Luis Caputo se reunió este martes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Tailandia, en un encuentro en el que ambas partes repasaron la marcha del programa económico argentino y acordaron continuar las negociaciones para completar la tercera revisión del acuerdo. La reunión se produjo en medio de versiones sobre tensiones dentro del equipo económico que el presidente Javier Milei salió a desmentir públicamente durante las últimas horas.

“Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos”, escribió el ministro de Economía en su cuenta de X. Según su relato, Georgieva fue especialmente elogiosa de la política fiscal del Gobierno, a la que calificó como “ejemplar en el mundo”, incluso frente a los shocks que atraviesa la economía internacional.

“Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, agregó Caputo, sin precisar plazos para la conclusión de las negociaciones. La continuidad de las conversaciones técnicas aparece así como el principal resultado concreto del encuentro, más allá de los elogios que el ministro atribuyó a la titular del organismo.

El reconocimiento de Georgieva contrasta, sin embargo, con las últimas proyecciones económicas del propio Fondo. En la actualización de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO), difundida en el marco de las reuniones con el Banco Mundial en Tailandia, el organismo recortó sus previsiones de crecimiento para la Argentina: estimó una expansión del PBI del 2,1% en 2026, frente al 3,5% que anticipaba en abril y julio, y del 3,5% para 2027, medio punto menos que en sus cálculos anteriores.

El FMI también corrigió al alza sus pronósticos de inflación. Para este año proyectó un 32,5%, mientras que para 2027 estimó un 21,2%, por encima del 15,7% que esperaba en abril. La revisión introduce un dato incómodo para la Casa Rosada de cara al próximo año electoral, mientras el país continúa bajo un acuerdo de facilidades extendidas por US$ 20.000 millones y acumula una deuda con el organismo de aproximadamente US$ 56.700 millones, la más elevada entre sus países deudores.

Vínculo “simbiótico”

La reunión con Georgieva, de la que también participó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encontró a Caputo lejos de Buenos Aires, pero en el centro de las conversaciones políticas de la Casa Rosada. Durante los últimos días circularon versiones sobre diferencias puertas adentro del equipo económico, que llevaron al propio Milei a intervenir públicamente para respaldar a su ministro. El Presidente rechazó los rumores y aseguró que mantiene con Caputo una relación “simbiótica”, en un intento por despejar las dudas sobre el vínculo entre ambos.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa”, respondió Milei durante una entrevista con Radio Mitre, al ser consultado sobre una eventual salida del ministro de Economía. El Presidente fue todavía más enfático al referirse a las versiones que circularon mientras Caputo negociaba con el Fondo: “Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con la directora gerente del FMI. Es una canallada, es traición a la patria”. También buscó dejar en claro quién conduce el programa económico: “Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”, afirmó, y aseguró que ambos mantienen una visión “perfectamente alineada” sobre el rumbo de la gestión.

El respaldo presidencial llegó en momentos en que el Gobierno busca sostener la cohesión de su equipo económico mientras avanza con las negociaciones internacionales y enfrenta una agenda legislativa que también requiere acuerdos políticos. En ese escenario, la defensa de Milei buscó transmitir que la conducción económica continúa alineada con las decisiones de la Casa Rosada.

Lógicamente, Caputo tampoco participará este martes de la reunión de la mesa política del Gobierno, convocada en la Casa Rosada para continuar con el seguimiento de la agenda parlamentaria. Su ausencia se produce mientras el oficialismo intenta avanzar con dos de sus principales prioridades legislativas: el Presupuesto 2027 y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

PL/MG

El presidente Javier Milei ratificó este lunes a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y rechazó las versiones sobre una posible salida del funcionario. Además, aseguró que el Gobierno cuenta con US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre. También calificó de “disparate total” la posibilidad de reemplazarlo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada.

“Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, sostuvo el mandatario, quien negó que existan diferencias entre el ministro y la mesa política del oficialismo. “Nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, agregó.

Los rumores sobre una posible salida del titular de Economía volvieron a circular en los últimos días, luego de su ausencia en una reunión de Gabinete en la que participó Ades. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también había descartado un relevo en el Ministerio de Economía.

“No hay ninguna duda en la continuidad de Toto”, sostuvo Menem en una entrevista televisiva. El legislador atribuyó las versiones a operadores que, según dijo, buscan debilitar al Gobierno.

Los dólares para enfrentar una corrida

Milei aseguró que no espera una corrida cambiaria, pero que el Gobierno está preparado para enfrentarla. “Tengo 125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó.

Para fundamentar esa cifra, mencionó vencimientos de deuda en manos de tenedores locales, acuerdos de refinanciación con organismos internacionales y otros países, compras de divisas del Banco Central, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos y operaciones de dólar futuro. También incluyó el superávit comercial y los posibles ingresos de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“No espero una corrida, pero me preparo”, insistió el Presidente, quien agregó que “los dólares nos salen por las orejas”.

Milei negó una recesión y habló de la reelección

Durante la entrevista, el mandatario rechazó las interpretaciones que describen un estancamiento de la economía y sostuvo que la situación varía según los sectores y las provincias. En ese sentido, destacó el desempeño de los distritos que adhirieron al RIGI y cuestionó a los gobiernos de Buenos Aires, La Rioja y Formosa por no haberlo hecho.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló.

Milei también negó que exista un problema de empleo y celebró lo que definió como una “explosión del empleo informal”. A la vez, cuestionó los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al sostener que no reflejan los cambios estructurales de la economía. No anunció modificaciones concretas en las mediciones oficiales.

En el plano político, confirmó su intención de competir por un segundo mandato en 2027. También anticipó que buscará acuerdos electorales con gobernadores que compartan su programa de desregulación y ratificó su intención de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Es falso, hay algunos malintencionados que hacen circular eso”, dijo sobre las versiones de diferencias internas en torno a la estrategia electoral. Y concluyó: “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección”.

Cuando presentó en París la semana pasada el Programa de Ciudadanía por Inversión, Luis Caputo eligió un lugar para fijar su origen: Sun Valley. El ministro de Economía contó que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años”, donde, según su relato, empresarios tecnológicos les pidieron a él y a Javier Milei que habilitaran la posibilidad de acceder al pasaporte argentino. Es la única pista oficial sobre quién reclamó el régimen que hoy permite naturalizarse por US$350.000 sin haber vivido en el país. Y remite a uno de los viajes más reservados de la gestión.

Milei viajó a Sun Valley, Idaho, entre el 11 y el 15 de julio de 2024, para participar de la conferencia anual de Allen & Company, el banco de inversión que desde hace más de cuatro décadas reúne cada verano a los dueños de las mayores compañías de tecnología, medios y finanzas de Estados Unidos. La prensa estadounidense la llama “el campamento de verano de los multimillonarios”. La lista de invitados es cerrada, no se permiten cámaras y rige una regla que el empresario argentino Martín Varsavsky, asistente habitual, resumió así: “Todo lo que pasa ahí, queda ahí”.

Esa regla rigió también para el Gobierno. Ese año asistieron, entre otros, Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos, Bill Gates y Bob Iger (Disney). La Casa Rosada no informó con cuáles de ellos se reunió el Presidente. La agenda oficial difundida antes del viaje incluía solo un encuentro con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; una exposición de 25 minutos ante los asistentes, y una reunión con Herbert Allen, titular de Allen & Company. Del resto no hubo información ni fotos. Según publicó en su momento el diario La Nación, el vocero Manuel Adorni atribuyó el silencio a las condiciones impuestas por los organizadores, y en Casa Rosada advirtieron que “si se filtra información no renuevan las invitaciones”.

La comitiva estuvo integrada por Caputo y el entonces jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, organizador de la gira, además del embajador en Washington, Gerardo Werthein. También estaban en Sun Valley los empresarios argentinos Marcos Galperin (Mercado Libre), Wenceslao Casares y Martín Migoya (Globant), además de Varsavsky, quien afirmó en redes que había tenido un encuentro a solas con el Presidente. En su exposición, según la cobertura de esos días, Milei defendió la reducción del Estado y presentó a la Argentina como destino seguro para las inversiones.

El viaje tampoco fue barato. Como el avión presidencial tenía vencido su permiso de vuelo, la comitiva viajó en un Gulfstream alquilado a la empresa Flyzar. Según la respuesta a un pedido de acceso a la información publicada por el sitio LetraP, el chárter costó US$ 376.000; los viáticos de los acompañantes, $4,1 millones, y el alojamiento, otros $8,3 millones.

La versión de Caputo agrega una pieza a la cronología del “pasaporte dorado”. Diez meses después de Sun Valley, el 28 de mayo de 2025, el Gobierno firmó el DNU 366, que incorporó la ciudadanía por “inversión relevante” a la Ley 346 y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión en la órbita de Economía. Por esas semanas, según los registros de ingreso a la Casa Rosada que ya publicó elDiarioAR, el CEO de la consultora británica Henley & Partners, Juerg Steffen, se reunía en la Jefatura de Gabinete con Guillermo Francos y Lisandro Catalán. La firma asegura haber mantenido reuniones con el Gobierno durante “los últimos 18 meses”. En diciembre, Economía llamó a un concurso internacional para contratar a una consultora que diseñara y promocionara el programa. Henley ofreció hacerlo por hasta US$ 25 millones, perdió, impugnó y el concurso terminó anulado.

La referencia a Sun Valley se cruza con la principal crítica opositora. La diputada Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, sostuvo que el régimen “fue pedido por muchos empresarios de Silicon Valley que necesitan venir a comprar tierras argentinas”, en referencia a la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros dispuesta por el DNU 70/2023.

El Gobierno lo niega y presenta el programa como una herramienta para atraer capitales. Pero el propio ministro ubicó el pedido en un encuentro de magnates tecnológicos. De hecho, el 16 de marzo pasado, Milei y Caputo recibieron a Herbert Allen Jr. en Olivos, titular de Allen & Co. En la edición de este año de Sun Valley estuvo Peter Thiel, dueño de Palantir, el tecnofascista cercano a Milei que se instaló en una mansión en Barrio Parque.

La pregunta que el Gobierno no respondió es la más simple: quiénes pidieron en su momento el pasaporte argentino. Caputo no dio nombres en París, y el carácter reservado de la cumbre, que el Ejecutivo invocó en 2024 para no informar la agenda presidencial, vuelve a funcionar como respuesta.

El programa de “pasaporte dorado” argentino que el ministro Luis Caputo presentó como una propuesta de avanzada de una economía floreciente tenía un negocio de varios millones de dólares detrás.

El estudio británico que se presenta como asesor del Gobierno en la venta de la ciudadanía nacional le ofreció formalmente al Ministerio de Economía hacerse cargo del diseño, lanzamiento y promoción internacional del programa de “pasaportes dorados” a cambio de hasta US$25 millones. La oferta de Henley & Partners consta en el Concurso Público Internacional N° 34-0001-CPU25, que tramitó en el portal oficial de compras del Estado, Compr.ar, entre diciembre de 2025 y abril de este año, según corroboró elDiarioAR.

Ese concurso avanzó, Henley quedó como una de las dos finalistas, pero no llegó a adjudicarse. La firma quedó en segundo lugar, detrás de un competidor mucho más económico. Impugnó el dictamen y, semanas después, Caputo firmó la resolución que dejó todo sin efecto. El viernes pasado —a seis meses de caída de la licitación— el ministro anunció en París la puesta en marcha del programa y la firma británica celebró el lanzamiento como confirmación de que su gestión dio “frutos”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners el mismo viernes.

Como informó elDiarioAR, el estudio británico se presenta como líder indiscutido de la venta de pasaportes, una actividad que lo vio envuelto en controversias que involucraron a paraísos fiscales y postulantes provenientes de negocios turbios o directamente delictivos.

La firma con oficina central en Londres fue la concesionaria del programa de ciudadanía de Malta, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario en 2025 por tratarse de una naturalización de carácter “transaccional”. Una investigación del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) documentó además que la empresa gestionó ciudadanías caribeñas para clientes que luego fueron acusados de fraude y lavado. Su CEO, Juerg Steffen, ingresó dos veces a la Casa Rosada en 2025, para reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Lisandro Catalán: dos semanas después del DNU que creó el régimen y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

Cobrar por cada pasaporte

El llamado a licitación fue rubricado por el propio Caputo mediante la Resolución 1915, del 3 de diciembre de 2025, a pedido de la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio. Buscaba contratar por cuatro años un “servicio de consultoría integral para el diseño, implementación, lanzamiento y promoción de un programa de ciudadanía por inversión” para la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), el organismo descentralizado de Economía creado por el DNU 366/2025. El ganador debía armar el programa, escribir sus procedimientos, diseñar la estrategia de difusión internacional y vincularse con los actores del negocio para “asegurar un número suficiente de solicitantes”.

Caputo colocó a su allegado Juan Pazo para monitorear el lanzamiento. Se trata de un funcionario que arrastra problemas por la no declaración de una sociedad en Florida que administra al menos un inmueble pese a que estaba a cargo de ARCA, y por su inscripción en la Inocencia Fiscal, esquema que él mismo motorizó para evitar pagar multas e impuestos durante su paso por el ente recaudador.

En la presentación en París, Caputo resaltó el papel de Pazo en el diseño de la venta de la ciudadanía. Su tarea se formalizó el 1 de octubre y es ad honórem, informaron en Economía.

La propuesta de Henley es elocuente para entender el negocio.

Según las bases de la licitación que no llegó a buen puerto, el Estado no pagaría un honorario fijo, sino una tarifa por cada ciudadanía aprobada. La unidad de medida sería el “informe circunstanciado recomendando la aprobación de la solicitud de ciudadanía por inversión” que emite la Agencia de Ciudadanía por Inversión, con un tope de 5.000 casos y un lapso máximo de cuatro años, lo que ocurriera primero. Los rechazos no se pagarían.

Además, el pliego aclaraba que esa tarifa es “independiente de cualesquiera montos que el oferente pudiera percibir posteriormente de los aplicantes/inversores del programa”: la consultora podía cobrarle al Estado por cada pasaporte otorgado y, a la vez, facturarles a los extranjeros que lo compraran. El único límite era que el Estado no le pagaría por los clientes que ella misma captara.

La firma legal británica se presentó en la licitación a través de Henley & Partners Immigration Services FZCO, su sociedad radicada en una zona franca de Emiratos Árabes Unidos. Cotizó una tarifa creciente: US$2.000 por cada una de las primeras mil ciudadanías aprobadas, US$3.500 por las mil siguientes, luego US$5.000 y US$6.500, y US$8.000 por cada pasaporte en el último tramo. En total, US$25 millones si el programa llegaba a las 5.000 aprobaciones. Respaldó la oferta con un seguro de caución por US$1,25 millones.

¿Diez dólares por pasaporte?

Henley no estaba sola. En la apertura de sobres, el 20 de enero pasado, se presentaron otras cinco ofertas. La más llamativa fue la de Asesorías Legal Advisor Limitada, al frente de una unión transitoria bautizada “Consorcio AAPA” e integrada por Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, una de las principales competidoras de Henley en el mercado mundial de pasaportes. Cotizó US$10 por cada ciudadanía aprobada, y US$50.000 por todo el contrato, una fracción mínima de lo ofertado por la firma británica. Su negocio, se deduce del propio pliego, no estaba en lo que pagara el Estado, sino en lo que cobraría a los inversores.

También ofertaron Latitude Consultancy Malta, con una propuesta llamada “AMIGO: Argentina Movilidad e Inversión Gran Oportunidad”, por US$7,5 millones; Ancova Associates, de Dubái, por US$100 millones; Hong Kong Qian Cheng Business, por US$25 millones, y Salzburg International For Law, por US$34,5 millones.

El 5 de marzo, el entonces secretario Legal y Administrativo de Economía, José García Hamilton, firmó el informe técnico económico. Descartó cuatro ofertas por fallas en las garantías, la solvencia o modificaciones indebidas, y dejó en carrera al consorcio con Arton, con 88 puntos, y a Henley, con 48.

Sobre la firma británica, el informe elogió su experiencia en “al menos siete países”, su sistema de debida diligencia “de cuatro niveles” y sus conferencias globales como “plataforma de presentación” del programa. Pero advirtió que su esquema financiero resultaba “engorroso” para la administración pública y que “la proyección de costos totales del proyecto resultaría elevada”. Ese mismo día, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato al consorcio AAPA.

Los siete países con los que operó Henley, ponderados en el dictamen de Economía, son Malta, Antigua y Barbuda, Granada, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

La impugnación

Henley no aceptó el resultado. Según la Resolución 522/2026, la firma impugnó el dictamen, igual que Latitude. Después de esas presentaciones, la Secretaría Legal y Administrativa produjo un nuevo informe: evaluó que las dos ofertas finalistas eran admisibles, pero sostuvo que subsistían “divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos” y que seguir adelante “podría no asegurar el grado de coherencia, integralidad y articulación estratégica requerido”. El 14 de abril pasado, Caputo firmó la anulación del concurso, sin indemnización para los oferentes, y ordenó devolverles a Henley y a Latitude sus garantías de impugnación.

Consultadas por elDiarioAR, fuentes del Ministerio de Economía explicaron que el proceso se dejó sin efecto porque “se reevaluó la pertinencia operativa del proceso a la luz de los objetivos del programa” y se advirtió “una disociación entre las soluciones propuestas por los oferentes y la complejidad sistémica que demanda su ejecución”.

Una semana después de la anulación, el decreto 285/2026 designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la Agencia, también con carácter ad honórem. Trabaja codo a codo con Pazo. Éste es una figura clave del programa, según dijo Caputo en París, pese a que su designación databa del día anterior.

“No actúa en calidad de nada”

Ante la consulta de elDiarioAR, cerca de Caputo dijeron desconocer cualquier reunión o papel relevante de Henley & Partners. Ahora, frente a la evidencia de que la firma fue oferente en un concurso del propio ministerio, evaluada por su Secretaría Legal y Administrativa y alcanzada por una resolución con la firma de Caputo, la respuesta fue: “No existe ningún vínculo contractual con Henley. Por ende, no actúa en calidad de nada”.

Henley coincide en ese punto. En una respuesta enviada por correo electrónico unas 23 horas después de la consulta de elDiarioAR, la responsable global de Relaciones Públicas de la firma, Sarah Nicklin, afirmó que la empresa “no tiene ni ha tenido nunca ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna calidad”. La ejecutiva de Henley dijo que la firma “se ha vinculado de manera constructiva con representantes del Gobierno argentino y ha compartido su experiencia internacional y su conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto de ciudadanía por inversión de la Argentina”. Y agregó: “Desde el anuncio, hemos visto un fuerte interés de potenciales clientes y asesores a nivel global. Esperamos que ese interés siga creciendo a medida que se publiquen los detalles de implementación pendientes y el programa entre en funcionamiento”.

Es decir: Henley no tiene contrato porque perdió la licitación que buscaba ganar por hasta US$25 millones. Aun así, siguió reuniéndose con funcionarios y, desde el mismo día del anuncio, ofrece el pasaporte argentino a sus clientes.

El pasado 2 de octubre, mientras Caputo y Santilli presentaban el programa en París, la firma difundió que había colaborado con el Gobierno “a través de una serie de talleres y conversaciones”, y publicó en su sitio la oferta “Argentina Citizenship by Investment”, con formulario de contacto y teléfono en Zúrich. Días después subió a Instagram la foto de Steffen en el Patio de las Palmeras: “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires”.

Caputo dijo en París que la idea de la venta del pasaporte argentino surgió de magnates del mundo tecno a los que conoció en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, en 2024, y que a partir de entonces se asesoró con los estudios y firmas que se dedican a ese negocio.

El propio comunicado oficial del anuncio revela que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”.

La cartera de Caputo nunca identificó a esas firmas ni explicó bajo qué figura asesoran, dado que no hay contrato ni licitación adjudicada.

MC/SL

El martes a las 2.45pm, elDiarioAR había realizado consultas específicas por correo electrónico sobre el vínculo de Henley & Partners con el programa de venta de ciudadanía argentina, dado que la propia empresa informó en su web y en redes sociales que había trabajado junto al ejecutivo de Javier Milei durante 18 meses, y comenzó a ofrecer el servicio a clientes. La respuesta de Henley llegó el miércoles a la 1.25pm, luego de publicada la nota.

El texto es el siguiente:

Con más de 25 años de experiencia institucional, Henley & Partners es, por amplio margen, la mayor firma de asesoramiento en residencia y ciudadanía integrada globalmente del mundo. 

Henley & Partners mantuvo un diálogo constructivo con representantes del Gobierno argentino y compartió su experiencia internacional y conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto por Argentina para la ciudadanía por inversión.

Henley & Partners no tiene, ni ha tenido nunca, ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna capacidad.

Desde el anuncio, hemos observado un fuerte interés de posibles clientes y asesores de todo el mundo. Esperamos que ese interés siga desarrollándose a medida que se publiquen los detalles de implementación restantes y el programa entre en funcionamiento.

A su vez, Sarah Nicklin, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Henley & Partners, consideró que la afirmación de este diario de que la empresa “está detrás” del programa de venta del pasaporte argentino “tergiversa el papel”. También cuestionó la información de que Henley fue investigada por “presunto fraude” en el Parlamento británico.

Como citó la nota original, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia —nombre de una periodista asesinada en Malta en 2017— revelaron “que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude”. También se consignó que un directivo mantuvo negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado“.

La nota del FT “no acredita USD55 millones de ganancias empresariales” de la venta de ciudadanía en Malta, que fue cancelada por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, escribió Nicklin.

En cuanto a la investigación en el Parlamento británico, elDiarioAR informó —citando al FT— que se trato de una pesquisa sobre el trabajo en tándem con la empresa matriz de Cambridge Analytica para presuntamente favorecer a gobernantes de San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, que luego habilitarían “cupos para pasaportes”. El texto incluyó la desmentida de la propia Nicklin en cuanto a que “esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”.

También se reprodujeron textuales de Kälin, presidente de la empresa, en honor al equlibrio de las fuentes.

Para la representante de la firma, “el artículo hace después referencia a investigaciones periodísticas sobre determinados clientes históricos y otros asuntos no relacionados, pero esto no sustenta la afirmación de que la propia Henley & Partners haya sido investigada por presunto fraude”.

Ayer, este diario amplió la consulta sobre la intención de Henley de cobrar US$25 millones al Estado argentino a cambio de su asesoría y gestión de interesados en obtener la ciudadanía —una informacion a la que este medio tuvo acceso luego de publicada la nota original—, y cuánto estima que le facturará a sus clientes dispuestos a pagar los US$350.000 que propone el programa del Ministerio de Economía.

Al cierre de esta edición, la firma británica no remitió su respuesta.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa “ciudadanía por inversión” el viernes por la mañana, desde la Embajada argentina en París. La oferta consiste en que un extranjero puede obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000, o la suscripción de un bono por US$800.000. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, celebró el ministro de Economía.

El estudio británico Henley & Partners tenía todo preparado. El mismo día, en simultáneo con el anuncio, la firma publicó en su sitio detalles del programa, con una declaración de su CEO, Juerg Steffen. Valoro “enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso”, dijo.

Sin secretos, la empresa, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la “ciudadanía por inversión”, publicó en su cuenta de Instagram el mismo viernes estar “lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners, en una publicación acompañada de una cuidada producción gráfica.

En un segundo posteo del lunes sobre el tema ofreció pruebas de su colaboración, con una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada. “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos”. La imagen conlleva reminiscencias de aquélla de Hayden Davis y Mauricio Novelli, los jóvenes contratantes de Milei en un negocio cripto, que terminaron montando la presunta criptoestafa $LIBRA desde Casa Rosada, donde se fotografiaron, en el verano de 2025.

Henley & Partners no es un nombre neutro. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía de Malta a cambio de US$640.000, por la polémica generada sobre los receptores del “pasaporte dorado”. Sólo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de 55 millones de euros, según registros del gobierno de Malta, según el Financial Times. Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico —citado por FT— acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos.

Los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero, como detalla Henley & Partners, son: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

El anuncio de Caputo significa sin dudas un hito para Henley & Partners. Como destaca en su página web, el pasaporte argentino brinda tránsito libre por 170 países del mundo y la posibilidad de extender el beneficio “dorado” en la “tercera economía de América Latina” a la familia del interesado, a cambio de US$100.000 por cabeza, o US$25.000 si los hijos son menores de 18 años.

El estatus de libre circulación por el mundo y la condición de una economía mediana es una combinación excepcional entre los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero. Henley & Partners los enumera: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía. Otras economías de mayor peso tienen programas a cambio de residencia, no ciudadanía. “Argentina agrega una nueva dimensión” al negocio, se entusiasmó Dominic Volek, director de Clientes Privados de la firma británica.

En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos de las “numerosas reuniones” de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. Su CEO, Steffen, ingresó dos veces en 2025 a la sede de Gobierno para reunirse en la Jefatura de Gabinete; una con su titular, Guillermo Francos, y la otra con su segundo, Lisandro Catalán. Dichas visitas fueron en fechas sugestivas: dos semanas después de un DNU que creó el sistema de venta de ciudadanía argentina, y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

(elDiarioAR envió una consulta con preguntas precisas al estudio Henley el 6 de octubre a las 2.45pm. Al día siguiente, 1.25pm, la firma respondió con la aclaración de que “no está detrás” del pasaporte dorado lanzado por Caputo, sino que sólo “compartió experiencias” con el Gobierno, y negó haber sido investigada por “supuestos fraudes”. Una ampliación de la respuesta de Henley será incluida en una futura nota).

“Toda de Caputo”

El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025. El Presidente y los ministros suscribieron una amplia reforma migratoria que, en sus artículos 37 a 42, incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por “inversión relevante”, sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, el texto elevó drásticamente los requisitos burocráticos para obtener la naturalización para extranjeros normales, no dueños de un capital extraordinario, que contaban con una ley migratoria considerada un modelo en el mundo por su apertura.

El constitucionalista Sebastián Guidi escribió en Perfil sobre “esta noción empobrecida de lo que significa ser argentino”. Hasta el decreto 366/25 “había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera... Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: haber realizado una inversión relevante en el país”. 

Dos semanas después del DNU 366, el 11 de junio de 2025, a las 17.16, Steffen entró a la Casa Rosada por Rivadavia 250 para una reunión con Francos. Lo acompañaban Olinda Salguerón y Diego Ortiz de Cevallos, y los tres salieron juntos a las 18.11. Tres minutos después de su ingreso entró Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior.

El 14 de julio, Steffen volvió, esta vez para ver a Catalán, ya vicejefe de Gabinete del Interior. Entró con Ortiz de Cevallos y Salguero, y con Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno. Todos se retiraron a las 11.44. Dos semanas más tarde, el 30 de julio, el Gobierno firmó el Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.

Pese a que la vía registrada de acceso del grupo de Henley & Partners fue la Jefatura de Gabinete, en el Ejecutivo remiten a Caputo como mentor de la iniciativa. Francos y Catalán no respondieron consultas de elDiarioAR; tampoco Santilli. “Es toda de Caputo y de (Juan) Pazo”, dijo una fuente. “Santilli sólo apareció en la foto en la Embajada porque lo llamaron”, resumió otra.

Pazo, ex CEO de las empresas de indumentaria Rapsodia y Caro Cuore, es un hombre de la mesa chica del ministro. Cuando ocupó la silla de la Secretario de Industria, durante 2024, presentó una declaración de bienes que despertó múltiples dudas, informadas en elDiarioAR por Emilia Delfino. En 2025 estuvo al mando de ARCA, pese a que habría omitido declarar una sociedad en el estado de Florida que administraba una propiedad. Pazo fue artífice de la redacción de la ley de Inocencia Fiscal y, tras dejar el cargo en ARCA, se acogió a sus beneficios. Ahora asesora a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners. En la presentación en la Embajada en París, Caputo dijo que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años... (Allí) surgió el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina". Según el ministro, en esa localidad de turismo de sky en el estado de Idaho, tecnomillonarios les pidieron a Milei y a él que habilitara el pasaporte argentino.

Si bien un comunicado oficial del Ministerio de Economía admitió que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”, en la oficina de Caputo desconocen reunión alguna con Henley & Partners.

El diseño institucional del programa es coherente con la versión de que es una creación centrada en Caputo: la agencia que evaluará las peticiones de ciudadanía dependerá de Economía.

Henley trabaja de los dos lados del mostrador: asesora a los Estados en el diseño de sus programas y cobra honorarios a los países anfitriones y a los migrantes por gestionar el pasaporte. En su sitio web, la oferta del programa “Argentina Citizenship by Investment” está expresada en cuatro idiomas, con formulario de contacto, teléfono en Zúrich y la enumeración de las ventajas.

Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. “Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo”, dijo Carignano este martes en un comunicado de prensa.

Sospechas de corrupción

Christian Kälin, presidente de la empresa, consideró ante el FT que “Henley se convirtió en el rostro de la migración por inversión porque creó una industria alrededor de eso”, aunque se lamentó del retroceso en Malta.

El programa maltés entró en crisis en 2017, tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista que investigaba el otorgamiento de ciudadanías compradas.

En 2022, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron, a partir de documentos internos de Henley, que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude. La investigación documentó que el citado Christian Kälin mantenía negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese mismo microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado.

Según OCCRP, entre los clientes de Henley & Partners se encuentran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, postulante para la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009. Al año siguiente fue arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos. Por su parte, Ruben Vardanyan, considerado un “oligarca” ruso, también acusado de lavado, apuntó al pasaporte de ese mismo microestado, junto a ocho miembros de su familia.

El empresario petrolero nigeriano OluwaSeun Ogunbambo contrató a Henley para obtener una ciudadanía en un paraíso fiscal caribeño. Acusado de lavado de dinero y contrabando, se encuentra prófugo desde 2014.

Un comité del Parlamento británico también investigó la relación de Kälin con Alexander Nix, ejecutivo de SCL, la casa matriz de Cambridge Analytica. Según la acusación, SCL incidió en San Cristóbal y Nieves y en San Vicente y las Granadinas para favorecer a sus gobiernos, a cambio de habilitaciones de cupos para pasaportes. “Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”, respondió una vocera de Henley & Partners.

Nix, de Cambridge Analytica, es el mismo ejecutivo que admitió ante el Parlamento británico haber trabajado en 2015 en Argentina para “lograr un cambio político”, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

SL/MC

La nota fue actualizada a las 3pm del 7 de octubre, con la respuesta de Henley & Partners.

El Gobierno puso en marcha un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a través de una inversión, sin necesidad de cumplir previamente con los dos años de residencia continua y legal que exige el procedimiento general.

La iniciativa fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week que se desarrolla en París y comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año.

El denominado Programa de Ciudadanía por Inversión ofrecerá dos alternativas. La primera será realizar un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional. La segunda consistirá en suscribir por US$ 800.000 un título público que será creado específicamente para el régimen.

En este último caso, a diferencia de la contribución al Tesoro, el interesado adquirirá un instrumento de deuda pública. El esquema anunciado no establece como requisito la compra de una empresa ni la realización de un emprendimiento productivo en el país.

Según explicó Caputo, el proyecto comenzó a gestarse hace dos años a partir del interés que, de acuerdo con el ministro, distintos sectores manifestaron por obtener la ciudadanía argentina. El Gobierno señaló además que trabajó con firmas internacionales especializadas en migración por inversión para diseñar el sistema y adoptar prácticas utilizadas en otros países.

Cuánto deberá aportar una familia

El programa permitirá incorporar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo y realicen los aportes correspondientes.

En el caso del cónyuge, el aporte será de US$ 100.000 al Tesoro Nacional. La misma suma deberán pagar los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y no tengan hijos, mientras que para los menores de 18 años el monto será de US$ 25.000 cada uno.

Así, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía por un aporte total de US$ 500.000: US$ 350.000 por el titular, US$ 100.000 por su pareja y US$ 25.000 por cada uno de los hijos.

La inversión, sin embargo, no implicará la concesión automática de la ciudadanía. Todos los interesados deberán atravesar previamente un proceso de evaluación y los fondos tendrán que ingresar a través del sistema financiero formal.

Los controles para acceder a la ciudadanía

La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de la identidad del solicitante y de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, además de un análisis patrimonial y financiero. También se revisarán sus antecedentes penales y reputacionales, el riesgo asociado a su jurisdicción de procedencia y su historial migratorio.

El Gobierno aseguró que el sistema incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Una vez completados los controles, la Agencia elaborará una recomendación que será remitida a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.

Los recursos obtenidos mediante el programa serán destinados, según informó el Ejecutivo, a fortalecer la posición fiscal y financiera del Estado.

El Gobierno presentó la iniciativa como parte de su política para atraer capitales extranjeros y profundizar la integración internacional del país. Caputo sostuvo que las firmas especializadas consultadas tienen “muy altas” expectativas sobre el funcionamiento del nuevo régimen, que quedará habilitado para recibir las primeras solicitudes antes de que termine 2026.

En el cierre del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), su presidente, Santiago Mignone, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se unieron para encender las sirenas contra una “vuelta al pasado”. Mientras el riesgo país subía este viernes otro 2,2%, a 650 puntos básicos, por el creciente temor inversor al impago de la deuda, tanto Mignone, socio de la auditora contable y consultora norteamericana PwC en la Argentina, como Caputo y Santilli alertaron una y otra vez sobre lo que ellos consideran el peligro de desandar las reformas que Javier Milei acometió en los últimos tres años.

Primero habló Caputo, que está en París promoviendo inversiones en la Argentina Week junto al Presidente, ministros, gobernadores y empresarios. Lo hizo en una entrevista grabada con anterioridad en el Ministerio de Economía, en un salón decorado con la Virgen de Luján, en diálogo con el presidente del coloquio, Fabián Kon, CEO del Grupo Financiero Galicia. “Hoy estamos en más de 600 de riesgo país. La mitad es atribuible a un contexto internacional que a todos los países les perjudica en la inflación y la actividad económica. En cualquier otro momento la Argentina no hubiera durado ni cinco minutos”, reivindicó el ministro para decir que el país ahora está mejor preparada para afrontar el salto al mayor nivel en diez meses.

“No es solo eso: también es parte propia, por temor de algunos (inversores) a que se vuelva al pasado”, disparó Caputo. “El temor a volver al infierno”, dijo para volver a las metáforas que días atrás lo llevaron a comparar al gobernador bonaerense y eventual presidenciable, Axel Kicillof, con el “Anticristo”. “No es el escenario base que esperamos, pero sí nos preparamos como si pudiera pasar. Volver a votar el pasado después de los números que tenemos es subestimar al votante argentino”, opinó el ministro, que en otro pasaje destacó que el gobernador peronista y aliado de Catamarca, Raúl Jalil, haya propuesto eliminar el impuesto a los ingresos brutos para la industria. “No se va a volver al pasado”, concluyó a partir de esa iniciativa... Claro que no todos los jefes provinciales cuentan con recursos extra de la minería para compensar esas rebajas de gravámenes.

En el mundo financiero, la analista Ana Gerber Comba, de GMC Valores, atribuye el salto del riesgo país sólo al contexto internacional: “Las subas de tasas de la Fed (Reserva Federal de EE UU) nunca son una buena noticia para los mercados emergentes”, dado que encarecen el crédito a los demás países, “mientras tanto, lo único que parece resistirse a caer es el Brent (barril de petróleo) y sus productos derivados, llevando de la mano una inflación global que vuelve a dar que hablar”. Su compañero de GMC Valores Manuel Caneda relaciona el alza del riesgo país al factor externo, pero también a la falta de recuperación del consumo argentino y su impacto en las elecciones presidenciales de 2027. El colega Marcelo Lipovetzky también refiere al “componente internacional” y al “trade electoral”. Es decir, la probabilidad decreciente de que Milei sea reelecto en 2027.

El ministro coordinadoor Santilli dejó un mensaje grabado pero desde Francia. “Cuando veo al gobernador en Nueva York diciendo que va a dar vuelta todo me pregunto si será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei”, planteó Santilli. “A ese país no hay que volver: el de la destrucción de valor, la brecha, los cepos. El año que viene está en juego volver para atrás o avanzamos. Volver a una economía cerrada, oscurantista y de pobreza extrema o el crecimiento ininterrumpido. El gran milagro mileísta es que el presidente nos sacó del ostracismo”, añadió.

“El empresariado no quiere volver al pasado”, concluyó Mignone en su discurso final del evento de tres días en el hotel Sheraton de Mar del Plata. Abogó por “sostener el esfuerzo realizado, persistir en el esfuerzo de estabilización”. “La estabilidad no es fin en sí mismo, sino la condición necesaria para el crecimiento, que tiene sentido si trae más desarrollo humano, si recuperamos la agenda de ascenso social.”

“Sólo lo lograremos si consolidamos la estabilidad, sostenemos equilibrio fiscal, de la deuda, una inflación compatible con el mundo”, planteó el presidente de IDEA. Después habló de “respeto irrestricto de los compromisos asumidos, sin importar quién ni cuándo se asumieron”, aludió en forma implícita al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que sobre todo se concentró en energía y minería, aunque ahora ha sumado una segunda iniciativa industrial, de la automotriz japonesa Toyota (antes sólo estaba la siderúrgica Sidersa).

Mignone habló de competitividad, productividad, tecnología en tiempos de inteligencia artificial, eliminación de impuestos distorsivos, combate a la informalidad e integración internacional. También de “asegurar la transición con inclusión social, apoyo, capacitación y educación”. Pero advirtió que la “transición con sectores que no la están pasando bien no puede llevar a demonizar la coyuntura sino construir sobre lo hecho”.

AR/MC

El consumo de los hogares en bienes y servicios cayó en agosto un 1,1% en comparación con el mismo mes de 2025, según el Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), publicado este martes. En la medición desestacionalizada, la baja frente a julio fue del 0,8%. El dato corta la mejora que la entidad había registrado el mes anterior y confirma que la recuperación del gasto de las familias sigue sin afianzarse.

El informe muestra una caída desigual entre los rubros. El más golpeado fue Transporte y vehículos, con un retroceso interanual del 11,4% que restó 1,5 puntos porcentuales al índice general. En esa línea, la CAC registró una baja del 18,6% en el patentamiento de automóviles. También cayó Recreación y cultura (-8,2%), que restó 0,7 puntos. En la otra punta, Vivienda, alquileres y servicios subió 4,8% e Indumentaria y calzado creció 4,9%, mientras que el resto de los rubros quedó prácticamente estancado, con una baja del 0,2%.

Entre los datos complementarios, la cámara consignó que el consumo masivo (el segmento de productos de consumo rápido, conocido como FMCG) había caído 2,6% interanual en julio. También señaló un retroceso real del crédito en tarjetas y en préstamos personales y prendarios, y un avance más moderado de los hipotecarios. Es un punto sensible: en los últimos meses, buena parte del consumo de las familias se sostuvo con financiamiento, en un contexto de endeudamiento creciente y aumento de la morosidad.

La CAC puso el foco en los precios. La inflación de agosto fue del 1,7% mensual y acumula 33,5% en los últimos doce meses, y la entidad advirtió que una desaceleración es “fundamental” para mejorar los ingresos reales de los hogares. El diagnóstico describe a una economía en la que el poder de compra todavía no alcanza para sostener un repunte del consumo.

El informe se conoció el mismo día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una presentación ante empresarios y ejecutivos financieros en la que defendió el rumbo del Gobierno sin hacer referencia a la caída del gasto. El funcionario destacó que la inflación se redujo un 84%, que la actividad creció 16,4% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y que la cantidad de personas en situación de pobreza bajó en 12 millones, siempre según sus propias cifras.

El eje de su exposición fueron las reservas. “Teníamos una meta implícita de US$10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar US$17.000 millones”, dijo. Y agregó: “Hoy ya estamos en US$14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los US$20.000 millones de los que habla el presidente”. Según el ministro, “ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos” y también para recomponer las reservas del Banco Central.

“Kirchnerismo, el infierno; Kicillof, el anticristo”

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario de cara al año electoral. “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó, y calificó a quienes reclaman una devaluación como “momias o miserables que solo piensan en sí mismos”. También sostuvo que el Gobierno se va a “concentrar en seguir bajando el costo argentino”.

El ministro volvió a cargar contra el gobernador bonaerense. “El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, la gente lo ve así porque lo es”, dijo, y sostuvo que “la productividad no se genera pagándole sueldos de US$300 a los obreros”.

El optimismo oficial contrasta con lo que muestran el mercado y la economía real. El lunes, el riesgo país subió 27 puntos hasta los 628, su nivel más alto en seis meses, y el Merval cayó 4,8% en dólares. Según reportes del mercado, el Palacio de Hacienda usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para vender bonos y contener la caída. El indicador pasó de 485 puntos el 11 de septiembre a cerca de 630 en poco más de dos semanas. Con las compras de dólares como principal argumento del Gobierno y el consumo de las familias todavía en baja, la brecha entre el relato oficial y el bolsillo sigue abierta.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes su visita a la Argentina para llevar adelante la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno. Si es aprobada, la revisión destrabará un desembolso de US$900 millones, parte de los fondos que aún quedan pendientes para 2026.

El equipo llegó con el comienzo de la primavera y no tendría un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de Asamblea General de la ONU. La misión es encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, quien mantendrá reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno.

La visita coincide con un calendario de pagos exigente. El viernes 25 de septiembre el país enfrenta un vencimiento con el Fondo por US$803 millones. Después quedan un pago de US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

La revisión analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración de Milei. En el plano cambiario, el Gobierno llega con margen: frente a una pauta anual de compra de divisas de US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró más de US$14.200 millones. Respecto del objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, con unos US$9.000 millones.

Las cuentas públicas, en cambio, son el área de mayor complicación. Para 2026 el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), pero durante el primer semestre el Gobierno obtuvo 0,6%, apenas por debajo de la meta semestral de 0,7%. El desvío respondió a la postergación de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas, a la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y al nivel de actividad económica. Para blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión: postergar hasta el 1 de noviembre la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

La misión retoma además las pautas que dejó a fines de julio la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en su paso por el país. Entonces instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios, y puso el acento en despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito y fortalecer el mercado de capitales.

En ese contexto, el bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados le dirigió una carta a Georgieva en la que le pide “un urgente análisis” del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Los legisladores sostienen que el texto “no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”.

La carta está firmada por 21 diputados, autoridades del bloque e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Afirman que el proyecto “muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad”.

El primer cuestionamiento apunta al gasto tributario. El Ejecutivo propone para 2027 un superávit primario de $15,4 billones, que según el propio Mensaje equivale al 1,1% del PBI. Los diputados señalan que ese cálculo no incluye el costo del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742. El régimen tiene 23 proyectos aprobados, en gran medida del sector energético y minero, con una inversión total de US$49.766 millones y 108.450 empleos directos e indirectos. A partir de “diversos cálculos privados”, estiman que el gasto tributario ronda los US$3.359 millones anuales, el equivalente a 0,49 punto del PBI. Esa cifra representa cerca de la mitad del superávit propuesto y, advierten, podría poner “en severo riesgo la consolidación del resultado primario”. Una nota al pie aclara que el costo corresponde al proyecto en “plena ejecución” y que el 47% de la inversión se desembolsa hasta 2028 inclusive.

El segundo punto es la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuyos créditos ascienden a $14,9 billones, en torno al 1% del PBI y casi lo mismo que el superávit previsto. Están justificados de manera vaga como “diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales”. Según la carta, esa imprecisión, sumada a la “endeblez” del cálculo de recursos, “preanuncia un espacio de enorme discrecionalidad potencial” para las autoridades económicas, que podrían ganar flexibilidad “a costa del financiamiento de políticas públicas prioritarias y en desmedro de las decisiones” del Congreso.

El tercer elemento es lo que describen como el “sideral aumento” de la inversión financiera neta: $17,4 billones en 2027 frente a $9,8 billones en 2026, que según la carta “se duplica en términos nominales”. El Mensaje la compone de cinco conceptos: inversiones financieras temporarias, adquisición de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incremento de caja y bancos, adelantos a proveedores y contratistas, y otras inversiones financieras. Los diputados dicen no comprender la razonabilidad de “desfinanciar políticas públicas prioritarias” o de endeudarse para acumular liquidez o financiar inversiones “invisibilizadas”, que carecen de justificación “al menos en el documento oficial”.

Su conclusión es que esos tres puntos “quitan razonabilidad” al proyecto y lo vuelven opaco e incierto en su ejecución. Y le recuerdan a Georgieva que el FMI no solo evalúa el desempeño macroeconómico y actualiza sus proyecciones, sino que también, cuando lo considera, “introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas”.

El Gobierno giró este martes, cerca de la medianoche, al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija en $202,10 billones el gasto total de la Administración Nacional para el año que viene. Es 26,7% menos, en términos reales, que lo que efectivamente gastó el último año de Alberto Fernández en 2023, según un análisis entre el proyecto oficial y la ejecución de años anteriores.

Ese número resume el fenómeno libertario: después de tres años de recortes consecutivos, el Gobierno ya no tiene de dónde seguir ajustando sin tocar el corazón del gasto —jubilaciones, salud, el pago de la deuda—. Hay partidas que directamente tocaron piso. La sección de Vivienda y Urbanismo caen 98,9% contra 2023. El agua potable y el saneamiento, 93%. El fondo que compensaba el salario docente (el ex-FONID) se redujo 99,4% y quedó en apenas $10.000 millones de pesos, sobre los $2,42 billones que representaba hace cuatro años. Directamente desaparecieron del proyecto 2027 programas como Conectar Igualdad, la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género y la Integración Socio Urbana en barrios populares.

Con ese piso ya tocado, el Presupuesto 2027 no revierte el ajuste en cinco áreas centrales. Lo que hace es sostenerlo, con subas reales muy por debajo de lo necesario para recuperar lo perdido, según un detallado análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), organización que armó la plataforma presupuestointeractivo.com, y un cruce de elDiarioAR sobre el proyecto de la llamada “ley de leyes”.

Hay un dato adicional que explica por qué el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más chico. Según el análisis del OCEPP, los recursos totales que calcula el proyecto caen 9,7% en términos reales contra 2026, pese a que la recaudación impositiva sube 8,4%. La diferencia está en que en 2026 el Banco Central le giró al Tesoro 24,42 billones de pesos en concepto de utilidades, una fuente extraordinaria de financiamiento que en 2027 directamente desaparece: ese envío queda en cero.

El proyecto todavía tiene que discutirse en el Congreso. Su primer debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados está previsto para el 7 de octubre.

El Gobierno giró esta noche el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio que alcanzará los $1.847 en diciembre.

Esta propuesta sobre gastos y recursos proyecta tener un equilibrio fiscal ya que contempla un superávit primario de 1,3% del PBI, por debajo de la estimación para este año.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias.

Las principales proyecciones para 2027

El Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2%, luego de una caída estimada del 2,1% durante 2026.

“A nivel sectorial, en 2027, la industria y el comercio se expanden 4,4% y 5,1% respectivamente, mientras que el sector agropecuario crece 0,9%. Los bienes avanzan en promedio 3,9% y los servicios 3,6%”, señala el proyecto.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los US$130.000 millones y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

El Gobierno reconoce el desvío de las metas de 2026

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1%, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3%.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4% para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3%.

Respecto del tipo de cambio previsto para 2027, desde el oficialismo señalaron que el valor de $1.847 “no se trata de una predicción”, sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual y la inflación estimada para el próximo año.

Superávit fiscal como regla

El proyecto establece que el equilibrio fiscal continuará siendo uno de los principales ejes de la política económica durante 2027.

Según los datos oficiales, en el acumulado hasta julio de 2026 el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representa el 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanza el 0,6% del producto.

Para el cierre de 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero de 0,2% del PBI, consistente con un resultado primario de 1,5%.

El Ejecutivo plantea que el equilibrio de las cuentas públicas se mantendrá como una “regla fiscal inalterable” y proyecta alcanzar por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo en las cuentas públicas nacionales.

Recursos y gasto

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

El resultado financiero será de 3,30 billones de pesos.

En cuanto al gasto, se prevé destinar $150.913.491,9 millones a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarán $18.609.176,1 millones.

Los recursos para las universidades alcanzarán los 7,3 billones de pesos.

El análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP)

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, esta vez con Luis Caputo sentado a la mesa y a pocas horas de que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto 2027. El ministro de Economía llevó ante el núcleo político de Javier Milei las principales variables con las que la administración libertaria proyecta atravesar el próximo año, mientras Patricia Bullrich repasó la agenda que el oficialismo intentará empujar en el Congreso: en resumen, estima una inflación de 18% para el año próximo y un dolar que lllegará a diciembre del 2027 en $1.847,6.

El encuentro tuvo así un componente diferente respecto de las últimas reuniones. Con el Presupuesto como telón de fondo, Caputo expuso ante Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Santiago Caputo, entre otros integrantes de la mesa, los números sobre los que estará construido el proyecto y que el Gobierno pretende convertir también en parte de su argumento político de cara a 2027.

Según la presentación del ministro, el Ejecutivo proyecta para el año próximo un crecimiento del PBI del 4%, una inflación de 18% punta a punta, mientras que el promedio lo ubicó en 21,1%, además de un aumento del salario promedio del 25,4%. Se trata, por ahora, de estimaciones oficiales que suponen la continuidad del proceso de crecimiento y una mejora de los ingresos por encima de los precios, dos variables especialmente sensibles para una administración que necesita que la estabilización macroeconómica termine de traducirse con mayor claridad en el bolsillo antes de las elecciones.

“Para 2027 se asume un crecimiento del PIB del 4,0% anual. El tipo de cambio nominal se proyecta en $1.847,6 en diciembre de 2027 (+15,5%) y la inflación desacelera al 18,0% interanual en el mismo período”, dice el texto del proyecto

Los números están en línea con el relato que la Casa Rosada comenzó a ordenar en los últimos días. Milei pretende llegar a la campaña defendiendo los resultados acumulados desde 2023 y discutiendo la percepción de una economía que todavía muestra dificultades en distintos sectores. En ese sentido, el Presupuesto no funcionará únicamente como una hoja de cálculo sobre los ingresos y gastos del Estado: también ofrecerá una primera versión oficial del país que el Gobierno promete para el año en que el Presidente buscará su reelección.

Caputo también anticipó que el proyecto volverá a contemplar un resultado fiscal positivo. El Gobierno sostiene que, de cumplirse esa previsión, la Argentina completará cuatro años consecutivos con superávit en la línea financiera sin encontrarse en default. El equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la principal bandera económica de Milei, aun cuando el debate presupuestario obligará al oficialismo a explicar cómo piensa sostenerlo y, al mismo tiempo, atender las demandas de recursos que llegan desde distintos sectores y las provincias.

Las estimaciones oficiales incluyen además exportaciones por más de US$130.000 millones y un saldo comercial favorable de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones. Para el dólar, el proyecto utilizará un tipo de cambio promedio anual de $1.728.

En la Casa Rosada se ocuparon especialmente de relativizar el alcance de ese último número. Sostienen que no debe interpretarse como una predicción del valor que tendrá el dólar, sino como el resultado de aplicar la inflación estimada para 2027 sobre el tipo de cambio actual. La aclaración busca evitar que una de las cifras más sensibles del Presupuesto termine convertida en una referencia cambiaria para el mercado y, al mismo tiempo, deja al descubierto los límites que el propio Gobierno le asigna a las proyecciones incluidas en el proyecto.

La discusión económica se produce, además, después de que Milei bajara el lunes ante sus funcionarios y legisladores una línea política para encarar el camino hacia 2027. El Presidente reivindicó los resultados de su programa, pidió “cuidar la reputación económica” reconstruida por la Argentina y sostuvo que el oficialismo deberá contrastar sus números con la situación que recibió al asumir en diciembre de 2023. La apuesta oficial será que la discusión electoral se ordene alrededor de esa comparación, más que sobre las dificultades que persistan al final de su mandato.

Del Presupuesto a la agenda electoral

La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al Congreso. Allí tomó protagonismo Patricia Bullrich, quien informó sobre el comienzo del debate en comisiones de la reforma electoral, uno de los asuntos que la Casa Rosada pretende poner en discusión mientras comienza a ordenar las reglas con las que se disputarán las elecciones del año próximo.

La cuestión electoral había aparecido también en las últimas reuniones de gabinete, aunque el Gobierno viene administrando los tiempos de esa discusión en función de una dificultad concreta: todavía necesita construir los votos para avanzar con los cambios que pretende. La intención oficial es modificar el esquema de las PASO y otras reglas electorales, pero sin abrir una batalla parlamentaria antes de asegurarse una mayoría que evite una derrota en el recinto.

Bullrich repasó además el estado del resto de las iniciativas que aguardan tratamiento en el Senado. La agenda parlamentaria será uno de los frentes centrales de las próximas semanas, cuando el oficialismo deberá combinar la discusión del Presupuesto con una acumulación de proyectos que pretende aprobar antes de fin de año y para los cuales, pese al crecimiento de su representación parlamentaria, sigue necesitando negociar con aliados y bloques provinciales.

En ese paquete también aparece la nueva ofensiva del Gobierno alrededor de Malvinas. Durante la reunión se confirmó que esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que el Ejecutivo viene preparando para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.

El proyecto había sido uno de los temas centrales de la mesa política de la semana pasada, cuando participaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno. Su llegada al Congreso abrirá ahora una segunda etapa de la estrategia con la que Milei busca apropiarse de la iniciativa política alrededor de la cuestión Malvinas y llevar la discusión al terreno parlamentario, donde el oficialismo espera que el contenido de la propuesta obligue a la oposición a elegir entre acompañarla o quedar expuesta al señalamiento del Gobierno por rechazar una iniciativa presentada bajo la bandera de la soberanía nacional.

PL

En abril, en el comienzo del segundo trimestre del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió ante empresarios que “los próximos 18 meses” iban “a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. No pareciera que el arranque de esa era dorada haya sido como la que preveía. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el nivel del desempleo y del PBI en ese trimestre y, a partir de los datos del estimador actividad mensual económico (EMAE) del organismo, economistas temen que el periodo abril-junio haya finalizado en contracción. Julio dio mal, agosto tampoco fue nada espectacular... si se encadenan dos trimestres seguidos de baja es técnicamente recesión, pero la mayoría de los analistas que más aciertan por ahora prefieren mantenerse cautos y hablan de estancamiento.

“En agosto hubo un recorte importante de expectativas del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado, que elabora el Banco Central) respecto a cuánto va a crecer la economia en 2026 que refleja una desaceleración de corto plazo”, comenta uno de los más precisos en ese sondeo, que prefiere guardar el anonimato en tiempos en que el presidente Javier Milei descalifica como “mierda humana” a quien lo critique. “Pero no da para una recesión”, aclara.

La consultora Analytica, de Ricardo Delgado, relevó una merma económica del 1,1% en julio, mes en que el Indec detectó que no sólo siguieron cayendo sectores que venían en descenso, como construcción e industria, sino también uno de los que son estrella del modelo libertario, la minería, que también había empeorado en junio. El reporte advierte sobre el retroceso de la producción automotriz y siderúrgica, señales mixtas en el comercio y sólo mejoras en el agro. “Agosto está todavía en análisis, pero no vemos nada espectacular a priori. No sé si habrá tanto como una recesión, pero sí que vamos a reptar en torno a cero”, advierte Delgado. Hasta el primer trimestre del año la actividad en general crecía porque volaban el campo, la minería, los hidrocarburos y las finanzas, mientras bajaban las manufacturas, el consumo y la construcción, sectores que emplean más que los pujantes.

“La economía sí cayó en el segundo trimestre en los sectores relacionados al consumo doméstico y lo preocupante es que en julio la industria cayó”, analiza Mauricio Monge, experto de la consultora británica Oxford Economics. “Difícil decir que vayamos a una recesión, pero el sector doméstico sigue sin despegar. Puede ser que con las nuevas medidas del Gobierno para apuntalar crédito y soltar el tipo de cambio le ayuden a partir de septiembre”, se refiere al incentivo para que los bancos entreguen 18.000 créditos hipotecarios y la intención de bajar las tasas de interés y permitir que al menos el dólar haya superado la barrera de los $1.500.

“En julio dio negativo la producción industrial (-5%) y la construcción (-4,9%), siempre respecto del mes anterior, aunque cifras anuales dieron algo positivo”, sopesa el consultor Orlando Ferreres. “No sé si habrá recesión en este año, pero las cifras nos sorprenden por su fragilidad. La inversión bruta interna fija (IBIF) anda muy mal, nos dio cifras muy bajas, del 11,6% del PBI. Sin esto es difícil crecer. Por eso que el Gobierno quiere concentrarse en la inflación, para bajarla aún más, en julio el 1,7%, fue bastante bajo”, comenta Ferreres, aunque otros colegas suyos advierten de que ese menor índice de precios al consumidor (IPC) resultó posible justamente por el enfriamiento de la economía.

La economista Melisa Sala, de la consultora LCG, sostiene que “el EMAE ya anticipó una caída del 0,9% trimestral desestacionalizada” en abril-junio, pero es “consistente con un crecimiento del 1,6% anual”, “A nosotros nos da caída de 0,8% en julio. No sé si es recesión, pero definitivamente no puede esperarse un crecimiento marcado. De los seis meses con datos en el año, tres fueron con crecimiento y tres con caída. Vemos un dinámica parecida para lo que resta del año”, pronostica Sala.

Ariel Ferrari, economista de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), reconoce que en el segundo trimestre el PBI cayó entre 0,6% y 1%, respecto del periodo anterior. Fundecos prevé, al igual que el consenso de los economistas consultados para el REM, un crecimiento del 2,1% para todo 2026. Ferrari aclara de que depende de una mejora del consumo, pero eso es lo que está en duda para otros de sus colegas.

Un académico que prefiere resguardar el anonimato había pronosticado al comienzo del gobierno de Javier Milei en 2023 que, al igual que en EE.UU. en los 80, la receta antiinflacionaria iba a derivar en una larga y profunda recesión, incluso en una depresión económica. Ahora admite que no todo ocurrió como él preveía, lo atribuye a los cambios de la política económica, pero advierte que el resultado terminó siendo similar al previsto.

AR/MG

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y cuestionó el precio y la calidad de los bienes producidos por la industria nacional. “Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, luego de que el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cuestionara al Gobierno y asegurara que sus funcionarios “no saben lo que es una fábrica”.

Sin mencionar directamente a Moretti, Caputo calificó sus dichos como poco “decorosos” y sostuvo que existe una diferencia entre defender los intereses de un sector y la responsabilidad que tiene como funcionario. “Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro, que había regresado recientemente al país tras reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró además comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”, aunque insistió en que su función es priorizar los intereses generales.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

La defensa de una economía “en dos velocidades”

Durante su exposición, Caputo también defendió el esquema que definió como una “economía en dos velocidades” y sostuvo que el crecimiento de la Argentina estará impulsado fundamentalmente por las exportaciones.

Según explicó, durante años hubo una reasignación de recursos que perjudicó a los sectores con capacidad de generar divisas. “Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, señaló.

En ese sentido, consideró que no necesariamente es negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa situación sea interpretada de manera negativa.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, sostuvo.

Para graficar su argumento, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a tres de los principales jugadores argentinos: Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández. “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”, afirmó.

De esta manera, el ministro defendió la estrategia oficial de priorizar los sectores considerados más competitivos y con mayor capacidad exportadora, en medio del debate con la industria nacional sobre los efectos de la apertura económica y las condiciones que enfrenta el sector productivo.

Con información de la agencia NA

La apertura económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei derivó este miércoles en un fuerte cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamó condiciones para que el sector pueda atravesar la transición hacia una economía más competitiva. El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas de los industriales y defendió la estrategia oficial, al tiempo que cuestionó el precio y la calidad de los productos fabricados en el país.

El contrapunto se produjo en el marco del Día de la Industria. Durante el acto anual de la UIA, realizado en la planta del Laboratorio Elea, en Los Polvorines, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, reclamó al Gobierno la construcción de “un puente” entre la economía actual y el modelo competitivo que busca impulsar la administración de Milei.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, sostuvo Rappallini ante más de 200 representantes de los distintos sectores industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo.

El reclamo estuvo acompañado por una crítica a la situación que atraviesa el sector. Según Rappallini, la producción industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que en algunos sectores las caídas llegan al 30%. Además, aseguró que desde agosto de 2023 se perdieron 90 mil empleos formales.

El titular de la UIA planteó que la economía no puede medirse únicamente por la evolución de la inflación y reclamó una serie de medidas para mejorar la competitividad: reconstruir el crédito, reducir el costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de energía a precios competitivos, reducir la morosidad, desarrollar infraestructura para exportar y avanzar en la modernización laboral.

“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y, en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, afirmó.

El reclamo por la apertura

Uno de los principales puntos planteados por Rappallini fue el impacto de la apertura comercial sobre la industria. El titular de la UIA sostuvo que la integración al mundo expone principalmente a los sectores que producen bienes y servicios transables, entre los que se encuentra buena parte de la industria nacional.

“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las empresas industriales deben enfrentar los precios internacionales mientras continúan afrontando costos locales. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, sostuvo.

Por eso, reclamó herramientas que permitan atravesar la transformación sin alterar el equilibrio fiscal. “Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”, afirmó.

El vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había elevado todavía más el tono de las críticas contra el Gobierno y, particularmente, contra Caputo. Afirmó que los funcionarios nacionales “no conocen el país” ni “lo que es una fábrica” y cuestionó el rumbo de la política económica.

La respuesta de Caputo

Horas después, durante una exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo respondió a los cuestionamientos de la UIA y sostuvo que su responsabilidad como ministro es defender los intereses de los consumidores.

“Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, afirmó.

Aunque no mencionó directamente a Moretti, el ministro calificó sus declaraciones como poco “decorosas” y aseguró comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

Caputo defendió además la apertura económica y el esquema que definió como una “economía en dos velocidades”. Según explicó, el crecimiento de la Argentina estará impulsado principalmente por las exportaciones y por los sectores que cuentan con ventajas comparativas y capacidad para generar divisas.

“Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, sostuvo.

El ministro consideró que no es necesariamente negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa dinámica sea presentada como un problema.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, afirmó.

Para explicar su posición, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández: “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”.

El contrapunto entre el Gobierno y la principal entidad industrial del país quedó así concentrado en dos visiones sobre la apertura económica: mientras la UIA reclama condiciones y herramientas para que las empresas puedan competir con el mundo sin quedar expuestas a una estructura de costos que considera desfavorable, el Gobierno sostiene que la economía debe orientarse hacia los sectores más competitivos y con mayor capacidad de generar exportaciones y divisas.

El acto por el Día de la Industria también estuvo marcado por la escasa presencia del Poder Ejecutivo. De los funcionarios nacionales, el único representante fue Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Con información de la agencia NA

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las actividades vinculadas al G20 de Finanzas, con el objetivo de profundizar la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.

Durante el encuentro los funcionarios repasaron la agenda económica de ambos países y avanzaron en temas de interés común, en línea con el estrecho vínculo que mantienen los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

La reunión se produjo luego de la participación de ambos funcionarios en las actividades del G20 de Finanzas. Antes del encuentro con Caputo, Bessent había realizado una exposición en la que destacó el proceso económico que lleva adelante la Argentina y el respaldo que el Gobierno de Milei obtuvo en las últimas elecciones.

El respaldo de Bessent al programa argentino

Durante su exposición, Bessent sostuvo que la Argentina está atravesando una “oportunidad histórica” y vinculó el proceso político y económico del país con cambios que, según su interpretación, también se observan en otras naciones de la región. “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, afirmó el funcionario estadounidense.

En ese sentido, destacó el respaldo obtenido por Milei entre sectores de menores ingresos y los jóvenes y señaló: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”.

Bessent agregó que esos cambios también podían observarse, a su criterio, en países como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Las declaraciones fueron valoradas por Caputo, quien posteriormente las compartió en su cuenta de la red social X. “Es un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, señaló el ministro de Economía.

La agenda bilateral y la situación en Medio Oriente

Durante la reunión a solas, Caputo y Bessent también repasaron distintos aspectos de la relación entre la Argentina y Estados Unidos y analizaron el escenario internacional. Uno de los temas abordados fue la crisis en Medio Oriente y sus posibles consecuencias sobre los mercados globales y las economías nacionales.

En ese contexto, Bessent tiene participación en la definición de la política económica y comercial de Estados Unidos frente a Irán, además de desempeñar un papel central en las medidas adoptadas por la administración de Trump en materia económica.

La situación en torno al estrecho de Ormuz, las posiciones de China y las críticas expresadas desde distintos sectores de la Unión Europea forman parte del complejo escenario internacional que puede repercutir sobre los mercados y las variables económicas.

El encuentro entre Caputo y Bessent se inscribe así en la agenda de coordinación que ambos gobiernos vienen desarrollando, con especial énfasis en las cuestiones económicas y financieras.

Con información de la agencia NA

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien analizó la agenda económica de la Argentina y los avances alcanzados por el Gobierno para consolidar la estabilidad y apuntalar el crecimiento.

El encuentro se produjo en la previa de la participación de Caputo en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Caputo destacó el encuentro a través de su cuenta de X: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.

Junto al ministro participaron de la reunión el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

La agenda de Caputo en el G20

Durante las reuniones del G20, Caputo defenderá los resultados de la política económica del Gobierno y expondrá sobre la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento de la economía argentina.

El ministro también participará de encuentros en los que se abordarán distintas cuestiones vinculadas con la economía mundial, entre ellas la evolución del crecimiento global, la deuda soberana, los desequilibrios económicos internacionales, la educación financiera y las políticas de prevención del fraude.

La participación argentina se da en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su estrategia basada en el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento, al tiempo que procura mantener el respaldo internacional para avanzar con las reformas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Milei.

El respaldo de Estados Unidos

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo también buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La eventual reunión se produciría luego de un año de respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico del Gobierno argentino y en un contexto marcado por la asistencia financiera estadounidense que permitió a la Argentina defender su posición frente a momentos de tensión en los mercados.

Para Caputo, el viaje representa además una oportunidad para presentar ante las principales economías del mundo el rumbo que sigue la Argentina y fortalecer el diálogo con sus principales aliados internacionales.

En particular, el Gobierno considera central sostener el vínculo con las autoridades económicas de Estados Unidos, mientras busca consolidar el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento como ejes de su programa.

Con información de la agencia NA

Este lunes 31 de agosto vence el plazo para que los funcionarios públicos nacionales presenten su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025. La fecha, que originalmente vencía antes, fue prorrogada por la Oficina Anticorrupción (OA) mediante la Resolución 7/2026 del 16 de julio, con el argumento de que ARCA había extendido hasta el 27 de julio el plazo para presentar Ganancias y Bienes Personales, y eso dejaba apenas cuatro días para completar la declaración patrimonial. Fue la última de una serie de prórrogas que este año coincidieron, en el calendario, con el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que terminó por costarle el cargo a Manuel Adorni.

elDiarioAR accedió y analizó las declaraciones juradas 2025 —presentadas ante la OA entre julio y agosto de este año— de siete funcionarios: el presidente Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. A eso se suma la declaración inicial que Diego Santilli presentó en diciembre, al asumir como ministro del Interior. El resto de los de los funcionarios de primera línea aún no presentaron: Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; Pablo Quirno, canciller, y Mario Lugones, ministro de Salud.

Caputo declara un patrimonio neto casi 66 veces mayor al del propio Presidente, y más de 560 veces mayor al de Karina Milei, la funcionaria con más poder de decisión del organigrama después de su hermano, pero con menos riqueza declarada.

El ranking: quién tiene qué

Cada declaración jurada informa los bienes y las deudas al inicio y al cierre del año calendario. Restando deudas a bienes se obtiene el patrimonio neto en cada punta; la diferencia entre ambos —convertida a dólares al tipo de cambio oficial de cada fecha— muestra si el patrimonio creció o se achicó en términos reales, más allá de la inflación en pesos.

Caputo, con casi todo afuera

El patrimonio neto de Luis “Toto” Caputo cerró 2025 en $19.487 millones de pesos, unos US$13,17 millones al tipo de cambio oficial. Es, por lejos, el funcionario más rico del grupo analizado: más de cinco veces el patrimonio de Sturzenegger, que ocupa el segundo lugar, y 66 veces el de Milei.

La declaración de Caputo —presentada como “Rectificativa 1” el 29 de agosto, dos días antes del vencimiento del plazo— detalla depósitos en el exterior por unos $12.400 millones de pesos (unos US$8,4 millones), la enorme mayoría en una cuenta corriente en dólares, más una participación de $888,5 millones en Ancora Investments L.P., un vehículo de inversión radicado afuera. Según el propio documento, más del 95% de sus depósitos bancarios están fuera del país.

En bienes locales, Caputo mantiene el departamento familiar de 365 m² en Recoleta —de su propiedad desde 2004—, una cochera, dos lotes en Pilar y Benavidez, una propiedad heredada también en Recoleta y un campo en Alberti que la declaración consigna con una superficie de 81.530.000 m² (unas 8.153 hectáreas), incorporado en 2016 y valuado en $1.290 millones; un dato que, por su magnitud, amerita una verificación aparte. Entre los rodados figuran una embarcación a motor, un gomón, un cuatriciclo y dos utilitarios Kia Carnival.

Karina Milei: el patrimonio más chico del organigrama más poderoso

En el otro extremo está Karina Milei. La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia —con más poder de facto sobre nombramientos y decisiones de gobierno que buena parte de los ministros— declara el patrimonio neto más bajo de los siete funcionarios relevados: US$23.205 al cierre de 2025, apenas por encima de un departamento con cochera en Vicente López que es, según su DDJJ, prácticamente todo su patrimonio.

Es también el que más creció en términos porcentuales: +225% en pesos y +131% en dólares en un solo año, aunque partiendo de una base muy baja. La declaración no explica el origen de ese salto más allá del incremento consignado en depósitos en caja de ahorro.

La herencia uruguaya de la funcionaria que audita los decretos

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia desde abril de 2025 —la oficina que revisa la legalidad de decretos, resoluciones y designaciones de todo el Poder Ejecutivo—, más que duplicó su patrimonio neto en dólares durante el año: de US$120.397 a US$177.423 (+47,4%).

El salto se explica casi por completo por una herencia: su declaración consigna el ingreso de una cuenta comitente en Uruguay, a nombre de terceros con un 90% de participación a su favor, por un valor de $142,4 millones de pesos (unos US$96.000 al cierre del año), bajo el rubro “herencia”.

Pettovello, Monteoliva y Milei: crecimientos moderados

El resto del Gabinete relevado muestra variaciones más acotadas. Sandra Pettovello —tres departamentos en Capital Federal, dos de ellos alquilados— pasó de US$124.185 a US$131.315 (+5,7% en dólares). Pettovello también vendió en 2025 su Volkswagen Fox 2017, valuado en $8,8 millones al inicio del año: en su lugar declaró US$6.000 en efectivo al cierre, la misma cifra que —según indicaron fuentes de la ministra— corresponde al precio de venta del auto. En su declaración figuran, además, $16,8 millones bajo el rubro “Bienes recibidos por herencia, legado o donación”, la misma categoría que usó Ibarzabal Murphy para la cuenta comitente heredada en Uruguay. En este caso, sin embargo, no se trata de una herencia: fuentes de la ministra explicaron que el formulario de ARCA no prevé un campo específico para consignar ingresos por cuota alimentaria, y que ese fue el rubro utilizado para declarar la que recibe por su hijo.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad desde diciembre de 2025, incorporó una camioneta Jeep Renegade 2025 financiada con un préstamo prendario de Taraborelli Cars, la única deuda nueva de su declaración; su patrimonio neto pasó de US$56.185 a US$62.489 (+11,2%).

El propio Javier Milei —una casa en Capital Federal, una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ, además de un colchón de ahorros en dólares que pasó de unos US$65.500 a cifras similares en su cuenta de caja de ahorro— cerró el año prácticamente estable en dólares: de US$195.769 a US$199.052 (+1,7%).

Luis Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, y los datos muestran que mantiene la mayor parte de sus ahorros fuera del país. Caputo declaró una fortuna personal de US$13,4 millones al final del año pasado, un incremento del 37% en dólares frente a los US$9,7 millones que había declarado al inicio de 2025.

El ministro declaró depósitos por unos US$8,65 millones distribuidos en nueve cuentas distintas en el extranjero, además de acciones y bonos, lo que representa dos tercios de su patrimonio colocados fuera de la Argentina. Es una definición que contrasta con las recomendaciones que el propio Caputo hace públicamente para que canalicen sus ahorros a través del sistema financiero local. Del total de dinero líquido declarado —12.730 millones de pesos—, unos 12.422 millones, el 97%, están depositados en el exterior.

El salto más llamativo, de acuerdo con un desglose realizado por el periodista Alejandro Bercovich, se dio en una cuenta en particular, radicada en Estados Unidos, que pasó de $4.018.483.336 a $11.738.447.944 durante el año. Caputo no detalla en su declaración jurada en qué entidad ni bajo qué figura están depositados esos fondos.

El incremento patrimonial se dio, además, pese a un nivel de gasto declarado que multiplica varias veces el sueldo que Caputo percibe como funcionario. De dividir los gastos anuales no deducibles ($49.340.548,44) y personales ($237.535.253,19) que declaró por los doce meses del año, el resultado es un gasto mensual de unos 24 millones de pesos, seis veces lo que gana como ministro de Economía.

Los inmuebles que declaró son los mismos que un año atrás: su vivienda, un departamento heredado en Recoleta, tres cocheras, un lote en Benavídez, otro en un country de Villa La Angostura y un campo de más de 800 hectáreas en Alberti, al que el sitio El Destape sumó un terreno de 100 metros cuadrados en Pilar. El valor total registrado de esas propiedades subió unos US$453.000 durante 2025. Tampoco cambió el parque de vehículos declarado: un yate, un gomón, una camioneta Volvo XC90, dos Kia Carnival y un cuatriciclo.

Entre otras inversiones, Caputo declaró participación en Anker Latinoamericana, la consultora que compartía con el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, valuada en 61 millones de pesos; en Ancora Investments LP, que bajó de 1.870 a 888 millones de pesos durante el año; en Palmeral Chico, por más de 1.500 millones de pesos; y en Sacha Rupaska, una firma que fue denunciada por desmontes ilegales, por 348 millones de pesos.

El Destape señaló, además, que la declaración jurada de Caputo no incluye su participación en dos sociedades radicadas en jurisdicciones offshore —Noctua, con sede en Miami, Delaware e Islas Caimán, y Princess International Group, en Islas Caimán— que habían sido reveladas en una investigación periodística previa.

El patrimonio total del ministro, incluyendo inmuebles y el resto de sus bienes, ascendió a $19.209 millones, un 62% más que un año antes en moneda local, equivalente a un alza del 15% medido en dólares. La mayor parte del dinero del ministro de Economía sigue, un año más, fuera de la Argentina.