La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García por presunto “abuso de autoridad y peculado” a raíz del llamado ´Vacunatorio VIP´ durante el gobierno de Alberto Fernández.

La decisión también alcanzó al ex secretario privado del ex funcionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, según el fallo de la sala I del Tribunal de Apelaciones al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito.

“El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”, advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido “a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

Los jueces sostuvieron que “aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”.

El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para Gonzalez García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal.

En un “vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa”, entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros.

“Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020,” por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara.

El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con 5 dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud.

Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes “recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas”, remarcó la acusación.

Con información de NA.

Dos fiscales solicitaron este jueves que el exministro de Salud Ginés González García que sea citado a indagatoria por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el Coronavirus a personas “elegidas discrecionalmente y por afinidad, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos”, según fuentes judiciales.

El requerimiento fue formulado por el fiscal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, mediante un escrito de 100 páginas entregado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en su momento había dispuesto el archivo parcial de la causa.

Los fiscales también pidieron la indagatoria del extitular del Hospital Posadas, Alberto Maceira; la exjefa del servicio de medicina preventiva de ese hospital, María Elena Borda; el exsecretario privado del exministro, Marcelo Guille; y de Alejandro Salvador Costa, quien se desempeñaba en ese entonces como subsecretario de Estrategias Sanitarias.

A todos ellos se los acusa de haber suministrado vacunas contra el Covid-19 a principios del 2021, a personas que no estaban entre las que encabezaban la “priorización establecida por la norma”, es decir que aún no habían sido alcanzadas por el Plan Estratégico de Vacunación.

Taiano y Rodríguez describieron tres hechos diferenciados en su imputación:

La Justicia les achaca los cargos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios.

LC con información de agencia Télam

A poco de cumplirse un año del estallido en el seno del Gobierno de un “vacunatorio de privilegio” durante la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud, en épocas donde la llegada de vacunas a la Argentina era incipiente e incierta, y que derivó en su renuncia a pedido del presidente Alberto Fernández, el exfuncionario relató este miércoles “el dolor grande” que le provocó su salida del Ejecutivo y cargó la tintas contra el mandatario: “No me pareció justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Es difícil de superar. No hice nada incorrecto, capaz cometí alguna estupidez”, sostuvo.

Ginés mostró su disgusto con Alberto Fernández cuando decidió su renuncia casi de inmediato tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky del 19 de febrero de 2021 en las que reconocía por radio que había accedido a la vacuna contra el coronavirus tras llamar “a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, relató el periodista. Para el ex ministro, el Presidente tomó la decisión de su salida “en base a un comentario y sin escuchar” su versión de los hechos.

“Hubiera querido hablar yo (con Fernández), me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”, sostuvo el exfuncionario que fue reemplazado por Carla Vizzotti, en declaraciones a FM Delta.

Asimismo, González García manifestó que tiene allegados que creen que “fue una emboscada”, aunque aclaró no tener “pruebas al respecto”. Y agregó: “Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”. 

Qué había pasado

El escándalo por las “vacunaciones VIP” estalló el viernes 19 de febrero cuando el periodista Horacio Verbitsky relató que se había dado la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, siguió su relato Verbitsky.

El periodista, de 79 años, había afirmado tiempo atrás que no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de Covid-19, cambió de opinión.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer (18 de febrero de 2021) me vacuné”, remarcó.

En la provincia de Buenos Aires había comenzado esa semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezaría a inmunizar a los mayores de 80 años recién la semana siguiente.

Poco después de las declaraciones de Verbitsky trascendió que al menos de 10 funcionarios del Gobierno saltearon también el esquema de turnos para la vacunación y fueron inoculados, entre ellos el canciller Felipe Solá y el diputado Eduardo Valdés, que iban a acompañar al Presidente en un viaje oficial a México la semana próxima, como también el senador Jorge Taiana.

También trascendió que el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, de 77 años, recibió la vacuna junto a su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años, que convive con la pareja.

En los días previos se había conocido que el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no revestir la condición de personal esencial de la Salud ni adulto mayor de 70 años para ser vacunado.

En el listado original también figuraban varios integrantes de la familia Aldrey, el titular del grupo económico, Florencio Aldrey, propietarios del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles, y colegas amigos de Ginés, como el traumatólogo Salomón Schächter, de 84 años.

El mismo día de los dichos de Verbitsky, Fernández le pidió la renuncia a Ginés.

La causa judicial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó en julio pasado el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

Pero en agosto de 2021, la Justicia determinó que se vuelva a investigar el tramo de la causa del vacunatorio VIP por coronavirus que se había archivado. La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I del tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular, al “saltarse la fila”. Entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, que fue el que reveló la maniobra que le costó el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens plantearon que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”. Consideró que “ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”. Determinaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Mencionaron que la investigación “deberá enfocarse sobre estos últimos”.

Al poner la lupa sobre las personas que se “saltaron la fila” para recibir la vacuna, entre los que funcionarios, plantearon: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Destacaron que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”. Consideraron que “recién en ese momento corresponderá a la jueza conciliar la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. Aclararon que “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

IG

Un virus que necesita de los cuerpos trasladándose y cuerpos que necesitan de otros cuerpos para sobrevivir porque hay una economía atada con alambre que no conoce el home office.

Así podría comenzar el relato en off de la segunda parte de una saga fílmica llamada “Pandemia, la era de los vacunados”.

Restaurantes atestados, fiestas en casas, reuniones en quintas con pileta, boliches estallados, plazas turísticas desbordadas, entre otros amontonamientos advirtieron el disparo del número de contagiados de Covid. 

Pero también de un despegue económico que el Gobierno necesitaba después del duro golpe asestado en las urnas en noviembre. Con un elevado porcentaje de vacunados, el oficialismo parece haber tomado nota del altísimo precio que pagó allá lejos, en marzo del 2020, cuando contrapuso salud versus economía dándose de bruces con una realidad latente: pocos con mucha espalda y demasiados al borde de la lona.

Los 10 millones presentándose a cobrar el IFE fueron un cachetazo: la Argentina monotributista estaba ahí desnuda. 

La misma que hoy se vacuna sin chistar para continuar tejiendo una red que le permita no caer en el abismo. 

Y, en muchos casos, hasta soñar con levantarse como Lázaro, el muerto revivido.

Es que desde hace tiempo se cree en el emprendedurismo a la hora del milagro.

Los 10 millones presentándose a cobrar el IFE fueron un cachetazo: la Argentina monotributista estaba ahí desnuda. La misma que hoy se vacuna sin chistar para continuar tejiendo una red que le permita no caer en el abismo

Sex and the Jackie Smith

Si algo heredamos de la década del '90 ha sido el cuentapropismo, sostenido incólume a través de los años. 

Del planificado al buscavidas.

Del remis a la cancha de paddle, del parripollo a la fabricación de tortas, para llegar, por segunda vez, a la alimentación sana: de la comida macrobiótica del siglo pasado a los innumerables locales que venden semillas de chía y sésamo. 

De ser dueño de una mini pyme a manejar un Uber. Sin olvidarnos de lo que ya es indispensable, las manicuras y las expertas en belleza que elongan pestañas y arquean cejas dejándonos listas para emular a cualquier cantante latina.

En muchos casos, mujeres más adaptadas a sobrevivir en los tiempos que corren que las ex chicas “Sex and the city” encerradas en un tupper durante la última década y listas para salir adultas pero pérdidas en “And just like that” su modelo 2021. 

Una versión que no ha sabido representar bien el madurar de las generaciones nacidas entre los '60 y '70, las que aprendieron a flexibilizarse sin perder cierta dureza.

Porque “sobrevivir'' y luego ”aspirar“ es una rueda en la cual ya somos expertas y expertos. 

Una tabla de salvación mental que nos permite ir de crisis en crisis.

Basta ver las colas para testearse compitiendo con las filas para comprar una cartera para entender que estamos todos dispuestos a sobrevivir consumiendo. 

Lo cual le da aire al gobierno.

Jackie Smith es la marca que hoy muchas mujeres desean colgarse de sus hombros como símbolo de llegar. 

Aunque las tarjetas de crédito muchas veces están detonadas y nunca nadie sabe dónde queda exactamente esa puerta vip de llegada.

Porque "sobrevivir'' y luego "aspirar" es una rueda en la cual ya somos expertas y expertos. Una tabla de salvación mental que nos permite ir de crisis en crisis

Lo artesanal  

Si nos remontamos un par de años atrás cuando el entonces candidato oficialista a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, propuso -ante los despidos de una empresa bonaerense- “abrir cervecerías artesanales” comprenderiamos que aquel consuelo- que instó a que sus contrincantes se burlaran- encerraba en el fondo una de las verdades que el peronismo debería sumar a las 20 pronunciadas por Juan Domingo: hay sobreadaptación a la precariedad en la crisis.

Millones de pilotos de tormentas de sus propias vidas ya no temen inventarse subsistencias. 

Por eso en aquel momento los dichos a Bullrich no le costaron votos, pero sí le cobraron el encierro a este gobierno durante la pandemia.

Es que sumado a lo percibido como injusto - el vip de las vacunas salvadoras o el “cumpleaños” en tiempos de cierre duro - la cuarentena implicó, como si fuera poco, dolor de bolsillo.

El desgarro intolerable para nuestro cuerpo social.

Ese que aún necesita de la cercanía: desde el que trabaja de ponerle cloro a la pileta hasta el que vende un par de zapatos en la vereda. O los que dan clases de zumba en el parque, costumbre que muchos suplicamos retome su ámbito natural, el gimnasio.

La conversación

Frente a este panorama, el tema que mantiene entretenidos a los más politizados del electorado, la “Gestapogate” debería también leerse con menos entusiasmo en el oficialismo. Es que el escándalo, para una buena parte de la sociedad pasa sólo por dejar expuesta una guerra entre halcones y palomas opositoras. 

Ya que lo se escucha en esa conversación, grabada sin consentimiento, “crear una Gestapo para perseguir a referentes gremiales” -dicha sin prejuicios por el ex ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas- es mucho menos traumática de lo que se imaginan para un amplio sector de los votantes.

Es que el mundo sindical está cada vez más reducido en este nuevo panorama del trabajo, donde pequeñas pymes con menos de 20 empleados siguen siendo grandes generadoras de empleo y el monotributismo es una pesadilla que parece instalada.

Sucede que a la formalidad de antaño se le contrapone hoy situaciones inusitadas: felicidad por vivir al borde. Al menos no nos caímos.

La semana pasada un chico compartió su estallido de emoción al recibir la mochila de Rappi, conmoviendo con su alegría a cientos de miles de usuarios en todas las redes sociales. 

Si, una mochila de repartidor de los que corren más que Forrest Gump fue recibida con lágrimas de gratitud.

El cine futurista de los ochenta se quedó corto.

El futuro llegó y no es como el que preveía Marty Mc Fly.

Pasión de multitudes

La pasión por amucharse en este país también va de la mano de otra costumbre muy nacional: empezar a levantar la economía trampeando un poquito al Estado mientras este mira para otro lado por un ratito. La imperiosidad de poner en marcha el motor del consumo desplaza a la necesidad de imponer prolijidades. Al menos por un tiempo.

Un ejemplo es el PreViaje.

Ante los resquemores a la hora de viajar al exterior - tanto por los inconvenientes sanitarios como por un dólar alto que hace muy difícil costear las travesías -, el turismo local vive su momento festivo. 

Pero para muchos viajeros que preveían utilizar el tan conveniente programa lanzado por la Secretaría de Turismo al mando de Matias Lammens, en muchas zonas se les hace imposible de usufructuar. 

Es que el efectivo sigue siendo un tesoro invaluable y libre de acecho fiscal.

Casi como en ese 2002, donde parte del contrato social para renacer de las cenizas fue “dejar hacer” hasta mejores tiempos.

Ese signo de época casi calcado hoy pone a Alberto Fernandez en el momento más duhaldista de su gobierno.

Primero vamos a coser el paño deshilachado y después vemos.

Pasemos de la pandemia sin vacunas a los vacunados intentando normalizar sus vidas. 

Remake

El arte de hacer una remake no es para cualquiera. Ni siquiera para un país.

En 2002 se estrenó “Swept away” de la mano del talentoso director Guy Ritchie.

Madonna y Adriano Giannini intentaron emular al padre de este, Giancarlo y a Mariangela Melato en el film “Insólito destino” de la inmensa cineasta italiana - recientemente fallecida- Lina Wertmüller.

Pero la nueva adaptación de la lucha de clases bajo el sol en una isla paradisíaca, al igual que los protagonistas de la película, naufragaron en el intento.

Algo similar pasa hoy con nuestro insólito destino.

Durante otro enero pero 20 años atrás, Marcelo y Susana Wakstein junto a sus hijos adolescentes decidieron pasar las vacaciones en el hall de un banco, llevando reposeras, pelotas, lona y hasta un balde y palita para jugar en la arena.

La plata de sus ahorros había quedado atrapada en el corralito, motivo por el cual optaron por otra manera de tomarse vacaciones: reclamando.

De manera original y graciosa.

Hoy los que pasan vacaciones inauditas son otros. Los atrapados durante los últimos dos años en el corralito del virus.

Esos que hoy durante varias horas esperan ser hisopados frente al mar mientras se amontonan y protestan contra los colapsados trabajadores, de la salud. Los mismos que eran aplaudidos a las 21 horas religiosamente hace un año cuando “de está tragedia salíamos mejores”.

Pero nosotros, al igual que “Swept away”, en esta nueva versión también hacemos agua.

LA

Así lo decía el cubano Silvio Rodríguez en una canción donde parecía cobrarse varias cuitas (“arando el porvenir con viejos bueyes”). Y esa metáfora, un poco lineal, pretende decir algo no sólo para el viejo Régimen que el cubano lleva sobre sus hombros, también para la vida: lo nuevo se hace con lo viejo. Entre el 2020 y el 2021 hubo tantas continuidades que los balances y su idea de “corte” se aplanan. Pero empecemos por algún lado. ¿De qué sirvió el 2021?

Jorge Asís lo llamó “el año inútil”. Y se podría tipificar su inutilidad a vuelo de pájaro en tres puntos: no cerramos acuerdo con el FMI; no se resolvieron las internas de las dos coaliciones; una gran porción de la sociedad fue vacunada, pero la Pandemia sigue. Un año más de limbo. ¿Qué palabras se jugaron todo en el vocabulario aunque no sean nuevas? Casta y libertarios, planeros y pobrismo. Y agreguemos también el apellido compuesto de la derrota oficialista: vacunatorio vip. Estas palabras mediatizadas, embarradas, administradas a la chacota no están talladas en piedra, pero condimentaron el año. Si se mira el mapa electoral, se puede decir: se correspondieron las palabras y los votos.

Otra novedad de 2021 pudo ser “la revancha de los economistas”, como dice un joven del peronismo quilmeño en el último café del año. “Si 2001 fue su Waterloo (y aquello que dijo Néstor Kirchner de que ahora el ministro de economía va a ser el presidente), el 20 aniversario nos sorprende con economistas (neoliberales) envalentonados, dispuestos a reescribir la historia”. Miremos en diputados: Martín Tetaz, José Luis Espert, Javier Milei, Luciano Laspina, Ricardo López Murphy. Si tuviera que elegir el mejor debate televisivo del año, diría que el de Carlos Heller y Tetaz lo fue por lejos. Se dieron duro, no se rompió nada, nadie nombró a los juzgados ni al rol de los medios y a Marcelo Bonelli lo redujeron a alcanza pelotas.

El ministro Guzmán, a pesar del debate interno, sigue siendo uno de los integrantes del Frente de Todos que cuando habla todos se callan para oírlo. Tiene a su favor un lejano triunfo (el canje de deuda de agosto de 2020) y se envuelve con la capa del hermetismo de una negociación con el Fondo tironeada pero no entregada. Por ahora se mide en algo simple: entre la sangre y el tiempo Guzmán elige el tiempo sabiendo que, igual, el resultado es sangre. En la Argentina importan las palabras. Una parte del núcleo duro del problema del país batalla con éstas, con su formulación en el “relato”. Dicho fácil: uno de los problemas del gobierno (de su socio mayor) es cómo se conjuga el “acuerdo” (y su inevitable ajuste) en el discurso kirchnerista.

El ajuste es el Camello del Corán del 2021. No se nombra tanto, como pensaba Borges, por redundante.

“Lo que hay que hacer”

En sus investigaciones sobre el PRO, el sociólogo Gabriel Vommaro cuenta que en un focus group a sus posibles votantes, en la época germinal de la fuerza, se repetía que en Argentina “falta decisión de hacer lo que hay que hacer”. Y cuando les repreguntaban qué es hacer lo que hay que hacer, casi unánimemente respondían: “Lo que quiso hacer López Murphy en 2001 y no lo dejaron”. Ese límite, ese “no lo dejaron”, esa barrera invisible pero infranqueable, es la parte de la frase de “la Gestapo” que corrió estos días y que expone en su desborde (no en la parte que se repudia encima) un elemento central de la mentalidad macrista: el “si yo pudiera”. Macri también desde que dejó el poder se puso al día en su autocrítica: no me dejaron hacer. Y completémosle el sentido: “si yo pudiera hacer… el ajuste”. Así vive el alma liberal argentina que mira la mishiadura, que mira que en un año se celebrarán los veinte años del kirchnerismo (y que de esos veinte habrá gobernado dieciséis), con una foto que muestra un resultado social y económico no exactamente envidiable y dirán: ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Crisis en cámara lenta o shock? El mandato decembrista de no estallar también tiene su reversa: si el “gradualismo” no cumplió el sueño liberal, renace la fantasía del “shock” como subtexto libertario, literario, el grito tapado para intervenir el 2023, que es dentro de diez minutos. De forma paradójica los veinte años de la crisis desempolvan este sentimiento también de aquellos años, y que no aparece tan en primer plano, que no es el deseo de aniquilar el “neoliberalismo”, sino de refundarlo.

La bala que entró

Revisando las Google Trends de Argentina 2021 (la herramienta de búsqueda de Google para ver las tendencias en el buscador de forma segmentada por región y de forma temporal) se descubre que las únicas dos búsquedas del top 10 directamente vinculadas a la política son dos victorias “comunicacionales” del gobierno: “dónde voto” (segunda posición de lo más buscado del año en Argentina) y “vacunate” (séptima posición). Esta última tendencia sintoniza con que en Argentina la vacuna fue mayoritariamente deseada y la campaña de desprestigio murió antes de empezar. Vimos cómo Elisa Carrió o Patricia Bullrich giraron su discurso sobre su propio eje. Incluso, en comparación con Europa o Estados Unidos, el movimiento anti-vacunas es minoritario y está desarticulado de una traducción partidaria. Y, a la vez, que cada vacunado no fue “un voto”. La vacuna “no es política”. El gobierno y su sector más duro, que desde el inicio empujó la lectura de que con la Pandemia se iba a imponer una supremacía de lo estatal (el viejo trapo de “El Estado te salva”), se da de narices con su paradoja. Si en Argentina se acepta mayor presencia reguladora, intervencionista, ampliadora de derechos del Estado, ese “ecosistema”, paradójicamente entonces, le da menos vuelo electoral a un efecto vacuna, porque se trata de una sociedad que naturaliza esas obligaciones del Estado y no las “premia” automáticamente como una excepción.

En contraposición, cuando mirás las preguntas que los usuarios hicieron a Google comenzadas por la palabra “qué” se ve que la única referencia política está en el sexto lugar: “qué pasa si no voto”. Las elecciones del 2021 registraron la participación más baja en elecciones desde el retorno de la democracia en 1983. Respecto a las preguntas iniciadas con la palabra “cómo”, vemos mucho Estado en el top 10: cómo votar; cómo saber si cobro el bono de 15000; cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar con DNI; cómo van las elecciones; cómo saber si cobro el IFE 4; cómo anotarse para la vacuna.

Y algo más. El interés por la búsqueda de “Fabiola” (el nombre de la primera dama comprometida en la imagen del festejo de su cumpleaños mientras la sociedad vivía en cuarentena) alcanzó su máximo a mediados de agosto, cuando se filtraron las fotos de Olivos. Pero no fue parejo en todo el país, hubo una región que se obsesionó con el tema: Córdoba. Allí las búsquedas cuadriplicaron a las del resto de las provincias. El periodista Tomás Di Pietro comenta que “una tendencia también observada en algunas encuestas no políticas a jóvenes, cuando se les pide enumerar los grandes hitos del año, además de mencionar algunos relacionados con Bizarrap, L-Gante o Nicki Nicole, allí también aparecen las fotos de la fiesta clandestina”. “La bala entró”, dice Tomás. Las urnas lo ratificaron.

El 2001 en el año que acaba de empezar

El 2001 fue muchas veces recordado como momento final de una época y de un régimen, como el estallido que hizo volar la convertibilidad. Pero poco se dice en cuanto a lo que ese mismo estallido proyectó: el régimen duhaldista de gobernabilidad. Y lo que la sociedad, también en ese otro lado de la luna del 2001, fue resignando y aceptando. Su conciencia de los límites. ¿Qué límites? Ahí podríamos dividir en dos: por un lado la clase media y el convencimiento paulatino de que no se puede ahorrar (se extinguió el crédito hipotecario y se va extinguiendo la idea de ahorro en dólares), un vivir al día que parece la condición de no estallar para las capas medias y sus compromisos cortos (pagar el alquiler, llegar a fin de mes, cubrir el vencimiento de la tarjeta); y, por otro lado, convivir con la pobreza. Ya no es cómo terminamos con la pobreza sino cómo nos convencemos de que es una novedad definitiva vivir en una Argentina desigual. En “la democracia de la desigualdad”, como dice Pablo Touzon. Entonces al final no éramos más soñadores. Nos volvimos más realistas. Este 2021, paradójicamente, nunca se habló tanto de los pobres y –a la vez– nunca se habló tanto en contra de los pobres. La citada palabra “planeros” es un derivado completo del 2001. El difuso concepto de “pobrismo” es otro.

El 2022 convivirá con el año del desierto: el recuerdo del 2002. Será el último año de ese ciclo breve que Mariana Moyano llama y estudia: los años del limbo. Eso que va de 1998 a 2002. Y una pregunta que contiene otras: ¿por qué tras esos días de estallidos, asambleas, presidentes en fuga, el país terminó en manos de Duhalde? Duhalde no era “¿el peor de todos?”

Marcelo es comerciante, dueño de una dietética desde 1999, y recuerda del 20 de diciembre: “Pasó la policía por el negocio diciendo que había pocos custodios, que el shopping de la otra cuadra también cerraba y nos aconsejaban a los locales cercanos cerrar porque la policía iba a estar concentrada en los accesos de la Ciudad de Buenos Aires para contener a esas masas que se suponía que iban a saquear los locales y lugares concurridos de la Ciudad”. Marcelo cuando repasa se ríe de sus términos. “¿Qué masas?”, se pregunta. Otro flashback: una militante de la Facultad de Ciencias Sociales, una chica de clase media laburante, también ese día dijo al pasar que estaban “viniendo a saquear Once”. En su frase omitía todos los sujetos con los que se educaba para pensar la sociedad. ¿Quiénes estaban viniendo? ¿El proletariado, los obreros, los “cabecitas negras”, los villeros, los piqueteros? En esa omisión, un agujero negro y palpitante. El saqueo por arriba: la estafa de los ahorros confiscados; y el saqueo por abajo: el descontrol de los pobres. Ese otro miedo, ese miedo confuso, paralelo, imaginario, explica más allá de las teorías del complot habituales por qué Duhalde es un resultado político del 2001. Duhalde parecía encarnar las dos cosas: el temor de una parte de la sociedad hacia los Conurbanos argentinos y una garantía de gobierno. Esa ambivalencia de orden/desorden lo hizo central. De ahí viene también la teoría del complot que nos sigue hasta ayer: cada vez que ocurren saqueos, o asesinan un militante, no tarda en oírse la primera voz (“¿fue Duhalde?”). ¿Qué nombra la palabra Duhalde?   

El 2001 era la gente en la plaza pero también mucha gente en los techos de su casa. Jorge, referente de un comedor de Villa Soldati, cuenta que “salían a saquear los supermercados”. “La gente estaba asustada, no sabía para dónde ir. Hacían correr la bola de que iban a saquear las casas. Entonces cada barrio se atrincheraba, hacían guardias 24 horas para que no les roben. Estaba tan jodido que muchas familias no les podían dar de comer a sus hijos y se iban a saquear supermercados. Iban adonde había comida. Me acuerdo que acá en Mariano Acosta y Corrales había un supermercado Día y la gente rompía la puerta, entraba, saqueaba, se llevaba comida. La policía tiraba balas de goma, la gente salía lastimada, pero no le importaba. En nuestro comedor no dábamos abasto con la comida. Hacíamos malabares. Parecía una guerra civil, todos contra todos, una batalla campal porque muchos de otros barrios querían venir a saquear las viviendas de los vecinos”.

En 2001 existía Duhalde. ¿Qué tenía? Lo mínimo indispensable. Capacidad política, piso de institucionalidad ligado al poder bonaerense, un triunfo en las elecciones dos meses antes del estallido (en octubre de 2001 ganó con 37%). ¿Y qué vino con Duhalde? Un modelo de gestión nacional basado en la supremacía social, electoral y política del Gran Buenos Aires. La literatura del Conurbano, las Universidades del Conurbano, la crónica del Conurbano: “EL” Conurbano como tema favorito, entre su romantización y su estigmatización. Y después, las variaciones de lo que sabemos todos: gobernar el Conurbano para gobernar la Nación. El futuro nos dirá que esa gobernabilidad que Duhalde construyó en el límite se volvió un modelo más “presentable” con el kirchnerismo. Un pasaje que podría simbolizarse en la frase de Aníbal Fernández para su ingreso a 2003: “soy Duhaldista portador sano”. Del “evitismo” de Chiche al Movimiento Evita. O, en otro extremo, de Curto a Sabbatella. Un kirchnerismo pingüino, lejano, del sur, que acaba teniendo su fortaleza en la Tercera Sección Electoral. Y digamos también: lo que tenía para dar “por izquierda” el 2001 fue el kirchnerismo. Una herencia roja: el consenso de los Derechos, nuestra “transversalidad”.

¿Pero en qué punto se articula esa sociedad del estallido con Duhalde? Siempre fue un hombre inseguro. Incluso en ese esplendor presidencial buscaba sellar una alianza simbólica con Alfonsín para darse un respaldo moral. Buscaba en la demagogia de la mano dura una popularidad inmediata (porque el punitivista es el político inseguro) aunque encuentra ahí su límite (el crimen de Kosteki y Santillán marcaron el final). Lo que le dio vigencia fue un carácter temerario, que ni él dominaba. Duhalde parecía el agitador de fantasmas que circulaban y que él mismo garantizaba sofocar. Cumplía el linaje discursivo de un Perón en palabras de Horacio González: “La revolución que sofoca una revolución”. Duhalde como el Conurbano que sofoca el Conurbano. Su léxico de manzaneras, policías, intendencias y curas tenía algo restaurador, el subsuelo sublevado del Estado, lo imprivatizable, y el grado cero del Estado-copa-de-leche. Ese régimen de gobernabilidad duhaldista heredado es el verdadero núcleo de 2001.

Es lo que logramos, y lo que falta superar.

MR

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED

La Justicia determinó que se vuelva a investigar el tramo de la causa del vacunatorio VIP por coronavirus que se había archivado. La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I del tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular, al “saltarse la fila”. Entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, que fue el que reveló la maniobra que le costó el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.

Hace un mes la jueza resolvió archivar parcialmente por “inexistencia de delito” el llamado vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud y en el Hospital Nacional Posadas. Determinó en ese momento que de los 70 vacunados que informó el Gobierno sólo cinco serían investigados, como el exministro de Salud. La magistrada consideró que se “incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético” y que eso “por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens plantearon que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”. Consideró que “ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”. Determinaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Mencionaron que la investigación “deberá enfocarse sobre estos últimos”.

Al poner la lupa sobre las personas que se “saltaron la fila” para recibir la vacuna, entre los que funcionarios, plantearon: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Destacaron que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”. Consideraron que “recién en ese momento corresponderá a la jueza conciliar la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. Aclararon que “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

El fallo

NB

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

DA

En su cuenta de Twitter, el intendente de La Calera, el schiarettista Facundo Rufeil posteó el martes pasado: “Gracias a los 3 nuevos centros de vacunación Covid-19 que montamos en el día de hoy en La Calera (Club Sportivo, La Rufina, Parque Icardi) hemos podido realizar en un solo día, el trabajo de una semana. Quiero agradecer a nuestro gobernador Juan Schiaretti por la confianza y poner a disposición los recursos necesarios desde el Ministerio de Salud de Córdoba para que podamos llevar adelante los 4 centros vacunatorios. Por último, agradecer a cada una de las personas que colaboraron para que hoy podamos tener un gran día para nuestra Ciudad”.  

Como parte de la campaña vacunatoria, la Municipalidad de La Calera publicó un flyer oficial donde invita a los vecinos a vacunarse: “Abrimos un nuevo vacunatorio en el SUM de barrio La Rufina. Como parte de la apertura de nuevos vacunatorios en la ciudad, desde mañana 1 de junio estaremos colocando vacunas en el SUM de Barrio La Rufina. Será únicamente a residentes de los barrios La Rufina, 5 Lomas, Calicanto, La Pancana, El Rodeo y Alto Warcalde que recibieron la citación del Ministerio de Salud pero que aún el municipio no le asignó un turno, vía telefónica, en el Dispensario Dumesnil. Estas personas deberán presentarse con DNI de 9 a 13 horas”. El secretario de Salud de La Calera, Ariel Ramos, le sugirió a Rufeil la división geográfica de los vacunatorios. 

El flyer comenzó a circular en Córdoba. En los grupos de WhatsApp denunciaban con mucha indignación que se trataba de un vacunatorio VIP para vecinos de alto poder adqusitivo: La Rufina y Cinco Lomas, dos de los barrios mencionados en el anuncio oficial de la Municipalidad de La Calera son countries; mientras que los otros cuatro, Calicanto, La Pankana, El Rodeo y Alto Warcalde, son barrios cerrados, según explicó el propio intendente Rufeil a elDiarioAR.

“Yo fui el que dividió la ciudad en cuatro centros vacunatorios, para el norte, sur, este y centro. A los vecinos del este, no los voy a hacer cruzar la ruta y toda la ciudad para venir a vacunarse”, detalló Rufeil. Consultado sobre la exclusividad del acceso al SUM de La Rufina para los vecinos de esos seis barrios, quedando excluido Cuesta Colorada, insistió: “Operaciones políticas en todo esto hay siempre”. Y se defendió: “La Calera está dividida en cuatro sectores, los countries quedaron en el este”. 

La Rufina se presenta como “una urbanización cerrada natural en forma de country. La naturaleza y el diseño urbano se combinan para crear un country con seguridad las 24 horas con calles pavimentadas y todos los servicios subterráneos. Lotes de 800 a 1.500 metros para que Usted pueda elegir”.

La página de Cinco Lomas destaca que es el “primer country de montaña de Córdoba, cuenta con 14 hectáreas de espacio verde sumado a áreas recreativas, Club House, Pileta y Solarium entre otros servicios”.

“El que te envió eso te está operando”, dijo el intendente de La Calera al ser consultado sobre el llamado a vacunarse a los vecinos de estos seis barrios de alta categoría. Cuando elDiarioAR le señaló al intendente que la consulta se debía a que el flyer era oficial de la Municipalidad, Facundo Rufeil explicó: “Tenemos cuatro vacunatorios, dividimos La Calera en cuatro: el norte con el dispensario de Dumesnil; en el sur, el vacunatorio de Parque Icardi; los vecinos del centro se vacunan en el Club Sportivo y los vecinos del este, que es la zona de la Cuesta Colorada y el intercountries, se van a vacunar a La Rufina”.  

La Calera es una ciudad dormitorio de la Capital: en una época fue un polo industrial minero, de allí su nombre; y posteriormente se convirtió en una localidad donde la mayoría de sus más de 30 mil habitantes desarrollan sus actividades en la ciudad de Córdoba. Está ubicada a 18 kilómetros al oeste de la Capital, separada por los terrenos del Ejército donde funciona la Fuerza de Despliegue Rápido, que reemplaza al antiguo Tercer Cuerpo. Desde hace poco más de una década, en el ingreso a La Calera comenzaron a construirse countries y barrios cerrados de alta categoría.

Gastón Vacchiani es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud  (UTS) y vecino de La Calera: “Esto es un espanto. La verdad es que parece un meme, si no fuera que estamos ante una tragedia sanitaria por la irresponsabilidad de nuestras autoridades provinciales y locales, pasaría como un meme. Pero lamentablemente es real”.

Este viernes Cordoba llegó el pico de infectados de Covid-19 con 5.357 nuevos casos y 53 muertos. Ayer fueron 5.145 contagios y 48 pacientes fallecidos. 

Ante los contundentes datos de la realidad, el gobernador Juan Schiaretti decidió imponer restricciones por dos semanas, desde el lunes 7 hasta el viernes 18, que incluyen la prohibición de reuniones sociales y familiares y el dictado de clases virtuales en los tres niveles: inicial, primario y secundario. Además, desde esta medianoche, la provincia de Córdoba adhiere al DNU nacional de confinamiento estricto para este fin de semana de 5 y 6 de junio.

El ex ministro de Salud Ginés González García reconoció hoy que “fue una equivocación” el hecho de haber montado un vacunatorio en la sede de la cartera sanitaria, aunque subrayó que “ninguno fue vacunado por amigo”.

Tras varios meses de silencio luego del escándalo del denominado vacunatorio VIP, que le costó el puesto, el ex funcionario nacional contó que el periodista Horacio Verbitsky lo llamó para pedirle ser inmunizado contra el coronavirus: “Me dijo `se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado´”.

En ese sentido, indicó cómo se tomó la decisión de montar un centro de vacunación en la sede del Ministerio de Salud y afirmó que la idea surgió del director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. “Fue un accidente. Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que la gente no quería que Verbitsky fuera al Hospital, que está muy politizado y sus trabajadores han tenido duras consecuencias cuando fue la dictadura. Entonces pidió que no lo llevaran ahí y dijo que él iba a cualquier lado, incluso al Ministerio; yo dije que sí y listo”, relató.

Y manifestó: “Quizás me equivoqué y no debería haberlo aceptado. Cuando te hacen preguntas de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas... Fue una equivocación mía”.

De todos modos, González García negó tener un vínculo afectivo con el periodista y ex presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Yo no soy amigo de Verbitsky. Ninguno fue vacunado por amigo. No vacuné a nadie por afecto”, señaló en declaraciones radiales.

Al referirse a la causa judicial que tiene en su contra y que está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el ex embajador argentino en Chile indicó: “Creo haber fundamentado bien, con todos los instrumentos y los marcos que tenía. No hubo ningún delito en lo que hice”.

De todos modos, evitó profundizar en el tema: “Dije que no iba a hablar de esto porque está en la Justicia”.

La denuncia de Bullrich

González García la calificó como “absurda e insólita” a la denuncia de Patricia Bullrich y dijo que ya inició “acciones penales y civiles”. “Este asunto me sorprendió tanto que me obligó a salir a hablar y decir lo que sé y lo que soy y la locura que es acusarme de esa manera”, declaró esta mañana González García en Radio con Vos.

Agregó que “para colmo (Patricia Bullrich) hizo otra declaración ratificando lo que había dicho” y afirmó: “Obviamente, decidí iniciar acciones penales y civiles”.

El domingo por la noche Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación, que Ginés González García había pedido “sobornos” al laboratorio Pfizer y negociaba con “un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”, situación que el propio laboratorio desmintió.

“Tengo muchos años de funcionario público y jamás me rozó una sospecha”, continuó el exministro e insistió en que ya había “explicado y enviado notas” sobre lo sucedido en las negociaciones con Pfizer.

DA

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció este jueves que quien dio la orden de vacunar al expresidente Eduardo Duhalde y su familia en su domicilio fue el propio exministro Ginés González García, en el marco de las vacunas de privilegio que le costaron el puesto a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández.

“Yo no sabía, ya lo dije y la gente pueden creerlo o no. La construcción del concepto de vacunatorio VIP le puede hacer pensar a la gente que era algo sistemático. Eso sucedió un día, fueron 10 personas y le costó el cargo a Ginés González García. El vacunatorio como espacio no existe, el exministro definió la vacunación de un expresidente y yo no lo sabía”, relató Vizzotti en el programa que conduce Romina Manguel por A24. “¿Lo decidió Gonés, vacunar a Duhalde en su casa?”, preguntó la periodista. “Por supuesto, sí”, dijo Vizzotti.

Al ser consultada sobre la pérdida de confianza de algunos sectores de la sociedad tras conocerse que hubo vacunados de privilegio en el ámbito del Ministerio, la funcionaria nacional argumentó: “Las excepciones no pueden empañar a un país que está recibiendo dosis y vacunando y que la población lo está viendo. Siempre hay cosas para corregir y tomamos medidas, hay que reconocer las situaciones y mejorarlas, pero no asumir que la excepción es la regla”, sentenció. 

La entrevista completa:

IG

El escándalo de las vacunas de privilegio se coló en Diputados. Sergio Massa vivió un momento incómodo en la sesión que se desarrolla hoy para tratar los cambios en el impuesto a las Ganancias, una iniciativa en la que se puso a la cabeza en el oficialismo. El presidente de la Cámara fue apuntado por el poco esclarecido caso de las vacunas contra el Covid a las que accedieron su padre y sus suegros, conocido en medio del escándalo del vacunatorio VIP que le costó el cargo al ministro de Salud Ginés González García.

Antes del tratamiento de Ganancias, la diputada del interbloque de Juntos por el Cambio Mónica Frade presentó una “cuestión de privilegio” -mociones que pueden presentar los legisladores- contra el presidente de Cámara a raíz de este episodio.

“En esta Cámara hubo diputados que se vacunaron. Uno afirmó que se vacunó para viajar a México. Parece que no le alcanzó porque está en su casa para esta sesión. No entendemos por qué se robó una vacuna (por el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés) . Este parlamento ha guardado absoluto silencio respecto de los diputados que han abusado de sus privilegios”, dijo la diputada , que pertenece al bloque de la Coalición Cívica. 

Inicié un pedido de acceso de información pública y usted me respondió que vaya al ministerio de Salud de la Nación. Para tener autoridad hay que tener autoridad moral. Usted adeuda a esta cámara informar qué pasó con usted y el resto de la familia.

“A usted, presidente -avanzó dirigiéndose a Massa- el día 22 de febrero le remití una carta para que usted diga, de modo institucional, si estaba vacunado; si lo estaban sus esposa, (y familiares) ascendientes, descendientes y colaterales. Al día 10 de marzo, inicié un pedido de acceso de información pública y usted me responde que vaya al Ministerio de Salud de la Nación. Para tener autoridad hay que tener autoridad moral. Usted adeuda a esta cámara informar qué pasó con usted y el resto de la familia”, reclamó Frade, que responde a Elisa Carrió. 

Según registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA, Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, se vacunaron contra el coronavirus.

Según figura en esos registros, Alfonso Massa recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 26 de enero; el 11 de febrero fue vacunado con el segundo componente. Fue consignado como “persona de 60 o más años”, en ambos casos.

De 70 años, Durrieu recibió la primera dosis de Sputnik el 22 de enero y el 11 de febrero la segunda. Fue registrada como “persona de 60 o más años” la primera vez y como “personal de salud” la segunda. Durrieu es médica. Fernando Galmarini, de 78 años, fue vacunado en la misma fecha que su esposa. Fue registrado como “personal de salud” con la primera dosis y como “persona de 60 o más años” con el segundo componente de la Sputnik. La vacunación para adultos mayores en la Provincia de Buenos Aires comenzó oficialmente el 30 de enero, después de que el padre y los suegros de Massa se vacunaran con la primera dosis. 

Massa no respondió y habilitó a que siguieran las mociones de otros legisladores. Sin embargo, la diputada Cecilia Moreau, del Frente de Todos, lo interrumpió para contestarle a Frade: “El presidente de la Cámara, como todos los diputados de la provincia, estamos anotados en  la app de la provincia. Es una descarada. Un legislador no tiene por qué darle explicaciones. Va a Formosa porque por Quilmes no puede caminar”, le recriminó Moreau.         

Minutos después, el diputado Fernando Iglesias (JXC), volvió sobre Massa. “Lamento que no esté acá. Es fácil de responder. ¿Se vacunó usted señor Massa? ¿Cómo fue que se vacunó? ¿Se vacunó su mujer? ¿Cómo fue que se vacunó su familia y la familia de su mujer?”. Massa no estaba en el recinto.

elDiarioAr reveló la semana pasada otro caso de vacunaciones de privilegio en la provincia. María Eva Andreotti -hermana del intendente de San Fernando Juan Andreotti- y su pareja, Gonzalo Cornejo, recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Ambos ocupan cargos en el municipio. María Eva Andreotti tiene 41 años e integra la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente. Cornejo es secretario de Modernización y Gestión Informativa.

Valdés

El reclamo de Frade impulsó el tema de las vacunas de privilegio en la Cámara. El diputado Eduardo Valdés, titular de la comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, habló de las razones por las cuales accedió a vacunarse en la previa de un viaje a México con el presidente Alberto Fernández, al que finalmente no se sumó en medio del escándalo, en febrero pasado. También fue vacunado en esa oportunidad el senador Jorge Taiana, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“Si honré o deshonré primero que nada es a mis pares”, dijo Valdés. Contó que había sido convocado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, para sumarse a la gira de Fernández, junto con Taiana. “Tomamos contacto con la autoridad sanitaria y nos informaron que había que vacunarse, que estábamos comprendidos bajo el personal estratégico del plan nacional de vacunación”. 

Valdés dijo que fueron convocados el jueves 18 de febrero al Hospital Posadas. “Allí nos dicen que nuestra dosis fue trasladada al vacunatorio del Ministerio de Salud”. Ese mismo día, dijo, fueron vacunados allí. “Nunca imaginábamos que estábamos en un vacunatorio VIP”, señaló y reveló que al día siguiente el mismo trámite tenía que hacerlo el canciller Felipe Solá. “Sorpresivamente, la misma persona que nos invitó nos dijo que no podríamos acceder al viaje”, siguió Valdés, y contó que, ya en México, el presidente Fernández admitió que él mismo y Taiana debían estar en ese viaje con él. “No me dieron explicaciones de las dos decisiones”.   

“Tomé la solitaria decisión de no darme la segunda dosis. Porque no le robo vacunas a nadie”, aseguró el diputado del Frente de Todos, que no había hablado públicamente del episodio hasta hoy.

WC

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que, a partir de un acuerdo con la Secretaría de Innovación Pública, comenzó a publicar los datos de los registros de vacunación contra Covid-19.

“Con el objetivo de transparentar y facilitar el acceso a información pública relativa al Plan Estratégico Nacional para la Vacunación contra el Covid-19, desde hoy el Ministerio de Salud de la Nación publica en datos abiertos los registros de vacunación con toda la información disponible sobre el proceso de inmunización más importante de la historia sanitaria argentina, para su conocimiento, análisis y estudio”, dice el comunicado oficial.

Los datos publicados surgen de los registros realizados por las 24 jurisdicciones en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac), “que son las responsables de la vacunación en el territorio a través de los distintos centros de vacunación dispuestos para desarrollar la campaña”, explicaron.  

El anuncio se hizo después de las denuncias de irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en distintas localidades del país y en el Ministerio de Salud de la Nación, donde se denunció que funcionó un Vacunatorio VIP y que obligó a renunciar a Ginés González García.

“Estamos poniendo a disposición de la ciudadanía y en línea con la política pública de datos abiertos, un registro público muy relevante, donde puede encontrarse toda la información disponible en relación al proceso de vacunación contra el Covid-19 que lleva adelante el Estado nacional junto a las 24 jurisdicciones del país”, indicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. 

En el registro, que puede consultarse a través de http://datos.salud.gob.ar/dataset/vacunas-contra-covid19-dosis-aplicadas-en-la-republica-argentina constan las dosis de vacunas contra COVID aplicadas y reportadas por las 24 jurisdicciones, y los datos más relevantes del proceso de vacunación en todo el país: departamento o municipio, grupos de edad, sexo, lugar de residencia, lugar de aplicación, fecha, tipo de vacuna y dosis aplicada, entre otros. Los casos informados se encuentran anonimizados, respetando de esta manera la normativa de protección de datos personales.

Por último, Vizzotti sostuvo que “poner a disposición de la sociedad este set en datos abiertos, favorecerá el estudio, análisis y seguimiento del Plan Estratégico de Vacunación, como también será una herramienta para todos quienes lleven adelante estudios sobre Covid-19”.

PP

Este lunes el rostro de una joven de 18 años junto a su carnet de vacunación, se replicó en las pantallas al ser señalada como una “vacunada VIP”. Se trata de Stefanía Desiree Purita Díaz, allegada al actual ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi y ex integrante del equipo de la Subdirección de Ceremonial y Protocolo del municipio.

“Todo esto es una injusticia enorme. Espero que se frene con mi testimonio, desde la única verdad”, confesó Purita Díaz, militante de la agrupación Eva Perón, a elDiarioAR.

La primera información la reveló el portal El Disenso, quienes señalaron que la militante había recibido su primera dosis de la vacuna china Sinopharm. La foto que ella misma compartió en su cuenta de Instagram (@StefiPurita ) acaparó la atención de muchos usuarios y medios de comunicación que comentaron con indignación y la acusaron de ser una “vacunada vip”.

“Me inscribí por la página antes de que lleguen las dosis al país. No había una certeza de cómo iba a ser la distribución de dosis. Esto fue previamente a que la vacunación llegue y me inscribí a modo de voluntariedad para aplicarme la dosis por varios motivos”, explicó la joven a Infobae. Además, insistió con que quiso vacunarse “en función de cuidar las personas de los ámbitos en los que yo me muevo, porque yo convivo con mi madre que es paciente oncológica y es mayor de edad y una abuela de 95 años. Si me contagio podía contagiarlas”.

Por otro lado, desvinculó al ministro de Hábitat y Desarollo Territorial, Jorge Ferraresi, del escándalo. “No tiene nada que ver, ni sabía que me había anotado”, dijo. “Nunca jamás fui secretaria de nadie”, agregó la joven que se desempeñaba como becaria de la secretaría de Educación del municipio de Avellaneda.

Por parte de la Municipalidad de Avellaneda no emitieron un comunicado oficial para esclarecer la situación ni optaron por darle importancia al tema que ya se fijó en la agenda pero, según indicaron fuentes cercanas a elDiarioAR, la estudiante “finalizó su practica profesional en febrero. Lo que pasó con ella en el último mes y en el proceso de vacunación lo desconocemos”. Se trató de una pasantía “por su edad y por los estudios que estaba llevando adelante,” primero “en el área de ceremonial y luego en educación”.

Cuando terminó este proceso a principio de año, Stefanía “dejó de tener relación con el municipio. Todo lo que pasó este último mes no tiene relación con el municipio”.

En el mes de febrero, a raíz de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien reveló que recibió la vacuna en el ministerio de Salud de la Nación en contradicción con el protocolo establecido, se desató el escándalo del vacunatorio VIP. Como consecuencia, el Gobierno decidió la salida del entonces ministro de Salud Ginés González García.

Mientras, la campaña de vacunación avanza a paso de tortuga y cada semana se dan a conocer decenas de funcionarios que, de manera irregular, integran la lista de inmunizados. La semana pasada este medio reveló el caso de la hermana y el cuñado del intendente de San Fernando, inmunizados con la Sputnik V, quienes trabajan en el municipio y no integran el grupo de riesgo.

Legisladores correntinos del Frente de Todos presentaron este miércoles una denuncia contra el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, bajo las figuras de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” por el transporte irregular de 900 dosis de vacuna Sputnik V, evidenciado luego del accidente de tránsito que protagonizó hace diez días en la ciudad de Corrientes.  

Con la denuncia, elevada por 16 legisladores provinciales y nacionales opositores al gobierno de Gustavo Valdés (ECO – JxC), se requiere a la justicia que urja una serie de medidas de prueba para conocer quién, cuándo y cómo se retiraron las vacunas que transportaba el ministro Cardozo el día del accidente, desde Droguerías del Sud, la firma contratada para la logística del Plan de Vacunación correntino. Además, se solicita que el Ministerio de Salud de Corrientes informe si existe “protocolo provincial” para el almacenamiento, distribución, traslado y entrega de insumos del Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19, ya que quedó a la vista el incumplimiento de los Lineamientos Técnicos formulados por el gobierno nacional, en especial en lo vinculado a la temperatura de congelación de menos de 18 grados que debían mantener las vacunas Sputnik V. 

El expediente, con carátula reservada, ingresó el miércoles por la mañana al Juzgado de Instrucción N°5 a cargo de María Amalia Zair Nicolás, y de continuar el curso formal, correrían vistas a la fiscal Graciela Fernández Contarde, incorporándose a la causa que se había iniciado días antes por el accidente de tránsito del ministro Cardozo, quien perdió el control del vehículo en el que viajaba tras sufrir un infarto agudo del miocardio, según se informó desde el Instituto de Cardiología de Corrientes.  

La denuncia, a la que accedió elDiarioAR, sostiene que - contrario a las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés - al momento del accidente de tránsito “no se pudo recuperar ningún instrumento de acreditación del retiro formal de este lote de vacunas”. Es esa falta de documentación que certifica el retiro y el destino de las vacunas “lo que aumenta las suspicacias sobre la falta de apego a las diligencias mínimas para la realización del traslado de este bien escaso para la salud de los correntinos”, señala el texto y agrega que los hechos se configuran como “Delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público”.

La denuncia, a la que accedió elDiarioAR, sostiene que - contrario a las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés - al momento del accidente de tránsito no se pudo recuperar ningún instrumento de acreditación del retiro formal de este lote de vacunas

Tensión política 

En tanto, en público y en privado desde el Gobierno de Corrientes sostienen que no le pedirán la renuncia al ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quien se recupera en su domicilio del incidente cardíaco seguido de un accidente de tránsito, que dejó expuesto el transporte irregular las vacunas contra el Covid-19. Así lo señaló en varias oportunidades el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés: “No vamos a echar a un ministro porque tuvo un infarto”. Y atribuyó los pedidos de información y de mayor transparencia en el plan de vacunación a “un uso político del tema”.

Lo concreto es que a la denuncia judicial se suman requerimientos tanto en las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, como en el Congreso de la Nación sobre los protocolos diseñados para vacunar a la población correntina. El clima de tensión tuvo una nueva escalada este miércoles, cuando los diputados peronistas se quedaron sin la posibilidad de hacer uso de la palabra al finalizar la sesión del día para referirse a los pedidos de transparencia en el manejo de la pandemia. Es que el oficialismo, que es mayoría, abandonó el recinto por segunda vez en una semana y dejó sin quorum la sesión. 

Al respecto, la diputada provincial del Frente de Todos, Alicia Meixner, dialogó con elDiarioAR y sostuvo que “institucionalmente hemos hecho todos los reclamos donde corresponde para que nos expliquen sobre cuál es el orden en la adjudicación de turnos para la vacunación y, en este caso, también pedimos explicaciones sobre el bochornoso episodio del ministro Cardozo”. 

Meixner insistió en que es imprescindible que se conozca públicamente el orden establecido para la vacunación, ya que en las últimas semanas se sumaron reclamos de profesionales de la salud y de pobladores del interior de la provincia de Corrientes, al desconocerse el sistema para la adjudicación de turno. “Queremos que sea trasparente”, dijo y explicó que se presentó un proyecto de ley para que se publiquen los nombres de las personas que ya fueron inmunizadas: “Puede haber una discusión legal, pero cuando la Nación lo hizo, no hubo ningún planteo de inconstitucionalidad”.  

Sobre el transporte irregular de las vacunas, Meixner reiteró las dudas que aparecen en la denuncia: Cardozo no circulaba en un vehículo adecuado, iba en dirección contraria a la declarada, esa mañana hubo un vuelo sanitario hacia la ciudad de Goya que podría haber trasladado de forma segura las vacunas, entre otros puntos. “Las explicaciones no nos cierran. Una siente que insultan nuestra inteligencia. Y la inteligencia del pueblo. Lo que se reclama es transparencia”, finalizó.

En esa misma línea, la senadora nacional Ana Almirón (FdT) dijo a elDiarioAR que presentó un pedido de informes a la ministra de Salud de la Nación, CarlaVizzotti, acompañando el requerimiento de la Comisión de Salud del Senado, firmado por Cambiemos, para que brinde explicaciones sobre las vacunas. “En el mismo pedido, solicité información sobre Corrientes porque nosotros no sabemos cuál es el protocolo de actuación de la provincia, ni cómo se distribuyen las vacunas, cuál es el cronograma. Sólo tenemos información nacional, y queremos saber los lineamientos bajados de la Nación a la provincia sobre la conservación, recepción y distribución de las vacunas”, concluyó.  

Más allá de los reclamos de la oposición, de la reciente denuncia judicial y de la persistencia del descontento que se replica en las redes sociales, el ministro Cardozo permanece indemne en su cargo frente a Salud Pública, como una declaración de principios del propio gobernador Valdés y un respaldo al funcionario que heredó de su mentor: el ex gobernador Ricardo Colombi. 

ADLR

María Eva Andreotti y su pareja, Gonzalo Cornejo, recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V. Ella es hermana de Juan Andreotti, intendente de San Fernando. Y él, su cuñado. Ambos ocupan cargos en el municipio. Andreotti tiene 41 años e integra la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente desde el 4 de enero, fecha en que fue publicada su designación en el Boletín Oficial. Cornejo ronda los 44 y es secretario de Modernización y Gestión Informativa, área que tiene como objetivo utilizar tecnología como nexo entre el Municipio, los vecinos y visitantes.

No integran el grupo en riesgo ni tienen la edad necesaria para recibir la vacuna. Tampoco están la frente de algún programa local que los exponga al virus. María Eva tuvo coronavirus en octubre.

De acuerdo al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), la primera vacuna la recibieron ambos el 16 de enero. El 11 de febrero, Cornejo recibió la segunda dosis. El día posterior, 12 de febrero, fue el turno de Andreotti. La inoculación se realizó en el hospital local Petrona de Cordero.

Andreotti fue subsecretaria de la Secretaria de Salud de San Fernando. El 4 de enero, de acuerdo al Boletín Oficial, la designaron en el nuevo cargo. No es personal de salud. Se dedicó, hasta ocupar una función pública, a manejar los locales de ropa que su familia tenía en San Fernando y al diseño de modas. A mediados de octubre contó en sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus.

Cornejo se negó a responder las preguntas de elDiarioAR. Pidió, a cambio, que nos comuniquemos “el jueves así lo agarramos en la oficina bien tranquillo” dado que “se tomó una semana en San Juan”. “Te agradezco el llamado pero estoy de vacaciones y trato de desestresarme unos minutos”, dijo. Cuando este medio le explicó que se trataba de un tema que atañe a la salud pública cortó el llamado.

elDiarioAR se comunicó al celular de María Eva a las 10.22 de la mañana del miércoles. Atendió su secretaria, quien explicó que Andreotti estaba ocupada en una reunión. A pesar de la insistencia, no devolvió los llamados. Tampoco el Jefe de Prensa municipal, Horacio Telias.

Juan Andreotti, actual intendente, es hijo junto a María Eva del ex intendente de San Fernando entre 2011 y 2019, Luis Andreotti, un hombre cercano a Sergio Massa. A punto de cumplir 70 años, su hijo lo sucedió en el cargo. La gestión de Luis Andreotti tuvo una alta aprobación de los vecinos. En 2016, de acuerdo a una encuesta de la consultora privada Aresco, el 78,7% de los habitantes de San Fernando valoraron positivamente su mandato. Ese dato lo ubicó primero en el ranking de jefes comunales del AMBA. Luis Andreotti también se vacunó. Lo hizo bajo el registro de “personal de salud”. Desde el entorno lo justificaron: “Es una persona de riesgo, tiene tres stents y es hipertenso”.

VDM

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este jueves que “no hay vacunatorio VIP, ni ningún tipo de privilegios” en el orden de inmunización contra el coronavirus dispuesto por la provincia de Buenos Aires y consideró que está “saldada” la discusión sobre la invitación formulada a la ensayista Beatriz Sarlo a participar de una campaña de concientización.

“Es una discusión saldada; las palabras ya fueron retractadas, pero hacen daño; lo importante es darle tranquilidad a la gente y que sepa que no hay ningún vacunatorio vip, ni ningún privilegio”, expresó Bianco.

Sarlo “hizo lo que corresponde”, opinó Bianco en declaraciones a Radio Nacional, al referirse a la retractación de la escritora ante la justicia, tras haber expresado previamente a la prensa que le habían ofrecido la vacuna contra el coronavirus “por debajo de la mesa”.

Frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, la ensayista relató hoy que “a fines de enero”, la contactó su editor y que por lo que ella entendió “desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente” porque en “ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”.

Bianco pidió entender el contexto en el que la provincia lanzó la campaña de concientización y advirtió que apenas llegaron las vacunas Sputnik (Elisa) Carrió “decía que eran veneno” y hasta “se lo denunció penalmente al Presidente” Alberto Fernández.

“Los editorialistas de los principales matutinos porteños decían que no creían que (la vacuna) fuera buena, una vacuna aprobada por el ANMAT, que es el organismo certificador de tecnología médica y referente en todo Latinoamérica”, reseñó.

Contó que, ante ese escenario, el Gobierno bonaerense lanzó una campaña de concientización “para que la gente confíe” y en el que estaba previsto destinar unas 100 dosis a personalidades de la cultura, del arte, del deporte y del espectáculo, entre otros.

“Por suerte le ganamos a la campaña antivacuna con la discusión pública, con la vacunación del gobernador (Axel Kicillof) y los intendentes y hoy tenemos algo más de 4 millones de personas anotadas” para recibir las dosis.

Sobre la situación sanitaria de la provincia, Bianco resaltó que en el último año el sistema de salud “fue multiplicado por tres” y que actualmente “la mitad de las camas con respirador están ocupadas con pacientes de todas las patologías” vigentes, más las de Covid-19. “Estamos muy bien preparados ante la posibilidad de una segunda ola”, concluyó.

NB con información de la agencia Télam.

“Es un ataque absolutamente canalla a mi esposa y a mi gobierno”, dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre el episodio del ofrecimiento de una vacuna que denunció la ensayista Beatriz Sarlo y que involucra a su mujer Soledad Quereilhac.

 “Mi esposa no trabaja en mi gobierno. No se vacunó mi mama, ni mi esposa, ni mi suegra. Sólo yo”.

Kicillof defendió la oferta que hizo su mujer Soledad Quereilhac a Sarlo para que accediera a una vacuna Sputnik V en el marco de una campaña fallida.

“¿Qué puede haber abajo de la mesa?”, se preguntó Kicillof en un diálogo con el canal TN. Y leyó el mail que el editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, le envió a Sarlo con la propuesta de Quereilhac. “‘Es es todo por derecha

nada trucho, mucha gente conocida se va a vacunar’“, citó Kicillof a Díaz.

“Lo que están titulando no tiene nada que ver”, aseguró, por el tratamiento de la noticia.

Kicillof aseguró que su mujer no se comunicó en ningún momento con Sarlo. Reconoció sin embargo que pensaron en la ensayista para sumarla a la campaña bonaerense para promover la vacuna Sputnik. “Están ensuciando a mi esposa, que hace 20 años que no habla con Beatriz Sarlo”, dijo y sostuvo: “No es amiga nuestra. Es opuesta al Gobierno”.

La esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires es una reconocida crítica literaria con un doctorado en la UBA. Quereilhac es además docente de la materia Problemas de la literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Conicet. Ha sido alumna de Sarlo, como la propia ensayista dijo ante la justicia, y colaboradora suya en la cátedra Literatura Argentina II, en la misma facultad.

WC

La escritora Beatriz Sarlo, de 78 años, declaró este miércoles como testigo en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus y señaló a la esposa del gobernador Áxel Kicillof, Soledad Quereilhac, ya que dijo que ella fue quien le ofreció la Sputnik V, a través de un editor, recibir la vacuna antes de tiempo.

“No acepté vacunarme porque tengo ética. A la jueza le voy a dar la información”, dijo Sarlo al ingresar a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el Juzgado N°5, de la jueza Capuchetti. Se retiró cerca de las 11.30, sin hacer declaraciones a la prensa.

Según fuentes judiciales, Sarlo relató que fue Quereilhac, doctora en letras, quien le ofreció la gestión. “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa”, había revelado Sarlo en declaraciones televisivas. Hasta hoy no se sabía la identidad de quien lo había hecho. Según el testimonio de Sarlo, el intermediario fue un editor de la editorial Siglo Veintiuno.

“El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, declaró Sarlo ante el fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Convocada como testigo en el marco de la investigación por el “vacunatorio VIP”, Sarlo describió que la invitación “llegó desde provincia de Buenos Aires, a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad Quereilhac”, quien había sido alumna suya en tiempos pretéritos. “Carlos Díaz me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad fue alumna mía, ella se puso en contacto con mi editor”, reiteró la escritora según publica Infobae.com.

Sarlo tiene 78 años, por lo que está dentro del rango etario con prioridad para la vacunación, pero vive en la Capital Federal y ella entendió que la oferta era para inocularse la Sputnik V en territorio bonaerense. “Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia”, refirió.

En ese contexto, aclaró: “Nunca me dijeron el lugar donde me iba a vacunar”. Y ante una pregunta concreta especificó que “nunca se mencionó el Hospital Posadas”, uno de los lugares donde presuntamente ocurrieron las irregularidades.

La declaración

Los mails entre Sarlo y su editor

Las explicaciones de la esposa de Kicillof

NB

Ricardo Cardozo es médico pediatra, nacido en la pequeña localidad de Sauce al sur de la provincia de Corrientes, y se desempeña como funcionario del Ministerio de Salud de Corrientes desde 2001. Llegó de la mano del entonces gobernador Ricardo Colombi, que lo sumó como jefe de Recursos Humanos primero y Subsecretario de Salud Pública. En diciembre de 2015 asumió como ministro en reemplazo del Julián Dindart, otro célebre funcionario correntino que pronunció con insistencia la máxima de que las mujeres pobres se “embarazan por un plan”.  

Cardozo tiene 66 años, y en la última década pudo sortear cuestionamientos por su accionar en la función pública. Las últimas controversias estuvieron vinculadas a su oposición férrea a la legalización del aborto, incluso fue cuestionado por Amnistía Internacional por ni siquiera habilitar el protocolo de Irrupción legal del Embarazo (ILE) en la provincia que se declaró “provida”. En una entrevista con Clarín en 2019, Cardozo llegó a dudar de las mujeres y niñas que solicitan la ILE argumentando que: “No sabemos si son violación”. “Hay que ver si es así, si la mujer dice que el embarazo le afecta psicológicamente, hay que investigar, lo mismo que si dice que fue violada, hay que investigar”.

Otra de las controversias que logró eludir fue netamente política. En 2017, antes de las elecciones provinciales se filtraron audios de Cardozo amenazando a una enfermera con “trasladarla” como represalia por negarse a ser candidata por el oficialismo. Meses más tarde, el funcionario cumplió su amenaza y Luz María Quintana, la enfermera en cuestión, fue reubicada compulsivamente. Sin embargo, uno de los mayores escándalos del ministro de larga duración puede que aún no haya salido a la luz.