La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

Este miércoles S&P Global Ratings subió las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo, en moneda local y extranjera, de Argentina de 'CCC+/C' a 'B-/B'.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco en su cuenta de X y destacó que Argentina recibió una “nueva mejora” en las calificaciones.

De esta forma, la perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable. También elevaron la evaluación de transferencia y convertibilidad a 'B' y las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a 'B-'.

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

En este contexto, el gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.

Perspectiva futura

Sobre este punto, el documento marca que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el gobierno va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el banco central incrementará sus reservas de divisas. De esta forma, ello permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.

Esta perspectiva equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, amplia el documento.

También sostiene que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añade que ahora la administración logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía. Asimismo, marca que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación.

Además, sostiene que prevé un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.

El antecedente inmediato de la calificación argentina

El pasado seis de mayo la calificadora Fitch mejoró su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable.

¿Qué significa la mejora en la calificación de la deuda pública?

La mejora en la calificación de la deuda pública de la Argentina representa un avance hacia la posibilidad de que se reduzca el riesgo, lo que podría abrir al gobierno de Milei la posibilidad de retornar al mercado de capitales para refinanciarse.

Qué es una calificación crediticia y por qué los mercados siguen de cerca a Argentina

La reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina volvió a instalar un tema clave para la economía y los mercados financieros: el impacto que tiene el rating soberano sobre el financiamiento, las inversiones y el riesgo país.

La calificación crediticia es una nota que elaboran agencias internacionales para medir la capacidad de un país de cumplir con el pago de sus deudas y obligaciones financieras. Esa evaluación influye directamente sobre la confianza de inversores y organismos internacionales.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que la nota de largo plazo de Argentina fuera elevada a “B-”, una mejora que el Gobierno interpretó como una señal positiva hacia el programa económico oficial.

Las agencias calificadoras analizan variables como el déficit fiscal, la inflación, las reservas del Banco Central, el nivel de deuda y la estabilidad política y económica antes de modificar la nota de un país.

Cuanto mejor es la calificación crediticia, menor suele ser el costo que enfrenta un Estado para acceder a financiamiento internacional. En cambio, las notas bajas reflejan mayor percepción de riesgo y encarecen el crédito.

Los mercados siguen especialmente de cerca el caso argentino debido a su historial de crisis económicas, defaults de deuda y alta inflación, factores que durante años deterioraron la confianza financiera internacional.

Desde el Gobierno sostienen que la mejora en la nota refleja avances en materia fiscal y monetaria, mientras que analistas privados remarcan que todavía quedan desafíos vinculados al crecimiento económico, la acumulación de reservas y la sostenibilidad financiera.

El presidente Javier Milei volverá a exponer en un foro este jueves en Parque Norte, donde será el orador que cierre el Latam Economic Forum. Se trata de un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global.

La apertura estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en lugar del canciller Pablo Quirno por un problema en su agenda, tal como se anunció originalmente.

También estarán Horacio Marín (YPF) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado.

Desde la organización del foto recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

A partir de las 9, será la inauguración institucional. Luego, a las 9.15 de la mañana, el titular del Palacio Hacienda ofrecerá el primer discurso. Acto seguido, 9.30, el economista Claudio Zuchovicki será el encargado de exponer su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle. 

El director de YPF aparecerá en el escenario a las 11.15 hasta las 12.15, cuando le paso al jefe de Estado. El jefe del Poder Ejecutivo hablará durante 45 minutos, tal como se informó.

El Latan Economic resaltó que el impacto solidario constituye uno de los pilares de la organización y uno de sus principales diferenciales. Porque lo recaudado entre entradas y sponsors permite financiar tanto programas estructurales de asistencia social como intervenciones concretas en salud y condiciones de vida de sectores vulnerables

Con información de la agencia NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por un total de US$20.000 millones, una decisión que permitirá destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La medida representa un respaldo del organismo multilateral al rumbo económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la estabilidad financiera.

Desde el FMI destacaron el “impulso reformista” impulsado por la administración de Javier Milei, además de las mejoras registradas en materia monetaria y cambiaria durante los últimos meses.

El organismo consideró que las políticas implementadas permitieron avanzar en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en la consolidación del programa acordado entre ambas partes.

La aprobación de esta revisión era seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, ya que el desembolso forma parte de los compromisos previstos dentro del nuevo entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei y dejó una definición que choca con el intento del oficialismo de despegar el actual programa económico de la experiencia de Cambiemos. Al referirse al rol de Donald Trump en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri sostuvo que el republicano “jugó un rol importante” durante la crisis de 2018, aunque remarcó que entonces no logró que el organismo “entienda el programa” económico de su gobierno.

“Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, afirmó Macri este jueves durante una charla en la Universidad Austral, en la que compartió panel con los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Felipe González.

La frase adquiere relevancia porque contradice parcialmente la narrativa que viene impulsando el ministro de Economía, Luis Caputo. Días atrás, Caputo había afirmado que “este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”, en un intento por despegar a la gestión libertaria del fracaso del acuerdo stand-by firmado por Cambiemos en 2018 y de la posterior crisis cambiaria.

Sin embargo, el propio Macri reconoció ahora que tanto su administración como la de Milei buscaron respaldo político de Trump para fortalecer las negociaciones con el FMI. Incluso sugirió que el actual Presidente consiguió un apoyo más contundente del líder republicano que el que obtuvo Cambiemos en su momento.

“La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida”, sostuvo Macri, antes de agregar: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

La lectura de Macri parece apuntar a que el contexto político internacional y la nueva posición de Trump explican parte del respaldo que recibió Milei de Washington, en contraste con las dificultades que enfrentó su propio gobierno para sostener el acuerdo firmado hace ocho años.

Además de referirse a la política internacional y al FMI, Macri también ensayó una definición sobre el estilo de conducción de Milei. “Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, sintetizó ante una consulta sobre la forma de liderar del mandatario libertario.

Las declaraciones vuelven a exhibir el delicado equilibrio que intenta mantener el PRO frente al Gobierno: apoyo parlamentario y coincidencias económicas, pero al mismo tiempo una diferenciación creciente en torno a los modos de construcción política y a la lectura sobre la experiencia de Cambiemos.

MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos, asegurando que el gobierno de Javier Milei es “lo opuesto” al de Mauricio Macri en materia de política económica.

En una entrevista con Economía de Quincho, el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos”.

Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión.

Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.

En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.

Proyecciones electorales y críticas a la oposición

Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza” y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.

En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que ”Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo“.

Además, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “el infierno”, y sostuvo que el kirchnerismo ya no representa una opción válida para la mayoría de los argentinos. En esa línea, consideró que “para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción”.

Recuperación, impuestos y dólar

Respecto al presente de la economía, el ministro aseguró que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio, impulsada en parte por las obras en rutas nacionales al señalar que “para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales y eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia tributaria, precisó que el objetivo es continuar bajando la carga impositiva a medida que se consolide el superávit y el crecimiento. Además planteó un escenario optimista de baja de impuestos distorsivos si Argentina crece sostenidamente en el tiempo.

Al respecto, manifestó que “si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año”, remarcando que “se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos” e insistió que “si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

En cuanto al tipo de cambio, el funcionario descartó un atraso cambiario, señalando que el Banco Central se ve obligado a comprar dólares diariamente para evitar que la cotización caiga por debajo de los $1.100 en un contexto de exportaciones récord.

Sobre ese aspecto, subrayó que “hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

Al mismo tiempo, Caputo defendió el andar actual, afirmando que “los salarios informales están fuertemente por encima de la inflación y los formales empatados con noviembre de 2023” y agregó que “hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal”, resaltando que “en todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

Con información de agencias.

El Gobierno nacional y la gestión de Jorge Macri llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal.

El entendimiento fue alcanzado tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la Nación transferirá al distrito porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos adeudados.

La disputa se originó luego de que, a mediados del año pasado, comenzaran a registrarse demoras en las transferencias vinculadas al coeficiente del 1,55% reconocido cautelarmente por la Corte Suprema en favor de la Ciudad.

Ese esquema había sido acordado en septiembre de 2024 entre ambas administraciones, luego de que la Justicia avalara que el Gobierno nacional enviara a la Ciudad los fondos correspondientes al porcentaje fijado por el máximo tribunal.

Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con relativa normalidad, aunque a partir de julio comenzaron las demoras que derivaron en la acumulación de deuda ahora saldada.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el acuerdo alcanzado “no incluye” la deuda histórica reclamada por la Ciudad correspondiente a la reducción de recursos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández.

“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo, logramos avanzar en una solución concreta”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado difundido este lunes.

El jefe de Gobierno también remarcó que la Ciudad continuará reclamando el pago de unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene la administración porteña, se generaron tras la quita de fondos coparticipables dispuesta en 2020.

El conflicto entre Nación y Ciudad comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, la Ley 27.606 volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente básico del 1,40%, además de un monto específico destinado a financiar el traspaso de la Policía.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente restituir a la Ciudad un coeficiente del 2,95%, aunque la administración nacional de entonces nunca cumplió plenamente con esa resolución judicial.

Ya durante la gestión de Javier Milei, ambas partes habían acordado un mecanismo transitorio de transferencias semanales desde el Tesoro nacional, en reemplazo del esquema diario previsto originalmente por la cautelar de la Corte.

Con el nuevo entendimiento, tanto la Nación como la Ciudad buscan dar por regularizada la deuda generada durante el último año y estabilizar el flujo de recursos fiscales entre ambas jurisdicciones.

Con información de la agencia NA

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación.

El encuentro con Peter Thiel se produjo en Ministerio de Economía. Junto a Caputo estuvieron su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

El ministro de la cartera económica señaló que durante el encuentro dialogaron acerca de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Peter Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se deslizó la posibilidad de realizar inversiones en el país.

Su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

El empresario norteamericano es conocido, además, por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno intentó este viernes encapsular nuevamente el escándalo que rodea a Manuel Adorni dentro de una lógica puramente política, sin efectos sobre la economía ni sobre el vínculo con los mercados. Pero el solo hecho de que Luis “Toto” Caputo tuviera que responder preguntas sobre el tema en una conferencia destinada a anunciar el “super RIGI” dejó expuesto que el caso ya perforó la narrativa oficial y empezó a colarse incluso en las conversaciones con inversores extranjeros.

Caputo negó que el riesgo país no baje, pese al superávit fiscal y a los indicadores que exhibe el Gobierno, debido a la situación del jefe de Gabinete. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, respondió el ministro de Economía. Y enseguida intentó minimizar el episodio con un argumento que repitió varias veces: “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”.

En una puesta en escena cuidadosamente armada en Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, Caputo buscó relativizar el impacto político de las investigaciones que rodean a Adorni, que eligió no responder preguntas. El silencio del ministro coordinador contrastó con el esfuerzo discursivo del titular de Economía, que tuvo que salir a blindarlo en público mientras intentaba convencer a empresarios e inversores de que la Argentina sigue siendo un destino confiable para desembolsos millonarios.

El ministro insistió con que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y sostuvo que en Wall Street “se ríen del tema”. Incluso buscó correr el eje hacia la polarización política y volvió a apelar a uno de los conceptos favoritos del oficialismo: el “riesgo kuka”. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó. Una definición que contrastó la que dio el mismo Caputo en la Expo EFI, hace apenas una semana, donde aseguró que ese “riesgo” era “cero” y que quienes dicen que hay alguna posibilidad de volver al kirchnerismo “toman a la gente por estúpida”.

“En la medida que el tiempo pase, las cosas van a seguir mejorando”, aseguró el ministro este lunes. Pero la escena dejó una contradicción difícil de ocultar. El Gobierno había convocado la conferencia para presentar el nuevo esquema de incentivos a grandes inversiones —una versión ampliada del RIGI destinada a sectores estratégicos que fue anunciada vía redes sociales por el presidente Javier Milei— y terminó obligado a responder por la situación del jefe de Gabinete. Más aún: la pregunta sobre el llamado “riesgo Adorni” no apareció como una provocación opositora sino como una categoría que, según deslizaron los periodistas presentes, ya comenzó a circular entre empresarios argentinos.

En la Casa Rosada admiten por lo bajo que el caso alteró parte de la agenda política de las últimas semanas. Aunque el oficialismo intenta transmitir que el frente económico sigue encapsulado de cualquier ruido institucional, la conferencia de este viernes dejó ver que el Gobierno ya no discute si el tema existe o no, sino cuánto puede contaminar el clima de negocios que Milei y Caputo buscan venderle al mundo.

PL/MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una parte de la población atraviesa dificultades para afrontar sus deudas luego de haberse endeudado con tasas altas bajo la expectativa de una devaluación o una aceleración inflacionaria que redujera el peso real de los créditos.

Durante una entrevista concedida a la TV Pública, el funcionario explicó que muchas personas replicaron comportamientos habituales de la economía argentina, pero que en esta oportunidad ese escenario no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de la inflación.

“La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar. Y eso no pasó”, señaló Caputo.

Según el ministro, la situación derivó en un aumento de la mora y llevó a los bancos a endurecer sus análisis antes de otorgar nuevos préstamos. “Eso generó cierta mora adicional. Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades financieras refinanciar los créditos en problemas, extendiendo plazos y ofreciendo tasas más bajas para aliviar la carga de los deudores.

Pese a ese freno en el crédito minorista, Caputo destacó un cambio en la estructura del sistema financiero y aseguró que los bancos comenzaron a orientar más recursos hacia el sector privado que hacia el financiamiento estatal.

“Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”, afirmó el ministro.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, esa modificación permitirá que en el futuro exista una mayor disponibilidad de crédito para el consumo y la inversión productiva.

Con información de la agencia NA

La discusión no es nueva, pero en las últimas semanas volvió a instalarse con fuerza en la mesa política que reúne al círculo más chico del oficialismo. Hace un mes, en un intercambio que empezó como balance de gestión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había dejado planteado que el margen de acción del programa económico empezaba a mostrar límites. Sin explicitarlo de ese modo, su diagnóstico apuntó a otro terreno: si las variables ya fueron ordenadas y las herramientas aplicadas, lo que falta para consolidar el rumbo no es técnico, sino político.

Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa porque dudan de la capacidad del Gobierno para sostenerlo en el tiempo. Para el ala política, en cambio, el desgaste tiene otra raíz. No sería la falta de acuerdos lo que explica la caída en la imagen de Javier Milei, sino una serie de episodios que, reconocen, erosionan la narrativa oficial, desde las tensiones internas hasta casos de presunta corrupción como el que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La exposición del ministro coordinador en el Congreso fue interpretada en la Casa Rosada más como un examen político que como una instancia de gestión. El oficialismo valoró que haya logrado atravesar la sesión sin sobresaltos mayores, pero el saldo no alcanzó para desactivar el tema. El jueves pasado, el Gobierno debió volver a abrir la sala de prensa y resolvió que Adorni retome las conferencias, en un intento por recuperar control sobre la agenda y administrar un frente que, incluso entre los propios, ubican como uno de los factores centrales del desgaste.

La mesa política —que conforman, además del ministro de Economía, Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt— está cruzada por distintos diagnósticos. Hay, sin embargo, un punto en común que se repite en cada reunión: más allá de los matices, ninguno de sus miembros expresa una preocupación abierta por la marcha de la economía. Ni siquiera quienes discuten el rumbo político del Gobierno ponen en duda el programa en sí mismo. La discusión no gira sobre si el plan funciona o no, sino sobre qué le falta para cerrar. Es, en ese sentido, una anomalía: el frente material aparece como dato dado, incluso cuando deja de ofrecer resultados visibles en el corto plazo como ya reconoció el propio Milei.

Hubo dos ausencias consecutivas de Toto Caputo en la mesa política. A la primera reunión no asistió porque estaba en Washington, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la segunda tampoco, aun ya de regreso en el país. La reiteración alimentó versiones de malestar interno que el propio Caputo buscó desactivar con ironía. “Reconozco que en la reunión anterior pensé en tomarme un avión desde Washington y volver en el día, pero Kristalina me convenció que iba a ser un poco cansador”, escribió en X, en referencia a la directora gerente del FMI.

A fines de marzo, según pudo saber elDiarioAR, el ministro habría avanzado con una propuesta hacia el resto de los integrantes de la mesa. Planteó la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad con mandatarios provinciales que garantice respaldo legislativo sostenido durante este año y el próximo. La contrapartida, de acuerdo a lo planteado por Caputo, sería no competir contra los gobernadores en sus provincias. Un pacto de no agresión electoral como condición para que el programa económico termine de cerrar.

La reacción del ala más política del Gobierno dejó al descubierto una fisura que ya venía insinuándose. Para algunos de sus miembros la idea fue leída como una concesión excesiva. “No es político, no entiende que eso es una pelotudez”, sintetizaron, sin matices, en referencia al ministro de Economía. La crítica no apuntaba sólo al contenido de la propuesta, sino a su lógica de ceder territorio a cambio de respaldo legislativo que supone, para ese sector, resignar poder sin garantías de retorno.

La línea de austeridad planteada por Caputo había sido explicitada en reuniones previas: el ajuste no se negocia. En una reunión de gabinete de principio de abril, con Javier Milei al frente, la instrucción había sido clara: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso si eso implicaba profundizar recortes en áreas sensibles como el PAMI o acelerar reformas estructurales empujadas por el equipo económico. La imagen que el propio Presidente usó durante su discurso en AmCham —la de Ulises atado al mástil para no ceder ante el “canto de las sirenas” del gasto público—, sintetizaba esa lógica de resistencia frente a cualquier presión política o sectorial.

La semana que pasó, después de días de algunas versiones soterradas sobre un cortocircuito con su ministro, Milei salió a respaldarlo públicamente. Lo hizo en la cena de la Fundación Libertad, donde compartió escena con todo el gabinete y donde Karina Milei se mostró especialmente cercana a Caputo. El gesto se completó con un elogio explícito del Presidente, que lo definió como un “gigante” por el ajuste realizado.

En ese clima, la mesa política funciona como un termómetro más que como un ámbito de síntesis. Allí conviven dos miradas que, por ahora, no terminan de ordenarse. La discusión no es menor porque define el camino a seguir. Si el diagnóstico es que falta política, la salida es negociar, ampliar la base de sustentación y hasta ceder en algunos frentes. Si el problema es político, pero en otro sentido, entonces la respuesta es ordenarse tratando de evitar concesiones que puedan debilitar al Gobierno en su propia lógica.

Por ahora, esas dos estrategias coexisten sin integrarse. Y en esa convivencia tensa se empieza a jugar algo más que una diferencia de criterio. Lo que está en disputa es quién tiene la llave para explicar el presente y, sobre todo, para definir el próximo movimiento. Si algo quedó planteado desde aquel intercambio de fines de marzo es que, para el ministro Caputo, la economía por sí sola ya no alcanza. La pregunta es si el resto del Gobierno está dispuesto a aceptar esa premisa o si el verdadero debate pendiente es sobre el sentido mismo del rumbo.

PL/CRM

La exposición de Javier Milei en la cumbre de AmCham Summit 2026 funcionó, puertas adentro del Gobierno, como algo más que una señal al mercado. Fue la ratificación de un esquema de poder que ya venía operando en la práctica: la centralidad del tándem que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger como custodios de la caja y garantes del rumbo del ajuste. Lo que en público se presentó como una reafirmación del programa económico, tras conocerse un número de inflación en alza, en privado fue leído como una advertencia hacia adentro. No habrá margen para desviaciones, ni siquiera en las áreas donde el conflicto ya se volvió visible.

El discurso de Milei no solo apuntó a consolidar la expectativa de inversiones, sino también a ordenar el frente interno. La idea de disciplina fiscal, repetida como mantra, terminó de fijar los límites de acción para el resto del gabinete. En ese esquema, la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo, sino una condición que subordina todas las demás variables, incluso aquellas vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado.

La bajada a sus ministros ya había sido hecha. En la reunión del lunes 6, encabezada por el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó ese mandato con números concretos: reducir un 2% adicional en los gastos corrientes y un 20% en los de capital. No fue una sugerencia. Fue una orden con fecha límite. Los titulares de las carteras deberán presentar sus planes de ajuste antes de fin de mes, en un contexto donde varios ya venían advirtiendo que el margen para seguir recortando se agotó hace tiempo.

Ese pedido no cayó en un vacío. Llega después de meses de “motosierra” sostenida y en medio de un escenario donde empiezan a acumularse tensiones en distintas áreas. En Salud, por ejemplo, la deuda con prestadores del PAMI se convirtió en uno de los focos más visibles. En otras carteras, los recortes ya empezaron a impactar en la capacidad operativa. Aun así, la respuesta que baja desde el núcleo económico es siempre la misma: el ajuste no se negocia.

En ese punto, el rol de Caputo y Sturzenegger —otrora enemigos íntimos en tiempos de Mauricio Macri, cuando también compartieron gobierno— excede lo técnico. Funcionan como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía administra el flujo de recursos y define prioridades en función del equilibrio fiscal. Su par de Desregulación empuja la reducción estructural del Estado y bloquea cualquier intento de expansión que no se ajuste a ese esquema. Entre ambos delimitan el campo de acción del resto del gabinete. Lo que no se encuadra dentro de esa arquitectura, no avanza.

La crisis en la obra social más grande la Argentina terminó de exponer ese funcionamiento con mayor nitidez. En medio del conflicto con prestadores y del paro de médicos de cabecera, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cara a cara con Caputo en el que quedó explicitada la lógica que ordena al Gobierno. Según reconstruyen distintas fuentes, el titular de Economía no se comprometió a ampliar partidas y, por el contrario, dejó en claro que el sendero fiscal no se modifica. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. 

Esa sentencia funcionó como una síntesis del momento. El Ministerio de Salud se vio obligado, días después, a disponer fondos propios para intentar descomprimir la situación en el PAMI, con un giro de $150.000 millones destinado a comenzar a regularizar pagos atrasados a prestadoras. Un movimiento que permitió aliviar parcialmente la cadena financiera, pero que no alteró el cuadro de fondo.

Mientras se intentaba desactivar ese frente, el conflicto con los médicos seguía abierto por el cambio en el esquema de cápitas. Y en paralelo, las protestas de jubilados comenzaban a multiplicarse en distintas ciudades del país, en reclamo por la falta de medicamentos y la caída en la calidad de la atención. Tres niveles de presión simultáneos sobre un sistema que, aún con recursos adicionales, no logra estabilizarse.

La lectura que circula en algunos despachos es que el PAMI se convirtió en un caso testigo de los límites del modelo. No porque el Gobierno esté dispuesto a modificar el rumbo, sino porque expone con mayor crudeza las tensiones que genera su aplicación. Allí, donde confluyen recursos, territorio y demanda social, el ajuste deja de ser una consigna abstracta y se transforma en una experiencia concreta para millones de afiliados.

En paralelo, la decisión de no abrir canales de diálogo con la CGT ni con los movimientos sociales refuerza esa lógica. En la Casa Rosada hablan de “penitencia” para el sindicalismo, en referencia a su ofensiva judicial contra la reforma laboral. La señal es consistente con el resto del esquema. Para La Libertad Avanza, el conflicto no es un factor de negociación, sino una variable que se administra.

En ese contexto, la pregunta que empieza a circular no es si el Gobierno sostendrá el ajuste sino hasta dónde podrá hacerlo sin que las tensiones acumuladas terminen desbordando los márgenes de control. Por ahora, la respuesta es política antes que económica: mientras Caputo y Sturzenegger conserven la llave de la caja, el rumbo seguirá siendo el mismo. En AmCham, Milei apeló a la imagen mítica de Ulises atado al mástil para no ceder ante el canto de sirenas de quienes buscan desviarlo de su objetivo. En la práctica, el Gobierno parece haber elegido atarse a su propio programa, aun cuando alrededor empiecen a escucharse cada vez más fuerte los pedidos de ayuda.

PL/CRM

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por US$550.000 millones para la obtención de un crédito privado.

Asimismo, prometió que acelerará un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026. El informe oficial no da cuenta del financiamiento neto, dado que Argentina debe hacer pagos a ese organismo durante el corriente año.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el comunicado oficial, el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y una garantía por U$S550 millones.

Asimismo, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones de dólares.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo este programa para 2026 busca ampliar el apoyo al país mediante el respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento directo a empresas.

El BID indicó que el monto total previsto para ese año es superior a los cerca de U$S5.000 millones aprobados en 2025.

Sobre el proceso actual del país, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”.

El directivo añadió que el organismo acompaña esta etapa con mayor escala y que su labor consiste en estar “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.

Por la parte del sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobó en abril de 2025 un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina valorado en US$20.000 millones.

El programa contaba con un desembolso inicial de unos US$12.000 millones y busca brindarle a Argentina “nuevamente acceso de manera oportuna a los mercados internacionales de capital” reforzando enormemente las reservas del banco central argentino, se complementa con otras fuentes de financiación acordadas por parte del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El comunicado completo del BID

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los US$7200 millones en 2026.  

El BID prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.  

BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta movilizar inversiones por alrededor de US$2200 millones.  

Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de US$5000 millones. 

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn. 

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado. 

BID Invest priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio. 

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. 

Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en una serie de negociaciones con organismos internacionales para reforzar el frente financiero, con el objetivo de obtener una garantía de hasta 2.000 millones de dólares del Banco Mundial que permita afrontar vencimientos de deuda en el corto plazo.

La posibilidad fue confirmada tras el encuentro que Caputo mantuvo en Washington con el presidente del organismo, Ajay Banga, en el marco de las Reuniones de Primavera. Según informó el Banco Mundial, la iniciativa apunta a “refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada”.

La operación, sin embargo, aún debe ser evaluada internamente y requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, por lo que forma parte de una negociación en curso.

En este contexto, el respaldo del Banco Mundial se inscribe en una estrategia más amplia del equipo económico para fortalecer la posición financiera del país y mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional. El organismo, además, ratificó su apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, destacando su potencial para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo.

La agenda de Caputo en Washington continúa con reuniones clave: este jueves se encontrará con Sergio Díaz-Granados, titular de la CAF, y con Ilan Goldfajn, al frente del BID. El objetivo es replicar el esquema de respaldo financiero y sumar nuevas herramientas que permitan cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

Así, el ministro busca consolidar una red de apoyo internacional que le permita ganar margen de maniobra en un contexto de alta exigencia financiera y sostener el programa económico en marcha.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se pronunciaron tras conocerse el dato de inflación de marzo, que registró una suba mensual del 3,4%, con mensajes que combinaron críticas al número y una defensa del programa económico.

Milei reconoció que el índice no cumplió con las expectativas oficiales. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó, aunque sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido y proyectó que en los próximos meses “retorne a su sendero decreciente”. El mandatario anticipó además que ampliaría su análisis en una exposición pública.

Por su parte, Caputo ofreció una lectura más técnica del índice y destacó algunos componentes que, según su visión, muestran señales de desaceleración. Detalló que la inflación núcleo fue del 3,2%, mientras que los precios regulados subieron 5,1% y los estacionales 1,0%. En ese marco, subrayó la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de 3,2% en febrero a 2,2% en marzo, y una leve baja en la Canasta Básica Total, de 2,7% a 2,6%.

El ministro atribuyó parte de la suba a factores externos, en particular al impacto de la guerra en Medio Oriente, que —según indicó— se reflejó en aumentos como el 9% en combustibles, el 24% en pasajes aéreos de cabotaje y el 22% en transporte interurbano. También señaló que la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, visible en rubros como servicios regulados y carnes.

En ese sentido, destacó que la inflación núcleo sin carnes se mantuvo en 2,5%, en línea con febrero, lo que —según planteó— indicaría estabilidad en el componente subyacente. Además, remarcó que el capítulo Educación registró una suba del 12,1%, la más baja para un mes de marzo en los últimos ocho años.

Caputo insistió en que la inflación es “un fenómeno monetario” y sostuvo que, a medida que se consolide el orden fiscal y monetario, el índice continuará desacelerándose. En esa línea, vinculó la dinámica actual con el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero durante el período preelectoral.

Las declaraciones de ambos funcionarios se dan en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación como principal ancla de su programa económico, pese a las tensiones que persisten en precios regulados y en el costo de vida.

En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitió que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinó que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes especuló que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con presagios anteriores de este gobierno.

El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que son actividades que están sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.

“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.

 “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.

En este encuentro también disertó el embajador de EE.UU. en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones –hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump–, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.

AR/MG

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico Furiase y Felipe Nuñez, dos funcionarios del área de Economía, se defendieron este jueves de las críticas surgidas, luego de haber obtenido sendos créditos hipotecarios, y coincidieron en afirmar que no hicieron “nada ilegal” al respecto.

Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Nuñez es el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de ser asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos negaron haber tenido algún privilegio para acceder a los préstamos por parte del Banco Nación.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí”, aseveró Nuñez, en declaraciones al canal de streaming Carajo.

Asimismo, aseveró que “somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para la compra de “una segunda vivienda a una tasa más alta. Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010”.

Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, unos 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos, es decir, unos 315 mil dólares en febrero del año pasado, aunque no fueron los únicos funcionarios del gobierno que pudieron conseguirlos.

También fueron beneficiados legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su puesto por no habérselo informado a Sandra Pettovello, a cargo de esa cartera.

Qué investiga la Justicia

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo tiene su correlato judicial a raíz de las dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py, que días atrás fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, quienes deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.

Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del BICE, Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.

El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.

Con información de NA.

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC