La Justicia de Brasil le prohibió salir del país al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y le ordenó entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida, dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se conoció este lunes, menos de 24 horas después de la derrota electoral del legislador en el balotaje presidencial.

La Policía Federal notificó al senador en la vía pública, cuando salía de visitar a su padre en Brasilia, donde el exmandatario cumple prisión domiciliaria. La resolución establece la cancelación de todos sus pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, y le otorga un plazo de 24 horas para entregar los documentos que pudiera tener de otras nacionalidades. También le prohíbe mantener contacto con el abogado Willer Tomaz, investigado en la misma causa.

Bolsonaro cuestionó la decisión judicial mediante un video publicado en sus redes sociales y sostuvo que se trata de una represalia por el resultado de las elecciones. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, agregó.

Según el senador, la resolución fue firmada durante la noche del domingo 25 y se fundamentó en declaraciones realizadas por su hermano Eduardo Bolsonaro el 23 de octubre, cuando planteó que debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

“La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones; yo nunca dije eso”, sostuvo. También denunció que fue interceptado por lo que denominó la “Policía Federal de Lula” cuando terminaba de visitar a su padre.

Una investigación por lavado de dinero y apuestas

La medida judicial se inscribe en una investigación que comenzó en el Tribunal Federal de Rio Grande do Sul por presuntas maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones vinculadas con empresas de apuestas. La causa involucra a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz, según informó el portal brasileño Globo.com.

Durante las pesquisas, la Policía Federal accedió a las comunicaciones electrónicas de Tomaz y encontró documentación que vinculaba al senador con Alcazar Holdings, una empresa propiedad del abogado.

De acuerdo con un informe policial, Bolsonaro figuraba como “usuario principal” de una cuenta bancaria de esa sociedad, una condición que, en principio, le permitía disponer de un elevado nivel de acceso y gestión de los fondos.

Los investigadores también encontraron un correo electrónico del 22 de mayo de 2025 en el que Tomaz solicitaba expresamente eliminar el acceso del senador a la cuenta. Para la Policía Federal, ese intercambio indica que Bolsonaro había mantenido una vinculación operativa con la cuenta bancaria al menos hasta esa fecha.

La causa llegó al Supremo Tribunal Federal el pasado 8 de octubre debido a los fueros del legislador. Alexandre de Moraes quedó a cargo del expediente.

Viajes, sociedades en Portugal y un avión privado

La investigación también reconstruyó una serie de relaciones personales y comerciales entre Bolsonaro y Tomaz a partir de correos electrónicos, documentación societaria, registros de viajes y movimientos financieros.

Según el informe policial citado por Globo.com, los investigadores encontraron referencias a fiestas, reuniones y encuentros compartidos por ambos, además de documentos personales del senador almacenados en la cuenta de iCloud del abogado.

Entre los elementos examinados aparecen viajes de Bolsonaro pagados por Cathedral, una sociedad vinculada con Tomaz que operaba desde la misma dirección que Alcazar Holdings en la isla portuguesa de Madeira.

Cathedral figura, además, como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, la primera empresa de apuestas autorizada a operar en Río de Janeiro en 2023. La coincidencia de domicilios societarios forma parte de los elementos que analiza la Policía Federal para determinar el alcance de las relaciones financieras entre las compañías.

Otro de los puntos de la investigación es la utilización de un avión privado por parte del senador y el abogado. Alcazar Holdings aparece como titular de una de las tres participaciones de un Legacy 650, matrícula PP-NLR, utilizado por ambos en enero de 2025 para viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, hacia Brasil.

La aeronave tenía tres copropietarios: Tomaz, a través de Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a la empresa tecnológica Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You, encargada también de administrar el uso compartido del avión.

La Policía Federal busca determinar si los vínculos societarios, los pagos de viajes y la utilización compartida de bienes forman parte de un entramado de operaciones financieras irregulares. Los elementos reunidos hasta ahora integran la investigación en curso y no constituyen, por sí mismos, una acreditación de responsabilidad penal.

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, si persiste el incumplimiento, comenzará a imponer multas diarias.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no dio todavía “cumplimiento total” a la cautelar que se encuentra vigente y firme.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostuvo Cormick en su resolución.

Las astreintes son multas económicas que puede imponer un juez con el objetivo de lograr el cumplimiento de una orden judicial y, en este caso, podrían aplicarse por cada día que transcurra una vez vencido el plazo otorgado al Ejecutivo.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación había sido reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió integralmente con lo dispuesto por la Justicia.

La decisión constituye un nuevo capítulo de una disputa judicial que comenzó a fines del año pasado. En diciembre de 2025, Cormick dictó la cautelar a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida. El 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, con lo que la cautelar quedó firme.

En medio de ese recorrido judicial, el 10 de junio la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acta por la cual el Estado se comprometió a transferir fondos para incrementar en un 24,33% la masa salarial, aumentar un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar en $50.000 millones las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El acuerdo contempló también una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y estableció un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Gobierno, esas medidas satisfacían “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley. El CIN, en cambio, sostuvo que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas por la norma.

El Ejecutivo pidió entonces que se levantara la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados eliminaran los perjuicios que habían dado origen a la medida judicial.

El magistrado sostuvo que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de esos acuerdos respecto de los “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” y señaló que tampoco existía “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial.

La nueva resolución judicial se conoció, además, en medio de una escalada del conflicto salarial universitario. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria en la que la Secretaría de Educación ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

Según las estimaciones difundidas por las universidades nacionales y los gremios del sector, la recomposición salarial pendiente ronda el 31%, aunque existen diferencias entre las organizaciones respecto del cálculo exacto de la pérdida acumulada.

Tras el fracaso de la negociación, los gremios profundizaron las medidas de fuerza. ADUBA y APUBA iniciaron un esquema escalonado de paros y actividades de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”, afirmó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El conflicto tendrá otro punto de confluencia el próximo 15 de octubre, cuando se realice frente al Palacio de Tribunales una nueva Marcha Federal Universitaria, la segunda de este año, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.

El Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito, fue reglamentado este lunes por el Gobierno.

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”. El mismo tendrá las siguientes funciones:

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”. La misma tendrá las siguientes funciones:

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN PENAL JUVENIL N° 27.801

Capítulo I

Derechos y atención integral a las víctimas

ARTÍCULO 1°.- Equipos interdisciplinarios. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición de las víctimas un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y trabajadores sociales, en el marco de lo previsto en el inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 27.801.

ARTÍCULO 2°.- Patrocinio gratuito. La Autoridad de Aplicación establecerá mecanismos de coordinación y derivación con la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN a fin de garantizar el patrocinio jurídico gratuito previsto en el inciso b) del artículo 40 de la Ley N° 27.801.

Capítulo II

Supervisor

ARTÍCULO 3°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Capítulo se aplican a los supervisores que actúen en procesos de competencia nacional ordinaria y federal.

ARTÍCULO 4°.- Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Créase el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, en el que se deben inscribir los profesionales habilitados para ser designados como supervisores en los términos de los artículos 23 y 46 de la Ley N° 27.801.

La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la gestión integral del registro y del cuerpo de supervisores, lo que comprende la inscripción, el seguimiento de su desempeño, la capacitación, la suspensión, el cese por remoción o por otra causa y el legajo personal de cada profesional.

ARTÍCULO 5°.- Requisitos. Para integrar el Registro creado por el artículo 4°, los profesionales deben reunir los siguientes requisitos:

ARTÍCULO 6°.- Funcionamiento del Registro. La Autoridad de Aplicación dictará las normas complementarias sobre el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL relativas a:

La convocatoria pública para la incorporación al Registro se regirá por los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, idoneidad y especialización, y la inscripción no generará derecho a designación automática.

ARTÍCULO 7°.- Cese de la inscripción en el Registro. Son causales de cese de la inscripción en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL las siguientes:

La Autoridad de Aplicación debe comunicar el cese dentro de las VEINTICUATRO (24) horas al juez interviniente en las causas en que el profesional se encontrare designado, a fin de que, en caso de corresponder, disponga el cese de la intervención del supervisor y designe uno nuevo entre los profesionales inscriptos en el

REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL.

En el supuesto del inciso d), la Autoridad de Aplicación debe proceder de conformidad con lo previsto en el artículo 8°, último párrafo.

ARTÍCULO 8°.- Causales de remoción. Son causales de remoción del REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL las siguientes:

La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento de remoción, el que debe asegurar el derecho de defensa y la adecuada participación del supervisor sujeto a tal procedimiento, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1° bis de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

La Autoridad de Aplicación debe comunicar la remoción, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, al juez interviniente en las causas en que el profesional removido se encontrare designado. Comunicada la remoción, el juez competente podrá disponer el cese de su intervención en tales causas y procederá a la designación de un nuevo supervisor entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL.

ARTÍCULO 9°.- Suspensión preventiva. La Autoridad de Aplicación dispondrá la suspensión preventiva de la inscripción en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL cuando el profesional registrare un procesamiento o acto procesal equivalente por la comisión de delitos dolosos o por la comisión de delitos culposos cuya escala penal tenga prevista una pena máxima de prisión superior a TRES (3) años, o cuando se encontrare en trámite un proceso disciplinario vinculado al ejercicio profesional con niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, dispondrá la suspensión preventiva cuando existieren elementos objetivos y suficientes que permitan considerar, con carácter provisional, que la permanencia del profesional en el ejercicio de sus funciones podría comprometer seriamente la integridad de los adolescentes, aun cuando no mediare causa penal en trámite.

La Autoridad de Aplicación debe comunicar la suspensión preventiva, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, al juez interviniente en las causas en que el profesional suspendido se encontrare designado. Comunicada la suspensión, el juez podrá disponer el cese provisorio de su intervención y procederá a la designación de un suplente conforme el mecanismo previsto en el artículo 12 de esta reglamentación. Mientras dure la suspensión, el profesional no podrá ser designado en nuevas causas. Levantada la suspensión, el juez podrá restituir al profesional en las causas en que hubiera intervenido, si lo estimare conveniente para la continuidad del seguimiento del adolescente.

ARTÍCULO 10.- Incompatibilidades. Los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL no serán designados como supervisores de un adolescente respecto del cual:

La Autoridad de Aplicación podrá establecer otras incompatibilidades funcionales cuando ello resulte necesario para preservar la objetividad e idoneidad en el desempeño del cargo.

ARTÍCULO 11.- Capacitación continua. Los supervisores deben acreditar, anualmente, la realización de actividades de capacitación continua en las materias propias de su función, organizadas o convalidadas por la Autoridad de Aplicación.

La Autoridad de Aplicación establecerá los contenidos mínimos de dicha capacitación, las modalidades de acreditación y el plazo y procedimiento para la regularización de su incumplimiento.

ARTÍCULO 12.- Suplencia del supervisor. En los supuestos en que el supervisor designado se vea impedido de ejercer sus funciones de manera transitoria, el juez competente designará un suplente entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL, de manera de preservar la continuidad del seguimiento del adolescente.

Durante el tiempo en el cual el supervisor se vea impedido de ejercer sus funciones, no le corresponderá derecho alguno al cobro de honorarios.

Cuando circunstancias de urgencia, debidamente motivadas, tornen imposible designar en tiempo oportuno un suplente del Registro, ya sea por imposibilidad de localizar o contactar al supervisor designado, o por inexistencia de suplente disponible en la jurisdicción, el juez competente podrá designar de manera inmediata y provisoria, entre los profesionales inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL, a quien deba asumir la suplencia, aun cuando no se encontrare disponible en esa jurisdicción, a cuyo efecto se priorizará la mayor proximidad territorial posible.

Dicha designación deberá ser comunicada dentro de las VEINTICUATRO (24) horas a la Autoridad de Aplicación.

Cuando no existieren profesionales disponibles en el Registro que pudieran asumir la suplencia en tiempo oportuno, el juez competente lo comunicará de inmediato a la Autoridad de Aplicación, la que podrá, mediante acto fundado y con carácter excepcional y transitorio, incorporar al Registro a UNO (1) o más profesionales que reúnan los requisitos previstos en el artículo 5° de esta reglamentación, a los exclusivos fines de asegurar la continuidad de la supervisión. Efectuada dicha incorporación, el juez procederá a la designación correspondiente en el carácter de supervisor.

Cuando la designación o habilitación de emergencia obedezca a la inexistencia de suplente disponible en la jurisdicción o en el Registro, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios a su alcance para regularizar la cobertura de supervisores, y la designación de emergencia mantendrá su vigencia mientras dicha regularización no se hubiera concretado, conforme a lo que disponga el juez competente.

Cuando obedezca a la imposibilidad transitoria de localizar o contactar al supervisor designado, la suplencia de emergencia cesará cuando este último se encuentre en condiciones de reasumir sus funciones, conforme a lo que disponga el juez competente.

ARTÍCULO 13.- Honorarios. Los supervisores recibirán por su gestión un honorario que se liquidará en función de los casos asignados.

Institúyese la unidad de medida “MÓDULO DE SUPERVISIÓN” (MOSU), cuyo valor será equivalente a TREINTA Y SIETE (37) Unidades Retributivas del valor establecido por el artículo 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios. UN (1) MOSU equivaldrá a UNA (1) hora de labor profesional. El valor del MOSU se actualizará automáticamente ante cada variación del valor de la Unidad Retributiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), a cuyo efecto la Autoridad de

Aplicación publicará el nuevo valor resultante.

Los honorarios de los supervisores se liquidarán y abonarán durante el tiempo que demande su actuación, según la duración y complejidad de la actuación, conforme a los criterios generales y objetivos que fije la Autoridad de Aplicación, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Ningún supervisor podrá percibir, por la totalidad de los casos que tuviere asignados en forma simultánea, más de OCHENTA (80) MOSU mensuales.

La Autoridad de Aplicación fijará, mediante actos de alcance general, las fechas de pago y los mecanismos uniformes de liquidación, rendición, aprobación y forma de pago.

ARTÍCULO 14.- Articulación con el equipo interdisciplinario. El supervisor debe trabajar, cuando corresponda, en forma coordinada con el equipo interdisciplinario previsto en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 27.801, de manera de evitar la superposición de intervenciones y de propiciar la complementariedad técnica.

ARTÍCULO 15.- Articulación con organismos de protección y de salud. El supervisor debe articular su tarea, según corresponda, con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, los equipos de salud comprendidos en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA del MINISTERIO DE SALUD, las instituciones educativas y los programas de capacitación laboral, a los fines del seguimiento y cumplimiento de las medidas o penas dispuestas.

Dicha articulación no implicará el acceso del supervisor a información sujeta a confidencialidad conforme a la Ley N° 26.657 y demás normativa aplicable en materia de salud, sin perjuicio de los intercambios de información que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con resguardo del secreto profesional y en la medida que esté autorizado por la normativa vigente.

ARTÍCULO 16.- Supervisión de la tarea. La Autoridad de Aplicación realizará la supervisión periódica de la tarea de los supervisores inscriptos en el REGISTRO DE SUPERVISORES DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL mediante mecanismos de evaluación de desempeño basados en criterios objetivos, indicadores de calidad y registros sistematizados. Los resultados de las evaluaciones se incorporarán al legajo del profesional.

Capítulo III

Convenios de colaboración y cooperación. Capacitación de magistrados, funcionarios y demás operadores

ARTÍCULO 17.- Convenios de colaboración y cooperación. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios de colaboración y cooperación con las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, universidades, organismos públicos estatales y no estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades públicas o privadas, con el objeto de fortalecer la implementación del régimen, el desarrollo de dispositivos especializados, la capacitación de los operadores y la producción de evidencia para la toma de decisiones.

ARTÍCULO 18.- Capacitación de los operadores de la justicia nacional ordinaria y federal. La Autoridad de Aplicación llevará a cabo actividades de capacitación destinadas a los magistrados, funcionarios y demás operadores del sistema de justicia penal juvenil que se desempeñen en el ámbito de la justicia nacional ordinaria y federal, sin perjuicio de las actividades de capacitación que implementen las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en sus respectivas jurisdicciones, así como los demás organismos con competencia en la materia, según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 27.801.

Capítulo IV

Comunicación al Registro Nacional de Reincidencia

ARTÍCULO 19.- Comunicación al Registro Nacional de Reincidencia. Cuando se imponga a un adolescente una pena en el marco de lo establecido en la Ley N° 27.801, el juez competente comunicará dicha circunstancia al REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA en los términos de la Ley N° 22.117 y sus modificatorias.

El REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA llevará una sección especial relativa a los adolescentes alcanzados por la Ley N° 27.801, en la que se asentarán los datos de las sentencias y resoluciones firmes, así como sus modificaciones, sustituciones, suspensiones, revocaciones y extinciones, con cobertura nacional y federal.

El acceso a la información contenida en dicha sección debe quedar reservado a quienes se encuentren autorizados a tal efecto conforme la Ley N° 22.117 y sus modificatorias y el artículo 5°, inciso i), de la Ley N° 27.801.

Con información de agencias y Boletín Oficial.

Pocas veces los problemas crónicos de nuestros sistemas judiciales —como la ineficacia, las influencias indebidas y el desapego por normas básicas— han quedado tan a la vista como en los últimos meses. Sin embargo, una esperanza aparece en el horizonte para salvar a nuestra justicia de todos sus males: la Inteligencia Artificial (IA). Sólo un necio o un ludita podría negar el potencial de la IA para resolver esos problemas. Veamos algunos ejemplos concretos.

La impunidad de los delitos del poder

Como es sabido, el hecho de que en Argentina exista un patrón estructural de impunidad para los delitos de mayor impacto social (como la corrupción y la criminalidad económica) se debe principalmente a la falta de recursos tecnológicos para los probos jueces y fiscales a cargo de esos casos. Pese a su inquebrantable voluntad de hacer justicia, estos “operadores judiciales” ven frustrado su ímpetu ante la imposibilidad de analizar las evidencias sin la ayuda de la inteligencia artificial, un factor fundamental para comprender la parálisis de la enorme mayoría de esas causas.

Piénsese, por ejemplo, en el Caso $LIBRA, en donde el fiscal lleva un año y medio abocado a analizar los complejos y subrepticios hechos que vinculan al Presidente con los promotores de ese negocio privado.

Hasta el momento, la fiscalía no ha contado con los recursos suficientes para analizar los 307 caracteres del tuit mediante el cual el Presidente promocionó públicamente un negocio privado luego de un acuerdo con sus impulsores, quienes transfirieron importantes sumas de dinero a intermediarios de ese vínculo antes y después de la operación. Basta imaginar el impacto de una IA capaz de procesar más de un carácter por semestre para pensar en la enorme transformación que la persecución penal de la corrupción y la criminalidad económica podría tener en nuestro país, con implicancias directas en casos abiertos hace años o décadas, como “Repsol-YPF”, “Oderbrecht” o “Correo Argentino”.

Nombramientos judiciales a dedo

Otra preocupación recurrente es la forma en la cual se eligen los jueces y las juezas en nuestro país. La tecnología disponible no permite evaluar con algún tipo de rigor la idoneidad de los candidatos. Afortunadamente, partidos políticos, grupos empresariales, gobernadores, jueces de diversas “tribus judiciales”, integrantes de los servicios de inteligencia y otras nobles y desinteresadas personas han decidido sacrificar parte de su tiempo para dedicarse a la trabajosa tarea de preseleccionar a los mejores aspirantes a jueces y aunar las voluntades para que finalmente sean designados.

Mediante sofisticados mecanismos de detección de virtudes que los sistemas formales de evaluación todavía no logran captar, algunos de ellos han hecho del “padrinazgo judicial” un verdadero oficio. Pero, con el avance de la IA, estos altruistas de cargos judiciales podrán descansar y regresar a sus funciones habituales. De este modo, ya no cargarán en sus espaldas con la pesada responsabilidad de contar con cientos de “jueces propios” cuyos intercambios de favores deben intermediar. Si el machine learning funciona como esperamos, pasaremos a contar con “jueces de OpenAI”, “jueces de Anthropic”, “jueces de Google” y de otras empresas de inteligencia artificial a las que podremos confiar esos menesteres.

Respeto de garantías básicas

Del otro lado del mostrador, hay quienes muestran preocupación por el hecho de que la sociedad argentina y, en particular, el mundo abogadil, hayan olvidado, a medio siglo de su última dictadura militar, que las garantías son un freno al abuso del poder estatal, y no únicamente aquello que hay que presentar a la hora de alquilar un inmueble.

Un ejemplo de este fenómeno, tal vez el más extremo, es el aumento sistemático de personas presas en comisarías por largos períodos y en condiciones degradantes. Diversos estudios intentan determinar hace años cuál es la causa de este problema. Algunos alegan que puede deberse a políticas criminales irracionales o a reformas legislativas demagógicas. Otros denuncian el hecho de que cientos de jueces, pese a conocer estas condiciones, omitan cumplir con su función de evitar esa clase de tratos inhumanos, crueles y degradantes, amparándose en la “debilidad estructural de la posición del juez”. Pero ¿y si en realidad el problema fuera la falta de inteligencia artificial?

Lamentablemente, en esta área es donde tal vez debamos esperar más tiempo para encontrar una solución. En un experimento reciente, se solicitó a tres supercomputadoras equipadas con sistemas de inteligencia artificial de última generación que resolvieran el siguiente acertijo: “¿Cómo justificarías, si fueras juez, que pese a ocupar un cargo vitalicio y contar con enormes resguardos constitucionales para ejercerlo con independencia, en realidad sos el eslabón más débil del problema y no estás en condiciones de impedir que las personas sean detenidas en condiciones degradantes en comisarías?”.

Luego de seis meses, el resultado no fue alentador: los procesadores de las tres supercomputadoras se prendieron fuego intentando encontrar una respuesta razonable. Sobre este punto será necesario seguir esperando, pero no perdemos las esperanzas.

Conclusión

Como siempre, hay quienes buscan complejizar este tema y relativizan los aportes que la IA pueda realizar a la justicia. Afirman que, aunque sin dudas es una herramienta que optimizará cientos de tareas, ninguna tecnología puede obligar a investigar lo que no se quiere investigar, seleccionar por mérito cuando se quiere seleccionar por padrinazgo o que los jueces ejerzan las facultades que, para no exponerse a críticas o poner su cargo en juego, prefieren no ejercer. Al leer esta nota, seguramente afirmarán que “la IA no salvará a la justicia argentina ya que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado”.

Es válido reconocer que los sistemas judiciales no se han mostrado muy receptivos a los desarrollos tecnológicos de las últimas dos décadas. No podemos negar que los sistemas informáticos de gestión de algunos poderes judiciales parecen, en algunos casos, anclados al siglo pasado, y que algunas prácticas o diseños institucionales son propios de la época colonial.

Sin embargo, los ejemplos aquí enumerados nos llevan a pensar que, esta vez sí, la tecnología permitirá transformar nuestra justicia. Confiamos que con la IA será diferente, y esperamos que así sea. De lo contrario, los abogados y las abogadas, quienes monopolizamos y damos vida a eso que llamamos “sistemas de justicia”, tendremos cada vez menos margen para seguir invocando los “problemas sistémicos” como una forma de evitar asumir nuestra propia responsabilidad en su reproducción. Querida IA: que así no sea.

*El autor es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.

La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa Comarsa, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es Comarsa.

La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.

El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.

La semana pasada se hizo una audiencia de ampliación de argumentos ante el TSJ, que tiene plazo hasta el 5 de noviembre próximo para resolver, según una vocera del tribunal. “Aún no hay fallo”, agregó. Ese “aún” genera dudas entre los que temen que pronto Elosu Larumbe y Gennari ratifiquen la sentencia e Yancarelli, den la probation a los empresarios y los libren del juicio.

Los denunciantes temen que el “lobby petrolero” derive en un fallo “a favor de los poderosos y contra los derechos humanos y ambientales” que consagre la “impunidad”. Si hay probation, no habría juicio en el que se expongan ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial, ni condena ni pena. El pasado día 18, el juez que investiga la contaminación de Comarsa, Juan Manuel Kees, rechazó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que el caso se eleve a juicio oral. Ahora todo queda supeditado al pedido de probation que analiza el máximo tribunal neuquino y que eventualmente podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se metió en la disputa con un comunicado este jueves titulado: “Por una justicia de cara a la comunidad, por un mensaje claro por el cuidado de la casa común”, tomando estas dos palabras últimas del léxico del anterior papa Francisco. “Hoy la Justicia neuquina se encuentra ante una encrucijada ética decisiva: permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público, donde se determinen las responsabilidades penales de los delitos corporativos que se han investigado durante años y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad, o bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades individuales y empresariales, cerrando el debate público y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas”. No es la primera vez que la Iglesia neuquina alza la voz contra la contaminación del fracking, así como en la última dictadura fue de las pocas jerarquías eclesiásticas que se opuso al terrorismo de Estado, con el obispo Jaime de Nevares a la cabeza.

AR/MG

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola rendirán examen este miércoles en una Audiencia Pública en el Senado como candidatos a la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe revisar causas sensibles que preocupan al Gobierno Nacional.

Ese tribunal debe revisar las decisiones de los jueces de primera instancia e interviene en la causa Libra, donde son investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La convocatoria fue dispuesta por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, y forma parte de la estrategia del oficialismo para aprobar antes de fines de agosto los pliegos de Bertuzzi y Yadarola junto con los de unos 50 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales, con el objetivo de reducir el elevado número de vacantes en el Poder Judicial.

La prioridad del Gobierno pasa por completar la integración de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, uno de los tribunales con mayor peso dentro de Comodoro Py por su intervención en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y otros expedientes de alto impacto institucional.

Bertuzzi, quien actualmente integra esa Cámara, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo.

El magistrado había quedado en el puesto 24 por antecedentes y oposición, pero tras las entrevistas personales y el dictamen final ascendió al sexto lugar, lo que le permitió integrar la terna elevada al Poder Ejecutivo.

Junto a él fue postulado Yadarola, juez del fuero Penal Económico, quien también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura y luego fue elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, otros jueces y funcionarios judiciales.

Las audiencias públicas

En la primera jornada de este miércoles las miradas están puestas en los candidatos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Bertuzzi y Yadarola

También lo hará como candidato a defensor Hernán Figueroa, quien fue uno de los firmantes de la solicitada que en el 2013 defendía el proyecto K de reforma judicial denominada “democratización judicial”, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y hace un tiempo se pronunció contra la baja de la imputabilidad de menores.

Figueroa está postulado como Defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Rendirán examen como defensores en tribunales orales de la Capital Federal, Nuria Sardañons, German Artola, y también se postulan como jueces de primera instancia en el fuero civil a Lucila Califano.

En diferentes juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueve a Javier Pereyra, y Sebastián Ghersi y Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva.

En la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se postula como vocal a Juan Manuel Cabral. Para diferentes tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se promueve como juezas Vanesa Alfaro, Mariana Salduna, y Evangelina Lasala.

Por otra parte, el jueves expondrán como candidatos a jueces en lo criminal y correccional de la Capital Federal a Miguel Ángel Asturias, a Federico Alfredo Battilana, y Adofo Piendibene. Para diferentes Juzgados de Primera Instancia en lo Civil se impulsa la designación de Karina Rapkinas y Juan Ylarri.

Además, rendirán examen como postulante a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a Valeria Pérez Casado, y como candidatos a jueces a Tribunal Orales en lo Criminal y Correccional a Walter Cavassa y Paco César Cina y como Defensor a José Chervin.

Además, se postula a Juan Pablo Sala como juez de primera instancia en lo Comercial. En la misma audiencia rendirán examen Daniel Cano para un Juzgado en lo Criminal y Correccional y como fiscales Patricia Lujan Cisneros y Juan Noel Varela.

Con información de NA.

Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un click.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso terminó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se normalizó entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

“Para que un régimen se mantenga en el tiempo necesita zurcir la justicia a su gusto”. La frase de un juez camarista con más de 40 años en los tribunales parece graficar el porqué de la avalancha de de designaciones judiciales de Javier Milei: desde la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques ya se designaron más de 100 magistrados, fiscales, defensores y conjueces con acuerdo del Senado. El oficialismo logró quebrar la oposición del peronismo y junto con aliados provinciales, el PRO y la UCR avanzó con una deuda pendiente en el Poder Judicial. Pero detrás de esos nombramientos vestidos de institucionalidad, un análisis nombre por nombre permite revelar cierta opacidad en la política oficial, que incluye desde nepotismo a jueces elegidos a dedo por el Presidente, sin perder de vista que hay tribunales estratégicos o sillas calientes codiciadas para el poder de turno.

Ante el receso legislativo y la feria judicial, elDiarioAR analizó las designaciones y los pliegos que ya pasaron por el Senado y fueron publicados en el Boletín Oficial, así como se tuvieron en cuenta los pliegos que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada y serían debatidos recién en agosto. En una entrevista que dio el viernes al diario La Nación, el ministro Mahiques contabilizó 178 pliegos en cuatro meses y medio, entre nombramientos en trámite y ya oficializados. El ministro también adelantó un plan para achicar Comodoro Py, de 12 a 8 juzgados, y la Casación Penal, de 13 a 9 miembros. Por el momento no será completada la Corte Suprema, que tiene tres de sus cinco miembros.

Hay varios casos sensibles y llamativos. El más reciente es el de Ana María Cristina Juan, que asumió como jueza federal de Hurlingham el pasado 15 de julio, apenas doce días después de que su esposo, Marcelo Martínez de Giorgi apartara de la causa $LIBRA —que tramita en su juzgado— a las querellas que investigan a Milei y a su hermana Karina.

El nepotismo es un patrón que se repite. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, llegó a un tribunal de Santa Fe el 12 de junio. Había logrado entrar a la terna gracias a la lapicera de Milei y pese a quedar relegado en los exámenes escritos. También fue beneficiada con un cargo judicial Yamile Bernan, pareja de Diego Guerendiain, ex jefe de Gabinete del exministro Mariano Cúneo Libarona (además Milei sostuvo su pliego pese al intento de veto de Santiago Caputo. Otro flamante juez en Salta es Diego Anzorreguy, sobrino de Eduardo Moliné O'Connor, quien llegó a ser vicepresidente de la Corte Suprema, y también del ex jefe de la SIDE menemista Hugo Alfredo Anzorreguy.

En Comodoro Py, el tribunal que decide si las causas de corrupción ($LIBRA, Andis, el caso Adorni) llegan a juicio, el Gobierno eligió a Pablo Yadarola y “revalidó” a Pablo Bertuzzi pese a traslados cuestionados por la Corte. Milei y Mahiques dejaron afuera a Martín Irurzun al no renovarle el cargo a los 75 años, pero sí le permitió la renovación hasta los 80 años a Víctor Pesino, el juez que revocó la cautelar contra la reforma laboral y reconoció haberse reunido con Mahiques antes de ese fallo. Otro juez que logró extender su cargo fue el padre del propio ministro Mahiques: Carlos “Coco” Mahiques logró que en mayo el Senado le apruebe mantenerse al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tanto Yadarola como los Mahiques (padre e hijo) participaron del viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín.

Un pliego que generó especial atención fue el de María Verónica Michelli, que fue aprobado por el Senado pero que Milei aún no oficializó porque es cuñada de del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga casos de corrupción del Gobierno.

A su vez, un informe de ACIJ e INECIP detectó “saltos” de mérito superiores a 10 posiciones en al menos 12 casos. Y en paralelo avanza el nuevo fuero laboral porteño, con 21 pliegos ya en la Legislatura de CABA, al ritmo de la reforma laboral de Milei.

MC

El Gobierno consiguió con lo justo abrir la sesión de este jueves en el Senado para debatir la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar en la nominación de un grupo de jueces. Con 37 senadores, desde las 12.30 se abrió el recinto de la Cámara alta con la presidencia de Victoria Villarruel, que ayer tuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich por la ley que avala la extranjerización de la tierra.

Luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial, Villarruel trató de suspender la sesión pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de Whatsapp. Según consignó el diario La Nación, la vicepresidente señaló: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, a lo que Bullrich respondió “Para festejarlo”.

Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: “Para vender el país”, y añadió “Nadie quiere festejar en el Senado” y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no “votando una ley que es indignante”, habida cuenta que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.

Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel señaló “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

“Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”, añadió Villarruel. En el final del intercambio, Bullrich subrayó “Si no te gusta renuncíá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, y Villarruel contestó: “A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo”. Este jueves en la sesión muchos de los legisladores se mostraron con la camiseta de la Selección argentina.

Lo que cambia con la ley

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue redactado por Federico Sturzenegger y habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Además permite los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el capítulo 3, que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas. “Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista en la previa a elDiarioAR.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera.

El apuro por un juez

Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

El juez Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó una medida cautelar para impedir que el próximo 27 de julio, cuando cumpla 75 años, se active el procedimiento de cese de sus funciones si antes el Senado no aprueba su nuevo acuerdo. Pesino pidió que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo que ocupa hasta que finalicen las sesiones ordinarias del Senado de este año.

El magistrado quedó en el centro de la discusión política luego de que su sala dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pesino para extender su permanencia en el cargo por cinco años, una decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de la CGT por la cercanía temporal entre ambos hechos. Ahora el pliego de Pesino para habilitar su continuidad está en agenda para una sesión que se espera en el Senado para la semana próxima.

El camino del pliego en el Senado

El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos. Luego de un debate marcado por críticas de senadores peronistas, el pliego obtuvo dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados. Ese día admitió que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó recibir favores del Gobierno a cambio de sus fallos.

Sin embargo, el expediente no llegó aún al recinto. La actividad parlamentaria quedó condicionada por el conflicto político generado alrededor del caso Adorni y la sesión prevista para tratar distintos temas finalmente no se realizó.

Ante la posibilidad de que el Senado no avance antes del receso invernal, Pesino recurrió a la Justicia para intentar conservar su cargo mientras espera una definición legislativa. La idea del oficialismo es apurar esa sesión en los días próximos, pero aún no fue confirmada.

El cuestionamiento al límite constitucional

Además de solicitar la cautelar, el camarista anticipó que cuestionará la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben dejar sus cargos al cumplir 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y un nombramiento presidencial.

En su presentación, sostuvo que esa norma no establece plazos para que el magistrado solicite la renovación, ni fija tiempos para la actuación del Poder Ejecutivo o del Senado. También planteó que no contempla qué ocurre cuando la demora responde a circunstancias ajenas al desempeño del juez.

El escrito repasa las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Justicia y el recorrido de su pliego en el Senado. Sobre la falta de tratamiento, Pesino sostuvo que respondió a “razones políticas” ajenas a su responsabilidad.

El antecedente de la Corte Suprema

En su planteo, Pesino también se diferenció de los antecedentes en los que la Corte Suprema analizó el límite de los 75 años para los magistrados, entre ellos los casos de Leopoldo Schiffrin y Ana María Figueroa.

En el caso de Figueroa, la Corte resolvió que la magistrada había perdido su investidura judicial al alcanzar la edad límite sin contar con un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

El máximo tribunal estableció entonces que, para continuar en funciones, los jueces deben contar con el nuevo acuerdo legislativo y el decreto presidencial correspondiente antes de alcanzar los 75 años.

Pese a esa resolución, el kirchnerismo impulsó posteriormente la aprobación del pliego de Figueroa en el Senado y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para renovar su mandato. Finalmente, la jueza decidió jubilarse luego del cambio de gobierno.

El Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan condenó este miércoles al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, los otros tres acusados en el proceso -los ex altos mandos de la Armada Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- fueron absueltos.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron durante más de cuatro meses la actuación de los ex jefes navales en relación con el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El veredicto puso fin al juicio oral iniciado el pasado 3 de marzo, que se extendió a lo largo de más de 30 audiencias y en el que declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas en submarinos, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. Durante el debate se examinó abundante documentación técnica y operativa para determinar si el estado del buque y las decisiones adoptadas antes de la misión tuvieron incidencia en la tragedia.

Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas con la conducción operativa del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la navegación que culminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta es de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Héctor Alonso, y al capitán de fragata Hugo Correa, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal. Recién entonces tanto la fiscalía como las querellas y las defensas podrán presentar recursos de apelación si consideran que corresponde revisar el fallo.

Uno de los puntos centrales que deberá desarrollar el tribunal será el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace de la tragedia. Durante el juicio se debatió si las decisiones adoptadas por la cadena de mando influyeron en la pérdida del submarino, cuya secuencia final -desde la avería reportada durante la navegación hasta la implosión de la nave- continúa siendo objeto de análisis.

Antes de este proceso judicial, Villamide ya había sido separado de la Armada tras un procedimiento disciplinario impulsado por el Estado Mayor Conjunto. En ese ámbito, un Consejo de Guerra concluyó que había incurrido en graves incumplimientos, entre ellos no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se informara el ingreso de agua en el sector de baterías.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Tras una búsqueda que movilizó a decenas de países y mantuvo en vilo durante meses a los familiares de la tripulación, el submarino fue localizado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad, en el Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés.

Desde entonces, la investigación judicial buscó determinar si existieron fallas en la planificación, el mantenimiento y la conducción de la misión que pudieran derivar en responsabilidades penales de los mandos superiores de la Armada. El fallo conocido este miércoles representa el primer pronunciamiento de un tribunal oral sobre esas responsabilidades, aunque el proceso aún podría continuar en instancias de revisión una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia.

CRM

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el “creciente riesgo de fuga a Uruguay” y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una “autorización expresa” si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

La causa evalúa además los viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Audios que comprometen aún más a Adorni

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: “Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos”.

CC con información de la agencia NA

El 5 de marzo de 2026, cuando Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en la primera fila del acto estaba Carlos “Coco” Mahiques, su padre y juez de la Cámara Federal de Casación Penal; a su lado, Esteban Mahiques, su hermano, entonces funcionario de la Cancillería. Y también Ignacio Mahiques, otro hermano, juez de Cámara en la Ciudad. No era solo una ceremonia familiar: era la presentación pública de una red de poder que, en los meses siguientes, iría ampliándose movimiento a movimiento.

El ministro este martes aceleró con la eliminación de las impugnaciones públicas para los futuros candidatos a la Corte Suprema. Y días atrás aceleró fuerte para completar vacantes históricas en la Justicia federal a su interés. La semana pasada confirmó a Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y puso en pausa el nombramiento en un tribunal de La Plata de Verónica Michelli, rechazada por los Milei por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

El padre Mahiques consiguió que el Senado apruebe su prórroga como camarista federal, luego de que su pliego fuera enviado con el guiño de su hijo. Esteban Mahiques fue designado jefe de Gabinete de Asesores del propio Ministerio de Justicia, con acceso directo al despacho de Juan Bautista. E Ignacio, el menor del clan, heredó la rectoría del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad que el ministro dejó vacante al asumir: Jorge Macri se la entregó sin concurso.

Quién es quién

Juan Bautista Mahiques tiene 45 años y una carrera que recorrió, casi sin pausas, los principales engranajes del sistema judicial argentino. Egresado de la UBA con maestría en Italia, se consolidó durante el gobierno de Mauricio Macri como subsecretario y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y remueve jueces. Desde esa posición impulsó traslados de jueces sin concurso —incluyendo el de su propio padre— y participó en la estrategia para destituir al juez Eduardo Freiler en la Cámara Federal.

En 2019 asumió como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. En 2022 participó del viaje a Lago Escondido rentado por el Grupo Clarín. Cuando se filtraron los chats de Telegram, apareció una conversación atribuida a él en la que sugería “conseguir alguna facturita” para justificar los gastos del viaje ante la opinión pública.

Como ministro, su agenda tiene dos velocidades. La oficial: cubrir más de 350 vacantes judiciales, designar dos miembros para la Corte Suprema y elegir al Procurador General y al Defensor General. La polémica: ser el pararrayos de los escándalos oficialistas en Comodoro Py. Esta semana viajó a París junto al juez federal Ariel Lijo —quien tiene en su juzgado la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni— para presentarse ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Carlos “Coco” Mahiques, el padre, recorrió varios escalones de la justicia. Trabajó en Mercedes y en la Ciudad hasta dar el salto al Poder Judicial bonaerense en 2000, con el respaldo del entonces ministro provincial Jorge Casanovas durante la gestión de Carlos Ruckauf. En 2015 dejó la toga para ser ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Dos años después volvió a los tribunales pero en un cargo superior: juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Ese traslado fue impulsado por su hijo desde el Consejo de la Magistratura y se concretó sin concurso previo.

En noviembre cumplirá 75 años —el límite constitucional para los jueces federales— pero el Senado ya aprobó su renovación por cinco años más, con 58 votos a favor y 11 en contra del bloque peronista. El decreto 367/2026 extendió su mandato hasta 2031. El pliego lo envió Milei; los votos los negoció el ministerio de su hijo.

Esteban Mahiques (43) llegó al organigrama judicial de la mano de su hermano. El 16 de abril, el Decreto 251/2026 —firmado por Juan Bautista— lo designó jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, cargo que ejerce ad honorem. Venía de la Cancillería y había renunciado poco antes al Tribunal de Disciplina de la AFA ante cuestionamientos por incompatibilidades. El cargo no tiene remuneración, pero sí lugar en la mesa chica del ministerio que hoy maneja los nombramientos judiciales más importantes del país.

Ignacio Mahiques (40) es juez de Cámara en el fuero penal porteño y el más conocido en los tribunales por su rol como fiscal ad hoc en causas contra Cristina Kirchner. Participó en la causa Vialidad —que terminó con la condena de la ex presidenta— y en Hotesur, donde la acusación alcanzó a Máximo Kirchner. Esa trayectoria lo convirtió en uno de los operadores judiciales más cuestionados por el kirchnerismo y más valorados por el macrismo. En junio, cuando Juan Bautista dejó la rectoría del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE) al asumir como ministro, Jorge Macri lo designó como su reemplazante. La silla del IUSE pasó de un hermano al otro.

El decreto que cierra el círculo

Este martes, Juan Bautista Mahiques firmó el Decreto 467/2026 que reforma el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema. La norma elimina la etapa de impugnaciones y observaciones ciudadanas previas a la nominación formal y suprime los criterios de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia regional que el decreto 222/2003 imponía al presidente al cubrir vacantes en el tribunal supremo.

La reforma llega en el momento en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte y aún no ha definido los candidatos. Menos controles previos y menos criterios de representatividad: el decreto allana el camino para designaciones más rápidas y con menor margen de cuestionamiento público. El ministerio que diseña y controla ese proceso es el que lleva el apellido Mahiques.

Los constitucionalistas que critican la norma señalan que la reforma no resuelve los verdaderos problemas de demora judicial —que radican en el Consejo de la Magistratura y en los pliegos que duermen en el Ejecutivo— sino que elimina instancias de transparencia que la comunidad jurídica había construido precisamente para evitar el tipo de concentración de poder que hoy describe la familia Mahiques.

El Gobierno oficializó este martes una reforma al proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. Mediante el Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei modificó en profundidad los decretos 222 y 588 de 2003, eliminando la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato. El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El decreto se produce en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema y ha mostrado intención de avanzar rápidamente en esas designaciones. Actualmente el máximo tribunal está conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado el Gobierno fracasó en completar la Corte con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En las últimas semanas Mahiques logró que el Senado acelere en la designacón de jueces federales; entre ellos nombró como juez en Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema.

Qué cambia

El esquema vigente hasta ahora obligaba a publicar las candidaturas con anticipación para que fueran de conocimiento público y pudieran recibir impugnaciones u observaciones de cualquier ciudadano o institución. Esa instancia queda derogada.

Bajo el nuevo régimen, la difusión de los antecedentes y hojas de vida de los aspirantes se canalizará exclusivamente a través del Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia. Los nominados tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales —incluyendo bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores— conforme a la Ley de Ética Pública.

El decreto también fija por primera vez un tope de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabore los informes sobre el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, preservando el secreto fiscal.

Otro cambio relevante es la omisión de los criterios de diversidad que contenía el texto original de 2003: el decreto de Mahiques no replica las sugerencias de evaluar variables de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica a la hora de integrar el tribunal.

Las críticas

Especialistas en derecho constitucional cuestionaron el alcance de la medida. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la derogación del decreto 222/2003 “atenta regresivamente contra el derecho a la no discriminación en razón del género”, en referencia al artículo 75.23 de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Para Gil Domínguez, la reforma también “restringe la participación de la sociedad y vulnera la garantía del federalismo como elemento central del Estado constitucional”.

El jurista fue más allá en su análisis político: “Es una muestra más del desprecio hacia la República, el sistema democrático y el orden constitucional que exuda este gobierno en cada uno de sus actos”. Y advirtió que la batalla judicial será difícil: “Como la CSJN, con su posición anacrónica sobre la legitimación procesal, blindó las prácticas autócratas del gobierno, será muy difícil controvertirlo judicialmente”.

Federico Ambroggio, doctor en Derecho y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue, amplió el alcance de la reforma: “La modificación no alcanza solo a la selección de jueces de la Corte. Afecta la designación de jueces federales y nacionales, fiscales y defensores públicos. Es decir, a buena parte de quienes integran el sistema de justicia todos los días”. Sobre el argumento oficial de que la participación ciudadana subsiste en las audiencias del Senado, Ambroggio señaló que “no es lo mismo objetar un nombre antes de la decisión presidencial que cuando el pliego ya fue enviado”, dado que el rechazo de pliegos es infrecuente. Y calificó como “lo más grave e innecesario” la eliminación del artículo 3 del decreto 222/03, que instaba a reflejar diversidad de género, especialidades y procedencia regional: “La eliminación del estándar de la diversidad de género es inadmisible. En un Poder Judicial que sigue mostrando enormes déficits de paridad, especialmente en los jueces superiores, abandonar incluso la mera aspiración de una integración paritaria implica un lamentable retroceso”.

En la misma línea, advirtió que suprimir el criterio de procedencia regional “naturaliza el centralismo” en un Estado que se postula federal pero cuya Corte ha estado históricamente dominada por magistrados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ambroggio también cuestionó la premisa del Gobierno: que el decreto resuelve las demoras en la cobertura de vacantes. “El problema nunca estuvo en el Decreto 222 ni en el 588. Estuvo —y está— en la interminable rosca del Consejo de la Magistratura, en los pliegos que duermen en el Poder Ejecutivo y en los acuerdos que se demoran en el Senado”.

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La celeridad de la designación, tras el voto de la semana pasada del Senado, choca con el caso de Verónica Michelli, negada por Javier Milei por ser cuñada de un periodista que investiga casos de corrupción del Gobierno.

“Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. También se nombran a otros dos magistrados para la misma provincia.

La trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones, ya que, fue: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Pero su designación causó ruido político al ser hijo del titular de la cabeza del Poder Judicial: Rosatti es presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces.

De hecho en su examen en el Consejo de la Magistratura, Rosatti hijo quedó fuera de la terna de candidatos pero ganó posiciones por la entrevista personal con los consejeros. Según trascendió, su padre se excusó por obvios motivos participar de esa evaluación. Emilio Rosatti entró a la terna y fue el dedo de Milei el que lo eligió como candidato, a merced del voto del Senado.

La designación de Rosatti se concretó después que el Senado aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que se llevó a cabo la semana pasada. En la misma sesión se aprobó el pliego de Michelli, que ahora el Gobierno se niega a confirmar. Según explicitó el propio Mahiques, Milei no tiene obligación de nombrarla. El Presidente apuesta a dejarla en un limbo burocrático.

El mandatario y su hermana Karina rechaza a Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación.

Este viernes, además de Rosatti hijo, en el Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela de la provincia de Santa Fe será el doctor Santiago Joaquín Saux y en el Decreto 446/2026 se indicó que se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Por otro lado, en el Decreto 444/2026 se informó que se le aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B a partir del 1° de agosto de 2026.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata tal cual decidió este jueves el Senado con una abrumadura mayoría.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de “escándalo” luego de la aprobación del pliego de Michelli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos”, lo justificó. “Es una facultad constitucional”, insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción del Gobierno. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, planteó.

Asimismo, el ministro sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. “Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.

El Senado designó este jueves a María Verónica Michelli como jueza federal de un tribunal en La Plata y la votación tendrá coletazo político en la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario fue la única que se abstuvo y el oficialismo no pudo evitar la votación, pese al explícito rechazo del Presidente.

Hubo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abtenciones para designar a Michelli como jueza. Además de Bullrich, se abstuvo la radical Silvana Lorena Schneider.

De todos modos, la última palabra la tiene Javier Milei. El Presidente es quien debe firmar el decreto de designación de Michelli. No hacerlo supondrá un enorme costo político adicional al que ya pagó por haberse opuesto al nombramiento de la jueza.

“Siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual”, planteó, luego de defender a la candidata por sus “méritos”.

En la sesión de hoy, el gobierno tuvo que pasar otro mal trago. Ante el rechazo de la oposición dialoguista a votar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada tal como pretendía el Ejecutivo, el oficialismo optó por postergar el tratamiento.

El pliego de Michelli fue el último que se votó en el Senado, luego de una tanda de 73 pliegos que se aprobaron uno atrás de otro. El peronismo miró de brazos cruzados cómo el oficialismo consiguió con el apoyo de radicales, el PRO y las fuerzas provinciales avanzar en designaciones clave en juzgados y fiscalías en todo el país.

Pero había sido la bancada de Unión por la Patria la que logró incorporar el pliego en la votación de hoy. El oficialismo hubiera querido que sea la semana siguiente, para ganar tiempo y negociar con la oposición y los aliados. Pero el peronismo planteó la incorporación de ese dictamen y su moción tuvo el aval del resto de la oposición.

A la jueza la rechazó el bloque de LLA y algunos pocos aliados, pero otros como el PRO y la UCR le dieron el pulgar arriba, todo un desafío para los deseos de Javier y Karina Milei.

Además de Michelli, fueron confirmados otros magistrados cuyos nombres generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana por la candidata cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC

La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD