La exposición de Javier Milei en la cumbre de AmCham Summit 2026 funcionó, puertas adentro del Gobierno, como algo más que una señal al mercado. Fue la ratificación de un esquema de poder que ya venía operando en la práctica: la centralidad del tándem que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger como custodios de la caja y garantes del rumbo del ajuste. Lo que en público se presentó como una reafirmación del programa económico, tras conocerse un número de inflación en alza, en privado fue leído como una advertencia hacia adentro. No habrá margen para desviaciones, ni siquiera en las áreas donde el conflicto ya se volvió visible.

El discurso de Milei no solo apuntó a consolidar la expectativa de inversiones, sino también a ordenar el frente interno. La idea de disciplina fiscal, repetida como mantra, terminó de fijar los límites de acción para el resto del gabinete. En ese esquema, la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo, sino una condición que subordina todas las demás variables, incluso aquellas vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado.

La bajada a sus ministros ya había sido hecha. En la reunión del lunes 6, encabezada por el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó ese mandato con números concretos: reducir un 2% adicional en los gastos corrientes y un 20% en los de capital. No fue una sugerencia. Fue una orden con fecha límite. Los titulares de las carteras deberán presentar sus planes de ajuste antes de fin de mes, en un contexto donde varios ya venían advirtiendo que el margen para seguir recortando se agotó hace tiempo.

Ese pedido no cayó en un vacío. Llega después de meses de “motosierra” sostenida y en medio de un escenario donde empiezan a acumularse tensiones en distintas áreas. En Salud, por ejemplo, la deuda con prestadores del PAMI se convirtió en uno de los focos más visibles. En otras carteras, los recortes ya empezaron a impactar en la capacidad operativa. Aun así, la respuesta que baja desde el núcleo económico es siempre la misma: el ajuste no se negocia.

En ese punto, el rol de Caputo y Sturzenegger —otrora enemigos íntimos en tiempos de Mauricio Macri, cuando también compartieron gobierno— excede lo técnico. Funcionan como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía administra el flujo de recursos y define prioridades en función del equilibrio fiscal. Su par de Desregulación empuja la reducción estructural del Estado y bloquea cualquier intento de expansión que no se ajuste a ese esquema. Entre ambos delimitan el campo de acción del resto del gabinete. Lo que no se encuadra dentro de esa arquitectura, no avanza.

La crisis en la obra social más grande la Argentina terminó de exponer ese funcionamiento con mayor nitidez. En medio del conflicto con prestadores y del paro de médicos de cabecera, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cara a cara con Caputo en el que quedó explicitada la lógica que ordena al Gobierno. Según reconstruyen distintas fuentes, el titular de Economía no se comprometió a ampliar partidas y, por el contrario, dejó en claro que el sendero fiscal no se modifica. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. 

Esa sentencia funcionó como una síntesis del momento. El Ministerio de Salud se vio obligado, días después, a disponer fondos propios para intentar descomprimir la situación en el PAMI, con un giro de $150.000 millones destinado a comenzar a regularizar pagos atrasados a prestadoras. Un movimiento que permitió aliviar parcialmente la cadena financiera, pero que no alteró el cuadro de fondo.

Mientras se intentaba desactivar ese frente, el conflicto con los médicos seguía abierto por el cambio en el esquema de cápitas. Y en paralelo, las protestas de jubilados comenzaban a multiplicarse en distintas ciudades del país, en reclamo por la falta de medicamentos y la caída en la calidad de la atención. Tres niveles de presión simultáneos sobre un sistema que, aún con recursos adicionales, no logra estabilizarse.

La lectura que circula en algunos despachos es que el PAMI se convirtió en un caso testigo de los límites del modelo. No porque el Gobierno esté dispuesto a modificar el rumbo, sino porque expone con mayor crudeza las tensiones que genera su aplicación. Allí, donde confluyen recursos, territorio y demanda social, el ajuste deja de ser una consigna abstracta y se transforma en una experiencia concreta para millones de afiliados.

En paralelo, la decisión de no abrir canales de diálogo con la CGT ni con los movimientos sociales refuerza esa lógica. En la Casa Rosada hablan de “penitencia” para el sindicalismo, en referencia a su ofensiva judicial contra la reforma laboral. La señal es consistente con el resto del esquema. Para La Libertad Avanza, el conflicto no es un factor de negociación, sino una variable que se administra.

En ese contexto, la pregunta que empieza a circular no es si el Gobierno sostendrá el ajuste sino hasta dónde podrá hacerlo sin que las tensiones acumuladas terminen desbordando los márgenes de control. Por ahora, la respuesta es política antes que económica: mientras Caputo y Sturzenegger conserven la llave de la caja, el rumbo seguirá siendo el mismo. En AmCham, Milei apeló a la imagen mítica de Ulises atado al mástil para no ceder ante el canto de sirenas de quienes buscan desviarlo de su objetivo. En la práctica, el Gobierno parece haber elegido atarse a su propio programa, aun cuando alrededor empiecen a escucharse cada vez más fuerte los pedidos de ayuda.

PL/CRM

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por US$550.000 millones para la obtención de un crédito privado.

Asimismo, prometió que acelerará un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026. El informe oficial no da cuenta del financiamiento neto, dado que Argentina debe hacer pagos a ese organismo durante el corriente año.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el comunicado oficial, el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y una garantía por U$S550 millones.

Asimismo, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones de dólares.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo este programa para 2026 busca ampliar el apoyo al país mediante el respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento directo a empresas.

El BID indicó que el monto total previsto para ese año es superior a los cerca de U$S5.000 millones aprobados en 2025.

Sobre el proceso actual del país, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”.

El directivo añadió que el organismo acompaña esta etapa con mayor escala y que su labor consiste en estar “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.

Por la parte del sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobó en abril de 2025 un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina valorado en US$20.000 millones.

El programa contaba con un desembolso inicial de unos US$12.000 millones y busca brindarle a Argentina “nuevamente acceso de manera oportuna a los mercados internacionales de capital” reforzando enormemente las reservas del banco central argentino, se complementa con otras fuentes de financiación acordadas por parte del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El comunicado completo del BID

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) prevé acelerar su respaldo a la Argentina con un financiamiento récord que podría superar los US$7200 millones en 2026.  

El BID prevé más de US$5000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por US$550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales.  

BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta movilizar inversiones por alrededor de US$2200 millones.  

Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de US$5000 millones. 

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn. 

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado. 

BID Invest priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio. 

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. 

Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en una serie de negociaciones con organismos internacionales para reforzar el frente financiero, con el objetivo de obtener una garantía de hasta 2.000 millones de dólares del Banco Mundial que permita afrontar vencimientos de deuda en el corto plazo.

La posibilidad fue confirmada tras el encuentro que Caputo mantuvo en Washington con el presidente del organismo, Ajay Banga, en el marco de las Reuniones de Primavera. Según informó el Banco Mundial, la iniciativa apunta a “refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada”.

La operación, sin embargo, aún debe ser evaluada internamente y requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, por lo que forma parte de una negociación en curso.

En este contexto, el respaldo del Banco Mundial se inscribe en una estrategia más amplia del equipo económico para fortalecer la posición financiera del país y mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional. El organismo, además, ratificó su apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, destacando su potencial para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo.

La agenda de Caputo en Washington continúa con reuniones clave: este jueves se encontrará con Sergio Díaz-Granados, titular de la CAF, y con Ilan Goldfajn, al frente del BID. El objetivo es replicar el esquema de respaldo financiero y sumar nuevas herramientas que permitan cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

Así, el ministro busca consolidar una red de apoyo internacional que le permita ganar margen de maniobra en un contexto de alta exigencia financiera y sostener el programa económico en marcha.

Con información de la agencia NA

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se pronunciaron tras conocerse el dato de inflación de marzo, que registró una suba mensual del 3,4%, con mensajes que combinaron críticas al número y una defensa del programa económico.

Milei reconoció que el índice no cumplió con las expectativas oficiales. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó, aunque sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido y proyectó que en los próximos meses “retorne a su sendero decreciente”. El mandatario anticipó además que ampliaría su análisis en una exposición pública.

Por su parte, Caputo ofreció una lectura más técnica del índice y destacó algunos componentes que, según su visión, muestran señales de desaceleración. Detalló que la inflación núcleo fue del 3,2%, mientras que los precios regulados subieron 5,1% y los estacionales 1,0%. En ese marco, subrayó la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de 3,2% en febrero a 2,2% en marzo, y una leve baja en la Canasta Básica Total, de 2,7% a 2,6%.

El ministro atribuyó parte de la suba a factores externos, en particular al impacto de la guerra en Medio Oriente, que —según indicó— se reflejó en aumentos como el 9% en combustibles, el 24% en pasajes aéreos de cabotaje y el 22% en transporte interurbano. También señaló que la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, visible en rubros como servicios regulados y carnes.

En ese sentido, destacó que la inflación núcleo sin carnes se mantuvo en 2,5%, en línea con febrero, lo que —según planteó— indicaría estabilidad en el componente subyacente. Además, remarcó que el capítulo Educación registró una suba del 12,1%, la más baja para un mes de marzo en los últimos ocho años.

Caputo insistió en que la inflación es “un fenómeno monetario” y sostuvo que, a medida que se consolide el orden fiscal y monetario, el índice continuará desacelerándose. En esa línea, vinculó la dinámica actual con el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero durante el período preelectoral.

Las declaraciones de ambos funcionarios se dan en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación como principal ancla de su programa económico, pese a las tensiones que persisten en precios regulados y en el costo de vida.

En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitió que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinó que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes especuló que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con presagios anteriores de este gobierno.

El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que son actividades que están sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.

“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.

 “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.

En este encuentro también disertó el embajador de EE.UU. en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones –hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump–, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.

AR/MG

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, Furiase explicó lacónico —ajeno a su novedosa preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase –era director del BCRA cuando recibió el préstamo– y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación con la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines ramplones para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería forman parte de la necesidad de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo –cada vez con menos audiencia– muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos consideran infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, zurdo o gay), sino para el goce del latrocinio propio. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

slacunza@eldiarioar.com

SL

Federico Furiase y Felipe Nuñez, dos funcionarios del área de Economía, se defendieron este jueves de las críticas surgidas, luego de haber obtenido sendos créditos hipotecarios, y coincidieron en afirmar que no hicieron “nada ilegal” al respecto.

Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Nuñez es el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de ser asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos negaron haber tenido algún privilegio para acceder a los préstamos por parte del Banco Nación.

“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí”, aseveró Nuñez, en declaraciones al canal de streaming Carajo.

Asimismo, aseveró que “somos clientes del Banco Nación. Tenemos la posibilidad de acceder a los productos que ofrece el banco y uno de ellos es el crédito hipotecario. Y lo más importante, era la tasa más competitiva del mercado. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”.

Por su parte, Furiase aclaró que tomó un crédito en el Banco Nación para la compra de “una segunda vivienda a una tasa más alta. Eso de la tercera vivienda de la que se habla es una donación de derechos de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%. No se toma como una vivienda. Y no vivo ahí desde 2010”.

Furiase obtuvo un crédito por 367 millones de pesos, unos 280 mil dólares desde agosto del año pasado, mientras que Nuñez accedió a 373 millones de pesos, es decir, unos 315 mil dólares en febrero del año pasado, aunque no fueron los únicos funcionarios del gobierno que pudieron conseguirlos.

También fueron beneficiados legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano, quien fue removido de su puesto por no habérselo informado a Sandra Pettovello, a cargo de esa cartera.

Qué investiga la Justicia

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo tiene su correlato judicial a raíz de las dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py, que días atrás fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, quienes deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.

Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del BICE, Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.

El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.

Con información de NA.

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC

En medio de los cimbronazos por el caso Adorni y el debate de la Ley de Glaciares en el Congreso, la agenda del Gobierno se reordenó este miércoles alrededor de una serie de reuniones que, más allá de su carácter formal, concentran el núcleo de una crisis que dejó de ser silenciosa. El punto más sensible tuvo lugar esta tarde en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió con su par de Economía, Luis Caputo, en un intento por destrabar la falta de financiamiento que mantiene al PAMI en una situación cada vez más delicada, con un resultado que, por ahora, se resumió en referencias generales a “avances” entre los equipos técnicos.

Desde el Ministerio de Economía, el balance fue escueto. Se limitaron a señalar que fue “una reunión muy productiva”, y agregaron que “se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”. “Misma sintonía”, agregaron, por su parte, fuentes de la cartera sanitaria consultadas por elDiarioAR. Ambas orillas evitaron dar precisiones acerca de definiciones concretas sobre la asistencia financiera que reclama Salud.

No se trató de un encuentro más. A diferencia de otras reuniones de coordinación entre ministerios, esta vez la expectativa no estaba puesta en el diagnóstico sino en la decisión. El sistema de salud arrastra una deuda con prestadores que supera los 500 mil millones de pesos, con clínicas y sanatorios que advierten que no pueden sostener la atención en estas condiciones. En ese marco, la mesa que tuvo lugar esta tarde se perfilaba como el momento en el que el Gobierno debía dar una solución real a la cuestión. No pasó.

La reunión llegó además después de varios días de tensión política en torno a la continuidad de Lugones, que la Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir de manera enfática tras la nota de elDiarioAR, pero que no logró disipar del todo las dudas hacia adentro. El ministro fue ratificado en su cargo, pero el problema que puso en discusión su permanencia sigue intacto: la imposibilidad de sostener el funcionamiento del sistema sin asistencia financiera. Aunque algunos ya, por lo bajo, no dudan en definirlo como un liso y llano “vaciamiento”.

Presión

El planteo de Lugones a Economía es directo. Desde hace semanas reclama una ampliación de partidas para el PAMI que, según distintas fuentes, ronda en realidad el equivalente a mil millones de dólares. Del otro lado, el ministro Caputo había evitado hasta ahora involucrarse de lleno en el conflicto, en una dinámica que dejó a Salud administrando en soledad una crisis que excede largamente sus capacidades presupuestarias. Esa distancia empezó a tensarse en los últimos días, cuando la presión del sistema privado dejó de ser preventiva y empezó a traducirse en advertencias concretas.

El conflicto, en ese sentido, ya no es solo sanitario. Dejó de ser un problema del Ministerio de Salud para convertirse en un problema del Gobierno. Es que medidas que hasta hace poco parecían excepcionales entraron en evaluación por parte de clínicas, sanatorios y laboratorios, mientras distintas instituciones ajustan su funcionamiento para sostener la atención en un contexto cada vez más crítico.

Según pudo saber elDiarioAR, ya se registran recortes en la oferta de turnos y demoras en prácticas no urgentes, mientras que el cobro de copagos aparece como una salida de emergencia que el organismo intenta frenar sin demasiado éxito. En el sector advierten que, sin una señal concreta en los próximos días, el margen para sostener la atención se agota y el impacto podría trasladarse de lleno a los afiliados. “En 20 años nunca vivimos una situación así”, deslizan.

Este miércoles, además del cónclave Lugones-Caputo, las autoridades del PAMI, con su titular Esteban Leguizamo a la cabeza, abrieron una mesa de negociación con las principales cámaras del sector para intentar acordar un cronograma de pagos que evite una interrupción de servicios. Los prestadores reclaman una deuda acumulada que supera el mes de prestaciones, a lo que se suma la falta de actualización de aranceles frente al aumento de costos.

Ruidos internos

El nivel de tensión es tal que incluso dentro del gabinete comenzaron a marcar límites. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a despegar públicamente su cartera de la crisis con un mensaje explícito. “El Ministerio de Capital Humano no tiene competencia sobre el PAMI ni sobre el área de Discapacidad”, señalaron desde esa cartera, para luego subrayar que ambos ámbitos “dependen del Ministerio de Salud”. La aclaración, difundida en medio de la escalada del conflicto, fue leída como algo más que un ordenamiento administrativo. En un contexto de responsabilidades difusas, implicó también una forma de delimitar costos políticos.

Todo ocurre después de una secuencia de gestos que buscaron sostener a Lugones en su cargo tras el temblor de los últimos días. El lunes fue recibido por Santiago Caputo, su principal respaldo dentro del esquema oficial, en un encuentro que sirvió para ratificarlo en medio del ruido, aunque no terminó de disipar del todo algunas fricciones que comenzaron a asomar en ese vínculo. El martes volvió a la Casa Rosada para reunirse con Manuel Adorni en el marco del seguimiento de gestión.

Pero la ratificación del ministro convive con una contradicción difícil de disimular. El Gobierno decidió respaldar a Lugones, pero todavía no resolvió el problema que puso en duda su continuidad. Lo sostiene en público, pero lo expone en la gestión. En ese punto, la discusión deja de ser únicamente política y pasa a ser operativa.

Por eso, la reunión de esta tarde con Luis Caputo condensó algo más que una negociación presupuestaria. Más allá de los “avances” informados oficialmente, el encuentro dejó abierta la incógnita central sobre la asistencia que necesita el sistema. En ese punto, lo que está en juego no es solo una partida, sino el margen real de la gestión sanitaria, en un equilibrio que sigue tensándose. Y que, en un esquema que ya muestra signos de agotamiento, puede volverse insostenible mucho más rápido de lo previsto.

PL/CRM

El ministro de Economía Luis Caputo defendió este domingo la marcha de la economía en la Argentina, apoyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra el periodismo —en sintonía con el fin de semana de furia de Javier Milei en redes sociales contra la prensa— e hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas y las polémicas con otros economistas:“Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que, en esos casos, no habla “como un político, sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

Caputo sostuvo que “Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política, mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno”, dijo, y completó: “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser, no parecer. Yo creo que él se tiene que defender en la Justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, disparó en una entrevista con LN+.

Acto seguido, en redes sociales, el canciller Pablo Quirno defendió al ministro con un posteo sin eufemismos: “Todavía no empezó el horario de protección al menor y Luis Caputo se pasea desnudo con Majul”.

El kirchnerismo como “infierno” y el optimismo para 2027: “Va ser un paseo”

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizó que la probabilidad de que vuelva el peronismo al poder para él “es cero. No tienen ni margen de error, es cero”, recalcó.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó

Sobre la ley de inocencia fiscal, argumentó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice 'vuelve' y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”.

“El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, remarcó.

Periodismo e inflación

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastables, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota”. “El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, calculó.

Consumo y empleo

“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora hay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía. 

“Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también”, matizó Caputo.

Sobre los créditos hipotecarios de funcionarios

“Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor justicia social. No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”, explicó el ministro sobre la información que días atrás dio cuenta de la cantidad de miembros del Gobierno que solicitaron préstamos en el banco estatal. “Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja. Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”, dijo Caputo.

Con información de NA.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aumentó su patrimonio declarado en pesos un 319% entre el inicio del gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, y el final de 2024, pasados un año y 20 días de gestión. Es casi el doble que la inflación de diciembre de 2023 y todo 2024, del 173%, y del aumento del dólar oficial, que rige para las valuaciones, del 165%. Aún mejor les ha ido al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que los salarios registrados caían 5,1% en términos reales (ajustados por inflación).

El ex vocero presidencial comenzó con $25 millones de aquel tiempo y terminó el 31 de diciembre de 2024 con 107 millones. En el medio se compró un Jeep Compass Sport 2021, siguió teniendo su Renault Captur, pero dejó valorarla y en su declaración jurada patrimonial figura como que vale cero pesos. En el mismo periodo redujo sus depósitos en el exterior de US$22.000 a 6.000, pero elevó de US$5.000 a 42.000 su dinero en el colchón en el país. Veremos si termina bancarizando en la Argentina todas esas divisas, ahora que Caputo llama a depositarlas. Vale la aclaración: en esta declaración no figura la casa de country que compró su esposa en 2024 y que debería haberse incluido, como la de todas las parejas de funcionarios.

Lo novedoso también en la evolución patrimonial es que antes tenía una deuda con el Banco Galicia que equivalía a sólo el 11% de sus activos. Ahora, en cambio, le prestaron por el valor del 88% de sus bienes. Habrá que ver si se trata o no de uno de los habituales créditos que toman los funcionarios para justificar aumentos de la riqueza. En su momento, Mauricio Macri declaraba un préstamo de su amigo y exsocio Nicolás Caputo y Alberto Fernández, del empresario de seguros Héctor Martínez Sosa. En el caso de Adorni, le debe $20,6 millones a su madre, Silvia Pais; 7 millones a la contadora Victoria Cancio; 43 millones a la agente inmobiliaria Graciela Molina y 23 millones al sucesorio de Norma Zuccolo.

Karina Milei pegó un salto mayor en su patrimonio desde que entró a la función pública. Antes había tenido una gomería, un negocio de pastelería y colaboraba con las relaciones públicas de su hermano. Mas allá de las sospechas de coimas del 3%, está claro que pasó a tener un empleo estable y eso se reflejó en mayores depósitos en el banco. Su patrimonio pasó de $1,7 millones a 11 millones, un 569% más.

Caputo pasó de $2.307 millones a 11.851 millones, un 413% más. Su patrimonio se cotizó por la devaluación de diciembre de 2023, pero también por su habilidad para las inversiones financieras, que en un 99% las tiene en el exterior. En 2025, comenzó su campaña para que los argentinos saquen el dinero del colchón y lo lleven a los bancos argentinos. Habrá que ver si lo hizo él. A mediados de 2026 se conocerá su declaración jurada al 31 de diciembre de 2025.

Javier Milei también le ganó a la inflación en el primer año y 20 días de gobierno: su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%. Tiene US$20.000 en efectivo. En cambio, el canciller Pablo Quirno, que arrancó el Gobierno como secretario de Finanzas, mantuvo su patrimonio, que aumentó sólo a la par de la inflación, justo 173%, ni más ni menos, casi clavada su confesión de patrimonio: de $160 millones a 438 millones. Lo curioso es que repatrió el dinero que tenía en el exterior, el equivalente a $32 millones, pero ahora aún cuenta con fondos en efectivo fuera del sistema bancario, unos $77 millones. Se pierde de hacerlos rendir en una billetera virtual...

La otra integrante del gabinete que sigue allí es Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Ella contaba con $52 millones, casi lo mismo que Milei al inicio, y a fines de 2024 sumaba 78 millones, un 149% más. Pero al crecer menos que la inflación, se puede concluir que perdió patrimonio. Ya no junta más dólares en efectivo, como al principio de la gestión, pero lo llamativo es que cotiza un departamento suyo al mismo precio en pesos que antes de la devaluación de 2023. Magias de las declaraciones juradas patrimoniales.

AR/CRM

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este sábado la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores de la cartera económica.

Talvi es un economista con un extenso recorrido tanto en el ámbito académico como en la gestión pública. Nacido en Montevideo, desarrolló gran parte de su carrera como investigador y analista de políticas económicas, además de ocupar cargos relevantes en la política uruguaya. En 2019 fue electo senador por el Partido Colorado, desde donde lideró el sector Ciudadanos, y al año siguiente asumió como canciller de Uruguay.

Formado en la Universidad de la República, Ernesto Talvi completó posteriormente estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas, una de las instituciones más influyentes en la formación de economistas de orientación liberal.

Además de su actividad política, el economista se desempeña como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, un think tank dedicado al análisis de políticas públicas y la investigación económica.

Luis Caputo destacó su llegada al equipo económico al señalar que se trata de “un economista de extensa trayectoria y reputación”, cuya experiencia contribuirá a fortalecer el trabajo del ministerio. “Su visión será un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

La incorporación también fue celebrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien resaltó el perfil académico y técnico del economista uruguayo, al que definió como un destacado “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

El anuncio tuvo además la reacción del presidente Javier Milei, quien replicó la noticia en sus redes sociales con un breve mensaje en respaldo a la decisión del equipo económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew.

Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar a Finanzas fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central (BCRA). Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.

Con información de la agencia NA

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación incluye acusaciones por violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, falsificación de documento público y transgresión al secreto estadístico previsto en la ley 17.622.

Según el escrito, los legisladores sostienen que el titular del Palacio de Hacienda incurrió en “abuso de autoridad” al intervenir en la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la denuncia, en octubre de 2025 el organismo estadístico había dispuesto modificar la forma de cálculo del índice a partir de enero de 2026, pero el ministro habría ordenado postergar su implementación.

Los diputados argumentan que esa decisión tuvo como objetivo mantener vigente una metodología basada en componentes desactualizados hasta tanto finalizara la recomposición tarifaria en curso, cuyo impacto incidiría de manera directa en la medición de la inflación. Para el bloque opositor, esa determinación contraviene la ley 17.622, que regula el funcionamiento del sistema estadístico nacional y garantiza la independencia técnica del INDEC.

En la presentación judicial se advierte que la modificación o postergación del nuevo esquema de cálculo del IPC no es un asunto meramente técnico, sino que tiene consecuencias económicas y sociales concretas. Señalan que el índice de inflación impacta directamente en la fórmula de movilidad previsional —que determina la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones— y en las negociaciones paritarias tanto del sector público como del privado.

Los legisladores también recordaron que habían impulsado un pedido de interpelación al ministro ante el Congreso, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, para que explicara los cambios en la metodología y sus efectos. Ese planteo fue formalizado en un expediente parlamentario que detalla los cuestionamientos sobre la consistencia técnica y la oportunidad política de la decisión.

El segundo eje de la denuncia se centra en una publicación realizada por Caputo en su cuenta oficial en la red social X. Según los diputados, el ministro reconoció allí la diferencia en el resultado del IPC según la metodología aplicada y, además, anticipó el dato correspondiente a enero de 2026 antes de su difusión oficial por parte del INDEC.

Para Unión por la Patria, esa conducta configura una violación del secreto estadístico contemplado en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622, que establecen resguardos estrictos sobre la producción y divulgación de información oficial. El argumento central es que ningún funcionario político puede intervenir en la elaboración ni en la difusión anticipada de datos que deben ser comunicados por el organismo técnico competente.

El IPC es considerado uno de los indicadores más sensibles del sistema económico argentino. Su variación incide en la actualización de contratos públicos y privados, en las decisiones de política monetaria, en la negociación salarial y en la credibilidad macroeconómica del país. Por esa razón, el marco normativo vigente busca asegurar la autonomía profesional del organismo estadístico y evitar interferencias políticas en la generación de datos.

En ese contexto, la denuncia plantea que la eventual manipulación metodológica o la difusión anticipada de información oficial no sólo vulneraría disposiciones penales, sino que también afectaría la confianza pública en las estadísticas nacionales.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Economía no hubo una respuesta formal a la presentación judicial. El caso abre un nuevo frente de conflicto político en torno a la política económica y la transparencia en la medición de la inflación, en un escenario marcado por la sensibilidad social frente a la evolución de los precios y los ingresos.

En un contexto de fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresario, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto a los empresarios Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. El eje central del encuentro, según detalló el propio funcionario, fue la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

A través de sus redes sociales, Caputo calificó como “excelente” la reunión y señaló que conversaron especialmente sobre el Fondo de Aportes Laborales (FAL), las medidas para reducir lo que el oficialismo denomina “costo de la industria del juicio” y el nuevo régimen de empleo que prevé una reducción de aportes patronales al 2% durante cuatro años. También mencionó el RIMI para pymes y la denominada ley de Inocencia fiscal como parte del paquete estructural.

El ministro planteó que estas reformas serán “fundamentales” para consolidar el nuevo modelo económico, con mayor creación de empleo, mejores salarios y apertura comercial. Además, sostuvo que coincidieron en la necesidad de reducir la carga impositiva, especialmente a nivel provincial y municipal, para mejorar la competitividad de la industria. El mensaje buscó exhibir sintonía con la UIA en medio de un escenario donde el sector atraviesa una de las caídas más pronunciadas de los últimos años y persisten diferencias internas sobre el impacto de las reformas laborales.

La central fabril llegaba a la cita con propuestas concretas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial. Según trascendió, entre las medidas que la UIA le llevaba a Caputo figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

El trasfondo de esta convocatoria es una industria operando muy por debajo de su potencial. Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre empleo y decisiones de inversión. El sector textil, calzado y metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

En este contexto de fragilidad sectorial se produjo en las últimas semanas un choque de alta visibilidad entre el Gobierno y Paolo Rocca, al calor de la adjudicación de la provisión de más de 137.000 toneladas de caños de acero para un gasoducto estratégico que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. El contrato fue ganado por la empresa india Welspun, que presentó una oferta más baja, pese a que la compañía de Rocca —a través de Tenaris, la siderúrgica del grupo— había intentado reducir su precio hasta un 24% por debajo de su oferta original para igualar a su competidor.

El empresario italiano-argentino sostuvo en una carta pública que la adjudicación pone en riesgo el empleo argentino y advirtió sobre prácticas de dumping —ofertas por debajo de costo para capturar mercados—, reclamando reglas claras de competencia y defendiendo que los precios de Tenaris estaban alineados con mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa. Desde el Gobierno, en cambio, destacaron que el diferencial de precios —aproximadamente un 40% más barato según diversas fuentes oficiales— justifica la decisión de adjudicar a la firma extranjera, argumentando que insumos más baratos reducen costos de proyectos de infraestructura clave.

El episodio escaló hasta una intervención pública del presidente Javier Milei, quien criticó con dureza a Rocca en redes sociales por la disputa y cuestionó la práctica empresarial que, según él, resiste la apertura comercial al proteger costos más altos. El mandatario lo llamó “Don Chatarrin de los tubitos caros”. Ese cruce encapsula las tensiones más profundas entre la política industrial de apertura defendida por el oficialismo y el reclamo de sectores fabriles por políticas que nivelen las condiciones para competir con importaciones, en un momento en que el derrumbe productivo y la caída del empleo industrial son variables difíciles de soslayar.

MC

Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris fueron beneficiados por el Gobierno y una jueza federal en la causa que los investigaba por la gigantesta deuda tomada con el FMI durante la gestión de Cambiemos. Este viernes Javier Milei dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención como querellante en la causa contra el expresidente por supuesta defraudación al Estado, apenas días después de que María Eugenia Capuchetti archivara el proceso, luego de años sin avances. Con US$44.500 millones, fue el crédito más grande de la historia del organismo multilateral.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo bajo el mandato de Alberto Fernández, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

En su momento, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas; hoy ministro de Economía de Milei) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger (hoy ministro de Desregulación) y Guido Sandleris. 

La medida de Milei fue oficializada mediante el Decreto 87/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

El Poder Ejecutivo justificó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.

El decreto establece también que el cese de la querella no implica que el Estado Nacional renuncie al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes.

Archivo de la causa y apelación del fiscal

La decisión de la administración Milei se tomó tras el archivo de la causa por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, el pasado 2 de febrero. La jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino “discrepancias con decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias” y que esas decisiones “no pueden ser objeto de reproche penal, ya que forman parte del ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica y los efectos macroeconómicos adversos no permiten reconducir, por sí solas, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.

La decisión de Capuchetti fue apelada este jueves por el fiscal Picardi, quien consideró la decisión de la jueza como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”.

“La entidad y complejidad de los hechos investigados, así como la afectación directa a derechos y garantías fundamentales, imponen necesariamente la realización de una investigación profusa, amplia y exhaustiva, orientada a esclarecer la totalidad de las responsabilidades involucradas, el alcance de las maniobras desplegadas y la eventual existencia de otros partícipes, a fin de garantizar la plena vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho”, consideró Picardi en su apelación.

De acuerdo a Piicardi, “el archivo de las presentes actuaciones obtura la actuación de este Ministerio Público Fiscal y vulnera el principio acusatorio no dejándolo seguir ejerciendo la acción penal a los fines de profundizar una investigación de gran trascendencia institucional y repercusión nacional e internacional, y para poder atribuir, eventualmente, las responsabilidades criminales que correspondan”.

Según el escrito que presentó el fiscal, “las pruebas aunadas develan un conjunto de acciones direccionadas que, analizadas de manera integral, permiten observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible, conformado por etapas y acciones concretas emparentadas con la violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública; las falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI; la administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos; la administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos; y la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general”.

De esta manera, Picardi, aduciendo “la gravedad y magnitud de los hechos del caso, así como la solidez de la hipótesis delictiva sustentada en evidencias”, demandó a la Justicia “una investigación acorde y diligente, y una evaluación de las pruebas minuciosa, de cara a los deberes del sistema de administración de justicia con la sociedad”.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec se produjo en buenos términos y descartó que existan motivos ocultos detrás de su renuncia. Según explicó, la decisión estuvo vinculada a cuestiones técnicas relacionadas con la metodología del índice de inflación y no a presiones externas.

En declaraciones televisivas, Luis Caputo negó que el Fondo Monetario Internacional haya intervenido en la modificación de la medición y aseguró que la desvinculación de Marco Lavagna se dio de manera consensuada. Detalló que existía un plan para aplicar cambios metodológicos en una etapa de desinflación, con plazos previamente anunciados, aunque ese proceso terminó demorándose. En ese contexto, atribuyó parte de la controversia a cuestionamientos políticos impulsados por sectores que, según dijo, buscan que al país “le vaya mal”.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo además que la situación del Indec no tuvo impacto en la gestión del presidente Javier Milei. También reveló que mantuvo contacto con Marco Lavagna luego de su salida y que el exfuncionario le manifestó su malestar por las versiones que circularon, al tiempo que se mostró dispuesto a realizar una aclaración pública para despejar dudas.

Por otra parte, Luis Caputo se mostró optimista sobre el rumbo económico y anticipó que este año el país podría crecer cerca de un 4%. En ese marco, afirmó que los salarios mejorarán y que tanto la inflación como la pobreza continuarán en descenso. “Se recuperó la esperanza”, expresó, y destacó que el actual gobierno logró sacar a millones de argentinos de la pobreza.

El ministro también remarcó la llegada de inversiones y el retorno de jóvenes que habían emigrado, al señalar que se trata de un cambio estructural orientado a reducir impuestos y atraer capitales. A su vez, sostuvo que la administración libertaria debe actuar con empatía hacia los más de 47 millones de argentinos.

Consultado por la polémica en torno a los precios de la indumentaria, luego de admitir que compra ropa en el exterior, Luis Caputo afirmó que fue sincero y defendió la apertura del sector al sostener que ahora puede competir, pese a las diferencias de precios entre productos locales e importados. En ese sentido, consideró que en un esquema de economía cerrada, como el de gestiones anteriores, no se generaba crecimiento.

Finalmente, el ministro se refirió a los cuestionamientos del empresario Paolo Rocca tras la pérdida de una licitación vinculada a Vaca Muerta y negó la existencia de competencia desleal. “Techint es una compañía sólida y tiene margen para volver a participar en futuras licitaciones”, concluyó.

Con información de medios

JIB

La frase del ministro de Economía, Luis Caputo, resonó como una provocación en una industria que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, dijo el funcionario para justificar la apertura importadora y la presión oficial para bajar precios. Las respuestas no solo llegaron desde las cámaras empresarias, sino también desde el propio Gobierno, con intervenciones de Manuel Adorni que profundizaron el enfrentamiento con el sector.

“Si importás un jean y te cuesta 25 dólares mientras que acá sale 100, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”, desafió el jefe de Gabinete en una entrevista televisiva, al relativizar el impacto de las importaciones sobre el empleo. Para Adorni, la diferencia de precios se redistribuiría en otros sectores de la economía y beneficiaría al consumo general.

Pero la industria textil sostiene que esa mirada reduce una crisis profunda a un ejemplo aislado. “No lograron desarmar ni un solo impuesto”, respondió Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), quien cuestionó que el Gobierno reclame competitividad sin modificar la estructura de costos que pesa sobre la producción local. “Hablan de precios, pero no tocaron ninguno de los factores que los explican”, agregan desde el sector.

Una crisis que no entra en una comparación de precios

Los datos muestran un panorama muy distinto al que describe el discurso oficial. Según estimaciones sectoriales, la cadena textil-indumentaria perdió alrededor de 18.000 empleos formales en los últimos dos años y cerraron más de 500 establecimientos, en su mayoría pymes. La caída golpea con fuerza en el conurbano bonaerense y en provincias con tradición fabril, donde la industria textil es una de las principales fuentes de trabajo.

La producción también se desplomó. Registros de la Fundación Pro Tejer indican que la actividad textil cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025 y casi 48% frente a noviembre de 2023. En ese marco, la utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 29%, uno de los niveles más bajos de toda la industria manufacturera: siete de cada diez máquinas están paradas.

Para Drescher, la discusión no puede limitarse al precio final de una prenda. “Comparar una remera importada con una hecha en Argentina sin mirar impuestos, logística, alquileres y financiamiento es una trampa”, sostienen en la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Desde el sector explican que una parte sustancial del valor en góndola no se explica por el costo productivo sino por cargas impositivas, costos financieros y comerciales que el Gobierno no modificó.

Caputo y Adorni: la ofensiva discursiva

Las declaraciones de Caputo y Adorni fueron leídas por los industriales como una señal política clara: el Gobierno está dispuesto a sacrificar producción y empleo en nombre de la baja de precios. “No tenemos que proteger industrias sino a los argentinos”, insistió Adorni, en línea con el planteo del Ministerio de Economía.

Sin embargo, los empresarios advierten que esa lógica desconoce el carácter estratégico del sector. La industria textil es intensiva en mano de obra, tiene encadenamientos productivos amplios y cumple un rol clave en economías regionales. “Cuando cierra una fábrica textil no baja solo una persiana: se cae una red de talleres, proveedores y comercios”, alertan.

El conflicto dejó al descubierto una discusión más profunda sobre el modelo económico. Mientras el Gobierno plantea la apertura importadora como solución casi exclusiva para contener precios, la industria señala que sin políticas activas el resultado es desindustrialización. La narrativa oficial opone consumidores a productores, pero omite que la pérdida de empleo también impacta en el consumo y en la recaudación.

“Se habla de precios como si fueran una decisión unilateral del empresario, cuando en realidad están condicionados por una macroeconomía inestable y costos que el propio Estado impone”, repite Drescher. En ese contexto, la apelación a ejemplos individuales —“yo no compro ropa acá”— aparece para el sector como una forma de deslegitimar a toda una actividad.

MC

El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo buscó este lunes bajarle dramatismo a la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, pero en el mismo movimiento dejó expuesta la tensión de fondo: el Gobierno no quiere tocar ahora el índice con el que se mide la inflación, aun cuando el propio organismo venía trabajando en una actualización metodológica.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Caputo confirmó que el Instituto seguirá utilizando el IPC actual —basado en patrones de consumo de hace más de 20 años— y que el nuevo indicador impulsado por Lavagna quedará en pausa “hasta que el proceso de deflación esté consolidado”. La frase no fue casual: en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal capital político del oficialismo, cualquier modificación técnica corre el riesgo de abrir una zona de especulación pública sobre el dato.

“No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da prácticamente lo mismo”, sostuvo el ministro de Economía, y agregó un elemento clave: según sus cálculos, en enero el índice nuevo habría dado “un punto más abajo”. Es decir, el Gobierno admite que el cambio podría alterar el número final, aunque insiste en que no se trata de una manipulación sino de una cuestión de timing político. “Nos parece razonable no dar lugar a la especulación”, remarcó en otro tramo de la entrevista.

En ese marco, Caputo confirmó también que la salida de Lavagna fue producto de un “mutuo acuerdo” y en “buenos términos”, una fórmula clásica para evitar leer la renuncia como una crisis interna. Pero la decisión de congelar el nuevo IPC funciona como trasfondo inevitable: Lavagna se va justo cuando el Gobierno decide postergar indefinidamente la actualización del índice que él mismo había impulsado.

El ministro anunció además que Pedro Lines, actual director técnico del organismo, quedará al frente del INDEC. Lo defendió con una descripción que apunta directamente al trauma histórico del instituto: “Es un funcionario intachable, de primera línea. Se fue cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de [el exsecretario de Comercio Guillermo] Moreno”.

PL/CRM

Luis Caputo eligió una defensa política e ideológica para explicar el conflicto abierto con Techint tras la licitación de tubos de acero que el conglomerado de Paolo Rocca perdió en manos de una compañía india. En simultáneo, el ministro de Economía avaló un nuevo auxilio financiero de Estados Unidos que permitió a la Argentina cumplir con un vencimiento clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos frentes, el ministro de Economía recurrió a una serie de definiciones públicas que buscaron desactivar críticas, pero que expusieron las tensiones de fondo del programa económico.

“No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó Caputo este lunes al referirse a la polémica por la licitación que ganó una empresa de la India y que dejó afuera al principal grupo siderúrgico argentino. El ministro insistió en que la decisión no estuvo dirigida contra Techint y rechazó que exista un enfrentamiento con el empresariado local: “No es Techint sí o Techint no. Es si el Estado paga lo que corresponde o vuelve a pagar sobreprecios”.

En la misma línea, defendió el proceso al sostener que “cuando hay competencia real, los precios bajan” y que el Gobierno no está dispuesto a convalidar esquemas heredados. “Durante años se naturalizó que el Estado pagara más caro. Eso se terminó”, remarcó. “Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, dijo en radio Mitre.

La empresa india Welspun se quedó con el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. Son El 500 kilómetros de tubos a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.

Ropa cara e inflación

El ministro también puso el foco en el sector textil como uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que considera distorsiones de larga data en la economía argentina. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, afirmó sin matices, y sostuvo que los precios locales estuvieron históricamente inflados por un esquema de protección que “benefició a muy pocos y perjudicó a millones de consumidores”. En esa línea, Caputo defendió la apertura de importaciones y cuestionó los aranceles y restricciones que protegieron a la industria: “Durante años se usó el argumento del empleo para justificar precios absurdos”, dijo, y agregó que el Gobierno no está dispuesto a sostener sectores que “no sean competitivos a nivel internacional”.

Luego Caputo volvió a poner un número sobre la inflación de enero, que se conocerá en los próximos días: “Seguramente esté en torno al 2,5%”, dijo sobre una estadística que está estancada en los dos puntos. En diciembre se alzó a 2,8% y acumuló en todo 2025 una variación de 31,5%. “Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales”, subrayó.

Nuevo rescate de EE.UU.

Mientras el ministro relativizaba el conflicto con Techint, el frente externo volvía a mostrar hasta qué punto la estabilidad financiera depende de apoyos extraordinarios. El Tesoro de Estados Unidos, bajo la conducción de Scott Bessent, giró a la Argentina US$ 808 millones mediante una operación con Derechos Especiales de Giro (DEGs), que permitió pagar los intereses al FMI sin recurrir a las reservas en dólares del Banco Central.

Caputo no ocultó la importancia de esa asistencia y la justificó como parte de una relación fluida con Washington. “Tenemos un diálogo permanente y muy constructivo con el Tesoro de Estados Unidos”, señaló, y destacó que la operación permitió “cumplir con el Fondo sin generar un impacto negativo en las reservas”. Según el ministro, este tipo de mecanismos financieros “ordenan el programa” y le dan previsibilidad al esquema cambiario.

La ayuda de Bessent no fue un hecho aislado. Es la tercera intervención directa en pocos meses, luego de un giro de US$ 1.185 millones en octubre y de la habilitación de un swap por US$ 2.500 millones. En Economía lo presentan como una señal de respaldo político al rumbo de Milei, pero el dato concreto es que sin ese auxilio el pago al FMI habría absorbido una parte sustancial de los dólares comprados por el Banco Central en enero.

El calendario inmediato agrega presión. En febrero está prevista una nueva visita del FMI para realizar la segunda revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones firmado en abril del año pasado. El organismo llega en un contexto delicado: aunque el Banco Central logró comprar más de US$ 1.100 millones en enero, las reservas siguen siendo un punto sensible y el propio Fondo monitorea de cerca el ritmo de acumulación.

MC