“El que mejor se encuentra, solo está endeudado”, dice T., un vecino de La Carbonilla, parado entre altas y precarias construcciones que quedaron a medio terminar. Delante hay un estacionamiento que funciona como cancha de fútbol, mientras se desarrolla el entrenamiento por donde pasan autos y motos, vecinos, vendedores y mormones yankies que comen mandarinas e interrumpen la práctica. “El que menos, está endeudado”, insiste T., abriendo los ojos, recurriendo a la elipsis para explicar la compleja y laberíntica trama en la que muchos vecinos están atrapados.

La devaluación del 50% de 2023, la eliminación de programas como Volver al Trabajo y los operativos policiales que prohíben la venta y secuestran mercadería hicieron que las familias de las villas perdieran ingresos y entraran en un circuito de endeudamiento múltiple. Primero se recurre a billeteras virtuales; cuando esa vía se agota, se desinstala la aplicación y la deuda pasa al interior del barrio, a prestamistas y redes vinculadas al dinero que mueve el narco.

La deuda es de subsistencia; para darle de comer a los hijos y para conseguir algo que permita trabajar. Es común que alguien pida $20.000 para comprar alfajores y salir a vender al subte. En tres días tendrá que devolver $30.000. Pero si en un operativo –situación que ocurre con frecuencia, según vecinos– le secuestran la mercadería –caja de alfajores, paltas– o su herramienta –parrilla, carro–, se queda sin trabajar y conserva la deuda con el prestamista.

“Lo que se observa es un circuito en el que parte del dinero proveniente del narco, que no puede ingresar al sistema financiero formal, termina colocado en préstamos dentro del barrio. El préstamo aparece así también como una forma de mover o blanquear ese dinero”, advierte Rodrigo Karasik, presidente de la ONG Tejiendo el Barrio.

El negocio creció hasta volverse un mecanismo más de la economía de la zona, y llega a un límite cuando las familias ya no tienen qué vender. Entonces aparece un fenómeno reciente: empiezan a entregar el espacio aéreo de sus casas. En barrios populares, construir hacia arriba es la única posibilidad de crecimiento; tener otra habitación para que los hijos dejen de dormir hacinados. “Ahora, esa posibilidad está siendo cedida al prestamista vinculado con el narco”, avisa Karasik.

Los casos, la usura y la violencia

Cecilia (reservamos su identidad) tiene 52 años, vive en La Carbonilla, vende comida por encargo y coordina las entregas por Whatsapp. Su herramienta de trabajo es el celular. Uno de sus hijos, que atraviesa una situación de consumo problemático, le vendió el teléfono. Para seguir trabajando tuvo que endeudarse y comprar otro. Ya se había desinstalado todas las billeteras virtuales, así que el préstamo se lo dio una estructura vinculada al narcomenudeo, con tasas imposibles de afrontar.

Según un relevamiento de Tejiendo el Barrio, el costo anual del crédito bancario arranca en el 74% y en las billeteras virtuales llega al 1.376%. Los prestamistas barriales cobran 40% por mes: un costo efectivo anual del 5.569%. Sobre un préstamo de $100.000 a un año, en el banco más barato se devuelven $174.000. Con el prestamista de la cuadra, $5.670.000.

Al no poder devolver el dinero, Cecilia empezó a recibir presiones y amenazas. La deuda se resolvió recientemente, cuando la mujer cedió a los prestamistas la parte superior de su vivienda, un espacio que iba a ser destinado para descomprimir la situación de hacinamiento de la familia. Actualmente viven 8 personas en una sola habitación.

También está el caso de Yohana, una mujer de 40 años que vive en el Playón, una villa en Chacarita, y vende comida en la calle. Se endeudó para comprar insumos y hace unas semanas la policía la detuvo y le secuestró la mercadería. Pidió otro préstamo para pagar el anterior y volver a cocinar. Tras múltiples amenazas, entregó parte de su vivienda y su espacio aéreo.

“Se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, intentos y tiros en las piernas por deudas de dinero”, confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Cuando tenés una deuda formal, pasás a las billeteras virtuales y después a los prestamistas, entonces aparecen personas vinculadas al narcomenudeo que están prestando plata y buscan sacarles las casas a familias que pidieron un millón de pesos y en cinco meses tienen que devolver 25 millones”, advirtió. Según los últimos datos oficiales del Ministerio, los hechos se duplicaron en un año, pasando de 132 casos mensuales durante 2025 a 252 entre enero-marzo 2026.

Son los casos registrados. Hay otro universo, el de quienes eligen no denunciar. “El tema del endeudamiento es algo de lo que no se habla mucho acá, es un asunto del que se elige callar”, cuenta Manon Laugier, presidenta de la Asociación de Fomento Vecina de Villa Miraflores, en el Bajo Flores. “Se ve gente todo el tiempo yendo de un lado a otro buscando comida. Acá, en el barrio, por ejemplo, la única proteína que se consume es la alita de pollo”.

Una encuesta de agosto del Instituto Periferias a más de 5.000 personas de barrios populares de todo el país arrojó que el 60% está endeudado y que el 42,3% de ese universo pidió plata para comer. “En ese camino de desesperación cayeron en manos de usureros inescrupulosos”, dice a elDiarioAR el sociólogo Daniel Menéndez, director del instituto.

Entre los más jóvenes, el prestamista ya le gana al sistema formal. El Instituto Universitario CIAS encuestó a 964 chicos de 16 a 24 años de barrios populares del AMBA: el 57% dijo que en su hogar tomaron deuda para gastos corrientes y, de esos hogares, el 39% fue a un prestamista del barrio, el 21% a una billetera virtual y el 18% a la tarjeta.

Primero los muebles, después la casa

Juan Pablo Hudson investiga hace más de una década las mutaciones de los barrios populares de Rosario. Publicó recientemente en Crisis un informe que describe el circuito del endeudamiento. Desde comienzos del año pasado verificó que las redes narco diversificaron el negocio: además de vender droga, prestan plata y manejan juego clandestino online, los “casinitos”. “Hoy, en los barrios populares y en las villas, el narco, un ‘tranza’, es el principal prestamista para los vecinos y las vecinas”, dice.

El préstamo se pide a alguien conocido: un familiar, un vecino, un amigo. Hudson los llama “acreedores populares”. Son miles los que intermedian y decenas de miles los que deben. La mora corre por día. Si de lunes a viernes el interés es de $5.000 diarios, el sábado y el domingo pasa a $10.000. “Se paga como un plus por el fin de semana”.

Cuando la deuda supera cierto límite, deja de administrarla el conocido. Aparecen los “soldaditos”, o “cobrantes”. “Te van a buscar a tu casa, te tocan la puerta y te piden el dinero. Cuando decís que no lo tenés, te dan una cantidad de horas”, describe. Cumplido el plazo piden un bien: un electrodoméstico, un mueble. Eso se repite. “Y cuando terminaste de entregar todo lo que tenías en tu casa y la deuda continúa, directamente te piden la casa”.

La baja de programas como Volver al Trabajo empuja el circuito. Unos 900.000 titulares cobraban un monto congelado desde el inicio de la gestión de Javier Milei y este mes dejaron de recibirlo. “Si ya no tenés ni siquiera los $78.000 del plan social, necesitás quizá pedir un préstamo de $80.000 o $100.000 a un vecino para poder suplirlo”, dice Hudson.

Para él, el Gobierno juega con fuego pero cree que “está cómodo en un escenario en el que las periferias urbanas son gobernadas por los mercados ilegales”, dice, y aclara que no habla de una participación directa. Mientras la violencia quede entre prestamistas y deudores, no llega a Plaza de Mayo. “En la medida en que esto quede acotado al interior de las periferias, de los barrios populares y las villas, al Gobierno no le importa”.

LN/MG

Una tarde entre abejas hace 25 años, un joven Walter Farina estaba a punto de descubrir el inicio de lo que años más tarde se convertiría en la “gran emoción biológica” de su vida. En un extremo del laboratorio había una colmena, y en el otro un alimentador artificial con un olor diluido y tres abejas que iban y venían. En el medio, Walter, el biólogo de la UBA, observaba el movimiento de los diminutos e imprescindibles insectos.

Las tres abejas iban a la colmena y volvían con nuevas reclutadas. Antes de que llegaran al alimentador, Walter las atrapaba y las anestesiaba en un tubo donde solo podían mover las partes bucales. Les ofrecía olores, y si la abeja extendía la proboscide (la trompita), era porque le evocaba que el alimento estaba por venir. Ese fue el puntapié inicial para demostrar que las abejas desarrollan una memoria olfativa dentro de la colmena, sin haber tocado nunca la flor, solo por haber recibido una gota de néctar de la boca de otra abeja.

El descubrimiento, publicado en 2005 en Proceedings of the Royal Society B, permitió diseñar una tecnología pionera en el mundo: la “polinización dirigida”. Alimentan colmenas con jarabe azucarado perfumado con el aroma sintético de un cultivo para que, por trofalaxis (intercambio boca a boca), toda la colonia asocie ese olor con comida antes de salir a volar, sin que la mayoría de las abejas haya pisado jamás esa flor.

La técnica, publicada en Current Biology en 2020 y patentada por CONICET/UBA, se transformó en una empresa –Beeflow– que hoy opera en seis países con arándanos, almendras, cerezas y kiwi, y aumenta los rendimientos entre 20% y 90% según el cultivo. La investigación que la hizo posible dejó de ser financiada por el Estado hace dos años y medio y subsiste en su mínima expresión, gracias a los fondos del convenio con Beeflow, licenciataria exclusiva del invento.

Primer gran hallazgo

El joven Walter Farina no sabía que estaba por desarrollar una tecnología inédita. Un trabajo posterior, publicado en 2007 con colmenas de observación de paredes de acrílico, certificó que el aprendizaje se produce a través de esa interacción boca a boca. “Todavía no me imaginaba que esa información pudiera propagarse entre miles de abejas”, dice Walter.

Ampliaron los ensayos al resto de la colmena. Pero la emoción biológica más grande llegó con los primeros mapas de rendimiento en cultivos de girasol. Habían entrenado decenas de colmenas en distintos lotes y podían comparar los grupos control, tratados con un olor que no tenía nada que ver –el de jazmín–, con los tratados con el formulado sintético.

Las diferencias eran tan significativas que Walter pudo verlas en el campo, incluso antes de procesar los datos. “Para mí, esa fue quizá la emoción biológica o científica más grande que sentí por algo de lo que había hecho”, dice. Esa noche de verano de 2011 el equipo brindó. Sabían que habían encontrado algo importante, pero la publicación del trabajo les llevó 10 años.

“Por eso no se pueden detener las investigaciones, porque llevan mucho tiempo”, dice Walter. “Nos mantenemos por los fondos del convenio con la empresa. Si no fuera por eso, se hubiese detenido, porque hoy el Estado desfinancia a todos los equipos”, lamenta el científico.

Décadas para construir

El miércoles 29 de julio, investigadores y becarios del CONICET se concentraron frente al Polo Científico Tecnológico, en Palermo. Reclamaron la prórroga de las becas de cerca de 400 posdoctorales que vencían el 31 de julio. Son profesionales con unos ocho años de formación, y la partida que piden –de entre $2.000 y $3.000 millones– depende de la Jefatura de Gabinete.

Desde el CONICET respondieron que “legalmente no es posible crear o prorrogar becas sin la correspondiente partida presupuestaria” y que extenderlas implicaría “una erogación de cientos de miles de millones de pesos que el organismo no tiene”. Fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas agregaron que el conflicto no alcanza el nivel de impacto público que tuvieron otras protestas recientes, como las del Hospital Garrahan.

El caso se inscribe en una caída sin precedentes. Entre 2023 y 2026, el presupuesto de la función Ciencia y Técnica cayó un 50,2% en términos reales. La Ley de Financiamiento de la Ciencia, sancionada en 2021 y hoy suspendida, fijaba un piso del 0,52%. La Agencia I+D+i, principal financiadora de proyectos, perdió cerca del 80% de su presupuesto, y los salarios del CONICET acumulan una caída real del 40,5%. “Construir ese sistema lleva décadas”, dice Walter a elDiarioAR. “Destruirlo puede hacerse muy rápido”.

A principios de julio, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales denunció en una carta abierta el “vaciamiento” del sistema y advirtió que el freno a los ingresos deja “a doctores altamente calificados sin empleo, forzando una grave fuga de cerebros”. “Muchos estudiantes dejaron de pensar en hacer un doctorado en la Argentina”, dice Walter. En su laboratorio, las líneas sin aplicación comercial inmediata quedaron reducidas a su mínima expresión. Una de ellas estudia cómo se adquiere la información química durante la fase larval, cuando las abejas todavía no salieron de la colmena. “Ahora seguimos estudiándolos, pero haciendo cuentas contables permanentemente”.

Las abejas que no pueden relacionarse

Antes de que llegara el ajuste, el equipo hizo otro descubrimiento: los agroquímicos dañan la memoria social de las abejas. No las matan, pero las vuelven lentas y les alteran la vida en común, lo que retrasa el crecimiento poblacional.

Encontraron alteraciones muy importantes en genes vinculados con la cohesión social. Eso los llevó a pensar que la intensificación agrícola no solo modifica el comportamiento individual, sino también el funcionamiento colectivo de la colonia. “Después de la exposición a ciertos agroquímicos las abejas tienen más dificultades para relacionarse socialmente”, dice Walter.

El trabajo tuvo repercusión mundial. Desde entonces conviven con esa doble mirada: un organismo capaz de aumentar la producción de alimentos y, a la vez, un animal que vive en ambientes cada vez más degradados. “Por eso creemos que deben permanecer el tiempo mínimo indispensable en los cultivos y luego volver, mediante la transhumancia, a ambientes más naturales donde puedan recuperarse”, afirma Walter.

Lo que sigue

El laboratorio tiene hoy preguntas abiertas: cómo la intensificación agrícola altera el sistema nervioso de las abejas, y qué ocurre en el cerebro de una abeja cuando interpreta la danza de otra y ese dato se convierte en una decisión de vuelo. La misma pregunta que Walter miraba hace veinticinco años en aquel campo, con tres abejas que iban y venían. Avanzan al ritmo que permite el presupuesto.

Alrededor de un tercio de la producción agrícola mundial depende de la polinización, y las abejas melíferas representan cerca del 95% de los polinizadores que se usan en la agricultura. Pero Walter insiste en que la cuenta no termina ahí. “Cada vez encontramos menos polinizadores silvestres, y eso significa menos diversidad y sistemas más inestables”, dice. “Protegerlas no es solamente cuidar un insecto: es proteger buena parte de los sistemas que sostienen nuestra alimentación”.

LN/MG

En apenas unas horas, la Guardia de Auxilio llega a un edificio, lo inspecciona, genera un acta que consigna riesgo de derrumbe y ordena la evacuación. Ese mismo día, camiones de mudanza cargan a las familias y sus pertenencias y las trasladan a un hotel, un parador o, en algunos casos, a la calle. No interviene un juez. No hay aviso previo ni relevamiento social.

En la Ciudad de Buenos Aires, ese mecanismo pasó de explicar el 2% de los desalojos en 2024 al 58% en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Congreso debate un proyecto que acelera los desalojos judiciales, amplía quiénes pueden iniciarlos y, según sus críticos, podría darle respaldo normativo a una práctica que hoy no lo tiene.

El 2 de marzo le tocó al edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Brigitte Torres vivía allí desde hacía siete años con sus dos hijas. Algunos vecinos llevaban dos décadas con contrato. “Era una herencia vacante”, cuenta Torres. “Apareció un supuesto dueño, pero nunca hizo la sucesión”.

Un mes antes habían pasado los bomberos. Según Torres, revisaron columnas, ventanas y escaleras y no detectaron problemas estructurales, aunque sí fallas técnicas, cables fuera de sus cajas y caños en mal estado. Después llegó la Guardia de Auxilio con la faja de clausura. “El arquitecto nunca entró al edificio”, afirma. El desalojo duró casi dos días.

Una excepción convertida en regla

La clausura total con desocupación por riesgo de derrumbe se apoya en el artículo 12 del decreto 1510/97, que habilita a la administración a actuar sin esperar a un juez. Está pensada para situaciones de emergencia estructural inminente e inaplazable. Es una excepción a la tutela judicial previa. Pero dejó de ser una excepción.

Entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo 621 desalojos en la Ciudad, que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato surge de un informe del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con información oficial.

El cambio está en el método. En 2024, el 98% de los desalojos se hizo por orden judicial. En los primeros meses de 2026, los administrativos llegaron al 58% y superaron por primera vez a los judiciales, según un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteñas elaborado con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad. Las clausuras totales pasaron del 2% al 56%: en todo 2025 alcanzaron a 20 familias y 35 chicos; en los primeros meses de 2026, a 222 familias y 215 chicos.

El mismo informe advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete porteña instó a realizar inspecciones en el 33% de esos desalojos, cuando el mecanismo debería responder a una “situación de emergencia técnica objetiva”. Los organismos también señalan que la evacuación total solo se justifica cuando no alcanza con apuntalar o clausurar una parte del inmueble y reclaman un protocolo único, que hoy no existe.

“Nos preocupa porque no cumple las pautas de los desalojos judiciales. No hay aviso previo, relevamientos ni intervención de los organismos correspondientes para evaluar la vulnerabilidad”, dice Victoria Freire, diputada de Fuerza por Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda porteña, quien además presento un proyecto de protocolo contra los desalojos. Según sus registros, las clausuras con desalojo fueron 14 en 2025 y 67 hasta el 14 de mayo de 2026. Contabiliza 509 familias desalojadas por esa vía, frente a 954 por la judicial. Un tercio de las personas alcanzadas son chicos.

“Está dirigida a viviendas colectivas donde viven familias trabajadoras de bajos ingresos que llevan muchos años en la Ciudad”, describe Freire. El informe del Ministerio Público ubica esos desalojos principalmente en inquilinatos, conventillos, pensiones y hoteles familiares de las comunas 1, 3 y 4.

El proyecto que acelera los desalojos

El 7 de agosto el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33. Su capítulo sobre desalojos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad.

El texto establece que toda acción de desalojo tramite por juicio sumarísimo, habilita la entrega inmediata del inmueble bajo caución juratoria y amplía quiénes pueden iniciarla: ya no solo el propietario, sino cualquiera que invoque un derecho o interés legítimo. Para las viviendas, mantiene una intimación previa de diez días corridos por falta de pago. El proyecto pasó a Diputados.

“Los desalojos exprés ya se están desarrollando en la Ciudad, encubiertos bajo la modalidad de evacuación”, sostiene Freire. “La ley les otorgaría un marco legal que hoy no tienen”.

A quién alcanza el texto

La discusión pública asocia el proyecto con las usurpaciones, pero los números del Poder Judicial muestran que son una minoría. Entre 2020 y 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil registró 15.037 causas de desalojo. La intrusión –el ocupante sin ningún vínculo con el propietari– explicó 2.351, el 15,6%, y viene en baja: fueron 496 causas en 2023, 412 en 2024 y 336 en 2025.

Dos de cada tres causas corresponden a inquilinos: 5.576 por vencimiento de contrato y 4.238 por falta de pago. Los datos surgen de un trabajo especial de la propia Cámara publicado en junio de 2026.

Sobre ese universo recaen algunos de los principales cambios. Para obtener la desocupación inmediata ya no haría falta una caución real –una garantía económica– sino una declaración jurada del propietario. Y la intimación previa por falta de pago, que el Ejecutivo había fijado en tres días, quedó en diez después de la negociación en el Senado.

“Bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago”, planteó en el recinto el senador Mariano Recalde.

Torres, vocera de la Coordinadora contra los Desalojos, asegura que el perfil de las consultas empezó a cambiar: “Al principio recibíamos casos de lugares ocupados, inmuebles ociosos y herencias vacantes. Ahora están llegando directamente inquilinos con contratos formales”.

Qué queda después de un desalojo

Ni las familias ni los edificios desalojados tienen seguimiento. “No sabemos cómo reorganizaron su vida, si consiguieron otra vivienda o si los chicos continúan en sus escuelas. Tampoco existe una planificación clara sobre los inmuebles”, dice Freire.

Desde abril, ocho familias fueron desalojadas en distintos operativos en edificios ubicados en Girardot y Heredia, en el barrio de Villa Ortúzar, en la zona que rodea la Plaza Malavar. Dos de ellas desalojadas el lunes pasado, vivían allí desde hace más de 20 años, según informó el medio vecinal Villa Ortúzar Periódico. Después del operativos, los vecinos se organizaron para montar guardia y evitar que otras personas en situaciones similares terminaran también en la calle. Sin embargo, este viernes volvieron a desalojar otra casa.

Cochabamba 2642 sigue tapiado. Adentro quedaron muebles de vecinos que estaban de vacaciones durante el operativo. “Está desierto. Se está pudriendo por dentro y las vecinas dicen que se llena de gatos”, cuenta Torres. De noche, algunas personas en situación de calle duermen bajo un techito sobre la vereda.

El edificio forma parte de un stock de viviendas vacías que la Ciudad no moviliza. En 2023, el 13% de las viviendas porteñas estaba vacío y unas 70.000 llevaban más de un año sin consumo eléctrico, según un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. La vacancia se concentra en el macrocentro y zonas como Constitución y Flores, entre sucesiones trabadas, deterioro edilicio y departamentos que perdieron demanda.

El Gobierno porteño sostuvo que había recuperado “un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años”, donde había denuncias por peleas, robos y disparos. También afirmó que funcionaba como “aguantadero” y que allí encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad. Con ese procedimiento, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos “a sus verdaderos dueños”.

La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y qué destino tendría. No hubo respuesta.

Torres se fue a un hotel con sus dos hijas, por $560.000 mensuales, y se endeudó en más de $2 millones para afrontar el primer mes, al igual que todas las familias que vivían en el edificio. Según cuenta, algunos quedaron en la calle. Una, de cinco personas y cuatro chicos, durmió tres días frente al edificio.

Cinco meses después, no hay obra ni proyecto. “Podría albergar a 40 familias y desalojaron a 40 familias”, dice Torres. Entre ellas, calcula, había al menos 60 chicos.

LNMG

Cada vez que un automovilista carga nafta paga un impuesto del 5% cuyo destino específico son las obras para evitar inundaciones en campos y pueblos. En el GNC, la alícuota es del 9%. Sin embargo, al 6 de abril de 2026, el fondo que se alimenta de ese impuesto tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional.

El dato fue informado por el Ministerio de Economía al Congreso en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete, aunque sin precisar a qué obras estaban afectados esos recursos.

La ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica establece que el Estado debe garantizar la “intangibilidad de los bienes” del fideicomiso y la estabilidad del impuesto, que “no constituye recurso presupuestario alguno” y solo puede destinarse a los fines establecidos por la propia norma. Entre ellos figuran las obras hídricas, la recuperación de tierras productivas, la mitigación de inundaciones y el saneamiento. Las Letras del Tesoro no aparecen entre esos destinos.

Los números desde diciembre de 2023

Al 31 de diciembre de 2024 el fideicomiso acumulaba un resultado financiero positivo de $85.219 millones, según el informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto citado en un pedido de informes de la Coalición Cívica. Un informe del gobierno bonaerense calculó que, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el fondo recibió unos $175.000 millones y aplicó $13.011 millones a obras: un 7,45%.

Durante 2025 el patrón se mantuvo. Hasta mayo se habían presupuestado $83.608 millones para obras y ejecutado $12.101 millones: el 14,47%. Para 2026, el Presupuesto proyecta una recaudación de $321.290 millones y prevé un gasto de capital de $260.199 millones, aunque no detalla qué obras serán financiadas.

Veintiocho obras neutralizadas

Ante un pedido de acceso a la información, la Secretaría de Obras Públicas informó a mediados de 2025 que el fondo financia 49 obras y que 28 se encuentran neutralizadas. El dato consta en el proyecto 2642-D-2025 de la Cámara de Diputados.

Entre ellas está una obra que el propio Gobierno catalogó como prioritaria: la Etapa 2 del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, poco más de 30 kilómetros de dragado en una cuenca de 17 millones de hectáreas que alcanza a 59 municipios.

Los trabajos se detuvieron en febrero de 2025 y la paralización quedó formalizada mediante actas que invocaron como fundamento el decreto 70/2023 de emergencia económica. En octubre, después de una reunión con la Mesa de Enlace, el Gobierno anunció su reactivación.

Seis meses después informó avances de 13,88%, 58,63% y 31,69% en los tres subtramos. El cronograma original establecía que debían estar terminados en mayo de 2025.

La respuesta oficial

Los diputados preguntaron por qué las obras estuvieron frenadas durante 2025 si el financiamiento salía de ese fideicomiso. El Gobierno no respondió ese punto. Explicó, por otra parte, que se trata de un fondo extrapresupuestario y que “por tal motivo no registra subejecuciones presupuestarias”. Agregó que “el monto abonado es en función de la certificación”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, definió a los fondos fiduciarios como “un mecanismo para generar caja” y celebró cada cierre como un avance hacia “una sociedad con menos corrupción”. Sobre la infraestructura fue terminante: “La obra pública no vuelve más”.

El fondo hídrico, sin embargo, no fue eliminado. Tampoco el impuesto que lo financia, que permanece vigente hasta 2035.

Las críticas

El cuestionamiento más duro no surgió del kirchnerismo, sino del sector agropecuario y de la oposición dialoguista. “Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera”, afirmó la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), quien habló de “290.000.000.000 de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.

Alberto Larrañaga, integrante del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, reclamó un mecanismo público para seguir el recorrido de los fondos. Ya en marzo de 2025 había considerado “inexplicable” que se frenaran obras por falta de financiamiento “cuando millones de pesos están durmiendo la siesta en la cuenta del fondo en el Banco Nación”.

“Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata”, planteó también el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Desde uno de los territorios afectados por las inundaciones, Patricia Gorza, de la Federación Agraria en Nueve de Julio, dijo: “Si no la vas a hacer, dejá de cobrarla al menos”.

Una historia de destinos cambiados

El fondo nació, precisamente, después de una inundación. En 2001, luego de que las aguas cubrieran vastas regiones productivas bonaerenses, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo firmó el decreto 1381/01, que creó la Tasa de Infraestructura Hídrica y el fideicomiso.

En 2006, la ley 26.181 reemplazó la tasa por un impuesto y agregó entre sus objetivos las “obras de saneamiento”. Esa modificación permitió derivar hacia obras de cloacas del Conurbano recursos que originalmente habían sido creados para atender los anegamientos rurales.

En 2016, por cada peso asignado al Plan Federal de Control de Inundaciones se giraron 1,8 pesos a las represas santacruceñas.

Durante años, los movimientos del fideicomiso podían seguirse a través de un sitio de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura. En 2012, a partir de esos registros, una investigación periodística reveló que más de $16,2 millones habían sido destinados a un stand en Tecnópolis. El entonces ministro Julio De Vido reconoció el gasto y sostuvo que no se trataba de una cifra “significativa”.

El Niño, otra vez

El antecedente es reciente. Entre marzo de 2025 y comienzos de 2026, el noroeste bonaerense atravesó una inundación prolongada y el temporal de Bahía Blanca llevó al Gobierno a crear por decreto un fondo de asistencia de hasta $200.000 millones.

Ahora, el pronóstico vuelve a encender las alertas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema ENOS ya se encuentra en fase cálida, con una probabilidad cercana al 100% de continuidad entre julio y septiembre. La NOAA, por su parte, le asigna un 81% de posibilidades de alcanzar la categoría “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Ya hubo evacuados en Concordia y las Cataratas del Iguazú debieron cerrar.

El 3 de agosto, en Resistencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva presentaron junto a los gobernadores de Chaco y Corrientes el Plan Federal ENOS 2026/2027, que contempla monitoreo, mapas de riesgo y alertas tempranas.

El plan no asigna presupuesto ni incluye obras de infraestructura. Además, se apoya en tres organismos que fueron debilitados durante la actual gestión: el Servicio Meteorológico Nacional, con una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023; el Instituto Nacional del Agua, que permanece sin director designado; y Vialidad Nacional, disuelta por decreto en 2025.

La primavera comienza el 21 de septiembre. Ninguna obra hidráulica de la escala del Salado puede construirse en siete semanas. Mientras tanto, el dinero destinado a financiarla continúa generando intereses en Letras del Tesoro y cada litro de nafta sigue aportando un 5% al fondo.

Cada domingo previo al 7 de agosto, el santuario de San Cayetano renueva las espigas y los objetos que rodean la imagen del santo en la hornacina, a quien miles de personas le piden trabajo o ayuda para atravesar una necesidad. Las ofrendas representan un termómetro social y permiten observar cómo cambia el trabajo en la Argentina y cómo se desinflan las expectativas de los fieles. “Cada objeto intenta representar alguna dimensión de la realidad”, dice a elDiarioAR el padre Lucas Arguimbau, párroco del santuario de Liniers.

En 2023 se dejó como símbolo un cuentaganado rural, una pechera naranja de marítimo, el casco amarillo de un albañil, el mouse para una computadora, un estetoscopio y un costurero. La vara bajó abruptamente y los objetos se renovaron al año siguiente con un certificado de discapacidad, una bandejita de plástico (vianda del comedor comunitario), un hervidor de leche, un mate y un delantal de cocina. Las herramientas de oficio fueron reemplazadas por objetos de asistencia y emergencia.

Más asistencia, menos trabajo

El Servicio Social de San Cayetano refleja esa transformación. El comedor pasó de entregar 400 almuerzos diarios a entre 800 y 1.000. Antes preparaban 20 desayunos; hoy sirven entre 280 y 300. También se sumaron familias y jubilados. “Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año”, revela Arguimbau.La parroquia también tiene un Área de Orientación y Capacitación Laboral. Antes conseguía empleo; hoy apenas puede ayudar a buscarlo. Históricamente atendía a personas con escasa formación, incluso algunas que no sabían leer ni escribir. Hasta 2023 la mayoría buscaba trabajo en limpieza o cuidado de personas. En el último año cambió el perfil y empezaron a llegar abogados, docentes, técnicos y otros profesionales que no logran reinsertarse en el mercado laboral.

Cerca del 71% de las personas en situación de calle que hoy acompañamos no estaban en esa situación hace un año

Lucas Arguimbau — Párroco del santuario de Liniers

“Antes predominaban personas con baja calificación o trayectorias laborales muy precarias; hoy se sumaron personas altamente calificadas, profesionales, técnicos y también jubilados”, cuenta a elDiarioAR Graciela Filomena, a cargo del área de Servicio Social.

Acompaña, por ejemplo, a un ingeniero en informática que perdió su cargo cuando cerró la empresa donde trabajaba y hoy es rechazado por estar sobrecalificado. “A las personas más calificadas les cuesta más conseguir trabajo. Cuando se presentan para puestos de menor calificación ni siquiera las convocan”, explica.

También llegan jubilados que necesitan volver a trabajar. “No quieren asistencia porque trabajaron toda su vida, pero ahora con la jubilación no llegan”, dice. “Y muchos tenemos voluntarios que quedaron desempleados y colaboran mientras buscan una nueva oportunidad”.

En el año que se combina el récord histórico de cosecha de trigo con el derrumbe del consumo interno de pan, que cayó hasta un 60% con 2.800 panaderías y 17.000 puestos de trabajo menos, miles de personas peregrinaron para pedirle un milagro a San Cayetano, el santo de la espiga, el pan y el trabajo.

Ignacio, trabajador del Estado, fue uno de los miles que este viernes marcharon de Liniers a Plaza de Mayo: “Estamos en un momento de mucho ajuste, de mucha violencia. Lo que pasó ayer en el Congreso refleja el descontento que tenemos como país, estamos esperanzados que lo de ayer genere un quiebre de cara al año que viene. Llegar a fin de mes es llegar al 10, es muy difícil, hacemos malabares para ver qué compramos. Es mi situación y la de casi todos mis amigos”.

Giselle estudia trabajo social y vende arriba del tren. También estuvo en la Plaza: “Yo trabajo en la economía popular, la cosa está muy dura, está muy mal, hay muchas necesidades, la gente está pasando mucha hambre. Ya no se puede ir al supermercado a comprar, no alcanza la plata. Sergio, de Monte Hermoso, se sumó a la movilización como ”autoconvocado“. El día anterior estuvo en el Congreso con su mujer para protestar contra la Ley de Tierras. ”Vinimos porque esto no da mas. No hay laburo, quieren vender la patria. Nos estamos acostumbrando a vivir mal y no es así“, le dijo a elDiarioAR.

Las vasijas de barro

Este año el santuario volvió a cambiar la simbología y eligió colocar vasijas de arcilla alrededor del santo para trasmitir algo elemental. Construyeron un horno de carámica en el fondo de la iglesia y ahí cocieron las piezas. Participaron personas en situación de calle, chicos de catequesis, adultos mayores, voluntarios y miembros de la parroquia. Ninguna salió igual a otra. El santuario eligió trasmitir una idea: todos vienen del mismo barro. En el año en que se discute públicamente quién merece ser asistido, los objetos de asistencia y emergencia fueron reemplazados por el recordatorio de que todos son iguales, todos son humanos.

“Hay vecinos de Liniers que colaboran, pero hay otros que preferirían que el Servicio Social no existiera; a veces nos dicen que las personas del conurbano deberían quedarse allá”, cuenta Filomena. “Cuando determinados discursos se legitiman y dividen a la sociedad, muchas personas sienten que pueden expresar comentarios muy violentos sin ningún reparo”.

“Nos inspiramos en la frase de San Pablo: 'Llevamos este tesoro en vasijas de barro'”, explica Arguimbau. “Habla de la fragilidad humana, pero también del soplo de Dios”.

Los objetos y los datos

En apenas un año, las ofrendas pasaron de representar el deseo de conseguir trabajo a expresar la necesidad de sostener la asistencia en la emergencia. Los datos acompañan ese cambio. Desde que asumió Milei se perdieron 329.600 puestos de trabajo registrados, 141.700 de ellos en los últimos doce meses, según el Instituto Argentina Grande sobre datos del SIPA.

En dos años cerraron 22.608 empresas, el 4,4% de las que había en el país. El 99% eran pymes de hasta 40 trabajadores. El desempleo llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026: 1.145.000 personas. Más de cuatro de cada diez ocupados trabajan sin aportes, obra social ni protección frente al despido, y entre los jóvenes de 16 a 24 años siete de cada diez están en la informalidad. Además, 4,3 millones de personas están desocupadas, buscan otro empleo o necesitan trabajar más horas.

La asistencia se volvió más necesaria, pero también sintió el ajuste. A comienzos de la gestión, el Gobierno admitió que tenía cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir. En julio del año pasado eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Antes de diciembre de 2023 había 50 políticas nacionales de cuidado; en septiembre de 2025 quedaban tres, según La Cocina de los Cuidados. Este año también cayó el Volver al Trabajo, heredero del Salario Social Complementario: más de 930.000 personas dejaron de cobrar $78.000 mensuales. Las más afectadas fueron las cocineras de comedores, para quienes ese pago era el único ingreso.

La hornacina pasó así de mostrar con qué trabaja la gente a mostrar de qué depende para sobrevivir, como ocurrió con el certificado de discapacidad incorporado en 2024. Ese mismo año el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció la baja de 200.000 pensiones por invalidez. Después llegó la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso pese al veto de Milei. En agosto de 2025 estallaron los audios de Spagnuolo con denuncias de coimas y menciones a Karina Milei. En enero de este año el decreto 942/2025 disolvió la ANDIS, transfirió sus funciones al Ministerio de Salud y dejó más de 700 despidos.

Con las vasijas de este año, el santuario quiso volver sobre la sencilla idea de que todos vienen del mismo barro y tienen la misma dignidad. Lo hace en un contexto en el que el presidente respondió, ante el planteo de que la gente no llega a fin de mes, que si fuera cierto “las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”, y en una ciudad cuyo jefe de Gobierno extendió por decreto la prioridad de los porteños sobre los bonaerenses en los servicios públicos. En julio también se viralizó un video de Jorge Macri en el que cuestionó a las parroquias que reparten comida en la vereda: “La lógica de darle comida y abrigo afuera (...) solo hace que vengan más”. Arguimbau respondió: “El que vive en la calle vive en la calle. No importa si es de provincia o Capital”.

Con la colaboración de Lucía Sanguínetti

LN/MG

El Niño dejó de ser un pronóstico. El fenómeno ya se manifiesta en Argentina en zonas ribereñas con crecidas repentinas y familias evacuadas. Mientras las provincias se preparan y destinan fondos para la emergencia, Nación organizó para el próximo lunes una cumbre en Chaco junto a los gobernadores. “Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos”, deslizaron desde una gobernación del NEA sobre el Plan Federal ENOS, la estrategia oficial para enfrentar a El Niño.

Sin embargo, el Plan –que reconoce que El Niño de 2015/16 dejó más de US$687 millones en daños directos y pérdidas económicas superiores a los US$3.065 millones– no destina presupuesto. La resolución 559/2026 que lo aprueba detalla que es un plan de “coordinación” que descansa sobre tres organismos que el propio gobierno vació: el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional. También el texto deja en claro el orden de prioridades. Avisa explícitamente que los municipios tendrán que hacerse cargo y, en caso que no puedan, tendrán que pedir ayuda a la provincia. Recién después pueden solicitar la intervención Nación.

En tanto, los especialistas aseguran que ya no hay tiempo para nuevas obras, previendo que en octubre comenzará el fenómeno con mayor intensidad. Igualmente, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, establecido por Ley 26.181 en 2006 para la realización de obras que mitiguen inundaciones, actualmente tiene otro destino: están colocados en letras del Tesoro.

“El Fondo tiene $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP”, reveló al pasar el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni a fines de abril en el Congreso. “Es una vergüenza que usen los recursos para la timba financiera y no para hacer obras urgentes”, se quejó la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal).

A su vez, en el Gobierno se entusiasman con “la otra cara de El Niño”. En un país cuya topografía también produce desigualdad –donde en los bajos del NEA y en los barrios populares al borde de los arroyos habrá evacuación y pérdida–, alientan a los productores a invertir en las lomas bien drenadas de la región pampeana donde El Niño será un “aliado” que permitirá una buena entrada de divisas (las proyecciones privadas calculan unos US$37.000 millones para la campaña 2026/27, el mejor escenario desde 2020).

“Estemos preparados para invertir”, se entusiasmó el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en la Exposición Rural, durante la charla “Excesos hídricos y oportunidades productivas: las dos caras de El Niño”, en la que expusieron integrantes del Plan de Coordinación Federal ENOS y de un Comité de Emergencia Niño 2026/27. “Este parece ser un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos”.

El fenómeno ya empezó y las provincias se adelantan

El Niño es un calentamiento del océano Pacífico que ocurre cada dos a siete años y altera el clima de todo el planeta. El calor del mar cambia la circulación del aire, y el resultado se reparte al revés según la región: sequía en Australia y el sur de África, lluvias por encima de lo normal en buena parte de Sudamérica. En la Argentina significa más precipitaciones, crecidas de ríos y temperaturas altas, sobre todo en el Litoral y el NEA. La Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio del evento el 12 de junio y un mes después la NOAA estimó un 81% de probabilidad de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría “entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico”.

El fenómeno ya comenzó a manifestarse en Argentina. El 24 de julio el caudal del río Uruguay frente a El Soberbio, Misiones, pasó de 4.700 a 17.100 metros cúbicos por segundo en un día y 41 familias tuvieron que ser evacuadas. Esa misma jornada se cerró el acceso a la Garganta del Diablo y, del lado brasileño, la represa de Foz de Chapecó abrió de urgencia compuertas y vertederos. Cuatro días después la marca del puerto de Concordia rozaba los 9,90 metros y el agua cubría las playas de la costanera baja. En Colón el río casi duplicó su escala en una semana y llegó a 5,90.

Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica hasta el 31 de agosto y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones. Santa Fe anunció uno de $10.000 millones, sumó cuatro helicópteros y ordenó la limpieza de canales. Corrientes activó el 3 de julio un plan de contingencia con Defensa Civil, Obras Públicas, Salud y la Municipalidad de la capital: en Paso de los Libres estiman hasta 1.500 evacuados si el río alcanza los niveles de 1998. Misiones puso en marcha su Plan Provincial de Emergencia y Buenos Aires presentó un diagnóstico del escenario climático ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Un protocolo con organismos debilitados para un fenómeno que ya empezó

En paralelo, Nación aprobó un protocolo. El Plan ENOS alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la Ciudad, y rige hasta el segundo semestre de 2027. En la práctica hace cinco cosas: monitoreo semanal del fenómeno, mapas georreferenciados, alertas tempranas, mesas de coordinación con las provincias e informes operativos. Ante una emergencia confirmada habilita un comando unificado y un despliegue en tres niveles, de verde a rojo, según alcancen los recursos del municipio, los de la provincia, o haya que traer medios desde otros puntos del país.

Los tres organismos que sostienen ese esquema llegan en su peor momento. El Servicio Meteorológico Nacional acumula una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023 y despidió a 140 trabajadores en abril, en su mayoría observadores de las 125 estaciones del país. “La falta de mediciones redunda en falta de datos que se pierden y no se pueden recuperar”, explicó a elDiarioAR Silvina Romano, delegada de ATE en el organismo. Sin esos datos, advirtió, se debilitan los pronósticos y queda en riesgo “el Sistema de Alertas Tempranas, cuyo objetivo fundamental es salvar vidas y evitar pérdidas materiales”. El Instituto Nacional del Agua, que pronostica las crecidas, perdió su autarquía por decreto, redujo un 35% su personal y funciona sin director designado, con el presupuesto más bajo en veinticinco años. Vialidad Nacional, que despeja las rutas por donde se evacúa, fue disuelta por decreto en julio de 2025; la Justicia frenó la medida y el Gobierno apeló.

El fondo para obras hídricas, inmovilizado en Letras del Tesoro

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. La Ley 26.181 fija que el destino de los recursos son obras, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones. Nada de eso incluye letras del Tesoro, pero actualmente esos fondos están invertidos en LECAP según confesó el propio Gobierno. Mientras el dinero rinde intereses, el Plan Maestro del Río Salado –que abarca 59 municipios bonaerenses y a más de 1,5 millón de habitantes– tiene el Tramo IV paralizado bajo responsabilidad nacional. “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras”, reclamó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Bahía Blanca como antecedente

Bahía Blanca ofrece un antecedente reciente de la respuesta oficial frente a una emergencia climática. Tras el temporal que devastó la ciudad en marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción. El Gobierno la vetó y mantuvo un esquema de subsidios por vivienda. Se inscribieron 37.546 personas, pero nunca se informó cuántas cobraron ni en qué estado se encuentra la reconstrucción.

En febrero de 2025, Milei atribuyó el calentamiento global a “los ciclos naturales de temperatura del planeta” y calificó de “fraude” a la agenda ambientalista. Un año y cuatro meses después, la Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio de El Niño. Su secretaria general es la argentina Celeste Saulo, exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, el mismo organismo que el Plan de Coordinación ENOS considera clave para el monitoreo del fenómeno y que perdió casi el 40% de su presupuesto real desde 2023.

LN/MG

Argentina atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento y, al mismo tiempo, enfrenta un deterioro de las políticas destinadas a garantizar los cuidados de las personas mayores. La tarea recae principalmente en las familias y, cuando estas no pueden asumirla, en cuidadoras domiciliarias que en su mayoría trabajan de manera informal y sin protección social.

El 11,9% de la población argentina tiene 65 años o más, según el Censo 2022 del INDEC. Esa franja pasó de 4,09 millones de personas en 2010 a 5,37 millones en 2022: creció un 31%, más del doble que el resto de la población. El grupo de 85 años y más, el más frágil, casi duplicó su peso relativo desde 1970.

El crecimiento de la población mayor aumenta la demanda de asistencia. Pero el sistema de cuidados no acompaña ese proceso y deja a las familias frente a una oferta limitada y costosa, según los especialistas.

Cada vez más personas mayores viven solas

Uno de cada cuatro mayores de 65 años vive sin nadie más en su casa, según el Censo 2022. En la Ciudad de Buenos Aires, ese número trepa al 34%.

“En Argentina, el 36% de las personas de 80 años y más vive sola. En la Ciudad, el porcentaje asciende al 38%”, precisa la gerontóloga Mónica Roqué, de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria y extitular del área de Adultos Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social.

Vivir solo, explica Roqué, no implica necesariamente aislamiento, pero aumenta las posibilidades de que una persona mayor no cuente con ayuda cuando la necesita. “Eso no significa necesariamente que estén aisladas, pero sí que tienen más probabilidades de sentirse solas y de no contar con ayuda cuando la necesitan”, señala.

La soledad, además, tiene consecuencias sobre la salud. Según Roqué, “las personas mayores tienen más riesgo de morir asociado a la soledad que por tabaquismo, obesidad o alcoholismo”.

La necesidad de asistencia alcanza a una parte importante de esa población. Roqué calcula que el 10% de las personas mayores del país no puede realizar por sí sola actividades básicas como alimentarse o higienizarse. Son unas 750.000 personas que, sin ayuda, no sobreviven.

Si se suman quienes tienen dificultades para salir de sus casas o realizar un trámite, la cifra asciende a 1,7 millones. Entre los mayores de 75 años, calcula, cerca de 1,6 millones necesitan asistencia para las actividades cotidianas.

El costo de cuidar

Sin embargo el acceso a los cuidados está condicionado por los ingresos. Un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires cuesta, según relevamientos realizados en marzo y abril de este año, entre $1,3 y 5,5 millones por mes, de acuerdo con el grado de dependencia.

A su vez, una cuidadora domiciliaria registrada cobra, según la escala salarial de la UPACP vigente desde enero, $441.806 con retiro o $490.745 sin retiro. El subsidio que otorga PAMI para auxiliar domiciliario cubría, según la última cifra de referencia pública, correspondiente a marzo de 2025, alrededor de $200.000 mensuales. El acceso es restringido y está sujeto a una evaluación social que exige demostrar que no existe una red familiar disponible.

La diferencia entre el costo del cuidado y la ayuda estatal queda a cargo de las familias. En otros casos, la asume la propia cuidadora, que trabaja por debajo de lo que corresponde.

En Ushuaia, la cuidadora domiciliaria Candida Noemí Aponte declaró en junio a FM Ártika que cobra entre $300.000 y $500.000 por mes, sin registro, por jornadas que exceden largamente lo pactado.

Los datos de La Cocina de los Cuidados, el espacio intersectorial que coordina el CELS, muestran también una reducción de las políticas de asistencia. En junio de 2025, según el quinto informe de la organización, los subsidios de PAMI para contratar cuidadores habían caído 18% respecto del año anterior. Las camas que el organismo financia en residencias de larga estadía también bajaron, de 22.000 a 17.000.

En diciembre pasado, una nueva encuesta de La Cocina de los Cuidados, realizada junto con Ágora Consultores, mostró que la contratación paga de cuidadores domiciliarios había vuelto a caer: pasó del 14% al 11% de las familias con adultos mayores a cargo.

Los centros de día, a los que en 2023 asistía el 13% de esas familias, hoy están en cero.

Menos políticas públicas para un problema que crece

La reducción de los recursos destinados a los cuidados también se refleja en la cantidad de políticas públicas vigentes. Antes de diciembre de 2023 existían 50 políticas nacionales de cuidado. Para septiembre de 2025 solo quedaban tres activas, según el sexto informe de La Cocina de los Cuidados.

“Muchas políticas no fueron eliminadas formalmente, pero sí desfinanciadas. Durante un tiempo las considerábamos paralizadas; hoy directamente las damos de baja porque no registran ejecución”, explica Lucía de la Vega, coordinadora de ese espacio en el CELS. Entre los programas sin ejecución está el de formación de cuidadoras domiciliarias de la Dirección Nacional de Personas Mayores.

El Gobierno también derogó la moratoria previsional que permitía jubilarse a quienes habían trabajado durante toda su vida sin aportes registrados. “La eliminación de la moratoria afectó especialmente a las mujeres, porque seis de cada diez jubiladas habían accedido a la jubilación a través de ese mecanismo”, dice De la Vega.

Para gran parte de esas mujeres, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que, según el CELS, continúa por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica.

La reforma laboral aprobada por el Congreso este año tampoco modificó las condiciones del sector. Según el séptimo informe de La Cocina de los Cuidados, publicado en marzo, el trabajo en casas particulares –categoría que engloba a las cuidadoras– representa el 20,12% de toda la informalidad laboral del país.

La nueva ley extendió el período de prueba de 30 días a seis meses y no incorporó medidas para formalizar el trabajo de cuidado. Según estimaciones de la OIT y la CEPAL citadas en el mismo informe, la profesionalización del sector podría generar 1,8 millones de puestos hacia 2030.

Un trabajo feminizado y mayormente informal

El trabajo doméstico y de cuidado en casas particulares es realizado casi exclusivamente por mujeres. La tasa de feminidad se ubica entre el 97% y el 99%, según datos del INDEC y la OIT. Entre el 75% y el 77% de esas trabajadoras no está registrada. El 75,5% no tiene aportes jubilatorios y el 75,3% no tiene obra social.

La socióloga Natacha Borgeaud-Garciandía, investigadora del CONICET, lleva más de una década documentando la vida de las cuidadoras “cama adentro” en Buenos Aires. Son, en su mayoría, migrantes internas o de países limítrofes que conviven las 24 horas con la persona a la que asisten.

En sus entrevistas describe un encierro continuo: el espacio propio de la cuidadora se disuelve dentro del espacio de la persona que cuida.

Las condiciones laborales también se reflejan en los ingresos. Un estudio sobre cuidadoras domiciliarias en La Plata, publicado en diciembre pasado por la investigadora Luciana Deledicque, encontró que quienes trabajan a través de la obra social bonaerense IOMA, con jornadas de hasta 72 horas semanales, cobran en promedio apenas el 44% de la canasta básica total que calcula el INDEC.

“Ni un kilo de carne la hora y estamos cuidando de todos. No tenemos un trabajo digno, no tenemos valor”, dice Evangelina, una de las cuidadoras entrevistadas para ese estudio.

Otra investigación, realizada en Mar del Plata por las investigadoras Romina Cutuli y Eugenia Savino, encontró que siete de cada diez cuidadoras entrevistadas nunca tuvieron un vínculo laboral registrado en relación de dependencia, ni siquiera cuando trabajaron en residencias.

La precariedad se repite en distintas provincias. En Ushuaia, Candida Noemí Aponte contó a FM Ártika que cuida sola a un hombre de 92 años con demencia senil y que el programa estatal Incluir Salud no respondió a sus pedidos de intervención.

“Un desprecio total por lo que estoy haciendo, un desprecio total por la vida de este adulto mayor también y por el trabajo que estoy realizando”, declaró, tras quedarse sin ese trabajo por un conflicto interno que nunca fue investigado.

En Viedma, Ana María Haro, dirigente sindical de CUIDO Río Negro, denunció en junio que la obra social provincial IPROSS les ofreció un aumento de apenas $108 en el valor de la prestación. Lo calificó de “miserable” frente a trabajadoras que cumplen turnos de 12 horas y no llegan a fin de mes.

En esa misma provincia, un legislador recibió en mayo el reclamo de una cuidadora de General Roca que atiende, sin registro, a 21 adultos mayores en un geriátrico privado. Trabaja jornadas de 16 horas y cobra un salario cercano al millón de pesos.

Existen, sin embargo, algunas experiencias que buscan formalizar el sector. CuidarNos, una cooperativa que conecta cuidadoras con familias bajo contratos formales, sumó 180 mujeres en sus primeros meses de funcionamiento y les garantiza obra social.

Pero la informalidad sigue siendo la regla. El sociólogo Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, calcula que el 65% de quienes cuidan personas mayores en el país continúa trabajando en negro.

Un problema que también afecta el futuro de las cuidadoras

La falta de protección laboral tiene una consecuencia a largo plazo: las mujeres que hoy cuidan a las personas mayores tampoco tienen garantizado su propio acceso a una jubilación y a los servicios de cuidado que necesitarán en el futuro.

“Dentro de veinte años la población mayor de 60 años prácticamente se va a duplicar”, dice Lucía de la Vega, del CELS. El crecimiento de esa población implicará una mayor demanda de asistencia y de trabajadoras especializadas.

“Vamos a necesitar más servicios de cuidado, más trabajadoras y trabajadores formados y más políticas públicas orientadas a este sector”, sostiene De la Vega. Sin embargo, advierte, el proceso actual avanza en sentido contrario.

“Lo que vemos hoy es la eliminación de herramientas existentes y una situación de creciente desprotección. Muchas personas mayores están al borde de la exclusión y enfrentan decisiones dramáticas, como elegir entre comprar medicamentos o alimentarse adecuadamente”, concluye.

LN/MG

En Zárate, un grupo de personas motivadas por sus convicciones morales y por las heridas de su pasado, resguarda la vida de aquellos que quieren dejar de existir, en medio del aumento exponencial de suicidios en todo el país. Se agrupan en la ONG Tu Esperanza –que pertenece a la Cámara Pastoral–, caminan por la ciudad y escuchan a vecinos desahogarse. En el último año, atendieron presencialmente a 204 personas en situaciones límites, y avisan que los casos aumentaron más del 20%. “No damos abasto”, dicen.

También hacen obras de teatro, dictan charlas en escuelas, fábricas y fuerzas policiales. Y tienen una teléfono abierto las 24 horas (3487-589876) para los momentos más oscuros, que en el último año sonó un promedio de 20 veces por semana, con picos de 3–4 por día. Pero sobre todo, este grupo de evangélicos destina gran parte de sus recursos vitales a monitorear el Puente Zárate-Brazo Largo.

Este complejo (que une Buenos Aires con Entre Ríos), es, a la vez, sinónimo de progreso –monumento histórico, considerada una de las arterias viales más importantes de Sudamérica–, y lugar más elegido de los habitantes de la zona para arrojarse al vacío. En Zárate, según Gendarmería y la ONG, hay alrededor de 10 intentos de suicidio por semana, y la gran mayoría ocurre en este puente que tiene una extensión de 30 kilómetros.

En el medio del puente hay cámaras de monitoreo y carteles con números telefónicos y mensajes pegados en columnas y barandas que alientan a la gente a no arrojarse. “No sé cómo voy a alimentar a mi familia, pero vi el cartel y te llamé; ahora me estoy bajando del puente”, le dijo un joven de 30 años que perdió recientemente el trabajo a María de los Ángeles González, encargada de la ONG Tu Esperanza. “El 80% de los casos que nos llaman son varones adultos jóvenes que perdieron su trabajo o están endeudados y no saben cómo salir de ese laberinto”, le cuenta González a elDiarioAR.

Tiene 43 años e integra la ONG –que fundó el director Rubén Orozco hace 9 años– tras superar una crisis (“me di cuenta que no quería terminar con mi vida, quería terminar con el dolor”). Junto a otras tres personas (Carla Palacio, Juan Manuel Coria y Valeria Moreira), hacen guardia de 8 horas durante todo el día, todo el año, a la espera de un llamado o un mensaje por redes. Coordinan su trabajo con el municipio, el hospital y capellanes especializados. Después de una intervención de urgencia, hacen un acompañamiento semanal.

La red de contención

El Centro de Monitoreo de Zárate es el primer eslabón. Desde las cámaras instaladas en el puente, empleados observan y detectan conductas “sospechosas”: un andar lento, las manos en la cara, la mirada sostenida en el río (“hay un gendarme que hace 25 años trabaja en el puente y sabe, a primera vista, si una persona tiene intenciones recreativas o fatales”, cuenta María). A continuación notifican a Gendarmería y a la ONG Tu Esperanza, que se trasladan en Uber o en un vehículo de Vialidad hasta el lugar. Hay veces que no se puede hacer nada, porque un auto frena de repente, el conductor baja y todo termina en segundos.

Otras veces llaman las propias personas desde el borde del puente (“Estoy en el puente, si no vienen me tiro”). Ocurre sobre todo al atardecer y en la madrugada. No sólo son zarateños, también se acercan habitantes de Baradero, Pilar, Campana, Capital Federal, incluso de otras provincias como Entre Ríos y Corrientes (“hace poco una chica viajó en Uber desde Corrientes, se arrojó y se salvó de milagro porque justo abajo estaban unos pescadores que la socorrieron”, detalla María). ¿Por qué eligen este puente? “La verdad es que no tengo una respuesta para esa pregunta”, dice María. “Lo que puedo decirte es que los folletos que pegamos salvaron muchas vidas. Por eso cuando llueve nosotros volvemos al puente, para revisar que no se hayan despegado”.

El Zárate-Brazo Largo no es el único caso. En el norte del país, el puente General Belgrano –que une Corrientes con Chaco– replica la escena a escala mayor: unos 560 voluntarios de la iglesia evangélica Casa de Dios, conocidos como los “Ángeles del Puente”, lo patrullan las 24 horas desde agosto de 2023, y en ese lapso registraron unos 260 intentos y rescataron a 163 personas; cinco se quitaron la vida frente a ellos.

Los dos viaductos figuran, con carácter urgente, en un proyecto de ley presentado en abril en el Congreso. Propone un programa nacional de prevención en infraestructuras de alto riesgo, con barreras físicas, mallas de contención, dispositivos antiescalamiento, cámaras y señalética con líneas de ayuda. El antecedente que citan los impulsores es el Golden Gate de San Francisco, que en 2024 completó una red de acero a lo largo de 2,7 kilómetros y redujo los suicidios un 73% en el primer año.

Matambre al rescate

Cada día, al entrar en su oficina sobre una iglesia evangélica a 20 minutos del puente, o ante situaciones límites que irrumpen en su día, María se disocia (“Cuando una conoce el dolor, deja de mirarse a sí misma”). Recuerda muchos casos. Como el chico solitario que caminó horas desde Campana hasta el puente. O con el que hizo una videollamada durante todo el trayecto hasta que lograron manotearlo desde el borde. O el que iba decidido y tropezó y, desde el piso de acero y losa de hormigón, agarrándose la rodilla, levantó la cabeza y leyó “No estás solo, llamame”. Pero hay un caso que María evoca en su intimidad.

Eran las tres de la mañana. Hacía dos horas había empezado su turno. Estaba en la oficina de tres ambientes: dos habitaciones y una sala de estar con un escritorio, una computadora y un teléfono. En silencio, divagaba. Los pensamientos se dispersan a esa hora con la ciudad apagada. Era un típico martes de julio. El teléfono sonó.

–Necesito hablar– se escuchó entre el viento.

–Estoy para escucharte, corazón–.

La mujer había recorrido unos 250 metros. En la mitad del puente Zárate–Brazo Largo, bajo la noche cruzó desde el sendero peatonal y atravesó la vía ferroviaria. Llegó hasta el angosto espacio que hay junto a la baranda. A esa altura, el viento sube 50 metros desde las aguas turbias del Paraná y se siente con mayor fuerza. Miró a su costado y vio, en una columna, un cartel. “Puedes superar esto”, decía. Y un número: 3487-589876. Llamó.

–Me voy a matar

–¿Por qué, corazón? Contame

–Mi hermana se quitó la vida hace un mes. Vivo con mi mamá y con mi sobrina, porque mi hermana tenía una hijita... No sé cómo voy a llevar todo esto adelante.

Empezaron a hablar. María escuchaba. De pronto, preguntó:

–¿Y vos a qué te dedicas?

–Soy chef. Pero ya no aguanto más, me voy matar– dijo desde el borde del puente.

–Pero esperá, si a mí me encanta el matambre a la pizza.

La imagen absurda de un matambre a las tres de la mañana la obligó a salir de la oscuridad del túnel. Y el drama, de a poco, empezó a disolverse con la risa, excusa suficiente para postergar cualquier decisión.

Hablaron de otros platos y delicias. María desde su oficina. La mujer desde el puente. A veinte minutos de distancia.

–Tenés que cocinarle a tu sobrina, nena. Le vas a tener que enseñar.

–Sí– entre risa y llanto.

Dos horas después, a las cinco de la madrugada, María dijo:

–Andá bajando, corazón.

–Bueno, ya bajé del puente–, al rato dijo la mujer.

Después agregó:

–Loca, me salvaste a la vida. Cuando te vea voy a cocinarte ese matambre a la pizza.

–Yo solo quiero que llegues a tu casa y abraces a tu mamá y a tu sobrinita.

Siguieron hablando hasta que la mujer llegó a su casa.

–Ya llegué. Voy a entrar y voy a abrazar a mi mamá y a mi sobrina.

María todavía evoca el chirrido de la puerta al abrirse que escuchó del otro lado del teléfono, y suspira.

“La gente no escucha, habla por los oídos. Cada vez más, se escucha sólo para responder. Si escucháramos, muchas otras cosas cambiarían”, dice María.

En un par de horas, las dos mujeres habían construido un lazo que pocas veces se logra. Pasó un año desde aquella conversación, pero nunca se vieron, no se conocen en persona. Y María no comió el matambre a la pizza.

“Qué loco, ¿no?”, dice. “La vida tiene eso”.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda por una crisis emocional o pensamientos suicidas, podés comunicarte las 24 horas con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires), al (011) 5275-1135 o al 0800-345-1435 desde todo el país. También es importante buscar atención en el centro de salud más cercano.

Los suicidios registrados en 2025 alcanzaron el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables en la Argentina. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 9,1.

Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta del país. En 2025 las muertes por esta causa triplicaron a los homicidios dolosos: 5.209 frente a 1.676. Del total de las víctimas, el 78,6% eran varones, con una mayor concentración entre los 18 y los 34 años.

La tendencia fue ratificada en un informe de The Lancet Regional Health-Americas –una de las publicaciones médicas más prestigiosas– que indicó que en América desde hace 20 años el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes viene aumentando de manera sostenida y se convirtió la tercera causa de muerte entre varones de 10 a 24 años.

Según The Lancet, las principales causas hay que buscarla en el aumento de la depresión y la ansiedad en edades cada vez a edades más tempranas, la presión que ejercen los entornos digitales y consumo de drogas.

“La mayor preocupación está puesta en los varones jóvenes, aproximadamente entre los 18 y los 34 años”, señala Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria observa un cambio en el perfil de los casos: “Antes era más frecuente encontrar cuadros asociados a depresiones, trastornos mentales o consumos problemáticos, pero hoy hay una vinculación creciente con las condiciones de vida y la falta de empleo”.

El deterioro del mercado laboral acompaña ese escenario. Desde noviembre de 2023 se perdieron 314.000 puestos de trabajo registrados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La desocupación cerró 2025 en 7,5%, el nivel más alto desde la pandemia, con casi 1,7 millones de personas sin empleo. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la tasa superó el 16% tanto en varones como en mujeres. Incluso entre quienes conservan un empleo, la necesidad de complementar ingresos crece, ya que el 12,2% de las personas ocupadas tiene más de un trabajo y, en ocho de cada diez casos, ese pluriempleo implica sostener dos ocupaciones simultáneas.

Para Calmels, las dificultades económicas aparecen cada vez con más frecuencia en las trayectorias de quienes atraviesan situaciones críticas. “Siguen existiendo factores como las rupturas vinculares, pero vemos una asociación cada vez más frecuente entre los suicidios, la pérdida del empleo y, sobre todo, el endeudamiento. Estamos encontrando personas que llegan a situaciones límite atravesadas por niveles de deuda muy severos, que generan una sensación de asfixia”, afirma.

Según el informe Nivel de Endeudamiento de los Hogares Argentinos, publicado en marzo de 2026, el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa; el 23,5% acumula más de tres deudas simultáneas –el doble que un año antes– y uno de cada seis tiene cuentas embargadas. Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la mora ronda el 40%, la tasa más alta entre los distintos grupos etarios.

Los estudios académicos también registran un peso creciente de las dificultades económicas sobre el bienestar emocional. El Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). El mismo estudio identifica los niveles más altos de riesgo suicida entre los jóvenes de 18 a 29 años.

“El factor de la crisis económica tiene un lugar muy importante en todos los estudios que venimos realizando. Si no aparece como la principal causa de malestar emocional, aparece entre las primeras. El desempleo y la incertidumbre económica explican buena parte de los problemas de salud mental que observamos”, sostiene Cristian Garay, subsecretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y uno de los autores del relevamiento.

El informe también advierte sobre las dificultades para acceder a tratamiento. Entre quienes consideran que necesitan atención psicológica pero no la realizan, el 43,4% señala que no puede afrontar el costo.

Para Calmels, el aumento de los suicidios debe entenderse como un fenómeno multicausal, aunque atravesado por un contexto social cada vez más complejo. “No se trata necesariamente de personas aisladas. Lo que aparece es una creciente dificultad para sostener un horizonte de vida, para imaginar un futuro, porque cuando la vida se convierte únicamente en una lucha por la subsistencia, también pierde sentido”, concluye.

Los mandatos de masculinidad

“Que entre el 75% y el 80% de los suicidios correspondan a varones no nos sorprende, es una tendencia histórica”, dice Nicolás Pontaquarto, del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. “Lo que sí nos llama la atención es el crecimiento de los suicidios y el desplazamiento de la edad”. En 2019, un estudio de UNICEF ubicaba la mayor prevalencia entre varones de 15 a 19 años. Hoy esa franja se corrió a los 20-30 años. “Eso obliga a preguntarnos qué pasa cuando esos jóvenes terminan la escuela e intentan insertarse en el mundo laboral. Ahí aparece una enorme dificultad para imaginar un horizonte”, agrega.

“Muchos varones tienen muy pocas herramientas para tramitar el sufrimiento o la frustración”, agrega sobre la construcción de la masculinidad. A eso se suma una relación distante con el sistema de salud. “Los varones que integran las estadísticas de suicidios, en la mayoría de los casos, nunca pasaron por el sistema de salud. Entre las mujeres suele haber más intentos, y eso permite una intervención y un seguimiento posterior”.

El mandato de proveedor sigue vigente aunque las condiciones que lo sostenían ya no existen. “Durante décadas existían empleos más estables y mayores posibilidades de proyectar una vida. Hoy esas condiciones cambiaron, pero el mandato permanece. Cuando no se cumple, aparecen frustración, fracaso y derrumbe”, describe. Además, señala que se suma un clima cultural individualista. “Se instala la idea de que pedir ayuda es un fracaso y que el otro es un competidor”.

Pontaquarto también apunta a los modelos masculinos de las redes sociales, como los influencers financieros que prometen enriquecimiento rápido. “Cuando esa promesa fracasa aparece una enorme frustración, y toda la responsabilidad recae en el individuo”, plantea.

En los talleres que da con varones en sindicatos y empresas, el endeudamiento aparece seguido. “No tenemos un registro sistemático que vincule endeudamiento y suicidio, pero esos relatos son constantes: la frustración por no sostener económicamente a la familia, las dificultades laborales, las deudas, el miedo a no cumplir con el mandato de proveedor”, cierra.

Menor presupuesto y cambios en la política de salud mental

En este contexto, se produce un ajuste significativo en Salud Mental. La Ley Nacional 26.657 establece que el área debería recibir al menos el 10% del presupuesto sanitario, pero para 2026 la asignación prevista representa el 1,42%, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El mismo relevamiento advierte que el programa presupuestario específico para implementar la ley, “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, contará con 48 millones de pesos en 2026, lo que representa una reducción del 91,5% respecto de los recursos vigentes en 2025. A su vez, hasta septiembre de ese año se había ejecutado poco más del 30% de la partida disponible.

Uno de los casos que concentró mayores cuestionamientos fue el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. Tras su intervención por decreto en febrero de 2025, el Gobierno redujo su presupuesto y avanzó con la no renovación de más de 200 contratos, entre ellos profesionales de distintas disciplinas. Meses después dispuso el cierre de las seis residencias interdisciplinarias que funcionaban en el establecimiento.

En paralelo, el gobierno impulsa una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que modifica los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto, enviado al Senado en abril de 2026, reemplaza el requisito de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría que un psiquiatra indique una internación de urgencia, con posterior ratificación por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.

LN/MG

Muchos revivieron momentos gratos la semana pasada al ver un pinball de Los Locos Adams en el centro de la agenda mediática, pero pocos saben que detrás de este artefacto de culto existe un universo de grandes exposiciones, coleccionistas nostálgicos, competencias internacionales y un restaurador argentino referente mundial. Son parte de la fascinante historia del pinball, una trama que también une a Al Capone con Manuel Adorni, quien habría pagado unos US$8.000 por una pieza de colección.

Antes de la adquisición del exjefe de Gabinete, y después de que el juego se popularice como entretenimiento barato durante la Gran Depresión, el pinball fue prohibido durante 34 años. Era considerado un juego de azar y lo relacionaban con Al Capone, quien controlaba el negocio de las apuestas. Además, las fábricas de pinball estaban en Chicago, tierra del capo mafia. En 1943 el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, destruyó y arrojó al mar todas las máquinas de la ciudad. “Les quita el dinero del almuerzo a los niños”, dijo en aquel momento.

Cinco años después, el diseñador Harry Mabs incorporó las paletas, los llamados flipper, y el azar cedió terreno a la habilidad. Esta fue la razón para que la prohibición se terminará en 1976, cuando Roger Sharpe, jugador profesional, se paró frente a funcionarios de Nueva York con una máquina y anunció por qué carril iba a salir la bola, y la bola salió por ese carril. El juez lo declaró juego de habilidad, y la ley se levantó de inmediato.

En Argentina el pinball llegó en 1939, de la mano de Kurhelec padre, pero se prohibió en Buenos Aires. Su hijo Juan encontró la salida donde las ordenanzas eran más laxas, en la costa atlántica, donde registró en 1978 la marca Playland. Recién en 1993 los fichines dejaron de ser una postal exclusiva del verano cuando la Justicia habilitó en Buenos Aires las salas recreativas de pinball.

De momento, no se sabe si la Justicia recaerá sobre el pinball del exjefe de Gabinete. Lo que sí es seguro es que Adorni ahora tendrá más tiempo para dedicarle al juego. Y si el sobreúso termina pasando factura, la reparación de la máquina probablemente quede en las manos quirúrgicas de Marcelo Adrián Blanco, reconocido como uno de los mejores restauradores de flipeers del mundo.

El restaurador

En el café de Tacuarí y Garay, San Telmo, a dos cuadras de su taller donde hace unos minutos se encontraba reparando un pinball, como cada mañana, las manos negras, algo engrasadas, de Marcelo Blanco se mueven rápidamente. Habla con fluidez, y maneja perfectamente el inglés, idioma con el que brinda seminarios intensivos en Ohio y Chicago frente a cientos de gringos que lo admiran y toman nota acerca de los secretos del arte de la restauración de flippers.

Hace años, fue contactado por Robert Berk, experto mundial y récord guiness a mayor coleccionista de pinball con 1.041 máquinas. Berk no podía creer que existiese una persona como Blanco. Cuando vio un video de un trabajo que realizó el argentino restaurando una pieza que estaba para el basurero, Berk se tomó la cabeza y dijo: “Este hombre tiene que venir”.

Desde entonces, Blanco viaja todos los años, se instala unos meses en Ohio y trabaja con la colección de Berk. Brinda seminarios y desparrama su conocimiento. Participa de las ferias mundiales. Berk, un altruista del pinball que repara máquinas excepcionales que ningún otro coleccionista compartiría para que utilice el público, le hizo un certificado de adopción y le entregó la “llave de la ciudad de Girard” por su “significativa contribución a la comunidad”.

“En la feria mundial de Chicago había pinballs desde la década del 30. Restauré una máquina de 60 años que anda con film e iba para la basura, nadie lo podía creer. De las mil máquinas que había, un nene de 10 años se enamoró de esa. Todo ese camino es maravilloso”, dice, conmovido, Blanco, quien cada vez que está terminando un trabajo y observa cómo cada pieza se ensambla y los colores cobran vida, se dice a sí mismo: “Dale tarado, ¿por qué te emocionás? Hace 40 años hacés esto”.

Blanco nació en 1971, viendo a su padre restaurar objetos en su local de antigüedades de la calle Chacabuco y Bolivar; y jugando al Meccano, el clásico juego de construcción infantil. Fue el socio de su padre, Roberto MacKintosh, artista plástico, quien le enseñó la técnica de la restauración y le inculcó la perspectiva artística que hace de Blanco hoy un restaurador único, reconocido en el mundo del pinball.

Cuando tenía 14 años, su padre compró un lote de antigüedades. Adentro venía un pinball, un Skinning 1974. “Es mío”, dijo Blanco y se lo compró a US$300, con el dinero que venía ahorrando de trabajos en restauración de juguetes japoneses. Al abrirlo, Blanco quedó fascinado para siempre, encandilado por el “cerebro loco” de esa “máquina misteriosa”.

“Siempre me pareció un objeto misterioso. Cómo la máquina hace las cosas, cómo cuenta puntos, cómo se mueve, una especie de cerebro loco. Abris el cabezal y es una locura lo que hay adentro”, cuenta Marcelo, quien tuvo que aprender a prueba y error, con intuición y sentido común. Desde entonces, no paró, le arregló o restauró el fliper prácticamente a todos los jugadores del país. Hace unos meses, le reparó el pinball a Mario Pergolini.

El juego

El pinball es una negociación con el caos. Cada máquina tiene su diseño y sus reglas, pero todo es secundario si no se domina el control de la bola. Hay técnicas para frenarla sobre la paleta, para pasarla de una aleta a la otra, para sacudirle el cuerpo a la máquina (nudging) para corregir trayectorias sin activar el tilt. Con la electrónica llegaron el multiball y la voz: en 1980 Bally lanzó Xenon, la primera máquina con locución femenina, obra de Suzanne Ciani, cuyas seductoras frases salían de un chip de 8 kilobytes, menos memoria que un mensaje de texto.

El campeonato mundial rota de país en país bajo la órbita de la IFPA. La distancia entre un aficionado y un profesional es muy grande. Donde uno hace 100.000 puntos, los campeones marcan 100 millones. Antes de cada torneo, los de élite recorren las máquinas con libreta en mano para estudiar cada particularidad. El IFPA21, en junio de 2026 en Wisconsin, reunió a 80 jugadores de más de 20 países con un pozo de US$40.000. En Argentina hay buenos jugadores, pero nadie vive de esto.

La lista negra de Marcelo Blanco

Todos los días le piden a Marcelo un trabajo nuevo, de Argentina o del exterior. Sin embargo, hay más gente que está en su “lista negra” que personas que atiende. Hay mucho desprolijo en el ambiente. Últimamente, se centra solo en coleccionistas apasionados, aquellos que hacen un gran esfuerzo por tener su pinball, y precisan un trabajo fino. A los inescrupulosos o lucradores del “compra-venta”, los deja de lado.

“Muchos te dicen ‘es la máquina de mis sueños’ y no termina de salir del taller que ya está vendida. Por ejemplo, la compran a US$2.000, yo se las restauró a US$500 o 1.000, y la venden a 8 mil. Está bien, es su negocio, pero yo mi tiempo se lo dedico a otra gente, a coleccionistas chicos o grandes”, aclara. Según cuenta, en el país hay al menos 10 coleccionistas que tienen más de 100 máquinas.

La nostalgia y el conocimiento intrasferible

Los Locos Adams (Bally, 1992) es la máquina de pinball más vendida de la historia: 20.270 unidades. “Si le preguntás a cualquiera, todo el mundo le jugó”, dice Blanco. “Es la que más restauré en mi vida. He pintado más de cien Adams”. En Pinside, la comunidad de referencia mundial, rankea 31° en el Top 100 general, lejos del podio para los conocedores, pese a ser el título más vendido de la historia. “A mí no me gusta”, dice Blanco.

“Lo de Adorni no fue un tema de estatus”, señala. “El pinball no te da estatus, hay muchachos que viven en un monoambiente y tienen un pinball. Lo de Adorni fue nostalgia pura, es de la generación que el pinball significaba vacaciones en la playa ya que en Buenos Aires estaba prohibido. Son los fichines de la niñez, y el que más se jugaba era el de los Locos Adams”, opina Blanco. 

Este juego tiene también algo de extravío feliz. La posibilidad de entretenerse y abstraerse hacia una realidad sin preocupaciones. Paradójicamente, durante la crisis del 2001 hubo un leve crecimiento en la compra de estos artefactos, según afirma el especialista Blanco. “Conocí muchas personas que se compraron un pinball y se tomaban un whisky esperando a que estalle todo”, revela.

Con Marcelo se termina el sofisticado arte de la restauración de pinball. Tiene una experiencia que se perdió. En su momento intentó transmitir el conocimiento, pero es un oficio que demanda mucho tiempo y “la gente no tiene paciencia, quieren un par de tips y listo”. 

Sin embargo, el amor por el pinball está más vivo que nunca. Todos los años las empresas sacan subtítulos nuevos. “Salió uno de Elton Jhon que es un escándalo, tira láser al techo”, dice. En Europa y en el resto del mundo, crecen los clubes y museos. “No va a desaparecer”, asegura. Siempre habrá coleccionistas apasionados, salas vintage o alguna persona que esté pasando una crisis existencial o un buen momento económico y quiera darse un gustito: tener un flipper en su casa.

LN/MG

Cada lunes, martes y jueves, de 18 a 20, una calle interna de La Carbonilla –en La Paternal– que es, en simultáneo, un estacionamiento, se convierte en cancha de fútbol. Pese a los obstáculos, La Carbo Fútbol Club, que no puede jugar de local, lleva ganando tres campeonatos consecutivos en la Ciudad. Durante las prácticas, los arcos se arman sobre el asfalto. Los padres se plantan en los costados como vallas humanas para evitar tragedias, frente a autos que no dejan de circular. Siempre hay algún vehículo estacionado en el medio del espacio. Y es habitual que se generen peleas o irrumpan operativos policiales, como ocurrió el pasado 14 de mayo.

Ese jueves se desplegaron más de 1.500 agentes en las 15 principales villas de la Ciudad, en el marco del Operativo Tormenta Negra. En La Carbonilla unos 150 efectivos armados, con escudos y en motos, atravesaron entre niños la cancha en pleno entrenamiento. Muchos chicos corrieron, otros se quedaron paralizados. “Fue muy traumático ver semejante despliegue de patrulleros, los chicos tienen mucho miedo y no se lo merecen”, narra Jesús Antonio, referente de las familias del barrio, padre de uno de los 70 niños que compiten en La Carbo FC.

La Carbo FC nació hace una década, con la primera escuelita deportiva en el barrio. En 2021, Tejiendo el Barrio se sumó al proyecto y lo fortaleció con equipamiento, gastos y estructura institucional. Desde entonces, son tricampeones. Ahora, tras el último operativo, esta asociación civil, que se ocupa de mejorar el desarrollo de barrios populares, dio a conocer una demanda que tienen hace tiempo: consiguieron el financiamiento para construir una cancha reglamentaria bajo el viaducto del San Martín pero, según denuncian, el Gobierno de la Ciudad no inicia el trámite burocrático que no le costaría dinero al Estado.

“El año pasado perdimos US$35.000 de una marca deportiva internacional que quería construir la cancha, y perdimos esa oportunidad porque se demoró el trámite”, lamenta Rodrigo Karasik, presidente de Tejiendo el Barrio. “Ahora tenemos comprometidos alrededor de US$50.000 de empresas privadas. Lo único que necesitamos es el terreno, que no tiene valor comercial porque está debajo del viaducto San Martín, que sólo se tiene acceso a través de la villa. No tienen que gastar un peso, nosotros nos encargamos de todo. Lo único que nos dicen es que 'no están dadas las condiciones políticas' para esto”, explica el referente de la ONG que ya ha hecho obras en otros barrios.

elDiarioAR consultó al Gobierno de la Ciudad por el estado del pedido, pero hasta el momento no hubo respuesta.

El mismo viaducto, otra ciudad

El terreno que reclaman no es una excepción dentro de la Ciudad. Es la parte que sobró. El viaducto del San Martín, inaugurado en 2019, elevó las vías a lo largo de cinco kilómetros entre Palermo y La Paternal y generó, debajo, más de 48.000 metros cuadrados de espacios nuevos. En diciembre de ese año, un día antes del recambio presidencial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concesionó por 30 años los tramos mejor ubicados: la firma Directos Pacífico S.A. pagó $768 millones por los sectores Corrientes-Córdoba y Playa Ferroviaria Palermo, y Espacios Estrella S.A., 144 millones por el tramo de Warnes, según los registros del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Hoy, bajo esos arcos funcionan bares, restaurantes y locales comerciales.

El tramo que bordea La Carbonilla, en cambio, quedó vacante ya que nadie ofertó por un espacio al que solo se accede caminando por la villa. Mientras del lado de Palermo el bajo viaducto se llenó de mesas y pizarras con menús, del lado de La Paternal crecen pastizales y circulan roedores. Ese es el lugar donde Tejiendo el Barrio quiere construir la cancha con vestuarios y baños, con fondos que ya están comprometidos. Lo único que falta, insisten, es que la Ciudad abra el expediente para pedirle la cesión del terreno a Nación.

“Nos parece un despropósito que se pierdan inversiones privadas destinadas a generar infraestructura social por cuestiones burocráticas”, resume Karasik.

Más operativos, menos urbanización

Karasik cuenta que la propuesta concreta se presentó durante la administración actual, que las primeras reuniones fueron positivas y que siempre les dijeron que el proyecto era interesante. El paso siguiente, iniciar el trámite, nunca llegó. “Nuestra percepción es que hubo un cambio de enfoque hacia los barrios populares. La gestión considera que las políticas anteriores fueron equivocadas y adoptó una mirada mucho más centrada en la seguridad”, señala.

Tormenta Negra fue el primer operativo simultáneo en las 15 principales villas porteñas e incluyó drones, perros K9, dos helicópteros y el vehículo blindado “Fénix”. Jorge Macri lo supervisó desde el Centro de Monitoreo Urbano y dijo que el objetivo es “proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires”. Esa misma noche, entrevistado en LN+, el jefe de Gobierno resumió su política de hábitat para las villas: “En la Ciudad no se puede construir más. Si vemos construcciones las demolemos”.

Deudas que se cobran con el techo

La Carbonilla nació con la crisis de 2001, cuando unas 40 familias se asentaron en terrenos ferroviarios junto a la estación La Paternal. Hoy viven unas 4.000 personas en un barrio inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, donde casi todos los adultos económicamente activos trabajan, en la economía formal o en la informal.

Karasik describe tres problemas que se potencian entre sí. El primero es el retroceso de los procesos de urbanización. El segundo, la caída de los ingresos: muchas actividades informales que permitían subsistir a las familias están siendo perseguidas. El tercero es el endeudamiento con prestamistas vinculados a organizaciones criminales. Cuando las familias no pueden pagar, aparecen mecanismos de presión violentos y muchas terminan entregando el “espacio aéreo” de sus viviendas, es decir, la posibilidad de construir hacia arriba, que esas organizaciones aprovechan para desarrollar negocios inmobiliarios dentro del barrio.

“Hay una sensación de abandono muy fuerte”, agrega el presidente de Tejiendo el Barrio. “Los mismos servicios funcionan de una manera en los barrios formales y de otra muy distinta en los barrios populares. Esa diferencia es percibida por los vecinos todos los días.”

“Para ellos sería cumplir un sueño”

Jesús Antonio, Tony, vive en La Carbonilla desde hace 20 años y cada entrenamiento tiene que avisar a los vecinos que retiren los autos, revisar los carteles con los horarios que él mismo colocó, pararse frente a una moto para que baje la velocidad. “Permanentemente existe el riesgo de que algún vehículo lastime a un chico”, dice. Más de una vez tuvo que detener el juego para que la gente pudiera cruzar por el medio de la cancha.

Su pelea por el club convive con su propia urgencia, ya que trabajó diez años en el Correo Argentino hasta que en 2024 lo echaron. Desde entonces se reinventó como vendedor ambulante en ferias bonaerenses. En varias oportunidades le advirtieron que no puede subir al tren con el carro que usa para transportar la mercadería y, antes que arriesgarse a perderlo, ha vuelto a su casa sin el plato de comida para sus hijos.

La escuelita reúne de manera permanente a unos 70 u 80 chicos. Los lunes hay básquet, los jueves fútbol y los martes la cancha es exclusiva del fútbol femenino. Los que compiten reciben botines, pecheras y equipamiento completo, financiados por las empresas que acompañan a la ONG. Pero el espacio no tiene medidas reglamentarias. El club queda afuera de algunos torneos y está condenado a jugar siempre de visitante.

“Es una lástima porque el club genera mucha identidad barrial. Cada vez que salen campeones organizamos una vuelta olímpica por el barrio y participa muchísima gente”, cuenta Karasik. “Que no puedan jugar de local es una pérdida para toda la comunidad”.

LM/MG

La hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada, viajó esta semana a La Rioja para conocer de primera mano la situación de Arcoiris, la niña de 10 años que desde el 17 de diciembre de 2025, tras una decisión judicial que dispuso su traslado desde Buenos Aires, reside nuevamente en La Rioja con su padre. Tanto el progenitor como el abuelo paterno fueron denunciados por abuso sexual desde que la nena tenía 2 años. 

Según alerta su madre, Delfina Silva Zarranz, y su entorno familiar, desde entonces la niña solo pudo mantener dos videollamadas supervisadas de 20 minutos con su madre. Pelloni planteó ante las autoridades judiciales la necesidad de restablecer el contacto entre la niña y su familia materna mientras continúan tramitándose las causas judiciales vinculadas a denuncias de violencia sexual que permanecen abiertas desde 2018.

“Para nosotros el caso Arcoiris ha sido emblemático desde el comienzo”, sostuvo Pelloni durante una conferencia de prensa realizada este viernes.

La referente, reconocida por su participación en el reclamo de justicia por el crimen de María Soledad Morales, mantuvo reuniones con la jueza Ana Carla Menem, integrante de la Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas de La Rioja; con autoridades del Tribunal Superior de Justicia provincial y con Gastón Mercado Luna, del Ministerio Público de la Defensa.

Sobre el encuentro con Menem, Pelloni señaló haber quedado “relativamente conforme” con las explicaciones brindadas. También pidió que se profundice la investigación a partir de nuevos elementos que, según sostuvo, no habrían sido considerados hasta ahora.

Respecto de las conversaciones mantenidas con integrantes del Tribunal Superior de Justicia, dijo haber recibido el compromiso de avanzar en mecanismos que permitan retomar el contacto de la niña con su familia materna. “Hay espíritu de continuar trabajando con lo que hemos pedido”, afirmó.

El reclamo por el vínculo con la familia materna

La jueza Menem, con quien Pelloni dijo haber quedado “relativamente conforme”, fue también quien firmó la resolución que derivó en el traslado de la niña a La Rioja el 17 de diciembre pasado.

De acuerdo con la familia materna, desde entonces los pedidos para retomar el contacto con Arcoiris no obtuvieron respuesta judicial. En paralelo, el juzgado impulsa una nueva evaluación pericial sobre Delfina Silva Zarranz.

La madre sostiene que una pericia previa, ordenada por la propia jueza Menem, concluyó que se encontraba en condiciones de ejercer el cuidado de su hija y recomendó evitar situaciones de “sobreintervención institucional” y de “victimización secundaria”.

Desde su traslado, Arcoiris habría dejado de asistir a la escuela y se habrían interrumpido las actividades recreativas y artísticas que realizaba, según consta en la presentación de la familia.

Una causa abierta desde hace ocho años

El conflicto judicial se remonta a 2018, cuando Delfina Silva Zarranz consultó a una psicóloga infantil por cambios en el comportamiento de su hija. A partir de esas intervenciones surgieron denuncias por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos en el entorno de la familia paterna.

Las acusaciones alcanzaron inicialmente al abuelo paterno, José “Kuki” Vergara, quien se desempeñaba entonces como jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de La Rioja. A lo largo de los años se acumularon cinco denuncias vinculadas a distintos episodios ocurridos entre 2018 y 2022.

En junio de 2022, madre e hija viajaron a Buenos Aires. Durante esa estadía, que finalmente se extendió durante casi cuatro años, Delfina presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. El organismo calificó la situación como de “alto riesgo” y solicitó medidas de protección, que fueron otorgadas por el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 106.

En febrero de 2023 se produjo un intento de restitución de la niña a La Rioja. La intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires derivó en nuevas actuaciones y en una denuncia contra el padre y el abuelo paterno por presunta violencia sexual.

Mientras tanto, la Justicia riojana procesó a Delfina Silva Zarranz por impedimento de contacto y le impuso prisión domiciliaria, medida que cumplió hasta fines de 2023.

En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó decisiones adoptadas por la Justicia riojana, al considerar que habían incurrido en un “rigor formal excesivo” incompatible con el adecuado servicio de justicia. El máximo tribunal ordenó revisar las actuaciones y garantizar el interés superior de la niña.

Sin embargo, nueve meses después, la jueza Menem firmó la resolución que derivó en el operativo realizado el 17 de diciembre de 2025. Ese día, tras el levantamiento de las medidas de protección vigentes en Buenos Aires, Arcoiris fue trasladada a La Rioja por orden judicial.

A ocho años de las primeras denuncias, las causas penales vinculadas a los presuntos hechos de violencia sexual continúan sin una resolución definitiva.

Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.

“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”

Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.

Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte. 

El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”

Características de la reforma migratoria

El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.

El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.

La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.

Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”

El requisito imposible

Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.

Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.

En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice. 

“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.

La otra cara: los operativos

Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.

En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.

Más dura que la Ley Videla

Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.

“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori. 

Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.

“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.

“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye. 

LN/MC

Con una fila que arrancó a la madrugada del domingo y se extiendió por más de 8 kilómetros, cientos de miles de fanátícos del Indio Solari despidieron al artista en el Polideportivo Gatica, junto al Anfiteatro “Hugo del Carril”, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, sur del Conurbano.

Fue un funeral histórico como lo fue su arte que lo convirtió en uno de los artistas más importantes del país.

El gobierno bonaerense montó un importante operativo de seguridad en el lugar con centenares de policías asignados, disponiendo además tres postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia. 

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar, pasando algunos la noche allí en una vigilia que incluyó a grupos procedentes de Laferrere e Isidro Casanova al reparo del frío y el rocío.

La familia del Indio Solari compartió una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, donde informó que “la despedida del Indio ya comenzó” y destacaron que “todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”. 

El gobierno nacional había ofrecido Tecnópolis, actualmente en proceso de privatización a pesar de que la familia y la oposición habían pedido el Congreso.

El velatorio comenzó pasadas las 11 de la mañana del domingo y se extendió hasta las 4 de este lunes, en Avenida Bartolomé Mitre 5000. “Para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, confirmó la familia. La Autopista Buenos Aires-La Plata no cobró peaje. Los trenes llegaron a las estaciones Villa Domínico y Wilde, desde donde arrancó la última peregrinación ricotera.

El Parque Los Derechos del Trabajador fue fundado el 18 de noviembre de 1949. Tras el golpe de Estado de 1955, la dictadura lo rebautizó “Presidente Sarmiento”. En 1991 recuperó su nombre. Allí, en el microestadio que lleva el nombre de José María “El Mono” Gatica, ídolo popular del boxeo, que terminó viviendo en una villa en ese mismo barrio después de que el gobierno de la Revolución Libertadora le quitara la licencia de boxeador por peronista, será alojado el cuerpo del Indio Solari. A pocas cuadras, en el Cementerio Municipal de Avellaneda, también descansan los restos de Luca Prodan, el otro mito fundacional del rock nacional.

La muerte que paralizó al país

Carlos Alberto Solari murió el viernes 5 de junio a las 8:30 de la mañana, en su casa de Parque Leloir, Ituzaingó. Tenía 77 años. Su cuidadora llegó a las 8 y lo encontró en la pileta interior climatizada. Junto con Virginia Mones Ruiz, su esposa, sacaron el cuerpo del agua y llamaron a la emergencia médica. Las maniobras de reanimación no funcionaron.

La autopsia, realizada ese mismo viernes en la Morgue de Ituzaingó, determinó que murió de un accidente cerebrovascular hemorrágico. El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la UFI N°2, fue claro: “En horas de la madrugada se había introducido en la pileta y, a raíz de haber sufrido un ACV hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento.” El golpe que se detectó en la cabeza ocurrió cuando lo sacaron del agua.

Solari padecía la enfermedad de Parkinson desde 2016. Lo había hecho público ese año, en un recital en Tandil. Tenía el hábito de meterse en la pileta de noche para calmar los dolores que le generaba la enfermedad. El Parkinson fue la razón del retiro después de Olavarría en 2017, el último recital que dio con más de 400.000 personas. Veinte días antes de morir, el 15 de mayo, la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa. No pudo ir. Mandó un mensaje grabado desde su casa: “Habla Indio. Quería agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsar esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Les mando un gran abrazo y muchas gracias.” Fueron sus últimas palabras públicas.

La controversia por el velatorio

Horas después de confirmada la muerte, legisladores opositores pidieron formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el Palacio Legislativo abriera sus puertas para el velatorio. Firmaron Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau por Unión por la Patria, y el radical Pablo Juliano. Argumentaron que el Congreso, “como ámbito de representación de todos los argentinos”, era el espacio correspondiente.

Menem rechazó el pedido. Consultó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que concluyó que “la realización de un velatorio público de esta magnitud en el Congreso de la Nación no resultaría la alternativa más conveniente”. El edificio, dijeron, no tiene la infraestructura necesaria. En ese mismo edificio fueron velados Eva Perón, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y Mercedes Sosa.

El Gobierno ofreció Tecnópolis, en Villa Martelli. La ministra Monteoliva dijo: “Tuvimos consultas de parte de las provincias por si venían micros, entonces se pensó en un lugar donde los micros puedan llegar”. Según la versión que dio el Gobierno, la familia no respondió a ninguna de las dos alternativas y confirmó Avellaneda.

Sin duelo nacional pero con miles de ricoteros en las calles

La muerte generó en el entorno oficial una jornada incómoda. Ni Milei, ni Karina Milei, ni ningún ministro emitió declaraciones durante el viernes. El único funcionario que escribió algo fue el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, comentó. No hubo duelo nacional ni acción oficial prevista.

“Yo puse mensajitos”, dijo la ministra Monteoliva sobre su intento de comunicarse con la familia del Indio. “Karina y Manuel también, estamos los tres”, agregó hacia las 20, ya con una Plaza de Mayo colmada de ricoteros. El entorno del Indio no respondió.

La noticia llegó un viernes a la mañana y en pocas horas se organizaron misas ricoteras en todo el país por WhatsApp y redes sociales. Plaza de Mayo, el Monumento a la Bandera en Rosario, Patio Olmos en Córdoba, Plaza Belgrano en Jujuy, el Monumento a San Martín en Mar del Plata. En La Plata –ciudad donde se formaron Los Redondos– la misa fue en la esquina de 7 y 50.

En Plaza de Mayo, a las 16:30, ya había fanáticos con banderas y bombos una hora y media antes del horario pautado. La Policía de la Ciudad avanzó con escudos y disparó gases lacrimógenos. Hubo corridas. Luego volvió la calma. A las 18:20 arrancó “Ji ji ji” y el centro de la plaza se convirtió en un pogo. Minutos después, los presentes cantaron el Himno Nacional. Bengalas rojas y negras, fuegos artificiales, fanáticos trepados a las rejas de la Casa Rosada. “Es loco que cuando nos pasa algo venimos a la Plaza de Mayo, es como un refugio”, dijo una chica a un canal de televisión. “Por eso también en su momento fue bombardeada. Este lugar es nuestro punto de encuentro”

El sábado, volvieron a reunirse en el Obelisco. Y este domingo llegaron más personas desde distintos puntos del país. Vinieron de las provincias más alejadas del norte y del sur, quienes mejor representan el peregrinar ricotero. Se hicieron presentes los que lo vieron por primera vez en los 80 y los que lo descubrieron en los 2000. Hubo trabajadores del conurbano, el núcleo duro que hicieron propio cuando el público de clase media de los primeros años se fue, y universitarios que discuten el significado de las letras. Rolingas con campera de cuero y viejos que vieron a la banda en Obras. Pre-adolescentes que conocieron al Indio por el teléfono de sus padres, y familias enteras lloraron por el último artista que conmovió multitudes.

“El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”, concluyó el círculo íntimo del Indio.

Con información de NA

LN/MG

En el frente de un paquete de galletitas hay un octógono negro. Dice: “Exceso en azúcares”. Desde que la Ley de Etiquetado Frontal entró en vigencia, el 94,5% de la población aprendió a reconocer ese sello y el 61% dejó de comprar al menos un producto por tenerlo, según la primera encuesta nacional sobre el impacto de la norma, realizada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la FCE-UBA a fines de 2025.

Sin embargo, este marte el gobierno envió al Senado un proyecto para derogarla. La iniciativa lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y elimina la norma en su totalidad desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, sin período de transición. El proyecto consta de sólo cuatro artículos.

La derogación no implicaría únicamente el fin de los sellos negros de advertencia. También dejarían de regir las restricciones a la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, la obligación de informar azúcares libres en los envases –un dato relevante para personas con diabetes– y las disposiciones vinculadas a la promoción de entornos escolares saludables.

“No se trata solamente del etiquetado”, señala Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. “La ley también regula la publicidad y promueve la educación alimentaria nutricional. Lo que se propone es desarmar una política pública completa”.

Los cambios que produjo la ley

La Ley 27.642 fue sancionada en octubre de 2021 con 200 votos afirmativos en Diputados y 64 en el Senado. La norma obliga a colocar octógonos negros en alimentos y bebidas que superen determinados límites de azúcar, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías, definidos según el perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde su implementación, la encuesta de la FCE-UBA registró cambios en los hábitos de compra y consumo. El 97% nota los octógonos mientras que el 94,5% comprende su significado. A su vez el 79% realizó algún tipo de cambio en sus compras, y el 61% efectivamente bajó el consumo de al menos un producto por tenerlos. El estudio concluye que el impacto “atraviesa todas las edades” y no se limita a un grupo generacional específico.

El efecto también alcanzó a los hogares con niños y adolescentes. Un estudio de Malzoni y Secchi, publicado en 2024 en la Revista SAN y realizado sobre 1.150 personas, mostró que el 74,4% de los padres con hijos menores de 16 años reporta pedidos frecuentes de productos con sellos de advertencia, como galletitas, yogures y golosinas. La presencia visible de los octógonos interviene entonces en la decisión final de compra de los padres.

Un análisis de más de 500 productos ultraprocesados realizado por Karen Manzur y Carlos Yáñez de la Universidad Adventista del Plata, publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024, detectó reducciones de hasta 40% en grasas totales y cercanas al 10% en sodio en lácteos y snacks salados.

La evidencia más citada sobre el impacto del sistema proviene de Chile, que implementó una legislación similar en 2016. Un estudio conjunto de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte, publicado en 2024 en PLOS Medicine, analizó las compras de 2.844 hogares durante seis años y detectó una reducción del 37% en la compra de azúcar proveniente de productos con sellos de advertencia. También registró caídas del 22% en sodio, 16% en grasas saturadas y 23% en calorías.

En Argentina, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición del 2019, el 13,6% de los menores de cinco años tiene exceso de peso. En los adultos, se estima que cerca del 39% tiene obesidad y el 73% exceso de peso, según datos de la OMS del 2025. Las enfermedades crónicas no transmisibles –diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares– producen el 70% de las muertes totales en el país, según un estudio publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024.

“Estamos viendo cada vez más hipertensión, sobrepeso, obesidad y diabetes en chicos menores de 10 años”, advierte Salzman. “Cuando un chico consume permanentemente productos ultraprocesados, deja de consumir frutas, verduras, huevos, alimentos naturales. Ahí hay una responsabilidad social y comunitaria. Hay que discutir hasta dónde llega el poder de la industria alimentaria”.

El etiquetado en la vida cotidiana

Virginia Demo tiene 57 años, es humorista y alcanzó notoriedad masiva tras participar en Gran Hermano 2023. En enero de 2026 ingresó al programa Cuestión de Peso con 89,9 kilos y cuatro meses después recibió el alta con 76,6. En ese proceso, modificó sus hábitos y logró revertir un cuadro leve de hígado graso.

Cuenta que antes sostenía ayunos prolongados y luego consumía alimentos ultraprocesados. Desde papas fritas y gaseosas hasta dulces. Durante el tratamiento comenzó a incorporar herramientas para leer etiquetas y entender el impacto nutricional de determinados productos.

“La tabla nutricional hay que saber leerla e interpretarla. Los sellos, en cambio, son rápidos, simples y claros”, dice. “No hace falta tener tantos conocimientos técnicos para entenderlos”.

También empezó a comparar productos similares. “Hay productos que parecen súper sanos y después ves que tienen exceso de azúcar o sodio. El etiquetado también te ayuda a elegir mejor”, agrega.

Cinthia Gentiletti, de 43 años, que recurre regularmente a la consulta con su nutricionista, también modificó algunas decisiones cotidianas a partir de los octógonos. “Me permitieron hacer elecciones más informadas y ajustar aún más una forma de alimentarme que ya era consciente”, cuenta.

Dice que las mayores sorpresas aparecieron en productos que suelen presentarse como saludables, “especialmente algunas galletitas y ciertos lácteos”. “Confirmé que tenían niveles de azúcar, grasas o sodio mucho más altos de lo que esperaba”, señala. También empezó a comparar marcas dentro de una misma categoría y detectar diferencias nutricionales importantes entre productos similares.

Lo que Demo y Gentiletti aprendieron en su experiencia cotidiana es, para especialistas en nutrición, uno de los objetivos centrales de la ley: ofrecer información comprensible en pocos segundos y sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.

Erica Bianquet, integrante del Grupo de Trabajo por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de FAGRAN y del Colegio de Nutricionistas, trabaja con pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. “Es una herramienta rápida y concreta para tomar una decisión en una góndola, especialmente para personas que no tienen por qué saber interpretar una tabla nutricional compleja”, explica. “No todo el mundo puede ponerse a comparar etiquetas durante veinte minutos en el supermercado. Y eso genera desigualdad”.

La discusión por la derogación

La ofensiva contra la ley comenzó antes del envío del proyecto al Congreso. En diciembre de 2024, la ANMAT modificó aspectos centrales de la ley. El principal cambio fue el criterio para calcular nutrientes críticos. Desde entonces, se consideran únicamente los ingredientes agregados durante la elaboración y no la composición total del producto. Como consecuencia, alimentos como quesos, yogures, mermeladas y jugos perdieron sellos pese a no haber cambiado su perfil nutricional.

“Generó muchísima confusión”, sostiene Bianquet. “Mucha gente asocia que cuando desaparece un sello, el producto mejoró o pasó a ser más saludable. Cuando en realidad la composición no cambió. El mensaje visual dejó de coincidir con el perfil nutricional real del producto”.

Durante la semana del 19 de mayo, los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA) presentaron un proyecto para derogar la ley con respaldo explícito de COPAL, la coordinadora de las industrias alimenticias. Días después, el Poder Ejecutivo envió su propia iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

Las empresas que históricamente presionaron contra la ley –entre ellas Arcor, Coca-Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, nucleadas en COPAL– encontraron en el gobierno libertario un terreno receptivo. El informe “Mucho más que etiquetas”, publicado por Fundeps en 2026, documenta que las flexibilizaciones administrativas del gobierno coincidieron con reclamos previos de esos sectores empresariales.

Los argumentos en disputa

El Gobierno sostiene que el sistema actual genera “distorsiones” porque aplica criterios uniformes a productos diferentes y no distingue entre excesos leves y altos niveles de nutrientes críticos. También cuestiona la falta de armonización con el Mercosur y afirma que el esquema no incentiva mejoras graduales en las formulaciones.

El legislador Bongiovanni argumentó que en 2023 el 85% de los productos en góndola tenía al menos un sello. “Si todo tiene octógono, el octógono no significa nada”, sostuvo.

“La armonización regional existe, pero no impide que un país tome medidas de salud pública propias”, responde la nutricionista Bianquet. “Hay varios países de América Latina que avanzaron con sistemas de advertencia similares. Hay una discusión de fondo sobre qué pesa más, si los intereses comerciales de ciertos sectores o el derecho de la población a recibir información clara sobre lo que consume”.

“No me parece bueno sacar los sellos. No es lo mismo tener la tabla nutricional que tener los sellos. Porque no todo el mundo tiene conocimientos de nutrición”, resumen Virginia Demo.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, organizaciones de nutricionistas y especialistas en salud pública mantienen reuniones con senadores de distintos bloques para intentar frenar la derogación. “Derogarla sería tirar a la basura años de trabajo técnico y sanitario”, concluye Salzman.

LN/MG

El viernes 22 de mayo, cerca de las 11 de la mañana, un paciente de salud mental del Hospital “Carlos G. Durand” caminó alrededor de 200 metros, atravesó distintos sectores del establecimiento, ingresó a la sala de terapia intermedia y desconectó el respirador de una persona internada. El hombre murió a pesar de los intentos del personal por reanimarlo.

Según relataron a elDiarioAR trabajadores del hospital que estuvieron en el lugar, el paciente se atendía en consultorios externos por una patología psiquiátrica. Nadie pudo explicar todavía cómo logró atravesar los controles de seguridad ni por qué llegó hasta un área crítica.

En el momento del hecho, en la sala había alrededor de 20 pacientes y el personal de enfermería atendía urgencias en distintas habitaciones. “No puede haber pacientes tan delicados en terapia intermedia”, dijo a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE en el hospital y licenciado en enfermería. “Pero los directivos siguen ingresando pacientes pese a la falta de personal y recursos”.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, el personal encontró al paciente extubado. Según las fuentes consultadas, realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.

Terapia intermedia con pacientes críticos

Trabajadores del hospital sostienen que el episodio expuso problemas estructurales que vienen denunciando desde hace años. Ortiz explicó que la terapia intermedia debería alojar pacientes que ya atravesaron la etapa crítica y requieren menor complejidad de atención. Sin embargo, afirmó que el desborde del sistema hace que también se internen allí personas con asistencia respiratoria mecánica. “La terapia intermedia se transformó en una terapia intensiva encubierta, pero sin el personal necesario”, señaló.

Según indicó, el área no cuenta con la misma capacidad de vigilancia ni con la cantidad de enfermeros especializados que requiere una terapia intensiva. En algunos casos, agregó, un enfermero debe atender hasta cuatro pacientes, cuando los estándares indican uno cada dos.

La situación del Durand ya había sido objeto de reclamos gremiales en los últimos años. En mayo de 2024, la terapia intensiva 1 cerró por una falla en el sistema de aspiración central y doce pacientes fueron trasladados de urgencia a terapia intermedia. En ese momento, ATE denunció falta de mantenimiento y advirtió sobre riesgos en áreas críticas.

En septiembre de 2025, además, el hospital redujo camas de terapia intensiva por falta de profesionales especializados. De 11 camas disponibles, solo 8 permanecían operativas.

Reclamos por seguridad, infraestructura y salud mental

Ortiz también cuestionó las condiciones de seguridad dentro del hospital. Según afirmó, en el sector donde ocurrió el hecho había una sola persona de vigilancia para controlar distintos servicios.

“Es imposible cubrir todo con un solo trabajador”, sostuvo.

Los reclamos incluyen además problemas de infraestructura y falta de personal en distintas áreas. Trabajadores denuncian sectores sin calefacción, demoras de meses en cirugías por falta de anestesistas y enfermeros, y áreas pediátricas que alojan adolescentes con padecimientos psiquiátricos sin dispositivos específicos de contención.

“Hace años pedimos una sala adecuada de psiquiatría y medidas de seguridad en ventanas porque ya hubo pacientes que se tiraron”, dijo Ortiz. Según relató, en la última década hubo al menos cinco episodios de ese tipo dentro del hospital.

También cuestionó el funcionamiento de las empresas privadas tercerizadas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad. “Nosotros no responsabilizamos a los trabajadores, sino a las empresas y al Gobierno de la Ciudad, que no controla si cumplen con los pliegos”, afirmó.

La investigación y el reclamo gremial

La familia del paciente fallecido inició acciones legales. En paralelo, la Junta Interna de Delegados de ATE reclamó una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido y pidió medidas urgentes para reforzar la seguridad y el funcionamiento de las áreas críticas.

Ortiz sostuvo que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “Acá hubo una cadena de responsabilidades: falta de personal, falta de controles y un sistema completamente desbordado”, dijo.

Según estimaciones del gremio, el hospital necesita incorporar alrededor de 80 enfermeros especializados para cubrir adecuadamente las áreas críticas. También reclaman mejoras salariales para evitar la salida de profesionales hacia el sector privado o hacia hospitales nacionales.

LN/MG

La bolsa llega sellada. Adentro puede haber cualquier tipo de lácteos, vencidos, a punto de vencer o los que nadie compra. El precio original es de $15.000. La app Cheaf lo cobra a $7.500. Antes de abrirla, la pantalla informa cuántos kilos de dióxido de carbono no fueron emitidos gracias a que la bolsa no se tiró.

“Rescaté comida y ahorré un 50%”, dijo una usuaria frente a la cámara de Telenoche en mayo del año pasado, a unos meses de que Cheaf se instale en el país. La joven había retirado su primera bolsa sorpresa en un Jumbo de Buenos Aires. Adentro encontró unos cuantos potes de yogurt que vencían al día siguiente. Se va contenta a su casa, sintiendo que ahorró y que le hizo un bien al medio ambiente.

Y es que la clase media no solo vive cada vez más a base de comida chatarra. También está consumiendo alimento vencido. O a punto de vencer. Este es el nuevo sistema exitoso de las aplicaciones que crecen en las regiones donde la clase media se licua, vendiendo a mitad de precio los productos que antes los supermercados tiraban o regalaban. “Argentina es el mercado de mayor crecimiento dentro de los países donde operamos”, confirmó Kim Durand, CEO y cofundador de Cheaf, al cumplirse un año de su desembarco.

Cheaf es una aplicación mexicana que conecta supermercados, panaderías y restaurantes con usuarios que compran, con descuentos de entre 50 y 70 por ciento, alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en bolsas cuyo contenido se desconoce hasta el momento del retiro. Aterrizó en Argentina el 11 de febrero de 2025 con tres locales. En poco más de un año acumuló 1,4 millones de descargas, 466 comercios adheridos en 77 ciudades de 18 provincias. Es el lanzamiento de mayor crecimiento de su historia regional, que incluye México, Chile y Colombia.

Sin embargo, Cheaf no creció sola. En enero de 2025, la app argentina Kigüi, que devuelve parte del dinero sobre productos ya comprados que están a punto de vencer, cerró rondas de inversión con The Yield Lab y Amazon por US$1,85 millones y sumó 300.000 descargas y 100.000 usuarios activos.

En abril llegó desde Uruguay “Buen Provecho”, con descuentos de entre el 35 y el 50 por ciento en alimentos frescos y excedentes, con planes de alcanzar 1.000 locales en Argentina antes de fin de 2026. “Nos pareció muy importante traer la app acá por su inflación y la caída en el consumo”, razonó Daniela Lejtreger, CEO de la app. Juntas, las tres plataformas construyeron en un año un mercado en expansión que en 2024 no existía.

Lo que ganaron las apps, lo perdieron los comedores

Cheaf opera exclusivamente a través de la app y se paga con tarjeta. Kigüi reintegra el cashback a una cuenta bancaria o a Mercado Pago. El modelo excluye a quien no tiene acceso al sistema financiero digital. Su público es la clase media venida a menos. Buen Provecho, por ejemplo, apunta a “jefes y jefas de familia de 30 a 50 años” y a “jóvenes de 20 a 30 años con presupuesto limitado”.

Al mismo tiempo que este segmento de la sociedad estira sus bolsillos con una tendencia promocionada como “ética” y “ambiental”, los sectores más postergados, que subsisten en parte gracias al alimento donado a comedores, se ven perjudicados.

En Córdoba, el Banco de Alimentos que suministra productos a organizaciones y comedores atraviesa desde fines de 2025 una caída pronunciada en las donaciones de supermercados: pasó de recolectar 15 bultos por sucursal a obtener apenas cinco. Los productos próximos a vencer que antes llegaban a la institución se canalizan ahora hacia las plataformas de descuento. El resultado es una lista de espera de comedores barriales que piden auxilio y no pueden ser incorporados por falta de stock.

“Desde septiembre del año pasado cayó la donación de alimentos sobre todo de supermercados, que pasaron de entregarnos 15 a cinco bultos. Las aplicaciones que ofrecen productos a punto de vencer son un competidor muy importante, porque la gente aprovecha los descuentos. Esos alimentos antes venían en gran cantidad y ahora está siendo muy reducido”, confirmó Alejandro Ruíz Díaz, del Banco de Alimentos de Córdoba. “Tratamos de darle un poco a cada uno. Por ahí el combo no sale con la cantidad de kilos que salía antes, pero la idea es que pueda alcanzar a más organizaciones”, agregó.

Isabel de Elizalde, de la panadería Hausbrot, uno de los locales que se sumó a Cheaf, explicó la transición a la Agencia de Noticias de Comunicación de la UBA: “Con la situación del país se hizo complicado sostener tanta cantidad de donaciones y cuando leímos sobre Cheaf nos pusimos en contacto con ellos.”

La retórica es el ambiente, el motor es la crisis

El discurso de estas plataformas habla de toneladas rescatadas, kilos de CO2 evitados, consumo responsable. Ese relato está construido sobre un problema real, ya que Argentina desecha 16 millones de toneladas de alimentos por año, el 12,5 por ciento de su producción agroalimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La retórica es la sostenibilidad, pero el motor es la caída del consumo.

Las ventas en supermercados cayeron un 11% durante 2024, según el INDEC, y los autoservicios mayoristas –refugio de quienes compran en cantidad para estirar el presupuesto– se hundieron un 15%. Además, los precios de los servicios –gas, electricidad, transporte– aumentaron entre 350% y 707% en el primer año de la gestión Milei, según un informe del Centro RA de la UBA.

Fue la clase media la que absorbió el impacto con mayor virulencia. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande sobre los microdatos de la EPH-INDEC del segundo trimestre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios debió gastar sus ahorros, vender pertenencias o endeudarse para llegar a fin de mes, superando incluso a los sectores de menores ingresos. La morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el registro más alto de la serie histórica. Lo que antes era un colchón, hoy es una lona.

“Creo que la gente usa la app más por la cuestión del ahorro. Lo ambiental suena bien y está bueno como conducta de vida, pero a la gente realmente la mueve la plata, no la mueve que se tire una galletita y se desperdicie”, dijo a ANCCOM Marino Steiner, dueño del almacén Oliva Don Mateo, uno de los comercios adheridos a Cheaf.

La grieta en las reseñas

“Miren lo que me pedí por $8.000 PESITOS”, celebró esta semana La Jefa del Ahorro, la cuenta más influyentes del universo del ahorro, uno de los rubros que más creció entre los creadores de contenido. Mostraba una imagen con 6 yogures y un queso crema. “Existe una app donde los locales arman paquetes con la comida que sobró del día...”, explicaba.

“No podés promocionas las sobras”, la cruzó un usuario. “Es la versión virtual y cool de llevar un carro y pedir las sobras del día en la panadería”, agregó otro. “Se llama 'cheaf', en otros países se llama SER POBRE”, protestó un tercero. “Manusma” se quejó de la tómbola: “A nosotros nos decía 'lácteos' y nos clavaron 6 margarinas que estaban a 4 días de vencer”.

Pero otras se sintieron satisfechas. “Las bolsas de Cheaf son una maravilla, por 20 lucas me vino una torta cabsha, dos muffins, una masa de tarta y una tarta de frutas”, dijo un usuario. “Rescaté una bolsa de lácteos y me vino una horma de queso. Te lo entregan con el valor real, entonces podés ver cuánto ahorrás. Esa bolsa costaba más de 11 mil pesos y yo la pagué 7 mil”, agregó otra.

Y están quienes la usan de forma estratégica: “Viene bien para la merienda en el parque, o si es el cumpleaños de tu nene y vienen muchos amiguitos, comprás panificados y te olvidás”, cerró una usuaria en la reseña de Google Play.

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Mientras se desploman los restaurantes típicos a los que concurría la clase media, al tiempo que la cocina premium gana estrellas Michelin y se concretan emprendimientos gastronómicos millonarios, hay un rubro –que no tiene salón ni mozos y no supera los 40 metros cuadrados– que creció en medio de la crisis socioeconómica. Son los locales low cost —pizza al corte, empanadas, hamburguesas—. En los últimos dos años se multiplicaron en todos los centros urbanos del país a un ritmo que el sector formal llama “refugio de emprendedores”.

El sábado pasado en Caballito, sobre av. Rivadavia, Antonela N. (36) esperaba, en una larga fila con su marido y sus hijas, la cena de Mr. Tasty: balde repleto de papas fritas con seis burger por $23.000. Esta joven familia tipo, en otro momento no tan lejano, salía los sábados a comer en restaurantes. Cada tanto, incluso, la pareja se reservaba algún viernes para beber “tragos de autor”. Pero en el último año sus ingresos se congelaron, ya no llegan a los casi $2.400.000 necesarios para pertenecer a la clase media porteña –según datos del INDEC– y tuvieron que recortar gastos.

“Si bien no pagamos alquiler porque mi marido heredó el departamento del padre, ya no podemos salir a comer afuera. Por eso empezamos a venir acá, es muy barato y a las nenas les gusta. Nos llevamos un balde de estos y vamos a casa a mirar algo en la tele”, cuenta Antonela y describe, al mismo tiempo, la reconfiguración de la escena gastronómica en Buenos Aires.

Julio Gauna, fundador y dueño del Grupo Desembarco, un imperio gastronómico que incluye Mr. Tasty, El Desenbarco, Dark Kitchens y Mila & Go., confirma la tendencia: “Cuando abrimos Mr. Tasty en 2024 teníamos un público joven, pero hoy en día la mayoría son familias que antes salían a comer y ahora pasan a comprar un balde con hamburguesas y papas y comen en su casa”.

“Hay recesión y la gente consume distinto, hoy el cliente busca precio, promociones y rapidez”, dice Gauna, que proyecta terminar el año con 200 locales en todo el país. “El año pasado abrimos 60 locales en seis meses, en uno de los momentos más recesivos del país; eso demuestra que hay consumo”, asegura.

El centro que colapsa

Según los expertos, la gastronomía se está reorganizando en dos extremos –uno que se agranda y otro que se mantiene– mientras el centro colapsa. Los restaurantes y bodegones típicos están cerrando al tiempo que las sucursales de comida barata y rápida abren decenas por mes y la cocina premium acumula reservas con semanas de anticipación.

“Una de las particularidades de este modelo es ampliar la brecha entre ricos y pobres”, dice Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. “La quita de restricciones y cepos ha mejorado la vida de quienes pueden vivir en dólares y ha empeorado a las mayorías de la clase media. El ajuste del sector público impacta directamente en los negocios minoristas de todos los días”, explica.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad en restaurantes cayó 30% interanual. Los locales vacíos se multiplicaron en las principales arterias del microcentro, San Nicolás y Monserrat.

El boom de los low cost

En simultáneo, los locales baratos y rápidos se agrandan. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el formato crece entre el 8 y el 12% anual incluso en años de contracción, y nueve de cada diez locales franquiciados siguen abiertos diez años después de su inauguración, una tasa de supervivencia que ningún otro segmento del rubro puede mostrar.

“Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”, dijo recientemente Marcelo Bernardini, de la consultora Franquicias que Crecen. El fenómeno se entiende también por la facilidad de ingresar al negocio. Se precisa una inversión inicial que no supera los US$ 35.000, entre uno y tres empleados, gastos operativos mínimos y un recupero del capital, según estiman, en doce a dieciocho meses.

Mr. Tasty es una de las nuevas franquicias low cost con crecimiento vertiginoso. Fundada en 2024 por Julio Gauna como una dark kitchen, pasó en menos de un año de tener un solo local en Boedo a más de 60 en doce provincias, con otros 40 en construcción. Sus locales miden 40 metros cuadrados, no tienen salón y funcionan con siete u ocho empleados. Los precios arrancan en $4.000. “Está pensado para el trabajador que baja del tren, cansado, y quiere comer bien sin esperar”, dice Gauna.

Solo Empanadas, otra de las cadenas del segmento, inauguró entre dos y tres locales por mes durante 2025 con un ticket de entrada de US$ 25.000 y espacios de 40 metros cuadrados. El modelo también cambió el hábito de consumo que lo sostiene. “La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado”, dijo en otra entrevista Daniel Arce, de Franquicias que Crecen. “Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo”.

“Yo prácticamente vivo a empanadas de estos locales”, cuenta Antonela, todavía en la fila de Mr. Tasty que avanza con rapidez. Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), en Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas por día; en plataformas de delivery, es el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. “Trabajo de secretaria en microcentro hasta las cinco de la tarde. Antes me compraba una vianda, pero no tiene sentido. Ahora cruzo y me como dos empanadas, gasto $2.000 en el almuerzo”, dice.

Quizás quien mejor resumió la situación fue Claudio Messina, director de la empresa Fantoche, quien describió un aumento exponencial en la venta, pero lejos de ser mostrarse satisfecho se sinceró: “En muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país”. En un reportaje con Ahora Play, siguió: “Esto no es de hoy, desde la década del '80, cada vez que hay un problema económico y falta plata en el bolsillo de la gente el alfajor crece porque es la porción justa. Comes un triple con una gaseosa o un agua y tenés las calorías necesarias para seguir trabajando y gastás muchos menos que sentarte a comer en un restaurante”.

De acuerdo a datos de 2025, en Argentina se venden 12 millones de alfajores por día, esto implica 4.380 millones por año para un mercado liderado por las marcas que ofrecen los productos de menor costo con Guaymallén a la cabeza. Fantoche, en particular, aumentó sus ventas 32% respecto de 2024.

El otro extremo que acumula estrellas

Mientras crecen los locales low cost y fast food como Mostaza –que anunció una inversión de US$ 40 millones para abrir 30 nuevos locales solo este año–, sobre la Costanera Norte, el llamado Distrito Joven concentra restaurantes de primer nivel inaugurados en los últimos dos años –Maro, Sendero Costanera, Fabric Dragón Blanco, Costa 70 70, Jano's Eventos–. “Parecen de Miami”, dice a elDiarioAR Martín Pittaluga, empresario gastronómico, dueño de La Huella y El Mostrador Santa Teresita de Olivos.

Esos nuevos restaurantes operan sobre tierras públicas concesionadas a privados. Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo en una nota publicada en Clarín el pasado 4 de enero: “El acceso al río queda mediado por la capacidad de consumo. Si no te sentás a pagar, el espacio te expulsa”. Quienes pueden sentarse, en general, son el 6% de la población que actualmente concentra el 34% de la riqueza argentina, con un piso de ingreso de US$ 8.000 mensuales, según la una investigación de la consultora Moiguer.

“Veo una caída enorme del consumo. Primero porque Argentina está muy cara y segundo porque la gastronomía está atravesando una crisis muy fuerte. Hay mucha oferta, sí, pero sobre todo hay costos muy altos”, comenta Pittaluga, quien conoce las dos caras de la crisis.

En los años 90 quebró un restaurante en Buenos Aires y se fue a Uruguay. En 2001 fundó con dos socios el Parador La Huella en José Ignacio, sobre una playa que nadie frecuentaba y que hoy atiende hasta mil personas diarias en temporada alta. La Huella llegó al puesto 11 del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y es caso de estudio en Harvard Business School.

“Lugares de primer nivel como Don Julio, El Preferido o Happening tienen una fama y una clientela consolidada que los sostiene”, dice. “Tienen un plus. Puede ser la calidad, la ubicación, la tradición o la fama. Hoy tener una clientela consolidada vale muchísimo.”

Don Julio, el más citado, acumula estrella Michelin, estrella verde y un puesto en los 50 Best Latin America. En 2025, la Guía Michelin otorgó tres nuevas estrellas en Buenos Aires: Crizia, con el chef Gabriel Oggero, se sumó a Aramburu, el único restaurante con dos estrellas del país.

Mientras el fine dining acumula reconocimientos internacionales y reservas con semanas de anticipación, el mercado intermedio se contrae. En noviembre de 2025, el Financial Times lo registró con un título: “Más pizza, menos bife de chorizo”. El encarecimiento en dólares –el precio de un bife de chorizo con guarnición pasó de US$ 9,40 en 2023 a US$ 21,90 en 2025– expulsó al turista extranjero y aceleró el corrimiento del consumo local hacia los extremos.

En restaurantes de gama media y alta, la caída del consumo llegó al 40%, según la AHRCC –diez puntos por encima del promedio general–. El 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer, según una encuesta de Kantar Insights. “Los restaurantes más cotidianos, los de clase media, donde la gente antes salía dos o tres veces por mes, ahora salen una sola vez, y muchos quiebran”, concluye Pittaluga.

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Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

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El mercado laboral argentino está funcionando al revés, según especialistas. Mientras cae la participación de jóvenes, crecen los adultos mayores que recurren al trabajo precario para subsistir, luego del retiro. Paradójicamente, el descanso llega al comienzo, en el momento de mayor capacidad productiva, mientras que el deslome se produce sobre todo al final, en el ocaso de la vida.

“Estamos hablando de personas trabajando en condiciones precarias en sus últimos años, teniendo en cuenta que los hombres en los barrios populares viven 11 años menos que el promedio de Argentina, por los trabajos manuales”, advierte Candelaria Rueda, socióloga e investigadora, a cargo del último informe del Instituto Argentina Grande que da cuenta de esta tendencia en el mercado laboral.

“40 años trabajando en gastronomía y empresas de limpieza”, cuenta Mirta, una señora de 75 anos, sentada en un banco de Parque Lezama, frente a una olla popular. “Me la pasé cocinando y limpiando oficinas, y ahora tengo que cuidar a un hombre y venir a buscar la comida acá, ¿a vos te parece?”, dice la mujer que cuida a un hombre senil, seis horas diarias y recibe viandas de ollas populares y parroquias.

“Yo soy la que está entrando a una edad para que la cuiden y tengo que cocinarle y limpiarle a un hombre mayor para subsistir, y encima no me alcanza”, lamenta.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad de mayores de 66 años creció un 12% en el último año, al tiempo que se redujo la inserción laboral juvenil. “Lo esperable sería que los jóvenes se incorporen al trabajo y los jubilados tengan ingresos suficientes vivir, pero está sucediendo exactamente al revés”, señala Rueda.

Aumento de la precariedad entre adultos mayores

El crecimiento del trabajo en edades avanzadas se da, además, en condiciones mayormente informales. Según el relevamiento –basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares– la desprotección laboral entre jubilados aumentó de manera significativa entre fines de 2023 y 2025: un 39,7% en varones y un 34,4% en mujeres.

En la actualidad, los adultos mayores presentan la tasa de desprotección más alta de todo el mercado laboral, que llega a un pico histórico del 44,9% de los ocupados sin aportes ni estabilidad. En total, más de 6 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.

“Trabajé más de tres décadas como chofer, y ahora tengo que pedir ayuda en la calle”, cuenta Julio Romero, jubilado de 79 años, frente a la Estación Constitución. “Vivo en una pensión y hago changas de carpintería y jardinería, pero por semana me sale una o dos, con suerte”, dice. Atraviesa, además, un tratamiento oncológico.

Esta semana el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 292/2026, el bono de $70.000 para jubilados, sin actualizaciones desde marzo del 2024 y con una perdida de un 53,8% de su poder adquisitivo. Según un informe de Chequeado.com, para mantener su valor real debería ubicarse por encima de los $150.000. Aún con ese refuerzo, la jubilación mínima se encuentra un 9,4% por debajo de su nivel real de noviembre de 2023. Es otra de las razones que explican el crecimiento de la actividad laboral en la tercera edad.

“Sturzenegger celebró el crecimiento de la actividad poblacional, pero es básicamente de jubilados. El bono está congelado y los aumentos de tarifas, servicios y medicamentos están por encima de la inflación, rubros con peso particular en la canasta de ese grupo”, sostuvo Rueda.

Jóvenes: más desempleo y menos búsqueda

En paralelo, la situación de los jóvenes muestra otro tipo de deterioro. El desempleo entre personas de 18 a 26 años alcanzó el 18,1%, frente al 14,9% de 2023. Pero el dato más relevante es la caída en la tasa de actividad: hay menos jóvenes buscando trabajo. “No es que mejoraron sus condiciones, sino que dejaron de buscar”, señala Rueda.

Daniel Díaz, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Lanús, lleva meses sin conseguir empleo. Rechazó recientemente una oferta en una concesionaria de Lomas de Zamora con jornadas de 12 horas por un salario de $400.000. “Prefiero seguir estudiando a que se me vaya la vida en un trabajo esclavo, mis amigos están igual”, explicó. “Por ahora vivo con mis viejos”.

Mientras muchos jubilados son sostén económico del hogar y no pueden rechazar ingresos, los jóvenes –en general sin personas a cargo– tienen mayor margen para descartar empleos precarios. “La mayoría de los jubilados son jefes de hogar y no pueden darse el lujo de rechazar changas. Los jóvenes en general son trabajadores complementarios del hogar. Pueden decir que no a propuestas vergonzosas”, indica Rueda.

El impacto del ajuste fiscal

Otro informe de IAG vincula estos cambios con la política económica. En 2024, el gasto público cayó seis puntos del PBI, la mayor contracción desde 2002. De ese total, 3,3 puntos correspondieron al gasto social, con recortes en áreas como educación, asistencia social y previsión.

“El ajuste golpea en dos dimensiones”, explica el economista Hernán Herrera . “A nivel productivo, por el deterioro de la infraestructura. A nivel familiar, el ingreso disponible después de pagar servicios es mucho menor. Quienes consiguen más horas de trabajo pierden descanso. Quienes no las consiguen, pierden mucho más.”

A eso se suma lo que el gobierno presenta como logro: el superávit fiscal. “El superávit no es real”, dice Herrera. “Se ven obligados a ajustar todos los meses para lograrlo. No se puede hablar de estabilidad macroeconómica en ese sentido.”

“A la destrucción de empleo –agrega el profesional – se le suma la caída de subsidios que disparó las tarifas y la baja del 60% en las transferencias a las provincias del norte”.

En este contexto, el crecimiento económico ocurre sólo en los sectores concentrados de baja generación de empleo (exportaciones de minería y agro). En contraste, sectores como la industria y el comercio muestran retrocesos.

“La Argentina puede crear trabajos de calidad pero requiere promover cadenas de valor regionales, enlazando los servicios del conocimiento con los sectores productivos y con una planificación estatal”, analiza el economista.

“Yo nunca pensé que iba a tener que seguir cocinando y limpiando en la última etapa de mi vida”, dice Mirta, sentada a la noche con una vianda en Parque Lezama. “Ya no tomo ningún medicamento, y espero todas las semanas a que me salga alguna changa”, agrega Julio. Son dos septuagenarios que no pueden salir del mercado laboral. “Voy a seguir esperando un trabajo, porque no me sirve de nada tirar a la basura mi formación por 400 lucas”, comenta Daniel, un veinteañero que no puede entrar al mundo laboral.

LN/MG