En el frente de un paquete de galletitas hay un octógono negro. Dice: “Exceso en azúcares”. Desde que la Ley de Etiquetado Frontal entró en vigencia, el 94,5% de la población aprendió a reconocer ese sello y el 61% dejó de comprar al menos un producto por tenerlo, según la primera encuesta nacional sobre el impacto de la norma, realizada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la FCE-UBA a fines de 2025.

Sin embargo, este marte el gobierno envió al Senado un proyecto para derogarla. La iniciativa lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, y elimina la norma en su totalidad desde el día de su publicación en el Boletín Oficial, sin período de transición. El proyecto consta de sólo cuatro artículos.

La derogación no implicaría únicamente el fin de los sellos negros de advertencia. También dejarían de regir las restricciones a la publicidad de ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, la obligación de informar azúcares libres en los envases –un dato relevante para personas con diabetes– y las disposiciones vinculadas a la promoción de entornos escolares saludables.

“No se trata solamente del etiquetado”, señala Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. “La ley también regula la publicidad y promueve la educación alimentaria nutricional. Lo que se propone es desarmar una política pública completa”.

Los cambios que produjo la ley

La Ley 27.642 fue sancionada en octubre de 2021 con 200 votos afirmativos en Diputados y 64 en el Senado. La norma obliga a colocar octógonos negros en alimentos y bebidas que superen determinados límites de azúcar, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías, definidos según el perfil nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde su implementación, la encuesta de la FCE-UBA registró cambios en los hábitos de compra y consumo. El 97% nota los octógonos mientras que el 94,5% comprende su significado. A su vez el 79% realizó algún tipo de cambio en sus compras, y el 61% efectivamente bajó el consumo de al menos un producto por tenerlos. El estudio concluye que el impacto “atraviesa todas las edades” y no se limita a un grupo generacional específico.

El efecto también alcanzó a los hogares con niños y adolescentes. Un estudio de Malzoni y Secchi, publicado en 2024 en la Revista SAN y realizado sobre 1.150 personas, mostró que el 74,4% de los padres con hijos menores de 16 años reporta pedidos frecuentes de productos con sellos de advertencia, como galletitas, yogures y golosinas. La presencia visible de los octógonos interviene entonces en la decisión final de compra de los padres.

Un análisis de más de 500 productos ultraprocesados realizado por Karen Manzur y Carlos Yáñez de la Universidad Adventista del Plata, publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024, detectó reducciones de hasta 40% en grasas totales y cercanas al 10% en sodio en lácteos y snacks salados.

La evidencia más citada sobre el impacto del sistema proviene de Chile, que implementó una legislación similar en 2016. Un estudio conjunto de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte, publicado en 2024 en PLOS Medicine, analizó las compras de 2.844 hogares durante seis años y detectó una reducción del 37% en la compra de azúcar proveniente de productos con sellos de advertencia. También registró caídas del 22% en sodio, 16% en grasas saturadas y 23% en calorías.

En Argentina, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición del 2019, el 13,6% de los menores de cinco años tiene exceso de peso. En los adultos, se estima que cerca del 39% tiene obesidad y el 73% exceso de peso, según datos de la OMS del 2025. Las enfermedades crónicas no transmisibles –diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares– producen el 70% de las muertes totales en el país, según un estudio publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en 2024.

“Estamos viendo cada vez más hipertensión, sobrepeso, obesidad y diabetes en chicos menores de 10 años”, advierte Salzman. “Cuando un chico consume permanentemente productos ultraprocesados, deja de consumir frutas, verduras, huevos, alimentos naturales. Ahí hay una responsabilidad social y comunitaria. Hay que discutir hasta dónde llega el poder de la industria alimentaria”.

El etiquetado en la vida cotidiana

Virginia Demo tiene 57 años, es humorista y alcanzó notoriedad masiva tras participar en Gran Hermano 2023. En enero de 2026 ingresó al programa Cuestión de Peso con 89,9 kilos y cuatro meses después recibió el alta con 76,6. En ese proceso, modificó sus hábitos y logró revertir un cuadro leve de hígado graso.

Cuenta que antes sostenía ayunos prolongados y luego consumía alimentos ultraprocesados. Desde papas fritas y gaseosas hasta dulces. Durante el tratamiento comenzó a incorporar herramientas para leer etiquetas y entender el impacto nutricional de determinados productos.

“La tabla nutricional hay que saber leerla e interpretarla. Los sellos, en cambio, son rápidos, simples y claros”, dice. “No hace falta tener tantos conocimientos técnicos para entenderlos”.

También empezó a comparar productos similares. “Hay productos que parecen súper sanos y después ves que tienen exceso de azúcar o sodio. El etiquetado también te ayuda a elegir mejor”, agrega.

Cinthia Gentiletti, de 43 años, que recurre regularmente a la consulta con su nutricionista, también modificó algunas decisiones cotidianas a partir de los octógonos. “Me permitieron hacer elecciones más informadas y ajustar aún más una forma de alimentarme que ya era consciente”, cuenta.

Dice que las mayores sorpresas aparecieron en productos que suelen presentarse como saludables, “especialmente algunas galletitas y ciertos lácteos”. “Confirmé que tenían niveles de azúcar, grasas o sodio mucho más altos de lo que esperaba”, señala. También empezó a comparar marcas dentro de una misma categoría y detectar diferencias nutricionales importantes entre productos similares.

Lo que Demo y Gentiletti aprendieron en su experiencia cotidiana es, para especialistas en nutrición, uno de los objetivos centrales de la ley: ofrecer información comprensible en pocos segundos y sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.

Erica Bianquet, integrante del Grupo de Trabajo por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de FAGRAN y del Colegio de Nutricionistas, trabaja con pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad. “Es una herramienta rápida y concreta para tomar una decisión en una góndola, especialmente para personas que no tienen por qué saber interpretar una tabla nutricional compleja”, explica. “No todo el mundo puede ponerse a comparar etiquetas durante veinte minutos en el supermercado. Y eso genera desigualdad”.

La discusión por la derogación

La ofensiva contra la ley comenzó antes del envío del proyecto al Congreso. En diciembre de 2024, la ANMAT modificó aspectos centrales de la ley. El principal cambio fue el criterio para calcular nutrientes críticos. Desde entonces, se consideran únicamente los ingredientes agregados durante la elaboración y no la composición total del producto. Como consecuencia, alimentos como quesos, yogures, mermeladas y jugos perdieron sellos pese a no haber cambiado su perfil nutricional.

“Generó muchísima confusión”, sostiene Bianquet. “Mucha gente asocia que cuando desaparece un sello, el producto mejoró o pasó a ser más saludable. Cuando en realidad la composición no cambió. El mensaje visual dejó de coincidir con el perfil nutricional real del producto”.

Durante la semana del 19 de mayo, los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA) presentaron un proyecto para derogar la ley con respaldo explícito de COPAL, la coordinadora de las industrias alimenticias. Días después, el Poder Ejecutivo envió su propia iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

Las empresas que históricamente presionaron contra la ley –entre ellas Arcor, Coca-Cola, Mondelez, Danone y Nestlé, nucleadas en COPAL– encontraron en el gobierno libertario un terreno receptivo. El informe “Mucho más que etiquetas”, publicado por Fundeps en 2026, documenta que las flexibilizaciones administrativas del gobierno coincidieron con reclamos previos de esos sectores empresariales.

Los argumentos en disputa

El Gobierno sostiene que el sistema actual genera “distorsiones” porque aplica criterios uniformes a productos diferentes y no distingue entre excesos leves y altos niveles de nutrientes críticos. También cuestiona la falta de armonización con el Mercosur y afirma que el esquema no incentiva mejoras graduales en las formulaciones.

El legislador Bongiovanni argumentó que en 2023 el 85% de los productos en góndola tenía al menos un sello. “Si todo tiene octógono, el octógono no significa nada”, sostuvo.

“La armonización regional existe, pero no impide que un país tome medidas de salud pública propias”, responde la nutricionista Bianquet. “Hay varios países de América Latina que avanzaron con sistemas de advertencia similares. Hay una discusión de fondo sobre qué pesa más, si los intereses comerciales de ciertos sectores o el derecho de la población a recibir información clara sobre lo que consume”.

“No me parece bueno sacar los sellos. No es lo mismo tener la tabla nutricional que tener los sellos. Porque no todo el mundo tiene conocimientos de nutrición”, resumen Virginia Demo.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, organizaciones de nutricionistas y especialistas en salud pública mantienen reuniones con senadores de distintos bloques para intentar frenar la derogación. “Derogarla sería tirar a la basura años de trabajo técnico y sanitario”, concluye Salzman.

LN/MG

El viernes 22 de mayo, cerca de las 11 de la mañana, un paciente de salud mental del Hospital “Carlos G. Durand” caminó alrededor de 200 metros, atravesó distintos sectores del establecimiento, ingresó a la sala de terapia intermedia y desconectó el respirador de una persona internada. El hombre murió a pesar de los intentos del personal por reanimarlo.

Según relataron a elDiarioAR trabajadores del hospital que estuvieron en el lugar, el paciente se atendía en consultorios externos por una patología psiquiátrica. Nadie pudo explicar todavía cómo logró atravesar los controles de seguridad ni por qué llegó hasta un área crítica.

En el momento del hecho, en la sala había alrededor de 20 pacientes y el personal de enfermería atendía urgencias en distintas habitaciones. “No puede haber pacientes tan delicados en terapia intermedia”, dijo a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE en el hospital y licenciado en enfermería. “Pero los directivos siguen ingresando pacientes pese a la falta de personal y recursos”.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, el personal encontró al paciente extubado. Según las fuentes consultadas, realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.

Terapia intermedia con pacientes críticos

Trabajadores del hospital sostienen que el episodio expuso problemas estructurales que vienen denunciando desde hace años. Ortiz explicó que la terapia intermedia debería alojar pacientes que ya atravesaron la etapa crítica y requieren menor complejidad de atención. Sin embargo, afirmó que el desborde del sistema hace que también se internen allí personas con asistencia respiratoria mecánica. “La terapia intermedia se transformó en una terapia intensiva encubierta, pero sin el personal necesario”, señaló.

Según indicó, el área no cuenta con la misma capacidad de vigilancia ni con la cantidad de enfermeros especializados que requiere una terapia intensiva. En algunos casos, agregó, un enfermero debe atender hasta cuatro pacientes, cuando los estándares indican uno cada dos.

La situación del Durand ya había sido objeto de reclamos gremiales en los últimos años. En mayo de 2024, la terapia intensiva 1 cerró por una falla en el sistema de aspiración central y doce pacientes fueron trasladados de urgencia a terapia intermedia. En ese momento, ATE denunció falta de mantenimiento y advirtió sobre riesgos en áreas críticas.

En septiembre de 2025, además, el hospital redujo camas de terapia intensiva por falta de profesionales especializados. De 11 camas disponibles, solo 8 permanecían operativas.

Reclamos por seguridad, infraestructura y salud mental

Ortiz también cuestionó las condiciones de seguridad dentro del hospital. Según afirmó, en el sector donde ocurrió el hecho había una sola persona de vigilancia para controlar distintos servicios.

“Es imposible cubrir todo con un solo trabajador”, sostuvo.

Los reclamos incluyen además problemas de infraestructura y falta de personal en distintas áreas. Trabajadores denuncian sectores sin calefacción, demoras de meses en cirugías por falta de anestesistas y enfermeros, y áreas pediátricas que alojan adolescentes con padecimientos psiquiátricos sin dispositivos específicos de contención.

“Hace años pedimos una sala adecuada de psiquiatría y medidas de seguridad en ventanas porque ya hubo pacientes que se tiraron”, dijo Ortiz. Según relató, en la última década hubo al menos cinco episodios de ese tipo dentro del hospital.

También cuestionó el funcionamiento de las empresas privadas tercerizadas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad. “Nosotros no responsabilizamos a los trabajadores, sino a las empresas y al Gobierno de la Ciudad, que no controla si cumplen con los pliegos”, afirmó.

La investigación y el reclamo gremial

La familia del paciente fallecido inició acciones legales. En paralelo, la Junta Interna de Delegados de ATE reclamó una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido y pidió medidas urgentes para reforzar la seguridad y el funcionamiento de las áreas críticas.

Ortiz sostuvo que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “Acá hubo una cadena de responsabilidades: falta de personal, falta de controles y un sistema completamente desbordado”, dijo.

Según estimaciones del gremio, el hospital necesita incorporar alrededor de 80 enfermeros especializados para cubrir adecuadamente las áreas críticas. También reclaman mejoras salariales para evitar la salida de profesionales hacia el sector privado o hacia hospitales nacionales.

LN/MG

La bolsa llega sellada. Adentro puede haber cualquier tipo de lácteos, vencidos, a punto de vencer o los que nadie compra. El precio original es de $15.000. La app Cheaf lo cobra a $7.500. Antes de abrirla, la pantalla informa cuántos kilos de dióxido de carbono no fueron emitidos gracias a que la bolsa no se tiró.

“Rescaté comida y ahorré un 50%”, dijo una usuaria frente a la cámara de Telenoche en mayo del año pasado, a unos meses de que Cheaf se instale en el país. La joven había retirado su primera bolsa sorpresa en un Jumbo de Buenos Aires. Adentro encontró unos cuantos potes de yogurt que vencían al día siguiente. Se va contenta a su casa, sintiendo que ahorró y que le hizo un bien al medio ambiente.

Y es que la clase media no solo vive cada vez más a base de comida chatarra. También está consumiendo alimento vencido. O a punto de vencer. Este es el nuevo sistema exitoso de las aplicaciones que crecen en las regiones donde la clase media se licua, vendiendo a mitad de precio los productos que antes los supermercados tiraban o regalaban. “Argentina es el mercado de mayor crecimiento dentro de los países donde operamos”, confirmó Kim Durand, CEO y cofundador de Cheaf, al cumplirse un año de su desembarco.

Cheaf es una aplicación mexicana que conecta supermercados, panaderías y restaurantes con usuarios que compran, con descuentos de entre 50 y 70 por ciento, alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en bolsas cuyo contenido se desconoce hasta el momento del retiro. Aterrizó en Argentina el 11 de febrero de 2025 con tres locales. En poco más de un año acumuló 1,4 millones de descargas, 466 comercios adheridos en 77 ciudades de 18 provincias. Es el lanzamiento de mayor crecimiento de su historia regional, que incluye México, Chile y Colombia.

Sin embargo, Cheaf no creció sola. En enero de 2025, la app argentina Kigüi, que devuelve parte del dinero sobre productos ya comprados que están a punto de vencer, cerró rondas de inversión con The Yield Lab y Amazon por US$1,85 millones y sumó 300.000 descargas y 100.000 usuarios activos.

En abril llegó desde Uruguay “Buen Provecho”, con descuentos de entre el 35 y el 50 por ciento en alimentos frescos y excedentes, con planes de alcanzar 1.000 locales en Argentina antes de fin de 2026. “Nos pareció muy importante traer la app acá por su inflación y la caída en el consumo”, razonó Daniela Lejtreger, CEO de la app. Juntas, las tres plataformas construyeron en un año un mercado en expansión que en 2024 no existía.

Lo que ganaron las apps, lo perdieron los comedores

Cheaf opera exclusivamente a través de la app y se paga con tarjeta. Kigüi reintegra el cashback a una cuenta bancaria o a Mercado Pago. El modelo excluye a quien no tiene acceso al sistema financiero digital. Su público es la clase media venida a menos. Buen Provecho, por ejemplo, apunta a “jefes y jefas de familia de 30 a 50 años” y a “jóvenes de 20 a 30 años con presupuesto limitado”.

Al mismo tiempo que este segmento de la sociedad estira sus bolsillos con una tendencia promocionada como “ética” y “ambiental”, los sectores más postergados, que subsisten en parte gracias al alimento donado a comedores, se ven perjudicados.

En Córdoba, el Banco de Alimentos que suministra productos a organizaciones y comedores atraviesa desde fines de 2025 una caída pronunciada en las donaciones de supermercados: pasó de recolectar 15 bultos por sucursal a obtener apenas cinco. Los productos próximos a vencer que antes llegaban a la institución se canalizan ahora hacia las plataformas de descuento. El resultado es una lista de espera de comedores barriales que piden auxilio y no pueden ser incorporados por falta de stock.

“Desde septiembre del año pasado cayó la donación de alimentos sobre todo de supermercados, que pasaron de entregarnos 15 a cinco bultos. Las aplicaciones que ofrecen productos a punto de vencer son un competidor muy importante, porque la gente aprovecha los descuentos. Esos alimentos antes venían en gran cantidad y ahora está siendo muy reducido”, confirmó Alejandro Ruíz Díaz, del Banco de Alimentos de Córdoba. “Tratamos de darle un poco a cada uno. Por ahí el combo no sale con la cantidad de kilos que salía antes, pero la idea es que pueda alcanzar a más organizaciones”, agregó.

Isabel de Elizalde, de la panadería Hausbrot, uno de los locales que se sumó a Cheaf, explicó la transición a la Agencia de Noticias de Comunicación de la UBA: “Con la situación del país se hizo complicado sostener tanta cantidad de donaciones y cuando leímos sobre Cheaf nos pusimos en contacto con ellos.”

La retórica es el ambiente, el motor es la crisis

El discurso de estas plataformas habla de toneladas rescatadas, kilos de CO2 evitados, consumo responsable. Ese relato está construido sobre un problema real, ya que Argentina desecha 16 millones de toneladas de alimentos por año, el 12,5 por ciento de su producción agroalimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La retórica es la sostenibilidad, pero el motor es la caída del consumo.

Las ventas en supermercados cayeron un 11% durante 2024, según el INDEC, y los autoservicios mayoristas –refugio de quienes compran en cantidad para estirar el presupuesto– se hundieron un 15%. Además, los precios de los servicios –gas, electricidad, transporte– aumentaron entre 350% y 707% en el primer año de la gestión Milei, según un informe del Centro RA de la UBA.

Fue la clase media la que absorbió el impacto con mayor virulencia. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande sobre los microdatos de la EPH-INDEC del segundo trimestre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios debió gastar sus ahorros, vender pertenencias o endeudarse para llegar a fin de mes, superando incluso a los sectores de menores ingresos. La morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el registro más alto de la serie histórica. Lo que antes era un colchón, hoy es una lona.

“Creo que la gente usa la app más por la cuestión del ahorro. Lo ambiental suena bien y está bueno como conducta de vida, pero a la gente realmente la mueve la plata, no la mueve que se tire una galletita y se desperdicie”, dijo a ANCCOM Marino Steiner, dueño del almacén Oliva Don Mateo, uno de los comercios adheridos a Cheaf.

La grieta en las reseñas

“Miren lo que me pedí por $8.000 PESITOS”, celebró esta semana La Jefa del Ahorro, la cuenta más influyentes del universo del ahorro, uno de los rubros que más creció entre los creadores de contenido. Mostraba una imagen con 6 yogures y un queso crema. “Existe una app donde los locales arman paquetes con la comida que sobró del día...”, explicaba.

“No podés promocionas las sobras”, la cruzó un usuario. “Es la versión virtual y cool de llevar un carro y pedir las sobras del día en la panadería”, agregó otro. “Se llama 'cheaf', en otros países se llama SER POBRE”, protestó un tercero. “Manusma” se quejó de la tómbola: “A nosotros nos decía 'lácteos' y nos clavaron 6 margarinas que estaban a 4 días de vencer”.

Pero otras se sintieron satisfechas. “Las bolsas de Cheaf son una maravilla, por 20 lucas me vino una torta cabsha, dos muffins, una masa de tarta y una tarta de frutas”, dijo un usuario. “Rescaté una bolsa de lácteos y me vino una horma de queso. Te lo entregan con el valor real, entonces podés ver cuánto ahorrás. Esa bolsa costaba más de 11 mil pesos y yo la pagué 7 mil”, agregó otra.

Y están quienes la usan de forma estratégica: “Viene bien para la merienda en el parque, o si es el cumpleaños de tu nene y vienen muchos amiguitos, comprás panificados y te olvidás”, cerró una usuaria en la reseña de Google Play.

LN/MG

Mientras se desploman los restaurantes típicos a los que concurría la clase media, al tiempo que la cocina premium gana estrellas Michelin y se concretan emprendimientos gastronómicos millonarios, hay un rubro –que no tiene salón ni mozos y no supera los 40 metros cuadrados– que creció en medio de la crisis socioeconómica. Son los locales low cost —pizza al corte, empanadas, hamburguesas—. En los últimos dos años se multiplicaron en todos los centros urbanos del país a un ritmo que el sector formal llama “refugio de emprendedores”.

El sábado pasado en Caballito, sobre av. Rivadavia, Antonela N. (36) esperaba, en una larga fila con su marido y sus hijas, la cena de Mr. Tasty: balde repleto de papas fritas con seis burger por $23.000. Esta joven familia tipo, en otro momento no tan lejano, salía los sábados a comer en restaurantes. Cada tanto, incluso, la pareja se reservaba algún viernes para beber “tragos de autor”. Pero en el último año sus ingresos se congelaron, ya no llegan a los casi $2.400.000 necesarios para pertenecer a la clase media porteña –según datos del INDEC– y tuvieron que recortar gastos.

“Si bien no pagamos alquiler porque mi marido heredó el departamento del padre, ya no podemos salir a comer afuera. Por eso empezamos a venir acá, es muy barato y a las nenas les gusta. Nos llevamos un balde de estos y vamos a casa a mirar algo en la tele”, cuenta Antonela y describe, al mismo tiempo, la reconfiguración de la escena gastronómica en Buenos Aires.

Julio Gauna, fundador y dueño del Grupo Desembarco, un imperio gastronómico que incluye Mr. Tasty, El Desenbarco, Dark Kitchens y Mila & Go., confirma la tendencia: “Cuando abrimos Mr. Tasty en 2024 teníamos un público joven, pero hoy en día la mayoría son familias que antes salían a comer y ahora pasan a comprar un balde con hamburguesas y papas y comen en su casa”.

“Hay recesión y la gente consume distinto, hoy el cliente busca precio, promociones y rapidez”, dice Gauna, que proyecta terminar el año con 200 locales en todo el país. “El año pasado abrimos 60 locales en seis meses, en uno de los momentos más recesivos del país; eso demuestra que hay consumo”, asegura.

El centro que colapsa

Según los expertos, la gastronomía se está reorganizando en dos extremos –uno que se agranda y otro que se mantiene– mientras el centro colapsa. Los restaurantes y bodegones típicos están cerrando al tiempo que las sucursales de comida barata y rápida abren decenas por mes y la cocina premium acumula reservas con semanas de anticipación.

“Una de las particularidades de este modelo es ampliar la brecha entre ricos y pobres”, dice Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. “La quita de restricciones y cepos ha mejorado la vida de quienes pueden vivir en dólares y ha empeorado a las mayorías de la clase media. El ajuste del sector público impacta directamente en los negocios minoristas de todos los días”, explica.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad en restaurantes cayó 30% interanual. Los locales vacíos se multiplicaron en las principales arterias del microcentro, San Nicolás y Monserrat.

El boom de los low cost

En simultáneo, los locales baratos y rápidos se agrandan. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el formato crece entre el 8 y el 12% anual incluso en años de contracción, y nueve de cada diez locales franquiciados siguen abiertos diez años después de su inauguración, una tasa de supervivencia que ningún otro segmento del rubro puede mostrar.

“Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”, dijo recientemente Marcelo Bernardini, de la consultora Franquicias que Crecen. El fenómeno se entiende también por la facilidad de ingresar al negocio. Se precisa una inversión inicial que no supera los US$ 35.000, entre uno y tres empleados, gastos operativos mínimos y un recupero del capital, según estiman, en doce a dieciocho meses.

Mr. Tasty es una de las nuevas franquicias low cost con crecimiento vertiginoso. Fundada en 2024 por Julio Gauna como una dark kitchen, pasó en menos de un año de tener un solo local en Boedo a más de 60 en doce provincias, con otros 40 en construcción. Sus locales miden 40 metros cuadrados, no tienen salón y funcionan con siete u ocho empleados. Los precios arrancan en $4.000. “Está pensado para el trabajador que baja del tren, cansado, y quiere comer bien sin esperar”, dice Gauna.

Solo Empanadas, otra de las cadenas del segmento, inauguró entre dos y tres locales por mes durante 2025 con un ticket de entrada de US$ 25.000 y espacios de 40 metros cuadrados. El modelo también cambió el hábito de consumo que lo sostiene. “La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado”, dijo en otra entrevista Daniel Arce, de Franquicias que Crecen. “Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo”.

“Yo prácticamente vivo a empanadas de estos locales”, cuenta Antonela, todavía en la fila de Mr. Tasty que avanza con rapidez. Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), en Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas por día; en plataformas de delivery, es el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. “Trabajo de secretaria en microcentro hasta las cinco de la tarde. Antes me compraba una vianda, pero no tiene sentido. Ahora cruzo y me como dos empanadas, gasto $2.000 en el almuerzo”, dice.

Quizás quien mejor resumió la situación fue Claudio Messina, director de la empresa Fantoche, quien describió un aumento exponencial en la venta, pero lejos de ser mostrarse satisfecho se sinceró: “En muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país”. En un reportaje con Ahora Play, siguió: “Esto no es de hoy, desde la década del '80, cada vez que hay un problema económico y falta plata en el bolsillo de la gente el alfajor crece porque es la porción justa. Comes un triple con una gaseosa o un agua y tenés las calorías necesarias para seguir trabajando y gastás muchos menos que sentarte a comer en un restaurante”.

De acuerdo a datos de 2025, en Argentina se venden 12 millones de alfajores por día, esto implica 4.380 millones por año para un mercado liderado por las marcas que ofrecen los productos de menor costo con Guaymallén a la cabeza. Fantoche, en particular, aumentó sus ventas 32% respecto de 2024.

El otro extremo que acumula estrellas

Mientras crecen los locales low cost y fast food como Mostaza –que anunció una inversión de US$ 40 millones para abrir 30 nuevos locales solo este año–, sobre la Costanera Norte, el llamado Distrito Joven concentra restaurantes de primer nivel inaugurados en los últimos dos años –Maro, Sendero Costanera, Fabric Dragón Blanco, Costa 70 70, Jano's Eventos–. “Parecen de Miami”, dice a elDiarioAR Martín Pittaluga, empresario gastronómico, dueño de La Huella y El Mostrador Santa Teresita de Olivos.

Esos nuevos restaurantes operan sobre tierras públicas concesionadas a privados. Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo en una nota publicada en Clarín el pasado 4 de enero: “El acceso al río queda mediado por la capacidad de consumo. Si no te sentás a pagar, el espacio te expulsa”. Quienes pueden sentarse, en general, son el 6% de la población que actualmente concentra el 34% de la riqueza argentina, con un piso de ingreso de US$ 8.000 mensuales, según la una investigación de la consultora Moiguer.

“Veo una caída enorme del consumo. Primero porque Argentina está muy cara y segundo porque la gastronomía está atravesando una crisis muy fuerte. Hay mucha oferta, sí, pero sobre todo hay costos muy altos”, comenta Pittaluga, quien conoce las dos caras de la crisis.

En los años 90 quebró un restaurante en Buenos Aires y se fue a Uruguay. En 2001 fundó con dos socios el Parador La Huella en José Ignacio, sobre una playa que nadie frecuentaba y que hoy atiende hasta mil personas diarias en temporada alta. La Huella llegó al puesto 11 del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y es caso de estudio en Harvard Business School.

“Lugares de primer nivel como Don Julio, El Preferido o Happening tienen una fama y una clientela consolidada que los sostiene”, dice. “Tienen un plus. Puede ser la calidad, la ubicación, la tradición o la fama. Hoy tener una clientela consolidada vale muchísimo.”

Don Julio, el más citado, acumula estrella Michelin, estrella verde y un puesto en los 50 Best Latin America. En 2025, la Guía Michelin otorgó tres nuevas estrellas en Buenos Aires: Crizia, con el chef Gabriel Oggero, se sumó a Aramburu, el único restaurante con dos estrellas del país.

Mientras el fine dining acumula reconocimientos internacionales y reservas con semanas de anticipación, el mercado intermedio se contrae. En noviembre de 2025, el Financial Times lo registró con un título: “Más pizza, menos bife de chorizo”. El encarecimiento en dólares –el precio de un bife de chorizo con guarnición pasó de US$ 9,40 en 2023 a US$ 21,90 en 2025– expulsó al turista extranjero y aceleró el corrimiento del consumo local hacia los extremos.

En restaurantes de gama media y alta, la caída del consumo llegó al 40%, según la AHRCC –diez puntos por encima del promedio general–. El 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer, según una encuesta de Kantar Insights. “Los restaurantes más cotidianos, los de clase media, donde la gente antes salía dos o tres veces por mes, ahora salen una sola vez, y muchos quiebran”, concluye Pittaluga.

LN/MG

Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que junto a la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Utep, participaron de “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina”, una exposición en la que detallaron las preocupaciones de organismos internacionales por la violencia que ejerce el Estado nacional. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, la criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró la abogada De Rosa, que defiende a las cuidadoras acusadas.

Un informe presentado por ella –como presidenta de la Coordinadora Argentina– y Cynthia Britez –de la Asociación Argentina de Juristas– ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

LN/MG

El mercado laboral argentino está funcionando al revés, según especialistas. Mientras cae la participación de jóvenes, crecen los adultos mayores que recurren al trabajo precario para subsistir, luego del retiro. Paradójicamente, el descanso llega al comienzo, en el momento de mayor capacidad productiva, mientras que el deslome se produce sobre todo al final, en el ocaso de la vida.

“Estamos hablando de personas trabajando en condiciones precarias en sus últimos años, teniendo en cuenta que los hombres en los barrios populares viven 11 años menos que el promedio de Argentina, por los trabajos manuales”, advierte Candelaria Rueda, socióloga e investigadora, a cargo del último informe del Instituto Argentina Grande que da cuenta de esta tendencia en el mercado laboral.

“40 años trabajando en gastronomía y empresas de limpieza”, cuenta Mirta, una señora de 75 anos, sentada en un banco de Parque Lezama, frente a una olla popular. “Me la pasé cocinando y limpiando oficinas, y ahora tengo que cuidar a un hombre y venir a buscar la comida acá, ¿a vos te parece?”, dice la mujer que cuida a un hombre senil, seis horas diarias y recibe viandas de ollas populares y parroquias.

“Yo soy la que está entrando a una edad para que la cuiden y tengo que cocinarle y limpiarle a un hombre mayor para subsistir, y encima no me alcanza”, lamenta.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad de mayores de 66 años creció un 12% en el último año, al tiempo que se redujo la inserción laboral juvenil. “Lo esperable sería que los jóvenes se incorporen al trabajo y los jubilados tengan ingresos suficientes vivir, pero está sucediendo exactamente al revés”, señala Rueda.

Aumento de la precariedad entre adultos mayores

El crecimiento del trabajo en edades avanzadas se da, además, en condiciones mayormente informales. Según el relevamiento –basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares– la desprotección laboral entre jubilados aumentó de manera significativa entre fines de 2023 y 2025: un 39,7% en varones y un 34,4% en mujeres.

En la actualidad, los adultos mayores presentan la tasa de desprotección más alta de todo el mercado laboral, que llega a un pico histórico del 44,9% de los ocupados sin aportes ni estabilidad. En total, más de 6 millones de trabajadores se encuentran en esa situación.

“Trabajé más de tres décadas como chofer, y ahora tengo que pedir ayuda en la calle”, cuenta Julio Romero, jubilado de 79 años, frente a la Estación Constitución. “Vivo en una pensión y hago changas de carpintería y jardinería, pero por semana me sale una o dos, con suerte”, dice. Atraviesa, además, un tratamiento oncológico.

Esta semana el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 292/2026, el bono de $70.000 para jubilados, sin actualizaciones desde marzo del 2024 y con una perdida de un 53,8% de su poder adquisitivo. Según un informe de Chequeado.com, para mantener su valor real debería ubicarse por encima de los $150.000. Aún con ese refuerzo, la jubilación mínima se encuentra un 9,4% por debajo de su nivel real de noviembre de 2023. Es otra de las razones que explican el crecimiento de la actividad laboral en la tercera edad.

“Sturzenegger celebró el crecimiento de la actividad poblacional, pero es básicamente de jubilados. El bono está congelado y los aumentos de tarifas, servicios y medicamentos están por encima de la inflación, rubros con peso particular en la canasta de ese grupo”, sostuvo Rueda.

Jóvenes: más desempleo y menos búsqueda

En paralelo, la situación de los jóvenes muestra otro tipo de deterioro. El desempleo entre personas de 18 a 26 años alcanzó el 18,1%, frente al 14,9% de 2023. Pero el dato más relevante es la caída en la tasa de actividad: hay menos jóvenes buscando trabajo. “No es que mejoraron sus condiciones, sino que dejaron de buscar”, señala Rueda.

Daniel Díaz, de 19 años, estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Lanús, lleva meses sin conseguir empleo. Rechazó recientemente una oferta en una concesionaria de Lomas de Zamora con jornadas de 12 horas por un salario de $400.000. “Prefiero seguir estudiando a que se me vaya la vida en un trabajo esclavo, mis amigos están igual”, explicó. “Por ahora vivo con mis viejos”.

Mientras muchos jubilados son sostén económico del hogar y no pueden rechazar ingresos, los jóvenes –en general sin personas a cargo– tienen mayor margen para descartar empleos precarios. “La mayoría de los jubilados son jefes de hogar y no pueden darse el lujo de rechazar changas. Los jóvenes en general son trabajadores complementarios del hogar. Pueden decir que no a propuestas vergonzosas”, indica Rueda.

El impacto del ajuste fiscal

Otro informe de IAG vincula estos cambios con la política económica. En 2024, el gasto público cayó seis puntos del PBI, la mayor contracción desde 2002. De ese total, 3,3 puntos correspondieron al gasto social, con recortes en áreas como educación, asistencia social y previsión.

“El ajuste golpea en dos dimensiones”, explica el economista Hernán Herrera . “A nivel productivo, por el deterioro de la infraestructura. A nivel familiar, el ingreso disponible después de pagar servicios es mucho menor. Quienes consiguen más horas de trabajo pierden descanso. Quienes no las consiguen, pierden mucho más.”

A eso se suma lo que el gobierno presenta como logro: el superávit fiscal. “El superávit no es real”, dice Herrera. “Se ven obligados a ajustar todos los meses para lograrlo. No se puede hablar de estabilidad macroeconómica en ese sentido.”

“A la destrucción de empleo –agrega el profesional – se le suma la caída de subsidios que disparó las tarifas y la baja del 60% en las transferencias a las provincias del norte”.

En este contexto, el crecimiento económico ocurre sólo en los sectores concentrados de baja generación de empleo (exportaciones de minería y agro). En contraste, sectores como la industria y el comercio muestran retrocesos.

“La Argentina puede crear trabajos de calidad pero requiere promover cadenas de valor regionales, enlazando los servicios del conocimiento con los sectores productivos y con una planificación estatal”, analiza el economista.

“Yo nunca pensé que iba a tener que seguir cocinando y limpiando en la última etapa de mi vida”, dice Mirta, sentada a la noche con una vianda en Parque Lezama. “Ya no tomo ningún medicamento, y espero todas las semanas a que me salga alguna changa”, agrega Julio. Son dos septuagenarios que no pueden salir del mercado laboral. “Voy a seguir esperando un trabajo, porque no me sirve de nada tirar a la basura mi formación por 400 lucas”, comenta Daniel, un veinteañero que no puede entrar al mundo laboral.

LN/MG

En Mendoza, una alumna entra al colegio con un arma en la mochila y dispara dos veces. Meses después, en una escuela de Santa Fe, un chico mata a un compañero con una escopeta. En los días siguientes se multiplican amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país. En San José, Entre Ríos, se registra una “epidemia” de suicidios. Y en Merlo, la muerte de Maitena, encontrada ahorcada de un árbol, conmueve al país. “Todos pensamos alguna vez si vale la pena seguir viviendo”, dice Aimara, su compañera de 15 años, ante un un móvil de C5N.

Son escenas y geografías distintas, pero en todas hay adolescentes atravesando situaciones límite en contextos de fragilidad social, escolar y emocional. Se repiten antecedentes de violencia, aislamiento y un uso intensivo de redes sociales. Según especialistas, el malestar juvenil se volvió más frecuente y se mantiene en niveles comparables a los de 2020, en plena pandemia.

“Los adolescentes nos cerramos, pero eso no significa que no nos guste que nos pregunten: ‘¿cómo te fue?, ¿cómo la pasaste?, ¿tenés amigos?’. Sin embargo, nuestros padres llegan estresados, laburan 12 horas al día. Tiene que haber un trabajo de prevención en las familias y en las aulas, porque todos podemos ser Maitena”, resume Aimara.

Según profesionales, el uso intensivo de redes sociales y la hiperconectividad profundizan el malestar y el aislamiento de adolescentes que no encuentran contención en adultos, desorientados frente al avance acelerado de la tecnología y absorbidos por el pluriempleo, que en los últimos ocho años creció un 40%, según datos de la CTA. En ese contexto, la inversión en salud mental pasó de representar el 10% del presupuesto sanitario en 2023, al 1,4% en la actualidad. 

El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indica que el 6,5% de la población presenta riesgo de trastorno mental, con mayor impacto en jóvenes de 18 a 29 años y en sectores de menor nivel socioeconómico. Solo el 29,15% está en tratamiento psicológico y, entre quienes no acceden, el 50,05% considera que lo necesita, con la barrera económica (43,44%) como principal obstáculo. Además, el 58,69% reporta problemas de sueño y el 52,40% atraviesa una crisis vital, en niveles de malestar similares a los registrados durante la pandemia.

“La soledad, el vínculo con la tecnología, el acceso a drogas y la violencia familiar son las principales preocupaciones. Hay un aumento de intentos de suicidio y de autolesiones, que es un mecanismo que alivia la ansiedad, cada vez más presente en jóvenes”, advierte Pedro Kestelman, psiquiatra infantojuvenil y ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil.

Los suicidios: una preocupación creciente

En la Argentina, las muertes por suicidio mantienen una tendencia en alza. En 2023 hubo 4.197 casos frente a 3.955 muertes viales, mientras que en 2024 fueron 4.249 contra 3.539, según el Ministerio de Seguridad. Tras una baja entre 2018 y 2020, los casos crecieron de forma sostenida, con un aumento acumulado cercano al 28% desde 2017. Hoy es la principal causa de muerte violenta.

Por edad, se observa un corrimiento hacia los jóvenes en las muertes por suicidio: aumentan los casos en el grupo de 15 a 25 años, mientras descienden en adultos mayores, según la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil. A su vez, la Facultad de Psicología de la UBA advierte que las personas de 18 a 29 años presentan los niveles más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Aumentaron las crisis anímicas y los intentos de suicidio en adolescentes, que están muy solos y el mundo adulto no sabe cómo acompañarlos. La pospandemia y el avance de la tecnología nos dejaron descolocados. Es difícil separar lo positivo de lo dañino”, señala Kestelman.

“Hoy la palabra tiene poco valor, está devaluada, no encuentra ni tiempo ni espacio para ser compartida en un lazo que la sostenga”, dice Eugenia Serrano, psicóloga y docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM.

“Hay en la época un gusto compartido y aceptado por la exhibición y espectacularización del odio y la crueldad, donde las adolescencias bucean en esa oscuridad de manera ilimitada”, suma Soledad Arrieta, psicóloga que creó y coordinó el dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte y fue desplazada recientemente de ese puesto.

Retroceso de políticas públicas en salud mental

En Mendoza, la alumna que ingresó armada a la escuela en septiembre de 2025 quedó luego vinculada a un abuso sexual por parte de un celador. En Santa Fe, el ataque que terminó con la muerte de un alumno expuso la participación del agresor en comunidades digitales que promovían masacres escolares. En San José, Entre Ríos, una ciudad de 22.000 habitantes, se registraron 16 suicidios entre 2024 y 2025 —con víctimas de entre 15 y 40 años— y decenas de intentos, con una internación diaria en 2024 por ideación suicida, por depresión y apatía. En Merlo, el caso de Maitena sumó indicios de hostigamiento en redes sociales.

En todos los casos aparece un patrón común: el peso de las tecnologías, el aislamiento progresivo y la dificultad para establecer canales de diálogo con adultos. “Sufrimos en silencio”, advirtió la compañera de Maitena. En este contexto, especialista advierten un retroceso del Estado en políticas de salud mental. A esto se le suma despidos y renuncias por bajas condiciones laborales, y el cierre de instituciones de formación profesional, como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM). 

“No vamos a contar con profesionales formados en hospitales escuela, como el Bonaparte, que es una institución de referencia”, advierte Soledad Arrieta, quien fue desplazada del dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte.

El dispositivo –una línea telefónica federal y gratuito de atención en urgencias de salud mental– mostró un fuerte crecimiento en la demanda en 2023 y 2024. Sin embargo, esa tendencia se revirtió en 2025 y lo que va del 2026. “La merma en los pacientes atendidos de los últimos dos períodos –2025 y 2026– se debe a los despidos y renuncia de personal especializado del 0800 perteneciente al Hospital Bonaparte. Pasamos de una dotación de 31 profesionales a 19 en la actualidad”, explicó.

En este contexto, el Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, flexibilizar las condiciones para la internación involuntaria –con mayor intervención del psiquiatra– y reorganizar el sistema en una red por niveles de complejidad, en lugar de avanzar en el cierre de hospitales psiquiátricos.

Las provincias cuestionaron la iniciativa por considerar que fue elaborada sin participación federal. Autoridades sanitarias advierten que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda –con subas en la provincia de Buenos Aires del 77% en internaciones y del 134% en consultas ambulatorias en 2025–, el proyecto presenta problemas de financiamiento y podría introducir nuevas barreras de acceso, especialmente en situaciones de urgencia. Además, señalan que implica un retroceso en el enfoque comunitario de la ley vigente.

“El problema de la ley es por un lado su precarísimo financiamiento y por otro los intereses en juego de las grandes corporaciones y prestadoras de salud”, resume Arrieta. En esa línea, Eugenia Serrano advierte: “El proyecto de reforma actual tiene como eje fundamental una vuelta al paradigma de la hegemonía médica por sobre los abordajes interdisciplinarios que plantea la ley vigente y en este sentido es reduccionista”.

Tecnología y malestar

Un relevamiento de la UBA indica que el 97,19% de los jóvenes usa redes sociales y el 58,98% herramientas de inteligencia artificial, con niveles más altos de ansiedad y malestar asociados a su uso. Incluso, un 7,37% preferiría interactuar con IA antes que con un profesional, grupo que presenta los peores indicadores de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Hay malestares de época –ansiedad, depresión, soledad– que en la adolescencia se intensifican y amplifican en las plataformas digitales”, señala Santiago Stura, coordinador de comunicación de Faro Digital.

Experiencias como el rechazo o la exclusión ya no se tramitan en espacios visibles para adultos, como la escuela o la familia, sino en intercambios entre pares dentro de redes sociales. “Muchas veces ocurren por fuera del radar del mundo adulto”, advierte.

Plataformas como TikTok funcionan como motores de búsqueda donde circulan explicaciones sobre salud mental entre jóvenes, una lógica que empieza a trasladarse también a la inteligencia artificial. “Se utiliza con fines casi terapéuticos”, señala Stura.

“Por ahora no estamos viendo la parte positiva de la inteligencia artificial. Muchos adolescentes están sustituyendo la consulta profesional. Ahí hay una zona de riesgo que ya se está estudiando”, concluye Kestelman.

“Yo creo que estamos llegando al final”, dice Gastón Arcuchín, jubilado de 72 años. “No tiene sentido vivir así; veo gente llorando en las farmacias porque no pueden comprar medicamentos, veo gente muy deprimida, personas mayores que se abandonan y se dejan morir porque no pueden atenderse y no quieren ser una carga para sus familiares”.

Arcuchín trabajó y aportó 48 años como técnico en reparación de televisores, hasta que el temblor del Parkinson lo obligó a jubilarse. Además tiene hipertensión, artrosis y otras afecciones crónicas. Cobra la jubilación mínima de $450.000 y destina alrededor de $100.000 mensuales a medicamentos. Tuvo que dejar el tratamiento que tomaba tras un cáncer de próstata. En los últimos meses, la quita de descuentos y la suba sostenida de los precios agravaron su situación, en medio de la crisis del PAMI y los cambios en el programa Remediar.

Un sistema colapsado

La situación individual se inscribe en un escenario más amplio. Una huelga nacional de 72 horas de médicos y odontólogos de cabecera profundiza la crisis del PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados. El organismo arrastra una deuda con prestadores que ronda los $500.000 millones y enfrenta recortes presupuestarios en el área de salud.

La modificación del esquema de pagos –formalizada en la resolución 1107/2026– elevó el monto fijo por paciente, pero eliminó adicionales por consultas, lo que en la práctica redujo ingresos y aceleró la salida de profesionales que solo perciben $2.100 por pacientes.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias. El impacto se refleja en menos médicos disponibles, demoras en turnos y mayores dificultades de acceso a la atención.

“En lo posible trato de no recortar, pero hay cosas que no puedo sostener”, dice Arcuchín. “El medicamento que tomaba por el cáncer lo tuve que dejar”. También espera desde hace ocho meses una operación de cataratas. “Cada vez hay menos médicos. Acá ya no tenemos especialidades básicas. No tenemos servicios”.

Ingresos en caída y vida cotidiana

El deterioro del sistema de salud se combina con la pérdida de ingresos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los adultos mayores alcanzó en abril los $1.824.682, más de cuatro veces el haber mínimo que percibe el 64% de los jubilados. El bono de $70.000 se mantiene congelado desde 2024.

El poder adquisitivo de las jubilaciones cayó hasta 29% desde el inicio del actual gobierno, mientras la actividad laboral entre mayores de 66 años creció 11% interanual. En paralelo, el desempleo encubierto alcanza el 13,8%, más del doble de la tasa oficial.

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. Además, el 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, y quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.

“Yo ya no puedo trabajar, tengo 72 años. Hago algunas artesanías, pero nada más”, dice Arcuchín. “Dividimos gastos con mi pareja, buscamos ofertas. Pero esto ya no es vida”.

Medicamentos y redes de ayuda

El acceso a los tratamientos también se ve afectado por los cambios en el programa Remediar, que redujo su alcance. El vademécum pasó de 79 medicamentos a tres, enfocados en enfermedades cardiovasculares. El programa abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en la atención primaria.

En ese contexto, Salvador Riquelme, jubilado de 73 años, atravesó una situación similar. Tenía programada una operación de cataratas, pero no podía pagar las gotas previas, con un costo cercano a $100.000. La intervención se suspendió 48 horas antes.

“Me avisaron por mensaje a la noche”. Necesitaba una medicación que finalmente llegó a través de una campaña en redes sociales impulsada por la periodista Lula González, que permitió reunir el dinero necesario.

“En este momento lo único que nos está sosteniendo es la solidaridad de la gente”, dice Riquelme. “Muchos jubilados alquilamos y después tenemos que ver cómo sobrevivir”.

Para sostenerse, combina su precario salario con trabajos informales. “Vendo cosas por internet, lo que puedo. Es la forma de llegar a fin de mes”, explica. La ayuda también llega en alimentos y aportes individuales. “Muchas veces ni sabemos quiénes son los que ayudan. Son gestos anónimos”.

Protestas y reclamos

El conflicto se traslada a la calle. En las movilizaciones frente al PAMI y el Congreso, jubilados reclaman por medicamentos, prestaciones y haberes. En una de las últimas protestas fue detenido nuevamente Carlos “Chaca” Dawlowfki, de 75 años, quien resultó gravemente herido en su mano y brazo durante la represión.

Entre los manifestantes está Mario, que perdió su trabajo como chofer. “Estuve dos días tomando mate cocido con una galleta”, dice. “En dos meses bajé seis kilos. Vivo en un hotel porque no puedo sostener otra cosa”.

Los testimonios se repiten y abundan en la calle y en redes sociales, mientras se redefine la vida cotidiana de los adultos mayores. “Lo más concreto es esto”, resume Arcuchín. “La gente no puede comprar los medicamentos y se abandona”.

LN/MG

“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones”, advierte Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar. La frase condensa una preocupación creciente. Detrás de las faltas reiteradas a clase, los especialistas advierten que hay límites institucionales difusos, regímenes más flexibles y un vínculo debilitado entre escuela, estudiantes y familias.

El dato más visible confirma la tendencia. El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento, de 7 puntos porcentuales, se replicó en las 24 jurisdicciones del país.

El informe, elaborado por Argentinos por la Educación, muestra además que el fenómeno no crece de manera homogénea. Por el contrario, se intensifica en ciertos grupos. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio –quienes faltaban entre 5 y 14 días–, lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Una asistencia cada vez más desigual

Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir, se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.

Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente.

Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Razones visibles y causas estructurales

Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y subjetivos. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.

Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega. En ese contexto, describe aulas atravesadas por dificultades de convivencia y esquemas de acreditación más laxos, donde “siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior”.

Videla coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.

El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país carece de herramientas básicas para seguirlo en tiempo real. Argentina no cuenta con un sistema nominal y abierto de registro de inasistencias, por lo que gran parte de la información proviene de autorreportes de los propios estudiantes. Esa limitación dificulta diseñar políticas públicas más precisas.

Para Mercedes Palavecino, docente y profesora de Filosofía, el dato central es el punto de partida de un problema mayor. “Es un síntoma de un quiebre social que debe abordarse de manera conjunta entre escuela, familias y Estado”, afirma. Y concluye: “No se trata solo de que el alumno esté presente, sino de garantizar condiciones reales para aprender”.

LN/MC

“Perdón, ¿qué fila es esta?”, “¿Acá es para tomarse el 53 o el 98?”, “¿Esta es la del 102 o el 100?”. Las preguntas se repiten, una y otra vez, en filas que se alargan, se confunden y se mezclan entre sí en Plaza Constitución, uno de los puntos más afectados desde que las empresas de transporte del AMBA redujeron hasta un 30% la cantidad de unidades en circulación, en medio del atraso en el pago de subsidios estatales y el aumento del combustible.

“Trabajo en una obra acá en Capital y después, cuando vuelvo, manejo Uber en Lomas de Zamora. Pero llego tarde y no me quedan horas para manejar. Es el tercer día así y te liquida. Ya no aguanto, es como tener un tercer trabajo”, cuenta Jorge Ramírez, de 41 años.

“Yo voy hasta Lanús. Trabajo como cajera todo el día, parada, y a esta hora ya no doy más”, dice Ariana G., de 35 años, sin moverse de la fila. “Normalmente tardo media hora, cuarenta minutos. Hoy ya sé que va a ser mucho más. Lo peor es que mañana será igual”.

Filas que crecen, viajes que se estiran

El conflicto escaló a fines de marzo, con impacto pleno en la primera semana de abril. El martes quizá haya sido el día más caótico, por la novedad y lo desconcertante del escenario, y también por una llovizna persistente que agravó la espera. Ayer, a las 17, la temperatura era más cálida; el sol daba de frente a hombres y mujeres que se cubrían los ojos con la mano para distinguir a lo lejos qué línea se acercaba.

Cuando comprobaban, una vez más, que no era la suya, muchos dejaban la mano apoyada en la frente, en una postura pensativa, y bajaban la mirada hacia las baldosas. Otros bostezaban a las 17.30 mientras esperaban volver a sus hogares tras la jornada laboral, o volvían al celular, en una agria espera cada vez más larga. Los que todavía guardaban energía se impacientaban y devolvían miradas hoscas a quienes merodeaban o a los vendedores ambulantes que ofrecían todo por mil pesos (paltas, bolsas, turrones, encendedores).

Lucas Benítez, de 23, empleado en un local de ropa, mira el celular y suspira. “Tengo que ir hasta Lomas de Zamora. En un día normal es una hora, ponele. Ahora ya arranco sabiendo que voy a llegar tarde y cansado. Y al otro día, otra vez lo mismo. Es todos los días así”.

Empresas, subsidios y un sistema en tensión

Las cámaras empresarias de transporte califican al sistema como “inviable”, aseguran que no pueden cubrir salarios ni costos y ya redujeron frecuencias como forma de presión, sin descartar una suspensión total del servicio. En ese marco, la UTA inició desde la medianoche una retención de tareas en las empresas que no hayan pagado sueldos, lo que agrava la baja de colectivos. Mientras el Gobierno afirma haber girado fondos, el sector sostiene que no alcanzan y advierte que más de un centenar de líneas podrían verse afectadas.

Un poco más atrás, con la mochila colgada al hombro, Ricardo Ferreyra, de 48 años, albañil, sigue con la mirada cada colectivo. “Laburé todo el día y ahora tengo que ir hasta San Justo. Tardo una hora y media, pero hoy seguro se me va a tres horas o más”.

El deterioro del servicio ocurre, además, en paralelo a un fuerte incremento tarifario. En enero de 2024, el boleto mínimo rondaba los $76,92; en diciembre de 2025 ya estaba cerca de $495; y en 2026 se ubica entre $700 y $870 según jurisdicción. En dos años, el boleto se multiplicó por más de nueve veces, en el marco de una política de recorte de subsidios y traslado de costos al usuario.

Tiempo perdido: la brecha social en el uso del tiempo

Las personas cargan con lo que traen del día: bolsas, carteras, bolsones, mochilas. Algunos sostienen buzos o camperas; otros, a sus hijos, que se duermen o se inquietan entre la gente. La fila está hecha de trabajos distintos y rutinas que se cruzan a la misma hora. Algunos fuman, otros escuchan música. La mayoría espera en silencio.

De a ratos, hablan con cronistas de televisión que preguntan cuánto más se puede aguantar. Una mujer, visiblemente alterada, toma del brazo a una periodista y le señala la fila: “Filmá esto. El 100 es un desastre. Dos horas para llegar a Lanús”.

La crisis del transporte también expone una brecha social en el uso del tiempo. Según la especialista en movilidad María Rodríguez Touron, los sectores de menores ingresos no solo dependen más del sistema público, sino que además viajan más y peor. Antes de la pandemia, el quintil más pobre destinaba cerca de dos horas diarias a trasladarse, contra una hora en los sectores de mayores ingresos: un 50% más. La expansión urbana hacia zonas periféricas y de baja densidad vuelve más ineficiente el transporte y estira los trayectos, consolidando una desigualdad donde los que menos tienen son quienes más tiempo pierden en moverse.

De repente llegan dos colectivos de la línea 98 y una parte de la fila logra avanzar. La escena se mueve, se acomoda, respira por unos minutos. Pero el 51 no aparece y la hilera vuelve a crecer, lenta y constante.

Cerca del cordón, Elena Martínez, de 65, empleada de limpieza en casas particulares, ajusta la bolsa que lleva en la mano. “Yo sigo hasta San Miguel. Son casi dos horas en un día normal, pero así no sé cuándo llego”, dice. “Vengo cansada, trabajé todo el día y lo único que quiero es llegar a casa. Y encima sabés que mañana, si tenés que salir, te espera lo mismo”.

A las 18, el sol ya se esconde detrás de los edificios. La temperatura cae y el aire se vuelve más frío. El 98, que una hora antes había pasado dos veces seguidas –para envidia de quienes esperaban el 51–, ahora lleva más de 45 minutos sin aparecer. La cola supera los 50 metros y sigue extendiéndose.

Cuando finalmente llega un colectivo, la fila ya es aún más larga. Algunas mujeres que no estaban al tanto del conflicto se quejan y dicen que así viene toda la semana. Las puertas se abren, pero el avance es mínimo. Desde lejos, la fila se comprime y se balancea, como una hilera que apenas logra desplazarse.

Hay quienes corren creyendo que van a perder el colectivo, pero al acercarse descubren que todavía quedan decenas de personas por delante. Saben que no van a subir. Tendrán que dejar pasar uno, dos o tres colectivos más.

Empiezan los bocinazos, crece el malestar. Todos estiran el cuello para ver si viene el suyo.

Adentro, los que ya consiguieron asiento evitan mirar. Algunos simulan dormir, otros giran la cabeza hacia la ventana. En el pasillo, el espacio se comprime. Brazos en alto, en un equilibrio forzado que se repite viaje tras viaje.

“La gripe causa más de 5.000 muertes por año en Argentina y ese número podría aumentar”, alertó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en medio de faltantes de vacunas y demoras en la distribución nacional. “Se viene el invierno y sin una cobertura adecuada podemos tener brotes importantes y una fuerte sobrecarga del sistema de salud”, advirtió, en referencia al incumplimiento de la Ley 27.491, que obliga al Estado nacional a garantizar la compra, distribución y logística del calendario.

La preocupación por el faltante de vacunas se expande a lo largo y ancho del país. Desde Jujuy advirtieron que “Nación no manda vacunas suficientes” y que enfrentan un “escenario de mayor vulnerabilidad”. En La Pampa, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, dijo que “hay centros de salud donde no tenemos disponibilidad”. En Chubut informaron hace una semana que “faltan dosis antigripales para adultos”.

A tres semanas de haber comenzado la campaña antigripal, en Provincia de Buenos Aires la situación es especialmente crítica. Hay stock suficiente solo para mayores de 65 años, mientras que más de la mitad de los niños (56%) no tiene sus dosis, y se recibió apenas el 22% de las vacunas destinadas a adultos, en un contexto de alta demanda. También se registran faltantes o stocks críticos en virus sincicial respiratorio, varicela, VPH y COVID pediátrico, lo que obligó a reorganizar la atención, priorizar esquemas incompletos y registrar pacientes para su posterior convocatoria. “Si una persona va al vacunatorio y no encuentra la dosis, es muy difícil que vuelva”, sostuvo Kreplak.

Circulación anticipada y alerta por una variante más contagiosa

La campaña antigripal se adelantó tres semanas por la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia del subclado K de influenza A (H3N2), la “súper gripe” que presenta mayor capacidad de contagio. “Ya tenemos circulación en casi todas las provincias y 94 casos confirmados”, explicó la infectóloga Alejandra Gaiano, de la Sociedad Argentina de Infectología. “Este año cobra más relevancia la vacunación porque esta variante muestra más internaciones y complicaciones en grupos de riesgo, por eso es clave llegar antes del pico invernal”, señaló.

El comportamiento del virus ya encendió alertas a nivel internacional. En la temporada 2025-2026, el subclado K se volvió predominante en el hemisferio norte, con millones de contagios, más de 120.000 hospitalizaciones y miles de muertes en Estados Unidos, además de sistemas sanitarios exigidos en países como Reino Unido y Canadá. La experiencia reciente muestra temporadas más intensas, con picos tempranos de consultas y mayor presión hospitalaria.

En Argentina, el 20 de enero se confirmó la primera muerte por esta variante –un hombre de 74 años en Mendoza– en un escenario de crecimiento acelerado de casos. El virus afecta principalmente a mayores de 60 años y niños, con casi la mitad de los pacientes que requirió internación y una baja cobertura de vacunación (21%) entre los infectados, lo que anticipa un impacto mayor en los próximos meses.

“Invierno es la temporada alta de la gripe y una de las principales causas de internación”, advirtió Kreplak. “La salud pública ya está con muchísima sobrecarga. Cada vez más personas, incluso con obra social, se atienden en el sistema público. Vamos a absorber la demanda, pero eso impacta en la calidad de atención y en las vidas”.

Faltantes, reclamos y riesgo de judicialización

El conflicto por las vacunas también escala en el plano institucional. Kreplak responsabilizó al Gobierno nacional por la reducción en la compra y distribución de dosis y por el debilitamiento de la política de inmunizaciones. Según detalló, la Provincia recibe entre 30% y 60% de lo necesario, con casos en los que directamente no hay entregas, como en HPV o COVID pediátrico. En la antigripal llegó apenas el 22% de lo previsto y en la triple viral el 50%, incluso en medio de brotes de sarampión.

“Esto genera faltantes permanentes y oportunidades perdidas”, afirmó. También alertó sobre el aumento de enfermedades prevenibles, con subas de más del 400% en coqueluche y del 250% en hepatitis A, y advirtió que la caída de coberturas ya tiene consecuencias concretas en la epidemiología.

Ante la falta de respuestas, la Provincia no descarta avanzar en la judicialización de la política sanitaria, un escenario que el ministro calificó como “complejo y dañino”, al trasladar a los tribunales decisiones que deberían resolverse en el ámbito de la gestión y la coordinación federal.

Caída histórica de coberturas y cambios en el sistema

“Estamos en presencia de la peor cobertura de la historia en Argentina”, advirtió la infectóloga Gaiano. La especialista señaló el crecimiento de grupos antivacunas y sectores reticentes, en un contexto atravesado por desconfianza tras la pandemia, crisis económica, dificultades de acceso –como vacunatorios con horarios limitados– y falta de campañas activas. “Las bajas coberturas alcanzan a todo el calendario y a todas las edades”, explicó.

En paralelo, la estructura institucional también muestra señales de debilitamiento. En diciembre pasado, distintas sociedades científicas cuestionaron la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) por implicar una pérdida de autonomía, federalismo y pluralidad, al quedar subordinada a la misma estructura que debe asesorar. A esto se suma la decisión del Gobierno de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nos saca del principal ámbito técnico de vigilancia epidemiológica y coordinación sanitaria. Vamos a quedar afuera de debates y actualizaciones clave”, advirtió Kreplak, y alertó que puede afectar la capacidad de respuesta y los controles internacionales.

Informe del CELS

Un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la caída sostenida de la vacunación en Argentina ya tiene impacto sanitario, con la reaparición de enfermedades prevenibles. Desde 2015 las coberturas descienden y, tras la pandemia, no lograron recuperarse. Hoy ninguna vacuna alcanza el 95% necesario para evitar brotes. El organismo vincula este retroceso con falta de políticas sostenidas, campañas débiles y un contexto social más restrictivo.

Los datos son críticos en la infancia. En 2023, menos del 74% de los niños completó la vacuna contra la polio, y en 2024 solo el 46,7% recibió el refuerzo de triple viral a los 5 años. El efecto ya se observa en la región. Los casos de sarampión crecieron 32 veces en 2025, con casi el 80% de los infectados no vacunados, mientras que en Argentina se confirmaron casos y alertas. A su vez, el país registró 1.191 casos de coqueluche en 2025 y 11 muertes infantiles, en su mayoría en bebés sin vacunación.

El CELS señala que la baja cobertura responde a múltiples factores como las barreras de acceso, crisis económica, debilitamiento territorial y retroceso de la comunicación pública. Según el informe titulado “La ausencia de políticas de vacunación generó más enfermedades”, ocho de cada diez familias perciben un retiro del Estado en salud, mientras la vacunación recae cada vez más en los hogares. En ese escenario, advierte el informe, aumenta el riesgo de brotes, internaciones y muertes evitables.

Vacunación y prevención frente al invierno

En este escenario, los especialistas insisten en reforzar la inmunización en niños pequeños, mayores de 65, personas con factores de riesgo y embarazadas, que además protegen a los recién nacidos en sus primeros meses de vida. “La vacuna no siempre evita el contagio, pero sí reduce cuadros graves, internaciones y muertes”, explicó Gaiano.

También buscan desarmar mitos que afectan la cobertura: “Es falso que la vacuna provoque gripe y es necesario aplicársela todos los años, porque el virus muta y las formulaciones se actualizan”, concluyó.

MC

Así como una persona en un supermercado abandona una marca tras comprar un producto en mal estado, en el comercio internacional los países dejan de comprar cuando la calidad de lo que se exporta no está garantizada. En el negocio de los alimentos, la reputación lo es todo.

Por eso, la suspensión de China a las importaciones de uno de los frigoríficos que más exporta en el país y el rechazo de Bulgaria a un cargamento de girasol tras no superar los controles sanitarios, encendieron las alarmas en el sector. “La marca Argentina, por los controles de calidad y sanidad, eran modelo en el mundo, pero esa reputación se está poniendo en duda”, alertó Mercedes Cabezas, trabajadora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El Senasa atraviesa un proceso de vaciamiento, según denuncia ATE. La combinación de desregulación –como la flexibilización del registro de agroquímicos–, salarios que quedaron por debajo de la línea de la pobreza (entre $1 millón y $1,3 millones con exclusividad en el trabajo) y el éxodo de profesionales (la planta pasó de 6.000 trabajadores en 2023 a menos de 4.900 en la actualidad) que se produce en forma sostenida, está deteriorando la capacidad operativa del organismo.

Con controles cada vez más limitados, el impacto ya se siente en las exportaciones y pone en riesgo el estatus sanitario de un país dependiente del agro para le ingreso de dólares. “El control se sostiene por la sobrecarga de quienes permanecen. No sé hasta cuándo más se puede aguantar, estamos al límite de la capacidad operativa”, advirtió Cabezas, quien también es secretaria adjunta de ATE.

En marzo, dos episodios encendieron alertas en el frente externo. Por un lado, Bulgaria rechazó un cargamento argentino de semillas de girasol tras detectar niveles de malatión y deltametrina que superaban hasta tres y cinco veces, respectivamente, los límites de la Unión Europea, en un embarque declarado oficialmente “en incumplimiento” y con otros diez buques en camino por unas 440.000 toneladas.

En paralelo, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef, uno de los principales exportadores del país, por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional, lo que obligó a gestiones diplomáticas urgentes para intentar revertir la medida. Ambos casos están relacionados con las fallas en los controles sanitarios.

“Con el pretexto de desregular, solo se bajan los estándares sanitarios y de control para facilitar las importaciones de productos veterinarios, herbicidas y demás”, señaló el ex vicepresidente del Senasa, Carlos Milicevic.

“El organismo atraviesa una situación delicada; a las intromisiones políticas se le suma la poca valoración que se da a sus agentes, que con magros salarios buscan otros horizontes laborales, y este deterioro lo podemos pagar muy caro”, agregó el ingeniero en Producción agropecuaria.

“Cualquier enfermedad que aparezca en el consumo interno rápidamente se traslada a frigoríficos exportadores. Y eso nos preocupa. Ya vimos cargamentos devueltos: carne desde China, girasol desde Bulgaria. Eso refleja problemas que ya no se pueden tapar y que tienen que ver con la baja capacidad operativa del organismo”, denunció Cabezas.

Menos controles, más riesgos

Detrás de estos episodios, los trabajadores del organismo describen un sistema bajo presión. En los últimos años se fueron más de 1.200 profesionales, en su mayoría por salarios que no alcanzan y condiciones laborales deterioradas. Sin reemplazos, el personal restante absorbió tareas o directamente dejó de realizar ciertos controles.

En áreas sensibles como fronteras, los controles comenzaron a volverse más aleatorios. Esto implica riesgos no solo comerciales sino también sanitarios: el ingreso de alimentos o productos vegetales sin la fiscalización adecuada puede introducir enfermedades o plagas que luego impacten en la producción local.

“El sistema funcionó durante décadas justamente porque evitaba estos problemas. Argentina no tuvo grandes epidemias en los últimos 50 años por la calidad de sus controles. Si eso se debilita, el deterioro es inevitable”, explicó Cabezas.

A la sobrecarga laboral se suman demoras en viáticos y gastos que, en algunos casos, terminan siendo afrontados por los propios trabajadores. “Estamos hablando de personas que toman decisiones en nombre del Estado. Eso requiere condiciones dignas y claridad mental”, advirtió.

Del comercio exterior al plato local

El impacto no se limita al frente exportador. En el sector advierten que el debilitamiento del Senasa también puede trasladarse al mercado interno.

Advierten que una falla en los controles sanitarios puede derivar en la circulación de productos no aptos para el consumo. Y, en sentido inverso, cualquier problema detectado en el mercado interno puede escalar rápidamente hacia el circuito exportador, con consecuencias comerciales.

“Si se sigue debilitando el sistema, pueden aparecer enfermedades o situaciones que hoy están controladas. El Senasa está justamente para evitar eso”, señalaron desde el organismo.

A contramano del mundo

El deterioro local ocurre en un contexto internacional que avanza en sentido opuesto. Los principales mercados endurecen sus exigencias sanitarias y ambientales, con límites cada vez más estrictos a los residuos químicos y mayores controles sobre toda la cadena productiva.

En la Unión Europea, por ejemplo, las regulaciones abarcan desde el uso de agroquímicos hasta la trazabilidad completa de los productos: transporte, almacenamiento, contenedores y análisis de laboratorio. Cualquier falla en ese recorrido puede terminar en un rechazo en puerto.

En ese marco, según los especialistas, los rechazos recientes pueden derivar en controles más estrictos para todos los productos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.

“Argentina logró recuperar mercados después de crisis sanitarias, como ocurrió con la fiebre aftosa. Pero si ahora se percibe una baja en los controles, esos mercados pueden volver a cerrarse”, advirtió Cabezas.

El riesgo, coinciden en el sector, no es solo inmediato. Es estructural, ya que la pérdida de confianza en la “marca país” puede erosionar uno de los principales motores de ingreso de divisas en un contexto económico ya frágil.

LN/MG

“Después de 22 años sin casos, vuelve una muerte a tiros en una escuela en un contexto de flexibilización de armas”. La advertencia de Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), coincide con el comunicado de la Red Argentina para el Desarme. “No es un hecho aislado, es el resultado de una política irresponsable”. Ambas miradas apuntan en la misma dirección tras el ataque en una escuela de Santa Fe que dejó un alumno muerto y reabrió un escenario que Argentina había logrado evitar durante más de dos décadas.

Ayer por la mañana, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. Mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos. El arma, una escopeta, estaba oculta en un estuche de guitarra. El agresor fue reducido por un asistente escolar y detenido.

El caso es el primero con una víctima fatal en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004, un episodio que marcó un antes y un después en las políticas públicas sobre armas de fuego en el país.

Para Alfie, ese dato no es menor. “Después de 22 años sin ningún hecho de este tipo, hoy en Argentina volvemos a lamentar una muerte a tiros en una escuela”, señaló. Y vinculó ese regreso con un cambio de rumbo: “No puede leerse por fuera de un contexto de flexibilización de armas”.

De una política de Estado al cambio de paradigma

Tras la tragedia de 2004, en 2006 se sancionó la ley que declaró la emergencia en violencia armada y se lanzó el plan de desarme voluntario. Según Alfie, allí comenzó a consolidarse una política sostenida durante dos décadas.

“Se transformó en una verdadera política de Estado, sostenida por gobiernos de distinto signo”, explicó. El consenso era transversal. A mayor circulación de armas, mayor violencia y más probabilidad de que conflictos cotidianos escalen a situaciones letales.

Ese enfoque, sin embargo, comenzó a revertirse. “La política empezó a retrotraerse por dos vías”, advirtió. Por un lado, medidas concretas como la baja de la edad mínima para acceder a armas de 21 a 18 años, la flexibilización de controles, la implementación de trámites exprés y la habilitación de armas semiautomáticas que durante décadas estuvieron restringidas.

Por otro, un cambio en el discurso. “Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas”, señaló.

En la misma línea, la Red Argentina para el Desarme dijo que el Gobierno impulsa una visión “simplista y peligrosa”, que supone que las armas son un problema solo en manos de delincuentes, pero una solución en manos de “personas de bien”.

Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas

Un crimen que no parece casual

Alfie evitó establecer una relación directa entre el caso puntual y las medidas recientes, pero planteó una preocupación clara. “Es muy temprano para atribuir una relación directa, pero no parece casual”, afirmó.

Durante los años en que se sostuvo la política de desarme, explicó, también hubo campañas de concientización y un trabajo activo en escuelas para detectar situaciones de riesgo. “Había un trabajo muy fuerte con docentes y comunidades educativas para generar alertas tempranas”, recordó.

Ese entramado, según el especialista, se debilitó. Y ahí aparece el problema: “Cuando además hay un mensaje persistente de que tener armas no es riesgoso sino incluso positivo, empiezan a aparecer hechos que durante mucho tiempo no se habían registrado”.

“La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, planteó la Red del Desarme.

El factor adolescente

Según los especialistas, el impacto de este tipo de políticas puede ser aún más crítico en jóvenes. “Está estudiado que en etapas donde las personas todavía están desarrollando el control de las reacciones impulsivas, el acceso a armas de fuego es particularmente riesgoso”, explicó Alfie.

Si a eso se suma una narrativa que avala su uso, “se genera un combo muy peligroso”, especialmente en adolescentes, más permeables a esos mensajes.

El caso de Santa Fe refuerza esa preocupación, ya que el agresor no tenía antecedentes de conducta violenta y era considerado un buen alumno, según autoridades locales.

Qué cambió en el control de armas

Durante dos décadas y a través de distintos gobiernos, la política pública combinó control y prevención. El plan de desarme voluntario permitió retirar más de 200.000 armas de circulación y estuvo acompañado por campañas de concientización.

En 2015, además, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que amplió las funciones del antiguo RENAR: no solo registraba armas, sino que producía información, impulsaba políticas públicas y colaboraba con la Justicia.

Ese esquema fue desmantelado en los últimos años. El Gobierno restituyó el RENAR con funciones más limitadas, eliminó áreas de control, no renovó el plan de desarme y avanzó en la liberalización del acceso.

Entre las medidas más controvertidas figura el decreto que habilitó la tenencia civil de armas semiautomáticas derivadas de uso militar, similares a las utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos. También se implementó un sistema de “tenencia exprés” para agilizar los trámites.

La evidencia y el discurso oficial

Frente a la idea de “armas en manos de personas de bien”, Alfie aseguró: “La evidencia internacional desmiente esa idea”.

“La mayoría de las muertes con armas de fuego no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en accidentes, suicidios o conflictos interpersonales”, explicó. Es decir, situaciones cotidianas que se vuelven letales por la disponibilidad de un arma.

Incluso en contextos de defensa, agregó, las personas armadas tienen más probabilidades de resultar heridas o morir ellas o alguien de su entorno.

Un país en riesgo

Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un dato que, según especialistas y organizaciones, está vinculado a políticas activas de control de armas.

“Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”, advirtió la Red Argentina para el Desarme, que además exigió la reactivación del plan de desarme, la reversión de las medidas recientes y el fin de los discursos que legitiman la violencia.

Alfie sumó la falta de información como otro de los problemas. “Hoy no hay datos disponibles. Sin datos es muy difícil evaluar qué está pasando”, señaló.

LN/MC

“Si avanzan los despidos, los profesionales no van a poder producir información. Y el resultado va a ser un apagón meteorológico”. La advertencia de Silvina Romano, delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), resume el escenario que atraviesa el organismo, donde avanza un plan de reducción de personal que podría afectar a más de 200 trabajadores sobre una dotación de 787. Esta situación se da en línea con el recorte que el Gobierno viene aplicando en distintas áreas del Estado: en dos años destruyó 63.000 empleos públicos y para 2026 se propuso reducir el 10% de todo el sector (entre 5.000 y 6.000 puestos).

Sin embargo, la discusión alrededor del SMN excede lo laboral. ¿Qué implica, en la práctica, un servicio meteorológico debilitado? Menos datos en tiempo real, menos estaciones operativas y menor capacidad de anticipar eventos. En un aeropuerto, por ejemplo, un despegue podría depender de información incompleta sobre viento o visibilidad. En el campo, un productor podría decidir sembrar o fumigar sin conocer con precisión las condiciones que afectan su cosecha. En una ciudad, una alerta podría llegar tarde o no emitirse.

El SMN produce y distribuye información clave para la aviación, el agro, la energía y la gestión de emergencias. También sostiene el sistema de alertas tempranas ante tormentas, olas de calor o inundaciones. “Es un servicio que muchas veces no se ve, pero se usa todo el tiempo”, señaló Romano. Y explicó que la pérdida de personal impacta directamente en esa cadena. Es decir, menos observadores implica menos datos, y menos datos reducen la calidad de los pronósticos.

Un servicio invisible, con impacto directo

Las consecuencias combinan riesgos cotidianos y efectos económicos. “Un vuelo sin información sobre el estado del tiempo o de las pistas no debería salir por razones de seguridad”, advirtió Romano. A la vez, remarcó que el agro depende de esos reportes para planificar. “El pequeño productor necesita del Servicio para manejar sus cultivos”, sostuvo. Lo mismo ocurre con sectores como la energía o la construcción, que utilizan proyecciones meteorológicas para definir operaciones.

El deterioro se arrastra desde 2023. En ese período, el organismo perdió alrededor de 200 trabajadores entre despidos, jubilaciones y renuncias asociadas a salarios que, según denuncian, no superan los 800 o 900 mil pesos. El impacto ya es visible en estaciones que funcionaban las 24 horas redujeron su cobertura, otras cerraron y algunas operan con dotaciones mínimas. Un nuevo ajuste podría llevar la planta a unos 500 trabajadores, lejos de los 1.200 que un relevamiento interno consideraba necesarios.

El riesgo sobre la red de observación

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que un recorte de esa magnitud podría derivar en un “colapso operativo”. La preocupación está puesta en la red de observación, base de todos los pronósticos. “Podría dejar a ciegas a gran parte del territorio”, señaló su presidenta, Carla Gulizia, al describir el efecto de perder estaciones en distintas regiones.

Un comunicado del cuerpo de delegados de ATE en el SMN plantea un escenario similar, con cierre de estaciones, menor cobertura territorial y dificultades para sostener servicios esenciales. Entre los puntos críticos mencionan la seguridad aérea –por la falta de datos en tiempo real–, la emisión de alertas tempranas y el seguimiento de fenómenos extremos. También advierten sobre el impacto en zonas donde el organismo es la única fuente de medición meteorológica.

Tecnología, ajuste y límites operativos

En paralelo, crece la tensión interna. Trabajadores señalaron que, durante visitas al organismo, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer (manos derecha del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) planteó que se reemplazarán a observadores por sistemas automáticos. La hipótesis incluye reducir la red de estaciones de unas 125 a cerca de 80, lo que implicaría menos puntos de medición en el territorio.

Especialistas advierten que ese cambio no es lineal. “La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza la interpretación”, explicó el investigador del Conicet, Juan Rivera. La diferencia, plantean, no es solo operativa. “Un dato aislado no alcanza sin alguien que lo valide, lo compare y lo integre en un sistema más amplio”, señala. Además, la reducción de estaciones interrumpe series históricas que permiten entender cómo cambia el clima a lo largo del tiempo.

El SMN forma parte de redes internacionales y aporta información que se utiliza dentro y fuera del país. Su trabajo está detrás de decisiones que van desde la suspensión de un vuelo hasta la activación de un protocolo de emergencia. En un contexto de eventos climáticos más frecuentes e intensos, esa información gana peso, avisan los especialistas.

En ese marco, la discusión sobre el ajuste suma otra dimensión. No se trata solo de cuántos trabajadores quedan, sino de qué capacidad conserva el Estado para medir, anticipar y advertir. Si esa cadena se corta, el impacto se traduciría en decisiones tomadas con menos información y, en algunos casos, en riesgos que podrían haberse evitado.

“Estamos frente a una problemática muy grande, con impacto directo en la población y en la economía”, concluyó Rivera.

LN/MG

Bajando las escaleras hacia el depósito de la Librería Hernández, Damián Carlos Hernández colocó una estantería vieja y profunda a lo ancho del pasillo. El fondo era una pared de cartón prensado de 8 metros con repisas repletas. Si se corrían los libros, parecía que el sótano finalizaba ahí. Pero a un costado, detrás de los estantes, una puerta oculta de apenas medio metro se abrió una noche de mediados de 1975 y dos hombres la atravesaron en cuclillas.

–Por ahí mi padre, junto con Rogelio García Lupo, pasaban los libros “subversivos”–dice María Susana Hernández, Marisú.

Es la menor de las tres hijas de Damián Carlos Hernández y Emilce García, fundadores de la librería de la calle Corrientes 1436. El local, que cumplió 70 años, decidió –en el marco de los 50 años del golpe– exhibir los libros que la dictadura había censurado.

Hernández sabía que venía una mano dura, no de gusto había estado preso en tres oportunidades. Sus hijas, acostumbradas a un padre relajado, empezaron a notarlo distinto. Cada noche apoyaba los codos sobre la mesa, se tomaba la frente y se perdía en dramáticos pensamientos hasta que llegaba la cena. Acaso en una de estas abstracciones, meses antes del golpe de 1976, imaginó el pasadizo secreto. Un muro ilusorio para ocultar más de 235 mil libros que pronto serían prohibidos.

–Yo la llamo la “estantería de la resistencia”–.

Apoyada sobre una pila de libros en el depósito, Marisú prende un cigarrillo y señala las dimensiones de la puerta oculta. Hasta ahí llegaba ella, juntando el material que su padre y sus amigos escondían del otro lado, un espacio del mismo tamaño que la librería donde aún hoy se conservan muchos de estos ejemplares envueltos en papel madera y diarios de la época que Marisú toca al pasar.

–El olor–dice Marisú caminando ya entre los pasillos del sótano escondido–. El olor de estos libros...

Con 20 años, Marisú era una joven estudiante de medicina que admiraba a su padre. Apodado el “Librero Mayor” por Osvaldo Bayer, Hernández fue una figura central en la circulación de ideas políticas y culturales en la Argentina de los años 60 y 70. Su local se convirtió en un espacio de encuentro, formación y discusión para estudiantes, militantes e intelectuales, por donde pasaron personajes como Eduardo Galeano, Arturo Jauretche y David Viñas. Tenía cultura general y una memoria prodigiosa para ubicar libros, desde los más accesibles hasta aquellos perdidos en lo alto, adonde Marisú llegaba con una escalera para retirarlos y bajarlos al sótano cuando no quedaba nadie más en el local.

Durante seis meses, Damián Carlos Hernández, su hija Marisú y Pajarito García Lupo trabajaron escondiendo más de 235 mil títulos en un sótano clandestino.

La librería ya había cerrado esa noche de mediados de 1975. Hernández seguía ordenando cuando alguien tocó la puerta. Desde el año anterior, la Triple A lo hostigaba con llamadas: “Te vamos a reventar, librero”, amenazaban. Hernández fue hasta la puerta y abrió: era Rogelio García Lupo, que dirigía Eudeba. “Pajarito” entró, “siempre impecable”, se arremangó y comenzaron: Marisú bajaba libros y ellos los pasaban al sótano clandestino a través del pasadizo. Tenían por delante seis meses de trabajo y más de 235 mil títulos por esconder, siempre fuera del horario comercial, para que nadie los vea. Pero alguien los vio.

Emilce y la memoria de los libros prohibidos

–Dios mío, otra vez los libros–. 

Emilce García está por cumplir 100 años, y cuando su hija, Marisú, y su nieta, Mariana, entran a la habitación donde está internada y le muestran el video que hicieron el 28 de enero al cumplirse un año más del día que las fuerzas conjuntas allanaron la librería Hernández, Emilce García se lleva las manos a la cabeza, y dice:

–Dios mío, otra vez los libros–.

A 49 años de aquel cierre, Marisú Hernández reconstruyó en ese video la historia del material prohibido: el secuestro sistemático y el intento por hacer desaparecer el catálogo. Tras la publicación en redes sociales, la repercusión fue inmediata. Cientos de personas contaron su vínculo con la librería y su historia durante el golpe (“yo tuve que quemar mis libros”, dijo uno. “Mi papá los enterró”, contó otro). Muchos padres y madres se acercaron y llevaron uno de estos ejemplares para enseñarles a sus hijos.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”.

Lila Filler –hermana Silvia Filler, asesinada en 1971 por un grupo parapolicial–contó que durante la dictadura pidió un libro prohibido de Cortázar y se lo entregaron. “Pude conseguir el Libro de Manuel. Recuerdo que primero me dijeron que no, luego me dijeron que esperara y finalmente me lo entregaron ya envuelto”, dijo.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”

La mención a la librería Trilce en el video abrió otra historia. Poco después, se contactó el hijo de sus dueños, ambos secuestrados y desaparecidos. Contó que, como a muchos hijos, la historia llega más tarde: primero el silencio, después las preguntas. Días después, fue a tomar un café con Marisú. Nunca se habían visto. Sus padres eran Isabel Valencia y Horacio Edmundo Fernández.

Al otro costado de la cama, Mariana transmite desde su celular a la televisión el video de Marisú en el depósito. Emilce se recuesta y observa. Aunque su nombre casi no circuló públicamente, fue cofundadora de la librería en 1956 y una figura central en su sostenimiento. De perfil bajo, ligada al trabajo cotidiano, sostuvo a la vez la vida familiar y el proyecto en contextos adversos. Durante la dictadura atravesó desplazamientos entre Buenos Aires y Montevideo, sin perder el vínculo con sus hijas. Si Hernández fue la exposición y el carisma, ella fue el trabajo silencioso. Tras la muerte de su marido, en 1987, su presencia en la continuidad del proyecto familiar se volvió más evidente. Siguió así hasta que la pandemia la obligó a recluirse.

–Esos libros–dice Emilce, con una mano en la frente, al terminar de ver el video–, esos libros...

Los allanamientos y el exilio

El 28 de enero de 1977, cerca de las siete de la tarde, suena el teléfono en Corrientes 1436.

–Librería Hernández.

–Hola, Eduardo –saluda Damián Carlos Hernández.

–¿Eduardo?

–Tenemos visitas, en este momento no podemos atenderlo –responde Eduardo Mora y corta. 

Efectivos de la Seccional Quinta irrumpen en la librería. Remueven libros y retienen testigos. Damián Carlos y Emilce, desde Comodoro Rivadavia, vuelan a Aeroparque. Observan su hija Ana María y su marido, Eduardo Mora, encargado del local. Marisú está en Boedo, en un cumpleaños. “Quedás detenido por vender libros de izquierda”, le dicen a Mora. Ese día secuestran unos 8 mil ejemplares. Entonces, bajan al sótano.

Llegan a la enorme estantería, antigua y cargada de libros. Corren algunos volúmenes y ven, al fondo, una pared de cartón. No sospechan. Clausuran el local y se llevan a Eduardo.

Nadie en la familia imagina que la detención de Eduardo se va a prolongar. Durante años, casi no se habla de esos seis meses en las cárceles de Devoto, La Plata y Caseros. Se enterarán años después de algunas cosas que vivió en libros que se escribieron. Esa tarde lo detienen. Un mes y medio más tarde, tras un segundo allanamiento el 18 de marzo, lo sacan de la comisaría y lo llevan nuevamente a la librería. Alguien había denunciado la existencia de un “sótano escondido”.

Esta vez, los policías destruyen la estantería. Detrás aparecen pilas y pilas de libros. “Enloquecen”. Se llevan un ejemplar de cada título. El resto queda ahí. Eran unos 235 mil ejemplares.

Entre ellos, El peronismo, de Gonzalo Cárdenas (Ediciones Cepe); Formaciones económicas precapitalistas, de Karl Marx (Polémica); Testigos de China, de Bernardo Kordon y otros (Carlos Pérez Editor); Literatura y cultura popular, de Antonio Gramsci (Cuadernos de Cultura Revolucionaria); entre muchos otros.

Esa tarde del 28 de enero, Ana María —embarazada— se queda sola. Busca a su hermana y vuelven a su casa. Carlos Damián y Emilce regresan y se refugian en lo de la “tía Yolanda”, amiga de confianza.

El 8 de febrero, en su Fiat 1600 rojo, Marisú pasa a buscar a su padre y lo lleva hacia el puerto para exiliarse en Uruguay.

–Esperá –dice él–. Llevame por Corrientes.

Desde el auto en movimiento, miran la librería clausurada. Siguen en silencio hasta el puerto.

La librería vuelve a abrir a fines de 1977, con el sótano clausurado. La administración queda en manos de Ecequiel Leder Kremer, ex pareja de Marisú y padre de Mariana, que le da una impronta adaptada a la época. “Para mis viejos era importante que esto se mantuviera. Y así lo hicimos”, dice Marisú.

El matrimonio se instala en Montevideo. En Argentina desaparecían muchos de sus amigos. Hernández enferma. Le diagnostican un cáncer de estómago que arrastra hasta su muerte, en 1987. Tenía 63 años.

“No pudieron con los libros”

Marisú es médica y trabajó durante años en terapia intensiva hasta que un problema de salud la obligó a dejar. A comienzos de los 2.000 retomó su trabajo como librera en un local más chico, en Corrientes 1311, que cerró con la pandemia. Entonces volvió a este lugar, donde todo había empezado.

–Estar acá, en silencio, me llena de energías. Pero también esta librería representa muchas otras cosas...

Camina por los pasillos del sótano revisando viejos libros. Se detiene en uno. Lo huele y lo abre.

–No sabes lo que significa este libro para mí–, dice.

–¿Qué importancia tienen los libros hoy?

–El libro como objeto es incomparable, y tiene mucha importancia sobre todo hoy porque están intentando destruir la cultura y el pensamiento, es terrible lo que está pasando. Con mi hija, mi hermana, mis sobrinos y la gente que trabaja, que son verdaderos libreros, intentamos mantener la impronta que dejó mi viejo: promover la cultura, que el libro llegue a la gente, que vengan y lo toquen.

Marisú sube las escaleras hacia el salón. Entre clientes que caminan, se ubica a unos metros de los libros prohibidos exhibidos en unos estantes.

–¿Cómo se sintió tras la publicación del video?

–Fue impresionante la repercusión. Un hombre me llamó y me contó que estuvo el día del allanamiento. Hubo madres que vinieron para enseñarles a sus hijos el significado de estos libros.

–¿La respuesta fue siempre positiva?

–Mi hija me contó que hubo algunos haters en redes. Dicen cosas como “esta señora se salvó vendiendo libros comunistas”. Lo dicen con liviandad, pero esas palabras te llevan directamente a un momento oscuro. Yo tenía 20 años entonces, pero no eran los 20 de ahora.

–¿Cómo era antes?

–Estábamos involucrados. Yo era más feliz. Había entusiasmo porque había ideales. Hasta el golpe, eso nos cambió la vida.

–¿Qué aprendió y que admiraba de sus padres?

–Lo que más admiro en ambos es el compañerismo–(con la voz quebrada)–, y la coherencia. Y que nos permitieron leer: mi viejo me decía “vos leé; este es un facho pero lee, lee para que no te engañen”.

–Entonces, ¿que representa esta librería para usted?

–Representa a los desaparecidos que venían a leer y a pensar acá. Cuando los militares encontraron los 235 mil libros, eran demasiados y no pudieron quemarlos ni llevárselos. No pudieron con los libros. Tampoco pudieron con la librería. Eso es lo que nos mantiene vivos.

LN/MG

El inicio del ciclo lectivo universitario quedó atravesado por un paro nacional y por escenas que empiezan a repetirse entre docentes: renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener la actividad académica. Juan Materola, profesor de Historia de la Universidad de Moreno y General Sarmieno, combina su trabajo con la conducción en Uber desde 2024. “El desafío era llegar a fin de mes”, resumió.

Nahuel Vega, doctor en Física, directamente dejó la docencia en la Universidad de San Martín: “Terminaba gastando todo el sueldo en transporte y comida”. Por su parte, Haydée Pizarro, bióloga, investigadora principal del CONICET y docente jubilada de Exactas (UBA), describió casos de profesionales altamente formados que buscan ingresos fuera del sistema.

“Conozco biólogas que hicieron cursos de plomería y hoy son plomeras; están trabajando de eso”, señaló. Se trata, según explicó, de una salida para sostenerse económicamente ante ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, incluso en cargos con dedicación exclusiva.

La medida de fuerza, convocada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, se desarrolla en dos tramos –del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30– y afecta a más de 60 universidades públicas. En la UBA, los docentes resolvieron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se aplique la recomposición salarial del 55,4% prevista por ley.

El trasfondo del conflicto remite al financiamiento: pese a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Congreso y su ratificación tras la caída del veto presidencial, el Gobierno nacional no la aplica. Un fallo judicial ordenó recomponer los salarios docentes en torno al 51% de pérdida frente a la inflación, pero tampoco fue ejecutado.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa un nuevo proyecto que reduce esa recomposición a un 12% en tres tramos. “Desconoce a dos poderes de la República: al Congreso y al Poder Judicial”, señaló el rector Germán Pinazo. “El mensaje es que no cumple la ley porque no quiere”.

Salarios de pobreza

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la pérdida salarial acumulada equivale a 11,4 sueldos actuales, según el Observatorio del Salario y Presupuesto Universitario. En términos reales, el índice cayó a 64 puntos, con una baja del 36% del poder adquisitivo.

Según un informe gremial de la UBA, el salario real se ubica en su mínimo histórico, con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y por debajo de los niveles de 2004. Para recuperar ese poder de compra sería necesaria una recomposición cercana al 60%, y de más del 120% para volver a valores de hace una década.

“Desde diciembre de 2023 perdimos entre un 35% y un 40% del salario real”, señaló Patricio Santagapita, secretario de investigació de Exactas (UBA) y profesor de Migrobiología de Alimentos. “Eso se siente directamente en la vida cotidiana”.

Docencia y abandono de la actividad

El deterioro salarial impacta en la continuidad de las trayectorias docentes. En el caso de Vega, el ingreso por su cargo –alrededor de $240.000 mensuales por 10 horas semanales en 2025– no alcanzaba a cubrir los costos básicos. “Se te va el sueldo ahí”, resumió. “No se me ocurre volver a la docencia en estas condiciones”.

En paralelo, Materola sostiene jornadas nocturnas como conductor para complementar un salario universitario de $250.000. “Lo que empezó como algo transitorio se volvió permanente”, explicó. Los casos se multiplican en distintas facultades y niveles de dedicación, con docentes que suman cargos, clases particulares u otros trabajos fuera del ámbito académico.

Renuncias y dificultades para sostener las cátedras

La salida de docentes se consolida como tendencia. En la Facultad de Agronomía de la UBA se registraron 83 renuncias desde comienzos de 2024, junto con jubilaciones anticipadas. “Empezaron a renunciar muchos docentes, especialmente los más jóvenes”, indicó la decana Adriana Rodríguez. “El proceso se aceleró en los últimos meses”.

Los cargos iniciales, incluso con dedicación exclusiva y doctorado, se ubican en torno al millón de pesos, por debajo de otros sectores. “El motivo principal es salarial”, sostuvo Rodríguez. “Se van a empresas o a universidades de países vecinos, donde ganan entre tres y cuatro veces más. Estamos cubriendo los baches con más trabajo de quienes se quedan”, agregó. “Pero es una situación que en el corto plazo va a ser insostenible”.

El deterioro salarial se combina con la caída del financiamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 5.750 puestos en el sistema científico público. “Se están desarmando equipos de investigación”, advirtió Santagapita.

En su grupo, dos investigadores dejaron sus posiciones: uno emigró y otro no aceptó continuar su carrera en estas condiciones. “Ya estamos viendo una fuga de recursos humanos”, señaló. A la vez, los subsidios nacionales están prácticamente congelados. “Muchos investigadores están poniendo dinero de su bolsillo para sostener experimentos”, agregó. “Es una doble presión”.

Infraestructura, insumos y funcionamiento cotidiano

El impacto también se traslada al funcionamiento cotidiano de la universidad. Según Pizarro, la falta de financiamiento afecta tanto la infraestructura como los insumos necesarios para sostener la actividad académica y de investigación. “Los equipos se rompen y no se pueden reparar, no hay fondos para insumos ni para trabajo de campo”, explicó.

En laboratorios que dependen de equipamiento complejo –como freezers a -80 grados–, la falta de mantenimiento implica la paralización de tareas. En ese contexto, materias que no comienzan, subsidios interrumpidos y limitaciones operativas configuran un escenario de funcionamiento restringido.

Menos ingreso a la carrera científica

El deterioro impacta en la formación de nuevos investigadores. Las becas doctorales rondan los $1,2 millones y el ingreso a la carrera científica pierde atractivo. “Muchos jóvenes directamente no quieren iniciar un doctorado”, indicó Santagapita. “Se perdieron 5.750 puestos en el sistema público en dos años”, agregó.

Las consecuencias alcanzan también a la cursada. La reducción de docentes se traduce en menos horarios y cupos en algunas carreras. “Las renuncias dejaron de ser un hecho aislado”, afirmó Tatiana, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Según datos estudiantiles, se registran más de 10.000 renuncias en el país. “Hay facultades con pérdidas del 30% de su planta docente”, concluyó.

LN/CRM

“Si sigue entrando ropa usada, es posible que Argentina se convierta en el nuevo basural textil del mundo”, alertó Priscila Mukari, de la Fundación Pro Tejer que, junto a Change.org –una corporación de beneficio público– impulsaron esta semana una petición para pedir a la Secretaría de Industria y Comercio que prohíba la importación y retome los criterios ambientales y sanitarios en la política comercial.

La importación de ropa usada creció de forma explosiva en Argentina durante el último año y pasó de ser un fenómeno marginal a representar cerca del 12% de las importaciones de indumentaria que ingresan al país. Según datos relevados por la Fundación Pro Tejer, en 2025 ingresaron alrededor de 4,6 millones de kilos de ropa usada, mientras que en 2024 el volumen había sido de apenas 24.000 kilos.

“El salto fue enorme”, explicó Makari, economista de la fundación. El incremento exponencial no se explica únicamente por la habilitación de las importaciones –que rige desde 2022–, sino, sobre todo, por la fuerte caída del poder adquisitivo, que empuja a cada vez más consumidores a buscar alternativas más baratas. Sin embargo, muy pocos saben que la mayoría de esas prendas provienen directamente de la basura.

Un circuito global de descarte

El crecimiento de estas importaciones se vincula con el modelo internacional del ultra fast fashion, un sistema de producción acelerada que fabrica grandes volúmenes de ropa a bajo costo y de corta vida útil. La mayoría de esas prendas se producen en Asia, se venden en mercados desarrollados y, tras poco tiempo de uso, ingresan en circuitos de descarte masivo.

“Los países que consumen fast fashion generan excedentes que no saben cómo gestionar. Gran parte de esa ropa es de fibras sintéticas o poliéster, materiales difíciles de reciclar. Entonces terminan exportándola hacia otros territorios”, explicó Makari.

Durante años Chile permitió el ingreso de esos cargamentos, lo que derivó en la acumulación de millones de prendas en el desierto de Atacama, considerado hoy el mayor basural textil de América Latina.

Según estimaciones del sector, entre el 81% y el 84% de la ropa usada que llega a Argentina ingresa por la aduana de Jujuy y proviene principalmente de Chile, en muchos casos tras haber permanecido años en ese circuito de descarte.

Fardos de ropa y un mercado informal

Las prendas llegan al país en fardos de entre 20 y 70 kilos. Una vez abiertos, solo una parte logra comercializarse. “Una proporción importante directamente se descarta porque la ropa está rota, manchada o deteriorada”, explicó Makari. “Muchas prendas estuvieron expuestas durante años al sol, a la arena o a la humedad”.

Lo que se encuentra en mejor estado suele terminar en ferias o circuitos informales de venta, a través de una cadena de intermediación que todavía no está completamente identificada.

Un importador mayorista que comercializa este tipo de mercadería explicó que los fardos se venden desde 100 hasta 500 dólares, según la calidad. Sin embargo, reconoció que crecen las quejas de compradores: “Muchos clientes dicen que están trayendo basura al país”.

Riesgos sanitarios y químicos

Además de las dudas sobre la calidad de las prendas, especialistas del sector químico advierten sobre posibles riesgos para la salud. “No existe información clara sobre los productos químicos utilizados en esas prendas”, explicó Carlos del Santo, integrante de la Cámara Argentina de Representantes de Colorantes.

Según indicó, entre las sustancias que pueden encontrarse en textiles importados figuran formaldehídos, ftalatos o metales pesados, compuestos que en algunos casos pueden provocar irritaciones o reacciones cutáneas. “Aunque las prendas presenten certificados de desinfección, esos químicos no se eliminan con un lavado, porque muchas veces están incorporados en la fibra o en los estampados”, señaló.

Hasta ahora no existen registros sistemáticos de afecciones vinculadas a estas prendas, en parte porque el fenómeno es reciente y difícil de rastrear.

Un problema ambiental en expansión

El impacto ambiental también forma parte del debate. Gran parte de las prendas descartadas están hechas de fibras sintéticas, que pueden tardar décadas en degradarse. Si se acumulan en basurales, contaminan suelo y agua. Si se incineran, liberan gases tóxicos.

El caso del desierto de Atacama funciona como antecedente regional. Allí se acumulan montañas de ropa descartada provenientes del comercio global, en un proceso que llevó incluso a la intervención de la justicia chilena.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Estado chileno elaborar un plan de reparación ambiental de diez años para retirar los residuos textiles y restaurar los suelos afectados.

Organizaciones científicas como la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) advirtieron que la quema de prendas sintéticas combinada con plásticos genera compuestos químicos altamente contaminantes.

Impacto en la industria y en la economía circular

El aumento de estas importaciones también genera preocupación en la industria textil local. Las cámaras empresariales señalan que las prendas usadas llegan al país a precios extremadamente bajos –alrededor de 1,2 dólares por kilo–, muy por debajo del costo de producción de la indumentaria nueva.

Para los fabricantes locales, esto configura una competencia desleal, ya que la industria argentina debe cumplir normas laborales y ambientales más estrictas.

Pero el impacto también alcanza a emprendimientos vinculados con la moda circular. “Como marca circular real, esto nos está destrozando”, explicó María, dueña del emprendimiento María Moda Circular. “Durante cinco años construimos un negocio familiar basado en reutilizar ropa local. Hoy estamos pensando cuánto tiempo más podremos resistir sosteniendo nuestros valores o si vamos a tener que sumarnos a algo que no nos representa”.

“Todas las semanas nos llegan propuestas de importadores y ya hemos recorrido varios puntos. Hay galpones llenos de estos fardos en todo el país. No hay mercado para la cantidad de ropa que entró”, indicó.

Según relató, gran parte de las prendas presentan estampas deterioradas, telas sintéticas o manchas, lo que dificulta su reutilización. “Estamos pagando a otros países lo que es su basura”, afirmó.

“Esto lo hacemos para que los argentinos puedan comprar barato y para que se creen nuevos empleos”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al defender la apertura de importaciones y la reducción del costo laboral, que según explicó pasaría de 18 a 2 puntos. “El problema de Argentina era que te despedían y la gente no podía conseguir trabajo”, insitió Caputo, el martes pasado, desde la Fundación Mediterránea.

“Yo todavía no pude conseguir trabajo”, responde Ayelén Monzón, una de las 220 trabajadoras despedidas hace cuatro meses de Whirlpool, la fábrica de lavarropas que cerró en noviembre pasado. “Antes mis hijos tenían desayuno, merienda, almuerzo y cena. Ahora tengo que decidir si toman una leche o si a la noche pueden comer. A veces tengo que entretenerlos para que no estén todo el día con hambre”.

La situación de Ayelén se repite entre sus ex compañeros y parte de los 330 mil trabajadores que perdieron empleos registrados tras el cierre de más de 22 mil fábricas desde noviembre de 2023 y noviembre del 2025, según datos oficiales que publicó el 12 de febrero el Ministerio de Capital Humano.

Muchos invierten tiempo y dinero en currículums, transporte y búsquedas laborales. Recorren agencias de empleo y deambulan por parques industriales y fábricas. En las entrevistas, según relatan, las ofertas rondan entre $600.000 y $800.000 por jornadas de 12 horas.

“A mí me ofrecieron trabajar de 8.30 de la mañana a 11 de la noche en una paquetería de General Pacheco por $150.000 semanales, es una locura”, dice Ayelén. “La mayoría hacen Uber o Pedidos Ya. Los que consiguieron trabajo cuentan que Whirlpool no era nada comparado con lo que viven ahora. A varios no les pagan lo que corresponde por la categoría y los amenazan con el despido”.

“Muchas veces te agarran el CV y directamente lo tiran”, agrega otro ex trabajador de Whirlpool.

“Busqué trabajo en Pilar, Garín, El Talar y en todas las agencias de Don Torcuato y General Pacheco. Me descargué Computrabajo y LinkedIn, armé CV y mandé a todos lados. Nadie me llama”, cuenta otra ex empleada que pidió no ser nombrada.

Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sugiere que el problema laboral es mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el desempleo se ubica en 6,6%, el llamado “desempleo encubierto” –personas con trabajos precarios o pocas horas que buscan más ingresos– alcanza 13,8%, más del doble.

El fenómeno también crece entre los adultos mayores: en el último año el desempleo encubierto aumentó 34,1% entre personas de más de 66 años y, respecto de 2023, los jubilados en esa situación se multiplicaron por 2,5.

Clima de desolación

Muchos de los despedidos contactados para esta nota no respondieron o pidieron que su nombre no aparezca. Dos ex empleados de Dass en Coronel Suárez –la empresa que fabricaba zapatillas Adidas y cerró su planta en la provincia de Buenos Aires en enero pasado despidiendo a 360 personas– contaron por Whatsapp que ahora venden comida en la calle o manejan Uber.

Uno de ellos pidió “ni ser nombrado” porque su historia no “cambia nada” ante la “pasividad de la gente” y prefiere “no amargarse”.

Un clima similar se percibe en Suipacha, localidad bonaerense de 12 mil habitantes donde funcionaba La Suipachense, empresa láctea que empleaba a 142 familias y era el principal motor económico del pueblo. Su cierre en noviembre dejó de inyectar $300 millones mensuales en salarios que circulaban en comercios y servicios.

“La pobreza se ve en todo el pueblo, porque la fábrica era el corazón económico”, dijo en su momento el ex operario Walter Oliva, quien contó que muchas familias sobreviven con rifas y colectas solidarias.

Desde diciembre, sin embargo, pocos vecinos aceptaron hablar. En enero, la dueña de un restaurante dijo que el pueblo pasó una “navidad tristísima” y hace una semana una panadera respondió que la situación sigue siendo “crítica”.

La vida cambió

El 22 de octubre de 2022, cuando Whirlpool inauguró en Pilar su planta más moderna del mundo (fabricaba lavarropas en 40 segundos), Ayelén Monzón ingresó al área de limpieza y su vida cambió. Tenía 25 años y era madre soltera de tres hijos. Sus padres la ayudaban y ella limpiaba casas para sostener su familia, pero recién se estaba armando y el sacrificio no se sentía tanto porque no había mucho margen para la incertidumbre.

Tras unos meses en la fábrica, ascendió como operaria de submontaje, logró mudarse y les dio un techo a sus nenes de 2, 5 y 9 años. Conoció los derechos laborales (vacaciones, aguinaldo), y el sindicato, que más tarde la nombró delegada, le proveía mochilas y útiles escolares. Con frecuencia negociaban bonos por la alta productividad de la empresa.

No le sobraba, trabajaba 8 horas y el sueldo le rondaba el millón de pesos, pero tenía ducha caliente, cuatro comidas y su día empezó a tener horarios claros que separaban la vida laboral de la maternal y el ocio. Descubrió algo que “no tiene valor económico”: la paz que da la estabilidad.

De repente la empresa bajó la productividad. En un solo mes, pasó de producir 700 lavarropas por día a 400. El miércoles 26 de noviembre de 2025 el director reunió a todos en el comedor. Semanas atrás habían echado a los 26 “trabajadores eventuales”. “Van a importar y la empresa ya no necesita el trabajo que realizan, esta planta cierra definitivamente”, les informó.

Entre el alquiler, las necesidades básicas y lo invertido en la búsqueda de otro empleo, en dos meses Ayelén se quedó sin el dinero de la indemnización. Volvió a casa de sus padres y cada tanto alguna amiga la ayuda. Cuando hay oportunidad, limpia en casas. Redujo las comidas a dos por día y ya no pude comprarle útiles escolares y mucho menos zapatillas a sus hijos. Su vida volvió a cambiar.

“Mami no te preocupes”, le dijo su hija más pequeña, de 5 años. “Yo hago pulseritas y te voy a contratar, vamos a poder salir juntas a vender”.

Un mapa de empresas en crisis

El cierre de Whirlpool no es un caso aislado. La crisis de la industria de electrodomésticos también alcanza a marcas tradicionales. Aires del Sur, dueña de Electra y Fedders, presentó un pedido de quiebra y ya despidió a 140 trabajadores, mientras que Goldmund S.A., controlante de Peabody, inició un concurso preventivo para reestructurar sus deudas en medio del impacto de las importaciones y la caída de las ventas.

En distintos sectores se multiplican quiebras, suspensiones y plantas paralizadas en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones, según advierten empresas y trabajadores. La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos que arrastraba un concurso preventivo desde 2021. En la industria también impacta el cierre anunciado por Fate, que planea despedir 920 trabajadores.

En alimentos y bebidas, Cervecería Quilmes redujo su planta de Zárate de 260 a 80 empleados, mientras Alimentos Refrigerados S.A., productora de yogures de SanCor, quebró dejando 400 despedidos. La láctea Verónica, en Santa Fe, mantiene plantas paralizadas y acumula meses de salarios impagos, con 700 puestos en riesgo.

La crisis alcanza también a otros sectores: Grupo Dass recortó personal en Misiones, Emilio Alal cerró sus fábricas en Corrientes y Chaco con 260 despidos, y Acindar acumula suspensiones desde 2024.

En paralelo, la avícola Granja Tres Arroyos enfrenta conflictos salariales, la fabricante de aires Aires del Sur quebró en Tierra del Fuego, el frigorífico San Roque cerró en Morón con 140 despidos, y la distribuidora Beer Market bajó 20 locales en el AMBA, dejando más de 90 trabajadores sin empleo.

La vida precaria

“Era un buen lugar la fábrica”, dice Ayelén sobre Whirlpool. “Estaban abiertos al diálogo y con el sindicato el trabajador mejoraba; por ejemplo conseguimos trabajar un solo sábado al mes y que se pague un 15% extra”.

Tras el cierre, la estabilidad desapareció. “Después de la fábrica todo fue muy duro. La industria está muy mal. No es que nos echaron y conseguimos trabajo en otro lado”.

En la vida cotidiana, el panorama es más delicado. Ayelén agotó la indemnización, perdió la obra social y depende de la ayuda de sus padres para sostener a sus tres hijos pequeños.

“Antes podía comprarles todo para la escuela. Hoy ni siquiera eso”, dice. A veces compra pan para que coman durante el día y por la noche van a la casa de sus padres si hay comida. O pide fiado en el almacén.

“Uno grande puede tomar un mate y aguantar –dice–. Pero ¿cómo le digo a mis hijos que no les puedo dar de comer?”.

La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.

El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.

La causa se inició en junio de 2023, cuando el equipo de InterJust (en aquel momento parte de la Clooney Foundation for Justice) presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.

Dos legajos y 16 imputados

El expediente –identificado como “legajo 1”– se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.

Hay 16 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.

En paralelo, otro expediente –el “legajo 3”– apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.

Jurisdicción universal “pura”

Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.

Ignacio Jovtis, Director para América latina de InterJust y abogado representante de familiares de víctimas en una de las causas, señaló que “Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos”. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.

Declaraciones clave y nuevo escenario político

Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.

En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.

No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.

Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.

LN/MC

El mercado laboral muestra un crecimiento de la actividad que, lejos de reflejar un dinamismo generalizado, se apoya en la incorporación de adultos mayores. Según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, el registro más alto para un tercer trimestre desde 2016. Sin embargo, el documento advierte que esa suba responde en gran medida a que cada vez más jubilados vuelven al mercado laboral para complementar ingresos y cubrir gastos básicos.

Entre las personas de 66 años o más, la actividad creció 11% interanual. El IAG define ese ingreso como “supervivencial”, es decir, no responde a una elección sino a la erosión del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

Los ejemplos abundan. En la Ciudad de Buenos Aires, Marta Beatriz Fernández, 75 años, jubilada de la administración pública porteña, empezó hace un año a limpiar casas de conocidos en Caballito y Almagro.

“Trabajé 35 años en el Estado. Cuando me jubilé pensé que iba a estar justa, pero tranquila. Con lo que cobro hoy no pago medicamentos, expensas y supermercado”, cuenta.

Hasta hace poco, sus dos hijos la ayudaban a completar gastos. “Ahora ya no pueden. A uno le nació el segundo hijo hace tres meses y están con la soga al cuello. Entonces yo salgo a limpiar para sostenerme y si puedo les doy una mano”, explica la mujer que trabaja cuatro veces por semana.

La escena se repite en distintos barrios porteños. “Muchísimos jubilados y jubiladas o pensionados están trabajando en limpieza, cuidado de enfermos, venta ambulante, jardinería y otros rubros”, señala Nora Biaggio, docente jubilada y referente del Plenario de Trabajadores Jubilados.

Con una jubilación mínima que, con el bono incluido, ronda los 429.000 pesos, “nadie puede vivir un mes”, afirma. “Solo los medicamentos, que ahora hay que pagar, insumen la mayoría de los haberes”.

Trabajo por necesidad

El IAG vincula el fenómeno con el encarecimiento de medicamentos y servicios de salud, así como con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. En paralelo, el trabajo desprotegido alcanza al 44,2% de los ocupados y supera por primera vez los 6 millones de personas.

La precarización también atraviesa a Raúl Osvaldo Benítez, 80 años, que vive en un departamento alquilado en Chacarita. Durante cuatro décadas trabajó en una imprenta en la Ciudad. Se jubiló hace 15 años, pero desde 2024 maneja un Uber al menos ocho horas por día.

“Si no salgo a trabajar, no llego al alquiler. Así de simple”, dice. “Entre el alquiler, las expensas y la comida, la jubilación se me va en cinco días”.

Raúl arranca a las 10 de la mañana y vuelve por la tarde. “Es cansador y triste. El cuerpo no es el mismo. Pero no me queda otra”, agrega.

Biaggio advierte que esa inserción se da casi siempre en condiciones informales. “Son empleos en negro. Es además un sobreesfuerzo que hacen los mayores, teniendo que desplazarse, cumplir horario y sostener tareas físicas exigentes”, sostiene. “El dato de crecimiento de la actividad es un síntoma de deterioro social, de ninguna manera puede ser un indicador de recuperación económica”.

El avance del “desempleo encubierto”

El dossier del IAG también incorpora un indicador de “desempleo encubierto”, que incluye a quienes buscan trabajo pero solo consiguen ocupaciones de pocas horas y alta precariedad. La tasa asciende al 13,8%, más del doble del desempleo oficial (6,6%).

En el caso de los jubilados, el desempleo encubierto creció 34,1% interanual, reflejando que muchos necesitan trabajar más horas para sostener ingresos básicos.

Mientras tanto, la actividad de los jóvenes de entre 18 y 26 años cayó 1,6%, lo que refuerza el carácter atípico del fenómeno: el mercado laboral no se expande por dinamismo económico sino por la necesidad de los adultos mayores.

“Yo ya trabajé toda mi vida”, dice Marta. “No tendría que estar limpiando casas a los 75”.

“Es realmente triste tener que hacer de chofer a los 80 años”, coincide Raúl. “Pero qué otra cosa puedo hacer”.

Para Biaggio, el cuadro es claro: “No estamos ante jubilados que buscan mantenerse activos. Estamos ante personas que, después de haber trabajado décadas, vuelven al mercado porque la jubilación no alcanza para vivir”.

LN/MC