Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC

Agosto empieza con una nueva tanda de aumentos sobre gastos que los hogares no pueden esquivar. Desde este sábado 1º suben colectivos, subte, peajes, colegios privados, medicina prepaga, gas y agua. La actualización llega en un escenario de caída del consumo, despidos, suspensiones, cierres de empresas y salarios que siguen obligados a correr detrás de precios que se acumulan mes a mes.

Los incrementos alcanzan tanto servicios públicos como privados. No son consumos excepcionales ni gastos de lujo: transporte para ir a trabajar, cuotas escolares, cobertura de salud, agua, gas y peajes. Para quienes viven de un salario, agosto arranca con más presión sobre el ingreso disponible.

El golpe llega sobre ingresos ya deteriorados. En mayo volvieron a caer en términos reales el salario privado registrado, el salario público y el salario mínimo. Para muchos hogares, el problema no es sólo que suban tarifas y servicios, sino que esos aumentos llegan después de meses de pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y paritarias que apenas intentan empatar la inflación.

El transporte vuelve a estar en el centro del ajuste, según surge de un relevamiento realizado por el diario Ámbito Financiero. Los colectivos que circulan sólo dentro de la Ciudad de Buenos Aires y las líneas que sólo circulan por la provincia de Buenos Aires aumentan 3,9%. La suba surge de la fórmula que combina el último dato de inflación publicado por el Indec —1,9% en junio— con dos puntos porcentuales adicionales.

En la Ciudad, la tarifa mínima de las 31 líneas porteñas pasa a $852,90 para usuarios con SUBE registrada. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de las líneas numeradas del 200 en adelante queda en $1.111,19. Las líneas nacionales, en cambio, quedan fuera de este ajuste y conservan por ahora sus tarifas actuales.

El subte porteño también sube 3,9%. El boleto general con SUBE registrada queda en $1.684, mientras que la tarifa sin registrar pasa a $2.541,10. El premetro cuesta $567,35, la tarifa social queda en $567 y el boleto estudiantil en $226. La misma fórmula de actualización mensual rige para los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA.

Para un trabajador que toma dos colectivos por día, el aumento se multiplica por cada jornada laboral. Para quien combina colectivo, tren o subte, cada tramo suma. El transporte público no es un consumo optativo: es la condición para llegar al empleo, volver a casa, hacer una changa o sostener una segunda actividad.

A los boletos se suman los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, que tendrán una suba escalonada de 8,1%: 5,5% en agosto y 2,5% en septiembre. La medida alcanza a unos 1,2 millones de alumnos y ajusta topes arancelarios según nivel educativo y porcentaje de subvención estatal de cada establecimiento.

La medicina prepaga también incorpora aumentos en agosto. Las principales empresas informaron subas que, según el plan y la compañía, llegan hasta 2,9%. OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán aplican incrementos de 1,9%; Swiss Medical, entre 1,8% y 2%; Sancor Salud, entre 1,9% y 2,9%; Galeno, 2,6%; y Omint, hasta 2,9%. En algunos casos, los ajustes también alcanzan copagos.

En gas, el Gobierno pone en marcha un nuevo esquema bimestral para actualizar componentes de la tarifa. La Secretaría de Energía modificó la frecuencia de ajuste de las Diferencias Diarias Acumuladas, el mecanismo que traslada a las facturas variaciones en el precio del gas comprado por las distribuidoras. Hasta ahora se actualizaba por estación; desde agosto pasa a hacerlo cada dos meses.

El agua también sube. Las facturas de AySA aumentan 3% en agosto, según el esquema dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento. El tope mensual rige desde mayo y se extiende hasta agosto inclusive. El programa de tarifa social con descuento del 15% para sectores vulnerables se mantiene vigente.

El problema para los hogares trabajadores es la acumulación. Una suba aislada puede parecer menor cuando se compara con el IPC general. Pero cuando en el mismo mes aumentan transporte, salud, educación, agua, gas y peajes, el salario enfrenta una suma de gastos fijos que no siempre se puede recortar. El ingreso no se gasta en el promedio de inflación: se gasta en boletas, boletos, cuotas y servicios.

Ese punto vuelve más frágil el argumento de la desaceleración inflacionaria. El último dato del Indec marcó 1,9% en junio, pero buena parte de los aumentos de agosto igual se ubica por encima de ese número o se encadena con fórmulas de actualización mensual. Además, los gastos fijos vienen creciendo más que el promedio en los últimos meses, como ocurrió con servicios, regulados, vivienda y salud.

Los aumentos llegan cuando el mercado laboral ya muestra señales de deterioro. La caída del consumo golpea a comercios, pymes e industrias; las empresas anuncian suspensiones, recortes o cierres; y las paritarias se negocian en tramos cortos, más como defensa frente a los precios que como mejora real del poder adquisitivo.

Para los trabajadores, la cuenta de agosto no empieza en cero. Llega después de meses de recomposiciones salariales moderadas, endeudamiento familiar, pérdida de poder de compra y más presión sobre empleos formales e informales. Cada aumento de tarifa achica el margen para comida, medicamentos, transporte adicional, deuda o gastos escolares.

El Gobierno y las empresas presentan las actualizaciones como parte de esquemas de costos, regulación o contratos vigentes. Pero en la vida cotidiana, el resultado es más simple: el mes empieza con más gastos obligatorios. Agosto vuelve a mostrar que la inflación puede bajar en el índice general y, al mismo tiempo, seguir golpeando en los precios que organizan la vida diaria de los trabajadores.

JJD

El presidente Javier Milei dio una entrevista el objetivo de instalar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que presentó este jueves por cadena nacional, pero tuvo que responder también por otros frentes que no eligió: el señalamiento de que Estados Unidos “salvó” al programa económico con su asistencia financiera y el escándalo de Manuel Adorni, su exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Sobre el primer punto, Milei rechazó de plano la idea de que la estabilidad cambiaria se explique por el respaldo estadounidense. “Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”, arrancó en una entrevista a Telefé, antes de bajar el número que le importaba dejar instalado: “De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”. Y remató con la comparación que ya usa como latiguillo: “Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada”.

De ahí pasó a otro flanco abierto: la inflación que había prometido cero para mitad de año y no llegó. Apeló a un argumento técnico —“la política monetaria tiene un rezago de 24 meses”— y a un criterio de medición propio, la inflación mayorista antes que el IPC, “que es la que yo siempre usé”. En el medio, no ahorró munición contra la prensa: “Entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”.

El tercer frente fue Adorni, que hace apenas semanas renunció como jefe de Gabinete por una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito: viajes al exterior no del todo declarados por unos US$27.600, una casa de 400 metros cuadrados que en un primer momento no figuraba en su declaración jurada, un departamento en Caballito comprado con un crédito otorgado por dos jubilados y el uso del avión presidencial por parte de su esposa. Nada de eso movió a Milei. “Para mí, Adorni es honesto”, dijo, y calificó como desproporcionada la reacción que generó el caso: “Me parece la desproporción que hubo en todo el tramo solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas”. Cerró invocando la presunción de inocencia —“las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”— y cuestionó que la prensa actuara “de fiscales, de jueces” antes de que hablara la Justicia.

Los tres frentes, distintos entre sí, respondieron a un mismo propósito: no dejar que nada empañara el relanzamiento de su gran bandera del semestre, la reforma del Banco Central. Bajarle el precio al aporte de Estados Unidos, sostener una proyección de inflación que no se cumplió y blindar a un funcionario propio investigado por la Justicia son, en el fondo, la misma operación: administrar el relato en un momento en que la Carta Orgánica todavía tiene que pasar el filtro de comisiones y de un Congreso donde el oficialismo no tiene los votos garantizados.

También fue consultado por el partido entre Argentina e Inglaterra y la bandera que los futbolistas mostraron sobre las Islas Malvinas, y ahí trazó una distinción entre el gesto deportivo y lo que le exige a la dirigencia política. “Los jugadores lo pueden hacer, están en campo de juego. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político”, sostuvo, y advirtió que un funcionario no debería hacer “declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra”.

Por último defendió la vía diplomática como el único camino posible para el reclamo de soberanía: “En el gol de Maradona a los ingleses, como resultado de ese gol no nos devolvieron las Malvinas; los mayores avances de la historia en el tema los hemos logrado nosotros”.

El Poder Ejecutivo giró este jueves por la noche al Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), horas después de que el presidente Javier Milei lo presentara por cadena nacional. El proyecto firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, propone modificar la ley 24.144 y derogar artículos de la ley de convertibilidad (23.928) y de la ley de administración financiera (24.156).

Según el texto oficial, el objetivo es dotar al Central de “independencia funcional y financiera” y consagrar la preservación del valor de la moneda como su misión única, revirtiendo buena parte de la reforma que impulsó el kirchnerismo en 2012. Los otros tres proyectos que Milei anunció en la misma cadena nacional —el “grillete fiscal”, la reforma del mercado de capitales y la del mercado de seguros— todavía no fueron enviados al Congreso: por ahora existen solo como anuncio.

El primer eje del proyecto sustituye el artículo 3° de la Carta Orgánica para volver a la fórmula original de 1992, antes de que la ley 26.739 le asignara al BCRA un mandato múltiple —estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico “en el marco de las políticas del gobierno nacional”—. Se eliminan las facultades del directorio para orientar el crédito hacia sectores específicos, herramienta que el texto considera propia de la banca de fomento y ajena a un banco central.

Establece causales taxativas para remover a los miembros del directorio —violación de incompatibilidades, incapacidad sobreviniente o falta grave y manifiesta vinculada a hechos precisos— y exige que cualquier destitución sea aprobada por dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso, no solo del Senado como ocurre hoy. Además, se elimina la presencia del ministro de Economía en las reuniones de directorio y se deroga la obligación del BCRA de opinar sobre las operaciones de crédito público externo del Tesoro.

Un tercer eje cierra los canales de financiamiento del Banco Central al sector público. Se deroga el artículo que habilita los “adelantos transitorios” al Gobierno nacional: de no eliminarse, señala el texto, el Tesoro podría haber solicitado adelantos por unos 36,6 billones de pesos, más del 80% de la base monetaria actual. También se prohíbe de forma absoluta prestarle a Nación, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios, y se veda por primera vez de manera explícita la compra de títulos públicos en el mercado primario. Además deroga el régimen de “reservas de libre disponibilidad”.

La transferencia de fondos al Tesoro quedará condicionada a que las reservas alcancen al menos el 50% del capital del Banco y a que el dinero se destine exclusivamente a cancelar deuda pública. Mientras subsistan las letras intransferibles y los adelantos ya otorgados, una cláusula transitoria establece que esos fondos se usarán primero para cancelar esas obligaciones heredadas.

En la misma cadena nacional, Milei había adelantado el contenido de los otros tres proyectos que integrarán el paquete: el “grillete fiscal”, una regla permanente que impedirá por ley aprobar presupuestos deficitarios y que, de no corregirse el desequilibrio en un plazo determinado, activará un “shutdown” con freno a gastos no esenciales, transferencias a provincias y hasta los sueldos de Presidente, vicepresidente, legisladores y ministros; una reforma del mercado de capitales para liberalizar la emisión de bonos corporativos y el financiamiento colectivo; y una reforma del mercado de seguros que eliminará la autorización previa del regulador para lanzar nuevos productos. Ninguna de las tres tiene todavía fecha de ingreso al Congreso.

El derrotero parlamentario

En cuanto al ingreso formal de la reforma del BCRA, fuentes de la Cámara de Diputados precisaron que, como el proyecto llegó después del cierre de la mesa de entradas del jueves, este viernes se completarán las cuestiones administrativas de recepción y que la iniciativa recién tomará estado parlamentario el lunes, cuando será girada a las comisiones pertinentes. En despachos libertarios adelantaron que buscarán empezar a tratarlo en la primera semana de agosto, con el objetivo de llevarlo al recinto en una sesión de fines de mes.

El recorrido comenzará por Diputados y no por el Senado, en parte porque la Cámara alta ya tiene una agenda cargada con otros proyectos —entre ellos la eliminación de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros y el llamado Súper RIGI—. El proyecto sería girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, y de Finanzas, a cargo de Santiago Pauli. La Libertad Avanza deberá negociar con bloques dialoguistas para sumar firmas y luego los votos en el recinto.

Si el oficialismo logra aprobar el proyecto en Diputados, deberá superar después el filtro del Senado, donde siempre existe el riesgo de que surjan nuevas trabas no acordadas en la instancia previa. Ahí aparece otro nudo sensible: Santiago Bausili, presidente del Central, está designado por comisión ya que no tiene aún acuerdo del Senado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus declaraciones de las últimas horas sobre el presidente Javier Milei.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó el funcionario mileísta en declaraciones a radio Mitre.

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda”, cuestionó el jefe de Gabinete, al tiempo que calificó de “disparate y barbaridad” los mensajes que en las últimas horas publicó la Vicepresidenta en redes sociales.

“Es de una falta de sentido común que diga eso de un Presidente que agarró un país devastado. Es una falta de respeto. Unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula. No puedo entender por qué hace lo que hace. En vez de apoyar, de acompañar, siempre pone palos en la rueda. Una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Qué sentido tiene que esté en un lugar que no quiere estar”, completó Santilli.

Este jueves, Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, disparó en un mensaje en su cuenta de X.

Al respecto, agregó: “El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”.

“Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

En un mensaje emitido por cadena nacional, repleto de varias de sus muletillas y cifras incontrastables, Javier Milei anunció este jueves la prometida reforma del Banco Central. Para el Presidente, se trata “del conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, que pone fin al “robo de la política” y “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural que busca blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central para financiar el gasto público. Es una de las leyes prioritarias para la administración libertaria –Milei dijo hasta el hartazgo durante la campaña presidencial que había que dinamitar la entidad–, y el Ejecutivo quiere enviarla cuanto antes a la Cámara de Diputados para empezar a negociar la letra que involucró a los ministrosLuis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y al titular del organismo, Santiago Bausili.

Todos ellos estuvieron junto al Presidente en la transmisión que comenzó a las 20. Milei junto al equipo económico presentó el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un mensaje grabado en el Salón Blanco bajo la supervisión Santiago Oria, quien tiene a su cargo la Realización Audiovisual de la Presidencia. Desde temprano, en el Gobierno habían prometido que sería una cadena nacional “sanguinaria”.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, aseguró

En rigor, el Presidente repitió sus habituales críticas a la política, confirmó lo que venía anticipando y acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ex titular del Central, Mercedes Marcó del Pont, de haber robado US$10.000 millones a los argentinos.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, dijo.

El proyecto redefine el mandato del Banco Central y establece como único objetivo la preservación del valor de la moneda. Además, prohíbe de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, dispone que las reservas internacionales sean de propiedad exclusiva del BCRA, sin posibilidad de ser utilizadas por el Poder Ejecutivo, y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria destinado a limitar la emisión.

Es decir, que el Gobierno busca que el Central cuente con mayor independencia y se limite a “un servicio de liquidez a la economía”.

La reforma también contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y el endurecimiento de los requisitos para modificar la composición del directorio. Asimismo, eliminará las utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a procesos de deflación. Es que para la administración libertaria la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Con este argumento, la reforma de la Carta Orgánica jugaría un rol clave sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la teoría, ante una menor emisión de dinero y menos pesos circulando en la economía, la inflación seguiría en su curva descendente. Sin embargo, al no haber emisión el Estado solo puede gastar lo que recauda, es decir que si las cuentas no cierran, lo que sigue es más ajuste.

En paralelo, la Casa Rosada busca reemplazar los cinco objetivos actuales del Banco Central por una única finalidad. En ese marco, pretende poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado e impulsar un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria.

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

El proyecto apunta a dar marcha atrás a los principales cambios introducidos por la reforma de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquella modificación amplió las funciones del Banco Central al incorporar entre sus objetivos el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de habilitar el uso de reservas para el pago de deuda externa.

Además del equipo económico estuvieron la hermana presidencial, Karina Milei, la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, mientras se encontraba de viaje en Perú para la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de ese país, Milei anticipó algunos detalles del proyecto. Aseguró que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. “Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder”, apuntó.

“El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, agregó.

CC

Con información de NA

La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. Según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreos. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. Este sábado 1 de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

MCM/MC

Modificar por decreto una ley migratoria ya era, de por sí, una decisión destinada a generar controversia. Hacerlo apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara inconstitucional otra reforma impulsada por Javier Milei sobre la misma norma elevó todavía más la apuesta política de la Casa Rosada. El Gobierno sabía que volvería a enfrentar cuestionamientos constitucionales, que el texto sería examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que probablemente terminaría otra vez en los tribunales. Aun así, decidió avanzar.

La explicación no aparece en un cambio repentino de la política migratoria ni en una situación de emergencia en las fronteras. Tampoco en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones o por las fuerzas de seguridad sobre un aumento de delitos vinculados con extranjeros. Según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, el impulso para modificar la Ley de Migraciones surgió por otro carril: la convicción, instalada en el círculo más cercano al Presidente durante las semanas posteriores al Mundial, de que la Argentina estaba siendo blanco de una ofensiva internacional organizada para desacreditarla.

Esa lectura comenzó a tomar forma en el despacho que Santiago Caputo ocupa en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Desde allí, el asesor presidencial impulsó durante las últimas semanas la necesidad de que el Gobierno respondiera con herramientas institucionales a lo que definía como una “campaña antiargentina”. La idea fue ganando terreno al ritmo de las críticas que distintos artistas, periodistas y figuras públicas formularon contra la Argentina tras la final que la Selección perdió contra España y de la escalada diplomática que el propio Milei alimentó al denunciar, sin presentar pruebas, que detrás de esos cuestionamientos se encontraban los gobiernos de Brasil y México.

Ese clima de confrontación también estuvo atravesado por fuertes polémicas protagonizadas por referentes del propio oficialismo. Mientras el Gobierno denunciaba una campaña internacional que buscaba instalar la idea de que la Argentina era un país racista, algunas de las figuras más cercanas al Presidente quedaron envueltas en controversias por publicaciones en redes sociales.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó a la selección francesa tras el partido frente a Paraguay al referirse a ella como un “equipo africano” y lanzar descalificaciones contra Kylian Mbappé, comentarios que despertaron acusaciones de discriminación. Un día más tarde, el propio Caputo escribió en su cuenta de X: “Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, un mensaje publicado inmediatamente después de la derrota de Brasil frente a Noruega que también generó una fuerte repercusión.

Lejos de retroceder, en el entorno presidencial interpretaron que esos episodios confirmaban la existencia de una disputa cultural de alcance internacional. En la Casa Rosada comenzó a consolidarse la idea de que las campañas de desinformación y desprestigio impulsadas desde el exterior debían ser consideradas una amenaza para los intereses nacionales y que el Estado debía desarrollar herramientas para responder a ese tipo de acciones. El decreto migratorio terminó convirtiéndose en la primera traducción normativa de ese diagnóstico.

Caputo fue uno de los principales impulsores de esa narrativa. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, escribió días atrás en sus redes sociales. Horas después compartió un mensaje de Agustín Laje, quien sostuvo que la “campaña anti-Argentina” constituía “la última manifestación ideológica de la agenda woke” y que “nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo”. Apenas una semana después, esa interpretación política terminaría convertida en uno de los fundamentos centrales del DNU 681/2026, cuya confección estuvo a cargo de los equipos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La instrumentación quedó ahora en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Distintas fuentes oficiales señalaron que fue ella quien se ocupó de contactar personalmente a los distintos ministros para explicar el alcance de la iniciativa y coordinar la firma del decreto. La elección tampoco fue casual. Desde fines de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones depende del Ministerio de Seguridad, luego de haber sido transferida desde la órbita del Ministerio del Interior. La cartera que conduce Monteoliva será ahora la encargada de aplicar una norma que amplía de manera significativa las facultades del Estado para impedir ingresos o cancelar residencias.

De la “batalla cultural” a la ley

El cambio no es menor. Históricamente, las restricciones migratorias estuvieron vinculadas a cuestiones relativamente objetivas, como antecedentes penales, terrorismo, narcotráfico, documentación irregular o amenazas concretas para la seguridad pública. El nuevo decreto incorpora una lógica diferente: habilita consecuencias migratorias por expresiones públicas realizadas por extranjeros. A partir de ahora, quienes “inciten mensajes de odio” contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad o “ultrajen” los símbolos patrios podrán ver rechazado su ingreso al país o incluso perder la residencia.

Ese corrimiento explica buena parte de la controversia que rodea al decreto. El texto no define qué constituye exactamente un “mensaje de odio”, tampoco fija parámetros objetivos para diferenciarlo de una opinión política, una crítica periodística o una manifestación artística, ni establece un procedimiento específico para determinar cuándo una conducta encuadra dentro de esa categoría. En los hechos, esa valoración quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá interpretar conceptos deliberadamente amplios sin intervención judicial previa.

A esa discusión se suma otra todavía más delicada: la constitucional. Apenas un mes atrás, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU 366/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado modificar la misma Ley de Migraciones para transferir a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. En aquella resolución, los jueces concluyeron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del procedimiento legislativo previsto por la Constitución. El nuevo decreto vuelve a apoyarse en el mismo artículo 99 inciso 3 y reabre un debate que parecía recién saldado.

Más allá de cuál sea finalmente su suerte en el Congreso o en la Justicia, el DNU 681/2026 constituye un nuevo paso en una estrategia que el mileísmo viene profundizando desde su llegada al poder: convertir diagnósticos nacidos en el terreno de la batalla cultural en políticas públicas con efectos jurídicos concretos. Si hasta ahora la denominada “campaña antiargentina” era una explicación política frente a las críticas internacionales, desde este jueves pasó a formar parte del propio ordenamiento migratorio argentino.

PL/MC

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar este jueves su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y lanzó una de las críticas más duras desde el inicio de la interna que mantiene con el mandatario. “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió en su cuenta de X.

La declaración llegó luego de que Milei compartiera en esa red social una publicación de la diputada nacional Lilia Lemoine, una de sus principales aliadas, en la que vinculaba a la titular del Senado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con la legisladora Marcela Pagano.

“El alineamiento Villarruel-Pagano-Kicillof es cada vez más obvio”, había escrito Lemoine. La publicación fue posteriormente republicada por el Presidente, lo que generó la reacción de la vicepresidenta.

“¿Esta locura galopante la retuiteó el Presidente? Parece contagioso el delirio”, respondió Villarruel al ser consultada por un usuario de la red social sobre el reposteo realizado por Milei.

El intercambio continuó cuando otro usuario cuestionó la publicación atribuida al jefe de Estado. “El presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, escribió la vicepresidenta.

Las críticas se profundizaron minutos después, cuando otro internauta sostuvo que “ya nada asombra del Presidente” y cuestionó que no respaldara públicamente las acusaciones difundidas en redes sociales. Fue entonces cuando Villarruel publicó el mensaje más contundente de la jornada.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, afirmó, en una declaración que volvió a dejar expuesta la ruptura política y personal entre ambos.

El nuevo cruce se suma a una serie de enfrentamientos públicos que protagonizan Milei y Villarruel desde hace meses y que se intensificaron tras las diferencias por distintos proyectos debatidos en el Congreso y por el creciente distanciamiento entre la vicepresidenta y el núcleo duro de La Libertad Avanza.

Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas al Presidente, se convirtió en una de las principales voces críticas contra Villarruel dentro del oficialismo. Sus publicaciones en redes sociales suelen ser respaldadas por dirigentes libertarios y, en esta oportunidad, también fueron compartidas por Milei, un gesto que terminó provocando una nueva y dura respuesta de la vicepresidenta.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado este jueves y con la firma de Javier Milei y su gabinete modifica la Ley de Migraciones N.° 25.871 para incorporar dos nuevas causales de rechazo de ingreso y de cancelación de residencia: haber dirigido “mensajes de odio” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino “motivado en la nacionalidad”, y haber realizado o participado en “actos de ultraje” contra los símbolos patrios nacionales.

El decreto llega en medio de la tensión que la Casa Rosada calificó como una “campaña antiargentina”, después de que celebridades como el actor Samuel L. Jackson, la cantante Rosalía, el músico Niall Horan o el escritor Arturo Pérez-Reverte cuestionaran públicamente a la Argentina tras la final del Mundial 2026. Milei había acusado, sin pruebas concretas, a los gobiernos de Brasil y de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de financiar esas críticas, en paralelo a una crisis diplomática con Brasil desatada después de que calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”.

La autoridad de aplicación de la norma sigue siendo la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que desde fines de 2025 dejó de depender del Ministerio del Interior y pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La DNM no cuenta con fuerza propia: delega el control físico en la llamada “policía migratoria auxiliar” —Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, reforzada en junio con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria específicas dentro de esas cuatro fuerzas. Sin embargo, el decreto no establece ningún protocolo para identificar, antes del cruce fronterizo o durante la estadía en el país, quién emitió un “mensaje de odio”. La norma no prevé un mecanismo de constatación propio, por lo que en la práctica su aplicación quedaría librada a denuncias, publicaciones de prensa o repercusión en redes sociales, y no a un control sistemático en los pasos migratorios.

No es la primera vez que el Gobierno intenta reformar la Ley de Migraciones por decreto y choca con ese límite. El 30 de junio pasado —apenas un mes antes de este nuevo DNU— la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU 366/2025, que había transferido a la DNM la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia históricamente ejercida por jueces federales. El tribunal sostuvo entonces que el Poder Ejecutivo “no acreditó circunstancias de rigurosa excepcionalidad y urgencia que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes” y que los argumentos oficiales “expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo”.

El nuevo decreto reproduce un patrón similar: modifica la misma ley por la vía de excepción invocando una urgencia —una ola de críticas en redes sociales tras un partido de fútbol— que, según el estándar que la Justicia ya fijó hace apenas cuatro semanas, no equivale a la imposibilidad de esperar el trámite parlamentario ordinario.

A esa fragilidad se suma la imprecisión del propio texto. El decreto no define qué constituye un “mensaje de odio” ni fija parámetros objetivos para distinguirlo de la crítica política o periodística, más allá de una cláusula genérica que excluye al “disenso ideológico” y a la “crítica política, académica o ciudadana”. Esa línea, en los hechos, quedará trazada por funcionarios de la DNM en un trámite administrativo y sin intervención judicial previa, a diferencia de lo que ocurre con la Ley 23.592 contra la discriminación —citada como uno de los fundamentos del propio DNU—, que exige un proceso judicial para determinar si una conducta es discriminatoria. Esa ambigüedad deja un margen amplio para decisiones discrecionales sobre quién puede entrar o permanecer en el país, según cómo se interprete una declaración.

El propio Gobierno invoca, en los considerandos del decreto, el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para justificar el uso de un DNU en lugar de enviar un proyecto de ley al Congreso. Ese mismo artículo fue el que la Cámara Nacional Electoral citó un mes atrás para anular la reforma migratoria anterior del Gobierno. Con la Comisión Bicameral Permanente y, eventualmente, la Justicia como próximas instancias de revisión, el nuevo decreto migratorio de Milei enfrenta el mismo interrogante que ya se resolvió en contra del Gobierno: si una repercusión política, por intensa que sea, alcanza para saltear el debate legislativo que la Constitución reserva al Congreso.

El presidente Javier Milei afrontará una intensa agenda oficial entre este jueves y viernes, con actividades centradas en la política económica, la agenda internacional y las inversiones. Tras su participación en un acto junto al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro y su presencia en la asunción de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el mandatario encabezará una cadena nacional para presentar la reforma del Banco Central, recibirá al presidente de Corea del Sur y participará del anuncio de un nuevo proyecto energético.

La primera actividad será este jueves a las 20, cuando Milei brinde un mensaje por cadena nacional para presentar el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno.

El Presidente ya había anticipado los lineamientos de la propuesta durante una exposición ante legisladores oficialistas realizada el 13 de julio en la Casa Rosada. Con la presentación pública buscará explicar los alcances de una reforma que apunta, entre otros objetivos, a limitar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional y reforzar el equilibrio de las cuentas públicas.

La agenda continuará el viernes con un marcado perfil internacional. A las 11, Milei recibirá en la Casa Rosada al presidente de la República de Corea del Sur para mantener una reunión bilateral de alto nivel. Del encuentro también participarán los cancilleres de ambos países, quienes repasarán la agenda diplomática, comercial y de cooperación.

Finalizada la reunión entre los mandatarios, las delegaciones de Argentina y Corea del Sur mantendrán un encuentro ampliado en el Salón Eva Perón con el objetivo de avanzar en los distintos temas de la relación bilateral.

Más tarde, a las 14, el jefe de Estado encabezará en el Salón de la Ciencia Argentina la presentación del proyecto que Pampa Energía desarrollará bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta de urea destinada a fortalecer la producción de fertilizantes.

El acto contará con la participación del presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, además de integrantes del gabinete nacional, y será el cierre de una agenda de 48 horas en la que el Gobierno buscará poner el foco tanto en las reformas económicas como en la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de los vínculos internacionales.

Con información de la agencia NA

Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La presentación, elaborada por un equipo de abogados que integran el histórico defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi, junto al jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue explicada en una conferencia de prensa en el hotel NH de Buenos Aires. Allí, los letrados detallaron los fundamentos jurídicos del reclamo, las medidas cautelares solicitadas y los tiempos posibles de un proceso que, advirtieron, puede demandar años. Aquí, las claves de la presentación.

¿Qué presentó Cristina Kirchner?

Una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó y que habilita a cualquier ciudadano a denunciar ante ese organismo violaciones a sus derechos una vez agotadas las instancias judiciales internas. Según el resumen de la propia presentación, el objeto de la comunicación es someter al escrutinio internacional “las violaciones al Pacto cometidas en el proceso conocido como Causa Vialidad”.

¿Cuál es el argumento principal?

El escrito enumera ocho artículos del Pacto que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.

Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.

¿Qué medidas cautelares pidió la defensa?

Son tres. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por considerarla contraria a precedentes del propio Comité que rechazan las proscripciones sin límite temporal. La segunda es la recomposición de la integración de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, lo que la defensa describe como “una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina”.

La tercera apunta al régimen de prisión domiciliaria de CFK: pide el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones para recibir visitas y para acceder a la terraza del edificio, y que el Estado argentino no la responsabilice por manifestaciones de terceros frente a su domicilio de San José 1111. Uno de los abogados detalló ante la prensa que la expresidenta “tiene dos policías en la puerta”, “lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona” y tiene “restringido el derecho de visita” y el acceso a la terraza.

¿Qué diferencia hay entre las cautelares y la revisión de fondo?

Según explicaron los abogados en la conferencia, las decisiones del Comité “son vinculantes” y “deben ser respetadas por el Estado”, que puede ser condenado a cumplir las cautelares solicitadas o a admitir las violaciones denunciadas.

Sin embargo, los tiempos de ambos procesos son distintos: mientras las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses” —posiblemente en octubre, aunque la periodicidad de las reuniones del Comité se redujo tras el recorte presupuestario de Estados Unidos a la ONU—, la decisión de fondo sobre la revisión de la condena “puede tardar algunos años”, sin que sea posible precisar un plazo. Los letrados remarcaron que, a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos —que exige pasar primero por una comisión y luego por otra instancia antes de llegar a la Corte Interamericana—, el Comité de la ONU permite un acceso directo, lo que le atribuyen “mayor efectividad”.

¿Podría revertirse la condena?

Los abogados fueron cautos. Si el Comité falla a favor de CFK, esa decisión no anula automáticamente la sentencia argentina, pero obliga al Estado a adecuar su conducta a los estándares internacionales y abre la puerta a un recurso de revisión en el sistema judicial local. Beraldi planteó que “hay prueba evidente de adversidad” contra Cristina Kirchner en el proceso y que la estrategia, de allí en más, exige paciencia: “Tenemos que esperar a que haya novedades internacionales y a partir de ahí esperar que esto se encasille jurídicamente”, señaló. Los propios abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la expresidenta, sin extenderse a otros condenados en la misma causa, aunque no descartaron que estos puedan valerse del precedente.

¿Quiénes son los abogados internacionales de Cristina Kirchner?

Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.

“No es una chorra”

El abogado Borrego apeló a un registro más coloquial para defender a su clienta de los cuestionamientos que recibe en la Argentina: “Cristina no es una chorra. Yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una cucaracha. Incluso a una persona que le pusieron una pistola en su cabeza le dicen que le quieren clavar el último clavo del cajón”, sostuvo, y agregó: “Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla”. Borrego también apuntó contra el momento político de la inhabilitación: recordó que Cristina Kirchner “podría haber sido habilitada para las PASO porque no es para cargos” y que, pese a eso, “ahora el gobierno las quiere sacar”, en referencia a las elecciones primarias.

¿Cuál es la postura del gobierno de Milei?

El Gobierno desestimó la denuncia internacional de Cristina Kirchner a través de una declaración pública este miércoles por la mañana del canciller Pablo Quirno. “Quieren volver al poder para indultarla”, dijo sobre la estrategia de la expresidenta, aunque admitió que tiene “la libertad para hacerlo”.

El equipo de abogados de CFK sumó como prueba documental que el presidente Javier Milei se atribuyó en un acto público “meter presa a Cristina”, así como en varias oportunidades habló de “ponerle el último clavo al cajón” del kirchnerismo. Para la defensa, esas declaraciones como posturas similares de Mauricio Macri revelan animosidad política en la sentencia judicial.

El mapa electoral de 2027 empezó a tomar forma esta semana con dos movimientos que anticipan cómo se jugará el año próximo en las provincias. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo formalizó el desdoblamiento de los comicios locales respecto de las elecciones presidenciales de octubre y adelantó la fecha de votación a mayo. En Santa Fe, en cambio, la discusión no es de calendario sino de reglas: los bloques legislativos negocian el piso mínimo de votos que necesitará cada fuerza para acceder a una banca, una definición que puede modificar el equilibrio de poder dentro de la coalición que gobierna la provincia.

Jaldo firmó el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para el domingo 9 de mayo de 2027. Ese día Tucumán elegirá gobernador y vice, 49 diputados provinciales, 19 intendentes y 93 comisionados comunales, sin PASO y con boleta papel tradicional. La principal novedad del decreto es la incorporación, por primera vez en la provincia, del requisito de “ficha limpia”, que impedirá postularse a cargos electivos o de gestión a quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia.

La decisión del mandatario, aliado habitual del Gobierno en las votaciones del Congreso, impactó en el armado local de La Libertad Avanza: el libertario Lisandro Catalán sostuvo que el desdoblamiento posterga las soluciones que la provincia necesita y reclamó terminar con los acoples de listas para competir con una boleta única por espacio político.

En Santa Fe, la reforma electoral responde a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada el año pasado, que habilitó la reelección del gobernador e incorporó el sistema D'Hondt para distribuir las 50 bancas de la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior que garantizaba automáticamente 28 escaños a la lista más votada. Ese cambio de sistema obliga ahora a fijar un piso mínimo de acceso al reparto, el punto donde se concentra la negociación entre los cuatro proyectos presentados en la Legislatura por la UCR, el socialismo y el peronismo, con el objetivo declarado de unificarlos en un solo texto durante agosto.

El socialismo propone mantener el esquema actual de cinco boletas para la elección general y fijar el piso en 3% del padrón electoral. La UCR, en cambio, plantea reducir a dos las boletas —una para las categorías municipales y otra para las provinciales—, un cambio que potenciaría el arrastre de quien encabece la oferta electoral, es decir, del propio gobernador Maximiliano Pullaro, que buscará la reelección en 2027.

Los gobernadores buscan despegar la evaluación de sus gestiones provinciales del clima de opinión nacional. En 2023, 18 de los 22 distritos desdoblaron sus elecciones provinciales de las nacionales; en 2025 lo hicieron 12 de 15. La tendencia se repite ahora: Salta evalúa adelantar su votación a abril, Jujuy proyecta mayo o junio, y Misiones y Córdoba manejan plazos similares en el primer semestre. Catamarca y La Rioja son, por ahora, de los pocos distritos que votarán junto con la elección presidencial de octubre.

El resultado combinado de estos movimientos —calendarios que se desdoblan y reglas de juego que se redefinen provincia por provincia— confirma que el mapa electoral 2027 se construye de manera fragmentada y descentralizada, con Milei corriendo la carrera presidencial de octubre con menos acompañamiento de gobernadores aliados del que el oficialismo nacional había proyectado a comienzos de año. La discusión sobre una eventual suspensión de las PASO nacionales, que el Gobierno negocia en paralelo, es otro factor que puede todavía modificar los cálculos de cada provincia en las próximas semanas.

El presidente Javier Milei confirmó este martes en Perú que el jueves presentará su propuesta para reformar el Banco Central con el propósito de que vuelva a tener como misión “preservar el valor de la moneda” y “terminar con 91 años de estafa”.

Milei subrayó que estará “prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco” y que “aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos”, durante un acto donde fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres (USMP), de Perú, tras asistir a la investidura de la presidenta del país, Keiko Fujimori.

El mandatario argentino anticipó que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. “Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder”, apuntó.

“El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, agregó.

La USMP otorgó el reconocimiento honoris causa a Milei por “su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social”, así como con la modernización del Estado.

Las autoridades del centro de estudios destacaron la “ciencia económica rigurosa” aplicada por Milei en su gestión, al tiempo de calificarlo de “abanderado de la libertad” y recordar sus comentadas frases como “el problema no es el mercado, el problema es el Estado que mete la mano donde no debe”.

Milei resaltó el criterio de la moral como política de Estado, como uno de los aportes de sus acciones de gobierno, así como de la necesidad de promover la cultura del trabajo y del ahorro.

“Argentina era un país desarrollado a inicios del siglo XX, cuando llegamos estaba de la mitad para abajo, eso nos dejó el legado del populismo, destruyó la cultura del trabajo, destruyó la cultura del ahorro, eso tiene que ver con este equilibrio malo”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, Milei explicó que su estrategia de crecimiento se basa en la desregulación, el capital humano, y la apertura de la economía, después de haber logrado reducir el déficit fiscal que alcanzó el 15% del producto interior bruto (PIB).

Además, Milei señaló que la pobreza afectaba al 57% de la población argentina cuando llegó a la Presidencia en 2023 y que actualmente bajó a 29%, lo que significa que sacó “a 14 millones de argentinos de la pobreza”.

“Hemos avanzado en la dirección correcta”, afirmó Milei, tras mencionar que recibió una inflación de 1,5% diaria, y que actualmente está en torno al 30% interanual.

EFE

Javier Milei viajó este martes a Perú para participar de la ceremonia de asunción de la flamante presidenta Keiko Fujimori y mantuvo una reunión bilateral con la nueva mandataria en Lima, en un viaje que la Casa Rosada considera una pieza central de la estrategia para consolidar un bloque de gobiernos de derecha en América Latina. El encuentro se produjo apenas tres días después de su visita a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y forma parte de una agenda internacional con un marcado contenido político.

Durante la reunión, realizada en el Palacio de Torre Tagle, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Del lado peruano participaron Fujimori y su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Según informó la Cancillería de Perú, ambas delegaciones destacaron “los profundos lazos históricos” entre ambos países y coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en materia económica, seguridad, ciencia, tecnología e innovación.

La sintonía política quedó reflejada incluso antes del inicio formal del encuentro, durante un intercambio difundido por la Oficina del Presidente. La flamante presidenta peruana le manifestó a Milei que era “un honor” recibirlo en Lima, mientras el libertario le agradeció la invitación. Durante esa breve conversación, que dejó expuesta la cercanía política y personal que ambos procuran construir, Fujimori comentó que el jefe de Estado argentino tenía por delante “una agenda muy nutrida” y Milei confirmó que, además de las actividades oficiales de la transmisión del mando, recibiría un doctorado honoris causa de la Universidad San Martín de Porres. El Presidente cerró el diálogo con una reflexión sobre el vértigo de una jornada de investidura: “El día de la asunción te puedo asegurar que es un día muy largo, con muchas obligaciones y un poquito tedioso. Pero es parte de la rutina”.

La escala peruana fue la continuidad de la gira que había iniciado el fin de semana pasado en Brasil. Allí, Milei participó del congreso del Partido Liberal para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva y dejó una definición que sintetiza la hoja de ruta del oficialismo: “Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

La gira regional continuará el 7 de agosto, cuando Milei viaje a Bogotá para asistir a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. En la Casa Rosada tampoco descartan una escala en Ecuador para mantener una reunión con Daniel Noboa y avanzar en nuevos acuerdos bilaterales.

En Balcarce 50 consideran que el escenario continental comenzó a modificarse a partir de las victorias de Fujimori en Perú y de De la Espriella en Colombia, a las que se suma la expectativa de un regreso del bolsonarismo al poder en Brasil. Ese corrimiento ideológico alimentó entre los colaboradores más cercanos al Presidente la idea de impulsar una instancia de coordinación política entre esos gobiernos, una suerte de reedición del Grupo de Lima, el bloque diplomático impulsado en 2017 por una docena de países americanos para coordinar una posición común frente al entonces gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela-

La apuesta excede la construcción de buenas relaciones bilaterales. En el entorno presidencial sostienen que Milei busca ocupar un lugar que, a su juicio, hoy se encuentra vacante: el de articulador político de una nueva generación de dirigentes de derecha en América Latina. El Presidente entiende que fue uno de los primeros en romper la hegemonía de la centroizquierda en la región y que, a partir de ese antecedente, puede convertirse en una referencia para los gobiernos que comenzaron a emerger en los últimos meses.

La estrategia también busca proyectar esa construcción más allá de las fronteras latinoamericanas. Desde el inicio de su mandato, Milei cultivó una estrecha relación con distintas figuras de la derecha internacional, con Donald Trump como figura paradigmática. Ahora, con la aparición de gobiernos ideológicamente afines en Sudamérica, el libertario cree que existe una oportunidad para complementar esos vínculos globales con un liderazgo regional propio.

Sin embargo, el oficialismo también procura evitar que esa confrontación termine trasladándose al plano institucional. En su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó bajarle el tono a la tensión con Brasil al afirmar que las diferencias existen entre Milei y Lula, pero no entre ambos Estados. “Brasil y Argentina tienen una relación histórica”, sostuvo el portavoz, quien además remarcó que los canales diplomáticos y comerciales continúan funcionando con normalidad pese a los cruces políticos de las últimas semanas.

El oficialismo apuesta a que, si el ciclo electoral continúa favoreciendo a candidatos cercanos a sus posiciones, Milei pueda dejar de ser una excepción dentro del mapa regional para transformarse en el principal referente político de una derecha latinoamericana en expansión. En la Casa Rosada creen que, si ese giro se consolida, el Presidente argentino estará en condiciones de desempeñar un papel similar al que durante la década pasada ejercieron otros líderes regionales, aunque desde un ideario abiertamente libertario y con Buenos Aires como uno de los centros de articulación política del espacio.

PL/CRM

Aunque el Gobierno buscó este martes bajarle el tono a la crisis abierta con Brasil por los insultos de Javier Milei a Lula da Silva, el partido del mandatario del vecino país avanzó en la Justicia local. El Partido dos Trabalhadores (PT) presentó una denuncia que fue derivada a la Justicia electoral para investigar el periplo del libertario el sábado a San Pablo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes al tanto del armado electoral de Lula.

La denuncia busca conocer con qué fondos se costeó el viaje de Milei a Brasil, donde visitó a Flávio Bolsonario en medio de la campaña presidencial del vecino país. El hijo de Jair Bolsonaro busca enfrentar a Lula en las elecciones del próximo 4 de octubre.

El PT denunció “injerencia externa indebida” en la presentación realizada con sus socios del PV y PCdoB. En el documento, el oficialismo brasileño señala que la visita de Milei afectó “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

En el Gobierno señalan que el viaje de Milei a San Pablo fue de carácter “oficial” y argumentan que no solo se reunió con Bolsonaro hijo, sino que también recibió una distinción por parte del gobernador del estado, Tarcísio de Freitas. En el acto público el libertario llamó de “presidiario” y “ladrón” a Lula.

La expresión generó un inmediato rechazo de la diplomacia brasileña. Itamaraity llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Y el canciller Mauro Vieira convocó a una reunión privada al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que recibió de primera mano el repudio del diplomático.

Este martes desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono. El vocero Adrián Ravier reconoció que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, pero insistió en que esos cruces responden a diferencias “ideológicas y políticas” entre ambos presidentes y no deben trasladarse al vínculo entre los dos países. “La Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, sostuvo. En esa línea, aseguró que la Casa Rosada no prevé consecuencias institucionales derivadas del episodio. “No creemos que esto vaya a impactar en la parte diplomática. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos”, afirmó.

Pero en los hechos Lula sí avanzó un paso más con la denuncia presentada por su partido. El documento pide que se esclarezca la naturaleza jurídica de la visita de Milei, además de cómo se costeó el avión, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística. Además, según detalla el diario La Nación, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

“Ellos son muy cautelosos con la medida y saben que la Justicia lo va a investigar”, señaló a elDiarioAR una fuente que conoce de primera mano la denuncia. Pese a los intentos del Gobierno por bajar la espuma, del lado brasileño intentarán que la polémica no quede solo en expresiones.

MC

Javier Milei viajó en la noche de este lunes a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en una ceremonia que coincidirá con el 205° aniversario de la independencia del país. El acto central tendrá lugar a las 12.15, hora peruana, en una sesión solemne del Congreso, donde la mandataria electa prestará juramento, recibirá la banda presidencial y pronunciará su primer mensaje a la nación. Después de la ceremonia, Fujimori recibirá a los mandatarios invitados en el Palacio de Gobierno, donde está previsto un almuerzo oficial.

La agenda reunirá a una amplia representación regional. Entre los presidentes invitados se encuentran Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y José Antonio Kast, de Chile. También participará el rey de España, Felipe VI. Estados Unidos estará representado por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en nombre de Donald Trump.

La presencia de Milei en Lima se inscribe en su política exterior y en su intención de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha regional. A la ceremonia también asistirán dirigentes y expresidentes identificados con ese espacio político, entre ellos el ecuatoriano Jamil Mahuad, la boliviana Jeanine Áñez, la panameña Mireya Moscoso y el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo.

Una agenda internacional cargada

El viaje a Perú forma parte de una intensa agenda internacional de Milei. El 25 de julio estuvo en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Luego participó de actividades en Buenos Aires y se reunió este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El 7 de agosto, en tanto, tiene previsto viajar a Bogotá para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Milei también anticipó que aprovechará ese viaje para visitar a Noboa en Ecuador y avanzar en acuerdos bilaterales.

La relación con Fujimori comenzó a consolidarse antes de su llegada al poder. Milei habló con ella por teléfono el 2 de julio, luego de que se conocieran los resultados del balotaje, y publicó un mensaje en el que aseguró que Argentina y Perú “retoman el camino de la libertad” y que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de promover “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”.

El regreso del fujimorismo al poder

Fujimori ganó las elecciones con el 50,13% de los votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, con una diferencia de menos de 50.000 sufragios. Es su cuarto intento de llegar a la presidencia, después de haber perdido tres balotajes anteriores, y se convirtió en la primera mujer elegida para gobernar Perú.

Su llegada al poder se produce después de una década marcada por una fuerte inestabilidad política, con sucesivos presidentes y una crisis institucional que llevó al Congreso a destituir a distintos jefes de Estado.

El apellido Fujimori, además, tiene un peso central en la historia política reciente del país. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000. Renunció a la Presidencia por fax desde Japón, en medio del escándalo de corrupción vinculado a su asesor Vladimiro Montesinos, y posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Casi 26 años después, el fujimorismo vuelve a ocupar el Palacio de Gobierno. La asunción de Keiko Fujimori se convierte así en un nuevo punto de encuentro para una derecha regional con la que Milei busca estrechar vínculos.

Kristalina Georgieva eligió despedirse de su primera aparición pública en Buenos Aires con una pregunta que, para muchos, sonó más cerca de la ironía que del aliento. Después de casi una hora de conferencia de prensa junto a Luis “Toto” Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dejó de lado los tecnicismos, miró a la sala y lanzó: “¿Ustedes, los argentinos, pueden ser perseverantes para transformar el país?”. La frase, repetida varias veces y pronunciada por la máxima autoridad del organismo al que el país más le debe en todo el mundo, provocó un breve silencio antes de despertar algunas sonrisas incómodas entre los presentes. “El escepticismo tampoco es malo”, remató enseguida, consciente quizá de que el comentario admitía más de una lectura.

La escena terminó condensando el tono de una visita cargada de gestos políticos: la primera de un director gerente del FMI a la Argentina desde que Christine Lagarde desembarcó en Buenos Aires en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La jornada había comenzado unos minutos antes, en el histórico quinto piso del Ministerio de Economía. Allí, en el despacho de Caputo, el ministro recibió a Georgieva con un regalo bien argentino: una camiseta de la Selección Nacional, antes de que ambos descendieran para ofrecer la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. El gesto distendido buscó imprimirle un clima de cercanía a una reunión atravesada por una agenda mucho más exigente que protocolar.

La titular del organismo llegó al país para una estadía de dos días que combina gestos políticos, reuniones técnicas y contactos con empresarios, académicos y representantes del sector energético. El momento central de la jornada, sin embargo, estaba reservado para la Casa Rosada. Tras la conferencia, Georgieva y Caputo recorrieron las pocas cuadras que separan ambos edificios para reunirse con Javier Milei en el despacho presidencial, donde también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk.

La imagen del encuentro volvió a reunir varios de los símbolos que el Presidente suele exhibir ante los visitantes extranjeros. Sobre la mesa del despacho permanecía la motosierra convertida en emblema del ajuste libertario. Después de la reunión privada con Milei, Georgieva también participó del gabinete ampliado que encabezó el Presidente, una fotografía cuidadosamente buscada por la Casa Rosada para exhibir el respaldo institucional del organismo al rumbo económico del Gobierno.

En público, la directora gerente del FMI no ahorró elogios. Destacó los avances del programa económico, reivindicó la consolidación fiscal y sostuvo que la reforma laboral aprobada este año puede transformarse en un incentivo para ampliar el empleo formal. También puso el foco en el potencial energético argentino, al señalar que la seguridad energética constituye una de las principales ventajas competitivas del país.

Detrás de las fotografías y las declaraciones, la visita tiene un objetivo mucho más concreto: encaminar la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, paso indispensable para habilitar un nuevo desembolso del organismo. La revisión está prevista, en principio, para septiembre y llega en un contexto singular: la Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal deudor del FMI, con un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones. Esa exposición representa cerca del 35% de toda la cartera de préstamos vigente del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista. El actual programa, por US$20.000 millones, fue acordado en abril de 2025 y ya implicó desembolsos por alrededor de US$15.800 millones.

Reformas

Según pudo saber elDiarioAR, buena parte de las conversaciones con Milei giró alrededor de las reformas estructurales comprometidas por el Gobierno, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central como principal prioridad. Ese proyecto figura desde hace años entre los reclamos históricos del Fondo y, según el cronograma vigente, debía estar aprobado antes de septiembre. Aunque el Gobierno decidió postergar algunas semanas su presentación, la iniciativa ingresará al Congreso durante los primeros días de agosto y en la Casa Rosada incluso evalúan que sea el propio Milei quien la anuncie, posiblemente mediante una cadena nacional. El texto buscará blindar la independencia del Banco Central, prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro, restringir el reparto de utilidades y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

La agenda de reformas, sin embargo, no termina allí. También permanece pendiente la reforma tributaria comprometida para antes de fin de año, un proyecto que el Fondo considera clave. En la antesala de un año electoral y con una recaudación que continúa mostrando signos de debilidad, el oficialismo admite cada vez con mayor naturalidad que el margen para avanzar con cambios de alto costo político es mucho más estrecho de lo que imaginaba meses atrás.

Tras su paso por la Casa Rosada, la agenda de Georgieva continuó este lunes en el Palacio Libertad, donde mantuvo un encuentro con estudiantes de la UBA, la UCA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Por la noche compartirá una cena con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, donde visitará Loma Campana —el desarrollo insignia de YPF y Chevron— y mantendrá intercambios con trabajadores y ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de YPF, Horacio Marín. La elección de ese destino no es casual: el Gobierno considera al complejo energético como la principal fuente estructural de generación de divisas para los próximos años. Después regresará a Buenos Aires y el miércoles partirá rumbo a Montevideo, en una gira regional que, llamativamente, no incluirá una escala en Brasil, la mayor economía de América Latina.

PL/CRM

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresó un fuerte respaldo a la gestión económica de Javier Milei y en una conferencia al lado del ministro Luis Caputo negó que el país necesite volver a tomar un préstamo del organismo multilateral. “No va a haber necesidad de un nuevo financiamiento del FMI”, aseveró la búlgara, que llegó este lunes a Buenos Aires por primera vez.

Tras la conferencia en el Ministerio de Economia, la jefa del Fondo cruzó hacia la Casa Rosada y se reunión con Milei en su despacho. El Gobierno comunicó la foto del Presidente con la titular del organismo junto a la emblemática motosierra que simboliza el ajuste libertario.

Georgieva abrió su intervención en el microcine de Economía con un balance elogioso del “marco macroeconómico y la estabilidad financiera” del país. “Una escena más saludable desde la posición fiscal”, dijo, al señalar que “el déficit primario cambió a superávit”. Agregó que “no estoy preocupada por la posición externa de Argentina” y sostuvo que “la confianza del mercado ha regresado”. Sobre la inflación, remarcó que “es una presión para todos pero en especial para los pobres”, y dijo que el organismo observa “buena proyección de inversiones” y valoró “el marco del RIGI”, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsó el Gobierno. Planteó, además, que la prioridad hacia adelante es “crear puestos de trabajo y elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas”.

La titular del FMI apeló también a su propia experiencia personal para respaldar el proceso económico argentino. “Sé que la transformación que está atravesando Argentina es difícil. Lideré tres de ellas, en mi país, Bulgaria”, dijo, y sostuvo que “la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, trae sus beneficios”. “La transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza”, agregó.

Consultada sobre si el organismo aportará nuevos fondos frescos a la Argentina y sobre la posibilidad de una salida de capitales de los mercados locales, Georgieva respondió que “los riesgos siempre están allí, tienen que gestionarse” y que ve “una completa alineación” en contar con “buffers de tipo fiscal” como los que, dijo, se vienen ejerciendo en la Argentina. Fue en ese tramo cuando lanzó la definición principal de su intervención: “No tenemos necesidad de que Argentina vuelva a volver al FMI. El país está por un buen camino y no va a haber necesidad de un financiamiento del FMI”. También afirmó: “No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar”, y llamó a “seguir comprando”, en referencia a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Sobre los sectores que explican el desempeño reciente de la economía, Georgieva destacó “un fuerte desempeño en gas, petróleo y energía”, que dijo está “arraigado en la mejora de la confianza”. Reconoció, en cambio, que “es difícil elevar la economía” en sectores como “construcción, logística y servicios”, y señaló tres áreas con margen de mejora: ampliar el mercado de capitales y el acceso a créditos hipotecarios, remover obstáculos físicos al crecimiento —mencionó específicamente la construcción de rutas— y avanzar en la formalización del empleo. En ese punto planteó que, si bien “el desempleo no es alto” en la Argentina, “una gran parte” del trabajo es informal, y calificó a la reforma laboral impulsada por el Gobierno como “una parte muy sana” de ese proceso. Cerró el capítulo laboral con una definición más crítica: consideró que el mercado de trabajo argentino “no es suficientemente vibrante” y remarcó la necesidad de sostener “un crecimiento fiscal responsable”.

Las definiciones de Georgieva llegan pocos días después de que el propio Gobierno reconociera el primer incumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI, correspondiente al segundo trimestre de este año, y en la antesala de la tercera revisión del programa vigente, de la que depende un nuevo desembolso. El respaldo explícito de la titular del organismo a la continuidad del esquema económico, sumado a su descarte de la necesidad de un nuevo acuerdo de financiamiento, opera como una señal política hacia los mercados en un año marcado por la incertidumbre electoral de cara a 2027.

Giorgieva completará su agenda este lunes con una conferencia en el Palacio Libertad. Y este martes tiene previsto viajar a Vaca Muerta, donde recorrerá yacimientos junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

MC

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan este lunes en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

El ministro abogó por “no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”.

Brasil y Argentina se han enfrascado en una crisis diplomática tras las declaraciones de Milei contra Lula y la Corte Suprema de Brasil el sábado en São Paulo, donde participó en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

El líder argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, mencionó la existencia de un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero por sus políticas sociales y apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Brasil respondió por la vía diplomática. Llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Con todo, Durigan subrayó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y citó, por ejemplo, los elevados tipos de interés, actualmente en el 14,25% anual.

Sin embargo, el ministro descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2%.

Además, recordó que el desempleo en el país está en sus niveles más bajos de la historia, en torno al 6%, con una inflación bajo control (4,64% interanual) y récords en la balanza comercial.

Canciller brasileño califica de “provocación sin precedentes” las declaraciones de Milei

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó este lunes que las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo, fueron “una provocación sin precedentes”.

En declaraciones al medio argentino Infobae, Vieira dijo: “Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina.

También dijo que el presidente progresista ha llevado a Brasil, a su juicio, hacia una crisis fiscal.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en la antesala de una reunión con el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó en la madrugada de este lunes a Brasilia tras ser llamado a consultas por la crisis diplomática desatada por las ofensas de Milei.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, afirmó Vieira sobre Milei.

El jefe de la diplomacia brasileña agregó: “No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

La Cancillería brasileña informó el domingo que Vieira convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre su comportamiento durante su visita privada a Brasil.

Durante su intervención, el mandatario argentino también calificó de “basura calva” al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por golpismo.

Milei también cuestionó la decisión de De Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

“La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, dijo Milei, quien manifestó que esa decisión constituye “una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables”.

En medio del conflicto diplomático, el presidente argentino cargó también contra Brasil en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que el Gobierno de Lula da Silva financió una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial.

Argumentó que esa supuesta ofensiva contó con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

EFE