La productora de hidrocarburos Tecpetrol, subsidiaria del Grupo Techint, entabló días atrás una demanda por $134.200 millones (US$96 millones) contra la empresa estatal Energía Argentina SA (ENARSA), dependiente de la Secretaría de Energía, a raíz de supuestas facturas impagas e intereses punitorios, según la agencia estadounidense de noticias financieras REDD, que accedió al expediente judicial.

La denuncia de la empresa de Paolo Rocca fue radicada en el juzgado 6 del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y ya pasó por una mediación prejudicial, que fracasó. El reclamo de US$96 millones se suma a otro por US$640 millones en concepto de subsidios a la producción de gas que fue entablado en 2019, originado en un presunto cambio en las condiciones de un contrato decidido por el Gobierno de Mauricio Macri, cuando le tocó enfrentar una crisis financiera.

Tecpetrol alega que ENARSA acumuló decenas de facturas impagas o abonadas parcialmente por el gas natural entregado u ofrecido en el segundo semestre de 2023, y a lo largo de 2024 y 2025, en el marco del programa Plan Gas Ar, informó el periodista Sebastián Lacunza en REDD.

La firma de Rocca no respondió consultas sobre su presentación judicial.

El Plan Gas Ar fue lanzado en diciembre de 2020 y estableció un precio en el orden de los US$3,5- US$4 por millón de BTU, la unidad de medida que se utiliza para la comercialización del gas. Ese precio fue mucho más economico que el costo de importar desde Bolivia o a través de barcos con gas licuado y, a la vez, reactivó la producción porque a las empresas del sector (YPF, Totalenergies, Tecpetrol, Pampa Energía y otras) les resultó redituable.

Diferentes rondas del programa extendieron contratos hasta diciembre de 2028. La llegada de Javier Milei a Casa Rosada supuso el final de las licitaciones del Plan Gas Ar, porque el Ejecutivo se propone transitar a un esquema de libre comercio entre privados. Sin embargo, la Secretaría de Energía se comprometió a cumplir los contratos ya firmados.

El silencioso reclamo de la subsidiaria de Techint se da tras meses en los que Milei acusó a Rocca y otros empresarios “prebendarios” de ser “chorros”, “coimear” a Gobiernos y organizar un golpe de Estado en 2025. La última andanada de acusaciones contra “Chatarrín” (Rocca) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar, Fate) por supuestamente perpetrar un “ataque a los argentinos” tuvo lugar el 10 de marzo pasado, en la apertura de la Argentina Week que organizó el Gobierno en Nueva York para atraer inversiones.

Rocca, dueño de una fortuna de US$ 7.300 millones según la revista Forbes, prácticamente no respondió en público a las agresiones del mandatario, pero la demanda judicial de Tecpetrol tiene una lectura inequívoca de que el grupo se prepara para acelerar la batalla.

La presentación a la que tuvo acceso REDD, incorporada al expediente el 3 de marzo pasado, indica que la firma solicitó una mediación prejudicial con la Secretaría de Energía, que no llegó a buen puerto, algo previsible porque esas negociaciones se dieron en el momento en que el Presidente puso al dueño de Techint en la mira.

El texto de la demanda indica que ENARSA transfirió “de manera tardía montos parciales de las facturas emitidas y en algunos casos, no ha cancelado facturas íntegras”.

El núcleo del reclamo se origina en que el Plan Gas Ar estipula la modalidad take-or-pay. Ello significa que las productoras tienen la obligación de ofrecer un volumen determinado y que, si no se consume en su totalidad, igual debe ser pagado, porque el despacho de gas varía, por ejemplo, por razones climáticas. Según el texto de Tecpetrol, el Estado no le abonó el equivalente a cerca de 313 millones de metros cúbicos de gas. Sobre el monto supuestamente adeudado, la presentación calcula intereses de 150% anual, según lo acordado en el contrato.

El presunto no pago por parte del Estado dejó a “la empresa gravemente perjudicada por la falta de retiro y pago de los volúmenes comprometidos”, indicó la agencia estadounidense citando documentos judiciales.

Desde 2024, primer año del Ejecutivo ultraderechista, la Cámara de Exportación y Producción de Hidrocarburos (CEPH) realizó varios reclamos administrativos ante la Secretaría de Energía por supuestas demoras en el pago del gas de “demanda prioritaria”, que es el que se entrega para consumo domiciliario y las centrales térmicas de generación eléctrica, y cuyo precio fijó el Plan Gas Ar.

Dentro de la organización que agrupa a empresas nacionales y extranjeras hay posturas agresivas y otras amigables hacia el Gobierno, lideradas estas últimas por YPF, cuyo presidente, Horacio Marin, muy cercano a Milei, fue casualmente directivo de Tecpetrol durante tres décadas. En general, las compañías coinciden en que la demora afecta la liquidez para afrontar inversiones y el flujo normal de trabajo, y los más críticos argumentan que el Gobierno usa esos fondos que presuntamente no paga para maquillar el superávit fiscal.

Una fuente del sector disocia el reclamo juidicial de Tecpetrol/Techint del conflicto entre Rocca y Milei, y en cambio le da un marco netamente económico y jurídico. La misma fuente apunta que hay otras productoras de gas en proceso de negociación e incluso algunas están formalizando la queja.

Ante los reclamos de las empresas, el coordinador de la Secretaría de Energía y virtual encargado del área, Daniel González, dijo meses atrás que el Gobierno no respondería “operaciones”.

Según el escrito de Tecpetrol, ENARSA habría incumplido sus obligaciones de compra mínima por 61,7 millones de metros cúbicos de gas en 2023, 40,1 millones en 2024 y 212,5 millones en 2025.

El monto reclamado de US$96 millones incluye intereses hasta el 26 de enero pasado. A partir de entonces, Tecpetrol sostiene que deben sumarse nuevos sobrecargos.

La nueva demanda se monta sobre un juicio que Tecpetrol inició en 2019 contra el Estado nacional, en reclamo por US$640 millones de otro plan de subsidios organizados durante el Gobierno de Mauricio Macri para la producción de gas, conocido como Resolución 46. Ese programa benefició a Tecpetrol por sobre ninguna otra empresa. La productora de Rocca se transformó entre 2016 y 2018 en el principal productor privado argentino de gas.

En suma, Tecpetrol recibió US$ 1.500 millones en subsidios por la Resolución 46 e invirtió US$ 1.900 millones. Cuando, en 2018, Macri se enfrentó a la crisis de deuda externa y debió pedir auxilio al FMI, la Secretaría de Energía intentó poner un freno a los subsidios ilimitados que había acordado el ministro Juan José Aranguren. Tecpetrol entendió que le cambiaban las reglas de juego e inició una demanda ante el fuero contencioso administrativo federal, y citó a su favor la opinión de Aranguren y de su sucesor, Javier Iguacel, quienes resistieron la interpretación de la Resolución 46 que hizo Gustavo Lopetegui, uno de los funcionarios más allegados a Macri que intentó frenar la canilla abierta de fondos desde el Estado hacia la productora de gas de Techint. Fue una de las internas más sonoras del Ejecutivo de Cambiemos.

Milei llegó a Casa Rosada cargado de elogios de Rocca y de sus aportes durante la campaña electoral. La demanda por US$ 640 millones, resistida durante los Gobiernos de Macri y Alberto Fernández, hibernó hasta la segunda mitad del año pasado, que se empezó a mover.

En diciembre pasado, Rocca se quejó de que uno de sus principales competidores con los que convive en la CEPH, Pan American Energy (PAE), manejado por la familia Bulgheroni, organizara una licitación para la construcción de tubos para la exportación de gas en la que habilitó propuestas de empresas de una docena de países, algo inédito en un mercado en el que Tenaris, firma de Techint, reinó durante décadas. La adjudicataria para el proyecto Southern Energy, liderado por PAE, resultó la india Welspun por US$ 200 millones, y a partir de allí se inició la cadena de agravios del Presidente al accionista de Techint.

No obstante, Tecpetrol, tercera generadora de gas detrás de YPF y Totalenergies e incipiente actor en el mercado del petróleo, es una de las beneficiarias de la reducción de impuestos para la producción de hidrocarburos establecida en el régimen integral para grandes inversiones (RIGI), por lo que el balance de su relación con el Gobierno es mixto.

En siderurgia, corazón histórico de Techint, el negocio en Argentina retrocede, pero en gas y petróleo, abre nuevos horizontes de ganancias.

Desde hace casi tres años y medio, cinco juzgados y tribunales y hasta la Corte Suprema protagonizan un derrotero judicial para evitar una definición sobre los sismos inducidos por el fracking en los alrededores de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Así lo demuestran los escritos y testimonios consultados por elDiarioAR.

El Observatorio de Sismicidad Inducida ha registrado al menos 508 sismos en la zona desde 2015, explicó el geógrafo Javier Grosso Heredia.

El paraje rural que tiembla en esta zona de Neuquén es Sauzal Bonito, cercana al área explotada por Tecpetrol, la petrolera de Techint. Las denuncias de sus habitantes, los estudios del Observatorio de Sismicidad Inducida y los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) avalan las denuncias contra la provincia y la compañía, aunque la petrolera se niega a dar su versión de los hechos o presentar públicamente estudios que demuestren lo contrario.

El área explotada por Tecpetrol se denomina Fortín de Piedra y es una zona hidrocarburífera de alrededor de 25.000 hectáreas ubicadas en ambos márgenes del río Neuquén y dividida en dos bloques: sólo el primero está desarrollado y en producción. Significa el 32% de la producción de gas en Vaca Muerta y conlleva una inversión de U$S3.500 millones desde que inició sus operaciones en 2017, según la agencia estatal Télam.

En marzo de 2017 Tecpetrol anunció que transportaría gas de Fortín de Piedra hasta el sistema logístico nacional. “Luego de ese anuncio, en apenas 18 meses, Fortín de Piedra comenzó a aportar el 15% del gas consumido a nivel nacional.

Su pico de producción se dio en 2018, año en que se produjeron registros sísmicos de magnitud en la zona, con picos de 3.1 y 4.9 Ml“ (Richter), de acuerdo a un estudio de los científicos Grosso Heredia (profesor de Geografía e investigador en la Universidad Nacional del Comahue, entre otros títulos) y Guillermo Tamburini Beliveau (doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario e Ingeniero en Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia, además de investigador del Conicet) junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 

Las primeras fracturas en Fortín de Piedra datan de 2018. Ese año se registraron los primeros sismos en Sauzal Bonito, pero la región donde se encuentra Vaca Muerta ya venía temblando desde 2015, cuando comenzó el fracking en la zona.

En julio de 2021, FARN, habitantes del paraje rural y la comunidad mapuche Lof Wirkaleo presentaron un amparo ante la Justicia federal de Neuquén, que decidió remitir el caso a la Corte Suprema, ya que los sismos estaban afectando a localidades de Río Negro. Cuando se trata de afectación a más de una jurisdicción, interviene la Corte.

El expediente pasó unos tres años en el máximo tribunal. Hasta que el 13 de agosto último, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz rechazaron en apenas dos párrafos la competencia. Los supremos enviaron el caso a la Justicia provincial de Neuquén. 

En el Tribunal Superior de Justicia de la provincia patagónica decidieron enviar la causa a un juzgado civil y comercial. Semanas más tarde, la jueza volvió a declinar su competencia y sostuvo que “la acción procesal idónea” debía ser planteada ante el fuero contencioso administrativo. Los amparistas apelaron la decisión.

Desde entonces, el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones del fuero, que debe resolver el destino del caso. 

Cristian Fernández, abogado de FARN, explicó a elDiarioAR que el amparo busca que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén realizar estudios de impacto ambiental, audiencias públicas y consulta previa libre e informada con las comunidades originarias que pueden verse afectadas por la actividad sísmica en la zona de Vaca Muerta. 

También solicitaron que se le ordene a la provincia que, hasta que no se realicen dichos estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, exijan a los titulares de los permisos de explotación hidrocarburífera no convencional que incluyan o contemplen en sus Declaraciones de Impacto Ambiental la totalidad de los impactos que la actividad de explotación hidrocarburífera no convencional provoca e incluyan expresamente medidas para prevenir la sismicidad inducida.

Entre las peticiones, requieren que se ordene a la gobernación de Neuquén realizar un relevamiento de las construcciones de la zona, tanto de las propiedades, como de las represas y toda obra de ingeniería que haya sido construida para elaborar un  informe del riesgo de derrumbe y/o rotura.

En el amparo, los demandantes sostienen que la sismicidad inducida implica un riesgo grave para la seguridad de las personas, la infraestructura y el ambiente y que la fracturación hidráulica induce a numerosos microterremotos, la gran mayoría con un magnitud menor a 2 Mww, pero que en cercanías de la localidad de Añelo y Sauzal Bonito se han registrado desde 2015 numeros sismos de magnitud mayor a 3 ML y eventos de magnitud mayor a 4 Mww, con hipocentros de escasa profundidad, causando grandes daños en superficies, tanto a bienes materiales como a las personas.

DM/ED

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

La compañía de la familia Rocca dividió a Rinconadillas, una comunidad de 82 familias y logró así la licencia social para operar en ese territorio y extraer el ansiado “oro blanco” en una zona catalogada como la Séptima Maravilla Natural del país. Aquí, otras comunidades se oponen al avance de las mineras. 

La necesidad de trabajo convenció a parte de los habitantes de Rinconadillas y le concedió la victoria a la empresa, que arrastra un pasado de causas de corrupción, sobornos y abandono de las comunidades afectadas por su actividad.

Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil. El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S5.600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.

Tecpetrol, división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).

Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán. 

En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público en el caso de los cuadernos de la corrupción, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados.

A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.

Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadience Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración. 

La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. “Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos”, afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.

Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy. En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.

Un modus operandi

El equipo periodístico de elDiarioAR y Mongabay intentó obtener respuestas de Tecpetrol y Techint tras la asamblea de junio último, en la que parte de la comunidad de Rinconadillas dijo “sí al litio” y aprobó el ingreso de la petrolera para la exploración en la Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la compañía no quiso responder más preguntas ni consultas.

“Las empresas mineras y las corporaciones saben muy bien que la estrategia es divide y vencerás”, explica Melisa Argento, investigadora de Conicet. La experta añade que, básicamente, se trata de dividir a las comunidades entre “ganadoras” y “perdedoras”. Las comunidades ganadoras son las que van a recibir los beneficios de las mineras. “Las otras son las relegadas, las olvidadas, a las que también se les destruye el territorio, su forma de vida, la agricultura, la pastura, los animales se les mueren, tienen conflictos territoriales todo el tiempo con las empresas”. Dijeron “no al litio”, pero pagaron igual las consecuencias ante la falta de unidad de las comunidades. Justamente, lo que el grupo inicial de 38 comunidades buscaba evitar.

“La promesa de empleo puede valer para la primera etapa, cuando las empresas están en la fase de construcción y pueden contratar mano de obra local, pero después el trabajo se tecnifica y vuelve a haber una expulsión, una desocupación en la región”, sostiene la investigadora. Luego, en las comunidades pueden crecer otros rubros como gastronomía, empleo de seguridad, limpieza y mantenimiento.

“En Catamarca, otra provincia donde se extrae litio, la empresa Livent —hoy Arcadium— opera en el Salar de Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra. Es la casuística de todo lo que estamos diciendo”, asegura Argento. La investigadora explica que hay que mirar allí para ver lo que pasará en Jujuy durante los próximos 25 años: “La injusticia socioambiental permanente y la vega del Río Trapiche seca”, afectando la provisión de agua a los pobladores de la zona. 

En Catamarca, por ejemplo, el progreso no se tradujo en beneficios para las comunidades linderas al salar. Y las consecuencias se sintieron cuando la minera intentó ampliar su explotación, explicó Argento. “Cuando la comunidad decidió resistir el avance de la segunda etapa de Livent en la zona, tuvieron persecución, hostigamiento, al punto de que las familias decidieron salirse de la resistencia. En la lucha quedaron muy pocos y son muy atacados”, explica. El equipo periodístico intentó comunicarse con Livent pero no fue posible obtener una respuesta de la compañía.

Sismos inducidos

Los antecedentes de Tecpetrol no están vinculados al negocio del litio, pero sí a la extracción de gas. En la provincia de Neuquén, la empresa cambió para siempre la vida en un paraje rural, Sauzal Bonito. Este pueblo de unos 300 habitantes, se ubica a 48 kilómetros al suroeste de Añelo, la ciudad base de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y cuarto en petróleo no convencional a nivel global. Aquí, los combustibles fósiles se extraen mediante el mecanismo del fracking. 

Sauzal Bonito es el pueblo más cercano al yacimiento de gas que explota Tecpetrol en Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Desde que la petrolera de Techint se instaló allí para desarrollar la actividad del fracking, la localidad comenzó a temblar. 

Los sismos coincidían con el inicio de las operaciones de fracking, explicó a Mongabay y elDiarioAR el geógrafo Javier Grosso Heredia, quien dirige el Observatorio de Sismicidad Inducida junto a Guillermo Tamburini Beliveau. El organismo ya contabilizó casi 500 sismos inducidos desde finales de 2018 hasta julio de 2024 en esta zona de Vaca Muerta, informó Grosso Heredia. 

“Nunca existió un reconocimiento de la responsabilidad de Tecpetrol en la producción de los sismos ante los habitantes de Sauzal Bonito”, afirma Grosso Heredia. “La empresa tampoco hizo público cómo es su sistema de semáforos sísmicos, que ayudaría a informar y actuar preventivamente ante los sismos en el pueblo”, agrega el geógrafo. “Sin embargo, sí aportó 500 millones de pesos (unos US$526.000 al valor del cambio actual) para la construcción de viviendas antisísmicas”, explica el investigador. La petrolera no admite la conexión entre el fracking y los sismos, pero accedió a financiar un paliativo para los vecinos. 

El caso de Sauzal Bonito llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2022, ante un amparo ambiental presentado por la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, habitantes de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la provincia de Neuquén. Sin embargo, el caso aún no fue tratado por los jueces del tribunal.

La extracción de litio en el salar de Catamarca y el fracking en la provincia de Neuquén son evidencia de los problemas que podrían llegar con la explotación en Guayatayoc. El primer conflicto es notorio y se ve en las grietas que amenazan con romper del todo la unidad de las 38 comunidades indígenas que hace 14 años y en bloque se oponían a la llegada de la minería.

ED

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

La petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc en busca de litio. Así pudieron establecerlo una alianza entre Mongabay y elDiarioAR en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

El negocio del “oro blanco” es una de las apuestas fuertes de la petrolera, propiedad de la familia Rocca, la segunda más rica de Argentina, que tiene una concesión del gobierno de Jujuy pero que requería de la licencia social de la población indígena que controla este territorio y que llega con una comunidad dividida para la que la convivencia social entre sus habitantes y con las comunidades aledañas ya no será igual. Tecpetrol dividió y reinó.

El territorio de la comunidad de Rinconadillas se encuentra en una de las zonas más conflictivas para la minería del litio: la cuenca que conforman el salar Salinas Grandes -una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina- y la Laguna de Guayatayoc, donde desde hace 14 años un grupo de 38 comunidades se oponían al desembarco de las mineras, desarmando los planes de negocios de las compañías y del gobierno de Jujuy, que impulsa este tipo de actividad extractiva. 

La comunidad de Rinconadillas era una de las 38 comunidades que se oponían a la minería de litio en sus territorios desde 2010. Entonces, las asambleas que gobiernan en estas comunidades decidieron que ninguna de las comunidades iba a tomar decisiones por separado y que actuarían en bloque. La cuenca es una sola, establecieron entonces, y la decisión frente a las mineras debía tomarse en conjunto. Decidieron “No al litio” y a través de cortes de ruta y demandas judiciales, que llegaron a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), frenaron los objetivos de las empresas y el gobierno de Jujuy.  

Sin embargo, durante el último año, un grupo de petroleras que desarrollaron divisiones mineras para ingresar en el negocio internacional del litio comenzaron a resquebrajar la alianza de las comunidades. La primera fue Pluspetrol, que logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera y Aguas Calientes, se separaran del grupo y acordaran otorgarle a la petrolera la licencia social para operar en sus territorios. La segunda fue Pan American Energy en la comunidad de Lipán, como informó elDiarioAR en marzo último. El tercer caso es el de Tecpetrol. Mongabay y elDiarioAR se comunicaron con Tecpetrol pero la empresa declinó hacer comentarios por el momento.  

Cómo se tomó la decisión

La decisión de la comunidad de Rinconadillas de otorgar la licencia social a la petrolera de Techint fue adoptada en un encuentro extraordinario el 21 de junio último. La comunidad está dividida en dos grupos. Un grupo se opone a la llegada de la minería frente a los riesgos ambientales y el peligro de la escasez de agua en una de las zonas más áridas del país. La minería de litio, conocida como “minería del agua”, por la cantidad de agua que insume, amenaza sus formas de vida, desde el pastoreo de animales hasta el turismo comunitario y la extracción de sal para consumo humano e industrial. 

Hay, en cambio, quienes están a favor y creen que Tecpetrol solucionará los problemas socioeconómicos de la comunidad: la falta de empleo y la falta de servicios básicos, ante la ausencia casi total del Estado jujeño y nacional.

El debate iba a darse en una Asamblea General convocada para el 27 de julio. La fecha había sido confirmada por el presidente de la comunidad, Raúl Callata, afirmaron fuentes directas de la asamblea a Mongabay y elDiarioAR. Sin embargo, el 19 de junio, de manera exprés, un grupo de habitantes convocó a una Asamblea Extraordinaria, que se realizó el viernes 21 de junio, a las 8.30, en la sede de la organización, frente a la plaza de la comunidad. De acuerdo a consultas con fuentes que pidieron no dar a conocer sus nombres, la invitación a los miembros -vota una persona por familia- dejó afuera de cualquier posibilidad de participar a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales y que suelen regresar los fines de semana. Muchos de ellos, se oponen a la minería de litio. Se trató de la misma estrategia realizada en la asamblea de Lipán meses atrás.

“Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, señaló una de las personas consultadas. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, se lamentó. 

Por esta razón, sobre un total de 82 familias censadas, solo asistieron representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realice la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9 con la exposición de un miembro informante, en representación de la comisión directiva de la comunidad, que detalló el motivo del encuentro. 

Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios, antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, se indicó. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” frente al resto de las comunidades de la cuenca con las que tenían un acuerdo desde 2010, lamentó la fuente.

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades aborígenes que se encuentran en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. Las primeras en expresarse en contra fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros; y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros. A través de comunicados indicaron que “continúan defendiendo el agua y el territorio”, que “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” que habían acordado las comunidades hace años. Es decir, decidir en bloque una postura común sobre los pedidos de licencia social.

En los últimos días se hicieron públicas numerosas expresiones en contra de la decisión de Rinconadillas y por esa razón, con la firma de su presidente y otras 44 personas, la comunidad emitió un comunicado dirigido a las autoridades y representantes de las comunidades de la zona. “Solicitamos a las autoridades y miembros de las comunidades aborígenes, incluidas sus comisiones directivas y órganos de comunicación y representación, abstenerse de continuar efectuando publicaciones, declaraciones, acusaciones, escraches, amenazas y requerimientos que de manera absolutamente improcedentes, agravian y difaman a los integrantes de nuestra comunidad”, señala el primer párrafo. 

Además, solicitaron que “se dirijan hacia esta comunidad con el respeto, seriedad, formalidad, pericia y profesionalidad de rigor”. 

La comunicación tiene otras consideraciones y pone en la superficie que el debate sobre la actividad está vivo y genera profundas diferencias hacia adentro y afuera de los pequeños pueblos de la Puna jujeña, un escenario que también se repite en esta región del lado salteño, frente a un Estado casi ausente en políticas educativas, de salud e infraestructura para estas poblaciones.

ED/DTC

Mientras se realizaba la segmentación para reducir subsidios a las tarifas de los consumidores, durante 2022 el Estado Nacional destinó al menos $54.183 de manera directa a las empresas extractivas y provincias como subsidios a la oferta de hidrocarburos. Así surge de un informe realizado por especialistas de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se publica esta semana.

Estos subsidios otorgados a las empresas por el gobierno de Alberto Fernández están destinados a reducir los costos de la oferta de gas natural. Como resultado de dicha política, YPF, Tecpetrol (grupo Techint) y Compañía General de Combustibles (CGC) encabezan el ranking de empresas beneficiadas con el 27,9%, 24,4% y 9,6% de los subsidios otorgados, respectivamente, de acuerdo al estudio “Los subsidios a los combustibles fósiles 2022-2023. El embudo”.

“Los subsidios les garantizan a las empresas hidrocarburíferas ganancias extraordinarias”, asegura el informe, que plantea la necesidad de redireccionar estos fondos hacia energías renovables, como una simple medida que contribuya a una transición energética justa. Entre el paquete de medidas económicas anunciadas por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, estos beneficios no fueron afectados aunque sí se confirmó la quita de subsidios al transporte que recibe la población, entre otras políticas que afectan directamente a las personas. Además, la población sufrió un fuerte aumento del combustible.

En el gobierno de Fernández defendieron sostener estos subsidios a las empresas ya que aseguran que quitarlos harían que el aumento de los costos se traslade a las tarifas de los usuarios.

YPF, Tecpetrol (Techint) y CGC recibieron en 2022 más de $33.548 millones, lo que representa el 61,9% de los subsidios a la oferta de gas natural. “Se observa como YPF SA y Tecpetrol SA percibieron más del doble de los subsidios a la oferta que reciben todas las provincias”, a las que por ley les corresponde el 12 %, detallaron los autores, Matías Cena Trebucq y Guillermina French.

“Para el caso de YPF, que es la empresa que recibe más subsidios a la oferta, vale preguntarse si teniendo un beneficio neto de $290.264 millones o más de US$2200 millones es necesario seguir subsidiando la extracción de combustibles fósiles en vez de destinar esos fondos a la producción de energías renovables e infraestructura asociada”, plantearon los autores. La oferta de combustibles fósiles va a contramano de la meta internacional de carbono neutralidad a 2050 y de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Los subsidios a la oferta del gas natural fueron repartidos entre 16 empresas hidrocarburíferas durante 2022. El ranking se completa con la alemana Wintershall DEA, Pan American Energy, Pampa Energía, Total Energy y Pluspetrol.

El monto destinado en forma de subsidios a estas empresas equivale al 134% del monto ejecutado para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante 2022, mientras que representan un 145% de lo que faltó ejecutar del Ministerio de Salud, de acuerdo con el informe revisado por Ariel Slipak.

La información obtenida también reveló que entre enero y el 8 de mayo de 2023 se destinaron otros $23.300 millones a subsidios a la oferta de gas natural. YPF SA, Total Austral SA y Tecpetrol SA recibieron el 22,4%, 15,66% y 14,9% respectivamente, representando en conjunto más del 50% de los subsidios entregados en ese periodo. “Una vez más, tres empresas reciben más subsidios a la oferta de lo que perciben todas las provincias por ley”, sostiene el informe sobre los datos disponibles para 2023.

Los subsidios a la oferta entregados en los primeros meses de este año representan aproximadamente el 40% del presupuesto vigente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 56% de lo ejecutado, al 4 de octubre del 2023. También representaron casi tres veces el monto ejecutado para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles por el Ministerio de Salud al 4 de octubre de 2023.

Otro dato llamó la atención de los investigadores: la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), un organismo internacional perteneciente al Grupo Banco Mundial, recibió $24.713.579 y $15.720.595 en 2022 y 2023, respectivamente, en subsidios de parte del Estado argentino, en el marco del Plan Gas IV20, un programa para estimular la producción de gas natural. 

“Si bien se estima que puede estar relacionado con la tenencia del 15% de la participación de la concesión de explotación hidrocarburífera Loma Negra y el 15% de La Yesera, aún se desconoce la causa por la cual un organismo internacional recibe subsidios a la producción de hidrocarburos”, observaron los autores.

Fuentes

Los datos fueron obtenidos en base a dos fuentes: un pedido de acceso a la información pública y el análisis de datos oficiales. Las distintas fuentes, ambas provenientes del Estado nacional, se contradicen en las cifras, explicaron en FARN. Según los datos del Presupuesto Abierto los subsidios a la oferta fueron por un total de $56.173 millones en 2022, mientras que en el pedido de acceso a la información, el Estado respondió que fueron por $54.183 millones los que se repartieron entre empresas y provincias.

“A pesar de que durante 2022 por primera vez en varios años los subsidios a la oferta de fósiles fueron menores a los destinados a la demanda —que tienen un propósito de reducción de la tarifa—, los datos analizados para 2023 y los expresados en el proyecto de ley de presupuesto para 2024 exponen la continuidad de una tendencia a privilegiar los subsidios directos a las compañías”, afirmaron.

A diez años del inicio de la explotación de Vaca Muerta, FARN publicó por sexto año consecutivo el informe que expone la evolución anual de los subsidios al sector energético, con particular foco en los combustibles fósiles. “El objetivo es comprender quiénes se ven beneficiados con los subsidios y cuestionar el modelo de desarrollo que actualmente fomenta el imaginario de que el gas es una energía puente”, bajo la premisa de que “el acceso a la energía debe ser entendido como un derecho”, escribieron Cena Trebucq y French.

Estos subsidios a la oferta son el principal beneficio estatal a las empresas de gas y petróleo, sostiene el informe. “Es importante recordar que esto sucedió en un contexto de crisis climática y ambiental, sufriendo aún las consecuencias del impacto de la pandemia de COVID-19”, agregaron los autores.

Analizando los datos al 8 de mayo de 2023 se observa que YPF SA perdió más del 5% en la participación de los subsidios en comparación con 2022 -cuando había recibido muchos más subsidios a la oferta-, mientras que se ven aumentos de participación en CGC SA, Pan American Energy SL, Pampa Energía SA, Total Austral SA y Pluspetrol SA. Salvo Pluspetrol SA, las demás compañías son exportadoras de gas natural y obtuvieron ingresos por más de US$300 millones en 2022. “Se observa un aumento en la participación de las empresas con un claro sesgo que fomenta la extracción de fósiles para la exportación”, dice el informe.

Nota: este artículo fue actualizado el 27 de diciembre de 2023 a las 09:31.

ED/JJD

La multinacional ítalo-argentina Techint desembarcó en dos áreas clave de la política energética nacional: la petrolera de bandera YPF y la secretaría de Energía de la Nación, de acuerdo a la información corroborada por elDiarioAR. El grupo empresario que lidera Paolo Rocca -referente de la tercera familia más rica del país- financió la campaña presidencial de Javier Milei con $20 millones, pero además el propio Rocca respaldó abiertamente al Presidente y su política de ajuste extremo y desregulación de la economía.

Mientras tanto, cuatro altos ejecutivos de su grupo fueron designados en el directorio de YPF, motor de la política energética nacional y de la industria de gas y petróleo; y en el Gobierno al menos un quinto ex ejecutivo de Techint asumirá un cargo público, confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. 

Luis de Ridder, ex gerente de Tecpetrol, la petrolera del grupo de los Rocca, integra el equipo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, según confirmaron fuentes oficiales. “Es un excelente profesional, de una trayectoria impecable y es integrante del equipo de Rodríguez Chirillo desde sus inicios”, comentan en los despachos del Gobierno. Es decir, trabaja desde principios de 2023 con el ex consultor en España repatriado por Javier Milei para dirigir la cartera de Energía.

De Ridder trabajó 29 años en Tecpetrol, la mayor productora privada de gas en Vaca Muerta -YPF es la principal-, y suena como eventual subsecretario de Hidrocarburos, según el portal Econojournal. En cambio, en el Ministerio de Capital Humano descartaron las incorporaciones en la Secretaría de Trabajo de Julio Gabriel Cordero, actual director laboral de Techint; o de Miguel Ponte, que fue director de recursos humanos de una de las siderúrgicas del grupo, Ternium Siderar, antes de integrarse al gobierno de Mauricio Macri como secretario de Empleo y después pasarse a la consultoría. 

En YPF

El principal hombre de Techint en YPF es Horacio Daniel Marin, quien ejerció como presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol. Marin llega con amplio poder a YPF y para otorgárselo oficialmente los accionistas deberán modificar el estatuto de la compañía.

El 14 de diciembre último, el directorio de YPF aceptó la renuncia de las principales autoridades de la compañía -Pablo González y Pablo Iuliano, entre otros- y designó a Marin como presidente del directorio y Gerente General (CEO) de la compañía. Esta última decisión de concentrar ambos cargos en Marin quedó condicionado a la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas que se celebrará el 26 de enero, ya que implica la modificación del Estatuto Social de YPF, que impedía esa posibilidad. 

Hasta la asamblea de enero, las funciones correspondientes al CEO serán ejercidas de manera temporal por las vicepresidencias ejecutivas de Upstream, Downstream y Gas y Energía, comunicó la petrolera en un documento ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Mientras tanto Marin ya desembarcó como presidente de la compañía junto a tres ex ejecutivos de Techint que ocupan cargos clave: el Chief Financial Officer (CFO) será Federico Barroetaveña, quien viene de desempeñar ese mismo cargo en Techint Ingeniería y Construcción, una de las compañías del grupo, la que construyó parte del gasoducto Néstor Kirchner, desde Vaca Muerta a Salliqueló (provincia de Buenos Aires).

La vicepresidencia ejecutiva Upstream -exploración y producción- quedó a cargo de otro hombre recientemente salido del grupo de los Rocca: Matías Farina, ex ejecutivo de Tecpetrol.

La vicepresidencia de Infraestructura ya está a cargo de Gustavo Gallino, ex director general de Techint Ingeniería y Construcción hasta su llegada a YPF. Es quien tendrá a su cargo, además, el desarrollo de Vaca Muerta Sur, el oleoducto que la petrolera busca construir para la exportación de crudo a partir de 2026, un proyecto cuestionado por su impacto medioambiental en una zona donde estaba prohibido el transporte de crudo en la provincia de Río Negro.

YPF es la principal productora de gas y petróleo del país, cuenta con la principal red de estaciones de servicio y presencia exclusiva en más de 200 ciudades donde sólo llega la petrolera de bandera. Es, además, competidora de Tecpetrol.

“Siempre soñé con trabajar en YPF”, les dijo Marin a los empleados y empleadas de la petrolera de bandera en la refinería que la empresa tiene en la ciudad de La Plata. Fue durante su presentación como nuevo CEO de la compañía en los últimos días. 

Marin dijo estar “orgulloso y feliz” de integrar YPF. “Es lo máximo que me ocurrió en mi carrera profesional”, afirmó. “Era mi Wimbledon”, agregó el ex Techint.

Marín fijó que su plan es “cuadriplicar el valor de la compañía en cuatro años”. “Nada nos va a poder frenar en esta transformación de la compañía”, sostuvo. “Tenemos que convertir a YPF en una gran exportadora de crudo y hacer realidad el proyecto de GNL (gas natural licuado, el que se exporta por barco) para el país. Si logramos eso, vamos a contribuir a cambiar la Argentina con el ingreso de divisas y el impulso del crecimiento de la economía”, aseguró.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado este miércoles por la noche por cadena nacional estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, primer paso para la ola de privatizaciones anunciada por Milei. YPF ya es una sociedad anónima, como se estableció durante la expropiación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que el DNU no alcanza a la compañía.

La petrolera tiene el 51% de sus acciones en manos del Estado: dentro de ese 51%, el 51% el del Estado Nacional y el resto es de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa). El 49% del total de las acciones cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Vender la titularidad de las acciones en manos del Ejecutivo implica requerimientos mucho más exigentes en el caso de YPF: la transferencia de acciones no puede hacerse sin los dos tercios de los votos de los miembros del Congreso. Además, el estatuto histórico de YPF tiene una protección extra: establece que quien quiera vender sus acciones debe realizar primero una oferta al resto de los accionistas de la compañía. Esa fue la cláusula que el gobierno de Fernández de Kirchner no cumplió cuando expropió las acciones de Repsol y que le costó al Estado una condena en Nueva York a pagar US$16.000 millones a los fondos de inversión que adquirieron el juicio al grupo Petersen. Esta exigencia del estatuto hace mucho más complejo el proceso de una eventual privatización de las acciones del Estado Nacional.

ED/DTC

Horacio Marín, director de Exploración y Producción de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es uno de los hombres centrales detrás de Fortín de Piedra, el área estrella explotada por la empresa que lidera Paolo Rocca en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. De allí emerge alrededor del 15% de gas que consumimos en el país, extraído mediante la técnica del fracking, la fractura de la roca que se extiende en la cuenca neuquina y provoca desde 2018 que un pueblo entero tiemble al son de 116 sismos inducidos por la actividad en el yacimiento de Techint en los últimos años, de acuerdo a las investigaciones de los científicos que estudian el fenómeno.

El ingeniero químico Marín será el futuro CEO y presidente de YPF, según confirmó el presidente electo, Javier Milei. La petrolera, que tiene participación estatal, será “privatizada”, aseguró el libertario tras ganar el balotaje del domingo último.

La compañía en la que actualmente se desempeña Marín, competidora de YPF y aportante a la campaña de Milei, fue expuesta por los expertos por ocultar información a los científicos y la ciudadanía y por la inducción de sismos para extraer el gas a menor costo y menor lapso de tiempo. 

La localidad que tiembla es la más cercana a esta zona explotada por Tecpetrol: Sauzal Bonito. Las denuncias de sus habitantes, los estudios del Observatorio de Sismicidad Inducida y los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) avalan las denuncias contra Tecpetrol, aunque la petrolera se niega a dar su versión de los hechos o presentar públicamente estudios que demuestren lo contrario.

Fortín de Piedra

El área explotada por Tecpetrol se denomina Fortín de Piedra y es una zona hidrocarburífera de alrededor de 25.000 hectáreas ubicadas en ambos márgenes del río Neuquén y dividida en dos bloques: sólo el primero está desarrollado y en producción. Significa el 32% de la producción de gas en Vaca Muerta y conlleva una inversión de U$S3.500 millones desde que inició sus operaciones en 2017, según la agencia estatal Télam.

En marzo de 2017 Tecpetrol anunció que transportaría gas de Fortín de Piedra hasta el sistema logístico nacional. “Luego de ese anuncio, en apenas 18 meses, Fortín de Piedra comenzó a aportar el 15% del gas consumido a nivel nacional. Su pico de producción se dio en 2018, año en que se produjeron registros sísmicos de magnitud en la zona, con picos de 3.1 y 4.9 Ml” (Richter), de acuerdo a un estudio de los científicos Javier Grosso Heredia (profesor de Geografía e investigador en la Universidad Nacional del Comahue, entre otros títulos) y Guillermo Tamburini Beliveau (doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario e Ingeniero en Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia, además de investigador del Conicet) junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 

Las primeras fracturas en Fortín de Piedra datan de 2018. Ese año se registraron los primeros sismos en Sauzal Bonito, la localidad más cercana al yacimiento.

Tecpetrol y el grupo Techint declinaron hacer comentarios ante la consulta de elDiarioAR sobre los sismos en la zona de Fortín de Piedra. Los operadores en Vaca Muerta niegan la conexión entre los sismos y la fractura que realizan para extraer gas y petróleo en el yacimiento. Fuentes de la industria en Vaca Muerta consultadas por este medio sostuvieron que “no hay evidencia científica de correlación significativa entre sismos y actividad petrolera, en una zona per se sísmica”

Sin embargo, entre 2018 y septiembre último, en Fortín de Piedra se registraron 60 sismos y si se extiende el área de análisis unos 5 kilómetros del perímetro de la zona explotada, los sismos aumentan a 116, sostienen los expertos en su informe. Durante la pandemia 2020-2021 e incluso en la segunda mitad de 2022 e inicios de 2023, los registros sísmicos descendieron abruptamente. Sauzal Bonito dejó de temblar cuando se interrumpió el fracking en Fortín de Piedra, establecieron Grosso y Tamburini.

El estudio de los sismos se realizó en base a los registros sísmicos del INPRES, trabajo de campo en Sauzal Bonito y Fortín de Piedra, datos de la Secretaría de Energía de la Nación y bibliografía sobre los mismos fenómenos en otros países donde también se realiza el fracking y comenzaron a registrarse sismos. Los autores del informe aseguran que estos sismos fueron inducidos por la actividad de fractura de la roca.

Picos de sismos

En total, el área de Vaca Muerta, donde operan otras petroleras como YPF, Shell, Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y Exxon, entre otras, ha registrado más de 400 sismos en los últimos 10 años. De esos más de 400, 116 se atribuyen en el estudio a Fortín de Piedra, es decir, casi una tercera parte de los movimientos de la tierra registrados en la zona. Sólo en septiembre último, Sauzal Bonito registró 12 sismos.

“En Fortín de Piedra no hay registro de sismicidad hasta la irrupción del fracking”, concluyeron los expertos en base a los antecedentes estudiados, los registros oficiales y los testimonios de vecinos del lugar. Se basaron también en otros estudios científicos previos: “El primer sismo registrado en el área cercana a Fortín de Piedra (dentro de los 5 kilómetros), en 2015, es vinculado al fracking (primeros pozos experimentales) por un completo estudio científico presentado en la tesis doctoral de Correa-Otto” de la Universidad de San Juan, informaron. Este primer sismo se debió a las fracturas en otras zonas, al sudeste de Sauzal Bonito.

Los sismos llegaron al pueblo de Sauzal Bonito en 2018 cuando comenzó la fractura en Fortín de Piedra y tuvieron su pico en enero de 2019, cuando 36 temblores sacudieron al pueblo en 48 horas. La magnitud de los sismos es mayor en el propio yacimiento que en el pueblo, es decir, cuanto más cercanos a las fracturas: “El sismo de mayor magnitud ocurrido en Vaca Muerta, el 3 de marzo de 2019, de magnitud Mw 5 (momento sísmico), ocurrió en el área de explotación de Fortín de Piedra”, determinaron los científicos en un trabajo presentado en la revista Scientific Reports (referente científico internacional) y vinculan al temblor “sin margen de duda” a la actividad extractiva de Fortín de Piedra. En el pueblo fue de 4.3 Ml (Richter), otro tipo de medida de magnitud. 

Estas escalas se utilizan para medir la magnitud del sismo: cada salto de unidad equivale a un desplazamiento del suelo 10 veces mayor y a una liberación de energía unas 33 veces mayor a la habitual, explica National Geographic.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en marzo último con un amparo presentado por vecinos de Sauzal Bonito para desclasificar información confidencial, ordenar controles y estudios, y celebrar una audiencia pública.  

Fortín de Piedra y la sismicidad inducida no han alcanzado su pico. En un evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en Houston, en octubre de 2022, Marín aseguró que el potencial de Fortín de Piedra puede alcanzar el doble de producción actual, publicó el medio Econo Journal. En una entrevista con el periodista Nicolás Gandini, Marín aseguró que Tecpetrol busca no sólo expander sus operaciones en gas sino extraer también petróleo de Fortín de Piedra, lo que aumentaría las fracturas.

Sismos subsidiados

Tecpetrol potenció la actividad del fracking en Fortín de Piedra a partir de marzo de 2017, en base a una resolución del gobierno de Mauricio Macri, la 46/2017 del Ministerio de Energía de la Nación, que habilitó los subsidios a la extracción de gas en Vaca Muerta. “Esto generó un gran impulso a la actividad dentro del área Fortín de Piedra, siendo Tecpetrol la empresa más beneficiada por el subsidio estatal”, informaron FARN junto a Grosso Heredia y Tamburini Beliveau. 

Por esta razón, los científicos sostienen que “la sismicidad inducida por la técnica del fracking cuenta, de este modo, con una inversión subsidiada por parte del Estado nacional”. 

Además, los expertos concluyeron en que “la sismicidad inducida por la fractura hidráulica en Vaca Muerta es uno de los impactos ambientales más blindados por parte de la Administración pública”, debido a la falta de transparencia y de acceso a la información en un sistema que habilita a que las empresas “no deban responder públicamente por los efectos perjudiciales de sus actividades de fracking”.

De hecho, existe un acuerdo de confidencialidad entre la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la provincia de Neuquén y el INPRES, el cual impide el acceso a parte de los registros sísmicos en la zona de Vaca Muerta. 

Aún así, los expertos lograron establecer en base a la información que obtuvieron de fuentes oficiales que “con una sismicidad inducida con magnitudes mayores a 4, se puede considerar a esta región de la Cuenca Hidrocarburífera Neuquina como una de las más elevadas en sismicidad inducida a escala global”.

Estos sismos han alterado la vida cotidiana de los habitantes de Sauzal Bonito, que han visto sus viviendas y propiedad privada rajarse o destruirse; que despiertan por la madrugada en medio de temblores que sacuden paredes y suelos y rompen vidrios de las ventanas. Recién en 2023, el gobierno de Neuquén -que no admite la causalidad del fracking en los sismos- comenzó a entregar casas antisísmicas a algunos vecinos de Sauzal Bonito.

Nota: este artículo se corrigió a las 4:59 del 26 de noviembre de 2023. El primer sismo detectado en la zona data de 2015, debido a las fracturas en otras zonas, al sudeste de Sauzal Bonito. Los sismos atribuidos a Fortín de Piedra comenzaron a registrarse en 2018.

ED/DTC

Con sus reservas de gas y petróleo no convencional comprobadas y la certeza de que los recursos son extraíbles a precios competitivos, Vaca Muerta viene actuando como el novio ideal que promete mucho y concreta poco.

La ilusión que atraviesa a todos los gobiernos es que la explotación de los recursos enterrados en la cuenca neuquina podría mitigar el eterno problema argentino de la restricción de dólares. Para ello, se deben conjugar algunas variables endógenas y exógenas, como que los precios internacionales no caigan debajo del umbral de los costos, la construcción de más ductos para trasladarlo a las ciudades argentinas que necesitan gas natural o a puertos para exportar, el equilibrio medioambiental y la famosa “seguridad jurídica” que establezca reglas que duren años.

A la historia conocida de recesión, cierre del crédito internacional y sucesión de devaluaciones que quemó los papeles del Gobierno de Mauricio Macri, la explotación del gas en Vaca Muerta sumó una particularidad. La cotización del recurso descendió bruscamente no bien se puso en marcha la resolución 46. Los US$7.50 por millón de BTU prometidos por el diseño de Juan José Aranguren terminaron duplicando en poco tiempo lo que conseguían las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Wintershall, Pampa Energía, CGC, Vista, Pluspetrol, Capex o Pan American Energy si lo tenían que vender de acuerdo a la demanda. Algunas de ellas (YPF; PAE, de Bulgheroni; Total Austral; Capex y otras) tenían proyectos inscriptos en la resolución 46 que no constituían el centro de su negocio; a diferencia de Tecpetrol y CGC, de Eduardo Eurnekián, afincada en la cuenca de Santa Cruz, que también sacó provecho del esquema diseñado por Aranguren.

Dos años después de la aceptación de proyectos dentro de la resolución 46, el valor del gas sin subsidios ya era de un tercio del precio estímulo. Las cuentas públicas habían entrado en colapso, por lo cual, el premio se volvió impagable.

Con el gas sobrante excepto en los tres meses de invierno y los valores por el piso, los números de algunas petroleras se pusieron en rojo en 2019. En especial, los de YPF, líder en todos los segmentos de gas y petróleo en la Argentina, tanto en upstream como en downstream. En el último semestre de Mauricio Macri en el Ejecutivo, las energéticas comenzaron a mudar sus pozos en Vaca Muerta de gas a petróleo, cuya cotización internacional no brillaba, pero resultaba más rentable y, sobre todo, más fácil de exportar.

Tecpetrol se convirtió en la única empresa que tenía un estímulo para continuar la producción de gas a toda marcha. Como su remuneración no dependía de las condiciones del mercado sino del generoso subsidio (que pagaba la diferencia entre el valor promedio en boca de pozo y los US$ 7,50 por milón de BTU), carecía de incentivos para no inundar la plaza. Así funcionó hasta que Gustavo Lopetegui informó que la Secretaría de Energía pagaría el subsidio según la estimación de la empresa al momento en que fue aceptado el plan y no según la producción alcanzada. No sólo ello, sino que también recalcularía los montos ya abonados sobre la eyección del segundo trimestre de 2018. Como Tecpetrol había previsto producir 7 millones de metros cúbicos y despachaba el doble, recién entonces comenzó a contener su producción, lo que se extendió todo 2020.

La caída interanual en la producción de gas en la Argentina era superior a 12% a mediados de 2020. A ese ritmo, por más recesión que continuare, habría que aumentar las importaciones desde Bolivia o a través de la onerosa barcazas de gas licuado afincadas en Bahía Blanca a mediados de 2021. El Gobierno de Macri despidió a esa terminal móvil portuaria con bombos y platillos. Lo que no aclaró fue que la recesión no sería eterna y que, con la caída en el precio y las complicaciones en Vaca Muerta, el gas producido en la Argentina no alcanzaría.

El Banco Central cuenta los dólares uno a uno, por lo que la hipótesis de pagar US$ 2.000 millones de dólares para compensar el declive en 2021 espantaba al ministro de Economía Martín Guzmán. Con esa necesidad, el Gobierno puso en marcha un nuevo Plan Gas, a fin de garantizarse un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios hasta 2024. En diciembre pasado, el Gobierno asignó, mediante subasta pública, algo menos del objetivo buscado. Los oferentes fueron YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Petrobras, Metro Holding SA, Shell, Alianza Petrolera Argentina, Pampa Energía, CAPEX, Wintershall, DEA Argentina, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Corporación Financiera Internacional y Compañía General de Combustibles.

Según la visión generalizada, la subasta será insuficiente para evitar el aumento de las importaciones en los más fríos, en especial, si se confirma el fin de una de las peores recesiones de la historia. Mientras tanto, el tiempo pasa, la perspectiva de un cambio energético a recursos no convencionales gana terreno, y la revolución de Vaca Muerta no aparece.

SL

Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas del Grupo Techint, recibió subsidios del Estado nacional para el desarrollo de sus actividades en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta por $36.768 millones desde abril de 2018 hasta diciembre de 2020, de acuerdo a información de la Secretaría de Energía. De ese monto, el 42% —medido en términos reales— fue abonado durante el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández, pese a las restricciones económicas de la pandemia.

Los datos fueron publicados el 29 de diciembre por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence y obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública.

El monto transferido ubica a la empresa de Techint como una de las receptoras individuales que más subsidios del Estado nacional acumuló en los últimos 3 años. El aporte no sólo fue continuado durante la gestión de Fernández sino que fue profundizado. Con el Frente de Todos en la Casa Rosada, los pagos a Tecpetrol alcanzaron $20.402 millones, cifra que superó, como parámetro, a lo destinado por el gobierno central para el transporte urbano y de corta distancia en todo el país excepto el AMBA, o representó 10 veces el presupuesto asignado al plan de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina durante 2020.

Las cuentas no cierran allí. Techint reclama ante la Justicia lo que considera subsidios no saldados que, en principio, superarían los $23.500 millones, unos US$280 millones al valor de hoy, según el balance de la empresa. Para el Gobierno, en cambio, ya no hay deuda, informó la Secretaría de Energía.

Medidos en dólares a la cotización del mes en que las transferencias fueron desembolsadas, Tecpetrol acumuló incentivos por US$619 millones en 33 meses, de los cuales US$264,4 millones (42%) fueron saldados entre febrero y diciembre de 2020. El año anterior, el Ejecutivo de Macri —que creó el plan de estímulo— giró a la filial de Techint $13.450 millones (US$265,9 millones de acuerdo al tipo de cambio de los meses del pago, 43% del total) mientras que, en 2018, abonó $2.915 millones (USD88.7 millones, 15%).

Tras un conflicto entre el Gobierno de Cambiemos y la empresa que conduce Paolo Rocca, derivado del quiebre económico de 2018, Macri aceleró los pagos antes de dejar la Quinta de Olivos. En el segundo semestre de 2019, el Gobierno PRO-UCR-Coalición Cívica apretó enter por $9.487 millones, unos US$170 millones de dólares a la cotización de entonces.

Cuentas pendientes

El recelo personal entre Rocca y el ex Presidente, proveniente de la época en que ambos pugnaban por contratos con el Estado, había alcanzado una inquina mayor tras la irrupción del caso Cuadernos en agosto de 2018, una trama en la que parte del empresariado vio una prestidigitación de un del macrismo de Inteligencia. Entre los pagadores de coimas presuntamente anotados por el chofer Oscar Centeno se ubicaba la firma de Rocca, pero tanto él como su histórico gerente principal, Luis Betnaza, fueron salvados por el fuero federal que opera en Comodoro Py 2002. No obstante, la desconfianza mutua con Macri no impidió que Rocca hiciera público su favoritismo por la política económica del macrismo, incluso un año después de la asunción de Fernández. 

El mayor peso proporcional de los pagos a Tecpetrol durante el gobierno del Frente de Todos no deja de representar una curiosidad, ya que Fernández, cuando era candidato y durante los primeros meses de su mandato, criticó en numerosas oportunidades que la política energética de su predecesor había sido diseñada “para los amigos de Macri”. En uno de los años más recesivos de la historia argentina, el Gobierno del Frente de Todos mantuvo los pagos y saldó la deuda de 2018 y 2019 reconocida por el Estado.

Pasaron cosas

El subsidio multimillonario se inscribe en la resolución 46, firmada en 2017 por el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, y famosa en el mundillo energético. El programa apuntó a una segunda fase de desarrollo en Vaca Muerta, tras el impulso inicial logrado en 2012 con la estatización del 51% de YPF y la posterior asociación con Chevron. Bajo el paradigma de Aranguren, hacía falta garantizar precios a través de elevados subsidios dolarizados como modo de atraer inversores que perforaran el suelo de una de las mayores reservas de petróleo y gas del continente. Era la forma, en los planes, de iniciar un esquema virtuoso que duraría décadas (ver aparte).

Como en toda su política de gas, petróleo, generación y distribución de energía, la estrategia de Aranguren —exejecutivo de Shell— y su sucesor, Javier Iguacel —exejecutivo de Pluspetrol—, consistió en garantizar rentabilidades altísimas para las empresas privadas a expensas del presupuesto estatal o de los hogares que asumirían las tarifas dolarizadas de servicios públicos como método para “sincerar” la economía.

La resolución 46 estableció el pago de US$7,50 por millón de BTU a partir de 2018, en una escala descendente que terminaría en US$6 en el año que acaba de comenzar.

La compañía energética de la familia Rocca —cuya razón social última es un sello radicado en Uruguay—anotó ante la Secretaría de Energía el proyecto de Fortín de Piedra para extraer shale gas y obtuvo, de inmediato, excelentes resultados de producción. En 2018, Tecpetrol “enterró” US$ 1.640 millones —una de las mayores inversiones privadas no financieras de la era Macri—con la mira puesta en recibir los pagos garantizados por el Estado, según documentos judiciales de la empresa citados por REDD. En cuestión de meses, Tecpetrol duplicó la producción prevista al momento de suscribir el programa de estímulo.

La resolución 46 resultó ser una trampa mortal. Los precios internacionales de los hidrocarburos se precipitaron al poco tiempo, primero a la mitad y finalmente a un tercio; la devaluación del peso desestabilizó las cuentas del Estado y las de todos los argentinos; y la recesión acelerada en abril de 2018 hizo que sobrara gas gran parte del año, por lo cual, la producción extraordinaria de Tecpetrol resultó innecesaria. Como la energética de Techint tenía un subsidio garantizado, en lugar de frenar por la baja demanda, aceleró. Cuanto más producía, más pagos extraordinarios a US$7,50 por millón de BTU recibía, porque el Estado ponía la diferencia entre el valor del mercado y el precio tope. El resultado fue un conflicto judicial y una montaña de deuda en dólares reclamada por la empresa, y el taxímetro corriendo su favor.

Recalculando

En enero de 2019, el Gobierno de Macri, sin financiamiento externo y ávido de recursos, recalculó el subsidio. Desplazado Iguacel, Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, estableció que se pagaría el incentivo por la producción estimada en el momento en que fue presentado el proyecto (noviembre de 2017) y no en función de la producción realmente alcanzada. En el caso de Tecpetrol, la diferencia en dólares era el doble. La empresa previó que produciría 7 millones de metros cúbicos de gas por día en Fortín de Piedra, y terminó eyectando 14 millones de metros cúbicos menos de un año después.

En su recurso administrativo ante la Secretaría de Energía y la denuncia judicial ante el fuero contencioso administrativo federal, la firma de Rocca reclamó en mayo de 2019 que el Estado reconociera el salto exponencial en la producción, no sólo porque el asterisco reinterpretado por el gobierno de Macri —a su juicio— no estaba contenido en la letra de la resolución 46 (se pagaría por producción real, no por estimación, dijo Techint), sino porque su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta, indicaron los textos de la compañía en el expediente judicial, citados por REDD.

Como resultado de la debacle económica, el resto de las empresas paralizó sus proyectos de exploración y cerró pozos. La queja soterrada de toda la industria, con YPF a la cabeza, fue que la resolución 46 pareció creada a la medida de Tecpetrol. De hecho, la empresa de Techint acaparó más del 70% de los subsidios y el resto se repartió entre YPF, Compañía General de Combustibles (Eurnekián), la francesa Total, Pan American Energy (Bulgheroni), la alemana Wintershall y Capex (Gotz). Otras firmas como Pampa Energía (Mindlin), Pluspetrol (Héctor Poli, adherente a Macri y muy crítico de Fernández), Exxon Mobil, Shell y otras no llegaron a entrar antes de que Lopetegui cerrara la ventanilla para nuevos proyectos. Así fue como Tecpetrol pasó, en menos de un año, de ser un actor marginal en Vaca Muerta a convertirse en uno de los principales productores de gas gracias a su proyecto estelar de Fortín de Piedra, mientras el resto vendía toda o gran parte de su producción a mitad de precio.  

Alberto Fernández prefirió mantener casi inalterados los subsidios y los contratos en dólares de generación eléctrica y producción de gas y petróleo, en contraste con el congelamiento de tarifas de gas y electricidad y, hasta mitad de año, del precio de venta de los combustibles.

Techint argumentó que su inversión de US$1.640 millones permitió mejorar la eficiencia de extracción de shale gas y logró certezas para toda la industria sobre la viabilidad del negocio en Vaca Muerta

Con la producción de gas en caída libre y con YPF contra las cuerdas, el Ejecutivo discutió durante la segunda mitad de 2020 un nuevo plan de subsidio a la producción, con precios en torno a US$ 3,70 por millón de BTU, la mitad del esquema Aranguren. El nuevo estímulo se transformó en una imperiosa necesidad para Martín Guzmán —de quien depende la Secretaría de Energía desde septiembre pasado—, porque al ritmo que se venía, el Estado tendría que gastar el año próximo los dólares que no tiene para importar el combustible desde Bolivia o el oneroso gas licuado que llega en barco.

Uno de los escollos del nuevo Plan Gas era que las empresas exigían el pago de los subsidios atrasados. El principal punto de la discordia era la resolución 46 y las supuestas deudas con Techint, tanto la reclamada judicialmente (que sería de, al menos, $23.500 millones) como la del cálculo reinterpretado por el Macri de 2019. A diciembre pasado, para el Gobierno de Fernández la cuenta estaba en cero, según el informe de la Secretaría de Energía.

Acuerdo

Finalmente hubo acuerdo y la energética de Techint suscribió el nuevo precio estímulo del gas por los siguientes 4 años. Esta vez, el beneficio estuvo repartido entre todas a las empresas que quisieron participar, con YPF a la cabeza y Tecpetrol un paso atrás.

Durante las negociaciones entre la firma de Rocca y la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez —peronista de buenas relaciones con Cristina Fernández de Kirchner—, se especuló con que el Gobierno pondría como requisito que Tecpetrol abandonara los reclamos por el recálculo implementado por la administración Macri cuando el costo de la resolución 46 se fue por las nubes. No ocurrió. En principio, se supone que Techint mantendrá el juicio abierto en el juzgado contencioso administrativo federal número 6, pero frenará el taxímetro y no ampliará la denuncia a los pagos de 2021, ya que la resolución 46 sigue vigente hasta diciembre próximo. Es decir, coexistirán los dos subsidios, el de Aranguren y el de Martínez.

Tras permanecer paralizado casi todo el año, el expediente judicial iniciado por Tecpetrol contra la administración pública se abrió a período de pruebas en octubre pasado, informó REDD. Así las cosas, las transferencias a la energética de Techint podrían incrementarse si la Justicia entiende que Rocca tiene razón y la variante de Lopetegui dispuesta en 2019 resultó un cambio en las reglas de juego.

Tecpetrol y la Secretaría de Energía declinaron responder para esta nota. 

SL