El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y cuestionó el precio y la calidad de los bienes producidos por la industria nacional. “Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas durante su exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, luego de que el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, cuestionara al Gobierno y asegurara que sus funcionarios “no saben lo que es una fábrica”.

Sin mencionar directamente a Moretti, Caputo calificó sus dichos como poco “decorosos” y sostuvo que existe una diferencia entre defender los intereses de un sector y la responsabilidad que tiene como funcionario. “Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro, que había regresado recientemente al país tras reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró además comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”, aunque insistió en que su función es priorizar los intereses generales.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

La defensa de una economía “en dos velocidades”

Durante su exposición, Caputo también defendió el esquema que definió como una “economía en dos velocidades” y sostuvo que el crecimiento de la Argentina estará impulsado fundamentalmente por las exportaciones.

Según explicó, durante años hubo una reasignación de recursos que perjudicó a los sectores con capacidad de generar divisas. “Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, señaló.

En ese sentido, consideró que no necesariamente es negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa situación sea interpretada de manera negativa.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, sostuvo.

Para graficar su argumento, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a tres de los principales jugadores argentinos: Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández. “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”, afirmó.

De esta manera, el ministro defendió la estrategia oficial de priorizar los sectores considerados más competitivos y con mayor capacidad exportadora, en medio del debate con la industria nacional sobre los efectos de la apertura económica y las condiciones que enfrenta el sector productivo.

Con información de la agencia NA

La apertura económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei derivó este miércoles en un fuerte cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamó condiciones para que el sector pueda atravesar la transición hacia una economía más competitiva. El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas de los industriales y defendió la estrategia oficial, al tiempo que cuestionó el precio y la calidad de los productos fabricados en el país.

El contrapunto se produjo en el marco del Día de la Industria. Durante el acto anual de la UIA, realizado en la planta del Laboratorio Elea, en Los Polvorines, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, reclamó al Gobierno la construcción de “un puente” entre la economía actual y el modelo competitivo que busca impulsar la administración de Milei.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, sostuvo Rappallini ante más de 200 representantes de los distintos sectores industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo.

El reclamo estuvo acompañado por una crítica a la situación que atraviesa el sector. Según Rappallini, la producción industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que en algunos sectores las caídas llegan al 30%. Además, aseguró que desde agosto de 2023 se perdieron 90 mil empleos formales.

El titular de la UIA planteó que la economía no puede medirse únicamente por la evolución de la inflación y reclamó una serie de medidas para mejorar la competitividad: reconstruir el crédito, reducir el costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de energía a precios competitivos, reducir la morosidad, desarrollar infraestructura para exportar y avanzar en la modernización laboral.

“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y, en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, afirmó.

El reclamo por la apertura

Uno de los principales puntos planteados por Rappallini fue el impacto de la apertura comercial sobre la industria. El titular de la UIA sostuvo que la integración al mundo expone principalmente a los sectores que producen bienes y servicios transables, entre los que se encuentra buena parte de la industria nacional.

“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las empresas industriales deben enfrentar los precios internacionales mientras continúan afrontando costos locales. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, sostuvo.

Por eso, reclamó herramientas que permitan atravesar la transformación sin alterar el equilibrio fiscal. “Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”, afirmó.

El vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había elevado todavía más el tono de las críticas contra el Gobierno y, particularmente, contra Caputo. Afirmó que los funcionarios nacionales “no conocen el país” ni “lo que es una fábrica” y cuestionó el rumbo de la política económica.

La respuesta de Caputo

Horas después, durante una exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo respondió a los cuestionamientos de la UIA y sostuvo que su responsabilidad como ministro es defender los intereses de los consumidores.

“Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, afirmó.

Aunque no mencionó directamente a Moretti, el ministro calificó sus declaraciones como poco “decorosas” y aseguró comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

Caputo defendió además la apertura económica y el esquema que definió como una “economía en dos velocidades”. Según explicó, el crecimiento de la Argentina estará impulsado principalmente por las exportaciones y por los sectores que cuentan con ventajas comparativas y capacidad para generar divisas.

“Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, sostuvo.

El ministro consideró que no es necesariamente negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa dinámica sea presentada como un problema.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, afirmó.

Para explicar su posición, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández: “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”.

El contrapunto entre el Gobierno y la principal entidad industrial del país quedó así concentrado en dos visiones sobre la apertura económica: mientras la UIA reclama condiciones y herramientas para que las empresas puedan competir con el mundo sin quedar expuestas a una estructura de costos que considera desfavorable, el Gobierno sostiene que la economía debe orientarse hacia los sectores más competitivos y con mayor capacidad de generar exportaciones y divisas.

El acto por el Día de la Industria también estuvo marcado por la escasa presencia del Poder Ejecutivo. De los funcionarios nacionales, el único representante fue Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Con información de la agencia NA

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las actividades vinculadas al G20 de Finanzas, con el objetivo de profundizar la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.

Durante el encuentro los funcionarios repasaron la agenda económica de ambos países y avanzaron en temas de interés común, en línea con el estrecho vínculo que mantienen los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

La reunión se produjo luego de la participación de ambos funcionarios en las actividades del G20 de Finanzas. Antes del encuentro con Caputo, Bessent había realizado una exposición en la que destacó el proceso económico que lleva adelante la Argentina y el respaldo que el Gobierno de Milei obtuvo en las últimas elecciones.

El respaldo de Bessent al programa argentino

Durante su exposición, Bessent sostuvo que la Argentina está atravesando una “oportunidad histórica” y vinculó el proceso político y económico del país con cambios que, según su interpretación, también se observan en otras naciones de la región. “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, afirmó el funcionario estadounidense.

En ese sentido, destacó el respaldo obtenido por Milei entre sectores de menores ingresos y los jóvenes y señaló: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”.

Bessent agregó que esos cambios también podían observarse, a su criterio, en países como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Las declaraciones fueron valoradas por Caputo, quien posteriormente las compartió en su cuenta de la red social X. “Es un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, señaló el ministro de Economía.

La agenda bilateral y la situación en Medio Oriente

Durante la reunión a solas, Caputo y Bessent también repasaron distintos aspectos de la relación entre la Argentina y Estados Unidos y analizaron el escenario internacional. Uno de los temas abordados fue la crisis en Medio Oriente y sus posibles consecuencias sobre los mercados globales y las economías nacionales.

En ese contexto, Bessent tiene participación en la definición de la política económica y comercial de Estados Unidos frente a Irán, además de desempeñar un papel central en las medidas adoptadas por la administración de Trump en materia económica.

La situación en torno al estrecho de Ormuz, las posiciones de China y las críticas expresadas desde distintos sectores de la Unión Europea forman parte del complejo escenario internacional que puede repercutir sobre los mercados y las variables económicas.

El encuentro entre Caputo y Bessent se inscribe así en la agenda de coordinación que ambos gobiernos vienen desarrollando, con especial énfasis en las cuestiones económicas y financieras.

Con información de la agencia NA

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien analizó la agenda económica de la Argentina y los avances alcanzados por el Gobierno para consolidar la estabilidad y apuntalar el crecimiento.

El encuentro se produjo en la previa de la participación de Caputo en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Caputo destacó el encuentro a través de su cuenta de X: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.

Junto al ministro participaron de la reunión el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

La agenda de Caputo en el G20

Durante las reuniones del G20, Caputo defenderá los resultados de la política económica del Gobierno y expondrá sobre la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica y sostener el crecimiento de la economía argentina.

El ministro también participará de encuentros en los que se abordarán distintas cuestiones vinculadas con la economía mundial, entre ellas la evolución del crecimiento global, la deuda soberana, los desequilibrios económicos internacionales, la educación financiera y las políticas de prevención del fraude.

La participación argentina se da en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su estrategia basada en el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento, al tiempo que procura mantener el respaldo internacional para avanzar con las reformas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión de Milei.

El respaldo de Estados Unidos

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo también buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La eventual reunión se produciría luego de un año de respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico del Gobierno argentino y en un contexto marcado por la asistencia financiera estadounidense que permitió a la Argentina defender su posición frente a momentos de tensión en los mercados.

Para Caputo, el viaje representa además una oportunidad para presentar ante las principales economías del mundo el rumbo que sigue la Argentina y fortalecer el diálogo con sus principales aliados internacionales.

En particular, el Gobierno considera central sostener el vínculo con las autoridades económicas de Estados Unidos, mientras busca consolidar el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento como ejes de su programa.

Con información de la agencia NA

Este lunes 31 de agosto vence el plazo para que los funcionarios públicos nacionales presenten su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025. La fecha, que originalmente vencía antes, fue prorrogada por la Oficina Anticorrupción (OA) mediante la Resolución 7/2026 del 16 de julio, con el argumento de que ARCA había extendido hasta el 27 de julio el plazo para presentar Ganancias y Bienes Personales, y eso dejaba apenas cuatro días para completar la declaración patrimonial. Fue la última de una serie de prórrogas que este año coincidieron, en el calendario, con el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que terminó por costarle el cargo a Manuel Adorni.

elDiarioAR accedió y analizó las declaraciones juradas 2025 —presentadas ante la OA entre julio y agosto de este año— de siete funcionarios: el presidente Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. A eso se suma la declaración inicial que Diego Santilli presentó en diciembre, al asumir como ministro del Interior. El resto de los de los funcionarios de primera línea aún no presentaron: Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; Pablo Quirno, canciller, y Mario Lugones, ministro de Salud.

Caputo declara un patrimonio neto casi 66 veces mayor al del propio Presidente, y más de 560 veces mayor al de Karina Milei, la funcionaria con más poder de decisión del organigrama después de su hermano, pero con menos riqueza declarada.

El ranking: quién tiene qué

Cada declaración jurada informa los bienes y las deudas al inicio y al cierre del año calendario. Restando deudas a bienes se obtiene el patrimonio neto en cada punta; la diferencia entre ambos —convertida a dólares al tipo de cambio oficial de cada fecha— muestra si el patrimonio creció o se achicó en términos reales, más allá de la inflación en pesos.

Caputo, con casi todo afuera

El patrimonio neto de Luis “Toto” Caputo cerró 2025 en $19.487 millones de pesos, unos US$13,17 millones al tipo de cambio oficial. Es, por lejos, el funcionario más rico del grupo analizado: más de cinco veces el patrimonio de Sturzenegger, que ocupa el segundo lugar, y 66 veces el de Milei.

La declaración de Caputo —presentada como “Rectificativa 1” el 29 de agosto, dos días antes del vencimiento del plazo— detalla depósitos en el exterior por unos $12.400 millones de pesos (unos US$8,4 millones), la enorme mayoría en una cuenta corriente en dólares, más una participación de $888,5 millones en Ancora Investments L.P., un vehículo de inversión radicado afuera. Según el propio documento, más del 95% de sus depósitos bancarios están fuera del país.

En bienes locales, Caputo mantiene el departamento familiar de 365 m² en Recoleta —de su propiedad desde 2004—, una cochera, dos lotes en Pilar y Benavidez, una propiedad heredada también en Recoleta y un campo en Alberti que la declaración consigna con una superficie de 81.530.000 m² (unas 8.153 hectáreas), incorporado en 2016 y valuado en $1.290 millones; un dato que, por su magnitud, amerita una verificación aparte. Entre los rodados figuran una embarcación a motor, un gomón, un cuatriciclo y dos utilitarios Kia Carnival.

Karina Milei: el patrimonio más chico del organigrama más poderoso

En el otro extremo está Karina Milei. La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia —con más poder de facto sobre nombramientos y decisiones de gobierno que buena parte de los ministros— declara el patrimonio neto más bajo de los siete funcionarios relevados: US$23.205 al cierre de 2025, apenas por encima de un departamento con cochera en Vicente López que es, según su DDJJ, prácticamente todo su patrimonio.

Es también el que más creció en términos porcentuales: +225% en pesos y +131% en dólares en un solo año, aunque partiendo de una base muy baja. La declaración no explica el origen de ese salto más allá del incremento consignado en depósitos en caja de ahorro.

La herencia uruguaya de la funcionaria que audita los decretos

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia desde abril de 2025 —la oficina que revisa la legalidad de decretos, resoluciones y designaciones de todo el Poder Ejecutivo—, más que duplicó su patrimonio neto en dólares durante el año: de US$120.397 a US$177.423 (+47,4%).

El salto se explica casi por completo por una herencia: su declaración consigna el ingreso de una cuenta comitente en Uruguay, a nombre de terceros con un 90% de participación a su favor, por un valor de $142,4 millones de pesos (unos US$96.000 al cierre del año), bajo el rubro “herencia”.

Pettovello, Monteoliva y Milei: crecimientos moderados

El resto del Gabinete relevado muestra variaciones más acotadas. Sandra Pettovello —tres departamentos en Capital Federal, dos de ellos alquilados— pasó de US$124.185 a US$131.315 (+5,7% en dólares). Pettovello también vendió en 2025 su Volkswagen Fox 2017, valuado en $8,8 millones al inicio del año: en su lugar declaró US$6.000 en efectivo al cierre, la misma cifra que —según indicaron fuentes de la ministra— corresponde al precio de venta del auto. En su declaración figuran, además, $16,8 millones bajo el rubro “Bienes recibidos por herencia, legado o donación”, la misma categoría que usó Ibarzabal Murphy para la cuenta comitente heredada en Uruguay. En este caso, sin embargo, no se trata de una herencia: fuentes de la ministra explicaron que el formulario de ARCA no prevé un campo específico para consignar ingresos por cuota alimentaria, y que ese fue el rubro utilizado para declarar la que recibe por su hijo.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad desde diciembre de 2025, incorporó una camioneta Jeep Renegade 2025 financiada con un préstamo prendario de Taraborelli Cars, la única deuda nueva de su declaración; su patrimonio neto pasó de US$56.185 a US$62.489 (+11,2%).

El propio Javier Milei —una casa en Capital Federal, una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ, además de un colchón de ahorros en dólares que pasó de unos US$65.500 a cifras similares en su cuenta de caja de ahorro— cerró el año prácticamente estable en dólares: de US$195.769 a US$199.052 (+1,7%).

Luis Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, y los datos muestran que mantiene la mayor parte de sus ahorros fuera del país. Caputo declaró una fortuna personal de US$13,4 millones al final del año pasado, un incremento del 37% en dólares frente a los US$9,7 millones que había declarado al inicio de 2025.

El ministro declaró depósitos por unos US$8,65 millones distribuidos en nueve cuentas distintas en el extranjero, además de acciones y bonos, lo que representa dos tercios de su patrimonio colocados fuera de la Argentina. Es una definición que contrasta con las recomendaciones que el propio Caputo hace públicamente para que canalicen sus ahorros a través del sistema financiero local. Del total de dinero líquido declarado —12.730 millones de pesos—, unos 12.422 millones, el 97%, están depositados en el exterior.

El salto más llamativo, de acuerdo con un desglose realizado por el periodista Alejandro Bercovich, se dio en una cuenta en particular, radicada en Estados Unidos, que pasó de $4.018.483.336 a $11.738.447.944 durante el año. Caputo no detalla en su declaración jurada en qué entidad ni bajo qué figura están depositados esos fondos.

El incremento patrimonial se dio, además, pese a un nivel de gasto declarado que multiplica varias veces el sueldo que Caputo percibe como funcionario. De dividir los gastos anuales no deducibles ($49.340.548,44) y personales ($237.535.253,19) que declaró por los doce meses del año, el resultado es un gasto mensual de unos 24 millones de pesos, seis veces lo que gana como ministro de Economía.

Los inmuebles que declaró son los mismos que un año atrás: su vivienda, un departamento heredado en Recoleta, tres cocheras, un lote en Benavídez, otro en un country de Villa La Angostura y un campo de más de 800 hectáreas en Alberti, al que el sitio El Destape sumó un terreno de 100 metros cuadrados en Pilar. El valor total registrado de esas propiedades subió unos US$453.000 durante 2025. Tampoco cambió el parque de vehículos declarado: un yate, un gomón, una camioneta Volvo XC90, dos Kia Carnival y un cuatriciclo.

Entre otras inversiones, Caputo declaró participación en Anker Latinoamericana, la consultora que compartía con el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, valuada en 61 millones de pesos; en Ancora Investments LP, que bajó de 1.870 a 888 millones de pesos durante el año; en Palmeral Chico, por más de 1.500 millones de pesos; y en Sacha Rupaska, una firma que fue denunciada por desmontes ilegales, por 348 millones de pesos.

El Destape señaló, además, que la declaración jurada de Caputo no incluye su participación en dos sociedades radicadas en jurisdicciones offshore —Noctua, con sede en Miami, Delaware e Islas Caimán, y Princess International Group, en Islas Caimán— que habían sido reveladas en una investigación periodística previa.

El patrimonio total del ministro, incluyendo inmuebles y el resto de sus bienes, ascendió a $19.209 millones, un 62% más que un año antes en moneda local, equivalente a un alza del 15% medido en dólares. La mayor parte del dinero del ministro de Economía sigue, un año más, fuera de la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Caputo arribó este domingo a Carolina del Norte, acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Durante el encuentro que tendrá lugar este lunes, el cual reúne a funcionarios de las potencias económicas, el ministro buscará defender los resultados de la política económica argentina y transmitir la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El mismo participará en una exposición sobre crecimiento económico, en la que planteará que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para alcanzar un desarrollo sostenido.

Además, el ministro participará de las mesas de discusión sobre la evolución de la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y prevención del fraude.

Pero la agenda del ministro tendrá también un componente bilateral de especial relevancia para la Argentina: buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien ya mantuvo distintos contactos desde el inicio de la gestión de Milei, siendo el conclave en la sede del Departamento del Tesoro de EE. UU., en Washington D.C., en octubre de 2025, la última vez que se vieron.

El eventual encuentro se produciría después de un año marcado por el respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico argentino y por la asistencia financiera estadounidense que permitió fortalecer la posición del Gobierno en momentos de tensión sobre los mercados.

Asimismo, Caputo también espera mantener un encuentro cara a cara con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar la actual situación de la Argentina y el programa de refinanciación de la deuda.

La participación de Caputo en el G20 se da, además, mientras la administración libertaria busca profundizar su estrategia de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y crecimiento, y procura mantener abierto el respaldo internacional a las reformas económicas implementadas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

De esta manera, la cumbre representa para el ministro una doble oportunidad: presentar ante las principales potencias el rumbo económico argentino y avanzar en una nueva instancia de diálogo con Washington, en particular con Bessent, una de las figuras clave del gobierno estadounidense en la relación financiera con la Argentina.

“Hace a la justicia social.” Con esa frase el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un paquete de medidas para incentivar los créditos hipotecarios. La conferencia del jefe del Palacio de Hacienda se decidió luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Venimos a dar una mano junto con el Ministerio de Capital Humano”, apuntó el ministro con respecto a que el fondeo de los créditos será a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la reserva de activos administrada por la ANSES que supera los US$70.000 millones, aunque solo una porción menor de ese total se destinará al programa. Caputo, que dio la conferencia junto al vicepresidente segundo del Banco Central, Baltasar Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Micele, planteó el diagnóstico que motiva la medida: los bancos “reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”, dijo, y agregó que el mercado de capitales argentino es prácticamente inexistente para financiar hipotecas a 15 o 20 años.

El instrumento elegido para resolver ese desajuste es un depósito a plazo fijo en pesos ajustable por UVA más un spread, dentro de un programa de licitaciones por $2 billones en total. Cada licitación pondrá en juego 200.000 millones de pesos -la primera sería la semana que viene-, con dos tramos de plazo y tasa mínima garantizada: uno a un año, con un spread mínimo de 2,50 puntos sobre la UVA, y otro a cinco años, con un piso de 4,50 puntos.

Ninguna entidad financiera podrá quedarse con más del 20% del monto ofertado en cada licitación y, una vez constituido el depósito, tendrá 90 días corridos para aplicar esos fondos a los créditos hipotecarios previstos por el programa. “El FGS no corre ningún riesgo”, aseguró Caputo sobre la garantía que tiene el fondo de garantía de las jubilaciones.

El destino de esos fondos son créditos hipotecarios para personas humanas que busquen comprar, construir, ampliar o refaccionar su primera vivienda, bajo condiciones que el Gobierno fijó como techo para las entidades adjudicatarias: una tasa máxima de UVA más 7,50 puntos, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un monto máximo por crédito equivalente a 150.000 UVA, unos 250.000 dólares al tipo de cambio actual. “Daría soluciones habitacionales para unas 17.000 familias”, precisó Caputo.

El esquema fue presentado por el propio ministro como un puente transitorio, pensado para sostener el financiamiento hipotecario mientras no se recompone el ahorro de largo plazo en el sistema financiero local. La medida conocida este miércoles se complementa con otra que Caputo había anunciado días atrás para que los bancos abran préstamos en dólares a empresas: “Habrá un impulso particular a la industria de la construcción”, comentó, al describir el paquete como un estímulo combinado sobre la oferta y la demanda de vivienda.

La decisión de recurrir a los fondos previsionales que administra la ANSES para apuntalar el crédito hipotecario reabre un debate recurrente sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, constituido originalmente como reserva del sistema jubilatorio. El propio Caputo había descartado semanas atrás que el FGS comprara directamente las hipotecas, y optó en cambio por el mecanismo de licitación de plazos fijos, que mantiene los activos en manos de la ANSES y traslada el riesgo crediticio a los bancos que se adjudiquen los fondos.

Ya pasaron varios meses desde que los datos sobre endeudamiento, pero principalmente mora (es decir “no pago” de las deudas) están en los medios masivos. El Gobierno descarta aplicar políticas públicas para intentar resolver el problema culpando a los endeudados. Aunque el problema se presenta en todo el sistema financiero, la parte más complicada aparece en las “fintech” o billeteras virtuales. Estas plataformas llegaron prometiendo simplificar la vida, “incluir financieramente” a todos. Pero detrás de esa promesa democrática y simplificadora, se comenzó a alimentar un problema social angustiante: el sobreendeudamiento de jóvenes, adultos y familias enteras.

Pero, más allá de dobles varas, ¿por qué el Gobierno sí condona deudas a empresas? ¿O apunta a cuestiones pseudo teóricas como el “moral hazard”? ¿Por qué propone sucesivos blanqueos que rompen los incentivos a pagar impuestos y llama héroes a los evasores? Mientras tanto, el ministro Caputo sostiene que “no puede hacer nada”.

Pero el Gobierno no solo es responsable por una situación que afecta a unas 7 millones de personas, sino que es resultado directo de sus políticas. El crédito aparece en el discurso oficial como la solución mágica a los problemas del crecimiento que excluye a los principales sectores, la destrucción de empleo y la baja de ingresos. Pero esa magia tiene un límite, ya cumplió ese rol en 2025 y ante los problemas de la política económica ya no puede cumplirlo. Ahora solo quedan sus consecuencias. Tampoco podemos olvidar la desregulación de tasas de interés al comienzo de su gestión o el desmanejo de la política monetaria que eleva irresponsablemente las tasas cada vez que el dólar amenaza con subir.

Pero si la razón del endeudamiento son los ingresos que no alcanzan, la solución tampoco puede ser una simple refinanciación porque evidentemente las familias tampoco están en condiciones de pagar incluso con tasas de interés “razonables”. Y este problema es particularmente acuciante ya que las familias de ingresos más bajos e inserciones laborales más precarias son las que mayores tasas de interés pagan.

Créditos que queman y tasas que castigan

Empecemos por el comienzo, ¿por qué se endeudan las 7 millones de personas que luego no pueden hacer frente a los pagos? Dada la magnitud del fenómeno, la clave está en que el ingreso disponible de las familias no alcanza para cubrir sus gastos. Los datos oficiales sustentan tal afirmación, en relación a noviembre de 2023; cerca de 6 millones de asalariados registrados cobran en mayo de 2026 un 5% menos en términos reales, los asalariados públicos se ubican un 18% (con los nacionales un 35%) abajo y los jubilados de la mínima tienen un haber un 10% menor. Además, tenemos 330 mil puestos registrados menos que han sido reemplazados por puestos informales de menor ingreso y calidad. Los datos de consumo muestran lo mismo; los rubros de consumo masivo se encuentran por debajo de 2023, mientras que los de mayores ingresos crecen. En ese contexto, acceder al crédito permitió durante 2025 sostener niveles de consumo. Pero ante el deterioro de la economía y el mercado laboral, se vuelve extremadamente difícil pagarlo.

Pero lo que antes era un proceso más lento y pausado, ahora es muy veloz. En dos “clicks” se puede comprar sin tener fondos, pagar las deudas de tarjeta con préstamos, y múltiples etc. Todo sin ningún tipo de control, información o cuidado por los deudores. Los datos que circulan son claros, Mercado Pago -la principal Fintech del país- tiene costos financieros totales (CFT) que van del 200% a 1000% anual; pero los bancos tampoco se quedan muy lejos y ni que hablar de los circuitos informales de créditos en los barrios. Estamos hablando de tasas de interés que al menos cuadruplican las previsiones de inflación. Como vemos, la política económica de Milei creó la demanda desesperada por crédito y, desregulación mediante, las características de la oferta de estos créditos que hoy son impagables.

Un caso particular dentro de las miles de historias son los jóvenes, la mayor porción entre los deudores y también entre los trabajadores informales. Un lugar donde convergen ambos mundos, son los trabajos de plataforma. Allí las plataformas operan a ambos lados del mostrador: mientras el algoritmo reduce la tarifa porque hay muchos trabajadores conectados y pocos pedidos, ofrecen créditos a tasas usurarias para “compensar” ingresos menores. Ni hablar si se rompe el vehículo o sufre un accidente, para eso también hay créditos. En este caso particular se ve la responsabilidad del gobierno nuevamente, por un lado, permite que las empresas transfieran el riesgo a sus trabajadores y luego, por el otro, habilita el negocio financiero. Y aquí estamos.

Sin embargo, el problema no solo es acuciante y relevante por la cantidad de personas involucradas. También lo es, porque el sistema financiero ante la morosidad responde aumentando aún más las tasas para hacer frente a previsiones de pérdida o intentar compensarlo. Así que, si no hay una solución para los deudores sufren todos, y la economía en su conjunto estará peor. Allí se ve claramente por qué el gobierno debe intervenir con políticas activas y regulación.

No es un problema entre privados

El sobreendeudamiento de las familias es, en definitiva, otra cara del modelo de Milei que comprime el consumo de bienes, precariza el empleo y, cuando eso no alcanza para llegar a fin de mes, ofrece crédito caro como única válvula de escape. Atender el problema como una consecuencia social de la política económica es un paso impostergable.

Para eso se necesita regular nuevamente las tasas de interés de todos los agentes del sistema financiero. Aquí no puede haber exclusiones, sean bancos o “billeteras virtuales” todas deben seguir las regulaciones establecidas con topes claros en las tasas y costos que pueden establecer como en la información que deben proveer al cliente.

También debe ser regulada la forma de gestión de esas deudas, prohibiendo las estrategias que se están haciendo conocidas en estos días donde las empresas tercerizadas de cobranza se comunican con cualquier persona vinculada a un deudor con tal de lograr el pago. Ese trato es inaceptable.

En todo esto, no debemos excluir la posibilidad de avanzar por vía penal. La usura está tipificada en el artículo 175bis del Código Penal. Allí claramente se indica que hay usura cuando se presta “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” haciendo prometer intereses desproporcionados. Lo mismo indica para aquellos que adquieran esas deudas e intenten cobrarlas.

Por otro lado, se debe dar curso al debate sobre la multiplicidad de proyectos legislativos que impongan un marco de refinanciación de las deudas bajo ciertas condiciones y ampliar las líneas de crédito de los bancos públicos de manera similar a lo que ya están haciendo el Banco Ciudad y Provincia. A su vez, políticas temporales de extensión de los plazos para determinar las categorías de los deudores o para el inicio de embargos podría ser una alternativa simple para reducir los daños de esta situación.

Lamentablemente, dada la situación económica y laboral y las nulas perspectivas de cambio de la situación, también debemos considerar que aún refinanciando las deudas en condiciones razonables muchas familias no podrán hacerse cargo de ellas. Simplemente no tienen los recursos. En esas situaciones, se debe considerar aplicar moratorias bajo condiciones que permitan a las familias recuperar su solvencia antes de exigirles el repago de deudas imposibles.

Frente a la frase de Caputo, es claro que hay mucho que se puede hacer frente a esta situación. Sin embargo, la principal causa es la política económica que no logra ni dinamizar el crecimiento, mucho menos el empleo y deteriora los ingresos como herramienta antiinflacionaria.

Todas estas iniciativas u otras que puedan surgir adicionales o alternativas son necesarias, pero no suficientes para empezar a mejorar las condiciones de vida de las familias, para eso necesitamos otra política económica.

*El autor es economista del Grupo Paternal y su cuenta en redes sociales es @juanmgrana

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. Durante la jornada, los funcionarios firmaron acuerdos vinculados con obras de infraestructura y avanzaron en la delegación a Catamarca de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la firma del convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto destinado a ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo en localidades del este de Catamarca y Santiago del Estero.

La visita había sido prevista originalmente para la semana anterior, pero debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas que afectaban a la región.

Del encuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Tras la firma de los acuerdos, Santilli y Caputo brindaron una conferencia de prensa junto a los mandatarios provinciales. El ministro de Economía destacó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo con las provincias y sostuvo que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer un modelo de gobierno federal.

“El objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo.

Santilli, en tanto, aseguró que desde el Gobierno nacional trabajan para “corregir esas asimetrías” y sostuvo que buscan que “el Norte vaya hacia adelante fuertemente, en el marco del equilibrio que vivimos en nuestro país”.

Una obra para Catamarca y Santiago del Estero

La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos. La obra alcanzará a unos 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto será financiado mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demandará una inversión estimada en $99.769 millones. El plazo previsto para su ejecución es de 36 meses.

Además de ampliar el abastecimiento de agua para los hogares, la infraestructura busca mejorar la disponibilidad del recurso para productores de una región que enfrenta dificultades estructurales para acceder al agua.

La iniciativa había sido solicitada formalmente por los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero al Gobierno nacional en enero de 2025. Durante ese año se avanzó con el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Con la firma del convenio, Nación y las provincias quedaron en condiciones de avanzar en las distintas etapas para concretar el proyecto.

Santilli destacó que la obra se enmarca en la búsqueda de compatibilizar el desarrollo de infraestructura con el equilibrio de las cuentas públicas. “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostuvo.

Durante la visita también se firmaron acuerdos para delegar en Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. La medida forma parte de una agenda que el Gobierno nacional viene desarrollando con diferentes provincias para avanzar en el mantenimiento y la ejecución de obras sobre rutas nacionales. El esquema ya tuvo antecedentes recientes con Santa Fe y San Juan y se suma a las conversaciones entre la Nación y los gobiernos provinciales en torno a la infraestructura y la distribución de recursos. En el caso de Catamarca, además, la agenda de trabajo incluye la discusión sobre deudas recíprocas entre el Estado nacional y la provincia.

Un nuevo acercamiento con los gobernadores

La presencia conjunta de Santilli y Caputo en Catamarca también se inscribe en el acercamiento que el Gobierno nacional busca profundizar con los gobernadores considerados dialoguistas. El jefe de Gabinete participó esta semana de un encuentro del Consejo Federal del Norte Grande en Misiones, donde se reunió con mandatarios de distintas provincias de la región. La agenda estuvo atravesada por reclamos vinculados con infraestructura, obras y subsidios.

La Casa Rosada busca fortalecer los vínculos con los gobernadores de cara a las negociaciones legislativas y a los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. Entre las iniciativas que forman parte de esa agenda aparecen la reforma política, que contempla modificaciones vinculadas con las PASO, y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

El acercamiento con las provincias también se desarrolla en paralelo a los contactos que el oficialismo comenzó a mantener con sectores del PRO con vistas a un eventual acuerdo electoral para 2027.

En ese escenario, la visita de Santilli y Caputo a Catamarca combinó una agenda institucional y de infraestructura con una señal política hacia los mandatarios provinciales. El objetivo planteado por el Gobierno nacional es avanzar en proyectos considerados prioritarios sin abandonar el equilibrio fiscal y mediante financiamiento de organismos multilaterales.

La jornada terminó así con acuerdos concretos para el desarrollo del Acueducto Albigasta y la transferencia de la gestión de determinados tramos de rutas nacionales, en el marco de una estrategia de la Casa Rosada para profundizar su relación con las provincias.

Un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que concurra a la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el destino y la utilización de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

La iniciativa fue impulsada por los peronistas Marina Salzmann, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Martín Aveiro, Jorge “Koky” Araujo y Caren Tepp, quienes solicitaron que el funcionario presente información “detallada, circunstanciada y documentada” sobre los fondos destinados al sistema vial desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de la sesión informativa.

El pedido se realiza en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y de los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establecen los mecanismos para convocar a los ministros del Poder Ejecutivo a brindar explicaciones ante el Congreso.

Entre los principales puntos planteados, los legisladores reclaman conocer el total de recursos que ingresaron al SISVIAL desde diciembre de 2023, discriminados mes a mes. También solicitan que se detalle cuánto dinero fue efectivamente transferido y utilizado para la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de la Red Vial Nacional.

En este último caso, el proyecto pide que la información sea presentada de manera desagregada por ejercicio presupuestario, provincia, corredor, ruta, tramo y tipo de intervención.

Otro de los interrogantes está relacionado con los fondos que no hayan sido utilizados. Los diputados pretenden conocer los saldos acumulados del SISVIAL que no fueron destinados a obras, conservación o mantenimiento vial, además de su ubicación contable y financiera y su evolución mensual.

El proyecto también busca determinar si los recursos del sistema fueron colocados en instrumentos financieros. En caso de que así haya ocurrido, los legisladores reclaman que el Gobierno informe los montos involucrados, los instrumentos utilizados, las fechas de colocación y vencimiento, los rendimientos obtenidos y el destino que tuvieron esas ganancias.

Uno de los puntos centrales del pedido de interpelación apunta a establecer si fondos cuya afectación corresponde al SISVIAL fueron utilizados, computados, retenidos o administrados con el objetivo de contribuir al resultado financiero, al superávit o al equilibrio fiscal de la Administración Nacional.

En ese caso, los diputados solicitan que se explique cuál fue el fundamento jurídico, presupuestario y administrativo de la decisión y que se identifique a las autoridades y funcionarios que participaron en su adopción, instrumentación y ejecución.

El proyecto también reclama información sobre el porcentaje anual de ejecución de los recursos del SISVIAL durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Los legisladores quieren conocer las causas de las diferencias entre los fondos disponibles y aquellos que finalmente fueron destinados a obras y tareas de mantenimiento vial.

El último punto de la interpelación está vinculado con la seguridad vial. Los diputados preguntan si el Gobierno realizó evaluaciones sobre el impacto que la reducción de la inversión vial o la subejecución de los recursos destinados al SISVIAL podría tener sobre los niveles de siniestralidad, mortalidad y lesiones graves en las rutas nacionales.

Además de Caputo, los legisladores solicitaron que concurran a la Cámara el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, y el secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

Según el proyecto, la presencia de ambos funcionarios tendría como objetivo complementar con información técnica las explicaciones solicitadas al ministro de Economía, especialmente en lo referido a la ejecución de las obras y a la administración operativa del SISVIAL.

La iniciativa plantea así una serie de interrogantes sobre el manejo de los recursos destinados al sistema vial y busca que el Poder Ejecutivo precise cuánto dinero ingresó, cuánto fue ejecutado y cuál fue el destino de los fondos que permanecieron sin aplicación en obras o tareas de mantenimiento.

El proyecto deberá avanzar ahora en el ámbito de la Cámara de Diputados para determinar si la solicitud de interpelación a Caputo obtiene el respaldo necesario para concretarse.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones en las condiciones de los créditos en dólares destinados a empresas, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento y darle mayor dinamismo a la actividad económica.

La principal medida consiste en una “flexibilización parcial” del régimen vigente para los préstamos en moneda extranjera a personas jurídicas. A partir del nuevo esquema, los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares.

“Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, explicó Caputo durante una conferencia en la que estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Según el ministro, una mayor disponibilidad de crédito en dólares puede contribuir a que la economía “se reactive”. En ese sentido, consideró que el momento elegido para avanzar con la modificación es el “timing apropiado”, debido principalmente a que las tasas de interés en pesos continúan en niveles elevados y a la próxima presentación en el Congreso de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.

“El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los ‘dólares del colchón’”, sostuvo.

Caputo también señaló que una mayor demanda de préstamos en dólares podría generar un efecto sobre el costo del financiamiento en moneda local. “Es probable que haga que las tasas en pesos sean más bajas”, afirmó.

El ministro aseguró que la medida será “muy bien recibida” porque, según su evaluación, permitirá reducir las tasas, generar empleo y contribuir a la recuperación de la economía.

La modificación será instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establecerá las condiciones macroprudenciales que acompañarán el nuevo esquema.

El organismo explicó que la implementación estará acompañada por un esquema destinado a garantizar que la expansión del financiamiento se produzca de manera sostenible, preservando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y reduciendo los riesgos asociados a un eventual descalce de moneda de quienes tomen los créditos.

En ese marco, la nueva regulación apunta a reforzar la cobertura de los riesgos asumidos por las entidades financieras y establecer límites de exposición más estrictos para los préstamos alcanzados por el régimen.

Entre los principales lineamientos se encuentra un incremento del requisito de capital. Para estas financiaciones, el capital mínimo exigido será equivalente al 125% del que corresponda a otras operaciones de características comparables.

Además, para calcular los límites de exposición crediticia, los préstamos alcanzados por el nuevo tratamiento computarán por 1,25 veces la exposición que tendrían bajo el régimen general.

Las entidades financieras también deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores de crédito frente a distintos escenarios de variación del tipo de cambio. El objetivo es contemplar los riesgos que pueden surgir ante movimientos significativos en el valor de la moneda.

Caputo habló sobre la morosidad

Durante la misma presentación, Caputo se refirió a la situación de la morosidad y cuestionó la posibilidad de confundir las medidas de política económica con la necesidad de contemplar la situación de quienes tienen dificultades para afrontar sus deudas.

“No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, sostuvo el ministro.

Caputo afirmó que las reestructuraciones de deuda ya comenzaron y que los deudores están retomando los pagos. Según explicó, el nivel de mora debería reducirse progresivamente con el paso del tiempo.

El funcionario aclaró, de todos modos, que una mejora en los pagos no se refleja de manera inmediata en las estadísticas. “Pasar de deudor moroso a no moroso no es inmediato”, explicó.

Según detalló, el proceso requiere que el deudor vuelva a pagar durante más de tres meses y, dependiendo del nivel de mora en el que se encuentre —3, 4 o 5—, el cambio puede demorar entre seis y doce meses.

“Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando”, insistió.

El ministro también contó que, durante una cena, distintas entidades bancarias les informaron que están refinanciando las deudas en mora a tres años, con tasas de entre 20% y 25%. Según indicó, la mayoría de los clientes alcanzados por esas operaciones ya se encontraba realizando los pagos correspondientes.

Con información de la agencia NA

Luis Caputo enarbola hoy la máxima convicción de que transcurrirá un año final del gobierno de Javier Milei sin sobresaltos, con sólido crecimiento, y que la reelección del Presidente será poco más que un trámite.

Lo expresa con la predicción de que “puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. El ministro de Economía porta la teoría de que “esta vez es diferente, porque la gente se dio cuenta de lo que hace el populismo”.

Esa confianza en una coronación inexorable del país que Javier Milei, Federico Sturzenegger y el propio Caputo tienen en mente es, en alguna menor medida, compartida por un ámbito que al gobierno le resulta familiar. Ejecutivos de empresas ganadoras del régimen económico (energía, agro, minería, bancos), en especial, sus directores financieros (CFO), tienden a creer que la receta económica vigente va para largo. La sensación trasciende fronteras. Aunque marquen matices y algún alerta, los bancos internacionales y las agencias calificadoras exhiben en sus ponderaciones que “baja el riesgo político” —sin extinguirse—, y eso se traduce en el precio de los bonos y las refinanciaciones. Traducido: ven pocas chances de una victoria electoral del peronismo realmente opositor en 2027.

Caputo se vuelca cada vez más a la retórica grosera de Milei, pero no llega a sus extremos. El ministro se toma en solfa a “los kukas”, “los kukitas”, “los comunistas” y “los tarados”, sin incurrir en fraseologías del tipo “vamos a hacer mierda a los zurdos” y “vamos a exterminar al kirchnerismo para siempre” que recitaba el mandatario a mediados de 2025. Cuarenta días después de esas predicciones, la lista de La Libertad Avanza perdía por quince puntos frente a las del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

La “mirada positiva” excede al elenco gubernamental y al mundo financiero. No pocos “líderes de opinión” (empresarios, analistas políticos; docentes, sobre todo de universidades privadas; periodistas; influencers) comparten la percepción sobre la fortaleza del proyecto Milei, a pesar de números de encuestas que marcan un sostenido declive en todos los indicadores sensibles que interesan al oficialismo. La observación alcanza a algunos dirigentes e intelectuales peronistas, progresistas y de izquierda. En ese prisma (pesimista en el último caso), pesa tanto o más el cuestionamiento a la falta de liderazgo y proyecto en el campo opositor, que la descripción de fortalezas de la ultraderecha.

La proyección de una Argentina moldeada por los Hermanos Milei por largo plazo tiene en qué apoyarse. La ola ultraderechista lleva ya varios años y se muestra resiliente en economías diversas, como Estados Unidos, Brasil y España. El mapa de Sudamérica es demostrativo al respecto. Además, la mala memoria sobre las últimas experiencias peronistas es reciente, y gran parte de la dirigencia opositora luce ensimismada, sin capacidad de destrabar la puja por el liderazgo. A esa trabazón se dedica una política tan talentosa como Cristina.

El antecedente de 2025 insufla optimismo al mileísmo. La ultraderecha llegó a las elecciones de octubre de 2025 tras un estruendoso fracaso en los comicios bonaerenses, en los que se impusieron las listas con el sello de Kicillof. El rostro de un José Luis Espert sospechado de ser financiado por un narco encabezó la boleta de La Libertad Avanza, mientras un Milei sacado psicológica y políticamente lidiaba con “el Profe” y las coimas del 3% de ANDIS atribuidas a Karina. La economía se acercaba a un precipicio y todas las promesas de calma financiera parecían evaporarse. Con ese mar de fondo, Donald Trump posó su mirada en su aliado, prometió un blindaje político y económico, amenazó con represalias, y ello bastó para agrupar todos los miedos y brindar un triunfo nítido del oficialismo. Fue una situación excepcionalísima, quizás irrepetible, pero que llenó de ilusión al pronóstico de Caputo de que “esta vez es diferente”.

Frío

Tomados en frío, los números de las encuestas deberían preocupar a los entusiastas del mileísmo. La aprobación del Presidente pareció estacionarse en un rango de 33% a 40%, un porcentaje no invalidante para dar pelea por la reelección. Kicillof, Cristina y Myriam Bregman alcanzan una popularidad parecida a la del Presidente y Patricia Bullrich, enemiga íntima en un hipotético futuro. Para preocupación del Soez, una constante es que la peor valoración registrable (“pésimo”, “mala”, “muy mala”) sobre él conforma un núcleo muy alto, cercano al 50% de las respuestas. El gobierno tiene que generar mucho miedo o desincentivo en lo que hay enfrente para que Milei recupere una cómoda mayoría.

El dato más significativo que parecen confirmar los sondeos desde hace meses es una evaluación muy negativa y desesperanzada sobre la economía del país y la del propio hogar. Atlas Intel, una consultora brasileña que ganó fama en los últimos años por aciertos en predicciones electorales en América Latina, registró en su informe de julio que sólo 17% de los consultados estima que la situación de su familia es buena y 20% dice que va a mejorar en el próximo semestre. La desesperanza se impone por demolición. El mismo sondeo muestra que la pérdida de apoyo al gobierno radica en segmentos en los que se basó su victoria en 2023: jóvenes de 16 a 24 y zonas geográficas como Cuyo y Centro, donde las diferencias abismales en favor del ultra se revirtieron.

Para preocupación del Soez, una constante es que la peor valoración registrable ('pésimo', 'mala', 'muy mala') sobre él conforma un núcleo muy alto, cercano al 50% de las respuestas

Ello tiene un correlato con la pérdida del poder adquisitivo del salario, aumento del desempleo y un desplome en la vida de los barrios. Más allá de lo que diga una estadística del INDEC, cualquier persona que salga a dar una vuelta lo comprobará en carne propia.

Semejante escenario también habilita evaluaciones muy negativas sobre las perspectivas electorales del oficialismo. El consultor en discurso y estrategia Juan Courel, de la firma Alaska, con experiencia en el país y en América Latina, asevera hace meses que lo más esperable es una victoria de la oposición el año próximo. Con economías de los hogares tan resquebrajadas, un peronismo unido se impondría por un margen considerable. A la hora de contar los votos, el bolsillo y la frustración sobre Milei serán mucho más relevantes —en la mirada de Courel— que el desorden, la falta de propuesta programática, la famosa “autocrítica” ausente y la disputa por el liderazgo, que hoy parece irresoluble. Esos elementos se podrían acomodar en la medida en que se acerque la fecha electoral, con dos salvedades: que haya una estrategia conjunta de las fracciones en pugna y que no se presente un postulante “blando”, que ofrezca imitar las políticas de Milei, pero con buenos modales, para “calmar a los mercados”.

Probablemente hasta el más optimista del Ejecutivo, Caputo, admita que la realidad y su percepción deben cambiar sustancialmente a esta altura del año que viene para que el “paseo” electoral de La Libertad Avanza se concrete. Al ministro no lo ayuda una predicción reciente. En marzo, comenzó a decir que se avecinaba un inédito período de crecimiento. En abril, pronosticó la inminencia de “los mejores 18 meses en muchas décadas”. Un mes más tarde, aclaró que había que comenzar a contar a partir de junio. Nada de eso ocurrió, sino más bien lo contrario. De los 18 meses de fiesta, quedan 16 y todavía no sirvieron ni las papas fritas.

La fallida promesa sobre el crecimiento supersónico combina con la formulada por el propio ministro y Milei en cuanto a la inflación. Un paper de un doctorando que el Presidente dijo haber leído lo llevó a vaticinar que la inflación comenzaría con cero en agosto. Fue la enésima postergación de la meta. Más bien, si empieza con dos, podría respirar aliviado.

Corresponde evaluar cuáles son los motores político y económico de los que se puede valer el gobierno para llegar triunfante en los términos que dice Caputo.

El Presidente y el ministro se ocupan de aclarar que cuentan con una única receta económica, innegociable. Voluntariosos afinan el lápiz y computan renglón por renglón si Caputo “abrió la billetera” y acepta desenchufar un poco la motosierra, con algún subsidio por acá o algún aliciente presupuestario por allá, o deja correr el dólar a costa de un poco más de inflación.

Suelen ser observaciones sobre aspectos marginales, que se desdicen al mes siguiente. La recaudación, resentida tras años malos, exhibe bajas que se aceleran, mientras el Ejecutivo profundiza los beneficios impositivos y cambiarios para Vaca Muerta, minería y agro. Al resto de los sectores, que emplean a la mayor parte de la población de las grandes ciudades —industria, comercio, construcción y sector público—, más recortes. En el altar de “la meta fiscal”, se mantiene la resistencia a reponer el presupuesto universitario, pese a una orden judicial. Cierra todo, hasta un coro de niños, excepto los cursos de inglés de la esposa de Sturzenegger, los fondos de la SIDE que administra Santiago Caputo, la canaleta que conduce a medios como Carajo y La Derecha Diario, los sueldos superlativos de los jueces que planchan causas y los viajes impúdicos de Milei a Miami, Madrid o Tel Aviv.

Cierra todo, hasta un coro de niños, excepto los cursos de inglés de la esposa de Sturzenegger, los fondos de la SIDE, la canaleta que conduce a medios como Carajo y La Derecha Diario y los viajes impúdicos de Milei a Miami, Madrid o Tel Aviv.

¿Dónde está el foco económico del Ejecutivo? ¿En los 5,8 millones de endeudados que padecen tasas usurarias, con retrasos en el pago superior a los 90 días, sobre un universo de 20 millones de tomadores de crédito?

Con el objetivo de “sellar” el rumbo, el gobierno impulsó dos leyes centrales en el último mes. La reforma de la carta orgánica del Banco Central y la ley de extranjerización de la tierra. La primera incluye un objetivo burdo: blindar el cargo del Central a partir del próximo mandato, la mentada “independencia”.

El actual presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausilli, era socio de Caputo en la consultora Anker antes de que ambos retornaran a la función pública en diciembre de 2023. Otros economistas de esa empresa giraron entre el directorio del Banco Central y el Palacio de Hacienda a vuelo de decreto. Varios de ellos, indistintamente, suelen realizar anuncios conjuntos y dan la “batalla cultural”, mientras posan en reuniones con Milei, pulgares arriba, y sacan créditos subsidiados del Banco Nación. El intento de “dotar de independencia” y delimitar objetivos del Banco Central —tan “eterno” hasta que se conforme otra mayoría parlamentaria que lo revierta— es fiel reflejo del “institucionalismo” de la derecha argentina: vale para los otros.

En cuanto al proyecto de ley de extranjerización de la tierra, sirvió para que la fundada sospecha de un negocio turbio, diseñado ad hoc para algún megamillonario, despertara en su contra una alianza social variada e inesperada. Los senadores “del medio” se vieron forzados a sumarse al bloque opositor y sentar un precedente sobre cuán firme es la mayoría oficialista hasta llegar a las elecciones. Derrota política sin atenuantes.

Tras el trimestre dilapidado en salvar a Manuel Adorni, llegó una “nueva estrategia de comunicación”. El vocero Adrián Ravier se transformó de inmediato en costo hundido. En Casa Rosada evaluaron que era hora de tomar la iniciativa, aflojar un poco con X y las batallas a cargo de Lilia Lemoine y los racistas de Carajo, para que la voz de Milei potenciara su centralidad.

Para ello, se pactaron entrevistas con Luis Majul, Esteban Trebucq, Gabriel Anello y Eduardo Feinmann, periodistas de los multimedios La Nación y Clarín. Jonathan Viale no volvió a entrevistar al mandatario desde aquel histórico episodio que todo el mundo recuerda.

El problema fue que Milei no tenía nada nuevo para decir. Un cúmulo de cifras inventadas o incomprobables, agresiones, insultos y disparates históricos, que —muy significativamente— generan cada vez menos rating televisivo y conversación en las redes.

Si el “motor económico” parece circunscripto a dos ejes, superávit fiscal y peso apreciado, el “motor político” está atado a un único protagonismo, el de Milei, que alguna vez generó entusiasmo o repulsa, y hace tiempo pasó a entonar un repertorio gastado. Los otros dos vértices del extinto “triángulo de hierro”, Karina y Santiago, no suman voz propia. La hermana, porque carece del don de hilar frases en público, y el segundo, porque su fuerte es hablar por otros medios.

Al oficialismo le quedan las figuras con volumen propio que pertenecieron al PRO, como Diego Santilli y Patricia Bullrich. Rigen allí también algunos limitantes. La senadora lidiará de ahora en más con la sospecha fundada de que, si ve una hendija, se tentará por ser ella quien represente al oficialismo el año próximo. Karina lo sabe mejor que nadie y se dedicará a tratar de mantener esa puerta cerrada.

El jefe de gabinete, con menos peso real que Bullrich, vale más por su partido que por sí mismo. Qué hará Mauricio Macri con el PRO, si impulsará una carta propia o dejará que su partido sea absorbido por los Milei, es por ahora una pregunta abierta.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El tecnofascista Peter Thiel vuelve a la Argentina y estará codeado de funcionarios de Javier Milei. El dueño de Palantir, empresa proveedora de servicios de defensa y seguridad en Estados Unidos, participará en septiembre en Buenos Aires de una conferencia junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Se trata de la cumbre “Vientos de Cambio”, que convoca a referentes libertarios y de la ultraderecha económica global. El evento, impulsado en conjunto por la Fundación Libertad y Progreso, la estadounidense Reason Foundation y el Archbridge Institute, se presenta como un espacio para debatir reformas orientadas a “ampliar la libertad económica” en la región, según su propia descripción, y tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

Thiel, cofundador de PayPal y de la empresa de análisis de datos Palantir, aparece como “inversor y emprendedor”. En un ensayo publicado por el Cato Institute, Thiel escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia sean compatibles”, en referencia a la ampliación del derecho al voto. Desde entonces financió al bloguero neorreaccionario Curtis Yarvin —que propone reemplazar los sistemas democráticos por gobiernos unipersonales al estilo de un CEO— y respaldó económicamente las carreras políticas de JD Vance y de Blake Masters, dos de los referentes de la nueva derecha estadounidense.

Como ya contó elDiarioAR, Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza.

Del lado argentino, la cumbre contará con la presencia de Caputo y de Sturzenegger, quien por estos días impulsa la aprobación de una ley de Propiedad Privada para habilitar la venta de tierra a extranjeros. Organizaciones ambientales y civiles denuncian que la jugada parlamentaria ayudaría a magnates como Thiel, a quien también le interesan iniciativas mileístas como el Super-RIGI y la Ley de Glaciares.

Caputo y Sturzenegger ya estuvieron reunidos con Thiel en su anterior estadía a Buenos Aires. El magnate también se reunió con Milei e incluso recibió la visita de Juan Grabois en la mansión que se compró en Barrio Parque.

La lista de oradores incluye además al viceministro de Economía, José Luis Daza; al Premio Nobel de Economía James Heckman, al libertario chileno Axel Kaiser, al exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Randall Kroszner, y a referentes de fundaciones libertarias de Chile, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador y Venezuela, entre ellos Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

La inscripción a “Vientos de Cambio” tiene un costo de 600 dólares en su tarifa estándar —vigente hasta el 28 de agosto— y de 650 dólares para quienes se anoten en la sede durante el propio evento, con valores reducidos para académicos y estudiantes.

En un mensaje emitido por cadena nacional, repleto de varias de sus muletillas y cifras incontrastables, Javier Milei anunció este jueves la prometida reforma del Banco Central. Para el Presidente, se trata “del conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, que pone fin al “robo de la política” y “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural que busca blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central para financiar el gasto público. Es una de las leyes prioritarias para la administración libertaria –Milei dijo hasta el hartazgo durante la campaña presidencial que había que dinamitar la entidad–, y el Ejecutivo quiere enviarla cuanto antes a la Cámara de Diputados para empezar a negociar la letra que involucró a los ministrosLuis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y al titular del organismo, Santiago Bausili.

Todos ellos estuvieron junto al Presidente en la transmisión que comenzó a las 20. Milei junto al equipo económico presentó el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en un mensaje grabado en el Salón Blanco bajo la supervisión Santiago Oria, quien tiene a su cargo la Realización Audiovisual de la Presidencia. Desde temprano, en el Gobierno habían prometido que sería una cadena nacional “sanguinaria”.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, aseguró

En rigor, el Presidente repitió sus habituales críticas a la política, confirmó lo que venía anticipando y acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ex titular del Central, Mercedes Marcó del Pont, de haber robado US$10.000 millones a los argentinos.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos”, dijo.

El proyecto redefine el mandato del Banco Central y establece como único objetivo la preservación del valor de la moneda. Además, prohíbe de manera explícita el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, dispone que las reservas internacionales sean de propiedad exclusiva del BCRA, sin posibilidad de ser utilizadas por el Poder Ejecutivo, y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria destinado a limitar la emisión.

Es decir, que el Gobierno busca que el Central cuente con mayor independencia y se limite a “un servicio de liquidez a la economía”.

La reforma también contempla la prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y el endurecimiento de los requisitos para modificar la composición del directorio. Asimismo, eliminará las utilidades contables o “ficticias”, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a procesos de deflación. Es que para la administración libertaria la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Con este argumento, la reforma de la Carta Orgánica jugaría un rol clave sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la teoría, ante una menor emisión de dinero y menos pesos circulando en la economía, la inflación seguiría en su curva descendente. Sin embargo, al no haber emisión el Estado solo puede gastar lo que recauda, es decir que si las cuentas no cierran, lo que sigue es más ajuste.

En paralelo, la Casa Rosada busca reemplazar los cinco objetivos actuales del Banco Central por una única finalidad. En ese marco, pretende poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado e impulsar un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía de la entidad o autoricen la emisión monetaria.

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

El proyecto apunta a dar marcha atrás a los principales cambios introducidos por la reforma de 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aquella modificación amplió las funciones del Banco Central al incorporar entre sus objetivos el desarrollo económico y la estabilidad financiera, además de habilitar el uso de reservas para el pago de deuda externa.

Además del equipo económico estuvieron la hermana presidencial, Karina Milei, la titular del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, mientras se encontraba de viaje en Perú para la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de ese país, Milei anticipó algunos detalles del proyecto. Aseguró que buscará blindar a las autoridades del Banco Central, de modo que se necesiten dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados para poder destituir a un funcionario de esta institución. “Por lo tanto, cuando venga un político y quiera echar a su antojo al presidente del Banco Central, no va a poder”, apuntó.

“El Banco Central va a estar armado con el poder suficiente para resistir cualquier embate político. Vamos a aniquilar de una vez por todas la inflación y ese robo siniestro que es la emisión de dinero sin respaldo”, agregó.

CC

Con información de NA

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este martes su visita oficial a la Argentina con una recorrida por Vaca Muerta, donde conoció de primera mano el desarrollo del principal yacimiento no convencional del país y ratificó la importancia que el organismo le asigna al sector energético como uno de los motores del crecimiento económico y de la generación de divisas.

Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del FMI llegó por la mañana a Neuquén y desde el aeropuerto Presidente Perón fue trasladada en helicóptero hasta Loma Campana, una de las áreas emblemáticas de Vaca Muerta operada por YPF. Allí fue recibida por el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, y por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

La visita se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y constituyó el último compromiso de Georgieva antes de partir hacia Uruguay, tras una agenda de dos días en la Argentina marcada por un fuerte respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei.

Durante el recorrido por Loma Campana, la funcionaria observó las operaciones de perforación y mantuvo reuniones con directivos de YPF y de otras compañías que trabajan en la formación. Según explicó Marín al finalizar el encuentro, la delegación pudo conocer el nivel de desarrollo alcanzado por la industria.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, señaló el titular de YPF en sus redes sociales.

Marín agregó que el objetivo del encuentro fue mostrar “la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, un concepto que resume la apuesta del Gobierno por convertir a Vaca Muerta en una de las principales fuentes de ingreso de divisas durante los próximos años.

La recorrida por Neuquén fue la continuidad de una intensa agenda política y económica iniciada el lunes en Buenos Aires. Ese día, Georgieva participó de una conferencia de prensa junto a Caputo, mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y su gabinete en la Casa Rosada, compartió una cena con empresarios y luego encabezó un conversatorio con estudiantes de cinco universidades en el Palacio Libertad.

En todas esas actividades, la directora gerente del FMI reiteró su respaldo al rumbo económico del Gobierno y transmitió un mensaje de confianza sobre las perspectivas del país.

“Mi convicción es que la Argentina está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, afirmó durante su paso por Buenos Aires. En ese mismo sentido, sostuvo que no será necesario un financiamiento adicional por parte del organismo internacional.

La elección de Vaca Muerta como destino para el cierre de su visita no fue casual. En el Gobierno consideran que el desarrollo de la formación de shale oil y shale gas será uno de los pilares para consolidar el superávit externo, incrementar las exportaciones y fortalecer la disponibilidad de dólares, un objetivo central del programa económico acordado con el Fondo.

Loma Campana, el área que visitó Georgieva, fue uno de los primeros desarrollos no convencionales impulsados por YPF junto con Chevron y hoy constituye uno de los principales polos productivos de la cuenca neuquina. Desde allí, la petrolera estatal busca profundizar el crecimiento de la producción mientras avanza, junto con otras empresas del sector, en proyectos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo y gas.

Kristalina Georgieva eligió despedirse de su primera aparición pública en Buenos Aires con una pregunta que, para muchos, sonó más cerca de la ironía que del aliento. Después de casi una hora de conferencia de prensa junto a Luis “Toto” Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dejó de lado los tecnicismos, miró a la sala y lanzó: “¿Ustedes, los argentinos, pueden ser perseverantes para transformar el país?”. La frase, repetida varias veces y pronunciada por la máxima autoridad del organismo al que el país más le debe en todo el mundo, provocó un breve silencio antes de despertar algunas sonrisas incómodas entre los presentes. “El escepticismo tampoco es malo”, remató enseguida, consciente quizá de que el comentario admitía más de una lectura.

La escena terminó condensando el tono de una visita cargada de gestos políticos: la primera de un director gerente del FMI a la Argentina desde que Christine Lagarde desembarcó en Buenos Aires en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La jornada había comenzado unos minutos antes, en el histórico quinto piso del Ministerio de Economía. Allí, en el despacho de Caputo, el ministro recibió a Georgieva con un regalo bien argentino: una camiseta de la Selección Nacional, antes de que ambos descendieran para ofrecer la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. El gesto distendido buscó imprimirle un clima de cercanía a una reunión atravesada por una agenda mucho más exigente que protocolar.

La titular del organismo llegó al país para una estadía de dos días que combina gestos políticos, reuniones técnicas y contactos con empresarios, académicos y representantes del sector energético. El momento central de la jornada, sin embargo, estaba reservado para la Casa Rosada. Tras la conferencia, Georgieva y Caputo recorrieron las pocas cuadras que separan ambos edificios para reunirse con Javier Milei en el despacho presidencial, donde también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk.

La imagen del encuentro volvió a reunir varios de los símbolos que el Presidente suele exhibir ante los visitantes extranjeros. Sobre la mesa del despacho permanecía la motosierra convertida en emblema del ajuste libertario. Después de la reunión privada con Milei, Georgieva también participó del gabinete ampliado que encabezó el Presidente, una fotografía cuidadosamente buscada por la Casa Rosada para exhibir el respaldo institucional del organismo al rumbo económico del Gobierno.

En público, la directora gerente del FMI no ahorró elogios. Destacó los avances del programa económico, reivindicó la consolidación fiscal y sostuvo que la reforma laboral aprobada este año puede transformarse en un incentivo para ampliar el empleo formal. También puso el foco en el potencial energético argentino, al señalar que la seguridad energética constituye una de las principales ventajas competitivas del país.

Detrás de las fotografías y las declaraciones, la visita tiene un objetivo mucho más concreto: encaminar la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, paso indispensable para habilitar un nuevo desembolso del organismo. La revisión está prevista, en principio, para septiembre y llega en un contexto singular: la Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal deudor del FMI, con un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones. Esa exposición representa cerca del 35% de toda la cartera de préstamos vigente del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista. El actual programa, por US$20.000 millones, fue acordado en abril de 2025 y ya implicó desembolsos por alrededor de US$15.800 millones.

Reformas

Según pudo saber elDiarioAR, buena parte de las conversaciones con Milei giró alrededor de las reformas estructurales comprometidas por el Gobierno, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central como principal prioridad. Ese proyecto figura desde hace años entre los reclamos históricos del Fondo y, según el cronograma vigente, debía estar aprobado antes de septiembre. Aunque el Gobierno decidió postergar algunas semanas su presentación, la iniciativa ingresará al Congreso durante los primeros días de agosto y en la Casa Rosada incluso evalúan que sea el propio Milei quien la anuncie, posiblemente mediante una cadena nacional. El texto buscará blindar la independencia del Banco Central, prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro, restringir el reparto de utilidades y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

La agenda de reformas, sin embargo, no termina allí. También permanece pendiente la reforma tributaria comprometida para antes de fin de año, un proyecto que el Fondo considera clave. En la antesala de un año electoral y con una recaudación que continúa mostrando signos de debilidad, el oficialismo admite cada vez con mayor naturalidad que el margen para avanzar con cambios de alto costo político es mucho más estrecho de lo que imaginaba meses atrás.

Tras su paso por la Casa Rosada, la agenda de Georgieva continuó este lunes en el Palacio Libertad, donde mantuvo un encuentro con estudiantes de la UBA, la UCA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Por la noche compartirá una cena con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, donde visitará Loma Campana —el desarrollo insignia de YPF y Chevron— y mantendrá intercambios con trabajadores y ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de YPF, Horacio Marín. La elección de ese destino no es casual: el Gobierno considera al complejo energético como la principal fuente estructural de generación de divisas para los próximos años. Después regresará a Buenos Aires y el miércoles partirá rumbo a Montevideo, en una gira regional que, llamativamente, no incluirá una escala en Brasil, la mayor economía de América Latina.

PL/CRM

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresó un fuerte respaldo a la gestión económica de Javier Milei y en una conferencia al lado del ministro Luis Caputo negó que el país necesite volver a tomar un préstamo del organismo multilateral. “No va a haber necesidad de un nuevo financiamiento del FMI”, aseveró la búlgara, que llegó este lunes a Buenos Aires por primera vez.

Tras la conferencia en el Ministerio de Economia, la jefa del Fondo cruzó hacia la Casa Rosada y se reunión con Milei en su despacho. El Gobierno comunicó la foto del Presidente con la titular del organismo junto a la emblemática motosierra que simboliza el ajuste libertario.

Georgieva abrió su intervención en el microcine de Economía con un balance elogioso del “marco macroeconómico y la estabilidad financiera” del país. “Una escena más saludable desde la posición fiscal”, dijo, al señalar que “el déficit primario cambió a superávit”. Agregó que “no estoy preocupada por la posición externa de Argentina” y sostuvo que “la confianza del mercado ha regresado”. Sobre la inflación, remarcó que “es una presión para todos pero en especial para los pobres”, y dijo que el organismo observa “buena proyección de inversiones” y valoró “el marco del RIGI”, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsó el Gobierno. Planteó, además, que la prioridad hacia adelante es “crear puestos de trabajo y elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas”.

La titular del FMI apeló también a su propia experiencia personal para respaldar el proceso económico argentino. “Sé que la transformación que está atravesando Argentina es difícil. Lideré tres de ellas, en mi país, Bulgaria”, dijo, y sostuvo que “la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, trae sus beneficios”. “La transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza”, agregó.

Consultada sobre si el organismo aportará nuevos fondos frescos a la Argentina y sobre la posibilidad de una salida de capitales de los mercados locales, Georgieva respondió que “los riesgos siempre están allí, tienen que gestionarse” y que ve “una completa alineación” en contar con “buffers de tipo fiscal” como los que, dijo, se vienen ejerciendo en la Argentina. Fue en ese tramo cuando lanzó la definición principal de su intervención: “No tenemos necesidad de que Argentina vuelva a volver al FMI. El país está por un buen camino y no va a haber necesidad de un financiamiento del FMI”. También afirmó: “No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar”, y llamó a “seguir comprando”, en referencia a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Sobre los sectores que explican el desempeño reciente de la economía, Georgieva destacó “un fuerte desempeño en gas, petróleo y energía”, que dijo está “arraigado en la mejora de la confianza”. Reconoció, en cambio, que “es difícil elevar la economía” en sectores como “construcción, logística y servicios”, y señaló tres áreas con margen de mejora: ampliar el mercado de capitales y el acceso a créditos hipotecarios, remover obstáculos físicos al crecimiento —mencionó específicamente la construcción de rutas— y avanzar en la formalización del empleo. En ese punto planteó que, si bien “el desempleo no es alto” en la Argentina, “una gran parte” del trabajo es informal, y calificó a la reforma laboral impulsada por el Gobierno como “una parte muy sana” de ese proceso. Cerró el capítulo laboral con una definición más crítica: consideró que el mercado de trabajo argentino “no es suficientemente vibrante” y remarcó la necesidad de sostener “un crecimiento fiscal responsable”.

Las definiciones de Georgieva llegan pocos días después de que el propio Gobierno reconociera el primer incumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI, correspondiente al segundo trimestre de este año, y en la antesala de la tercera revisión del programa vigente, de la que depende un nuevo desembolso. El respaldo explícito de la titular del organismo a la continuidad del esquema económico, sumado a su descarte de la necesidad de un nuevo acuerdo de financiamiento, opera como una señal política hacia los mercados en un año marcado por la incertidumbre electoral de cara a 2027.

Giorgieva completará su agenda este lunes con una conferencia en el Palacio Libertad. Y este martes tiene previsto viajar a Vaca Muerta, donde recorrerá yacimientos junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

MC

La Cámara de Diputados pondrá como principal tema de su agenda, en los primeros días de agosto, el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno. La iniciativa, presentada estemiércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, busca sumar contribuyentes que aún mantienen dólares fuera del sistema financiero, un universo que la Casa Rosada estima en unos US$170.000 millones no declarados. En la conferencia de prensa, Caputo resumió el diagnóstico oficial con una frase que apuntó directamente a esos ahorros: “Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.

Tras el receso invernal, La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas —UCR, PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales— para garantizar la aprobación, tal como ocurrió en diciembre con la primera versión de la ley. Las negociaciones estarán a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. El oficialismo tiene 95 legisladores propios y necesita sumar al menos 34 más para reunir el quórum de 129 y sancionar el proyecto, por lo que apuntará a los votos de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que en conjunto aportan 36 bancas, además de intentar sumar a un sector de Provincias Unidas que hasta diciembre integraba el PRO.

Entre los cambios centrales, el proyecto extiende a todos los contribuyentes el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, hoy reservado a quienes declaran ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos y un patrimonio de $10.000 millones. También eleva del 15% al 30% el umbral de discrepancia entre ingresos y bienes declarados que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a iniciar revisiones, un punto que los contadores venían reclamando como corrección urgente a la ley vigente.

Ese ajuste responde a una de las mayores objeciones del actual esquema: la norma en vigencia no permite presentar una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado, lo que podía hacer perder el beneficio del “tapón fiscal” incluso por diferencias mínimas. La reforma apunta a permitir que esas discrepancias se regularicen sin que el contribuyente pierda el efecto liberatorio sobre períodos anteriores.

La urgencia legislativa tiene un componente de calendario. Este año el pago del Régimen Simplificado de Ganancias vence el 27 de julio, mientras que la presentación de la declaración jurada quedó postergada hasta el 27 de agosto, un desdoblamiento excepcional que generó dudas entre los contadores sobre qué ocurriría si, al momento de declarar, aparecen diferencias con lo pagado. Caputo les adelantó a los profesionales que lo asesoran que, una vez aprobada la reforma, esas indefiniciones se resolverán por decreto reglamentario y resoluciones específicas de ARCA, y que quienes paguen de menos podrán cancelar el diferencial sin perder el beneficio. Si el Congreso no sanciona la ley dentro de ese plazo de un mes, el propio esquema oficial admite que la exteriorización de los dólares podría quedar para más adelante, ya con las normas actuales vigentes al momento de declarar.

El antecedente que condiciona el debate es el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. A partir de ese episodio, Unión por la Patria adelantó que buscará introducir cambios acotados a los contribuyentes “políticamente expuestos”: el diputado Eduardo Valdés impulsa una modificación para prohibir que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y sus familiares, se beneficien del régimen simplificado.

Queda además sin resolver la situación de las provincias que no adhieran al esquema nacional. Fiscos como el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podrían reclamar impuestos de períodos anteriores por la vía de Ingresos Brutos a quienes exterioricen dólares, bajo la presunción de una omisión de facturación previa, un punto que el proyecto nacional no contempla y para el que no habría, por ahora, disposición a hacer excepciones.

Por el momento, en el oficialismo no se descuenta un rechazo directo del Congreso al proyecto, a diferencia de lo ocurrido con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debió postergarse por falta de votos. De todos modos, la aprobación exprés que necesita el Gobierno —para que la ley entre en vigencia antes de que se agote el actual esquema de vencimientos— dependerá de que Diputados y Senado acompañen con la misma celeridad que exige el cronograma fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

AR/MC