La Justicia ratificó la vigencia de toda la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral. La decisión vuelve a poner en funcionamiento artículos que la CGT había impugnado por considerar que afectaban derechos laborales y sindicales. Para los trabajadores, el fallo cambia otra vez el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación.

La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió revocar la medida cautelar dictada el 30 de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63. Para la magistrada, “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma.

El movimiento judicial favorece al Gobierno en dos planos. Primero, porque restituye la vigencia completa de la ley. Segundo, porque consolida el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo, una estrategia que el Ejecutivo había impulsado desde el inicio. La Casa Rosada había sostenido que la causa debía tramitarse allí por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y no en los tribunales laborales, donde la CGT había obtenido la cautelar.

Marra Giménez ya se había declarado competente el 10 de abril y había reclamado el expediente principal al fuero laboral. El 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la cautelar que suspendía los artículos cuestionados. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la jueza y cerró la disputa entre fueros. La remisión de cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal terminó de ordenar el caso bajo la órbita contencioso administrativa.

Ese recorrido procesal explica por qué una jueza de primera instancia pudo dejar sin efecto una cautelar dictada por otro juzgado. Marra Giménez no actuó como tribunal de alzada del fuero laboral, sino como jueza del expediente después de que la competencia pasara al fuero Contencioso Administrativo. La revisión de la cautelar quedó atada a esa mudanza de fuero: si el caso hubiera continuado en la Justicia laboral, la vía para discutir la suspensión habría sido la Cámara del Trabajo. Con la competencia ya ratificada en el Contencioso Administrativo, la jueza quedó habilitada a resolver si mantenía o levantaba la medida provisoria.

La CGT había planteado que varios artículos de la reforma vulneraban principios protegidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: protección laboral, libertad sindical, tutela judicial efectiva, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El juez laboral Raúl Ojeda había considerado que existían indicios suficientes para suspender preventivamente la aplicación de esos artículos mientras se discutía la cuestión de fondo. También había señalado que la aplicación inmediata podía producir efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes.

La jueza contenciosa no resolvió si la reforma es constitucional o no; sostuvo que ese debate exige un análisis de fondo y que mantener la cautelar implicaba adelantar opinión. Ese punto resulta decisivo para los sindicatos: la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta, pero la norma vuelve a regir mientras el proceso avanza. En los hechos, la carga se desplaza hacia los trabajadores y sus organizaciones, que deberán sostener la impugnación con la ley ya activa.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano había resaltado la semana pasada la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 de dejar sin efecto la cautelar requerida por la CGT, subrayando que para el gobierno de Milei la Ley de Modernización Laboral “resulta una herramienta fundamental” para crear empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores.

El fallo devuelve vigencia a puntos que ya habían abierto litigios en distintas jurisdicciones. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, por considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo N°3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite, con el argumento de que podía reducir el monto que cobran los trabajadores después de años de litigio.

Uno de los cambios más cuestionados por sectores sindicales fue la incorporación del llamado banco de horas. Ese esquema permite compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores dentro de un período determinado, en lugar de pagarlas como horas extra en el momento. Los sindicatos advirtieron que el mecanismo puede trasladar al empleador la decisión sobre la distribución del tiempo de trabajo y alterar la previsibilidad de la jornada.

Una indemnización pagada en cuotas, un crédito judicial actualizado a la baja o una jornada más flexible para la empresa afectan ingresos que suelen destinarse a alquiler, alimentos, servicios, transporte y cuidado. La disputa legal avanza sobre derechos que organizan la capacidad de defensa de quienes dependen de un salario.

El expediente seguirá abierto y la discusión de fondo todavía no tiene resolución. Pero la decisión de Marra Giménez produce un efecto inmediato: los artículos cuestionados recuperan vigencia mientras la CGT y otros actores laborales continúan la pelea judicial. Para los trabajadores, la reforma vuelve a regir en un mercado laboral atravesado por pérdida de poder adquisitivo, gastos fijos al alza y mayor incertidumbre sobre las condiciones de contratación y defensa de sus ingresos.

JJD

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.

La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.

El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.

Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.

“Devolución de favores”

El punto más sensible del escrito firmado por el abogado Pablo Arnaldo Topet, en representación de la CGT, apunta directamente a Pesino. La CGT lo recusa en los términos del artículo 17, inciso 8, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contempla la recusación cuando un juez ha recibido “beneficios de importancia” de alguna de las partes. La central sostiene que la publicación en el Boletín Oficial —que formalizó el inicio del trámite para que el magistrado continúe en funciones— configura exactamente ese supuesto.

“El señor Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación. El escrito agrega que la situación fue reflejada de manera inmediata por distintos medios: Perfil tituló “El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años”; La Nación publicó “El Gobierno busca extender la magistratura del juez que falló a favor de la reforma laboral”; y Diario Popular habló directamente de un “premio”.

La CGT también señala que la aceleración del trámite de Pesino contrasta con la situación del juez federal Martín Irurzun, quien habría solicitado lo mismo pero cuyo pliego todavía no fue enviado al Congreso. Además, subraya que el impulso del Ejecutivo contradice el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral”, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño el 9 de febrero de 2026, que establecía no promover nuevas designaciones de magistrados laborales durante el período de transición.

Prejuzgamiento

El segundo planteo de recusación alcanza tanto a Pesino como a González, también por la causal del inciso 7 del mismo artículo: haber emitido opinión sobre el fondo del asunto antes de que la causa estuviera en condiciones de ser resuelta.

La CGT critica que los jueces hayan descartado —sin fundamentación suficiente— la excepción prevista en el artículo 2, inciso 2, de la ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que exime del efecto suspensivo cuando están en juego sectores socialmente vulnerables, la vida digna en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, o derechos de naturaleza alimentaria. En el escrito se afirma que la propia Sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores, citando dos fallos de 2017 y 2018 en los que el mismo tribunal consideró que los derechos laborales tienen naturaleza alimentaria.

“La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren —aunque sea prima facie— que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado que dicen aplicar”, sostiene la presentación.

Nulidad por falta de competencia

Un tercer eje del planteo es la nulidad absoluta de la resolución del 23 de abril por falta de jurisdicción. La CGT argumenta que, por el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. Según el escrito, la Sala I había intervenido en el expediente 10.000/2026 caratulado “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina y otros c/ Estado Nacional” —que tramitaba por ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63 y al que se acumularon por conexidad las demás causas que impugnan la ley 27.802, incluyendo la de la CGT—, lo que le otorgaba prevención sobre todas las incidencias recursivas ulteriores.

La CGT sostiene que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja a su parte y antes de que se consintiera su intervención, lo que impidió a la central plantear la inhibitoria a tiempo. “Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia”, señala el escrito.

Por esta razón, la CGT solicita que la causa sea remitida a la Sala I para que resuelva tanto la nulidad como el fondo del recurso.

Caso federal y organismos internacionales

La presentación reitera el planteo del caso federal para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluye la reserva de acudir a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

“Bueno, tenemos que definir cómo vamos a trabajar ahora”, suspiró Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento en San José, en diálogo con un senador kirchnerista. Una semana antes, los gobernadores peronistas alineados con Javier Milei habían quebrado el bloque en el Senado y habían dejado al cristinismo sin casi poder de negociación. Luego llegó la confirmación de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, con una señal de angustia que latía hace tiempo en el corazón del peronismo: Karina Milei había decidido reemplazarlos como aliados para sellar una tregua con Comodoro Py. 

El desembarco de Mahiques fue el golpe final, definitivo. El peronismo ya perdía poder de fuego en el Senado desde octubre. Primero con la reconfiguración de fuerzas tras las elecciones legislativas y los 20 senadores nuevos que logró anotarse La Libertad Avanza. Después con la mayoría automática de 40 senadores que Patricia Bullrich demostró, durante las sesiones extraordinarias, que podría juntar para aprobar cualquier ley que enviara el Ejecutivo. Finalmente, con la ruptura del bloque tras la fuga de Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza, lo que dejó al interbloque que preside José Mayans solo con 25 senadores. 

Hace poco más de un año, el kirchnerismo estaba negociando con Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia que Karina corrió la semana pasada, los pliegos de la Corte Suprema. El cristinismo era el interlocutor principal del Gobierno y CFK estaba convencida de que podría, así, condicionar al menos a uno de los nombramientos en el Máximo Tribunal. Ariel Lijo no era propio pero prometía cambiar, junto a Ricardo Lorenzetti, la relación de fuerzas en la Corte a su favor. 

Ahora, sin embargo, con Amerio afuera, los pliegos rechazados en el Senado, y un nuevo ministro de Justicia con terminales directas en la justicia federal, el peronismo se quedó afuera de la negociación. “Ahora nos van a intentar comer a uno o dos más. Amerio operó bien, pero la cagaron al mandar los pliegos por decreto. Pero ahora va a ser (Horacio) Rosatti el que va a manejar la terna”, masculló uno de los armadores de CFK en el Senado. 

El peronismo está a la defensiva. Pasó de controlar el Senado a salvar, por un pelo, que el Gobierno pudiera romperle el tercio del Senado (es decir, menos de 24 senadores). Mayans tuvo que negociar hasta último momento con el puntano Fernando Salino, que presidía Convicción Federal, el bloque que integraban Moises, Andrada y Mendoza antes de abandonar el interbloque. Salino aceptó quedarse, pero el formoseño, que es el brazo operativo de CFK en el Senado y en el PJ nacional, sospecha que podría irse en cualquier momento. 

No es el único. El kirchnerismo sabe que el objetivo del Gobierno es romper y atomizar al panperonismo, de modo de poder negociar las leyes con cada uno por separado. Ya lo logró con algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero CFK sabe que el operativo no terminará ahí. 

Mayans teme por Salino, por un lado, y por Gerardo Zamora, por el otro. El ex gobernador santiagueño ya advirtió que, cuando haya leyes muy duras intentará votar en contra, pero que en el resto intentará mantener una posición “neutral” con el Gobierno. Por ahora sigue dentro del grupo de los 25 y ayuda a blindar el tercio, pero es una posición frágil: el cristinismo se sabe débil, indeciso entre la caza de “traidores” y la amplitud del espacio, y teme que, uno por uno, los vayan dejando sin un peronismo al que conducir. 

La negociación que viene

Mahiques comenzó a marcar la agenda de trabajo y asentó como prioridad cubrir las más de 300 vacantes de jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal. Su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, había avanzado en varios pliegos, pero Mahiques dejó en claro que será él quien supervise los nombres antes de mandarlos al Senado. Una decisión que despertó las alarmas entre varios gobernadores, que ya habían negociado algunos lugares con Santiago Caputo y temen, ahora, tener que comenzar de cero. 

“Ojo que ahora el que tenga antecedente de que cantó la marcha peronista lo tiran a la mierda eh”, chicaneó un senador kirchnerista a uno de sus pares en las provincias del Norte, que confiaba haber llegado a un acuerdo con el Gobierno. 

El trámite se inicia en el Consejo de la Magistratura, que preside Horacio Rosatti tras el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 y retrotrajo la composición del organismo al esquema anterior, con la presidencia en manos de la Corte Suprema. Primero se debe llamar a un concurso, realizar una evaluación de antecedentes y una entrevista con los candidatos y, luego, una vez aprobado, se envía la terna al Ejecutivo. Es el presidente quien elige entre los candidatos y los envía al Senado, en donde pueden ser aprobados con mayoría simple. 

Con una base de 40 votos asegurados, el oficialismo descuenta que tendrá los votos para aprobar los pliegos. Pretende utilizarlo como mecanismo de negociación con gobernadores y senadores aliados que, hasta ahora, fueron leales al Gobierno, como el correntino “Camau” Espínola. La discusión de los dos pliegos de la Corte Suprema, en cambio, se pateará para más adelante. “Hoy no es una prioridad”, aseguró el flamante ministro de Justicia, pocas horas después de haber asumido. 

Atomizado y en modo defensivo, el kirchnerismo tendrá que observar esa negociación desde afuera.

MCM/MC

“Un gobierno se sostiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.

Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.

La Corte Suprema incompleta

En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.

Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.

Un tercio de vacantes judiciales

Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.

En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.

A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General, otra silla pendiente

Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.

El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura

Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.

Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.

Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces. Ayer Sebastián Amerio se enteró de que dejaba el cargo como viceministro justo en pleno Zoom del Consejo.

El Consejo tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.

De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.

Blindaje a la reforma laboral

Mahiques también tendrá la tarea de blindar judicialmente la reforma laboral. La CGT judicializó la ley y la denunció el lunes pasado de inconstitucional, reclamo que aún no avanzó, así como tampoco el Poder Ejecutivo promulgó y reglamentó la norma que flexibiliza la ley de Contratos de Trabajo.

Pero la ley esconde un blindaje para el Gobierno: determinó el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña. El cambio implicaría la pérdida de 1700 puestos de trabajo con la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Serían reemplazados por una decena de juzgados en los tribunales porteños, donde es innegable la influencia macrista. Mahiques fue hasta ahora jefe de los fiscales porteños, además de ser pupilo de Daniel Angelici, mandamás en los tribunales de CABA.

$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato

Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.

A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.

MC

La Justicia desestimó este sábado un nuevo pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar al exterior.

Se trata de un nuevo revés para el titular del ente regulador del fútbol argentino, quien planeaba asistir a la Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, para participar del acto de inaguración de la Federación Venezolana de Fútbol.

El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia su viaje a Colombia y Brasil a pesar de estar imputado por presunto lavado de dinero y desvío de fondos, motivo por el que el expresidente de Barracas Central solicitó prolongar hasta el martes próximo con el objetivo de partir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado denegó ese planteo.

Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habian citados a prestar declaración indagatoria el jueves 5 de marzo, pero pidieron la nulidad de esa medida. A ambos se les endilga la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.

El recurso fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.

La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.

Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.

La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió a Claudio “Chiqui” Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su jurisdicción, al considerar que el traslado de la sede a Pilar no cumplió los requisitos legales.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual.

Según explicó, la entidad nunca canceló su inscripción ante la IGJ, condición necesaria para cambiar de ámbito de control.

Además, señaló presuntas irregularidades administrativas y negó que la veeduría implique una intervención, al remarcar que solo busca fiscalizar información ante inconsistencias detectadas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El proyecto de reforma penal juvenil que que lleva la edad de imputabilidad a 13 años ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.

La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento. 

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Cúneo Libarona explicó los puntos clave del proyecto

Horas atrás, Mariano Cúneo Libarona confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia, impulsado por un pedido personal del Presidente y su hermana tras haber contemplado el retiro en diciembre. 

El funcionario dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que “vine por el bronce, por el cariño a la justicia” y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

El ministro desestimó las operaciones de prensa que sugerían su salida y se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando que “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”.

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro fue tajante al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. “Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, explicó para justificar el límite de edad propuesto en diálogo con Splendid AM 990.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: “A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”. Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”.

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como “difusa e imprecisa” desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de “hombricidio y femicidio”, basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo. 

“Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. “El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”, insistió. 

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.

El exjuez federal Walter Bento fue condenado este martes como el jefe de una asociación ilícita que recibía dinero a cambio de favores judiciales por parte de contrabandistas y narcotraficantes. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza quien lo declaró culpable de corrupción en un juicio que incluyó a otros 24 acusados.

Para la justicia de Mendoza, Bento lideraba una organización destinada a “obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas”. Y también fue responsable de los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba.

Según las tres integrantes del Tribunal, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.

Bento está detenido desde hace dos años en la prisión de Cacheuta, a 40 kilómetros de la capital mendocina, en medio de la Cordillera. Recién el próximo miércoles se conocerán las penas en una audiencia de cesura.

No hubo fisuras en la decisión del Tribunal. El veredicto fue votado por unanimidad. Los jueces dieron por probada la acusació de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que estimó que Bento habría generado al menos US$ 1,7 millones en sobornos.

En noviembre de 2023, el exmagistrado había sido destituido por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” de sus funciones. “Quedó acreditado que realizó maniobras para entorpecer causas, obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario para vivienda única teniendo otras propiedades, omitió incluir información patrimonial, vendió un inmueble sin declarar que era persona con cargo público, entre otras irregularidades”, argumentó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en relación a la decisión de removerlo de su cargo, que contó con seis votos a favor.

En el fallo conocido hoy uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, mientras que su esposa, Marta Boiza, imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y su hijo mayor, Nahuel, sindicado por lavado de activos, también fueron hallados responsables.

Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.

A lo largo del proceso, los investigadores lograron probar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor. A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad. 

Con información de Noticias Argentinas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encuentran desde este sábado por la noche en el Centro de Detención Metropolitano, ubicado en Brooklyn, según consignó The New York Times. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a ese medio, la pareja capturada sería trasladada antes a la sede de la DEA en Nueva York. El lunes deberían comparecer frente al tribunal que busca juzgarlos.

A lo largo y ancho del planeta, la mayor parte de los líderes mundiales han condenado la acción militar y la captura del mandatario venezolano y Flores. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la acción de Estados Unidos constituye un “precedente peligroso” para el mundo y llamó “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, en pleno respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”. Guterres afirmó, además, que le preocupa que “el derecho internacional no haya sido respetado”.

Desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta los gobiernos de Rusia y China condenaron la operación del gobierno de Donald Trump. En Francia, hubo críticas por parte del ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien dijo que “ninguna solución política duradera puede ser impuesta desde el exterior”, hasta por la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien dijo que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.

También se sumó el primer ministro británico, Keir Starmer, quien llamó a “respetar el derecho internacional”.

Sin embargo, Estados Unidos sostiene que tiene pruebas contra Maduro y una supuesta red de narcotraficantes que operaban junto al mandatario para introducir droga en el país del norte. Estas son ocho claves para entender de qué se acusará a Maduro y su esposa este lunes en Nueva York, según consta en el documento dado a conocer por la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, a través de su cuenta en X. 

¿Quién acusa formalmente a Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. El escrito en el que consta la acusación es firmado por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

¿Cuáles son los cargos formales contra el capturado presidente de Venezuela?

Maduro ha sido acusado de supuesta conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Su esposa, Cilia Flores, también es acusada al igual que altos funcionarios de Venezuela, como Diosdado Cabello.

¿Qué sostiene la acusación?

El fiscal de Nueva York afirma que durante más de 25 años, los líderes venezolanos “han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Según el fiscal de distrito, Maduro estaría al frente de esa corrupción y se ha asociado con sus presuntos cómplices “para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Estados Unidos sostiene que Maduro “ha manchado todos los cargos públicos que ha ocupado”: dice que como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, habría transportado grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas; que como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, habría proporcionado pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitado la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Luego, afirma que como presidente de Venezuela y “ahora gobernante de facto”, habría permitido “que la corrupción impulsada por la cocaína florezca para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

¿Quiénes son los otros acusados?

El fiscal de Nueva York asegura que estas supuestas operaciones de narcotráfico habrían enriquecido y consolidado “a la élite política y militar venezolana”, acusando especialmente al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y al ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. “Este narcotráfico a gran escala también ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela, Cilia Adela Flores de Maduro, y a su hijo, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’”, dice el documento analizado por elDiarioAR. 

Estados Unidos afirma que “este ciclo de corrupción basado en el narcotráfico llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

¿Cuáles serían los supuestos vínculos con el narcotráfico?

La fiscalía sostiene que en diversas ocasiones y presuntamente desde 1999 o alrededor de esa fecha, funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, se habrían asociado con “narcoterroristas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. “En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Además, la fiscalía sostiene que “las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”.

¿Cuál sería la supuesta ruta de la cocaína?

La llamaron “la ruta del Caribe”. La acusación habla de coca aportada por productores en Colombia, transportistas y distribuidores en Venezuela, y receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte.

El fiscal de Nueva York dice que enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Para 2020, aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que “entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela”. Estados Unidos sostiene que los cargamentos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Los envíos aéreos presuntamente se realizaban también, dicen en la acusación, desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos.

¿Por qué la acusación va más allá de Venezuela y Maduro?

En el escrito dado a conocer este sábado, la fiscalía sostiene que “a través de este narcotráfico, Nicolás Maduro Moros y miembros corruptos de su régimen facilitaron la corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región”. 

Los supuestos puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban, dice el fiscal de Nueva York, en una “cultura de corrupción”, en la que se supone que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban. 

A su vez, sostiene Estados Unidos, “estos políticos utilizaban los pagos generados por la cocaína para mantener y aumentar su poder político”. De igual manera, los políticos a lo largo de la “ruta del Caribe” eran corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. 

“Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la cocaína son más altos”.

¿Qué supuestos hechos concretos menciona la acusación en el caso de Maduro?

Estos son algunos de los hechos centrales atribuidos a Maduro en el escrito de acusación. La fiscalía dice que entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro habría vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que “sabía que eran narcotraficantes” para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. 

Además, afirma que cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro habría facilitado el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. “En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, sostiene el fiscal de Nueva York.

Luego, dice que entre 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y su esposa colaboraron para supuestamente traficar cocaína, gran parte de la cual había sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la ayuda de escoltas militares armadas. 

La fiscalía asegura que durante este tiempo, el matrimonio habría mantenido “sus propios grupos de pandillas patrocinadas por el Estado, conocidos como colectivos, para facilitar y proteger sus operaciones de narcotráfico”. Dice que Maduro y Flores también habrían ordenado “secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero procedente del narcotráfico o que de alguna otra forma perjudicaban sus operaciones, incluyendo el asesinato de un jefe de la droga local en Caracas”.

Entre octubre y noviembre de 2015, aproximadamente, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiares de Maduro y Flores de Maduro— habría acordado, “durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA”, despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía. “Durante las reuniones grabadas con las fuentes, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos, describieron al Cártel de Los Soles, hablaron de una conexión con un ‘comandante de las FARC’ que supuestamente era de alto rango e indicaron que buscaban recaudar US$20 millones del narcotráfico para apoyar una campaña de Flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015”, dice la acusación.

En esa supuesta reunión, “Campo Flores se refirió a Maduro como su ‘padre’ y declaró que ‘lo que queremos es que recupere el control de la Asamblea Nacional’”. 

Alrededor de noviembre de 2016, Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados en un juicio en este Distrito por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Luego la acusación sostiene que alrededor de julio de 2019, poco después de que ciertos líderes de las FARC regresaran públicamente a las armas a pesar de la firma de los recientes acuerdos de paz con el gobierno colombiano, Maduro convocó a una conferencia de prensa grabada en video en la que anunció que las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela.

MF

La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según fuentes judiciales.

El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.

Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución. 

El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.

La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.

El fallo

En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. 

Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.

El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI.

Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.

El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. 

Con información de la agencia NA

La Justicia civil de Bariloche ordenó el embargo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde en el marco de una causa por el incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Santiago Morán a pedido de un damnificado local y alcanza un monto cercano a los 40 millones de pesos.

La resolución se dictó en el contexto de una demanda por daños y perjuicios vinculada al emprendimiento “Tajamar”, impulsado por Lorena Villaverde como desarrolladora. El demandante presentó el boleto de compraventa del terreno y reclamó que, pese al paso del tiempo y a los pagos realizados, nunca se concretó la entrega del lote ni las obras de infraestructura comprometidas.

El magistrado consideró acreditados los requisitos necesarios para avanzar con el embargo preventivo y dispuso que se retengan fondos de las remuneraciones laborales de la legisladora —excluidas las asignaciones familiares— hasta cubrir 27 millones de pesos en concepto de capital, más otros 13,5 millones estimados provisoriamente por intereses y costas. Las sumas deberán depositarse en una cuenta judicial del Banco Patagonia y la orden fue comunicada formalmente a la Cámara de Diputados.

Si bien la sentencia se encuentra bajo reserva judicial, trascendió a partir de las actuaciones de las partes. El juez aclaró que la cautelar no implica una definición sobre el fondo del litigio, que continuará su curso para determinar eventuales responsabilidades contractuales.

El conflicto no es un caso aislado. La diputada libertaria afrontó otras causas civiles similares vinculadas al mismo desarrollo inmobiliario, algunas de las cuales tramitaron en el juzgado de San Antonio Oeste y se resolvieron mediante acuerdos privados, sin llegar a instancias de sentencia.

En paralelo, otra demanda avanza en el ámbito judicial de la provincia. En ese expediente, iniciado recientemente, se reclama un embargo preventivo por 31 millones de pesos y una indemnización total que podría alcanzar los 100 millones, entre daño moral y sanciones punitivas. El caso también se relaciona con la compra de un lote en el emprendimiento Tajamar, adquirido en 2020 y, según la demanda, nunca entregado ni escriturado.

Desde la defensa de Lorena Villaverde, en presentaciones previas, se habían argumentado demoras vinculadas al impacto de la pandemia en los plazos de ejecución de las obras. Mientras tanto, los procesos judiciales continúan su curso y suman presión sobre la situación judicial y política de la legisladora.

El Gobierno asegura ahora que Mariano Cúneo Libarona seguirá al frente del Ministerio de Justicia y que no hay una búsqueda activa de reemplazo. Así lo transmitieron en Casa Rosada luego de la reunión que el ministro mantuvo este miércoles con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde repasaron la agenda del área. En paralelo, voceros oficiales niegan haber retomado las negociaciones por las vacantes en la Corte Suprema y señalan que esos diálogos recién se abrirán con el inicio del período ordinario en marzo.

Pero la situación interna dista de estar cerrada. Distintas fuentes del Ejecutivo admitieron que existe un canal paralelo con el kirchnerismo. “Está habiendo otra rosca, pero que no es del Presidente”, reconocieron esta semana cerca del Salón Martín Fierro, apuntando a negociaciones no oficiales para avanzar en acuerdos judiciales. Las miradas se dirigieron hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores cercanos a Karina Milei. Ambos niegan estar involucrados.

La continuidad de Cúneo Libarona es parte de una tregua frágil. El ministro había manifestado su intención de dejar el cargo tras las elecciones, agotado por la interna y la exposición pública. Milei y su hermana le pidieron que permanezca al menos hasta el verano para evitar una reconfiguración inmediata del gabinete. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, sintetizaba una fuente oficial hace un par de semanas. La maniobra buscó bloquear el ascenso de su vice, Sebastián Amerio, operador judicial de Santiago Caputo, o la llegada de un dirigente del PRO.

La disputa es más amplia que un cambio de nombres. En la Casa Rosada admiten que el control de Justicia se convirtió en terreno prioritario para las distintas facciones del oficialismo. Karina busca retener la conducción política del área, mientras Caputo intenta sostener el protagonismo de Amerio, quien hace meses ejerce funciones de facto desde los vínculos directos con fiscales y jueces. Asumir formalmente lo obligaría a perder ese margen operativo y ganar exposición pública.

En las últimas semanas, entre las variantes analizadas, Guillermo Montenegro había aparecido como opción de equilibrio: intendente de General Pueyrredón, legislador bonaerense electo, exjuez y con trayectoria en Seguridad y Justicia, aunque distante hoy del macrismo. Su nombre circuló incluso para una eventual unificación de ambas carteras, idea finalmente descartada. Otra alternativa, según pudo saber elDiarioAR, era designar a un perfil legislativo que facilite acuerdos con gobernadores y bloques aliados, en línea con la estrategia de reconstrucción política que encabezan Adorni y Karina Milei.

Cualquier movimiento, de todos modos, está condicionado al rediseño integral del gabinete previsto para diciembre y la cantidad de decisiones pendientes que se acumularon en los últimos dos años. Casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podrían quedar vacantes antes de fin de año. Amerio impulsó en 2024 un paquete de 150 pliegos que fue frenado por orden del Presidente durante la campaña. El oficialismo ahora evalúa destrabar ese envío. También vuelve la discusión por la Corte Suprema y la Procuración General: en Balcarce 50 no descartan llevar el máximo tribunal de cinco a siete miembros como parte de un pacto de mayor alcance con el peronismo.

Ese entendimiento avanza en reserva. Fuentes del oficialismo y del kirchnerismo confirman conversaciones indirectas entre Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner, mediadas por actores del universo Menem. El eje no son solo los nombres para la Corte, sino la reorganización del mapa judicial y la distribución de poder en Comodoro Py. La aritmética ayuda: entre La Libertad Avanza y el peronismo suman los dos tercios del Senado, suficientes para prescindir de la UCR y del PRO.

Sin embargo, el rol concreto de Karina en ese frente sigue sin clarificarse. Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, es uno de los pocos nexos visibles, con vínculos familiares y profesionales en tribunales. Pero la línea conceptual sigue bajo disputa: Caputo busca mantener la interlocución en manos de Amerio, aun después del traspié de 2024, cuando intentó posicionar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte. Lijo mantiene apoyos entre gobernadores peronistas y Massa volvió a mover su pliego con aval de Cristina, aunque sectores kirchneristas impulsan una candidata mujer, con Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnún entre las opciones.

En paralelo, el Ministerio de Justicia funciona con movimiento restringido. Cúneo Libarona continúa, pero con menor margen político y creciente desgaste. La incógnita sigue abierta y se ordena en un plano mayor: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en la etapa que viene. Lo que está en discusión no es solo un nombre, sino quién administrará las palancas del poder en tribunales en un gobierno que empieza a depender cada vez más de esa arena para sostener su proyecto político.

PL/CRM

El futuro del Ministerio de Justicia volvió a convertirse en el epicentro de la disputa interna que atraviesa al oficialismo. Mariano Cúneo Libarona, el abogado penalista que llegó al gabinete como garantía de nexo con el establishment judicial, ya había adelantado su salida en declaraciones previas a las elecciones. Pero Javier Milei y su hermana lo convencieron de quedarse al menos hasta el verano. “Karina le pidió que aguante unos meses más”, confía una fuente con acceso directo a Balcarce 50.

La continuidad del ministro, sin embargo, se sostiene en un equilibrio precario. En la Casa Rosada saben que su salida es cuestión de tiempo y que detrás de esa silla se esconde una pelea mayor: quién controlará el vínculo del Gobierno con el Poder Judicial. La mira del karinismo está puesta sobre una cartera que se volvió estratégica, no sólo por su peso institucional sino por lo que simboliza en la puja interna con el asesor Santiago Caputo.

Semanas atrás, Cúneo Libarona había puesto su renuncia a disposición. Su desgaste es inocultable. “Está cansado del fuego cruzado”, dicen en su entorno. Pero Karina Milei lo contuvo con un objetivo político preciso: bloquear el desembarco de un dirigente del PRO o de su segundo, Sebastián Amerio, amigo personal y operador judicial de Caputo, figura excluyente del mileísmo en los tribunales de Comodoro Py.

Esa resistencia abrió una nueva fractura dentro del triángulo de hierro. Mientras la secretaria general de la Presidencia intenta preservar el control político del área, Caputo busca preservar a Amerio. En los hechos, el actual vice de Justicia hace tiempo que ejerce como un ministro de facto, aunque prefiere mantenerse en ese rol antes que asumir el primer mando: el cambio de jerarquía lo obligaría a dedicar tiempo a actos protocolares y viajes que lo alejarían de las gestiones que hasta hoy concentró en los tribunales.

En su entorno aseguran que su influencia real radica en ese trabajo silencioso, en contacto directo con jueces y fiscales. La disputa, más que simbólica, define si el Gobierno mantendrá una estrategia judicial autónoma o si el poder real volverá a concentrarse en la figura de Amerio, el funcionario que Caputo logró instalar como su pieza más sólida dentro de la estructura estatal.

Aunque formalmente no hay decisión tomada, los nombres que circulan para suceder a Cúneo Libarona revelan las líneas de tensión interna. Uno de ellos es el de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y legislador bonaerense electo, a quien se lo ubicó como virtual titular de una cartera unificada de Justicia y Seguridad que a último momento terminó descartándose. De perfil PRO –pero distanciado de Mauricio Macri– y experiencia judicial, hay quienes consideran que Montenegro podría funcionar como una suerte de figura de equilibrio en caso de que la intención sea buscar una salida por el lado de la amplitud.

La Casa Rosada analiza incluso la posibilidad de ungir a una figura con mayor capacidad de articulación con el Congreso, en línea con la nueva etapa de diálogo que Milei intenta reconstruir con los gobernadores y bloques aliados. En cualquier caso, el reemplazo se resolverá después de que se defina el rediseño más amplio del gabinete, previsto para diciembre.

Rosca judicial

Más allá de la disputa interna, lo que se pone en juego en el Poder Judicial excede cualquier recambio personal. Es que casi la mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante antes de fin de año. En 2024, Amerio había anunciado el envío de 150 pliegos al Senado, pero la decisión se frenó por pedido del propio Presidente, que no quería abrir un frente judicial en medio del año electoral. Ahora, con el nuevo escenario político, el Gobierno busca destrabar ese paquete.

Además, en oficialismo también se evalúa avanzar en nombramientos de extrema sensibilidad, como son los candidatos a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación. El máximo tribunal opera hoy con su integración mínima y en Balcarce 50 no descartan ampliar el número de cinco a siete jueces como parte de una negociación con el kirchnerismo que ya está puesta en marcha.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner mantienen desde hace semanas un canal de interlocución reservado, mediado por emisarios de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La conversación –negada por ambas partes– gira en torno no solo a la designación de magistrados, sino al reparto de influencia en el sistema judicial, con el ministro bonaerense Juan Martín Mena y la senadora Anabel Fernández Sagasti como enlaces del cristinismo.

Ese intercambio inconfesable, nacido en la aritmética del poder, responde a una lógica compartida: juntos, La Libertad Avanza y el peronismo concentran los dos tercios del Senado, suficientes para decidir sin necesidad de la UCR ni del PRO. Desde San José 1111, la expresidenta percibió rápido que esa mayoría eventual podría ser la base de un intento de acuerdo inédito con el Presidente: redefinir el armado de la Corte Suprema y condicionar el mapa judicial sin depender de Mauricio Macri.

El diálogo se da en silencio, sin fotos ni mensajeros formales, y refleja un cambio de tono en el oficialismo: la hermana del Presidente, refrendada como jefa política tras el triunfo electoral del 26 de octubre, busca asumir el control de un área que había dejado librada a los designios delineados por el “monje” del Salón Martín Fierro.

Emisarios misteriosos

Pero aunque el interés de Karina por la rosca judicial comienza a asomar, no termina de quedar claro en qué intermediarios se sostiene. El abogado Santiago Viola es uno de los pocos nexos visibles de la secretaria general con ese mundo. Apoderado de La Libertad Avanza, en los tribunales lo conocen también por sus vínculos familiares: su madre, Claudia Balbín, es una figura mencionada en Comodoro Py y que mantiene una relación de amistad con la jueza María Servini.

El incipiente avance karinista choca de frente con los planes de Caputo, que pretende seguir reservando esas tratativas para Amerio. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales nadie olvida su gran traspié. El verano pasado, el asesor estrella encabezó la fallida negociación para colocar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, una jugada que terminó en derrota legislativa y con un costo político elevado.

Ahora, casi un año más tarde, los mismos nombres vuelven a sobrevolar las conversaciones. Como publicó elDiarioAR, Lijo conserva apoyos entre los gobernadores peronistas, y Massa busca reactivar su pliego con el visto bueno de Cristina. Pero el kirchnerismo discute si volver a apostar por un juez ligado a Ricardo Lorenzetti o impulsar a una mujer propia para completar la Corte, vacante de perspectiva femenina desde la salida de Elena Highton en 2021. En esa lista aparecen la propia Fernández Sagasti y la exsenadora santafesina María de los Ángeles Sacnún.

Mientras esas negociaciones avanzan en silencio, el Ministerio de Justicia atraviesa una parálisis cada vez más visible. En lo inmediato, Cúneo Libarona se mantiene en funciones con un margen cada vez más reducido. Su gestión quedó atrapada entre la inercia administrativa y el fuego cruzado de las facciones internas. “El Presidente ya sabe que se va, pero todavía no quiere abrir otro frente”, admite una fuente con llegada a la mesa chica libertaria.

El Gobierno evita dar señales públicas y prefiere mantener el suspenso. “La orden es mantener todo como está hasta que baje el ruido”, señalan. Detrás de esa espera se mueve algo más profundo: un tablero en plena reconfiguración. En ese juego, el control de la cartera judicial no es un asunto menor, sino la llave de futuras negociaciones que pueden redefinir los equilibrios de poder del nuevo ciclo abierto en la Argentina.

PL/MG

Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que el crédito asignado implicaría una reducción del 8% en términos generales y del 74% en el rubro Bienes de Uso.

A través de un comunicado, los magistrados alertaron que, de mantenerse esa previsión, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que calificaron como un “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En ese sentido, remarcaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera son condiciones “indispensables” para asegurar la efectiva independencia judicial, y advirtieron que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

El pronunciamiento también hizo hincapié en la necesidad de contar con recursos para avanzar en la modernización del sistema judicial y para garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal. 

Según señalaron, la fuerte reducción en el presupuesto para Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, considerados elementos claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, concluyeron los jueces, en defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”. 

Postergan la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal

El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.

Según la Resolución 1034/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, la nueva fecha para la puesta en marcha del sistema acusatorio será el 20 de abril de 2026, a las 00:00 horas.

La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se fundamenta en la necesidad de consolidar los avances realizados, culminar inversiones en infraestructura y tecnología, y garantizar condiciones institucionales óptimas para el funcionamiento definitivo del nuevo modelo procesal.

Desde 2014, la reforma procesal penal enfrenta obstáculos de implementación que han generado la coexistencia de regímenes distintos, complicando la operatividad del sistema federal y la administración eficiente de justicia penal.

En los últimos años, el Ministerio de Justicia realizó aportes en infraestructura, equipamiento tecnológico, capacitación y fortalecimiento institucional tanto para la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Poder Judicial, como también la puesta en valor de edificios emblemáticos como la sede “Raúl Alfonsín” y “La Monedita”.

El proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal seguirá avanzando en otras jurisdicciones del país, con el objetivo de consolidar un esquema de trabajo conjunto entre los organismos del sistema y asegurar la sostenibilidad de la reforma más allá de mandatos políticos.

Con información de NA.

Augusto Fraschina, reconocio jinete e instructor hípico, fue acusado ante la Justicia de presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado y por abuso sexual con acceso carnal, como reveló la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR este sábado. Candela Lenzi Pra, de 31 años, denunció haber sido abusada siendo su alumna, cuando era menor de edad. Sostuvo que los abusos se extendieron durante meses. Lenzi Pra no es la única denunciante. Una segunda mujer, M. Sol Brunello, que actualmente tiene 38 años, también denunció a Fraschina ante la Justicia por un hecho de abuso supuestamente ocurrido cuando ella tenía entre 17 y 20 años. Así surge del expediente y testimonios consultados por este medio durante los últimos meses.

A pesar de que ambos casos constan en el Poder Judicial de San Isidro, ninguno ha llegado a juicio. Ante la consulta de la UDI de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos denunciados, el jinete e instructor derivó a este medio con su abogado, Diego Olmedo. El letrado respondió: “Como abogados no damos reportajes mientras las causas estén en trámite. Es una causa muy delicada o son causas muy delicadas y sacar un reportaje aventurando una afirmación no nos parece prudente. Me parece imprudente que Augusto o los representantes de Augusto salgamos a declarar”.

La primera causa, iniciada por Lenzi Pra, tramita en la fiscalía de Juicio número 1 Especializada en Género de Pilar, actualmente a cargo de Marcela Semería. Fue iniciada en diciembre de 2018 y tiene cuatro pedidos de elevación a juicio presentados por parte de distintos fiscales. El segundo expediente tramita en la fiscalía descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género, a cargo de María José Basiglio. Fue iniciado en agosto de 2024 y se encuentra en etapa de instrucción.

Candela Lenzi Pra declaró contra Fraschina en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Violencia de Género de Pilar. Después de casi siete años, continúa esperando una resolución de la causa, que correría peligro de prescribir. 

Durante estos casi siete años, el Ministerio Público Fiscal presentó cuatro requerimientos de elevación a juicio contra Fraschina, pero todos fueron rechazados por el juez de Garantías número 7 de Pilar, Walter Saettone.

En el último requerimiento de elevación a juicio, la anterior fiscal a cargo de la causa, Carolina Carballido Calatayud sostuvo en referencia a la demora: “Seguir dilatando este proceso con reiterados planteos que no hacen más que dificultar el progreso del mismo, implicaría no actuar con la debida diligencia reforzada, que exige sin excepción que quienes tienen la responsabilidad de juzgar este tipo de delitos donde se encuentran afectados derechos de las mujeres, donde existen situaciones de violencia de género adopten todas las precauciones y extremen todos los cuidados de la causa”. Y agregó: “También implicaría negarle a la víctima el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.

El riesgo de prescripción se debe a una prueba, la ampliación de un peritaje psicológico que buscaba acreditar que los hechos le habían generado a la víctima un grave daño a la salud. Fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2023, que declaró su nulidad y todos los actos consecuentes. 

Tras la anulación, el juez de Garantías Saettone interpretó que esa prueba anulada tenía un efecto extensivo sobre la citación a prestar declaración del principal imputado en la causa, realizada en junio de 2021. Ante la Justicia, Fraschina sostuvo: “Quiero negar rotundamente todos los hechos”. El jinete se refirió a las situaciones de supuesto abuso enumeradas por Lenzi Pra y negó los hechos imputados en cada ocasión.

La causa llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que rechazó la queja de la fiscal María Laura D’ Gregorio por “improcedente”, argumentando que la resolución no era una sentencia definitiva. Sin embargo, en la respuesta dejó entrever que la nulidad no afectaba el llamado a prestar declaración indagatoria del imputado, que esa declaración de Fraschina no era nula, según interpreta el abogado de Lenzi Pra, Hugo Tomei, consultado por la UDI de elDiarioAR.

La causa estuvo bajo estudio de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, integrada por los jueces Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, por los recursos de apelación que interpusieron el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Manuel Cayuela, y de la propia Lenzi Pra. Uno de los jueces que debía decidir sobre el futuro de la causa, García Maañón, fue denunciado en julio último por una secretaria letrada por presunto acoso sexual y laboral, lo cual llevó a una investigación de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En sus idas y vueltas, el expediente contra Fraschina volvió a ingresar a la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 13 de junio de 2025. La Cámara debía resolver si era procedente extender la nulidad de la prueba al llamado a prestar declaración del imputado y a la citación a juicio. Eso podría haber herido de muerte a la causa. 

El pasado 2 de septiembre, y luego de la renuncia presentada por Maañón, la Sala I de la Cámara de Apelaciones declaró admisible el recurso de apelación del fiscal Cayuela, a pedido del fiscal departamental adjunto, Cosme Iribarren, y de Lenzi Pra y su abogado. 

Además, la Cámara revocó la decisión del juez Saettone, permitió que el proceso continúe su curso hacia el juicio oral y público y remitió el expediente a un nuevo juez. El fallo da cuenta de cómo afecta a la denunciante el paso del tiempo sin una resolución, afirmando que “la demora en el proceso vulnera los derechos de la víctima, especialmente considerando su condición de niña al momento de los hechos”.

Sin embargo, la defensa ha hecho una reserva para recurrir a Casación nuevamente. En un escrito del 4 de septiembre, el juez Saettone hizo lugar a ese pedido.

Sin embargo, uno de los últimos movimientos en la causa fue el 21 de octubre pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió denegar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Fraschina.

La UDI de elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con el juzgado de Garantías número 7 para consultar al juez Saettone. Se dejó constancia del motivo del contacto y un número telefónico. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Este medio también se contactó con la Fiscalía número 1 de Juicio del departamento judicial de San Isidro, derivado por el Fiscal General de San Isidro, John Broyad, quien constató que la causa está actualmente en manos de la fiscal Marcela Semería. elDiarioAR envió preguntas sobre el caso, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Denunciar y sus costos

La segunda denunciante de presunto abuso sexual cometido por Fraschina, M. Sol Brunello, evaluó las posibles repercusiones de emprender acciones legales, tanto para ella como para otros, antes de decidirse a denunciar. Al principio, dudó: “Era abrir y destapar una olla”, dijo a la UDI de elDiarioAR. Sin embargo, una vez que pudo hablar, todo comenzó a avanzar: “Desde que logré hablar, todo está yendo para adelante”. La denuncia fue presentada en agosto de 2024, luego de que la mujer hablara con sus familiares sobre la denuncia de Lenzi Pra, que salió publicada en un medio local, Pilar a diario, y después de que Brunello le contara a su familia lo que asegura haber vivido con Fraschina.

La fiscalía que lleva a cabo la investigación es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en violencia de género, a cargo de María José Basiglio. Luego de tomarle declaración a la denunciante, a sus padres y su hermano, y de considerar lo relatado por Brunello en el espacio de contención del Centro de Atención a la Víctima, la fiscal determinó que la denunciante “no logró dar detalles de los hechos denunciados en autos”, que el material probatorio fue “contradictorio” y, como consecuencia, “insuficiente” para tomarle declaración al imputado según el Código Penal. Sin más, Basiglio dispuso archivar la causa.

Sin embargo, luego de reclamar por supuesta ineficiencia en la investigación y solicitar la revisión de archivo, la denunciante -con representación del mismo abogado de Lenzi Pra, Tomei-, logró una respuesta favorable de la Justicia, aunque no un cambio de fiscalía. 

El 18 de febrero pasado, Sebastián Cosme Iribarren, fiscal departamental adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, resolvió revocar el archivo por considerar “que el criterio adoptado [por la fiscal] aparece -de momento- prematuro”.

La medida de desarchivo fue un nuevo impulso para Brunello: “En un momento, cuando tengo que firmar para desarchivar la causa, me hago la pregunta: ¿sigo con esto? Porque esto puede tardar un montón de años”, reflexiona la mujer en diálogo con elDiarioAR.

El 11 de marzo pasado, tras lo dispuesto por la Fiscalía General, la fiscal Basiglio dispuso librar varios oficios para solicitar medidas, como que se fije fecha para una pericia psicológica a los acusados y a la denunciante.

Las pericias serán recién dentro de casi un año: en septiembre de 2026. La fiscal también solicitó librar oficio al Presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), Marcelo Luis Brandolino, a fin de que informe si Fraschina y su supuesto cómplice, el jinete Javier Rawson, estaban registrados como deportistas entre 2004 y 2008, fecha en la que la denunciante pudo encuadrar que habrían sucedido los abusos. 

La UDI de elDiarioAR se contactó con la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Delitos de Pilar para enviar preguntas sobre los avances en el caso el pasado 22 de octubre por la mañana. Ese mismo día, a las 15:55, siete meses después de aquel escrito, la fiscalía envió un oficio al titular de la comisaría de San Miguel para que realice una “inspección ocular en Campo de Mayo -sector equitación- y se constate los registros de ingreso y egreso de personas entre los años 2004-2009” para corroborar los dichos de Brunello.

Además, la fiscal requirió que se le informe quiénes cumplían funciones en el lugar durante dicho período y que se informen los datos de contactos de los mismos a fin de recibir declaración en la fiscalía. Al cierre de la nota, las preguntas enviadas por este medio a la fiscal no fueron respondidas.

La respuesta de la Federación Ecuestre Argentina llegó rápidamente, al día siguiente. El apoderado de la institución, Alberto Hernán Méndez Canas, confirmó mediante un informe: “Tanto Rawson Marcelo Javier Humberto como Fraschina Augusto Carlos estuvieron federados como jinetes en nuestra institución durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”. También informaron que Rawson es instructor de la FEA desde 1999.

La UDI de elDiarioAR se contactó con Javier Rawson para conocer su versión de los hechos sobre esta última causa en la que está imputado: “Tengo conocimiento de la causa, no estoy imputado en el hecho que figura ahí en la causa. Se me imputa por una participación que tampoco tengo nada que ver”. A continuación ofreció el contacto de su abogado, Trevor Jones.

El letrado contestó en diálogo con este medio: “Es una causa en la que mi cliente, en definitiva, no está imputado de abuso. No está imputado de nada porque no lo han llamado ni siquiera a indagatoria en la provincia de Buenos Aires. La imputación se hace con el llamado indagatoria y no lo han llamado indagatoria y la causa ya fue archivada una vez” y agregó: “La víctima apeló ese archivo y se ordenaron algunas medidas tendientes a determinar, supongo yo, la fecha del supuesto abuso”.

Además, Jones sostuvo: “Nosotros inclusive entendemos que la causa está prescrita, pero bueno, para dilucidar todo este tema nos sometimos a las pruebas y a las medidas que propuso la fiscalía y estamos a la espera de esas medidas”.

Rawson figura como “imputado” en esta segunda causa contra Fraschina, según un documento de la Fiscalía Descentralizada de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género. En un acta de agosto de 2025, la fiscalía sostiene: “Siendo la primera oportunidad en que toma conocimiento de la causa precedente, es que se le hacen saber -a Rawson- los derechos contenidos en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, y que se le confieren por tratarse de imputado en causa penal”.

Si sufriste abusos y/o querés aportar información sobre abusos en equitación podés escribir a la UDI de elDiarioAR al correo electrónico denunciasequitacion@gmail.com 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED

Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de en el que advirtió sobre la situación económica del país y cuestionó las medidas del Gobierno. “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!... ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”, escribió la ex mandataria.

En el texto acusó a la administración de haber utilizado “más de mil millones de dólares en apenas dos días” para sostener el tipo de cambio y sostuvo que se está “financiando la fuga a dólar barato” con préstamos de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID. En ese marco, recordó que durante su gestión y la de Néstor Kirchner “no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en 2005 le pagaron todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido”.

CFK también mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señaló por “hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”. También nombró al ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a quien vinculó con procesos de endeudamiento y crisis financieras.

El mensaje incluyó referencias a los audios difundidos de Diego Spagnuolo, ex abogado del presidente. “¿Es cierto que ayer en Córdoba dijiste que las confesiones grabadas son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!!!”, escribió la ex jefa de Estado.

Además, apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en relación con denuncias sobre la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa… ¿No lo escuchaste?”, agregó en tono irónico.

El hilo concluyó con una pregunta sobre el rumbo del país: “Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?”, y una referencia a su situación judicial: “Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”.

MU

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con la mayoría de los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci, aceptó este miércoles los recursos presentados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y por el Ministerio Público Fiscal y determinó que era arbitraria la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Córdoba que en 2024 que había sobreseído a Sergio Guevara, Jorge Ferrer, Rubén Ceva, Julio Luján, Fernando Cuello y Diego Ludueña, integrantes de una red de evasión de impuestos con soja, que comercializaban con las grandes cerealeras Vicentin, Cargill y Bunge. En 2021, los jueces cordobeses los habían condenado por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación indebida de tributos y evasión agravada por haber orquestado un sistema para contactar productores, adquirirles cereal en negro y, a la vez, crear empresas apócrifas que solo existían en los papeles y estaban integradas por prestanombres insolventes que figuraban ante la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una actividad para la que no tenían la capacidad económica.

Sin embargo, con posterioridad a la sentencia condenatoria los imputados se adhirieron a un blanqueo en 2021 establecido en la ley 27.653 y, en consecuencia, se extinguió la acción penal respecto de los delitos de apropiación indebida de tributos y evasión agravada, subsistiendo el delito de asociación ilícita fiscal. Pero en 2024 hubo otro perdón impositivo por la ley 27.743 y un decreto del presidente Javier Milei, el 608/2024, que incluyó a la asociación ilícita fiscal como delito pasible de extinguir la acción penal por acogimiento a esta amnistía fiscal. Ahora, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria de los encausados por el delito de asociación ilícita fiscal.

En sus fundamentos, el juez Slokar avanzó sobre la inconstitucionalidad del artículo 1 de un decreto de Milei: “Corrompe el orden jurídico respecto del reparto competencial de tareas democráticas [y] también repugna las bases estructurantes de la igualdad en Estado de Derecho”. En ese sentido, advirtió sobre las exigencias democráticas frente al desvío de poder, como también las consecuencias de la amnistía tributaria frente a la justicia social, concepto repudiado por Milei.

Los condenados blanqueaban el cereal adquirido marginalmente y defraudaban al fisco. Fruto de la actividad ilícita, efectuaron movimientos millonarios de dinero y acrecentaron su patrimonio, lo que les permitió adquirir inmuebles urbanos y rurales, como así también vehículos de alta gama. Cuello, empresario de Río Tercero, era el líder de la asociación ilícita para evadir y fue condenado en 2021 a seis años y medio de prisión. Otros 12 hombres de negocios y contadores fueron sentenciados a penas de prisión efectiva o en suspenso. Seis fueron absueltos.

Slokar argumentó que el Ejecutivo, al incluir este delito entre aquellos susceptibles de ser amnistiados por el blanqueo de 2024, excedió las facultades de reglamentación que la Constitución le otorga al presidente, en la medida que del debate parlamentario no surgía posibilidad alguna acerca de la posible inclusión. Asimismo, advirtió sobre los peligros de las “democracias delegativas” y “autocracias electivas”, en donde el poder se ejerce abusando de los límites constitucionales y reafirmó el papel esencial de un Poder Judicial independiente y eficaz como último guardián del imperio de la ley y de los valores constitucionales.

AR/JJD

“Hemos estudiado tu caso, y tenés toda la razón, Aureliano”. “Apreciado Roberto, mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre dónde y con quién tenés que vivir”. “Tenés que saber que sos muy valiente explicando lo que te ha pasado en la escuela”. “Los jueces tenemos que decidir teniendo en cuenta qué es lo mejor para ti, Sandra”. “Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, decidí que sigas viviendo con tu mamá”. “También sé que tuviste que hacer muchas pruebas y contestar a muchas preguntas y seguro que fue muy cansador y doloroso”.

Todos son extractos de cartas que, lejos de los tecnicismos y la frialdad, cada vez más juezas añaden al final de sus sentencias. Quienes las reciben son los protagonistas de sus decisiones: niños y niñas. Con palabras cercanas y accesibles, estas magistradas les explican qué resolución han adoptado y cómo les afectará en su vida. Se trata de un gesto poco común, pero destacable en un sistema en el que no es sencillo comprender el lenguaje jurídico para quienes no están en contacto con él y en una sociedad que rara vez se detiene en explicar a la infancia lo que asume que nunca entendería.

“Las resoluciones van dirigidas a ellos y es algo que se nos olvida. En medio hay una familia o un abogado que redacta la demanda de forma técnica, pero no podemos obviar que detrás de los dictámenes hay personas y que los niños y niñas son parte de los procedimientos, son sujetos de derechos y nuestros dictámenes tienen efectos impresionantes en sus vidas”, reflexiona la jueza Isabel Giménez, que ha estado al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 18 de Barcelona, desde el que ha resuelto muchos procesos de custodia y se ha dirigido en varias ocasiones a los niños y niñas afectadas por sus sentencias.

Para mí han sido muy importantes tus explicaciones a los profesionales que te han escuchado y me han hecho saber que tienes malos recuerdos de cuando vivías con él

En uno de los casos la magistrada suspende las visitas de un padre con su hija debido al “estrés postraumático que padece como consecuencia de los recuerdos de la convivencia” con él, lo que provoca “su rechazo y miedo incluso de encontrárselo”, según acreditaron varios informes psicológicos. La madre había denunciado al progenitor por violencia machista y a pesar de que el juzgado impuso una orden de protección, decidió finalmente no declarar y el hombre fue absuelto. Aun así, Giménez consideró que no debía ver a su hija porque “obligarle a ello la desestabiliza y pone en riesgo su salud física y emocional” y al mismo tiempo dictó una orden de protección.

Madre e hija llegaron a pasar por distintos hogares de tránsito y en la causa constan informes médicos de lesiones e informes en los que la niña llega a afirmar que tiene “miedo de que venga el señor que casi mató” a su madre, según recoge el fallo. El Servicio de Atención, Recuperación y Acogida del Ayuntamiento de Barcelona detectó además “elementos de riesgo” tras evaluar a la menor e indicadores “compatibles con una situación de violencia machista”.

“Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tenés que ver ni hablar con el señor que le hizo daño (tu padre biológico) y que él tampoco puede acercarse a vos y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo”, le escribe al final del fallo la jueza a la menor, que desde hacía tiempo no quería acudir al centro educativo. En la misiva le pide disculpas por las “muchas preguntas” que había tenido que contestar y le explica que es necesario “para poder tomar la mejor decisión para vos”. “Para mí han sido muy importantes tus explicaciones a los profesionales que te han escuchado y me han hecho saber que tenés malos recuerdos de cuando vivías con él”, prosigue.

Un voto en disidencia para hablar al niño

A esta sentencia de 2024 se sumaba la semana pasada la de Gloria Poyatos, jueza de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que al igual que Giménez pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas. La magistrada es la autora de un voto en disidencia de una reciente sentencia en el que se dirige directamente a un menor con autismo, al que el tribunal reconoce una discapacidad del 45%: “Hemos estudiado tu caso y tenés toda la razón, Aureliano, te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas”, le dice. “Desde mi punto de vista es un derecho que forma pare de la tutela judicial efectiva y quienes juzgamos tenemos la obligación de adaptar la justicia a la ciudadanía y no al revés”, esgrime.

En este caso, los jueces del TSJC desestiman el recurso de la Consejería de Derechos Sociales del gobierno canario, que se había opuesto al fallo en primera instancia reconocía la discapacidad de Aureliano, pero aunque todos los miembros de la sala coinciden en el fondo del asunto, no hubo acuerdo en una cuestión: la de añadir unos párrafos para explicarle al niño de diez años qué decisión habían tomado. Por eso, Poyatos decidió emitir un voto discrepante con, explica en el mismo, “la opinión mayoritaria de la Sala que ha considerado que no debe adaptarse el lenguaje judicial para hacerlo comprensible para su destinatario”.

"Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas"

La magistrada consideró que “valía la pena” hacerlo y, al final de la resolución, incorporó una pequeña carta. “Nos dirigimos a ti, Aureliano. Formamos el equipo judicial elegido para decidir sobre lo que nos pides”, comienza. Aunque Poyatos y Giménez ya habían escrito cartas a los niños antes de mayo de 2024, reconocen que la Ley del Derecho de Defensa, que entró en vigor entonces, debería dar un impulso a la generalización de la práctica. “Mi interpretación es que es una obligación que tenemos los juzgadores, no una opción. Lo que nos dice la ley al respecto es cristalino, pero además es un ejercicio que promueve la democracia y el respeto”, cree Poyatos.

La norma establece en su artículo 9 que las resoluciones “estarán redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y comprensible, de forma que puedan ser comprendidas por su destinatario, teniendo en cuenta sus características personales y necesidades concretas”. Y añade específicamente que el lenguaje “se adaptará” a los menores de edad “cuando sean los destinatarios” de los actos, comunicaciones o resoluciones. Una adaptación que “se realizará aunque cuenten con asistencia letrada o la representación de sus progenitores o tutores”, concluye.

“Le trasladas que fue escuchado”

Por eso las magistradas reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este tipo de prácticas estén incorporadas en la formación de los magistrados, al igual que lo ha hecho con las sentencias dirigidas a personas con discapacidad, que se adaptan a la llamada lectura fácil. “Para mí es fundamental explicárselo directamente, pero además le estás trasladando que fue escuchado, que tuviste en cuenta lo que te ha dicho, sus opiniones y sus circunstancias”, sostiene Giménez, que suele preguntar a los profesionales de la psicología inmersos en el caso si es pertinente o si algún fragmento de las cartas puede ser negativo para el menor.

La primera vez que se dirigió a un niño fue hace ya dos años, en un procedimiento en el que resolvió en contra de un recurso de la Dirección General de la Infancia de Catalunya (DGAIA) contra la suspensión de una resolución que ordenaba el ingreso de Roberto (nombre ficticio) en un centro de menores. Se trataba de un niño que faltaba al colegio, algo que hizo a las autoridades poner el énfasis en la madre y advertir de un supuesto “riesgo” para el menor. La jueza, sin embargo, decidió confirmar las medidas cautelares que habían impedido su ingreso en el centro al considerar acreditado que “la causa de vulnerabilidad” del niño “no es consecuencia de un riesgo en la familia”, sino del “acoso escolar sufrido a lo largo de los años” contra el que no se había intervenido.

Debes saber que fuiste muy valiente explicando lo que te ha pasado, es lo que me ha permitido saber qué te ha hecho sentirte mal durante mucho tiempo

En el fallo, Giménez no solo toma la decisión sobre dónde vivirá Roberto, sino que propone medidas para la “reparación emocional” y se dirige al centro educativo para que actúe contra el acoso. Al final del fallo, le dice al niño que entiende que haya “sentido miedo en la escuela” y le agradece que se haya expresado. “Debes saber que fuiste sido muy valiente explicando lo que te ha pasado, es lo que me ha permitido saber qué te ha hecho sentirte mal durante mucho tiempo”, le comenta al tiempo que le asegura que “los mayores debemos encontrar una forma para que dejen de hacerte daño algunos compañeros”.

La iniciativa es celebrada por la Plataforma de Infancia (POI), que la describe como “simbólicamente muy relevante” porque “concibe al niño o niña como una parte activa del procedimiento”, en palabras de su director, Ricardo Ibarra. Aún así, la organización cree que “la adaptación de la judicia” a los más pequeños “debe ir mucho más allá” y pasa por contar con profesionales “que entiendan sus necesidades” y, en definitiva, por “procedimientos” menos revictimizadores, algo para lo que “es fundamental” la formación en infancia de la que el sistema “todavía carece”, explica Ibarra.

La inspiración de las juezas para poner en marcha esta forma de comunicación está al otro lado del charco, en Argentina y Colombia, donde el Tribunal Constitucional llega también a incluirla en sus resoluciones. Poyatos ha escrito estas misivas también en un caso de una adolescente de 16 años y de un niño de 10 años con un trastorno de déficit de atención. Igualmente, Giménez lo ha hecho con un proceso que afectaba a un menor de 11 años con Síndrome de Asperger, sobre el que decidió suspender las visitas con su progenitor “hasta que el niño desee ver a su padre” debido al “estrés postraumático” que padecía por episodios de “mal trato” padecidos.

En este y en el resto de casos, los menores habían manifestado de forma reiterada que no querían ver a sus progenitores, un extremo que a Giménez le lleva a hacer una reflexión sobre la utilidad extra que incluso para los propios magistrados tienen las cartas a los menores. “Si yo a un niño que me está diciendo que tiene miedo de ver a tal o cual persona, le tengo que explicar que a pesar de eso se tiene que ir con ella porque supuestamente es bueno para él, la prueba no nos sale muy bien. Las cartas son un espejo de nuestra propia actuación”.

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La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó y les dictó un embargo de 5 millones de pesos a Alesia Abaigar y Eva Mieri en la causa que las investiga por el escrache a la casa del diputado libertario José Luis Espert, donde se arrojó materia fecal.

Según la jueza, tanto la funcionaria del gobierno bonaerense como la concejala de Quilmes “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado”.

Los tres procesados fueron acusados, en calidad de coautores, de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.

Arroyo Salgado consideró que Abaigar y Mieri fueron “quienes organizaron y planificaron las acciones, cobrando especial relevancia que estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras”.

En su resolución, la jueza detalló: “De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada (por Abaigar) resultó ser quien, junto con Eva Mieri se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar, logística e, incluso refiriendo que prefieren que sean compañeras mujeres (…) Incluso (Abaigar) ofrece a Iván Díaz Bianchi, pagarle los gastos de traslado a fin de que participe”.

Por otra parte, la resolución judicial decretó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, expareja de la funcionaria bonaerense. Asimismo, se dictó la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato.

Finalmente, la jueza Arroyo Salgado dispuso el levantamiento del secreto del sumario que regía desde el inicio de la investigación.

MU con información de la agencia NA