El Supremo Tribunal Federal aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. La máxima corte brasileña consideró que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un “error histórico” el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez supremo Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones formaron parte de artilugios ilegales de “tortura psicológica” que tuvieron como objetivo obtener pruebas falsas contra inocentes. A su vez, calificó como “algo armado” la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de las delaciones premiadas a Odebrecht, firmadas en el marco de Lava Jato en 2017, ahora deberán volver a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un debido proceso y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra presos políticos.

El magistrado aseguró que los agentes públicos “se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes”, y que además actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

De esta manera, invalidó elementos de prueba contenidos en los “sistemas de sobornos” presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal brasileño y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado en el ámbito de Lava Jato en mayo de 2017, por el entonces juez Moro. La empresa se comprometía a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación. Posteriormente, la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen y en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indicó que la detención de Lula en 2018 puede haber sido “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”. Da Silva fue preso en abril de ese año, acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Salió de la cárcel tras 580 días en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

En 2021, la corte anuló las sentencias contra el presidente brasileño al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política, permitiendo la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año. Moro terminó siendo su ministro de Justicia, y hoy es senador opositor.

De esa manera, Lula recuperó sus derechos políticos y logró presentarse como candidato a las elecciones de 2022, donde ganó con 60 millones de votos y por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”, sentenció Toffoli en una fragmento de su decisión.

El juez supremo también indicó que la detención de Lula “fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones, que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal”.

El fallo de este miércoles fue rechazado por Moro, quien declaró: “La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras”.

“Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia”, agregó Moro.

Por otra parte, el ministro de Justicia Flávio Dino celebró la decisión judicial que deja atrás “un página oscura” de la historia del país sudamericano: “La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”.

“Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, añadió.

LC con información de agencia Télam

El ex presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue condenado, este miércoles, por la Corte Suprema a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

De acuerdo al fallo, entre 2010 y 2014, el ex mandatario de 73 años recibió 20 millones de reales ─el equivalente a 4 millones de dólares al cambio actual─ cuando era senador para que viabilizara irregularmente contratos entre una constructora y una exfilial de la empresa estatal Petrobras.

Collor de Mello fue declarado culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero el pasado jueves y, este miércoles, dictó su sentencia. De acuerdo con el juez relator del caso, Edson Fachin, los hechos comprobados en el proceso “retratan el nefasto uso indebido de funciones públicas para promoción personal y patrimonial”.

“El entonces senador se valió de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio de (la filial de Petrobras) BR Distribuidora y crear facilidades para el establecimiento de contratos”, argumentó, según la información disponible en el sitio oficial del tribunal.

¿Quién es Collor de Mello?

Fernando Collor de Mello fue el primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar. En 1992, renunció a la presidencia, antes de que se consumara el proceso de impeachment o juicio político que había abierto el Congreso tras denuncias de desvíos de fondos y corrupción.

También estuvo acusado de recibir sobornos a cambio de facilitar contratos con empresas de publicidad durante su gobierno, pero fue absuelto por falta de pruebas.

A pesar de las denuncias, volvió a involucrarse en política en 2006, cuando fue electo senador por Alagoas, estado del noreste brasileño. Actualmente, integra el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de centro-derecha.

ACM con información de Télam

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en la cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

La amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: “Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones”. Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7.700 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo. 

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de noviembre de 2022 a las 20:32. Donde decía que Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares debía decir por 7.700 millones de dólares.

ED

Ante la detención decretada por Moro,

Lula decide no entregarse a la Policía Federal:

«Que vengan y me arresten».

El ambiente era el de un soñoliento final de jornada como cual- quier otro. Faltaban unos minutos para las seis de la tarde del jueves 5 de abril de 2018 y en las oficinas separadas por tabiques del Instituto Lula los empleados cerraban cajones y apagaban las computadoras. En una pequeña sala de reuniones tomaban café y conversaban a puertas cerradas la expresidenta Dilma Rousseff, el senador Ciro Gomes, del PDT de Ceará, y la senadora de Paraná Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores. Valeska Teixeira y Cristiano Zanin, los abogados de Lula, sa- ludaron a las pocas personas que todavía estaban allí y se fueron. Delgado, alto, elegante y con aire de monaguillo de iglesia, Za- nin les aseguró tranquilamente a los periodistas de guardia en la acera que, si se cumplía la ley, no habría riesgo de un arresto in- mediato de Lula: «Incluso en la lógica perversa de la prisión preventiva después de la segunda instancia, prevalecerá la decisión del propio Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que asegura que la detención solo se producirá después de agotados los recursos en esa instancia, y eso aún no ha sucedido».

Dentro del instituto no había tensión, sino un sombrío am- biente de expectativa. Se temía que la decisión de la Corte Su- prema en esa madrugada —que negaba por 6 a 5 (con el voto de desempate de la ministra Rosa Weber) uno más de los varios pe- didos de habeas corpus presentados por la defensa del expresiden- te, con la intención de evitar su detención antes de ser agotadas todas las posibilidades de recurso— abriera las puertas a la peor de las situaciones, el temido resultado: la orden de arresto de Lula por parte del juez Sergio Moro, del Tribunal Federal de la ciudad de Curitiba, capital de Paraná.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, todos allí sa- bían que, después de la decisión de la Corte Suprema, el arres- to podía ser dictado en cualquier momento. La sensación gene- ral, sin embargo, era de que nada justificaba que aquello sucediera de inmediato. Lo que se esperaba en ese pequeño edificio de dos plantas, sótanos y anexos en las inmediaciones del Museo de Ipi- ranga, zona sur de San Pablo, era que Moro solo diera la orden a principios de la semana siguiente. Pero no era una opinión uná- nime. Una de las voces disidentes era la del senador Lindbergh Farias (PT-Río de Janeiro), recién llegado de una reunión con el penalista Celso Vilardi, profesor de derecho de la Fundación Ge- túlio Vargas, cuya opinión difería de la de casi todos los demás en el instituto. Según Vilardi, comentó el senador, el arresto era in- minente y podía producirse en cualquier momento.

Lula no estaba de acuerdo. Seguro de que iba a pasar el fin de semana en libertad, salió de su oficina en el segundo piso, bajó la escalera caracol hasta un pequeño salón con dos sofás y paredes de vidrio esmerilado y le pidió a su joven asesor, el científico so- cial Marco Aurélio Santana Ribeiro, «Marcola», que lo pusiera en contacto con Moisés Selerges. Descendiente de alemanes, el cor- pulento Selerges, siempre con la cabeza rasurada con navaja y camisas con coloridos estampados hawaianos, tenía 52 años, trein- ta y cinco de los cuales los había pasado trabajando como pintor de chasis de camiones en la planta de Mercedes-Benz. Era líder del Sindicato de Metalúrgicos del ABCD2 y muy cercano a Lula. Sentado de espaldas a la puerta principal del instituto, Lula dijo, en la rápida conversación telefónica con su amigo, que es- peraba ser arrestado la semana siguiente, y le pidió a Moisés que organizara un asado «medio secreto» para un grupo reducido de amigos el sábado por la mañana, en el sindicato, para rela- jarse «con unas costillas y un poco de cachaza». Mientras espe- raba que terminara la llamada para recuperar su celular, Marco- la se sorprendió al ver ingresar por la puerta principal, pálidos, a los abogados Valeska y Zanin. Un paso adelante de su esposo, ella mostraba la pantalla de su celular con el titular del sitio web UOL3 que se iba a conocer en todo el planeta en pocos momen- tos: «Moro dicta la detención de Lula». Acostumbrada a una jus- ticia notoriamente lenta, la pareja de abogados no calculó que los jueces del Tribunal Federal Regional de la 4.9 Región, conocida como TRF4, de Porto Alegre, podría actuar en tiempo récord y, esa misma tarde, acelerar el proceso para que Moro ordenara la detención. En los últimos tres párrafos de la sentencia, publica- da en Internet, el magistrado transformaba en «concesiones» loque, por ley, eran los derechos del demandado: 

–En cuanto al condenado y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en consideración a la dignidad del cargo que ocupó, la posibilidad de presentarse voluntariamen- te a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 horas del 06/04/2018, cuando debe cumplirse la orden de arresto.

–Queda prohibido el uso de esposas bajo cualquier circunstancia.

–Los detalles de la presentación deben ser arreglados por la Defensa directamente con el Comisario de la Policía Fede- ral Mauricio Valeixo, también superintendente de la Policía Federal en Paraná.

–Cabe aclarar que, en razón de la dignidad del cargo ocu- pado, se ha preparado previamente una sala reservada, una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superinten- dencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, y en la que el expresidente permanecerá separa- do de los otros reclusos, sin riesgo alguno para su integri- dad moral o física.

Sergio Fernando Moro Curitiba, 5/4/2018, a las 17:50:10.

La orden de detención de Lula iba a consagrar a Moro como líder de un terremoto político que se inició cuatro años antes, y que tuvo como epicentro la denominada Operación «Lava Jato», encabezada por él. Convertido en superhombre y héroe nacional con la ayuda de una increíble máquina de propagan- da, el hasta entonces juez provincial de Paraná Sergio Fernan- do Moro, de 45 años, voz chillona, presumía de haber liderado una guerra contra la corrupción sin precedentes en la historia del país. Y, a la luz de los focos de los canales de televisión en horarios de máxima audiencia o en las portadas de los semanarios, decía haber condenado a siglos de prisión a la cabeza del Lava Jato, a casi un centenar de políticos, dueños de empresas contratistas, directores y presidentes de gigantescos organis- mos estatales, banqueros, empresarios, publicistas, cambistas y hasta ciudadanos comunes anónimos, alcanzados por las balas perdidas de la operación. Asiduo asistente a debates con em- presarios, abogados y policías, con audiencias de todos los con- tinentes, el joven magistrado se ufanaba con el anuncio de ha- ber dictado más de mil órdenes de allanamiento y recuperación, medida que permitió devolver a las arcas públicas «más de 4 bi- llones de reales pagados en sobornos».

El ensañamiento de Moro y los suyos en la Fiscalía no se de- tenía allí. Con base en la legislación originariamente creada para facilitar el esclarecimiento de crímenes atroces, como el secues- tro y la violación, la llamada «colaboración premiada»5 permitió que la Operación Lava Jato construyera una monstruosidad adi- cional: la banalización de la traición. A lo largo de la vida, mu- chas generaciones han aprendido que nadie es más sórdido e in- fame que el soplón, el chivato, el buchón, el delator, algo que solo tendría lugar en un tratado general de las bajezas. El senti- do común sobre lo repugnante de la delación sería expuesto por el contratista Marcelo Odebrecht, frente a las cámaras de televi- sión, en 2015, durante una de sus primeras apariciones públicas tras el inicio del Lava Jato: «En mi legado, creo que hay valores, incluso morales, de los que nunca me apartaré. […] Cuando, en casa, mis hijas discutían y peleaban, yo decía: “Mira, ¿quién hizo eso?”. […] Y me enojaba más con la que delataba…».

El código moral privado del hombre de negocios implicado podía ser sólido, pero no eterno. Él mismo terminaría inclinándo- se ante lo que los presos del Lava Jato apodaban el «palo de ter- ciopelo para el guacamayo», una referencia jocosa al instrumento de tortura empleado con los presos políticos durante la dictadura militar: o el prisionero revela lo que las autoridades quieren escu- char o pagan por ello. En la dictadura, hasta se podía pagar con la vida. En el Lava Jato, con la amenaza de ser encarcelado por tiem- po indeterminado. No todos, sin embargo, se doblegaron ante la violencia. Esto sucedió no solo entre militantes del PT, como el bancario João Vaccari Neto, tesorero del partido, que pasó dos años en prisión sin abrir la boca, a pesar de que miembros de su familia fueron perseguidos. Uno de los líderes del más alto nivel de Odebrecht mantuvo un breve diálogo con el autor de este li- bro, con la condición de no mencionar su nombre:

—¿Por qué pasó tanto tiempo en prisión? ¿De qué crimen se lo acusaba?

—De ningún delito. Permanecí preso porque no tenía nada que declarar contra Lula. Cuando se enteraron de que yo realmente no sabía nada que pudiera incriminar al expre- sidente, abrieron la celda y me dijeron: «Puede volver a su casa».

Según los estándares de la reposada burocracia judicial bra- sileña, las decisiones que precedieron al arresto de Lula fueron tomadas con asombrosa celeridad, lo que hacía sospechar que habían sido previamente acordadas entre las tres instancias ju- diciales. Gracias a la exactitud del registro electrónico de votos y despachos, se sabe que el reloj de la Corte Suprema marcaba las 00:48 de la mañana cuando la Corte negó el habeas corpus a Lula por 6 votos contra 5. Horas después, al amanecer, la decisión de Brasilia se materializó en las computadoras del Tribunal Federal Regional 4, en Porto Alegre. El mismo día, a las 17:32 horas con veinte segundos, la funcionaria Lisélia Czarnobay, secretaria del tribunal de Río Grande del Sur, envió al 13° Tribunal Federal de Justicia, en Curitiba, la autorización para el arresto. A las 17:50 con diez segundos, el titular del Juzgado, juez Sergio Moro, dictó el arresto de Lula. Por lo tanto, desde el momento en que el do- cumento llegó a Curitiba —contrariando la regla imperante en Brasil, según la cual los procesos tienden a dormir durante me- ses, o incluso años, en los cajones de los tribunales—, Moro ba- tió un récord digno del libro Guinness al demorar unos escasos diecisiete minutos y cincuenta segundos entre la recepción de la autorización y la orden de arresto a Lula.

Sorprendido por lo revelado por Zanin, el grupo —integrado, entre otros, por el presidente del instituto, Paulo Okamotto, Pau- lo André, asistente de Lula, la exdiputada Clara Ant, el exminis- tro Paulo Vannuchi y el diputado Vicentinho (PT-San Pablo)— deliberó, sin siquiera sentarse, en el pasillo, sobre la iniciativa a tomar. Marcola salió solo al pequeño patio exterior, decorado con muebles de plástico duro, y llamó a Selerges para transmitirle las noticias y cambiar los planes. Al otro lado de la línea, el metalúr- gico no dudó: «Trae a Lula aquí inmediatamente. El único lugar en el que él estará a salvo es el sindicato. Nada de permanecer en el instituto, ni de irse a su casa. Tráelo al sindicato».

Marcola regresó y transmitió el mensaje al capitán de reserva del Ejército Valmir Moraes, jefe del equipo de seguridad personal de Lula, integrado por ocho soldados también de la reserva, es- colta a la que los expresidentes brasileños tienen derecho por ley. Después de un breve y nervioso intercambio de ideas, se decidió que todos irían a San Bernardo del Campo, excepto Cid Gomes, cuyo vuelo de regreso a Fortaleza estaba programado para una hora más tarde. El rápido viaje del senador de Ceará a San Pablo había resultado infructuoso. Había tratado de convencer a Dil- ma para competir por una banca en el Senado por Ceará, donde las encuestas le daban a la expresidenta el 70% de las preferencias del electorado. Su decisión tenía que ser inmediata, ya que el plazo legal para el cambio de domicilio iba a vencer en dos días. La expresidenta rechazó cortésmente la tentadora invitación. Dilma ya había decidido postularse como candidata por Minas Gerais, su estado natal, donde, seis meses después, iba a sufrir un increí- ble cuarto puesto, detrás de tres desconocidos ajenos a la política. Sin haber decidido todavía cómo reaccionar ante la noticia que había llegado de Curitiba, Lula se tiraba de las puntas del bi- gote con los dedos, como de costumbre, mientras escuchaba las opiniones de los presentes. Moraes se le acercó y le habló bajito, casi al oído: «Presidente, la calle es un infierno. Vámonos. No es seguro permanecer aquí. Tenemos que irnos antes de que se produzca alguna provocación, algún incidente».

Fuera del instituto, el clima de guerra parecía una muestra de lo que vendría en las siguientes 48 horas. Junto con media docena de periodistas que solían esperar en la acera y unos cuantos curio- sos, se amontonaban en la estrecha y empinada calle Pouso Ale- gre reporteros de periódicos, de redes, de blogs, y de las transmi- siones en vivo de la radio y la televisión. Entre ellos, un enjambre de motociclistas que llevaban a camarógrafos en el asiento trase- ro a la espera de una imagen del expresidente. Había camarógra- fos y fotógrafos en las aceras, en las motos, subidos a los techos de las camionetas y en el aire, a bordo de los helicópteros de las redes de televisión Globo, Bandeirantes y Record, todos con sus lentes apuntando a la puerta del garaje subterráneo del instituto, por donde se suponía que iba a salir Lula.

 Atraídos por las noticias de Internet, la radio y la televisión, muchos que se oponían a la prisión y otros a favor de ella se amontonaban frente al instituto bloqueando el tráfico y provo- cando una sinfonía de bocinas que invadía la tranquilidad de los pacientes del Hospital San Camilo, en la vereda de enfren- te. Cuando el convoy de Lula se fue —no por el garaje principal, donde la turba lo esperaba, sino por otro lado, por la calle Gonça- lo Pedrosa, a 100 metros de la entrada al edificio—, el incidente que el capitán Moraes temía terminó sucediendo.

«¡Este arresto es arbitrario, absurdo, es un preso político! —gritaba Boulos por teléfono—. Todos tienen que ir a San Ber- nardo y asegurar la resistencia democrática. ¡No vamos a permi- tir pasivamente este absurdo!». Sometida a votación, la propues- ta fue aprobada por aclamación.

Minutos más tarde, una masa humana entorpeció aún más el tránsito caótico de la autopista Anchieta, rumbo al sindicato transformado en un búnker donde se encontraba el expresidente. En los terrenos ocupados quedaron solo los ancianos, las muje- res con bebés y los que tenían dificultades de movilidad. Cuando Boulos logró llegar al sindicato, ya había allí unas 5000 personas, entre activistas, trabajadores y militantes del PT, del MST y del MTST, agitando banderas rojas y gritando consignas:

 «¡No te entregues! ¡No te entregues!»

«¡Resistir! ¡Resistir! ¡No dejar que lo apresen!»

«¡Lula no sale! ¡La Federal no entra!»

AGB

Argentina se ha convertido en un lodazal para la constructora brasileña Odebrecht. Apenas mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires, no puede operar en el país y litiga contra el país por “discriminación” desde 2018 para poder volver a licitar obras. Odebrecht no termina de despedirse de Argentina y a seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país, también sostiene una demanda para cobrar una supuesta deuda de Nación Fideicomisos SA. Además, ningún miembro de la compañía -que protagonizó el mayor caso de corrupción en América latina- ha sido sometido a indagatorias ni juicios penales en los tribunales argentinos, según los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR para el especial #ElCostodelaCorrupción, junto al equipo de Investiga Lava Jato*, con la coordinación de Convoca.pe y periodistas de seis países de América latina. 

A su vez, de las tres causas judiciales que se abrieron tras las revelaciones de 2016 sobre coimas, en sólo uno de los expedientes penales se ha avanzado contra los empresarios que actuaron como socios locales de Odebrecht y en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la causa continúa en una especie de limbo judicial, sin definiciones sobre los 50 empresarios, ejecutivos, ex funcionarios y ex asesores indagados hace cuatro años. 

Argentina es el quinto país más sobornado por la empresa, según los ex ejecutivos que declararon ante las cortes de Brasil y Estados Unidos en 2016, hace seis años. Las coimas se pagaron por tres obras y durante el periodo 2007-2014, según surge del documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense en diciembre de ese año.

Soterramiento del Sarmiento 

El fiscal federal Franco Picardi se opuso recientemente a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El estudio fue pedido por la defensa del empresario Angelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros ejecutivos de la empresa Iecsa, de acuerdo con un dictamen al que accedió elDiarioAR. 

La realización de la pericia contable dilatará aún más las definiciones sobre los acusados, ya que el juzgado deberá aguardar los resultados del informe para evaluar las conclusiones.

Además de oponerse al peritaje, el fiscal solicitó al juez que defina la situación de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, planteó el fiscal al juez en un escrito fechado el 6 de septiembre último. 

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, afirmó Picardi, quien resaltó que “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

El juez, sin embargo, ordenó en septiembre la realización del peritaje y aguardará los resultados para tomar una decisión, sostuvo una fuente judicial. El magistrado busca que un equipo de ingenieros y contadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) analicen el estado de la obra y los puntos solicitados por la defensa, entre ellos si la documentación presentada por el consorcio empresario durante el proceso de licitación cumplió con las normas; los pagos realizados al consorcio de acuerdo al avance de obra; la oferta económica del consorcio por kilómetro de obra; entre otros.

El fiscal afirmó en su escrito que ese análisis ya había sido realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La obra y la causa

El soterramiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), integrado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a casi dos décadas del anuncio, nunca se terminó. 

En abril de 2019, el juez procesó a 26 de los acusados por dádivas, sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito. Los procesados fueron dos ejecutivos y exfuncionarios públicos, entre ellos, el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta. Las faltas de mérito fueron a favor de los empresarios y el resto de los ejecutivos, entre ellos a Angelo Calcaterra y a uno de sus socios, Lorenzo Ghella.

Las faltas de mérito implican que para el juez aún no hay certezas para procesar o sobreseer a los indagados por el supuesto delito de cohecho. A pesar de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, el juez determinó que no existían pruebas del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y sus socias locales. Por eso, los procesamientos a dos ejecutivos y a los exfuncionarios fueron por un delito menor: dádivas.

Tras la apelación del fiscal, en agosto de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones anuló lo que había resuelto el juez del caso, pero no ordenó procesamientos ni sobreseimientos. Devolvió el expediente al juzgado para que reevaluará la situación de todos los involucrados y los indagara por administración fraudulenta. Desde entonces, los 50 acusados permanecen en un limbo judicial. Ni procesados, ni sobreseídos, ni con falta de mérito. 

“El peritaje busca establecer el perjuicio del presunto delito de administración fraudulenta para que este caso prospere en el juicio oral”, dijo una fuente judicial ante la consulta de elDiarioAR.

Además, el juez espera una respuesta a un exhorto enviado en septiembre último a los Estados Unidos en busca de colaboración.

Los brasileños

Las socias locales de Odebrecht en la obra del soterramiento siempre han negado haber participado del pago de sobornos a los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, en sus explicaciones al juez han sostenido que nunca supieron del pago de coimas y que si existieron, no participaron.

Mientras tanto, el juez Martínez de Giorgi intenta desde 2018 indagar a ocho autoridades de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y siete ejecutivos brasileños que operaron en Argentina y para América latina entre los años investigados. 

Picardi logró un acuerdo de colaboración con los fiscales brasileños para ratificar las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que ordenaron los pagos ilegales en Argentina por esta obra, pero las defensas de los ex ejecutivos, confesores del pago de sobornos en Brasil y otros once países, vienen realizando planteos de nulidad contra la orden del juez argentino. Consideran que los acusados brasileños no pueden ser indagados por pruebas que ellos mismos aportaron como arrepentidos en su país.

El fiscal Picardi considera que están dadas las condiciones para procesar por sobornos a los implicados. Incorporó pruebas de supuestos pagos ilegales por US$5 millones a través una cuenta de una firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra. Los movimientos bancarios fueron aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2018.

Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación de AFIP. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa y uno de los indagados.

Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas justificados con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Esta misma compañía figura en investigaciones de otros países como una de las pantallas utilizadas por Odebrecht para simular contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos, como informó Perfil en 2018.

La pelea por los gasoductos

Un segundo expediente contra Odebrecht en Argentina es por el direccionamiento de los contratos de ampliación de los gasoductos realizados durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero sólo se enjuiciará a exfuncionarios por el delito de negociaciones incompatibles. Todos han negado los cargos. El juicio no tiene fecha de inicio, por el momento.

La investigación de la fiscalía de Federico Delgado probó que exfuncionarios del área de Energía redactaron contratos a medida de Odebrecht para que sólo esta compañía pudiera ganar las licitaciones. Sin embargo, ningún ejecutivo de Odebrecht ha declarado en la causa ni será enjuiciado.

Por este caso, la constructora brasileña y los exfuncionarios son objeto de una demanda iniciada por el Estado argentino en 2018 que busca resarcimiento por los daños causados por la corrupción -no se fijó monto-, pero el proceso quedó por el momento sin efecto a la espera de una condena firme en la vía penal, según los documentos consultados por elDiarioAR.

A su vez, en 2018, la empresa inició un litigio contra Argentina por el supuesto cobro adeudado de más de US$45 millones en la construcción de los gasoductos, pero la demanda fue frenada por el juez federal Daniel Rafecas, medida que ratificaron instancias superiores, incluidos la fiscalía y el tribunal de juicio. 

“Discriminación”

En julio de 2017, el gobierno de Macri vetó a Odebrecht como proveedora de obra pública en Argentina, al suspender a la compañía del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública. En junio de 2018, tras fracasar en la vía administrativa, Odebrecht demandó al Ministerio de Interior -entonces a cargo del registro- por discriminación y sostuvo que sus socias locales -quienes niegan el pago de coimas- no habían sido castigadas de la misma manera, según consta en el expediente, al que accedió elDiarioAR. 

Luego del caso de los cuadernos de la corrupción, que comenzó en agosto de 2018, los abogados de la constructora brasileña en Argentina incluso presentaron artículos periodísticos que informaban que empresarios y ejecutivos de otras constructoras proveedoras de obra pública habían admitido el pago de sobornos a los Kirchner en la causa de los cuadernos y aún así tampoco habían sido sancionadas con su exclusión del registro.

Odebrecht se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Los abogados del Estado respondieron en un escrito: “La  finalidad de la decisión -de suspender a Odebrecht del registro-  no es otra que  salvaguardar un verdadero  interés público, que es el de mantener indemne al Estado Nacional de la posibilidad  de licitar con contratistas que no posean la idoneidad moral que se requiere”.

“A la empresa no se le ha impuesto una sanción, sino que los elementos que ella  misma  aportó -para ser rehabilitada- fueron insuficientes a los efectos de proseguir el trámite pretendido”, dijeron los abogados del Estado en la contestación de la demanda ante el tribunal. 

“Mientras que la empresa dice que la comparativa de los balances presentados, en conjunto con el  acuerdo de lenidad (firmado con Brasil para la colaboración de los arrepentidos) son suficientes para demostrar que la misma posee idoneidad moral, la administración concluye en contrario sentido”, agregó el letrado.

Odebrecht había sostenido que desde 2016, el Ministerio de Justicia de Estados  Unidos y el Estado Suizo, así como el brasileño, hacen una auditoría permanente sobre las acciones de Odebrecht. “Pues bien, el Estado Argentino también lo hace -le respondieron los abogados estatales-, en este caso por medio de los actos administrativos que se pretendieron impugnar. Si los Estados mencionados por la actora toleran que mediante el pago de una multa se disponga la finalización de las  investigaciones relacionadas a hechos de corrupción en el seno de la empresa, no puede pretenderse que el Estado argentino actúe en consecuencia de igual manera. Ello por respeto al principio de soberanía imperante”, agregaron.

La planta de Aysa

Un tercer caso penal es el de la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, contratada por la empresa estatal Aysa durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el juez Sebastián Casanello del caso procesó a los exsocios locales de Odebrecht y a exfuncionarios por delitos de corrupción y serán enjuiciados, aún sin fecha de juicio. 

Los empresarios y ejecutivos argentinos procesados en la causa estaban a cargo de las empresas Roggio, Supercemento y Cartellone.

El expediente incluye también los procesamientos contra Carlos Wagner, de Esuco, el socio local de Camargo Correa, otra brasileña investigada por otra planta de Aysa.

Mientras los argentinos, quienes niegan los cargos, van a juicio, el juez también negocia desde 2018 con las autoridades de Brasil para indagar a los ex ejecutivos de Odebrecht que admitieron coimas por esta obra y al entonces presidente de Camargo Correa, Antonio Miguel Marques.  

Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

ED/MG

Silvana Carrión Ordinola lidera la Procuraduría encargada del caso Lava Jato en Perú desde 2017, un organismo que nuclea a los abogados del Estado (equivalente a la Procuración del Tesoro en Argentina). Su rol como procuradora ad hoc es calcular y negociar las reparaciones económicas que su país les exige a las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos de obra pública o privada. En una entrevista con el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* relató cómo Perú logró que Odebrecht una compensación económica por los daños que la corrupción le causó al Estado y explicó cómo fue el proceso que comenzó hace casi seis años. Un camino que no fue fácil y estuvo -está- plagado de obstáculos y que intenta alcanzar a otras empresas involucradas en el megacaso conocido como Lava Jato. 

En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América (incluyendo Brasil) y dos países de África. En ese contexto, la constructora brasileña ha admitido el pago de 29 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios peruanos para conseguir contratos de obra pública y privada (los PPP, en Argentina). Este jueves, el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* -que integra elDiarioAR en Argentina- reveló que la constructora brasileña dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países latinoamericanos por más de US$1.600 millones mientras los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. 

Si bien, casi seis años más tarde, Perú sólo tiene una condena por el caso Lava Jato, Carrión y su equipo han logrado que Odebrecht se comprometiera al pago de 190 millones de dólares al Estado peruano como reparación civil por los daños provocados por sus actos de corrupción. ¿Cómo lo hicieron?

Ese monto incluye 152,5 millones de dólares en reparación económica más 37,5 millones de dólares por intereses, ya que el pago será desembolsado a lo largo de 15 años. En el marco de ese acuerdo, en los últimos tres años, Odebrecht ha pagado a Perú unos 33 millones de dólares. 

Cuando se le preguntó qué garantizó el éxito contra la impunidad en su país -aunque parcial y posteriormente intervenido-, Carrión resaltó la importancia de la especialización de los funcionarios, fiscales y jueces con dedicación exclusiva en este tipo de casos complejos, pero también, y especialmente, “la voluntad de las cabezas en las instituciones”. “El Estado peruano creó en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales a cargo de este caso Lava Jato y a su par, el Poder Ejecutivo, creó la Procuraduría Ad Hoc. Hubo incluso jueces que solamente estaban dedicados a atender estos casos del Lava Jato, pero ese sistema se desintegró, lo cual ha retrasado el avance judicial de los casos”, aseguró Carrión.

¿En qué influyó la especialización de fiscales, funcionarios y jueces?

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas de cómo se han comportado en muchos de los proyectos desde el brazo político, cómo fue la captación de las esferas de alto poder en la parte política, los funcionarios públicos a cargo de estos proyectos. Hemos visto el diseño legal como parte de este patrón criminal y detectar a los funcionarios públicos que estaban a cargo de las licitaciones y estaban comprometidos en este esquema de corrupción. 

Calcular el daño

Ese esquema de corrupción no sólo incluyó a los expresidente del Perú acusados en el caso sino que se extendió como una mancha venenosa desde la cabeza hasta la raíz. “Sobre todo Odebrecht, ha llegado a tener comprometidos o vinculados a los árbitros en los arbitrajes de controversias contractuales con el Estado: si no lo conseguían mediante la ejecución de contrato, lo conseguían vía laudos arbitrales pero con árbitros obviamente comprados”, explicó Carrión. 

¿Cómo se calcula la reparación civil de una empresa que ha sobornado durante años a agentes del Estado para obtener contratos? 

Nosotros como Procuraduría hacemos un rastreo temprano de bienes. Los empresarios o la gente vinculada a la esfera de alto poder  tratan siempre de esconder esos bienes para que cuando lleguen los juicios y las sentencias, finalmente no tengan nada a su nombre. Entonces, desde que comienza una investigación penal, a nivel preliminar, lo que hacemos es un rastreo de bienes de todas las personas que están siendo investigadas, de cara a pedir las medidas que correspondan. En un primer momento nosotros no podemos ir directamente al juez a pedir estas medidas, porque la norma procesal indica que hay un momento posterior, que se llama investigación preparatoria, en la que nosotros podemos acudir ante el juez. Pero en la etapa preliminar, que es donde los investigados intentan transferir sus bienes, tratamos de asegurar los bienes a través de la Fiscalía (que lleva adelante la investigación penal). Le hacemos estos pedidos a la Fiscalía porque sí tiene competencia para pedirle directamente al juez. 

Perú no tenía un escenario favorable para avanzar hacia la reparación civil, pero ideó y promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías también se acojan a la colaboración eficaz (no sólo las personas humanas, como antes) y aporten información como “arrepentidas”. 

¿Cómo sigue el proceso después de asegurarse los bienes?

El acuerdo con Odebrecht comenzó cuando no había marco legal para tener una colaboración eficaz empresarial. La Fiscalía hizo acuerdos preparatorios con la empresa, respecto a qué información iba a entregar; es decir, sobre qué proyectos (contratos) iba a entregar información la empresa, y luego se fue desarrollando la entrega de información. Luego, en el 2018, en marzo, se promulgó la ley 30.737, que crea el marco legal para la colaboración eficaz internacional y ya se adecua ese proceso de colaboración de Odebrecht a este marco legal y se siguen los casos que establece la norma. El juez que interviene en el caso penal tiene que analizar si todos los acuerdos a los que han arribado el colaborador con la Fiscalía y con la Procuraduría han cumplido o han seguido lo que dice la norma y ejecutar la sentencia. Las empresas tienen que pedir permiso si quieren vender efectivos, si quieren transferir dinero al exterior. Es una ley que combina ambas cosas: asegurarle a la empresa la cadena de pagos y la parte económica, que era lo que le interesaba también en ese momento al país, pero sin dejar desprovista de una eventual reparación civil. 

¿Qué información entregó Odebrecht?

Para que exista la reparación civil, se tiene que acreditar el daño. La manera de cuantificarlo es a través de fórmulas matemáticas que establece la ley. La empresa entregó información completa sobre cuatro proyectos (contratos), que fueron los primeros con los que se acogió a la colaboración. Entonces la Fiscalía corroboró estos cuatro proyectos, en los que estaban reconociendo hechos ilícitos. El acuerdo se cerró por estos cuatro proyectos y sobre esos contratos la Procuraduría fijó una reparación civil de casi 760 millones de soles (equivalente a casi 190 millones de dólares). Para cerrar el acuerdo, Odebrecht está en un fideicomiso que establece la norma, que es de retención de flujos. Entonces, lo que se diseñó con la empresa es que para que paguen esa reparación civil, mientras estuvieran en el fideicomiso legal se iba a cobrar la reparación de esa retención de flujos legales. Pero una vez que salieran de la ley, por efectos de la colaboración, se diseñó con la empresa un fideicomiso contractual con la Procuraduría, en la cual iba a capturar no solamente los flujos de los contratos públicos, sino también los privados, así como dividendos y otros conceptos que no incluía la ley. De alguna manera ampliamos la base de retención de flujos en ese fideicomiso consensuado con Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht se aprobó en junio de 2019. Han pasado tres años y la empresa viene pagando casi 132 millones de soles (unos 33 millones de dólares). Viene cumpliendo con el cronograma de pago establecido. 

¿Odebrecht recurrió a tribunales para evitar pagar la reparación?

En el marco del acuerdo de colaboración que tienen con nosotros no ha habido ningún proceso en el cual ellos hayan pretendido no pagar la reparación civil. El acuerdo se viene cumpliendo desde que se firmó. Quizá (acudió a tribunales) respecto a otros proyectos que no forman parte de este acuerdo, porque este acuerdo es por cuatro proyectos. Quizá de otros proyectos ellos sí están reclamando en otras vías arbitrales, pero no forman parte de este acuerdo de colaboración. 

Qué hacer con el dinero

¿Qué hacen con el dinero de la reparación? ¿Cuál es el destino de los bienes?

El dinero de la reparación civil, según señala la ley va a las cuentas de la Procuraduría General, para el fortalecimiento del sistema. Eso es lo que dice la norma, pero ahora con el tema de la pandemia y todas las restricciones presupuestales que hay, han salido normas especiales de emergencia que indican que este dinero probablemente se vaya al Tesoro público, para la repartición de otros temas. Son cuestiones excepcionales. Dependemos del Ministro de Justicia y lo que está sucediendo ahora es que se le recortó el presupuesto y los fondos recaudados con la reparación civil no nos los pueden dar a nosotros. Ahorita estamos en riesgo de que nos recorten personal, está en riesgo la operatividad de la Procuraduría. a partir de 2023 todo el dinero como el del tema de la reparación civil que son recursos directamente recaudados va a pasar al Tesoro Público. Yo entiendo que debe ser por toda la situación económica y política que estamos pasando.

¿Han tenido colaboraciones internacionales? ¿Con qué países?

La cooperación internacional principalmente se ha dado con Brasil, porque ahí están los servidores de Odebrecht  y es la Fiscalía de Brasil la que ha ido facilitando también la entrega de esta información. También hemos tenido cooperación con Israel, con Uruguay. Básicamente con ellos. No con México. Ha habido algún pedido con México, pero es muy puntual, no es recurrente en todo caso. En el caso de (el expresidente Alejandro) Toledo, hemos conseguido en base a los instrumentos de Naciones Unidas que Estados Unidos nos repatrie alrededor de 800 mil dólares encontrados en las cuentas de Alejandro Toledo en Estados Unidos. En la cooperación internacional ha sido bastante útil para poder conseguir la información y evidencia de otros países entablar canales no formales de comunicación. Han funcionado muy bien. 

Para algunos países ha sido difícil lograr la cooperación de Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál fue su experiencia?

No teníamos conocimiento previo de las autoridades de otros países. La relación se construía a partir de este caso. Influye mucho quiénes están a la cabeza de estas organizaciones, de estas instituciones, para poder lograr también ese acercamiento, y la voluntad de que exista esa cooperación por parte de la institución. La Fiscalía Lava Jato en Perú, que está a cargo del doctor Rafael Vela, construyó un acercamiento importante con el fiscal Orlando Martelo, que era el fiscal de Brasil a cargo de estos casos y de la cooperación internacional. Su relación con el doctor Martelo se fue construyendo a partir de intereses comunes y problemas comunes porque los problemas que nosotros hemos tenido acá con la empresa Odebrecht como empresa colaboradora ellos también ya lo habían vivido allá. Cada vez que había necesidad de recibir la declaración a los brasileños se coordinaba primero con Martelo y Martelo decía en qué fechas podrían asignarse a las audiencias y luego se hacía el pedido formal. Incluso yo he logrado entrevistarme con los fiscales (de Brasil), ellos nos explicaban cómo lo habían abordado y nosotros aprendimos, a pesar de que nosotros tenemos un marco legal distinto al que tiene Brasil. Tuvimos que combinar cosas para poder aplicarlo también en nuestro país.

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas.

El frente penal y las otras empresas

¿Cuál es la situación de las investigaciones penales sobre presunta corrupción en la obra pública?

Tenemos dos casos en juicio oral y estamos entrando a más procesos administrativos. Tenemos a 24 sentenciados (una persona jurídica o empresa, 11 funcionarios públicos y 12 personas del sector privado); y 840 personas investigadas, de las cuales más del 50% son funcionarios o servidores públicos. El 28% son ejecutivos y trabajadores de empresas y otro 16% son particulares. Los contratos investigados son por más de 12.800 millones de dólares -aunque el Estado peruano no ha desembolsado todo- y las investigaciones no sólo alcanzan a funcionarios del Ejecutivo nacional sino también de la ciudad de Lima y otros nueve gobiernos regionales. Tenemos 160 procesos ahorita a cargo de la Procuraduría por el Lava Jato (contra personas y compañías) y 28 son de colaboración eficaz, algunos en trámite y otros ya firmados.

¿Cuál ha sido la actitud o la reacción a la colaboración que han tenido las otras empresas del caso Lava Jato?

Las empresas que se someten al proceso de colaboración eficaz están obligadas a entregar toda la información sobre los temas que ellos dicen que están sometiendo a colaboración. Entonces claro, ellos entregan una información sobre determinados proyectos y nosotros preguntamos. La regla de la colaboración es que el colaborador esté de manera voluntaria reconociendo ilícitos de manera total o parcial, o sea que ellos pueden reconocer parcialmente algunos delitos o hechos y otros no. Las compañías nacionales, donde la prueba de los ilícitos está, han tratado de entregar la mayor parte de la información porque quieren solucionar su problema en materia civil. Otras empresas que no se han sometido a colaboración deciden litigar de manera intensa, muy agresiva, y nosotros litigamos y procedemos a los embargos. Otras empresas se han acercado solamente a nosotros y nos han dicho que están siendo investigadas y que si bien niegan los cargos penales quieren arreglar el tema patrimonial con el Estado, llegar a un acuerdo extrajudicial de reparación civil porque, por ejemplo, una de ellas es consciente que participó en un consorcio donde su socia ya reconoció responsabilidad, entonces de manera objetiva va a ser alcanzada por la responsabilidad civil, como establecen las normas civiles.

¿Cuáles son las empresas brasileñas que litigan intensamente en Perú?

Camargo Correa, Andrade  y Queiroz Galvao, y otra que se transfirió a Lambra (operadora del proyecto Línea Amarilla, luego vendida a la francesa Vinci). La Fiscalía está pidiendo o ha requerido la cooperación de Brasil, pero no ha funcionado muy bien a partir de que se deshizo la Fuerza de Tareas -el equipo de fiscales dedicados al Lava Jato-. Entiendo que todavía no han recibido la información sobre lo que habría declarado Camargo Correa en Brasil y si habló de otros países.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

El Tribunal de Cuentas Federal (TCU) de Brasil, en voto unánime, condenó a Rodrigo Janot,  ex Fiscal General de la República; a Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales de la operación Lava Jato en Curitiba  y a João Vicente Beraldo Romão,  ex Fiscal Jefe del Ministerio Público en Paraná  a regresar a las arcas públicas  la suma de R$ 2.831.808,17 por el acto de gestión 'ilegítimo y antieconómico’' de sus liquidaciones corruptas de gastos y viáticos diarios. Cada uno de los condenados queda obligado a  una multa individual de R$ 200 mil.

El juez contable Bruno Dantas fue apoyado por el resto de sus colegas para condenar a Janot, Deltan y Romao, principales acusadores de la Operación Lava Jato, por haber utilizado en beneficio propio o sin responsabilidad dinero público.

El Lava Jato fue la operación más grande jamás lanzada en Brasil contra la corrupción. Su nombre alude a un lavadero de autos donde un cambista amañaba también lavados de dinero y delaciones premiadas. Sin embargo, el uso extensivo de arrestos provisionales y condenas basadas en acuerdos de culpabilidad provocó muchos desafíos. En 2019, una importante filtración de mensajes entre los fiscales y el juez Sergio Moro demostró que había coordinación de estrategias entre la fiscalía y el magistrado. El grupo de trabajo también fue objetado acusado de sostener  objetivos políticos y partidistas, acentuados por el paso posterior de Moro a desempeñar el cargo de Ministro de Justicia ofrecido en 2019 por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro cuando asumió el cargo.

El nombre de Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales del Lava Jato, adquirió conocimiento público por haber acusado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de asociación ilícita durante su mandato encubriendo actos de corrupción en la empresa Petrobras. El exjuez Moro envió a prisión a Lula, quien fue sobreseído por probarse manipulación política, alteración de pruebas y persecución.

A pesar de la condena del Tribunal de Cuentas Federal (TCU), órgano auxiliar del Congreso Nacional que analiza los balances financieros, presupuestarios y la administración de los recursos de la nación, una eventual decisión sobre la ilegitimidad de Deltan, quien se presentó como candidato en diputado federal por Podemos do Paraná, corresponde al Tribunal Electoral. Cuando el ex fiscal registre su candidatura, que puede ser  cuestionada, la decisión final corresponde al Tribunal Electoral, con apelación al Tribunal Superior Electoral (TSE).

La decisión judicial alcanzó a Janot, jefe de los fiscales entre 2013 y 2019, quien acusó al ex presidente Michel Temer de decir que quiso asesinar a balazos durante una audiencia al juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal, por cuestionar el accionar de toda la Operación Lava Jato en la búsqueda de delaciones premiadas.

La sentencia a la vez involucró a un tercer miembro del Ministerio Público (MPF), el ex fiscal de la ciudad de Curitiba Joao Romao, quien autorizó los gastos de los fiscales de Lava Jato.

Dantas también sugirió una investigación separada, “de oficio y por los órganos competentes”, de cuestiones que, en teoría, pueden constituir un acto doloso de improbidad administrativa.

Los recursos ante el fallo se pueden presentarse  ante el órgano colegiado y ante el pleno del TCU. El caso también puede recusarse ante el Supremo Tribunal Federal (STF) a través de una acción autónoma de impugnación de la sentencia en el tribunal de cuentas.

Argumentos de la acusación

Dantas en su relato acusatorio sostuvo que  “El modelo impugnado por el MP de cuentas en esta contabilidad especial implicó la elección de apoderados y el pago reiterado y excesivo de tasas y boletos diarios a quienes no tenían domicilio en Curitiba. Esa norma habilitaba a una industria a pagar viáticos y pasajes a determinados abogados elegidos a dedo, lo que es absolutamente incompatible con las normas que rigen la función pública brasileña”.

Respecto a otros ex integrantes del grupo de trabajo, que se beneficiaron del pago de viáticos y boletos, el Tribunal entendió que no hubo “práctica de un acto de gestión, ni un error grave”. Según Dantas, los fiscales “actuaron en la actividad principal, designados y autorizados” por los responsables del grupo de trabajo. Antonio Carlos Welter, CarlosFernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Mattos, Isabel Cristina Groba Vieira, JanuárioPaludo, Jerusa Burmann Viecili y OrlandoMartello Júnior, fueron eximidos de cargo.

La situación de Deltan, Janot y Romão es diferente, según Dantas, debido a la “adopción del formato de fuerza de tarea desprovista de un razonamiento adecuado, con la consiguiente práctica de un modelo de costos antieconómico”. El ministro del TCU entendió que el trío es responsable del “diseño, solicitud, aprobación y gestión del modelo antieconómico” adoptado por Lava Jato.

“Es evidente que el modelo construido viola el principio de impersonalidad, tanto al privilegiar a los agentes administrativos en desmedro del interés público, como al no adoptar criterios imparciales, objetivos y transparentes para la elección de estos mismos agentes”, ponderó.

Dantas afirmó que Romão el entonces titular del Ministerio Público de la Federación autorizó la constitución del grupo de trabajo Lava Jato “adoptando un modelo antieconómico que permitía el pago irrestricto de jornales y boletas a fiscales elegidos sin criterios objetivos”.

En cuanto a Deltan Dallagnol, el ministro del TCU sostuvo que el ex fiscal, como líder del grupo de trabajo desde su creación, participó “notoria y activamente en su concepción del modelo elegido, eligió a sus integrantes y exigió, a la cúpula de la Fiscalía, General de la República, medios materiales y humanos para la realización de la obra”.

El ministro del TCU también discurrió sobre preguntas sobre los “'reflejos' institucionales” de los temas tratados en el caso de que se trate en el ámbito del Ministerio Público de la Federación. Dantas señaló que el caso Lava Jato operado desde Curitiba “no pretende abordar temas estructurales de constitución y economía del modelo de gestión a través de grupos de trabajo” en el ámbito del MPF del Ministerio Público de la Federación. Según él, este tema, “de carácter transversal y organizativo”, es objeto de otro relato.

En caso de que los tres ex fiscales no cumplan con la sentencia respecto al reintegro del dinero reclamado a las arcas públicas, corresponde a la Procuraduría General de la República (AGU) interponer una demanda de ejecución judicial para recibir el monto.

AGB con información de agencias y fuentes

Este jueves, un tribunal de Milán, en el norte de Italia, debía dar su veredicto en el caso judicial que más lejos ha llegado contra uno de los empresarios más poderosos de Argentina y una de las familias más influyentes y ricas de Italia: los Rocca, dueños del grupo Techint. Los accionistas y directivos Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti eran juzgados por el delito de corrupción internacional por el presunto pago de sobornos por unos 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para garantizarse contratos directos para vender caños de acero a la petrolera pública de Brasil.

Sin embargo, a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán, presidida por la magistrada Ombretta Malatesta, dieron un giro inesperado: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.

La decisión dejó al caso más firme contra los dueños de Techint al borde del abismo. El juicio incluyó la exhibición de innumerable prueba documental, bancaria, testigos y la admisión del exgerente presuntamente sobornado por la multinacional ítalo-argentina, Renato de Sousa Duque, quien confesó haber recibido los millones para favorecer . La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y medio de prisión para los tres acusados, además de una multa y un decomiso millonarios. Sin embargo, al evitar dictar sentencia sobre hechos que datan de 2009 y se extienden hasta 2013-2014, el caso asume el riesgo de la prescripción. En Techint, la decisión del tribunal milanés se festejó como una “absolución”, según un comunicado del grupo en Argentina.

La fiscalía de juicio tiene ahora dos vías posibles para mantener vivo el caso, explicó a elDiarioAR una fuente directa del proceso: apelar el fallo de los jueces ante el tribunal de Apelaciones de Milán o saltarse esta instancia local y recurrir con un per saltum ante la Corte Suprema Di Cassazione, con sede en Roma, máximo tribunal de Italia.

Si la fiscalía decide apelar ante el tribunal inmediato, pueden pasar dos cosas: que la corte de apelaciones de Milán confirme que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para juzgar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal apele nuevamente; o que el tribunal de apelaciones determine que los jueces italianos sí tienen jurisdicción para juzgar a los Rocca y Bonatti e incluso decida en su fallo sobre el mérito de los acusados: podría declararlos culpables o absolverlos.

Si en cambio, la fiscalía establece que el fallo de este jueves implica un grave error jurídico, puede saltar a la Corte Suprema di Cassazione, la segunda alternativa. El máximo tribunal italiano podrá ordenar a los jueces de Milán que dicten sentencia porque tienen jurisdicción o bien cerrar el caso definitivamente.

Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción.

Comunicado de Techint.

Si se agotan las vías de apelación y los tribunales superiores confirman la falta de jurisdicción italiana, la fiscalía se quedará con una última carta: enviar su investigación al país en donde los tribunales italianos hayan determinado que sucedieron los hechos: Argentina, Brasil, Suiza, Luxemburgo, Uruguay. 

Aún con este escenario posible, el caso quedó al borde de la extinción: los hechos se extienden hasta 2013 e incluso 2014, pero la prescripción por el paso del tiempo favorece a la defensa. El soborno transnacional en Argentina tiene un plazo de prescripción de seis años, por ejemplo. Habrá que evaluar eventualmente los plazos procesales. 

La decisión de la fiscalía sobre qué camino tomar dependerá de los fundamentos del tribunal, que tiene hasta 60 días para hacerlos públicos a partir de este jueves y explicar por qué los jueces de Milán tomaron la decisión de no dictar sentencia de mérito, es decir, por qué no sentenciaron si los acusados eran culpables o inocentes; si la fiscalía había demostrado la responsabilidad penal de los acusados o si debían ser absueltos. Pero además, también se espera que argumenten por qué tomaron esta decisión el día del veredicto y no al comienzo del proceso. 

En febrero de 2020, el juez Valerio Natale ordenó el inicio del juicio público en Milán. El proceso se demoró por la pandemia pero finalmente comenzó meses más tarde. Entonces, ¿por qué el tribunal dejó pasar más de dos años y decidió que no tenía jurisdicción el día que debía anunciar el veredicto?

Por qué Italia

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin. “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia, afirmó Techint.

El grupo de los Rocca concentra inversiones en puntos clave de la economía: energía y construcción. La familia que controla la multinacional ítalo-argentina es la segunda más rica del país y una de las doce con más fortuna en Italia.

La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido esta tesis durante su alegato en el juicio italiano porque los hechos investigados “no ocurrieron” en Italia, pero la fiscalía defendió su investigación por varias razones: los Rocca y Bonatti son italianos -nacieron en Milán-; San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint que manejó las cuentas bancarias y sociedades offshore investigadas, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana; y, además, la ley italiana aplica a los italianos que cometieron supuestos delitos de corrupción en el extranjero.

 La causa italiana contra Techint nació en 2015 cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

La investigación sacó a la luz la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probó, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de Petrobras a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza, Uruguay y Brasil manejadas por ejecutivos y empresas de Techint. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil.

La decisión del tribunal de Milán podría ser el tiro de gracia a la investigación por otros motivos, además del reloj contra el tiempo. Si eventualmente se confirma que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para investigar a los dueños de Techint y el caso es enviado a la Justicia de Brasil, por ejemplo, el pronóstico no es positivo. En ese país, ya existe una investigación sobre los mismos hechos que no incluye a los Rocca y Bonatti porque éstos no habrían operado desde Brasil.

En Argentina también existe un expediente por estos mismos hechos a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, en los tribunales de Comodoro Py, en el que sí están denunciados Paolo Rocca y ejecutivos argentinos, pero el pronóstico es aún más incierto. La causa local se abrió en 2017 y no tiene indagados ni mayores avances desde entonces. El gigante del acero no ha conquistado la cumbre en vano.

ED

El tribunal de la séptima sección penal de Milán rechazó emitir una sentencia en el juicio contra los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por el delito de corrupción internacional al declarar un “difetto di giurisdizione”: según los jueces del tribunal los acusados nunca debieron ser juzgados en Italia por este caso, informó a elDiarioAR una fuente directa del juicio que finalizó este jueves en Italia.

Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la segunda familia más rica de Argentina y están entre los doce más ricos de Italia (ranking Forbes 2021). En el juicio que se desarrollaba en Milán, la fiscal Donata Costa acusó a los tres empresarios por el pago de sobornos por más 6,5 millones de euros a Renato De Sousa Duque, exgerente de Servicios de Petrobras, entre 2009 y 2013. A cambio de esos pagos ilegales, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris (Techint) en Brasil -Confab- recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros.

El tribunal de Milán no falló sobre si los acusados eran o no culpables del pago de sobornos sino que rechazó que el caso se juzgue en Italia porque los hechos no se habrían cometido en este país, sino en Brasil, Argentina y otras jurisdicciones, por lo que los tres jueces a cargo de la sentencia decidieron que no debían proceder con el veredicto, ratificó la fuente consultada. Esta era la investigación más avanzada contra Techint y la única que había llegado a juicio oral y público.

El 22 de marzo último, la fiscal italiana Donata Costa había solicitado a los jueces del tribunal de Milán que condenen a los Rocca y a Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión; que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros; y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público” brasileño, es decir, a Duque, como publicó este medio. 

La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, negó durante la penúltima audiencia del juicio la participación de los Rocca y Bonatti del supuesto pago de sobornos. Sin embargo, durante el juicio oral y público, el brasileño Duque admitió haber recibido las coimas en una declaración por videoconferencia realizada en octubre último. En Brasil, Duque ya fue condenado por estos mismo hechos. En Argentina, la causa por estos mismo hechos aún está en etapa de instrucción desde 2017.

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin “por presuntos episodios de corrupción, en los años 2009-2013, que involucrarían a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobras”. De acuerdo con Techint, “desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdiccion. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia.

Italia: si o no

La fiscalía había sostenido que debían ser juzgados en Italia porque los tres empresarios son italianos -nacieron en Milán- y San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana. La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero. Finalmente, el tribunal se inclinó por la postura de la defensa. La fiscal podrá apelar el fallo.

La causa italiana contra Techint comenzó en 2015. Las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

Un equipo de tres fiscales, integrado por Costa, Fabio De Pasquale e Isidoro Palma avanzaron con la investigación hasta dar con la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probaron, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de la petrolera pública de Brasil. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el “grupo 1 brasilero” a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero. 

En el “grupo 2 argentino/uruguayo”, la fiscal señaló la participación central del argentino Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

Offshore

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, un viejo amigo. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y evitara la licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, según la acusación de la fiscal Costa.

“No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares”, dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que los pagos ilegales equivaldrían al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. “Ese 0,5% era un valor de referencia, no era matemático”, aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.

“Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior”, dijo Duque. Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.

Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin (Techint), afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban “a través de Techint Argentina”.

La “conexión” argentina

“Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta”, sostuvo la fiscal Costa en marzo último durante su alegato. El exejecutivo argentino, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los supuestos sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado haber recibido coimas.

La fiscal Costa aseguró que Zabaleta manejaba la “caja negra” o “caja 2” de Techint, entre otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo. Zabaleta ha negado estas acusaciones ante la Justicia argentina pero nunca pudo ser interrogado por los fiscales italianos.

La acusación sostiene que los hombres de Techint acusados en el juicio italiano montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron las sociedades Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras. 

Las tres offshore condujeron a los investigadores directamente hacia Techint, afirmó la fiscal. Tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA. Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.

A su vez, San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores, explicó la fiscal.

ED

Un página que expuso el vínculo entre ONG que se presentan independientes y los proyectos políticos fue escrita en años recientes en Brasil por Transparencia Internacional y los fiscales del Lava Jato.

La entidad alemana cofundada en 1993 por el exfuncionario del Banco Mundial Peter Eigen y el exagente de inteligencia militar Michael Hershman otorgó el Premio Anticorrupción 2016 al principal procurador del Lava Jato,  Deltan Dallagnol, un abogado evangélico que se describe a sí mismo como “discípulo” o “soldado de Cristo”.

En junio de 2019, cuando el sitio brasileño The Intercept divulgó los mensajes de Telegram que demostraban como Dallagnol y el juez Sergio Moro habían pergeñado abusos y fabricado pruebas para investigar Lava Jato, ilegalidades que terminaron en la anulación de la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, Transparencia Internacional reaccionó a la defensiva. La ONG alemana se alineó de inmediato con Moro (entonces, ministro de Justicia de Jair Bosonaro) y Dallagnol, denunció la “indebida” divulgación de los mensajes, reclamó una investigación por la “manipulación” de los textos e hizo un pedido genérico para que se aclararan los intercambios entre el juez y el fiscal.

Había razones para una reacción tan inusual de la ONG apartidaria por excelencia, cuya filial argentina es Poder Ciudadano. Los mensajes de The Intercept demostraron que el delegado de Transparencia en Brasil, Bruno Brandao, tenía un trato cotidiano con el soldado Dallagnol. Coordinaban acciones, se pedían permiso para actuar y maquinaban negocios. En sórdida fraternidad, se juramentaban lealtad eterna vía smartphones al tiempo que se alertaban de no dar pasos en falso que pudieran alterar la imagen de independencia.

'Gostei mto da idea', tecleó Deltan

Dos años antes de la divulgación de los textos, en junio de 2017, Brandao propuso al fiscal crear una fundación anticorrupción que gerenciaría Transparencia Internacional con fondos recuperados de Petrobras. “Gostei mto da idea”, tecleó Deltan. Conocedor de leyes, el fiscal aclaró que participaría de la gestión, pero en secreto, porque su cargo le impediría asumir una empresa de ese tipo. Se mostraron pudorosos cuando dieron rienda suelta a la imaginación y llegaron a pensar donaciones mutuas.

Finalmente, el contubernio no cobró vuelo porque la entonces procuradora general de la República, Raquel Dodge, le bajó el pulgar. La cruzada ética de Moro, Dallagnol, Michel Temer,  Bolsonaro y la ONG de Eigen y Hershman comenzaba a mostrar los hilos. 

Transparencia Internacional no respondió un email de este diario para consultar sobre el caso.

SL

Documentos inéditos del caso Lava Jato revelan presuntos pagos ilegales de la constructora Odebrecht por los gasoductos en Argentina y el registro de dos destinatarios de supuestos pagos indebidos por el “proyecto Sarmiento”, que correspondería al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, según las planillas analizadas en los últimos días por elDiarioAR.

Se trataría de los pagos más antiguos registrados en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht con respecto a obras en Argentina. Hasta el momento, se conocían este tipo de registros del periodo 2010-2014. Los documentos que salen ahora a la luz incluyen pagos registrados en 2006 por obras de la constructora en el país. Convoca.pe, medio digital de periodismo de investigación en Perú, tuvo acceso a las planillas y las compartió con elDiarioAR, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato. 

Las nuevas planillas y documentos surgen del material entregado en las últimas semanas por la Procuraduría Federal de Brasil al Ministerio Público de Perú, y contiene una gran cantidad de nuevos seudónimos o codinomes (en portugués) que ocultan a personajes supuestamente sobornados por la constructora brasileña en Perú. En varios de los registros aparecen también pagos y destinatarios en clave por obras de otros países, entre ellos, Argentina. 

El Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña manejaba la “caja 2” de la compañía, es decir, la contabilidad de pagos ilegales, indebidos, sobornos y gastos relacionados con actividades de lavado de dinero de la corrupción, según admitieron altos ejecutivos y el propio Marcelo Odebrecht ante la Justicia brasileña y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que bautizó en 2016 al área que elaboraba las planillas como el “departamento de sobornos”. 

A diferencia de publicaciones anteriores, estas planillas tienen un formato diferente. No son archivos de excel sino documentos de organización contable interna. Además, en algunos casos, hay destinatarios con nombres en clave pero sin montos asignados. En ambos casos, los documentos surgieron de la causa judicial en Brasil, según pudo corroborar este medio.

En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento -sólo se procesó a los exfuncionarios-; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. En los tres casos se investiga el supuesto direccionamiento de las licitaciones y presuntos sobornos a funcionarios. 

“Gasoducto San Martín”

El 21 de diciembre de 2006, el Departamento de Sobornos de Odebrecht registró un pago de US$162.790,70 para el apodo “Barbie”, según una de las planillas obtenidas por los fiscales de Perú. 

Este tipo de pagos eran solicitados u ordenados por los Directores Superintendentes o DS de cada país en los que operaba Odebrecht, quienes quedaban registrados en las planillas de la contabilidad paralela con sus iniciales. En este caso, se anotó a “FF”, quien sería Favio Faria, entonces a cargo del área de Ingeniería de Odebrecht en Argentina. Así lo identificaron fuentes directas de la compañía, que aclararon que el entonces jefe directos de Faria en Brasil (el ejecutivo Marcio Faria) se hizo cargo ante la Justicia de Brasil de haber autorizado esos pagos que figuran vinculados a Flavio.

“Barbie” ya había aparecido en otras planillas con anterioridad. Por las obras en Argentina, también se registraron pagos a dirigentes de Brasil por al menos 2.860.000 reales (unos US$950 mil) entre agosto y septiembre de 2010. Fueron registrados con los apodos “Drácula”, “Barbie”, “Campones” y “Ferrari”, como reveló Perfil en 2017.

A partir de 2005, Odebrecht participó en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, un proyecto financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes). En Brasil, los delatores identificaron a dos mujeres como “Barbie”.

La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas.

Odebrecht.

“Dutos Argentina”

Desde 2007, Odebrecht también participó en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias. En las planillas obtenidas por los fiscales de Perú, se registraron varios pagos en torno a la obra “dutos argentina”. El principal destinatario fue “Vinho” (vino, en portugués). Aparece relacionado a ocho pagos por un total de US$663.938, entre el 23 de marzo de 2006 y el 22 de noviembre de 2006. De los ocho pagos, sólo cinco figuran como “ejecutados”.

Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos, BTU y Esuco. La licitación había sido hecha a medida de la empresa brasileña, según una investigación de Perfil publicada en 2018.

Durante 2006, otras personas fueron registradas con nombres en clave para recibir pagos por los “dutos Argentina”: “Bonito”, “Iluminado”, “Novatos” (principiantes) y “Duvidoso” (dudoso). Pero no se anotó ningún monto. Sin embargo, “Bonito”, “Novatos” y “Duvidoso” sí figuran en otras planillas con pagos en fechas posteriores por esta misma obra en Argentina.

Otro destinatario de pagos por los “dutos Argentina” en las planillas obtenidas por los fiscales peruanos es “Super Novos” (Super Nuevo). Aparece registrado con un pago por US$60.000, el 14 de diciembre de 2009. La ejecución del pago estuvo a cargo de “Gigolino”, el alias del financista Olivio Rodrigues Junior, uno de los encargados de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Gigolino declaró como arrepentido del Lava Jato en Brasil.

“Super Novos” también aparece como destinatario de una transferencia bancaria dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2011, por una suma de US$100.000 que partió de la cuenta de la offshore Klienfeld, reconocida por los arrepentidos de Odebrecht como una de las firmas fantasma utilizadas para pagar coimas. “Super Novos” recibió el dinero en una cuenta a nombre de Wheaton Corporation SA, otra offshore de Panamá con cuenta bancaria en las Antillas Holandesas, según el pago registrado en una planilla.

En otra planilla, figura “Brancos” (Blanco) con un pago por US$2 millones, anotado el 11 de enero de 2010.

Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido.

Rafael Vela Barba. — Cordinador del equipo de fiscales del Lava Jato en Perú.

Todos los pagos por los “dutos Argentina” fueron requeridos por “FF”, las mismas iniciales del encargado de negociar los contratos de los gasoductos con el gobierno de Kirchner: Flavio Faria.

En Argentina, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios están procesados por el direccionamiento de la licitación de los gasoductos a favor de Odebrecht pero la investigación por presunto pago de sobornos aún está en trámite.

“Proyecto Sarmiento”

Los datos sobre obras de Argentina en la nueva tanda de planillas que salen a la luz son escasos, pero aportan información nueva, aunque aislada. Por ejemplo, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento surgen dos posibles destinatarios de pagos ilegales apodados “Gardelón” y “Mudinho” (tonto o tonta). 

No hay montos asignados para “Gardelón” y “Mudinho” en las planillas a las que tuvo acceso elDiarioAR, pero los codinomes o apodos quedaron registrados para recibir pagos relacionados con el “proyecto Sarmiento”.

Los datos sobre el “proyecto Sarmiento” fueron registrados a pedido de “MC”. Mauricio Couri Ribeiro era el encargado del área de Infraestructura de Odebrecht en Buenos Aires, la rama a cargo del soterramiento. En Brasil, su jefe directo, Luiz Mameri, se hizo responsable ante la Justicia por los pagos vinculados a Couri.

La obra del soterramiento se anunció en diciembre de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, se abrió una licitación para la primera etapa del proyecto: los trabajos iban a realizarse entre las estaciones de Once y Liniers. 

El 29 de octubre de 2006, la Secretaria de Transporte, a cargo de Ricardo Jaime, habilitó a tres consorcios empresarios para competir por la licitación del soterramiento. Uno de ellos era liderado por Iecsa e integrado por Odebrecht, la española Comsa y la italiana Ghella. Iecsa era propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y futuro presidente, Mauricio Macri. La alianza empresaria se llamó  Consorcio Nuevo Sarmiento y quedó pre-calificado como el mejor oferente.

El 7 de junio de 2007, tras la celebración de audiencias públicas, el gobierno modificó la licitación y el proyecto pasó a tener tres etapas, en lugar de una. El consorcio que integraba Odebrecht ganó la licitación pública el 23 de enero de 2008, con Cristina ya a cargo de la Presidencia.

La obra nunca avanzó debido a supuestas trabas para obtener el financiamiento privado. En 2016, el gobierno de Macri quiso financiar la obra con fondos del Estado, hasta que el Lava Jato cruzó las fronteras al sur de Curitiba. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso las confesiones de ejecutivos de la constructora brasileña: habían pagado “al menos” US$35 millones en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El informe habla de “al menos” tres obras de infraestructura comprometidas y revela que la empresa obtuvo “beneficios”económicos por US$278 millones en el país durante ese período.

La nueva información

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en Lima, dijo al Convoca.pe: “Ya hemos transmitido antes información (a otros países) y lo haremos también, entiendo, con la información que hemos recibido (sobre los nuevos 'codinomes'). Pero ciertamente tiene que haber una muestra de interés para que esta información sea trasladada de acuerdo con las formalidades de la cooperación internacional”.

“Estamos a disposición. De la misma manera en que fuimos apoyados y respaldados en Brasil, también seremos solidarios con quienes estén interesados en develar los graves casos de corrupción y lavado de activos relacionados con Odebrecht, y que puedan significar el avance de sus investigaciones”, añadió el fiscal ante la consulta.

Las planillas necesitan ser interpretadas por los hombres de Odebrecht. Por ejemplo, en el caso de los documentos obtenidos por Perú, llevan dos fechas distintas: los pagos habrían sido pactados durante 2006 pero hay un registro contable que se repite en todas las planillas de ese año: 11 de abril de 2008, que podría referirse a cuestiones contables internas del departamento de sobornos. En las planillas también se dejó asentado que los pagos relacionados con estas obras pertenecían al “Programa Verba” (progama presupuesto, en portugués), una forma de organización interna de los pagos del departamento. Además, algunos apodos se habrían utilizado para más de una persona, según explicaron algunos de los responsables del área ante la Justicia brasileña.

El área de Operaciones Estructuradas también habría pagado bonos a los ejecutivos de Odrebrecht en los países en los que no podían cobrar las bonificaciones en dólares de manera oficial, debido a las restricciones cambiarias, según explicó una fuente de la compañía a elDiarioAR.

Ante la consulta de elDiarioAR, la sede central de Odebrecht en Brasil respondió: “La información mencionada deriva de la colaboración brindada desde 2016 por la compañía a las autoridades competentes, que mantienen la custodia de la base de datos y sistemas electrónicos relacionados al extinto sector de operaciones estructuradas”. La empresa también afirmó: “La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas”. 

La Procuraduría de Brasil ya envió al fiscal Franco Picardi y al juez Marcelo Martínez De Giorgi registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos y las confesiones en video de los dos ejecutivos que describieron los pagos ilegales en el país, Luiz Mameri y Marcio Faria, dos de los ex popes de la constructora con sede en Brasil. Sin embargo, no enviaron datos sobre quiénes son los destinatarios de estos pagos y tampoco identificaron a las personas detrás de los apodos de las planillas, según fuentes judiciales consultadas.

Odebrecht también respondió a elDiarioAR: “En los últimos cinco años, a partir de la implementación de mecanismos reconocidamente estrictos para fortalecer su gobierno corporativo y su sistema de integridad, la Compañía ha podido demostrar una actuación ética, integra y transparente en todos los países en que actúa,  previniendo y evidenciando la inexistencia de cualesquiera nuevos hechos indebidos”.

La compañía se mantiene a disposición de las autoridades argentinas.

Odebrecht.

Antecedentes

Las planillas obtenidas por los fiscales peruanos se suman a otra serie de documentos obtenidos previamente por dos iniciativas periodísticas entre 2017 y 2019: Investiga Lava Jato -liderado por Folha de Sao Paulo y Convoca.pe- y el proyecto Departamento de Sobornos, dirigido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Las primeras planillas del Departamento de Coimas de Odebrecht salieron a la luz en junio de 2017, reveladas por la investigación transnacional Investiga Lava Jato, en la que participó Diario Perfil por Argentina. De allí, surgía que el ex Director Superintendente de  Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras vinculadas entonces a los pagos eran los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata.

En 2018, los periodistas de Investiga Lava Jato también revelaron pagos de supuestos sobornos por la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, uno de los proyectos de la empresa estatal Aysa. De acuerdo con las planillas, Odebrecht realizó pagos indebidos para esta obra de Aysa al menos desde 2010. “Río Grande”. “Caballo” “Raúl Seixas”, un apodo en honor al padre del Rock & Roll brasileño.

En 2019, una iniciativa de los medios Mil Hojas y La Posta, de Ecuador, y ICIJ con más de 50 periodistas en 10 países revelaron más de 13 mil documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Al menos once sobrenombres aparecían recibiendo dinero por obras de Argentina a través de un entramada de sociedades offshore: Rolha (corcho), Inseto (insecto), Cuca, Seguros, De Niro, Cavalo (caballo), Raúl Seixas, Río Grande, Facada (puñalada), Adiatamentos (adelantos) y Piloto.

La obra del soterramiento del Sarmiento apareció por primera vez en esta tanda de planillas de pagos ilegales. El destinatario del dinero fue identificado con el apodo “De Niro”. Recibió un pago de US$193.500 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading SA. La Justicia argentina atribuye esta empresa al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, allegado al ex ministro Julio De Vido. El empresario niega que esa sociedad haya sido suya o haber participado o recibido pagos ilegales de Odebrecht.

ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Desde hace más de un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino. La dilación obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último a la que accedió elDiarioAR. 

El trámite está actualmente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, pero pasó por otros jueces. La magistrada aguarda información que la Justicia de Brasil habría enviado a Argentina vía Cancillería para evaluar si Brasil está garantizando el derecho de defensa del exdirectivo de Techint, explicó una fuente judicial del caso.

El contador Zabaleta, un hombre de extrema confianza de la familia Rocca, fue director de Administración del grupo Techint hasta 2011 y está acusado en Curitiba de haber participado en el pago de supuestas coimas a Renato De Souza Duque, exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), según consta en el expediente al que accedió este medio. Zabaleta declinó hacer comentarios ante la consulta de este medio sobre las acusaciones en su contra. Techint, a través de sus voceros, también rechazó responder la consulta.

El caso

En el expediente de Brasil, Duque admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña y dijo que, según la información con la que contaba, los supuestos sobornos eran ordenados desde Argentina, como informa este domingo este medio.

En Brasil, Zabaleta es el único argentino acusado en el caso Techint. Los otros diez investigados son brasileños, varios de ellos, exejecutivos de Confab, la subsidiaria de Tenaris-Techint en Brasil, controlada por el grupo. Todos han nombrado abogados defensores y varios de ellos han contradecido las acusaciones de los fiscales brasileños, argumentando falta de pruebas. La denuncia por corrupción contra Zabaleta y otros acusados mayores de 70 años prescribió en Brasil -por una norma del país- y sólo podrá ser acusado por los supuestos delitos de lavado.

El 10 de septiembre último se cumplió un año desde que la Justicia de Brasil pidió que la Justicia argentina notifique a Zabaleta que está acusado en Curitiba, de acuerdo con el expediente del país vecino. Este paso es obligatorio para poder proceder con la investigación en su contra, ya que el argentino no puede ser juzgado en ausencia y debe fijar un abogado que garantice su derecho de defensa. 

Se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso.

Viajando por la nube

En los tribunales de Comodoro Py, el pedido de Brasil ya pasó por varios jueces, llegó a la Cámara Federal porteña y a la Cámara Federal de Casación. 

El 1° de octubre de 2020, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Eduardo Taiano y la defensa de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal Taiano argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo una investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina. El expediente local no tiene avances ni citaciones por el momento.

La defensa de Zabaleta, además, planteó en Comodoro Py que su cliente no puede ser juzgado en dos países por los mismos hechos y que al ser argentino, el exejecutivo tiene derecho a ser juzgado en su país.

El 10 de septiembre de 2020, Brasil otorgó un plazo de 10 días a Zabaleta para comparecer ante el juzgado de Curitiba, en el estado de Paraná. En junio de 2021, el juez Marcelo Martínez De Giorgi -entonces a cargo del trámite- respondió a Brasil que según la legislación argentina, la notificación debía ser con al menos 45 días de anticipación para presentarse ante la Justicia. 

La respuesta fue enviada en junio, pero no llegó a Brasil. Tampoco llegó a Buenos Aires la información sobre el proceso requerida por la Justicia argentina para evaluar si debe hacer lugar al pedido del juez de Curitiba de citar a Zabaleta. 

El 20 de agosto, el Procurador General de Brasil, Antonio Augusto Teixeira Diniz, informó al juez Bonat que la Secretaría de Cooperación Internacional que trabaja para los fiscales tenía la siguiente información: “La solicitud de referencia de cooperación aún no ha sido atendida por las autoridades argentinas”. El funcionario dijo que solicitaría nueva información al país. “Asimismo, le informo que se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso”. La urgencia se debía a las audiencias del 25 de agosto.

El 23 de agosto, ante la imposibilidad de notificar al exdirector de Administración de Techint en Argentina, el juez Bonat ordenó el desmembramiento de la acción penal para poder avanzar con las audiencias de testigos. El 25 de agosto debían declarar el colaborador Duque -quien ya fue condenado por corrupción- y otros testigos. De esta manera, el magistrado brasileño debió formar un expediente separado para Zabaleta, a la espera de la respuesta de Comodoro Py, según consta en el expediente al que accedió este medio.

El 25 de agosto, durante una de las audiencias de testigos en la causa, el fiscal del equipo Lava Jato que participó en los interrogatorios informó al juez Bonat que acababa de recibir por Whatsapp la respuesta de Comodoro Py, exigiendo que el acusado debe ser notificado con un plazo de al menos 45 días para presentarse en el expediente, tal cual establecen las normas argentinas. 

En medio de la audiencia, el fiscal expuso: “Recibí información de un colega de la Secretaría de Cooperación Internacional, en WhatsApp, a primeras horas de la tarde, de que las autoridades argentinas se habrían negado ahora a notificar a Zabaleta (si no se cumple) el plazo de menos de 45 días hasta la audiencia, según un oficio de junio que nos llega ahora”. “Bueno, más allá de lo que provoca este tipo de respuesta, considerando que lo enviamos hace más de un año, voy a pedir que se adjunte (la respuesta) al expediente desmembrado y pido a Vuestra Excelencia que fije una nueva audiencia, con la debida antelación, para que no exista tal excusa”, concluyó el fiscal en su planteo, según la transcripción de la audiencia.

ED

El exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), Renato De Souza Duque, admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña. Duque declaró como colaborador el 25 de agosto último ante el juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a cargo de las causas del Lava Jato que aún están en trámite en Brasil, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR. 

Duque describió ante el juez y uno de los fiscales que intervienen en el expediente cómo le propusieron el acuerdo en 2008, cómo recibía los pagos a través de sociedades offshore y quién era su intermediario con la compañía de los Rocca. Además, afirmó que, según la información con la que contaba, los pagos se aprobaban desde Argentina. 

El colaborador explicó que su supuesto pacto con la compañía ítalo-argentina no fue por un contrato puntual sino que se trató de un arreglo sin fecha de vencimiento, una especie de contrato para garantizarle a Techint contratos multimillonarios con Petrobras sin licitación a lo largo de los años.

El único argentino acusado en el expediente es Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de administración del grupo Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de confianza de Paolo Rocca, presidente del holding. Zabaleta es acusado de haber participado en el pago de presuntos sobornos a Duque, según consta en el expediente. El abogado del argentino debía estar presente en la declaración de Duque y en otras testimoniales de dicha fecha pero desde hace más de un año, el juez y los fiscales del Lava Jato intentan que el argentino comparezca ante la Justicia brasileña, sin éxito. 

El trámite para notificar a Zabaleta de la acusación en su contra e informarle que debe nombrar un abogado defensor para que la investigación siga adelante en Brasil está demorado entre idas y vueltas en los tribunales de Comodoro Py 2002, una dilación que sólo ha beneficiado al exejecutivo de Techint, como reveló este medio en agosto.

La demora de los jueces y fiscales argentinos para ejecutar el exhorto del juez de Brasil ha generado tensiones y críticas de los fiscales brasileños que quedaron plasmadas en el expediente durante una de las audiencias del 25 de agosto. Uno de los fiscales brasileños llegó a decir que la dilación era una “excusa” de las autoridades argentinas.

Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado.

Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

La presencia de un abogado defensor de Zabaleta era central en la audiencia en la que declaró Duque, entre otras que tuvieron lugar en la causa ese mismo 25 de agosto. Durante el interrogatorio a Duque, el fiscal del caso no pudo consultarlo explícitamente sobre Zabaleta porque el argentino ya no forma parte del expediente ni tenía presente a su abogado para garantizar su derecho de defensa. En la audiencia sí participaron abogados defensores de exejecutivos del grupo en Brasil, quienes niegan las acusaciones de presunta corrupción y lavado de dinero, y de otros acusados en el caso. 

Quién es

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

El exdirectivo de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en una investigación de tres fiscales de Milán. Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Zabaleta es uno de los acusados de gestionar pagos ilegales a Duque por unos US$10 millones.

En Argentina, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta. Lo declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos en 2018. El ejecutivo fue sobreseído en agosto último por el juez Julián Ercolini.

elDiarioAR se comunicó con Zabaleta en las últimas semanas, pero el contador declinó hacer comentarios sobre las acusaciones en su contra. En Techint, la respuesta a la consulta sobre la causa en Brasil y el pedido de citación de un ex integrante de su directorio fue la misma: sin comentarios. 

En el pasado, la multinacional ítalo-argentina ha negado las acusaciones de presuntos sobornos en Brasil. En el caso de los cuadernos, Rocca sostuvo desconocer los pagos ilegales a Baratta (Baratta niega además haber sido sobornado por la compañía) y Luis Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA). Rocca y Betnaza también fueron sobreseídos en el caso de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Baratta fue procesado por supuestas dádivas. 

El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida.

Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

Un acuerdo “paraguas”

Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012. En 2017, fue condenado por el juez Sergio Moro por otros casos de sobornos en el marco del Lava Jato. Duque declaró como imputado colaborador en distintas oportunidades, entre ellas en 2017, cuando habló de Techint y Confab (subsidiaria de Tenaris controlada por el grupo ítalo-argentino en Brasil).

El 25 de agosto último, Duque debió declarar nuevamente como colaborador en el expediente contra Techint para ratificar sus dichos y ampliarlos, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR. 

“Confab es un fabricante exclusivo de algunos tipos de tubos (de acero), un fabricante exclusivo en Brasil. Tiene competidores internacionales, pero en Brasil tiene la exclusividad de algunos tipos de tubos”, dijo Duque al inicio de su declaración. “En 2008, el señor Benjamin Sodré (entonces ”representante comercial de Confab“), de quien fui amigo por más de veinte años -amigo, pero nunca de ir a la casa, ¿no?, un amigo para salir a almorzar, tomar una copa-, Benjamin me propuso que si Petrobras continuaba negociando directamente con Confab para adquirir estos tubos que eran exclusivos de Confab en lugar de realizar una licitación internacional, yo tendría como contraparte, a cambio, un monto que ser pagado por Confab”, afirmó Duque.

“Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado”, agregó el ex directivo de Petrobras, quien aclaró que ya en 2008 comenzó a recibir algunos “depósitos como resultado” del acuerdo. También ratificó que su pacto no era coyuntural: a pesar de que las autoridades de Confab cambiaron en 2011, Duque siguió cobrando las coimas, según declaró.

El pacto propuesto a Duque estaba enmarcado en una política oficial de Petrobras que ayudó a darle credibilidad a la contratación directa a Techint, aseguró el colaborador. “El contenido nacional era un objetivo del directorio de Petrobras, en ese momento: aumentar el monto máximo de contenido nacional en los trabajos que realizaba Petrobras, lo cual era incluso una política de gobierno. En este contexto de incrementar el contenido nacional, yo, como director de servicio, propuse, y la junta de Petrobras aceptó, la negociación directa de estos tubos (con Confab-Techint), por ser fabricante nacional exclusivo”.

“Entonces, a partir de 2009, no hubo más acuerdos puntuales. Ya era un acuerdo paraguas, que ya englobaba cualquier contrato que no tuviera licitación internacional”, dijo Duque. Sólo en 2008, Duque recibió un millón de dólares, según declaró.  “El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida”, amplió Duque, quien dijo además que no llevaba control de los pagos ilegales y que no sabe si Techint cumplió plenamente con su acuerdo. 

Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina.

Renato De Souza Duque — Exdirector de Servicios de Petrobras.

Cómo cobraba 

Duque dijo que quien se encargó de los arreglos, fue en principio su amigo e intermediario con la compañía, Benjamín Sodré. Duque abrió una sociedad en Brasil, Hayley SA, que estaba a nombre de un testaferro, quien se quedaba con el 10% de los pagos. También se abrió  otra sociedad del mismo nombre en Uruguay para triangular los pagos.

Hayley “se convirtió en la empresa para recibir todo el dinero que surja de estos contratos”, explicó Duque.

El primer millón de dólares lo recibió en 2008 desde otra offshore: Blue Note Business Corp., sostuvo. Sin embargo, Duque dijo conocer sólo la operación para cobrar los pagos ilegales, pero afirmó que desconocía cómo se montó la ingeniería de offshores y cuentas en Suiza para hacerle llegar el dinero negro.

“Simplemente pasé la factura a ser depositado por Benjamin Sodré y, a medida que se realizaba la operación”, aseguró Duque. Una vez que recibía el dinero en Brasil vía Uruguay, Hayley SA invertía en propiedades para blanquear el dinero de origen ilegal. “Toda la ganancia que se obtuviera sería 50% para cada uno (Duque y su testaferro a cargo de la sociedad)”. El abogado que gestionó la offshore -ya fallecido, dijo Duque- recibía además el 5% de los depósitos.

De dónde venía la plata

Además de la confesión de Duque, los fiscales de Brasil cuentan con la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint. Es la misma prueba con la que cuentan los fiscales de Italia en su causa. 

De acuerdo con los documentos bancarios entregados por las autoridades suizas, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos que llegaron a Hayley SA, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint desde Suiza, tras recibir órdenes de Zabaleta, según la acusación de los fiscales italianos.

Existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes.

Reporte semestral 2021 de Tenaris (Techint).

Quién daba la orden

“En su testimonio de 2017, dice que en realidad nunca tuvo contacto con nadie en Confab, en Argentina, pero en cierto momento, dice que sabía que el pago del soborno fue realizado por un funcionario de Confab en Argentina. ¿Cómo se enteró de que parte de este pago lo hizo alguien en Argentina?”, preguntó el fiscal a Duque durante la audiencia. “A través de João Bernardi” (el testaferro de Duque), respondió el colaborador. “Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina. Entonces, João Bernardi me lo comunicó”, agregó.

Duque negó sobreprecios en los contratos pero admitió que el supuesto soborno evitó que Petrobras pudiera realizar una compulsa de precios internacionales para evaluar la mejor oferta para la petrolera. También dijo que no recibió pagos por los contratos que Confab sí ganó por licitación.

El exdirector de Servicios de Petrobras exculpó a sus subalternos durante su declaración y dijo haber sido el único receptor de pagos ilegales de Techint.

Marco Aurelio Da Rosa Ramos, quien recibía indicaciones de Duque, declaró como testigo en la causa el 25 de agosto. “Confab ganó varios de esos procesos (de licitación internacional) y perdió otros. Perdió con un fabricante inglés y contra uno griego”, dijo por citar dos ejemplos.

En su reporte semestral de 2021, Tenaris -principal compañía de Techint y fabricante de tubos de acero- afirmó a sus inversionistas: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción. Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”.

ED

La citación de la Justicia de Brasil a Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint y hombre de confianza de Paolo Rocca, por el presunto delito de lavado de dinero de la corrupción generó varios movimientos en los tribunales federales que todavía están pendientes de resolución, según informaron fuentes judiciales con acceso directo a la causa y documentos de los expedientes que tramitan tanto en Argentina como en los tribunales federales del país vecino. 

En el caso que toca directamente a la multinacional ítalo-argentina ya intervino la Cámara Federal porteña y ahora la Cámara Federal de Casación debe tramitar un planteo. Mientras tanto, la citación del contador de Techint en Brasil está suspendida por orden de la Justicia argentina a la espera de una nueva decisión. Zabaleta sólo debe responder por el presunto delito de lavado de dinero destinado a los supuestos sobornos, ya que los hechos por cohecho y corrupción fueron declarados prescriptos en junio último, según consta en el expediente brasileño. Ni el contador ni Techint respondieron las consultas de elDiarioAR. La compañía ha negado en el pasado las acusaciones.

Zabaleta está acusado de ejecutar desde Buenos Aires el supuesto pago de coimas por unos US$10 millones al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque -ya condenado-, entre 2008 y 2013. A cambio, Duque habría garantizado contratos por más de US$513 millones a la filial brasileña de Tenaris, compañía del grupo.

Tres expedientes, un caso

La investigación tramita en tres jurisdicciones distintas: en Milán, Italia; en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil; y en Comodoro Py 2002, Buenos Aires. Zabaleta ya había sido requerido por los fiscales del caso italiano en 2017, pero entonces la Justicia argentina tampoco tramitó ese pedido. Desde septiembre pasado, el juez brasileño Luiz Antonio Bonat busca citar al ejecutivo en su expediente, aún sin éxito, como reveló el domingo elDiarioAR. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen a Zabaleta haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países a las que accedió este medio.

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta fueron denunciados en Argentina en 2017.La causa recayó en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, pero está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. A pesar de que los mismo hechos se investigan en tres países diferentes, a diferencia de Brasil e Italia, en Argentina el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros. 

Citación suspendida

Techint viene acumulando buenas noticias y fallos a favor en la Justicia local. Rocca, Zabaleta y Luis Betnaza -director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina- fueron sobreseídos el martes 10 de agosto en la causa de los cuadernos, en el que también estaban acusados del pago de sobornos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Zabaleta y Betnaza habían admitido los pagos ilegales. Rocca negó haber participado o conocido esos hechos. 

La llegada del exhorto de Brasil solicitando colaboración a la Justicia argentina para que intime a Zabaleta a presentarse ante el juzgado de Curitiba provocó un conflicto de competencia para decidir quién es el juez que deberá tramitar la solicitud del magistrado brasileño. La decisión quedó por ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. 

La citación de Zabaleta en Brasil fue suspendida a finales de diciembre por orden del juzgado federal 6, a pedido de la defensa del exejecutivo de Techint y tras un planteo del fiscal Taiano. 

En el corto plazo, el exejecutivo -quien se jubiló en 2011 pero siguió trabajando de manera particular para los Rocca- debe presentar abogado ante el juez brasileño para que la Justicia brasileña proceda con una serie de audiencias testimoniales en la causa en su contra, pero hasta la semana última Bonat no tenía confirmación de la Justicia argentina, según las últimas informaciones disponibles en el expediente digital.

Desde el 1° de octubre de 2020, el exhorto del juez brasileño parece una papa caliente. El pedido llegó a Comodoro Py vía Cancillería y se sorteó, como marca el procedimiento. Recayó en el juzgado federal número 6, momentáneamente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El fiscal Taiano planteó que el juzgado 6 debía hacerse a un lado y que el exhorto debería tramitar en la causa local en la que se investigan los mismo hechos que en Brasil. Ese expediente también está a cargo de Taiano y tramita en el juzgado federal número 9, de Luis Rodríguez. 

El fiscal argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina.

No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones.

Al conocer la existencia del exhorto, los abogados de Zabaleta coincidieron en que todo debía tramitar en el juzgado de Rodríguez, donde su defendido está acusado de los presuntos delitos de soborno transnacional y lavado por los mismos hechos que investiga Brasil, sólo que en Buenos Aires, Zabaleta nunca fue citado y no hay posibilidad próximos de que sea requerido en el expediente. 

Además, la defensa planteó que el contador del grupo de los Rocca no puede ser juzgado por los mismos hechos en dos expedientes distintos. Al ser argentino, Zabaleta puede solicitar ser juzgado en su país, donde sus abogados entienden que tiene mayores garantías, explicó una fuente directa del caso. 

Sin embargo, el juez Rodríguez se desmarcó del exhorto. Rechazó todos los planteos y se desentendió. Rodríguez sostuvo que no advertía “la necesidad u obligación de conectar este legajo que tiene un objeto sumamente concreto” (la citación de Zabaleta en Brasil) con su causa. Por lo tanto, el exhorto regresó al juzgado federal 6, pero la jueza Capuchetti ya había dicho que debía ser tramitado por el juzgado 9.

El caso terminó en la Cámara Federal porteña. El presidente del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, ordenó en diciembre que el exhorto siga su camino y se tramite por separado en el juzgado 6. “No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones”, afirmó Iruzun en su resolución.

Taiano y la defensa insistieron con sus planteos. Estos fueron rechazados nuevamente pero provocaron un hecho clave para Zabaleta: ante el conflicto, se ordenó suspender la citación de Brasil.

La citación del contador de Techint ahora está en manos de la jueza Capuchetti, pero la defensa de Zabaleta también se presentó ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación para solicitar la nulidad de la decisión de Irurzun. Ahora los camaristas del máximo tribunal penal deberán analizar si hacen lugar al planteo. 

ED

Desde hace casi un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia federal suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino y trabó una contienda con los brasileños, según confirmaron cinco fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR y documentos y fallos judiciales de Argentina y Brasil.  

En los tribunales federales, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca y sus hombres más cercanos tienen el camino despejado. La buena fortuna del gigante del acero se extiende a este y otros casos de presuntas coimas. Techint es blanco de al menos tres expedientes penales por presuntos sobornos. Por uno de esos casos, el de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, Rocca y dos de sus colaboradores históricos (Zabaleta y Luis Betnaza, actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina, UIA) fueron sobreseídos el martes último. 

Existen otros dos expedientes donde autoridades de Techint están formalmente acusadas del pago de sobornos transnacionales, ambos a exfuncionarios de Brasil, que supuestamente fueron ordenados desde Buenos Aires. Los avances han sido escasos, según confirmaron fuentes directas de ambas investigaciones y de las defensas. Sin embargo, Brasil avanzó en uno de estos casos y citó a Zabaleta, pero desde septiembre de 2020 la intimación al argentino está frenada. 

La facilidad de Techint para salir de aprietos judiciales en Comodoro Py 2002 se repite a pesar de las confesiones de sus ejecutivos (como en el caso de los cuadernos); de las pruebas documentales sobre el supuesto pago de coimas; las transferencias bancarias en Suiza; las declaraciones de arrepentidos en Brasil; las solicitudes de jueces y fiscales extranjeros; y dos avanzadas investigaciones en Milán y Curitiba, según pudo establecer elDiarioAR de la consulta a ocho fuentes judiciales, abogados de la compañía y expedientes. 

El administrador

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

Ese año, en el caso de los cuadernos, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta, pero fue sobreseído el martes por el juez Julián Ercolini. Baratta, en cambio, fue procesado por dádivas.

El contador de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en la investigación de tres fiscales de Milán y en una causa que tramita en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil, donde fue requerido para declarar por el juez Luis Antonio Bonat, aún sin éxito. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Los detalles de estos movimientos financieros fueron publicados por los medios L'Espresso de Milán, Poder 360 y Perfil en 2018. 

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta están denunciados en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez. La causa está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Pero a diferencia de Brasil e Italia, en Buenos Aires el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros.

No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama.

Inicios en Milán

Para llegar a la causa en Brasil primero hay que remontarse a Milán. Los primeros en investigar a Zabaleta fueron tres fiscales italianos, comandados por el procurador Fabio Di Pascuale, como informó Perfil en 2017. Aquel año, los milaneses -que intervienen porque la compañía cotiza en la bolsa de esa ciudad italiana y algunos de los acusados tienen residencia allí- identificaron a Zabaleta como uno de los ejecutivos de Techint que manejaba cuentas de sociedades offshore en la Banca Svizzera Italiana (BSI), con sede en Suiza, y que autorizaba pagos que terminaban en una sociedad de Renato De Souza Duque, gerente de Servicios de Petrobras. Esos pagos se ejecutaron entre 2009 y 2013, según la investigación. 

Los fondos salían de dos compañías uruguayas hacia Suiza y luego se transferían a sociedades offshore de Panamá y Uruguay, con cuentas en el mismo banco. Anna Maria Giorgetti, entonces empleada de Techint en Lugano, Suiza, era la encargada de ejecutar las órdenes de Zabaleta, según admitió ante los investigadores de Milán.

Tanto los milaneses como los brasileños obtuvieron de Suiza documentos bancarios que les permitieron corroborar que Zabaleta y otros ejecutivos de Techint eran los apoderados de las cuentas y de las offshore usadas como fachada para mover el dinero.

Duque, gerente de Servicios de Petrobras, le aseguró a Techint, Tenaris (compañía del grupo) y su filial brasileña (Confab) contratos por más de 2.700 millones de reales con la petrolera estatal, entre 2007 y 2010. Esa suma, actualmente, supera los US$513 millones. El negocio de la multinacional ítalo-argentina con Petrobras era la venta de tubos de acero especialmente fabricados para la industria del petróleo.

La investigación italiana provocó que Brasil también investigue los hechos. El 30 de junio de 2020, catorce fiscales de Curitiba denunciaron a Zabaleta y a otras diez personas vinculadas a Techint en Brasil por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. Determinaron en base a documentación de los bancos suizos, testimonio de arrepentidos y correos electrónicos que a cambio de garantizar esos contratos multimillonarios a Techint, Duque recibió supuestos sobornos por unos US$10 millones, entre 2009 y 2013, según la acusación de los fiscales brasileños a la que accedió este medio.

Zabaleta es señalado por los fiscales de Curitiba como el ejecutivo que comandó parte de la supuesta operación desde Buenos Aires y Suiza, a donde solía viajar: administró cuentas bancarias para los pagos ilegales y permitió que se montaran contratos falsos de “servicios de consultoría y asesoría comercial” con la sociedad Hayley SA -utilizada por el funcionario de Petrobras para recibir los fondos- y camuflar así la verdadera razón de las transferencias, según los fiscales de Brasil.

Tras la denuncia de los fiscales brasileños en 2020, el juez Luis Antonio Bonat, a cargo del juzgado federal 13 de Curitiba, ordenó citar a los once acusados, incluido Zabaleta. Al cierre de esta nota, el magistrado no había logrado que el exejecutivo de Techint se presentara ante la Justicia de Brasil.

Pedido de colaboración

Los intentos por lograr la citación de Zabaleta comenzaron el 31 de julio de 2020. El juez Bonat ordenó proceder con el pedido de colaboración a la Justicia argentina para lograr que Zabaleta se presente ante la Justicia brasileña, ya que el contador vive en Buenos Aires y es ciudadano argentino. 

El 10 de septiembre de 2020, Brasil envió el pedido de colaboración a Argentina, según los documentos que constan en el expediente brasileño. De acuerdo a la legislación de ese país, se le otorgó un plazo de 10 días para comparecer ante el juzgado, en el estado de Paraná.

El 1° de octubre, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Taiano y los abogados de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal argentino planteó que si la causa de Curitiba avanza, pondría en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. La diferencia entre la causa de Brasil y la de Argentina es que el país vecino avanzó mucho más y citó a Zabaleta mientras que en Buenos Aires sostienen que no hay pruebas en su contra, explicaron dos fuentes directas de la causa local.

La defensa de Zabaleta plantea que “los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos” y que por lo tanto, su cliente no puede ser juzgado en dos expedientes distintos por los mismos hechos, como garantiza la ley argentina. Al ser argentino, tiene garantías para pedir ser juzgado en su país.

En diciembre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que se suspenda la declaración de Zabaleta en Brasil, “hasta tanto pueda contar con mayor información respecto de las eventuales consecuencias de su cumplimiento”. “No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama”, afirmó el magistrado.

En febrero, el juez brasileño respondió que el Tribunal Superior de Brasil (equivalente a la Corte Suprema) ya determinó que la existencia de un proceso penal en el extranjero no impide a la Justicia de Brasil avanzar en la investigación penal, salvo que ya exista una condena en Argentina por los mismo hechos contra el mismo acusado. También recalcó que no cuenta con ninguna información de la Justicia argentina sobre cuál es el objeto de la causa contra Techint.

Entre idas y vueltas, el colaborador de Rocca sigue en Argentina y nunca se presentó ante Bonat. Desde su domicilio, Zabaleta dijo a elDiarioAR que no tiene novedades sobre el caso en el país vecino y cortó la comunicación.

Ahora, el avance de la citación depende de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del juzgado federal 6 de manera momentánea. 

Prescripto

El tiempo también es un gran aliado del gigante del acero. El 17 de junio último, el juez de Curitiba declaró prescriptos parte de los delitos por los que debían responder Zabaleta y otros acusados en Brasil, según el escrito al que accedió este medio. 

Como el argentino y otros cuatro supuestos cómplices son mayores de 70 años, la ley brasileña habilita a reducirles a la mitad los plazos de prescripción. Para el delito de corrupción ese plazo es de hasta 20 años. Por esa razón el juez entendió que los fiscales tenían un plazo máximo de 10 años desde los hechos investigados para denunciar a los hombres de Techint.

Los fiscales plantearon que habían realizado la denuncia a tiempo, el 30 de junio de 2020, menos de 10 años antes de la firma de los contratos de finales de julio de 2010 que se montaron para camuflar el pago de las coimas al funcionario de Petrobras. Los pagos ilegales se registraron incluso hasta 2013, según las investigaciones de Italia y Brasil. 

Los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos.

Defensa de Zabaleta.

Sin embargo, el juez Bonat dio la razón a las defensas, que plantearon que debía tomarse como fecha de los hechos de corrupción la firma de los contratos entre Petrobras y la filial brasileña de Techint. El juez determinó que la denuncia debió haberse presentado casi un mes antes de la fecha en la que se presentó realmente.

Aún así, el magistrado brasileño dejó asentado que la causa sigue avanzando contra Zabaleta y el resto de los septuagenarios por el delito de lavado de dinero, que no está prescripto.

La causa local

En Argentina, la acusación contra Techint ya es conocida. Italia la envió en 2017 e incluyó todos los movimientos de cuentas y los nombres de ejecutivos de Techint involucrados, según corroboró elDiarioAR. En Techint, declinaron hacer comentarios sobre las causas y acusaciones ante la consulta de este medio. La compañía de los Rocca siempre negó el pago de sobornos a Duque. 

Tras recibir la información, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la causa pero tras y venidas, fue corrida del caso. Quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Rodríguez, quienes consideran que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para avanzar contra Techint.

En el marco de este caso, no es la primera vez que Zabaleta se salva de comparecer ante fiscales extranjeros. Los fiscales italianos también solicitaron en 2017 que Zabaleta fuera citado a declarar como sospechoso, pero el fiscal Taiano rechazó la medida por considerar que no había pruebas para entregar al exejecutivo a los milaneses, según explicaron fuentes judiciales del caso y de la defensa. 

El 1° de noviembre de 2017, el jefe del equipo de fiscales de Milán, Fabio Di Pascuale, se apersonó en Comodoro Py 2002, aprovechando una visita protocolar, para exigir que la Justicia argentina haga efectivo su pedido de allanar Techint en busca de computadores y documentos. Fue recibido por la jueza de turno de entonces, María Servini, y los fiscales Taiano y Gerardo Pollicita, pero Di Pascuale nunca logró que autorizaran los procedimientos por supuesta falta de evidencia de los delitos. Se fue con las manos vacías. Recién en agosto de 2018, el juez Luis Rodríguez allanó la sede de Techint en Retiro.

El eje del caso en Curitiba y en Milán es la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint, según ambas investigaciones. De acuerdo con los documentos bancarios, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada en Milán dijo que las órdenes de pagos las recibía de Zabaleta. Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para el gerente de Petrobras fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer.

Expediente Angra

El segundo caso por presunto sobornos transnacional contra Techint data de mayo de 2017 y tramita en el juzgado federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos. Se inició por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en base a información aportada por Brasil.

Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de ese país, una de esas obras por las que Techint habría pagado coimas es Angra3, una usina nuclear que encargó la empresa estatal Eletrobras Eletronuclear. La maniobra denunciada implicaba la supuesta simulación de contratos a una consultora de las hijas del funcionario del partido de Michel Temer que estaba a cargo de la licitación. Los pagos fueron entre 2012 y 2014. Techint siempre negó las acusaciones.

Aunque en este caso los pagos ilegales se habrían realizado en Brasil, la Procelac determinó que la filial brasileña actuaba bajo el paraguas de Techint en Argentina, centro operativo de la compañía en la región, y pidió que se investigue a Ricardo Ouriques Marques, director general de Techint en Brasil; a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina; y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca y ejecutivo de la multinacional.

ED

Resulta imposible imaginar una decisión judicial más incontaminadamente respetuosa de los hechos consumados, más meticulosamente reacia a innovar, que aquella que el jueves votó la mayoría del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y que mantenía libre de toda culpa a Luis Inázio Lula da Silva. En su economía de recursos, bastó a los siete ministros una limpia argumentación procesal, sin extraviarse jamás en sopesar la inocencia del ex presidente en las cuatro causas tramitadas en su contra o en valorar la justicia de las condenas del juez federal Sérgio Moro, para decidir su voto. Los procesos por presunta corrupción quedaron para siempre anulados como si nunca hubieran existido y lo actuado en los tribunales de Curitiba será remitido a los de Brasilia para que algún magistrado federal decida qué hace -si decide hacer algo- con el material reunido durante la instrucción de los juicios contra Lula.

Básicamente, el jueves 15 la mayoría del plenario había votado para confirmar una incompetencia y una semana después, en el mismo juicio, el jueves 22 votó para confirmar una competencia.

Confirmado: Moro es incompetente

La incompetencia había sido dictaminada el 8 de marzo en una decisión ‘monocrática’ por el juez Luiz Edson Fachin, ministro del STF, y relator del caso de un habeas corpus presentado por la defensa de Lula al que el Tribunal había hecho lugar. Fachin había establecido la incompetencia del juez Sérgio Moro y del Juzgado 13 de la Subsección judicial de Curitiba para procesar y juzgar las acciones penales 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en la costa paulista), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (terreno en Atibaia, localidad también paulista), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede del Instituto Lula) y 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (donaciones al Instituto Lula).

Para procesarlo a Lula, Moro había fundado su competencia extraterritorial (el reo era un ex presidente -en principio, su juez natural estaría en Brasilia- y los hechos presuntamente delictivos habían ocurrido en otro estado -su juez natural estaría en San Pablo-) en una cuestión de orden decidida en 2015 por el STF que atribuía competencia al Juzgado Federal de Curitiba en todos aquellos casos que en el marco de la operación Lava Jato presentaran vinculación con Petrobras. Ahora bien, como reclamó desde 2016 la defensa de Lula, como admitió Fachin al hacer lugar a su habeas corpus, como votó el jueves el plenario del STF, en ninguna de las cuatro causas hay nexo ninguno entre los delitos imputados y la petrolera estatal.

El juez Fachin anuló los cuatro procesos iniciados contra Lula. Anuló todo lo actuado penalmente, incluso la recepción de denuncias: en los dos juicios que implican al Instituto Lula, no había condenas, sólo se había hecho lugar a denuncias. Pero no declaró inválidos o viciados los resultados obtenidos por la investigación de Moro, sobre cuya relevancia o valor probatorio no se pronunció, ni tampoco lo hizo en su confirmación el plenario del ST. Fachin proponía enviar ese material a quienes serían, esta vez sí, jueces naturales de Lula, en los tribunales federales de Brasilia, para que decidan si abrir o no procesos penales contra el ex presidente. El ministro Alexandre de Moraes, que había ratificado la decisión de Fachin, disiente en que el destino de los materiales recabados en Curitiba sea Brasilia, y sostiene que debe ser San Pablo, el lugar de los hechos. El jueves 22 se votó la cuestión, y por mayoría se decidió confirmar la decisión monocrática de Fachin y la la competencia de los tribunales de Brasilia.

Confirmado: Moro nunca fue imparcial

La cuestión más relevante que debía decidir el jueves el plenario era la de si confirmar o no un fallo fallo posterior al ‘monocrático’ de Fachin, y este ‘colegiado’, de la Sala II del STF,  que, en un voto dividido 3-2, haciendo lugar a otro habeas corpus de la defensa de Lula, había decidido que era legítimo el temor o sospecha de parcialidad del juez Moro en el caso del tríplex de Guarujá, proceso que sí había llevado a una condena, y que mantuvo al ex presidente por 580 días prisionero en la cárcel. Por un voto, ganó la posición concorde con la defensa, y los jueces Gilmar Mendes, Nunes Marques y Cármen Lúcia (que determinó la victoria rectificando su primera decisión negativa), concluyeron que sí, que como denunciaba y reclamaba el defensor Cristiano Zanin Martins, el juez Moro se había orientado según los objetivos políticos que perseguía al procesar, investigar y sentenciar a Lula. Por lo tanto, todos los materiales probatorios obtenidos en el curso de una causa así armada quedaban viciados por efecto de la parcialidad del juez, y eran inutilizables.

El plenario no podía reconsiderar lo decidido por la Sala, porque esta es instancia última. Pero podía decidir, según recomendaba el juez Fachin, que la confirmación de la incompetencia de Moro, pedida por el habeas corpus 193726 sería la decisión judicial eficaz, que vaciaría de objeto procesal al habeas corpus 164493, y a otros 13 más presentados por la defensa, porque, anulados los procesos, eran como si nunca hubieran existido: ¿cómo evaluar la imparcialidad de un juez en un proceso inexistente?

La propuesta de Fachin preservaría intacta, de momento, la inocencia de Lula. Pero sería una verdadera salvación para Moro y el Lava Jato. Porque la anulación de la apertura de las causas penales en Curitiba y de las condenas en primera y segunda instancia no implicaba la invalidación de lo obrado en el proceso ni la depreciación de las pruebas alegadas. Si se vaciaba de objeto procesal a este habeas corpus, Lula volvía a la inocencia y Moro a la imparcialidad: caía la condena y caía la sospecha. Más todavía, la imparcialidad del juez revalidaría su juicio, y dejaría intacta la cuestión de fondo: según un razonamiento hipotético, más político que jurídico, si Lula hubiera estado dentro de la jurisdicción, la condena estaría firme. Y para la opinión pública que había hecho del Lava Jato su bandera y su religión cívica, Moro sería culpable de un error burocrático, y el ‘bandido’ Lula culpable de corrupción, y habría escapado de cárcel y condena gracias a una artificiosa estratagema leguleya.

Inválidos los procesos, inválidas las condenas, pero todavía válidas las pruebas de Moro, si la incompetencia absorbía y ahuecaba a la parcialidad. En el más pesimista de los escenarios, un magistrado en Brasilia, sorteado entre los dos juzgados federales especializados en corrupción y lavado, el 10° y el 12°, podría recibir el expediente de Curitiba, iniciar el juicio, copiar-y-pegar las pruebas, escuchar a la defensa, y condenar él en tiempo récord a Lula.

Una mayoría de siete votos llegó a decidir la cuestión el jueves, antes de que el ministro Marco Aurélio Mello pidiera el expediente, con lo que se interrumpió una sesión del plenario del STF que se había anunciado como última, definitiva y final en el caso Lula/Moro. La decisión fue también conservadora, porque lo que los jueces votaron fue la confirmación de la competencia de la Sala II para hacer lugar al habeas corpus que pedía la anulación de los procesos por la sospecha de parcialidad del juez Moro. En nada innovaron los jueces de la mayoría. Confirmaron la incompetencia de Moro, dictaminada por Fachin, y confirmaron la competencia de la Sala II para decidir la parcialidad de Moro, con que ésta en consecuencia quedó establecida.

Moro, según determinaron las decisiones monocrática y colegiada que la mayoría del plenario del STF se limitó a mantener, fue incompetente y fue parcial. La parcialidad inutiliza las pruebas, por lo cual si un juez federal en el Distrito Federal de Brasilia, en el centro del país, buscara procesar a Lula, debería instruir una causa deshabitada de mobiliario e instrumentos mudados desde el sureño estado de Paraná, donde está Curitiba.

La Sala II había reconocido la parcialidad de Moro en uno de los cuatro procesos, el del tríplex de la ciudad balnearia de los sectores populares paulistas. La jurisprudencia invitará a extender esa parcialidad a los otros tres procesos, simultáneos, con un mismo juez y un mismo reo, y habilitados todos en Curitiba invocando la vinculación de los cuatro con una misma fuente de corrupción estatal, Petrobras. Aunque la victoria de Lula en las presidenciales del 2 de octubre de 2022 sea menos inexorable de lo que ahora enfatizan los sondeos, su candidatura encabezando la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT) ya no tiene obstáculo alguno por delante para lanzarse a la carrera.

El Lava Jato no tenía futuro: ahora tampoco va a tener pasado

Los efectos de la doble confirmación del STF exceden a las figuras invertidas una y otra vez del héroe y del bandido, y ganan amplitud y atingencia nacionales. El perdedor es Moro, el ganador es Lula, pero ni es el único ganador, ni su ganancia es desproporcionadamente mayor en comparación con otros, más discretos beneficiados y agradecidos. También gana Bolsonaro, y también ganan los partidos oportunistas y centristas que hoy dominan en el Congreso. El derrumbe de Moro arrastrará el del Lava Jato: la megaonfensiva anti-corrupción, que no tenía futuro, ahora tampoco tendrá pasado, la cruzada moralizadora será vaciada retrospectivamente de sentido, los procesado y condenados alegarán que se reconsidere en cada una de sus condenas si no obró también una cuota sospechosa de sesgo político de parte del juez de quien ya se ha establecido, en los juicios de mayor perfil que llevó adelante, que era incompetente y parcial.

En Brasil, el progreso es un lujo que el orden sabe que hay que pagar al contado. Antes que sinergia o matrimonio igualitario, Ordem e Progresso, divisa positivista de Auguste Comte que adoptó para la bandera la República militar y masónica creada en 1889, es jerarquía y subordinación del segundo término al primero. No ha desgastado este lema su inexplicable idoneidad centenaria para explicar muchas conductas colectivas brasileñas, sean en 2018 del entero electorado nacional, sean ahora de los 11 jueces del (STF).

Si la rehabilitación de Lula cambió el panorama electoral brasileño, la votación de su inocencia revolucionó y desequilibró para siempre al STF. Los lavajatistas fueron derrotados, su predicamento disminuido, sus opiniones desoídas a pesar de que fueron quienes, como el ministro Luís Roberto Barroso, más alzaron la voz el jueves. Barroso faltó a la verdad al decir que eran un fraude los mensajes intercambiados por Telegram entre Moro y los fiscales, donde todos conspiran para la condena de los reos: los mensajes, hackeados, son auténticos. El ministro Ricardo Lewandowski defendió la legalidad de incorporar las conversaciones interceptadas a un expediente judicial. La sesión del plenario terminó a los gritos.

En cambio, ha crecido una figura antes marginal, antes aislada en su combate contra el lawfare. Demostró ser capaz de aconsejar a quien lo pedía y persuadir a quien no, en estas decisiones decisivas. En la cuestión de la competencia de Brasilia como sede del juzgado federal natural para Lula y en la cuestión de la competencia de la Sala II del STF para hacer lugar al habeas corpus que denunciaba la parcialidad de Moro, sus opiniones, sólida y sosegadamente argumentadas. De redacción tersa, fueron seguidas por los colegas que votaron por la afirmativa. El solitario que había sido el primero en dudar de la integridad jurídica y legitimidad procedimental de la ‘República de Curitiba’, es ahora ideólogo y líder de la nueva doctrina dominante.  

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, confirmó hoy por mayoría la parcialidad y persecución política del exjuez Sérgio Moro en la causa en la que condenó y proscribió de las elecciones de 2018 al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al que encarceló durante 580 días por corrupción.

Con ese resultado fue ratificada la anulación de la condena contra Lula, que queda confirmado como posible candidato presidencial en 2022 y que actualmente lidera las encuestas de intención de voto por encima del presidente Jair Bolsonaro.

La corte llegó a siete de los 11 votos, una decisión que le dio un golpe mortal al ímpetu de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia que utilizó, según los jueces, ilegalidades, negociaciones políticas y económica y motivación ideológica para llegar a sus objetivos, entre ellos inhabilitar electoralmente a Lula.

La condena sacó a Lula de la elección de 2018 en virtud de la Ley de la Ficha Limpia, que inhabilita a condenados en dos instancias, y luego de la victoria de Bolsonaro el propio Moro se sumó al gabinete como ministro de Justicia, cargo al que renunció para trabajar en el estudio jurídico estadounidense Alvares & Marsal.

En una tensa sesión con discusiones a favor y en contra de Lava Jato entre los jueces, estos confirmaron la decisión de considerar que Moro ejerció persecución contra Lula en el juicio en el cual lo condenó a ocho años de cárcel por la propiedad nunca probada de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá.

Los defensores de Lava Jato en el STF habían obtenido dos votos de la mano de Edson Fachin y Luis Barroso, quienes defendieron a Moro y a la operación por haber cambiado la forma de hacer política en Brasil.

La corte también determinó que otras causas que Lava Jato abrió contra Lula quedaron anuladas y pasaron por una cuestión de competencia a Brasilia, ya que no había vinculaciones con los desvíos en la petrolera estatal Petrobras durante la presidencia del líder del Partido de los Trabajadores (PT), entre 2003 y 2010.

Entre la anulación se encuentra una condena a 15 años ya confirmada en dos instancias por un reforma que Odebrecht, constructora eje del caso de corrupción, hizo en una casa de campo de la ciudad paulista de Atibaia utilizada por Lula luego de dejar la presidencia.

Los jueces que lograron la mayoría para confirmar la decisión de la Sala II de la corte suprema fueron Gilmar Mendes, Antonio Toffolli, Carmen Lucia Antunes, Kassio Nunes Marques (el juez puesto por Bolsonaro), Rosa Weber, Alexandre de Moraes y Ricardo Lewandowski.

La sesión remota contó con el fuerte enfrentamiento entre Barroso y Lewandowski.

Barroso, conocido por sus coincidencias jurídicas con el grupo mediático Globo y que llegó a la corte por vía de la expresidenta Dilma Rousseff, repasó los logros de Lava Jato y no quiso considerar a Moro imparcial.

El magistrado cuestionó las filtraciones sobre los diálogos entre Moro y los fiscales conspirando contra Lula y dijo que todos los partidos políticos estaban incluidos en la red de desvíos de empresas estatales para financiar campañas.

Sin embargo, Lewandowksi, que llegó por designación de Lula, contraatacó y le dijo que “quien no está a favor de los métodos de Lava Jato también puede estar en contra de la corrupción y a favor de combatirla”, tras enumerar la crisis de empleo generada por la quiebra de al menos cinco empresas constructoras involucradas en las coimas en los contratos de Petrobras.

De esta forma Lula, quien denunció desde el inicio el lawfare de Lava Jato en su contra, se encuentra libre de culpa y cargo pero deberá esperar si la justicia de Brasilia abre otros procesos que fueron anulados.

La sesión fue cerrada antes del fin de la votación en medio de un escándalo entre Mendes y Barroso que cruzaron insultos.

La presidenta del PT, diputada Gleisi Hoffmann, afirmó que la corte “hizo justicia, Moro es parcial y Lula es inocente de las acusaciones y tiene derechos políticos plenos”.

“Fueron cinco años de lucha que valieron la pena. Que nunca más el Poder Judicial vuelva a ser manipulado por persecución política. Que nunca más una elección se decida proscribiendo a un candidato”, dijo Hoffmann.