locución femenina, obra de Suzanne Ciani, cuyas seductoras frases salían de un chip de 8 kilobytes, menos memoria que un mensaje de texto.

El campeonato mundial rota de país en país bajo la órbita de la IFPA. La distancia entre un aficionado y un profesional es muy grande. Donde uno hace 100.000 puntos, los campeones marcan 100 millones. Antes de cada torneo, los de élite recorren las máquinas con libreta en mano para estudiar cada particularidad. El IFPA21, en junio de 2026 en Wisconsin, reunió a 80 jugadores de más de 20 países con un pozo de US$40.000. En Argentina hay buenos jugadores, pero nadie vive de esto.

La lista negra de Marcelo Blanco

Todos los días le piden a Marcelo un trabajo nuevo, de Argentina o del exterior. Sin embargo, hay más gente que está en su “lista negra” que personas que atiende. Hay mucho desprolijo en el ambiente. Últimamente, se centra solo en coleccionistas apasionados, aquellos que hacen un gran esfuerzo por tener su pinball, y precisan un trabajo fino. A los inescrupulosos o lucradores del “compra-venta”, los deja de lado.

“Muchos te dicen ‘es la máquina de mis sueños’ y no termina de salir del taller que ya está vendida. Por ejemplo, la compran a US$2.000, yo se las restauró a US$500 o 1.000, y la venden a 8 mil. Está bien, es su negocio, pero yo mi tiempo se lo dedico a otra gente, a coleccionistas chicos o grandes”, aclara. Según cuenta, en el país hay al menos 10 coleccionistas que tienen más de 100 máquinas.

La nostalgia y el conocimiento intrasferible

Los Locos Adams (Bally, 1992) es la máquina de pinball más vendida de la historia: 20.270 unidades. “Si le preguntás a cualquiera, todo el mundo le jugó”, dice Blanco. “Es la que más restauré en mi vida. He pintado más de cien Adams”. En Pinside, la comunidad de referencia mundial, rankea 31° en el Top 100 general, lejos del podio para los conocedores, pese a ser el título más vendido de la historia. “A mí no me gusta”, dice Blanco.

“Lo de Adorni no fue un tema de estatus”, señala. “El pinball no te da estatus, hay muchachos que viven en un monoambiente y tienen un pinball. Lo de Adorni fue nostalgia pura, es de la generación que el pinball significaba vacaciones en la playa ya que en Buenos Aires estaba prohibido. Son los fichines de la niñez, y el que más se jugaba era el de los Locos Adams”, opina Blanco. 

Este juego tiene también algo de extravío feliz. La posibilidad de entretenerse y abstraerse hacia una realidad sin preocupaciones. Paradójicamente, durante la crisis del 2001 hubo un leve crecimiento en la compra de estos artefactos, según afirma el especialista Blanco. “Conocí muchas personas que se compraron un pinball y se tomaban un whisky esperando a que estalle todo”, revela.

Con Marcelo se termina el sofisticado arte de la restauración de pinball. Tiene una experiencia que se perdió. En su momento intentó transmitir el conocimiento, pero es un oficio que demanda mucho tiempo y “la gente no tiene paciencia, quieren un par de tips y listo”. 

Sin embargo, el amor por el pinball está más vivo que nunca. Todos los años las empresas sacan subtítulos nuevos. “Salió uno de Elton Jhon que es un escándalo, tira láser al techo”, dice. En Europa y en el resto del mundo, crecen los clubes y museos. “No va a desaparecer”, asegura. Siempre habrá coleccionistas apasionados, salas vintage o alguna persona que esté pasando una crisis existencial o un buen momento económico y quiera darse un gustito: tener un flipper en su casa.

LN/MG

Cada lunes, martes y jueves, de 18 a 20, una calle interna de La Carbonilla –en La Paternal– que es, en simultáneo, un estacionamiento, se convierte en cancha de fútbol. Pese a los obstáculos, La Carbo Fútbol Club, que no puede jugar de local, lleva ganando tres campeonatos consecutivos en la Ciudad. Durante las prácticas, los arcos se arman sobre el asfalto. Los padres se plantan en los costados como vallas humanas para evitar tragedias, frente a autos que no dejan de circular. Siempre hay algún vehículo estacionado en el medio del espacio. Y es habitual que se generen peleas o irrumpan operativos policiales, como ocurrió el pasado 14 de mayo.

Ese jueves se desplegaron más de 1.500 agentes en las 15 principales villas de la Ciudad, en el marco del Operativo Tormenta Negra. En La Carbonilla unos 150 efectivos armados, con escudos y en motos, atravesaron entre niños la cancha en pleno entrenamiento. Muchos chicos corrieron, otros se quedaron paralizados. “Fue muy traumático ver semejante despliegue de patrulleros, los chicos tienen mucho miedo y no se lo merecen”, narra Jesús Antonio, referente de las familias del barrio, padre de uno de los 70 niños que compiten en La Carbo FC.

La Carbo FC nació hace una década, con la primera escuelita deportiva en el barrio. En 2021, Tejiendo el Barrio se sumó al proyecto y lo fortaleció con equipamiento, gastos y estructura institucional. Desde entonces, son tricampeones. Ahora, tras el último operativo, esta asociación civil, que se ocupa de mejorar el desarrollo de barrios populares, dio a conocer una demanda que tienen hace tiempo: consiguieron el financiamiento para construir una cancha reglamentaria bajo el viaducto del San Martín pero, según denuncian, el Gobierno de la Ciudad no inicia el trámite burocrático que no le costaría dinero al Estado.

“El año pasado perdimos US$35.000 de una marca deportiva internacional que quería construir la cancha, y perdimos esa oportunidad porque se demoró el trámite”, lamenta Rodrigo Karasik, presidente de Tejiendo el Barrio. “Ahora tenemos comprometidos alrededor de US$50.000 de empresas privadas. Lo único que necesitamos es el terreno, que no tiene valor comercial porque está debajo del viaducto San Martín, que sólo se tiene acceso a través de la villa. No tienen que gastar un peso, nosotros nos encargamos de todo. Lo único que nos dicen es que 'no están dadas las condiciones políticas' para esto”, explica el referente de la ONG que ya ha hecho obras en otros barrios.

elDiarioAR consultó al Gobierno de la Ciudad por el estado del pedido, pero hasta el momento no hubo respuesta.

El mismo viaducto, otra ciudad

El terreno que reclaman no es una excepción dentro de la Ciudad. Es la parte que sobró. El viaducto del San Martín, inaugurado en 2019, elevó las vías a lo largo de cinco kilómetros entre Palermo y La Paternal y generó, debajo, más de 48.000 metros cuadrados de espacios nuevos. En diciembre de ese año, un día antes del recambio presidencial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concesionó por 30 años los tramos mejor ubicados: la firma Directos Pacífico S.A. pagó $768 millones por los sectores Corrientes-Córdoba y Playa Ferroviaria Palermo, y Espacios Estrella S.A., 144 millones por el tramo de Warnes, según los registros del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Hoy, bajo esos arcos funcionan bares, restaurantes y locales comerciales.

El tramo que bordea La Carbonilla, en cambio, quedó vacante ya que nadie ofertó por un espacio al que solo se accede caminando por la villa. Mientras del lado de Palermo el bajo viaducto se llenó de mesas y pizarras con menús, del lado de La Paternal crecen pastizales y circulan roedores. Ese es el lugar donde Tejiendo el Barrio quiere construir la cancha con vestuarios y baños, con fondos que ya están comprometidos. Lo único que falta, insisten, es que la Ciudad abra el expediente para pedirle la cesión del terreno a Nación.

“Nos parece un despropósito que se pierdan inversiones privadas destinadas a generar infraestructura social por cuestiones burocráticas”, resume Karasik.

Más operativos, menos urbanización

Karasik cuenta que la propuesta concreta se presentó durante la administración actual, que las primeras reuniones fueron positivas y que siempre les dijeron que el proyecto era interesante. El paso siguiente, iniciar el trámite, nunca llegó. “Nuestra percepción es que hubo un cambio de enfoque hacia los barrios populares. La gestión considera que las políticas anteriores fueron equivocadas y adoptó una mirada mucho más centrada en la seguridad”, señala.

Tormenta Negra fue el primer operativo simultáneo en las 15 principales villas porteñas e incluyó drones, perros K9, dos helicópteros y el vehículo blindado “Fénix”. Jorge Macri lo supervisó desde el Centro de Monitoreo Urbano y dijo que el objetivo es “proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires”. Esa misma noche, entrevistado en LN+, el jefe de Gobierno resumió su política de hábitat para las villas: “En la Ciudad no se puede construir más. Si vemos construcciones las demolemos”.

Deudas que se cobran con el techo

La Carbonilla nació con la crisis de 2001, cuando unas 40 familias se asentaron en terrenos ferroviarios junto a la estación La Paternal. Hoy viven unas 4.000 personas en un barrio inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, donde casi todos los adultos económicamente activos trabajan, en la economía formal o en la informal.

Karasik describe tres problemas que se potencian entre sí. El primero es el retroceso de los procesos de urbanización. El segundo, la caída de los ingresos: muchas actividades informales que permitían subsistir a las familias están siendo perseguidas. El tercero es el endeudamiento con prestamistas vinculados a organizaciones criminales. Cuando las familias no pueden pagar, aparecen mecanismos de presión violentos y muchas terminan entregando el “espacio aéreo” de sus viviendas, es decir, la posibilidad de construir hacia arriba, que esas organizaciones aprovechan para desarrollar negocios inmobiliarios dentro del barrio.

“Hay una sensación de abandono muy fuerte”, agrega el presidente de Tejiendo el Barrio. “Los mismos servicios funcionan de una manera en los barrios formales y de otra muy distinta en los barrios populares. Esa diferencia es percibida por los vecinos todos los días.”

“Para ellos sería cumplir un sueño”

Jesús Antonio, Tony, vive en La Carbonilla desde hace 20 años y cada entrenamiento tiene que avisar a los vecinos que retiren los autos, revisar los carteles con los horarios que él mismo colocó, pararse frente a una moto para que baje la velocidad. “Permanentemente existe el riesgo de que algún vehículo lastime a un chico”, dice. Más de una vez tuvo que detener el juego para que la gente pudiera cruzar por el medio de la cancha.

Su pelea por el club convive con su propia urgencia, ya que trabajó diez años en el Correo Argentino hasta que en 2024 lo echaron. Desde entonces se reinventó como vendedor ambulante en ferias bonaerenses. En varias oportunidades le advirtieron que no puede subir al tren con el carro que usa para transportar la mercadería y, antes que arriesgarse a perderlo, ha vuelto a su casa sin el plato de comida para sus hijos.

La escuelita reúne de manera permanente a unos 70 u 80 chicos. Los lunes hay básquet, los jueves fútbol y los martes la cancha es exclusiva del fútbol femenino. Los que compiten reciben botines, pecheras y equipamiento completo, financiados por las empresas que acompañan a la ONG. Pero el espacio no tiene medidas reglamentarias. El club queda afuera de algunos torneos y está condenado a jugar siempre de visitante.

“Es una lástima porque el club genera mucha identidad barrial. Cada vez que salen campeones organizamos una vuelta olímpica por el barrio y participa muchísima gente”, cuenta Karasik. “Que no puedan jugar de local es una pérdida para toda la comunidad”.

LM/MG

La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada, viajó esta semana a La Rioja para conocer de primera mano la situación de Arcoiris, la niña de 10 años que desde el 17 de diciembre de 2025, tras una decisión judicial que dispuso su traslado desde Buenos Aires, reside nuevamente en La Rioja con su padre. Tanto el progenitor como el abuelo paterno fueron denunciados por abuso sexual desde que la nena tenía 2 años. 

Según alerta su madre, Delfina Silva Zarranz, y su entorno familiar, desde entonces la niña solo pudo mantener dos videollamadas supervisadas de 20 minutos con su madre. Pelloni planteó ante las autoridades judiciales la necesidad de restablecer el contacto entre la niña y su familia materna mientras continúan tramitándose las causas judiciales vinculadas a denuncias de violencia sexual que permanecen abiertas desde 2018.

“Para nosotros el caso Arcoiris ha sido emblemático desde el comienzo”, sostuvo Pelloni durante una conferencia de prensa realizada este viernes.

La referente, reconocida por su participación en el reclamo de justicia por el crimen de María Soledad Morales, mantuvo reuniones con la jueza Ana Carla Menem, integrante de la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas de La Rioja; con autoridades del Tribunal Superior de Justicia provincial y con Gastón Mercado Luna, del Ministerio Público de la Defensa.

Sobre el encuentro con Menem, Pelloni señaló haber quedado “relativamente conforme” con las explicaciones brindadas. También pidió que se profundice la investigación a partir de nuevos elementos que, según sostuvo, no habrían sido considerados hasta ahora.

Respecto de las conversaciones mantenidas con integrantes del Tribunal Superior de Justicia, dijo haber recibido el compromiso de avanzar en mecanismos que permitan retomar el contacto de la niña con su familia materna. “Hay espíritu de continuar trabajando con lo que hemos pedido”, afirmó.

El reclamo por el vínculo con la familia materna

La jueza Menem, con quien Pelloni dijo haber quedado “relativamente conforme”, fue también quien firmó la resolución que derivó en el traslado de la niña a La Rioja el 17 de diciembre pasado.

De acuerdo con la familia materna, desde entonces los pedidos para retomar el contacto con Arcoiris no obtuvieron respuesta judicial. En paralelo, el juzgado impulsa una nueva evaluación pericial sobre Delfina Silva Zarranz.

La madre sostiene que una pericia previa, ordenada por la propia jueza Menem, concluyó que se encontraba en condiciones de ejercer el cuidado de su hija y recomendó evitar situaciones de “sobreintervención institucional” y de “victimización secundaria”.

Desde su traslado, Arcoiris habría dejado de asistir a la escuela y se habrían interrumpido las actividades recreativas y artísticas que realizaba, según consta en la presentación de la familia.

Una causa abierta desde hace ocho años

El conflicto judicial se remonta a 2018, cuando Delfina Silva Zarranz consultó a una psicóloga infantil por cambios en el comportamiento de su hija. A partir de esas intervenciones surgieron denuncias por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos en el entorno de la familia paterna.

Las acusaciones alcanzaron inicialmente al abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, quien se desempeñaba entonces como jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de La Rioja. A lo largo de los años se acumularon cinco denuncias vinculadas a distintos episodios ocurridos entre 2018 y 2022.

En junio de 2022, madre e hija viajaron a Buenos Aires. Durante esa estadía, que finalmente se extendió durante casi cuatro años, Delfina presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. El organismo calificó la situación como de “alto riesgo” y solicitó medidas de protección, que fueron otorgadas por el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 106.

En febrero de 2023 se produjo un intento de restitución de la niña a La Rioja. La intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires derivó en nuevas actuaciones y en una denuncia contra el padre y el abuelo paterno por presunta violencia sexual.

Mientras tanto, la Justicia riojana procesó a Delfina Silva Zarranz por impedimento de contacto y le impuso prisión domiciliaria, medida que cumplió hasta fines de 2023.

En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó decisiones adoptadas por la Justicia riojana, al considerar que habían incurrido en un “rigor formal excesivo” incompatible con el adecuado servicio de justicia. El máximo tribunal ordenó revisar las actuaciones y garantizar el interés superior de la niña.

Sin embargo, nueve meses después, la jueza Menem firmó la resolución que derivó en el operativo realizado el 17 de diciembre de 2025. Ese día, tras el levantamiento de las medidas de protección vigentes en Buenos Aires, Arcoiris fue trasladada a La Rioja por orden judicial.

A ocho años de las primeras denuncias, las causas penales vinculadas a los presuntos hechos de violencia sexual continúan sin una resolución definitiva.

Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.

“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”

Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.

Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte. 

El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”

Características de la reforma migratoria

El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.

El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.

La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.

Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”

El requisito imposible

Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.

Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.

En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice. 

“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.

La otra cara: los operativos

Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.

En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.

Más dura que la Ley Videla

Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.

“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori. 

Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.

“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.

“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye. 

LN/MC