En 1998, la diputada Ann Widdecombe, entonces una de las portavoces del Partido Conservador, dijo que las familias monoparentales y las de parejas homosexuales no tenían la “misma validez” que “la familia tradicional”. La conservadora sugería que el Estado del bienestar que defendía el Gobierno laborista de Tony Blair servía para que las mujeres solteras tuvieran más hijos y se aprovecharan de las ayudas públicas. 

Wes Streeting tenía entonces 15 años, vivía con su madre soltera en una casa de protección oficial y veía cómo la asistencia pública no bastaba para poner comida en la mesa y pagar las facturas sin agobios. No era raro que su casa se quedara sin luz por no pagar a tiempo. Aquellas palabras despreciativas de la diputada tory se le quedaron grabadas y, según contó después, le empujaron a interesarse por la política. 

“Recuerdo que empezó una diatriba contra las familias monoparentales y pensé ‘están hablando de mí y de mi madre, ¿quiénes se han creído que son para juzgarnos?”, contaba Streeting en 2022 a The Times. Poco después, se afilió al Partido Laborista y empezó a leer los discursos de Tony Blair, entonces primer ministro.

A los 43 años, Streeting es hoy diputado laborista, hasta hace unas horas ministro del Gobierno de Keir Starmer y ahora su potencial rival a primer ministro del Reino Unido. Widdecombe tiene ahora 78 años y es una de las portavoces de Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, que está en cabeza en las encuestas. Hizo campaña a favor del Brexit después de dejar el Partido Conservador en 2010. Uno de los motivos por los que Streeting ha dimitido y quiere un nuevo líder para el Partido Laborista es justamente Reform. Su ascenso es, según escribió Streeting en su carta de dimisión, un “riesgo existencial” para el país.

Las palabras de la conservadora en 1998 empujaron de maneras inesperadas a Streeting, hijo de madre soltera y gay que sufrió la homofobia de su propio entorno conservador marcado por la pobreza, pero también por la religión y el ejército por el que había pasado su abuelo paterno, que sirvió en la marina en la Segunda Guerra Mundial.

El Este de Londres

La madre de Wes Streeting, Corrina Crowley, apenas había cumplido 18 años cuando se quedó embarazada. Trabajaba en una fábrica textil en el Este de Londres, una zona especialmente deprimida a principios de los 80. Vivía cerca de una calle conocida, según recuerda su hijo, porque allí se encontró el cuerpo de unas víctimas de Jack, el destripador. En mayo de 1982, tenía una cita para abortar, pero cambió de idea y no acudió. 

Las madres adolescentes no eran una rareza en su familia, pero su vida era tan precaria que sus amigos y familiares asumían que no querría tener un bebé. Vivía en un apartamento de protección oficial con su madre y sus hermanos, y seguía compartiendo dormitorio con su hermana pequeña. Su padre había estado varias veces en la cárcel por robar bancos y oficinas de correos y había pocos apoyos disponibles. Corrina decidió contra el criterio de su madre y de la mayoría de los que tenía cerca que la alertaban de que “arruinaría” su vida si tenía ese bebé, según cuenta Streeting en su libro de memorias publicado en 2023.

Mark, el novio de 17 años de Corrina y el padre de Wes, le dijo que si no abortaba su relación se acabaría. No tenía ni dinero ni madurez para ser padre, le dijo. Pero Corrina siguió adelante. Su familia y su exnovio la ayudaron a criar al niño que nació en enero de 1983.

Cambridge y política

La educación como la vía para prosperar que defendía el Gobierno de Blair sirvió a Streeting, que fue el primero en ir a la Universidad en su familia. Cuenta que vio los límites de las ayudas para hogares sin recursos y con problemas como el suyo, pero logró seguir adelante con el apoyo de sus abuelos y se graduó en la Universidad de Cambridge, donde estudió Historia.

Durante un tiempo se salió del Partido Laborista como protesta a la invasión de Irak que apoyó Blair, pero volvió al laborismo a través del activismo universitario y local. Se movilizó contra la subida de las tasas universitarias y empezó a soñar con el Gobierno del país.

Con 28 años, Streeting contaba en una entrevista que quería una carrera política. “Me encantaría ser ministro. Si consigues poner la mano en la palanca puedes conseguir cosas”, decía. También que no tenía “prisa” y que no aceptaría “cualquier cargo ministerial”.

En 2015, entró en el Parlamento, fue elegido por un distrito conservador, y debutó como uno de los laboristas del ala más europeísta del partido. Hizo campaña en contra del Brexit y criticó al líder de su propio partido, Jeremy Corbyn, por ser tan pasivo y tibio frente al referéndum. Después de la votación, también estaba entre los laboristas que con Starmer defendían convocar un referéndum sobre el acuerdo de salida que estaban negociando los conservadores en el Gobierno y que supondría una ruptura total con la UE. 

Entonces Streeting empezó a ser identificado con el ala centrista o del estilo de Blair del partido, aunque él dice que se trata de viejas etiquetas. Estaba, en cualquier caso, entre los más conservadores. También conectó bien con uno de los veteranos laboristas que más habían manejado el partido en los tiempos de Blair y de Gordon Brown, Peter Mandelson. 

Esa amistad, de la que hoy reniega, puede complicar ahora sus opciones como candidato. Streeting está entre quienes estaban a favor del nombramiento de Mandelson como embajador británico en Washington, uno de los quebraderos de cabeza del actual Gobierno Starmer. El primer ministro despidió a Mandelson en septiembre del año pasado por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, pero el nombramiento ha erosionado la confianza en Starmer. Streeting asegura que hace tiempo que rompió relaciones con Mandelson. 

La capacidad oratoria de Streeting, su capacidad de presentación en los debates, con energía y conocimiento de su cartera, le han valido a menudo el aprecio del público. En encuestas en el electorado general solía estar hasta ahora mejor valorado que Starmer. El ahora primer ministro lo eligió, según su biógrafo, Tom Baldwin, por su “capacidad de comunicación”. También conectó con él por su pasado de clase trabajadora en contraste con la vida más acomodada de otros colegas.

Cuando Starmer fue elegido líder del Partido Laborista en 2020, le dio varias portavocías, y en 2024 estaba claro que Streeting sería su ministro de Sanidad, la cartera que ya tenía en la oposición. 

Amapolas altas

Entonces Starmer decía que quería en su gabinete “personas que destacaran” (lo que en el Reino Unido se conoce como “tall poppies”, amapolas altas, que habitualmente son cortadas por sus ambiciones por líderes que prefieren mediocres a su alrededor). “Se siente perfectamente cómodo con personas que tengan ambiciones intensas por el liderazgo”, decía en 2022 una fuente del partido a The Times. 

Para Streeting, la reforma y la financiación del Servicio Nacional de Salud han sido también una causa personal. En 2021, cuando estaba en la oposición, le diagnosticaron un cáncer y le fue extirpado un riñón. Tenía 38 años y, aunque el pronóstico era bueno, la experiencia le marcó.

“Si el cáncer me ha enseñado algo es que nunca sabes qué te reserva la vida a la vuelta de la esquina. Salí del cáncer con un nuevo aliento de vida”, escribe Streeting en sus memorias. También subraya el respaldo que le dio entonces Starmer: “Me apoyó muchísimo”, escribe, y cuenta cómo se interesó por sus ánimos y los de su pareja, Joe. “Me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que el Partido Laborista me estaría esperando cuando volviera”.

Streeting alabó a su cirujano y agradeció la intervención rápida que le salvó la vida, pero también vivió las esperas durante la recuperación y el tratamiento y los errores en algunas pruebas. 

Como ministro de Sanidad, ha conseguido reducir las listas de espera y ha conseguido más dinero para financiar la atención primaria y mejorar las condiciones de los médicos más jóvenes. Aun así, no ha evitado huelgas de médicos y siguen quedando lejos sus objetivos de reducir la espera de tratamiento para más del 90% de los pacientes a cuatro meses.

En su carta de dimisión este jueves, Streeting alabó la sanidad pública: “El Servicio Nacional de Salud es la representación de lo mejor del Reino Unido y de nuestros valores. Gracias a nuestro Gobierno laborista, está camino de la recuperación. Hemos hecho mucho, queda mucho por hacer”.

Keir Starmer sigue siendo el primer ministro y líder de un partido que ocupa 403 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. Quedan tres años para las elecciones generales en su país. Su principal escándalo es que el Partido Laborista se hundió en las elecciones locales. Está al borde del colapso.

La batalla interna bajo la luz de los focos se recrudeció de nuevo este jueves, con un partido dividido y a la espera de que alguien dé el paso formal que lance primarias para intentar sustituir a Starmer al frente del Gobierno laborista.

La suerte del actual Gobierno es incierta, apenas una semana después de que el Partido Laborista obtuviera los peores resultados en décadas en unas elecciones locales en Inglaterra y en los comicios para los parlamentos de Escocia y Gales. Según varias encuestas, más de la mitad de los ciudadanos quiere que Starmer renuncie en medio de quejas por el declive económico, el precio de la luz, los baches, los extranjeros o las guerras. Starmer no cumplió dos años en el poder después de 14 años de gobiernos del Partido Conservador.

Tras días de tensión, su ministro de Sanidad, Wes Streeting, fue el primero en sacar el cuchillo. Este jueves, dimitió y amagó con lanzar el proceso para convocar la votación en el Parlamento que abre la carrera por el liderazgo del partido y del país. Uno de los principales argumentos de Streeting es que Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, supone un “riesgo existencial” para el país, y que está siendo el principal beneficiario del hundimiento del Partido Laborista y el Partido Conservador.

El alma del país

El actual primer ministro comparte la preocupación y dice que está ante una batalla por “el alma” del país, pero sigue defendiendo que las turbulencias sólo perjudicarán al Partido Laborista a ojos de la ya decepcionada ciudadanía. También duda de la capacidad de arrastre de sus rivales.

Los portavoces de Starmer sugerían en privado que Streeting iba de farol o no sabía “contar” porque creía tener los 81 diputados necesarios para lanzar el desafío formal contra Starmer y, en realidad, sólo tenía el apoyo de una cuarentena. Los de Streeting aseguraban que sí tenía los respaldos, pero quería más consenso y más candidatos para el proceso.

En público, Starmer contestó a la carta de dimisión de Streeting alabando su labor al frente del Ministerio de Sanidad y dijo sentir “pena” por la marcha del ministro que él elevó desde que llegó a líder del partido en 2020. También aseguró que espera que vuelvan a trabajar juntos en el futuro y se refirió de manera indirecta al desafío. 

“Es responsabilidad de todos nosotros estar a la altura de lo que veo como una batalla por el alma de nuestra nación”, escribe Starmer. “Debemos cumplir con todas las promesas que le hicimos al país, incluida nuestra promesa de pasar página del caos que fue rechazado de forma contundente por el pueblo británico en las últimas elecciones generales”. 

El Partido Conservador pasó por tres primeros ministros entre 2022 y 2024, cuando perdió las elecciones con el peor resultado de su historia.

“Lío total”

El intenso jueves había empezado al alba con el anuncio inesperado de Angela Rayner, la ex viceprimera ministra, de que Hacienda no la ha multado por los impuestos que debía sobre una casa en el caso que la obligó a renunciar en septiembre. Hacienda, según ella, confirmó que se trataba de un error en un caso complejo en que Rayner recibió asesoría fiscal equivocada. 

En una entrevista con The Guardian, también dejó claro que estaría dispuesta a presentarse en unas primarias por el liderazgo del partido, pero que no sería ella la que abriría el proceso.

El retraso durante unas horas del esperado anuncio de Streeting alimentó la confusión durante toda la mañana. “Los diputados se están volviendo locos”, decía un alto cargo a la BBC. “Lío total” era su descripción de ese momento.

Los rumores de que Streeting se estaba echando atrás corrían mientras pasaban las horas y el ministro seguía en su puesto. Sobre la una de la tarde, publicó su carta de dimisión, pero no anunció un reto inmediato. 

Su petición de que se trate de un “debate de ideas” donde participe “el mejor elenco de candidatos” parecía referirse a Andy Burnham, el alcalde de Manchester y quien no se puede presentar mientras no sea diputado.

Burnham hizo una visita misteriosa a Londres esta semana y después de días de silencio reapareció pasadas las cinco de la tarde con la noticia esperada por sus aliados. Un diputado de Manchester dimitirá para que se celebren unas elecciones para ese escaño –según el procedimiento habitual cuando hay una vacante en el Reino Unido– y él pueda presentarse. Pero, para hacerlo, necesita la autorización del comité ejecutivo del partido, que bloqueó su candidatura a otro escaño de Manchester que el Partido Laborista acabó perdiendo en febrero a favor del Partido Verde. 

Respirar hondo

Starmer y sus aliados pasaron horas en el Parlamento movilizando a los diputados que todavía le apoyan, y más ministros salieron a defenderlo. 

La ministra de Economía, Rachel Reeves, recordó que la inestabilidad es un riesgo para la ya frágil economía británica. Esta semana se ha disparado el coste de pedir prestado para el Estado británico hasta niveles que no se veían desde la crisis financiera de 2008. 

“Paremos un momento, respiremos hondo como partido y pongamos punto final a esto”, pedía la ministra de Educación, Bridget Phillipson. “Esto nos hace quedar muy mal ante los ciudadanos”, se quejaba el ministro de Empresas, Steve Reed, otro fiel a Starmer. Se desconectan cuando nos centramos en nosotros mismos, como ha estado haciendo mi partido“.

Un portavoz de Starmer decía a última hora de la tarde que el primer ministro seguía centrado en “lo que importa” en tiempos de gran incertidumbre global, “seguir gobernando”.

La agonía puede durar meses. El próximo martes, el Partido Laborista tiene que decidir si autoriza a Burnham a presentarse al escaño de Manchester. Rayner y otros líderes del partido han pedido repetidamente que el partido no bloquee a Burnham, el más popular entre sus bases y el electorado general por ahora entre los rivales de Starmer. Fuentes laboristas dicen a Sky News que la decisión estará ajustada, pero otras aseguran a The Guardian que Starmer no hará nada por bloquear a Burnham.

El escaño más deseado

Las elecciones para el escaño más deseado a las afueras de Manchester, Makerfield, se celebrarán como pronto el 18 o el 25 de junio. Es una batalla dura para cualquier laborista vistos los resultados de las elecciones locales. El actual diputado, Josh Simon, ganó por 5.000 votos en 2024 en un distrito donde ya entonces Reform tenía más del 30% del apoyo del electorado. 

“Estamos esperando con ganas la carrera y echaremos el resto”, dijo Farage en un comunicado este jueves por la tarde.

Burnham es el favorito de los aspirantes al liderazgo del Partido Laborista, con un 22% de apoyo entre el electorado general, según un sondeo recién publicado de la encuestadora More in Common, pero la mayoría no elige a ningún candidato porque dice que no le importa o que no habrá diferencia.

Una vez que se lanza un desafío al primer ministro, los aspirantes necesitan el apoyo del 20% del grupo parlamentario y el respaldo de sindicatos u otras organizaciones afiliadas. El primer ministro es candidato de manera automática a no ser que se retire.

La votación posterior entre los más de 300.000 militantes del Partido Laborista se repite hasta que un candidato alcance más del 50% de los votos. El proceso podría tardar meses y alargarse hasta septiembre, cuando se celebra el congreso del Partido Laborista.

Si Keir Starmer celebra su segundo aniversario en el poder este julio, el Reino Unido habrá tenido cuatro primeros ministros en cuatro años. En ese tiempo, Italia, el país europeo tradicionalmente más inestable, tuvo dos. La complicada Bélgica, otros dos. España, uno. 

El terremoto actual en la política británica por la revuelta laborista para derribar a su propio primer ministro se parece a muchos otros de la última década en el mismo país. 

En los diez años desde el referéndum del Brexit, en junio de 2016, el Reino Unido tuvo seis primeros ministros, entre ellos tres en los dos últimos años de gobierno conservador. Por en medio, una crisis que no cesa, en parte consecuencia de la decisión de salir de la Unión Europea y hacerlo con un corte radical. De fondo, el descontento perenne de los ciudadanos: con el cierre de las tiendas de las calles principales, la opulencia vacía y oscura de la capital, los trenes caros donde viajas de pie, las aguas servidas que contaminan los ríos, los baches de las calles tapados con suerte con un parche, y la factura de la luz cada vez más elevada. Los votantes se quejan de statu quo y, según sus inclinaciones, culpan a los más ricos o los extranjeros.

En este contexto, el primer ministro, el de ahora y el de antes, desagrada a una pluralidad de votantes, y tampoco gustan las alternativas a izquierda y derecha.

Qué pasa con Starmer

El Partido Laborista sufrió la semana pasada la peor derrota conocida en unas elecciones locales para el grupo. La última revuelta laborista dañó todavía más su imagen y está perjudicando a la economía. El costo de pedir prestado en los mercados se disparó para el Estado británico hasta niveles no vistos desde 2008, en plena crisis financiera.

Starmer no tuvo escándalos como los de Boris Johnson ni llevó al país al borde del precipicio como David Cameron o Liz Truss. Pero la decepción por el declive, la división por la guerra de Gaza o la reacción contra la inmigración entre votantes tradicionalmente laboristas debilitó el liderazgo de Starmer. El fallido nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington o los planes de limitar la ayuda universal para las facturas energéticas de los jubilados hizo mella en la reputación de Starmer como líder.

Jess Phillips, una de las secretarias de Estado que dimitió este martes como protesta contra Starmer, subrayó la decepción que se repite: el país se parece mucho al de 2022 bajo los conservadores.

“No veo el cambio que creo que el país y yo esperamos”, dijo. Su carta también sugiere que Starmer es soso e indeciso como líder: “La decencia es vital, también hace falta una curiosidad serena, pero son igualmente necesarios el espíritu de lucha y la determinación”, escribió Phillips, diputada laborista desde hace más de una década del norte de Inglaterra. “Hay que discutir, plantar cara, defender argumentos y lograr que la gente te siga. Dar un paso al frente y hacerse valer no siempre puede ensayarse en un taller. La política tiene tanto que ver con las emociones como con las políticas públicas, especialmente en este momento”.

Starmer es ahora tan impopular como Boris Johnson o Rishi Sunak, el último primer ministro del Partido Conservador. La mitad de los británicos están a favor de la dimisión de Starmer, según los últimos datos de la encuestadora YouGov.

El país no se recuperó de los 14 años de gobiernos conservadores marcados por los recortes presupuestarios y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y Starmer pide paciencia para atajar el deterioro de los servicios públicos y la crisis de confianza en las instituciones.

Pero parece que queda poca paciencia entre los ciudadanos y sus colegas de partido mientras sube la intención de voto para las generales de la extrema derecha de Nigel Farage, que está sustituyendo al Partido Conservador. Las elecciones generales están previstas para 2029.

Los rivales laboristas

Este martes, 103 diputados laboristas de los 403 en la Cámara de los Comunes publicaron una carta conjunta en la que apoyan que Starmer continúe como primer ministro porque creen que no es el momento para una carrera interna. Más de 80 diputados le pedieron al primer ministro que renuncie, pero no están unidos sobre quién debería ser la persona que lo reemplace al frente del partido y del Gobierno.

Las alternativas más claras para sustituir a Starmer son tres líderes laboristas relativamente más populares que el primer ministro, pero que tienen sus propios problemas que tal vez se agrandarán a ojos de los votantes si llegan al poder. 

Angela Rayner, la exviceprimera ministra, aún espera a que Hacienda decida en la disputa sobre sus impuestos que la llevó a dimitir en septiembre. La laborista de Manchester puede dar voz al ala izquierda del partido y es cercana a los sindicatos que la empujaron a entrar en política, pero también tiene que lidiar con un nivel mayor de rechazo en la opinión pública que otros rivales.

Andy Burnham, el alcalde de Manchester, es ahora el más popular de los aspirantes, pero no es diputado y no puede presentarse hasta que no lo sea. Si convence a un parlamentario para que dimita y así se abra una elección en la que él pueda competir tendrá que explicar en ese distrito que su interés por el lugar es puramente instrumental. Y, visto el hundimiento del Partido Laborista por toda Inglaterra, especialmente por el norte, cualquier escaño puede ser difícil de ganar para un laborista.

Wes Streeting, el ministro de Sanidad, más centrista que sus posibles rivales, es quien supuestamente puso en movimiento la reacción contra Starmer. El ala más a la izquierda del partido se puede rebelar también contra él, y tiene que dar explicaciones sobre su relación pasada con Peter Mandelson, el veterano laborista que Starmer eligió como embajador en Washington y tuvo que despedir por su relación con Jeffrey Epstein. Mandelson está ahora siendo investigado por la policía por supuestamente haberle pasado información oficial a Epstein durante el Gobierno de Gordon Brown en la primera década del siglo. 

Ni siquiera está claro quién se quiere presentar y cuándo. El sábado, Catherine West, una diputada laborista que representa un distrito de Londres, amenazó con presentarse ella misma para provocar una carrera por el liderazgo y así empujar a otros con más posibilidades a lanzarse. El lunes reculó y se puso a recoger firmas para que Starmer se vaya, pero fuera del proceso formal para sustituirlo que tiene el partido.

“Tenemos que asumir la realidad: todos y cada uno de ellos son completamente inútiles. La estrategia de Andy ha sido un desastre. Angela se acobardó... Wes, desaparecido en combate. Y Dios sabe qué está haciendo Catherine West. Sinceramente, no sé muy bien cómo hemos acabado aquí”, le dijo este lunes un diputado laborista a The Guardian.

¿Y después?

Si los laboristas cambian de líder, ¿servirá de algo? Es una pregunta difícil de contestar afirmativamente vista la experiencia de los últimos años en el Reino Unido, pero puede ser la única opción.

“No es que cada cambio de líder produzca automáticamente una renovación y una recuperación. No es una condición suficiente, pero la experiencia histórica parece indicar que sí es una condición necesaria para que un Gobierno impopular vuelva a remontar”, explicó Robert Ford, catedrático de Políticas de la Universidad de Manchester, durante un encuentro organizado este martes por la red académica UK in a Changing Europe. 

Más allá de la rebelión de las últimas horas, escuchando a Starmer y su renovada promesa del cambio que claman los votantes en su discurso del lunes, Ford es escéptico sobre sus posibilidades: “No veo cómo, a estas alturas, él puede representar ese cambio. Tampoco es necesariamente cierto que quien lo sustituya vaya a resultar eficaz o a encarnar ese cambio.”

El hundimiento en las elecciones en ayuntamientos por toda Inglaterra, la debacle en Gales, donde el laborista había sido el principal partido durante un siglo, y el retroceso en Escocia son malas señales. Las encuestas para las generales siguen mostrando a Reform, el partido de Farage, en cabeza, mientras los laboristas se deslizan en la tabla de preferencias. “Probablemente, la única vía que tienen para recuperarse de los niveles tan bajos en los que están ahora no es solo cambiar de rumbo en términos retóricos o de políticas, sino simbolizar ese cambio poniendo a otra persona al timón”, dijo Ford.

Su colega Hannah Bunting, codirectora del centro de Política de la Universidad de Exeter, duda de la solución de cambiar de líder, en particular porque el electorado laborista está dividido con deseos contradictorios, entre el alma más conservadora de la Inglaterra postindustrial y la más izquierdista y joven de Londres: “Parte del electorado apoyó a un Gobierno laborista porque no quería uno como el conservador. Si al final ese Gobierno laborista acaba comportándose de forma parecida al conservador, ese tipo de personas van a dejar de apoyarlo… Luego están quienes no votaron por el Partido Laborista y no tienen intención de hacerlo. Quizá pueden recuperar algunos de sus votantes. Vayan por donde vayan, es una decisión realmente difícil”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró este martes desafiante ante la presión de las últimas horas que puede acabar con su liderazgo del partido y del país.

El líder laborista insiste en que no se marchará pese a las decenas de diputados de su grupo parlamentario que pidieron su renuncia. Al comienzo de la reunión de su gabinete en Downing Street ya prevista este martes, el primer ministro dijo que las últimas 48 horas fueron “desestabilizadoras” para la economía del país por la subida del costo de la deuda púbilca británica y recordó que ningún rival hizo un reto formal contra su liderazgo.

Starmer repitió que asume la “responsabilidad” de los malos resultados de las elecciones locales del jueves pasado, pero también la de seguir luchando por “el cambio” que prometió hace dos años. “Las últimas 48 horas han desestabilizado el Gobierno y eso tiene un costo económico real para nuestro país y para las familias”, dijo Starmer. “El proceso del Partido Laborista para retar al líder no se lanzó. El país espera de nosotros que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”.

Según varios medios, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, y otros miembros del gabinete le pidieron este lunes a Starmer que considere anunciar un calendario para “una transición ordenada” y abrir un proceso para elegir sucesor de aquí a septiembre, cuando se celebrará el congreso del Partido Laborista. Los aspirantes más claros a sustituirlo son Angela Rayner, la exviceprimera ministra, Wes Streeting, el ministro de Sanidad, y Andy Burnham, el alcalde de Manchester y que ahora mismo no se puede presentar porque no es diputado, un requisito necesario para ser líder del partido. Para lanzar el desafío al líder, cualquier candidato necesita el apoyo del 20% del grupo parlamentario, en este caso de 81 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.

Los tres aspirantes a primer ministro tienen sus propios obstáculos: Rayner todavía está esperando la resolución de Hacienda sobre impuestos que no pagó a tiempo en el escándalo que la obligó a renunciar en septiembre; Streeting, el más centrista, es menos conocido y menos popular en la izquierda del partido, y puede estar lastrado por su relación pasada con Peter Mandelson, el exembajador británico en Washington investigado ahora por la policía por sus conexiones con Jeffrey Epstein; y Burnham tendría que ganar primero un escaño, algo no tan obvio dada la caída de apoyo electoral del laborismo.

En las últimas horas, varios ministros fieles animaban a Starmer a seguir “luchando” o a tomar las decisiones según lo que él creyera mejor para el país y para el partido. Este martes, el ministro de Vivienda, Steve Reed, insistió a la salida de la reunión en que los laboristas tienen unirse para apoyar al primer ministro y seguir “trabajando”. La ministra de Ciencia, Liz Kendall, aseguró que Downing Street se habló de la guerra de Irán y otros retos del momento. El primer ministro “seguirá con su trabajo como debe”, según el ministro de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden. Los ministros que hablaron a la salida aseguraron que ninguno en la reunión desafió de manera formal a Starmer. “Hemos tenido una reunión del gabinete con mucho contenido para hablar de los grandes asuntos que afronta nuestra economía y nuestra sociedad. No se ha lanzado nada”, dijo Peter Kyle, ministro de Empresas. “Me voy a Bruselas para seguir trabajando con Bruselas para profundizar nuestra relación en beneficio del Reino Unido”. Varios ministros aseguraron que en la reunión ningún ministro pidió a Starmer su renuncia. La ministra Mahmood se fue por la puerta de atrás, y Streeting no se paró con los periodistas delante de Downing Street.

Pero este martes sigue incierto para el futuro del Gobierno británico. Puede haber más renuncias como medida de presión. A primera hora de la mañana, dimitió una secretaria de Estado de Comunidades, Miatta Fahnbulleh, después de varias renuncias de parlamentarios que trabajan como asistentes de ministros. La renuncia de cargos públicos del Gobierno es una forma clásica en la política británica de provocar la caída del líder. La secretaria de Estado dijo que hacía falta más “ritmo” y “ambición” en las medidas para cambiar el país.

El derrumbe del Partido Laborista en las elecciones locales del 7 de mayo llevó a parlamentarios, sindicalistas y otros aliados laboristas a pedir la renuncia de Starmer o el anuncio de una retirada en los próximos meses para que otro líder de su partido intente gobernar el país tocado por el declive y el descontento. Pero la presión contra el primer ministro viene de atrás, al menos desde noviembre.

El discurso

Starmer intentó este lunes convencer a los suyos con un discurso este lunes en el que prometió una vez más centrarse en ayudar a la clase trabajadora, acercarse a la UE y renacionalizar las empresas en sectores clave al borde de la quiebra. Pero las llamadas de miembros de su partido a que se aparte continuaron durante todo el día. Este martes por la mañana, ya habían salido a pedirle en público que se marchara más de 80 diputados. Los primeros habían sido los tradicionalmente más críticos con Starmer, pero a medida que transcurrían las horas se fueron uniendo algunos de los diputados que le habían defendido con más entusiasmo en el pasado y de todo el espectro ideológico. 

Había diputados veteranos y otros más novatos, elegidos por primera vez en 2024, cuando Starmer consiguió una abrumadora mayoría para el laborismo en la Cámara de los Comunes. Pidió su renuncia hasta el diputado más joven, Sam Carling elegido por Cambridge con 22 años hace dos. “Se necesita cambio y tristemente he llegado a la conclusión de que Keir Starmer no es la persona adecuada para liderar ese cambio”, dijo Carling, en una declaración con palabras parecidas a las de otros. “Hemos hecho muchos progresos, pero si seguimos como ahora me temo que no durará”. 

Pero esos más de 80 diputados no están unidos alrededor de un candidato alternativo a Starmer, como insiste el primer ministro y los ministros que lo defienden.

El caos laborista llega justo en la apertura del nuevo curso legislativo. Este miércoles arranca con el llamado discurso del rey, que lee los planes legislativos del Gobierno para el nuevo curso. Entre las medidas anunciadas ya por Starmer está la legislación para acompasar de manera más automática las reglas en el Reino Unido con las que apruebe la Unión Europea y así facilitar el comercio, tocado para la isla desde el Brexit. El primer ministro insiste en que no es el momento de una crisis interna con tantos retos externos.

Starmer alertó el lunes contra “el caos de cambiar constantemente de líderes” como hicieron los gobiernos conservadores en sus 14 años de gobierno marcado por las crisis: “El Partido Laborista no puede infligir eso en el país otra vez”.

El primer ministro bitánico, Keir Starmer, se enfrenta de nuevo a la lucha por la supervivencia de su impopular Gobierno. En las elecciones de este jueves, el Partido Laborista que lidera perdió cientos de concejales en toda Inglaterra, según los primeros datos del escrutinio, que apuntan a sus peores resultados en décadas. Su partido también puede perder el control del Parlamento de Gales por primera vez en su historia y sus aspiraciones de gobernar en Escocia. 

La extrema derecha, los verdes y los liberaldemócratas son los principales beneficiarios del enojo de un electorado cada vez más fragmentado y más descontento con los dos grandes partidos que tradicionalmente gobernaron el país. Los primeros resultados apuntan a que los laboristas perdieron sobre todo concejales a favor de Reform, la extrema derecha de Nigel Farage, y, por la izquierda, votos a favor del Partido Verde: es decir, el voto se divide con el ascenso de los verdes y el partido que más se beneficia es Reform, que está sustituyendo al Partido Conservador en gran parte del país. Según las primeras estimaciones de la BBC con los datos disponibles, el Partido Laborista bajó 16 puntos respecto a las elecciones locales de 2022 y 19 puntos respecto al voto en las elecciones generales de 2024, especialmente en los lugares donde tenía más apoyos y en distritos donde más personas se identifican como musulmanas. Se espera que los laboristas pierdan entre 1.500 y 2.000 concejales, en lo que puede ser el peor resultado en unas elecciones locales para un partido en el Reino Unido en el último siglo.

“Los resultados fueron duros, muy duros, y no hay manera de edulcorarlos”, dijo este viernes por la mañana Starmer durante una reunión con concejales y militantes laboristas en una iglesia metodista de Londres. “Asumo la responsabilidad. Cuando los votantes mandan un mensaje como este, debemos reflexionar y debemos responder”.

El primer ministro no especificó cómo será esa respuesta y aseguró que tiene “la determinación” de seguir para “cumplir con el cambio” que prometió. Una reportera de Sky News le preguntó después a Starmer si iba a renunciar y el primer ministro replicó: “No, no voy a abandonar y llevar al país al caos. Fuimos elegidos para afrontar con estos retos y eso es lo que haremos”. Starmer también anticipó que en los próximos días dará un discurso con nuevas propuestas para el país y un mensaje de más “esperanza” para los ciudadanos.

Críticas laboristas

Entretanto, se multiplican las críticas y los lamentos en su partido. “Fue una noche verdaderamente devastadora”, dijo Rebecca Long-Bailey, diputada laborista de Manchester y antigua rival de Starmer para el liderazgo del partido en 2020.

El conteo de datos apenas había empezado este viernes por la mañana, pero de madrugada ya había representantes laboristas pidiendo la renuncia de Starmer. John McDonnell, diputado laborista y miembro del ala socialista del grupo, dijo en la BBC que Starmer se debe plantear ya si está dañando al partido: “Es mejor tener ahora esta conversación de cómo salimos de esta.” Jonathan Brash, diputado de Hartlepool, en el norte de Inglaterra, pidió la renuncia de Starmer. La esposa de Brash, hasta ahora líder del ayuntamiento en la misma ciudad, está entre los cientos de concejales laboristas que perdieron su sitio.

Las primeras voces más críticas eran de líderes locales: “No le deseo a Keir Starmer nada malo, pero no es el hombre adecuado para el cargo”, dijo Daren Hale, líder de los laboristas en Hull, en el norte de Inglaterra.

Starmer y algunos de sus ministros advirtieron del costo de una carrera ahora en el Partido Laborista para sustituirlo. “No cambiás de piloto durante el vuelo. Seguís adelante y reconocés que los gobiernos a veces, sobre todo los que están en el poder, lo tienen difícil”, dijo en la BBC este viernes el viceprimer ministro y ministro de Justicia, David Lammy. Cualquier desafío al primer ministro y líder del partido necesita el apoyo de al menos 81 diputados de los 403 laboristas en la Cámara de los Comunes.

El conteo de los votos de este jueves será durante todo el viernes en la mayoría del país, también para las cruciales elecciones en los parlamentos autónomos de Gales y Escocia.

En las elecciones al Parlamento en Gales, las encuestas apuntan a una victoria del partido nacionalista galés, Plaid Cymru, por primera vez desde la creación de la asamblea autónoma galesa en 1999. El Partido Laborista gobernó desde entonces y llevaba un siglo como líder político en la región. Entretanto, el partido nacionalista escocés, SNP, espera mantener su mayoría en el Parlamento de Escocia, que gobierna desde 2007 y pese a los escándalos de corrupción que habían hecho ascender a los laboristas en esta década. Anas Sarwar, el líder de los laboristas en Escocia, pidió a Starmer en marzo que dimitiera. 

Qué pasa con los laboristas

“El Partido Laborista está perdiendo por la derecha, la izquierda y el centro”, explica Luke Tryl, director de la encuestadora More in Common en el Reino Unido. Sus encuestas previas a la votación mostraban que el mismo porcentaje de antiguos votantes laboristas, alrededor de un 11%, se estaban pasando a Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, y al Partido Verde, la alternativa más a la izquierda a los laboristas liderada por Zack Polanski. “Se parece mucho a lo que pasó con los votantes tories”, explica, en referencia al hundimiento del Partido Conservador entre 2022 y 2024, y que ha continuado en estas elecciones.

Tryl, que hace entrevistas en grupos de votantes con un debate abierto y público para entender mejor sus motivaciones, explica que lo sorprendió en los últimos meses ver cómo se repite el patrón de las quejas de personas de distintos lugares y con diferentes circunstancias e inclinaciones políticas: “La sensación de que se rompió el contrato social, de que hacer las cosas bien no significa progresar y que otros se están beneficiando”. Lo que suele cambiar es la percepción de quiénes son esos “otros”: según los votantes más inclinados a la izquierda, los otros son los millonarios protegidos por los políticos; según los votantes más a la derecha, los otros son los extranjeros y las personas que no trabajan y subsisten con ayudas públicas. “Hay un sentimiento contra el partido que gobierna”, dice Tryl.

Baches, facturas y Gaza

Las preocupaciones más repetidas a la hora de votar en las elecciones locales fueron los impuestos municipales y la cantidad de baches, una plaga en las calles y carreteras del país llenos de agujeros y de parches en lugar del asfaltado uniforme habitual en España y otros países.

Pero la mayoría de los asuntos que marcaron la votación son nacionales. 

El costo de la vida, que sigue en ascenso, en particular en vivienda, energía y comida, perjudicó al partido que gobierna el país. La valoración de la economía está en la peor marca en 48 años, según los datos de Ipsos. El pesimismo aumentó en los últimos meses: cinco de las diez peores marcas de la historia pasaron durante este Gobierno laborista. 

El escándalo por la gestión del nombramiento de Peter Mandelson, el exembajador en Washington que Starmer despidió después de nueve meses en el cargo por su relación con Jeffrey Epstein y que está siendo investigado ahora por la policía por supuestamente haber compartido información confidencial del Gobierno de Gordon Brown hace dos décadas. 

Otro asunto que influyó en las elecciones locales es el conflicto en Oriente Próximo. De un lado, los verdes ganaron votos por la división del Partido Laborista sobre la guerra de Gaza y la relación con Israel. Y, del otro, también avanzó la extrema derecha, que aprovechó las críticas de la comunidad judía al Gobierno de Starmer por no hacer más contra los ataques antisemitas de las últimas semanas en el Reino Unido. 

¿Y ahora qué?

El primer ministro y algunos en su gobierno repiten que no se marchará como líder del partido y del Gobierno y alertan contra el caos de los gobiernos del Partido Conservador. 

Si al menos 80 diputados votan en el Parlamento para derribar a Starmer, sus principales rivales podrían ser el alcalde de Manchester, Andy Burnham, que ahora mismo no se podría presentar porque no es diputado, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, que dimitió por una polémica sobre sus impuestos que aún está sin resolver, y Wes Streeting, el actual ministro de Sanidad. El más popular entre los votantes es Burnham.

La mitad de los británicos creen que Starmer debería renunciar como primer ministro, según los datos de Ipsos publicados a finales de abril. El 67% de los británicos creen que su país está yendo en la dirección equivocada y aseguran que no vieron ningún cambio desde que el Partido Laborista llegó al poder en 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores.

La soberanía británica sobre las islas Malvinas “no está en cuestión”, dijo este viernes la oficina del primer ministro británico ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos en represalia a la falta de apoyo del Gobierno de Keir Starmer a la guerra contra Irán.

La reacción británica se produce varias horas después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se alinearon con EE.UU., concretamente España y el Reino Unido.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, dijo el portavoz gubernamental.

“Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación”, zanjó el funcionario.

Se refiere así al referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido, una consulta que no fue reconocida por la Argentina, que mantiene firme, año a año, el reclamo por la soberanía de las islas situadas a 500 kilómetros de sus costas continentales.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer haya recalcado en numerosas ocasiones que no piensa “dejarse arrastrar a la guerra” contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a “propósitos defensivos”.

Esa postura le valió al líder laborista numerosos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, que lo acusa de no haber estado a la altura de lo que se espera de un aliado.

Agregó además varias críticas a Starmer por políticas internas, ya sea la cuestión migratoria -considera que el Reino Unido es laxo con el control migratorio- o la energética, en la que manifestó su oposición a la moratoria a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte decretada por Londres.

EFE

Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Washington y antiguo comisario europeo, fue arrestado este lunes en Londres bajo sospecha de “mala conducta” en cargo público por supuestamente filtrar información confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein. El jueves pasado fue arrestado Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III, en una investigación similar.

La policía metropolitana estaba investigando a Mandelson desde hace semanas tras la publicación de mensajes dentro de los archivos del pederasta convicto que hizo públicos en enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El laborista, que fue comisario de Comercio y miembro de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, dimitió como embajador en septiembre por su relación con Epstein. El actual primer ministro, Keir Starmer, lo había nombrado unos meses antes por su experiencia en negociaciones.

En su comunicado, como es habitual, la policía evita incluir el nombre de la persona detenida, que en este caso describe como “un hombre de 72 años” arrestado en Camden, en Londres, sospechoso de “mala conducta” en un cargo público, y confirmó que está siendo interrogado en una comisaría de la ciudad. Un video muestra a Mandelson mientras es conducido a la comisaría.

Mandelson puede ser retenido hasta 96 horas, pero lo habitual, sin pedir más tiempo, es de unas 12 horas, antes de que la policía decida si dejar al sospechoso en libertad con o sin cargos. En el caso de Mountbatten-Windsor, el expríncipe fue liberado tras once horas en comisaría y sigue bajo investigación.

El “príncipe de las tinieblas”

Mandelson tenía el apodo de “el príncipe de las tinieblas” ya desde sus tiempos con Blair por supuestamente su capacidad de maniobra en la sombra y su capacidad de influencia en los periodistas. Es considerado uno de los artífices de la victoria laborista de 1997. Dimitió dos veces de sus puestos, pero seguía siendo una figura prominente entre políticos y empresarios. Fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008.

En septiembre, Mandelson fue despedido por Starmer como embajador en Washington después de la publicación de más detalles sobre su relación con Epstein incluso después de que el millonario fuera encarcelado por prostitución de menores. Pero Mandelson, exministro y excomisario europeo, había mantenido el título como miembro de la Cámara de los Lores. Después de la publicación de los archivos, se “jubiló” de este órgano consultivo.

La policía no da detalles de qué está investigando exactamente, pero en los archivos publicados por el Departamento de Justicia aparecen mensajes a Epstein con información del Gobierno británico, por ejemplo en relación con la crisis de la zona euro y los rescates financieros en 2009 y 2010. Desde la publicación de estos papeles, el Gobierno también accedió a más emails de esa misma época en la que Mandelson era ministro del Gobierno Brown. La Comisión Europea también está investigando la documentación para examinar posibles conflictos de interés de su antiguo comisario, que sigue cobrando una pensión de Bruselas.

Otros documentos muestran que Epstein le mandó a Mandelson en varias transferencias unos 75.000 dólares en 2003 y en 2004, cuando era diputado laborista y luego fue nombrado comisario europeo. También figuran pagos al marido del político británico en 2009, después de que Epstein saliera de la cárcel por prostitución de una menor. El marido de Mandelson supuestamente le había dado servicios de osteopatía en Reino Unido (el colegio oficial de osteopatía negó que el hombre tuviera titulación para esta terapia).

Una de las cuestiones que puede poner en apuros al actual Gobierno es el proceso de selección y la falta de criterio de Starmer, pese a las advertencias de algunos laboristas, incluidos algunos de sus potenciales rivales para el liderazgo del partido. Ahora Starmer dice que su elegido como embajador “mintió repetidamente” durante el proceso.

Horas después del arresto de su hermano, el rey Carlos III fue recibido con una mezcla de gritos, vítores y abucheos del público en la calle a su llegada a un acto oficial en Londres. La detención de Andrés Mountbatten-Windsor por su relación con Jeffrey Epstein mientras el antiguo príncipe tenía un cargo público es el último escándalo para la debilitada monarquía británica. 

El actual monarca siguió este jueves con su agenda pública, que incluyó recibir a la nueva embajadora española en Londres, Emma Aparici y asistir a la semana de la moda en Londres. Pero la situación era extraordinaria. El de su hermano es el primer arresto documentado a este nivel de un miembro de la familia real en casi cuatro siglos, desde que Carlos I fue detenido en 1647 en plena guerra civil (fue juzgado y ejecutado dos años después por resistirse a limitar su poder). Mountbatten-Windsor salió de comisaría unas once horas después de su arresto, y la policía confirmó que sigue estando investigado después del registro de sus residencias.

Carlos III ha dicho en un comunicado que “la ley debe seguir su curso” y ha insistido en que las autoridades tienen su “total y sincero respaldo” y cooperará con lo que necesiten. La familia real puede tener que rendir ahora cuentas y contestar preguntas sobre qué ha hecho para proteger los negocios y las relaciones del expríncipe en las últimas dos décadas. El supuesto envío de información confidencial de Mountbatten-Windsor a Epstein aprovechando su cargo público centra ahora la investigación policial en el Reino Unido, pero no es la única cuestión que puede afectar a la monarquía.

El caso de Virginia Giuffre

Si bien el caso investigado por la policía ahora está centrado en la actuación del expríncipe Andrés como enviado comercial, la familia real se puede encontrar ante preguntas más difíciles sobre las acusaciones de agresiones sexuales.

Una de las preguntas es quién pagó y cuánto exactamente por el acuerdo extrajudicial para compensar a Virginia Giuffre, que presentó una demanda civil en 2021 por violación contra el entonces príncipe, a quien acusaba de agresión sexual cuando ella tenía 17 años, algo que Mountbatten-Windsor negó. El testimonio de la mujer fue clave para la investigación y la condena de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Giuffre se suicidó en abril del año pasado. Su familia aseguró que “el peso del abuso” había sido “insoportable” para ella. En octubre, se publicó un libro de memorias póstumas donde Giuffre relata los abusos que sufrió. La familia de Giuffre dijo este jueves que sentía consuelo al conocer la noticia de la detención de Mountbatten-Windsor porque “nadie está por encima de la ley” y pidió a las supervivientes de los abusos de Epstein que recuerden a Virginia.

La relación de Mountbatten-Windsor con Epstein ya era polémica hace 14 años, cuando parlamentarios pidieron la dimisión del entonces príncipe de su puesto como enviado comercial, que tuvo entre 2001 y 2011, durante los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, y, al final, del conservador David Cameron, que apoyó a Mountbatten-Windsor poco antes de su dimisión.

En 2010, según e-mails publicados este enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el entonces príncipe supuestamente compartió información confidencial con Epstein que había conseguido a través de su puesto oficial. La policía sólo ha dicho que se trata de una investigación de “mala conducta” en un cargo público, pero el arresto ha pasado después de la publicación en la BBC de detalles de sus comunicaciones con Epstein y su equipo cuando era enviado comercial para el Reino Unido. Entre los ejemplos revelados por la radiotelevisión pública, hay mensajes en relación con un acuerdo entre el Royal Bank of Scotland y la empresa Aston Martin, contratos sobre la reconstrucción de Afganistán e informes sobre Vietnam, Singapur y China preparados para los viajes del enviado. 

Los e-mails fueron detectados por una oyente de la BBC que se puso a examinar los archivos públicos, encontró los intercambios y avisó a la redacción.

Más allá de su relación con Epstein, la mezcla de negocios privados del expríncipe con sus actividades públicas ya fue objeto de críticas y cuestionamiento sobre quién pagaba los viajes del miembro de la familia real. 

Pérdida de apoyo

Entretanto, la monarquía británica pierde apoyos, sobre todo entre los más jóvenes, que suelen ser indiferentes a la institución o tienen una opinión negativa.

Ningún miembro de la familia real es tan impopular como el expríncipe Andrés, sobre el que el 90% de los adultos en el Reino Unido tiene una opinión negativa. Pero el actual rey también tiene al menos un 30% de oposición, según los datos de la última encuesta de YouGov, de enero. Además, en otro sondeo de este mes, más de la mitad de los ciudadanos cree que la familia real no ha hecho lo suficiente para castigar al hermano del rey. 

Desde que llegó al trono en 2022, Carlos III ha ido apartando a su hermano de las pocas funciones públicas que le quedaban. En otoño, le quitó todos los títulos salvo la designación de “príncipe”, pero acabó cediendo también en este caso ante las nuevas revelaciones del libro póstumo de Giuffre y más detalles en la prensa de la relación que el miembro de la familia real había seguido manteniendo con Epstein años después de supuestamente haber cortado el contacto.

Uno de los castigos para el hermano del rey fue echarle de la mansión en el castillo de Windsor donde vivía a costa del contribuyente. La decisión se anunció en octubre, pero hasta hace una semana el antiguo príncipe seguía viviendo en Windsor, como reveló un paseo en caballo. Este mes se mudó a su nueva mansión, en Sandringham, donde ha sido detenido el día en que cumplía 66 años. 

El arresto puede provocar de nuevo ganas de abrir también un debate en la Cámara de los Comunes, al que hasta ahora el Gobierno de Keir Starmer se ha resistido. El primer ministro laborista prefirió entonces que fuera el rey el que tomara una decisión sobre los castigos contra su hermano.

“Esto subraya el mal criterio de Keir Starmer al bloquear un debate en el Parlamento sobre las acciones contra Andrés Mountbatten-Windsor”, se quejaba el líder del partido nacionalista escocés, Stephen Flynn, este jueves. 

Starmer también ha tenido sus propios problemas por los archivos de Epstein, que muestran más relaciones de las reconocidas con Peter Mandelson, que tuvo que renunciar como embajador del Reino Unido en Washington en septiembre. Hace unos días, también dimitió el jefe de gabinete de Starmer por haber apoyado el nombramiento del veterano laborista y excomisario europeo.

Falta de arrepentimiento

Mountbatten-Windsor niega las acusaciones y hasta hace unos días parecía seguir con su vida de manera despreocupada, saludando a los viandantes desde su caballo. 

“Andrés es un narcisista total, y no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento por su comportamiento”, explicaba hace unos días Andrew Lownie, historiador y biógrafo del expríncipe, en un encuentro con periodistas de la asociación de la prensa extranjera en Londres. “Entrevisté a un miembro de su personal la semana pasada y no tiene ningún remordimiento… Lo que debería suceder, si la gente se lo toma en serio, es que se le pida testificar ante la Cámara de los Comunes”. 

Lownie ha escrito también sobre Sarah Ferguson, la exesposa de Mountbatten-Windsor y madre de sus hijas que mantuvo una extensa relación personal y comercial con Epstein. “Me temo que Fergie es bastante igual. Les encanta la atención. No muestra ningún tipo de contricción”, explicaba Lownie, que no creía que el antiguo príncipe fuera a pasar sus días en su mansión más apartada de Sandringham. “Se irá a Oriente Próximo y viajará en jet privado por el mundo igual que su viejo pariente, el rey Juan Carlos de España”, dijo. El peligro, según el historiador, es que Mountbatten-Windsor se mude a un país sin tratado de extradición con el Reino Unido. 

La actitud de Carlos III en los próximos días y meses puede ser clave para el futuro de la monarquía. “El problema de Andrés definirá su reinado”, dijo Lownie, que se describe como “monárquico”. “Tienen que hacer limpieza antes de que llegue Guillermo, que no quiere heredar este problema... Creo que la monarquía durará, pero su apoyo caerá”. 

El 25 de febrero, el Reino Unido empezará a aplicar de manera más estricta sus nuevas reglas de entrada en el país después del Brexit. La autorización de viaje que ya se exige a todos los ciudadanos de la UE que no sean residentes puede afectar, en particular, a británicos con doble nacionalidad. 

Los ciudadanos británicos que viven fuera de su país, igual que los irlandeses, no deben solicitar la autorización de viaje que pagan los demás no residentes de otros países en Europa. Los visitantes de España, como los del resto de la UE, deben rellenar un formulario llamado ETA por sus siglas en inglés y que cuesta unos 18 euros. Pero, a partir de la semana próxima, los británicos que tienen doble nacionalidad tendrán que enseñar un pasaporte británico o tener un documento especial adjunto al pasaporte de otro país que cuesta unos 670 euros.

Los ciudadanos con doble nacionalidad –algo más frecuente después del Brexit– hasta ahora tenían más formas de probar su ciudadanía británica y podían entrar en el país utilizando el pasaporte de su lugar habitual de residencia.

Además, los ciudadanos británicos no pueden pedir la autorización de entrada ETA como otros europeos. Si no pueden o no quieren renovar el pasaporte británico o no quieren tramitar el costoso papel adjunto, para seguir las reglas que se aplican a ciudadanos de la UE, tendrían que renunciar a su ciudadanía. Un factor de incertidumbre es que cuando el Gobierno británico anunció las nuevas reglas en noviembre, el formulario ya llevaba desde abril en vigor y ciudadanos con doble nacionalidad ya habían hecho este trámite, según denuncian organizaciones de derechos migratorios de británicos y europeos.

Británicos en España

Algunos países europeos ya obligan a renunciar a la ciudadanía original para conseguir la nacional. Eso sucede en España, por ejemplo, en el caso de británicos que no tengan progenitores españoles.

España sí permite mantener la ciudadanía de países latinoamericanos, y de algunos países con los que existen convenios, como Portugal y Francia. En la UE, esto no es tan relevante porque existe la libertad de movimiento y cualquier ciudadano puede instalarse, trabajar y estudiar en otro país.

El caso de España es especialmente importante para el Reino Unido, ya que es el país de la UE donde más británicos se concentran, con una comunidad estimada en más de 400.000 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023.

En caso de ciudadanos con doble nacionalidad española y británica, además, algunas organizaciones han señalado los problemas adicionales por la diferencia en el nombre en el caso de las mujeres casadas, puesto que en España no adoptan el apellido del marido y en el Reino Unido, la mayoría lo sigue haciendo. Además, en España se utilizan dos apellidos, y en el Reino Unido, uno.

Estas diferencias de identificación en dos pasaportes pueden crear problemas en la frontera o durante las renovaciones, y afectan especialmente a las mujeres. El contraste también se da con otros países de la UE, por ejemplo, en Grecia y en Países Bajos.

Doble nacionalidad desde el Brexit

La cantidad de británicos con ciudadanía de la UE se ha disparado desde el Brexit. Sólo contando a quienes han solicitado activamente otra nacionalidad –sin considerar quienes ya la tienen de manera automática por nacimiento y origen familiar–, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por cuatro. Entre 2008 y 2016, el año del referéndum del Brexit, la media en el Reino Unido de aprobación de casos de doble nacionalidad con países de la UE era de 2.952 por trimestre; entre 2017 y 2025, fue de 13.036, según los datos del Ministerio del Interior británico. 

El Gobierno británico insiste en que ya ha dado suficiente tiempo de transición y ha comunicado las nuevas reglas sobre los ciudadanos británicos que viven fuera y tienen doble nacionalidad. También advierte que los operadores de transporte pueden negar el embarque a las “personas que no puedan dar una prueba satisfactoria de su elegibilidad para entrar en el Reino Unido”.

Si hay dudas sobre la documentación, los operadores tienden a ser conservadores por miedo a las penalizaciones para ellos. Las multas para aerolíneas, empresas ferroviarias o marítimas pueden ascender a más de 2.200 euros por pasajero. 

Falta de información

Los cambios post-Brexit afectan especialmente a ciudadanos que viven en países de la UE y que no estaban sometidos hasta ahora a estos controles. 

Varias organizaciones que defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven fuera se han quejado de la falta de información con tiempo y medios suficientes y han pedido en una carta conjunta al Gobierno británico una prórroga y más flexibilidad en las reglas.  

“No ha habido suficiente comunicación sobre esto, la mayoría se ha concentrado en que los visitantes soliciten la autorización de viaje”, explicó a elDiario.es Monique Hawkins, directora de políticas públicas de the3Million, una organización civil que vela por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido después del Brexit y una de las tres firmantes de la carta. “Muchos ciudadanos con doble nacionalidad que viven fuera no han renovado sus pasaportes británicos porque es un coste innecesario. Ahora de repente necesitan hacerlo o se arriesgan a no poder viajar al Reino Unido. Solicitar el pasaporte británico cuando vives fuera es engorroso y lleva mucho tiempo”.

Como recuerda Hawkins, esta es otra de las consecuencias no deseadas del Brexit, ya que los británicos con doble nacionalidad que ahora se pueden encontrar en este dilema tenían libertad de movimientos dentro de la UE.

También señala que otro de los problemas que puede haber en la frontera es para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y que siguen esperando respuesta para su solicitud de residencia. “Quienes todavía esperan una decisión –algunos de ellos durante años– pueden ser rechazados en la frontera del Reino Unido si viajan fuera e intentan volver”, dice Hawkins, cuya organización está intentando denunciar esta situación ante la justicia británica.

Hay decenas de miles de ciudadanos de la UE que esperan una decisión sobre su estatus o su revisión mientras el Ministerio del Interior tiene más de 100.000 solicitudes pendientes, según los últimos datos de septiembre. 

El 27 de enero, una página web a medio hacer con el perfil de Angela Rayner y su candidatura para liderar el Partido Laborista se publicó, tal vez por error, y al poco desapareció. The Guardian reveló su existencia este lunes mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, intentaba convencer a su partido de que no le empujara a dimitir. 

La ex viceprimera ministra se ha distanciado de esta web y pide al partido que se una ahora en apoyo a Starmer, pero la posición cada vez más frágil del actual líder laborista y las dificultades de otros potenciales rivales en la carrera para sucederle refuerzan la posición de Rayner. Si fuera elegida sería la primera mujer de su partido en llegar a primera ministra del Reino Unido: ha habido tres primeras ministras conservadoras, pero hasta ahora ninguna laborista.

En medio de un escándalo que trata de violencia sexual, Rayner ha mandado el mensaje de que ella percibió el riesgo de Peter Mandelson, cuya relación con Jeffrey Epstein ya le costó en septiembre el puesto de embajador del Reino Unido en Washington. La elección para el puesto del antiguo colaborador de Tony Blair y Gordon Brown ahora ha vuelto a poner en apuros al ya tocado e impopular Starmer. Entre las dimisiones de las últimas horas, está la de su jefe de gabinete, que respaldó el nombramiento de Mandelson.

Según el diario The Times, Rayner ha asegurado que ella aconsejó al primer ministro no nombrar a Mandelson, que, en cambio, tenía una relación amigable con Wes Streeting, el ministro de Sanidad y uno de los posibles candidatos a suceder a Starmer. El otro potencial rival de Rayner en la carrera, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, no podría presentarse ahora a una votación por el liderazgo de momento porque no es miembro del Parlamento y el partido, con Starmer a la cabeza, no le ha dejado presentarse a una elección este mes para un escaño vacante.

Un Gobierno en apuros

Después de ganar con una mayoría parlamentaria histórica en julio de 2024 tras 14 años de gobiernos conservadores, Starmer es ahora tan impopular como Rishi Sunak, el último premier de los tories. La mayoría de los adultos en el Reino Unido –incluidos los que se identifican como laboristas– cree que es improbable que Starmer siga siendo el primer ministro a finales de 2026, según una encuesta de YouGov recién publicada. Las elecciones generales no están previstas hasta 2029 y el Partido Laborista tiene más de 400 escaños en un parlamento de 650. Pero los partidos en el Reino Unido tienen el poder para su derribar a su líder y no les tiembla el pulso aunque sea primer ministro.

El escaso cambio en los servicios públicos, el lento crecimiento de una economía lastrada por el Brexit y el ascenso de la extrema derecha de Nigel Farage dejan a Starmer en una posición vulnerable después de cada titubeo o decisión equivocada, como el nombramiento de Mandelson.

“Starmer está ya tan dañado que cualquier escándalo lo puede rematar”, escribe Sam Freedman, especialista en políticas públicas y autor del libro Failed State, sobre las dificultades del Reino Unido y su burocracia. “Cuando a un primer ministro le queda tan poca autoridad sobre su propio partido, y tiene tan pocos defensores apasionados, sólo es cuestión de tiempo”. Una de las alternativas carismáticas es Rayner, si bien la viceprimera ministra todavía está tocada por el motivo que la empujó a dejar el Gobierno.

En septiembre del año pasado, Rayner dimitió como viceprimera ministra después de la revelación de que pagó una tasa inferior de la habitual del impuesto de transmisiones en la compra de una casa unos meses antes. La compra era parte de una situación familiar que ella describió como “complicada” por su divorcio y por la existencia de un fondo a nombre de su hijo adolescente, tutelado y con discapacidad. Rayner dijo que siguió por error asesoramiento fiscal insuficiente sobre su caso, y Hacienda todavía está estudiando si cometió una infracción y de qué tipo. 

Aun así, Rayner era y ha seguido siendo una figura popular en el partido, con más don de gentes que Starmer y una historia personal que cuenta con naturalidad para conectar con los votantes. Starmer proviene de una familia de clase trabajadora, pero no suele contar su historia, y su carrera como abogado y fiscal le ha dado una apariencia de clase alta que no tenía su familia. 

Rayner creció en viviendas de protección oficial en una ciudad cerca de Manchester, fue madre a los 16 años y dejó la escuela para cuidar de su hijo y de su madre. Logró retomar después los estudios y avanzó en su carrera trabajando en servicios sociales. Entró en política a través del activismo sindical y ascendió en el Partido Laborista primero con Jeremy Corbyn y luego con Starmer. Se considera más a la izquierda de Starmer, particularmente en políticas sociales y fiscales, y su cartera durante su año en el gobierno estaba centrada en la vivienda y el desequilibrio regional. 

Rayner es también una de las obsesiones de la prensa conservadora. La única biografía que existe sobre ella, obra de un exvicesecretario y tesorero del Partido Conservador, la apoda “la reina roja”. El Daily Mail la consideraba uno de los factores por los que el tabloide equiparaba al Gobierno de Starmer con el régimen de Corea del Norte. 

Ojo al salón de té

Si bien este martes apoyó a Starmer y pidió unidad, Rayner ha dicho en entrevistas que quiere volver a la primera línea de la política y ha dejado la puerta abierta a presentarse a líder del partido. También ha anunciado que publicará sus memorias en la segunda mitad de este año con la editorial Random House. 

Ahora hace campaña y da discursos para su partido por todo el país. Su intervención hace unos días en la Cámara de los Comunes pidiendo la publicación de los documentos relativos al nombramiento de Mandelson dejó claro que sigue siendo una voz importante en el partido. Starmer le hizo caso en su propuesta de sacar los documentos después de una revisión de parlamentarios de la comisión de inteligencia para evitar que se incluya información confidencial que pueda dañar las relaciones diplomáticas del Reino Unido. 

“Angela claramente está disfrutando de las maniobras”, dijo un alto cargo laborista al Financial Times después de su intervención en el Parlamento. “Se ha instalado en el salón de té, lo que sugiere que cree que éste podría ser su momento”.

El salón de té de la Cámara de los Comunes es el escenario habitual para las maniobras políticas dentro de los partidos en el Reino Unido, caracterizados por la agitación interna y los intentos de derribar al líder. 

En el caso del Partido Laborista, la destitución del primer ministro es algo más complicada que en el Partido Conservador porque los rebeldes necesitan de inmediato un reemplazo. Rayner o cualquier otro candidato a sustituir a Starmer necesitaría el apoyo de al menos 80 diputados, un 20% del grupo parlamentario. Y, de momento, las palabras del primer ministro este lunes a los diputados en una reunión de urgencia parecen haber tranquilizado a un número suficiente de parlamentarios para evitar un motín inmediato.

Una primavera difícil

Pero, más allá de otros acontecimientos, el primer ministro tiene dos citas electorales difíciles. Unas elecciones extraordinarias para un escaño que ha quedado vacante en Gorton y Denton, un distrito electoral cerca de Manchester, el 26 de febrero, por la dimisión de un parlamentario que, entre otras cosas, compartió comentarios sexistas sobre Rayner. La principal amenaza para Starmer son, en cualquier caso, las elecciones locales y regionales en Inglaterra, Gales y Escocia el 7 de mayo. Las municipales de mayo, en particular, pueden producir unos resultados catastróficos que empujen al primer ministro a dimitir. 

El peligro para otros laboristas ha quedado claro con la petición a Starmer del líder del partido de Escocia de que dimita ya para no perjudicar sus posibilidades en esas elecciones. La líder de Gales, también laborista, apoyó a primer ministro este martes, pero dijo que tiene que “cumplir” con su región. 

El problema, en todo caso, será quién puede darle la vuelta a un país donde se agudiza el descontento sobre la inmigración, los servicios públicos y el parón de la economía para la mayoría del país fuera de Londres. 

Tim Bale, politólogo de la Universidad Queen Mary de Londres, apuntaba a que la prioridad de Rayner o de Streeting debería ser pensar en qué hacer si llegan al puesto de premier para que no les pase como a los tories, que tuvieron tres primeros ministros en dos meses en 2022.

Starmer insistió este martes en que resistirá en el puesto, y en que no quiere peleas dentro del partido. “No abandonaré el mandato que se me ha dado para cambiar este país”, dijo durante un evento en un centro comunitario de Hertfordshire. “La verdadera batalla no está dentro del Partido Laborista. Es frente a las políticas de derecha que nos desafían, la política de Reform, la política de dividir, dividir, dividir, resentimiento, resentimiento, resentimiento. Van a destrozar nuestro país... Estaré en esa batalla mientras me quede aliento”.

Reform, el partido de extrema derecha de Farage, es ahora el favorito en las encuestas sobre intención de voto, casi 10 puntos por delante de los laboristas.

El británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados este lunes de un total de más de 60 delitos sexuales cometidos contra su hoy exesposa, Joanne Young, durante un periodo de 13 años, incluidos violaciones y administración de estupefacientes, informó la policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Philip Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su esposa, 'voyeurismo' y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas, indicó el cuerpo policial.

Según informa The Guardian, Young fue concejal conservador en el Ayuntamiento de Swindon entre 2007 y 2010, encargado de la cartera de Cultura, Regeneración y Desarrollo Económico. Ahora era director de operaciones en una consultora.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales. También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales.

Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés.

El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de “un avance significativo en una investigación compleja y extensa” y destacó que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en el Reino Unido.

elDiario.es/EFE

Hace unas semanas, Zack Polanski, el líder del Partido Verde en Inglaterra y Gales, contó que el equipo de Zohran Mamdani le ofreció un encuentro en Nueva York. Tuvo que rechazarlo. El alcalde demócrata es el político al que más se lo compara en casa, pero el británico no se sube a un avión desde hace más de una década y no quiere romper lo que para él es una cuestión de principios por ver a la nueva estrella de la izquierda estadounidense.

Polanski tiene 43 años frente a los 34 de Mamdani y representa a un partido minoritario con pocas opciones de escalar por el sistema electoral británico, pero desde que fue elegido como líder en septiembre disparó la intención de voto de los verdes y está aglutinando en particular el apoyo entre los más jóvenes y urbanitas decepcionados por el Partido Laborista. Como Mamdani, viene de la política local de una gran ciudad —es concejal de Londres— y dio sus primeros pasos profesionales en un escenario. También nació en una familia de inmigrantes y es atacado habitualmente por sus creencias religiosas. 

Polanski es la adaptación del apellido que él recuperó cuando tenía 18 años para recordar la historia de su familia judía, originaria de Letonia, que sufrió la persecución y tuvo que huir primero a Ucrania, luego a Polonia y finalmente a Reino Unido. Polanski había pensado de niño que sus bisabuelos se habían cambiado el apellido a Paulden por la persecución de los nazis, pero con los años descubrió que, en realidad, había sido por el antisemitismo al llegar a Reino Unido. 

Israel y Gaza

Polanski estudió en una escuela primaria judía a las afueras de Manchester y dice que se sentía “conectado” con Israel, aunque nunca había visitado el país. Durante años, no quería opinar sobre el Gobierno israelí o el conflicto en Oriente Próximo e incluso se sentía incómodo de que le preguntaran. “Mi respuesta habitual era que no soy un político judío. Soy un político que resulta ser judío, y no estoy aquí para contestar preguntas sobre Israel”, explicaba hace unos días en el popular pódcast The Rest is Politics. Pero su posición ha ido evolucionando y ahora es crítico con Israel y describe la guerra en Gaza como un “genocidio”. “No soy yo el que lo dice, lo dice casi cada experto en genocidio alrededor del mundo y lo dice Naciones Unidas”, explica.

Los votantes laboristas no están en su gran mayoría pasándose a Reform UK, sino a ‘no sé’, a los liberaldemócratas y, sobre todo, a los verdes de Zack Polanski (aproximadamente el doble de los que se pasan a Reform)

Ben Ansell — atedrático de Políticas de la Universidad de Oxford

Por algunas de estas declaraciones asegura que ha recibido ataques “duros” de algunas comunidades judías en el Reino Unido, si bien ya está acostumbrado, especialmente en redes sociales, a los insultos sobre su fe, su dentadura —tiene las palas algo separadas— y su vida personal. Cuando era adolescente, cuenta que sufrió acoso en su entorno por ser gay, en particular en un instituto no judío donde se sentía minoría por su religión y su identidad sexual. Ahora parte de los insultos que recibe también son homófobos. 

La discriminación es algo que volvió a ver incluso en sus primeros años en política, cuando se metió en 2015 en el Partido Liberaldemócrata y al entonces líder, un cristiano evangélico, Tim Farron, le costaba decir que el sexo entre personas gais no era un “pecado”. “Me sentí bastante decepcionado”, cuenta ahora Polanski. 

Teatro e hipnosis

Había llegado a la política después de años dedicándose al teatro —que estudió en la universidad en Georgia, en Estados Unidos— y después de una experiencia laboral variada que incluyó un trabajo como hipnoterapeuta. Una de sus primeras apariciones públicas que hizo fue en el diario The Sun en 2013, que contó que había hipnotizado a una mujer que quería tener los pechos más grandes como supuesta terapia para ayudarla. Entonces, el joven identificado como terapeuta presumió de que era “un nuevo enfoque” más barato que la cirugía. Polanski asegura ahora que el tabloide no reflejó bien lo que pasó, que fue idea de la mujer que le visitó y escribió el artículo, que se trataba de darle confianza en la imagen de su cuerpo y que nunca le cobró por la sesión. 

En septiembre de este año, cuando fue elegido líder del Partido Verde, Polanski pidió perdón por haber sugerido la conexión entre la hipnosis y la apariencia física y aseguró que ya se había disculpado 12 años atrás. También dijo, citando a un político laborista de los años 70: “No me importa de dónde vienes, lo importante es dónde vas”. 

Éxito en las encuestas

Adónde va está limitado en gran medida por el sistema electoral del Reino Unido, que en las elecciones generales elige en cada distrito electoral idéntico por población a un solo diputado por mayoría, lo que perjudica a los partidos pequeños, a menudo sin representación pese a un número sustancial de votos.

Ahora en la mayoría de las encuestas de intención de voto, el Partido Verde está empatado con el Partido Conservador y el Partido Liberaldemócrata, e incluso cerca del Partido Laborista: en el último sondeo de YouGov, el 16% de los ciudadanos apoya a los verdes frente al 19% que dice que respalda a los laboristas. 

El éxito de Polanski también ha coincidido con las disputas del nuevo partido de izquierda coliderado por Jeremy Corbyn, marcado por las peleas con su otra líder y la salida temprana de varios diputados.

Pensando en las elecciones generales de 2029, Polanski admite que podría tener que pactar con el Partido Laborista para evitar comerle terreno y acabar beneficiando a una coalición de los conservadores y la extrema derecha de Reform. Pero también dice que tendría que ser con otro líder, no con Keir Starmer y, en cualquier caso, espera ser muy competitivo en las elecciones municipales intermedias. El puesto más codiciado es la alcaldía de Londres, que se disputará en 2028. En la ciudad ya hay concejales pasándose del Partido Laborista a los verdes. 

Anti-Brexit

Una de las banderas más claras que está tomando el Partido Verde es la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea, que defiende abiertamente. En sus primeros años en política, Polanski hizo campaña contra el Brexit e incluso abucheó en 2016 a Corbyn, entonces líder del Partido Laborista, por no defender claramente la permanencia del Reino Unido en la UE. 

Ahora también critica con dureza la política migratoria del actual Gobierno laborista, que describe como “cruel” y ataca por su impacto económico y social. A veces, con sus dosis de polémica, como cuando hace unos días defendió en un programa de debate de la BBC la importancia de los inmigrantes en el Servicio Nacional de Salud con un argumento crudo: “Uno de cada cinco trabajadores de cuidados son extranjeros. No sé tú, pero yo no tengo muchas ganas de limpiarle el culo a alguien, y estoy muy agradecido a la gente que hace ese trabajo”, dijo, frente a los ataques de otro político. Luego explicó que su pareja trabaja en un centro dedicado a cuidados paliativos y sabe bien de qué está hablando. 

Algunos críticos le acusan de no estar presentando suficiente atención a la razón de ser de los verdes -la lucha contra el cambio climático-, pero Polanski dice que su partido tiene que ofrecer también un mensaje poderoso centrado en particular en la desigualdad. Pese a su interés por la economía, en el pódcast The Rest is Politics le costó explicar algunas de sus propuestas fiscales y confundió la deuda y el déficit. 

Polanski reconoce que no ha terminado el libro de Greta Thunberg y no tiene especial interés por las negociaciones internacionales como la COP, que critica por ser poco eficaz y demasiado corporativa. También cree que hay que ligar más los debates sobre el cambio climático a la seguridad alimentaria o la conservación del espacio natural más inmediato. 

Mientras el partido de Starmer sigue centrado en cómo conquistar a los votantes de extrema derecha, la realidad es que el Partido Laborista está perdiendo apoyos entre sus votantes a la izquierda. “Los votantes laboristas no están en su gran mayoría pasándose a Reform UK”, explica Ben Ansell, catedrático de Políticas de la Universidad de Oxford, “sino a ‘no sé’, a los liberaldemócratas y, sobre todo, a los verdes de Zack Polanski (aproximadamente el doble de los que se pasan a Reform)”.

El líder verde está dispuesto ahora a un “pacto de no agresión” con el Partido Laborista. Según contaron fuentes de su partido a Politico, a Polanski le preocupa contribuir a la victoria de Farage y ha dicho a sus colaboradores: “No me lo perdonaría a mí mismo”.

El Gobierno de Javier Milei, a través de Cancillería, difundió este jueves un extenso y contundente comunicado en el que rechazó de manera “enérgica” el anuncio de la Decisión Final de Inversión realizado por las compañías Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí) para avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Según sostuvo el Gobierno, las firmas actúan como “licenciatarias ilegítimas” al operar sin autorización de la Argentina, único Estado habilitado para otorgar permisos en la plataforma continental.

El texto oficial advierte que estas acciones unilaterales violan resoluciones de la ONU, afectan la disputa de soberanía y constituyen un avance ilegal sobre recursos naturales no renovables. Además, el Gobierno recordó que ambas empresas fueron sancionadas e inhabilitadas previamente por operar sin autorización en territorio argentino.

El comunicado completo

“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’ ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina.

La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización. Dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia.

El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas.

Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina.

En aplicación de estas normas, ambas compañías han sido oportunamente sancionadas. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años a través de la Resolución S.E. N° 456/2013. Por su parte, Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes.

El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas. En este marco, la República Argentina hace saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes.

En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales. La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.

Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.

La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes“.

El presidente Javier Milei indicó que la Argentina comenzó contactos con el Reino Unido para levantar la actual prohibición de venta de armas a Argentina, si bien el Gobierno laborista británico negó tales conversaciones, informa este jueves el periódico 'The Telegraph'.

En unas declaraciones publicadas por el medio inglés, Milei dijo que habían empezado conversaciones para revisar las restricciones impuestas por Londres tras la guerra de las Malvinas (1982), que enfrentó a los dos países por la soberanía de las islas.

El Reino Unido impuso estrictas normas de exportación que restringen la venta a Argentina de cualquier arma con componentes británicos.

“No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, dijo Milei al 'Telegraph', diario que afirma que Argentina y EE.UU. presionan para cambiar las actuales normas británicas.

Al ser preguntado sobre si habían comenzado las negociaciones para flexibilizar el veto británico, el presidente argentino respondió: “Absolutamente”.

Sin embargo, un portavoz del Gobierno británico señaló que “la soberanía de las islas Falkland no es negociable y defenderemos el derecho de los isleños a la autodeterminación. En 2013, celebraron un referéndum sobre su futuro, y una abrumadora mayoría optó por seguir formando parte del Reino Unido”.

“No hay conversaciones específicas con Argentina sobre la flexibilización de los controles a la exportación de armas por parte del Reino Unido”, añadió la fuente.

No obstante, indicó que, en términos generales, “esperamos profundizar nuestra cooperación con Argentina en áreas como el comercio, la ciencia y la cultura”.

Según pudo saber el periódico inglés, el presidente puede visitar el Reino Unido en abril o mayo de 2026, por lo que, si se concreta, sería el primer jefe de Estado argentino que viaja a este país desde 1998.

Sobre las Malvinas, Milei insistió en que las islas serían recuperadas por Argentina de manera diplomática.

“Dado que considero que la solución debe buscarse mediante soluciones pacíficas y diplomáticas, creo que la mejor manera de demostrar la disposición de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial madura”, indicó.

El sábado se entregaron a Argentina aviones de combate F-16 desde Dinamarca en virtud de un acuerdo aprobado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

EFE

El matinal de radio de BBC4 contó este lunes la renuncia de los principales líderes del medio público, entrevistó a críticos y defensores y cuestionó por qué el presidente de la cadena no se dejaba entrevistar de inmediato (dio una entrevista a la televisión pública unas horas después). Pocos medios del mundo, especialmente fuera del Reino Unido y Estados Unidos, superan esta prueba de informar sobre sí mismos con rigor y espíritu crítico.

La BBC está de nuevo en medio de la polémica por la renuncia de Tim Davie, director general, y Deborah Turness, consejera delegada de informativos, después de la publicación de una queja interna que acusaba a la cadena de no actuar ante la edición incorrecta de un segmento de un programa sobre Donald Trump unos días antes de las elecciones presidenciales de 2024, y de tener un sesgo propalestino y protrans. El tono de las palabras del memorando escrito hace unos meses por un asesor independiente de la BBC y publicado ahora por el diario conservador The Telegraph se hace eco de algunas quejas habituales de la derecha anglosajona.

Lo que pasó en las últimas horas es un recordatorio de que hasta los filtros de protección de la BBC para apuntalar su autonomía del poder político se pueden resquebrajar en el bronco y digital espacio público actual, que en el Reino Unido está cada vez más intoxicado por los debates de Estados Unidos y algunas de sus figuras, en particular Elon Musk, que está financiando en su red la promoción de las voces más extremas de la derecha, según una investigación de Sky News.

Además, la amenaza de una querella contra la BBC por difamación por parte de Trump de hasta 1.000 millones de dólares inquieta más que en Estados Unidos, puesto que en el Reino Unido no existen equivalentes a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que da amplia protección a la libertad de expresión ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo que durante décadas amparó la información incluso cuando es errónea. 

El presentador del matinal de radio, Nick Robinson, también se preguntaba este lunes por el propio interés de las noticias sobre la BBC para la vida de los oyentes. Pero el papel de la radiotelevisión pública en el Reino Unido y más allá es único en cuanto alcance y nivel de confianza. 

Confianza alta

En este momento de polarización y cuestionamiento continuo de los hechos más básicos, el 60% de la audiencia confía en las noticias que ve, oye y lee en la BBC, según los datos del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford. Es el medio con la tasa más alta de confianza tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, donde el alcance de la televisión es menor, pero su web también tiene una fuerte presencia.

Lo especial de la BBC es la combinación de su volumen de audiencia y la diversidad también ideológica de su público. En el Reino Unido, las personas que se identifican como centristas o de izquierda son las que más confían en la BBC –el 67%–, pero casi la mitad de quienes se describen como conservadores también lo hacen. De hecho, los conservadores confían más en las noticias de la BBC que en las que leen en el Sun o el Daily Mail, dos referentes constantes de la derecha.

La BBC depende de un consejo cuyo presidente es nombrado en un proceso público supervisado por el Gobierno, pero no controlado por él, y está compuesto por un grupo de periodistas, abogados, empresarios y otros expertos. Su función es el control general de que la BBC está cumpliendo su misión con los estándares editoriales más altos y está respetando sus propias reglas de imparcialidad, pero no interviene –o no debería intervenir– en la gestión del día a día, que depende del director general, hasta ahora Tim Davie. La BBC tiene que hacer informes periódicos sobre el cumplimiento de sus estándares, responde al regulador de medios (Ofcom, según sus siglas en inglés), a una comisión parlamentaria y a los propios espectadores, que se pueden quejar a través de un proceso oficial al que la BBC está obligada a atender y contestar. 

El programa

La polémica actual, que llevó a la inusual renuncia de Davie y Turness, empezó con un memorando de 19 páginas de un asesor independiente sobre estándares, Michael Prescott, antes de dejar el puesto en junio. La carta se quejaba de que Davie no había dado suficiente respuesta a la edición incorrecta del documental Trump: A Second Chance? (Trump: ¿una segunda oportunidad?), emitido el 2 de noviembre de 2024.

Prescott, que fue periodista político del Sunday Times y luego trabajó para la empresa de telecomunicaciones BT y otras del sector, fue durante tres años asesor independiente para estándares. Pero el experiodista también revelaba sus propios sesgos en la carta.

La queja más concreta era sobre el reportaje del programa Panorama sobre cómo Trump había vuelto a la primera línea tras el asalto al Capitolio que provocó el segundo impeachment, dos procesos judiciales, uno federal y otro en el estado de Georgia, y una comisión de investigación del Congreso. El programa unió dos frases del discurso de Trump el 6 de enero de 2021 junto al Capitolio mientras su entonces vicepresidente, Mike Pence, se disponía a presidir la sesión para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden. La BBC puso de manera consecutiva la frase “vamos a caminar al Capitolio” y la que Trump pronunció en otro momento del discurso, casi una hora después: “Lucharemos con todas nuestras fuerzas”. 

Prescott se había quejado de que el programa había hecho una edición “engañosa”, pero añadía que Trump no había sido acusado de “incitar” el asalto justo por esa frase en la acusación federal contra él, que fue abandonada por su victoria electoral hace un año. Sin embargo, obviaba el informe de investigación del Congreso de EEUU, que concluyó en 2022 que Trump cargaba la culpa en un esfuerzo concertado para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Prescott también se quejaba de que la BBC no hubiera emitido un reportaje “igualmente agresivo” sobre Kamala Harris, la vicepresidenta y entonces candidata demócrata a la presidencia que no es conocida por haber participado en nada parecido. 

Las otras quejas

Al hablar de los derechos trans, Prescott escribió que la cobertura estaba siendo “censurada por sus propios reporteros” y que la radiotelevisión pública era “prisionera de un pequeño grupo que promueve la visión de Stonewall”, una referencia al bar de Nueva York símbolo de la lucha por los derechos LGTBI el siglo pasado.

Sus quejas sobre la cobertura de Gaza encuentran reflejo en informes más detallados que dicen que la BBC tiene un sesgo anti-Israel, pero también están en contradicción con otros que dicen que su sesgo es a favor. La BBC dice haber recibido un número de quejas parecido de ambos lados. En uno de los casos en los que intervino, este octubre, el regulador de medios, Ofcom, dijo que la cadena había violado sus estándares en un documental donde el narrador era el hijo de un líder de Hamas, que no había sido identificado como tal. La BBC ya había retirado de su plataforma el documental en febrero. 

Perdón con retraso

El presidente de la BBC, Samir Shah, pidió perdón este lunes por la edición del documental sobre Trump y reconoció una “falta de juicio” del programa a la hora de editar ese segmento del discurso antes del asalto al Capitolio, pero defendió que la BBC no está sesgada y describió el documento de Prescott como una “opinión personal” que no refleja “la foto completa” de su cobertura.

Shah no pudo mandar la carta que pretendía al Parlamento hace una semana porque algunos miembros del consejo la retrasaron por supuestamente no estar suficientemente clara. Ese retraso hizo que aumentara la presión en especial sobre la encargada de informativos, Deborah Turness, que ofreció su renuncia ya el sábado, según The Observer. En ese momento, Davie decidió renunciar con ella por solidaridad. 

El Observer cuestiona el papel de un directivo clave del consejo de la BBC, Robbie Gibb, exportavoz del Partido Conservador y apoyado por el Gobierno de Boris Johnson en 2021 para “desmantelar lo que él considera un sesgo progresista en la BBC”. Habitualmente, como recalca el semanario, los directores del consejo no intervienen en decisiones editoriales. En julio, más de un centenar de periodistas de la BBC pidieron que fuera despedido del consejo por su conflicto de interés sobre la cobertura de Gaza dado su anterior trabajo para The Jewish Chronicle, un medio de Londres que se presenta como el diario judío más antiguo del mundo.

“El proceso de intimidación que los defensores de la BBC temían desde hace años que estuviera sucediendo entre bambalinas está pasando ahora a la luz del día”, se queja un editorial de The Observer, el semanario que ahora es propiedad de Tortoise Media, un medio fundado y dirigido por James Harding, exdirector del diario The Times y de la división de noticias de la BBC.

Reglas de imparcialidad

Las propias reglas de la radiotelevisión pública británica, especialmente en el mundo actual de reacción inmediata en redes sociales, dificultan su propia defensa. Los obstáculos vienen de que cualquier reacción a una crítica que viene de políticos puede ser interpretada como un enfrentamiento partidista y que por tanto vulnera sus reglas de imparcialidad.

La BBC ya suele entrevistar con regularidad a los aliados de Trump –incluidos amigos personales– para comentar las noticias políticas de Estados Unidos y hace unos días describía al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como “un radical de izquierda”. El precio de enojar a Trump o a su entorno ahora es especialmente alto, después de la amenaza de querella y de los insultos de Trump.

Pocas horas después de renunciar, Turness fue clara este lunes en su defensa de la misión de la BBC. También fue la primera que respondió a los ataques de Trump, que acusó a los periodistas de la radiotelevisión británica de “corruptos” por “manipular” lo que según él fue un discurso “perfecto” el 6 de enero de 2021. 

“Por supuesto que nuestros periodistas no son corruptos. Nuestros periodistas son personas que trabajan duro y aspiran a la imparcialidad. Y defenderé su periodismo”, dijo Turness, que había sonado hasta ahora como posible directora general.

Ed Davey, el líder de los liberaldemócratas, pidió al primer ministro, Keir Starmer, y a los líderes del Partido Conservador y de Reform, de extrema derecha, que defiendan a la BBC ante los ataques de Trump. Un portavoz de Starmer dijo que los periodistas de la cadena no son corruptos y que no existe un sesgo institucional, pero evitó mencionar al presidente de Estados Unidos.

La paradoja de los medios en el Reino Unido es que mientras la BBC está sujeta a reglas estrictas, es cuidadosa con cada palabra y tiene que dar explicaciones por cada decisión, cada vez hay más mezcla de información y opinión en el resto de la prensa. Una de las cuestiones polémicas sin resolver es que Nigel Farage, diputado y líder de Reform, sigue siendo presentador de un programa en el canal GB News. El regulador Ofcom, que también vela por las reglas en las cadenas privadas, decidió no intervenir. 

Es uno de los grandes misterios de la monarquía de Reino Unido y actualmente está más en el foco que nunca. ¿Cómo financia Andrés Mountbatten-Windsor –que dejará de ser llamado “príncipe”– su elevado nivel de vida? Se trata de un hombre que ha vivido durante décadas rodeado de lujos, que lleva años apartado de la vida pública por su relación con Jeffrey Epstein —el multimillonario estadounidense condenado por tráfico sexual—, y al que, sin embargo, no se le conocen fuentes visibles de ingresos.

Ni siquiera el rey Carlos parece tener claro de dónde proviene el dinero de su hermano, y más concretamente cómo ha conseguido las importantes sumas necesarias para mantener la mansión en la que vivía hasta ahora, la Royal Lodge, una vivienda de 30 habitaciones situada en los terrenos del castillo de Windsor, al oeste de Londres. Ahora ha recibido notificación de que tendrá que dejar la mansión y “mudarse a un alojamiento privado alternativo”. Los planes de Andrés son mudarse a una finca en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Con su imagen por los suelos y apartado de la vida pública, durante años ha logrado mantener sus finanzas alejadas del escrutinio gracias a una combinación del tradicional secretismo que rodea a los Windsor y a la opacidad de sus tratos con personas adineradas, en su mayoría extranjeras.

Sin embargo, la indignación pública por su presunto abuso de Virginia Giuffre —una de las víctimas de la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, que le acusó de agresión cuando era menor de edad— puede hacer más difícil justificar el lujo en el que ha estado viviendo y mantener el velo sobre sus asuntos financieros. La presión sobre Andrés de Inglaterra se ha incrementado a raíz de la publicación del libro póstumo de Giuffre, que se suicidó a los 41 años.

La indignación rompió el consenso, normalmente asfixiante, que existe en Westminster, donde los políticos se abstienen de criticar públicamente a la familia real. Keir Starmer, líder del Partido Laborista, ha dicho que está a favor de un escrutinio adecuado de las condiciones de la vivienda en la que vive el hermano del rey, y un comité de diputados veteranos solicitó ahora más detalles.

Entre quienes han alzado la voz en los últimos días se encuentra Robert Jenrick, portavoz de Justicia del Partido Conservador: “Ya es hora de que el príncipe Andrés se aparte, viva en privado y se gane la vida por sí mismo. Se ha deshonrado y ha avergonzado una y otra vez a la familia real. El público está harto de él”.

La única fuente de ingresos oficialmente declarada de Andrés Mountbatten-Windsor en la actualidad es la pensión que recibe por sus años en la Marina Real británica, entre 1979 y 2001. Se calcula que asciende a unos 23.000 euros anuales, una cantidad muy alejada de lo necesario para adquirir el chalet Helora, el refugio alpino en Suiza que compró en 2014 por unos 21 millones de euros, o para mantener el Royal Lodge, una mansión de estilo georgiano situada en 40 hectáreas de terreno dentro del Windsor Great Park, al oeste de Londres.

La mansión Royal Lodge

El Royal Lodge no pertenece a Andrés; es propiedad de la Corona y se le concedió en régimen de arrendamiento a largo plazo. Andrés obtuvo el derecho de uso en 2003, tras la muerte de su abuela, la Reina Madre, que había residido allí hasta el año anterior. Como parte del acuerdo, realizó un pago único de 1,2 millones de euros y se comprometió a invertir unos 8,7 millones de euros en la rehabilitación de la vivienda, trabajos que según los registros oficiales se completaron en su mayor parte hacia 2005.

Andrés Mountbatten-Windsor no pagaba alquiler y hasta ahora había podido seguir viviendo en la propiedad a cambio de sufragar su mantenimiento y conservación.

“Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”, ha anunciado este jueves el Palacio de Buckingham.

Las condiciones del contrato le obligaban a mantener la mansión en buen estado para evitar ser desalojado. El año pasado, un artículo periodístico avanzaba que la vivienda necesitaba reparaciones, ya que presentaba humedades y zonas deterioradas con moho negro. El coste estimado de las reparaciones ascendía a unos 2,3 millones de euros. También debía costear de su propio bolsillo su seguridad personal —unos 3,5 millones de euros anuales, según se ha informado—, después de que el rey dejara de asumir ese gasto.

Los registros públicos muestran que el tercer hijo de la difunta reina Isabel recibió pagos oficiales del erario como miembro activo de la realeza entre 1978 y 2010. En 2011, David Cameron, entonces primer ministro, decidió cambiar la forma en que los contribuyentes financiaban la monarquía.

Como parte de esta reforma, David Cameron, que se define como un firme defensor de la monarquía, bloqueó deliberadamente la publicación periódica de las cifras que detallaban cuánto dinero público recibían Andrés y otros miembros de la familia Windsor. Cameron criticó lo que calificó de “doloroso debate anual sobre cada partida del gasto real, acompañado de una extensa cobertura en la prensa sensacionalista sobre si los distintos miembros de la familia resultan o no ”rentables“.

La última cifra publicada sobre el dinero público que recibía Andrés data de 2010 y ascendía a unos 290.000 euros anuales. A partir de entonces, la reina Isabel II comenzó a hacerle pagos directos con cargo a su patrimonio privado, mientras él continuaba desempeñando funciones oficiales.

Caída en desgracia

En 2019 se vio obligado a renunciar a sus responsabilidades reales tras su desastrosa entrevista en la BBC, en la que intentó defender su relación con Jeffrey Epstein y responder a las acusaciones de Virginia Giuffre, quien lo señaló por haberla agredido cuando era menor de edad. La entrevista, ampliamente criticada por su falta de empatía y coherencia, marcó el final de su vida pública.

Según una investigación publicada por The Guardian en 2023, dentro de su serie sobre el coste de la monarquía, Andrés había recibido durante las cuatro décadas anteriores casi 15 millones de euros para financiar su labor oficial como miembro de la familia real.

Después de 2019, parece que la reina Isabel primero, y el rey Carlos después, continuaron dando a Andrés una asignación anual procedente de la fortuna privada de los Windsor, que se cree que asciende a más de un millón de euros anuales. Sin embargo, según se informa, el rey dejó de pagar esa asignación el año pasado, en medio del llamado “asedio del Royal Lodge”. Carlos llevaba tiempo intentando que su hermano se trasladara a una residencia más modesta.

Tras la retirada del título de “príncipe” y la mudanza, el rey seguirá dando dinero a su hermano, con una aportación “apropiada” de su fortuna “privada”, según Palacio.

Cuando Andrés se retiró de la Marina en 2001, aún conservaba cierta popularidad, impulsada sobre todo por el reconocimiento a su servicio militar y, en particular, por su participación en la guerra de las Malvinas. De hecho, podría haber vivido de los ingresos que recibía del erario —unos 290.000 euros, una cantidad considerable para los británicos de a pie— y haberse dedicado a participar en eventos y realizar obras benéficas como un miembro de la realeza.

Pero lo que él quería era dinero, y mucho. En 2001 fue nombrado representante comercial del Gobierno. Formalmente, este puesto le obligaba a viajar al extranjero y ayudar a promover los negocios de las empresas del Reino Unido, pero desde hace tiempo se sospecha que, paralelamente, Andrés aprovechó este cargo para acceder a personas adineradas de todo el mundo y cerrar acuerdos comerciales para enriquecerse, ya fuera actuando como intermediario o haciendo presentaciones. Se le acusa de haber utilizado su cargo público para obtener beneficios personales o, dicho de forma más sencilla, haber incurrido en prácticas corruptas.

El acceso a la verdad se ha visto obstaculizado por la negativa de los sucesivos gobiernos a revelar documentos que podrían ayudar a esclarecer las actividades de Andrés.

Durante cuatro años, Andrew Lownie, autor de un libro titulado Entitled: The Rise and Fall of the House of York (Creerse con el derecho: el ascenso y la caída de la Casa de York), presentó centenares de solicitudes de transparencia, pero no consiguió tener acceso a los documentos. “Es evidente que han obstaculizado que se le pueda investigar. Cabe preguntarse por qué”, señala.

Las relaciones de Andrés con personas adineradas parecen ser en gran medida transaccionales, entre otras cosas porque no se le considera un buen negociador. De hecho, uno de los ejemplos que cita Lownie en su libro es la amistad con Epstein: “El príncipe no fue más que un idiota útil que le aportó (a Epstein) respetabilidad y acceso a líderes políticos y oportunidades de negocio. ¿Qué atrajo a Andrés hacia Epstein? La posibilidad de codearse con los superricos y llevar el estilo de vida al que el duque siempre había aspirado, tener acceso a las mujeres que le proporcionaba Epstein, la oportunidad de ganar dinero por sí mismo y alguien dispuesto a financiarle la vida… Ambos hombres, supuestos amigos, se utilizaron mutuamente, pero era una relación desigual”.

Andrés ha estado en el centro de una serie de polémicas por sus estrechos vínculos con dictadores y empresarios extranjeros de dudosa reputación. Se fue de vacaciones con un traficante de armas libio, criticó una investigación de la Oficina de Fraudes Graves sobre la corrupción del gigante armamentístico BAE y almorzó en el Palacio de Buckingham con un miembro destacado de la dictadura tunecina, posteriormente derrocada.

Sus vínculos con la élite de Kazajistán ofrecen una pista sobre sus actividades. En 2007 vendió Sunninghill Park, una mansión cerca de Ascot que había recibido como regalo de boda de la reina, al yerno del presidente autocrático de Kazajistán por unos 17,5 millones de euros, es decir, 3,5 millones más que el precio inicial de venta, fijado en 14 millones. Andrés viajaba con frecuencia al país, tanto en visitas oficiales como en viajes privados.

Comisionista en nombre de Reino Unido

En 2011, los medios de comunicación informaron del contenido de unos correos electrónicos que dejaban entrever que Andrés trabajaba para empresas griegas y suizas que pujaban por grandes contratos en Kazajistán. El trabajo de Andrés consistía en ayudar a presentar las empresas a altos cargos políticos kazajos. Se preveía que recibiría una comisión del 1%, equivalente a unos 4,4 millones de euros, por ayudar a concretar el acuerdo en términos favorables. Cuando se destapó el escándalo, Andrés era el cuarto en la línea de sucesión al trono y se vio obligado a dimitir como representante comercial.

Chris Bryant, diputado laborista y exministro que había pedido públicamente su destitución, declaró entonces: “Ya era hora. Y hay mucha gente en el Ministerio de Asuntos Exteriores que también estará muy satisfecha, aunque no pueda decirlo abiertamente”. Bryant fue uno de los primeros parlamentarios británicos en exigir que Andrés dejara su cargo como enviado especial para el comercio y la inversión del Reino Unido, tras las crecientes acusaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein y sus cuestionables relaciones internacionales.

La medida se produjo tras la publicación de la ahora famosa fotografía en la que aparece con el brazo alrededor de Giuffre y las críticas por seguir relacionándose con Epstein después de que este fuera condenado.

También se supo que Jeffrey Epstein había dado unos 17.000 euros a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, para ayudarla a saldar parte de sus deudas. Al igual que el príncipe, Ferguson ha sido duramente criticada durante años por tratar de sacar provecho de su condición de exmiembro de la familia real británica en su propio beneficio económico.

Las ansias de Andrés por seguir ganando cantidades millonarias han continuado en los últimos años y siguen rodeadas de opacidad. De vez en cuando se pueden ver algunos indicios en los documentos judiciales. El año pasado se reveló que Yang Tengbo, socio comercial del príncipe, era presuntamente un espía chino. Mountbatten-Windsor había autorizado a Tengbo a buscar inversores en China como parte de una iniciativa comercial que estaban promoviendo.

En 2022, se vio presionado para explicar por qué había recibido unos 870.000 euros en pagos vinculados a Selman Turk, un financiero turco acusado de fraude ante el Tribunal Superior de Londres. La investigación apuntaba a que los fondos podrían proceder de operaciones irregulares relacionadas con su red de contactos empresariales. Tras hacerse pública la información, Andrés devolvió el dinero.

Otra fuente de riqueza de Andrés son las inversiones en acciones de empresas comerciales, pero se desconoce el valor de estas. The Guardian puso al descubierto que Andrés se aprovechó de una empresa ficticia respaldada por el Gobierno que se creó para ocultar las inversiones reales al escrutinio público.

Es probable que Andrés también haya recibido herencias de familiares, aunque es difícil tener acceso a esta información.

¿Qué pasará ahora con la situación económica de Andrés? Si con el tiempo baja la presión por la polémica y él se mantiene alejado del foco público, podría tener mayor libertad para generar ingresos en el futuro. Sin embargo, también es probable que le resulte mucho más difícil capitalizar su condición de miembro de la realeza, hoy gravemente deteriorada.

Andrés Mountbatten-Windsor sigue teniendo el título de duque de York y continúa utilizando el de príncipe. Vive en una mansión de 30 habitaciones en la finca que rodea el castillo de Windsor financiada por el contribuyente británico a través de las aportaciones anuales de más de 150 millones de euros al patrimonio real. Los últimos detalles del escándalo de su relación con Jeffrey Epstein y la explotación sexual denunciada por Virginia Giuffre evidencian la falta de control político de la monarquía británica.

La Cámara de los Comunes ni siquiera tiene el poder para retirar títulos honoríficos y depende de la voluntad de la corona en un procedimiento complejo. El príncipe Andrés anunció el viernes que dejará de utilizar de manera voluntaria el título de duque, pero formalmente lo mantiene. El rey Carlos III no se lo ha retirado y tendría que pasar por un proceso legislativo para hacerlo.

El caso reabre además el debate sobre los límites del escrutinio a la corona, que está exenta de cumplir con algunas leyes sobre información y fiscalidad en el Reino Unido y no está obligada a responder preguntas en el Parlamento.

Rachael Maskell, diputada independiente y exlaborista que representa a York, ha pedido formalmente al Gobierno de Keir Starmer que apoye su propuesta legislativa de 2022 para darle a una comisión parlamentaria en consulta con el rey la capacidad para eliminar títulos reales, algo que se aplicaría a Andrés, a otros miembros de la casa real y posiblemente a otras personas con títulos. Maskell ha sido una de las más activas a la hora de pedir cuentas por el comportamiento del príncipe que lleva el nombre de su condado. Fue elegida como diputada laborista, pero este verano el partido la suspendió por rebelarse contra los recortes de ayudas de asistencia social.

El Parlamento ha recibido solo durante este fin de semana más de 1.000 cartas dirigidas a diputados pidiendo la apertura de una investigación pública sobre el caso Epstein y su relación con la familia real.

El libro y la petición al guardaespaldas

Este martes se publica el libro póstumo de Giuffre, que se suicidó el pasado abril con 41 años. En el libro cuenta las orgías con Andrés y Epstein cuando ella y otras jóvenes eran menores de edad, y acusa al multimillonario, su ayudante y al príncipe de traficar con ella. En 2021, Giuffre denunció a Andrés por violación, algo que el príncipe negó en un proceso que acabó con el pago de una indemnización extrajudicial a la mujer y a una organización de ayuda a supervivientes de abusos estimado en más de 13 millones de euros, según el Guardian.

La policía de Londres ha abierto ahora una investigación después de la publicación en el Daily Mail de emails de 2011 en los que Andrés aseguró que había pedido a su guardaespaldas que hiciera gestiones para que la policía investigara a Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, y le pasó la fecha de nacimiento de la joven y su número de identificación de la Seguridad Social de Estados Unidos. Giuffre no tenía historial criminal y se desconoce si la policía británica llegó a investigarla.

“Cada vez que vuelve este tema, esto resulta muy traumático para víctimas y supervivientes, así que es muy importante que este asunto se resuelva de una vez por todas”, dijo la diputada Maskell, que defendió en una entrevista en el matinal de radio de la BBC este lunes que el cambio legislativo para quitarle a Andrés todos sus títulos sería fácil y se podría añadir una adenda a cualquier otra propuesta que esté en proceso de aprobación. 

La pasividad del Gobierno

Sin embargo, unos minutos después, en el mismo programa, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, no quiso respaldar la propuesta. “No es un asunto para el Gobierno, es un asunto para la familia real”, repitió Phillipson, que dijo simplemente que el ejecutivo laborista “apoya” la declaración de la familia real. “Nos vamos a dejar guiar por la familia real en esto”, insistió la ministra, que sugirió que el asunto quitaría tiempo al Parlamento.

Pese a la pasividad del Gobierno, varios miembros del Partido Laborista están empujando a favor de la transparencia.

Clive Lewis, un diputado laborista, pidió una investigación a fondo sobre el uso del príncipe Andrés de su posición para protegerse. “Está claro que la historia principal va de la monarquía en sí misma”, dijo al Guardian. “Plantea preguntas muy difíciles sobre cómo funciona el poder en este país”.

George Foulkes, un laborista miembro de la Cámara de los Lores, también ha pedido formalmente que se cambien las reglas para que diputados y lores puedan hacer preguntas a la familia real sin las restricciones existentes. Hace unos meses, Foulkes intentó preguntar sobre el papel del príncipe Andrés como enviado de comercio, y la respuesta fue que no podía hacer las preguntas. Andrés también ha sido cuestionado por su relación con un hombre acusado de espionaje para China.

Cambio legislativo

La idea de un cambio legislativo que permita quitar más fácilmente títulos nobiliarios ya está cosechando apoyos entre algunos diputados laboristas, el partido nacionalista galés y el partido nacionalista escocés.

“Fondos públicos, la protección policial y el privilegio real han protegido durante mucho tiempo al príncipe Andrés de las consecuencias de sus acciones. Hemos pagado por todo esto”, se quejó la líder de los nacionalistas galeses en el Parlamento, Liz Saville Roberts.

“La familia de Virginia Giuffre, cuya vida fue destruida, está enfadada y horrorizada, el público por todo el país está enfadado y horrorizado, y merecen saber que algunos diputados comparten su indignación”, dijo el líder nacionalista escocés Stephen Flynn al diario The Telegraph. “Si hace falta una ley del Parlamento para quitar los títulos a los tipos como Peter Mandelson y el príncipe Andrés, no veo ninguna justificación para que el Gobierno laborista no lo apoye de manera inmediata”.

El caso de Mandelson

En septiembre, Mandelson fue despedido por el Gobierno de Starmer como embajador en Washington tras la publicación de más detalles sobre su relación con Epstein incluso después de que el empresario estadounidense fuera encarcelado por prostitución de menores. Pero Mandelson, exmiembro de varios gobiernos laboristas y excomisario europeo, sigue manteniendo el título nobiliario otorgado por sus servicios públicos y sigue siendo miembro de la Cámara de los Lores.

El Palacio de Buckingham tendría que estar en todo caso de acuerdo para proceder, ya que la propuesta requiere que el rey siga la recomendación parlamentaria o apruebe directamente la supresión de un título.

Andrew Lownie, biógrafo de Andrés, asegura que costaría “un día” quitarle el título al príncipe, con una enmienda a la ley sobre títulos nobiliarios de 1963 y que permitiría actuar en otros casos de miembros de la familia real, como el caso del príncipe Harry, o personas que tengan títulos nobiliarios por herencia o asignación real por méritos civiles. 

El 87% de los británicos tiene una opinión desfavorable sobre Andrés, según una encuesta de YouGov de agosto, y la mayoría está a favor de que se le quiten todos los títulos. El apoyo a la monarquía está en su nivel más bajo en décadas, y casi el 38% está a favor de tener un jefe de Estado que se escoja en unas elecciones, según una encuesta del centro nacional de investigación social publicada en septiembre. Son los peores datos para la monarquía desde 1983, el año en que se empezó a hacer preguntas comparables en este sondeo.

El príncipe Andrés ya fue apartado de las actividades oficiales por su madre, la reina Isabel, y obligarle a no utilizar el título de duque es un gesto que a estas alturas resulta insuficiente, según el principal grupo de defensa de la república en el Reino Unido, Republic.

El grupo, además, subraya que Palacio está intentando presentar al príncipe William, el heredero, como el artífice del pequeño cambio para presentarlo en la mejor luz posible ante el público. Graham Smith, el portavoz de Republic, dice que el príncipe y el rey “están intentando proteger sus privilegios y su estatus, y evitar las preguntas difíciles sobre su propia complicidad”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo en que “no habrá un Estado palestino” después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará la semana entrante en Estados Unidos anunciará una “respuesta” a esa decisión.

En un vídeo difundido por su oficina en redes sociales, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.

“Durante años, impedí la creación de este estado terrorista frente a una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y lo hicimos con sabiduría política. No sólo eso, hemos duplicado el asentamiento judío en Judea y Samaria, y continuaremos por ese camino”, añade en su publicación en X.

Netanyahu participará en la Asamblea de la ONU en Nueva York el próximo viernes, un foro en el que varios países -entre ellos Francia- tienen previsto reconocer el Estado de Palestina ante la ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado más de 65.000 vidas. El lunes posterior se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Reino Unido, Canadá y Australia se han adelantado a dicha conferencia y han reconocido al estado palestino este domingo.

“Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo”, afirmó Netanyahu en su mensaje, y añadió que “no habrá un Estado palestino”.

“La respuesta al último intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestro país se dará a mi regreso de Estados Unidos. Esperaremos”, concluye el primer ministro israelí.

Tras el anuncio de reconocimiento por parte de algunos países, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, un paso que medios israelíes creen que podría dar el Gobierno de Netanyahu.

El líder del principal partido de la oposición califica este reconocimiento de “grave fracaso diplomático de Netanyahu”

Yair Golan, líder de los Demócratas, el principal partido de la oposición, publicó este domingo en su cuenta de X que “el reconocimiento unilateral de un Estado palestino es un grave fracaso diplomático de Netanyahu y Smotrich: una medida destructiva para la seguridad de Israel”.

Golan, exmilitar que criticó la “guerra contra civiles” del Gobierno de Israel, añade que “esto es un producto directo de la imprudencia política de Netanyahu: su negativa a poner fin a la guerra y su peligrosa elección de ocupación y anexión. El Estado de Israel necesita un punto de apoyo político fuerte que ponga fin a la guerra, libere a los rehenes y garantice la seguridad para las generaciones venideras”.

“La cuestión de un Estado palestino desmilitarizado puede y debe ser parte de un amplio acuerdo regional liderado por Israel que garantice nuestros intereses de seguridad: eso es lo que haremos cuando reemplacemos a este peligroso gobierno”, concluye el político.

Israel amenazó a Europa con respuestas si les aplicaban aranceles

El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea propuso aranceles por 227 millones a Israel, además de otras medidas, para presionar hacia el fin del genocidio de Gaza. También se impusieron sanciones a dos ministros y cinco asociaciones de colonos extremistas israelíes.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, reaccionó desde su cuenta de la red social X con firmeza, pero sin entrar en muchos detalles: “Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas”.

La tensión continuó con un Estado miembro como España. Apenas una semana antes, Netanyahu acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una “flagrante amenaza genocida” contra Israel tras sacar de contexto unas declaraciones del propio Sánchez en una comparecencia en Moncloa en la que se anunciaron nueve medidas para imponer un embargo de armas contra Israel.

Ante esta situación, el Gobierno estadounidense se alineó con Netanyahu una vez más y consideró “profundamente preocupante” la respuesta de España al genocidio israelí. “Estas medidas alientan a los terroristas”, afirmó el Departamento de Estado.

Después de meses de debate, el Gobierno británico anunció este domingo el reconocimiento simbólico del Estado palestino después de que Israel haya intensificado su ofensiva en Gaza en lugar de avanzar hacia un alto el fuego, como pedían el Reino Unido y otros aliados. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su decisión a primera hora de la tarde de manera coordinada con Canadá y Australia, miembros de la Commonwealth.

La declaración oficial del Reino Unido tiene un peso histórico especial al venir de un país clave para la fundación del Estado de Israel en 1948. El Reino Unido y Canadá, además, son los primeros miembros del G7 en dar este paso.

“Hoy, para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”, dijo Starmer en una declaración emitida en vídeo unos minutos después de los anuncios de Canadá y Australia. El primer ministro británico insistió en el futuro de un Israel “seguro” y un Estado palestino “viable”.

“Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestra llamada a una solución auténtica de dos estados es exactamente lo contrario de su visión llena de odio”, dijo Starmer, que insistió en que la decisión “no es un premio para Hamás” y anunció que el Gobierno británico aprobará nuevas sanciones a líderes de Hamás en las próximas semanas. Poco después de su declaración, el Ministerio de Exterioes de Israel repetió que el gesto del Reino Unido y otros es “un premio para el yihadista Hamás”.

En junio, el Gobierno británico ya sancionó a dos ministros del Gobierno Netanyahu por “incitar a la violencia” contra los palestinos, y Starmer volvió a repetir este domingo la condena a sus acciones: “El bombardeo incesante y creciente de Gaza por parte del Gobierno israelí, la ofensiva en las últimas semanas, la hambruna y la devastación son completamente intolerables”, dijo Starmer. “Cientos de miles de personas fueron asesinadas, incluyendo miles que intentaban conseguir agua y comida. La muerte y destrucción nos horroriza a todos nosotros. Debe terminar”.

El vice primer ministro, David Lammy, volvió a decir este domingo que el gesto no cambiará la hambruna ni la masacre en Gaza, pero es importante para el futuro: “Debemos mantener la idea de dos Estados viva para los niños de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental”. En particular, el Gobierno británico está preocupado por los planes del Gobierno de Netanyahu de partir en dos Cisjordania mientras continúa la violencia de colonos extremistas contra civiles palestinos, y el retroceso desde julio. “En este momento el alto el fuego yace hecho trizas y las perspectivas son sombrías”, dijo Lammy, en una entrevista en Sky News.

Familiares británicos de rehenes y la líder del Partido Conservador se quejan, como Israel, de que el reconocimiento ahora es un “premio a Hamás”, que ha presumido de que los gestos diplomáticos son “un fruto” de los atentados del 7 de octubre. Lammy defiende que los palestinos son mucho más que la organización que ha gobernado Gaza.

“Hamás no son los palestinos. Un Estado palestino es una causa justa. Nuestro país, que firmó la declaración de Balfour hace 108 años, cree en un hogar para el pueblo palestino, pero también creemos en los derechos civiles y religiosos de los palestinos, y ahora es el momento de defender los dos estados”, dijo en la BBC Lammy, refiriéndose a la declaración del Gobierno británico de 1917 en el origen de Israel.

Horas después de la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido, Starmer anunció su decisión coordinada con Canadá y Australia y que lleva meses consultando con Francia y otros europeos. Portugal también hará la misma declaración este domingo, y Francia, Bélgica y Luxemburgo, entre otros, también harán este gesto este lunes, en la conferencia internacional sobre Palestina de Naciones Unidas en Nueva York, en coincidencia con la reunión de jefes de Estado y de Gobierno por la Asamblea General.

Alemania es el país más grande de Europa que se sigue oponiendo al reconocimiento ahora: el canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este jueves ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que éste debería ser “el último paso” en un proceso de paz. Italia tampoco ha dado señales de querer dar este paso ahora.

Estados Unidos, el país con más peso para la región, criticó la decisión, pero el jueves Trump evitó en Londres una crítica directa. “Es el único punto en el que no estamos de acuerdo”, dijo el presidente de Estados Unidos, en la rueda de prensa junto a Starmer al ser interrogado por el inminente reconocimiento. Cuando el primer ministro británico dijo que la situación en Gaza es “intolerable”, pero desea que Hamás “no sea parte del futuro Gobierno de Palestina”, Trump le dio unas palmaditas en la espalda como gesto de aprobación.

Canadá y Australia, a la vez

El reconocimiento canadiense llegó de manos de un comunicado del primer ministro canadiense, Mark Carney, hecho público poco antes de partir hacia Nueva York, donde se reunirá este domingo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y posteriormente participará en la Asamblea General del organismo.

Carney justificó la decisión de reconocer a Palestina porque “el actual Gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino” con “una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania” y la invasión de la Franja de Gaza, “que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional”.

“La política declarada del actual Gobierno israelí es que 'no habrá un Estado palestino'”, dijo Carney, que ve en este reconocimiento “un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual”.

En el caso de Australia, el reconocimiento se ha hecho oficial mediante un comunicado conjunto del primer ministro Anthony Albanese y de su ministra de Exteriores Penny Wong, en el que defienden que el gesto “refleja el compromiso duradero de Australia con la solución de los dos Estados, que siempre ha sido la única vía para asegurar la paz y la seguridad para los pueblos de Israel y Palestina”.

Australia reconoce de facto a Mahmud Abbás, líder de la Autoridad Palestina, como jefe del Estado. Albanese había acordado un encuentro bilateral con el presidente Abbás en Nueva York para esta semana aunque la denegación de su visado por parte de Estados Unidos lo ha impedido.

Sanciones

En junio, el Gobierno laborista fue uno de los primeros occidentales en sancionar a los dos ministros del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu por “incitar a la violencia” contra los palestinos. Entonces, el Reino Unido anunció las sanciones en coordinación con Canadá, Australia y Noruega. Antes también rompió sus negociaciones para un acuerdo comercial con Israel y suspendió exportaciones de armas a ese país. 

La opinión pública británica se ha inclinado a favor de los palestinos en los últimos dos años después del apoyo inicial a Israel tras los atentados del 7 de octubre. Ahora, el 44% de los ciudadanos está a favor de que el Gobierno reconozca un Estado palestino independiente, el 18% está en contra, y el resto no sabe, según una encuesta recién publicada por YouGov. Hay división según ideología, con una clara mayoría a favor de votantes que se identifican con los laboristas, los liberaldemócratas y los verdes. Los votantes del Partido Conservador están divididos con más en contra del reconocimiento, mientras que los de la extrema de derecha de Reform se oponen más claramente.

Las multitudinarias protestas propalestinas fueron un motivo de tensión en las calles durante meses, sobre todo en las de Londres. En julio, el Gobierno clasificó como grupo terrorista a Palestine Action, un grupo que entró en una base área del ejército británico en junio y dañó con pintura y palancas varios aviones. Desde que la organización fue incluida en la lista, cientos de personas han sido detenidas por manifestarse a favor de este grupo en un caso polémico que cuestiona el derecho de protesta.

Algo que sirva

Starmer lleva meses insistiendo en que el reconocimiento tenía que servir para algo más allá del gesto simbólico, y lo había utilizado hasta ahora como una forma de presión a favor de una tregua. Lo ha hecho en coordinación con Francia y tratando de plantear el reconocimiento como “parte de un paquete completo que con suerte nos aleje de la situación espantosa en la que estamos ahora y lleve al resultado de un Israel seguro, que ahora no tenemos, y un Estado palestino viable”.

Más de 140 países reconocen la existencia del Estado palestino, la mayoría por decisiones durante la Guerra Fría. En la Unión Europea, países del centro y el este de Europa que estaban al otro lado del Telón de Acero hicieron entonces ese reconocimiento.

Desde el estallido de la actual guerra de Gaza, cuatro países en Europa han dado ese paso: España, Irlanda, Noruega y Eslovenia. Pero estos son países con poca capacidad militar, no especialmente cercanos a Israel y con poca influencia en la zona, a diferencia del Reino Unido, que fue clave para la fundación de Israel. La declaración de Balfour apoyó en 1917 la creación de “un hogar para el pueblo judío”en Palestina, entonces parte del imperio otomano. Palestina estuvo bajo mandato británico a petición de la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1948.

El primer ministro británico ha mantenido un canal de comunicación con el Gobierno de Netanyahu pese a haber sancionado a sus ministros y a haber llamado a consultas a su embajador varias veces.

A principios de septiembre, Starmer recibió a Isaac Herzog, el presidente de Israel, que estaba en el Reino Unido para un viaje privado. La reunión, según contó el líder israelí, fue “difícil” y acabó en una discusión. 

La palabra

El Gobierno de Starmer, que es abogado especializado en derechos humanos, ha evitado utilizar la palabra “genocidio”, aunque sí lo hacen diputados y otros laboristas, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

En una carta en respuesta a una pregunta sobre los detalles de la aplicación del embargo británico de armas a Israel, el 1 de septiembre, David Lammy, entonces ministro de Exteriores, escribió que el Gobierno no ha llegado a “la conclusión” de que Israel esté cometiendo un genocidio según la definición legal. 

“El alto número de víctimas incluyendo mujeres y menores y la dimensión de la destrucción en Gaza es totalmente deplorable. Sobre la convención contra el genocidio, el crimen de genocidio sólo sucede cuando hay ‘una intención específica para destruir todo o parte de un grupo nacional, étnico, racial o religioso’. El Gobierno no ha llegado a la conclusión de que Israel esté actuando con esa intención”, escribe Lammy.

Los inversores, ingenieros y ejecutivos de las empresas más ricas y poderosas del planeta se sentaron a la mesa de más de 47 metros de largo del castillo de Windsor. Según la casa real británica, había 139 velas y 1.452 piezas de cubertería que había costado una semana colocar en una enorme sala que presume de medieval pero fue reconstruida después del incendio de 1992 que la destruyó.

Allí cenaban Tim Cook, el consejero delegado de Apple, Sam Altman, el fundador de la empresa que ha creado ChatGPT, Satya Nadella, el consejero delegado de Microsoft, y Steve Schwarzman, el jefe del mayor fondo privado de inversión del mundo, Blackstone, criticado por su papel en la recesión tras el colapso hipotecario de 2008, la crisis climática y la subida de los alquileres por todo el mundo. También estaban los jefes de Bank of America, Citibank, Nvidia, que domina la producción de chips para la inteligencia artificial, Salesforce, la poderosa empresa de software de relaciones con clientes, y DeepMind, una empresa de inteligencia artificial de Google. 

Entre ellos se sentaban el presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico y los reyes y príncipes que hacían de anfitriones.

Cada posición quería significar algo. Cook entró en la sala en el desfile real junto a la Tiffany Trump, la hija del presidente, y Keir Starmer se sentó al lado de Schwarzman, uno de los grandes donantes de Trump, que acaba de terminar el gran centro de humanidades en la Universidad de Oxford y ha prometido inversiones de 90.000 millones de libras (más de 100.000 millones de euros) en el Reino Unido dentro de sus planes multimillonarios en Europa, sin determinar en qué. También estaba cerca Brian Moynihan, el consejero delegado de Bank of America, uno de los bancos que también ha anunciado más inversiones en el Reino Unido. 

Kemi Badenoch, la líder del Partido Conservador y todavía jefa de la oposición, estaba sentada junto a Altman, una de las estrellas de la noche junto a Jensen Huang, el fundador y consejero delegado de Nvidia, el líder mundial en la fabricación de chips y que unas horas después anunció un gran acuerdo con Intel, antigua líder y ahora en apuros.

El centro del poder en la mesa correspondía a empresarios de tecnología, varios centrados en inversiones en inteligencia artificial, y fondos financieros. Rupert Murdoch, el magnate australiano-estadounidense de medios, también estaba allí, pero más esquinado, lejos de la vista de Trump, que en julio denunció al Wall Street Journal, uno de sus periódicos, por publicar detalles del dibujo que lleva su firma para Jeffrey Epstein, el empresario convicto por prostitución de menores.

También estaba Christopher Ruddy, el consejero delegado de Newsmax, un canal conservador que compite con Fox News por la derecha. Ruddy, a menudo portavoz oficioso de Trump en la prensa en el Reino Unido, contó después que las conversaciones habían sido sustanciosas y que el presidente se había pasado la noche hablando con la princesa de Gales.

Si bien es habitual invitar a empresarios del país en cuestión en las visitas de Estado, el banquete del miércoles por la noche tenía un aspecto y un tono diferentes, sin la mezcla habitual de actores, escritores y otras figuras que se veían con presidentes anteriores. La mesa de esta semana dista mucho del convite para Barack Obama en 2011, con Tom Hanks, JK Rowling, David Beckham y Tim Burton.  

Mensajes sutiles

Los discursos de Trump y el rey enfatizaron, como es habitual, los lazos históricos entre ambos países y evitaron en gran medida referirse a cuánto han cambiado Estados Unidos y el Reino Unido en la última década.

Trump sí dijo que su país estaba “muy enfermo” hace un año y que ahora es “uno de los más deseados del mundo”. Carlos III hizo referencias más sutiles a la importancia de que Estados Unidos no abandone a sus tradicionales aliados, luche junto a ellos contra “la tiranía que amenaza a Europa” y proteja el medioambiente. 

El rey insistía en proteger “las tierras y los mares” de la degradación medioambiental ante Trump, que mantenía entonces un gesto muy serio. El presidente se ha salido del acuerdo internacional contra el cambio climático y está desmantelando las políticas nacionales contra la reducción de emisiones contaminantes en Estados Unidos.

Carlos III hablaba también ante varios de los empresarios que más recursos naturales están consumiendo por las necesidades de agua y energía de las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial que ahora Starmer promete expandir para ellos en el Reino Unido. De hecho, el gasto en energía puede ser uno de los precios que tenga que pagar el país para los nuevos centros de datos, entre las concesiones esperadas, que también pueden ser fiscales.

Este jueves, en la rueda de prensa junto a Trump, Starmer alabó a las empresas tecnológicas y los acuerdos de cooperación con Estados Unidos para la investigación y la inversión como el símbolo de “una nueva era” en la que la inteligencia artificial será utilizada, según él, “para amplificar el potencial humano”, “curar enfermedades”, “hacernos más ricos y más libres” y “fortalecer la causa de la democracia, no la tiranía”.

Después del Brexit

Mientras otros gobiernos estudian cómo independizarse de Estados Unidos y sus empresas, el Reino Unido, especialmente tocado por el aislamiento del Brexit, trata de conseguir más inversiones estadounidenses, incluso en sectores clave para su seguridad como la energía y la defensa.

El Gobierno de Starmer habla ahora de un compromiso de inversión de 150.000 millones de libras (más de 170.000 millones de euros), la mayoría de Blackstone y con pocos detalles. Otras inversiones vendrán de Microsoft, con el equivalente a más de 25.000 millones de euros, Google, con un plan de más de 5.000 millones, y otras empresas de tecnología más pequeñas de negocios inmobiliarios, comercio electrónico y análisis de datos. 

Algunos de esos anuncios afectan a la seguridad nacional, como el acuerdo con Palantir, una empresa de software de Colorado especializada en datos, con el Ministerio de Defensa británico por valor de 1.500 millones de libras (más de 1.700 millones) para utilizar inteligencia artificial en “el proceso de decisión” y la elección de objetivos militares. La empresa ya trabaja para la CIA, el FBI y el Pentágono y está acostumbrada a gestionar “datos sensibles”.

Hasta Trump mostró alguna duda sobre el poder de estas empresas y la dirección de la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial está conquistando el mundo. Os estoy mirando, Jensen y otros... Y no sé lo que estáis haciendo”, dijo este jueves con un suspiro. “Espero que acertéis”. Hablaba junto a Starmer, agitando la cabeza y apuntando hacia Jensen Huang, el consejero delegado de Nvidia, durante un evento con empresarios.

Nick Clegg, el ex líder del partido liberaldemócrata británico y que ha trabajado para Meta en California gran parte de la última década hasta su dimisión en enero de este año, es una de las voces que ha alertado esta semana de los riesgos de estrechar lazos en este momento con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. El acuerdo tecnológico transatlántico que Starmer anunció para justificar la visita de Trump representa, según Clegg, “las sobras de Silicon Valley”. Él cree que la construcción de infraestructura de las grandes empresas ya prevista no resolverá el problema de fondo para el Reino Unido y Europa.

“Somos una especie de Estado vasallo tecnológico… En el momento en que nuestras empresas tecnológicas tienen cierta escala o ambición, tienen que ir a California porque aquí no contamos con el capital necesario para crecer”, dijo Clegg en una conferencia en Cambridge este miércoles, en plena visita de Trump. “En cierto sentido, este acuerdo tecnológico entre Estados Unidos y el Reino Unido sólo es otra versión de cómo el Reino Unido se aferra a las faldas del Tío Sam. Tenemos que ser un poco más realistas sobre nuestra situación y un poco más firmes respecto a lo que podemos hacer nosotros mismos”. 

Olivia O’Sullivan, directora del programa sobre relaciones internacionales del Reino Unido en el think-tank Chatham House, recordaba este martes que el “proyecto 2025” de la Heritage Foundation que ha inspirado al Gobierno de Trump incluye intentar debilitar los lazos del Reino Unido con la Unión Europea. El documento dice que hay que desarrollar con “urgencia” nuevas relaciones comerciales “antes de que Londres se deslice otra vez hacia la órbita de la Unión Europa”.

“Esta manera de pensar refleja una antipatía especial hacia Europa y un interés por el Reino Unido, pero tal vez no sea la visión que queremos”, explicaba O’Sullivan. “Una diferencia es que no hay un grupo político coherente en Estados Unidos y, debido a su caos, el enfoque hacia el Reino Unido no está claro”.