Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola rendirán examen este miércoles en una Audiencia Pública en el Senado como candidatos a la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe revisar causas sensibles que preocupan al Gobierno Nacional.

Ese tribunal debe revisar las decisiones de los jueces de primera instancia e interviene en la causa Libra, donde son investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La convocatoria fue dispuesta por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, y forma parte de la estrategia del oficialismo para aprobar antes de fines de agosto los pliegos de Bertuzzi y Yadarola junto con los de unos 50 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales, con el objetivo de reducir el elevado número de vacantes en el Poder Judicial.

La prioridad del Gobierno pasa por completar la integración de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, uno de los tribunales con mayor peso dentro de Comodoro Py por su intervención en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y otros expedientes de alto impacto institucional.

Bertuzzi, quien actualmente integra esa Cámara, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo.

El magistrado había quedado en el puesto 24 por antecedentes y oposición, pero tras las entrevistas personales y el dictamen final ascendió al sexto lugar, lo que le permitió integrar la terna elevada al Poder Ejecutivo.

Junto a él fue postulado Yadarola, juez del fuero Penal Económico, quien también integró la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura y luego fue elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

Yadarola fue uno de los magistrados que participó del viaje a Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, otros jueces y funcionarios judiciales.

Las audiencias públicas

En la primera jornada de este miércoles las miradas están puestas en los candidatos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Bertuzzi y Yadarola

También lo hará como candidato a defensor Hernán Figueroa, quien fue uno de los firmantes de la solicitada que en el 2013 defendía el proyecto K de reforma judicial denominada “democratización judicial”, que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y hace un tiempo se pronunció contra la baja de la imputabilidad de menores.

Figueroa está postulado como Defensor público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Rendirán examen como defensores en tribunales orales de la Capital Federal, Nuria Sardañons, German Artola, y también se postulan como jueces de primera instancia en el fuero civil a Lucila Califano.

En diferentes juzgados en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se promueve a Javier Pereyra, y Sebastián Ghersi y Alejandro Echegaray, Leandro Callizo y Diego Villanueva.

En la Cámara Nacional de Apelaciones porteña se postula como vocal a Juan Manuel Cabral. Para diferentes tribunales Orales en lo Criminal y Correccional se promueve como juezas Vanesa Alfaro, Mariana Salduna, y Evangelina Lasala.

Por otra parte, el jueves expondrán como candidatos a jueces en lo criminal y correccional de la Capital Federal a Miguel Ángel Asturias, a Federico Alfredo Battilana, y Adofo Piendibene. Para diferentes Juzgados de Primera Instancia en lo Civil se impulsa la designación de Karina Rapkinas y Juan Ylarri.

Además, rendirán examen como postulante a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a Valeria Pérez Casado, y como candidatos a jueces a Tribunal Orales en lo Criminal y Correccional a Walter Cavassa y Paco César Cina y como Defensor a José Chervin.

Además, se postula a Juan Pablo Sala como juez de primera instancia en lo Comercial. En la misma audiencia rendirán examen Daniel Cano para un Juzgado en lo Criminal y Correccional y como fiscales Patricia Lujan Cisneros y Juan Noel Varela.

Con información de NA.

Ana Frank tenía trece años cuando empezó a escribir su diario en un cuaderno con tapas a cuadros que le regalaron por su cumpleaños. Escondida durante dos años de los nazis en una buhardilla de Ámsterdam, su testimonio se convirtió en uno de los legados más relevantes sobre el horror del holocausto.

Ochenta años después de su muerte en el campo de concentración de Bergen-Belsen (Alemania), su historia vuelve a marcar un precedente: la justicia europea acaba de utilizar sus manuscritos originales para fijar, por primera vez, hasta dónde llega la ley cuando una misma obra es libre en un país y sigue protegida en el de al lado, y qué ocurre cuando, a día de hoy, cualquiera puede saltarse esa restricción con un click.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 9 de julio una sentencia que resuelve un conflicto entre la fundación que gestiona los derechos del diario y una asociación académica que publicó gratis en internet una edición íntegra de los manuscritos originales de la joven neerlandesa.

El fallo es vinculante para los tribunales de los veintisiete países de la UE y sienta un precedente que afecta al uso de los sistemas VPN para evitar el bloqueo geográfico de contenidos en internet.

Afecta, a su vez, a bibliotecas digitales, archivos históricos, universidades y cualquier plataforma cultural que quiera publicar en abierto obras cuyo estatus legal cambia de un país a otro dentro de la propia Unión.

El mensaje que deja el TJUE es claro: se pueden publicar con libertad contenidos de dominio público por mucho que estén protegidos en algunos estados miembros, pero solo si se pone una barrera real y actualizada allí donde la obra todavía no es accesible para todos.

Un mismo texto, dos leyes distintas

El diario tal y como lo conocemos —el que publicó en 1947 el padre de Ana, Otto Frank, único superviviente de la familia— es de dominio público en toda la UE como en los Países Bajos desde 2016.

Pero existe otra versión, más completa, con fragmentos que el padre decidió no publicar en su día y que salieron a la luz en una edición de 1986. Esos fragmentos, según la ley holandesa, no estarán liberados hasta dentro de más de una década.

En 2021, una asociación dedicada a la difusión de textos históricos, junto con la Real Academia Neerlandesa de Ciencias y la Fundación Ana Frank (que gestiona el museo instalado en la casa donde se escondió), colgó en una web una edición completa de los manuscritos originales, accesible gratis desde Bélgica y otros dieciocho países donde ya no hay restricciones. Para no infringir la ley en Holanda, la web bloqueó el acceso para quienes se conectaran desde ese país.

El problema es que ese bloqueo geográfico tiene un agujero conocido por cualquiera con mínimos conocimientos de internet: basta con una VPN, una herramienta que camufla la ubicación real de la conexión, para hacer creer a la web que uno se conecta desde Bélgica cuando en realidad está en Ámsterdam.

El Anne Frank Fonds, la fundación creada por Otto Frank en 1963 y que administra los derechos del diario, entendió que ese resquicio invalidaba el bloqueo: si cualquier neerlandés podía saltárselo con una aplicación gratuita, argumentaron, la obra se estaba poniendo a disposición del público holandés sin permiso.

Los tribunales de primera instancia y de apelación en los Países Bajos le dieron la espalda al Fondo Ana Frank, y el caso terminó en el Tribunal Supremo neerlandés, que antes de resolver decidió trasladar la duda a la justicia europea.

La cuestión de fondo era hasta qué punto el hecho de que una web ponga barreras técnicas para que no se acceda a un contenido desde cierto país es suficiente para no infringir los derechos de autor si esas barreras se pueden esquivar fácilmente con una VPN.

La opinión del TJUE es que siempre que una web instale un sistema que identifica desde donde se conecta cada usuario y le impide el paso si proviene de un país en el que el contenido está protegido, esa página ha delimitado con claridad su público objetivo por mucho que se pueda esquivar con una VPN.

La sentencia llega en un momento en que el uso de VPN se normalizó entre el público general, ya sea para acceder a catálogos de streaming de otros países, esquivar restricciones geográficas en videojuegos o, simplemente, por motivos de privacidad.

Hasta la fecha no existía un pronunciamiento del TJUE que aclarase qué validez legal tiene un bloqueo geográfico en internet cuando se sabe, de antemano, que hay formas sencillas de sortearlo.

¿Qué se considera un bloqueo “eficaz”?

La sentencia introduce un matiz importante sobre los bloqueos por países: no hace falta un sistema perfecto e infranqueable. Basta con que la medida esté, apuntan los jueces europeos, “en la vanguardia de la tecnología” del momento y sea razonablemente disuasoria.

No vale, sin embargo, cualquier cosa. Un simple texto que pregunte el país de origen de quién se conecta y confíe en la palabra del usuario no es suficiente ni cuenta como una barrera real, porque depende solo de la buena fe de quien está al otro lado de la pantalla.

En cambio, un sistema que verifique de forma automática la ubicación de la conexión y bloquee activamente el acceso desde los territorios protegidos sí puede considerarse suficiente, por mucho que se pueda burlar con una VPN.

En el caso concreto del diario de Ana Frank, el propio tribunal concluye que el sistema empleado —una combinación de geolocalización por IP y una pantalla en la que el usuario declara su país— cumplía con ese estándar.

¿Y si alguien usa una VPN para colarse? ¿De quién es la culpa?

El Supremo neerlandés también preguntó qué pasaría si, en algún caso, se considerara que el bloqueo no era suficiente: ¿a quién habría que reclamar responsabilidades, al que publicó el contenido o a la empresa que ofrece el servicio de VPN?

El TJUE no deja lugar a dudas: la responsabilidad, si la hay, recae sobre quien publicó la obra, nunca sobre el proveedor de VPN.

Estas herramientas, recuerda el tribunal, son de uso lícito y habitual en internet —muchas personas las usan simplemente para proteger su privacidad al navegar— y quien las ofrece no está facilitando de forma directa el acceso no autorizado a ninguna obra concreta.

“Para que un régimen se mantenga en el tiempo necesita zurcir la justicia a su gusto”. La frase de un juez camarista con más de 40 años en los tribunales parece graficar el porqué de la avalancha de de designaciones judiciales de Javier Milei: desde la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques ya se designaron más de 100 magistrados, fiscales, defensores y conjueces con acuerdo del Senado. El oficialismo logró quebrar la oposición del peronismo y junto con aliados provinciales, el PRO y la UCR avanzó con una deuda pendiente en el Poder Judicial. Pero detrás de esos nombramientos vestidos de institucionalidad, un análisis nombre por nombre permite revelar cierta opacidad en la política oficial, que incluye desde nepotismo a jueces elegidos a dedo por el Presidente, sin perder de vista que hay tribunales estratégicos o sillas calientes codiciadas para el poder de turno.

Ante el receso legislativo y la feria judicial, elDiarioAR analizó las designaciones y los pliegos que ya pasaron por el Senado y fueron publicados en el Boletín Oficial, así como se tuvieron en cuenta los pliegos que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada y serían debatidos recién en agosto. En una entrevista que dio el viernes al diario La Nación, el ministro Mahiques contabilizó 178 pliegos en cuatro meses y medio, entre nombramientos en trámite y ya oficializados. El ministro también adelantó un plan para achicar Comodoro Py, de 12 a 8 juzgados, y la Casación Penal, de 13 a 9 miembros. Por el momento no será completada la Corte Suprema, que tiene tres de sus cinco miembros.

Hay varios casos sensibles y llamativos. El más reciente es el de Ana María Cristina Juan, que asumió como jueza federal de Hurlingham el pasado 15 de julio, apenas doce días después de que su esposo, Marcelo Martínez de Giorgi apartara de la causa $LIBRA —que tramita en su juzgado— a las querellas que investigan a Milei y a su hermana Karina.

El nepotismo es un patrón que se repite. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, llegó a un tribunal de Santa Fe el 12 de junio. Había logrado entrar a la terna gracias a la lapicera de Milei y pese a quedar relegado en los exámenes escritos. También fue beneficiada con un cargo judicial Yamile Bernan, pareja de Diego Guerendiain, ex jefe de Gabinete del exministro Mariano Cúneo Libarona (además Milei sostuvo su pliego pese al intento de veto de Santiago Caputo. Otro flamante juez en Salta es Diego Anzorreguy, sobrino de Eduardo Moliné O'Connor, quien llegó a ser vicepresidente de la Corte Suprema, y también del ex jefe de la SIDE menemista Hugo Alfredo Anzorreguy.

En Comodoro Py, el tribunal que decide si las causas de corrupción ($LIBRA, Andis, el caso Adorni) llegan a juicio, el Gobierno eligió a Pablo Yadarola y “revalidó” a Pablo Bertuzzi pese a traslados cuestionados por la Corte. Milei y Mahiques dejaron afuera a Martín Irurzun al no renovarle el cargo a los 75 años, pero sí le permitió la renovación hasta los 80 años a Víctor Pesino, el juez que revocó la cautelar contra la reforma laboral y reconoció haberse reunido con Mahiques antes de ese fallo. Otro juez que logró extender su cargo fue el padre del propio ministro Mahiques: Carlos “Coco” Mahiques logró que en mayo el Senado le apruebe mantenerse al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tanto Yadarola como los Mahiques (padre e hijo) participaron del viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín.

Un pliego que generó especial atención fue el de María Verónica Michelli, que fue aprobado por el Senado pero que Milei aún no oficializó porque es cuñada de del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga casos de corrupción del Gobierno.

A su vez, un informe de ACIJ e INECIP detectó “saltos” de mérito superiores a 10 posiciones en al menos 12 casos. Y en paralelo avanza el nuevo fuero laboral porteño, con 21 pliegos ya en la Legislatura de CABA, al ritmo de la reforma laboral de Milei.

MC

El Gobierno consiguió con lo justo abrir la sesión de este jueves en el Senado para debatir la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar en la nominación de un grupo de jueces. Con 37 senadores, desde las 12.30 se abrió el recinto de la Cámara alta con la presidencia de Victoria Villarruel, que ayer tuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich por la ley que avala la extranjerización de la tierra.

Luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial, Villarruel trató de suspender la sesión pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de Whatsapp. Según consignó el diario La Nación, la vicepresidente señaló: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, a lo que Bullrich respondió “Para festejarlo”.

Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: “Para vender el país”, y añadió “Nadie quiere festejar en el Senado” y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no “votando una ley que es indignante”, habida cuenta que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.

Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel señaló “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

“Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”, añadió Villarruel. En el final del intercambio, Bullrich subrayó “Si no te gusta renuncíá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, y Villarruel contestó: “A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo”. Este jueves en la sesión muchos de los legisladores se mostraron con la camiseta de la Selección argentina.

Lo que cambia con la ley

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue redactado por Federico Sturzenegger y habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Además permite los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el capítulo 3, que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas. “Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista en la previa a elDiarioAR.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera.

El apuro por un juez

Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

El juez Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó una medida cautelar para impedir que el próximo 27 de julio, cuando cumpla 75 años, se active el procedimiento de cese de sus funciones si antes el Senado no aprueba su nuevo acuerdo. Pesino pidió que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo que ocupa hasta que finalicen las sesiones ordinarias del Senado de este año.

El magistrado quedó en el centro de la discusión política luego de que su sala dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pesino para extender su permanencia en el cargo por cinco años, una decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de la CGT por la cercanía temporal entre ambos hechos. Ahora el pliego de Pesino para habilitar su continuidad está en agenda para una sesión que se espera en el Senado para la semana próxima.

El camino del pliego en el Senado

El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos. Luego de un debate marcado por críticas de senadores peronistas, el pliego obtuvo dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados. Ese día admitió que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó recibir favores del Gobierno a cambio de sus fallos.

Sin embargo, el expediente no llegó aún al recinto. La actividad parlamentaria quedó condicionada por el conflicto político generado alrededor del caso Adorni y la sesión prevista para tratar distintos temas finalmente no se realizó.

Ante la posibilidad de que el Senado no avance antes del receso invernal, Pesino recurrió a la Justicia para intentar conservar su cargo mientras espera una definición legislativa. La idea del oficialismo es apurar esa sesión en los días próximos, pero aún no fue confirmada.

El cuestionamiento al límite constitucional

Además de solicitar la cautelar, el camarista anticipó que cuestionará la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben dejar sus cargos al cumplir 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y un nombramiento presidencial.

En su presentación, sostuvo que esa norma no establece plazos para que el magistrado solicite la renovación, ni fija tiempos para la actuación del Poder Ejecutivo o del Senado. También planteó que no contempla qué ocurre cuando la demora responde a circunstancias ajenas al desempeño del juez.

El escrito repasa las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Justicia y el recorrido de su pliego en el Senado. Sobre la falta de tratamiento, Pesino sostuvo que respondió a “razones políticas” ajenas a su responsabilidad.

El antecedente de la Corte Suprema

En su planteo, Pesino también se diferenció de los antecedentes en los que la Corte Suprema analizó el límite de los 75 años para los magistrados, entre ellos los casos de Leopoldo Schiffrin y Ana María Figueroa.

En el caso de Figueroa, la Corte resolvió que la magistrada había perdido su investidura judicial al alcanzar la edad límite sin contar con un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

El máximo tribunal estableció entonces que, para continuar en funciones, los jueces deben contar con el nuevo acuerdo legislativo y el decreto presidencial correspondiente antes de alcanzar los 75 años.

Pese a esa resolución, el kirchnerismo impulsó posteriormente la aprobación del pliego de Figueroa en el Senado y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para renovar su mandato. Finalmente, la jueza decidió jubilarse luego del cambio de gobierno.

El Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan condenó este miércoles al ex comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, los otros tres acusados en el proceso -los ex altos mandos de la Armada Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- fueron absueltos.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes analizaron durante más de cuatro meses la actuación de los ex jefes navales en relación con el hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El veredicto puso fin al juicio oral iniciado el pasado 3 de marzo, que se extendió a lo largo de más de 30 audiencias y en el que declararon cerca de 90 testigos, entre ellos especialistas en submarinos, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. Durante el debate se examinó abundante documentación técnica y operativa para determinar si el estado del buque y las decisiones adoptadas antes de la misión tuvieron incidencia en la tragedia.

Villamide fue considerado responsable por las irregularidades vinculadas con la conducción operativa del submarino y por las decisiones adoptadas antes y durante la navegación que culminó con la desaparición de la nave. La pena impuesta es de cumplimiento condicional, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Héctor Alonso, y al capitán de fragata Hugo Correa, al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal. Recién entonces tanto la fiscalía como las querellas y las defensas podrán presentar recursos de apelación si consideran que corresponde revisar el fallo.

Uno de los puntos centrales que deberá desarrollar el tribunal será el vínculo entre los incumplimientos atribuidos a Villamide y el desenlace de la tragedia. Durante el juicio se debatió si las decisiones adoptadas por la cadena de mando influyeron en la pérdida del submarino, cuya secuencia final -desde la avería reportada durante la navegación hasta la implosión de la nave- continúa siendo objeto de análisis.

Antes de este proceso judicial, Villamide ya había sido separado de la Armada tras un procedimiento disciplinario impulsado por el Estado Mayor Conjunto. En ese ámbito, un Consejo de Guerra concluyó que había incurrido en graves incumplimientos, entre ellos no haber ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie luego de que se informara el ingreso de agua en el sector de baterías.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Tras una búsqueda que movilizó a decenas de países y mantuvo en vilo durante meses a los familiares de la tripulación, el submarino fue localizado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad, en el Mar Argentino Norte, a unos 500 kilómetros de la costa de la península Valdés.

Desde entonces, la investigación judicial buscó determinar si existieron fallas en la planificación, el mantenimiento y la conducción de la misión que pudieran derivar en responsabilidades penales de los mandos superiores de la Armada. El fallo conocido este miércoles representa el primer pronunciamiento de un tribunal oral sobre esas responsabilidades, aunque el proceso aún podría continuar en instancias de revisión una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia.

CRM

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el “creciente riesgo de fuga a Uruguay” y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta durante la noche del viernes por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una “autorización expresa” si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Según consignan las fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni se centra de forma pormenorizada en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

La causa evalúa además los viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.

Audios que comprometen aún más a Adorni

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: “Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos”.

CC con información de la agencia NA

El 5 de marzo de 2026, cuando Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en la primera fila del acto estaba Carlos “Coco” Mahiques, su padre y juez de la Cámara Federal de Casación Penal; a su lado, Esteban Mahiques, su hermano, entonces funcionario de la Cancillería. Y también Ignacio Mahiques, otro hermano, juez de Cámara en la Ciudad. No era solo una ceremonia familiar: era la presentación pública de una red de poder que, en los meses siguientes, iría ampliándose movimiento a movimiento.

El ministro este martes aceleró con la eliminación de las impugnaciones públicas para los futuros candidatos a la Corte Suprema. Y días atrás aceleró fuerte para completar vacantes históricas en la Justicia federal a su interés. La semana pasada confirmó a Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y puso en pausa el nombramiento en un tribunal de La Plata de Verónica Michelli, rechazada por los Milei por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

El padre Mahiques consiguió que el Senado apruebe su prórroga como camarista federal, luego de que su pliego fuera enviado con el guiño de su hijo. Esteban Mahiques fue designado jefe de Gabinete de Asesores del propio Ministerio de Justicia, con acceso directo al despacho de Juan Bautista. E Ignacio, el menor del clan, heredó la rectoría del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad que el ministro dejó vacante al asumir: Jorge Macri se la entregó sin concurso.

Quién es quién

Juan Bautista Mahiques tiene 45 años y una carrera que recorrió, casi sin pausas, los principales engranajes del sistema judicial argentino. Egresado de la UBA con maestría en Italia, se consolidó durante el gobierno de Mauricio Macri como subsecretario y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y remueve jueces. Desde esa posición impulsó traslados de jueces sin concurso —incluyendo el de su propio padre— y participó en la estrategia para destituir al juez Eduardo Freiler en la Cámara Federal.

En 2019 asumió como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. En 2022 participó del viaje a Lago Escondido rentado por el Grupo Clarín. Cuando se filtraron los chats de Telegram, apareció una conversación atribuida a él en la que sugería “conseguir alguna facturita” para justificar los gastos del viaje ante la opinión pública.

Como ministro, su agenda tiene dos velocidades. La oficial: cubrir más de 350 vacantes judiciales, designar dos miembros para la Corte Suprema y elegir al Procurador General y al Defensor General. La polémica: ser el pararrayos de los escándalos oficialistas en Comodoro Py. Esta semana viajó a París junto al juez federal Ariel Lijo —quien tiene en su juzgado la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni— para presentarse ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Carlos “Coco” Mahiques, el padre, recorrió varios escalones de la justicia. Trabajó en Mercedes y en la Ciudad hasta dar el salto al Poder Judicial bonaerense en 2000, con el respaldo del entonces ministro provincial Jorge Casanovas durante la gestión de Carlos Ruckauf. En 2015 dejó la toga para ser ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Dos años después volvió a los tribunales pero en un cargo superior: juez de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Ese traslado fue impulsado por su hijo desde el Consejo de la Magistratura y se concretó sin concurso previo.

En noviembre cumplirá 75 años —el límite constitucional para los jueces federales— pero el Senado ya aprobó su renovación por cinco años más, con 58 votos a favor y 11 en contra del bloque peronista. El decreto 367/2026 extendió su mandato hasta 2031. El pliego lo envió Milei; los votos los negoció el ministerio de su hijo.

Esteban Mahiques (43) llegó al organigrama judicial de la mano de su hermano. El 16 de abril, el Decreto 251/2026 —firmado por Juan Bautista— lo designó jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, cargo que ejerce ad honorem. Venía de la Cancillería y había renunciado poco antes al Tribunal de Disciplina de la AFA ante cuestionamientos por incompatibilidades. El cargo no tiene remuneración, pero sí lugar en la mesa chica del ministerio que hoy maneja los nombramientos judiciales más importantes del país.

Ignacio Mahiques (40) es juez de Cámara en el fuero penal porteño y el más conocido en los tribunales por su rol como fiscal ad hoc en causas contra Cristina Kirchner. Participó en la causa Vialidad —que terminó con la condena de la ex presidenta— y en Hotesur, donde la acusación alcanzó a Máximo Kirchner. Esa trayectoria lo convirtió en uno de los operadores judiciales más cuestionados por el kirchnerismo y más valorados por el macrismo. En junio, cuando Juan Bautista dejó la rectoría del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE) al asumir como ministro, Jorge Macri lo designó como su reemplazante. La silla del IUSE pasó de un hermano al otro.

El decreto que cierra el círculo

Este martes, Juan Bautista Mahiques firmó el Decreto 467/2026 que reforma el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema. La norma elimina la etapa de impugnaciones y observaciones ciudadanas previas a la nominación formal y suprime los criterios de diversidad de género, especialidades jurídicas y procedencia regional que el decreto 222/2003 imponía al presidente al cubrir vacantes en el tribunal supremo.

La reforma llega en el momento en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte y aún no ha definido los candidatos. Menos controles previos y menos criterios de representatividad: el decreto allana el camino para designaciones más rápidas y con menor margen de cuestionamiento público. El ministerio que diseña y controla ese proceso es el que lleva el apellido Mahiques.

Los constitucionalistas que critican la norma señalan que la reforma no resuelve los verdaderos problemas de demora judicial —que radican en el Consejo de la Magistratura y en los pliegos que duermen en el Ejecutivo— sino que elimina instancias de transparencia que la comunidad jurídica había construido precisamente para evitar el tipo de concentración de poder que hoy describe la familia Mahiques.

El Gobierno oficializó este martes una reforma al proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. Mediante el Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei modificó en profundidad los decretos 222 y 588 de 2003, eliminando la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato. El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El decreto se produce en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema y ha mostrado intención de avanzar rápidamente en esas designaciones. Actualmente el máximo tribunal está conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado el Gobierno fracasó en completar la Corte con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En las últimas semanas Mahiques logró que el Senado acelere en la designacón de jueces federales; entre ellos nombró como juez en Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema.

Qué cambia

El esquema vigente hasta ahora obligaba a publicar las candidaturas con anticipación para que fueran de conocimiento público y pudieran recibir impugnaciones u observaciones de cualquier ciudadano o institución. Esa instancia queda derogada.

Bajo el nuevo régimen, la difusión de los antecedentes y hojas de vida de los aspirantes se canalizará exclusivamente a través del Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia. Los nominados tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales —incluyendo bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores— conforme a la Ley de Ética Pública.

El decreto también fija por primera vez un tope de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabore los informes sobre el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, preservando el secreto fiscal.

Otro cambio relevante es la omisión de los criterios de diversidad que contenía el texto original de 2003: el decreto de Mahiques no replica las sugerencias de evaluar variables de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica a la hora de integrar el tribunal.

Las críticas

Especialistas en derecho constitucional cuestionaron el alcance de la medida. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la derogación del decreto 222/2003 “atenta regresivamente contra el derecho a la no discriminación en razón del género”, en referencia al artículo 75.23 de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Para Gil Domínguez, la reforma también “restringe la participación de la sociedad y vulnera la garantía del federalismo como elemento central del Estado constitucional”.

El jurista fue más allá en su análisis político: “Es una muestra más del desprecio hacia la República, el sistema democrático y el orden constitucional que exuda este gobierno en cada uno de sus actos”. Y advirtió que la batalla judicial será difícil: “Como la CSJN, con su posición anacrónica sobre la legitimación procesal, blindó las prácticas autócratas del gobierno, será muy difícil controvertirlo judicialmente”.

Federico Ambroggio, doctor en Derecho y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue, amplió el alcance de la reforma: “La modificación no alcanza solo a la selección de jueces de la Corte. Afecta la designación de jueces federales y nacionales, fiscales y defensores públicos. Es decir, a buena parte de quienes integran el sistema de justicia todos los días”. Sobre el argumento oficial de que la participación ciudadana subsiste en las audiencias del Senado, Ambroggio señaló que “no es lo mismo objetar un nombre antes de la decisión presidencial que cuando el pliego ya fue enviado”, dado que el rechazo de pliegos es infrecuente. Y calificó como “lo más grave e innecesario” la eliminación del artículo 3 del decreto 222/03, que instaba a reflejar diversidad de género, especialidades y procedencia regional: “La eliminación del estándar de la diversidad de género es inadmisible. En un Poder Judicial que sigue mostrando enormes déficits de paridad, especialmente en los jueces superiores, abandonar incluso la mera aspiración de una integración paritaria implica un lamentable retroceso”.

En la misma línea, advirtió que suprimir el criterio de procedencia regional “naturaliza el centralismo” en un Estado que se postula federal pero cuya Corte ha estado históricamente dominada por magistrados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ambroggio también cuestionó la premisa del Gobierno: que el decreto resuelve las demoras en la cobertura de vacantes. “El problema nunca estuvo en el Decreto 222 ni en el 588. Estuvo —y está— en la interminable rosca del Consejo de la Magistratura, en los pliegos que duermen en el Poder Ejecutivo y en los acuerdos que se demoran en el Senado”.

El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. La celeridad de la designación, tras el voto de la semana pasada del Senado, choca con el caso de Verónica Michelli, negada por Javier Milei por ser cuñada de un periodista que investiga casos de corrupción del Gobierno.

“Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. También se nombran a otros dos magistrados para la misma provincia.

La trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones, ya que, fue: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Pero su designación causó ruido político al ser hijo del titular de la cabeza del Poder Judicial: Rosatti es presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces.

De hecho en su examen en el Consejo de la Magistratura, Rosatti hijo quedó fuera de la terna de candidatos pero ganó posiciones por la entrevista personal con los consejeros. Según trascendió, su padre se excusó por obvios motivos participar de esa evaluación. Emilio Rosatti entró a la terna y fue el dedo de Milei el que lo eligió como candidato, a merced del voto del Senado.

La designación de Rosatti se concretó después que el Senado aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que se llevó a cabo la semana pasada. En la misma sesión se aprobó el pliego de Michelli, que ahora el Gobierno se niega a confirmar. Según explicitó el propio Mahiques, Milei no tiene obligación de nombrarla. El Presidente apuesta a dejarla en un limbo burocrático.

El mandatario y su hermana Karina rechaza a Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación.

Este viernes, además de Rosatti hijo, en el Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela de la provincia de Santa Fe será el doctor Santiago Joaquín Saux y en el Decreto 446/2026 se indicó que se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Por otro lado, en el Decreto 444/2026 se informó que se le aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B a partir del 1° de agosto de 2026.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata tal cual decidió este jueves el Senado con una abrumadura mayoría.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de “escándalo” luego de la aprobación del pliego de Michelli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos”, lo justificó. “Es una facultad constitucional”, insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción del Gobierno. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, planteó.

Asimismo, el ministro sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. “Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.

El Senado designó este jueves a María Verónica Michelli como jueza federal de un tribunal en La Plata y la votación tendrá coletazo político en la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario fue la única que se abstuvo y el oficialismo no pudo evitar la votación, pese al explícito rechazo del Presidente.

Hubo 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abtenciones para designar a Michelli como jueza. Además de Bullrich, se abstuvo la radical Silvana Lorena Schneider.

De todos modos, la última palabra la tiene Javier Milei. El Presidente es quien debe firmar el decreto de designación de Michelli. No hacerlo supondrá un enorme costo político adicional al que ya pagó por haberse opuesto al nombramiento de la jueza.

“Siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual”, planteó, luego de defender a la candidata por sus “méritos”.

En la sesión de hoy, el gobierno tuvo que pasar otro mal trago. Ante el rechazo de la oposición dialoguista a votar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada tal como pretendía el Ejecutivo, el oficialismo optó por postergar el tratamiento.

El pliego de Michelli fue el último que se votó en el Senado, luego de una tanda de 73 pliegos que se aprobaron uno atrás de otro. El peronismo miró de brazos cruzados cómo el oficialismo consiguió con el apoyo de radicales, el PRO y las fuerzas provinciales avanzar en designaciones clave en juzgados y fiscalías en todo el país.

Pero había sido la bancada de Unión por la Patria la que logró incorporar el pliego en la votación de hoy. El oficialismo hubiera querido que sea la semana siguiente, para ganar tiempo y negociar con la oposición y los aliados. Pero el peronismo planteó la incorporación de ese dictamen y su moción tuvo el aval del resto de la oposición.

A la jueza la rechazó el bloque de LLA y algunos pocos aliados, pero otros como el PRO y la UCR le dieron el pulgar arriba, todo un desafío para los deseos de Javier y Karina Milei.

Además de Michelli, fueron confirmados otros magistrados cuyos nombres generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana por la candidata cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC

La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

“Bueno, tenemos que definir cómo vamos a trabajar ahora”, suspiró Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento en San José, en diálogo con un senador kirchnerista. Una semana antes, los gobernadores peronistas alineados con Javier Milei habían quebrado el bloque en el Senado y habían dejado al cristinismo sin casi poder de negociación. Luego llegó la confirmación de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, con una señal de angustia que latía hace tiempo en el corazón del peronismo: Karina Milei había decidido reemplazarlos como aliados para sellar una tregua con Comodoro Py. 

El desembarco de Mahiques fue el golpe final, definitivo. El peronismo ya perdía poder de fuego en el Senado desde octubre. Primero con la reconfiguración de fuerzas tras las elecciones legislativas y los 20 senadores nuevos que logró anotarse La Libertad Avanza. Después con la mayoría automática de 40 senadores que Patricia Bullrich demostró, durante las sesiones extraordinarias, que podría juntar para aprobar cualquier ley que enviara el Ejecutivo. Finalmente, con la ruptura del bloque tras la fuga de Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza, lo que dejó al interbloque que preside José Mayans solo con 25 senadores. 

Hace poco más de un año, el kirchnerismo estaba negociando con Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia que Karina corrió la semana pasada, los pliegos de la Corte Suprema. El cristinismo era el interlocutor principal del Gobierno y CFK estaba convencida de que podría, así, condicionar al menos a uno de los nombramientos en el Máximo Tribunal. Ariel Lijo no era propio pero prometía cambiar, junto a Ricardo Lorenzetti, la relación de fuerzas en la Corte a su favor. 

Ahora, sin embargo, con Amerio afuera, los pliegos rechazados en el Senado, y un nuevo ministro de Justicia con terminales directas en la justicia federal, el peronismo se quedó afuera de la negociación. “Ahora nos van a intentar comer a uno o dos más. Amerio operó bien, pero la cagaron al mandar los pliegos por decreto. Pero ahora va a ser (Horacio) Rosatti el que va a manejar la terna”, masculló uno de los armadores de CFK en el Senado. 

El peronismo está a la defensiva. Pasó de controlar el Senado a salvar, por un pelo, que el Gobierno pudiera romperle el tercio del Senado (es decir, menos de 24 senadores). Mayans tuvo que negociar hasta último momento con el puntano Fernando Salino, que presidía Convicción Federal, el bloque que integraban Moises, Andrada y Mendoza antes de abandonar el interbloque. Salino aceptó quedarse, pero el formoseño, que es el brazo operativo de CFK en el Senado y en el PJ nacional, sospecha que podría irse en cualquier momento. 

No es el único. El kirchnerismo sabe que el objetivo del Gobierno es romper y atomizar al panperonismo, de modo de poder negociar las leyes con cada uno por separado. Ya lo logró con algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero CFK sabe que el operativo no terminará ahí. 

Mayans teme por Salino, por un lado, y por Gerardo Zamora, por el otro. El ex gobernador santiagueño ya advirtió que, cuando haya leyes muy duras intentará votar en contra, pero que en el resto intentará mantener una posición “neutral” con el Gobierno. Por ahora sigue dentro del grupo de los 25 y ayuda a blindar el tercio, pero es una posición frágil: el cristinismo se sabe débil, indeciso entre la caza de “traidores” y la amplitud del espacio, y teme que, uno por uno, los vayan dejando sin un peronismo al que conducir. 

La negociación que viene

Mahiques comenzó a marcar la agenda de trabajo y asentó como prioridad cubrir las más de 300 vacantes de jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal. Su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, había avanzado en varios pliegos, pero Mahiques dejó en claro que será él quien supervise los nombres antes de mandarlos al Senado. Una decisión que despertó las alarmas entre varios gobernadores, que ya habían negociado algunos lugares con Santiago Caputo y temen, ahora, tener que comenzar de cero. 

“Ojo que ahora el que tenga antecedente de que cantó la marcha peronista lo tiran a la mierda eh”, chicaneó un senador kirchnerista a uno de sus pares en las provincias del Norte, que confiaba haber llegado a un acuerdo con el Gobierno. 

El trámite se inicia en el Consejo de la Magistratura, que preside Horacio Rosatti tras el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 y retrotrajo la composición del organismo al esquema anterior, con la presidencia en manos de la Corte Suprema. Primero se debe llamar a un concurso, realizar una evaluación de antecedentes y una entrevista con los candidatos y, luego, una vez aprobado, se envía la terna al Ejecutivo. Es el presidente quien elige entre los candidatos y los envía al Senado, en donde pueden ser aprobados con mayoría simple. 

Con una base de 40 votos asegurados, el oficialismo descuenta que tendrá los votos para aprobar los pliegos. Pretende utilizarlo como mecanismo de negociación con gobernadores y senadores aliados que, hasta ahora, fueron leales al Gobierno, como el correntino “Camau” Espínola. La discusión de los dos pliegos de la Corte Suprema, en cambio, se pateará para más adelante. “Hoy no es una prioridad”, aseguró el flamante ministro de Justicia, pocas horas después de haber asumido. 

Atomizado y en modo defensivo, el kirchnerismo tendrá que observar esa negociación desde afuera.

MCM/MC

“Un gobierno se sostiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.

Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.

La Corte Suprema incompleta

En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.

Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.

Un tercio de vacantes judiciales

Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.

En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.

A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General, otra silla pendiente

Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.

El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura

Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.

Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.

Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces. Ayer Sebastián Amerio se enteró de que dejaba el cargo como viceministro justo en pleno Zoom del Consejo.

El Consejo tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.

De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.

Blindaje a la reforma laboral

Mahiques también tendrá la tarea de blindar judicialmente la reforma laboral. La CGT judicializó la ley y la denunció el lunes pasado de inconstitucional, reclamo que aún no avanzó, así como tampoco el Poder Ejecutivo promulgó y reglamentó la norma que flexibiliza la ley de Contratos de Trabajo.

Pero la ley esconde un blindaje para el Gobierno: determinó el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña. El cambio implicaría la pérdida de 1700 puestos de trabajo con la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Serían reemplazados por una decena de juzgados en los tribunales porteños, donde es innegable la influencia macrista. Mahiques fue hasta ahora jefe de los fiscales porteños, además de ser pupilo de Daniel Angelici, mandamás en los tribunales de CABA.

$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato

Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.

A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.

MC

La Justicia desestimó este sábado un nuevo pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar al exterior.

Se trata de un nuevo revés para el titular del ente regulador del fútbol argentino, quien planeaba asistir a la Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, para participar del acto de inaguración de la Federación Venezolana de Fútbol.

El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia su viaje a Colombia y Brasil a pesar de estar imputado por presunto lavado de dinero y desvío de fondos, motivo por el que el expresidente de Barracas Central solicitó prolongar hasta el martes próximo con el objetivo de partir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado denegó ese planteo.

Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habian citados a prestar declaración indagatoria el jueves 5 de marzo, pero pidieron la nulidad de esa medida. A ambos se les endilga la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El recurso fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.

La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.

Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.

La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Claudio “Chiqui” Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede a Pilar no cumplió los requisitos legales.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual.

Según explicó, la entidad nunca canceló su inscripción ante la IGJ, condición necesaria para cambiar de ámbito de control.

Además, señaló presuntas irregularidades administrativas y negó que la veeduría implique una intervención, al remarcar que solo busca fiscalizar información ante inconsistencias detectadas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El proyecto de reforma penal juvenil que que lleva la edad de imputabilidad a 13 años ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento. 

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Cúneo Libarona explicó los puntos clave del proyecto

Horas atrás, Mariano Cúneo Libarona confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia, impulsado por un pedido personal del Presidente y su hermana tras haber contemplado el retiro en diciembre. 

El funcionario dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que “vine por el bronce, por el cariño a la justicia” y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

El ministro desestimó las operaciones de prensa que sugerían su salida y se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando que “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”.

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. “Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, explicó para justificar el límite de edad propuesto en diálogo con Splendid AM 990.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: “A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”. Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”.

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como “difusa e imprecisa” desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de “hombricidio y femicidio”, basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo. 

“Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. “El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”, insistió. 

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.