El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado al aceptar las renuncias de titulares en organismos sensibles. La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, exfuncionario porteño cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

Santos fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su participación en contratos de seguridad sospechados de encubrir coimas en la causa Securitas en una investigación donde la Justicia tambiéna analiza contratos con el Estado Mayor del Ejército, el Senasa, Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Aeropuertos Argentinas 2000. Fue funcionario del Registro de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Por su parte, Pérez Lorgueilleux, flamante titular de RENAPER era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad en 2016, cuando ocurrió la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en la que murieron cinco personas por el consumo de drogas adulteradas y en 2017 fue procesado por el juez Sebastián Casanello.

Pérez Lorgueilleux es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en Derecho Administrativo. Inició su carrera en la gestión pública en el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, desempeñándose en distintas áreas de responsabilidad creciente.

Fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y posteriormente designado Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023, se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas del Ministerio.

Desde diciembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Enroques en la UIF y el BICE

Los cambios fueron comunicados a través de decretos en el Boletín Oficial, donde también se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La vacante en el organismo antilavado será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una “decisión personal” y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad financiera.

Cambios en Transporte y Energía

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras:

A un año de haber sido anunciado como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó una salida que ya se descontaba en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el cargo por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administración, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: Gaspari es un funcionario con vínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario.

El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la Casa Rosada le había exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.

La crisis se profundizó en un contexto sensible. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA, que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales.

La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial.

Para ese entonces, Starc ya había quedado bajo la órbita de Santiago Caputo, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y mantuvo a la UIF en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.

Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información.

PL/MG

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal por presunta violación de secreto tras la filtración de un informe de inteligencia financiera de carácter confidencial, según informó el organismo en un comunicado.

El parte indica que “el presidente de la UIF, Paul Starc, recibió el día martes 12 del corriente mes y año una comunicación que le informó sobre la supuesta existencia de una filtración de información confidencial”.

Dicha información, de la que dio parte el diario La Nación, contenía un “informe de inteligencia financiera” que integraba un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto, según lo establecido en la ley 25246.

Siempre de acuerdo al comunicado oficial, “la comunicación identificó a una persona jurídica presuntamente reportada por una entidad bancaria”.

El funcionario pidió que se investigue quién difundió la alerta bancaria que se encendió luego de una serie de movimientos de dinero en la Zefico SA, la compañía que emplea al asesor presidencial Santiago Caputo.

Por lo expuesto, “el titular del organismo instruyó de manera urgente a los funcionarios de línea para que realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS -en particular-, lo que efectivamente se constató”.

UIF agregó que “en este contexto, Starc en horas de la noche, tomó conocimiento de un artículo periodístico, en el que se describía con exhaustivo detalle toda la información relativa al ROS -el mismo al que le habían hecho referencia en la comunicación mencionada inicialmente-”.

El organismo señaló que “dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto, que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado; quien debe reportar la actividad sospechosa”.

La UIF indicó que “ante la presunción de la flagrante comisión del delito de violación de secretos, el día 13 de agosto del año en curso, Paul Starc dispuso que la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccione de manera urgente un informe exhaustivo a efectos de establecer la nómina de miembros del Organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera con el fin de consultar respecto del ROS en cuestión”.

“Dicho informe concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema (a consultar respecto del referido ROS), salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades relativas a la sospecha de violación del secreto establecido por ley 25246 por parte de agentes del Organismo”, explicó.

“Con la totalidad de los elementos recabados –continúa el parte-, dada la certidumbre de que desde la UIF no había ocurrido conducta delictiva alguna, el presidente el mismo 13 de agosto en horas de la tarde, formuló denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli, para que el órgano jurisdiccional investigue los gravísimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores”.

Starc destacó de “criticidad elevadísima para el Organismo que preside eventos como el aquí relatado”.

Asimismo, puso énfasis en el extremo resguardo de la confidencialidad de la información que maneja la UIF no sólo como una obligación legal, sino como parte integrante de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del GAFI y el Grupo Egmont -que vincula a más de 180 UIF del mundo-.

UIF resaltó que “sucesos como los aquí descriptos, además de violar la ley, dañan la confiabilidad del sistema de reportes, con el que se busca proteger la integridad institucional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El presidente de la UIF remarcó “las repercusiones negativas y el impacto que estas conductas delictivas tienen en el ámbito internacional, del que nuestro país forma parte activa y con el que está profundamente consustanciado”.

Entró sin saludar y se fue sin hablar. Esa fue la secuencia, tan seca como simbólica, con la que Paul Starc debutó en la sede de la Unidad de Información Financiera (UIF) el viernes de la semana pasada. No hubo instrucciones, ni señales de dirección, según pudo reconstruir elDiarioAR. Recién el miércoles previo a Semana Santa apareció en persona ante los empleados, luego de su demorada oficialización al frente del organismo antilavado. Un aterrizaje cargado de incertidumbre, que en sus primeras horas ya expuso su carácter puramente político con la decisión oficial de prohibirle a la UIF intervenir como querellante en causas de corrupción.

La designación de Starc como presidente de la unidad, anunciada en enero, fue formalizada el 7 de abril. La resolución firmada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aludió a la “necesidad ineludible” de contar con una conducción formal en el organismo, luego de casi tres meses de interinidad desde que fuera desplazado Ignacio Yacobucci. El decreto llegó tras cumplir con la audiencia pública establecida por ley: se celebró el 17 de marzo en el Salón Pablo Ramella del Ministerio de Justicia, con la participación del inspector general de Justicia, Daniel Vítolo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de Gabinete del ministerio, Florencia Zicavo; el fiscal federal Carlos Stornelli y el propio Starc.

En ese acto formal, Vítolo elogió al flamante funcionario por su “trayectoria en la Justicia Federal investigando delitos complejos como estafas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, actividades terroristas, narcotráfico y tráfico de armas”. Y celebró que Milei hubiese elegido para encabezar la UIF a un “hombre de acción” en lugar de un “académico”, como gesto de autoridad en un momento, dijo, en que “el crimen transnacional y el financiamiento del terrorismo atentan contra la paz del mundo”. Starc cosechó más de 450 adhesiones y solo tres objeciones que corrieron por cuenta de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Victoria Borrego que, sin embargo, no asistieron al evento para sostenerlas.

Lo que no se dijo en el evento, pero se comentaba en voz baja, es que la llegada del fiscal —titular hasta ahora del juzgado federal de Tres de Febrero— es una jugada directa de Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno que se convirtió en el verdadero reorganizador del sistema de control del Estado. Su nombre se impuso en la Casa Rosada tras una operación meticulosa que terminó con la cabeza de Yacobucci: un abogado con perfil técnico y cierto recorrido institucional que había empezado a desentonar con el nuevo manual libertario.

La pelea fue sorda, pero no menos intensa. Yacobucci fue advertido por desobedecer directivas: la más grave, apelar el archivo del caso Hotesur, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también, por sostener a su vice, Manuel Tessio, en causas sensibles como la de Martín Insaurralde. Según relató elDiarioAR en enero, Caputo leyó esos movimientos como actos de rebeldía y desplegó su ofensiva: lo aisló del circuito político, lo vació de respaldo judicial y filtró información sobre supuestos gastos en primera clase —que el exfuncionario niega— y su “mal vínculo con el GAFI”, el organismo internacional que monitorea la lucha contra el lavado. Cúneo Libarona, que lo había apadrinado en un principio, terminó firmando el decreto de salida. El control pasó a manos de Amerio, alfil de Caputo y representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura.

Una nueva UIF, escrita desde Balcarce 50

Creada por la Ley 25.246 en el año 2000, la UIF es un organismo autárquico con facultades para investigar, prevenir y denunciar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. Su independencia técnica es considerada clave por organismos multilaterales. Por eso, en octubre pasado, el GAFI evitó que Argentina ingresara a la lista gris, pero dejó explícitas advertencias por la politización creciente del área. La llegada de Starc, para varios especialistas, podría agravar ese cuadro.

Esas alarmas ya comenzaron a sonar: el Gobierno acaba de publicar el Decreto 274/2025, donde se redefine la arquitectura institucional de la UIF. Según lo decidido por Milei, el organismo dejará de intervenir como querellante en causas de corrupción y lavado, una función que hasta ahora le permitía actuar como parte en investigaciones judiciales sensibles. Aunque no lo prohíbe de forma expresa, la nueva reglamentación desactiva en los hechos esa herramienta estratégica, consolidando un cambio doctrinario de fondo. 

“La UIF no está para querellar, para eso están los fiscales”, repiten en la Casa Rosada, justificando así el nuevo decreto y el corrimiento de un perfil técnico por uno de ejecución, como sería el de Starc. En reemplazo de Yacobucci, el Gobierno encontró en él una figura que combina, para el relato oficial, “experiencia operativa” con visión penalista, además de otro atributo fundamental: su condición de leal.

La trayectoria de Starc está marcada por la polémica. Como fiscal federal, trabajó durante más de tres décadas en causas complejas, aunque su paso por la función pública dejó varios rastros incómodos: fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009, en tiempos de Daniel Scioli gobernador y Stornelli ministro de Seguridad. Desde allí tuvo un rol central en el caso Pomar, una tragedia con ribetes bochornosos: una familia apareció muerta semanas después de desaparecer, a pocos metros de la ruta, luego de una investigación errática que derivó en denuncias contra efectivos policiales por omisión de deberes y falsificación de actas. Tras aquel escándalo, Starc volvió al Poder Judicial.

Ahora, como flamante titular de la UIF, su desafío es otro. La gestión de Starc recién acaba de arrancar, en medio de un clima que mezcla tanto parálisis como expectativa. “Nadie sabe qué viene ahora”, describen puertas adentro. No hay señales de un plan, ni nombramientos. Apenas algunas reuniones estratégicas que tuvieron lugar en la sede de un organismo que, desde enero, tuvo al frente de la operación diaria a su vice, Santiago González Rodríguez, un hombre de Amerio.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno no se privó de descalificar la gestión de Yacobucci acusándola de haber motorizado denuncias absurdas, como la que se dirigió contra un corralón de materiales en Mar del Plata por presunto lavado. Pero el mismo organismo, durante ese tiempo, recibió presentaciones relevantes que aún no movió: como la que hizo Elisa Carrió contra Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, por propiedades no declaradas de su esposa en Miami, luego de una investigación de elDiarioAR. La causa está dormida.

Mientras tanto, Paul Starc recién desembarcó en su oficina. Su llegada, hasta el momento, sigue siendo más simbólica que ejecutiva. El Gobierno lo vendió como un “hombre de acción”, pero sus primeros días fueron de silencio. La UIF, que debería ser un bastión técnico del Estado, aparece hoy como un casillero más en el tablero de poder del asesor Santiago Caputo. Y Starc, más que una solución, como una provocación cuidadosamente diseñada.

PL/MG

La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos, según dispuso el Gobierno nacional.

El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el Boletín Oficial en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.

“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”, señala la norma.

El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.

Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF, al mando de Paul Starc, la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere “que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, pero ahora también se le agregó la opción de ser utilizada para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La designación de Paul Starc como presidente de la UIF, anunciada en enero en reemplazo de Ignacio Yacobucci, fue formalizada recién el 7 de abril pasado, con el decreto 256/2025 firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Quién es Paul Starc, a cargo de la UIF

Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable, de acuerdo al perfil que publicaba Pedro Lacour en elDiarioAR en enero pasado.

Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.

Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas. 

A comienzos de enero, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.

Cómo describe el Gobierno a Starc

Desde la página del Gobierno argentino, al momento de su designación oficial como titular del organismo, el Ejecutivo describió el curriculum de Paul Starc:

Starc es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1990.

Cursó y aprobó el Programa de asistencia sobre Anti Terrorismo de Luisiana State University, Police Academy, (Luisiana, United States of America,1995), el Programa de Actualización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho Universidad Austral Argentina (1999), el Workshop sobre Fraude y Corrupción Internacional de la International Association of Persecutors (Beijing, China,1999).

Además, completó el curso de “Capacitación para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos”, brindado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Buenos Aires, Argentina, 2002), y el curso de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2004).

A su vez, participó del “Primer simposio internacional de crímenes económicos”, de la Universidad Notarial Argentina y el Centre for International Documentation on Organised and Economic Crime (CIDOEC), en Cambridge, U.K. (2004).

Fue profesor invitado durante los años 1994, 1995 y 1996 al Seminario a cargo del Dr. José Nicasio Dibur, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.

Desarrolló tareas en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1988 1991), en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1991–1994).

Se desempeñó como Fiscal Federal Adjunto en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 (1994 – 2006). Fue Fiscal Federal Titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero (2006 – 2007). Se desempeñó como Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (2007-2010). Desde 2010, es el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero.

Con información de agencias.

IG

El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora fue el turno de otro funcionario de la órbita del Ministerio de Justicia: el hasta hoy titular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra. Aunque había sido convocado a una reunión con el asesor presidencial, fue finalmente desplazado en la tarde de este viernes luego de un dictamen que cayó como una bomba en Balcarce 50.

En la Casa Rosada señalan similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Javier Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señaló por un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Este documento, si bien no vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.

El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el exprocurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complica aún más por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.

Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país, lo que reforzaría la percepción en contra del entorno de Milei. Según se comenta en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.

A pesar del malestar con Barra, en la Casa Rosada evitan responsabilizar directamente a Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia continúa gozando de la confianza de su vice Sebastián Amerio, alfil de la mesa chica de la Casa Rosada puertas adentro de la cartera, aunque los cuestionamientos a sus colaboradores comienzan a salpicarlo indirectamente.

Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial, avanza con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. Como nuevo procurador del Tesoro, comenzó a sonar en las últimas horas el nombre de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad. Pero en Balcarce 50 dicen que aún no hay definiciones.

Barra fue un personaje controversial desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado “nazi”: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.

Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.

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La Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de prevenir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se encuentra en una encrucijada peligrosa. La reciente remoción de su titular ha puesto en evidencia un debilitamiento progresivo de esta institución clave para garantizar la transparencia financiera y controlar el flujo ilícito de capitales que contaminan la economía legal.

En un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, el deterioro del organismo compromete su independencia y capacidad para llevar a cabo investigaciones profundas y eficaces. Este debilitamiento no solo refleja una falta de voluntad del gobierno en fortalecer las instituciones, sino que también pone de manifiesto la falta de un plan robusto para perseguir los delitos económicos y reducir los niveles de impunidad asociados a la corrupción.

La ley argentina faculta a la UIF a actuar como querellante en casos de lavado de dinero, un rol diseñado cuando los jueces aún dirigían las investigaciones. Con la reforma procesal penal, que asigna esta tarea a los fiscales, su relevancia ha disminuido. Sin embargo, preocupa que, pese a su base legal, los titulares del organismo no puedan litigar en casos complejos. Incluso bajo el nuevo código procesal, podrían integrarse a los equipos de fiscales para llevar estos casos a juicio. Si la remoción del titular está vinculada a este aspecto, estaríamos ante un grave acto de avasallamiento de su autonomía.

A raíz de la gestión deficiente y la falta de liderazgo mostrada en los últimos años, el sistema antilavado nacional se encuentra al borde del colapso. Si bien hemos evitado ser sancionados con la inclusión en la denominada lista gris del GAFI, ha sido gracias al rol persuasivo de la diplomacia que representa al país ante dicho organismo. La inclusión en esta lista habría deteriorado aún más la confianza internacional, afectando gravemente las inversiones extranjeras y las relaciones financieras con otros países.

Cabe señalar que las deficiencias y problemas identificados en la última evaluación mutua no solo no han sido resueltos, sino que, por el contrario, continúan agravándose. Un claro ejemplo de ello es el cierre de importantes causas de narcotráfico a raíz de la aplicación del principio de ley penal más benigna, favorecido por la última modificación legal al sistema antilavado.

Desde su creación a través de la sanción de la Ley 25.246, la UIF está llamada a desempeñar un papel fundamental en la investigación, prevención y sanción de conductas financieras ilícitas. Como organismo rector en materia de inteligencia financiera, coordina la red de sujetos obligados a informar, recibe información y produce análisis de manera constante. Debe colaborar estrechamente con los fiscales, a fin de analizar operaciones complejas y reunir información sensible sobre operaciones sospechosas, en investigaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, nada de esto ocurre en el país. La UIF debe actuar como un puente entre el sistema financiero y las autoridades judiciales, garantizando que las actividades financieras ilícitas sean detectadas y perseguidas a tiempo. También juega un rol crucial en el cumplimiento de las normativas internacionales, especialmente en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, las injerencias políticas han socavado su capacidad de acción y liderazgo, lo que ha afectado gravemente a todo el sistema antilavado. Un claro síntoma de este proceso es la migración masiva de funcionarios e investigadores hacia el sector privado, fenómeno que se viene produciendo de manera simultánea al desarrollo del sector Fintech en el país.

La independencia de la UIF es esencial para garantizar la eficacia de todo el sistema antilavado. Debe operar sin presiones políticas ni intromisiones externas que puedan poner en riesgo su misión institucional en materia de prevención y mitigación de riesgos, especialmente frente a un entorno cada vez más amenazante. Sin esta autonomía, el sistema pierde su capacidad de detectar y desarticular estructuras criminales que contaminan la economía.

Este deterioro del organismo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que refleja un proceso de reconfiguración del poder que podría comprometer la lucha contra la corrupción. La remoción del titular de la UIF parece alinearse con decisiones similares, como la designación del nuevo titular de la Agencia de Recaudación de Impuestos ARCA, quien está seriamente cuestionado por ocultar activos en el exterior mediante sociedades vehículo y por mantener relaciones sospechosas con agentes de inteligencia. También es preocupante la nominación del juez Lijo como candidato para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, una situación que se agrava si esta designación se realiza a través de un decreto presidencial.

Es imperativo que se realice un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre el desempeño de las gestiones de la UIF, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en sus procesos. Es fundamental que los informes de gestión no se limiten a cifras vagas o generales, sino que incluyan estadísticas detalladas y accesibles sobre los resultados concretos de las investigaciones, desglosadas por tipo de amenaza, incidencia delictiva y cursos de acción adoptados. Además, debe llevarse a cabo una evaluación periódica de la eficacia de sus investigaciones y una revisión exhaustiva de su capacidad operativa y sancionatoria.

La ciudadanía y las instituciones deben exigir una UIF que, además de estar blindada de presiones políticas, sea capaz de demostrar con hechos concretos su eficiencia en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Solo así se podrá recuperar la confianza y fortalecer el sistema de justicia, asegurando un futuro de integridad y estabilidad para el país.

*Director del CIPCE.

ED

Se encendieron alarmas en el poder. Tras arrinconar, para desplazarlo, a Ignacio Yacobucci, la apuesta de Santiago Caputo para ocupar la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) es el polémico fiscal federal Paul Starc. Cruzado por un historial que parece más diseñado para incomodar a todos antes que para llevar adelante una gestión eficiente, la designación aún no oficializada de una figura tan controversial es, como mínimo, un gesto muy parecido a una provocación.

La salida de Yacobucci del organismo dedicado a combatir el lavado de activos fue, hasta anoche, una crónica de una destitución anunciada. Hace un mes que los rumores de su posible corrimiento se acrecentaron puertas adentro de la unidad. Pero todo comenzó a agravarse hace una semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones del asesor presidencial sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucran al kirchnerismo.

El malestar en el Ejecutivo terminó de evidenciarse este jueves. Fuentes de Casa Rosada no solo acusaron a Yacobucci de contradecir la política de austeridad promovida por Milei al realizar numerosos viajes en primera clase sin autorización, sino que también se lo apuntó por supuestamente haber tenido un pobre desempeño en el vínculo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina y evitó así que el país ingresara a la denominada “lista gris” del organismo.

Pero si las furibundas críticas oficiales contra Yacobucci se centraron en sus presunta falta de idoneidad, difícilmente el elegido como su remplazante inspire una confianza mayor en organismos internacionales como el GAFI. Paul Starc llega a la UIF con una trayectoria en el mundo judicial que, a primera vista, parece prometedora. Sin embargo, su CV está plagado de controversias que ensombrecen cualquier intento de destacarlo como una figura intachable.

Starc no es ningún desconocido para aquellos que transitan los pasillos del poder. Hijo del brigadier Luis Starc, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y cofundador de OCA, su apellido resonó en casos vinculados al lavado de dinero durante la década de 1990, curiosamente una de las problemáticas que la UIF apunta a combatir y erradicar. Su carrera judicial se inició en 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años siguientes, Starc ascendió a cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado, entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, ejerció como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.

Pero su momento de mayor exposición tuvo lugar entre diciembre de 2007 y febrero de 2009, durante su paso por la función pública. En ese periodo, Starc estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de Daniel Scioli como gobernador y Carlos Stornelli como ministro de Seguridad provincial. Su corta gestión estuvo marcada por las desprolijidades que envolvieron al caso Pomar, un símbolo de ineficacia y desorganización. La desaparición y muerte de una familia entera en 2009, hallada varias semanas después al costado de la ruta tras haberse despistado del camino y cuya investigación derivó en la denuncia contra varios policías por la omisión de sus deberes y la falsificación de actas de rastrillaje. Tras ese hecho, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero.

Vendetta

Más allá de los argumentos oficiales para designar a Starc, detrás de su nombramiento se esconde un dato de color que deja entrever hasta donde es capaz de llegar Santiago Caputo a la hora de cobrarse revanchas personales. Conocido por hacer alarde de sus gustos onerosos, el fiscal elegido para encabezar la UIF es ni más ni menos que la expareja de María Eugenia Talerico, directiva de la unidad antilavado entre 2016 y 2019 y madre de sus dos hijas. La semana pasada, ella había protagonizado una polémica en redes con @MileiEmperador, la cuenta atribuida al asesor presidencial, luego de que la interpelara por la supuesta lista de la AFIP de Mauricio Macri para proteger a empresarios vinculados al kirchnerismo.

“Santiago Caputo es la persona de este gobierno llamado a hacer las cosas que institucionalmente están mal”, definió Talerico al asesor presidencial en una entrevista en Radio con Vos, pocas horas después de su cruce virtual con “John”, el alter-ego de Caputo en X. La exfuncionaria de Cambiemos, que fuera aliada política de Ricardo López Murphy y militara la candidatura de Patricia Bullrich en 2023, sostiene que la concentración de poder que ostenta hoy Caputo puede llevar a que “esto termine mal”. En Casa Rosada opinan lo contrario, como marcó una fuente en las últimas horas: “Todo marcha acorde al plan”.

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La Casa Rosada lanzó una ofensiva sin precedentes contra Ignacio Yacobucci, el hasta hoy titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), desnudando las tensiones internas que atraviesa la gestión de Javier Milei. La maniobra, impulsada por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, terminó este jueves con la definitiva expulsión del funcionario, según confirmaron a este medio fuentes del Ministerio de Justicia. De acuerdo a los trascendidos, la nueva ficha para la jefatura del organismo sería el polémico fiscal Paul Starc, aunque su designación, al caer la noche, aún no estaba oficializada.

La jornada había transcurrido en medio de acusaciones cruzadas, sospechas por injerencias políticas y decisiones que pusieron al organismo dedicado a la lucha contra el lavado de activos en el ojo de la atención pública. La crisis se agravó en la última semana, tras la publicación de elDiarioAR en la que se relataban las presiones de Caputo sobre las autoridades de la UIF para no intervenir en causas judiciales que involucraban al kirchnerismo.

En los últimos meses, el asesor presidencial no dudó en utilizar su influencia para maniatar lo más que pudo la autonomía del organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir, entre otros delitos, la financiación del terrorismo. Detrás de esas maniobras se encontraba un íntimo amigo suyo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. 

La relación entre Yacobucci y el ministro de Justicia se rompió tras una seguidilla de episodios que consolidaron su distanciamiento. El titular de la UIF habría desobedecido directivas estratégicas de la Casa Rosada, como la de no querellar en causas judiciales. El mayor de esos actos de rebeldía tuvo lugar en diciembre y fue la decisión de apelar el fallo que intentaba archivar el caso Hotesur, relacionado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta acción, que para Yacobucci representó un movimiento técnico, fue interpretada como un desafío político que encendió alarmas en el entorno de Caputo. La jugada enfureció al asesor, quien redobló su presión, aisló a la UIF del circuito de decisiones oficiales y aceleró los rumores de un cambio de autoridades.

Desde junio, el organismo fue un campo de batalla de intereses cruzados. Caputo ordenó entonces la remoción de Manuel Tessio, segundo de Yacobucci y especialista en transparencia, después de que la unidad se presentara como querellante en una causa de enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde. Tessio fue señalado como un infiltrado “massista” por el propio asesor todoterreno, quien utilizó una de sus cuentas anónimas en redes sociales para justificar la purga como un acto de “limpieza ideológica”. En su lugar, como vicepresidente de la UIF, asumió Santiago Martín González Rodríguez, un abogado sin experiencia en el área, pero alineado con las directivas de Caputo.

Esa creciente injerencia política en un área autárquica fue advertida ni más ni menos que por el propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pese a que la Argentina evitó entrar en la “lista gris” en octubre pasado, el organismo internacional remarcó que esas prácticas están erosionando la credibilidad de una institución como la UIF. Además, según fuentes involucradas, la actual precarización laboral de sus trabajadores y la falta de inversión tecnológica son otros factores que dejan expuesta la fragilidad de un organismo que debería ser un bastión de integridad técnica.

Munición gruesa

En la Casa Rosada no se guardan nada y acusan a Yacobucci de varias irregularidades, como haberse retirado de una causa por narcotráfico o haber motorizado una denuncia contra el dueño de un corralón en Mar del Plata por lavado de dinero. Ambos casos encendieron las alertas en el Ministerio de Justicia, al tiempo que fortalecieron la narrativa de un organismo que opera a la sombra de los intereses del entorno presidencial.

Aunque el botón más revelador del colapso interno quizás haya sido otro: el curso que, en el último tiempo, tomaron las investigaciones relacionadas con figuras de alto perfil político. En diciembre, Elisa Carrió presentó ante la UIF una denuncia contra el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por propiedades de su esposa en Miami, luego de una revelación de elDiarioAR. Pese a la gravedad de las acusaciones, la UIF aún no tomó cartas en el asunto, lo que alimenta las sospechas de que la gestión de Yacobucci estuvo completamente condicionada por las prioridades políticas de Caputo y su círculo.

Pero en Balcarce 50 no solo le cuestionan las decisiones técnicas. Al ahora exdirector de la UIF también se lo señala por supuestamente violar la política de austeridad que Milei exige a todos los funcionarios de primera línea: lo acusan de haber realizado numerosos viajes en primera clase y sin autorización. Cerca de Yacobucci rebaten estos cuestionamientos e insisten en que todos los vuelos fueron en económica y aprobados por el ministerio, a excepción de un viaje relámpago a Comodoro Rivadavia por un pedido del titular de la cartera para que lo acompañe en la presentación del nuevo sistema acusatorio.

Cúneo Libarona, quien alguna vez sostuvo a Yacobucci como un hombre de su confianza, hace tiempo que lo había dejado a su suerte frente al embate del tándem Caputo-Amerio. Este jueves, recién llegado de sus vacaciones, el ministro tuvo en sus manos la responsabilidad de dar por finalizado el conflicto, lo que acabó con la salida del abogado de su cargo al frente de la UIF. Una decisión que no solo definió el futuro de la unidad antilavado, sino también el alcance del creciente poder que el joven Caputo ostenta puertas adentro del Gobierno. En el tablero del mileísmo, no hay espacio para quienes se aparten de la línea trazada desde la cima.

*Con la colaboración de Milagros Moreni

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La Unidad de Información Financiera (UIF) atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la discordia aparece el nombre de una figura omnipresente en la cotidianidad de los pasillos del poder: Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, que comenzó a avanzar decididamente sobre la autonomía del organismo antilavado comandado por el abogado Ignacio Yacobucci. Luego de la salida forzada de su exnúmero dos, Manuel Tessio, a mediados del año pasado, cualquier resolución técnica llevada adelante por la unidad se vio sometida a una maquinaria implacable de presiones políticas.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, el malestar interno en la UIF escaló como nunca antes a partir de diciembre, tras la apelación a un fallo judicial que intentaba archivar el caso Hotesur, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio oral acaba de ser confirmado por la Corte Suprema. Dicha medida, que logró que la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara realizar una pericia y continuar con la investigación, desató un tan feroz como sugestivo enojo en la primera línea del oficialismo, paralizando las comunicaciones con la cúpula del organismo y provocando un aislamiento total entre las partes.

¿Un guiño velado del Gobierno a la presidenta del PJ, justo cuando se negocia en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? ¿Juego de necesidades mutuas de cara a un 2025 que se vislumbra cruzado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Especulaciones. Lo cierto es que, desde ese cortocircuito de hace un mes, los rumores de un posible desplazamiento de Yacobucci se acrecentaron. Detrás de esas maniobras se encontraría un íntimo amigo de Caputo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. El ministro está de vacaciones en Chile, completamente alejado de las visicitudes que cruzan por estas horas al organismo que, pese a ser autárquico, se encuentra bajo su ala.

El primer indicio de que la UIF comenzaba a estar bajo asedio tuvo lugar en junio, cuando Caputo dio la orden de remover de su vicepresidencia al abogado especialista en transparencia y compliance Manuel Tessio. El comunicado oficial alegó razones personales, pero el motivo real de su salida fue mucho más concreto: la presentación de la UIF como querellante en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Una movida que, lejos de ser celebrada, le costó el puesto a Tessio, quien meses más tarde fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un letrado cercano a Caputo sin experiencia alguna en la materia.

En aquel entonces, a través de una de sus cuentas anónimas de X, el asesor estrella de Milei redobló la apuesta y tildó a Tessio de ser un “massista” infiltrado, justificando la decisión de correrlo como un acto de limpieza ideológica. El mensaje fue claro: no se acciona si no es en línea con los intereses y directivas del todopoderoso integrante del “triángulo de hierro” presidencial. Un gesto que no solo desenmascara los objetivos non sanctos de La Libertad Avanza, sino que además revela cómo Caputo moldea áreas sensibles del organigrama estatal a su imagen y semejanza. De hecho, hace apenas semanas la UIF recibió una denuncia de Elisa Carrió contra Cristian Ritondo tras la investigación de elDiarioAR sobre las propiedades en Miami de su esposa. El jefe del PRO en Diputados cuenta con línea directa con Caputo. No hubo aún novedades al respecto.

Advertencia internacional

En octubre pasado, la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) despejó los temores de un ingreso de la UIF a la “lista gris” y evitó sanciones económicas para el país. Sin embargo, aunque este resultado representó un alivio importante, no alcanzó: en informes posteriores, el GAFI advirtió que las injerencias políticas están minando la autonomía del organismo, lo que amenaza con erosionar la ya frágil credibilidad de Argentina en el combate contra el lavado de dinero.

En el plano doméstico, en tanto, un punto que enciende alarmas es la precaria situación laboral de los trabajadores del organismo. Con salarios 32% por debajo del estándar del sistema nacional de empleo público (SINEP), la UIF está entre los peores pagos del Estado. Fragilidades que también se extenderían a la infraestructura tecnológica, que según fuentes consultadas por elDiarioAR requiere “inversiones urgentes” para estar a la altura de sus pares internacionales.

Los ruidos al interior de la UIF, lejos de ser anecdóticos, exponen un patrón recurrente puertas adentro del gobierno libertario: el que no agacha la cabeza ante las órdenes de la Casa Rosada, corre peligro de tener los días contados. Las presiones sobre el organismo que debe encargarse de prevenir los delitos financieros no son más que otro capítulo en la consolidación del poder de Caputo, un asesor sin firma que se mueve con la impunidad de quien se sabe exento de cualquier tipo de control.

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Elisa Carrió cuestionó con dureza este miércoles al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.

“[Vázquez] es quien hizo todas las operaciones sucias para Clarín y además estaba en la zona sur, donde puso sus empresas el propio Lazaro Báez. Yo no sé si está vinculado con [el exjefe del Ejército del kirchnerismo, César] Milani, el servicio de inteligencia. Es un hombre de lo más pesado, es mafia pura”, dijo la líder de la Coalición Cívica.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

En declaraciones al programa de la periodista María O'Donnell, en la FM Urbana Play, la exdiputada nacional también cuestionó con dureza a Santiago Caputo, a quien se le atribuye la designación de Vázquez en la DGI, que es una de las direcciones estratégicas de la ex-AFIP, que Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo también, ¿no? Pero es un hombre para operaciones sucias, para persecución de periodistas, de políticos. Lo sobreseyó [el juez Ariel] Lijo, que no tendría que ser nunca juez de la Corte”, afirmó Carrió.

Todas las designaciones que está haciendo Santiago Caputo pueden habilitar otra matriz de corrupción mucho más peligrosa. Porque Vázquez era un hombre directamente vinculado al kirchnerismo y es un hombre para operaciones sucias y persecución de periodistas y políticos

Elisa Carrió — líder de la Coalición Cívica

La referente opositora señaló que “en el Sheraton Pilar se reunían Lijo, algunas de estas personas, el conocido dueño del Banco Macro, Jorge Brito (en alusión al padre del actual banquero, fallecido hace cuatro años en un accidente aéreo), y se reían de las causas que tenía Lijo”, dando a entender que se trataba de expedientes sobre casos de corrupción que quedarían en la nada.

“Santiago Caputo se está vinculando con el sector del poder más mafioso de la Argentina. Eso pone en riesgo a la Aduana y pone en riesgo a la DGI. Es como decirle a la gente de la AFIP: 'Miren, ahora están para los negocios'”, aseveró Carrió.

En tal sentido, dijo que “puede haber un pacto de impunidad” y al respecto sostuvo que “ya está negociando Wado de Pedro y este chico, que es muy joven”, en alusión a Santiago Caputo, quien “está fascinado con esos vínculos (en alusión a los sectores mafiosos que mencionó) y con la fama”. “No sé si [Santiago Caputo] es corrupto pero ya está en vías de una nueva matriz de corrupción”, sostuvo Carrió y vaticinó que, como consecuencia de esos vínculos, al mano derecha de Milei “se lo van a llevar puesto”.

Señaló también que “lo increíble de todo esto es que no es responsable porque tiene un contrato de servicios con el Estado”, lo cual “es una irregularidad que estaría casi vinculada a un gobernante de hecho, que es lo que prohíbe el artículo 36” de la Constitución nacional. Dicho artículo establece sanciones para quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias” y que “responderán civil y penalmente de sus actos”.

En referencia a Vázquez y a funcionarios a quienes calificó de corruptos, Carrió dijo que “este grupo de gente no tiene dueño” y que “es la verdadera mafia de la Argentina”. “Son las segundas y terceras líneas [de los organismos públicos, como la ARCA]. Las mafias no se han ido [del Estado]. Las han corrido en determinadas etapas. Por ejemplo, Alberto Abad (exjefe de la AFIP de Mauricio Macri y, anteriormente, de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo echó para poner en su lugar a Ricardo Echegaray), las corrió a esas mafias. Pero después vuelven”, dijo Carrió.

También denunció un vaciamiento de parte del gobierno de Milei de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de dinero y anticipó que su espacio va a denunciar estas maniobras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Atribuyó esas presiones sobre la UIF al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que lo desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera ministerial, a quien definió como “una persona decente”, que “en todo caso recibe órdenes” y que “no estaría nunca de acuerdo con la designación de Lijo” como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

JJD

Elisa Carrió denunció al diputado del PRO Cristian Ritondo ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, de acuerdo a los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. La presentación de quien fue socia del macrismo en Cambiemos se basó en la investigación publicada por este medio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre el entramado de sociedades offshore vinculado a la esposa del jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Romina Diago. 

En un escrito dirigido al presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, Carrió planteó el jueves 12 de diciembre pasado que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. Además, solicitó que se analice el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, su actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, así como el monto de adquisición de bienes inmuebles. 

Mónica Frade amplió la presentación

Tras la denuncia de Carrió, Mónica Frade, diputada y aliada de la líder de la Coalición Cívica (CC) realizó una segunda presentación en la que amplió la información sobre el patrimonio de Ritondo, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR. 

Frade enumeró una serie de supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo y datos obtenidos de una investigación propia de la diputada. Al finalizar su presentación solicitó que se inicie la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la espada de Mauricio Macri en Diputados.

La diputada señala en su escrito que mediante una firma, Emprendimientos Rivadavia, se realizan obras de construcción de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que no están registradas en la declaración jurada de Ritondo y le generan sospechas de supuesto lavado de dinero, según publica el diario La Nación.

Para Frade, “claramente, este movimiento mobiliario e inmobiliario y su expansión no sólo no están reflejados en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino que pueden estar indicando maniobras de lavado de dinero, de origen incierto, aunque se tendrá que tener presente que su única actividad fue siempre a través de la función pública. Naturalmente, las declaraciones que haya presentado en el organismo recaudador ARCA, ex-AFIP, permitirán una conclusión más certera al respecto”, remarcó la legisladora.

Asimismo, asegura que Ritondo posee las firmas Emprendimientos Rivadavia, Maderera San Agustín, Waterford, Sugarcane, Bull Business, Agrolink. Pero señala que en las declaraciones juradas de bienes, de 2021 a 2023 Emprendimientos Rivadavia sufrió un retroceso en el valor de sus acciones. Luego menciona supuestas inconsistencias en la declaración de dólares heredados y el congelamiento del valor de las acciones de Waterford en tres años en $3.252,000. Tampoco modificaron su valor las acciones de Agrolink y de Bulls Business.

Este miércoles, en declaraciones a Radio con Vos, Frade sostuvo que Lilita Carrió “es una olfateadora nata respecto a temas de corrupción y nosotros seguimos sus enseñanzas. El funcionario Cristina Ritondo ha sido materia recurrente para la Coalición Cívica, sobre todo cuando fue ministro de Seguridad bonaerense. Tuvimos algunas objeciones y alguna información que le hacíamos llegar a la entonces gobernadora (María Eugenia Vidal) porque nos preocupaba”.

De acuerdo a Frade, “en la ampliación sobre las posibles inconsistencias de las últimas tres declaraciones patrimoniales de Ritondo, pusimos el ojo en la conversión de 133 mil dólaresde una supuesta herencia. Tomó el valor del dólar a un número muy inferior, lo que serviría para justificar dólares que no estaban registrados”, explicó, al tiempo que agregó: “La empresa madre es Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada con su padre en el 2000. Adquirió numerosos rodados de alta gama en el 2024, unos diez autos de alta gama”, detalló.

Los autos en cuestión que se compraron desde 2004, según el escrito presentado por Frade, son dos Volkswagen New Beetle, una Peugeot Boxer, un Suzuki Sidekick JX modelo 1993, un Jeep Grand Cherokee, una Ford Ranger, un Mini Cooper, una camioneta RAM 1500 5.7 VB LARAMIE 4X4, un Mercedes Benz 240 GD/2850 y una Volkswagen Tiguan 1.4 TSI DSG.

Antecedentes

El trabajo periodístico reveló que Diago, la esposa de Ritondo, figura en un complejo entramado de sociedades offshore y de Florida armadas para adquirir propiedades en Estados Unidos. Ritondo, referente central de Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos confidenciales que surgen de la investigación. 

El matrimonio no respondió las consultas del equipo periodístico sobre si las sociedades y propiedades estaban declaradas ante las autoridades argentinas ni accedieron a brindar su versión de los hechos.

Diago, que ejerce como abogada y fue asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciada junto a Ritondo ante los tribunales de Comodoro Py 2002. La denuncia quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El denunciante, el abogado Jeremías Rodríguez, se presentó este martes a ratificar su presentación ante la fiscalía, por lo que Taiano ya está en condiciones de decidir si abre una investigación penal.

Rodríguez solicitó al juez del caso, Sebastián Ramos, que sea él quien lo cite a ratificar la denuncia debido a que un hijo del fiscal Taiano, Federico Taiano, fue funcionario de Ritondo entre 2016 y 2019, cuando ejercía como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el juez rechazó esa posibilidad.

Estas son cinco claves para entender el caso de las sociedades y propiedades en el extranjero.

Las preguntas sin responder

Ritondo debería haber declarado los bienes de Diago en el exterior en el legajo reservado para bienes del cónyuge. Estas declaraciones juradas tienen que presentarse ante las instituciones a las que perteneció y pertenece, es decir, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados. ¿Los declaró? No lo sabemos. Desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos.

¿Declaró Diago estos bienes ante la AFIP o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? No lo sabemos. La información está resguardada bajo el secreto fiscal y el matrimonio no respondió ninguna de las consultas de la UDI de elDiariAR y CLIP con respecto a este punto. Aunque los bienes estén en el exterior, Diago debería declarar cualquier propiedad en Florida a nombre de las sociedades que controla como accionista, dueña o beneficiaria final.

ED/MC

Santiago Martín González Rodríguez, un abogado de 44 años sin experiencia en la lucha contra el lavado de activos, será el nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). La decisión fue comunicada a través del decreto 896/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

González Rodríguez tiene el respaldo clave del asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, que fue también la persona que estuvo detrás del desplazamiento de quien ocupaba el rol de vicepresidente de la UIF de manera previa, Manuel Tessio. Fue su opinión y no la del ministro Mariano Cúneo Libarona la que pesó en la decisión de correrlo, a fines de junio pasado.

La postulación de González Rodríguez había sido rechazada semanas atrás por María Eugenia Talerico, dirigente de Republicanos Unidos y exvicepresidenta de la UIF. “No reúne los requerimientos de idoneidad técnica exigidos por la ley 25.246″, ya que no pudo acreditar experiencia en materia de lavado de activos ni en las tareas que realiza la UIF, solo tiene conocimientos en Derecho Aduanero y Derecho Civil y Comercial”, detalló. 

Si bien la UIF –cuya titularidad la ejerce Ignacio Yacobucci, un joven abogado de 40 años, hijo del camarista Guillermo Yacobucci– es un organismo autónomo y autárquico dedicado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, su funcionamiento se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. 

Sin embargo, desde la salida de Nicolás Posse del gabinete presidencial, la incidencia de Caputo en los temas de la gestión se acrecentó. Un ejemplo es esta postulación para el cargo vacante, que llegó directamente desde la Casa Rosada. 

DTC

La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó que se congelen los bienes de dos personas que figuran en el listado oficial de terroristas en Argentina, informó el portal de noticias tn.com.ar

Una de ellas sería uno de los principales financistas de la organización Hezbolla. De acuerdo a información publicada en el programa Somos Buenos del canal de televisión TN, la UIF informó: “Se dispone el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses de los señores M.F. y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria”.

El sitio web agregó que “según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se determinó que Al-Law 'mueve dinero por todo el mundo a través de empresas, pantallas y de criptomonedas para financiar atentados terroristas en todo el planeta'” y “el informe del gobierno estadounidense establece que el ciudadano sirio usa una empresa con sede en Kuwait para hacer de pantalla y transferir dinero para comprar bienes que apoyan la revolución terrorista que lleva adelante Hezbollah”.

MM

El sorpresivo desplazamiento del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en transparencia que había sido designado en su cargo en enero, amaga con agitar las aguas puertas adentro del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona. Es que el pedido de renuncia al también profesor de la Universidad Austral no fue precisamente una idea del titular de la cartera judicial, sino del asesor presidencial Santiago Caputo, de ascendente poder en el gobierno de Javier Milei.

Si bien la UIF –cuya titularidad la ejerce Ignacio Yacobucci, un joven abogado de 40 años, hijo del camarista Guillermo Yacobucci– es un organismo autónomo y autárquico dedicado a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, su funcionamiento se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Y aunque las primeras versiones periodísticas enmarcaron la suerte corrida por Tessio en una represalia del Ejecutivo hacia la unidad antilavado debido a su reciente presentación como querellante en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, lo cierto es que ambas cuestiones podrían no estar del todo relacionadas.

En un principio, el propio ministro Cúneo Libarona había sostenido que no era correcto que la UIF se presentara como querellante en causas penales. “Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y Oficina Anticorrupción (OA), no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos”, sostuvo en una entrevista con Infobae, al comienzo de su gestión. Una bajada de línea que fue matizada en la práctica por el propio oficialismo, que dejó una puerta entreabierta para que el organismo que dirige Yacobucci se involucre cuando se esté ante hechos de particular gravedad, ya sea por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso. La causa contra Insaurralde por enriquecimiento ilícito, desatada a partir de la difusión de fotos en las que se lo ve navegando por el Mar Mediterráneo en un yate de lujo, parece cumplir con todos esos requisitos.

Según pudo saber elDiarioAR, pese a que fue el propio Cúneo Libarona el que se deshizo en elogios hacia la figura de Santiago Caputo, al reconocerlo como su “jefe” y calificarlo de “expeditivo”, ahora los cortocircuitos entre ambos estarían a la orden del día. Uno de los protagonistas de esas tensiones es el alfil de Caputo en el Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, segundo de Cúneo Libarona y conocido del asesor estrella del Presidente desde sus épocas de juventud. Antes de recalar en el ministerio, Amerio trabajó en la secretaría penal (3) de la Corte Suprema de Justicia. Desde marzo, en tanto, ejerce la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo clave para remover y designar jueces.

Un hecho que demostró la influencia de Amerio puertas adentro de la cartera tuvo lugar en mayo y fue la abrupta salida de Diego Guerendiain, jefe de Gabinete y mano derecha de Cúneo Libarona. Aunque la explicación formal fue “motivos personales”, lo cierto es que no cayeron bien en Casa Rosada los movimientos de Guerendiain por tribunales, en búsqueda de estrechar lazos con jueces en nombre del Gobierno, algo que el propio Amerio le hizo saber a Caputo que a su vez se lo comentó al presidente Milei.

Tampoco fue del agrado del viceministro de Justicia la intención de Guerendiain de ser él quien representase al Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, una posibilidad que el propio Cúneo Libarona había hecho trascender en el mes de diciembre, luego de la asunción de La Libertad Avanza al frente del gobierno. Esa silla siempre es una de las más codiciadas ya que ella está reservada para alguien de extrema confianza del gobierno de turno. El resto de los consejeros son legisladores de distintos partidos, además de abogados, académicos y jueces.

¿Acaso Caputo desterró a Tessio de la UIF por algún interés particular que pretende resguardar? ¿O lo hizo por considerarlo un “massista” infiltrado en las filas libertarias, como dio a entender el propio consultor a través de su cuenta anónima de X? Los avatares al interior del Ministerio de Justicia no hacen más que exponer una vez más la ascendencia del asesor en el mundo libertario, uno de los datos sobresalientes de la reestructuración del gabinete que tuvo lugar el último mes. A partir de la eyección de Nicolás Posse, la incidencia de Caputo en los temas de la gestión se acrecentó. Sin embargo, el hombre de mayor confianza de Milei, que en enero fue contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, no figura en la planilla de funcionarios por lo que no está sometido a los controles de ética pública.

A pesar de su trajín cotidiano por despachos de la Casa Rosada, al asesor estrella del Presidente la Oficina Anticorrupción no le exige presentar declaración jurada, ni está sujeto a correcciones para evitar incompatibilidades, como sucede con el resto de la plana mayor del Gobierno. Tampoco lo alcanza el régimen de Empleo Público ni el de Autoridades Superiores, que rige para todos los cargos por encima de los subsecretarios. Sus vertiginosos movimientos por los pasillos del poder no hacen más que convertir esa condición de intocable en una potencial bomba de tiempo.

PL/MG

El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en transparencia y profesor de la Universidad Austral. Había sido designado en ese cargo en enero, al igual que el actual presidente de la unidad antilavado, Ignacio Yacobucci. La UIF es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El mes pasado, el organismo antilavado que está bajo el ala del ministro Mariano Cúneo Libarona se había presentado como querellante en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a partir del escándalo desatado por las fotos en las que se lo ve navegando por el Mar Mediterráneo en un yate, motivo por el que lo acusaron de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo cierto es que, en un principio, el propio ministro Cúneo Libarona había sostenido que la UIF no se presentaría más como querellante en causas penales, una bajada de línea que en el caso de Insaurralde no habría sido cumplida. Sin embargo, a pesar de que el pedido de renuncia a Tessio ocurrió a pocas semanas de ese hecho, ambas cuestiones podrían no estar del todo relacionadas: el Gobierno le había dejado una puerta entreabierta al organismo para avanzar en esa línea en casos de particular gravedad, ya sea por el monto del dinero involucrado en perjuicio del Estado o por el impacto institucional del caso.

“Quien dirime eso son los Tribunales. Los organismos del Estado, la UIF y Oficina Anticorrupción (OA), no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos”, había dicho en diciembre Cúneo Libarona en una entrevista con Infobae, en la que añadió: “Acá se desnaturalizaron los organismos, y terminaron siendo querellante. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”.

PL/JJD

Mariano Federici fue titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri y ha sido una de las espadas del macrismo en las denuncias y presentación de pruebas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante su gestión, también fue blanco de una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público al ordenar el archivo de un sumario contra el banco HSBC Argentina SA, que estaba siendo investigado por el organismo por no reportar operaciones sospechosas del narco-lavado.  

En diciembre de 2022, cuatro años después de su decisión de archivar el sumario contra el HSBC, Federici y otras autoridades de la UIF fueron sobreseídos. El juez federal Luis Rodríguez estableció que Federici “no tuvo vínculos previos con dicho banco ni incompatibilidades contemporáneas y/o posteriores a sus funciones” y que el trámite del sumario se realizó “acorde a los lineamientos procedimentales determinados por el organismo”, publicó entonces Clarín.

Federici dejó la función pública en diciembre de 2019 y terminó yéndose del país. Vive y trabaja actualmente en los Estados Unidos. Se fue con un patrimonio declarado de poco más de $45,6 millones (unos US$760.000), nueve veces más alto del patrimonio con el que había ingresado en diciembre de 2015, con una inflación del 157,3% en cuatro años. Así consta en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En septiembre de 2021, casi dos años después de dejar la función pública, estando reinsertado en el ámbito privado, Federici adquirió junto a su esposa un departamento por US$2.050.000 en un exclusivo condominio de Miami: Two Tower Club Condo, ubicado en Key Biscayne, una de las zonas más pudientes de la ciudad estadounidense.

Los registros de esta adquisición son públicos, abiertos y la propiedad está a nombre del matrimonio, sin sociedades intermediarias. También es público el documento que permite acreditar que el departamento fue adquirido con un préstamo hipotecario del HSBC Bank USA. El crédito fue de US$1.435.000 más intereses.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade volvió a denunciar a Federici, esta vez públicamente en un video de su canal de YouTube, por el hallazgo de su propiedad y el crédito del banco. Los documentos respaldatorios fueron verificados por elDiarioAR con la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación. Fueron obtenidos del registro público de propiedades de Miami.

“Los documentos sobre el departamento en Miami son públicos y Federici no tiene nada que ocultar”, respondieron a este medio desde el entorno de Federici. “Vendió su casa en Argentina para comprarlo”. Dicha propiedad estaba valuada en casi $1,3 millón a finales de 2019, según su declaración jurada. Se estima que los funcionarios declaran sólo el valor fiscal de las propiedades y no el valor de mercado. La propiedad en Buenos Aires tenía 289 metros cuadrados. Cuando Federici adquirió la propiedad en Miami, el dólar oficial cotizaba en Argentina alrededor de $124. La casa en Miami equivaldría entonces a $213,2 millones.

“El banco HSBC de EEUU (una entidad completamente diferente de la argentina y regulada por el regulador financiero más respetable del mundo) financió parte de la compra a través de un crédito hipotecario. Se trata de una entidad en otra jurisdicción, por lo que no hay ninguna incompatibilidad posterior a su función pública en la UIF”, explicaron en el entorno de Federici. 

“Federici vivió muchos años en Estados Unidos y tiene 20 años de historia crediticia en ese país, con trabajos importantes y bien pagos que le permitieron vivir bien, pero siempre haciendo lo correcto y en el marco de la ley”, respondieron cerca del exfuncionario.

“Son especulaciones falsas e infundadas de Tailhade. Federici no tuvo relación con ese banco distinta a la que pudo haber tenido con otros. Hubo un expediente en el que la UIF de su gestión sancionó al HSBC pero no fue en este expediente en particular porque en este caso no correspondía”, sostuvieron cerca del exfuncionario.

“Federici es un experto internacional en prevención de lavado de dinero, conoce los riesgos de haber investigado a la asociación ilícita que lideró Fernández de Kirchner y no va a ser tan imprudente como para comprar una propiedad a su nombre y el de su esposa en Estados Unidos, donde los registros son públicos y abiertos, sin haberse cerciorado legalmente de estar haciendo lo correcto, en el marco de la ley”, respondieron ante la consulta de elDiarioAR.

El caso HSBC

Los bancos están obligados por ley a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes para evitar el lavado de dinero del narcotráfico, el terrorismo y otras actividades del crimen organizado. 

En diciembre de 2018, las autoridades de la UIF ordenaron que se archive de un sumario contra HSBC Argentina SA y sus directivos, que había sido abierto ante la posible violación por parte de la entidad bancaria de su deber de informar operaciones sospechosas de lavado. Tras la publicación del caso por parte del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) denunció a Federici y su segunda al mando del organismo, María Eugenia Talerico. Ambos quedaron imputados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público. El banco ha negado la comisión de ilícitos.

Los seis integrantes del consejo asesor de la UIF incluso confirmaron ante la Justicia que votaron que el banco HSBC fuera sancionado por no reportar operaciones de narco-lavado, pero que la cúpula del organismo decidió exonerar al banco de su responsabilidad. Se trataba de una decisión inédita en la UIF, informó entonces La Nación.

El banco no había reportado múltiples operaciones financieras (como la compra de dólares sin poseer antecedente alguno ante la AFIP) llevadas adelante por el ciudadano argentino Marcelo Oscar Chirizola, que habría actuado en nombre propio con fondos pertenecientes al ciudadano colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre, y acusado de narcotráfico en Colombia y Estados Unidos. Mi Sangre fue luego condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico.

Son especulaciones falsas e infundadas de Tailhade. Federici no tuvo relación con ese banco distinta a la que pudo haber tenido con otros. Hubo un expediente en el que la UIF de su gestión sancionó al HSBC pero no fue en este expediente en particular porque en este caso no correspondía.

Entorno de Federici.

La causa fue iniciada por Tailhade y de acuerdo al entorno de Federici fue presentada a pedido de Fernández de Kirchner el mismo día que la UIF entregó su informe final de gestión. “Fue una represalia” ante las denuncias del organismo contra la entonces expresidenta, dijeron en el entorno de Federici ante la consulta de este medio. Las denuncias de la UIF terminaron, en parte, con una condena por administración fraudulenta a seis años de prisión por el caso Vialidad. 

La UIF fue querellante en la causa y el juicio oral y público hasta la asunción de Alberto Fernández en el gobierno. También presentó sendos informes en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública y los casos Hotesur-Los Sauces, que también llevarán a Fernández de Kirchner a juicio.

“La denuncia contra Federici no debería haber sido ni siquiera investigada porque se cuestionaba una decisión fundada, que adoptó desde la presidencia de la UIF con el respaldo de todas las áreas técnicas del organismo y en un expediente administrativo, abierto incorrectamente por el kirchnerista Jose Sbatella”, explicaron en el entorno de Federici a elDiarioAR. “Quedó plenamente demostrado en la causa que el obrar de Federici fue absolutamente acorde a derecho y en el marco de las competencias que la ley le asignaba”, agregaron.

En su cuenta de X, entonces Twitter, Federici sostuvo que el HSBC “no merecía en este caso una sanción, porque logró demostrar en el sumario un obrar acorde a derecho; decisión fundada y reafirmada en la opinión experta de toda nuestra línea técnica”. “El Consejo Asesor de la UIF sostuvo una visión distinta, con argumentos que no compartimos”, afirmó el exfuncionario. “Pero como sus opiniones no resultan vinculantes conforme a la ley para quienes resuelven, optamos por seguir los dictámenes técnicos de nuestra línea en favor de no aplicar ahí la sanción”, aclaró.

Sin embargo, los consejeros del organismo que declararon ante el entonces juez Luis Rodríguez coincidieron en que la actuación de la línea técnica fue inusual o se excedió en su competencia. A la misma conclusión habían llegado los expertos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes señalaron presuntas irregularidades en el proceder de la UIF, publicó La Nación en 2021.

Hay un dato más en la denuncia de Tailhade ante la Justicia. El diputado citó la declaración indagatoria de la entonces ejecutiva responsables de área de Compliance del HSBC en Argentina, cuyo nombre mantuvo en reserva, y que consta en otro expediente judicial contra  el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, que derivó en una denuncia contra el banco por parte del juez federal de Morón Néstor Barral. 

De acuerdo al testimonio de la ejecutiva del HSBC, autoridades del banco tomaron “conocimiento por canales ilegales de la investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico” que tramitaba en la UIF. “Es decir, una alta fuente gubernamental le filtró una información confidencial a la que sólo la UIF tenía posibilidades de acceso”, dijo Tailhade en su denuncia. 

“Esta comunicación ilegal favoreció al HSBC y sus directivos en la medida en que el aviso clandestino les permitió organizar los legajos de las personas que integraban el grupo vinculado al narcotráfico y empezar reportar sus operaciones como sospechosas a la UIF, pese a que estos informes debieron comenzar a fluir en el año 2008, año en que aparecieron los primeros fondos sospechados de provenir del narcotráfico”, escribió entonces el diputado. Esto último, le permitió a las autoridades de la UIF exonerar al banco y sus ejecutivos en el sumario que el organismo había abierto contra la entidad, agregó Tailhade.

ED/DTC

La Unidad de Información (UIF) se presentó como querellante y pidió la detención del “Croata” Ivo Rojnica, el principal operador de la City porteña y líder de Nimbus Group, en la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas, según informaron fuentes oficiales. También requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica.

Por otro lado, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de “Cambios Baires”, la entidad dedicada a la compra y venta de billetes en todo el mundo. La investigación es impulsada a partir de que, según dijo una fuente a Noticias Argentinas, “usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de U$S 200 por mes y lo revenden luego en el blue”.

Estas acciones van de la mano con los anuncios que lanzó días atrás el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa cuando prometió que avanzaría en investigaciones y allanamientos para desbaratar una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal.

Este escenario impactó en el mercado de compra y venta del dólar paralelo. “No hay precio y no se entiende de donde salen los valores publicados”, dijeron algunos cambistas sobre la divisa que se ofrece por encima de los $900.

MM con información de Noticias Argentinas

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que bancos, aseguradoras y agentes bursátiles podrán solicitar a los clientes documentación tributaria. El objetivo es “fortalecer las herramientas de control” que habían sido desarticuladas durante la gestión de Mauricio Macri, medida que incrementó el riesgo de lavado de dinero.

La norma fue publicada el viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución N° 6/2022 que modifica los criterios plasmados en las resoluciones UIF número 30 del año 2017; y números 21 y 28 de 2018, además de reforzar la Debida Diligencia del Cliente. La medida pasó casi inadvertida en el mercado y ahora, algunos operadores advierten que podría tratarse de un nuevo impedimento para la compra de dólares.

“La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener la propia Entidad, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso”, dice el nuevo texto.

Además, también se modificó el primer párrafo del artículo 36 de la Resolución UIF N° 28/2018 por el siguiente texto: “La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil para aquellos clientes de riesgo bajo, medio y alto, sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas”.

Más maniobras de lavado desde el gobierno de Macri

De esta manera, las entidades podrán pedir las declaraciones juradas de impuestos antes de realizar una operación. Según argumentó la UIF en un comunicado, las normas dispuestas en 2017 y 2018 “incrementaron los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, lo que podía resultar en que volúmenes considerables de dinero, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas, exponiendo de tal manera la integridad de las mismas y del sistema financiero en su conjunto”.

“La Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determina que cuando los riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo sean mayores, debe exigirse a las instituciones financieras que ejecuten medidas intensificadas de ´Debida Diligencia del Cliente´ a tono con los riesgos identificados. En particular, deben incrementar el grado y naturaleza del monitoreo de la relación comercial, a fin de determinar si esas transacciones o actividades parecen inusuales o sospechosas”, indicó la UIF en la Resolución.

EM