El lanzamiento de la denominada Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo foco de tensión entre la Casa Rosada y el periodismo, con una contundente reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre riesgos institucionales y un posible avance del Estado sobre la libertad de expresión.

La nueva herramienta comunicacional fue presentada este jueves a través de la red social X y tendrá como objetivo “contestar públicamente noticias falsas”, “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa surge ante un escenario en el que, tras el retiro de la pauta oficial, las críticas y falsedades se volvieron “más ruidosas”.

En su comunicado inaugural, la Oficina afirmó que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y remarcó que su accionar no implica censura, sino “combatir la desinformación brindando más información”. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron, al tiempo que aclararon que no buscan “convencer ni imponer una mirada”, sino aportar herramientas para que la ciudadanía pueda “distinguir hechos de operaciones”.

Sin embargo, la reacción de FOPEA fue crítica. A través de un comunicado, la entidad manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta oficial, al considerar que el Gobierno pretende arrogarse la facultad de definir una “verdad oficial” desde una posición de poder. “La búsqueda de la verdad es una tarea profesional del periodismo, basada en el rigor, el chequeo y la multiplicidad de fuentes, no en la imposición de un dogma”, advirtió la organización.

FOPEA alertó además sobre la “gravedad institucional” que implica montar desde el Estado lo que calificó como un “tribunal de la verdad”, y remarcó que la difusión de la iniciativa desde la cuenta oficial confirma el uso de recursos públicos para “vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

El pronunciamiento también contextualizó la medida dentro de un escenario más amplio de restricciones al acceso a la información pública, al recordar cambios recientes por decreto en esa normativa, la falta de conferencias de prensa regulares y la ausencia de una vocería presidencial activa. “El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, sostuvo FOPEA.

Con este nuevo cruce, la relación entre el Gobierno y el periodismo suma un capítulo más de tensión. Mientras el Ejecutivo defiende la Oficina de Respuesta Oficial como una herramienta para enfrentar la desinformación, la entindad advierten que el límite entre desmentir y condicionar el debate público puede volverse difuso, con consecuencias directas para la libertad de expresión y la rendición de cuentas en una sociedad democrática.

Con información de NA y FOPEA

JIB

Javier Milei armó con fondos públicos su “Ministerio de la Verdad”, como imaginó George Orwell en su distópica obra 1984. La Casa Rosada puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo de comunicación estatal destinado a desmentir informaciones periodísticas y “operaciones” que el Gobierno considere falsas, según anunció a través de la red social X. La iniciativa se presenta como una herramienta para combatir la desinformación, pero se lanza en un contexto de creciente confrontación del mandatario con la prensa y de advertencias internacionales por el deterioro de la libertad de expresión en el país.

Según el anuncio, el objetivo es que los ciudadanos puedan “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, y se aclara que el organismo no busca censurar ni imponer una mirada oficial. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, afirmó la Oficina en su presentación pública.

Una estrategia digital bajo la órbita de Caputo

La nueva cuenta forma parte del esquema de comunicación digital del Gobierno, donde tiene un rol central el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al responsable de redes conocido como Juan Doe, operador clave del ecosistema libertario en plataformas digitales. Doe es el director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira.

Desde el oficialismo señalan que la Oficina apunta a replicar mecanismos de respuesta directa utilizados por otros gobiernos, como la Casa Blanca, que mantiene estructuras oficiales dedicadas a contestar informaciones consideradas falsas o inexactas.

Poco después del anuncio, Caputo celebró públicamente la iniciativa con un mensaje en su cuenta personal de X: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja.”

El respaldo explícito del principal estratega comunicacional del Presidente reforzó el tono confrontativo con sectores del periodismo profesional, una constante desde el inicio de la gestión de Milei.

Advertencias internacionales y un clima de hostilidad hacia la prensa

La creación de la Oficina se da en un escenario marcado por advertencias de organismos internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Días atrás, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre ataques verbales reiterados del presidente Milei contra periodistas y medios críticos, y advirtió que ese tipo de discursos contribuyen a un clima hostil para el ejercicio del periodismo.

Según HRW, el mandatario recurre de manera sistemática a descalificaciones, insultos y estigmatización pública a través de redes sociales, discursos y entrevistas, prácticas que la organización incluyó en su último informe anual sobre derechos humanos como un factor de retroceso en la libertad de expresión.

El lanzamiento del nuevo organismo ocurre además mientras el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma laboral que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma vigente desde 1944 que regula condiciones laborales y garantías específicas para los trabajadores de prensa.

Sindicatos y organizaciones periodísticas advirtieron que la eliminación del estatuto implicaría una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la independencia profesional, en un contexto ya atravesado por la confrontación pública entre el Ejecutivo y los medios. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma busca “modernizar” el marco normativo laboral, aunque sin precisar cómo se protegerá la tarea periodística.

La primera publicación contra una supuesta fake fue una nota del diario Clarín sobre el avance del plan de Sandra Pettovello para carmbiar los planes sociales en vouchers.

MC

Trabajadores y trabajadoras de prensa, junto a legisladores nacionales de distintos bloques opositores, rechazaron este miércoles la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La protesta se realizó frente al Congreso de la Nación, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

La actividad tuvo como eje el rechazo al artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que propone eliminar una de las principales conquistas históricas del gremio periodístico. El reclamo estuvo respaldado por una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas de todo el país, difundida en medios nacionales y provinciales, que expresa el estado de alerta del sector ante un avance que consideran una profundización de la precarización laboral.

Del encuentro participaron los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde y María Teresa González, así como los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. También acompañaron numerosos referentes del periodismo, entre ellos Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos.

Durante la conferencia, Nancy Pazos realizó una enfática defensa del Estatuto del Periodista y cuestionó con dureza al Gobierno nacional. “Estamos frente a un régimen”, sostuvo, y advirtió que el propio presidente Javier Milei “se está acercando a situaciones que incomodan incluso a quienes lo quieren defender”. Al mismo tiempo, remarcó que el gremio no se opone al debate: “No somos necios. Estamos dispuestos a dialogar y a acompañar procesos que fortalezcan la democracia, no que la debiliten”.

En ese sentido, recordó el origen del Estatuto del Periodista y su relación con la transformación de los medios en empresas comerciales. “Cuando los medios pasaron a ser negocios, la libertad que había que garantizar era la del trabajador. Somos los periodistas quienes aseguramos la pluralidad de opiniones”, afirmó.

El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, señaló que el gremio rechaza de manera integral la reforma laboral, pero subrayó especialmente la preocupación por la eliminación del estatuto. Indicó que más de 3.000 periodistas firmaron la solicitada leída durante el acto y adelantó que mantendrían reuniones con distintos bloques legislativos, entre ellos el radicalismo del Senado y representantes provinciales.

Desde el escenario también tomaron la palabra Alejandro Bercovich, quien destacó el amplio respaldo que recibió la iniciativa: “La solicitada lleva la firma de colegas de un espectro político e ideológico muy diverso. Eso muestra hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”. En la misma línea, el secretario gremial de SiPreBA, David Barresi, se preguntó: “¿Qué tipo de democracia se imaginan con periodistas que no puedan ejercer su profesión con derechos?”.

Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, sostuvo que el rol del periodismo es central para la vida democrática: “No somos dueños de la información, somos un vehículo para que la sociedad sepa lo que pasa, incluso aquello que muchas patronales intentan ocultar”.

Los legisladores del Frente de Izquierda coincidieron en vincular la ofensiva contra el estatuto con una política más amplia del Gobierno. Vanina Biasi afirmó que la eliminación del régimen laboral específico del periodismo responde a un compromiso con los empresarios del sector, mientras que Néstor Pitrola advirtió que “atacar la estabilidad de quienes informan es atacar directamente la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada”.

La conferencia, realizada bajo un inusual operativo policial, dejó planteado que el rechazo a la derogación del Estatuto del Periodista no es un reclamo sectorial, sino una advertencia sobre el impacto que la reforma laboral tendría en el ejercicio del derecho a la información y en la calidad de la democracia.

La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior. El dato forma parte del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que fue presentado hoy en el auditorio Emar Acosta del anexo del Senado.

“Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales —prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior— se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el documento.

El relevamiento fue elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el SiPreBA, la FATPREN y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. Los datos surgen de denuncias recibidas por los sindicatos y que también integraron la reciente exposición ante la CIDH.

83 periodistas reprimidos hasta octubre

Según el informe, hasta fines de octubre se contabilizaron 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el fotógrafo Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, intoxicaciones por gases, golpes y vejámenes.

Ese número representa un incremento del 66% frente a los 50 casos registrados en 2024.

“Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el documento.

Una matriz regresiva que se profundiza

La segunda edición del informe describe una profundización de políticas regresivas que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en seis grandes ejes:

Represión y criminalización de la protesta

El incremento de periodistas reprimidos evidencia “acciones sistemáticas” de las fuerzas de seguridad contra comunicadores, docentes, manifestantes y activistas. El caso de Pablo Grillo es presentado como símbolo de la impunidad y la falta de respuesta institucional.

Censura y hostigamiento judicial

Se consolidó la judicialización de periodistas y dirigentes sociales como mecanismo para silenciar voces críticas. El informe destaca el primer intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difundir los audios de Karina Milei.

Estigmatización y ataques digitales

Desde la Presidencia y cuentas oficiales se impulsaron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas. El documento subraya el impacto diferencial sobre mujeres periodistas y detalla los ataques más relevantes del año.

Desinformación y deepfakes

En pleno año electoral, la producción de videos manipulados con IA y las campañas de desinformación adquirieron una escala inédita, afectando el debate público y la confianza en las fuentes.

Deterioro laboral del sector

Se registra un agravamiento de la crisis en prensa: congelamiento de salarios en medios públicos, falta de actualización paritaria en privados, precarización, pérdida de derechos y despidos masivos.

Vaciamiento y opacidad estatal

El informe denuncia el vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios. También advierte sobre la reducción drástica del acceso a la información pública y la opacidad en la pauta oficial.

Vigilancia estatal y patrullaje digital

Se documentan avances del Poder Ejecutivo en tareas de inteligencia y monitoreo digital orientados a criminalizar la protesta y la expresión crítica, además de ataques a colectivos culturales, educativos y de derechos humanos.

Representantes de Aministía Internacional de Argentina; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expusieron datos sobre los ataques a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno minimizó esos cuestionamiemtos.

Los referentes de Derechos Humanos calificaron de “alarmante” el panorama para la prensa y ante las condiciones en las que trabajan los periodistas y los medios de comunicación, que sufren, señalaron, una situación de “hostigamiento y deslegitimación” desde la gestión del presidente Javier Milei que invita, de forma constante, a “odiar a los periodistas”.

El Gobierno estuvo representado en la audiencia virtual por el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, que negó la existencia de una política de desprestigio a pesar de que el propio presidente, desde sus redes sociales, manifieste que “la peor cloaca del universo está en los medios”, que son una “basura mentirosa” y que son “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.

El monitoreo de libertad de expresión de FOPEA arrojó que en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto a 2023. “El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de la asociación.

Por su parte, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de FOPEA, detalló cómo fueron los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas en su teléfono celular y sus cuentas financieras, además de la registración de su identidad en páginas pornográficas luego de haber investigado el plan de inteligencia del Gobierno que habilitaba la posibilidad de espionaje ilegal sobre opositores y periodistas.

Amnistía señaló que durante 2024 y lo que va del 2025 alrededor de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos” con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”. “Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la ONG en nuestro país.

En representación del SiPreBA, secretario adjunto electo del gremio y el periodista de Clarín, Francisco Rabini, recordó las agresiones digitales y mediáticas a través de la confección de fake news realizadas con inteligencia artificial hacia la periodista y directora de la emisora Futurock, Julia Mengolini, quien estaba allí presente; los golpes que recibió por parte de un ciudadano el director de El Destape, Roberto Navarro, y el impacto del misil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo, que aún continúa en tratamiento.

El fotoperiodista de ARGRA Tomás Cuesta relató las consecuencias de lo que implica hoy cubrir una manifestación en Argentina porque, dijo, “hace dos años” los trabajadores de prensa “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra” con casco, máscara de gas y gafas protectoras. “Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, remarcó.

Por último, el CELS recordó que el Protoclo Antipiquetes, impulsado y aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cuestionado no solo por la CIDH sino por otros “nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas” e hizo entrega a las autoridades de la comisión de una carta escrita por la mamá de Grillo.

La CIDH se solidarizó con Mengolini, quien también contó “la campaña de difamación y violencia digital sin precedentes” que el Estado Nacional montó en su contra. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí”, agregó.

La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, señaló que en nuestro país existe efectivamente “un contexto de amenazas y criminalización” a los periodistas y a activistas de derechos humanos, y prometió realizar una visita a la Argentina luego de la solicitud por parte de los miembros presentes.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se sumó a las palabras de Panzi y manifestó que cuando un gobernante se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”.

“La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”, concluyó.

Con información de la agencia NA

El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expondrán este miércoles 19 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ratificar la denuncia contra el gobierno de Javier Milei por lo que describen como una política “sistemática y planificada” de hostigamiento hacia periodistas y trabajadores de prensa. La audiencia se realizará a las 18.15 (hora argentina) en la Universidad de Miami, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo internacional.

La presentación forma parte de una acción conjunta que nuclea a organismos de derechos humanos, sindicatos y entidades profesionales. Amnistía Internacional Argentina, el CELS, SiPreBA, ARGRA y FOPEA, entre otras organizaciones, unificaron sus reclamos ante la CIDH para denunciar un escenario creciente de restricciones, violencias y persecuciones sobre quienes desarrollan tareas periodísticas. Por parte del gremio de prensa, participará Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y tesorero de FATPREN, quien tomará la palabra ante la comisión junto a representantes de los demás colectivos.

“Uno de los ejes de las políticas del gobierno de Milei es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar. Eso es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa”, sostuvo Rabini. El dirigente advirtió además sobre las consecuencias concretas de ese escenario: desde la violencia digital y la represión en manifestaciones hasta casos extremos como el del fotógrafo Pablo Grillo, que quedó al borde de la muerte tras recibir un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una protesta.

Las organizaciones también denunciarán ante la CIDH una serie de medidas estructurales que, según afirman, profundizan la afectación del derecho a la información y la pluralidad de voces. Entre ellas mencionan el vaciamiento de los medios públicos, el intento de cierre de la agencia Télam, la intervención prolongada del ENACOM, la paralización de los fondos FOMECA y la inacción de la Defensoría del Público. Estas acciones, señalan, forman parte de un mismo patrón de debilitamiento del sistema de medios y del trabajo periodístico.

A este contexto se suma la ofensiva judicial: en el último año, el presidente Milei denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias -Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Julia Mengolini- mientras que su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició demandas contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. “En las movilizaciones y protestas hubo más de cien periodistas y trabajadores de prensa heridos o detenidos”, agregó el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, quien recordó los casos de los reporteros gráficos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias. La audiencia ante la CIDH buscará dejar asentada esta situación y exigir la intervención del organismo para frenar lo que las entidades describen como un deterioro acelerado de la libertad de prensa en el país.

CRM

Una periodista intenta preguntar a Donald Trump por sus planes para el despliegue militar y policial en Memphis. Y, por lo que sea, al presidente de EE.UU. le molesta: “¿Cuándo vas a callarte? Sos realmente desagradable”.

“No soy desagradable”, responde la periodista en la ronda de preguntas en el Despacho Oval mientras Trump firma un decreto para vender visados millonarios del mundo, “sólo intento preguntarle: ¿cuáles son sus planes para Memphis? No soy desagradable”,

“Sí sos muy desagradable, y vas a hablar cuando te lo diga”, zanja el presidente de los Estados Unidos.

A continuación, el corresponsal de la ABC en la Casa Blanca, Jonathan Karl, le pregunta si es compatible su discurso de defender la libertad de expresión con las amenazas contra los medios que se están viviendo estos días en EEUU.

Y, ahí, Trump estalla: “Nunca ha habido una persona con más publicidad injusta que yo, y por eso tu cadena me pagó 16 millones de dólares, y por eso CBS también me pagó mucho dinero, y por eso demandé al New York Times hace dos días por mucho dinero. Y la razón por la que estoy ganando [en realidad los acuerdos con ABC y CBS fueron extrajudiciales, y en el caso del NYT, el juez ha tumbado la demanda este jueves] es porque son culpables, John, son culpables, la ABC es una cadena terrible, muy injusta, y deberías avergonzarte. NBC es igual de mala. No sé cuál es peor. Y sabés, para que te pongas ahí, actúes de forma inocente y me hagas una pregunta así... Mirá, pagaste un alto precio por ser deshonestos. La razón por la que gané esa demanda fue porque fueron deshonestos Así que no podés quedarte ahí como si fueras una persona maravillosa, y no lo eres. Eres un periodista terrible. Lo sabes, y yo también”.

Jonathan Karl fue uno de los periodistas a los que regañó Trump a principio de semana, antes de viajar a Reino Unido. Karl le preguntó a Trump: “¿Qué le hace pensar que Pam Bondi [la fiscal general] va a perseguir el discurso de odio? Muchos de sus colaboradores dicen que el discurso de odio es libertad de expresión”.

Y Trump contestó: “Probablemente, persigamos a gente como vos porque me tratás muy injustamente y tenés mucho odio en tu corazón”.

Fue el mismo día en que Trump cargó contra el periodista australiano John Lyons, quien le preguntó por sus negocios. “En general, aparte de lo que hacen mis hijos, que dirigen mi negocio, la mayoría de los contratos los hice antes. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, he construido edificios, como el que estoy pagando para el nuevo salón de la Casa Blanca. Estoy pagando por ello, creo que costará 250 millones de dólares y será el mejor”.

El periodista insiste: ¿Un presidente en el cargo debería estar involucrado en tanta actividad empresarial? Y Trump empieza a mostrar enfado: “Mis hijos dirigen el negocio. Estoy aquí”. Y estalla: “De dónde eres?”, y el reportero contesta: “Soy de la Australian Broadcasting Corporation”.

A lo que Trump replica: “Estás perjudicando a Australia, Estás perjudicando mucho a Australia ahora mismo, y quieren llevarse bien conmigo. ¿Sabes que tu líder vendrá a verme muy pronto? Les voy a hablar de vos, de tu tono”.

El presidente de EEUU se lleva el dedo índice a la boca y le espeta: “¡Cállate!” A continuación, da la palabra a otro periodista que le pregunta por Israel.

Los principales rostros del late night estadounidense se están volcando con su ya excompañero Jimmy Kimmel. Después de que la cadena ABC comunicase la retirada indefinida del programa, numerosos perfiles de la industria mediática se pronunciaron al respecto. Como cabía esperar, el que hasta ahora había sido su rival en antena se ha convertido en su último defensor: Jimmy Fallon, en riguroso directo desde la NBC, recitó su monólogo más esperado para manifestar un apoyo rotundo y sin miedo a Donald Trump.

Este viernes, 19 de septiembre, Jimmy Fallon se puso al frente del mítico The Tonight Show en la NBC. “No sé qué está pasando, nadie lo sabe”, comenzó asegurando el humorista. A continuación, verbalizó una certeza absoluta a su juicio: “Sí sé que Jimmy Kimmel es un tío decente, divertido y encantador. Espero que vuelva”. Y lo cierto es que este pronunciamiento tiene una especial importancia, teniendo en cuenta que Donald Trump emitió un comunicado en el que también señalaba a Fallon.

La drástica decisión de la ABC sigue desatando oleadas de críticas, pero también elevadas dosis de preocupación en los espectadores. Como respuesta a esta situación, el presentador de The Tonight Show lanzó un contundente mensaje: “Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o nos censuren”, aseguró, dejando claro que los contenidos del programa no iban a variar. La autocensura no parece contemplarse en la redacción del late night de la NBC.

De hecho, el propio Fallon se encargó de confirmar que la cobertura sobre el viaje de Trump a Reino Unido no iba a variar. Prueba de ello fue el sarcasmo con el que se describió al presidente estadounidense: “Se le ve increíblemente guapo y con un pelo mejor que Conrad, de El verano que me enamoré”. La ironía fue una constante en el monólogo de Fallon, incluso con la sombra de su amistad con Jeffrey Epstein apareciendo en escena.

Jon Stewart, el otro grande del late night que defiende a Jimmy Kimmel

Al margen de Jimmy Fallon, otros compañeros de franja quisieron manifestarse a favor de Jimmy Kimmel. La cadena Comedy Central cuenta en su programación con el aclamado The Daily Show, un espacio de humor que se centra en parodiar las noticias de la jornada. Coincidiendo con el arranque de su última emisión hasta la fecha, Jon Stewart tomó asiento para dirigirse a los espectadores: “Supongo que es lunes, no lo sé. Tenemos otro programa divertido e hilarante que cumple con las normas de la administración”.

“Con todo este revuelo, ¿tienen razón los detractores y los críticos? ¿Está Donald Trump cortando la libertad de expresión?”, preguntó Stewart a continuación. Un grupo de siete personas absolutamente coordinadas respondieron al unísono: “Por supuesto que no, Jon. Los estadounidenses somos libres de expresar cualquier opinión que queramos. Sugerir lo contrario es ridículo”.

La cancelación de Jimmy Kimmel Live! también provocó reacciones desde que la noticia cruzase el Atlántico. Tanto El Gran Wyoming como Dani Mateo se pronunciaron desde sus respectivos espacios de laSexta, cargando directamente contra Donald Trump. Incluso José Pablo López, presidente de RTVE, emitió un mensaje en sus redes sociales para ensalzar la libertad de la corporación, comparando el caso del presentador estadounidense con Buenafuente.

“¿Qué le pasa a Estados Unidos?”. Con esa pregunta (retórica) resumía la mítica actriz Jean Smart su indignación tras el despido fulminante del cómico Jimmy Kimmel por hacer un comentario sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. “Lo que dijo Jimmy era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos. (...) ¿Qué le pasa a nuestro país?”, recalcó la protagonista de Hacks en Instagram, asegurando estar “horrorizada” por la decisión de la cadena ABC de retirar de su parrilla de forma indefinida el show de Kimmel.

A medida que pasaron las horas tras conocerse la polémica suspensión del programa –que Donald Trump celebró en sus redes sociales y que ya había pedido con anterioridad–, más y más compañeros de Kimmel y del gremio de la actuación se sumaron a las críticas, tanto desde redes sociales como en sus propios programas o incluso en las calles, donde en las últimas horas ya se han producido al menos dos manifestaciones en defensa de la libertad de expresión.

“Estamos hablando de censura en los medios, es un precedente peligroso porque lo que se está diciendo es que un comediante no puede hacer una broma sobre el presidente”, dijo a EFE Aimee Cink, una de las manifestantes frente al estudio donde se graba el programa de Kimmel, en Hollywood, que alertaba en una pancarta de “señales peligrosas de fascismo”.  La protesta en Hollywood fue la segunda de este jueves en California por el mismo motivo. Por la mañana, cientos de trabajadores del entretenimiento se manifestaron frente a las oficinas de Disney, propietaria de ABC, por la suspensión del programa.

Un programa “completamente renovado y aprobado por el gobierno”

Ya por la noche, los presentadores de programas que compartían franja horaria con Kimmel se volcaron de lleno a apoyarlo y a criticar a Trump, con su particular retranca. Jon Stewart presentó, de hecho, un programa especial conducido por él mismo –pese a que normalmente solo presenta los lunes– en el que se dedicó durante más de 20 minutos a cargar contra la falta de libertad de expresión desde la comedia, aludiendo a Trump como “nuestro padre” o “nuestro querido líder”. 

Definió su show como un programa “completamente renovado y aprobado por el gobierno” y lo presentó desde un plató repleto de dorados, emulando el Despacho Oval de la Casa Blanca, que Trump ha cargado de ornamentos y decoración fastuosa desde el inicio de su segundo mandato el pasado enero.

“Algunos detractores podrían argumentar que las preocupaciones de esta Administración sobre la libertad de expresión no son más que una maniobra cínica, un engaño endeble, una cortina de humo para ocultar una concentración de poder sin precedentes y una intimidación unitaria; carente de principios y fríamente opuesta a cualquier experimento de gobernanza en una república constitucional”, apuntó Stewart. “Algunas personas dirían eso. Yo no, claro... A mí me parece estupendo”, añadió con ironía.

“Es un honor y un privilegio llamar amigo a Jimmy Kimmel”, dijo por su parte el presentador Seth Meyers en su programa. “Este es un momento importante para nuestra democracia, y debemos ponernos en pie por la libertad de expresión. Hay un motivo por el que la libre expresión está en la primera enmienda, porque va antes que todos los demás”, señaló.

“Todos somos Jimmy Kimmel”

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”, avanzó el mítico Stephen Colbert en la apertura de su The Late Show, donde denunció que lo ocurrido es una “censura flagrante”. “Con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada. Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen son lamentablemente ingenuos”, recalcó el presentador, cuyo programa dejará de emitirse en mayo de 2026 tras una decisión que la cadena CBS justificó por razones puramente financieras y que el presidente estadounidense celebró.

Jimmy Fallon, otro de los grandes de la comedia en horario de noche en EEUU, dijo: “Sinceramente, no sé qué está pasando, nadie lo sabe. Pero conozco a Jimmy Kimmel, y es un tipo decente, divertido y cariñoso. Espero que vuelva”.

Ya fuera de los late shows, el productor y guionista de la serie Lost –entre otras–, Damon Lindelof, se dijo “impactado, triste y furioso” por el despido de Kimmel y aseguró que no trabajará con Disney hasta que Kimmel vuelva a su programa. Lindelof describe al cómico como una persona “buena” y “generosa” que “ama el país”, y pide a la gente “diferenciar entre discurso de odio y una broma”.  

El actor Pedro Pascal publicó también en Instagram una foto con Kimmel en la que le manda su apoyo y anima a defender la libertad de expresión y la democracia. 

Entre los compañeros de Kimmel en la franja de los late night, también Michael Kosta, presentador de The Daily Show, colgó en sus historias de Instagram que “se trata de un momento grave en la historia de Estados Unidos”, ante el que las televisiones “deben pelear”.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre en un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven blanco de 22 años y Kimmel sugirió en su intervención que era republicano. “La pandilla MAGA [de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EEUU] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo Kimmel el lunes.

Trump amenaza con quitar permisos de emisión a los canales críticos

Trump, que hasta este jueves estaba de visita oficial en Reino Unido, no se ha mostrado en absoluto ajeno a la polémica. Además de celebrar abiertamente la cancelación de Kimmel, en su viaje de vuelta a EEUU Trump ha amenazado con quitarle los permisos de emisión a los canales que le critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97% en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso”, dijo a bordo del avión presidencial Air Force One.

El jefe de la bancada peronista del Senado, José Mayans, pidió este jueves el juicio político para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que realizó su cartera en la Justicia Federal en la que solicitaron allanamientos a periodistas y el cese de la difusión de los audios. 

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich”, dijo Mayans en referencia a la denuncia que efectuó Fernando Soto en Comodoro Py, funcionario de Bullrich. 

Además, Mayans pidió por una interpelación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”. 

“Hay que ponerle un remedio a esto, porque no podemos estar mirando a otro lado. Tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá. La Cámara de Diputados tiene que acusar ante el Senado a la ministra (Patricia) Bullrich por este disparatado acto y, además, por falsa denuncia, poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, dijo el senador.

Además, también pidió la presencia de Eduardo “Lule” Menem para que brinde explicaciones, dado que fue denunciado por quien era el más alto mando de la ANDIS: “Esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, axigió.

El senador advirtió que el accionar de los apuntados requiere la “complicidad” de la Justicia, y recordó que “una compañera que hoy está detenida (en referencia a Cristina Kirchner) eliminó la figura del desacato, por eso esos periodistas están libres”.

Asimismo, Mayans vinculó la situación actual con el caso Watergate, y recordó que Richard Nixon “lo negó hasta que aparecieron las cintas. Me acuerdo cómo se despidió, yéndose en helicóptero, porque le mintió al pueblo norteamericano. Si algo ha hecho este Gobierno es mentirle al pueblo argentino”.

Con información de agencias.

IG

Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este jueves por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.

El informe, titulado 'Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados', señala que al menos cuatro comunicadores se exiliaron entre abril y junio pasado.

“Entre abril y junio de 2025, FLED documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua desde 2018”, puntualizó ese organismo, con sede en Costa Rica.

“Este dato confirma la persistente persecución contra la prensa crítica” nicaragüense de parte del gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, añadió.

Asimismo, la FLED señaló que en el segundo informe trimestral 2025 documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.

“El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital reflejó una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada”, valoró en el estudio.

“A medida que el exilio y el silencio forzado redujeron la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladaron con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensificaron”, alertó esa ONG.

Se incrementa negativa para ingresar a Nicaragua

Ese organismo aclaró que el número de casos documentados no abarca la totalidad de las agresiones que suceden en el país, debido a que “el miedo persiste como una barrera que impide a muchos periodistas denunciar lo que viven”.

Durante el segundo trimestre de 2025 también se observó “un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido”, de acuerdo con el informe.

La FLED observó que “estas restricciones alcanzaron incluso a profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico”.

“A diferencia de episodios anteriores, cuando las acciones represivas se centraban en figuras de alto perfil o voces abiertamente críticas, las recientes negativas de ingreso afectaron a comunicadores que no necesariamente son reconocidos y que intentaban regresar al país por razones personales o familiares”, anotó ese organismo.

Entre 2018 y 2023 se cerraron al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según esa ONG.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

EFE

Durante junio, el presidente Javier Milei pronunció al menos una veintena de insultos explícitos en actos públicos, entrevistas televisivas y publicaciones en redes sociales. Las palabras elegidas no dejaron margen a la interpretación: “imbéciles”, “pelotudos”, “mierda”, “soretes”, “degenerados fiscales”, “parásitos mentales”, “basuras”, “mandriles”, “brutos keynesianos”. Ningún mandatario argentino desde la recuperación democrática había utilizado un lenguaje tan degradante y violento desde la cumbre del poder institucional.

Aunque los destinatarios fueron diversos –desde el economista Axel Kicillof hasta la periodista María O'Donnell o los cronistas que cubren la actualidad en El Destape o C5N–, el blanco principal de su furia fue el periodismo crítico. Una y otra vez, Milei acusó a la prensa de mentir, operar y tergiversar los logros de su gestión. Y no sólo los insultó: también les inició causas penales por calumnias e injurias.

Un repaso por los agravios

En una entrevista con el canal Neura el 29 de junio, Milei dejó una de las frases más brutales del mes:

• “El otro sorete que mandó a recortar el zócalo, el pedazo de mierda ese…”.

• “Es un conjunto de soretes que no pueden aceptar que las cosas están saliendo bien”.

Minutos antes, había hablado de un periodista como “imbécil” y “pedazo de mierda”. ¿El motivo? Haber criticado una de sus medidas económicas. En esa misma entrevista repitió que quienes lo critican son “ratas en términos de IQ” (es decir, personas despreciables y con muy baja inteligencia) y que los periodistas con los que apuesta sobre sus reacciones tienen “déficit de coeficiente intelectual”.

En su cuenta de X (ex Twitter), el tono fue igual o más violento:

• “NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS BASURAS (90%)”.

• “TOMEN NOTA PELOTUDOS”.

• “Mandriles de las falsas comparaciones”.

• “TREMENDA ATENDIDA A MANDRILA”, en referencia agresiva a María O'Donnell.

También compartió y celebró un mensaje del funcionario presidencial Santiago Oría, en el que este trataba de “estúpida”, “tarada”, “pelotuda” e “imbécil” a esta periodista por sus comentarios sobre el fallo judicial sobre YPF. La llamó además “Mandrila O'Monell”.

En su discurso del 25 de junio en un evento partidario en Puerto Madero, Milei describió a sus opositores como:

• “Unos orcos infumables, parásitos mentales que tienen la cabeza llena de porquerías”.

A Axel Kicillof lo llamó repetidamente “el inútil soviético”, “imbécil” y “pelotudo”, a quien responsabiliza de todos los males económicos del país. Tras el fallo de la jueza Preska en el juicio por la nacionalización de YPF, remató:

• “PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO”.

La prensa como enemigo

A lo largo del mes, el Presidente insistió con la idea de que el periodismo es parte de un entramado mafioso que quiere destruir su gobierno. Los definió como “ensobrados”, “mentirosos”, “operadores”, “sindigarcas”, y repitió que la mayoría de los medios están “al servicio del partido del Estado”.

En el Congreso de La Libertad Avanza del 26 de junio, Milei justificó su estilo: “Con el accionar prolijo de [Manuel] Adorni (su vocero) puedo putear tranquilo”. Y agradeció que el portavoz le permita descargarse contra la prensa y la política sin filtro alguno.

Incluso su hermana Karina Milei se sumó a la narrativa. En declaraciones en Neura, avaló las agresiones verbales del Presidente y sostuvo que “hay que desenmascarar a los periodistas que operan”. La relación de Milei con el periodismo no sólo se tensiona en lo simbólico: también avanza en el terreno judicial.

Durante junio, Milei formalizó una denuncia penal contra Julia Mengolini por injurias. La acusó de insinuar que tiene una relación incestuosa con su hermana Karina, aunque la periodista aclaró públicamente que hablaba de un vínculo simbólico, no sexual. Días antes, Mengolini había anunciado que demandaría al Presidente y a dirigentes libertarios por una campaña de hostigamiento y violencia simbólica contra ella. Milei se adelantó y la denunció primero.

También inició acciones legales contra los periodistas Nicolás Lantos, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, por considerarlos responsables de declaraciones injuriantes y calumniosas. Los juzgados federales ya tienen las causas. El delito: opinar sobre la vida privada del Presidente y cuestionar su investidura.

Se suman a una lista que ya incluía al analista Carlos Pagni, a Viviana Canosa y a Ari Lijalad, quienes fueron denunciados en mayo por comparaciones con el nazismo o por cuestionar el rumbo autoritario del Gobierno. En esos casos, al menos dos jueces federales archivaron las denuncias por considerar que se trataba de opiniones sobre asuntos públicos amparadas por la libertad de expresión.

¿Estrategia o descontrol?

Las agresiones verbales se repiten con tal sistematicidad que no parecen simples exabruptos. Funcionan como parte de una estrategia de polarización permanente. En cada aparición pública, Milei se esfuerza por dividir al país entre “los argentinos de bien” (que lo votaron) y “los parásitos”, “los degenerados fiscales”, “los zurdos”, “los periodistas basura”, que serían los responsables del supuesto fracaso histórico del país.

El problema, advierten especialistas en comunicación política y derechos humanos, no es sólo el tono presidencial. Lo que preocupa es que desde la cima del poder institucional se esté legitimando la violencia verbal y la persecución a la prensa como parte del ejercicio cotidiano del gobierno.

Lo inédito del fenómeno es que no se trata de un presidente que insulta cada tanto: se trata de un mandatario que ha institucionalizado el agravio como parte de su retórica de gestión. Lo que en otros países sería un escándalo –que un presidente trate de “sorete” a un periodista en cadena nacional o en sus redes oficiales– en la Argentina de Milei se convirtió en rutina.

Y todo esto, sólo en junio. El Presidente convirtió sus redes sociales, sus discursos oficiales y sus entrevistas periodísticas en un catálogo de agravios. Pocas veces un jefe de Estado llamó con tanta sistematicidad “mierda”, “sorete” o “imbécil” a quienes piensan distinto. En lugar de atender la crítica, Milei la insulta. Y en vez de responder con argumentos, responde con querellas judiciales.

La violencia política no siempre empieza con balas. A veces empieza con palabras. Y cuando quien las pronuncia es el Presidente de la Nación, no son gratuitas. Son un acto de poder.

JJD

Javier Milei tiene una libertad de expresión selectiva. Habla con apenas un puñado de medios y de periodistas, a quienes les ofrece entrevistas periódicamente, incluso en cortos espacios de tiempo. Un relevamiento hecho por elDiarioAR en el marco del Día del Periodista, que se celebra este 7 de junio, demostró que desde que ganó las elecciones presidenciales el 19 de noviembre de 2023 el libertario ofreció al menos 45 notas a un grupo reducido de comunicadores argentinos y plataformas: se repartieron en 12 medios distintos y entre 17 interlocutores diferentes. El repaso de las apariciones públicas del mandatario revela más que un patrón de comunicación: traza una estrategia de cercanía con algunas vidrieras y figuras, y una distancia deliberada a las preguntas incómodas o planteos críticos.

En las casi 50 entrevistas que dio Milei desde noviembre de 2023 hasta mayo pasado se destaca sin dudar un dúo de “preferidos”: Luis Majul en la pantalla de LN+. El periodista lo entrevistó al menos diez veces, pero tanto en el canal vinculado al centenario diario como en la radio El Observador. Eso sí, la vidriera de LN+ fue la más escogida por el Presidente: apareció allí 13 veces con distintas “estrellas” del canal, desde Majul a Esteban Trebucq u Horacio Cabak.

Después de Majul aparece un pelotón de otros periodistas “preferidos” por Milei, pero con menos intensidad: Trebucq (ya se dijo, de LN+) y Jonatan Viale (de TN) lo entrevistaron cinco veces. Y cuatro veces Antonio Laje (tanto en su paso por LN+ como ahora en A24) y Alejandro Fantino (Neura). Un escalón más abajo aparece Gabriel Anello y la primera repetición en otro medio fuera de la pantalla: tres veces en su programa de Radio Mitre.

Con menos frecuencia, en este año y medio de mandato Milei habló también con otras caras conocidas, tanto periodistas como streamers libertarios o figuras del mundo del espectáculo: Susana Giménez, Mirtha Legrand, Yuyito González (cuando era su pareja) o el Gordo Dan, entre otros.

La repetición mediática es también reveladora. Además de las presencias sistemáticas en señales como LN+, Milei ya estuvo en TN siete veces; en Neura, cinco; y en El Observador, cuatro. Otros medios —Canal 13, Telefe, Forbes, incluso Radio Rivadavia— figuran en la línea, pero como excepciones esporádicas, no como parte del circuito regular.

Algunas curiosidades: entre mayo y junio de 2024, en un abanico de 40 días, Milei apareció tres veces seguidas en LN+. Entre abril y mayo de 2025, por ejemplo, Majul tuvo al Presidente tres veces al aire en menos de 30 días, tanto en su programa de televisión como en la radio. También hay repeticiones de medios y nombres: las tres veces que fue a A24 fue con Laje, y las apariciones en radio Mitre solo se dieron con Anello.

Sin duda queda en la memoria la interrupción que hizo el asesor presidencial Santiago Caputo a la entrevista que Milei le dio a Viale en TN apenas estalló el escándalo de la cripto $LIBRA. El diálogo que se transmitió revela la complicidad del periodista con el aparato comunicacional del Gobierno.

Otro dato de color sobre las entrevistas de Milei es que la última vez que estuvo con Laje fue de “sorpresa”: apareció mientras el periodista hablaba con el economista ultraliberal Jesús Huerta de Soto. El rostro de incomodidad del conductor fue delator.

El Presidente llegó a hablar unas 5 horas en Neura con Fantino, quien se declaró “amigo” del mandatario tras “descubrirlo” en Animales Sueltos –primera pantalla donde Milei irrumpió con éxito de rating–. Ahora analizan juntos dar una serie de charlas sobre economía en distintas provincias, donde Fantino hará de “entrevistador” para que el mandatario despliegue toda su teoría ultraliberal de ajuste y motosierra.

Una nota al margen fue con el Gordo Dan en el streaming libertario La Misa: fue de seis horas sin pausa, logrando el récord de “la entrevista más larga de la historia” a un presidente.

La regularidad de nombres y medios muestra una dinámica selectiva que desafía la retórica oficial sobre la libertad de prensa. La libertad, parece, no está restringida, pero sí está cuidadosamente administrada: Milei habla cuando quiere, donde quiere y, sobre todo, con quienes quiere. Elude conferencias de prensa, evita periodistas que podrían incomodar y prefiere espacios donde la cercanía ideológica o afectiva garantiza una conversación a medida.

Este mapa de entrevistas funciona también como radiografía del ecosistema mediático afín. No es solo Milei quien elige: son también ciertos periodistas quienes, por convicción, interés o alineamiento, abren sus micrófonos para amplificar el mensaje presidencial sin demasiadas fisuras. La selección no parece casual en tiempos en que el propio gobierno promueve un discurso confrontativo con sectores del periodismo: acusa sin pruebas de operar, mentir o responder a intereses oscuros, y avala el ataque a los trabajadores de prensa tanto en redes sociales como físicamente en las represiones fuera del Congreso.

En definitiva, en lugar de diversidad de voces, Milei opta por un repertorio acotado. En lugar de confrontar con preguntas, elige la comodidad de los reflectores amigos. Y en lugar de celebrar el ejercicio del periodismo como control del poder, lo reduce —al menos en sus apariciones públicas— a una zona segura.

MC

El periodismo se está ejerciendo con salarios de pobreza, pluriempleo creciente, precarización laboral y ataques de parte del Goberino. Esas son las críticas condiciones que revela la Encuesta Integral #SiPreBA2025 sobre la situación de trabajadores y trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre los datos que arroja el relevamiento, que contó con 1.100 participantes de medios públicos, privados y autogestivos de prensa escrita, oral y televisada -20% del total de la actividad-, dos cuestiones son las más graves: un 70,45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza y un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza.

Al igual que en los últimos dos años, el pluriempleo es un dato predominante: el 55,2% tiene dos o más empleos. Esa realidad provoca precarización, jornadas fraccionadas sin descanso, cerebros agotados por la multiplicidad de formatos y una carrera interminable para lograr un ingreso que permita vivir dignamente. Entre quienes respondieron la encuesta, el 43% tampoco supera la línea de la pobreza sumando los sueldos de todos sus empleos. A solo un 4,8% le alcanza el salario de su principal empleo.

Así, aparece una nueva y preocupante tendencia dentro de la actividad: periodistas con formación (45% de las personas que respondieron terminó una carrera universitaria) que tienen que sumar trabajos informales, changas o empleos en otros rubros para llegar a fin de mes. Algunos ejemplos: albañilería, cuidado de personas y casas, venta de comida casera, atención en comercios, reparaciones, fletes y, por supuesto, la búsqueda de ingresos a través de plataformas como Uber, Cabify y otras similares de delivery. Esto aparece en paralelo a profundas transformaciones tecnológicas en el ejercicio del periodismo: en el 66% de las empresas de medios se usa Inteligencia Artificial para tareas periodísticas.

Dentro de este crítico panorama, la encuesta muestra una leve mejora salarial con respecto a 2024, cuando la pobreza alcanzaba al 76% del sector. “Eso tiene dos razones -explica Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA-: la brutal devaluación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo durante 2024, planificada para mostrar ficticios índices de recuperación; y la presencia de SiPreBA en las paritarias, después de conquistar la personería, que nos permitió lograr recomposiciones por encima de la inflación”.

Los ataques a la prensa son otro gran eje problemático del relevamiento. Un 27% manifestó haber recibido agresiones por ser periodista en el último año, entre los cuales 33% fue víctima de represión y un 20% fue atacado por funcionarios del gobierno. La violencia digital sigue siendo alarmante: un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual. El combo precarización y agresiones podría explicar que el 27% tiene problemas de salud con síntomas como ansiedad, estrés o depresión.

“El motivo de este amplio abanico de ataques a la prensa parece evidente: se quiere una sociedad desinformada y manipulable. Porque estas condiciones atentan contra la posibilidad de ejercer un periodismo vivo que informe e investigue, que denuncia estafas como la de $Libra y muestra represiones sistemáticas como la que hirió Pablo Grillo”, analiza Lecchi. “Cumplimos una década con el SiPreBA y sabemos mejor que nadie que la situación es completamente adversa. Tener estos datos fehacientes nos permite denunciar y saber desde dónde pararnos para pensar políticas de transformación”.

El relevamiento, que alcanzó a medios como Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, El Trece, TN, C5N, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefé, Ámbito Financiero, Crónica, Canal 9,Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, elDiarioAR y la Televisión Pública, entre otros, se presenta, tal como en los últimos años, en la previa del 7 de junio, Día del Periodista, y acompaña el décimo aniversario del SiPreBA.

El sábado 14/6 a las 11 en el Teatro Picadero se conmemora el Día del Periodista y los diez años del sindicato con un acto abierto “por el trabajo en prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información”.

CRM

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon denunció haber sido blanco de un intento de hackeo sistemático, apenas horas después de haber publicado en La Nación una nota en la que revelaba que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que amplía las capacidades de seguimiento del Estado sobre periodistas, economistas y otras figuras que puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas del Gobierno.

“Horas después de que revelamos en La Nación que la SIDE puso en la mira a periodistas y economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp (10 intentos) y de X (1 intento). Por ahora no lo han logrado”, escribió Alconada Mon en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

El periodista, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción y espionaje, detalló que los intentos comenzaron el domingo por la noche e incluyeron, además, insultos, amenazas, intentos de acceso a su correo electrónico y la creación de perfiles falsos en plataformas pornográficas utilizando su nombre.

El contenido del Plan de Inteligencia Nacional

El artículo publicado por Alconada Mon en La Nación sostiene que el PIN, un documento de 170 páginas, redefine el rol de la inteligencia estatal para incluir como sujetos de interés a quienes manipulen la opinión pública mediante tecnologías como la inteligencia artificial, incidan en los procesos electorales o erosionen la confianza en los funcionarios encargados de la seguridad nacional o el rumbo económico.

Si bien el documento plantea la lucha contra la desinformación como eje estratégico, no aclara si el foco está puesto en injerencias extranjeras o en actores locales, como periodistas o analistas críticos del oficialismo. También se menciona el “alineamiento estratégico” de Argentina con Estados Unidos e Israel.

Reacción oficial y escalada de tensiones

La Oficina del Presidente respondió con un comunicado oficial en el que reconoció la existencia del PIN, pero negó que tenga fines persecutorios. “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, afirma el texto, que también sostiene que el documento tiene carácter secreto y solo pueden acceder a él el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral del Congreso.

El propio presidente Javier Milei replicó el comunicado en su cuenta de X, acompañado de nuevas críticas al periodismo argentino, al que acusó de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

Minutos más tarde, Alconada Mon ratificó la autenticidad del documento filtrado y defendió el contenido de su investigación.

Solidaridad

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su solidaridad con el periodista y su preocupación ante el posible espionaje a periodistas. “FOPEA advierte sobre posible espionaje a periodistas y denuncia el hostigamiento a Alconada Mon. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación y rechaza el contenido del Programa de Inteligencia Nacional, cuya redacción podría”, posteó la organización, que inscribió el caso en su monitoreo de expresión.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), señalaron: “Nos solidarizamos con @halconada y alertamos sobre los ataques que recibió tras su nota de este domingo. Los hechos que investiga y denuncia son graves y ponen en riesgo las libertades en la democracia”.

CRM

El 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años, según un informe presentado este martes por la organización Amnistía Internacional.

El estudio, titulado “Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas”, revela que de ese total, un 98,3% fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física. En particular, la investigación revela que un 23% de las periodistas que experimentaron violencia online fue por parte de figuras del ámbito político. 

“No se trata en absoluto de un fenómeno nuevo. Desde Amnistía Internacional venimos denunciado los ataques a periodistas durante gobiernos de distinto signo político, pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en la presentación del informe del que también participaron la periodista Luli Trujillo, la titular de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), Mariela Labozzetta y Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología.  

El documento se basa en una encuesta a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país, además de 36 entrevistas que recopilaron testimonios de personas con diversos roles en el circuito productivo de la información. Estas entrevistas incluyeron a periodistas, así como a directores, ejecutivos, ejecutivas, editores y editoras de medios de comunicación, representantes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), quienes accedieron a brindar una entrevista, a diferencia de otras plataformas como X (ex twitter).

El informe documenta el impacto de la violencia digital en la libertad de expresión, la salud mental y el ejercicio profesional de las periodistas. Además, pone de manifiesto que la violencia de género online que se ejerce contra ellas tiene como fin disciplinarlas y silenciarlas, simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar púbicamente la desigualdad de género. En este sentido, el informe releva que la producción noticiosa sobre aborto, femicidios, y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia.

“Cuando las mujeres alzan la voz por sus derechos es cuando la violencia recrudece. Al mismo tiempo, es una violencia más invisibilizada que la que tiene en el centro a la mujer en su rol tradicional de esposa o madre, a la violencia doméstica. Es más difícil ver una víctima en una mujer empoderada, activista”, señaló Labozzetta. 

Las redes sociales: de aliadas a espacios de violencia

Las plataformas digitales, que inicialmente democratizaron el acceso a la información y fueron grandes aliadas de las periodistas y de las principales voceras de las agendas de género -como lo demuestran los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos- se han convertido en espacios que amplifican discursos de odio y la violencia de género contra las periodistas. El anonimato, la rápida difusión y la permanencia de los contenidos en internet hacen que el impacto de las agresiones sea aún mayor con consecuencias sumamente graves. 

La investigación permite acreditar que la violencia de género online hacia las periodistas no es aislada y episódica, sino un hecho cotidiano en sus vidas. Se observa un continuo de la violencia que padecen las mujeres, niñas y diversidades en el entorno digital y fuera del mundo virtual, que emerge de la misoginia y la desigualdad estructural de género socialmente arraigada. 

Por su parte, Koziner y Schejtman profundizaron en que analizar experiencias de violencia digital de las periodistas mujeres requiere previamente comprender las condiciones en las que las periodistas ejercen su trabajo. Este aspecto fue muy protagónico en los relatos ya que impacta en cómo y dónde las encuentra la violencia: solas o acompañadas por una empresa periodística, en sus casas o en una redacción, abocadas a un solo trabajo o haciendo malabares entre varios empleadores. 

Impacto en la libertad de expresión y en la rutina laboral 

El informe revela que cinco de cada diez periodistas encuestadas que fueron víctima de violencia manifestaron que se autocensuran en las redes sociales para evitar experimentar ataques y más del 80% reportó que su práctica profesional de alguna forma se vio afectada ante hechos de agresión en redes.  

“Las agresiones me paralizan. Las pocas veces que fui atacada me sirvieron para borrar, bloquear y retraerme cada vez más”, expresó una de las periodistas entrevistadas.  

La salud y la vida de las periodistas

La investigación evidencia el impacto de esta modalidad de violencia en la salud mental y la vida de las periodistas. Entre quienes reportaron haber sufrido violencia digital, casi tres de cada diez se sintieron físicamente inseguras debido a situaciones de hostigamiento en redes sociales. Además, siete de cada diez viven con el temor de ser víctimas de amenazas o ataques en línea, y dos de cada diez recurrió a un apoyo médico o psicológico debido a las situaciones de ese tipo vividas.  

La retracción de la agenda de género en los medios de comunicación

En un contexto marcado por la reacción de sectores que se oponen al reconocimiento de los derechos de mujeres y personas LGBTI+, agravado por la crisis de la industria periodística y la precarización laboral, ha llevado a muchos medios a no priorizar los temas de género en la agenda mediática. Como resultado, las periodistas y editoras especializadas en esta área han perdido respaldo institucional necesario para realizar su labor. De las 13 editoras de género que ocupaban un lugar relevante en los medios, actualmente quedan menos de la mitad.

Aunque algunos medios justificaron esta retracción de la agenda de género en la pérdida de interés por parte de las audiencias, otros ejecutivos de medios nacionales afirman lo contrario, destacando que su compromiso con la visibilización de la desigualdad de género no está sujeto a las modas. 

Justamente para ir en contra de esta tendencia elDiarioAR y Amnistía Internacional sostienen desde hace un año la alianza Punto de Encuentro, para visibilizar voces y contenido feminista con contenido que se publica de manera regular en este medio.

Acceso a la justicia: desafíos pendientes

El informe revela que el acceso a la justicia ante la violencia de género online enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las mujeres denuncien la violencia sufrida en el entorno digital. A pesar de la gravedad de esta problemática, solo el 7% de las víctimas de violencia digital encuestadas ha denunciado los hechos ante la justicia, lo que pone en evidencia la percepción de que el Estado no realiza los esfuerzos necesarios para abordar de manera efectiva la violencia digital y proporcionar soluciones oportunas y eficaces a las víctimas.  

“Las empresas que gestionan y son dueñas de las redes no tienen como prioridad modelos de sociedad sino modelos de negocio. Esto entra en conflicto e impacta en la calidad del derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión”, profundizó Mariela Labozzetta, titular de la UFEM.  

MT

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) volvió a cruzar a varios periodistas que cuestionaron el accionar de Israel en el conflicto reciente de Medio Oriente. En concreto, apuntó contra varios integrantes de Radio Con Vos quienes calificaron como invasión las incursiones que las tropas israelíes realizaron en el Líbano y sostuvo que están “más cerca de la oscuridad de un túnel que de la única y verdadera democracia de Medio Oriente”. 

Si bien la entidad no mencionó los nombres de los periodistas, publicó en su cuenta de X un recorte del fuerte cruce que Romina Manguel tuvo con sus compañeros Reinaldo Sietecase, Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum y Diego Iglesias. Allí, expresó su apoyo a Manguel por la “permanente lucha sionista contra quienes sostienen el mensaje equivocado en cuanto a quienes son las verdaderas víctimas del terrorismo”.

La publicación continúa: “Para ellos el lanzamiento de miles de cohetes asesinos que recibe el Estado de Israel no constituyen una invasión. Están más cerca de la oscuridad de un túnel que de la única y verdadera democracia de Medio Oriente”. Y concluye que los periodistas difunden “tergiversada información”.

Este martes Manguel mantuvo una fuerte discusión con sus compañeros de la radio, quienes son las principales figuras de la emisora y coinciden una vez por semana en una emisión especial para realizar una análisis de la actualidad, por el accionar de Israel en Medio Oriente. “Es ofensivo hablar de una invasión al Líbano”, se enojó la periodista cuando Sietecase sostuvo que sí se trataba de una invasión.

Esta no es la primera vez que la actual conducción de la DAIA busca desprestigiar a periodistas por sus opiniones. Ya lo había hecho con Alejandro Bercovich. En otra publicación en X el pasado 21 de julio, la entidad sostuvo que la opinión del periodista sobre el titular de la DAIA, Amos Linetzky, en el acto de la AMIA “constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre”.

Con la conmoción del caso Kiczka todavía revoloteando en el aire, la Cámara de Representantes de Misiones acaba de aprobar una ley para la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos. La noticia hubiese pasado desapercibida si no fuera porque el proyecto que impulsó el oficialista Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador Carlos Rovira, generó una gran polémica en la opinión pública local. Es que en uno de sus artículos se habla abiertamente de perseguir las “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”, un punto que encendió alarmas en la dirigencia opositora de la provincia.

Durante la sesión de este jueves en la Legislatura, la miembro informante del oficialismo, Anazul Centeno, destacó el supuesto “consenso” sobre la necesidad de “avanzar sobre la materialización de herramientas claves para la protección de la ciudadanía”. Señaló además que la ley “es clara” y que “no persigue ningún fin espurio, no persigue cercenar ningún derecho constitucional, ni restringir la libertad de expresión”. “Lejos de darle facultades ilimitadas a alguien, lo que hace es poner límites”, enfatizó la diputada, en un mensaje dirigido a sus pares opositores.

“Estos delitos suceden dentro del espacio virtual donde confluyen una multitud de datos, información, servicios. Esto configuró un nuevo entorno que no se rige sobre las reglas clásicas del mundo físico y que se ha visto superado por esta nueva realidad que es el ciberespacio”, agregó Centeno ante la atenta mirada de Rovira, hoy vicepresidente de la Cámara.

Desde la oposición, en tanto, la legisladora radical Lilia Torres, una de las coautoras del proyecto, calificó como “una necesidad” la de contar con una Fiscalía de Cibercrimen en Misiones. Sin embargo, hizo varias observaciones y objeciones al dictamen que había sido sancionado. Dijo que los artículos 6 y 7 “desnaturalizaron” el proyecto por como están redactados ya que “pueden usarse para herramienta para silenciar voces, críticas y limitar la libertad de expresión”. En esa misma línea, su compañero de bancada de la UCR, Ariel “Pepe” Pianesi, tildó a la iniciativa de “peligrosa”, una posición similar a la que también expusiera el bloque del PRO.

Es que el proyecto de ley, que cosechó 27 votos a favor y 11 en contra, faculta al funcionario judicial al frente de la fiscalía para “disponer el inmediato secuestro” de dispositivos si se trata de delitos como “injurias”, “calumnias”, “incitación a la violencia” o “intimidación pública”. Esta última figuras fue, sin ir más lejos, la que recayó en abril sobre Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, conocido por sus publicaciones extremadamente críticas de Rovira en redes sociales. Le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana preso luego de que una funcionaria del oficialismo lo denunciara ante la Justicia. La noticia logró romper parcialmente el cerco mediático de la provincia y motivó el repudio de la oposición local, principalmente de la UCR.

Antecedentes

Pero el de Quito no fue el único caso de hostigamiento a voces críticas que se registró recientemente en Misiones. En 2023, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de un periodista posadeño, titular del sitio Elcriti.com, en el que también se publicaba contenido poco amable con Rovira, pero sobre todo con su operador todoterreno y zar de los multimedios estatales misioneros Raúl Castaño. La intimidación surtió efecto: no solo la página fue cerrada, sino que al hijo del responsable le confiscaron sus elementos de trabajo por más de un mes. Nunca hubo expediente.

Como si esto fuera poco, la Renovación —como también se conoce popularmente al espacio político provincialista que gobierna Misiones hace más de 20 años— además se subió al clima de hostigamiento en redes sociales con ataques coordinados de “trolls”. Los agravios contra todo aquel que ose criticar a Rovira son el denominador común del ejército virtual que ostenta en X el oficialismo, que busca acallar cualquier voz que mínimamente incomode al poder mediante agresiones y la exposición de información de índole privada. Nada que envidiarle a los tanques digitales de Milei comandados por Santiago Caputo.

Según pudo saber elDiarioAR, el jefe de los equipos comunicacionales del rovirismo sería Rodrigo Aranda, hermano del ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda. Sus oficinas se encontrarían apostadas en pleno centro posadeño, sobre la calle Colón casi Alvear. “Hacen turnos de ocho y seis horas”, deslizó una fuente al tanto de su funcionamiento. Y añadió: “En la época de elecciones entra y sale gente todo el día, con grupo electrógeno y todo”. En mayo, los gremios docentes que se encontraban en lucha por un salario digno fueron los primeros en advertir acerca de la utilización de usuarios falsos con el fin de desprestigiar sus reclamos. 

Esa creciente preocupación de Rovira por todo lo que se dice sobre él en el mundo virtual es un dato novedoso de la coyuntura política misionera. Fue lo sucedido con el exdiputado provincial Germán Kiczka, con prisión preventiva acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil, lo que le dio pie para avanzar y reavivar una vieja rencilla política que tiene más de 20 años: la del mandamás provincial con su mentor político Ramón Puerta, ahora en la persona de su hijo Pedro. Kiczka era amigo del joven Puerta, además de su principal socio político en el espacio Activar. Su banca en la Legislatura todavía no fue ocupada: echando mano a un artilugio legal, Rovira bajó la orden de evitar que la asuma un miembro de la oposición, como correspondería. “Deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó [a Kiczka como candidato]”, escribió el líder misionero en una columna de opinión sobre el aberrante caso. Cumplió.

PL/DTC

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó hoy la decisión de un tribunal, por la cual se prohíbe “la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación” de información sobre el periodista Jorge Lanata, quien se encuentra internado desde hace tres meses, y su actual esposa Elba Marcovecchio.

La jueza Lucila Córdoba dispuso la medido por solicitud de Marcovecchio, a quien las hijas del periodista, Bárbara y Lola, acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud de Lanata.

“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.

Al respecto, ADEPA consideró, a través de un comunicado, que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.

“El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”, añade la nota.

Además, la directiva de ADEPA remarcó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”.

“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, agregó.

Por tal motivo, el organismo sostuvo que esta decisión judicial “puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, lo que representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.

Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, hicieron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8 en la que solicitan “en forma urgente” la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien se encuentra internado desde hace tres meses debido a sus problemas de salud.

El juzgado, por su parte, aceptó el pedido de prohibir a los medios informar sobre la situación de salud de Lanata y el conflicto entre sus hijas y Marcovecchio por el patrimonio del comunicador.

CRM con información de la agencia NA

Con la celebración de esta efeméride se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas, como base de la sociedad moderna.

Este día mundial pretende visibilizar el acoso y encarcelamiento de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, violando sus derechos humanos fundamentales relacionados con la búsqueda y divulgación de información, ideas y opiniones sin represalias.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos emitida en el año1948 estableció en el artículo 19º el derecho que posee todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye no ser cuestionado por sus opiniones, el derecho a investigar, recibir y difundir información sin limitaciones, por cualquier medio de expresión.

La Brecha de Porta Pía: un hecho memorable

La Brecha de Porta Pía es un hecho que aconteció el 20 de septiembre de 1870, protagonizado por las fuerzas garibaldinas y libertarias, derrotando a las fuerzas del Vaticano aliadas al Imperio francés.

Significó la caída definitiva del poder temporal del papado y de sus regímenes políticos de “Derecho Divino”, representando un triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y secularizantes del mundo.

Por otra parte, constituyó una derrota simbólica del dogmatismo, del oscurantismo y la esperanza del renacimiento de la luz, representando el triunfo de la razón y de la libertad de conciencia.

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MM