El Gobierno nacional explora un nuevo sistema de alianzas con algunos gobernadores peronistas con los que tendió puentes durante las negociaciones por el Pacto de Mayo. La apertura de esta etapa de mayor “diálogo” con las provincias coincide con el enfriamiento de la relación con Mauricio Macri, decidido a rescatar al PRO y dar señales de “autonomía”. 

Desde el lugar privilegiado que le asignaron en primera fila, Macri escuchó a Javier Milei cuestionar a los gobiernos anteriores que llevaron a la Argentina a la crisis en la que está inmersa. El expresidente había puesto en suspenso su asistencia al evento en Tucumán, pero desde la Rosada le insistieron para que esté; luego lo dejaron afuera de la firma del acta, que además de los gobernadores suscribieron las autoridades parlamentarias y Karina Milei. 

El distanciamiento de Macri, del que ya se hablaba como un hecho a raíz de su jugada para desplazar a Patricia Bullrich de la conducción del PRO, podría ahora tomar mayor impulso por esa decisión, que en su espacio algunos interpretaron como un ninguneo, ya que apenas lo enfocaron en la transmisión oficial y lo hicieron firmar, como premio consuelo, el mismo libro de visitas que el resto de los 800 invitados.

“Fuimos siempre muy claros y Milei lo dijo sin eufemismos en su discurso en Tucumán: todo aquel que quiera ser parte de este proyecto será bienvenido, sin mirar para atrás, sin rencores. No obtuvimos sólo el apoyo del PRO, sino también el del radicalismo y el de varios peronistas”, dijo a elDiarioAR un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la intención de minimizar el rol que hasta ahora tuvo macrismo. 

En rigor, Karina Milei está abocada desde hace tiempo a lograr que La Libertad Avanza sea un partido con sello nacional. La hermana del Presidente trabaja en sociedad con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que el PRO y otros partidos les condicionen el armado de listas en las próximas elecciones de medio término; y en la provincia de Buenos Aires se mueve en tándem con el armador Sebastián Pareja, de lazos aceitados con el peronismo y Emilio Monzó. En paralelo, el ascenso de Francos a la Jefatura de Gabinete posibilitó un mayor acercamiento de algunos gobernadores del PJ que quieren desmarcarse del kirchnerismo y son recibidos con los brazos abiertos en la Casa Rosada. 

La lista de los conversos

El anfitrión del evento del lunes por la noche, Osvaldo Jaldo, conforma con el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz un primer anillo sobre el que a partir de ahora se apoyará Milei, que llegó al poder sin mandatarios provinciales que le respondan. En el oficialismo los describen como tres peronistas desencantados con el rumbo nacional que tomó su propio partido, dispuestos a dialogar. 

Jaldo se alejó rápido de Juan Manzur, de quien fue vicegobernador, y sus diputados rompieron con el bloque de Unión por la Patria para apoyar la Ley Bases. Jalil, un peronista entusiasta respecto de Milei, dejó atrás su apoyo a Sergio Massa para dar gestos de gobernabilidad. Sin embargo, en el caso de Catamarca, el gobernador demostró tener menos peso en el Congreso. Con vaivenes, el salteño Sáenz fue el tercero en mostrar su predisposición a ayudar al Ejecutivo, pese a que también fue muy cercano a Massa. 

Luego de su discurso por el Día de la Bandera, Milei tuvo un gesto atípico al recibirlos a los tres en la Rosada, junto al radical jujeño Carlos Sadir. Hay quienes amplían la lista de aliados peronistas al cordobés Martín Llaryoa, quien participó con Jaldo, Jalil y Sáenz de una reunión con Francos y Karina en la que terminó de cocinarse el Acta de Mayo. 

Además de la necesidad concreta de fondos, una de las prioridades de los gobernadores es la reactivación de las obras paralizadas en sus provincias, un tema del que vienen conversando con Francos. En esas charlas también surge su preocupación política por cercar sus distritos para retener su poder local. Huérfanos de conducción nacional, la Rosada podrá encarar estas negociaciones de forma individual, sin necesidad de acuerdos amplios. El caso de Tucumán acaso sea el más avanzado: Milei relegó a quien fue su candidato local, el legislador Ricardo Bussi, y en la provincia hay quienes hablan de la posibilidad de un acuerdo electoral de cara a 2025.

La estrategia de sumar a estos dirigentes persigue dos objetivos distintos: por un lado, buscar nuevas alianzas para prescindir del PRO; y por otro lado dividir al peronismo y exponer como una minoría a los gobernadores que aún tienen lazos fuertes con el kirchnerismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los cinco que no firmaron el Pacto de Mayo. 

Cerca de Francos hablan de la predisposición inicial de este grupo de gobernadores y suman en la lista a varios más con los que tienen “buen diálogo institucional”. A través de dirigentes como el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, el primer autodefinido como “peronista libertario”, buscan sumar más dirigentes provinciales desencantados con el rumbo actual del partido. Sin embargo, omiten una dificultad: son nombres que ostentan poder territorial, pero sin demasiado peso en el Congreso. Milei todavía necesita al PRO encolumnado como hasta ahora, sin disidencias, para no ampliar su desventaja en ambas cámaras, un escenario que algunos hoy empiezan a poner en duda.

LA/DTC

A dos semanas de las elecciones en Boca, la campaña electoral está cada vez más espesa y absorbe todo lo que le pasa cerca, como quedó demostrado el último jueves después del cruce entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas en la Bombonera. Tanto el oficialismo como la oposición buscaron capitalizar el evento. ¿O acaso existe una imagen proselitista con mayor potencia que la sonrisa de oreja a oreja dibujada en el rostro de Juan Román Riquelme mientras abrazaba a Lionel Messi y se divertía con el Cuerpo Técnico albiceleste en el medio de la cancha? 

No es habitual que el candidato a presidente y máximo ídolo xeneize pise el césped desde que volvió al club como dirigente (no lo hizo en los partidos anteriores de la Selección en la Bombonera en 2020 y 2022, mucho menos en los de Boca, ni siquiera cuando hubo homenajes y entrega de plaquetas), pero evidentemente la situación era demasiado tentadora en este caso. En la recta final de la campaña, Román se llevó el espaldarazo de los Campeones del Mundo ante los ojos de todo el país, incluidos los 90 mil socios de Boca habilitados para votar el 2 de diciembre.  

Por el lado de la oposición, el candidato a vicepresidente Mauricio Macri no le dio demasiada importancia al partido en sí (de hecho en ese momento estaba exponiendo en Twitter sus motivos para votar a Javier Milei en las elecciones nacionales, lo cual, por otro lado, presenta el interrogante de si el ex presidente de la Nación podrá sostener dos campañas intensísimas al mismo tiempo), pero quedó envuelto en una polémica después de que se conociera que, en la medianoche del jueves, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había clausurado preventivamente la Bombonera por superar la capacidad de público permitida en el estadio. 

La clausura duró poco. Fue levantada al día siguiente después de que Boca presentara la documentación correspondiente, en la que se confirmaba un exceso de espectadores en algunos sectores particulares pero no en el recuento total (por lo que, de todos modos, el club deberá pagar una multa, cuyo monto todavía no fue estipulado). 

Más allá de la brevedad del incidente, Boca denunció “animosidad contra la institución” por parte de la Justicia a través de dos comunicados oficiales publicados en redes sociales, en una acusación que claramente apunta al entorno de Macri y la oposición. Recordemos que es la tercera vez que la Bombonera es clausurada este año. “Notamos que se está haciendo habitual esta conducta”, dice el segundo comunicado, “pues ya se había aplicado con igual arbitrariedad en otras ocasiones durante este año, dejándose sin efecto con la misma inmediatez. Sin dudas deja en evidencia que el objetivo no era velar por la seguridad del público sino procurar una repercusión mediática, perjudicando al club y sus hinchas”.

En otras palabras, Riquelme siente que le están “embarrando la cancha”, algo que ya había sugerido en una entrevista reciente con Jorge Rial en Radio 10. “Si vos vas a Boca a suspender una tribuna y a los tres días la habilitás porque no encontrás nada”, dijo, “y a los cinco días, en el estadio del cual vos sos hincha, se muere una persona, y a las 48 horas habilitás todo el estadio, claramente tenés un problema con nuestro club”. La destinataria del mensaje era la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía PCYF Nº 35 especializada en Eventos Masivos, y el episodio al que se refiere Román es la muerte de un simpatizante de River a comienzos de junio, al caer de la tribuna Sívori Alta del Monumental.

Lo que es seguro de momento es que el conflicto entre las partes está lejos de ser saldado, ya que en las últimas horas, después de que se conociera el levantamiento de la clausura de la Bombonera, trascendió que Ricardo Rosica, secretario general del club, y Cristian Riquelme, hermano de Román, fueron citados a declarar el próximo 22 de noviembre (día en que Boca juega la semifinal de Copa Argentina contra Estudiantes) en una causa por reventa ilegal de entradas que desde el club también consideran floja de papeles. 

Riquelme había advertido sobre este tema durante la entrevista con Rial, al revelar que una camioneta de civil había interceptado el auto de su hermano para incautarle el teléfono, y que, al detectar una comunicación en la que se arreglaba la entrega de una entrada, la fiscalía había allanado la casa de un persona que resultó ser un enviado del Atlético de Madrid. “Yo pensaba que eso pasaba en las películas”; dijo Román. Por su parte, luego de esas declaraciones, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que asegura que el procedimiento se hizo “conforme a derecho”.  

En el medio de este entrevero judicial, la fórmula opositora de Macri y Andrés Ibarra también denunció formalmente irregularidades en la lista presentada por Riquelme y Jorge Ameal para las elecciones del 2 de diciembre, alegando que tres de las ocho agrupaciones que acompañan al oficialismo incumplen diferentes artículos del Reglamento General de Comicios. Esto no pone en riesgo la elección ya que, según el Reglamento, alcanza con el apoyo de una sola agrupación, pero, si la Junta Electoral (o, llegado el caso de una apelación, la Inspección General de Justicia) fallan a favor de la oposición, el oficialismo debería reimprimir sus boletas quitando los logos de las agrupaciones impugnadas. También cabe la posibilidad de que la resolución de estos tecnicismos se extienda y obligue a postergar la fecha de los comicios. 

La sospecha desde el oficialismo de Boca es que la intención detrás de estas maniobras es justamente esa: obstruir el normal desarrollo de las elecciones, especialmente desde que se anunció que este año la votación tendría lugar dentro el campo de juego de la Bombonera. El cierre del comunicado publicado ayer por el club apunta en esa dirección. “Aunque estos hechos buscan dañar la imagen del club y de la familia xeneize, la Comisión Directiva de Boca Juniors continuará ejerciendo sus funciones de manera responsable y garantizará la realización de un comicio ejemplar para que socios y socias puedan elegir a las autoridades del período 2023-2027”. 

LG/DTC

La Corte Suprema falló a favor del periodista Santiago O'Donnell en la causa que le inició el empresario Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, por la entrega de las grabaciones originales de una serie de entrevistas que mantuvieron y que sirvieron de base para la redacción de un libro.

El máximo tribunal dejó sin efecto una orden judicial para que el periodista entregara esas grabaciones, que Mariano Macri reclamaba como paso previo a iniciarle una demanda civil por supuestos daños y perjuicios.

Las entrevistas entre O'Donnell y Mariano Macri tuvieron lugar entre enero y agosto y derivaron en la redacción del libro Hermano La Confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio.

Mariano Macri no cuestionó la veracidad del contenido del libro sino las condiciones en que fue concebido y los derechos que generó su publicación.

En diciembre de 2020, un fallo de primera instancia intimó al periodista a que, en el plazo de cinco días, acompañara las grabaciones mantenidas con Macri, pero O'Donnell apeló la medida hasta llegar a la Corte por vía de un “recurso de queja”.

En febrero de 2022, la Corte suspendió provisoriamente la sentencia de primera instancia y ahora, en un fallo unánime, la dejó sin efecto ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Aquella orden de entrega de las grabaciones fue emitida “sin dar fundamentos serios y contundentes respecto de la totalidad de los requisitos que hacen a su admisibilidad”.

“Resulta primordial que quien solicita la diligencia preliminar exprese y acredite con claridad y precisión los motivos y fundamentos que sustentan la necesidad de obtener tal medida con relación al juicio futuro”, dijeron los jueces.

“En contrapartida, los jueces, dada la naturaleza excepcional que la caracteriza, deben obrar con suma prudencia a la hora de juzgar sobre su procedencia y, en su caso, fundar la decisión con argumentos que se presenten como el resultado de un estudio minucioso de los recaudos que la autorizan”, añadieron.

CRM con información de la agencia NA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló el sobreseimiento de Gianfranco y Mariano Macri en la causa por la omisión de declarar activos en un banco de Suiza.

El juez de primera instancia sobreseyó a los hermanos Macri determinando que aplicaban los requisitos dispuestos por la Ley sin considerar que parte del blanqueo realizado incluía un fideicomiso de 25 millones de dólares cuya única beneficiaria era Alicia Blanco Villegas, madre de ambos y también del expresidente Mauricio Macri, inhabilitada para acceder a los beneficios de la mencionada norma.

Por este motivo, la AFIP le hizo saber a la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que la sentencia debe ser revocada, ya que se encuentra probado que Gianfranco Macri utilizó el blanqueo impulsado por el gobierno de su hermano Mauricio para beneficiar a su propia madre.

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos, notificó a Gianfranco Macri la invalidez de la declaración jurada y la consecuente pérdida de los beneficios otorgados por la Ley 27.260 sobre la totalidad de los bienes allí incluidos.

Gianfranco Macri ingresó el 23 de diciembre de 2016 al régimen de blanqueo y declaró, entre otros bienes en el exterior, la cuenta 6.02960.3 radicada en Suiza a nombre de BF Corporation S.A., por 63.592.993,26 de pesos. También declaró una participación del 50% en BF Corporation., adquirida en julio de 2016, en Panamá, mientras que, el restante 50% lo declaró en cabeza de Mariano Macri.

DA

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

La causa por presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Cambiemos se reactivó este martes con la citación como testigos de Mariano Macri, hermano del expresidente, el diputado nacional Diego Santilli y un pedido de informes a la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue del juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, quien ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas las citaciones a declaración testimonial de Mariano Macri, Santilli y también del juez de La Plata Luis Carzoglio, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño y el exfuncionario del macrismo José Luis Vila. Las audiencias se programaron para marzo próximo.

Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso luego que la Cámara Federal de Casación resolvió el pase de la investigación desde la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales porteños de Comodoro Py 2002.

En diciembre pasado, la sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos dictados en Lomas de Zamora a los extitulares de la AFI en el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, consideró que no hubo una “asociación ilícita” y que se trató del accionar aislado de un grupo de espías.

Majdalani, segunda de Arribas en la AFI, quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

En ese fallo del 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso ahora nuevas medidas y entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

La semana pasada la interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

En cuanto a los nuevos testigos, la declaración de Mariano Macri quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

A Santilli se lo citó para el 14 de marzo en relación a que “ se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar”.

Por su condición de diputado nacional podría prestar testimonio de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas.

Caamaño fue convocada por su parte para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad.

En el caso de la interventora de la AFI, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario “Tiempo Argentino” el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520”.

El juez Carzoglio quedó citado para el 28 de marzo “ a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.

Al ordenar las medidas de prueba, Martínez De Giorgi pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre “convenios que hubieren celebrado” con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.

También pidió al SPB que “con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata ”Melchor Romero“, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.

Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe “la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia”.

Con información de Télam.

IG

La Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves “la suspensión del procedimiento de ejecución” del fallo que obligaba al periodista y escritor Santiago O'Donnell a entregarle a Mariano Macri, hermano del expresidente de la Nación, las grabaciones originales de las entrevistas que le hizo para la elaboración del libro “Hermano”.

El máximo tribunal declaró “formalmente procedente el recurso de queja” presentado por O'Donnell a través de su abogado Damián Loretti, y en el mismo fallo dispuso “la suspensión del procedimiento de ejecución”, por lo que el periodista no tendrá que entregar las grabaciones, al menos en esta instancia en la que el fondo de la cuestión aún no está resuelto.

“Los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja, podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal y eventualmente la decisión recurrida podría generar un perjuicio de imposible reparación ulterior, por lo que la queja es procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto”, señalaron los jueces de la Corte en el fallo.

“Siento un gran alivio y agradezco la Corte por haber tomado un tema tan importante para la libertad de expresión y la defensa de las fuentes periodísticas”, sostuvo el periodista O´Donnell ante las consultas de la agencia Télam.

El caso llegó a la Corte después de un complejo derrotero que se inició en diciembre de 2020, cuando el hermano del expresidente Mauricio Macri interpuso un planteo ante el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Nro. 6 en el que solicitaba las grabaciones de las entrevistas que le había hecho O'Donnell como diligencia preliminar para poder iniciar luego una demanda civil por daños y perjuicios al periodista.

En febrero del año siguiente la jueza del caso, Andrea Imatz, accedió a la petición formulada por Mariano Macri y determinó que O'Donnell debía entregar las cintas reclamadas por el hermano del exmandatario, decisión que el abogado Loretti llevó hasta la Corte Suprema de Justicia.

Con la decisión adoptada, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti determinaron que podrían haber “cuestiones de orden” en juego; como podría ser el intento de vulnerar el secreto profesional, explicaron a Télam fuentes judiciales.

El libro “Hermano, la confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio”, es una investigación periodística realizada por O'Donnell y publicada por la editorial Sudamericana.

Con información de agencias.

IG

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

Este lunes, elDiarioAR publicó que Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario, controló una sociedad offshore radicada en Belice, desconocida hasta el momento y que pensada utilizarla para canalizar fondos de Socma. Se trata de TNB Investments Limited, una firma creada el 7 de enero de 2016, casi un mes después de la llegada del líder de Cambiemos a la Casa Rosada.

La información surge de los documentos de Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integra este medio junto a La Nación e Infobae*, y que analizó casi 12 millones de documentos de 14 proveedores de compañías offshore.

En las últimas horas, Mariano Macri utilizó una cuenta en Twitter para dar explicaciones acerca de su aparición en los documentos. “Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza”, posteó. Y explicó: “En alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos y con el managment de la empresa familiar (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar”.

“Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del managment que conducen la empresa familiar”, indicó.

Con respecto a la sociedad TNB Investments Limited, aseguró que “nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital. No le di utilidad alguna. Estas circunstancias me obligaron a seguir con mi actual lucha que acaba de sumar un nuevo capítulo al presentarme como querellante en la causa del Correo Argentino”.

“Es por esto que nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas”, siguió mientras que apuntó contra Mauricio Macri: “Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales”.

“Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo”, cerró.

AB

La familia del expresidente Mauricio Macri vuelve a ser objeto de una investigación internacional sobre paraísos fiscales. Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario, controló una sociedad offshore radicada en Belice, desconocida hasta el momento y pensada para canalizar fondos de Socma. Se trata de TNB Investments Limited, una firma creada el 7 de enero de 2016, casi un mes después de la llegada del líder de Cambiemos a la Casa Rosada.

La información surge de los documentos de Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*, y que analizó casi 12 millones de documentos de 14 proveedores de compañías offshore.

También aparecen entre documentos de dos bufetes los registros de Reata Pacific Limited (Islas Vírgenes Británicas) y Wanama Capital Inc. (Panamá), dos offshore incluidas en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra Gianfranco Macri por supuestas irregularidades en el blanqueo de activos o sinceramiento fiscal que promovió la presidencia de su hermano.

Mariano Macri

TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de al menos US$50.000 y estuvo operativa, al menos, hasta julio de 2018, según la investigación del equipo argentino de ICIJ. La sociedad figura en los registros internos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio. 

 Ante la consulta, un vocero de Mariano Macri reconoció la vinculación con la compañía, dijo que nunca llegó a utilizarla y justificó que el empresario no haya informado la existencia de esta compañía a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Su contador le dijo que no está registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial”, apuntó.

 La compañía de Belice conecta directamente con las disputas familiares entre Mariano y sus hermanos mayores, Mauricio y Gianfranco, por el control de las compañías familiares, en especial, Socma y Sideco, según informó un vocero de Mariano ante la consulta del equipo argentino de ICIJ*.

Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló a ICIJ que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían US$ 2,6 millones, divididos en un pago inicial de US$350.000 y treinta cuotas posteriores de US$75.000 en concepto de retiro de Mariano Macri como accionista del grupo Socma. “Ante el fracaso de un acuerdo con el grupo familiar, ese capital nunca llegó”, dijo el vocero de Mariano Macri.

“Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente. Le dijeron que no a todo lo que ponía sobre la mesa como condiciones, y no cerraron el acuerdo”, explicó el portavoz del empresario.

El vocero de Mariano Macri negó que TNB Investments Limited haya movilizado fondos y dijo que el objetivo era realizar más tarde inversiones con esos fondos. “La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas”, aseguró.

TNB Investments Limited figura abierta, hasta al menos, julio de 2018, según pudo corroborar el equipo argentino.

Socios y pareja

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey, en Belice. Ambos figuran como beneficiarios finales en partes iguales, según los documentos. 

Mariano Macri y su pareja también figuran como socios en la empresa Eco Urban Concept SRL para la importación, exportación, distribución, desarrollo y comercialización de “máquinas automáticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular”.

TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore. En los registros tuvo como directora, a su vez, a otra sociedad offshore llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad.

Consultado sobre Corporate Manager Limited, el vocero de Macri lo desligó: “Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compañía offshore, Mariano no tiene vinculación alguna”.

“Persona políticamente expuesta”

En los documentos de Pandora Papers consta que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos. 

La pareja comenzó los trámites para la creación de la sociedad el 22 de diciembre de 2015 y la apertura de TNB Investments Limited se efectivizó dos semanas después.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el ”DD“ [por Due Diligence o ”debida diligencia“] como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses después, la familia del expresidente Macri se vería sacudida por la divulgación de los Panama Papers. Entre otros motivos, porque a partir de allí salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde el holding familiar atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno. 

Esa sociedad offshore, BF Corporation, fue una de las que utilizó Gianfranco Macri para ingresar al menos US$4 millones en el blanqueo promovido por su hermano presidente.

Según relató Mariano Macri en el libro “Hermano”, de Santiago O’Donnell, su familia buscó montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas.

Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore, una acusación que la familia y los representantes de Socma siempre han rechazado. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Gianfranco Macri

Los documentos que integran Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor fue OMC Group. La compañía figura en un documento de uso interno del bufete. 

Actualmente, Reata Pacific Limited es objeto de investigación judicial, según trascendió en los últimos días. La sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific, pero los documentos sí revelan quiénes fueron los encargados de gestionar estas tres sociedades y confirman dónde están realmente radicadas.

Un reciente informe de la AFIP presentado ante la Justicia en lo Penal Económico aseguró que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó su hermano en 2016 cuando, en rigor, pertenecían a su madre. Blanco Villegas estaba impedida de ingresar al blanqueo debido a la prohibición legal que se impuso sobre ciertos familiares directos de los funcionarios públicos. 

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, el vocero de Mariano Macri negó que el empresario conociera la existencia de Reata Pacific Limited. “Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio”, indicó su allegado.

En la presentación que hizo la AFIP ante la Justicia, también se hace mención a otra sociedad que Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo y que aparece en los miles de documentos revisados por el equipo argentino de ICIJ. Se trata de Wanama Capital Inc. Esta sociedad, según el informe del organismo fiscal, fue de su padre, Franco Macri, y “tiene el 100% de las acciones de JRI Company”, otra offshore de las Antillas Holandesas. El padre del entonces presidente no podía adherir al blanqueo.

En Pandora Papers, Wanama Capital Inc. figura como registrada en Panamá el 20 de noviembre de 2009 por la filial uruguaya del estudio panameño Mossack Fonseca. Como intermediario actuó el estudio Konrad y Asociados, de Montevideo. Wanama Capital Inc. está listada en un excel donde hay más de 300.000 empresas en distintas jurisdicciones offshore. En la filtración no hay más documentos que reflejen su actividad o si manejó activos.

Desde el entorno de Gianfranco explicaron al equipo argentino de ICIJ que es una sociedad que Franco Macri “le había transferido años antes del sinceramiento fiscal” y que fue “incluida en el sinceramiento al que se acogió en 2016, tal como la ley lo autorizaba”. “Como titular de la sociedad estaba habilitado a declararla”, afirmaron. Ante la consulta sobre el objeto de la sociedad, respondieron que Gianfranco “se dedica a la actividad del desarrollo inmobiliario entre otras actividades”.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Los secretos financieros de los más ricos y poderosos son objeto de una nueva investigación global: Pandora Papers, que comenzará a publicarse en numerosas historias a partir de este domingo. Se trata de la mayor colaboración de periodistas en la historia, que ha reunido a 615 reporteros de 117 países para indagar en los negocios y fortunas no conocidas de más de 130 multimillonarios y unos 330 políticos (además de sus familiares y socios comerciales) que operaron en paraísos fiscales durante las últimas décadas.

Su nombre no es en vano. Pandora Papers se nutre de casi 12 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que dirigió esta investigación en la que participan 150 medios de todo el mundo, entre ellos elDiarioAR, junto a La Nación e Infobae. También The Washington Post, The Guardian, la BBC y Le Monde, entre muchos otros.

Argentina tiene su propio capítulo: el país aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino*. Se encuentran, entre otros, el exsecretario presidencial de los Kirchner, Daniel Muñoz, acusado de trasladar el dinero de los supuestos sobornos de empresarios y de haber adquirido propiedades en Estados Unidos por unos US$70 millones; y el financista confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens. También aparecen sociedades del gurú y consejero político de Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba; y del empresario Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

La investigación revela operaciones inéditas de Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijos de dos íconos del poder en la historia argentina reciente. La hija del expresidente Carlos Menem explicó por primera vez detalles sobre esos movimientos, que serán publicados en los próximos días. Algunas de las figuras del mundo del fútbol también aparecen en documentos nunca vistos, que permiten explicar cómo Ángel Di María, Javier Mascherano y Mauricio Pochettino estructuraron parte de sus finanzas a través de paraísos fiscales. Los tres han dado sus versiones e informado sobre su situación fiscal ante las consultas.

Recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Otros argentinos aparecen mencionados como clientes de los estudios que se dedican a abrir estas sociedades en paraísos fiscales, pero el equipo argentino de ICIJ recibió información o documentos que sostienen que algunos declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias. Dos de ellos son los empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el Covid-19 en Argentina: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).

Los argentinos

Pandora Papers permitió ahondar en el protagonismo de los argentinos en el uso de paraísos fiscales: recurren a estas jurisdicciones para abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades y fondear negocios en Argentina o el extranjero. Utilizan compañías radicadas en Islas Vírgenes Británicas y Belice para invertir en bienes raíces en Miami o resguardar millones en bancos de Nueva York.

También han recurrido a compañías en Nueva Zelanda y Uruguay, han operado desde Panamá y Montevideo y se han vinculado con Rusia.

Esta investigación pone luz sobre estructuras más complejas y secretas, como los fideicomisos o trust radicados en paraísos fiscales o controlados por sociedades offshore, que se repiten en varias historias de argentinos, en especial, aquellos que buscan resguardar y controlar herencias millonarias.

Los argentinos ocupan el tercer lugar en el ranking de países con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore detectadas en los documentos (2.521 personas). Sólo los rusos y los británicos superan a los argentinos en el top ten de beneficiarios finales, una figura clave en este sistema.

En varios países, incluida Argentina, organismos oficiales y expertos independientes promueven la creación de registros públicos de beneficiarios finales, ya que esta figura contribuye a la falta de transparencia y el secretismo sobre quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades y sobre cuántos impuestos deben pagar. Recién en 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso en dos resoluciones de abril y octubre que es obligatorio informar quiénes son los beneficiarios finales de compañías y fideicomisos locales y extranjeros. La información tiene secreto fiscal.

Muchas veces, los verdaderos dueños no figuran ni en el directorio de las compañías (los directores visibles son empleados de los estudios jurídicos y contables) ni como accionistas (ya sea porque se trata de compañías con acciones al portador o porque se colocan personas o empresas interpuestas).

Estas compañías no tienen actividad comercial y sólo se utilizan para adquirir propiedades y abrir cuentas bancarias e inscribirlas a nombre de la sociedad. Sólo puede conocerse la identidad de los verdaderos dueños accediendo a la información sobre beneficiarios finales de las sociedades, pero estos datos son confidenciales. Están en poder de los estudios jurídicos y contables; y en algunos casos, de contadas autoridades oficiales.

Un mundo para pocos

En los datos globales, se detectaron las operaciones de presidentes, monarcas y empresarios; y estrellas de la música y el deporte, que saldrán a la luz a partir de este domingo. Estas historias reflejan la formación de estructuras offshore, patrimonios, negocios y acuerdos secretos. Los documentos están fechados desde 1996 hasta 2020 e incluyen información sobre compañías creadas incluso muchos antes, desde 1971. Hay más de 130 multimillonarios y 35 presidentes y expresidente. También jueces, ministros, alcaldes y jefes de espías.

Los documentos confidenciales también revelan cómo fugitivos y convictos han utilizado las offshore para esconder su patrimonio de la justicia y de sus víctimas.

Pandora Papers también demuestra que el sistema offshore, incluso en sus usos legales, implica un circuito de información privilegiada para quienes tienen acceso a los estudios jurídicos, contables y financieros que operan en jurisdicciones que permiten a los más ricos y mejor conectados planificar con estrategias legales cómo reducir el pago de sus impuestos.

Los documentos fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponen información confidencial y secreta de 14 proveedores del mundo offshore. Es decir, 14 estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.

Pandora Papers muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal.

Gerard Ryle — Director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Un paraíso en el norte

Pandora Papers profundiza el rol de los Estados Unidos en ese esquema, un país que también ayuda a los más ricos y poderosos a ocultar sus bienes o a reducir el pago de sus impuestos. Gerard Ryle, director de ICIJ, sostuvo que el proyecto “es Panamá Papers con esteroides”, ya que Pandora Papers supera en número de documentos a la célebre filtración de 2016, dirigida por la misma organización.

Esta vez, los documentos, que ocupan 2.94 TB, no provienen del estudio Mossack Fonseca sino de otros 14 proveedores del mundo offshore que trabajan con múltiples jurisdicciones. Entre ellos, el poderoso estudio de Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, especialmente elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.

Pandora Papers “muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal”, explicó Ryle. “Vemos que es un sistema que perjudica a la gente y perjudica al mundo”, añadió.

En esa línea, un informe del Banco Mundial determinó que “en la gran mayoría de casos de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de dinero y fraude, los vehículos corporativos (ya sean compañías, fideicomisos o cualquier otro tipo de estructura) se utilizan para esconder la identidad de las personas involucradas en la corrupción”.

Un estudio de la Tax Justice Network (TJN) determinó que el país pierde, cada año, más de US$2.684 millones en impuestos debido a lo que la organización llama “abuso global impositivo”. El 75% de esa pérdida es por impuestos eludido por las multinacionales. Unos US$343 millones (casi el 13%) son producto de la evasión de personas particulares.

“Supongo que Pandora Papers demuestra sobre todo que la gente que podría terminar con el secreto de los paraísos fiscales y que podría poner fin a lo que está pasando se beneficia con ellos. Por lo tanto, no tienen incentivo para ponerle fin”, afirmó Ryle. “Estamos hablando de billones de dólares”, concluyó el director de ICIJ.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

¿Es verdaderamente importante esta elección? Se lo pregunto porque ninguna encuesta pronostica que el resultado vaya a cambiar sustancialmente la composición de las cámaras. 

Es importante porque estamos discutiendo qué modelo de país queremos para la Argentina y la provincia. Si queremos escuelas abiertas o escuelas cerradas. Si queremos a los delincuentes en las cárceles o liberados. Si queremos fortalecer el empleo y a las Pymes o comercios cerrados. Y es importante también porque tenemos que consolidar el equilibrio en el Congreso. Está demostrado que este gobierno no se siente cómodo con los consenso y en la búsqueda del diálogo.

Pero el Gobierno también pretende más seguridad, más empleo, más comercio y Pymes...

Yo quiero que lo demuestren, que demuestren que les importa eso. Porque demostrar es reconocer que tenés un problema y enfrentarlo. No que tenés un problema vos como gobierno, que tenemos nosotros un problema como país y que no lo estamos enfrentando. Estuvimos un año y medio sin clases en la Provincia de Buenos Aires. ¿Un año y medio sin clases es entender ese problema o es agudizarlo?

¿En la ciudad de Buenos Aires, cuánto tiempo hubo sin clases presenciales?

En julio del año pasado planteamos el plan de puesta en marcha. Y empezó. Y vos tuviste el último trimestre, con bimodalidad. Los últimos dos meses, parcialmente con presencialidad y virtualidad. El 17 de febrero de este año, tuvieron clases ininterrumpidas los chicos.

¿Se arrepiente de haber suspendido las clases presenciales durante ese lapso?

No, no. Yo creo que los primeros dos, tres meses, donde el mundo estaba enfrentando una pandemia que no terminaba de comprenderlo. Ni los científicos, ni los epidemiólogos, los médicos, los especialistas la entendían. Lo dijimos siempre: las clases son lo último que tiene que cerrar y lo primero que tenía que abrir. Tuvimos que ir hasta la Corte Suprema. Este tipo de cosas nos muestran que los tres indicadores que yo te planteé no van en esa dirección. O por lo menos no demuestran la voluntad política de discutirlos.

Su crítica a la gestión nacional de la pandemia tiene que ver puntualmente con las clases, ¿no? Porque en el resto acompañaron bastante. 

Pero sí. Porque ese 20 de marzo, donde el mundo intentaba encontrar una respuesta a una pandemia, lo que requería era que estuviéramos todos juntos, sin importar a qué partido político, a qué pensamiento e ideología. Lo que importaba era que enfrentáramos todos a una pandemia que venía a lastimar a tus ciudadanos. Ahora, algo pasó: o se enamoraron de la cuarentena eterna o se alejaron de la sociedad y no escucharon. No escucharon al comerciante que te pedía: “dejame laburar”; no de cualquier manera, hacé una cuarentena inteligente; “permitime trabajar de la puerta hacia afuera”. A la comunidad educativa que te pedía: “¿qué hacemos con la escuela?”; “¿de qué manera educamos a los chicos?”. Eso no lo escucharon.

¿Le teme a que haya mucho ausentismo y voto en blanco en Capital y Provincia?

La palabra no es “miedo”. Me gustaría que la sociedad pueda concurrir, que decida a quién quiere votar. Pero que participe. La única manera que tenemos de salir hacia adelante como sociedad, como país, es participando, comprometiéndonos cada uno en el lugar que le toque. Es importante la participación. Y ojalá suceda eso.

¿Percibe apatía o indiferencia en el humor social? 

Veo bronca, veo dolor y resignación. Sí, veo tristeza. Ahora, a mi me parece que no nos podemos resignar. Tenemos que ir a pelear por lo que consideramos que vale. 

¿Horacio Rodríguez Larreta se juega una buena parte de sus chances presidenciales en la PASO bonaerense?

Lo primero que quiero decirte es que yo me siento sumamente acompañado por alguien que aprecio, quiero, respeto y he trabajado muchos años de mi vida con él. Que es Horacio. Me siento agradecido y orgulloso de que me acompañe. Después, sobre los resultados, todo el que compite quiere ganar. Pero lo importante es cómo das esa discusión. Segundo, estamos discutiendo qué modelo de país queremos. Y ahí es donde vamos a poner el cuerpo para cambiar esta historia. 

Facundo Manes se quejó sobre el uso de recursos de la Ciudad en favor de su campaña bonaerense. ¿Existe ese uso?

No. Acá cada uno hace su recorrido y, el 12 de septiembre, juntos, tenemos que ir a competir contra nuestro verdadero adversario. Entonces, que cada uno haga su camino y, el 12 de septiembre, vamos a ir juntos hacia la próxima etapa.

¿Cómo va a ser la convivencia con la lista de Manes el día después de las PASO?

 Vamos a estar juntos el 12 a la medianoche trabajando en un proyecto de transformación en la provincia y concentrados en nuestro verdadero adversario que es el kirchnerismo.

¿Qué busca Mauricio Macri? ¿Quiere que se lo reconozca, quiere dejar un legado, quiere influir sobre el destino de la Argentina?

 Quiere aportar su visión. Quiere aportar su experiencia. Y está muy bien. Es valioso su aporte a la campaña que está haciendo en todo el país. Como también es valioso el aporte de Patricia Bullrich, de Pichetto, de Carrió, de Horacio. Cada uno en su lugar. Así como el de María Eugenia en su lugar. Cada uno está haciendo su aporte.

¿Suma que Macri lo acompañe en el conurbano, después de haber quedado con una imagen muy mellada?

No importa, suma, suma. Yo creo que suma. Es valioso su aporte.

Patricia Bullrich dijo que ella hubiera sacado más votos que Vidal en Capital. ¿Es así?

Patricia es la presidente del PRO. Está haciendo campaña en todo el país acompañando a los candidatos de nuestro espacio. Es muy valioso su aporte en esta elección. Ella decidió ocupar este rol y estoy muy agradecido del apoyo permanente que también está haciendo en la provincia. Desde la vuelta de la democracia la oposición no se mantenía unida. No sólo lo hicimos, sino que junto a Patricia, Mauricio, Horacio, Lilita, Miguel y los intendentes, estamos trabajando codo a codo en esta campaña.

En 2019, Juntos por el Cambio perdió en la Provincia por 16 puntos. ¿Firmaría ahora perder contra el FdT por un sólo punto?

No creo que nadie quiera firmar. Todos los que van a competir siempre quieren ganar. Es verdad que en 2019 la distancia fue larga. Y también que cuando el peronismo va unido jamás perdió. Hoy están todos unidos: el kirchnerismo, el massismo, los distintos sectores del peronismo. Entonces, es difícil. Pero yo tengo la vocación de competir y de intentar ganar.

En el oficialismo algunas voces empezaron a hablar de la reelección de Alberto Fernández. ¿Qué le parece?

Para el 2023 falta una eternidad. Me parece una falta de respeto que pensemos en una elección presidencial cuando hoy los problemas de caída del empleo, del aumento de la inflación, del aumento de la pobreza, de la creciente inseguridad en las calles, de los 500.000 mil chicos que perdieron la escolaridad en la Provincia son el foco de lo que verdaderamente tenemos que enfrentar y solucionar.

AF

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

La jueza nacional en lo civil Andrea Imatz falló en contra del periodista Santiago O’Donnell, quien deberá, según la magistrada, entregar copia de las entrevistas grabadas con Mariano Macri, hermano del expresidente, y protagonista del libro Hermano, publicado por O’Donnell a fines de 2020. Según el fallo al que accedió elDiarioAR, la magistrada Imatz no hizo lugar a la posibilidad de que O’Donnell apele la medida. Ante la imposibilidad de recurrir a una instancia superior, O’Donnell debería entregar copia de sus entrevistas grabadas con Mariano Macri.

En el libro, el periodista cuenta la “trama de poder, política, negocios y familia” detrás de los Macri sobre la base del testimonio de Mariano, el menor de los varones. Relata supuestos fraudes y traiciones que tienen al exmandatario en el centro de la escena. Mauricio Macri dijo en una entrevista en el canal América que los dichos de su hermano eran “todas cosas falsas”.

Mariano Macri buscó a O’Donnell para denunciar esta trama de traiciones y supuestos delitos cometidos por miembros de su familia, pero poco antes de la publicación del libro, decidió que no quería que sus dichos fueran publicados. Habían quedado registrados en 17 horas de grabaciones, ocurridas entre enero y agosto de 2020, según el fallo. 

Ante la negativa de O’Donnell de frenar la publicación, el periodista fue demandado por Mariano Macri antes de la salida del libro. Sin embargo, la Justicia civil actuó cuando los ejemplares de Hermano ya estaban en las librerías. La primera jueza del caso, Marta Gastaldi (subrogante), le exigió al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio solicitado por el hermano del expresidente por presuntos daños y perjuicios.

elDiarioAR se comunicó con ambas partes pero hasta el momento no había comentarios sobre el fallo. El periodista le había asegurado a este medio en diciembre: “Desde el principio le dije ‘yo voy a ser el entrevistador, vos sos el entrevistado; yo soy el periodista, vos sos la fuente y yo tengo el control”.

El periodista intentó apelar la medida dictada por el juzgado en diciembre. Este pedido de acudir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para frenar la medida judicial, le fue denegado. Entonces, O’Donnell planteó a través de sus abogados que ese denegatoria sería inconstitucional, en base al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que incluyen la doble instancia como parte del debido proceso.

Sin embargo, el miércoles 5 de mayo, la jueza nueva jueza del caso (asumió en febrero) rechazó la posibilidad de acudir a un tribunal superior para evitar que la Justicia obligue al periodista a entregar copia de las grabaciones. 

Desde el principio le dije ‘yo voy a ser el entrevistador, vos sos el entrevistado; yo soy el periodista, vos sos la fuente y yo tengo el control.

Santiago O'Donnell — Periodista.

Según la jueza, el Pacto de San José de Costa Rica “no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles”. Además, argumentó que la jurisprudencia no habilita la doble instancia en el fuero civil cuando se trata de “diligencias preliminares” ejecutadas por el juzgado, previas a un juicio, que buscan hacerse de prueba para dicho proceso.  

La jueza sostuvo en su último fallo que “no se advierte” que las medidas ordenadas para que el periodista deba entregar las grabaciones de sus entrevistas “ataquen los derechos” de libertad de prensa, de información ni de reserva de las fuentes de información, como si argumenta la defensa de O’Donnell. 

Imatz también dijo que resolvió hacerse de copia de las grabaciones porque debía actuar “como guardián de la equidad que deben conservar las resoluciones judiciales” pero que su medida “no lesiona la libertad de expresión del periodista” porque “el libro ya está publicado”. 

ED

La familia del expresidente Mauricio Macri sumó una nueva denuncia penal, esta vez por sus nexos con el banco austríaco Meinl Bank, una entidad acusada de presunto lavado de dinero y corrupción. La fiscal general Gabriela Boquin presentó este jueves un nuevo dictamen en el que analiza la relación de Correo Argentino SA y el banco con sede en Viena, y remite la documentación a la Justicia penal “a los fines de investigar la posible comisión de delitos”, según el escrito del expediente. 

Boquin también pidió exhortos internacionales y envió copia de su dictamen, de los balances de Correo Argentino SA y de una pericia contable de los libros de la compañía al organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF); y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). 

El Meinl Bank es el principal acreedor de Correo Argentino SA, compañía de los Macri, y es central para evitar que esta vaya a la quiebra. La fiscal sostuvo en su dictamen que el banco cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores, actuando en detrimento de sus intereses y a favor de Correo. Por eso solicita que se investigue una supuesta maniobra para perjudicar al resto de los acreedores, entre ellos, el Estado Nacional.

A estas sospechas, se suman más datos desconcertantes sobre el rol de este banco. Según Correo, la entidad bancaria apoyó el salvataje de la empresa prestando conformidad a la última oferta de la compañía para saldar sus deudas. Sin embargo, elDiarioAR reveló en abril que el banco está actualmente en bancarrota, según los registros públicos del Tribunal de Comercio de Viena. 

Al estar en bancarrota, aquellos representantes de la entidad que habían apoyado a Correo en el pasado han perdido el poder de voto con el que contaban para salvar a la compañía, según explicó a este medio el abogado Cristóbal Von Der Fecht, exapoderado del banco en Argentina. El Meinl Bank, de hecho, quedó a cargo de dos liquidadores oficiales que nunca se presentaron en el expediente que tramita en la Justicia argentina. 

Eso significa que la jueza Marta Cirulli, a cargo del caso, no podría avalar el apoyo del Meinl Bank a Correo. Sin ese apoyo (tiene el 38% de la deuda), la familia Macri no tiene los votos suficientes para lograr el salvataje. 

Exhortos a Europa

El último dictamen de Boquin podría hacer todavía más difícil alcanzar el salvataje de la compañía. 

Antes de quebrar, el Meinl Bank fue multado por el organismo de control del sistema financiero en Austria y el Banco Central Europeo le revocó su licencia por sus vínculos con lavado de dinero y corrupción en Europa del Este y Brasil.

Boquin solicitó a la jueza Cirulli que se ordene exhortos diplomáticos a la Justicia y la Procuración General con sede en Viena, a las autoridades austríacas y al Banco Central Europeo para requerir los antecedentes del retiro de la licencia al Meinl Bank, actualmente denominado Anglo Austrian Bank, y su posterior cierre. También pidió exhortos a los actuales responsables del banco, los liquidadores que administran sus bienes.

¿Cómo se convirtió este banco austríaco en el principal acreedor de Correo? Parte de las sospechas de la fiscal parten de que el Meinl Bank no es un acreedor original de la empresa de los Macri sino que decidió serlo. En 2006, adquirió las deudas de Correo con dos entidades internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). Estos dos organismos de crédito, a los que Correo debía millones de dólares, cedieron sus créditos con la compañía al Meinl Bank, según confirma el dictamen de Boquin. 

Entonces, el Meinl Bank absorbió las acreencias del BID y la CFI, que equivalen a un total de US$117.294.798.

En 2013, el banco austríaco acordó congelar esa deuda al valor del dólar de noviembre de ese año: costaba $6,525. Esa deuda de la compañía de los Macri con el Meinl Bank equivalía entonces a $765.348.560. Y así se quedó en el tiempo. 

Nuevo peritaje

Boquin también solicitó que un equipo de peritos contables de la Corte Suprema analicen el acuerdo entre el banco austríaco y Correo. El acuerdo se reitera en los estados contables de 2014, 2015, 2016 y 2017, informó Boquin, mientras el dólar escalaba sin cesar.

Si el Meinl Bank no hubiese aceptado ese acuerdo, aquella deuda que se mantiene hasta la actualidad en unos $765.348.560 (con un dólar oficial a $6,525) hoy superaría los $11.582 millones (con un dólar oficial a $98,75), según el cálculo de elDiarioAR con base en los datos del dictamen fiscal. El banco austríaco resignó cobrar 15 veces el valor de la deuda real de Correo. 

¿Por qué un banco renunciara a cobrar? “Eso habría que preguntarle al Meinl Bank”, respondieron desde Socma ante la consulta que este medio ya había realizado a principios de abril. 

En ese sentido, Boquin también pidió a la jueza que solicite a periodistas de La Nación un informe de auditoría realizado en Europa sobre el Meinl Bank. El estudio fue elaborado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) y obtenido por OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y la revista austríaca Profil, que luego se lo facilitaron a La Nación.

De dicho informe, que analiza las irregularidades cometidas por el banco, “surgiría información relativa a los antecedentes de la compra por parte del Meinl de los créditos verificados en el concurso de Correo a la Corporación Financiera Internacional (CFI) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, sostuvo la fiscal.

De la auditoría también surge que Franco Macri adquirió una sociedad constituida en Liechstentein, Mervet Establishment Ltd, y gestionó que el Meinl Bank le comprara los créditos al BID y la CFI, según La Nación. Eso, sería contrario a la Ley de Concursos y Quiebras.

Los votos y apoyos que Correo consiguió para evitar la quiebra deben cumplir ciertas normas legales: Correo no puede estar detrás de los acreedores que le prestan su apoyo, no puede ser accionista de esos acreedores o controlada por esos acreedores.

Si las mayorías no cumplen con la ley, la Justicia debe hacer caer el salvataje y decretar la quiebra. Por eso, los Macri se juegan mucho en esta etapa del proceso. 

La quiebra, además, podría extenderse a Socma y Sideco, principales compañías del grupo.

Ante la consulta de elDiarioAR, fuentes directas de Socma y Sideco negaron tajantemente que el Meinl Bank haya mantenido una relación espuria con las compañías de los Macri. “La única relación es por acreencias con el banco”, sostuvieron.

La teoría de Mariano Macri

La relación de la familia con el banco austríaco va más allá de Correo. En 2013, Mariano Macri, hermano menor del expresidente y accionista de Socma, principal compañía del holding familiar, se opuso a que la compañía de su familia ceda el 60% de Sideco al Meinl Bank e impugnó en la Justicia la asamblea en la que se había votado la cesión. 

Según el menor de los varones Macri, su impugnación se debió a que no tuvo acceso a la documentación que necesitaba para evaluar la propuesta del banco y, según le reveló al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano, calificó esa operación con el banco austríaco como un “fraude”, una supuesta “venta simulada” de las acciones de Sideco con un objetivo “oculto”: vaciar la compañía y evitar el pago de una deuda de Socma con un banco de Brasil: el Banco de Desarrollo Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Fuentes directas de Socma y Sideco rechazaron las acusaciones de Mariano Macri ante la consulta.

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, declaró este martes ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos, confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo a la causa. 

El empresario estaba citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. En una breve audiencia vía zoom, que promedió los 15 minutos, Mariano Macri sostuvo que los dichos reflejados en la publicación fueron “comentarios, cosas que escuchaba, pero que de ninguna manera son pruebas”, según reconstruyó una fuente del caso.

“Como Presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, había dicho Mariano Macri en diálogo con el autor del libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado buscaba interrogar a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitarle cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario sostuvo ante el juzgado que no podía declarar contra Mauricio y Gianfranco Macri porque “no sabe nada, ya que desde antes de 2013 no recibe información” sobre el funcionamiento del grupo de empresas familiares por lo que “no está en condiciones de aportar ninguna prueba”, agregó la fuente con acceso al expediente.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Sospechas sobre la maniobra

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro Hermano, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas”.

ED

Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, debe declarar como testigo este martes al mediodía frente al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investigan si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri en la compra-venta de seis parques eólicos. 

El menor de los hermanos varones del exmandatario fue citado a pedido del diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a raíz de las declaraciones que realizó en el libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell. Mariano Macri tiene cita vía Zoom a las 12 del mediodía y hasta el cierre de este artículo no había solicitado postergación de la audiencia, ratificó una fuente de la causa a elDiarioAR. 

“Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”, dijo Mariano Macri en el libro. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, agregó en las entrevistas con O’Donnell.

Durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para entrar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. Sideco adquirió seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires, en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel. Los compró a la empresa española Isolux por US$25,8 millones y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación publicada por Perfil en 2018. 

El juzgado interrogará a Mariano Macri en torno a sus dichos en el libro y solicitará que aporte cualquier otra información y documentación relacionada con el caso, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El empresario “podrá ratificar o negar sus dichos, pero ante la Justicia, al declarar como testigo, está obligado a decir la verdad”, dijo una fuente judicial del caso. El falso testimonio está penado con un máximo de diez años de prisión.

La causa

El expresidente no está imputado en esta causa. Si Mariano Macri ratifica ante la Justicia sus dichos a O’Donnell, la causa daría un giro, confío una fuente directa del expediente. Hasta el momento, la investigación se centra en los funcionarios del área de Energía de su gobierno, quienes podrían haber incurrido en presuntas negociaciones incompatibles para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, según el expediente. Ninguno ha sido indagado aún. 

Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a los últimos dos parques adquiridos por Sideco. Isolux había sido denunciada por el gobierno de Cambiemos por maniobras de corrupción en una usina de Río Turbio, Santa Cruz, y estaba sumida en una profunda crisis financiera a nivel mundial. La empresa española anunció que se retiraba de la Argentina en octubre de 2016 y que vendía sus cuatro parques eólicos a dos compañías: Sidsel y Sideli. Poco después, el 25 de noviembre de 2016, Isolux volvió a ganar dos licitaciones más de parques eólicos (Miramar y Loma Blanca VI) con el gobierno de Cambiemos, a pesar de que el Ejecutivo sabía que la empresa no podía construirlos ni invertir en el país. Esos contratos, luego, fueron adquiridos por Sideco. La compra-venta de proyectos entre privados está habilitado por el sistema.

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

Según los registros oficiales, Mariano Payaslián, el contador de Sideco, había creado la firma Parque Eólico Miramar SA en marzo de 2016, ocho meses antes de que la licitación quedara en manos de la crítica Isolux y decidiera vender ese parque a Sideco. Gianfranco y sus socios incluso dotaron a la sociedad de una torre de medición de viento y contratos de usufructo sobre terrenos. 

La firma Parque Eólico Lomas Blanca VI SA fue inscripta por Isolux el 16 de junio de 2016, según los registros públicos. El contrato le fue adjudicado a la española cinco meses después.

El testigo Nofal

En la causa ya declaró otro testigo vinculado al caso, Esteban Nofal, también a raíz de los dichos de Mariano Macri en el libro. “En el tema de las empresas de energía alternativa, tuve información por parte de Esteban Nofal, un amigo que se vinculó con ellos a partir de la representación de mi hermana y también porque me llevaba cosas a mí”, afirmó el empresario en declaraciones a O’Donnell. Según Mariano Macri, Nofal “hizo una intermediación en la compraventa de uno de los parques eólicos del grupo y se supone que ganó una comisión jugosa”.

Ante el juzgado de Martínez De Giorgi, Nofal declaró como testigo que efectivamente intervino como intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind, que adquirió la mayor parte de los proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente, confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

Sin embargo, Nofal negó ante la Justicia haberle dicho a Mariano Macri que la Casa Rosada había interferido en las negociaciones entre Isolux y Sideco para “apretar” a la empresa española a vender sus inversiones por mucho menos dinero del que costaban, afirmó la misma fuente. 

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de las empresas de la familia Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

Las declaraciones de Mariano Macri en el libro publicado a fines de 2020 forman parte de unas 17 horas de grabación de los encuentros entre el periodista y el empresario durante seis meses, según contó O’Donnell, y se dieron en el marco de una disputa legal entre los hermanos Macri. El empresario inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, de la que es propietario en un 20%, ante sospechas por el manejo de la compañía por parte de su hermano Gianfranco.

Ante la publicación del libro, Mariano Macri también entró en litigio con el periodista e incluso logró que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Sobre las declaraciones de Mariano en el libro, una fuente cercana a la familia Macri desmintió al empresario: “No es cierto lo que dice”, sostuvo. “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregó.

El expresidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada” y aseguró que Mariano había sostenido “todas cosas falsas.”

ED

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó este miércoles que se investigue si Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, cometió el presunto delito de evasión tributaria por la operación de los parques eólicos de Sideco, según el documento al que accedió elDiarioAR. 

El magistrado investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri entre 2016 y 2017 por la compra-venta de seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires. Sideco adquirió los proyectos de energía renovable en nombre de otras compañías (Usir Argentina, Sideli y Sidsel) por US$ 25,8 millones. Los compró a la empresa española Isolux y los revendió meses después por US$ 95 millones, según la investigación de Perfil. 

El diputado Rodolfo Tailhade realizó esta semana una nueva presentación solicitando al magistrado que investigue el rol de una compañía en Luxemburgo, Lares Corporation SPF, que Gianfranco Macri, a cargo de los negocios de la familia, no había informado a la Justicia como parte de la cadena de sociedades que intervinieron en el negocio eólico, según explicó una fuente judicial del expediente. 

La existencia de esta sociedad offshore de Luxemburgo y la sospecha de una posible evasión surgió luego de que el consorcio de periodistas OCCRP reveló que detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos se encuentra Lares Corporation SPF y que su beneficiario final es Gianfranco Macri, según publicó La Nación, que accedió a los registros comerciales del país europeo.

Esta firma se usó para controlar la estructura de empresas armada por Sideco para actuar en la industria de las energías renovables. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión que también tiene sede en Luxemburgo y en el que otros inversionistas habrían aportado fondos, según explicaron desde Socma.

Socma también dijo a La Nación que la tributación en Argentina por la operación de los parques eólicos “corrió por parte de las sociedades locales Sidsel SA, Sideli SA y Usir Argentina”. Sin embargo, Lares canalizó el dinero de la compra-venta, según las últimas revelaciones.

Por eso, el juez Martínez De Giorgi ordenó que se remita la denuncia de Tailhade al fuero Penal Económico, “advirtiendo que en la presentación bajo estudio se hace mención a la comisión de una serie de conductas que podrían constituir delitos tributarios”.

De acuerdo a las declaraciones juradas de Gianfranco, el empresario no había identificado a Lares Corporation hasta después de la investigación periodística de Perfil que sacó a la luz el caso en 2018 y la posterior denuncia penal, explicó una fuente directa de la investigación judicial.

Este viernes, la defensa del contador Mariano Payaslián, quien figuraba como titular de las compañías de Sideco y sus socios, presentó un descargo por escrito ante el juzgado en el que sostuvo que Gianfranco no habría estado obligado a declarar la offshore de Luxemburgo antes de 2019. Ese año, por una nueva disposición de la AFIP, el empresario declaró su participación en la sociedad extranjera Lares Corporation, sostuvo su contador, según informó una fuente judicial del caso.

Otras medidas

El juez Martínez De Giorgi también citó a Mariano Macri, hermano menor del expresidente, a prestar declaración testimonial en la causa. Además, dispuso la citación en los mismos términos a Mariana Nannis para que aporte documentación vinculada con la supuesta participación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, en el negocio de la familia Macri.

Tailhade había solicitado ambas testimoniales, luego de la publicación del libro “Hermano” del periodista Santiago O’Donnell, en el que Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

El caso salió a la luz en enero de 2018, cuando Perfil reveló que durante 2016, mientras Macri promocionaba la inversión en energías renovables y la transparencia en los procesos públicos de su gobierno, la empresa insignia de su familia, Sideco, armó una estrategia para ingresar en el negocio sin pasar por licitaciones públicas. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) denunció el caso ante la Justicia.

Sideco creó cuatro empresas a nombre de un contador, Mariano Payaslián: Usir Argentina, Sideli, Sidsel y Parques Eólicos Miramar SA, junto a un grupo de socios. A través de estas compañías, adquirieron seis parques eólicos en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires: compraron contratos con el Estado a la española Isolux, que estaba en retirada de la Argentina, sumida en una futura quiebra y denuncias por corrupción. 

Para septiembre de 2017, las empresas creadas por Sideco y sus socios terminaron revendiendo los seis parques que habían comprado a US$ 25,8 millones por US$ 95 millones. La ganancia neta ascendería a US$ 69,2 millones.

ED

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó este viernes a Mariano Macri a prestar declaración testimonial en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de la concesión de parques eólicos ocurridos durante el Gobierno de su hermano, Mauricio Macri.

El magistrado también dispuso la citación en los mismos términos de Mariana Nannis para que el próximo 1 de marzo a las 9.30 concurra a los tribunales de Comodoro Py a aportar documentación sobre la supuesta vinculación de su exmarido, Claudio Paul Caniggia, con los hechos investigados.

En esta causa se analiza si el Gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de cinco parques eólicos que habrían dejado una ganancia de US$70 millones para el holding en el que el expresidente es socio.

Se trata de concesiones que habían sido ganadas por licitación por la empresa española Isolux, entonces a las puertas de una bancarrota y denunciada por corrupción en diferentes países, y que terminaron en manos de terceros tras pasar por firmas con terminales en Luxemburgo que manejaba Gianfranco Macri, el segundo hijo varón de Franco Macri.

El testimonio de Mariano Macri, que será por vía electrónica y aún no tiene fecha, fue requerido luego de que el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade ampliara su denuncia original e incorporara los pasajes del libro Hermano, del periodista Santiago O’Donnell, en el que se hace referencia al supuesto negociado.

El circuito supuso que Isolux ganó las concesiones, algunas de ellas organizadas bajo el mandato de Macri. La familia del expresidente compró de inmediato los proyectos Loma Blanca I, II, III y IV y Miramar a cambio de US$25 millones mediante las firmas Usir Argentina, Sidsel SA y Sideli SA, conformadas por el contador Mariano Payaslián Grupo Socma, histórica nave insignia creada por Franco Macri. Una compleja estructura legal culminaba en Lares SA, empresa offshore radicada en Luxemburgo manejada por Gianfranco Macri.

En 2017, los Macri vendieron ese negocio por casi U$S95 millones a las compañías Goldwing, de origen chino, y Genneia, controlada por la familia Brito. En Hermanos, Mariano Macri afirmó que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.

Los Macri contaron con el futbolista Carlos Tévez como socio como socio de los parques eólicos

El diputado Tailhade amplió su denuncia ante el juzgado de Martínez de Giorgi con la pista de Luxemburgo informada por La Nación en virtud de una asociación con la entidad Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Los Macri contaron con el futbolista futbolista Carlos Tévez como socio del negocio de los parques eólicos, informó Perfil.

Si se comprueba que Isolux fue una pantalla para que un negocio orquestado por el Gobierno de Macri terminara en manos de las empresas de su familia, para venderlo al poco tiempo a otros empresarios vinculados a la energía, el caso tendría puntos en común con lo ocurrido con el Paseo del Bajo, también bajo investigación en el fuero federal. Isolux ganó una parte de la licitación para la construcción de los carriles que comunican Retiro con la autopista 25 de Mayo. Como estaba en bancarrota, mediante supuestas alteraciones en la licitación dirigidas por el Gobierno de Horacio Rodríguez0 Larreta, el proyecto terminó en Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri que compró la empresa familiar de obras civiles en 2007. Calcaterra terminó vendiendo Iecsa a Marcelo Mindlin, principal accionista de Pampa Energía, en 2017.

SL con Télam

Hermano, el libro en el que Santiago O'Donnell cuenta una trama de desconfianza, traiciones y supuestos fraudes en el seno de la familia Macri sobre la base del testimonio de Mariano, el menor de los varones, encierra varias historias. Entre ellas, la de una de las familias más poderosas del país, la de sus relaciones con los Gobiernos y entre sus integrantes. También, la de cómo se gestó el vínculo entre Mariano Macri y O´Donnell que dio lugar a 17 horas de entrevistas a lo largo de seis meses. Y los interrogantes de por qué el locuaz declarante judicializó el libro al punto de lograr que la jueza nacional en lo civil Marta Gastaldi le exigiera al autor las grabaciones de las entrevistas como paso previo a un juicio por daños y perjuicios.

Si bien provienen de linajes diferentes, el mundo Macri -forjado por Franco, un magnate italiano que se abría paso en la elite económica porteña- se cruzó con el mundo O’Donnell -crecido bajo el influjo del reconocido politólogo Guillermo O’Donnell- en diferentes capitales. Mariano Macri conoció a Matías O’Donnell, hermano del periodista, mientras ambos estudiaban en Washington en la década de 1980, mientras que Santiago había tratado antes a Gianfranco Macri, otro hijo de Franco, en la escuela San Martín de Tours, ubicado en una de las zonas exclusivas de Palermo. 

Desde aquella intersección de galaxias, el periodista guardaba distancia de “séquitos y obsecuentes” que, a su juicio, rodeaban a los Macri, pero le tenía “cariño” a Mariano, “por saberlo un buen amigo” de Matías. Cuatro décadas después de los primeros contactos Macri-O’Donnell, esa vía fraterna y el conocimiento que tenía Mariano de los antecedentes periodísticos de Santiago fueron la puerta de entrada a una confesión con la finalidad manifiesta de escribir un libro.

De la armonía a la desesperación

“Fueron seis meses muy armoniosos. Desde el principio le dije ‘yo voy a ser el entrevistador, vos sos el entrevistado; yo soy el periodista, vos sos la fuente y yo tengo el control. Y después -y es algo que él me reconoce en un email-, le insistí en que yo no podía seguir avanzando si no era en on the record porque perdía fuerza”, contó O’Donnell a elDiarioAR. Pactaron que el punto de no retorno sería una vez que el periodista se contactara con la editorial para ofrecer el libro. Ello tuvo lugar cuando se habían llevado a cabo seis horas de entrevistas.

Desde el principio le dije ‘yo voy a ser el entrevistador, vos sos el entrevistado; yo soy el periodista, vos sos la fuente y yo tengo el control.

Con el proyecto en manos de Penguin Random House, poco después de comenzada la pandemia, la relación siguió su curso hasta que O´Donnell compartió con su fuente la primera mitad del libro. Por entonces, la editorial apuntaba a publicar el trabajo hacia octubre o noviembre pasado. 

“Cuando se la presenté, Mariano me dice ‘este libro es una bomba. No puede salir así’. Era evidente que ya había hablado con un abogado. A partir de allí, cambia todo. Empieza a circular, aparecen otros personajes, lobistas, intermediarios, amigos de amigos que hablan con mis otros hermanos, y me llegan mensajes”, recordó O'Donnell.

Avanzaba el segundo semestre de 2020 y Mariano Macri afrontaba problemas económicos. Entre ellos, que el consorcio de copropietarios del edificio ubicado en Ortiz de Ocampo 3176, de Barrio Parque, corazón de la vida familiar, le inició un juicio por $650.317 en expensas impagas de marzo a septiembre de 2020, más intereses, según documentos judiciales radicados en el juzgado nacional en lo Civil 24. En paralelo, el hermano menor de Mauricio, Sandra, Alejandra y Gianfranco, y mayor de Florencia remaba en uno de los varios juicios entablados contra Socma en el fuero Comercial para algo tan básico como que le permitieran ver los libros de la comisión fiscalizadora del buque insignia de la familia del que es propietario en un  20%. Mariano pugnaba por ese paso como fase previa para revertir decisiones tomadas por sus hermanos Gianfranco y Mauricio, a su juicio, en forma fraudulenta.   

Tras la primera lectura del adelanto, O’Donnell recibió una carta documento de su entrevistado, narró el periodista. A los dos días, llegó una oferta, en apariencia contradictoria: un contrato que mantenía la condición de O’Donnell como autor, pero le asignaba a Mariano Macri el papel de colaborador con derecho a revisión. Ante la negativa del cronista, una segunda carta documento apuntó a abortar la publicación de la confesión. 

En paralelo, se activaban gestiones de otro tenor, como un mensaje de Mariano Macri que prenunciaba un futuro desventuroso para el periodista si el libro alcanzaba la calle y alguna insinuación de que, al fin y al cabo, todo era solucionable con plata. 

O’Donnell se apoyó en el compromiso de que no habría vuelta atrás si intervenía la editorial, lo que ya había ocurrido. La recta final hacia la publicación, definida para la primera semana de noviembre, había comenzado. Ante un escenario que parecía consumado, entrevistador y entrevistado coordinaron un encuentro en la casa del primero, un lunes, en el que revisaron parte del texto, instancia en la que Mariano Macri realizó sugerencias que fueron incorporadas. Al día siguiente, en otro giro in extremis, el hermano del expresidente apeló a un “gesto humano” de O’Donnell para bloquear el libro. El pedido tampoco dio resultado y Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio pasó a imprenta.

Nada

Hernán Iglesias Illa, responsable de comunicación estratégica durante la gestión de Mauricio Macri y hoy uno de los colaboradores del postergado libro del expresidente sobre su legado, se precipitó a sentar una posición no bien se viralizó una copia digital del volumen de O’Donnell, antes de que llegara a las librerías. “Leí el libro, no hay nada”, tuiteó Iglesias Illa con alivio el 23 de octubre de 2020.

Tres días antes del dictamen de Iglesias, Jonatan Viale entrevistó a Mauricio Macri en la casa de éste en Acassuso y alcanzó a mencionar el texto en ciernes. El expresidente redujo el tema a que su hermano había decidido “canalizar sus broncas de manera equivocada”. “Todas cosas falsas” y nada más para comentar, salvo el lamento porque su madre, Alicia Blanco Villegas, estaba “destrozada”. Fin.

Al terminar la entrevista para el canal América 24, Juliana Awada reprochó al entrevistador la alusión a Hermano. Viale, “por respeto” y porque optó por “ser cuidadoso”, no abundó en el disgusto de la empresaria.

El macrismo trazó una línea argumentativa clara: un hermano resentido volcó su furia y no aportó nada serio que incriminara al expresidente. La conclusión fue expresada por los pocos dirigentes del PRO y la UCR que se refirieron al tema, o filtrada por conocedores de la intimidad de Acassuso a través de medios afines. 

Ecos y silencios

Entre otros supuestos delitos, el hermano enojado atribuyó a Gianfranco Macri haber actuado como testaferro de Mauricio en un lucrativo pase de manos de un negocio de parques eólicos otorgados mediante una licitación orquestada por el Ejecutivo de Cambiemos en 2016. También reveló que el blanqueo de capitales organizado por Macri, al que se acogió Gianfranco con US$35 millones, fue pactado para lavar fondos de origen espurio, y sobrevoló presuntas maniobras de vaciamiento del Correo Argentino que manejó la familia en un ruinoso (para el Estado) período de privatización.

La aparición de un libro sobre cualquier personaje público puede ser relevante, después hay que evaluar la calidad para ver si es noticia

Ricardo Roa

El texto de O’Donnell concitó interés en la prensa extranjera y encontró un esperable eco en los medios opuestos o críticos del macrismo, y hasta logró penetrar, aunque sea por unos días, la agenda de periódicos, radios, canales de TV y sitios online con una línea editorial afín al exmandatario. En cambio, las múltiples plataformas del Grupo Clarín parecieron coincidir con el dictamen de que la catarsis de Mariano Macri no merecía atención alguna. Salvo por una nota bajo el llamativo título “Argentina: Libro de hermano de Macri agita ámbitos políticos”, que reprodujo un cable de la agencia italiana ANSA previo a la publicación, la web de Clarín no consideró noticiable la multiplicidad de delitos y fallas éticas atribuidas por Mariano Macri a su hermano expresidente. O’Donnell tampoco fue entrevistado por ninguna radio ni canal televisivo del Grupo. 

Ricardo Roa, histórico segundo jefe de la redacción de Clarín, evaluó ante elDiarioAR que si bien “la aparición de un libro sobre cualquier personaje público puede ser relevante, después hay que evaluar la calidad para ver si es noticia”. El editor general adjunto razonó que “cuando un hecho tiene fuerza argumental, pruebas y solidez, se impone por sí solo, más allá de cualquier criterio editorial”. “No tengo una mirada cerrada ni un pensamiento único. Todos los medios somos objeto de operaciones, y tratamos de detectarlas, frenarlas o entenderlas”, dijo.

La excursión legal

La orden de la jueza Gastaldi de que O’Donnell entregue las grabaciones bajo apercibimiento de multas, notificada el 2 de febrero, se encuentra apelada por el abogado del periodista, Damián Loreti. Cuando se expida la Cámara Civil, Gastaldi tendrá probablemente poco y nada por hacer en el expediente. El 9 de febrero pasado, el boletín oficial publicó la designación, tras haber obtenido el aval del Senado, de Andrea Imatz al frente del juzgado 6 que subroga la jueza que dio curso al pedido de Mariano Macri.

La reacción de juristas, periodistas y organizaciones de prensa ante la orden de la jueza mostró un bloque sólido, por encima de diferencias ideológicas y vinculaciones empresariales. Abogados de izquierda, conservadores, radicales y peronistas -Raúl Zaffaroni, Daniel Sabsay, Alejandro Carrió, Santiago Cantón, Ricardo Gil Lavedra- coincidieron en suscribir un texto que calificó la solicitud de Gastaldi como “claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente”, y denunciaron una “excursión de pesca” con el objetivo de “intimidar” al periodista.

El 9 de febrero pasado, el boletín oficial publicó la designación, tras haber obtenido el aval del Senado, de Andrea Imatz al frente del juzgado 6 que subroga la jueza que dio curso al pedido de Mariano Macri.

Pablo Slonimsqui, abogado y autor de Forum Shopping, claves para entender la manipulación judicial, consideró ante este medio que, si bien el propio título del libro deja en claro que la fuente es Mariano Macri, el interés de las grabaciones va más allá del entrevistado y su entrevistador, ya que “en este tipo de conversaciones, suele haber referencias a terceros y menciones a otras fuentes que podrían quedar develadas en violación a la garantía constitucional que también protege apuntes y archivos personales”. El abogado cree que distinto sería el caso si Mariano Macri negara haber manifestado lo que se le atribuye, entonces O’Donnell “podría ofrecer las pruebas que estimara necesarias”. “La jueza también podría haber solicitado, estrictamente, los fragmentos con la voz del demandante, y al parecer no lo hizo”, agregó.

Entidades internacionales como WikiLeaks, Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Corresponsales, y locales, como varios sindicatos de prensa, la asamblea de Página 12, la empresarial Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Red de Carreras de Comunicación y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), se sumaron al repudio. A su vez, más de un centenar de periodistas que trabajan en empresas de casi todo el arco mediático anotaron su firma para rechazar la orden de Gastaldi. Esta vez, Fopea y Adepa, que suelen encontrar un generoso espacio en los medios de Clarín para sus expresiones públicas, no contaron con ese beneficio.

En este tipo de conversaciones, suele haber referencias a terceros y menciones a otras fuentes que podrían quedar develadas en violación a la garantía constitucional que también protege apuntes y archivos personales

Pablo Slonimsqui

Inoportunidad

La semana pasada, un lamento recorrió círculos macristas que consideraban que el exmandatario había salido indemne ante la ira de su hermano. De hecho, ningún juez o fiscal federal creyó pertinente tirar del hilo del cúmulo de presuntos delitos aludidos en Hermano. La queja de los macristas -línea Mauricio- apuntaba a que la demanda de Mariano contra O’Donnnell puso nuevamente el tema en agenda. 

A tres meses de la publicación de Hermano, una voz próxima al exmandatario apenas valoró ante elDiarioAR que el libro caracterizó a Mauricio como un empresario más conservador, menos aventurero que su padre, e hipotetizó que el fin último de la confesión de Mariano, a la que no le asigna validez, fue la creación de una herramienta para negociar.

Este medio intentó comunicarse con Mariano Macri a través de su abogado, quien no respondió.

NS SL