El gobierno de Javier Milei busca avanzar en el Congreso con el tratamiento de una serie de convenios fiscales con Turquía, China, Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo y Japón. Estos dos últimos generaron numerosas críticas y resistencias, en especial el acuerdo con Luxemburgo, que beneficiaría con el pago de menos impuestos a empresas como Techint, aliada del Presidente. 

Se trata de acuerdos bilaterales “para evitar que se grave dos veces con el mismo impuesto a la renta generada en alguno de los países firmantes”, lo que según el Ministerio de Economía “incentiva el flujo de inversiones y brinda mayor seguridad jurídica a potenciales inversores”. 

Sin embargo, sus críticos sostienen que el acuerdo con Luxemburgo estaría hecho a medida de la multinacional ítalo-argentina que lidera Paolo Rocca, cabeza de la tercera familia más rica del país, según el ranking de la revista Forbes. elDiarioAR consultó a voceros de Techint sobre el caso pero declinaron responder.

Con la llegada de Milei al poder, la multinacional de los Rocca sumó al menos un funcionario en el área de Energía del Ejecutivo y cuatro altos ejecutivos de Tecpetrol en la petrolera YPF. Techint financió la campaña de Milei con $20 millones.

Los acuerdos de doble tributación enviados por Milei al Congreso posiblemente comiencen a tratarse este miércoles a las 14 en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto del Senado, ya que además de ser convenios internacionales también afectan a la recaudación.

El acuerdo con Japón busca la eliminación de la Doble Imposición con respecto a los impuestos sobre la renta mientras que el de Luxemburgo busca lo mismo pero suma al impuesto al patrimonio. Ambos acuerdos fueron suscritos por el gobierno de Mauricio Macri en 2019 pero nunca pasaron la aprobación del Congreso.

Para un grupo de tributaristas, los acuerdos que más ruido generan son los de Luxemburgo y Japón, en especial por la inclusión de una cláusula gatillo de “Nación más favorecida”, que puede dispararse enseguida. Esa cláusula, hace que otros Estados puedan activarla y requerir un tratamiento similar.

Muchos países que tengas convenios con Argentina pedirán los mismos beneficios.

Guillermo Michel — Ex titular de la Aduana.

“En temas tributarios hay grises, las cosas no son blanco o negro. Hay tributaristas que sostienen que estos acuerdos pueden promover inversiones. Por ejemplo, si una empresa debe girar divisas al exterior, la compañía local tiene que asumir los costos del 30% o 35% de impuestos y con los acuerdos esto ya no sucedería o serían significativamente menor”, afirmó a elDiarioAR el tributarista Juan Pablo Futten. Sin embargo, el profesor de impuestos de la UBA explicó que esta cláusula gatillo permite que aquellas empresas que tienen una sede en dichos países pasen a tributar un tercio de lo que tributan actualmente en términos de regalías, intereses o dividendos.

La clave en el acuerdo de Luxemburgo son los beneficios a las empresas con “establecimientos permanentes” en dicho principado. Si una empresa, como en el caso de Techint, tiene una sede en Luxemburgo que entra en la categoría de “establecimiento permanente” —y lo tiene porque cuenta allí con oficinas de la casa matriz, San Faustín— puede tributar ganancias en el exterior y no en Argentina.

“Esto beneficia de manera sustancial a cualquier empresa que le pague intereses o dividendos a su vinculada en Argentina. Es un convenio tailor made para una multinacional con sede en Luxemburgo y actividad en Argentina”, escribió Guillermo Michel, exjefe de la Aduana en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, el gobierno evalúa dar marcha atrás con la eliminación de ganancias a un porcentaje de la población asalariada de la clase media.

El Grupo Techint tiene una sociedad madre: San Faustin SA, radicada en Luxemburgo, donde tiene oficinas. San Faustín SA controla a Techint Holdings, también radicada en el ducado europeo. Esta última sociedad controla al resto de las compañías de Techint en el mundo. 

La multinacional de los Rocca no tiene fábricas ni sedes centrales en Luxemburgo pero le basta con tener una oficina para que se aplique a su caso el convenio diseñado durante el macrismo y resucitado por Milei. 

El beneficio también se aplica a los denominados “préstamos intercampanies”, es decir, a créditos que las empresas de un mismo grupo empresario se prestan entre sí y que deben tributar en Argentina el 35% del 90% de los intereses del préstamo, aunque participe una sociedad de Luxemburgo. Salvo que ahora se aplique el convenio, explicó un tributarista a este medio. “Un país razonable retiene el 10%, como marca la OCDE. Ahora pasaría a retenerse el cero por ciento”, agrego el experto consultado.

Eurnekian y Macri

Hay otros empresarios y grupos con negocios en Luxemburgo: uno de ellos es Eduardo Eurnekian, expatrón de Milei en Corporación América. De acuerdo con la investigación de La Nación y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el empresario figura en Luxemburgo al frente de una sociedad de responsabilidad limitada, Corporación América International SARL, de la que dependen todos los aeropuertos del grupo en América Latina y otros países. “De aprobarse el tratado, en principio no anticipamos impacto tributario” a favor de Corporación América, afirmaron en el grupo empresario ante la consulta de La Nación. elDiarioAR intentó comunicarse con la compañía, sin éxito hasta el momento.

Un tercer caso es el del grupo Macri: Sideco y Socma. en el negocio de los parques eólicos, Gianfranco Macri, hermano del expresidente y cabeza del grupo familiar, utilizó a la sociedad Lares Corporation SPF, de Luxemburgo, para controlar una estructura de varias empresas que terminaron haciéndose de distintos parque eólicos e invirtiendo en un fondo de inversión con ese fin durante el gobierno de Cambiemos.

Consecuencias

El impacto de estos acuerdos va más allá de Luxemburgo y Japón: si la cláusula se activa porque alguna de las partes solicita aplicarla, otra veintena de países que tienen este tipo de acuerdos con Argentina pueden solicitar el mismo beneficio, explicó Futten. Una especie de efecto dominó. Esos beneficios son impuestos que se dejan de percibir y que podría representar un costo de entre US$1.200 millones y US$1.500 millones al año, dijo a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del caso. Para un gobierno que basa su política económica en que “no hay plata” sería una contradicción gigante. Sería un impacto en la recaudación a largo plazo.

“El convenio con Japón tiene una particularidad negativa para la política tributaria de nuestro país dado que excluyó de la definición de regalías previstas en el artículo 12 el concepto de ‘asistencia técnica’, por lo tanto este tipo de rentas no quedarán sujetas a imposición en el país fuente”, explicó Michel. Por ejemplo, se aplicaría a empresas como Toyota en patentes para la fabricación de vehículo en Argentina con el fin de que el país luego exporte el producto. Actualmente, la tasa es del 31,5%. El convenio de la OCDE impone impuestos con un tope del 10% para promover las inversiones, pero el gobierno de Milei decidió que sea de cero por ciento. elDiarioAR se comunicó con voceros de Toyota para conocer su posición sobre el caso, sin éxito.  

ED/JJD

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló el sobreseimiento de Gianfranco y Mariano Macri en la causa por la omisión de declarar activos en un banco de Suiza.

El juez de primera instancia sobreseyó a los hermanos Macri determinando que aplicaban los requisitos dispuestos por la Ley sin considerar que parte del blanqueo realizado incluía un fideicomiso de 25 millones de dólares cuya única beneficiaria era Alicia Blanco Villegas, madre de ambos y también del expresidente Mauricio Macri, inhabilitada para acceder a los beneficios de la mencionada norma.

Por este motivo, la AFIP le hizo saber a la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que la sentencia debe ser revocada, ya que se encuentra probado que Gianfranco Macri utilizó el blanqueo impulsado por el gobierno de su hermano Mauricio para beneficiar a su propia madre.

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos, notificó a Gianfranco Macri la invalidez de la declaración jurada y la consecuente pérdida de los beneficios otorgados por la Ley 27.260 sobre la totalidad de los bienes allí incluidos.

Gianfranco Macri ingresó el 23 de diciembre de 2016 al régimen de blanqueo y declaró, entre otros bienes en el exterior, la cuenta 6.02960.3 radicada en Suiza a nombre de BF Corporation S.A., por 63.592.993,26 de pesos. También declaró una participación del 50% en BF Corporation., adquirida en julio de 2016, en Panamá, mientras que, el restante 50% lo declaró en cabeza de Mariano Macri.

DA

En los tribunales federales de Comodoro Py, las causas penales contra algunos de los empresarios o grupos económicos más relevantes del país se han estancado en pericias interminables, expedientes en pausa o camino al cierre, exhortos internacionales sin respuestas y acusados en un limbo. Otras, han avanzado pero cuando llegan a la etapa de juicio oral y público, su marcha se aletarga. Así surge de las consultas realizadas por elDiarioAR a jueces, fiscales y abogados que intervienen en estos procesos. 

En la mayoría de los casos, los principales acusados son la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, o sus respectivos funcionarios. Pero existen algunos pocos expedientes que están especialmente centrados en las empresas.

Algunos jueces y fiscales sostienen que se trata de expedientes más complejos, de maniobras difíciles de probar o directamente alegan inexistencia de delito. Otros sostienen que no cuenta con el personal o espacio físico suficiente para avanzar en tiempo y forma.

En general, las causas en las que los empresarios son los principales imputados son una rareza en este fuero, centrado en las investigaciones contra funcionarios públicos, pero existen algunos expedientes que se salen de la norma. Se trata de casos de presuntos sobornos transnacionales en los que compañías con casas matrices en Argentina están sospechadas de haber realizado pagos ilegales a funcionarios extranjeros. En estos casos, Comodoro Py investiga la pata local de la maniobra denunciada en el país y el extranjero, como los casos que se iniciaron contra la multinacional ítalo-argentina Techint. 

Distintos expedientes contra empresas influyentes se han cerrado en este fuero a lo largo de los años y por distintos motivos. El caso Cerro Dragón, en el que se investigaba el presunto pago de sobornos de la petrolera Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni) terminó con sobreseimientos. El caso de la constructora sueca Skanska, también por presuntas coimas, estuvo en coma durante casi una década. Un expediente contra Corporación América, de Eduardo Eurnekian, por supuestos pagos ilegales en Perú, terminó archivado.

El caso de los cuadernos y los supuestos sobornos de constructoras en el caso Aysa llegaron a juicio, con más o menos demoras y pondrán eventualmente en el banquillo a algunos de los empresarios más poderosos. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento tendrá una resolución en el corto plazo, tras años de espera. Algunas causas contra el Grupo Macri, Garbarino y Techint continúan abiertas pero con pronósticos de cierre o archivo. Este es el estado de las causas.

Cuadernos en remojo

La causa se inició en 2018 y en septiembre de 2019, el primer tramo del expediente ya había sido elevado a juicio oral y público, pero el proceso quedó estancado y lejos de comenzar en el corto plazo, de acuerdo con la información reunida por este diario. Además, el tribunal podría perder a uno de sus integrantes. 

Una vez asignado el tribunal de juicio, éste debe convocar a las partes a la etapa de instrucción complementaria, durante la cual tanto la fiscalía de juicio como las defensas de los acusados pueden proponer medidas de prueba adicionales a las presentadas por el juez que envió la causa a juicio. Es el primer paso antes de que se fije fecha de inicio. Sin embargo, tras casi tres años esa instancia aún no comenzó. 

La preparación del juicio oral y público, en el que deben juzgarse a la vicepresidenta, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos por numerosos casos de presunto cohecho y otros delitos, va a paso de hombre. No sólo no comenzó la instrucción complementaria. Todavía no terminó la digitalización de un container de prueba documental que deberá abrirse a las partes, confirmó una fuente directa del proceso. La demora ha generado tensiones entre el Tribunal Oral Federal número 7 y la Corte Suprema, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales con conocimiento directo del conflicto.

Los tres jueces del tribunal oral enviaron cinco oficios a la Corte en los últimos dos años y seis meses reclamando espacio físico y personal para avanzar con la preparación del juicio, aún sin respuesta, según una alta fuente del expediente. La Corte había asignado empleados extra al juez Bonadio para la instrucción del caso y el tribunal oral estima que recibirá los recursos, pero en el máximo tribunal los pedidos de personal y espacio son generalizados y los recursos escasos, por lo que esperan que los tribunales trabajen horario extendido para compensar la demora, dijo una fuente judicial. 

En medio de los reclamos, uno de los magistrados, Germán Castelli, está en litigio con la Corte por su permanencia en el tribunal que debe llevar adelante el juicio. Su cargo original es en la Justicia federal de San Martín pero fue trasladado a Comodoro Py. Un fallo de la Corte en 2020 dispuso que los traslados no son definitivos y en algún momento los jueces de la Corte deberán decidir sobre el destino de Castelli. El antecedente indica que deberá dejar el TOF 7. 

El expediente tiene más de cien acusados y numerosos planteos de las defensas por la utilización de la figura de los arrepentidos y la legitimación de los escritos del chofer Oscar Centeno, ya que los originales nunca fueron hallados y se trabajó sobre fotocopias y digitalizaciones. Las confesiones de empresarios como Aldo Roggio (Roggio Hermanos, Metrovías), Carlos Wagner (Esuco), Angelo Calcaterra (Iecsa), Eduardo Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América), Armando Loson (Albanesi), entre otros; y ejecutivos como Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Juan Carlos Goycoechea (Isolux) corroboraron los hechos volcados en los cuadernos, según el expediente. La Cámara Federal de Casación ratificó la validez de las declaraciones en febrero de 2021. 

El soterramiento

El expediente cumplió siete años en instrucción. Se inició a principios de 2016 y tiene dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento de la licitación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento (adjudicada en 2008) y el supuesto pago de sobornos por parte de las constructoras Iesca (entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella (se indagó a Lorenzo Ghella) y la española Comsa a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (Julio De Vido y Ricardo Jaime, entre otros). Tras indagar a 50 imputados (empresarios, ejecutivos y exfuncionarios públicos) en abril de 2019, el juez Marcelo Martínez De Giorgi no dio por probada la acusación de supuesto cohecho o sobornos, como sostenía el fiscal Franco Picardi (en base a dos ejecutivos brasileños arrepentidos y una transacción de US$5 millones a través de una empresa sospechada de pantalla para el pago de sobornos, entre otras pruebas).

Martínez De Giorgi dictó dictó 21 faltas de mérito (entre los beneficiados están Calcaterra y Ghella) y tres sobreseimientos por los supuestos sobornos, pero decretó 26 procesamientos a De Vido y Jaime por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas (al igual que a dos ejecutivos de Iecsa y Comsa) por el direccionamiento de la licitación (2007-2008). Cuatro meses más tarde, la Cámara Federal porteña anuló las decisiones del juez y le ordenó volver a evaluar la situación procesal de todos los investigados. Una fuente judicial con conocimiento directo de la causas afirmó que el magistrado se encuentra trabajando en un nuevo fallo que firmará en el corto plazo y en el que definirá nuevamente si procesa a los empresarios por el pago de coimas. A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas y exfuncionarios niegan las acusaciones.

Las plantas de Aysa

El caso es una excepción, debido a su avance, pero a casi dos años de haber recibido el expediente el tribunal oral federal a cargo del juicio aún no ha fijado fecha de inicio. Nació en 2016 y fue elevada a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, por los presuntos delitos de sobornos y defraudación a la administración pública. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner (ambos arrepentidos del caso cuadernos) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA) deberán afrontar el juicio, entre ejecutivos de sus compañías y directivos de Aysa. También, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

Actualmente, la causa está en etapa de instrucción complementaria: el fiscal Diego Luciani -el mismo que lleva adelante la acusación contra Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad- ya solicitó incorporar más pruebas y las defensas también deben realizar sus propias presentaciones, informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente. Una vez finalizada esta instancia el Tribunal Oral Federal número 2 deberá fijar fecha de juicio. 

La concesionaria Abertis

El expediente nació en 2019 con la denuncia de diputados del Frente de Todos y se centra en la renegociación de contratos de las autopistas Acceso Norte y Ausol (acceso oeste) con la española Abertis, que hasta 2016 fue socia del grupo Macri en el segundo de los corredores. Los contratos vencían en 2023, fecha en la que debían volver a licitarse las concesiones pero en 2018 el gobierno de Mauricio Macri los extendió hasta 2030. Además, el Ejecutivo le reconoció a la empresa una deuda de US$747 millones por ambas autopistas, de acuerdo con el expediente y el Ministerio de Transporte. A cambio, la empresa española se comprometió a realizar inversiones y el gobierno aumentó las tarifas de los peajes.

El caso se centra en las acciones de funcionarios públicos pero en segundo plano se encuentra la compañía española, beneficiaria de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que antes de comenzar la negociación con el gobierno denunció a Argentina ante el Ciadi. Existiría un posible conflicto de intereses -ya que al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol- y una presunta administración fraudulenta, según la acusación. Hasta mediados de 2020, la causa estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien poco antes de jubilarse en julio de ese año citó a indagatoria y procesó por distintos delitos a cuatro altos funcionarios de Macri (el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; el exdirector de Vialidad y titular de Energía, Javier Iguacel; y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías) que habían intervenido en la renovación de la concesión de Abertis.

El juez citó a indagatoria al presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis Martin, quien había presentado un escrito ante el juez sosteniendo la “legalidad” de todo lo actuado en la negociación. Su situación quedó en un limbo. Tras la salida de Canicoba y las apelaciones de los funcionarios procesados -quienes siempre negaron los cargos-, la Cámara Federal porteña ordenó las faltas de mérito de todos los acusados y una compleja pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en trámite desde julio de 2021, confirmó a este medio una fuente judicial del caso. Abertis nunca quiso pronunciarse sobre el caso. 

Techint 

La multinacional ítalo-argentina, líder en el mercado de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera, tiene desde 2017 dos frentes en los tribunales de Comodoro Py por presuntos sobornos transnacionales pero en ninguno de los casos se ha indagado a los acusados o investigados. Ambas nacieron de denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que obtuvo información del intercambio con fiscales de Brasil e Italia, que también investigaban a la compañía de los Rocca en sus países. El líder de la compañía, Paolo Rocca, tenía otro frente por presuntas coimas en el expediente de los cuadernos, pero tanto él como sus dos ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta -ambos arrepentidos en el caso- tienen sobreseimiento firme. El juez Julián Ercolini entendió que los pagos ilegales de la empresa se realizaron en estado de necesidad.

La primera denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien investiga el supuesto pago por parte de Techint y sus socias de coimas de US$10 millones a funcionarios de Eletrobras Eletronuclear, la empresa estatal que entregó la licitación de la usina Angra3. Así lo reconoció el empresario Dalton Avancini, entonces presidente de Camargo Correa, una de las socias de Techint en la obra de Río de Janeiro. La fiscal Paloma Ochoa imputó a ejecutivos clave de la compañía y al accionista Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca, máxima autoridad de la multinacional, por su presunta responsabilidad en ordenar los sobornos desde Argentina. 

Hasta el momento, el juez Ramos considera que no habría pruebas para citarlos a indagatoria e investiga los movimientos de las cuentas de Techint en el extranjero junto a un grupo de asesores de la AFIP, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Detectaron una cuenta en Uruguay no informada por la compañía a la Justicia y actualmente esperan que dicho país remita los movimientos bancarias. Uruguay es un canal utilizado en el pago de otros supuestos sobornos a Brasil por parte de Techint.

La segunda causa se originó del intercambio de información con fiscales de Milán, quienes investigaban la responsabilidad de los accionistas y directivos Paolo y Gianfelice Rocca, Roberto Bonatti y del exdirector de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Alberto Zabaleta, en el supuesto pago de coimas por 6,5 millones de euros al exgerente de Servicios de Petrobras, Renato Duque, quien admitió haber cobrado las coimas a cambio de garantizar 20 contratos sin licitación para la adquisición de tubos de acero sin costura. La compañía y sus accionistas niegan las acusaciones.

El juez Luis Rodríguez delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. A más de cuatro años no hubo indagatorias en el expediente. En Italia, por los mismos hechos, se llevó a juicio a los hermanos Rocca y a Bonatti, quienes son italianos. La fiscal de Milán pidió cuatro años y seis meses de prisión para los tres. El 26 de abril se conocerá el veredicto en Milán.

Los fondos de Garbarino

La compañía es eje de una causa en Comodoro Py por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, que se mantuvo fuera del radar de los medios. En 2017, la AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa está a cargo del juez Julián Ercolini. Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de US$33 millones del empresario Lázaro Báez.

La investigación de la AFIP planteó que las firmas suizas Swisser AG y Helvetic eran cáscaras vacías sin capacidad económica para comprar acciones de Garbarino, pero que lograron llevarse de Garbarino unos US$30 millones cuyo destino fue imposible de rastrear por el fisco. La denuncia incluía maniobras similares de las sociedades suizas en una decena de empresas argentinas.

La compañía tuvo una caída estrepitosa. En los últimos años pasó de ser la número uno en el rubro a valer apenas un peso argentino y dejó 1.800 trabajadores en la calle y otros 4.000 en riesgo. En 2018, los hermanos Daniel y Omar Garbarino integraban la lista Forbes de los 50 más ricos de Argentina, con una fortuna declarada en US$500 millones. En 2019, ambos salieron de la lista, al no poder superar los US$360 millones de patrimonio.

La causa continúa abierta pero no tiene buen pronóstico. El fiscal Carlos Rívolo desestimó la denuncia y consideró que no correspondía a su fuero. Los hermanos Garbarino nunca fueron imputados ni citados a declarar. La AFIP quedó como querellante pero tras la salida de los funcionarios que motorizaron la denuncia, la causa no tuvo movimientos por tres años. El organismo intentó reactivarla en 2021, pero a principios de marzo, la Cámara Federal porteña confirmó un primer indicio de que el expediente va camino al cierre: hizo lugar a un planteo de falta de acción de uno de los denunciados que podría traducirse en el archivo de la causa.

Grupo Macri y Iecsa

Además del caso cuadernos y el soterramiento, las empresas de la familia del expresidente Macri tienen varios frentes judiciales abiertos que se iniciaron durante la gestión de Cambiemos por negocios con el Estado pero los avances han sido escasos. En todos los casos, los exfuncionarios, las empresas y sus responsables han negado siempre las acusaciones. El expediente conocido como Paseo del Bajo intenta sobrevivir en la Corte Suprema, luego de que cuatro fiscales apelaran los sucesivos sobreseimientos anticipados dictados en distintas instancias a favor del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Se investigaba el supuesto direccionamiento de parte de las obras a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

Los fiscales Alejandra Mángano, Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA), José Agüero Iturbe y Mario Villar sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y que el juez Bonadio no realizó las pruebas solicitadas para desentrañar la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa. Las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. La Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación avalaron el cierre del expediente. Ahora depende de la Corte.

El caso Parques Eólicos nació en 2018, pero tampoco tiene buen pronóstico, según explicaron fuentes del expediente. Durante 2016, Sideco ingresó en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil en enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado de Martínez De Giorgi enfocó la investigación en las decisiones del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que habrían buscado favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en un descargo escrito que presentó ante el juez.

En el expediente, se analizaron los balances de Sideco y otras compañías del grupo; se pidieron exhortos a España y otros países; se citó a declarar como testigo a Mariano Macri -quien había dicho en el libro Hermano que Mauricio Macri estaba detrás del negocio-; y desde hace más de un año buscan que declare Mariana Nannis, la exesposa de Claudio Caniggia, quien pidió declarar a través de su abogado para aportar información en pleno divorcio con su expareja pero nunca se presentó.

Lo más cerca que estuvieron miembros del Grupo Macri de los tribunales de Comodoro Py fue en 2019, cuando el juez Ariel Lijo indagó por el caso Correo Argentino SA a un ejecutivo clave de las empresas, Jaime Cibils Robirosa, y a un abogado histórico de las compañías de la familia, Jaime Kleidermacher. Están imputados junto al exministro de Comunicaciones de Cambiemos, Oscar Aguad; y a su segundo en la cartera, Juan Manuel Mocoroa, por el pre-acuerdo firmado por las partes en 2016 para la quita del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional. Desde hace tres años, el magistrado debe definir la situación de los cuatro indagados. Ya se entregaron al juzgado una pericia oficial ordenada por la Cámara Federal porteña y un estudio complementario sobre la prueba.

ED

La fiscal general Gabriela Boquin solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que confirme la quiebra de Correo Argentino SA, la compañía residual de la familia del expresidente Mauricio Macri, de acuerdo con el dictamen al que accedió elDiarioAR. El caso tiene dos escenarios posibles a partir de la decisión de la fiscal. La situación de Correo podría implicar la extensión de la quiebra al holding familiar y a los accionistas de Socma y Sideco para pagar las deudas en su totalidad.

La principal empresa de la familia del exmandatario, Socma, es la accionista central de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los hijos del expresidente Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace más de cuatro años, cuando cedieron sus acciones a su tío Gianfranco Macri, según corroboró este medio con la compañía.

Además, de Gianfranco, quien actualmente es el accionista mayoritario, con el 40% de las acciones de Socma, son accionistas de la empresa Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014.

Dos escenarios inmediatos

El dictamen de Boquin fue presentado el 13 de diciembre último, pero no había trascendido. Desde entonces, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, integrantes de la Sala B de la Cámara Comercial, deben tomar una decisión en el expediente.

El dictámen de Boquin tiene dos planteos centrales en función de esos dos escenarios posibles. En primer lugar, la fiscal solicitó que las camaristas declaren mal concedido el recurso de apelación de Correo, es decir, que le denieguen a la compañía el derecho a apelar por no cumplir con los requisitos impuestos por la ley para hacerlo. Si las camaristas así lo decidieran, la quiebra debería quedar ya confirmada. 

¿Por qué Correo no puede apelar? Días después de decretar la quiebra, la jueza Cirulli suspendió su propia decisión y le concedió a la empresa la posibilidad de acudir ante la Cámara Comercial. Boquin destacó en su dictamen que “la ley concursal no prevé la posibilidad de apelar” en los casos en los que la deudora haya estado en proceso de salvataje y no haya logrado las mayorías legales entre los acreedores para cerrar un acuerdo y pagar sus deudas, tal cual fue la situación de Correo. Esto mismo fue planteado en el expediente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una de las acreedoras de la empresa de los Macri, que se quejó por la decisión de la jueza Cirulli de permitir la apelación.

Un segundo escenario es que las juezas acepten la apelación de la empresa y analicen la cuestión de fondo: si confirman o no la quiebra ordenada por la jueza Cirulli en julio último. En caso de que las juezas de la Sala B consideren bien concedida la apelación, la fiscal también planteó que se confirme la quiebra de la compañía de los Macri, ya que, sostuvo, no consiguió las mayorías exigidas por la ley, empezando por la del Estado nacional, que, representado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, rechazó la propuesta.

La fiscal también afirmó que la mayoría de las conformidades de acreedores que Correo sí consiguió son anteriores a 2007 y no pueden validarse porque la ley exige que las conformidades deben ser posteriores a la última oferta de Correo para saldar sus deudas -que data de marzo de 2021-; y, además, esa mayoría de acreedores a favor de firmar un acuerdo fue conseguida “en fraude a la ley”, aseguró Boquin.

Antecedentes y críticas

Correo se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001. La deuda original entonces equivalía a unos 300 millones de pesos/dólares de la convertibilidad. El cálculo de los intereses, 20 años después, es una de las claves en la disputa legal. El Estado nacional es uno de sus acreedores porque le reclama cánones adeudados durante años por la concesión del servicio postal. En 2003, Néstor Kirchner ordenó la estatización de la compañía.

“A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido”, afirmó Boquin en el dictamen. La fiscal resaltó que esa extensión en el tiempo fue en gran parte responsabilidad de Correo y que la dilación del proceso la tuvo como única beneficiaria. La compañía culpa al Estado y a la Justicia. “La concursada contribuyó en la extraordinaria y atípica tramitación de estos actuados y a la extensión en el tiempo del expediente”, dijo Boquin.

“Correo Argentino SA ha realizado durante el trámite de su concurso actos en fraude a la ley que impiden al juez homologar la propuesta” presentada en marzo de 2021, continuó Boquin. “Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control” del juzgado, agregó.

Entre los “actos prohibidos”, Boquin incluyó el “progresivo vaciamiento de su patrimonio, en beneficio -en gran medida- de sus controlantes y/o terceros y en evidente perjuicio de los acreedores”, además de posibles “maniobras de lavado de activos y de trasvasamiento, las que deberán ser objeto de investigación en primera instancia y ante los juzgados penales que correspondan”. 

La fiscal viene sosteniendo denuncias contra Correo desde finales de 2016, cuando intervino en el expediente por primera vez. En su primer dictamen, se opuso al pre-acuerdo firmado entre la compañía y el gobierno de Macri, sosteniendo que implicaba una quita del 98,87% de la deuda y era “abusivo” y “perjudicial” para el Estado. Se basó en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal.

En 2021, un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) -que depende de la Corte Suprema- confirmó en la causa penal contra Macri que en dicho pre-acuerdo, “en todas las alternativas y escenarios presentados, el porcentaje de quita estimado supera el 92%” de la deuda, sostuvo el dictamen.

Correo sostuvo en uno de sus últimos planteos que Socma tiene solvencia de sobra y que “se hará cargo de afrontar el pago” de sus deudas. “A pesar de dicha afirmación -afirmó la fiscal-, ni se ha incluido dicho compromiso en el texto de las propuestas ni en el expediente, ni surge de autos el modo en que Socma habría justificado su solvencia” para cumplir con los acreedores de Correo. 

A lo largo de estos veinte años la deudora ha ofrecido al Estado nacional once propuestas de pago, demostrando haber tenido más oportunidades que ningún deudor por mí conocido.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

“Fraude a los acreedores”

Correo necesitaba conseguir el aval de una mayoría de acreedores fijada por la ley. Si lo hacía, podía acordar con ellos el pago de sus deudas, imponer al resto su propuesta y evitar la quiebra. Pero la legislación establece condiciones. Una de ellas es que sean apoyos o conformidades legítimas. Boquin planteó que unas 360 conformidades “habían sido otorgadas por apoderados y/o por cesionarios vinculados a tres estudios de abogados que se encontraban vinculados con la concursada y al menos dos de ellos poseían miembros de su estudio en el directorio de Correo Argentino SA”, entre ellos, el estudio que integró el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Es decir que, según la fiscalía, abogados vinculados a la empresa de los Macri compraron las deudas de unos 360 acreedores para manejar las mayoría en el concurso, forzar al resto de los acreedores a firmar un acuerdo y evitar la quiebra, en detrimento de los intereses de los acreedores reales, entre ellos, el Estado, según la investigación que Boquín replicó en el último dictamen.

Correo sostiene que las denuncias de manipulación de las mayorías no fueron probadas y que, con los apoyos a su última oferta de marzo de 2021, ha cumplido con las exigencias de la ley para concretar el salvataje y evitar la quiebra. Sin embargo, la fiscal sostuvo que la última oferta de la compañía a los acreedores (existieron once propuestas entre 2003 y 2021) “diciendo que ofrece el pago del ‘100%’ del crédito verificado en favor del Estado nacional” sería “muy inferior a la ofrecida en la novena y décima” ofertas, realizadas en 2018 y 2019, y las cuales ni siquiera fueron aceptadas por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación de la gestión de Macri, Bernardo Saravia Frías. El cálculo se basa en los tipos de tasa de interés, plazos de pago y otras cuestiones técnicas que explicó en el dictamen.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial.

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El banco salvador

Boquin también destacó que el salvataje de la compañía de los Macri fracasó por los “acuerdos espurios con el Meinl Bank” (ahora Anglo Austrian). Esta banca de Austria era un apoyo central para la familia del expresidente en el caso y un acreedor clave para evitar la quiebra, incluso más que el Estado nacional. En 2021, elDiarioAR publicó documentos y testimonios que demostraban que la entidad quebró en febrero de ese año y que la Justicia no podía incluirlo en el salvataje, según establece la ley.

El Meinl Bank, una entidad multada en Austria, investigado en Estados Unidos y sancionada en Europa por sus vínculos con el lavado de dinero y la corrupción, acumulaba el 38% de la deuda de Correo y su voto era central para determinar si la compañía de la familia Macri se salvaba o iba a la quiebra.

El 25 de febrero de 2021, el Tribunal de Comercio de Viena ordenó el cierre del banco, según publicó el sitio oficial de edictos judiciales de Austria. Correo había asegurado a este medio que el apoyo del banco estaba garantizado porque apoyó una oferta previa de la compañía en 2007. “Si el Meinl quebró, el poder (que le otorgó el banco a su representante para apoyar la propuesta de 2007) ya no es válido”, dijo el exapoderado del banco austríaco ante la consulta de elDiarioAR. Lo mismo determinó la jueza Cirulli y ratificó Boquin en este último dictamen.

Correo no remedió esta situación y pidió a la Justicia que avale un acuerdo que por ley estaba caído desde hacía más de diez años, pero que además se hacía imposible de ratificar porque el Meinl Bank ya no estaba en poder de sus representantes de 2007 sino a cargo de un liquidador impuesto por la corte en Viena.

Boquin sostuvo que el Meinl Bank cumplió un rol sospechoso en el concurso de acreedores de Correo desde 2005, cuando decidió convertirse en acreedor comprando deudas a dos organismos de crédito y luego actuando en detrimento de sus intereses y a favor de la familia del expresidente Macri. A esta sospecha, se suma la información que surge de una auditoría realizada en diciembre de 2014 por PricewaterhouseCoopers a pedido de las autoridades bancarias en Austria, según publicó La Nación. El informe dedica un capítulo a Socma y sostiene que Franco Macri habría estado detrás de su principal acreedor a través de una maniobra offshore, algo prohibido en la Ley de Concursos y Quiebras. “Existe una sospecha de blanqueo de capital”, sostiene la auditoría de Austria.

Lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping

Gabriela Boquin — Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La caja de Correo

Correo siempre ha negado las acusaciones de supuesto vaciamiento. Los movimientos de fondos de sus cuentas bancarias son un punto central del dictamen que pide confirmar la quiebra de la compañía por los presuntos desmanejos de sus administradores. Boquin sostiene desde 2017 el presunto vaciamiento de la concursada por parte de Socma y Sideco. 

Entre los supuestos desmanejos de los administradores de Correo, la fiscal afirmó que en 2007, por ejemplo, Correo le pagó US$2,1 millones a Socma por acciones de la compañía automotriz Neficor, sin que Correo haya pedido autorización a la Justicia -al estar en concurso de acreedores sus movimientos financieros son controlados judicialmente- y sin haber percibido ninguna ganancia del negocio en los años posteriores a la adquisición, entre otras supuestas irregularidades.

En 2012, Correo también firmó un “convenio de prestación de servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y locación de bienes y servicios” con Sideco Americana SA, otra compañía de los Macri. Así, se vio obligada “a abonar por dichas prestaciones un canon mensual por la suma de U$S18.000,00 más IVA”. Sin embargo, Correo no tenía ingresos ni actividad comercial y apenas tenía cuatro empleados. El dinero salía de las cuentas bancarias. “Tampoco solicitó la respectiva autorización judicial”, denunció la fiscal. La deuda a favor de Sideco ascendía en septiembre de 2019 a más de $60 millones, sin intereses.

Boquin también observó que durante años Correo pagó anticipos de honorarios a directores por una suma cercana a los $8 millones, infringiendo la ley, ya que la compañía daba pérdida. En gastos por asesoramiento legal concursal y pagos a consultoras y empresas de publicidad, ya estando en concurso y sin actividad, Correo gastó casi $27 millones. También adquirió deudas por más de $58 millones con Sideco y Socma, entre otras irregularidades detalladas en el dictamen.

La pelea con la Ciudad

En 2021, Correo solicitó a la Cámara Comercial que revoque la quiebra, pero, además, Socma viene reclamando que el expediente migre a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa ya obtuvo un fallo a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo desestimó, entendiendo que debe seguir tramitando en la Justicia nacional. Lo mismo dictaminó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema.

Boquin entendió que “lo que intenta la deudora es introducir la cuestión, tardíamente, para busca demorar aún más el proceso y buscar que un tribunal que considera más ‘amigable’ a sus intereses entre por la ventana a través de lo que la doctrina denomina fórum shopping”.

ED

La familia del expresidente Mauricio Macri vuelve a ser objeto de una investigación internacional sobre paraísos fiscales. Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario, controló una sociedad offshore radicada en Belice, desconocida hasta el momento y pensada para canalizar fondos de Socma. Se trata de TNB Investments Limited, una firma creada el 7 de enero de 2016, casi un mes después de la llegada del líder de Cambiemos a la Casa Rosada.

La información surge de los documentos de Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*, y que analizó casi 12 millones de documentos de 14 proveedores de compañías offshore.

También aparecen entre documentos de dos bufetes los registros de Reata Pacific Limited (Islas Vírgenes Británicas) y Wanama Capital Inc. (Panamá), dos offshore incluidas en la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra Gianfranco Macri por supuestas irregularidades en el blanqueo de activos o sinceramiento fiscal que promovió la presidencia de su hermano.

Mariano Macri

TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de al menos US$50.000 y estuvo operativa, al menos, hasta julio de 2018, según la investigación del equipo argentino de ICIJ. La sociedad figura en los registros internos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio. 

 Ante la consulta, un vocero de Mariano Macri reconoció la vinculación con la compañía, dijo que nunca llegó a utilizarla y justificó que el empresario no haya informado la existencia de esta compañía a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Su contador le dijo que no está registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial”, apuntó.

 La compañía de Belice conecta directamente con las disputas familiares entre Mariano y sus hermanos mayores, Mauricio y Gianfranco, por el control de las compañías familiares, en especial, Socma y Sideco, según informó un vocero de Mariano ante la consulta del equipo argentino de ICIJ*.

Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló a ICIJ que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían US$ 2,6 millones, divididos en un pago inicial de US$350.000 y treinta cuotas posteriores de US$75.000 en concepto de retiro de Mariano Macri como accionista del grupo Socma. “Ante el fracaso de un acuerdo con el grupo familiar, ese capital nunca llegó”, dijo el vocero de Mariano Macri.

“Su aspiración era que le compraran su parte de Socma (el 20% de las acciones). Tuvo cinco negociaciones. En 2020, fue la última, en la que demostraron que no había disposición realmente. Le dijeron que no a todo lo que ponía sobre la mesa como condiciones, y no cerraron el acuerdo”, explicó el portavoz del empresario.

El vocero de Mariano Macri negó que TNB Investments Limited haya movilizado fondos y dijo que el objetivo era realizar más tarde inversiones con esos fondos. “La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas”, aseguró.

TNB Investments Limited figura abierta, hasta al menos, julio de 2018, según pudo corroborar el equipo argentino.

Socios y pareja

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey, en Belice. Ambos figuran como beneficiarios finales en partes iguales, según los documentos. 

Mariano Macri y su pareja también figuran como socios en la empresa Eco Urban Concept SRL para la importación, exportación, distribución, desarrollo y comercialización de “máquinas automáticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular”.

TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore. En los registros tuvo como directora, a su vez, a otra sociedad offshore llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad.

Consultado sobre Corporate Manager Limited, el vocero de Macri lo desligó: “Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compañía offshore, Mariano no tiene vinculación alguna”.

“Persona políticamente expuesta”

En los documentos de Pandora Papers consta que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos. 

La pareja comenzó los trámites para la creación de la sociedad el 22 de diciembre de 2015 y la apertura de TNB Investments Limited se efectivizó dos semanas después.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el ”DD“ [por Due Diligence o ”debida diligencia“] como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses después, la familia del expresidente Macri se vería sacudida por la divulgación de los Panama Papers. Entre otros motivos, porque a partir de allí salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde el holding familiar atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno. 

Esa sociedad offshore, BF Corporation, fue una de las que utilizó Gianfranco Macri para ingresar al menos US$4 millones en el blanqueo promovido por su hermano presidente.

Según relató Mariano Macri en el libro “Hermano”, de Santiago O’Donnell, su familia buscó montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas.

Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore, una acusación que la familia y los representantes de Socma siempre han rechazado. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Gianfranco Macri

Los documentos que integran Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor fue OMC Group. La compañía figura en un documento de uso interno del bufete. 

Actualmente, Reata Pacific Limited es objeto de investigación judicial, según trascendió en los últimos días. La sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific, pero los documentos sí revelan quiénes fueron los encargados de gestionar estas tres sociedades y confirman dónde están realmente radicadas.

Un reciente informe de la AFIP presentado ante la Justicia en lo Penal Económico aseguró que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó su hermano en 2016 cuando, en rigor, pertenecían a su madre. Blanco Villegas estaba impedida de ingresar al blanqueo debido a la prohibición legal que se impuso sobre ciertos familiares directos de los funcionarios públicos. 

Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, el vocero de Mariano Macri negó que el empresario conociera la existencia de Reata Pacific Limited. “Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio”, indicó su allegado.

En la presentación que hizo la AFIP ante la Justicia, también se hace mención a otra sociedad que Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo y que aparece en los miles de documentos revisados por el equipo argentino de ICIJ. Se trata de Wanama Capital Inc. Esta sociedad, según el informe del organismo fiscal, fue de su padre, Franco Macri, y “tiene el 100% de las acciones de JRI Company”, otra offshore de las Antillas Holandesas. El padre del entonces presidente no podía adherir al blanqueo.

En Pandora Papers, Wanama Capital Inc. figura como registrada en Panamá el 20 de noviembre de 2009 por la filial uruguaya del estudio panameño Mossack Fonseca. Como intermediario actuó el estudio Konrad y Asociados, de Montevideo. Wanama Capital Inc. está listada en un excel donde hay más de 300.000 empresas en distintas jurisdicciones offshore. En la filtración no hay más documentos que reflejen su actividad o si manejó activos.

Desde el entorno de Gianfranco explicaron al equipo argentino de ICIJ que es una sociedad que Franco Macri “le había transferido años antes del sinceramiento fiscal” y que fue “incluida en el sinceramiento al que se acogió en 2016, tal como la ley lo autorizaba”. “Como titular de la sociedad estaba habilitado a declararla”, afirmaron. Ante la consulta sobre el objeto de la sociedad, respondieron que Gianfranco “se dedica a la actividad del desarrollo inmobiliario entre otras actividades”.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

A pesar de la quiebra de Correo Argentino SA, las declaraciones del propio Mauricio Macri y el anuncio del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de que pedirá la extensión de esa quiebra de la cabeza del Grupo Macri, la Justicia está lejos de alcanzar a los accionistas de Socma (Sociedades Macri) y en especial, a los hijos del expresidente, según explicó una fuente directa del expediente y un abogado especializado en Derecho Comercial y Concursal ajeno al caso. 

Socma es actualmente la principal accionista de Correo (en otra época, ese lugar era ocupado por Sideco, controlada a su vez por Socma), según surge de los documentos contables presentados por ambas compañías ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió elDiarioAR.

Un día antes de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra de Correo, Macri se adelantó al fallo con una posición que ya ha manifestado en entrevistas y declaraciones públicas: “El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos”, escribió Macri este domingo en una carta que publicó en Facebook. “Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”, agregó en la misiva pública.

Sin embargo, los hijos de Macri no son accionistas de Socma (y por lo tanto no tienen participación indirecta en Correo) desde hace tres años y medio, según corroboró este medio con la compañía.

Socma tiene actualmente cinco accionistas. Ninguno de ellos es el expresidente ni sus hijos. “El 22 de diciembre de 2017, Gianfranco Macri adquirió a Agustina A. Macri, a Gimena Macri y Francisco J. Macri, 62.001 acciones de Socma Americana SA representativas del 20% del capital social”, explicó Socma a elDiarioAR a través de un vocero de la compañía.

Luego de esa transacción, Gianfranco se convirtió en el accionista mayoritario de Socma, con el 40% de las acciones, ya que conservó su 20% y absorbió otro 20% de las acciones que habían sido del expresidente y que, a su vez, éste había cedido con anterioridad a sus tres hijos mayores de edad. 

El Gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos.

Mauricio Macri — Carta pública en Facebook.

El resto del paquete accionario se divide entre Florencia Macri (20%), Mariano Macri (20%) y los hermanos Rodrigo y Franco Valladares Macri (con el 10% cada uno), hijos de Sandra Macri, quien falleció en junio de 2014. 

Los cinco hermanos Macri (Mauricio, Gianfranco, Sandra, Mariano y Florencia) quedaron como titulares de las acciones de Socma en 2009, luego de que Franco Macri, su padre y dueño de la compañía, dividió las acciones de su holding entre sus descendientes directos (a excepción de Alejandra, hija extramatrimonial). 

En 2009, Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cedió esas acciones a tres de sus hijos: Agustina, Jimena y Francisco, que se repartieron su parte del paquete accionario en porciones iguales (el 6,66% cada uno), según consta en actas de asamblea de años posteriores presentadas por Socma ante la IGJ.

De acuerdo a esa información, los hijos del expresidente sólo figuraron como accionistas de Socma entre 2009 y 2017, aunque el traspaso de sus acciones a Gianfranco no quedó registrado en los documentos presentados por la compañía en el organismo que controla a las sociedades comerciales.

Posibles alcances legales

¿Qué responsabilidad les cabría a sus hijos, como infiere el exmandatario, en el caso Correo? La jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA en base a las supuestas maniobras fraudulentas para evitar la quiebra de la compañía -que venían siendo advertidas por la fiscal general Gabriela Boquin desde finales de 2016- y ante la imposibilidad de Correo para cumplir con los requisitos legales que podrían haber garantizado el salvataje de la sociedad anónima, según el fallo publicado este lunes en el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. 

Además, los administradores y miembros del directorio de Correo tienen al menos tres frentes judiciales: el supuesto vaciamiento de la compañía, el presunto fraude a los acreedores del concurso y la causa penal por el pre-acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos en 2016, que le garantizaba a la compañía de los Macri el condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado Nacional, según el Ministerio Público Fiscal. Sólo el primero de esos expedientes podría llegar a fundamentar una extensión de quiebra a Socma, explicaron una fuente del expediente y el especialista en derecho comercial ante la consulta de elDiarioAR.

Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

Socma, Sideco y Correo comparten parte de sus ejecutivos y administradores. La fiscal Boquín denunció que durante 2016 los responsables del Correo migraron parte de sus fondos a Sideco a través del pago de alquileres “exorbitantes” en dólares, “gastos contables e informáticos”, cargas sociales de ejecutivos de otras compañías del grupo, entre otros movimientos de fondos, según un dictamen de abril de 2017. También hay en la mira aportes financieros y accionarios. Estas son algunas de las sospechas de posible “control abusivo” que podrían incidir en la extensión de la quiebra, explicaron las dos fuentes consultadas. En Correo, Socma y Sideco, los ejecutivos y abogados de las firmas niegan las acusaciones (tanto en sede judicial como ante los medios) y las enmarcan en la supuesta “persecución” contra Macri y su familia.

Las medidas ordenadas por la jueza Cirulli tras decretar la quiebra apuntan directamente a los miembros del directorio y administradores de Correo (inhibiciones, prohibición de salida del país) y a los bienes (escasos) de la compañía, pero no caen sobre la accionista (Socma) ni sobre los Macri, según consta en el fallo.

En las pocas actas de asamblea en la que se congregaron los accionistas de Socma entre 2009 y 2017 y entregaron a la IGJ, los hijos de Macri, al igual que el resto de los accionistas, aparecen representados por apoderados, quienes aprueban las decisiones del directorio y los balances contables. 

Mientras los hijos del expresidente eran accionistas, Mariano Macri inició una demanda en la Justicia Comercial para acceder a los libros de la comisión fiscalizadora de Socma, ante sospechas sobre el manejo irregular de la compañía por parte de su hermano Gianfranco, quien lidera la estrategia de los negocios familiares. Acusaciones que también han rechazado en Socma.

Cuando se originó un conflicto legal entre Mariano Macri y el resto de los accionistas, los tres descendientes del expresidente conformaron una mayoría junto a Gianfranco que neutralizó la postura de Mariano, según surge de los registros de estas reuniones entregados por la compañía a la IGJ (que no son la totalidad de ellos).

Un escenario lejano

La empresa Correo sostuvo en un comunicado que la decisión judicial es “por venganza e intereses políticos”. “Estoy interesado en recuperar los US$300 millones que el Correo le debe al Estado argentino”, dijo este martes el procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado. En una entrevista con El Destape Radio, Zannini afirmó: “Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando y vamos a ver qué hace el síndico, que tiene que hacer el informe para el 1° de noviembre”.

La extensión de la quiebra de una compañía alcanza a su controlante, en este caso, Socma, e implicaría desapoderar a la cabeza del grupo de sus activos. También podría extenderse a Sideco, que fue accionista y controlante de Correo en el pasado.

Ese acto (de venganza) lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA.

Mauricio Macri.

Sin embargo, según una fuente judicial del caso y un especialista en derecho comercial consultados se trata de un proceso sumamente complejo y extenso.

“Una eventual extensión de la quiebra del Correo sería a Socma, no a los accionistas. Este proceso lleva por lo menos cinco años y podría prolongarse hasta 20 años. Además, el Procurador del Tesoro tendría que demostrar que los accionistas y en particular los hijos de Macri tenían poder de decisión sobre la administración de Correo”, explicó una fuente con acceso directo al expediente.

“La adjudicación de responsabilidades en el artículo 162 de la Ley de Concursos y Quiebras es con respecto a los administradores, a los que toman decisiones”, agregó la fuente judicial. 

Nosotros vamos a solicitar la extensión (de la quiebra de Correo). Estamos estudiando.

Carlos Zannini — Procurador del Tesoro, en El Destape Radio.

“En teoría, podría ocurrir (que la extensión de quiebra alcance los bienes de los accionistas, con inhibiciones y otras medidas) pero hay muy pocos precedentes. En la historia de la Justicia comercial deben haber casos contados con los dedos de una mano”, explicó el abogado que enseña derecho comercial en una de las principales universidades del país y quien prefirió no ser nombrado debido a la sensibilidad del caso.

“La extensión de la quiebra pretende traer la mayor cantidad de activos para satisfacer los créditos de la compañía y dado que Correo tiene escasos bienes, es lógico que un acreedor busque llegar a los activos de la sociedad controlante”, explicó el abogado consultado. Socma tiene inversiones en dos compañías de comercialización de gas licuados; en una empresa que opera en la Central Hidroeléctrica Yacyretá; en una firma que gestiona residuos en Uruguay; en tres firmas del negocio automotriz con China; y en una agropecuaria, según el último balance a enero 2020 que presentó ante la IGJ.

Para poder extender la quiebra de Correo, Zannini y los acreedores que apuesten a este objetivo deberán demostrar “abuso de control” por parte de Socma. Las bases de esa acusación están en las denuncias y dictámenes de Boquin sobre el presunto vaciamiento de Correo, pero en sus escritos la fiscal nunca nombra ni imputa a los hijos de Macri, según surge de los escritos que constan en el expediente y que viene analizando este medio en la cobertura del caso. 

“El abuso de control implica que se van desviando recursos de una sociedad hacia otra del mismo grupo. Se la vacía y le crean pasivos. Es una hipótesis que hay acreditar con bastante rigurosidad”, afirmó el especialista en derecho comercial. “Las actas de asamblea en las que se reflejan las decisiones de los accionistas es un elemento a analizar en este sentido”, concluyó.

ED

La jueza Marta Cirulli tiene un rol central en el futuro de Correo Argentino SA, ya que es quien deberá decidir si la compañía de los Macri quiebra. En los próximos días tendrá además una tarea central en ese camino, cuando reciba el informe de los síndicos que controlan el desarrollo del salvataje de Correo. La magistrada debe decidir en el corto plazo sobre dos cuestiones, según un pedido de los representantes de Correo en el expediente de acceso público:

Este lunes, vence el plazo para que los síndicos del concurso preventivo de Correo comuniquen a Cirulli si los apoyos presentados por Correo para salvarse de la quiebra cumplen con las cantidades requeridas por la ley de Concursos y Quiebras (necesita que una mayoría determinada de acreedores acepte su oferta para el pago de sus deudas para concretar el salvataje).

El expresidente Mauricio Macri le apuntó a Cirulli el viernes 9 de abril en su cuenta personal de Twitter: dijo que espera que la jueza rechace el pedido del Estado Nacional y evite la quiebra de Correo, solicitada dos días antes por Zannini, representante del Estado en el expediente. El Estado Nacional tiene poco más del 30% de la deuda de la compañía de los Macri.

Para cumplir con el pedido del exmandatario, la magistrada debería homologar los apoyos de los acreedores que prestaron su conformidad para salvar a Correo, entre ellos, el del Meinl Bank, un banco quebrado y acusado de lavado de dinero y corrupción.

La jueza Cirulli solicitó a los síndicos que se expidan únicamente sobre los números y cantidades de apoyos presentados por Correo, pero no les ordenó que analicen si esos apoyos cumplen con los requisitos de la ley, según consta en escrito que firmó la magistrada el 9 de abril último y que es de público acceso. 

Será ella, entonces, quien tenga la última palabra para determinar si los acreedores que están pujando para salvar a Correo representan apoyos reales y legales (tendrá que evaluarlo, por ejemplo, en el caso del Meinl Bank) y evaluar si no encuadran en posibles conflictos de intereses o fraude (como en el caso de los acreedores que cedieron sus deudas a abogados que fueron directivos de Correo o miembros de estudios jurídicos que trabajan para Correo y que denunció en un dictamen la fiscal Gabriela Boquin).

Próximos pasos

Si la jueza determina que los apoyos presentados por Correo a principios de abril para salvarse son insuficientes, debe decretar la quiebra de la compañía, según establece la ley. Correo podrá acudir entonces a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Comercial para pedir que se revierta la decisión de la jueza.

Allí comenzaría otra etapa central en el futuro de los Macri: si la causa ingresa a la Cámara Comercial, las camaristas deben dar intervención a la fiscal Boquin.

Socma, principal accionista de Correo, ya se adelantó y acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por jueces que llegaron gracias al apoyo de la Legislatura porteña y del jefe de Gobierno porteño y aliado de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, para solicitar que aparten a la fiscal del caso por supuesta “parcialidad”.

Boquin viene denunciando el supuesto vaciamiento de Correo y el presunto fraude a los acreedores. La compañía y su accionista, Socma, niega esas acusaciones.

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. El pre-acuerdo se cayó tras la posición de la fiscal. Correo hace un cálculo muy diferente y dice que la quita no superaba el 54% de la deuda.

ED