La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este martes su visita oficial a la Argentina con una recorrida por Vaca Muerta, donde conoció de primera mano el desarrollo del principal yacimiento no convencional del país y ratificó la importancia que el organismo le asigna al sector energético como uno de los motores del crecimiento económico y de la generación de divisas.

Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del FMI llegó por la mañana a Neuquén y desde el aeropuerto Presidente Perón fue trasladada en helicóptero hasta Loma Campana, una de las áreas emblemáticas de Vaca Muerta operada por YPF. Allí fue recibida por el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, y por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

La visita se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y constituyó el último compromiso de Georgieva antes de partir hacia Uruguay, tras una agenda de dos días en la Argentina marcada por un fuerte respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei.

Durante el recorrido por Loma Campana, la funcionaria observó las operaciones de perforación y mantuvo reuniones con directivos de YPF y de otras compañías que trabajan en la formación. Según explicó Marín al finalizar el encuentro, la delegación pudo conocer el nivel de desarrollo alcanzado por la industria.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, señaló el titular de YPF en sus redes sociales.

Marín agregó que el objetivo del encuentro fue mostrar “la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, un concepto que resume la apuesta del Gobierno por convertir a Vaca Muerta en una de las principales fuentes de ingreso de divisas durante los próximos años.

La recorrida por Neuquén fue la continuidad de una intensa agenda política y económica iniciada el lunes en Buenos Aires. Ese día, Georgieva participó de una conferencia de prensa junto a Caputo, mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei y su gabinete en la Casa Rosada, compartió una cena con empresarios y luego encabezó un conversatorio con estudiantes de cinco universidades en el Palacio Libertad.

En todas esas actividades, la directora gerente del FMI reiteró su respaldo al rumbo económico del Gobierno y transmitió un mensaje de confianza sobre las perspectivas del país.

“Mi convicción es que la Argentina está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, afirmó durante su paso por Buenos Aires. En ese mismo sentido, sostuvo que no será necesario un financiamiento adicional por parte del organismo internacional.

La elección de Vaca Muerta como destino para el cierre de su visita no fue casual. En el Gobierno consideran que el desarrollo de la formación de shale oil y shale gas será uno de los pilares para consolidar el superávit externo, incrementar las exportaciones y fortalecer la disponibilidad de dólares, un objetivo central del programa económico acordado con el Fondo.

Loma Campana, el área que visitó Georgieva, fue uno de los primeros desarrollos no convencionales impulsados por YPF junto con Chevron y hoy constituye uno de los principales polos productivos de la cuenca neuquina. Desde allí, la petrolera estatal busca profundizar el crecimiento de la producción mientras avanza, junto con otras empresas del sector, en proyectos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo y gas.

Kristalina Georgieva eligió despedirse de su primera aparición pública en Buenos Aires con una pregunta que, para muchos, sonó más cerca de la ironía que del aliento. Después de casi una hora de conferencia de prensa junto a Luis “Toto” Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional dejó de lado los tecnicismos, miró a la sala y lanzó: “¿Ustedes, los argentinos, pueden ser perseverantes para transformar el país?”. La frase, repetida varias veces y pronunciada por la máxima autoridad del organismo al que el país más le debe en todo el mundo, provocó un breve silencio antes de despertar algunas sonrisas incómodas entre los presentes. “El escepticismo tampoco es malo”, remató enseguida, consciente quizá de que el comentario admitía más de una lectura.

La escena terminó condensando el tono de una visita cargada de gestos políticos: la primera de un director gerente del FMI a la Argentina desde que Christine Lagarde desembarcó en Buenos Aires en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri. La jornada había comenzado unos minutos antes, en el histórico quinto piso del Ministerio de Economía. Allí, en el despacho de Caputo, el ministro recibió a Georgieva con un regalo bien argentino: una camiseta de la Selección Nacional, antes de que ambos descendieran para ofrecer la conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. El gesto distendido buscó imprimirle un clima de cercanía a una reunión atravesada por una agenda mucho más exigente que protocolar.

La titular del organismo llegó al país para una estadía de dos días que combina gestos políticos, reuniones técnicas y contactos con empresarios, académicos y representantes del sector energético. El momento central de la jornada, sin embargo, estaba reservado para la Casa Rosada. Tras la conferencia, Georgieva y Caputo recorrieron las pocas cuadras que separan ambos edificios para reunirse con Javier Milei en el despacho presidencial, donde también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk.

La imagen del encuentro volvió a reunir varios de los símbolos que el Presidente suele exhibir ante los visitantes extranjeros. Sobre la mesa del despacho permanecía la motosierra convertida en emblema del ajuste libertario. Después de la reunión privada con Milei, Georgieva también participó del gabinete ampliado que encabezó el Presidente, una fotografía cuidadosamente buscada por la Casa Rosada para exhibir el respaldo institucional del organismo al rumbo económico del Gobierno.

En público, la directora gerente del FMI no ahorró elogios. Destacó los avances del programa económico, reivindicó la consolidación fiscal y sostuvo que la reforma laboral aprobada este año puede transformarse en un incentivo para ampliar el empleo formal. También puso el foco en el potencial energético argentino, al señalar que la seguridad energética constituye una de las principales ventajas competitivas del país.

Detrás de las fotografías y las declaraciones, la visita tiene un objetivo mucho más concreto: encaminar la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, paso indispensable para habilitar un nuevo desembolso del organismo. La revisión está prevista, en principio, para septiembre y llega en un contexto singular: la Argentina continúa siendo, por amplio margen, el principal deudor del FMI, con un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones. Esa exposición representa cerca del 35% de toda la cartera de préstamos vigente del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista. El actual programa, por US$20.000 millones, fue acordado en abril de 2025 y ya implicó desembolsos por alrededor de US$15.800 millones.

Reformas

Según pudo saber elDiarioAR, buena parte de las conversaciones con Milei giró alrededor de las reformas estructurales comprometidas por el Gobierno, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central como principal prioridad. Ese proyecto figura desde hace años entre los reclamos históricos del Fondo y, según el cronograma vigente, debía estar aprobado antes de septiembre. Aunque el Gobierno decidió postergar algunas semanas su presentación, la iniciativa ingresará al Congreso durante los primeros días de agosto y en la Casa Rosada incluso evalúan que sea el propio Milei quien la anuncie, posiblemente mediante una cadena nacional. El texto buscará blindar la independencia del Banco Central, prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro, restringir el reparto de utilidades y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

La agenda de reformas, sin embargo, no termina allí. También permanece pendiente la reforma tributaria comprometida para antes de fin de año, un proyecto que el Fondo considera clave. En la antesala de un año electoral y con una recaudación que continúa mostrando signos de debilidad, el oficialismo admite cada vez con mayor naturalidad que el margen para avanzar con cambios de alto costo político es mucho más estrecho de lo que imaginaba meses atrás.

Tras su paso por la Casa Rosada, la agenda de Georgieva continuó este lunes en el Palacio Libertad, donde mantuvo un encuentro con estudiantes de la UBA, la UCA, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Por la noche compartirá una cena con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, donde visitará Loma Campana —el desarrollo insignia de YPF y Chevron— y mantendrá intercambios con trabajadores y ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de YPF, Horacio Marín. La elección de ese destino no es casual: el Gobierno considera al complejo energético como la principal fuente estructural de generación de divisas para los próximos años. Después regresará a Buenos Aires y el miércoles partirá rumbo a Montevideo, en una gira regional que, llamativamente, no incluirá una escala en Brasil, la mayor economía de América Latina.

PL/CRM

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresó un fuerte respaldo a la gestión económica de Javier Milei y en una conferencia al lado del ministro Luis Caputo negó que el país necesite volver a tomar un préstamo del organismo multilateral. “No va a haber necesidad de un nuevo financiamiento del FMI”, aseveró la búlgara, que llegó este lunes a Buenos Aires por primera vez.

Tras la conferencia en el Ministerio de Economia, la jefa del Fondo cruzó hacia la Casa Rosada y se reunión con Milei en su despacho. El Gobierno comunicó la foto del Presidente con la titular del organismo junto a la emblemática motosierra que simboliza el ajuste libertario.

Georgieva abrió su intervención en el microcine de Economía con un balance elogioso del “marco macroeconómico y la estabilidad financiera” del país. “Una escena más saludable desde la posición fiscal”, dijo, al señalar que “el déficit primario cambió a superávit”. Agregó que “no estoy preocupada por la posición externa de Argentina” y sostuvo que “la confianza del mercado ha regresado”. Sobre la inflación, remarcó que “es una presión para todos pero en especial para los pobres”, y dijo que el organismo observa “buena proyección de inversiones” y valoró “el marco del RIGI”, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que impulsó el Gobierno. Planteó, además, que la prioridad hacia adelante es “crear puestos de trabajo y elevar el consumo para que mayor cantidad de pequeñas empresas puedan ser prósperas”.

La titular del FMI apeló también a su propia experiencia personal para respaldar el proceso económico argentino. “Sé que la transformación que está atravesando Argentina es difícil. Lideré tres de ellas, en mi país, Bulgaria”, dijo, y sostuvo que “la perseverancia y contar con estabilidad macroeconómica y financiera, así como abrir la economía, trae sus beneficios”. “La transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza”, agregó.

Consultada sobre si el organismo aportará nuevos fondos frescos a la Argentina y sobre la posibilidad de una salida de capitales de los mercados locales, Georgieva respondió que “los riesgos siempre están allí, tienen que gestionarse” y que ve “una completa alineación” en contar con “buffers de tipo fiscal” como los que, dijo, se vienen ejerciendo en la Argentina. Fue en ese tramo cuando lanzó la definición principal de su intervención: “No tenemos necesidad de que Argentina vuelva a volver al FMI. El país está por un buen camino y no va a haber necesidad de un financiamiento del FMI”. También afirmó: “No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar”, y llamó a “seguir comprando”, en referencia a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Sobre los sectores que explican el desempeño reciente de la economía, Georgieva destacó “un fuerte desempeño en gas, petróleo y energía”, que dijo está “arraigado en la mejora de la confianza”. Reconoció, en cambio, que “es difícil elevar la economía” en sectores como “construcción, logística y servicios”, y señaló tres áreas con margen de mejora: ampliar el mercado de capitales y el acceso a créditos hipotecarios, remover obstáculos físicos al crecimiento —mencionó específicamente la construcción de rutas— y avanzar en la formalización del empleo. En ese punto planteó que, si bien “el desempleo no es alto” en la Argentina, “una gran parte” del trabajo es informal, y calificó a la reforma laboral impulsada por el Gobierno como “una parte muy sana” de ese proceso. Cerró el capítulo laboral con una definición más crítica: consideró que el mercado de trabajo argentino “no es suficientemente vibrante” y remarcó la necesidad de sostener “un crecimiento fiscal responsable”.

Las definiciones de Georgieva llegan pocos días después de que el propio Gobierno reconociera el primer incumplimiento de la meta fiscal acordada con el FMI, correspondiente al segundo trimestre de este año, y en la antesala de la tercera revisión del programa vigente, de la que depende un nuevo desembolso. El respaldo explícito de la titular del organismo a la continuidad del esquema económico, sumado a su descarte de la necesidad de un nuevo acuerdo de financiamiento, opera como una señal política hacia los mercados en un año marcado por la incertidumbre electoral de cara a 2027.

Giorgieva completará su agenda este lunes con una conferencia en el Palacio Libertad. Y este martes tiene previsto viajar a Vaca Muerta, donde recorrerá yacimientos junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

MC

La Cámara de Diputados pondrá como principal tema de su agenda, en los primeros días de agosto, el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno. La iniciativa, presentada estemiércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, busca sumar contribuyentes que aún mantienen dólares fuera del sistema financiero, un universo que la Casa Rosada estima en unos US$170.000 millones no declarados. En la conferencia de prensa, Caputo resumió el diagnóstico oficial con una frase que apuntó directamente a esos ahorros: “Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.

Tras el receso invernal, La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas —UCR, PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales— para garantizar la aprobación, tal como ocurrió en diciembre con la primera versión de la ley. Las negociaciones estarán a cargo del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. El oficialismo tiene 95 legisladores propios y necesita sumar al menos 34 más para reunir el quórum de 129 y sancionar el proyecto, por lo que apuntará a los votos de Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, que en conjunto aportan 36 bancas, además de intentar sumar a un sector de Provincias Unidas que hasta diciembre integraba el PRO.

Entre los cambios centrales, el proyecto extiende a todos los contribuyentes el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, hoy reservado a quienes declaran ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos y un patrimonio de $10.000 millones. También eleva del 15% al 30% el umbral de discrepancia entre ingresos y bienes declarados que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a iniciar revisiones, un punto que los contadores venían reclamando como corrección urgente a la ley vigente.

Ese ajuste responde a una de las mayores objeciones del actual esquema: la norma en vigencia no permite presentar una declaración jurada rectificativa si ARCA detecta una diferencia equivalente al 15% del impuesto determinado, sin importar el monto involucrado, lo que podía hacer perder el beneficio del “tapón fiscal” incluso por diferencias mínimas. La reforma apunta a permitir que esas discrepancias se regularicen sin que el contribuyente pierda el efecto liberatorio sobre períodos anteriores.

La urgencia legislativa tiene un componente de calendario. Este año el pago del Régimen Simplificado de Ganancias vence el 27 de julio, mientras que la presentación de la declaración jurada quedó postergada hasta el 27 de agosto, un desdoblamiento excepcional que generó dudas entre los contadores sobre qué ocurriría si, al momento de declarar, aparecen diferencias con lo pagado. Caputo les adelantó a los profesionales que lo asesoran que, una vez aprobada la reforma, esas indefiniciones se resolverán por decreto reglamentario y resoluciones específicas de ARCA, y que quienes paguen de menos podrán cancelar el diferencial sin perder el beneficio. Si el Congreso no sanciona la ley dentro de ese plazo de un mes, el propio esquema oficial admite que la exteriorización de los dólares podría quedar para más adelante, ya con las normas actuales vigentes al momento de declarar.

El antecedente que condiciona el debate es el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. A partir de ese episodio, Unión por la Patria adelantó que buscará introducir cambios acotados a los contribuyentes “políticamente expuestos”: el diputado Eduardo Valdés impulsa una modificación para prohibir que funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y sus familiares, se beneficien del régimen simplificado.

Queda además sin resolver la situación de las provincias que no adhieran al esquema nacional. Fiscos como el de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) podrían reclamar impuestos de períodos anteriores por la vía de Ingresos Brutos a quienes exterioricen dólares, bajo la presunción de una omisión de facturación previa, un punto que el proyecto nacional no contempla y para el que no habría, por ahora, disposición a hacer excepciones.

Por el momento, en el oficialismo no se descuenta un rechazo directo del Congreso al proyecto, a diferencia de lo ocurrido con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debió postergarse por falta de votos. De todos modos, la aprobación exprés que necesita el Gobierno —para que la ley entre en vigencia antes de que se agote el actual esquema de vencimientos— dependerá de que Diputados y Senado acompañen con la misma celeridad que exige el cronograma fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

AR/MC

“No va haber ningún problema con el refinanciamiento de deuda”, aseguró el ministro Luis Caputo este lunes por la mañana al presentar la hoja de ruta con la que el Gobierno afrontará las obligaciones financieras pactadas hasta el final del mandato de Javier Milei. El Ministerio de Economía combinó distintos mecanismos para sostener los compromisos de deuda, entre ellos la renovación de REPOS, licitaciones y acuerdos con organismos multilaterales, en un esquema que el propio equipo económico definió como “muy conservador” en materia de nuevas colocaciones.

El objetivo detrás del anuncio fue mostrar que la Casa Rosada tiene blindado el pago de deuda 2027 para evitar riesgos con el dólar en medio de las elecciones presidenciales, donde el libertario buscará la reelección. “Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo”, dijo el ministro junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y de Política Económica, José Luis Daza. El titular del Palacio de Hacienda también se refirió a futuras privatizaciones y descartó una devaluación: dijo que “Argentina ya no será regalada en dólares”.

“El programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo”, amplió el titular del Palacio de Hacienda.

En el corto plazo, el frente más inmediato que tiene el Gobierno son los US$4.300 millones que el país deberá pagarle a bonistas privados el próximo 9 de julio. Ese vencimiento se inscribe en un cronograma más amplio que el secretario de Finanzas detalló en la conferencia de este lunes.

Según explicó Furiase, el esquema oficial se apoya en el “armado de colchones en 2026” para llegar “con mucha holgura” a 2027, un año que, según su lectura, “va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que desarrollar”. Uno de los objetivos centrales del anuncio de este lunes fue exhibir que el financiamiento “está completamente cerrado, no solamente para el 2026 sino también para el 2027”. El Gobierno vincula esa señal con la baja del riesgo país a la zona de los 415 puntos, que interpreta como un reflejo de mayor confianza de los inversores en la capacidad de pago del país.

“El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado”, enfatizó Caputo. “El refinanciamiento de 2026 está sobre cumplido por 3.700 millones y los de 2027 son menos desafiantes que los de 2026. Refinanciando deuda con legislación local es suficiente. No habrá ningún problema”, indicó.

En cuanto a la estrategia de financiamiento, Furiase remarcó que se priorizaron “fuentes de financiamiento alternativas” a la emisión de deuda en los mercados internacionales, donde las tasas resultan más elevadas. El funcionario aclaró que “el endeudamiento en ley extranjera es una opción”, aunque el equipo económico no está “obligado a emitir bonos” bajo esa legislación si las condiciones no resultan convenientes. En ese marco, Economía ya colocó dos bonos en dólares, con vencimiento en 2027 y en 2028 —este último, una vez concluido el mandato de Milei—, cada uno con un límite de colocación de hasta US$2.000 millones, cupos que ya fueron completados.

El financiamiento con organismos multilaterales también forma parte del esquema. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial aprobaron créditos por un total de US$1.750 millones, que funcionarán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados: US$1.200 millones corresponden al Banco Mundial y US$500 millones al BID.

A ese esquema se suma el anuncio del Banco Central sobre la ampliación de REPOS hasta 2028, una medida que redujo el volumen de compromisos previstos para el actual año electoral y que el Gobierno presenta como parte del “poder de fuego” disponible para sostener el esquema cambiario en los próximos meses.

Según adelantó Caputo, el Gobierno buscará que el país obtenga una certificación para el país de “investment grade” y lo ató a la reelección de Milei. “Hacia el final del segundo mandato, si Dios quiere, de Javier Milei, argentina ya sea 'grado de inversion', investment grade”, dijo el ministro.

“Este es un objetivo, no una promesa. Lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos han dicho que es difícil pero lograble. Es mucho mejor para las familias: implica estabilidad cambiaria, mayores inversiones, mayor empleo y productividad; es una especie de sello de país confiable y creíble”, explicó Caputo.

Dólares

En el tramo de las preguntas de la prensa acreditada, Caputo descartó una devaluación y habló del tipo de cambio: dijo que el creciente ingreso de dólares que se prevé para los próximos años a partir del sector energético provocará que “Argentina ya no será regalada en dólares”.

“Argentina dejará de ser un país regalado en dólares y eso es importante que así sea” porque “la moneda es un reflejo de lo que es la economía”, destacó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que “el tipo de cambio no es un capricho, es en función de cómo te está yendo en la economía” y afirmó que “un país regalado en dólares es un país con salarios miserables en dólares”.

El ministro afirmó que la entrada de dólares contribuirá a la estabilidad económica que debe ser una de las bases de desarrollo del resto de las industrias.

Privatizaciones

Caputo anticipó que el Gobierno calcula que sumará US$1.400 millones con las privatizaciones hasta las elecciones del año que viene. El ministro volvió a poner el foco en el programa de privatizaciones como parte central de los ingresos para acumular reservas y afrontar los vencimientos de deuda hasta fines de 2027. Calculó que en los próximos 18 meses el Ejecutivo podría sumar US$1.400 millones por el traspaso a privados de varias empresas hoy en manos del Estado. Caputo definió esos ingresos estimados como “conservadores” y dijo que espera que parte de esa agenda pueda concluirse antes de fin de año.

Entre las firmas que planea traspasar, el ministro mencionó a AySA, cuya licitación ya está abierta y cuyas ofertas se esperan abrir a mediados de agosto; el ferrocarril Belgrano Cargas y otras líneas de trenes, con pliegos en revisión que se publicarían en las próximas semanas; las centrales termoeléctricas San Martín (Timbúes, Santa Fe) y Manuel Belgrano (Campana), dentro de la privatización total de Enarsa; una nueva etapa de privatización de siete centrales hidroeléctricas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut; y el astillero Tandanor, que no figuraba entre las firmas privatizables de la Ley Bases de julio de 2024.

Caputo enmarcó el proceso en un “salto muy importante” en infraestructura, con la privatización de Transener —la principal transportadora de electricidad del país— y de la Hidrovía como antecedentes recientes, y adelantó que la licitación del Belgrano Cargas y la concesión de rutas nacionales serán los próximos catalizadores de ese crecimiento.

MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que la empresa Meitner Energy Latam presentó una propuesta para construir en el complejo nuclear Atucha un reactor nuclear modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés), una iniciativa que demandaría una inversión estimada de US$ 1.200 millones y que sería financiada íntegramente con capitales privados estadounidenses.

El anuncio fue realizado tras una reunión que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, con el CEO de Meitner Energy Latam, Teófilo Lacroze, y el director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en Argentina, Pablo Franzetti.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Caputo sostuvo que el proyecto prevé la construcción del reactor ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+ con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos (MWe).

Según indicó el ministro, la iniciativa se desarrollará “sobre la base de una patente argentina” y demandará una inversión cercana a los US$ 1.200 millones. Además, aseguró que durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación se generarían alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos.

“Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, expresó Caputo.

El proyecto forma parte de la estrategia que el Gobierno viene impulsando para promover el desarrollo de reactores modulares de pequeña escala, considerados una de las principales apuestas de la industria nuclear para los próximos años por su menor tamaño, costos más bajos y la posibilidad de fabricarlos de manera modular.

La iniciativa también se inscribe dentro del Plan Nuclear presentado por el presidente Javier Milei a fines de 2024 y contempla que el emprendimiento sea financiado exclusivamente con inversión privada, sin aportes del Estado. Detrás del proyecto se encuentra Meitner Energy, empresa vinculada a la firma tecnológica rionegrina Invap, desarrolladora de la patente, y respaldada por el grupo inversor estadounidense Ansari Group.

El anuncio se produce apenas dos días después de una fuerte crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde decenas de trabajadores fueron despedidos. Los gremios denunciaron un proceso de desmantelamiento del organismo y realizaron protestas en la sede central, mientras que el Gobierno ratificó su decisión de avanzar hacia un esquema con una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la actividad nuclear.

En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que el nuevo modelo busca atraer inversiones privadas para acelerar proyectos estratégicos y consolidar a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de tecnología nuclear.

El Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York, mediante el Decreto 478/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.

A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa establece límites para resguardar el patrimonio nacional. El artículo 2 detalla que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que se destacan:

El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones. Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Con información de la agencia NA

La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

Este miércoles S&P Global Ratings subió las calificaciones crediticias soberanas a corto y largo plazo, en moneda local y extranjera, de Argentina de 'CCC+/C' a 'B-/B'.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se hizo eco en su cuenta de X y destacó que Argentina recibió una “nueva mejora” en las calificaciones.

De esta forma, la perspectiva de las calificaciones a largo plazo es estable. También elevaron la evaluación de transferencia y convertibilidad a 'B' y las calificaciones de emisión de bonos en moneda extranjera y local a 'B-'.

Según el documento, la disminución de las vulnerabilidades económicas de Argentina y la mejora gradual de su liquidez externa sientan las bases para una recuperación económica continua.

En este contexto, el gobierno obtuvo mayor acceso a liquidez para hacer frente a su deuda gracias a los continuos superávits fiscales y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación. Por eso, recibió la elevación de las calificaciones crediticias.

Perspectiva futura

Sobre este punto, el documento marca que la perspectiva estable de las calificaciones a largo plazo refleja la expectativa de que el gobierno va a continuar con su programa de austeridad fiscal y el banco central incrementará sus reservas de divisas. De esta forma, ello permitirá sostener el crecimiento económico y la reducción de la inflación.

Esta perspectiva equilibra los riesgos derivados de las persistentes vulnerabilidades económicas con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno, amplia el documento.

También sostiene que la historia argentina de inestabilidad macroeconómica y los cambios drásticos en la política económica son la base de la baja credibilidad y la previsibilidad de las instituciones de gobierno argentinas. Pero añade que ahora la administración logró aprobar varias reformas económicas que crean las condiciones para un mayor crecimiento y para la formalización de la economía. Asimismo, marca que la continuidad de la estabilidad macroeconómica será fundamental para su implementación.

Además, sostiene que prevé un crecimiento económico del 2,7% en 2026 y de alrededor del 3% en los próximos años.

El antecedente inmediato de la calificación argentina

El pasado seis de mayo la calificadora Fitch mejoró su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, de 'CCC+' a 'B-' con perspectiva estable.

¿Qué significa la mejora en la calificación de la deuda pública?

La mejora en la calificación de la deuda pública de la Argentina representa un avance hacia la posibilidad de que se reduzca el riesgo, lo que podría abrir al gobierno de Milei la posibilidad de retornar al mercado de capitales para refinanciarse.

Qué es una calificación crediticia y por qué los mercados siguen de cerca a Argentina

La reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina volvió a instalar un tema clave para la economía y los mercados financieros: el impacto que tiene el rating soberano sobre el financiamiento, las inversiones y el riesgo país.

La calificación crediticia es una nota que elaboran agencias internacionales para medir la capacidad de un país de cumplir con el pago de sus deudas y obligaciones financieras. Esa evaluación influye directamente sobre la confianza de inversores y organismos internacionales.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que la nota de largo plazo de Argentina fuera elevada a “B-”, una mejora que el Gobierno interpretó como una señal positiva hacia el programa económico oficial.

Las agencias calificadoras analizan variables como el déficit fiscal, la inflación, las reservas del Banco Central, el nivel de deuda y la estabilidad política y económica antes de modificar la nota de un país.

Cuanto mejor es la calificación crediticia, menor suele ser el costo que enfrenta un Estado para acceder a financiamiento internacional. En cambio, las notas bajas reflejan mayor percepción de riesgo y encarecen el crédito.

Los mercados siguen especialmente de cerca el caso argentino debido a su historial de crisis económicas, defaults de deuda y alta inflación, factores que durante años deterioraron la confianza financiera internacional.

Desde el Gobierno sostienen que la mejora en la nota refleja avances en materia fiscal y monetaria, mientras que analistas privados remarcan que todavía quedan desafíos vinculados al crecimiento económico, la acumulación de reservas y la sostenibilidad financiera.

El presidente Javier Milei volverá a exponer en un foro este jueves en Parque Norte, donde será el orador que cierre el Latam Economic Forum. Se trata de un evento que organiza el economista Darío Epstein y que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto nacional y global.

La apertura estará a cargo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en lugar del canciller Pablo Quirno por un problema en su agenda, tal como se anunció originalmente.

También estarán Horacio Marín (YPF) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), entre otros referentes del sector público y privado.

Desde la organización del foto recalcaron que la jornada “será 100% solidaria”: todo lo recaudado se destinará a causas sociales de La Fundación de Acción Social de Jabad y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

A partir de las 9, será la inauguración institucional. Luego, a las 9.15 de la mañana, el titular del Palacio Hacienda ofrecerá el primer discurso. Acto seguido, 9.30, el economista Claudio Zuchovicki será el encargado de exponer su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle. 

El director de YPF aparecerá en el escenario a las 11.15 hasta las 12.15, cuando le paso al jefe de Estado. El jefe del Poder Ejecutivo hablará durante 45 minutos, tal como se informó.

El Latan Economic resaltó que el impacto solidario constituye uno de los pilares de la organización y uno de sus principales diferenciales. Porque lo recaudado entre entradas y sponsors permite financiar tanto programas estructurales de asistencia social como intervenciones concretas en salud y condiciones de vida de sectores vulnerables

Con información de la agencia NA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por un total de US$20.000 millones, una decisión que permitirá destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La medida representa un respaldo del organismo multilateral al rumbo económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la estabilidad financiera.

Desde el FMI destacaron el “impulso reformista” impulsado por la administración de Javier Milei, además de las mejoras registradas en materia monetaria y cambiaria durante los últimos meses.

El organismo consideró que las políticas implementadas permitieron avanzar en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en la consolidación del programa acordado entre ambas partes.

La aprobación de esta revisión era seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, ya que el desembolso forma parte de los compromisos previstos dentro del nuevo entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei y dejó una definición que choca con el intento del oficialismo de despegar el actual programa económico de la experiencia de Cambiemos. Al referirse al rol de Donald Trump en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri sostuvo que el republicano “jugó un rol importante” durante la crisis de 2018, aunque remarcó que entonces no logró que el organismo “entienda el programa” económico de su gobierno.

“Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, afirmó Macri este jueves durante una charla en la Universidad Austral, en la que compartió panel con los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Felipe González.

La frase adquiere relevancia porque contradice parcialmente la narrativa que viene impulsando el ministro de Economía, Luis Caputo. Días atrás, Caputo había afirmado que “este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”, en un intento por despegar a la gestión libertaria del fracaso del acuerdo stand-by firmado por Cambiemos en 2018 y de la posterior crisis cambiaria.

Sin embargo, el propio Macri reconoció ahora que tanto su administración como la de Milei buscaron respaldo político de Trump para fortalecer las negociaciones con el FMI. Incluso sugirió que el actual Presidente consiguió un apoyo más contundente del líder republicano que el que obtuvo Cambiemos en su momento.

“La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida”, sostuvo Macri, antes de agregar: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

La lectura de Macri parece apuntar a que el contexto político internacional y la nueva posición de Trump explican parte del respaldo que recibió Milei de Washington, en contraste con las dificultades que enfrentó su propio gobierno para sostener el acuerdo firmado hace ocho años.

Además de referirse a la política internacional y al FMI, Macri también ensayó una definición sobre el estilo de conducción de Milei. “Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, sintetizó ante una consulta sobre la forma de liderar del mandatario libertario.

Las declaraciones vuelven a exhibir el delicado equilibrio que intenta mantener el PRO frente al Gobierno: apoyo parlamentario y coincidencias económicas, pero al mismo tiempo una diferenciación creciente en torno a los modos de construcción política y a la lectura sobre la experiencia de Cambiemos.

MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos, asegurando que el gobierno de Javier Milei es “lo opuesto” al de Mauricio Macri en materia de política económica.

En una entrevista con Economía de Quincho, el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos”.

Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión.

Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.

En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.

Proyecciones electorales y críticas a la oposición

Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza” y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.

En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que ”Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo“.

Además, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “el infierno”, y sostuvo que el kirchnerismo ya no representa una opción válida para la mayoría de los argentinos. En esa línea, consideró que “para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción”.

Recuperación, impuestos y dólar

Respecto al presente de la economía, el ministro aseguró que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio, impulsada en parte por las obras en rutas nacionales al señalar que “para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales y eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia tributaria, precisó que el objetivo es continuar bajando la carga impositiva a medida que se consolide el superávit y el crecimiento. Además planteó un escenario optimista de baja de impuestos distorsivos si Argentina crece sostenidamente en el tiempo.

Al respecto, manifestó que “si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año”, remarcando que “se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos” e insistió que “si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

En cuanto al tipo de cambio, el funcionario descartó un atraso cambiario, señalando que el Banco Central se ve obligado a comprar dólares diariamente para evitar que la cotización caiga por debajo de los $1.100 en un contexto de exportaciones récord.

Sobre ese aspecto, subrayó que “hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

Al mismo tiempo, Caputo defendió el andar actual, afirmando que “los salarios informales están fuertemente por encima de la inflación y los formales empatados con noviembre de 2023” y agregó que “hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal”, resaltando que “en todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

Con información de agencias.

El Gobierno nacional y la gestión de Jorge Macri llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal.

El entendimiento fue alcanzado tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la Nación transferirá al distrito porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos adeudados.

La disputa se originó luego de que, a mediados del año pasado, comenzaran a registrarse demoras en las transferencias vinculadas al coeficiente del 1,55% reconocido cautelarmente por la Corte Suprema en favor de la Ciudad.

Ese esquema había sido acordado en septiembre de 2024 entre ambas administraciones, luego de que la Justicia avalara que el Gobierno nacional enviara a la Ciudad los fondos correspondientes al porcentaje fijado por el máximo tribunal.

Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con relativa normalidad, aunque a partir de julio comenzaron las demoras que derivaron en la acumulación de deuda ahora saldada.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el acuerdo alcanzado “no incluye” la deuda histórica reclamada por la Ciudad correspondiente a la reducción de recursos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández.

“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo, logramos avanzar en una solución concreta”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado difundido este lunes.

El jefe de Gobierno también remarcó que la Ciudad continuará reclamando el pago de unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene la administración porteña, se generaron tras la quita de fondos coparticipables dispuesta en 2020.

El conflicto entre Nación y Ciudad comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, la Ley 27.606 volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente básico del 1,40%, además de un monto específico destinado a financiar el traspaso de la Policía.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente restituir a la Ciudad un coeficiente del 2,95%, aunque la administración nacional de entonces nunca cumplió plenamente con esa resolución judicial.

Ya durante la gestión de Javier Milei, ambas partes habían acordado un mecanismo transitorio de transferencias semanales desde el Tesoro nacional, en reemplazo del esquema diario previsto originalmente por la cautelar de la Corte.

Con el nuevo entendimiento, tanto la Nación como la Ciudad buscan dar por regularizada la deuda generada durante el último año y estabilizar el flujo de recursos fiscales entre ambas jurisdicciones.

Con información de la agencia NA

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación.

El encuentro con Peter Thiel se produjo en Ministerio de Economía. Junto a Caputo estuvieron su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

El ministro de la cartera económica señaló que durante el encuentro dialogaron acerca de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Peter Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se deslizó la posibilidad de realizar inversiones en el país.

Su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

El empresario norteamericano es conocido, además, por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno intentó este viernes encapsular nuevamente el escándalo que rodea a Manuel Adorni dentro de una lógica puramente política, sin efectos sobre la economía ni sobre el vínculo con los mercados. Pero el solo hecho de que Luis “Toto” Caputo tuviera que responder preguntas sobre el tema en una conferencia destinada a anunciar el “super RIGI” dejó expuesto que el caso ya perforó la narrativa oficial y empezó a colarse incluso en las conversaciones con inversores extranjeros.

Caputo negó que el riesgo país no baje, pese al superávit fiscal y a los indicadores que exhibe el Gobierno, debido a la situación del jefe de Gabinete. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, respondió el ministro de Economía. Y enseguida intentó minimizar el episodio con un argumento que repitió varias veces: “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”.

En una puesta en escena cuidadosamente armada en Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, Caputo buscó relativizar el impacto político de las investigaciones que rodean a Adorni, que eligió no responder preguntas. El silencio del ministro coordinador contrastó con el esfuerzo discursivo del titular de Economía, que tuvo que salir a blindarlo en público mientras intentaba convencer a empresarios e inversores de que la Argentina sigue siendo un destino confiable para desembolsos millonarios.

El ministro insistió con que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y sostuvo que en Wall Street “se ríen del tema”. Incluso buscó correr el eje hacia la polarización política y volvió a apelar a uno de los conceptos favoritos del oficialismo: el “riesgo kuka”. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó. Una definición que contrastó la que dio el mismo Caputo en la Expo EFI, hace apenas una semana, donde aseguró que ese “riesgo” era “cero” y que quienes dicen que hay alguna posibilidad de volver al kirchnerismo “toman a la gente por estúpida”.

“En la medida que el tiempo pase, las cosas van a seguir mejorando”, aseguró el ministro este lunes. Pero la escena dejó una contradicción difícil de ocultar. El Gobierno había convocado la conferencia para presentar el nuevo esquema de incentivos a grandes inversiones —una versión ampliada del RIGI destinada a sectores estratégicos que fue anunciada vía redes sociales por el presidente Javier Milei— y terminó obligado a responder por la situación del jefe de Gabinete. Más aún: la pregunta sobre el llamado “riesgo Adorni” no apareció como una provocación opositora sino como una categoría que, según deslizaron los periodistas presentes, ya comenzó a circular entre empresarios argentinos.

En la Casa Rosada admiten por lo bajo que el caso alteró parte de la agenda política de las últimas semanas. Aunque el oficialismo intenta transmitir que el frente económico sigue encapsulado de cualquier ruido institucional, la conferencia de este viernes dejó ver que el Gobierno ya no discute si el tema existe o no, sino cuánto puede contaminar el clima de negocios que Milei y Caputo buscan venderle al mundo.

PL/MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una parte de la población atraviesa dificultades para afrontar sus deudas luego de haberse endeudado con tasas altas bajo la expectativa de una devaluación o una aceleración inflacionaria que redujera el peso real de los créditos.

Durante una entrevista concedida a la TV Pública, el funcionario explicó que muchas personas replicaron comportamientos habituales de la economía argentina, pero que en esta oportunidad ese escenario no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de la inflación.

“La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar. Y eso no pasó”, señaló Caputo.

Según el ministro, la situación derivó en un aumento de la mora y llevó a los bancos a endurecer sus análisis antes de otorgar nuevos préstamos. “Eso generó cierta mora adicional. Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades financieras refinanciar los créditos en problemas, extendiendo plazos y ofreciendo tasas más bajas para aliviar la carga de los deudores.

Pese a ese freno en el crédito minorista, Caputo destacó un cambio en la estructura del sistema financiero y aseguró que los bancos comenzaron a orientar más recursos hacia el sector privado que hacia el financiamiento estatal.

“Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”, afirmó el ministro.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, esa modificación permitirá que en el futuro exista una mayor disponibilidad de crédito para el consumo y la inversión productiva.

Con información de la agencia NA

La discusión no es nueva, pero en las últimas semanas volvió a instalarse con fuerza en la mesa política que reúne al círculo más chico del oficialismo. Hace un mes, en un intercambio que empezó como balance de gestión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había dejado planteado que el margen de acción del programa económico empezaba a mostrar límites. Sin explicitarlo de ese modo, su diagnóstico apuntó a otro terreno: si las variables ya fueron ordenadas y las herramientas aplicadas, lo que falta para consolidar el rumbo no es técnico, sino político.

Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa porque dudan de la capacidad del Gobierno para sostenerlo en el tiempo. Para el ala política, en cambio, el desgaste tiene otra raíz. No sería la falta de acuerdos lo que explica la caída en la imagen de Javier Milei, sino una serie de episodios que, reconocen, erosionan la narrativa oficial, desde las tensiones internas hasta casos de presunta corrupción como el que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La exposición del ministro coordinador en el Congreso fue interpretada en la Casa Rosada más como un examen político que como una instancia de gestión. El oficialismo valoró que haya logrado atravesar la sesión sin sobresaltos mayores, pero el saldo no alcanzó para desactivar el tema. El jueves pasado, el Gobierno debió volver a abrir la sala de prensa y resolvió que Adorni retome las conferencias, en un intento por recuperar control sobre la agenda y administrar un frente que, incluso entre los propios, ubican como uno de los factores centrales del desgaste.

La mesa política —que conforman, además del ministro de Economía, Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt— está cruzada por distintos diagnósticos. Hay, sin embargo, un punto en común que se repite en cada reunión: más allá de los matices, ninguno de sus miembros expresa una preocupación abierta por la marcha de la economía. Ni siquiera quienes discuten el rumbo político del Gobierno ponen en duda el programa en sí mismo. La discusión no gira sobre si el plan funciona o no, sino sobre qué le falta para cerrar. Es, en ese sentido, una anomalía: el frente material aparece como dato dado, incluso cuando deja de ofrecer resultados visibles en el corto plazo como ya reconoció el propio Milei.

Hubo dos ausencias consecutivas de Toto Caputo en la mesa política. A la primera reunión no asistió porque estaba en Washington, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la segunda tampoco, aun ya de regreso en el país. La reiteración alimentó versiones de malestar interno que el propio Caputo buscó desactivar con ironía. “Reconozco que en la reunión anterior pensé en tomarme un avión desde Washington y volver en el día, pero Kristalina me convenció que iba a ser un poco cansador”, escribió en X, en referencia a la directora gerente del FMI.

A fines de marzo, según pudo saber elDiarioAR, el ministro habría avanzado con una propuesta hacia el resto de los integrantes de la mesa. Planteó la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad con mandatarios provinciales que garantice respaldo legislativo sostenido durante este año y el próximo. La contrapartida, de acuerdo a lo planteado por Caputo, sería no competir contra los gobernadores en sus provincias. Un pacto de no agresión electoral como condición para que el programa económico termine de cerrar.

La reacción del ala más política del Gobierno dejó al descubierto una fisura que ya venía insinuándose. Para algunos de sus miembros la idea fue leída como una concesión excesiva. “No es político, no entiende que eso es una pelotudez”, sintetizaron, sin matices, en referencia al ministro de Economía. La crítica no apuntaba sólo al contenido de la propuesta, sino a su lógica de ceder territorio a cambio de respaldo legislativo que supone, para ese sector, resignar poder sin garantías de retorno.

La línea de austeridad planteada por Caputo había sido explicitada en reuniones previas: el ajuste no se negocia. En una reunión de gabinete de principio de abril, con Javier Milei al frente, la instrucción había sido clara: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso si eso implicaba profundizar recortes en áreas sensibles como el PAMI o acelerar reformas estructurales empujadas por el equipo económico. La imagen que el propio Presidente usó durante su discurso en AmCham —la de Ulises atado al mástil para no ceder ante el “canto de las sirenas” del gasto público—, sintetizaba esa lógica de resistencia frente a cualquier presión política o sectorial.

La semana que pasó, después de días de algunas versiones soterradas sobre un cortocircuito con su ministro, Milei salió a respaldarlo públicamente. Lo hizo en la cena de la Fundación Libertad, donde compartió escena con todo el gabinete y donde Karina Milei se mostró especialmente cercana a Caputo. El gesto se completó con un elogio explícito del Presidente, que lo definió como un “gigante” por el ajuste realizado.

En ese clima, la mesa política funciona como un termómetro más que como un ámbito de síntesis. Allí conviven dos miradas que, por ahora, no terminan de ordenarse. La discusión no es menor porque define el camino a seguir. Si el diagnóstico es que falta política, la salida es negociar, ampliar la base de sustentación y hasta ceder en algunos frentes. Si el problema es político, pero en otro sentido, entonces la respuesta es ordenarse tratando de evitar concesiones que puedan debilitar al Gobierno en su propia lógica.

Por ahora, esas dos estrategias coexisten sin integrarse. Y en esa convivencia tensa se empieza a jugar algo más que una diferencia de criterio. Lo que está en disputa es quién tiene la llave para explicar el presente y, sobre todo, para definir el próximo movimiento. Si algo quedó planteado desde aquel intercambio de fines de marzo es que, para el ministro Caputo, la economía por sí sola ya no alcanza. La pregunta es si el resto del Gobierno está dispuesto a aceptar esa premisa o si el verdadero debate pendiente es sobre el sentido mismo del rumbo.

PL/CRM