La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

Dos tribunales se enfrentaron este jueves por el caso Correo Argentino SA. Escaló, así, una pelea por el control de una causa central para el futuro judicial y económico de la familia del expresidente Mauricio Macri. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La instancia que gane el conflicto de competencia incidirá en si Correo va a la quiebra.

A pedido de Socma, principal empresa de los Macri y accionista de Correo, el Tribunal Superior de Justicia porteño se declaró competente el 24 de junio para intervenir en la causa, se asumió como instancia superior de la Justicia Nacional y ordenó a la Cámara Nacional tratar el pedido de la compañía para apartar a la jueza Marta Cirulli del caso, como informó elDiarioAR. 

Siete días más tarde, este jueves, el tribunal nacional desconoció la competencia del tribunal porteño, rechazó tener que acatar la orden de los supremos de la Ciudad y confirmó que su tribunal superior es únicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el fallo al que accedió este medio. Horas después, se dio a conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que subió aún más la tensión y volvió a declararse competente en el caso Correo: esta vez, ordenó a la Cámara Nacional tratar el apartamiento de la fiscal Boquin, a pedido de Socma.

Las camaristas nacionales de la Sala B, Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, respondieron al tribunal de la Ciudad que la Cámara Nacional “no accederá a lo solicitado por el Tribunal oficiante” y acusaron al tribunal porteño de “crear pretorianamente” un procedimiento para el reclamo de Socma, “soslayando la ley vigente”. “La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis; este fuero es federal, como toda la Justicia Nacional de la Capital Federal”, aseguraron las camaristas. 

“A lo largo de los años, ha existido una serie de convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que en ningún caso implicó la transferencia de jueces o tribunales”, sostuvieron las camaristas. “A su vez, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que contra las sentencias de los tribunales nacionales procederá un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron.

En el fallo de este jueves, las juezas nacionales también apuntaron que “es claro a esta altura que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA no integra el mismo Poder Judicial al que pertenece esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”. Al final del escrito, remitieron copia a la Corte Suprema de la Nación.

La pretensión de que esta causa tramite en la Justicia local (en la Ciudad) no resiste análisis.

Sala B — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Antecedente del antecedente

El caso Correo, en el que debe determinarse si la compañía va a la quiebra, se desarrolla desde 2001 en la Justicia Nacional. La Sala B de la Cámara Nacional rechazó tras un largo trámite los planteos para apartar a la jueza y a la fiscal por supuesta “parcialidad” y “enemistad manifiesta”, mientras la causa se acerca a la recta final: decidir sobre la quiebra. 

Socma consideró que estas decisiones de las camaristas violaban sus garantías constitucionales y derecho a la defensa. En lugar de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como venía sucediendo en la causa- Socma dio un giro y en 2021 acudió a la Justicia porteña. 

Ante esta decisión de la compañía, la fiscal Boquin acusó a Socma de un supuesto forum shopping, como se conoce a la maniobra mediante la cual una de las partes involucradas elige al juez que debe decidir sobre su propio caso, según consta en un dictamen del expediente. Socma sostiene que “planteó un recurso legítimo admitido por el Máximo Tribunal de la Ciudad”. 

Un tribunal dividido

El caso Correo también divide a los supremos de la Ciudad. Son cinco los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porteño. Todos admiten la competencia en el caso pero sólo tres apoyaron los dos planteos de Socma: Marcela De Langhe; Santiago Otamendi, exsecretario de Justicia del gobierno de Macri; e Inés Weinberg, candidata del expresidente de Cambiemos a la Procuración General de la Nación y miembro del consejo consultivo de Alberto Fernández para la reforma judicial. 

Tanto el 24 de junio como este jueves, los tres jueces ordenaron a la Cámara Nacional que trate los planteos de los abogados de los Macri para intentar correr a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin. “Este Tribunal afirmó su competencia para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y de las quejas contra las resoluciones dictadas por tribunales de la justicia nacional ordinaria en supuestos como el del presente juicio”, aseguraron los jueces. 

El juez Francisco Lozano y la jueza Alicia Ruiz votaron en contra de los planteo de Socma, pero sin dejar de reconocer la competencia de la Justicia porteña en el caso. Lozano afirmó que ambos recursos de inconstitucionalidad presentados carecen de fundamentos y agregó que Socma no había fundamentado o demostrado la supuesta arbitrariedad de la jueza Cirulli y de la fiscal Boquin.

La jueza Ruiz planteó que el tribunal debía admitir las quejas de Socma, rechazar sus argumentos y confirmar las sentencias de la Cámara Nacional en lo Comercial, que se había negado a apartar a Cirulli y Boquin. Ruiz afirmó que las afectaciones constitucionales que planteó Socma “lo son de forma genérica, limitándose a enumerar derechos que considera afectados, pero sin vincularlos de manera suficiente con lo decidido por la Cámara o expresar de qué manera lo decidido resulta violatorio de esos derechos”.   

“La decisión es importante desde el plano institucional porque el Superior Tribunal de Justicia ratificó la jurisprudencia que viene fijando los últimos años, por la cual reclama que le corresponde ocupar el lugar de Tribunal Máximo en todos los juicios que se llevan a cabo en CABA”, afirmaron a elDiarioAR fuentes allegadas a la defensa de Socma tras el primer fallo del tribunal porteño. “Así lo dijo por ejemplo en los conocidos caso Chocobar (de derecho penal) y Levinas (de derecho civil)”, agregaron. 

La controversia se enmarca en la disputa por el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad, pero la relación directa con Socma y la familia del expresidente y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le subió la temperatura a la disputa. La eventual quiebra de Correo puede tener consecuencias directas sobre el resto del grupo Macri, ya que los acreedores podrían pedir la extensión de la quiebra a sus accionistas, Socma y Sideco.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste envía los pliegos de sus candidatos a la Legislatura porteña. Actualmente, es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca.

ED

La Justicia penal abrió un nuevo expediente sobre el caso Correo Argentino SA, que gira en torno a un presunto fraude a los acreedores de la compañía de la familia Macri, según los dictámenes a los que accedió elDiarioAR. 

La causa, que podría complicar el futuro judicial de Correo y de los representantes de la empresa, se originó en las últimas semanas, tras la denuncia de un abogado que durante los años 2000 trabajó para el estudio jurídico de Abraham Yeduda Kozak, un penalista reconocido en Córdoba por la lucha estudiantil en los agitados años 60. 

El denunciante, quien dialogó con este medio pero pidió que se reservara su nombre, figura como apoderado de 23 acreedores de Correo que vienen aceptando las últimas ofertas de la compañía y colaboran así para evitar la quiebra. Sin embargo, el abogado asegura que nunca fue apoderado de ninguno de ellos. Su testimonio, que consta en un escrito publicado en el sitio web del Poder Judicial, llamó la atención de la fiscal general Gabriela Boquin, quien ya venía investigando a este mismo estudio jurídico. 

La denuncia

El relato de este abogado encaja con las sospechas de Boquin sobre una supuesta maniobra montada por tres bufetes que estuvieron de los dos lados del mostrador: durante años, sus abogados integraban el directorio de la empresa de los Macri y al mismo tiempo representaban a los acreedores en la negociación por las deudas de Correo, un escenario que sólo podía beneficiar a Correo y que podría constituir un supuesto fraude, según dos dictámenes de la fiscal de 2019 y 2021. 

Uno de esos tres estudios sospechados es el de Kozak. Los otros dos son el Estudio Tonelli (fundado por el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio) y el de Jaime Kleidermacher, abogado de Correo. 

La compañía de los Macri necesitaba juntar una mayoría de acreedores para salvarse de la quiebra. En 2007, presentó ante la Justicia las conformidades de unas 360 personas y empresas a las que la compañía les debía dinero y que aceptaban la oferta de Correo para saldar sus deudas. Las 360 personas y empresas aparecían representadas por apoderados, todos abogados de estos tres estudios jurídicos.

La fiscal sostiene que los apoderados, en realidad, estarían trabajando para inclinar la balanza a favor de Correo y contra la conveniencia del resto de los acreedores del concurso. El 61% de esas conformidades bajo sospecha tiene como apoderados a abogados del estudio de Kozak, según surge de dos dictámenes de la fiscal. Algunos de ellos fundaron un nuevo estudio, tras la muerte de su jefe, y ocupan las mismas oficinas sobre la calle Tucumán al 1.600. 

La nueva causa penal tramita en el juzgado nacional de Laura Bruniard y en la fiscalía 11. Como primera medida, tras la denuncia del abogado, el fiscal Daniel Togni solicitó una pericia caligráfica para analizar si su firma podría haber sido falsificada en los documentos del concurso de Correo. 

El denunciante se presentó en los tribunales el 14 de abril último, luego de haber leído su nombre en un artículo de Página/12 sobre este grupo de abogados apuntados por la fiscal Boquin. Afirmó en un escrito “desconocer participación personal alguna ni carácter de apoderado ni en ninguna otra forma” en el concurso de Correo, es decir, que nunca ofició como apoderado de acreedores. 

Socma, principal accionista de Correo, respondió ante la consulta de elDiarioAR: “Todas las firmas están certificadas ante escribano, así que si firmó, la firma es de él”. En la compañía de los Macri niegan una relación con el abogado Kozak, a pesar de que fue director de Correo durante tres años, entre 2004 y 2007 (según consta en las actas de la compañía y en el expediente). “No hay conocimiento acerca de esa persona y por lo tanto no hay información al respecto”, afirmaron.

Un outsider

Kozak falleció el 11 de agosto de 2007, a los 68, y catorce años más tarde, su nombre terminó involucrado en un supuesto fraude para salvar de la quiebra a Correo. ¿Por qué lo desconocen en Socma?

Fue dos veces presidente de la Federación Universitaria en Córdoba; defendió a presos políticos, fue perseguido por la Triple A y la intervención en la provincia durante 1974; cayó preso, pasó un año en la cárcel de Devoto y tras un decreto de Isabel Perón partió hacia el exilio en Venezuela, en diciembre de 1975. Así surge de los testimonios de un familiar directo, tres de sus colaboradores, dos dirigentes radicales y artículos y publicaciones.

Regresó a Argentina con la vuelta de la democracia, fundó su estudio jurídico en Buenos Aires, trabajó para el radicalismo durante el gobierno de Fernando De La Rúa y en 2004 se convirtió en director de Correo Argentino SA, la compañía de los Macri. 

La relación de Kozak con la familia Macri surgió en Venezuela, durante su exilio, cuando el abogado trabajó para la Fiat en Venezuela, según confirmaron dos abogados que trabajaron con él. Un familiar directo de Kozak desconoció que el abogado hubiera tenido un nexo con la automotriz durante su exilio. También dijeron que nunca lo vieron con los Macri ni lo escucharon referirse a la familia del expresidente.

A finales de los ‘60, Franco Macri se asoció a la italiana Fiat y fundó Impresit Sideco, que más tarde sería Socma (Sociedades Macri). “Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación”, explicó Julián Afonzo, especialista en temas automotrices y editor en Caracas. Llegó “referido por Fiat Argentina”, agregó Afonzo.

En su entorno familiar más directo, una de las personas más cercanas a Kozak, que además lo acompañó en el exilio, negó que el abogado haya participado de cualquier fraude o delito. La persona consultada aseguró que Kozak “fue un hombre recto”. Negó conocer a los clientes del abogado o haberlo visto alguna vez con los Macri o hablar de ellos.

“Firmamos lo que Kozak nos pedía. Muchos de nosotros no sabemos ni qué firmamos ni de qué acreedores éramos apoderados ni si eran acreedores reales. Tenían que juntar conformidades para evitar la quiebra de Correo”, contó uno de los exabogados del estudio de Kozak ante la consulta telefónica. Él también figura como apoderado de acreedores de Correo. 

Otros dos de sus colegas del bufete ratificaron su versión: la dinámica en el estudio con respecto al caso Correo era “firmar lo que pedían”. Uno de los tres abogados consultados dijo haberse enterado por este medio que había sido apoderado de Correo durante los años 2000. Si la investigación por presunto fraude avanza, todos podrían terminar declarando ante la Justicia.

Abraham Kozak fue ejecutivo de la Fiat en Venezuela. Tenía aproximadamente 40 años en aquel entonces. No ejerció el derecho sino que se encargó del departamento de compras internacionales y trámites de importación.

Julián Afonzo — Especialista en temas automotrices y editor en Caracas.

“Kozak era penalista, no manejaba casos de concursos y quiebras. Terminó en Correo por su relación con los Macri”, afirmó. “Era un hombre con muchos contactos en la política por su trayectoria. Muy cercano a Ramón Mestre y a los radicales”, contó el excolaborador de Kozak. Ramón Mestre hijo no respondió los llamados y consultas de este medio, pero Kozak fue asesor de su padre durante la intervención en Corriente de 1999, según las publicaciones de ese año y ratificaron dos dirigentes del radicalismo.  

La pista de los abogados

Los abogados señalados por la fiscal Boquin como partícipes de esta presunta maniobra de fraude a favor de los Macri están nucleados en tres bufetes. El primero es el Estudio Tonelli, fundado por el diputado Tonelli, aliado del expresidente Macri, y dirigido actualmente por su hermano Alejandro. Este estudio tiene tres abogados “de los dos lados del mostrador”: representaban a 54 acreedores y al mismo tiempo estaban en el directorio de Correo.

Voceros de Tonelli no respondieron la consulta de este medio, pero en el pasado han negado la comisión de delitos para favorecer a Correo.

El segundo estudio señalado es de Kleidermacher, abogado de Correo en los tribunales comerciales. Cuatro abogados vinculados a su estudio aparecen como apoderados de 86 acreedores. El letrado ha negado vínculos con esos abogados o cualquier irregularidad para defraudar a los acreedores de Correo. 

El tercer bufete es el de Kozak. No sólo él fue director de Correo sino que otros tres abogados de su estudio figuran con distintos cargos en la compañía (directores, apoderados y encargado de asuntos jurídicos) entre 2005 y 2012. Al mismo tiempo, esos tres abogados y otros cinco letrados del estudio Kozak aparecen en el expediente como apoderados de 220 acreedores. Uno de ellos es quien presentó la denuncia en abril desconociendo haber sido apoderado de acreedores de Correo.

Este año, la empresa de los Macri debió presentar nuevamente estas conformidades para salvarse de la quiebra y la jueza Marta Cirulli, del fuero comercial, debe determinar si son válidas y cumplen con la ley. Los acreedores que representaban los abogados de Kozak siguen figurando en la lista, según el documento que presentó la compañía en el juzgado comercial (los documentos son públicos y pueden consultarse en la página web del Poder Judicial).

ED

La familia del expresidente Mauricio Macri sumó una nueva denuncia penal, esta vez por sus nexos con el banco austríaco Meinl Bank, una entidad acusada de presunto lavado de dinero y corrupción. La fiscal general Gabriela Boquin presentó este jueves un nuevo dictamen en el que analiza la relación de Correo Argentino SA y el banco con sede en Viena, y remite la documentación a la Justicia penal “a los fines de investigar la posible comisión de delitos”, según el escrito del expediente. 

Boquin también pidió exhortos internacionales y envió copia de su dictamen, de los balances de Correo Argentino SA y de una pericia contable de los libros de la compañía al organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF); y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). 

El Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, compañía de los Macri, y es central para evitar que esta vaya a la quiebra. La fiscal sostuvo en su dictamen que el banco cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de Correo. Por eso solicita que se investigue una supuesta maniobra para perjudicar al resto de los acreedores, entre ellos, el Estado Nacional.

A estas sospechas, se suman más datos desconcertantes sobre el rol de este banco. Según Correo, la entidad bancaria apoyó el salvataje de la empresa prestando conformidad a la última oferta de la compañía para saldar sus deudas. Sin embargo, elDiarioAR reveló en abril que el banco está actualmente en bancarrota, según los registros públicos del Tribunal de Comercio de Viena. 

Al estar en bancarrota, aquellos representantes de la entidad que habían apoyado a Correo en el pasado han perdido el poder de voto con el que contaban para salvar a la compañía, según explicó a este medio el abogado Cristóbal Von Der Fecht, exapoderado del banco en Argentina. El Meinl Bank, de hecho, quedó a cargo de dos liquidadores oficiales que nunca se presentaron en el expediente que tramita en la Justicia argentina. 

Eso significa que la jueza Marta Cirulli, a cargo del caso, no podría avalar el apoyo del Meinl Bank a Correo. Sin ese apoyo (tiene el 38% de la deuda), la familia Macri no tiene los votos suficientes para lograr el salvataje. 

Exhortos a Europa

El último dictamen de Boquin podría hacer todavía más difícil alcanzar el salvataje de la compañía. 

Antes de quebrar, el Meinl Bank fue multado por el organismo de control del sistema financiero en Austria y el Banco Central Europeo le revocó su licencia por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción en Europa del Este y Brasil.

Boquin solicitó a la jueza Cirulli que se ordene exhortos diplomáticos a la Justicia y la Procuración General con sede en Viena, a las autoridades austríacas y al Banco Central Europeo para requerir los antecedentes del retiro de la licencia al Meinl Bank, actualmente denominado Anglo Austrian Bank, y su posterior cierre. También pidió exhortos a los actuales responsables del banco, los liquidadores que administran sus bienes.

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? Parte de las sospechas de la fiscal parten de que el Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo. En 2006, adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía millones de dólares, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, según confirma el dictamen de Boquin. 

Entonces, el Meinl Bank absorbió las acreencias del BID y la CFI, que equivalen a un total de US$117.294.798.

En 2013, el banco austríaco acordó congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. 

Nuevo peritaje

Boquin también solicitó que un equipo de peritos contables de la Corte Suprema analicen el acuerdo entre el banco austríaco y Correo. El acuerdo se reitera en los estados contables de 2014, 2015, 2016 y 2017, informó Boquin, mientras el dólar escalaba sin cesar.

Si el Meinl Bank no hubiese aceptado ese acuerdo, aquella deuda que se mantiene hasta la actualidad en unos $765.348.560 (con un dólar oficial a $6,525) hoy superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo. 

¿Por qué un banco renunciara a cobrar? “Eso habría que preguntarle al Meinl Bank”, respondieron desde Socma ante la consulta que este medio ya había realizado a principios de abril. 

En ese sentido, Boquin también pidió a la jueza que solicite a periodistas de La Nación un informe de auditoría realizado en Europa sobre el Meinl Bank. El estudio fue elaborado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) y obtenido por OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y la revista austríaca Profil, que luego se lo facilitaron a La Nación.

De dicho informe, que analiza las irregularidades cometidas por el banco, “surgiría información relativa a los antecedentes de la compra por parte del Meinl de los créditos verificados en el concurso de Correo a la Corporación Financiera Internacional (CFI) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, sostuvo la fiscal.

De la auditoría también surge que Franco Macri adquirió una sociedad constituida en Liechstentein, Mervet Establishment Ltd, y gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos al BID y la CFI, según La Nación. Eso, sería contrario a la Ley de Concursos y Quiebras.

Los votos y apoyos que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. 

La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

Ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank haya mantenido una relación espuria con las compañías de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

La teoría de Mariano Macri

La relación de la familia con el banco austríaco va más allá de Correo. En 2013, Mariano Macri, hermano menor del expresidente y accionista de Socma, principal compañía del holding familiar, se opuso a que la compañía de su familia ceda el 60% de Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. 

Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según le reveló al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano, calificó esa operación con el banco austríaco como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” de las acciones de Sideco con un objetivo “oculto”: vaciar la compañía y evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Fuentes directas de Socma y Sideco rechazaron las acusaciones de Mariano Macri ante la consulta.

ED

Es el principal acreedor de Correo Argentino SA y su voto es central para determinar si la compañía de la familia Macri se salva o va a la quiebra, según los expedientes y fuentes judiciales y empresariales consultados por elDiarioAR. Es también clave en un expediente por supuesto fraude a los acreedores que enfrenta la empresa en el fuero penal. Se trata del Meinl Bank, un banco austríaco sancionado por maniobras de presunto lavado de dinero e involucrado directamente en el pago de sobornos del caso Odebrecht. 

Esta semana, el caso entró en la recta final: Correo presentó los apoyos de una mayoría de acreedores que dieron su conformidad a su última oferta para saldar las deudas de la compañía. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y representa los intereses del Estado Nacional (acreedor de Correo) rechazó la propuesta y pidió la quiebra de la empresa de los Macri. 

El expresidente Mauricio Macri escribió este viernes en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el caso, Marta Cirulli, rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo. Para hacerlo, la magistrada debe homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank.

Estas mayorías que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

El presunto fraude a los acreedores es también un frente penal para Correo y los Macri y es parte de la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo, confirmó una fuente con acceso directo a ese expediente.

Publicaciones periodísticas y el propio Mariano Macri, hermano del expresidente y uno de los accionistas de Socma (Sociedades Macri), principal empresa de la familia, expusieron ante la Justicia el estrecho vínculo entre el Meinl Bank y los Macri. 

¿Por qué un banco austríaco está dispuesto a salvar a una empresa residual de los Macri, cuyas acciones valen cero pesos y cuyas deudas no paga hace más de 20 años? Esa es una de las preguntas que viene planteando la fiscal general Gabriela Boquin en el expediente.

En Correo responden que “la sospecha está fuera de foco” y que “no merece ni cinco segundos de análisis”. “Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior”, sostienen en la compañía.  

Las manchas de Austria

Si bien el Meinl Bank acumula escándalos y acusaciones, en Socma sostienen que sus deudas con el banco son anteriores a esos casos, dijo una fuente de la compañía a este medio. 

El banco austríaco está directamente involucrado en el pago de las coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que se destapó en 2014. La compañía de Brasil cuyos ejecutivos y sus dueños admitieron el pago de sobornos millonarios a funcionarios de Brasil, América latina y África para obtener contratos de obra pública llegó a adquirir una sucursal del Meinl en Antigua, un paraíso fiscal del Caribe, desde la que administraba los pagos ilegales. 

Odebrecht ganó la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento como socia de Iecsa, la constructora que fue propiedad de Socma y que quedó luego en manos del primo de Macri, Angelo Calcaterra. Ambas empresas son investigadas en Argentina por el supuesto pago de coimas a exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner.

Es un banco extranjero como cualquier otro banco del exterior.

En febrero de 2019, ante otras acusaciones por presunto lavado de dinero en Europa del Este y tras el caso Odebrecht y sus implicancias en el Lava Jato brasileño, la Financial Market Authority de Austria (FMA) sancionó al Meinl Bank con una multa de 500.000 euros, según un comunicado del organismo extranjero. 

La sanción fue por “incumplimiento de los requisitos de diligencia debida para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, resaltó entonces el medio británico Financial Times.

En noviembre de ese mismo año, el Banco Central Europeo (BCE) le revocó la licencia para operar en el viejo continente. 

Los Meinl

Luego de la medida tomada por el Banco Central Europeo, el Meinl Bank publicó en su sitio web un comunicado en el que rechazó la decisión del organismo y sostuvo que, antes de la sanción, sus autoridades ya habían decidido retirarse del mundo financiero, según informó Financial Times. 

La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada.

El banco austríaco era propiedad de la familia Meinl pero sus accionistas, según su reporte anual de 2015 que analizó este medio, eran cuatro sociedades inversoras con sede en Viena. Fue luego absorbido por otro banco, en medio de las denuncias en su contra. elDiarioAR se comunicó vía mail con la entidad que absorbió al Meinl Bank en el extranjero pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En su artículo de 2019, Financial Times informa que los Meinl hicieron su fortuna “como grandes importadores de café durante la era de los Habsburgo, y los blends de Meinl todavía se elaboran y sirven en las distintivas bandejas de plata de los salones urbanos de Viena”. 

También inauguraron en 1950 Julius Meinl am Graben, catalogada como la “tienda de alimentos de lujo más conocida de Viena”, vecina a la catedral de San Esteban, en Viena, publicó el medio británico. Es también restaurante, bar y casa de té y café. En su tienda online, pueden adquirirse productos alimenticios de todo tipo, como café de distintas categorías, desde $1.500 hasta $14.300 el medio kilo.

Desembarco en el caso Correo

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? El Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo con posterioridad, cuando adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía cientos de millones de pesos, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, algo que quedó ratificado en el expediente, según confirmaron fuentes judiciales a este medio. 

Entre ambos créditos el banco austríaco absorbió más de $374 millones (sin intereses) que ahora Correo le debe al Meinl Bank. A cambio, esos organismos internacionales cobraron un reducido porcentaje de la deuda que tenían con Correo en ese momento y que debido al prolongado concurso de acreedores no podían cobrar. 

El Meinl Bank ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito.

El Estado Nacional tiene una acreencia original de casi $300 millones (sin intereses), equivalente al 30,5% de la deuda de su categoría.

Qué fin podía perseguir un banco absorbiendo deudas ajenas que no puede cobrar desde hace once años es algo que no está claro en el expediente, según planteó en varios de sus dictámenes la fiscal Boquin. “Eso habría que preguntárselo al banco”, respondieron en Correo ante la consulta de este medio. “La conformidad del Meinl Bank no es de ahora, es anterior y nunca antes había sido cuestionada”, agregó una fuente de la compañía de los Macri.

El Meinl Bank “ha votado en forma contraria a su interés como acreedor, por lo que su decisión, equivale a la renuncia al cobro de su crédito”, dictaminó el fiscal Boquin en la causa.

El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá.

“Las cesiones de los créditos del BID y la CFI han sido aprobadas por los comités de esos organismos y los contratos de cesión con el banco fueron firmados en Washington. Luego, el Meinl Bank solicitó a Correo un incremento de garantías y la compañía se los concedió”, respondió una fuente de la empresa, que rechazó cualquier irregularidad en los apoyos de los acreedores y el rol del banco austríaco. 

La versión de Mariano Macri

Los vínculos del banco austríaco con la familia del expresidente van más allá de la relación con Correo. En 2005, el Meinl Bank absorbió una deuda de más de $109 millones (unos US$20 millones en ese momento) que la principal empresa del Grupo Macri, Socma (Sociedades Macri), tenía con la Corporación Financiera Internacional (CFI). La operación del Meinl Bank consta en un acta de Socma fechada el 24 de enero de 2011, según publicó el portal Nuestras Voces. Socma es además accionista de Correo y de Sideco (la constructora de la familia). 

Mariano Macri, accionista de Socma y hermano del expresidente, aseguró en una entrevista al periodista Santiago O’Donnell para su libro Hermano que en 2012, Socma intentó ceder el 60% de sus acciones en Sideco al banco austríaco para saldar aquella deuda contraída años antes por Socma.

En 2013, Mariano Macri se opuso a que la compañía de su familia ceda Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según registró O’Donnell, Mariano Macri calificó esa operación como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” con un objetivo “oculto”: evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

“El fraude consistía en poner a un banco austríaco como testaferro, el banco Meinl, y nosotros quedar como accionistas ocultos a través de fundaciones en Luxemburgo y como dueños de unas sociedades en Panamá”, contó Mariano Macri a O’Donnell. 

“Me propusieron vaciar la empresa”, dijo, con el objetivo de evitar que el brasileño BNDES pudiera cobrar un crédito que tenía con Socma. Luego, dijo, el Meinl Bank quedaría como el dueño controlante de Sideco “para presentarse en todas las licitaciones que tuvieran por delante”.

Sobre las aseveraciones de Mariano Macri, en Correo afirmaron a elDiarioAR: “Son habladurías, él se ha desdicho muchas veces de sus dichos”.

Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores.

Mariano Macri llevó el conflicto con su familia a la Justicia comercial y pidió una medida cautelar para frenar la cesión de las acciones de Sideco al banco austríaco. Sin embargo, en diciembre de 2013, Socma comunicó al juzgado interviniente que la cesión del 60% de las acciones de Sideco no se llevó adelante, según sostuvo O’Donnell en base a la documentación de la causa judicial.

Ante la consulta de elDiarioAR, otras fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank sea accionista de las compañías y socio de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

Mayorías en la mira

La fiscal Boquin advirtió por primera vez las sospechas sobre la supuesta manipulación de las mayorías en diciembre de 2016, en su primer dictamen (que se daría a conocer en febrero de 2017). En el escrito, Boquin sostuvo: “Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores” para que estos “queden sometidos a una mayoría ficticia” y “a la pérdida sustancial de sus derechos”.

En 2017, la fiscal advirtió en otro dictamen sobre el rol del Meinl Bank en el concurso de Correo. Aunque no es el único acreedor observado: la fiscal confirmó en 2019 que los representantes de los Macri habían comprado las deudas de varios acreedores a través de abogados y miembros del directorio de Correo. Uno de los estudios es el que codirigía entonces el actual diputado Pablo Tonelli, aliado político de Macri, según consta en el expediente. Correo rechaza las acusaciones sobre un presunto fraude a través de la manipulación de mayorías.

La interventora judicial en la compañía y el perito contable de la Corte Suprema también buscan saber más sobre esta relación y solicitaron acceso a los documentos en los que Correo y el Meinl Bank acordaron condiciones de la deuda luego de la cesión, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

*Este artículo fue modificado el 11 de abril de 2021 para corregir una referencia a la categoría que integra el Meinl Bank en el concurso de acreedores. Los acreedores están divididos en categorías. El 17 de abril se actualizó y aclaró información sobre la deuda de Socma con el Meinl Bank y se corrigió la fecha de la ratificación de dicha operación en el expediente de Correo, gracias al acceso a documentos que constan en la causa.

ED

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, representante del Estado Nacional, solicitó este jueves la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía de la familia Macri, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este jueves, vencía el plazo para que Correo presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta y evitar la quiebra. Necesita una mayoría marcada por la ley para salvarse.

Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo también necesitaba obtener el apoyo del Estado, que Zannini rechazó por considerar “irrisoria” la oferta de la empresa de los Macri. La alternativa que ahora le queda a Correo es solicitar a la jueza Marta Cirulli (que tramita el concurso de acreedores) que declare al Estado Nacional como “acreedor hostil” por rechazar su oferta y le imponga el acuerdo, obligándolo a aceptar la propuesta de la compañía, como viene adelantando elDiarioAR.

En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció al Estado Nacional abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

Es evidente su abusivo proceder.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importantes. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

La oferta de Correo, sostuvo Zannini en un escrito ante la jueza, “pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria”. “Es llamativo que ahora haya ‘mejorado’ la propuesta realizada con anterioridad”, teniendo en cuenta, señala, que la situación económica y comercial de la empresa no cambió. “La única explicación posible es que habiendo podido realizar esa misma propuesta antes, optó por no hacerla, tratando de imponer anteriormente un acuerdo irrisorio y ruinoso para el Estado Nacional”, sostuvo el procurador del Tesoro, junto al subprocurador Horacio Pedro Diez. 

“Es evidente su abusivo proceder, pues a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite de este procedimiento”, agregó Zannini.

Últimos movimientos

Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. En los últimos días, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. La fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, viene denunciando que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”.

Dado el peso de la deuda con el Estado, al rechazar Zannini la oferta de Correo, el salvataje de la compañía entra en zona de riesgo. Pero los Macri tienen otra opción, que ya vienen planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones.

“El Estado nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición” por lo que es “improcedente” excluir su voto del acuerdo final, aseguró el procurador del Tesoro este jueves.

Pone en evidencia su mala fe y conducta dilatoria.

“No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada”, respondió ante las acusaciones de Correo en un escrito de fines de marzo en el que la compañía sostuvo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

“El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino SA”, aseguró el funcionario

“Evidentemente, el interés de Correo Argentino SA no está (ni estuvo nunca) centrado en obtener conformidades, sino en continuar con su estrategia dilatoria”, afirmó antes de solicitarle a la jueza que dé por fracasado el proceso de salvataje de la compañía y decrete su quiebra.

Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

No hay ninguna intencionalidad política como falazmente acusa la concursada.

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED

Jueves decisivo para los Macri en la Justicia. Este 8 de abril por la mañana, vence el plazo para que Correo Argentino SA presente el apoyo de sus acreedores a su última oferta. Si la compañía consigue las conformidades de una mayoría, podría evitar la quiebra. Sin embargo, para que ese escenario sea posible, Correo necesita imponerse sobre el Estado Nacional, uno de sus principales acreedores.

En las últimas horas, Correo sumó nuevos apoyos y los presentó en el expediente: 34 acreedores más aceptaron su última oferta y otros 95 ratificaron el apoyo previo que habían dado a la compañía, informó ante la consulta de este medio el abogado de Correo. Ahora, la jueza del caso, Marta Cirulli, deberá analizar estos apoyos, ver si encuadran dentro de la ley, si son genuinos y si efectivamente alcanzan para evitar la quiebra. Según las normas, la empresa debe lograr las conformidades de los acreedores que representen al menos el 75% del capital de la deuda. 

Uno de los acreedores de la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri es central en su futuro: el Estado Nacional. En su última oferta, presentada a fines de marzo, la compañía de los Macri ofreció abonarle en un pago $1.011 millones, alrededor de una cuarta parte de la deuda calculada por el Ministerio Público Fiscal: más de $4.000 millones, a 2017 (que podrían alcanzar casi los $5.000 millones a la actualidad).

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. 

Correo tenía tiempo hasta este jueves para lograr el sí del Estado Nacional, representado en el expediente por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ante la consulta de este medio, el jefe de los abogados estatales no respondió si aceptará o no la última propuesta de Correo.

Si Zannini rechaza la oferta de Correo, la compañía tiene otra opción, que ya viene planteando en la causa: solicitarle a la jueza que declare al Estado como “acreedor hostil” por estar supuestamente trabando una solución al caso. De esta manera, Correo ya no necesitaría el apoyo del Ejecutivo para evitar la quiebra y si logra la mayoría legal con otros acreedores, podría obligar al Ejecutivo a aceptar su última oferta: $1.011 millones. Este es el escenario que confirmaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente y un escrito presentado por la compañía de los Macri ante la jueza Cirulli. 

Otros dos acreedores clave debían definir si llegaban a un acuerdo con Correo: el Banco Nación y la AFIP. Al cierre de esta nota, no se conocía la posición de la AFIP.

Fuentes directas del Nación, que acumula un crédito millonario en dólares contra la compañía de los Macri, informaron a elDiarioAR que el directorio del banco votó este martes rechazar la oferta de la empresa, que ofrecía pagar en cuotas y a plazos extendidos en el tiempo. Sin embargo, los acreedores tienen categorías en un concurso y por el tipo de categoría que integra (las minorías), el rechazo del Nación no es definitorio para decretar la quiebra, confirmó una fuente judicial del caso. Sí, lo es, por otro lado, el Estado Nacional. 

Salvataje Power

La ley de Concursos y Quiebras permite como opción el “cramdown (salvataje) power” para imponer el acuerdo cuando existen acreedores “hostiles”. En esa línea, los representantes de los Macri ya sostuvieron en un escrito a fines de marzo que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su última propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

Si la jueza acepta este planteo de Correo, deberá abrir un espacio para que los acreedores corridos del acuerdo (a los que se les impone la oferta final) puedan plantear sus oposiciones e impugnaciones. El plazo para impugnar sería de cinco días, según consta en la ley. Zannini tendría ese plazo, por ejemplo, para argumentar por qué no sería un “acreedor hostil”.

Sospechas sobre las mayorías

Conseguir que la jueza Cirulli declare “acreedor hostil” al Estado y lo corra de la negociación no es la única piedra en el zapato de los Macri. Correo tiene otro frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin, que interviene en el caso desde octubre de 2016, denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría ilegítima en el acuerdo final, lo que en la ley se denomina “quiebra fraudulenta”. 

Más de 300 acreedores cedieron sus créditos a 14 abogados de estudios jurídicos, algunos de los cuales incluso representan o representaron a Correo en el expediente. Por ejemplo, el de Pablo Tonelli, diputado del PRO, exabogado de Correo y aliado de Macri, según la denuncia de Boquin. También han sido adquiridas por otros abogados que integraron el directorio de Correo.

Correo niega las acusaciones. 

Otro acreedor importante es el Meinl Bank, un banco austríaco que aterrizó en el caso en 2010 (cuando el concurso ya tenía nueve años). El Meinl Bank adquirió los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), otro organismo de crédito, a los que Correo debe cientos de millones de pesos.  Según pudo precisar elDiarioAR de fuentes directas de Correo, una de las conformidades ratificadas es la del Meinl Bank. 

El fantasma de la extensión

Si todo este proceso fracasa, Correo quiebra. Los Macri corren el riesgo de que la Justicia comercial extienda la quiebra a los accionistas de Correo (Sideco y Socma) por presunto “control abusivo”. La quiebra implicaría perder control sobre sus activos. Ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las últimas décadas. La principal accionista actualmente es Socma. 

El proceso de extensión de quiebra puede llevar mucho tiempo. El Estado o cualquier otro acreedor disidente tiene seis meses desde la fecha de la quiebra de Correo para pedir la extensión a Socma y Sideco. Estas compañías luego pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso. 

Antecedentes

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo con el Estado Nacional era por 300 millones de pesos/dólares (a 2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto del gobierno de Macri y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Cambiemos frenaron durante más de dos años un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje que actualmente está en trámite, llegando a su fin. 

ED

Desde el 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, está en concurso de acreedores. Seis gobiernos más tarde, el caso llega a una etapa final, tras haber girado entre jueces y tribunales durante más de dos décadas. Estos son los principales hitos del caso, en base al expediente y a la consulta a la compañía y a las partes realizada por elDiarioAR.

ED

El caso Correo Argentino SA llegará esta semana a un punto cúlmine. Entre el miércoles 7 y el jueves 8, se vencen los plazos para que la compañía de los Macri presente las conformidades de sus acreedores para saldar sus deudas y evitar la quiebra. Pero si no lo consigue, irá a la quiebra, confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo al expediente. Es lo que marca la ley de Concursos y Quiebras. Están en juego miles de millones de pesos y el futuro de Socma y Sideco (principales compañías de los Macri y accionistas de Correo en distintos momentos). Sólo otra excepcionalidad a la ley podrá revertir el cronograma anunciado. 

Correo se encuentra en proceso de salvataje o cramdown desde agosto de 2020. Esto implicaba que la empresa podría ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri (siempre y cuando hubiera otros interesados). Quienes adquirieran las acciones de Correo debían inscribirse para presentar una oferta al Estado y al resto de los acreedores de la compañía para saldar sus deudas. Se inscribieron cinco interesados y Correo, pero sólo la empresa de los Macri se presentó a fines de marzo a la audiencia en la que los inscriptos debían presentar sus ofertas. Este es el tercer salvataje de Correo pero el primero que llega a su fin. 

En 2016, el gobierno de Macri había firmado un pre-acuerdo que terminó en escándalo y el caso debió volver a “foja cero”. La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El pre-acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Equivalía a una quita del 98,87% de la deuda, porcentaje que Correo rechaza y asegura que no supera el 54%.

Durante el resto de su gobierno y ante la apertura de una causa penal en la que se debe determinar la responsabilidad de quienes cerraron la negociación con la empresa de la familia presidencial, los funcionarios de Macri a cargo del caso no avanzaron con un nuevo acuerdo para el pago de la deuda de Correo. En noviembre de 2019, semanas antes de dejar el poder, rechazaron la oferta de la compañía al Estado.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el caso dio un giro. La Justicia intervino la compañía, desplazó a los administradores de los Macri y abrió el salvataje. El representante del Estado en el expediente es ahora Carlos Zannini, procurador del Tesoro.

Salvataje o quiebra

Para evitar la quiebra, Correo necesita presentar esta semana ante la jueza Marta Cirulli las conformidades de la mayoría de sus acreedores. Si lo hace y la magistrada homologa la propuesta, la compañía puede salvarse. Si no lo logra y la jueza no homologa el acuerdo, Cirulli debería decretar la quiebra de Correo, según los procedimientos que marca la ley de Concursos y Quiebras.

Correo tiene un frente pendiente: la fiscal Gabriela Boquin denunció que la compañía podría haber incurrido en fraude a los acreedores al comprar las deudas de varios de ellos para forzar una mayoría en el acuerdo final. Correo niega las acusaciones. La jueza aprueba las mayorías conseguidas, sortearán el obstáculo legal.

El Estado no es el único acreedor de Correo pero sí uno de los más importante. El reclamo estatal es por la falta de pago del canon de explotación del servicio estatal que los Macri tenían en concesión a fines de los años 90 y hasta 2003. La compañía ofertó a fines de marzo pagar $1.100 millones al Estado, pero el Ministerio Público Fiscal viene sosteniendo que esa suma sería sólo una cuarta o quinta parte de la deuda real. Aún no se conoce la respuesta de Zannini. Otros acreedores importantes son el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Meinl Bank. 

Si Correo quiebra, los Macri corren el riesgo de que acreedores o síndicos (por ejemplo, Zannini) soliciten a la Justicia comercial que extienda la quiebra a sus accionistas, Sideco y Socma, por presunto “control abusivo”, ya que ambas compañías fueron accionistas y controlantes de Correo en distintas fechas a lo largo de las última décadas. La principal accionista actualmente es Socma. El proceso de extensión de quiebra puede extenderse en el tiempo. Las compañías pueden apelar y retrasar el proceso. La Justicia incluso podría dictar medidas cautelares a su favor, según explicó una fuente que interviene en el caso.

La quiebra puede apelar ante la Cámara Comercial de Apelaciones, pero no tiene carácter suspensivo, según consta en la legislación, informaron fuentes del fuero comercial. Mientras transcurre la apelación, la quiebra se ejecuta y la compañía queda desapoderada de sus cuentas bancarias y bienes. El manejo de la compañía quedaría en manos de la actual  interventora judicial o los síndicos que intervienen en el concurso. Correo también pierde control sobre su principal activo: los juicios que los Macri le iniciaron al Estado en 2016, en reclamo de resarcimientos económicos por la estatlización de 2003 y la falta de pago de servicios postales.

Otro escenario posible

Hay otra alternativa menos habitual, para la que Correo preparó el terreno en su última presentación ante la jueza, cuando los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. Adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

En esa línea, para evitar la quiebra, Correo necesita sí o sí la conformidad del Estado. Si no la consigue, la compañía de los Macri puede plantear que se trata de un “acreedor hostil”, que estaría frenando el acuerdo con otros acreedores, explicó una fuente con conocimiento del caso.  

El concurso preventivo de Correo se dilató de manera inédita, confirman fuentes judiciales que intervienen en este y otros centenares de casos similares pero de más corta vida. En los últimos 20 años, la empresa atravesó tres intentos de salvataje (el desenlace del tercero se define esta semana); un decreto de quiebra que nunca se ejecutó; una guerra fría con el kirchnerismo que dejó el caso en pausa durante años; y un pre-acuerdo durante el gobierno de Macri. Esa negociación fue catalogada por la fiscal del caso como “abusiva” para el Estado, terminó en un escándalo de conflicto de intereses, desembocó en una causa penal contra el entonces mandatario (que sigue en trámite) y el expediente comercial siguió extendiéndose por cinco años más. 

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, debe declarar como testigo este martes al mediodía frente al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investigan si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos. 

El menor de los hermanos varones del exmandatario fue citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. Mariano Macri tiene cita vía Zoom a las 12 del mediodía y hasta el cierre de este artículo no había solicitado postergación de la audiencia, ratificó una fuente de la causa a elDiarioAR. 

“Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, dijo Mariano Macri en el libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado interrogará a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitará que aporte cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario “podrá ratificar o negar sus dichos, pero ante la Justicia, al declarar como testigo, está obligado a decir la verdad”, dijo una fuente judicial del caso. El falso testimonio está penado con un máximo de diez años de prisión.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Si Mariano Macri ratifica ante la Justicia sus dichos a O’Donnell, la causa daría un giro, confío una fuente directa del expediente. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

El testigo Nofal

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas.”

ED

La jueza Marta Cirulli avanzó este miércoles con el salvataje de Correo Argentino SA, fijó el valor de las acciones en cero pesos y dispuso una audiencia para definir el destino de la compañía de la familia Macri para el próximo 29 de marzo, según el escrito publicado en sitio web del Poder Judicial. De esta manera, la magistrada fijó que entre el 7 y 8 de abril próximos, Correo o los interesados en salvar la compañía deben alcanzar un acuerdo con sus acreedores para saldar sus deudas. De lo contrario, deberá decretar la quiebra de la empresa, según lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras.

La familia del expresidente Mauricio Macri se juega mucho más que el Correo en este expediente comercial. Si el proceso de salvataje fracasa en abril, la quiebra de la compañía podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso. Ese sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El salvataje o cramdown implica que, para evitar la quiebra, la empresa puede ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri. Los interesados en hacerlo debían inscribirse en registro público. Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley). 

Con esta última decisión de la jueza Cirulli, comenzó a correr el plazo legal de 20 días para que los seis inscriptos presenten sus ofertas a los acreedores de Correo, incluido el Estado Nacional, y logren las conformidades de la mayoría de ellos, según establece el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la audiencia del 29 de marzo, los inscriptos deberán presentar esas conformidades. La jueza Cirulli deberá entonces evaluarlas y decidir si el salvataje fue saldado o si la compañía va a la quiebra, en caso de que ninguno de los inscriptos pueda presentar un acuerdo con los acreedores. 

La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $4 mil millones. 

El escrito de la jueza Cirulli fue ingresado en el sistema web inmediatamente después de la última presentación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el expediente. Este mismo miércoles, el jefe de los abogados del Estado Nacional había solicitado a la magistrada que reactive el proceso de salvataje “a fin de dar continuidad al procedimiento previsto por la ley” de Concursos y Quiebras. 

El que pierde es el Estado con las demoras,

El presidente Alberto Fernández hizo alusión al caso del Correo en su discurso del lunes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso cuando entre sus críticas al Poder Judicial mencionó “concursos comerciales que demoran décadas” como uno de los “desvíos en la Justicia” que dijo observar desde hace tiempo. El concurso preventivo de la empresa de la familia Macri cumplió 19 años en septiembre último.

Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año, pero el proceso se suspendió y dilató durante meses, en parte debido a los planteos de los abogados de la principal accionista, Socma (Sociedades Macri), que buscó apartar a la jueza y a la fiscal general que interviene en el proceso, Gabriela Boquin. Además, Correo se opone al salvataje y solicitó hace alrededor de un año a la Corte Suprema que revise la decisión. 

La Sala B de la Cámara Comercial confirmó a Cirulli el 17 de febrero último, decisión que tenía pendiente desde noviembre de 2020 y que había paralizado el salvataje, ya que en el fuero comercial, los jueces son apartados de los expedientes hasta que se resuelva la recusación. Socma, principal accionista de Correo, se presentó ante el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con apartamiento de la fiscal.

Antecedentes del caso

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. En 2003, el servicio fue estatizado, situación que la compañía atribuye a su debacle económica, junto con la falta de pago de los servicios postales prestados al Estado durante años. En el expediente, sin embargo, también se expone la falta de pago de canon que la empresa debía cumplir con la administración pública y no hizo. De allí, su deuda con el Estado.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

“Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.

ED

El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires recibió un planteo de Socma, principal empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que busca apartar a la fiscal general Gabriela Boquin del caso Correo Argentino SA, el concurso preventivo y la eventual quiebra de la compañía, según los escritos a los que accedió elDiarioAR.

Socma, principal accionista de Correo, sigue sosteniendo, según su último escrito en el expediente, que la fiscal debe ser apartada por supuesta “parcialidad”. Ante el rechazo de la Cámara Comercial, la empresa acudió en queja a la máxima instancia de la Justicia porteña para realizar un planteo de “inconstitucionalidad”, como adelantó este medio.

El máximo tribunal de la Justicia porteña sorteó el expediente el 19 de febrero último para analizar si admite el recurso y el planteo recayó en la jueza Marcela De Langhe, miembro del Tribunal Superior, quien tramitará la llegada del recurso a la reunión de acuerdo de los jueces. Cuatro días más tarde, el tribunal dispuso que Socma realice un depósito de queja por $42.800 (una tasa de Justicia) y presente copia de parte del expediente en el plazo de cinco días, según los documentos a los que accedió este medio.

La Sala B de la Cámara Comercial, que interviene en el concurso de acreedores de la compañía Correo, ya había rechazado a principios de febrero un recurso de inconstitucionalidad presentado por los directivos de Socma para derivar el caso a la Justicia porteña. Sin embargo, la empresa de los Macri insistió ante el Tribunal Superior de la Ciudad, gracias a dos antecedentes fijados recientemente por dicha instancia, explicaron fuentes judiciales del caso, y el tribunal de la Ciudad tomó el caso. El recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto analizar la validez de la decisión de la Cámara.

El Tribunal Superior porteño está integrado por jueces elegidos por concurso por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que envía una terna al jefe de Gobierno porteño y éste a sus candidatos a la Legislatura porteña. Es presidido por la jueza Inés Weinberg de Roca, quien fue candidata de Macri para la Procuración General de la Nación. También integró el consejo de juristas que asesoró a Alberto Fernández para la reforma judicial.

El concurso de Correo tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación.

En queja

En diciembre, las camaristas en lo comercial Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron la presentación de Socma, que solicitó desplazar a la fiscal del caso. El planteo, dijeron las juezas nacionales, era “inadmisible” porque se realizó “fuera de tiempo” con respecto a los plazos que plantea el propio Código Procesal Civil y Comercial para realizar recusaciones con causa. Además, resaltaron, porque los miembros del Ministerio Público Fiscal, como la fiscal Boquin, “no se encuentran entre los sujetos pasibles” de recusación en el fuero civil y comercial. 

Ante la imposibilidad de desplazar a la fiscal, que impulsa además una investigación por supuesto vaciamiento de Correo por parte de los administradores de la familia Macri, Socma buscó que su planteo en la causa judicial cambie de jurisdicción. 

La queja de Socma se apoya en que está en proceso el traspaso de parte de la Justicia Nacional a la Ciudad (lo que no ha sucedido en el fuero comercial) y en antecedentes recientes, como el de una causa civil en la que el Tribunal Superior porteño estableció que tenía competencia sobre la Cámara Nacional Civil, según un escrito presentado por los abogados de la compañía, Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bartolo. 

Antecedentes

Correo está en proceso de salvataje, un proceso que implica que la compañía debe ser adquirida por terceros que deben hacerse cargo del pago de sus deudas con los acreedores, entre ellos el Estado Nacional. Si el salvataje fracasa podría llevar a la quiebra a Socma y Sideco, accionista y exaccionista de Correo, según sostienen fuentes judiciales que intervienen en el caso. 

El concurso de acreedores ya suma 19 años y fue uno de los casos que criticó este lunes el presidente Alberto Fernández como “desvíos” de la Justicia en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. 

En 2017, la fiscal Boquin frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía de los Macri, que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado Nacional. Desde entonces, el caso sigue sin resolverse.

A finales de 2020, la empresa de la familia del expresidente había recusado ante la Cámara Comercial a la fiscal Boquin por supuesta “parcialidad”, tras sus declaraciones en una comisión bicameral. En su recusación, Socma reprochó que la fiscal general hubiera declarado en agosto último ante la comisión bicameral de Seguimiento Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público sobre el presunto disciplinamiento a favor de los Macri que habría intentado ejercer la Procuración General de la Nación en su desempeño en el caso Correo. El jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, niega presiones a Boquin. 

ED

La Cámara Comercial confirmó este miércoles a la jueza Marta Cirulli a cargo del expediente Correo Argentino SA y rechazó así el planteo de Socma, empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que buscaba apartar a la magistrada del caso, según el escrito publicado en el sitio web del Poder Judicial. Tras el fallo, queda ahora pendiente la continuidad del salvataje de Correo, confirmó una fuente judicial del caso.  

Para evitar la quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año. El concurso de acreedores y el proceso de cramdown o salvataje estaba demorado a la espera de esta decisión, como informó elDiarioAR. Desde noviembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero tenían pendiente confirmar o apartar a la jueza. Cirulli fue apartada momentáneamente a pedido de Socma, principal accionista de Correo. Durante los últimos tres meses, la causa quedó a cargo de un juez temporario sin mayores avances, según ratificaron fuentes directas del expediente. También surge de las publicaciones del sitio judicial en el que pueden verse las resoluciones. 

En noviembre último, Socma recusó a la jueza Cirulli y a la fiscal general Gabriela Boquin por supuesta parcialidad en el proceso. Las juezas entendieron que el planteo de la empresa para apartar a Cirulli fue “extemporáneo”, ya que se tomó meses después de las decisiones cuestionadas por la compañía a la magistrada, entre ellas la intervención de Correo ordenada en marzo de 2020. 

Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía.

“Las normas procesales establecen los plazos en que pueden ser recusados los magistrados y desde esa óptica la recusación intentada se aprecia interpuesta fuera de término considerando que Socma Americana SA. se presentó en este proceso universal con fecha 24 de junio de 2019 sin efectuar planteo similar alguno”, sostuvieron en el escrito.

La Sala B de la Cámara Comercial había derivado el caso de la fiscal Boquin al fiscal general en lo Civil, Javier Lorenzutti, para que decidiera si la magistrada debía o no seguir en el caso. Según un escrito de Lorenzutti de finales de noviembre, el magistrado rechazó intervenir en el expediente porque el propio reglamento se lo impide. Entonces, las camaristas confirmaron a Boquin. Sin embargo, las juezas del tribunal de apelaciones dejaron pendientes la situación de la jueza Cirulli, quien debe continuar con el proceso de salvataje de Correo. La confirmaron a cargo del expediente en una resolución de dos carillas.

En agosto, la magistrada abrió el registro para que se inscriban los interesados en asumir el salvataje de Correo, un proceso que implica que terceros adquieran las acciones de la compañía y hagan sus ofertas a los acreedores para el pago de las dudas. Correo se opone al salvataje, sostiene que quiere pagar sus deudas y se presentó ante la Corte Suprema para frenar el proceso. 

La recusación intentada se aprecia interpuesta fuera de término.

Si las ofertas de los interesados en adquirir la empresa no son admitidas por los acreedores (incluido el Estado), el proceso de salvataje fracasa. Eso derivaría en la eventual quiebra de Correo que podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso, en el que sería el peor escenario para la familia del expresidente. El concurso de acreedores cumplió 19 años en septiembre último. 

Antecedentes

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $ 4.000 millones, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

“Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos, como determinó el actual Procurador del Tesoro”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.

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Socma, principal empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, busca llevar el caso Correo Argentino SA al Tribunal Superior de la Ciudad De Buenos Aires para intentar nuevamente apartar a la fiscal general Gabriela Boquin del concurso preventivo, según el escrito al que accedió elDiarioAR.

La Sala B de la Cámara Comercial, que interviene en el concurso de acreedores de la compañía Correo, rechazó este martes un recurso de inconstitucionalidad presentado por los directivos de Socma para derivar el caso a la Justicia porteña. Sin embargo, la empresa de los Macri podrá insistir con una queja ante el tribunal superior, máxima instancia de la Justicia de la Ciudad, gracias a dos antecedentes fijados recientemente por dicha instancia, explicaron fuentes judiciales del caso. 

“El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, de aplicación a la materia y litigios ventilados en este fuero”, dijeron las camaristas al rechazar el planteo en apenas media carilla. Las juezas no analizaron la cuestión planteada por Socma y los alcances del caso.

El planteo de Socma sostiene que está en proceso el traspaso de parte de la Justicia nacional a la Ciudad (que no ha sucedido en el fuero comercial) y en antecedentes recientes, como el de una causa civil en la que el tribunal superior porteño estableció que tenía competencia sobre la Cámara Nacional Civil, según el escrito. 

La empresa sigue sosteniendo en su escrito que la fiscal debe ser apartada por supuesta “parcialidad”, acusación que ya fue rechazada por Boquin en varios dictámenes.

El tribunal porteño al que apunta Socma está integrado por jueces elegidos por la Legislatura porteña y es presidido por Inés Weinberg de Roca, quien fue candidata de Macri para la Procuración General de la Nación. También integró el consejo de juristas que asesoró a Alberto Fernández para la reforma judicial. En el tribunal, también tiene un cargo el exviceministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Santiago Otamendi.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto en la presentación a despacho no se encuentra previsto en la normativa del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación.

El concurso de Correo se tramita en la Justicia comercial, que pertenece al Poder Judicial de la Nación. La fiscal depende del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación. Ninguno de esos órganos pertenece al ámbito de la Justicia porteña. 

Socma es la principal accionista de Correo y comenzó a tomar un rol activo en el caso en 2020, tras la salida de Macri de la Casa Rosada.  Correo está en proceso de salvataje pero si fracasa podría llevar a la quiebra a las principales empresas del grupo: Socma y Sideco. El concurso de acreedores ya suma 19 años.

La empresa de la familia del expresidente había recusado ante la Cámara Comercial a la fiscal Boquin por supuesta “parcialidad”, tras sus declaraciones en una comisión bicameral.

La recusación

En su recusación, Socma reprochó que la fiscal general hubiera declarado en agosto último ante la comisión bicameral de Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público sobre el presunto disciplinamiento a favor de los Macri que habría intentado ejercer la Procuración General de la Nación en su desempeño en el caso Correo. El jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal, niega presiones a Boquin. 

La fiscal impulsa una investigación por supuesto vaciamiento de Correo por parte de los administradores de la familia Macri; y en 2017 frenó el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y la compañía que implicaba una quita del 98,87% de la deuda de capital e intereses proyectados con el Estado nacional. 

En diciembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, miembros de la Sala B de la Cámara Comercial que interviene en el caso, rechazaron la presentación de Socma por “inadmisible”. Primero, porque se realizó “fuera de tiempo” con respecto a los tiempos que plantea el propio Código Procesal Civil y Comercial para realizar recusaciones con causa. Segundo, porque los miembros del Ministerio Público Fiscal, como la fiscal Boquin, “no se encuentran entre los sujetos pasibles” de recusación en el fuero civil y comercial. 

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El juzgado federal de Ariel Lijo tiene en su poder un informe oficial que concluye que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su familia Correo Argentino SA fue “abusivo” para el Estado -como habían sostenido los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita-, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al caso. El magistrado pondrá a disposición de las defensas los resultados del estudio y los imputados deberán contrarrestar las conclusiones que los dejaron más comprometidos en el expediente, informó otra fuente directa del expediente, que ratificó el resultado.

El informe fue ordenado por la Cámara Federal porteña, llevó un año de elaboración y fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), también conocida como la “oficina de escuchas” de la Corte Suprema. El organismo también asiste técnicamente en aspectos contables al Poder Judicial. Fue presentado ante el juez Lijo a mediados de diciembre, aunque su finalización trascendió recién en los últimos días, como adelantaron Télam y Página/12.

elDiarioAR pudo acceder a algunos de los ejes centrales del informe, a través de una fuente judicial con acceso directo al material. La DAJuDeCO realizó un análisis del acuerdo firmado por el Ejecutivo en junio de 2016, a seis meses de la asunción de Macri en la Casa Rosada. El exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien ya fue indagado, dijo a este medio que no hará declaraciones por el momento, pero afirmó que el caso gira en torno a lo que considera un abstracto, ya que el acuerdo -si bien se firmó- nunca entró en vigor porque fue frenado por la fiscal general Gabriela Boquin. Por eso, sostiene, no podría haber existido abuso. Otras defensas también esperan acceder primero al contenido del informe para hacer declaraciones.

Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas.

El informe incluye un análisis por escrito con distintos escenarios que podrían haberse acordado entre el Ejecutivo y Correo en 2016 para evaluar las alternativas que los funcionarios podrían haber elegido. El juzgado ya tiene acceso incluso a un simulador virtual que permite ingresar distintas variables de la negociación y ver estos escenarios posibles. También dispone de una serie de anexos con la documentación contable que se extrajo del expediente comercial.  

El simulador permite evaluar cómo hubiese variado el acuerdo según las distintas alternativas que se plantearon en la negociación y que se tomaron de la documentación del expediente que tramita en la Justicia comercial. Por ejemplo, se evaluó si la aplicación de distintos planes de pago que se discutieron en el caso hubiesen sido más o menos beneficioso para el Estado; los distintos tipos de tasas de interés (activa o pasiva, por ejemplo); cantidad de cuotas; quitas de deuda; y fecha desde la cual se empieza a calcular la deuda. “En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado”, informó la fuente consultada. Una conclusión preliminar, entonces, es que el Ejecutivo nunca debería haber accedido a negociar.

Sobre el acuerdo que finalmente se firmó en junio de 2016, la conclusión del informe de la DAJuDeCO “se aproxima a las conclusiones de la fiscal Gabriela Boquin” del fuero comercial, que en diciembre de 2016 frenó la homologación de dicho acuerdo, sostuvo la fuente con acceso directo al documento. Sus conclusiones fueron ratificadas más tarde por el fiscal del caso penal que tramita en el juzgado de Lijo, Gerardo Pollicita. “Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas”, agregó la fuente.

En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado.

La defensa de los ejecutivos de Correo que fueron indagados por el juez sostuvo en el expediente que “la quita (de la deuda acordada con el Gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %”, como sostiene la acusación de los fiscales.

Tanto los exfuncionarios investigados como la compañía niegan haber intentado perjudicar a la administración pública, según vienen sosteniendo en el expediente. Al no tratarse de un peritaje en el que podrían haber participado las partes (y que se hubiese extendido más en el tiempo), ahora el juzgado deberá dar la oportunidad a los involucrados para presentar escritos y documentación que consideren necesaria para su defensa.

Antecedentes

La deuda original de Correo con el Estado era por 300 millones de pesos/dólares (2001), por el canon adeudado, ya que la empresa debía pagar al Estado por la explotación del servicio postal. A su vez, la empresa reclama desde 2016 en sede judicial supuestas deudas millonarias del Estado por prestación de servicios adeudados y por la estatización de 2003.

La fiscal había planteado que el acuerdo era “abusivo” en base a otro informe oficial, realizado en 2017 por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Aquel análisis estableció que el acuerdo implicaba una quita del 98,87% de la deuda, equivalente a más de 4.000 millones de pesos, a 2017. 

Lijo investiga la presunta responsabilidad penal del expresidente Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En el expediente, Macri fue imputado formalmente en 2017 por el entonces fiscal del caso, Juan Pedro Zoni. El exmandatario siempre negó las acusaciones y su participación en el acuerdo.

La quita (de la deuda acordada con el gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %.

Por este caso, ya fueron indagados en marzo de 2019, el exministro de Defensa Aguad, por su rol en la cartera de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. En base a este informe de la DAJuDeCo, el juez debe decidir sobre la situación procesal de los cuatro indagados, explicó una fuente judicial que interviene directamente en el expediente.

Correo es una empresa residual sin actividad comercial, que enfrenta un concurso de acreedores desde hace más de 19 años. Tuvo la explotación del servicio postal durante los años 90. La empresa atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía y la posible extensión de la quiebra al grupo económico que controló y controla a Correo: Sideco y Socma, principales empresas de la familia Macri. 

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A más de un año de su salida del poder, las causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri y sus exfuncionarios han tenido escasos avances en los tribunales federales de Comodoro Py, con fallos favorables en la Cámara Federal porteña, peritajes demorados que dilatan el avance de algunos expedientes y acusaciones que llegan sólo hasta sus exministros. Aún así, el exmandatario y su familia sumaron abogados, promovieron querellas y monitorean a través de sus letrados los expedientes que consideran más importantes, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes con intervención en las causas, documentos y hombres de su confianza. 

A pesar de la feria judicial de enero, uno de los principales frentes que ocupan a los defensores de Macri giran en torno al caso Correo Argentino SA y la posible extensión de la quiebra hacia Socma y Sideco, principales empresas del grupo familiar, y la eventual inhibición y embargos a sus hijos como consecuencia de la quiebra. El caso Correo se divide en distintos fueros: el comercial, el penal y el contencioso administrativo federal.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

Sus abogados también siguen especialmente una causa penal de la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños de Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, a partir de 2016. Según la denuncia, la negativa habría dado lugar a las denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. Además, el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, se sumó a la querella iniciada por el exsecretario de Macri Darío Nieto por el secuestro y peritaje del teléfono de éste en la causa por supuesto espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

Algunos de los hombres que asesoran a Macri denuncian que revivió la alianza entre el kirchnerismo y operadores judiciales de los supuestamente desarticulados servicios de Inteligencia, quebrada a partir de 2013. En la sospecha sobrevuela, aún, la capacidad de influencia de la vieja escudería del exjefe de los espías Jaime Stiuso, en cuyo entorno dicen que está retirado. Aquella supuesta articulación de Stiuso con los tribunales de Comodoro Py dio lugar a un choque frontal en los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los años de Macri en la Casa Rosada, el propio exjefe operativo de la central de Inteligencia declaró en tribunales sobre la exmandataria, el pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El teléfono y Cristóbal López

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes, explicó una fuente con acceso directo al expediente. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes, y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. La jueza se lo encargó a la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que depende del Poder Judicial.

“El análisis significaba 1.340 días de cruces de llamados y ubicaciones, es decir, casi todo su Gobierno”, dijeron muy cerca del exmandatario a este medio. Eso le permitiría a la jueza acceder a información sensible no sólo para su causa sino para el resto de los expedientes que Macri tiene pendientes, añadió la fuente consultada.

La medida fue apelada por la defensa del expresidente, que encabeza Lanusse, y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó a Servini circunscribir el entrecruzamiento de llamados. La jueza lo redujo a unos dos años, aspecto también objetado por la defensa de Macri. La Cámara Federal de Casación deberá volver a evaluar la medida, ante un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su Gobierno orquestaron, a través de una “mesa judicial”, el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

Ante la consulta de este medio sobre si Macri utilizó como presidente un teléfono encriptado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigía su amigo Gustavo Arribas, un hombre muy cercano al expresidente respondió: “Tenía el teléfono asignado por la AFI, pero entiendo que nunca lo usó, siempre utiliza la misma línea desde hace años. Varios exfuncionarios tenían esos móviles, pero nunca quisieron usarlos porque provenían de la AFI y no se podía configurar la geolocalización, así que los dejaron guardados en un cajón”.

Correo, el patrimonio y los hijos 

En el juzgado federal de Ariel Lijo, Macri tiene una imputación formal realizada en 2017 por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde desplazado de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal). Zoni había solicitado que se investigara al entonces presidente, algunos de sus funcionarios y los representantes del grupo Macri por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en relación al preacuerdo entre el Ejecutivo de Macri y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de su familia. Con Macri a cargo de la Presidencia, el ministerio de Comunicaciones aceptó en junio de 2016 (con acuerdo de la Justicia comercial) la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada en el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). Así lo establecieron la fiscal Gabriela Boquin —quien logró bloquear el pacto— y su par federal en lo criminal Gerardo Pollicita. Este caso le valió la primera citación a indagatoria de un ministro de Macri, el radical Oscar Aguad, por presunta corrupción. Aguad siempre ha negado la acusación.

A casi cinco años de la apertura del expediente penal, “la investigación aún está bastante lejos de llegar a Macri”, confió una fuente judicial con acceso directo a la causa. Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo fueron indagados en marzo de 2019. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales y para hacerlo aguarda los resultados de un informe contable que ordenó a fines de 2019 (a instancias de la Cámara Federal) para establecer el presunto perjuicio contra el Estado.

El concurso de acreedores de Correo cumplió 19 años el 9 de octubre último. La empresa residual, sin ninguna actividad, atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía. ElDiarioAR corroboró con fuentes del entorno de Macri que los últimos abogados incorporados al caso comercial ya evalúan su estrategia frente a la posible extensión de la quiebra de Correo hacia su principal accionista, Socma, y su anterior principal accionista, Sideco, empresas centrales del grupo Macri. Es un escenario que dan por descontado. Sería el peor panorama para la familia del expresidente y podría significar la eventual inhibición y embargos a sus hijos, quienes son titulares de las acciones que Macri tenía en Socma y de las cuales dijo haberse desprendido al asumir como presidente. 

El 22 de octubre, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir un expediente penal contra quienes intervienen en el caso Correo en el fuero comercial. Había sido iniciado por Socma contra la jueza Marta Cirulli; la fiscal Boquin; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus medidas en el expediente. La causa había sido archivada por el juez Sebastián Casanello (a pedido del fiscal Carlos Rivolo) por inexistencia de delito, al considerar que las decisiones tomadas por los cuatro denunciados forman parte de sus funciones en el concurso de acreedores de Correo, según el expediente. La decisión de la Cámara obligó a reabrir la causa, como pretendía Socma. Los letrados también intentaron desplazar a la jueza y, en numerosas oportunidades, a la fiscal del caso, aún sin éxito.

En otro expediente, iniciado por una denuncia del director del Banco Nación Claudio Lozano a la que se sumó la Unidad de Información Financiera por los préstamos otorgados durante la gestión macrista a la agroexportadora Vicentin, el abogado Lanusse logró que la Cámara Federal porteña rechazara una medida cautelar con un pedido de inhibición general de los bienes de Macri. En noviembre de 2019, el Banco Nación prorrogó préstamos a Vicentin por US$100 millones que formaban parte de US$300 millones asignados por la entidad estatal a la firma agroexportadora, una de las principales aportantes a las campañas proselitistas de Macri. Poco después de la última tanda de préstamos, Vicentin entró en cesación de pagos.

No más allá de Dietrich

En algunas causas contra Fernández de Kirchner, la vicepresidenta quedó procesada como responsable política de las decisiones formalizadas por sus exfuncionarios, como en el caso Dólar Futuro, y también por los vínculos directos con algunos de los privados favorecidos por sus hombres en el gabinete. Por ejemplo, en en el juicio oral y público por el caso Vialidad, se la juzga por los 51 contratos adjudicados al empresario Lázaro Báez, entonces socio de los Kirchner.

Sin embargo, esa lógica de algunos jueces y fiscales no se replica en las causas contra miembros del gabinete macrista: las investigaciones, hasta el momento, no alcanzan a tener imputado ni indagado a Macri aunque se cuestione el accionar de ministros y funcionarios de su administración en casos como Parque Eólicos, Paseo del Bajo y Autopistas, en las que se investigan supuestos beneficios millonarios que su gobierno le habría garantizado a empresas de su familia o a un exsocio comercial del holding empresarial.

Además de ser consultado por los casos relacionados con Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano también monitorea la situación del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado por el caso de las Autopistas y la causa del Paseo del Bajo. Dietrich siempre ha negado haber beneficiado a las empresas de la familia de Macri o haber cometido irregularidades en las concesiones, negociaciones y licitaciones.

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

En diciembre de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagatoria previa a Dietrich y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

La fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron la decisión de Bonadio y aguardan resolución de la Cámara Federal porteña. Los puntos clave del caso apuntan a la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa y las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. 

El caso Autopistas se centra en la decisión del gobierno de Macri de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas (accesos norte y oeste) con la compañía española Abertis y sus socias, y reconocerles supuestas deudas millonarias del Estado. Al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol (acceso oeste). 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

El julio último, horas antes de dejar su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó los cuatro procesamientos a la espera de la obtención de prueba documental a la que los imputados no tuvieron acceso durante sus indagatorias. Los cuatro negaron las acusaciones.

Canicoba también buscaba saber qué tan buen negocio hizo Sideco al vender sus acciones tras el aumento de peajes autorizado por el gobierno de Cambiemos; y a qué precio se vendieron las acciones de Sideco en Ausol, según una fuente con acceso directo al expediente.

En la causa por los parque eólicos, Macri tampoco es investigado hasta ahora, afirmó una fuente judicial del caso. Durante 2016, Sideco gestó una estrategia para entrar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil a partir de enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi comenzó una investigación que llega hasta el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en al menos un descargo escrito ante el juez.

Pero por el momento, en la causa de espionaje no hay indicios para llegar a Macri.

El juzgado analiza antecedentes y documentación oficial, y busca determinar si las empresas que manejaba el grupo Macri participaron en igualdad de condiciones que otras compañías, según explicó una fuente judicial del caso. 

En el libro Hermano, de Santiago O’Donnell, publicado el año pasado, Mariano Macri, hermano del expresidente, afirmó: “Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, dijo. Tras la publicación del libro, una fuente cercana a la familia lo contradijo y sostuvo: “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregaron.

Espionaje, Arribas y Majdalani

“El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri”, aseguró uno de los investigadores de la causa que tramite en los juzgados federales de Lomas de Zamora, uno de los pocos expedientes que ha traído contratiempos para el expresidente durante 2020. “Pero por el momento, en la causa no hay indicios para llegar a Macri”, dijo una fuente judicial que participa de la investigación.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majadalani están procesados en este expediente por los presuntos delitos de violación de la Ley Nacional de Inteligencia y falsedad ideológica por el presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, y por haber supuestamente presentado informes falsos o basados en información falsa ante la Justicia y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso para justificar esos seguimientos.

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide también pidieron sus procesamientos por el supuesto espionaje ilegal a dirigentes opositores y oficialistas, y por el presunto seguimiento ilegal a exfuncionarios kirchnerista detenidos por causas de corrupción en cárceles federales. Tanto Arribas como Majdalani sostuvieron ante la Justicia que nunca ordenaron tareas de inteligencia ilegal en ningún ámbito.

El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri.

Entre las tareas de supuesto espionaje ilegal, los fiscales identificaron que la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, el empresario Salvatore Pica, fueron blanco de las vigilancias de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, así como miembros relevantes del PRO aunque no del círculo más íntimo de Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Además, en el juzgado federal de Dolores, Arribas y Majdalani tienen otro procesamiento por supuestas “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” en la provincia de Buenos Aires.

El secretario Nieto

En el mismo expediente de Lomas, los fiscales solicitaron al juez Juan Pablo Auge que dicte la falta de mérito de Nieto. “Por el momento, entendemos que no existen elementos de prueba suficientes como para decretar el procesamiento o sobreseer” al colaborador del expresidente por su supuesta participación en la entrega de informes de inteligencia ilegal a Macri, determinaron los fiscales en su último escrito.

Mientras Lomas avanza sobre la excúpula de la AFI, Macri y su secretario privado son querellantes en los tribunales federales de Retiro por la supuesta adulteración del contenido del celular secuestrado a Nieto en el marco de la causa de supuesto espionaje. “Allí se probó en el peritaje informático sobre ese celular que 48 horas después de su secuestro, realizado en Capital Federal, y mientras estaba bajo custodia de fuerzas federales en dependencias físicas en la Ciudad, fue alterado el contenido creándose un evento en la aplicación WhatsApp”, dijo una de las partes ante la consulta. El “evento” sería un contacto entre el celular de Nieto y el de Majdalani.

Macri también inició una querella por “la extracción de datos (del celular de Nieto que son) ajenos al objeto procesal” de la causa de Lomas, en referencia a menciones al préstamo para la empresa Vicentin, y por la “extracción ilegal de datos personales (de Macri), sensibles y alcanzados por el secreto fiscal”, como información sobre sus tarjetas de crédito y su clave fiscal ante la AFIP. “Macri no está formalmente imputado en Lomas de Zamora y nada justificaba la extracción forense de esa información y su agregado a la causa”, dijo una fuente cercana al exmandatario.

Viejos asuntos 

Las complicaciones procesales para Macri quedaron muy atrás en el tiempo, por ahora. Su último procesamiento fue en mayo de 2010, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el entonces juez Norberto Oyarbide lo consideró partícipe de las “escuchas ilegales” a su cuñado Néstor Leonardo, entre otros. Más de cinco años después, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó Macri en el caso, a días del traspaso presidencial, en diciembre de 2015, por considerar que no había pruebas en el expediente para sostener la acusación.

Con anterioridad, Macri había estado procesado por presunto contrabando cuando todavía era presidente de Boca Juniors, en febrero de 2001, por hechos de 1993, cuando ejercía como ejecutivo de Sevel, una empresa de su familia. La acusación del entonces juez Carlos Liporace apuntaba a supuestos delitos en el cobro de reintegros por exportaciones de vehículos. La Corte Suprema modelada por Carlos Menem lo absolvió más tarde.

ED