En pocos momentos de su presidencia, atravesada por una pandemia y un sinfín de crisis internas y externas, Alberto Fernández había vivido una jornada tan oscura como la de este martes, en la que su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, lo denunció por violencia de género.

El designado por Cristina Fernández de Kirchner para arrebatarle el sillón de Rivadavia a Mauricio Macri pasó de índices récord de aprobación en el inicio de su gestión a un final “intervenido” en el que fue apenas algo más que un jarrón decorativo en un gobierno que nunca le perteneció.

El abandono de su propia tropa se fue pavimentando con la ausencia de decisiones y ejercicios del poder mientras arreciaban los problemas económicos y los enfrentamientos más o menos velados con Cristina, y acabó de cristalizarse este martes, cuando varios de los repudios más feroces que recibió provinieron de sectores del peronismo y el feminismo.

“De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes”, publicó en su cuenta de X, Ofelia Fernández, ex legisladora por la Ciudad y referente de la nueva generación del kirchnerismo. “Creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura”, se lamentó Ofelia, en un mensaje que reflejaba el estado de ánimo –conmoción, bronca y desazón– compartido por buena parte de aquellas y aquellos que se ilusionaron con la promesa de “volver mejores”.

Por su parte, la ex titular del hoy exterminado Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, intentó flotar en la marejada desatada por la derecha contra la “hipocresía” de las feministas que apoyaron a Alberto Fernández. “Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no”, publicó en su cuenta de X.

La denuncia presentada por Fabiola Yañez ante el juez Julián Ercolini fue el disparador para que activa comunidad de la derecha digital se lanzara a linchar al “feminismo K” y a cuestionar la legitimidad de medidas tomadas durante el gobierno de Fernández, como la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en cuyo acto de promulgación Alberto pronunció la frase: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Una máxima –entre naive y grandilocuente– que hoy fue carne de un sinfín de memes elaborados en la factoría de la fachosfera.  

En su caída, Alberto Fernández arrastró a buena parte de la legitimidad moral de los numerosos avances que se produjeron durante su gobierno en relación a los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, sirviéndole en bandeja a sus detractores la narrativa de que todo se trató de una “sobreactuación” progresista, cuando no un vehículo de la corrupción y la dilapidación de los recursos estatales.

Durante los cuatro años de la gestión del Frente de Todos, además de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la aprobación del IVE, se concretaron medidas que colocaron a la Argentina a la vanguardia de la agenda femninista y de género a nivel global, como la aprobación del cupo trans y travesti en el sector público y los Centros Territoriales de políticas de género y diversidad en diversos puntos del país, orientados a la prevención y asistencia, entre muchas otras.

Siempre con la dinamita en la mano para detonar la “batalla cultural”, el presidente Milei recogió el regalo de Alberto como si fuera un delantero centro que se encuentra con una pelota picando solita en la línea del arco adversario. “Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, se despachó, gustoso, el libertario en su cuenta de X.

“(Los progresistas) utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”, azotó sin piedad Milei, mientras Alberto intentaba abstraerse de los titulares de los medios del mundo, en los que su nombre aparecía una y otra vez junto a “violencia de género”.

“Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del ministerio de las mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario”, intentó argumentar Gómez Alcorta, en medio de la tempestad. “¿También somos culpables de la violencia de ellos?”.

No fue un día para que su pregunta obtuviera otra respuesta que mofas e insultos. 

DM

Elizabeth Gómez Alcorta, la exministra de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández, habló este martes sobre la denuncia por violencia de género que realizó Fabiola Yañez contra su expareja, se solidarizó con ella y habló de esta problemática como un flagelo que atraviesan miles de mujeres. Además, negó haber estado al tanto de la situación previamente.

“Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente. Primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no”, agregó.

Gómez Alcorta subrayó que nunca la encontrarán en “otro lugar” y dijo que desconocía de la situación que atravesaba la ex primera dama. “Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia”, explicó.

“Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. ¿También somos culpables de la violencia de ellos?”, cuestionó.

“El Ministerio de las Mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días nos someten. El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia. Mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas”, cerró.

Malena Galmarini: “La violencia de género existe”

La extitular de AySA durante el gobierno de Alberto Fernández también usó sus redes sociales para expresarse sobre la denuncia de Yañez. “La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima”, escribió.

Con su texto compartió un documento de las mujeres del Frente Renovador en el que dice: “No vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe; siempre repudiamos la violencia y estaremos incondicionalmente del lado de quienes la sufren”.

MM

La ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció a través de sus redes sociales que la dirigente de la Tupac Amaru, quien padece una trombosis venosa profunda, fue trasladada a un hospital para realizarle una interconsulta “de forma irregular”.

La ex funcionaria utilizó sus redes para comentar la situación y señalar que las juntas médicas suelen realizarse en la casa de Sala, quien está con prisión domiciliaria desde hace siete años, por recomendación médica.

“URGENTE: en este momento están trasladando a Milagro Sala para hacer una junta médica de forma irregular. Siempre las juntas medicas se hicieron en su casa, porque es lo que sus médicos lo recomiendan”, publicó la fugaz precandidata a jefa de Gobierno porteño.

Desde el entorno de Gómez Alcorta revelaron que se mantienen en alerta dado que ven “muchas irregularidades” respecto a la situación de Milagro Sala. Además contaron que la volvieron a trasladar a su casa por el hábeas corpus presentado. “Estamos en alerta porque estamos oliendo algo raro”, vaticinaron.

En la misma línea, la ex ministra reveló que la medida fue comunicada durante la noche del lunes y precisó que el equipo médico que atiende a la dirigente social se vio impedido a asistir a la consulta. “Hemos presentado un hábeas corpus para evitar el traslado y no se le dio trámite”, contó la abogada.

Además, responsabilizó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por el suceso y lo acusó de hostigar a Sala.

“Ésta es la respuesta de Gerardo Morales a la dignidad de un pueblo, el feroz hostigamiento a una de sus dirigentes. El equipo de abogdxs de Milagro llama a todxs a estar la ALERTA frente a esta situación”, reclamó.

En las últimas horas, el mandatario provincial responsabilizó a los militantes partidarios de Milagro Sala, del Polo Obrero e integrantes de otras organizaciones sociales de los ataques a la Legislatura de la provincia en el marco de las manifestaciones contra la reforma constitucional.

CRM con información de la agencia NA

La ex ministra nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó, este martes, su precandidatura a jefa de gobierno porteña por el Frente de Todos (FdT). “Se puede pensar una ciudad que también ayude a un cambio en la sociedad”, aseguró.

El acto de lanzamiento contó con la participación del secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, el secretario general de AGTSyP, Roberto “Beto” Pianelli y el titular de SIPREBA, Agustín Lecchi. También asistieron la presienta de la Junta Vecinal del Barrio Los Piletones, Mónica Ruejas, Rafael Klejzer del Movimiento Popular La Dignidad, Zaida Chmaruk del Partido Comunista y otros referentes de la agrupación “Movemos”.

Durante el evento, la ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, además, cuestionó la gestión del PRO y la elección del ex intendente de Vicente López, Jorge Macri como precandidato del partido. “En 16 años, el PRO empeoró el nivel de vida de la ciudad, priorizando el negocio inmobiliario y la familia Macri habla de los feudos en otras provincias y ahora (el expresidente) instaló a su primo como candidato”, indicó.

En este contexto, Gómez Alcorta aseguró que su espacio luchará por “un mundo más justo, en donde los pibes no pasen más hambre, con mayor calidad de vida, con alimentos de calidad, donde queremos trabajar menos horas”. También destacó la importancia de generar más espacios verdes, mejorar la calidad del sistema de cuidados para niños y personas mayores y eliminar el asbesto del sistema de subtes.

Antes de lanzar su candidatura, por radio FutuRock, la ex ministra aseguró que mantiene sus diferencias con Pedro Rosemblat y Leandro Santoro, los otros dos precandidatos del Frente de Todos. “Pepe (Rosemblat) es kirchnerista, Santoro es radical, nosotros somos más de izquierda. Esa heterogeneidad creo que nos suma, no nos resta”, afirmó.

En ese marco, también se expresó respecto del escenario político nacional. “Queremos formular una apuesta para que el Frente de Todos pueda tener el mejor candidato en todos los distritos. Queremos a Áxel (Kicillof) en la provincia de Buenos Aires y a ”Wado“ (De Pero) en las elecciones nacionales”, explicó.

ACM con información de Télam

“El orgullo es una respuesta política”, dice el cartel junto al que posa la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, en su perfil de Instagram. Es la funcionaria más joven del Gabinete nacional y la primera que se reivindica como lesbiana. Hay imágenes de ella izando la bandera de la Diversidad en Terrazas de Portezuelo, en San Luis, o votando con buzo y zapatillas con franjas roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta en alusión a esa insignia.

“Yo no voy a hacer campaña para una lesbiana pañuelo verde”,  “No la vayan a votar porque es lesbiana” , fueron algunas de las frases que escuchó durante su candidatura a diputada nacional en el 2019. La reemplazante de Elizabeth Gómez Alcorta fue hasta ayer la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis y tiene un recorrido político que incluye la militancia feminista y de la diversidad sexual. “Siempre me sentí tan firme en mis decisiones y elecciones de vida que hasta me servían esas palabras para usarlas en los discursos y tratar de hacerles ver que el odio no nos lleva a ninguna parte y que lo que haga en mi cama no es lo que importa. A una persona heterocis no se la cuestiona en su sexualidad porque eso está dentro de lo normado y aceptado socialmente”, dijo la funcionaria que este jueves jurará el cargo. 

La nueva ministra tiene 33 años y se convirtió en la funcionaria más joven del gabinete de Alberto Fernández. Antes de ser secretaria, fue concejala de la ciudad de San Luis y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de La Punta. En 2019, fue segunda candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y en 2020 impulsó la Ley de Paridad de Género en la provincia. Siempre desde la militancia por la diversidad. “Hemos dado un cambio de paradigma, donde hay distintos sectores que hemos logrado una ruptura en el buen sentido, en sistemas muy viciados y patriarcales”, afirmó ayer en una nota con Radio Nacional San Luis. 

La designación de Mazzina se conoció el mismo día del cierre del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries de San Luis. Un evento que convocó a alrededor de 150 mil mujeres y disidencias y que se realizó sin incidentes. Desde la Comisión Organizadora del Encuentro que se realiza de manera autónoma y autogestiva, indicaron que el Gobierno Provincial colaboró desde la cuestión logística con la gestión de escuelas públicas y espacios para talleres y hospedaje.

“Lo que logramos como movimiento feminista y transfeminista es que la política se corra del centro, de Capital Federal, y que mira más allá. Hacia un territorio que no estaba siendo visibilizado, como es nuestro el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, San Luis. Es muy interesante esto que logramos colectivamente, como movimiento organizado, fuerte, pluralista, contundente”, le dijo a elDiarioAR Pamela Mackey, integrante de ese espacio.  

“Fue muy importante la autonomía política que se pudo sostener durante todo el Encuentro donde pudimos plantear los ejes de lucha de nuestro territorio como reclamo por Guadalupe Belén Lucero, el pedido de justicia por los femicidios y por Florencia Magalía Morales, que fue asesinada en la Comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara”, agregó Mackey. Una de las críticas hacia Mazzina tiene que ver con su actitud tras la muerte de la joven en un calabozo en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Según la familia Morales, Mazzina no se comunicó nunca con ellos ni habló del caso.

Entre las políticas públicas que llevó adelante, se destaca el Programa de Gestión Menstrual Sustentable #YoMenstrúo  que se implementó en 2021 y fue una de los primeros de este tipo a nivel provincial. Tiene que ver con información y entrega de copas menstruales o toallitas reutilizables, además de formación para replicadoras en distintas localidades del interior provincial. En el acceso a los productos de gestión menstrual se pueden ver las desigualdades sociales y, hasta el momento, solo algunos municipios tienen políticas en este sentido.

También desplegó programas de inserción para el colectivo travesti y trans. Hasta el momento hay alrededor de 50 personas contratadas en la administración pública y 20 adultas mayores que obtuvieron un reconocimiento histórico por las vulneraciones que sufrieron a lo largo de su vida.  En esa misma línea, en julio de 2020 la Secretaría abrió Weye “Diversidad y Orgullo”, un espacio de contención para la población LGBTIQ+ que tiene consultorios médicos, consultorías y talleres. En ese mismo espacio, un año después se inauguró la primera Escuela Pública Digital para personas trans e intersex “Transformar”. 

“Hay que tener en cuenta el documento del Encuentro. Hay que escuchar al movimiento, escuchar a los feminismos. Abrazar a las compañeras y compañeres trans. En San Luis tenemos un programa laboral de inserción travesti trans y un reconocimiento a las vejeces trans. Eso surgió de un decreto firmado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá y de un compromiso político por la temática. Quiero abrazarme con compañeras de Buenos Aires para que juntas podamos construir, no se llega sola”, dijo ayer en declaraciones radiales

Mazzina aún no definió cuál será su plan de acción, pero adelantó que reproducirá algunos de los programas de San Luis. “En distintos Consejos Federales se han planteado algunas problemáticas de todas las provincias. Hay cuestiones de San Luis que me gustaría replicar, la provincia tiene muy buenas políticas de salud de gestión menstrual sostenible, Educación Sexual Integral, las consejerías integrales de género, la asistencia inmediata. Todavía estoy un poco abrumada para tener el objetivo bien claro y tengo una meta que es seguir siendo yo, que implica mirar las cosas con claridad. No quiero llenarme con 10 metas a las que no voy a llegar. Primero quiero solucionar las cosas que no están funcionando bien y plantear objetivos a mediano y corto plazo de lo nuevo”, afirmó.

CDB

La semana pasada, antes de dejar su cargo, Juanchi Zabaleta se confesó ante un importante dirigente territorial. Le comentó que el plan “empalme” que Sergio Massa lanzó apenas asumió como ministro de Economía no avanza. Aún está muy lejos de concretarse el objetivo oficial de transformar 200 mil planes sociales en empleo genuino, con el Estado haciéndose cargo de las cargas tributarias de los empleados. 

La anécdota del ahora saliente ministro de Desarrollo Social puede servir de botón de muestra sobre el desafío que tendrá Victoria Tolosa Paz cuando asuma el jueves en la cartera ubicada en el ex edificio de obras públicas. Se trata de una ministerio con un abultado presupuesto –aunque ya agotado para lo que resta del año– y loteado entre las organizaciones más importantes del también loteado Frente de Todos: el Movimiento Evita y La Cámpora, en disputa histórica. 

Es una compleja realidad que –con sus propias particularidades– también tendrán que sortear en sus nuevos puestos la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y de Mujeres y Género, Ayelén Mazzina. La reemplazante de Claudio Moroni va a tener como interlocutores a los dirigentes de la dividida CGT, así como el constante reclamo por paritarias y la necesidad de que los salarios no pierdan por goleada con la inflación. La funcionaria que llega por Eli Gómez Alcorta deberá recoger el guante que dejó el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que terminó ayer en San Luis, justamente provincia de donde Mazzina es oriunda.

La interna en Desarrollo Social

La designación de Tolosa Paz la definió Alberto Fernández, luego de consultar con los principales movimientos sociales oficialistas. El miércoles pasado, el Presidente recibió en su despacho a Emilio Pérsico, del Evita; a Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, y a Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa. Le dieron su venia.

“Estamos bien con ella”, dijo una fuente sobre la figura de la nueva ministra, que ya en sus tiempos de diputada nacional no dejó de tener presencia en distintos actos de las agrupaciones sociales. Es una vieja conocida: formó parte de la gestión cuando fue nombrada titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Sin embargo, no cuenta con el mismo expertise que el ahora retornado intendente de Hurlingham. “Tolosa Paz es más una figura que puede poner palabras, más que conducir el ministerio. Tiene menos espalda que Juanchi”, apuntó el dirigente consultado, que tiene un pie en el territorio y otro en el ministerio.

El verdadero desafío de Tolosa Paz será articular la disputa histórica entre el Evita y La Cámpora, que se reparten las dos “cajas” principales del ministerio: el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. Ambos programas se llevan por encima del 90% del presupuesto total. 

Los 1,3 millones de planes sociales son administrados por Pérsico desde la secretaría de Economía Social, y para el 2023 tendrá un presupuesto de 590.982 millones de pesos. Las políticas alimentarias, a cargo de la camporista Laura Alonso en la secretaría de Inclusión Social, dispondrá de $442.756 millones para llegar a 2,4 millones de personas.

Esos dos programas son los que marcan la temperatura en la calle, últimamente ganada por la opositora Unidad Piquetera, encabezada por el Polo Obrero, Barrios de Pie, el FOL y Teresa Vive. La semana pasada Zabaleta logró desactivar una serie de piquetes que se habían anunciado para todo el fin de semana largo en distintas rutas del país. La amenaza sigue latente, porque ya el Gobierno rechazó ampliar los planes sociales, histórico reclamo de los piqueteros opositores. 

Tolosa Paz es más una figura que puede poner palabras, más que conducir el ministerio. Tiene menos espalda que Juanchi

“La renuncia de Zabaleta marca el fracaso de la política social del Gobierno”, apuntó ante la consulta de elDiarioAR Eduardo Belliboni, dirigente del PO, conocedor de los pasillos del ministerio. “Tolosa Paz fue parte de la mesa contra el hambre que fue un fiasco y un manoseo. Pero el problema no son los ministros, sino el ajuste. No sé tampoco cómo hará con la interna, que es otro de los grandes problemas, porque el ministerio está parcelado y dividido. Fracasó ahí Arroyo y ahora también Zabaleta”, cuestionó.

Otro de los desafíos de Tolosa Paz será llevar adelante la tan anunciada auditoría a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que según recogió este medio está recién dando sus primeros pasos en distintos puntos del conurbano y en algunas localidades del interior. No se espera que esté terminado hasta por lo menos el comienzo del 2023. Ayer, en una carta de despedida publicada en sus redes sociales, Zabaleta habló de ​​“proceso de normalización” de los planes sociales. También le deseó éxito a su sucesora. “El camino está marcado, en marcha y ordenado”, le aseguró. 

El reclamo salarial en Trabajo

El Presidente no consultó con la CGT la designación de Kelly Olmos en Trabajo, pero en la dividida central obrera buscaron restarle importancia a la cuestión. “No es un apocalipsis de Estado que no nos hayan consultado”, dijo al respecto esta mañana Andrés Rodríguez, titular de UPCN y dirigente del consejo directivo cegetista.

Olmos será la caja receptora de los reclamos gremiales, en un contexto de altísima inflación y pérdida del poder adquisitivo. El conflicto más urgente es el de los camioneros de Hugo y Pablo Moyano, que la semana pasada exigieron a los empresarios un aumento de 131 por ciento. La negociación aún está abierta, sin una solución pronta a la vista.

Se trata de una paritaria simbólica, porque lo que haga Pablo Moyano tendrá repercusión en el resto de la CGT, luego de que él amenazara hace dos semanas con irse de la central obrera. Quedó cristalizada su distancia con Héctor Daer –íntimo de Alberto Fernández– y Carlos Acuña –del riñón massista–. En el asado en Olivos al que no lo invitaron al camionero, Moroni se comprometió a mantener abierta todas las paritarias ante la crisis actual. Será desafío de Olmos continuar ese compromiso. 

Auguramos una buena relación con la nueva ministra de Trabajo

La CGT por ahora le tendió la mano. “Auguramos una buena relación con la nueva ministra de Trabajo”, avisó el jefe de UPCN en radio Provincia.

Más allá de las paritarias, otro desafío de Olmos será administrar la tensión por un bono de fin de año. Los estatales, por caso, ya cerraron un acuerdo con el Gobierno para recibir un pago único de $30.000. “Alberto Fernandez me pidió que cuide el salario de los argentinos”, dijo Olmos en declaraciones a la AM750. “No puedo adelantar decisiones, pero conceptualmente creo que hay que reparar la deuda sobre sectores vulnerables”, agregó, ante la complejidad de la crisis que hace que miles de personas con un trabajo formal estén por debajo de la línea de pobreza.

Una fecha clave para la futura funcionaria será el próximo lunes 17 de octubre. Mientras la CGT anunció un acto en el estadio de Obras, Pablo Moyano y sus aliados en el kirchnerismo –La Cámpora y las CTA– harán una marcha a la Plaza de Mayo. El Presidente, a su vez, pensaba encabezar un acto en Tucumán organizado por Juan Manzur. ¿Será la excusa perfecta de Olmos para ausentarse de los dos actos porteños?

Justicia por femicidios 

Luego de dos años de pandemia, el reciente Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries le marcó al pulso del movimiento feminista a la nueva ministra del área, justamente la puntana Mazzina. 

Una de las banderas que encabezó la multitudinaria manifestación en San Luis fue por la aparición de Guadalupe Lucero, niña de seis años desaparecida hace un año y cuatro meses. También hubo pedidos de justicia para Florencia Magali Morales, hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa del Conlara –en el interior puntano– el 5 de abril del 2020. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, en 2021 se registraron 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de 1 femicidio cada 35 horas.

Ayer, desde Juntos por el Cambio, distintas voces cuestionaron a Mazzina por el caso de Magalí Morales. “La Secretaria de la Mujer de San Luis desde 2019 es la nueva Ministra de la Mujer y Diversidades. ¿Por qué no hizo algo por Magalí Morales, asesinada en una comisaría puntana, detenida en cuarentena por ir a comprar comida? Llega a la Nación para rendir cuentas. Queremos saber”, apuntó Karina Banfi, vicepresidenta del bloque UCR en Diputados.

“Sería muy buena señal que la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se manifestara sobre el homicidio de Florencia Magali Morales. Demostrar que hará política pública sin sesgos partidarios en favor de todas las mujeres y disidencias marcaría una gran diferencia”, escribió en Twitter Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del interbloque opositor.

La previa a la designación de Mazzina y al Encuentro Plurinacional estuvo protagonizada por la represión que sufrieron mujeres y niñas en la comunidad mapuche en Villa Mascardi, lo que determinó la renuncia de Gómez Alcorta. “Todavía hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando y leyes que aún no se cumplen”, dijo la nueva ministra en declaraciones al medio local El diario de la República. “Pero hay una fuerza que se pudo ver (durante el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias realizado en San Luis) de un feminismo que no se va a dejar interpelar por nadie. Aun con una avanzada de la derecha, no nos tenemos que dejar caer. Creo que juntas podemos construir algo mucho más grande”, completó.

Con la llegada de Mazzina, Olmos y Tolosa Paz, el gabinete de Fernández vuelve a tener cuatro mujeres ministras –continúa en su cargo Carla Vizzoti, de Salud–, el mismo número que tenía al iniciar la gestión en diciembre de 2019: cuatro de 20. Un tímido avance en la paridad de género ya que en marzo las mujeres solo ocupaban un 32% de los altos cargos en el gabinete nacional.

MC

El presidente Alberto Fernández convocó a tres mujeres para ocupar los cargos vacantes en su Gabinete: las nuevas ministras serán: Victoria Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social; Ayelén Mazzina, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos, en el Ministerio de Trabajo.

Victoria Tolosa Paz (49 años) es bonaerense, Ayelén Mazzina (32 años) es puntana y Kelly Olmos (70 años), porteña.Sus designaciones ponen fin a una semana repleta de rumores sobre el alejamiento de los tres ministros salientes: Juan Zabaleta, de Desarrollo Social; Elizabeth Gómez Alcorta, de las Mujeres; y Claudio Moroni, de Trabajo.

Sus alejamientos no causaron sorpresa. Por distintos motivos, pero sobre todo teniendo como trasfondo las interminables peleas dentro del Frente de Todos, el recambio en el Gabinete terminó siendo empujado por la renuncia que el viernes presentó Gomez Alcorta.

Según informó Presidencia en un comunicado, “Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión”.

La llegada de las tres nuevas ministras al Gabinete fue empujada por la renuncia de Gómez Alcorta el viernes pasado, en desacuerdo con la represión a mapuches en Bariloche, y luego de denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

La diputada Tolosa Paz, contadora pública, fue cabeza de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año pasado y tiene una amplia trayectoria en la administración pública, en especial en el área social. Con su marido, Pepe Albistur, tienen una relación de amistad con el Presidente.

Formó parte de esta gestión desde sus inicios, en diciembre de 2019, cuando fue nombrada titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Antes de eso, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández, se había incorporado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del programa de Generación de Lotes con Servicios en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

Militante del peronismo platense (fue concejala y más tarde, en 2019, compitió en la interna peronista en busca de un candidatura a intendenta), había acompañado en 2012 al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el cargo de subsecretaria de Urbanismo Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, se desempeñó en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano; como asesora del área de Coordinación de la Unidad Ministro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (cartera que ahora le toca conducir), y luego como jefa Regional del Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar), en ese mismo ministerio, ya en la presidencia de Néstor Kirchner. 

También trabajó en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) de la Presidencia, hoy Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Mazzina, de 33 años, es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, desde la cual impulsó la Ley de Paridad de Género aprobada en 2020 en su provincia. Estuvo a cargo de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.

La dirigente, profesora de Ciencia Política, se desempeñó como concejala por la ciudad de San Luis y desde el 12 de diciembre de 2019 cumplió funciones como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia conducida por Alberto Rodríguez Saá.

Raquel “Kelly” Olmos , de 70 años, es licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (INPE-OEA-Cepal).

Es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), consejera nacional del Partido Justicialista (PJ) y coordinadora de la Comisión de Financiamiento del Desarrollo de los Equipos Técnicos del PJ nacional.

Fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, directora de la Corporación Buenos Aires Sur, diputada de la Legislatura y concejal de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria de Promoción Social y de Producción y Servicios, y subsecretaria de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es consejera superior y directora del Instituto de Administración, Gobierno y Economía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Con estos tres últimos ingresos al gabinete, desde el inicio de la gestión de Fernández hubo 18 cambios de ministros.

Mantienen sus cargos desde el 10 de diciembre de 2019 Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Tristán Bauer (Cultura), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Juan Cabandié (Medio Ambiente).

Cercado por la pelea interna con La Cámpora, Zabaleta hacía tiempo que amenazaba con renunciar para volver a la intendencia de Hurlingham y asegurarse su reelección en el municipio. Había llegado al ministerio en julio de 2021 para reemplazar al Daniel Arroyo, que se fue como candidato a diputado en las elecciones del año pasado.

Zabaleta se despidió con un texto en sus redes sociales:

El ministro de trabajo saliente Claudio Moroni era uno de los históricos del Gabinete. Ocupaba ese cargo desde la conformación del Gobierno de Alberto Fernández. Además de problemas de salud, lo cierto es que a lo largo de su gestión Moroni no logró limar la relación el ala más dura del Frente de Todos y el sindicalismo mas combativo de Pablo Moyano. El conflicto con el sindicato de trabajadores del neumático, el SUTNA, que estuvo a punto de paralizar la producción, termino por desgastarlo.

La última semana, Moroni expuso a ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, y allí hizo un repaso por su tarea frente a la cartera laboral, que finalmente sirvió a modo de epílogo de su trabajo.

En el Congreso, explicó que la tasa de desempleo registrado “puede seguir bajando”, luego de tocar 6,9%, “una de las más bajas de las que se han medido”; y aseguró que la “Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y el mundo” tras la pandemia y luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hoy tenemos unos de los niveles de actividad más altos y una tasa de desempleo más bajas de las que se han medido: 47,9% y 6,9%, respectivamente; y creemos que puede seguir bajando”, había asegurado ante los diputados.

Cuestionada por la subjecución del presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género saliente Elizabeth Gómez Alcorta no logró disimular la incomodidad que le producía la llegada de Juan Manzur como jefe de Gabinete a quien ella misma había denunciado antes de llegar a esa cartera por las demoras en implementar en Tucumán un protocolo para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Abogada y defensora de los derechos humanos, la represión contra las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, desalojada en Villa Mascardi en un operativo de 250 efectivos de las fuerzas federales coordinadas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, terminó de decidirla. Lo hizo en una carta en la que explicó que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi (...) me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En su cuenta de Twitter felicitó a su reemplazante: “Con mucha alegría recibo la noticia de que @AyelenMazzina será la nueva ministra del @MinGenerosAR”. Y luego agregó: “Confío en que seguirá levantando bien alto las banderas de los derechos de la mujeres y LGTBI+”.

CRM con información de la agencia Télam

El sábado al atardecer todo parecía resuelto: Alberto Fernández tenía definido los nombres de los tres lugares que quedarán libres en su gabinete y, detalle más, detalle menos, la situación se encaminaba sin estridencias a expresar una continuidad, con un deadline para el momento de los anuncios: el lunes feriado.

Pero las blancas -o las negras- también juegan y se produjo lo inevitable: el plan del presidente para reemplazar a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Claudio Moroni en Trabajo y Elizabeth Gómez Alcorta en el ministerio de la Mujer entró en zona de incertidumbres. O, al menos, aparecieron nombres, impugnaciones, planteos.

El sábado, Fernández conversó con Moroni y Zabaleta. No les detalló que su esquema consistía en hacer los anuncios el lunes, todos juntos con el reemplazo de Gómez Alcorta, pero se perfiló una continuidad en los espacios que dejarían vacantes cada uno. El tema más sensible fue con el ministro de Trabajo, cuya salida no tiene matriz política sino personal. Hace décadas Fernández se conoce con Moroni: estudiaron juntos, compartieron estudio de abogado y fueron, en paralelo, funcionarios. Cuando armó su gabinete en 2019, Fernández le pidió a Moroni, dedicado a la actividad privada, que vuelva al ruedo.

El esquema del presidente era definir una continuidad en Trabajo, que se mantenga el equipo de Moroni y se mencionó a Marcelo Belloti, secretario de Trabajo, un dirigente vinculado a Fernández y con relaciones con Santiago Cafiero, como sucesor. Con historia política en La Plata, de pasado en el Frepaso y luego apoderado del Partido de la Victoria (PV), Belloti operó como mano derecha de Moroni y construyó buena relación con el mundo sindical.

Con las horas eso quedó menos claro. En esencia, porque salieron a jugar referentes cristinistas que pusieron a circular dos nombres: Carlos Tomada, exministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner, actual embajador en México. En el ecosistema K empujan a Tomada, pero una fuente del FdT confió que el exministro desechó, por lo menos en la instancia extraoficial, el ofrecimiento. La versión se completa con que Tomada habría sugerido un nombre en su lugar.

Asomó, entonces, otro nombre: el de Vanesa Siley, diputada nacional, integrante del Consejo de la Magistratura y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Siley, una de las dirigentes que Cristina incorporó en su lista de Unidad Ciudadana en el 2017, es impulsada desde los sectores afines a la vicepresidente.

En teoría, Fernández asumió que Bellotti no tendría las espaldas para hacerse cargo de un ministerio difícil como Trabajo que, además de ser difícil per se, atraviesa un momento especialmente complicado por la presión sindical para reabrir paritarias frente a la inflación. Roberto Sukerman, exfuncionario de Omar Perotti en Santa Fe y dirigente vinculado a Agustín Rossi, también tiene un cargo en Trabajo y suena en la ruleta de posibles.

Los tironeos en torno a Trabajo dan cuenta de una tensión que hasta el sábado, por algún motivo, no se había expresado. En Gobierno insisten que el lunes se darán a conocer los nombres de los nuevos ministros pero en medio de los ruidos que aparecieron en estas horas, aparecieron las dudas.

Sobre Desarrollo Social, que deja libre Juan Zabaleta, Fernández también tenía un mapa definido en el que Victoria Tolosa Paz aparecía como preferida para ocupar el ministerio. Había, en paralelo, otro nombre: Ariel Sujarchuk, intendente con licencia de Escobar y actual funcionario de Sergio Massa, que ocupó cargos en Desarrollo en tiempos de Alicia Kirchner.

Pero apareció, luego, otra variante: Mariano Cascallares, intendente con licencia de Almirante Brown, diputado provincial y dirigente que tuvo, en su momento, cargos en Desarrollo Social. Ligado al sistema de intendentes del conurbano, de buena relación con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La mención de Cascallares activa una ingeniería específica: si jura como ministro deja su banca en la Legislatura bonaerense, lo que le permitiría volver a ocupar un escaño a Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, que en la cuadrante de esa agrupación aparece en la escuadra de Andrés “Cuervo” Larroque. Ese movimiento, al margen de la valoración sobre Cascallares como funcionario, pone el foco en una lógica de corrimiento que le da más lugar a la agrupación de Máximo Kirchner. Por lo pronto, lo que parece claro es que cualquiera que asuma, no modificará sustancialmente el status quo de la cartera donde conviven, con espacios predefinidos, La Campora, las organizaciones sociales como el Evita y los intendentes.

El tercer casillero del gabinete es el ministerio de las Mujeres, que abandonó Gómez Alcorta y donde se menciona una terna: Marita Perceval, Gabriela Cerruti y Vilma Ibarra. La primera marcaría la continuidad, porque ahora es la segunda del área, y tiene terminales en el cristinismo.

PI

Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, ratificó hoy sábado que el Gobierno Nacional sostendrá “las conquistas alcanzadas gracias al empuje del movimiento de mujeres y diversidades” y que se buscará “avanzar por todo lo mucho que falta”, luego de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta.

“Vamos a sostener las conquistas alcanzadas durante este Gobierno gracias al empuje del movimiento de mujeres y diversidades y avanzar juntas por todo lo mucho que falta”, publicó Cerruti en Twitter, donde consideró “un disparate” una nota publicada por Infobae, la cual afirma que el Gobierno evalúa transformar el ministerio de Mujeres en una secretaría.

En ese sentido se pronunció Vilma Ibarra, asesora Legal y Técnica de la Presidencia: “Esto no es verdad. Necesitamos muchas políticas públicas para las mujeres y diversidades y el Ministerio seguirá siendo Ministerio”.

El viernes, el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia presentada por la ministra Gómez Alcorta, agradeciéndole la labor desempeñada en el gabinete desde el inicio de la gestión en 2019. Fuentes oficiales indicaron a Télam que en los próximos días será dado a conocer quién será su reemplazante.

En su carta de renuncia “indeclinable”, la exfuncionaria cuestionó el operativo de fuerzas federales realizado el martes pasado por orden judicial para el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de predios que ocupaban en Villa Mascardi, la mayoría de ellos de privados y uno de Parques Nacionales en la provincia de Río Negro.

En los últimos días, Gómez Alcorta había advertido públicamente su preocupación por a las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas por orden judicial durante el procedimiento, de las cuales cuatro fueron trasladadas luego al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

En la misiva de renuncia, la ex ministra también enumeró las medidas implementadas desde el nuevo ministerio en su gestión, y agradeció a Fernández aunque que dejó claro que se alejaba del cargo por considerar que se había traspasado “un límite”.

LC con información de agencia Télam

Una nueva interna se instaló en el Gobierno, esta vez como consecuencia del desalojo de miembros de la comunidad mapuche en Villa Mascardi realizado por Fuerzas Federales, ya que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad advirtió que en el procedimiento policial hubo “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.

Según versiones extraoficiales, el jueves la titular de la cartera, Elizabeth Gómez Alcorta, habría presentado su renuncia. El presidente Alberto Fernández aún no respondió. Fuentes de Casa Rosada dijeron a elDiarioAR que “no hay nada oficial” Las versiones eran tan fuertes que varios miembros de su equipo aseguraban que el alejamiento era un hecho. En Wikipedia la presentaban como ministra hasta el 6 de octubre de 2022. Gómez Alcorta había asumido el 10 de diciembre de 2019 en el marco del nuevo gobierno del Frente de Todos cuando también se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La funcionaria -explicaron desde su entorno- estaba siguiendo el caso junto a sus colaboradores con el objetivo de intervenir “activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un escrito en la causa para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada y advirtió sobre las “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.

El pasado miércoles, la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital y tomó intervención luego de que una de las mujeres tuviera que ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto y ante la negativa de que pudiera estar acompañada, tal como prevé la ley de parto humanizado.

“La funcionaria del MMGyD también se encuentra coordinando el trabajo con el equipo del programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, señalaron fuentes oficiales.

La subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género del MMGyD, Carolina Varsky, y la directora Nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo, pretendían acercarse hasta el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza “para tomar contacto con las mujeres detenidas, conocer su situación y evaluar cursos de acción”.

Asimismo, desde la cartera se indicó que presentarán este jueves un nuevo escrito judicial para manifestar “la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia”.

En declaraciones radiales, Gómez Alcorta alertó que “la situación es sumamente preocupante”. “Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”, agregó.

Y subrayó: “Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho”.

Con información de NA.

IG

Milagro Sala lleva unos seis años presa, ya atravesó seis juicios orales y públicos y tiene dos condenas en sus espaldas y aunque el presidente Alberto Fernández solicitó a la Corte Suprema de Justicia que “imprima urgencia” al tratamiento de su situación, en el máximo tribunal dicen no tener “en agenda” de corto plazo el caso de la dirigente de la Agrupación Túpac Amaru, informó una fuente de la Corte a elDiarioAR. “La feria judicial está cerca -comienza la segunda quincena de julio- y ese tema sólo está en la agenda política”, agregó la fuente consultada en el Palacio de Justicia.

La Corte podría devolverle la libertad a Sala -actualmente, con prisión domiciliaria-, detenida por una condena que recibió en 2019 a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. El máximo tribunal está en condiciones de fallar. La queja de la defensa se presentó en marzo de 2020 y el expediente ya circuló por las cuatro vocalías durante varias oportunidades en los últimos dos años. 

El caso ya tiene dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien presentó su posición en febrero último: dictaminó contra el pedido de la defensa de Sala. Los abogados de la dirigente plantean que la Corte debe revisar la condena confirmada por la Justicia de Jujuy por la valoración arbitraria de la prueba, por la indeterminación de los hechos por los que Sala y sus coacusados fueron llevados a juicio y por la modificación de esos hechos a lo largo del proceso, entre otras supuestas irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa de Sala.

Con el dictamen de Casal contra Sala, el expediente regresó a la Corte en marzo último y desde entonces permanece en la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, según el registro público del tribunal. 

La causa nació en 2016 con la denuncia espontánea de nueve cooperativistas que refirieron haber sido obligados a facturar obras al Estado que generalmente no hacían y desviar los cobros a Sala y otros dirigentes de la Túpac. Se conoce como el caso “Pibes Villeros”.

Sala fue juzgada junto a otras doce personas y las defraudaciones habrían sido cometidas entre 2013 y 2015 con fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la financiación de mejoras habitacionales en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, entre otros.

La sentencia en esta causa fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial. 

Notificación

Además de la sentencia a trece años por el caso de los fondos de cooperativas conocido como “Pibes Villeros”, Sala tiene una condena a dos años de prisión efectiva por el delito de amenazas simples en la causa de “las bombachas”.

La líder de la Túpac Amaru fue acusada de amenazar por teléfono a policías de una comisaría para evitar un procedimiento contra la hija de una compañera de la agrupación, quien alegaba haber sido víctima de un robo. Las pruebas fueron las declaraciones de los policías supuestamente amenazados, explicó la defensa ante la consulta. 

En esta causa, Sala fue absuelta por el tribunal oral en diciembre de 2017, pero el Ministerio Público Fiscal de la provincia recurrió la sentencia y la Cámara de Casación Penal revocó esa sentencia. Condenó a Milagro a tres años y dos meses de prisión efectiva por el delito de amenazas simples.

Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas.

Gerardo Morales — Gobernador de Jujuy.

En 2021, la Corte Suprema dejó firme la condena pero fue reducida a dos años de prisión. Entonces comenzó una discusión legal sobre el cómputo de la pena y si la sentencia estaba o no cumplida. Para Sala, esta discusión es central. Si la Corte Suprema falla a su favor en la causa “Pibes Villeros” y anula la sentencia de trece años, podría recuperar su libertad

Esa posibilidad futura tambaleó esta semana, al día siguiente de la visita que le hizo el Presidente al sanatorio donde permanece internada por una trombosis venosa. Unas 30 horas después del pedido de Fernández a la Corte, el juez de ejecución penal de Jujuy envió a la policía a notificar a Sala en el sanatorio que deberá permanecer presa hasta junio de 2024.

“Se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación. El juez pretende computar una condena de dos años, que Milagro Sala ha cumplido, a partir de ahora. En cualquiera de las lecturas posibles, la pena está cumplida”, sostuvo su equipo de defensa.

Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Elizabeth Gómez Alcorta — Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de Sala.

Trece causas

Además de los seis juicios que ya atravesó por amenazas, instigación a cometer daños, tentativa de homicidio, extorsión y fraude a la administración pública, Sala acumula en Jujuy otras siete causas abiertas o camino al juicio por delitos similares, explicó a elDiarioAR Marcos Andazabal, abogado de la dirigente.

De las trece causas, díez se originaron a partir de la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación, en diciembre de 2015. Los otros tres expedientes datan de 2011 y 2012, cuando gobernaba otro enemigo político de Sala, el peronista Eduardo Fellner. Dos de ellos   se reactivaron con Morales en el poder.

Su detención y el avance de los casos en su contra están vinculados a “una disputa eminentemente política que responde a una disputa política de la provincia de Jujuy pero que excede a la provincia de Jujuy”, dijo a elDiarioAR Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Sala y ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En su momento, apenas fue detenida, Ernesto Sanz, el socio político y correligionario de Morales, dijo públicamente que si a Milagro no se la detenía, Morales no podía gobernar. No hay mejor manifestación sobre la necesidad de que Milagro siga presa”, afirmó la funcionaria. 

En este marco de disputa política, la defensa de Sala ha planteado en repetidas oportunidades presuntas irregularidades y arbitrariedades en la instrucción de las causas en su contra, testigos con intereses políticos o aliados de Morales, hechos prescritos, arbitrariedades en la valoración de las pruebas y fabricación de denuncias.

El miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes al Estado argentino sobre la salud de Sala, quien tiene una medida provisional de ese tribunal a su favor. La CIDH ordenó “proteger su integridad física y psíquica”, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

El organismo dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social. En 2016, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) había solicitado al entonces presidente Mauricio Macri la libertad de Sala. Juan Grabois insistió esta semana con un indulto del presidente Fernández.

En los años 90, Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales.

Christian Schwarz — Docente de Ciencias Políticas, UCA.

Morales

El gobernador de Jujuy ha sostenido que con la detención de Sala puso “orden democrático y restablecimos la paz” y sostuvo que la dirigente acumuló poder durante “más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”. 

“Se creen dueños de las personas, que están ejerciendo la peor esclavitud de este siglo que es a través de un plan, robarles la plata, obligar a mujeres con los chicos a que vayan a las marchas”, agregó el gobernador tras la visita de Fernández a Sala en el sanatorio y su pedido a la Corte Suprema. El presidente de la UCR deseó que Milagro Sala “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.

“Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política”, afirmó Gómez Alcorta.

Sala llegó a representar a unas 70.000 personas y fue una aliada central del kirchnerismo. Su caída comenzó con la llegada de Morales a la gobernación y la disputa entre ambos por el poder en Jujuy. El radical cortó el financiamiento de su organización.

Ha sido acusada en los medios, un documental y denuncias de ejercer el poder con “control de hierro” y violencia, de reproducir el esquema de los clanes conservadores de la provincia y de haber gobernado un “Estado paralelo”, edificado con los fondos que recibió durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner para la construcción de viviendas, escuelas, clubes y fábricas. Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política.

Construyó su poder en una provincia gobernada por una élite conformada por pocas familias que se alternaron en el poder y el avance sin retorno del desempleo. 

Entre 1987 y 1998, Jujuy tuvo siete gobernadores. “Los gobernadores de la provincia duraban en el poder apenas unos meses o año y medio, el que más duró no superó los tres años”, explicó Christian Schwarz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

“Durante ese mismo periodo Jujuy se quedó sin base productiva: cerraron ferrocarriles, ingenios y minas; y cerró la principal acería. El desempleo aumentó considerablemente y nacieron los movimientos sociales. La inestabilidad política finalizó con la llegada de Fellner (en 1998) pero la provincia siguió dependiendo de los aportes del Tesoro Nacional”, afirmó Schwarz. La pobreza se extendió en Jujuy. En 2001, Sala fundó la Túpac Amaru.

ED

A pesar de que renunció a la defensa legal de la dirigente social Milagro Sala para asumir como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta sigue siendo una de sus fervientes defensoras en el ámbito público. “Mi defensa es política y personal”, aseguró a elDiarioAR en una entrevista telefónica, tras regresar de la provincia de Santa Cruz, a donde viajó para participar de la inauguración del ministerio de la Igualdad e Integración provincial. La funcionaria resumió esa defensa como “aguerrida”. Explicará sus razones.

Sala, fundadora y líder de la organización Tupac Amaru, que llegó a representar a unas 70.000 personas, lleva seis años presa, tras haber sido una aliada central del kirchnerismo. Su caída comenzó con la llegada del radical Gerardo Morales a la gobernación de la provincia cuyo poder se disputan: Jujuy. Actualmente, se encuentra con prisión domiciliaria por una causa en la que recibió condena en 2019, pero en la que ya estaba privada de su libertad de forma preventiva. Se la conoce como el caso “Pibes Villeros”.

Eso es algo que se le debería preguntar al Presidente. Supongo que habrá diálogo institucional (con Gerardo Morales) porque resulta lógico que lo haya y yo sé algunas cosas, pero no me parece que me corresponda que sea yo la que conteste eso.

Sobre si Alberto Fernández ha reclamdo por Sala ante el gobernador de Jujuy.

Este miércoles, Sala volvió al centro de la escena cuando el presidente Alberto Fernández viajó a Jujuy en medio de una nueva escalada del dólar y una reunión de Gabinete para visitar a la dirigente en el sanatorio privado Los Lapachos de la capital provincial, donde se encuentra internada desde el lunes con un cuadro de trombosis venosa profunda.

“Le pido a la Corte Suprema que le imprima urgencia al tratamiento de la sentencia que les ha llegado por vía de queja y resuelva”, reclamó el Presidente tras su visita. 

La condena del caso “Pibes Villeros” fue confirmada por la Cámara de Casación de Jujuy y el Superior Tribunal provincial y se sumó a otra sentencia de dos años de prisión por supuestas amenazas a policías. Desde marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver un recurso de la defensa contra la decisión de la Justicia jujeña.

Gómez Alcorta recordó: “Yo no acepté la causa inmediatamente, pedí ver el expediente antes de aceptar ser su abogada. Yo no he defendido a nadie por corrupción en todas las causas que he defendido a lo largo de mi carrera. La verdad es que cuando lo ves, te empezás a dar cuenta de que eso implica todo un armado jurídico-político, que es una vergüenza. Y mi defensa tan aguerrida está vinculada a eso, no solamente durante esos cuatro años, porque mi defensa es política y también es personal con Milagro. No soy peronista, no soy tupaquera, no soy jujeña, no era amiga de Milagro. Cuando vos lo ves, lo que ves es un enorme nivel de impunidad y de injusticia”, aseguró la ministra. 

Sala ya atravesó seis juicios orales y públicos en Jujuy por denuncias de amenazas, instigación a cometer daños, tentativa de homicidio, extorsión y fraude a la administración pública, explicó a elDiarioAR Marcos Andazabal, actual defensor de la dirigente y quien acompañó la defensa cuando Gómez Alcorta era también abogada de Sala. Uno de esos procesos fue llevado adelante en el fuero federal de Jujuy, cuatro ante la Justicia penal ordinaria de la provincia y otro en fuero contravencional.

¿Sala podría recuperar la libertad con un fallo de la Corte Suprema?

Sí, la condena aún no está firme. Entonces, desde hace dos años y medio están pendientes para resolver por parte de la Corte Suprema parte de todos los reclamos vinculados a la ilegalidad del procedimiento, a la falta de garantías con el cual se llevó adelante, tanto durante la investigación como en el juicio. Esta es la primera condena que llega a la Corte. Hasta ahora lo que sí hubo es lo que se conoce como incidentes. Son incidentes dentro de las causas. Hubo otras causas que reenvió, pero con problemas de prescripción, pero no hubo ninguna causa que tuviera que resolver si quedaba firme o no.

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, le respondió al Presidente que consideró “una falta de respeto” que Fernández haya estado en su provincia y no le haya hecho una visita y lo culpó de “profundizar la grieta”. Le deseó a Sala que “se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”. El gobernador Morales tiene diálogo con el Presidente, ¿Fernández le ha planteado la situación de Sala a Morales en sus diálogos?

Eso es algo que se le debería preguntar al Presidente. Supongo que habrá diálogo institucional porque resulta lógico que lo haya y yo sé algunas cosas, pero no me parece que me corresponda que sea yo la que conteste eso.

¿Está en contacto con Sala?

Sí, sí. Me escribo, tengo mensajes por momentos más cotidianamente, por momentos un poco más espaciadamente, como cualquiera con nuestros vínculos afectivos. Para mí a esta altura, Milagro es un vínculo afectivo en mi vida. 

A mí no me gusta el término lawfare.

¿Cuál es el plan de Sala, más allá de recuperar su salud y su libertad? ¿Qué quiere? ¿Quiere seguir haciendo política?

El plan que tiene Milagro es sobrevivir. Y lo digo lisa y llanamente. Para alguien que, de un modo sistemático, es víctima de un hostigamiento feroz, absolutamente feroz, que lo ha tenido que vivir en el cuerpo, en su vida, en su salud psíquica, en su salud física y en la de sus familiares a lo largo de seis años de un modo ininterrumpido, lo primero que ella tiene que poder es sobrevivir, es resistir. Y esto me parece que es clave. Hoy lo decía también el Presidente, cuando estuvo con ella: a veces vemos que Milagro también se bajonea. Hay que recordar que a lo largo de estos años tuvo un par de intentos de suicidio en el marco de ese profundo hostigamiento con un nivel de violencia impresionante. Hoy tiene un hijo que está enfermo, tiene a su marido enfermo. El plan de Milagro es seguir haciendo todas sus defensas jurídicas porque ella siempre entendió muy cabalmente que a pesar de que su detención era política, ella nunca debía abandonar la defensa jurídica correcta. Nunca había que abandonar eso, porque incluso eso es lo que permitió que hoy la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) haya intervenido y tenga una medida cautelar dictada a su favor. Y por otro lado, es trabajar políticamente por su causa, como una causa nacional, que está vinculada a la violación del Estado de Derecho, que nadie naturalice que ella esté presa. Esta causa está vinculada con una disputa eminentemente política que responde a una disputa política de la provincia de Jujuy pero que excede a la provincia de Jujuy. En su momento, apenas fue detenida, Ernesto Sanz, el socio político y correligionario de Morales, dijo públicamente que si a Milagro no se la detenía, Morales no podía gobernar. No hay mejor manifestación sobre la necesidad de que Milagro siga presa. Ese hostigamiento se profundiza en los momentos pre-electorales y electorales. Esa es la utilización política que hace Morales.

La mayoría de las denuncias contra Sala implican acusaciones de violencia y presunto abuso de poder de su parte como líder de la Tupac. Más allá de la falta de pruebas e irregularidades en los procesos judiciales que ustedes han denunciado, ¿por qué se generan estas denuncias que siempre giran en torno a lo mismo: violencia?

Hay tres causas que estaban vinculadas a hechos de violencia, incluso una en la que le imputaron instigación a homicidio, que eso no se probó. Fue absuelta. Sobre todos los otros hechos que se relatan en algunos medios, no hay causas, no hicieron una sola denuncia. Hay denuncias mediáticas. Si efectivamente sucedieron esos hechos y sobre todo teniendo en cuenta que en Jujuy las causas contra Milagro avanzan a un modo muy veloz, ¿por qué no los denunciaron? No hubo ni una denuncia de esos hechos, ni una. Buscan generar un imaginario de que Milagro es una mujer negra y violenta de la política. Sí es interesante ver que muchas de las personas que aparecen mediáticamente o incluso que aparecen en el comienzo de las causas judiciales son personas que formaban parte de organizaciones que estaban con Milagro y que inmediatamente después de que Gerardo Morales asume la gobernación y comienza a asfixiar a las organizaciones sociales y dejó de hacer las transferencias que venía haciendo a la provincia, pasaron a trabajar con Gerardo Morales. El ejemplo es la causa de los huevos. Fue el primer juicio oral en diciembre del 2016. Gerardo Morales, que era querellante -Sala fue condenada a tres años por instigar a cometer daños causados por militantes de la Tupac que arrojaron huevos a Morales y causaron la rotura de siete vidrios-  pidió ocho años. Ocho años es el mínimo de un homicidio. Ella ni siquiera había estado presente en el acto. El único testigo que dice que hubo una reunión donde Milagro les dijo ‘vayan a hacer lío’ tiene una causa por falso testimonio porque tenía un contrato de Morales y mintió en su testimonio sobre eso. Tenía causas penales y se le cerraron mágicamente. Era la única forma que tenían para condenarla. Te puedo decir que tengo muchas más pruebas concretas. Yo no vivo en Jujuy, no soy de la Tupac, la conocí a Milagro estando presa. Necesitaban una abogada que viviera fuera de la provincia. Yo no acepté la causa inmediatamente, pedí ver el expediente antes de aceptar ser su abogada. Yo no he defendido a nadie por corrupción en todas las causas que he defendido a lo largo de mi carrera. La verdad es que cuando lo ves, cuando lees las declaraciones, ves cómo a partir de un viernes se presentan cinco personas a una misma hora en una fiscalía que dicen exactamente lo mismo, vos te empezás a dar cuenta de que eso implica todo un armado jurídico-político, que es una vergüenza. Y mi defensa tan aguerrida está vinculada a eso, no solamente durante esos cuatro años, porque mi defensa es política y también es personal con Milagro. No soy peronista, no soy tupaquera, no soy jujeña, no era amiga de Milagro. Cuando vos lo ves, lo que ves es un enorme nivel de impunidad y de injusticia. 

El plan que tiene Milagro es sobrevivir.

La Corte Suprema

Sala fue condenada en algunos de esos juicios y absuelta en otros, como el de presunta tentativa de homicidio. Además, otras siete causas en su contra ya han sido elevadas a juicio y la dirigente espera que se fijen las fechas para el inicio del debate oral. 

Fernández se refirió este miércoles al caso conocido como “Pibes Villeros”, la causa por la que Sala está privada de su libertad. Por esta causa, fue condenada en 2019 a trece años de prisión por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. La causa nació en 2016 con la denuncia espontánea de nueve cooperativistas que refirieron haber sido obligados a facturar obras que generalmente no hacían y desviar los cobros a Sala y otros dirigentes de la Tupac.

Un fallo favorable de la Corte Suprema podría aliviar su situación y hasta garantizarle la libertad, ya que la defensa plantea que la condena a dos años por amenazas estaría cumplida.

Sala pasó por seis juicios orales y públicos y tiene otras siete causas pendientes de juicio. ¿Cómo resumiría su historia judicial?

A mí no me gusta el término lawfare. En definitiva, se trata de cómo cierto poder político utiliza los procesos judiciales, en particular los procesos judiciales penales para la persecución y para el hostigamiento de ciertos líderes o lideresas, con la finalidad justamente de castigarlos y sobre todo de constituir o de configurar sobre esa persona en el imaginario social y en el imaginario colectivo. Hoy, Milagro tiene exclusivamente una condena firme por supuestas amenazas telefónicas a una comisaría porque tenían detenida o demorada ilegalmente a una persona, una chica jovencita que había ido a hacer una denuncia (la causa conocida como “el caso de las bombachas”). Milagro lleva seis años y medio presa y se construye el estereotipo de que ya es culpable de todo lo que se la acusa. Lo dijo el gobernador (Morales) en reiteradas oportunidades: que había matado, que era culpable de homicidios, de lesiones y vos vas a las causas judiciales y eso no está. De hecho se la llevó a juicio por el caso de tentativa de homicidio y fue absuelta. Pero eso no es noticia, ¿no? Hay algo ahí en donde los procesos judiciales tienen una finalidad, que no siempre es condenar en cada uno de los hechos sino que ya el solo hecho de los procesos en la instalación mediática de que cierta persona es violenta, es corrupta, es mala. La parte mediática es la otra pata. Uno no puede pensar en el caso de Lula da Silva, en el caso de Cristina Fernández, en el caso de (Rafael) Correa. El ejemplo de Lula es un buen ejemplo: después del caso judicial se lo sobresee o termina absuelto pero estuvo detenido, no pudo participar en elecciones, se lo castigó, se lo intentó quebrar, se lo sacó del juego, del ámbito de la política. Eso es lo que representa a la perfección el hostigamiento jurídico y político o judicial y político contra Milagro Sala.

Hay tres causas vinculadas a hechos de violencia, incluso una en la que le imputaron instigación a homicidio, que eso no se probó. Fue absuelta. Sobre todos los otros hechos que se relatan en algunos medios, no hay causas, no hicieron una sola denuncia.

¿Por qué no le gusta el término lawfare?

No me gusta. Primero porque es un término en inglés y segundo porque habla de la guerra. Hay que hablar de guerra cuando hay guerra. Lo digo pensando en la dictadura cívico militar. La guerra, en definitiva, en general, tiene un comienzo y un final. Sirve para que podamos entender, simplificar, pero es el hostigamiento y la persecución por medio del aparato judicial a ciertos liderazgos muy potentes. Pero no es contra cualquiera. (Fabián) Pepín Rodríguez Simón está prófugo y no lo tienen bombardeado todo el día. Tuvimos un presidente que fue elegido e imputado por escuchas telefónicas. Hace cinco años que no lo digo, lo dije en 2016 -cuando era su abogada- pero el caso de Milagro suma todos los condimentos para el caso de una bruja del siglo XXI, una mujer india, pobre, lideresa social, con una potencia extraordinaria sobre 70.000 afiliados a la Tupac, con una capacidad de movilización enorme, que viene a romper el esquema de los negocios inmobiliarios en la provincia (de Jujuy), que viene a romper el bipartidismo en una provincia absolutamente clasista, con una oligarquía muy, muy fuerte. Y sí, no hay ninguna duda de que ella está presa por algo. Para nosotros la defensa de Milagro es una defensa que tiene su parte jurídica, pero claramente tiene su parte política.

¿Qué espera de la Corte Suprema?

Justicia. 

ED

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió este viernes que “las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y diversidad”, al rechazar la prohibición del uso de lenguaje inclusivo dispuesto por el Gobierno porteño para los establecimientos educativos del distrito.

Mediante la circular 4/2022, el Ministerio de Educación prohibió que en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se utilicen documentos oficiales y contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo bajo el argumento de que en las últimas evaluaciones de Lengua reflejaron un retroceso en el aprendizaje durante la pandemia.

“A partir de ahora, los docentes tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares”, sentenció esta mañana el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La titular de la cartera nacional de Mujeres salió al cruce de la medida y, en su cuenta oficial de Twitter, afirmó: “Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición”.

Desde el gobierno nacional también el ministro de Educación, Jaime Perczyk, se expresó en la misma línea y sostuvo que “hay que mejorar” la educación pero eso “no se hace prohibiendo” el lenguaje inclusivo.

Qué dice la normativa

En la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó a las/los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

Y aclaró que esta medida “aplica únicamente a los contenidos que dictan los/as docentes en clase, al material que se le entrega a los/as estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos”.

En su fundamento para prohibir el uso de las “e”, “x” y “@” el Gobierno de la CABA, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, destaca que los resultados en Lengua obtenidos por les estudiantes en las evaluaciones realizadas tras la pandemia “no son buenos” y que en “comprensión lectora tenemos un retroceso de casi 4 años”.

Enumeró que extendió el calendario escolar, sumó horas de clase, se abrieron escuelas los días sábado, se brindaron nuevas capacitaciones docentes, se inició un plan de fluidez lectora y que a esas medidas se le suman la regulación del uso de la “e”, “x” y “@” por parte de los/as docentes.

“Es una medida para facilitar la forma en que nuestros chicos y chicas aprenden y adquieren el lenguaje”, destacó la cartera porteña en su resolución y agregó “la lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.

Precisó que la Real Academia Española en el informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, ha sostenido que “el uso de la @ o de las letras «e» y «x>> como supuestas marcas de género inclusivo ”es ajeno a la morfología del español“, y que ”corresponde como tarea primordial del sistema educativo promover el desarrollo del lenguaje oral y proporcionar conocimientos y capacidades básicas de lectura y escritura (...)“, al tiempo que cita experiencias similares en Francia y Uruguay.

Las repercusiones

Al respecto, Silvia Ramirez Gelbes, directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, destacó que “se entiende que las academias de la lengua se opongan al lenguaje inclusivo ya que su función es mantener la unidad supranacional del idioma”.

“Lo que me parece un poco más extraño es que se lo prohíba o que se lo imponga, porque quienes lo usan, lo usan. Así como usan el artículo masculino con la palabra ”arroba“ (que lleva artículo femenino) o dicen ”pienso de que“ cuando la forma correcta es ”pienso que“, refirió la especialista.

Agregó que “quienes no lo usan, aunque se lo impongan, no lo usan”, y se preguntó “si se ha demostrado que el uso del lenguaje inclusivo incide de alguna manera en la lectoescritura. Nadie cree que los resultados de esas pruebas sean debidos exclusivamente a la aparición de estos reemplazos”.

En tanto Celeste Mac Dougall, docente de CABA y especialista en salud sexual integral e inclusiva, indicó que “pensar que el lenguaje inclusivo es una traba respecto al aprendizaje es una mirada muy limitada, el uso de este lenguaje es una ventana de posibilidad de un sin número de contenidos, no solo de la ESI, sino de como se construye el lenguaje social”.

“En términos de mejora de la calidad educativa una prohibición nunca aporta nada interesante, la resolución del Ministerio debe pensar alternativas en el abordaje no en prohibiciones que apuntan a la apertura del pensamiento. El uso de este lenguaje estalló en las escuelas y esas instituciones son un lugar de posibilidad”.

Por su parte Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, dijo a Télam que “no encuentro una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba. La escuela enseña contenidos normalizados, oficiales. Oficialmente no existe el lenguaje inclusivo y no se puede prohibir enseñar algo que no existe oficialmente”.

“No concuerda una idea de sacar una resolución prohibiendo esto y tampoco creo que la justificación sea una evaluación de lengua. Si se utiliza este lenguaje los docentes no lo debe promover, ellos promueven normas, reglas, lo que es ley y el lenguaje inclusivo no esta normatizado” dijo Buccino.

En tanto, la legisladora del FIT y dirigente del gremio Ademys, Amanda Martín, destacó que “resulta que ahora el Ministerio de Educación se va a dedicar a perseguir a quien utilice las ´marcas de género´@, X, e, porque son espejo de una supuesta ´ideología de género´. Acuña a lo Bolsonaro pretende prohibir el lenguaje inclusivo, pero no lo va a lograr”.

Con información de agencias.

IG

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitó junto a su par de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra detenida desde hace seis años en Jujuy, y destacó la necesidad de “reconstruir una justicia que no persiga opositores”.

Desde su cuenta de Twitter, el titular de la cartera de Interior dio cuenta este martes del encuentro en una foto en la que aparece junto a Gómez Alcorta y Sala.

En ese marco, a través de una serie de posteos, “Wado” de Pedro afirmó que “es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno”.

Para el funcionario, se trata de “un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática”.

Además, el titular de Interior señaló que “hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en PBA”.

“En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno”, añadió el ministro, tras lo cual citó una publicación del diario Perfil.

En ese artículo, titulado “Filtran audios del Superior Tribunal de Justicia: 'Milagro Sala no está detenida por sus delitos'”, se sostiene que los mismos pertenecen a Pablo Baca, “quien dijo que los audios eran privados y fueron editados”.

Además, en el encuentro dialogaron sobre la “continuidad del hostigamiento que vive la referente social y los otros presos y presas políticas de Jujuy”, y sobre la situación en la que se encuentra la provincia, según informó la organización social Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala, en un comunicado difundido hoy.

A lo dicho por De Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y exabogada de la dirigente social agregó que el contexto actual “dejó al descubierto en otras provincias y a nivel nacional la intervención de los sistemas de inteligencia ilegales, del poder político, mediático y empresarial para la persecución y hostigamiento de otros dirigentes sindicales y sociales, algo que denunciamos desde el primer día, aquel 16 de enero del 2016”.

“Ya entonces decíamos que lo que estaba sucediendo en Jujuy era ese laboratorio, ese tubo de ensayo de la persecución y el hostigamiento a dirigentes políticos, en este caso a Milagro Sala”, recordó Gómez Alcorta.

Por su parte, Milagro Sala realizó un balance positivo del encuentro y dijo: “Me siento satisfecha de que vengan dos integrantes del gabinete nacional a escuchar a los jujeños. Jujuy es una provincia que tiene muchísimos recursos y hoy está endeudada; pudimos comentarles lo que está pasando en relación a la criminalización de la protesta (en el distrito) contra cualquiera que critique al actual gobierno o reclame por sus derechos”, concluyó la dirigente social.

Sala: “La Gestapo sigue vigente en Jujuy”

Este lunes, la líder de la organización Tupac Amaru había asegurado que en Jujuy “sigue vigente la Gestapo” y que “mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño”, el gobernador Gerardo Morales “continúa con sus grandes negocios”.

En declaraciones formuladas a AM 750, la dirigente social aseguró que “la Gestapo sigue vigente en Jujuy porque siguen avanzando contra los compañeros, pero no se puede permitir y que nadie haga nada”.

“Morales va por todo. Mientras busca encarcelar a dirigentes opositores y quiere seguir disciplinando al pueblo jujeño, continúa con sus grandes negocios de litio, de marihuana, de la cámara de construcción, y sigue endeudando a la provincia”, subrayó Sala, quien añadió que el gobernador “maneja la Justicia”.

“Ahora quiere ser presidente cuando todos estamos viendo lo que se vive en Jujuy”, afirmó la detenida líder de la Tupac Amaru y agregó que si Gerardo Morales llegase a la Casa Rosada, “Argentina sería un país nazi”.

En ese marco, sostuvo que “pareciera que estamos viviendo en un gobierno de derecha donde nadie puede decirle nada a él y donde tiene el manto de la embajada de Estados Unidos para seguir avanzando contra todos nosotros”.

Por otra parte, Sala agradeció la solicitada en la que organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron su libertad.

En tanto, afirmó que “es una injustica muy grande” que el exasesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón este prófugo en Uruguay y que el expresidente Mauricio Macri “siga libre después de embargar el país con la deuda externa y los negociados” y después del “desastre que hicieron en Argentina”.

Finalmente, la dirigente sostuvo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no se tiene que pagar porque ningún argentino ha pedido ese préstamo o ha participado cuando dieron esa plata para la relección de Macri”.

“Considero que los argentinos deberíamos ir a una consulta popular para determinar si deberíamos pagar o no esa deuda”, completó.

Por su parte, el abogado de Milagro Sala, Luis Paz, adelantó que presentarán al Congreso un proyecto de ley para pedir la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

“Hace más de un año estamos trabajando fuertemente, y en poco tiempo se van a presentar los proyectos respectivos en las Cámaras del Congreso de la Nación para pedir la intervención del Poder Judicial de Jujuy”, dijo Paz en diálogo con FM La Patriada.

De todas formas, la intervención del Poder Judicial en Jujuy no podrá avanzar ni en la Cámara de Diputados y ni en el Senado ya el oficialismo no cuenta con los dos tercios para poder aprobar una iniciativa que exige una mayoría especial, dado que se votan los dos tercios de cada cuerpo del Congreso.

Además, Paz también señalo que el juicio oral y público que comenzó en 2017 contra Sala “ha tenido un sinfín de irregularidades” y señaló que están esperando el dictamen del expediente que “se encuentra en poder de la Corte Suprema de Justicia desde 2020”.

“Dos años de parálisis del expediente denota la gravedad institucional que vive la República Argentina con poderes judiciales, tanto nacional como provinciales, amañados al poder político de turno”, manifestó el abogado de la dirigente.

En ese sentido, afirmó que “es sumamente grave tener privada de la libertad, hace 6 años, a una persona con prisión preventiva”.

En esa línea, lamentó que “la Presidencia de (Mauricio) Macri hizo un retroceso monumental en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”, y apuntó que “ante cualquier intento de organización popular en Jujuy, el gobernador Morales va con todo el poder represivo del Estado”.

Con información de agencias.

IG

Las ministras de Salud, Carla Vizzotti y de Mujeres Genero y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participaron hoy de un conversatorio a un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en donde se valoró el crecimiento de las consultas por asesoramiento e información y el aumento en un 30% de centros de salud púbicos que garantizan la práctica.

El conversatorio se hizo en forma virtual a raíz de los cuidados por la pandemia de coronavirus, mientras que por esta misma razón los “pañuelazos” programados en plazas de todo el país, se realizaron solo en algunas provincias

Vizzotti resaltó algunas cifras como el incremento de llamadas a la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de asesoramiento y derivación en el último año, que recibió más consultas que en una década.

También valoró el crecimiento en un 30% de centros de salud púbicos que garantizan la práctica.

Además, habló del aumento en la distribución de misoprostol, el fármaco para provocar abortos, y dijo que se está trabajando con laboratorios públicos para aumentar su producción y con el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) para incorporar la otra sustancia, la mifeprestona.

La ministra de Salud también remarcó las capacitaciones oficiales a equipos de salud “para derribar prejuicios y estigmas” en torno a la IVE y dijo que “se acompaña a profesionales que tienen dificultades” para realizar la práctica.

Por su parte Gómez Alcorta, aseguró que todavía existen los militantes anti derechos que “tienen discursos conservadores, en algunos casos neofascitas, con fijación en género y sexualidad, son discursos organizados, están latentes en todo el mundo, están en nuestro país, están acechando”.

“Lo que conquistamos hace un año fue la dignidad de poder elegir, de ser libres, de ser autónomas, como a lo largo de los siglos lo fueron los varones. Eso es también lo que sigue en juego, porque hay que seguir trabajando para garantizar el acceso efectivo a este derecho”, expresó Gómez Alcorta.

La abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Monica Menini, resaltó que “una de las grandes estrategias para llegar a la legalización y la despenalización del aborto fue llegar a las bases, a los barrios, a los movimientos sociales. Ahí fue cuando dijimos, ´acá hay un consenso social para llegar´”

Menini indicó además, que “falta personal, infraestructura, sobre todo en la ruralidad. Ese es un obstáculo grande y el acompañamiento a quienes no son objetores de conciencia, como la médica salteña Miranda Ruiz, que tiene una causa penal por practicar un aborto legal, que va a ser sobreseída, pero la causa sigue porque quiere se aleccionadora”.

El aborto legal, seguro y gratuito en las provincias

En Córdoba, a un año de sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) la gran mayoría de los centros de salud están garantizando la práctica, afirmaron desde Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) si bien reconocen que falta capacitación y recursos humanos, admiten que en los últimos meses se fueron sumando muchos profesionales.

En tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien celebró el aniversario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) junto a la titular del ministerio bonaerense de las Mujeres, Estela Díaz, dijo que “lo que hoy celebramos tiene una responsabilidad enorme que no se agota en garantizar los abortos”.

“Es un día de celebración, feliz primer año, pero también es un día de reflexionar. No somos igual a lo que éramos hace un año, nos ha cambiado también a los varones, estamos aprendiendo, pero entra una perspectiva distinta”, dijo el ministro.

En el 93% de la provincia de Buenos Aires hay efectores municipales que garantizan el acceso al aborto legal y gratuito, y que desde la promulgación de la ley se registraron 16.700 interrupciones intencionales.

Según los datos, en la provincia se registraron 15.330 prácticas de aborto (entre ILE e IVE) en 2020 y 17.506 en 2021

En La Rioja, “la demanda, a partir de la promulgación de la ley ha sido creciente y sostenida en La Rioja, registrándose un promedio de 8 IVE por semana”.

“El rango etario va desde los 14 a los 40 años, perteneciendo un 30 % a mujeres del interior y un 70 % de la ciudad Capital”, dijo la coordinadora de Salud Sexual, Género y Diversidad, Marta Llanos,

En tanto en La Pampa, donde se realizó un pañuelazo en la ciudad de Santa Rosa, las autoridades destacaron que a un año de la sanción de la ley, se hicieron más de 400 abortos, cifra que incluye los datos registrados hasta el mes de noviembre.

Sancionada el 30 de diciembre del 2020, en plena pandemia, la ley se promulgó el 14 de enero, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y luego se sumaron dos mas para atención posaborto y para atención a víctimas de violaciones sexuales.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad recibió en el 2021 $11.400 millones extra, dividido en tres partidas que se le otorgaron en los últimos meses. A pesar de este incremento, los últimos números muestran que, para diciembre de este año, el ministerio es la tercera cartera con mayor subejecución presupuestaria, con un 53% de ejecución, lo que explicaría que el Presupuesto 2022 proyecte fondos de alrededor de $10.600 millones, un 40% menor en términos nominales (y aún más si se lo ajusta a la inflación) que lo que se le otorgó en 2021. 

El crédito presupuestado para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para el año 2021 era de $6.200 millones. Para septiembre de este mismo año, de acuerdo a un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a otras organizaciones, el crédito vigente había aumentado a $7.900 millones, un 27% más que el crédito original. Sorpresivamente, para el 1º de diciembre del 2021, el presupuesto vigente del ministerio era de $17.580 millones, de acuerdo a datos disponibles en Presupuesto Abierto, más que duplicando el de septiembre y casi triplicando el original. 

El grueso de este crédito se lo llevan la formulación de políticas contra la violencia por razones de género, con $16.170 millones asignados, un 92% del total del presupuesto del ministerio, dentro del cual se encuentran programas como la Línea 144, Acciones de Protección contra la Violencia por Razones de Género, el programa ARTICULAR, el programa PRODUCIR y el programa ACOMPAÑAR. Para septiembre del 2021, el presupuesto total de todos esos programas era de solamente $6.520 millones. 

El exponencial aumento en el presupuesto de ACOMPAÑAR explica este llamativo crecimiento de los últimos dos meses. El programa consiste en apoyo económico y acompañamiento integral a aquellas mujeres y miembros del colectivo LGBTI+ que se encuentren sufriendo violencia de género. Según el ministerio, tras operativos territoriales exhaustivos logró llegar a muchos más beneficiarios de lo estipulado en un comienzo

A lo largo del año, la Jefatura de Gabinete habilitó tres ampliaciones presupuestarias, como confirman desde el MMGyD, concentradas en los últimos meses del año: una en septiembre, otra en octubre y la última en noviembre, autorizada a través del Decreto 809/2021 el 25 de noviembre último. 

Este decreto habilita aumentos en la mayor parte de los ministerios y organismos del gobierno nacional, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el de Justicia y Derechos Humanos, el de Seguridad, el de Ciencia Tecnología e Innovación, el de Economía y el de Desarrollo Social. Sin embargo, para diciembre, en ninguno de estos casos el presupuesto se había duplicado con respecto al de dos meses atrás ni se había triplicado con respecto al inicial. Por solo nombrar algún ejemplo, el crédito inicial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el año 2021 era de $48.080 millones y para octubre de este año, el presupuesto vigente había aumentado un 14%; para diciembre, el crédito es de $60.820 millones, un 26% más que el original. La diferencia entre el crédito inicial y el vigente para diciembre ronda aproximadamente estos valores para la mayor parte de las jurisdicciones. 

¿Por qué el programa ACOMPAÑAR necesitó tres partidas extra? “Las unidades de acompañamiento se van firmando a nivel municipal, y el proceso de adhesión de las jurisdicciones al programa tardó un poco, pero en el último tiempo se vió potenciado por operativos territoriales”, asegura Larisa Roson, subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, en diálogo con ElDiarioAR. “Como se les paga durante seis meses consecutivos, las altas se van acumulando. Cuando comenzó el programa, hace un año, teníamos a 17 mujeres registradas. Hoy hay inscriptas 96.725”, sostiene. Para el año 2022, prevén llegar a 144.000 mujeres y LGBTI+. 

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) aseguran que la meta inicial del programa eran casi 100.000 beneficiarias, pero que durante el transcurso del año se fueron ajustando las metas y que, para septiembre, se habían llegado solamente a 20.246 personas. Sin embargo, dadas las seis ampliaciones de presupuesto de los últimos tres meses autorizadas por la Jefatura de Gabinete, es razonable pensar que hayan logrado la meta física de casi 100 mil beneficiarias: para el Plan ACOMPAÑAR tenían inicialmente presupuestados alrededor de $4.400 millones, y para diciembre, los fondos destinados a este programa habían subido a más de $10.000 millones. 

“Nos parece auspicioso el crecimiento en el presupuesto de este programa, tan necesario, aunque no deja de llamarnos la atención un aumento de tal magnitud en esta época del año”, asegura Delfina Schenone Sienra, responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en diálogo con ElDiarioAR. “Esperamos que este aumento en el crédito se mantenga el año que viene”. 

Presupuesto 2022

Su aclaración no es en vano: el Presupuesto 2022 tiene proyectado fondos para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en $10.686 millones, un 70% mayor en términos nominales que el presupuesto inicial del 2021, que fue de $6.204 millones, pero mucho menor (un 40% menos) que los $17.580 millones vigentes, aún en términos nominales. A octubre, la inflación acumulada en 2021 fue además de 41,8%, según datos del Indec.

“El Presupuesto 2022 se define en julio. En función de lo que veníamos ejecutando en ese momento, la Oficina Nacional de Presupuesto decidió el nivel de fondos, porque a mitad de año habíamos ejecutado poco. No teníamos argumentos reales para pedir más presupuesto”, aseguran desde el Ministerio. “Nos van a dar $10.000 millones y, para fines de febrero, se nos va a acabar. Van a tener que reforzarnos el presupuesto ya en marzo, según nuestras estimaciones”. 

“Darle menos presupuestos significa o bien que no es una prioridad en la agenda del Gobierno, o que dudan respecto a la capacidad del Ministerio de gestionar partidas, porque estuvieron subejecutadas en los últimos tiempos”, define, en diálogo con ElDiarioAr, un miembro de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. 

Ejecución

La ejecución para el 1º de diciembre del 2021 es, según se informa en el sitio web Presupuesto Abierto, del 53,4%. Es el tercer porcentaje más bajo de ejecución de toda la Administración Nacional para diciembre, solamente superado por el Ministerio de Seguridad (51,8%) y la Secretaría de Comunicación y Prensa (47,4%). La mayor parte de las jurisdicciones tienen un porcentaje de ejecución de entre el 70 y el 80%. 

“Esperamos cerrar el año con entre un 90 y un 95% de ejecución. Si es más, mejor todavía”, aseguran desde el MMGyD. Parece lejano con solamente un 53% de ejecución para el primero de diciembre, faltando menos de 30 días para el cierre del año, pero desde el Ministerio aseguran que en unos días, tras el pago del plan ACOMPAÑAR de noviembre, subirá mucho la ejecución. 

“El porcentaje de ejecución es la fotografía del instante, ahora en diciembre bajó porque con la última ampliación tenés más recursos que asignar”, justifican, en diálogo con ElDiarioAR, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

En octubre del 2021, sin embargo, la situación no era muy distinta: de acuerdo al Informe de Ejecución del Gasto, de los $10.910 millones disponibles para ese momento, solamente se habían ejecutado $6.330 millones, un 58%. Para septiembre del 2021 había programas del MMGyD que mostraban una muy baja ejecución, según datos brindados por la fundación ELA: Políticas de Igualdad y Diversidad se había ejecutado apenas el 0,5% de lo presupuestado; acciones vinculadas al Programa PRODUCIR solo el 7,3% de los $74 millones disponibles; Acciones de Protección contra la Violencia por Razones de Género, solamente el 37,2%; y acciones vinculadas al Programa ARTICULAR solamente el 50,6%.

AS/WC

El Gobierno nacional aprobó este lunes un protocolo con “medidas para el abordaje de las violencias por motivos de género en las jurisdicciones y entidades que conforman la administración pública nacional”.

“La igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por la dignidad, la privacidad, intimidad, la identidad de género y libertad de pensamiento deben asegurarse para garantizar políticas de inclusión en el mundo del trabajo”, indicó la decisión administrativa 1012 que establece el “Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional”.

En los considerandos, agregó que para “dar respuesta a esta realidad y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria, se torna necesario adoptar medidas para el abordaje de las violencias por motivos de género en las jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública Nacional”.

La normativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

De acuerdo a lo informado, el protocolo fue elaborado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato y la cartera a cargo de Gómez Alcorta, y considera “hechos de violencia y acoso por motivos de género en el ámbito laboral toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, tanto en el ámbito público como en el privado –dentro de las relaciones laborales-, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y LGTBI+”.

“Quedan incluidas, los tipos y modalidades de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26.485 (de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promulgada en abril de 2009” y con los alcances de la Ley N° 26.743 (de identidad de género)“, concluyó el texto.

Con información de agencia Télam.

AB

Más allá de las polémicas propias de la interna peronista en relación a los cambios en el Gabinete nacional después de la derrota en las PASO del 12 de septiembre pasado, que profundizaron heridas en el seno de la alianza del Frente de Todos y generaron chispazos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, más aún después de la carta que dio a conocer la Vicepresidenta con críticas a la gestión y a la actuación de funcionarios, uno de los nuevos nombramientos más cuestionados fue el de Juan Manzur en reemplazo de Santiago Cafiero al frente de la Jefatura de Gabinete.

Es que el exgobernador tucumano fue apuntado en varias oportunidades por el colectivo feminista por diversas acciones llevadas a cabo durante su gestión en su provincia. En uno de los hechos más relevantes que generaron las críticas de sectores defensores de derechos humanos e igualdad de género fue el rechazo del gobierno de Manzur, en 2019, de otorgarle a una niña de 11 años el derecho de un aborto legal tras haber sido violada por su abuelastro. Esto generó una denuncia penal por parte de la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien el actual jefe de ministros volvió a verse las caras este lunes, en una reunión formal en Casa de Gobierno.

Al ser consultada en una entrevista con Radio con Vos acerca de cómo llevaba esa relación y cómo respondía frente a las voces que aseguran que la llegada de Manzur al Gobierno nacional puede atentar contra las políticas de igualdad y expansión de derechos, la funcionaria sostuvo que como “militante feminista, mis convicciones no varían según en el lugar donde estoy. Hoy, frente a un hecho similar como el de aquel tan atroz de 2019, volvería a hacer lo mismo, siendo o no ministra y sea quien sea que esté involucrado”.

Para Gómez Alcorta, “los derechos están bien resguardados porque hay un movimiento feminista que los garantiza en la calle y porque hay una voluntad política del Presidente y de la Vicepresidenta que nadie puede negar. Este es el Gobierno que con más énfasis ha jerarquizado y ha dado lugar a la agenda de género y de diversidad”, remarcó, al tiempo que sostuvo que la llegada de Manzur al Gobierno “no viene en relación a la agenda de género. No viene a tocar absolutamente ninguna de esas políticas ni la agenda que venimos trabajando con el Presidente para el futuro”.

Con respecto a la actual composición del Gabinete, la funcionaria admitió que hubo “un retroceso en términos de la participación de las mujeres” en los cargos más cercanos al Presidente, “porque quedamos Carla Vizzotti y yo, nada más, y ya le manifesté mi preocupación al propio Presidente, pero nada tiene que ver con la llegada de Manzur al Gobierno”.

Además, la Ministra consideró que hay “un oportunismo de otros sectores, como por ejemplo María Eugenia Vidal, que criticó la perspectiva de género de este gabinete cuando ella tuvo una sola ministra en provincia de Buenos Aires. Todavía todas las fotos del poder, son fotos de varones y eso es una triste realidad”, lamentó.

Sobre el cierre, negó que la renuncia de Cecilia “Checha” Merchán el pasado jueves a su cargo de secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, haya tenido que ver con el arribo de Manzur. “Nada que ver. Todo su equipo se quedó en el Ministerio”, afirmó, sin dar más detalles.

Manzur, Tucumán y los derechos obstaculizados

La ley nacional que insta a las provincias a que haya Educación Sexual Integral (ESI) en el nivel inicial, primario y secundario de sus escuelas se sancionó en 2006. Tucumán, gobernada por Manzur en los últimos seis años, todavía no adhirió a aplicarla. ¿En qué contexto? Según estadísticas de 2015 del Poder Ejecutivo Nacional, en esa provincia el 20% de los nacimientos fueron de madres menores de 20 años, mientras que la media nacional era del 15,5%. Esas mismas estadísticas daban cuenta de que en Tucumán siete de cada diez embarazos no eran intencionales, tal como explica Julieta Roffo en su nota de elDiarioAR.

A la vez, recién en mayo del año pasado, la provincia aceptó adherir a la ley Micaela, promulgada en enero de 2019 a nivel nacional con el objetivo de capacitar en cuestiones de género a todos los funcionarios de todos los poderes del Estado: Tucumán fue la última en incorporarla.

A instancias de Manzur, Tucumán fue declarada “provincia ‘pro-vida’” días antes de que el Senado rechazara la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto de 2018. Por esos días, el gobernador encabezó una marcha en contra de ese proyecto de ley.

El funcionario impulsó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para prohibir el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de que fuera producto de una violación, un derecho garantizado por el Código Penal desde 1921 y ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Ese mismo año, el fallo impulsó la creación de un protocolo nacional para garantizar el acceso a la ILE por causales: casi una década después Tucumán no adhirió a la medida.

En 2019 la gestión encabezada por Manzur fue denunciada por forzar la maternidad de una nena de 11 años. Su embarazo era producto de la violación de la pareja de su abuela y había solicitado la ILE a la que tenía derecho. El pedido fue en enero, pero el sistema sanitario provincial dilató el procedimiento y finalmente se forzó a la víctima a atravesar una cesárea a las 23 semanas de gestación: la campaña en repudio #NiñasNoMadres recorrió la Argentina y Latinoamérica.

“Se llegó a la cesárea porque es una criatura de 11 años; no están preparados los órganos para un abordaje natural”, dijo Manzur en ese momento. La Corte Suprema provincial aseguró que el Ministerio de Salud local “anunció de manera engañosa que llevarían adelante una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.

“Recién las referentas del @FtePatriaGrande, denunciamos por abuso de autoridad a Manzur, las autoridades de salud de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada”, tuiteó el 6 de marzo de 2019 Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

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El jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió este lunes a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al titular de Transporte, Alexis Guerrera y su par de educación, Jaime Perczyk.

Fue el primer encuentro frente a frente de la funcionaria con el reemplazante de Santiago Cafiero, después de la renuncia del último jueves de Cecila “Checha” Merchán, quien era secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad y, junto a Gómez Alcorta, denunciaron a Manzur en 2019, entonces gobernador de Tucumán, por impedir la interrupción legal de un embarazo producto de una violación de una niña de 11 años, en la provincia del norte argentino.

La víctima había pedido interrumpir un embarazo tras sufrir la violación por parte de su abuelastro, pero el gobierno de Manzur accedió al pedido, tras dilaciones varias, recién cuando la gestación estaba en estado avanzado y tuvieron que practicarle una cesárea a la niña, tras lo cual el bebé falleció por dificultades severas en su sistema respiratorio.

El caso generó la denuncia de Gómez Alcorta, Merchán y referentes del Frente Patria Grande contra el gobierno de Manzur, en 2019, “por negarle a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela el derecho a la interrupción legal del embarazo”.

Ahora, tras las modificaciones en el gabinete impulsadas por el presidente Alberto Fernández después de la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre, comparten espacio en el Ejecutivo nacional. Y este lunes, se vieron las caras por más de una hora en un encuentro convocado por Manzur, junto a Guerrera y Perczyk. Antes, el jefe de Gabinete ya había recibido al rector de la UBA, Alberto Barbieri; a Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional; y al director del INDEC, Marco Lavagna.

Días atrás, Gómez Alcorta había manifestado que no veía “problemas de convivencia” con Manzur, aunque insistió en que la política “es un área masculinizada” y reafirmó que “volvería a presentar la denuncia” contra el exmandatario provincial.

Este lunes, la funcionaria expresó que “los derechos ”que conquistamos y nuestras agendas están bien resguardadas. Mis convicciones no varían. La denuncia que se hizo era para investigar las responsabilidades penales sobre un hecho muy atroz. Hoy, frente a una situación similar, volvería a hacer lo mismo siendo ministra“, sostuvo Gómez Alcorta en declaraciones a Radio con Vos.

Para la Ministra, “fue un retroceso que solo Carla (por Vizzotti, titular de la cartera de Salud) y yo seamos ministras, pero no tiene que ver con el Jefe de Gabinete, es una realidad y le manifesté mi preocupación al Presidente. Es innegable también que este gobierno es el que más hizo en términos de igualdad y diversidad”.

En cuanto al alejamiento de Merchán, explicó que la funcionaria “que renunció no tiene que ver con la llegada de Manzur”.

Por su parte, en Twitter y lejos de la polémica, Manzur posteó: “Junto a los ministros de Educación, @jaimeperczyk, de Transporte, @AlexisGuerrera, y a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, @EliGAlcorta, analizamos el trabajo de las tres carteras en lo referente al proceso intensificado de vuelta a clases presenciales en todo el país”.

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Cecilia “Checha” Merchán, hasta este jueves secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, renunció a ese cargo en el Poder Ejecutivo. La renuncia se produjo casi una semana después de los cambios ministeriales en el Gabinete de Alberto Fernández. Entre otros nombramientos, el tucumano Juan Luis Manzur fue designado en la Jefatura de Gabinete de ministros. Merchán lo había denunciado penalmente en 2019 “por negarle a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela el derecho a la interrupción legal del embarazo”, según la ahora ex funcionaria publicó en ese momento en su perfil de Facebook.

No hizo esa presentación ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires en soledad: entre otras denunciantes se contaba Elizabeth Gómez Alcorta, titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad y jefa de Merchán hasta este jueves.

“Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones. El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes”, escribió Merchán en la carta con la que presentó su renuncia indeclinable. “De aquí en adelante seguiré siendo parte de la construcción de un modelo nacional, popular y feminista desde otros espacios militantes con mis convicciones intactas”, sumó en esa misiva a la que accedió elDiarioAR.

“Quiero dejarle expresado mi agradecimiento y hacerlo extensivo a quienes integran este Ministerio, a los equipos, a las compañeras, compañeres, compañeros y hermanas de la vida con quienes tuvimos el honor de integrar este primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad producto de la lucha popular del movimiento de mujeres y LGBTI+, y de la histórica decisión política asumida por nuestro gobierno nacional”, escribió Merchán, que había sido diputada nacional por la provincia de Córdoba entre 2007 y 2011, y también diputada ante el Parlasur.

En su carta Merchán no hizo mención a los cambios que tuvieron lugar durante la última semana en el Gabinete nacional y sostuvo: “Con el convencimiento de que es en unidad y con la conducción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente Alberto Fernández, que podremos definitivamente alcanzar la justicia social que nuestro pueblo merece”.

Ante la consulta de este diario, fuentes del ministerio que encabeza Gómez Alcorta aseguraron que la de Merchán fue la única renuncia que se produjo en los días subsiguientes a los nuevos nombramientos ministeriales.

JR