El Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

Por eso, tras varios meses sin solución oficial, tres ONG –Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas– demandaron al Estado Nacional y a la provincia de Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar derechos ambientales y humanos ante los impactos de esta megaobra. Solicitaron al máximo tribunal que tome cartas en el asunto y frene la masacre de fauna silvestre en la segunda extensión boscosa más importante de Sudamérica: el Chaco americano.

El objetivo del Canal de la Patria era asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo de esos 250 kilómetros, proporcionar el volumen necesario de agua para su potabilización en Quimilí y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimilí-Vilelas.

Comenzó a construirse en 2021 y las obras se finalizaron parcialmente en 2024, con un presupuesto estimado en más de 36.265 millones de pesos (poco menos de 29 millones de dólares). El canal fue construido por medio de una excavación en tierra a fines de los 1970, pero no cumplía sus objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Por eso, Santiago del Estero decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando además un segundo ramal.

El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, lo que lo convierte en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas, de acuerdo a los estudios técnicos presentados ante la Corte Suprema. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir. Mueren ahogados.

Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los técnicos de las ONG comprobaron que no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.

La obra se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los sitios con mayor deforestación del mundo y los niveles más altos de degradación ambiental, de acuerdo con FARN. Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023: en ese período, el 27,9% de la deforestación en Argentina ocurrió en la provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.

Entre los años 2023 y 2025, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) realizaron numerosos viajes a territorio para hacer relevamientos. Estos permitieron documentar la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles. A estos registros iniciales se sumaron nuevos casos, detectados a través de relevamientos posteriores y reportes ciudadanos, lo que confirma que el impacto sobre la fauna continúa.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla, declarado en estado Vulnerable), la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis, Vulnerable), la corzuela parda (Subulo gouazoubira), el pecarí de collar (Pecari tajacu, Vulnerable para Argentina), la mulita (Dasypus hybridus), el oso melero (Tamandua tetradactyla) y el mataco bola (Tolypeutes matacus). La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o sufren tendencias poblacionales negativas a nivel mundial.

Además de las muertes directas, el canal fragmenta el hábitat, actuando como una barrera física que impide el desplazamiento natural de la fauna, limitando su acceso a recursos, aislando poblaciones y restringiendo el flujo genético, lo que aumenta la probabilidad de extinción local, explicaron las ONG en la demanda. “Este impacto es tan severo que atenta contra especies protegidas y declaradas monumentos naturales en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Córdoba”, sostuvo FARN.

Además, los científicos alertaron sobre la potencial contaminación del agua. La gran mortandad de animales y su consecuente putrefacción dentro del canal podría alterar la calidad del agua. Esto representa un riesgo significativo para la salud pública de las personas que dependen del canal para su consumo y abastecimiento.

Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, explicó a elDiarioAR y Mongabay Latam que decidieron presentar la demanda ante la Corte Suprema y no ante los tribunales de Santiago del Estero, ya que se trata de una problemática que afecta a especies migratorias entre las provincias vecinas de Santiago del Estero, por lo que corresponde la intervención de la Corte cuando se trata de una causa que involucra a varias jurisdicciones.

“Al construirse con cemento, los animales entran a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales pudieran salir”, afirmó Fernández.

“Además, todo depende de cómo viene el agua. Cuando aumenta el caudal, por precipitaciones, por ejemplo, los animales son arrastrados. Quedan incrustados contra la reja con el agua que viene en dirección bajando y no pueden escapar de ninguna manera. Además, el canal tiene una especie de reja justamente para que no pasen residuos sólidos que se van acumulando, que quedan atrapados ahí. Y ahí quedaban atrapados también los animales”, agregó el abogado que interviene en la demanda.

Fernández destacó que en el estudio de impacto ambiental del canal no se analizó seriamente cómo la obra iba a afectar a la fauna local: “Justamente por esos problemas metodológicos y puntos ciegos en el estudio de impacto ambiental, se terminó aprobando una obra muy perjudicial”.

Las autoridades no han dado respuestas concretas ni una solución real, sostiene Fernández: “Sólo, con el problema ya consumado, se construyeron esas escaleras que no funcionaron. Fueron tardías, fueron insuficientes, fueron superficiales y eso es lo que generó que la problemática no cese”.

La problemática llegó a las ONG gracias a investigadores que estaban relevando la situación, como el biólogo Diego Gallego, quienes armaron una especie de censo de todos los animales que iban apareciendo muertos. “Y esto se repitió luego con el equipo de Vida Silvestre. También hubo un tercer censo. Todos demostraron que esas medidas de mitigación, las escaleras, fueron a todas luces insuficientes”, asegura Fernández.

Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con la provincia de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, si responderán la demanda y si se encuentran realizando nuevas medidas de mitigación para solucionar el impacto. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no habían enviado respuestas.

La demanda ante la Corte Suprema plantea una solución técnica: entubar el canal, de manera que los animales no continúen cayendo.

Fernández también explicó por qué demandaron al Estado Nacional: “Es el que hizo el estudio de impacto ambiental, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento”, entidad disuelta por el presidente Javier Milei en 2024, durante su plan de achicamiento del Estado, por lo que no se han podido localizar a las autoridades.

Con el caso en la Corte, dependerá ahora de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes marcarán los tiempos del litigio contra Santiago del Estero y la Nación por el Canal de la Patria.

*Producción realizada en colaboración de con Mongabay Latam

ED/MC

Manuel García-Mansilla ya no tiene acceso a las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el jueves por la noche, el juez nombrado en comisión y por decreto en el máximo tribunal por el presidente Javier Milei puede incurrir en un delito si cumple con el mandato presidencial. Es que por esas horas el máximo tribunal fue notificado de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que el nuevo juez cortesano se abstenga de intervenir en los expedientes que tramitan en la Corte hasta que se analice el procedimiento por el cual fue nombrado.

Este último viernes, García-Mansilla tampoco acudió a su despacho del Palacio de Justicia ni presentó la prometida nota a sus colegas de la Corte para plantearles que sean ellos quienes decidan sobre su futuro: si puede o no seguir siendo juez de la Corte en comisión y por decreto, luego de que el Senado rechazó su pliego. Los caminos del abogado conservador se bifurcan pero terminan en el mismo lugar: la preciada Corte. Por un lado, ejerce como juez en comisión y por decreto hasta fines de 2025; por otro, la mayoría de los senadores decidieron que no podrá ser juez de la Corte por el mecanismo que plantea la Constitución. Es como si estuviera disociado en dos entidades.

En el tribunal, atravesado por el destino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el decreto de Javier Milei, los colaboradores de los jueces se preguntan quién será capaz de inmolarse por García-Mansilla, con qué objeto. Les parece un sinsentido. “La decisión sobre si seguir o no como juez en comisión tiene que tomarla García-Mansilla, no sus colegas”, explican muy cerca de los jueces.

El jueves de esta semana será un día clave para entender cómo sigue la dinámica en la Corte. Ese día, los jueces deben reunirse en el acuerdo semanal para despachar fallos pendientes. ¿Se presentará García-Mansilla o acatará la cautelar de Ramos Padilla? ¿Qué va a pasar con las resoluciones administrativas de la Corte -–as que generan las peleas entre los jueces– y con los fallos judiciales que ya firmó García-Mansilla en estas últimas semanas? ¿Se caen como su pliego en el Senado?

En las horas siguientes a la sesión en la que los senadores votaron contra el deseo de Milei, la caída de los pliegos de los dos postulantes a la Corte tuvo una serie de lecturas políticas que no pasaron desapercibidos en terminales peronistas que tienen un pie en el ámbito judicial. Y en el fondo aparece la figura de Fernández de Kirchner.

Se esperaba que la historia diera un vuelco de 180 grados en la sesión del jueves. En febrero lo llamativo fue que García-Mansilla logró jurar como juez del máximo tribunal y el juez federal Ariel Lijo no pudo. Lijo eligió no renunciar como titular del juzgado federal número 4 y pedir una licencia al cargo para poder asumir como ministro de la Corte por decreto, pero el máximo tribunal le negó la licencia, con un voto del flamante juez mileísta. 

Sin embargo, en las puertas de la sesión del jueves Lijo era el único de los dos candidatos que contaba con despacho favorable en la comisión de Acuerdos, paso previo a que los senadores voten en el recinto. García-Mansilla sumaba solo firmas de rechazo. Todo indicaba que Lijo tenía muchas más chances que su compañero de candidatura.

En los meses previos se especuló con que el peronismo-kirchnerismo podía llegar a negociar con el Gobierno aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte a cambio de que se completen las vacantes en un sinfín de juzgados federales y se amplíe el número de miembros del máximo tribunal. Así Fernández de Kirchner podría definir una candidata propia como jueza cortesana: “Si ellos tienen sus monstruos, nosotros tenemos los nuestros”, planteó entonces a elDiarioAR una senadora alineada con la expresidenta.

En ese ida y vuelta se nombraba como pasamanos a Sebastián Amerio, secretario de Justicia Nacional y delfín de Santiago Caputo; al senador camporista Wado de Pedro; y al armador peronista Juan Manuel Olmos. Pero lo que se manejó siempre de manera crítica, con oscurantismo y especulaciones, terminó de estallar con la jura de García-Mansilla y la no-jura de Lijo. 

En medio de ese berenjenal cortesano, el máximo tribunal recibió la causa judicial de la expresidenta por el caso Vialidad, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. 

Cuando el expediente llegó a la Corte para analizar las condenas y absoluciones, Fernández de Kirchner recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa y Milei declaró que “va a ir presa”. Se empezó a especular con que la Corte podría acelerar los tiempos y confirmar rápidamente la condena contra la exmandataria, dejar la sentencia firme y obligarla a ir presa y quedar inhabilitada para postularse este año en las elecciones.

En el máximo tribunal, aseguran que eso no sucederá y que el trámite de la causa contra Fernández de Kirchner tramitará con la normalidad (y lentitud) habitual. Nada de tiempos exprés. El reloj está a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien maneja ciertos tiempos de los expedientes. Por ejemplo, cuándo enviarlo a la Procuración General de la Nación para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine la posición del organismo sobre el caso. Es el primer paso antes de que los jueces analicen la causa. Puede demorar un año en manos del Procurador. O no. Depende ahora dle reloj de Casal.

Pero, claro, también hay factores externos: la presión política, la presión mediática, destacan en el tribunal.

Con García-Mansilla fuera de la Corte, se dilataría aún más una decisión sobre el futuro de Fernández de Kirchner. Salvo que Ricardo Lorenzetti se alinee con Rosatti y Carlos Rosenkratz, el máximo tribunal debería apelar a conjueces para alcanzar el mínimo de tres firmas para definir sobre la cuestión. Mientras tanto el tiempo electoral sigue corriendo y la fecha para definir candidaturas –tanto para la elección nacional, que es en octubre, como para la bonaerense, aún en suspenso– se acerca a pasos agigantados.

“La más beneficiada con lo del Senado fue Cristina. Se le dio una sobreviva, se le dio vuelta el reloj de arena”, interpretó un operador que ha entrado a la oficina principal del Instituto Patria. 

“El kirchnerismo buscó esa jugada y le salió bien. A qué conjueces va a llamar Rosatti para definir la suerte de Cristina. Ahora se le complican los tiempos al Gobierno”, planteó otra fuente que siguió muy de cerca el proceso de los pliegos de Lijo y Mansilla. 

Con una derrota que se avecinaba ya desde el comienzo de la semana, el manotazo de ahogado de la Casa Rosada fue intentar que ni siquiera haya sesión. Pero fracasaron los intentos de Guillermo Francos de convencer a los gobernadores peronistas para que no den quórum y tampoco pudo negociar con otros espacios, como los radicales Martín Lousteau o Pablo Blanco. Sin contar con lo caro que le salió la expulsión de Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA). El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, hizo contorsiones para que Santiago Caputo retirara los pliegos pero también fue en vano. “Querían postergar la sesión, pero lo que pasó con los jueces por decreto más el caso $LIBRA envalentonó a la oposición”, contó una voz.

El último intento del oficialismo fue avanzar en el Senado con Ficha Limpia, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados: la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el miércoles 9, mismo día en que la CGT apoyará la marcha de los jubilados y un día antes de la huelga de 24 horas. 

En caso de ser sancionada la ley, impulsada por LLA y el PRO, quitaría de la carrera electoral a Fernández de Kirchner porque impide que cualquier persona condenada en segunda instancia se presente a un cargo electivo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, la expresidenta presentó su recurso ante la Corte para revertir ese fallo y sólo queda que el máximo tribunal decida si deja o no firme la sentencia. Al final, todo termina en el mismo lugar.

ED/MC/MG

Rechazado su pliego como juez de la Corte Suprema por prácticamente dos tercios de los votos en el Senado, Manuel García-Mansilla aún continúa como magistrado del máximo tribunal hasta tanto no presente su renuncia. Él mismo dejó trascender que le pedirá una opinión al resto de los supremos antes de tomar una decisión, pero ya recibió presiones públicas y por lo bajo para que dé un paso al costado.

Fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR al cierre de esta nota plantearon que aún no hubo una comunicación formal al menos con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, y su segundo, Carlos Rosenkratz. Temprano esta mañana salió a hablar Ricardo Lorenzetti, que veladamente le pidió que se corra del cargo y aseguró: “Yo no hubiera aceptado asumir por decreto”.

Operadores de la Justicia en contacto con este medio afirmaron, a su vez, que García-Mansilla en los hechos no es más juez de la Corte. “No puede entrar a su despacho, lo tiene que sacar la fuerza policial si no se corre”, dijo con vehemencia una fuente que conoce los pasillos de Tribunales y de Comodoro Py. El académico, hasta hace poco decano de la facultad de Derecho en la Universidad Austral, ocupó la oficina que dejó Juan Carlos Maqueda cuando dejó de ser juez en diciembre pasado, al cumplir 75 años.

La salida de García-Mansilla parece tan escandalosa como su ingreso. Juró en la Corte en una reunión que no fue transmitida públicamente, sino que se supo una vez que ya había ocurrido, y que según informó el propio tribunal -ante un pedido de acceso a la información que hizo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez- no tuvo ni siquiera recaudos administrativos y burocráticos.

“Te lo dice el originalismo, la deliberación, el neoconstitucionalismo y el bidartcampismo, Manuel tenés que renunciar por el bien de la República y para evitar una crisis de legitimidad de la CSJN sin precedentes”, tuiteó hoy Gil Domínguez.

El profesor de Derecho Constitucional (UBA/Austral) Jorge Alberto Diegues, tras un largo hilo en redes sociales, expresó: “Ante la decisión adoptada por el Senado el día de hoy, el tiempo constitucional de los jueces de la Corte nombrados el pasado 26 de febrero ha terminado. En el sistema constitucional argentino, ningún magistrado puede ser miembro del Poder Judicial con el rechazo expreso del Senado. Esa y no otra es la recta interpretación de la Constitución Nacional. Es el Senado de la Nación, como lo dice la Constitución, quien tiene (y espero siga teniendo) la última palabra”.

Con el resultado en contra del Senado, hoy mismo salió de su ostracismo Lorenzetti para presionarlo. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, dijo en radio Mitre, y planteó: “El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable”.

Hasta ahora García-Mansilla se aferra al cargo porque está sostenido políticamente por el Gobierno, donde se interpreta que su rol en comisión dura hasta el fin del actual periodo legislativo, que termina el 30 de noviembre. Pero un sinfín de especialistas ya plantearon que estaría violando la Constitución y que mantenerse como supremo sería un delito. Por caso, el juez Alejo Ramos Padilla le ordenó abstenerse de firmar fallos en la Corte. Ayer mismo, antes de conocerse la votación en la Cámara alta, García-Mansilla, despachó al menos unas 50 sentencias.

En la Corte el clima que se encontró esta mañana fue de extrema incertidumbre. “Silenzio stampa”, graficó una fuente del Palacio de Tribunales. Llamó la atención el trascendido de que García-Mansilla iba a consultarle a sus colegas. “Básicamente, no hay nada regulado sobre esto”, planteó un vocero consultado.

Al menos Lorenzetti le soltó la mano: “Yo no puedo opinar porque son temas juridicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, que esta trabajando con nosotros, y él es el que va a opinar sobre esto. Dirá 'yo consideró que voy a continuar' o 'no voy a continuar’. Es una decisión personal que él estará evaluando”, planteó el supremo que supo ser presidente del tribunal.

“Es un usurpador este juez de la Corte. Hay un delito”, afirmó un juez federal con mucha experiencia a elDiarioAR. “García-Mansilla está en aprietos; resultó ser el más político. Tiene que renunciar. Y además quedó muy desprestigiado como experto académico”, comentó un operador judicial.

Una cuarta fuente insistió con la idea de que García-Mansilla ya está afuera del ámbito judicial: “Puede caminar por Tribunales o por Comodoro Py como cualquier persona, pero legalmente ya no puede estar más en su despacho”.

MC

El anhelo era ambicioso: Ariel Lijo quería ser juez de la Corte Suprema de Justicia sin dejar de ser juez federal. Todo al mismo tiempo, todo bajo el mismo techo institucional. Pero este jueves, en un pronunciamiento que hizo crujir los pasillos de Comodoro Py y cuyo eco retumbó en Balcarce 50, el máximo tribunal le recordó que existen límites.

Fue por mayoría: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante Manuel García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025, mientras que el supremo Ricardo Lorenzetti directamente decidió no emitir voto alguno. En pocas páginas, tres de los cuatro jueces que conforman la Corte anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez del propio tribunal, tras haber sido designado en comisión por Javier Milei vía el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Resulta constitucionalmente inadmisible que una misma persona pretenda investir simultáneamente la doble condición de juez con acuerdo y de juez designado en comisión”, escribieron, sin margen para interpretaciones creativas.

Por si quedaban dudas, los jueces supremos recordaron que la licencia solicitada por Lijo “no encuadra en ninguno de los supuestos de licencias extraordinarias”, y que lo que había pedido el juez era, en rigor, una “licencia de excepción”, figura que solo la propia Corte puede conceder. En este caso, optaron por negarla.

La jurisprudencia, además, no jugaba a favor del magistrado. “La aceptación del nuevo nombramiento como juez en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la situación anterior”, recordaron, citando el caso Daffis Niklison, de 1975, como quien despliega el álbum de fotos familiares para explicar que esto ya pasó y que la respuesta fue la misma.

Niklison, entonces juez de primera instancia, fue designado “en comisión” como juez en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, curiosamente el mismo que ocupa hoy Lijo. Este nombramiento temporal implicaba que asumía un cargo de mayor jerarquía sin renunciar formalmente a su posición original.

Al concluir el período legislativo siguiente, Niklison intentó regresar a su cargo de origen, argumentando que no había perdido su titularidad. Sin embargo, la Corte Suprema de entonces resolvió que aceptar un nombramiento en comisión implicaba una renuncia tácita al cargo anterior, estableciendo que un juez no podía retener su puesto original mientras ocupaba otro en una instancia superior de manera transitoria.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político.

El fallo también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. Es cierto que el Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

A la Corte, mientras tanto, no se le movió un pelo. “La Constitución Nacional no admite que una misma persona sea titular de dos cargos de juez”, concluyeron, como si leyeran en voz alta algo tan obvio que casi sonroja. El Gobierno, que ya imaginaba la foto del nuevo juez jurando bajo los vitrales del Palacio, tendrá que guardar la lapicera. Aunque, si algo enseña la historia, es que nunca conviene dar por cerrada una jugada mientras quede una ficha sobre el tablero.

PL/JJD

La noticia cayó como un baldazo de agua helada en los despachos de Balcarce 50. La Corte Suprema rechazó la licencia extraordinaria que pidió Ariel Lijo para dejar en pausa su juzgado federal y mudarse al máximo tribunal, tal como lo había soñado Javier Milei y ejecutado su asesor estrella Santiago Caputo, en una jugada tan audaz como endeble. El fallo, que contó con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla —sí, el mismo que hace una semana juraba de apuro, rodeado de sus nuevos compañeros— dejó expuesto que ni siquiera adentro del Palacio de Justicia hay consenso para sostener la estrategia oficialista.

Quien finalmente se abstuvo de emitir opinión fue Ricardo Lorenzetti, el socio silencioso de la aventura, que no solo había dejado trascender que avalaría la licencia sino que fue el arquitecto de la postulación de Lijo. Lo hizo con llamados discretos al asesor todoterreno del Presidente y a su mano derecha en Justicia, Sebastián Amerio. Pero ni con todo su empuje alcanzó para torcer una mayoría que, a esta altura, parece dispuesta a marcarle la cancha al Gobierno y al propio Lorenzetti, que también disputa su partido interno.

La reacción en la Casa Rosada fue de desconcierto. “Nadie esperaba que le bajaran el pulgar así, tan rápido”, reconoció, sin disimular la molestia, un funcionario que sigue de cerca la ingeniería jurídica que rodea a los decretazos judiciales. Mucho menos que uno de los partícipes necesarios de ese rechazo fuera García-Mansilla. “Son las reglas de juego”, mascullaba por lo bajo una fuente oficialista en referencia al sorpresivo voto del académico, que generó perplejidad en la mesa chica del Gobierno. En un principio, hasta pensaron que se trataba de una operación mediática.

Es que lo que esperaban en Balcarce 50 era otra cosa: una transición ordenada, en la que Lijo pudiera cubrirse con una licencia hasta que el Senado le garantizara el blindaje definitivo. Pero no. Ahora, si quiere ser juez de la Corte, tiene que soltar Comodoro Py y tirarse al vacío, sabiendo que su nombramiento “en comisión” vence con el calendario legislativo. Fin de noviembre, reloj en cuenta regresiva.

Y Lijo, se sabe, no está dispuesto a semejante riesgo. La idea de dejar su histórico Juzgado Federal N°4 —donde acumuló poder, causas sensibles y terminales políticas que trascienden gobiernos— para un asiento transitorio en la Corte, no lo seduce. Prefiere esperar a que el Senado haga su parte y le entregue la llave definitiva del Palacio de Tribunales. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, filtran cerca suyo, en un intento de disimular que, detrás de la cautela jurídica, hay puro instinto de supervivencia.

Mientras tanto, García-Mansilla vive su propio limbo. Ya juró, sí, pero su cargo también tiene fecha de vencimiento si el Senado no convalida su pliego. Y aunque en el Gobierno apuestan a que la ceremonia que le organizó Rosatti le dio “estabilidad” hasta fin de año, los constitucionalistas avisan que no es tan fácil: la Cámara alta puede rechazarlo y mandarlo de vuelta a su cátedra.

Lo de Lijo, sin embargo, abre otro frente. Porque si no renuncia, no asume. Y si no asume, ¿qué fue toda esta novela? ¿Para qué tanto decreto, tanta firma, tanto forcejeo constitucional? En Comodoro Py, donde todos lo conocen y nadie se sorprende, lo dicen sin vueltas: “Ariel no va a rifar su sillón por seis meses de incógnita”. Al menos, no todavía.

En el Senado, mientras tanto, empieza a cocinarse la verdadera partida. Con sesiones especiales en el horizonte y estrategias divididas, los bloques opositores analizan si rebotan los pliegos en comisión o los liquidan en el recinto. El Gobierno presiona para blindar a García-Mansilla y seguir apostando a que Lijo pueda llegar por la vía “institucional”. Pero los votos no aparecen, y el tiempo corre.

Así, en apenas una semana, el operativo para completar la Corte con nombres a dedo y tiempos exprés quedó atrapado en sus propias trampas. Lijo, que debía ser la pieza fuerte del plan, hoy se resigna a esperar, aferrado a su juzgado y mirando de reojo a la Cámara alta, mientras la Casa Rosada mastica la bronca por una jugada que, por ahora, salió mal.

Una toga o la otra

Fue por mayoría: Rosatti, Rosenkrantz y el flamante García-Mansilla firmaron la resolución 176/2025. En pocas páginas, anularon la licencia extraordinaria que Lijo había obtenido —con llamativa velocidad— de la Cámara Federal para ausentarse de su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. La excusa: irse, pero no tanto. O mejor dicho, irse, pero sin soltar el cargo. Todo para poder asumir como juez de la propia Corte, designado en comisión por el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo.

El máximo tribunal, con un tono mezcla de manual jurídico y regaño burocrático, fue lapidario. “Constitucionalmente inadmisible”, dijeron sobre la pretensión de Lijo de mantener la doble investidura. Citando un caso de 1975 —el expediente Daffis Niklison, para los nostálgicos—, recordaron que no es posible ser juez con acuerdo del Senado y, al mismo tiempo, juez en comisión. Mucho menos cuando el primer cargo sigue vigente y el segundo apenas es un pase fugaz mientras el Congreso está de vacaciones. En otras palabras: o una toga o la otra. Pero no ambas.

La jugada, que hasta hace poco parecía encaminada, ahora quedó en un limbo difícil de remontar. Porque si Lijo quisiera efectivamente ser juez de la Corte, debería renunciar a su cargo actual. Y si renuncia, se arriesga a que su designación en comisión no sobreviva al primer soplido político. Nadie ignora que los nombramientos interinos suelen durar poco y nada.

La resolución de la Corte también deja expuesto al Gobierno. No tanto porque le frene el ascenso exprés de Lijo, sino porque blanquea la endeble arquitectura legal que sostenía la operación. El Presidente puede nombrar jueces en comisión cuando el Senado está en receso. Pero no hay decreto que permita transformar a un juez federal en supremo sin que ese juez suelte antes su sillón original.

Con este traspié, Lijo se queda en su juzgado. La Corte, por su parte, da señales de que no piensa ser espectadora pasiva de las jugadas institucionales del Ejecutivo. Y el sistema judicial, siempre aficionado a los tecnicismos, suma un nuevo capítulo a su historial de paradojas: un juez que quiso estar en dos lugares a la vez, pero terminó, al menos por ahora, quedándose en el mismo.

PL/MC

Hay escenas que parecen calcadas de otras épocas. Pero, como suele ocurrir con la Corte Suprema, nunca son exactamente iguales. Este jueves, cuatro jueces se sentarán a la mesa y, entre expedientes que solo importan a sus involucrados, intentarán desatar uno de esos nudos que huelen más a política que a derecho: la licencia de Ariel Lijo, el juez federal que Javier Milei busca mudar al piso más alto del Palacio de Justicia, aunque la intención del magistrado es no soltar la cuerda que lo ata al juzgado que maneja desde hace casi dos décadas.

La Cámara Federal, por si faltaban actores en esta obra, ya le dio el visto bueno para ausentarse sin perder el cargo. Pero la Corte no es la Cámara, y acá el asunto no es sólo burocrático. Lijo quiere entrar, pero el portero duda. O, mejor dicho, los porteros: Carlos Rosenkrantz piensa que no hay licencia posible para lo que pretende el polémico juez y que, si de verdad quiere vestir la toga suprema, debe renunciar primero al despacho de Comodoro Py. Ricardo Lorenzetti, siempre atento a los gestos, cree lo contrario. Para él, el aval de la Cámara basta. Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla, el debutante que juró la semana pasada, siguen mascullando dudas.

En la trastienda del Palacio, la discusión jurídica es apenas la partitura sobre la que cada uno improvisa su solo. Según pudo saber elDiarioAR, el reglamento de la Corte establece que los temas administrativos se definen por mayoría simple, y que si hay empate —una posibilidad muy real con solo cuatro jueces en funciones— hay que recurrir a conjueces. La idea no seduce a nadie: más demoras, más ruido, más leña para una fogata que ya arde sola. La acordada 12/24, dictada en abril del año pasado pasado, previó escenarios así, pero sin ofrecer soluciones mágicas. Apenas un recordatorio: si faltan manos para votar, hay que buscar refuerzos.

El propio Lijo juega su ajedrez. No quiere renunciar a su juzgado porque sabe que si jura ahora, su cargo sería temporal, hasta fin de año. Prefiere esperar la bendición del Senado, que lo blindaría de por vida. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, señalaron cerca del juez a elDiarioAR. En paralelo, García-Mansilla sigue en su propio limbo. Juró, sí. Pero lo hizo sin el respaldo definitivo del Senado, y su mandato también tiene fecha de vencimiento. Si no aparece el consenso necesario, su lugar se disolverá como tantos otros intentos fallidos de completar el quinteto supremo.

En la Cámara alta afinan su propia partitura. Se especula con una sesión especial para la semana próxima que, si prospera, podría terminar de ungir (¿o rechazar?) a Lijo en tanto quinto miembro del tribunal. Aunque nada es tan simple: su pliego estaba listo para ser aprobado el año pasado, hasta que una tormenta inesperada —el escándalo por la criptomoneda $LIBRA— obligó a recalcular apoyos. Desde entonces, las voluntades se cuentan de nuevo cada semana, y las certezas duran lo que tarda en caer la siguiente llamada telefónica.

El kirchnerismo, por su parte, no solo observa: actúa. En noviembre pasado, el senador José Mayans advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si Milei avanzaba con nombramientos por decreto abriría un conflicto de grandes proporciones. Amenazó con pedir la destitución del Presidente y judicializar el proceso. Pero el Gobierno ignoró la advertencia y siguió adelante, confiado en su interpretación jurídica, elaborada bajo la discreta pero decisiva supervisión de María Ibarzábal Murphy, la funcionaria encargada de darle sustento legal a cada paso arriesgado del Presidente.

Entre los jóvenes abogados que trabajan bajo su ala, destaca Ignacio Arizu, autor de un extenso texto publicado en un blog especializado en derecho donde defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Arizu, excolaborador académico de García-Mansilla, fundamenta su posición con una lectura textualista y remite a los orígenes históricos del sistema, desde 1853 hasta hoy. Según él, la medida no solo es válida, sino necesaria para evitar bloqueos políticos que paralicen la Corte.

Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato que presenta a Javier Milei como un presidente que agotó todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni, recordando que el Presidente podría haber firmado la designación mucho antes y no lo hizo. La estrategia discursiva busca blindar una decisión polémica bajo la apariencia de moderación, aunque en los hechos haya desembocado en un atajo institucional que pocos se animan a defender en voz alta.

“Como lo habíamos anticipado, el Presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario”, señaló Adorni durante su confedencia de prensa, y agregó que “la Corte no podía seguir funcionando con tres miembros”. Con ese argumento, sostuvo que, luego de la jura de García-Mansilla, el proceso debería repetirse sin sobresaltos con Ariel Lijo: “Entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla”.

A diferencia de 2015, cuando Mauricio Macri intentó designar por decreto a Rosatti y Rosenkrantz, pero debió dar marcha atrás y obtener el aval del Senado, ahora Milei no retrocede. Y aunque el Gobierno repite que el decreto responde a la demora del Senado, lo cierto es que esa falta de acuerdo no es casual ni irrelevante: refleja que los candidatos propuestos no lograron reunir el respaldo necesario para llegar a la Corte por la vía constitucional. Y ahí está el punto más delicado del asunto. Si un presidente puede sortear la falta de consenso con la firma de un decreto, ¿para qué existe la exigencia de los dos tercios? ¿Qué sentido tiene el filtro institucional si basta con esperar que el Congreso no actúe para imponer la voluntad del Ejecutivo?

El riesgo va más allá del presente. Si se acepta como normal que un mandatario nombre jueces supremos sin pasar por el Congreso, ¿qué límite queda para evitar que esa lógica se extienda a otros órganos del Estado? ¿Qué seguridad institucional le queda al país si la llave de la Corte queda al alcance de un solo hombre?

Así, entre jueces que no quieren soltar sus viejos cargos, colegas que desconfían entre sí, presidentes que avanzan sin freno y senadores que hacen cuentas con la calculadora en la mano, la Corte flota en su propia paradoja: árbitro de los grandes conflictos institucionales, pero incapaz de ordenar su propio tablero. Y este jueves, como tantas veces, la noticia no será lo que decidan, sino lo que todavía quizás no puedan decidir.

PL/JJD

La Corte Suprema buscó dar una señal de cierta “normalidad” en el regreso de la actividad judicial tras la feria de enero, atravesada por la disputa interna entre sus tres miembros y la incertidumbre político de qué pasará con los candidatos del Gobierno para completarla: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este jueves los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron en acuerdo más de 200 sentencias, sin necesidad de convocar a conjueces.

La primera actividad del año del máximo tribunal revela entrelíneas que hubo cierto acuerdo entre el dúo Rosatti-Rosenkrantz y Lorenzetti para evitar dar una imagen de parálisis judical. Al faltar dos de sus cinco miembros, los jueces están obligados a acordar las sentencias para no tener que llamar a conjueces. En total fueron 211 sentencias, principalmente de casos privados y sin repercusión política, aunque hubo pocas excepciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar hoy a un recurso extraordinario presentado por la exAFIP-DGI (actual ARCA) y revocó una sentencia que había favorecido a Marcelo Rossini, titular de una empresa de comercialización de combustibles, en una disputa sobre la compensación de créditos fiscales derivados de la venta de gasoil a subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá. Y también rechazó un recurso de queja y dejó firme la condena a un grupo de policías de Entre Ríos por el delito de sedición agravada, tras una revuelta ocurrida en la ciudad de Concordia los días 8 y 9 de diciembre de 2013 en reclamo de mejoras salariales, durante la cual la fuerza se autoacuarteló, dejando a la ciudad sin seguridad y provocando saqueos en diversos comercios.

Lo llamativo del trabajo de la Corte Suprema fue justamente el movimiento coordinado de los tres supremos cuando se demora la nominación de Lijo y García-Mansilla en el Senado, a propuesta del presidente Javier Milei. Sus pliegos están en el temario de las extraordinarias que ya se están cursando en el Congreso, pero están paralizados por falta de negociación entre el oficialismo y el peronismo de Cristina Krichner. Los libertarios necesitan sí o sí el apoyo de Unión por la Patria porque los jueces de la Corte se confirman con dos tercios de los presentes en el recinto.

Una de las propuestas en la conversación que aún no fluyó entre ambos bandos es que la Casa Rosada impulse la ampliación de la Corte a más miembros, lo que le permitiría al peronismo poner una ficha propia. Hasta ahora el Gobierno pateó esa jugada y dejó trascender que sus candidatos a la Corte son “los dos o ninguno”. El juez Lijo ya tiene el visto bueno tanto de UxP como de parte de la UCR, pero no así García-Mansilla, muy custionado por el peronismo por su perfil ultraconservador.

Esta misma semana trascendió que si el Senado aprueba el pliego de Lijo pero no el de García-Mansilla, la nominación del catedrático podría darse por decreto firmado por el presidente Milei. Sin embargo el panorama general es incierto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dará inicio formal al año judicial 2025 este jueves, con la deliberación de sus actuales miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Cómo se convoca a los conjueces

Todos los fallos de la Corte necesitan al menos tres votos. Hoy no hizo falta, pero ante casos en los que no haya acuerdo de Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti, el máximo tribunal puede convocar a conjueces para garantizar la mayoría necesaria.

Según el artículo 22 del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 23.498, cuando se presentan recusaciones, excusaciones, vacancias o licencias de alguno de los jueces, la Corte se integra con conjueces designados por sorteo entre los presidentes de las cámaras federales del país. Este mecanismo también se aplica cuando la falta de unanimidad entre los jueces impide alcanzar una mayoría.

Tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado, el tribunal estableció un procedimiento ágil para la convocatoria de conjueces, con el objetivo de evitar la paralización de su actividad. Dado que la Corte requiere tres votos coincidentes para dictar un fallo, la presencia de un conjuez se torna indispensable si uno de los tres jueces actuales disiente con sus colegas.

La lista de conjueces incluye a los presidentes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional Electoral, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Federal de la Seguridad Social, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, entre otras. Además, se suman los titulares de las Cámaras Federales de Apelaciones de ciudades como Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán.

Quedan excluidos de esta lista los presidentes de las cámaras nacionales con competencia en lo comercial, laboral, civil y penal de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su carácter nacional y no federal. En caso de que ninguno de estos jueces pueda integrar el tribunal, se procede al sorteo de un abogado de la matrícula con acuerdo previo del Senado. La Corte ya notificó al Poder Ejecutivo y al Senado que las listas de estos conjueces están vencidas, lo que podría generar la necesidad de actualizarlas en el corto plazo.

Con información de agencia NA

MC

La Corte Suprema de Justicia no tiene paz. Ante la salida del juez Juan Carlos Maqueda, los enfrentamientos internos se profundizan y todo indica que 2025 será otro año de internas palaciegas, de acuerdo con los documentos y testimonios recogidos por elDiarioAR.

La jubilación de Maqueda, quien cumplió 75 y no intentó renovar su pliego en el Senado ante la decisión de Javier Milei de designar un candidato para sustituirlo, deja al máximo tribunal del país con apenas tres integrantes: su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz; y Ricardo Lorenzetti, enemistado con los dos primeros por el manejo interno de la Corte. 

El tribunal requiere de al menos tres votos alineados en un mismo sentido para fallar en los expedientes. Si los tres integrantes no se ponen de acuerdo deben convocar a conjueces para que integren provisoriamente el tribunal y alcanzar así un mínimo de tres votos en sintonía. Por mayoría, la Corte decidió que los conjueces se sortearán por expediente entre  los presidentes de la Cámara Federales. Lorenzetti se opuso.

La dinámica de poder se modifica con la salida de Maqueda, cuya despedida no contó con la presencia de Lorenzetti. Ahora, la mayoría conformada por el trío Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz ya no existe. Las fichas se desacomodaron, podrían decir algunos. 

Sin embargo, no es a la hora de fallar sobre los expedientes donde subyace la pelea entre los jueces. De acuerdo a estadísticas de la Corte, durante 2024 el Tribunal emitió más 12.200 sentencias y sólo se requirió la convocatoria de conjueces en 69 casos, cuando, por ejemplo, algunos de los cuatro ministros habían sido recusados o debían apartarse del caso.   

Las diferencias entre Lorenzetti y Rosatti, especialmente, no son ideológicas sino de poder por el manejo del tribunal. Son las decisiones sobre el funcionamiento de la Corte lo que hace estallar el clima por los aires. 

Durante las últimas semanas, y ante la salida de Maqueda, el trío tomó varias decisiones sobre nombramientos de personal clave en el tribunal que agudizaron las disidencias con Lorenzetti, quien no escatima en críticas y acusaciones en sendos escritos que presenta ante sus pares.

El juez de Rafaela viene reclamando desde mayo a sus pares que aguarden la llegada de los dos nuevos posibles candidatos de Milei a la Corte para tomar decisiones sobre el manejo interno del tribunal. El resto de los ministros supremos sostenían que eso implicaría paralizar el funcionamiento de la Corte: frenaría nombramientos, designaciones, concursos, entre otras decisiones clave.  

Nueva Corte

El tribunal es un hervidero de versiones sobre qué sucederá con los candidatos de Milei a la Corte: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla. La última que circuló por los pasillos del Palacio de Justicia es que el Presidente convocaría a sesiones extraordinarias este lunes 30 para que el Senado trate, entre otros proyectos, el pliego de Lijo a la Corte. “Dicen que tiene los votos”, especulan en el edificio de Tribunales. “El que no tiene los votos sería García Mansilla”, agregan.

Lijo no es sólo el candidato de Milei a la Corte. Es, también, el candidato de Lorenzetti para inclinar la balanza de poder interno hacia su lado. Son aliados desde hace décadas. Vendría, para Lorenzetti, a equilibrar los tantos en la llamada “guerra santafesina” con Rosatti, su comprovinciano en el tribunal.

Entre la polvareda de rumores, la discordia y las disputas de poder, el Máximo Tribunal se adentra en el segundo año de mandato de Miliei, sin juezas mujeres entre sus integrantes, renga en número de jueces y diezmada en imagen ante las rencillas entre sus ministros.

ED/DTC

Juan Carlos Maqueda se despidió de la Corte Suprema con una advertencia al poder de turno. Sin mencionar a Javier Milei, pero con guiños a la personalidad del libertario, planteó: “No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática”, sostuvo.

Con un multitudinario acto celebrado este mediodía en el Patio de Honor del Palacio de Justicia, Maqueda dijo adiós a la Corte porque se jubila el próximo 29 de diciembre, día en que cumple 75 años.

Ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte, Maqueda afirmó que “aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho” en momentos en que estas “corren serios riesgos”. No se presentó al evento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, enemistado con la cúpula del máximo tribunal.

El evento fue luego de que el máximo tribunal fallara contra la reelección indefinida en Formosa, un golpe a la longeva gestión de Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995. Maqueda, en sus palabrasde cierre, instó a “sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”.

A pesar, advirtió, de que “la moderación haya sido dejada de lado y hoy se transiten los extremos”, desde el Poder Judicial se debe “volver a la prudencia” para “con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones”, dijo ante más de 500 personas, entre quienes se encontraban su esposa y su hija.

Hace dos semanas, Maqueda ya había manifestado su preocupación por “las instituciones de la democracia”. “Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente porque nos comprende a todos nosotros”, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAPF).

El juez resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simon Johnson que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. “Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas y estos dos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan”, expuso Maqueda, y agregó: “uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones”.

Previamente, Rosatti definió a Maqueda como “un gran juez y hombre republicano; raro ejemplo de un funcionario que ha transitado, con idoneidad y ejemplaridad en su conducta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los ámbitos nacional, provincial y municipal”, además de haber desempeñado “un rol preponderante” como convencional constituyente en la reforma de 1994. 

Rosatti señaló que Maqueda, en los últimos tiempos, “fue objeto de injustos agravios y cobardes ataques, que sobrellevó con hidalguía y tolerancia”; resaltó que “se va por la puerta grande” y esbozó un repaso por sus principales aportes a la jurisprudencia de la Corte. “Tuvo una actuación protagónica”, dijo, con intervenciones en fallos relacionados con el federalismo, la protección de los vulnerables y la defensa de los derechos humanos, “tres ejes de sus preocupaciones”. 

Asimismo, lo consideró “una referencia y guía” para sus pares y una “voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia”. Su figura, concluyó, “hace cierta la afirmación de que haber participado en política antes de acceder a la Justicia no es un demérito, sino todo lo contrario”.  

Con Maqueda de salida, la Corte pasaría a estar en enero con solo tres votos, una situación inédita que haría inviable cualquier sentencia, debido a que el Gobierno no logró aún que avance en el Senado la nominación del juez Ariel Lijo en su reemplazo. También se empantanó el pliego del catedrático ultraconservador Manuel García-Mansilla.

MC

La Corte Suprema ya era un hervidero, pero la pelea interna superó los cien grados centígrados este viernes, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR, que revelan un intercambio de acusaciones cruzadas entre los jueces más poderosos del país. El factor detrás del recalentamiento de la relación entre los ministros del máximo tribunal es la candidatura del juez Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para que asuma en el máximo tribunal. 

Lijo no es sólo candidato de Milei. Es el candidato del juez supremo Ricardo Lorenzetti. Es también magistrado especializado en derecho penal y juez federal de los tribunales de Comodoro Py 2002. Mientras en el Senado esperan la llegada del pliego de Lijo y de un segundo candidato a la Corte, tres de los jueces del máximo tribunal –su presidente, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– acordaron desdoblar la secretaría penal de la Corte y crear un doble comando. 

Los ministros dispusieron la creación de la Secretaría Penal Especial para juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de Justicia y habeas  corpus. También tramitarán en este nueva área las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta ahora tramitan ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.

El Ejecutivo también propuso al académico Manuel García-Mansilla, pero con otras especialidades: Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Es candidato a suceder al juez Maqueda, quien el Gobierno entiende que debe jubilarse este año al cumplir los 75.

Pero es Lijo el juez penal que podría ingresar a la Corte y tener incidencia en las decisiones de esta materia. Además, el actual secretario penal del tribunal proviene de la vocalía de Lorenzetti, por lo que algunos en la Corte entienden también la decisión como otro recorte a su ya no extendido poder en el tribunal.

Ante la decisión de sus colegas, Lorenzetti puso el grito en el cielo y si bien los jueces de la mayoría explicaron en un documento que la decisión fue tomada para acelerar los juicio penales, Lorenzetti sostuvo en un voto en disidencia de 12 fojas que se trató de una decisión “apresurada”, cuyo “único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”. Léase: de Lijo, el juez penal que Lorenzetti y el Gobierno buscan que llegue a la Corte en los próximos meses. 

La medida no se basa “en necesidades concretas ni en urgencias”, dijo el juez de Rafaela. “Siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, dijo.

Lorenzetti también aseguró en su voto que “las demoras en los fallos y su acumulación se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros” y no a que los expedientes tramiten en una única secretaría penal, que es el área por donde pasan todos los juicios penales de la Corte.

El juez de Rafaela sostuvo que “la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”. “Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió en su voto.

“Lamentablemente considero necesario ponerlo de manifiesto porque la obligación de un magistrado es con la sociedad y, además, con los próximos colegas que integren este

tribunal“, aseguró.

“No es grato, y siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, afirmó Lorenzetti, quien definió la medida de sus colegas como “un vaciamiento de la actividad del secretario (penal) actual, sin fundamento alguno”. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, agregó.

La respuesta

El resto del tribunal decidió responderle, algo que los jueces de la mayoría intentan evitar, cuando lo consideran conveniente. No fue el caso. Ante las acusaciones poco veladas de Lorenzetti, un escrito circuló en las últimas horas por el tribunal. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz sostuvieron que no hay antecedentes de que la Corte haya esperado a la llegada de potenciales nuevos integrantes para tomar decisiones de reorganización y le recordaron a Lorenzetti que en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri ya había nominado a Rosenkrantz y Rosatti para integrar el tribunal, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton realizaron una importante reorganización de la estructura interna de la Corte.

Lorenzetti también sostuvo en su voto que los “atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios se producen estas crisis. Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios”, subrayó el juez de Rafaela.

El trío mayoría le respondió: “Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte”. “Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa ‘Garay’, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”, expusieron los ministros.

Además, afirmaron que la Secretaría Penal tiene 7.000 causas pendientes de decisión. “El incremento exponencial de expedientes penales también ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas de la Secretaría”. Por esa razón, explicaron, “era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”.

Lorenzetti se quejó de que no se designe al nuevo secretario especial penal por concurso. Sus colegas le respondieron que el actual secretario penal tampoco fue designado por concurso.

El juez de Rafaela también mencionó casos de “nepotismo” y desde la trinchera de los jueces de la mayoría respondieron: “El mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela en 2018”.

ED/MG

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, respondieron a la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja por los cargos formulados por mal desempeño de sus funciones. Los magistrados tenían tiempo para hacer su descargo por escrito hasta el día de hoy o podían presentarse para hacerlo de manera presencial el próximo martes en el marco de una nueva reunión de la comisión.

Los letrados presentaron dos escritos distintos en los que rechazan las acusaciones en su contra en el marco de la investigación que lleva adelante la comisión encabezada por la legisladora oficialista Carolina Gaillard. Además, advirtieron sobre la “independencia judicial”.

“Las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”, señaló Rosenkrantz.

Y agregó: “Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas y una demonización de mis votos”.

En tanto, Rosatti cuestionó irregularidades en la investigación que afectan la garantía de debido proceso y el derecho de defensa en juicio, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. “La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado ─de ser necesario─ por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin, hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluso el previsto en el artículo 14 de la ley 48”, advirtió el magistrado del Máximo Tribunal.

Ahora, el Frente de Todos buscará el dictaminar antes del 20 de noviembre, último día amparado por el reglamento de la Cámara de Diputados para que las comisiones se expidan sobre asuntos sometidos a su estudio “salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.

ACM con información de agencias.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, aseguró este lunes que hay un Poder Judicial “independiente, firme y unido” y advirtió que se reconoce a un juez cumpliendo su función “cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”. Fue en un acto por el 95º aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Los festejos en la sede de la entidad contaron con la presencia del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el ministro decano, Juan Carlos Maqueda, el ministro Ricardo Lorenzetti; el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle; así como integrantes del Consejo de la Magistratura y más de 200 funcionarios. El gremio Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) adhirió a través de su secretario general Julio Piumato, y estuvieron también los sindicalistas Maia Volcovinsky, Mara Fernández y Hugo Leguizamón.

“Desde la Corte estamos muy contentos de participar de esta celebración. Una celebración que nos encuentra con un Poder Judicial unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, lo que demanda nuestra comunidad en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”, inició Rosatti su intervención.

El magistrado aseveró que “la independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”. También aseguró que desde el máximo tribunal “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios y funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó Rosatti y se respondió: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado. En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”.

Antes de dar paso a la entrega de medallas, el cortesano remarcó: “Sepan ustedes que tienen en la Corte Suprema no sólo un tribunal al que poder acudir en caso de necesidades funcionales, sino también un tribunal amigo que va a entender las necesidades, como trata de hacerlo, de todos ustedes.”

A su turno, el juez Rosenkrantz pronunció las palabras de cierre en el brindis por los 95 años de la entidad.

LC con información de agencias

La mayoría de tres está muy sólida. Tal como lo dice un operador judicial, parece una valoración puramente política, incluso subjetiva. Pero los fallos con los que la Corte Suprema suspendió, a 5 días de su realización, las elecciones en Tucumán y San Juan, tienen incorporados en sus página el elemento que justifica esa afirmación: el volantazo de Carlos Rosenkrantz, que cuatro años atrás falló de manera inversa a la que lo hizo esta semana, pirueta jurídica imprescindible para que el tribunal tenga los tres votos para frenar los dos comicios.

La intervención de Rosenkrantz, que en la demanda contra la reelección de Alberto Weretilenck en Río Negro consideró que la Corte no podía inmiscuirse en una tema provincial, era primordial por otro asunto sugerente: la ausencia de Ricardo Lorenzetti, que está enfrentado con el bloque que comparten Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz, a pesar de que sabía que los expedientes estaban en tratamiento pero no tenía certezas -porque no le avisan- sobre cuándo saldrían los fallos.

¿Tomó distancia, el ex todo poderoso presidente de la Corte, porque sus antecedentes lo obligaban a hacer una cabriola similar a la de Rosenkrantz? Fue, por caso, el protagonista central de un fallo muy parecido en 2013 que anuló las elecciones de gobernador en Santiago del Estero pero, a diferencia de este, resolvió en el mismo acto la cuestión de fondo: volteó la reelección que pretendía Gerardo Zamora. Aquel texto llevó las firmas de Lorenzetti, Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi.

Matices

En tribunales dicen, en defensa de Rosenkrantz, que ninguna causa es idéntica a la otra y que hay matices que pueden explicar posiciones que a simple vista se consideran contrarias. Pero el propio cortesano se sintió en la obligación de explicar, en el fallo que suspendió las elecciones en San Juan -y citarlo en el de Tucumán-, su giro conceptual. Usó un argumento curioso: dijo que, cuando se trató el expediente Weretilenck-Río Negro, falló de otro modo porque la parte actora no presentó suficientes argumentos para probar la acción violatoria. El dato, no menor, es que en aquel caso la demanda la inició el Frente de Todos de Río Negro, que postulaba a gobernador al actual ministro de Justicia, Martín Soria. Rosenkrantz entendió, entonces, que no era competencia de la Corte intervenir en la disputa. Ahora sostiene que sí y esa determinación fue esencial para que se junten los tres votos imprescindibles para fallar en los casos San Juan y Tucumán.

“Esto recién empezó”, apunta a elDiarioAR un operador que orbita a la Corte y entiende el doble fallo como una decisión de orden político. Hay, incluso, un elemento que parece estar fuera de discusión: las candidaturas de Sergio Uñac a gobernador, en busca del que sería su tercer mandato y el cuarto como integrante de la fórmula, parece a simple vista irregular, al igual que la inscripción de Juan Manzur como vice luego de haber sido dos mandatos vices y dos mandatos gobernador. Las constituciones locales, incluso con enmiendas, son explícitas sobre las limitaciones aunque luego las justicias de ambas provincias validaron las postulaciones.

“Es legal pero discutible”, dijo un dirigente del interior que se involucró con una de las dos elecciones. ¿Por qué legal?: porque la Justicia provincial avaló las postulaciones aunque, en el fondo, haya dudas sólidas. De hecho, la discusión que se instaló ahora en el PJ de Tucumán es cuál va a ser la resolución interna: si Manzur se va a bajar, algo que él niega, o si el peronismo sostendrá, hasta el final, la integración de la fórmula. Es sabido que la relación entre Manzur y su actual vice y ahora candidato a gobernador, Osvaldo Jaldo, no es nada buena.

En Tucumán invocan el inciso 13 del artículo 43 de la Constitución que dice que la elección es una sola y no puede desdoblarse entre gobernador y el resto de los cargos. En verdad, es una razón más política que jurídica: la fórmula Jaldo-Manzur depende, en buena medida, de la tracción de los intendentes o al menos de que las postulaciones estén integradas, de hecho hay un sistema de acoples -parecido a los lemas- que permiten la sumatoria de votos. Por eso, se suspendió todo.

Efectos

En San Juan, donde la postulación de Uñac estaría condenada, asoma un elemento extra: hay ley de lemas y como rival de Uñac, por dentro del PJ, compite el exgobernador José Luis Gioja, padrino de Uñac, a quien convocó en el 2011 para ser su vicegobernador. En esta provincia, Uñac decidió aplicar una táctica diferente: sigue la instancia electoral y el domingo 14, a pesar que no se vote gobernador y vice, se elegirán todas las demás autoridades provinciales, tanto legisladores como intendentes y concejales. Hay una apuesta política ahí: Uñac, que según los sondeos previos no tenía del todo despejado el escenario electoral aun ganando -no se esperaba una victoria apabullante y, además, una buena elección de Gioja podía debilitarlo-, se arriesga a que el fallo de la Corte beneficie al peronismo porque, como dice un colaborador suyo, “a los sanjuaninos no nos gustan las intromisiones”.

Aunque la lectura sea lineal, y seguro intervienen muchos otros factores, cada vez que la Corte volteó una candidatura, el partido afectado ganó la elección. Zamora, con su mujer Clauda Abdala como reemplazo, ganó con 65% en 2013, 50 puntos arriba del candidato radical que había iniciado la demanda. En Río Negro, Weretilenck, con Arabella Carrera en su lugar, se impuso con 52,6%, con casi 20 puntos de diferencia sobre su segundo, Soria.

Los antecedentes, que no sirven como estadística porque son pocos, tiene otro espejo: tanto la postulación de Uñac como la de Manzur parecen condenadas a caer porque, en ambos casos, sus candidaturas están atadas a interpretaciones, a simple vista muy laxas o permisivas, de las constituciones provinciales. A tal punto que el dato llamativo es que la Corte no haya, en un solo movimiento, volteado las candidaturas de ambos dirigentes algo que, todo indica, terminará ocurriendo. La suspensión, sin resolver la cuestión de fondo, estira la incertidumbre y genera mayor conmoción.

Los esfuerzos de Manzur y Uñac por evitar enojarse con la Corte parecen recursos de última instancia para tratar de que, al final, el tribunal los habilite. El “cuarto” mandato que busca Uñac -uno como vice, 3 como gobernador- y el quinto de Manzur -dos como vice, dos como gobernador, otro como vice- lucen condenados cuando el tribunal decidió tratar los temas como competencia originaria, contra reloj.

Razones

La decisión de la Corte tiene varias derivaciones llamativas. Una se vincula con la relación política con Uñac y Manzur. El tucumano, según se confesó ante los íntimos, estaba seguro de que no habría fallo en su contra y daba a entender que su vínculo político con los cortesanos era de tal cercanía que no habría revés judicial. Lo mismo en referencia al sanjuanino que, aunque fue uno de los promotores de cuestionar el fallo de la Corte sobre los fondos extra para CABA, luego se apartó de la decisión del Gobierno y los gobernadores de impulsar un juicio político contra los supremos. Fue, de hecho, una factura política que le pasó Gioja que dio a entender que Uñac se replegaba como prevención por su intento de reelección llegaba a la Corte Suprema. Si ese fue su objetivo, hasta acá no dio resultado pero habrá que ver cuál es la resolución última y de fondo del tribunal.

En paralelo, Jaldo, el candidato tucumano, fue uno de los gobernadores que impulsó el juicio. Sin embargo, aunque suene extremo, uno de los potenciales beneficiarios de la salida de Manzur de la fórmula, sería Jaldo. En paralelo, en San Juan, la salida de Uñac del menú de candidatos podría beneficiar a Gioja, que a su vez fue muy intenso en la promoción del juicio contra la Corte.

Aparece, según cuentan en el tribunal, otro menú de razones que explican la decisión de la Corte y anticipan que habrá otros fallos que incomoden al gobierno y/o al peronismo. El malestar de Rosatti se atribuye a situaciones que atravesó su hijo, Emilio Rosatti, que es funcionario del Tribunal Oral Federal, que fue noticia por haber sido detectado con test positivo de alcoholemia en dos ocasiones. La interpretación cerca de la Corte es que eso fue producto de seguimientos y escuchas ilegales. La frase que se pronuncia en el entorno de los cortesanos tiene que ver con “ataques a las familias”, lo que explicaría la furia de los cortesanos en su nivel de tensión con el Gobierno. Con otros funcionarios del máximo tribunal ocurrieron cosas parecidas: en una exposición que hizo en la Justicia, Silvio Robles expuso que hubo comportamientos inusuales de supuesto personal de fuerzas de seguridad respecto a sus hijos y su familia.

Respecto a Maqueda, el malestar se enfocó con las investigaciones e imputaciones en torno a la obra social, que generó efectos expansivos a partir de las declaraciones del removido administrador del tribunal, con la reaparición del exadministrador del tribunal Daniel Marchi pero además hubo otro elemento que produjo inquietud y enojo: fue la citación, por parte de la comisión de Juicio Político, de los letrados del tribunal.

PI/MG

El jueves 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia reorganizó su poder por mayoría (tres jueces contra uno). El hecho que resumió el reordenamiento del tablero en la cabeza del poder Judicial se materializó en el desplazamiento de un funcionario que hasta entonces parecía “un intocable”, como lo definieron varios consultados por elDiarioAR en el Palacio de Justicia. Detrás de la salida de Héctor Daniel Marchi, el poderoso administrador general de la Corte, los jueces supremos barajaron algunas de sus mejores cartas para dar de nuevo: manejo de la información; control de todo lo que sucede en la Corte; decisión y acceso a “la caja” o los fondos millonarios del tribunal. 

La Corte Suprema se está reconfigurando para repartir el poder concentrado por el contador Marchi, quien había acumulado funciones centrales para la vida del tribunal desde su llegada, durante la primera presidencia de Ricardo Lorenzetti, en 2007.

La decisión fue tomada por sólo tres de los cuatro ministros de la Corte: su presidente, Horacio Rosatti; su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz; y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda. El trío que hace posible que cualquier fallo del tribunal vea la luz, ya que vota en bloque desde hace unos dos años.

Los jueces de la mayoría afirmaron en una acordada que ordenaron la reestructuración en el marco de “un importante proceso de modernización y reorganización” para dotar a la Corte “de adecuados mecanismos de control que garanticen la transparencia”.

 El juez Lorenzetti votó en contra de la nueva estructura de poder, ya que esta implica el desplazamiento de uno de sus hombres de mayor confianza y de la estructura que había pensado para el tribunal durante sus consecutivas presidencias (2007-2018). 

El súper administrador general es una figura que ya no existe en la Corte. Con el traslado de Marchi a un tribunal inferior, los jueces de la mayoría dividieron sus funciones y crearon una Secretaría Jurídica General con la misma categoría que una Secretaría de Administración General. 

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda decidieron dispersar las funciones que concentraba la Secretaría de Administración General y crearon un Secretaría Jurídica para que ésta absorba parte de las funciones. Señalaron en la acordada que “el control interno de la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico en el ámbito del Tribunal

se encuentran a cargo de órganos que dependen de la Secretaría General de Administración“ y que esto no podía seguir sucediendo, dijeron. Es decir, afirmaron que Marchi se controlaba a sí mismo.

¿Quién perdió?

Hay quienes identificaban a la última versión de Marchi como la de un “jugador independiente”, que había ganado su propio poder dentro del tribunal y había tejido sus propias alianzas con otros jueces, además de su estrecho vínculo con Lorenzetti. La dureza de las palabras y el tono del voto de disidencia de Lorenzetti, sin embargo, reflejan su apoyo total a Marchi.

La salida de Marchi no sólo significa la reasignación o reparto del poder interno que concentraba el saliente administrador. También es un intento para reordenar el poder supremo hacia afuera del tribunal. 

La concentración de poder de Marchi, para muchos, significaba que el juez Lorenzetti, aún desplazado por sus colegas de la presidencia y el manejo general de la vida interna de la Corte desde 2018, conservaba un poder fáctico, real: el manejo de la información y del control a los demás jueces. ¿Por qué? Porque Marchi no sólo manejaba las finanzas y administraba los fondos del tribunal -que no es poco-. También tenía incidencia directa sobre áreas clave puertas adentro: desde la mesa de entradas hasta el control de auditoría.

Lorenzetti perdió en 2018 su poder como armador de la Corte y sus fallos pero no perdió su influencia en el poder político y económico: desde presidentes y gobernadores hasta empresarios mantuvieron y mantienen a Lorenzetti muy cerca suyo.

Manejar la súper secretaría de Administración General significa conocer antes que nadie cualquier presentación, demanda, amparo, solicitud que ingresara a la Corte. Significa conocer su trayecto dentro del tribunal, dónde se traba, dónde fluye. Desde un pedido para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces hasta una solicitud de la comisión de Juicio Político, que se encuentra investigando a los jueces por presunto mal desempeño.

¿Quién ganó?

Las cartas aún no están asignadas, explica a elDiarioAR una fuente que conoce al dedillo el funcionamiento de la Corte, pero. La ahora nueva Secretaría Jurídica General quedó a cargo de un secretario letrado, Luis Sebastián Clérici, de manera transitoria.

La Secretaría General de Administración también quedó de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font, de formación y expertise en Derecho Civil. Ni Font ni Cleri responden a Rosatti o Rosenkrantz, los jueces aliados pero en pugna por el poder que alguna vez le perteneció a Lorenzetti.

“Cuando Rosatti y Rosenkrantz definan a quiénes nombran en estas dos secretarías es cuando sabremos quién ganó, o quién ganó más”, explica una fuente del tribunal.

¿Qué se juega?

Información y poder de control y ejecución.  La nueva Secretaría Jurídica General deberá “intervenir o dictaminar con carácter previo a la participación de los ministros en los asuntos de superintendencia en aquellos casos en que la resolución pueda llegar a afectar derechos subjetivos o intereses legítimos”. De esta forma, quien asuma como secretario de Asuntos Jurídicos podrá intervenir en la organización interna del tribunal: sería como un poder ejecutivo dentro y para la Corte.

También deberá “dirigir y supervisar” todos los temas jurídicos propios de la Corte -no de las causas que llegan a la Corte- y la actuación de la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho. Todo lo que entra y sale de la Corte, pasará por esta secretaría. Es parte del control y manejo de la información interna que antes concentraba Marchi.

Recortando al Ministerio

Además, la nueva Secretaría Jurídica General deberá “supervisar la tramitación de las causas judiciales en las cuales la Corte Suprema es parte”. Es decir, defenderá los intereses del tribunal ante los tribunales.

En este sentido, la Corte también le quitó al Ministerio de Justicia de la Nación la función de defender y representar a la propia Corte en las causas en las que es parte actora o demandada, una decisión central en medio de la disputa política con el Ejecutivo. Los jueces sostuvieron que busca “robustecer el accionar independiente de la Corte” y “asumir -progresivamente- la defensa de sus intereses en sede judicial, creando un órgano específico y con independencia técnica encargado de ejercer su representación”.

La plata, los libros

“Esta Corte estima necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”, sostuvieron los jueces de la mayoría. Crearon una Dirección de Control Interno y Auditoría, funciones que también concentraba Marchi; y un Cuerpo de Auditores de Gestión, que reportará directamente a los jueces del tribunal “a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”. Es decir: a partir de ahora los jueces controlan a los que administran la Corte.

El patrimonio de los jueces

En la nueva estructura, la mayoría en la Corte asignó a la Secretaría Jurídica General como encargada del control de la presentación de declaraciones juradas de los jueces y funcionarios obligados por ley a informar su situación patrimonial. “General tendrá a su cargo la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales y coordinará el procedimiento con la Dirección de Recursos Humanos”. 

“En el mes de noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y procederá a su publicación en la página web del Tribunal”, ordenó la mayoría suprema.

Quién audita

Con la asunción de Lorenzetti como presidente del tribunal, el administrador general también incorporó poder sobre la auditoría interna: control contable, económico financiero y patrimonial de la Corte. Eso también cambiará. 

“Suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna. El personal de esas dependencias pasará a reportar ante la Dirección de Sumarios, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Control Interno y Auditoría, según corresponda”. Todas estas áreas pasarán a la órbita de la Secretaría Jurídica.

En su voto en disidencia por el desplazamiento de Marchi y la reorganización de la Corte, Lorenzetti afirmó que la decisión de trasladar a su contador de confianza era “una sanción porque ha presentado un informe (de auditoría) sobre la Obra Social (del Poder Judicial de la Nación), de fecha 19 de abril, que no parece gustar”. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe sobre la obra social se presentó el miércoles 19 de abril.

ED

La Corte Suprema desplazó este jueves al poderoso secretario de Administración del tribunal, el contador Héctor Marchi, con el objetivo de reorganizar el poder del manejo económico en el tribunal, informaron fuentes del Palacio de Justicia a elDiarioAR.

La decisión fue tomada por tres de los cuatro jueces del tribunal -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz-, mientras que Ricardo Lorenzetti se opuso duramente al desplazamiento de Marchi, ya que se trata de un hombre de su extrema confianza, quien estuvo a cargo del manejo de los fondos económicos y financieros de la Corte durante los últimos 15 años.

La resolución por mayoría traslada a Marchi a un tribunal inferior, la Cámara de Apelaciones del fuero de la Seguridad Social. El traslado del exadministrador general se da en el contexto del avance de la investigación contra los magistrados de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por presunto mal desempeño. También, sucede en el marco de una escalada de la interna de poder entre los jueces del tribunal, que había ingresado en una tibia tregua a principios de año en la búsqueda de la supuesta unidad de los integrantes frente a la embestida del oficialismo.

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares

Marchi responde al juez Lorenzetti, quien supo ser presidente y articulador del tribunal entre 2007 y 2018, hasta que fue desplazado por sus pares. Del otro lado, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz integran el trío que conforma la mayoría.

Marchi está en la lista de testigos que todavía deben presentarse a declarar ante la comisión de juicio político en Diputados, aún sin fecha. Es, además, uno de los denunciados por los diputados de la Coalición Cívica (CC) por el manejo de fondos y finanzas de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti. Además, tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de desplazar a Marchi estaba entre las intenciones de los supremos desde finales de 2022, confió una fuente directa del tribunal. Sin embargo, su traslado se dilató en medio de la turbulencia política que atraviesa al tribunal desde el fallo de diciembre a favor de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Gobierno Nacional por la coparticipación. Tras la resolución, Marchi solicitó este jueves una licencia de 180 días, que los ministros supremos deberán analizar y eventualmente, aprobar, informó una fuente autorizada del Palacio de Justicia.

En los últimos días de marzo, Marchi fue un actor clave en la interna de poder del tribunal. La resolución con el voto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para modificar la organización de poder en la Corte y desplazar al contador de su cargo ingresó a la vocalía de Lorenzetti el 29 de marzo, de acuerdo a una fuente directa del tribunal.

Al día siguiente, y por segunda vez, Marchi solicitó el apartamiento de los supremos Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz en un juicio por daños y perjuicios que él mismo inició contra la líder de la CC, Elisa Carrió, por sus denuncias, informó el diario Página 12 esta semana. Lorenzetti ya se había excusado de intervenir, pero los otros tres jueces plantearon que la presentación fue extemporánea y la rechazaron.

Tanto Lorenzetti como Marchi han sido denunciados por la exdiputada Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito

Marchi sostiene que los jueces no deben intervenir en el juicio cuando éste llegue al máximo tribunal. El contador entiende que si fallan a su favor “se interpretará como un acto de defensa propia y corporativa ante el juicio político” y, de lo contrario, “se interpretará como un gesto desesperado por lograr que las esquirlas de la denuncia de la Comisión de Juicio Político no los alcancen”. Además, resaltó: “Mientras yo mantengo una disputa legal con Elisa Carrió ante estos estrados, vuestras excelencias se encuentran sometidos a un proceso de juicio político en que mi contraparte interviene como acusador de uno y defensor acérrimo de otro”, informó Página 12.

Marchi aseguró que si los magistrados no se excusan, recurriría a organismos internacionales de derechos humanos, afirmó el medio.

Disidencia

En su voto de disidencia, Lorenzetti sostuvo que “es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado” de Marchi. “Prueba de ello es que se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración para desplazar a un funcionario que está hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”, afirmó el supremo.

Es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión.

Ricardo Lorenzetti — Juez de la Corte Suprema.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, continuó Lorenzetti. “La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar”, sostuvo. Ante la consulta de elDiarioAR, en la Corte desmintieron que la decisión esté relacionada con dicho informe y sostuvieron que el voto conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para desplazar a Marchi ya estaba firmado el 29 de marzo, mientras que el informe es de este miércoles.

La obra social también es eje de la investigación de los diputados en la cómoda de Juicio Político.

“Desprestigia a esta Corte sancionar a funcionarios que cumplen con la ley”; “esta resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico” y “es absolutamente incomprensible y equivocada esta decisión”, concluyó Lorenzetti sobre la decisión de sus colegas.

Nuevo esquema

“El Tribunal considera necesario realizar una reorganización funcional en sus dependencias administrativas. A tal fin se requiere, entre otras medidas que serán adoptadas en el futuro, disponer el traslado del Secretario General de Administración, quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”, dispuso la Corte este jueves.

Tras el tralsado de Marchi, la Secretaría General de Administración de la Corte quedará “de manera transitoria” a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1 del máximo tribunal, Damián Ignacio Font, mientras que en la Secretaría Jurídica General fue nombrado, también transitoriamente, Luis Sebastián Clérici.

Este artículo fue actualizado a las 20:17.

EF

La última reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, celebrada el martes 21 de marzo, fue sin duda la más peculiar hasta el momento. Nadie esperaba que uno de los secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia, Federico Morgenstern, se apersonara con la actitud de quien viene a lidiar con los toros en la plaza. Fue el síntoma que faltaba manifestarse en el proceso de juicio político contra los cuatro jueces del tribunal, que hasta ahora parece reducirse a sólo uno de ellos -Horacio Rosatti, el presidente- y con escasos avances y tropiezos.

Esta semana, por primera vez desde que comenzó a funcionar, la comisión no se reunirá y aún no se oficializó cuándo retomarán las declaraciones a los testigos. El oficialismo quiere que declaren los periodistas que escribieron en 2017 sobre el trasfondo del fallo del 2x1 a favor del represor Luis Eduardo Muiña y de un supuesto acuerdo de tres de los jueces del tribunal con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el fallo viera la luz. Se esperan las citaciones a Jorge Lanata, Martín Granovsky e Irina Hauser, entre otros.

Esta semana, el bloque del Frente de Todos está concentrado en la presentación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y su informe de gestión. Entre los integrantes oficialistas de la comisión hay fricciones por ciertas decisiones tomadas y en el espacio admiten que los desafíos del oficialismo no son muy ambiciosos: buscan avanzar de a poco sobre los 14 pedidos de juicio político, ceder lo justo y necesario para garantizar que la oposición continúe participando en las reuniones de comisión y lograr que el tema permanezca en la agenda de los medios. 

Uno de los desacuerdos fue sobre la denuncia por presunto falso testimonio contra el juez federal Sebastián Ramos luego de su declaración como testigo ante la comisión. Mientras el fiscal Carlos Stornelli se niega a comparecer ante los diputados y los exfuncionarios y un senador de Juntos por el Cambio pegan el faltazo, haber denunciado a Ramos, quien no opuso resistencia a su citación, fue para algunos un error de cálculo. La denuncia fue archivada en los tribunales, finalmente

El escenario se complejiza con el inicio de la campaña electoral, que cambia las prioridades de los diputados, especialmente de quienes deben viajar a sus provincias para actos y actividades en busca de los votos del electorado. Después de todo, se trata de un juicio político testimonial, que no avanzará más allá de la comisión parlamentaria ante la falta de los dos tercios de los votos que necesitan en Diputados para acusar a los jueces y en el Senado, para destituirlos.

Hasta el momento, el oficialismo se ha centrado en recolectar la mayor cantidad de pruebas o indicios posibles para sostener una acusación contra el verdadero objetivo del intento de juicio político contra la Corte: el juez Rosatti, presidente del tribunal.

¿En qué consiste la investigación contra Rosatti? En los dos meses que lleva la comisión, en intentar demostrar que Silvio Robles, vocero y mano derecha del juez, habría cometido irregularidades -al menos presunto tráfico de influencias, dice el kirchnerismo- en el ejercicio de sus funciones como director de la vocalía del magistrado. 

Las presuntas irregularidades implican que Robles haya adelantado al ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro el resultado del fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos; o la intervención de Robles en una supuesta negociación con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el juez votara a favor del 2x1 otorgado al represor Muiña; o su supuesto acceso al sistema interno del Poder Judicial donde puede acceder a información sensibles de los expedientes a pesar de no pertenecer a un área abocada a la tarea judicial; o una nueva pista que surgió el 14 de marzo sobre una presunta empresa con fines non sanctos. 

Si lograran probar esas supuestas irregularidades cometidas por Robles, ¿cómo llegarán a probar un mal desempeño de Rosatti por las acciones de un tercero, aún siendo su principal colaborador? 

No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando.

Federico Morgenstern — Secretario letrado de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema.

En el oficialismo ensayan un paralelismo con el caso Vialidad: “Rosatti no podía no saber lo que Robles (supuestamente) hacía”, dicen en el Frente de Todos, parafraseando una de las bases de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en relación a las adjudicaciones irregulares a 51 obras viales al empresario Lázaro Báez -entonces socio del matrimonio Kirchner- en la provincia de Santa Cruz.

Cómo sigue

Por ahora, el oficialismo se propone citar a declarar a Robles como testigo ante la comisión durante la campaña electoral, después de avanzar con otros testigos e investigar la empresa Moro Media y si existió canalización de fondos públicos a través de esta compañía, entre otras líneas de investigación contra Rosatti. Luego, una posibilidad es elaborar un primer dictamen de acusación sólo centrado en Rosatti y presentarlo en Diputados antes de las elecciones. 

¿Y los otros tres jueces denunciados? Se podrá continuar con la investigación en su contra tras la campaña electoral. 

A pesar de que la oposición planteó que la investigación de la comisión no podía extenderse más allá de los seis meses o 90 días, no hay nada que así lo indique en el reglamento interno de la comisión. Pero, ¿podrán continuar con el objetivo después de las elecciones? ¿Contarán con los integrantes necesarios para formar una mayoría propia en la comisión que les permita seguir adelante con la investigación?

Testigo 

El abogado Federico Morgenstern es secretario letrado del juez Carlos Rosenkrantz y el encargado de las causas penales en la vocalía que ocupa el magistrado. Es, además, quien escribió el borrador que terminó convirtiéndose en el fallo que benefició al represor Muiña con el 2x1 y desencadenó en 2017 las reacciones y manifestaciones más contundentes contra una decisión de la Corte.

Aquel fallo que otorgó a un condenado por delitos de lesa humanidad la aplicación de la ley más benigna fue entonces liderado por Rosenkrantz dentro del tribunal, vio la luz con sólo tres votos de cinco integrantes de la Corte (votaron Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Rosatti, con disidencia de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y le valió a los jueces varios pedidos de juicio político que hasta ahora no habían sido tratados en la comisión parlamentaria.

El martes 21 de marzo, el Frente de Todos citó a Morgenstern y a su colega José Sebastián Elías, otro de los secretarios letrados del juez Rosenkrantz. El objetivo de los interrogatorios era probar supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con el gobierno de Mauricio Macri (diciembre 2015-diciembre 2019) y la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo para beneficiar a centenares de represores de la última dictadura cívico-militar.

El macrismo siempre negó haber intervenido, Macri se manifestó más tarde contra del fallo y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar a condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio que permitía reducir su reclusión o prisión. 

Ese supuesto acuerdo con el macrismo que sostiene el oficialismo habría implicado beneficios para Rosatti y Highton de Nolasco. En el segundo caso, la jueza se vio beneficiada con una decisión del gobierno, que entonces volvió sobre sus pasos y no apeló una sentencia que le permitía a Highton permanecer en la Corte sin nuevo acuerdo del Senado y el Ejecutivo después de los 75 años.

Morgenstern, quien relató haber participado de la cocina del fallo del 2x1 y haber mantenido reuniones con Highton de Nolasco y Rosatti para argumentar las razones de por qué debían acompañar el voto de Rosenkrantz a favor de Muiña, sostuvo que, hasta dónde conoce, las supuestas negociaciones con el gobierno de Macri no existieron. “No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando”, dijo. “Me parece alocado, porque fue desde el gobierno (de) donde más ataques recibimos”, agregó.

A diferencia de otros funcionarios y empleados de la Corte que también declararon ante la comisión, Morgenstern casi no utilizó las salidas “no recuerdo” y “no lo sé”. Se explayó en sus respuestas, defendió las razones del fallo y descolocó a los diputados con 

interrupciones a la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard -quien por primera vez le exigió a un testigo que la respetara y respetara a los diputados-, además de interrumpir a los legisladores que lo interrogaban para corregirlos y hacer acotaciones a sus preguntas, ironizar durante su respuestas, reírse a carcajadas en situaciones de tensión y responder a viva voz a las reacciones y gritos del diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Buenos Aires), quien le gritó: “No te hagás el canchero. Bajate del caballo”.

“Finalmente fue quien más colaboró con la comisión”, afirmaron en el bloque ante la consulta de elDiarioAR.

Morgenstern expuso lo que muchos testigos obviaron decir: se quejó durante su declaración de que lo hayan hecho esperar casi cinco horas para declarar. Además, se negó a responder sobre el contenido de las conversaciones y reuniones con los jueces de la Corte, amparado en el artículo 8 inciso b del reglamento de la Justicia Nacional, que sostiene “el deber de guardar reserva y confidencialidad sobre las opiniones que se dieron en el transcurso de la deliberación” de los fallos. 

“No puedo relevar el contenido (de las deliberaciones y reuniones con Rosenkrantz, Highton y Rosatti), pero fueron conversaciones exclusivamente jurídicas”, dijo Morgenstern. Gaillard le respondió: “Lo dispenso de ese deber”, pero el secretario letrado retrucó: “Usted no me puede dispensar porque yo tengo una obligación con mis superiores de la Corte”, y luego invitó a los diputados a ordenar su propia detención por 48 horas si no aceptaban su decisión. “No va a ser necesario”, le respondieron desde el oficialismo.

Los diputados más incisivos del oficialismo no perdieron la compostura. Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade hicieron esfuerzos para mantener la calma durante sus interrogatorios mientras Gaillard gesticulaba sus reacciones ante la actitud del testigo, que disputó el dominio de un interrogatorio centrado en demostrar algo que hasta el momento no han podido probar. 

Tras la reunión del martes último, en el oficialismo le daba vueltas al espectáculo parlamentario del martes y estudiaban la declaración de Morgenstern en busca de “contradicciones” del testigo.

ED

Este martes, la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados rotará el eje de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema. La reunión parlamentaria y los interrogatorios a testigos, que hasta el momento se concentraron en el affaire Robles y los chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, estarán centrados en el trasfondo del fallo del máximo tribunal que aplicó el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad: Luis Eduardo Muiña. 

Con este caso, el Frente de Todos seguirá poniendo el foco en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pero sumará al juez Carlos Rosenkrantz. Además, el debate en la comisión con el 2x1 en escena seguirá dando vueltas sobre los supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con Juntos por el Cambio, o en este caso, el gobierno de Cambiemos (diciembre 2015-diciembre 2019), ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo.

El macrismo siempre negó haber intervenido en la cocina del fallo. El entonces presidenta Mauricio Macri se manifestó en contra del fallo días más tarde y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar el beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.

Este martes, el Frente de Todos tenía previsto interrogar al exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano; su segundo en el ministerio y ahora juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi; al ex jefe de asesores de la Presidencia y ahora senador de Juntos por el Cambio, José Torello; y al abogado y exfuncionario de Macri, Fabián Rodríguez Simón. Los cuatro son señalados por el kirchnerismo como integrantes de la “mesa judicial” durante el gobierno de Macri. Ninguno acudirá a dar testimonio.

Garavano y Otamendi solicitaron reprogramar la fecha, mientras que Torello presentó un escrito en el que sostuvo que no se presentará a declarar porque siendo senador podría terminar interviniendo en el juicio político a los jueces de la Corte. Rodríguez Simón está prófugo de la Justicia e Interpol notificó a la comisión sobre cómo podría notificarlo, ya que se encuentra en Uruguay.

El oficialismo escuchará este martes a dos secretarios letrados del juez Rosenkrantz: los abogados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías. Rosenkrantz es clave en el caso ya que fue el juez que lideró dentro del tribunal los argumentos para aplicar la ley del 2x1 al caso Muiña. Los letrados que integran los equipos de los jueces son quienes se encargan de reunir la jurisprudencia y escribir los borradores del voto que, luego, el juez analiza, modifica o corrige y firma. Son también los encargados de exponer ante otros jueces del tribunal los argumentos de su tesis o posición jurídica.

La hipótesis

En mayo de 2017, los jueces Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco (quien renunció a finales de 2020) y Rosatti votaron a favor de Muiña, quien había sido condenado en 2011 por cinco casos de torturas y desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia con sus colegas.

Una de las víctimas de Muiña, la sobreviviente Gladys Cuervo, y la hija de otro de ellos desaparecido, Zulema Chester, también declararán este martes por la tarde ante la comisión parlamentaria. 

Los jueces no pueden ser juzgados por sus fallos o decisiones jurídicas. Sin embargo, el FdT indagará en si las razones por las cuales Rosenkrantz y Rosatti fallaron a favor de Muiña estuvieron relacionadas con una negociación política o personal con el Gobierno, lo cual sí encuadraría en un mal desempeño de sus funciones.

El kirchnerismo sostiene la hipótesis de que el fallo fue impulsado por el gobierno de Macri y que el Ejecutivo negoció la decisión de la mayoría en la Corte con Highton y Rosatti. Esta versión, nunca reconocida por ninguno de los mencionados, sostiene que el gobierno de Macri negoció el voto de Highton a cambio de no apelar un fallo que todavía no estaba firme y que beneficiaba a la jueza haciendo lugar a un amparo presentado por la propia Highton para poder permanecer en la Corte después de los 75 años sin un nuevo acuerdo de la Presidencia y del Senado, como marca la Constitución.

En el caso de Rosatti, su voto habría conllevado el beneplácito oficial para asumir la presidencia de la Corte en 2018, según esta versión. Aunque, a finales de 2018, fue Rosenkrantz quien desplazó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal con los votos de Maqueda, Highton y Rosatti. 

Por el caso de Highton, el oficialismo interrogará este martes a Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien responderá sobre los motivos del organismo -que nuclea a los abogados del Estado Nacional- para no haber apelado el fallo que favorecía a Highton, yendo en contra de la línea que venía manteniendo el Ejecutivo en la causa, y que permitió que la sentencia a favor de la jueza quedara firme. 

Highton ya no puede ser juzgada pero el oficialismo quiere ahondar en la hipótesis alrededor de su caso para intentar establecer si existió la supuesta negociación de votos.

La hipótesis de la negociación política del fallo no nació del kirchnerismo. Corrió primero por los pasillos de la Corte, en especial, los que rodean el despacho de Lorenzetti, entonces presidente del tribunal, según las crónicas de entonces. 

La interna en la Corte comenzaba a escalar. Habiendo o no intervenido el gobierno de Macri, el fallo significó que el entonces presidente del tribunal quedara en minoría. 

Los diputados del Frente de Todos también habían citado para este martes a la periodista Silvana Boschi, quien publicó un libro sobre la Corte y detalló las sospechas y trastiendas de esta versión. La periodista también solicitó reprogramar la fecha de su declaración.

El fallo a favor de Muiña significaba su posible aplicación a los casos de centenares de represores presos o condenados por delitos de lesa humanidad. Luego de que la Corte fuera el garante del avance de los juicio por estos delitos y el reconocimiento de su imprescriptibilidad para poder juzgar a los acusados durante los últimos 20 años. Este martes, la comisión de Juicio Político también escuchará a la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y quien solicitó que Muiña fuera nuevamente detenido en julio de 2017.

El escenario que desató el fallo en 2017 fue inédito: oposición y parte del oficialismo de entonces repudiaron la decisión y miles de personas se manifestaron en las calles en contra del tribunal. Se presentaron tres pedidos de juicio político contra los jueces Rosenkrantz, Nolasco y Rosatti por parte de diferentes bloques de diputados, informó la agencia estatal Télam. Ninguno prosperó entonces.

En 2020, la diputada Vanesa Siley, integrante de la comisión de Juicio Político y FdT, presentó un nuevo pedido de juicio político contra Rosenkrantz por el fallo del 2x1 y otros sobre lesa humanidad, como el de la “Noche del Apagón” del Ingenio Ledesma. Es uno de los 14 proyectos de juicio político por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte que impulsa ahora el oficialismo.

La fiscal Laura Roteta, titular de la fiscalía federal número 1 de La Plata también declarará este martes como testigo ante la comisión, pero en torno a oro capítulo del proceso contra los jueces de la Corte que había quedado pendiente de reuniones anteriores: el supuesto nexo de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, con el ministro porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

El caso Muiña

Los hechos habían ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo de 1976, cuando el entonces general Reynaldo Bignone comandó un operativo que incluyó el despliegue de tanques y helicópteros para detener al personal del hospital ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, y del participó Muiña, de acuerdo con los antecedentes publicados por el Centro de Información Judicial (CIJ).

En 2011, el represor fue condenado a trece años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 2 y la sentencia quedó firme por decisión de la Corte en agosto de 2013, cuando el tribunal rechazó el recurso de revisión presentado por el defensor oficial de Muiña. 

Cuando la condena quedó firme, el tribunal oral que la había dictado realizó el cómputo de ejecución de la pena y estableció que esta vencía el 11 de noviembre de 2016, debido a los años que Muiña había pasado con prisión preventiva y la aplicación del beneficio de la Ley 24.390, también conocida como la Ley del 2x1.

Mientras estuvo vigente entre 1994 y 2001, esta normativa votada por el Congreso ante la sobrepoblación carcelaria establecía que transcurrido el plazo de los dos años de prisión preventiva, se debían computar dos días de prisión o uno de reclusión por cada día de prisión preventiva. La aplicación de este beneficio, disminuyó automáticamente la pena de trece años impuesta a Muiña. 

En desacuerdo con el cómputo y la aplicación del 2x1, el Ministerio Público Fiscal apeló y la Cámara Federal de Casación le dio la razón, revocando el cómputo inicial, y estableciendo que la ley del 2x1, derogada en 2001, no debía aplicarse a un caso de lesa humanidad.

Ante este último fallo, la defensa de Muiña acudió a la Corte para solicitar que se revise la decisión y se aplique el beneficio de la ley más benigna, que permite aplicar incluso una ley derogada, como en este caso.

El 3 de mayo, la Corte falló a favor del represor por mayoría. Rosenkrantz y Highton consideraron que debía aplicarse el artículo 2 del Código Penal, que “establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos”, además de las normas establecidas por los artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En su voto, Rosatti expuso “el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad” pero concluyó que “este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes”. El santafesino dijo entonces que “si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes”.

Seis días después del fallo y en medio de movilizaciones y protestas, el Congreso se reunió de urgencia para sancionar en dos días una ley que saldara el vacío legal que había venido a establecer el fallo de la Corte. El 11 de mayo, el entonces presidente Macri firmó el decreto que promulgó la ley: se excluyó de la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El Congreso nunca antes había modificado la legislación para cerciorarse de que la ley más benigna no pudiera aplicarse a este tipo de casos.

Muiña estaba libre cuando la Corte falló a su favor. En julio de 2017 volvió a ser detenido. Fue nuevamente juzgado y condenado en 2018 por otros hechos ocurridos en el Hospital Posadas. Murió preso, en diciembre de 2021. Había sido trasladado a un hospital público desde la Unidad 34 de Campo de Mayo.

ED

El viernes 3 de marzo, el juez Ricardo Lorenzetti viajó a la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, para presentar a Terra, una “activista virtual”. La animación con cara de niña, tez blanca, pecas, ojos celestes y pelo fucsia fue anunciada como un desarrollo de inteligencia artificial en Infobae. Jueces de distintos puntos del país y gremialistas judiciales acompañaron al ministro de la Corte Suprema de Justicia para escuchar a Terra responsabilizar al poder político por la crisis social, económica y ambiental. 

Dos días antes, el presidente Alberto Fernández había fustigado al máximo tribunal en cadena nacional, durante la Asamblea Legislativa en el Congreso y en medio de la investigación por presunto mal desempeño que realiza el oficialismo contra los ministros de la Corte en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados. Dos de los colegas de Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -quienes habían acudido en representación de todo el tribunal-, presenciaron las críticas a viva voz del Presidente sin cruzar la mirada de Fernández.

La presentación de Terra se repitió el miércoles último en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con discurso del juez ante un auditorio y promotores vistiendo remeras con leyendas como “el momento es ahora”.

Terra, que critica a los políticos, es Lorenzetti y el rostro y la voz de “El Manifiesto”, un texto del juez supremo que busca interpelar a la sociedad para cortar lazos con el poder político, a no “depender” de “ellos”: “Porque no podemos depender de ellos, construyamos un nosotros”, dice la animación. Podría ser un discurso político en la campaña 2023, pero es el texto del juez Lorenzetti.  

El supremo de Rafaela fue presidente de la Corte entre 2007 y 2018, cuando sus colegas decidieron que era momento de que diera un paso al costado. La relación con el resto del tribunal quedó sumamente resentida hasta la actualidad, pero la avanzada del oficialismo contra los cuatro integrantes de la Corte obligó a la unión dentro del Palacio de Justicia.

Lorenzetti fue uno de los presidentes cortesanos más poderosos de las últimas décadas y construyó una red de poder propio con todos los sectores políticos. Incluso en el oficialismo, enfrentado al máximo tribunal por los fallos sobre el Consejo de la Magistratura y la coparticipación de los fondos públicos.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, uno de los más duros con el tribunal tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre último, pidió especialmente por Lorenzetti ante el bloque del Frente de Todos en Diputados para intentar frenar el acompañamiento del oficialismo al pedido de juicio político de la Coalición Cívica contra el juez de Rafaela, que, a diferencia de los otros pedidos de juicio político contra los supremos, se centra exclusivamente en el manejo de los fondos millonarios de a Corte, contrataciones y decisiones de poder durante las presidencias de Lorenzetti. Sospechas que el juez siempre ha negado.

Zamora logró postergar el capítulo Lorenzetti pero el oficialismo incorporó igualmente la acusación de los diputados aliados de Elisa Carrió, principal enemiga pública del juez.

Por el momento, el caso contra Lorenzetti no fue tratado en la comisión parlamentaria. La Coalición Cívica solicitó documentación al tribunal sobre los fondos que quiere investigar y en los últimos días la Corte envió lo solicitado, aseguró una fuente del Palacio de Justicia a este medio.

La crisis que atraviesa el máximo tribunal se ha convertido en una oportunidad para Lorenzetti y quienes lo conocen aseguran que piensa aprovecharla. Enfrentado al trío de jueces que conforman la mayoría en el tribunal (Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda), tiene una carta: mientras fingen unidad frente al oficialismo, exigir a Rosatti que asuma la responsabilidad de dicha crisis.

“Es algo que se está hablando en el tribunal. Los jueces están buscando una manera de que quienes deben dar explicaciones a la sociedad, las den”, aseguró una fuente del Palacio de Justicia a elDiarioAR. Se refiere al “affaire Robles”. 

Silvio Robles, vocero y director de la vocalía de Rosatti, se convirtió a finales de diciembre último en el disparador del juicio político contra la Corte cuando se filtraron supuestos chats del funcionario con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en los que Robles aparece adelantando información sobre el fallo de la coparticipación que enfrentó al gobierno porteño con el Gobierno nacional. 

Lorenzetti ha manifestado en ámbitos privados que si los chats son reales, “es grave”, pero que dará tiempo a Rosatti para tomar “medidas concretas” sobre Robles, incluyendo una explicación pública. Si vencido ese plazo incierto la respuesta no llega, Lorenzetti adelantó en dichos ámbitos que pedirá explicaciones formalmente, es decir, oficialmente dentro de la Corte.

Terra y “El Manifiesto” son parte del relanzamiento del libro de Lorenzetti “El nuevo enemigo: el colapso ambiental”, una materia en la que el juez de Rafaela se ha especializado en los últimos 30 años y sobre el que busca “crear conciencia”, aseguran sus allegados. 

Su hijo, el también juez Pablo Lorenzetti, es director académico de la Fundación Expoterra, una “organización no gubernamental” que impulsa “la creación de valor ambiental en los ámbitos público y privado”, según su sitio web. Por ejemplo, gestionan “proyectos basados en tecnología Blockchain que brindan soluciones ambientales para los sectores público y privado”.

Ante auditorios en distintas provincias e incluso en ámbitos internacionales, de Roma a China, Lorenzetti ha asegurado: “Estamos en un fin de ciclo que tiene que ver no solo con la naturaleza, sino también con la gobernabilidad política y la económica”.

“Manifiesto”

En un video de presentación, Terra asegura que “si no luchamos ellos nos cambiarán a nosotros” -mientras se muestra una imagen de manifestantes reclamando por la ley para proteger los humedales, que el Congreso se niega a votar desde hace años. 

Terra reitera: “Ellos -con una imagen de la sede del Congreso de la Nación de fondo-, que por imprudencia, por inconsciencia o por mala fe nos condujeron hacia la decadencia, la crisis moral y el colapso ambiental”. “Ellos -dice Terra con la Casa Rosada de fondo-, que discuten sobre sus privilegios; sobre si ir hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando en realidad lo que nos preocupa es si vamos para arriba o para abajo.” “Ellos -nuevamente con el Congreso de fondo- que tomaron malas decisiones y nos dejaron pobreza, desigualdad, inseguridad y crisis económica”, afirma Terra.

Este sábado, Lorenzetti participará de la Conferencia del Agua de Naciones Unidas, una cumbre ambiental. El martes, la comisión de Juicio Político interrogará a dos secretarios letrados del juez Rosenkrantz y a dos víctimas del represor Luis Muiña, con eje en el fallo que aplicó el beneficio del 2x1 al condenado por delitos de lesa humanidad.

ED

El discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del miércoles dejó varios ecos rebotando, pero son resonancias viejas, avivadas por la disputa política contra la Corte Suprema. Además de viejas, son circulares: seguirán resonando, cada vez que el poder político lo estime necesario. 

El mandatario criticó con dureza el fallo de diciembre último de la Corte mediante el cual el tribunal ordenó al Gobierno a entregar el 2,95% de la recaudación de los impuestos nacionales, la denominada coparticipación federal de impuestos. Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño) además de 180.000 millones de pesos anuales que el Estado Nacional le deriva para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 .

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

El fallo duplicó el porcentaje de fondos públicos que recibe la Ciudad para financiar la fuerza de seguridad porteña y motorizó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte.

Ante Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del tribunal, Fernández aseguró ante el Congreso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene derechos sobre los recursos coparticipables y “debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”.

“Esa decisión -de asignar recursos a la Ciudad- es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”, dijo Fernández.

De acuerdo a lo planteado por el máximo tribunal en su fallo de diciembre, la completa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una deuda pendiente de la política, no del poder Judicial, pero que exigió ante la demanda del gobierno porteño la intervención de la Corte para mediar ante la falta de leyes y reglas que el poder Ejecutivo y el Congreso debían cumplir desde la reforma de la Constitución de 1994.

El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar y no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje corresponde a la Ciudad.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

De hecho, el Congreso tiene pendiente sancionar una nueva ley de coparticipación que reajuste esa situación por mandato constitucional y permitiera a la Ciudad participar en cómo se decide la distribución de los fondos coparticipables. Fue una decisión de los convencionales constituyentes de 1994, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió; y los actuales jueces de la Corte, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, sólo por nombrar a los que ocupan cargos relevantes. No optaron por zanjar ellos mismos el conflicto sino que lo dejaron abierto, explicó a elDiarioAR el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país.

Alberto Fernández — Furcio del Presidente sobre el fallo de la Corte Suprema.

El fallo de la Corte, la autonomía de la Ciudad y el financiamiento de la policía porteña son cuestiones de dinero pero también de poder y más específicamente, del poder de la discrecionalidad.

“Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 porque establecieron que el Congreso debía sancionar una nueva ley convenio de coparticipación que contemplara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y que debía ser sancionada por el Congreso Nacional y luego ratificada por la totalidad de las legislaturas de las 23 provincias. Basta con que una sola jurisdicción se oponga para que la nueva ley convenio se caiga. Requiere un consenso imposible de alcanzar debido a la situación política en Argentina”, afirmó el jurista.

“La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires porque se aplica una ley convenio anterior a la reforma de 1994”, agregó Gil Domínguez. 

Por esta razón, afirmó el constitucionalista, la Ciudad “está incluida dentro del porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden al Estado federal pero no forma parte del reparto de fondos de la coparticipación con un porcentaje fijo razonable. Esta situación les permitió Duhalde, a Macri y a Fernández establecer distintos porcentajes y esto es lo que se debate en la Corte Suprema de Justicia: cuál es el porcentaje adecuado”.

¿La Corte podría haber solucionado esta deuda pendiente? Una nueva ley parece políticamente imposible: requiere un consenso político en el Congreso y entre el Ejecutivo, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Durante 2021, el máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los representantes de la Ciudad que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo, pero la instancia de negociación política fracasó. 

“El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar que estableció que el Ejecutivo Nacional debe otorgarle a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables pero no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje debe realmente recibir la Ciudad. Un peritaje en el cual apoyarse hubiese corrido a la Corte de los cuestionamientos. Por este motivo es que la decisión que adoptó el tribunal es vista por el peronismo como un desafío”, explicó Gil Domínguez.

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, de acuerdo con el Gobierno porteño. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. 

La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente”, dijo el Presidente el miércoles mientras integrantes del oficialismo silbaban a los ministros de la Corte. “Le quita dinero a los que más tienen (sic) y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, afirmó Fernández en un furcio, ya que en la versión escrita de su discurso, que se adelantó a los periodistas, la frase que debía pronunciar tenía un sentido muy diferente: “Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

El fallo de la Corte redujo la porción de impuestos nacionales que recibe el Estado Nacional y no las provincias. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas. De ahí, el poder de la discrecionalidad.

Nota: esta nota se actualizó el 5 de marzo a las 17.21 para incluir el video del fragmento del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y su contenido en el texto del artículo. También se corrigió el textual del Presidente en un destacado para incluir el furcio.

ED

Sin realizar declaraciones, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkrantz (vicepresidente del tribunal) dejaron el Congreso de la Nación este miércoles por la tarde, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, principal acto institucional del año. Se dirigieron directamente hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en el barrio porteño de Tribunales. Acababan de escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico, con el dedo índice y miradas de desaprobación en cadena nacional, frente al pleno del Congreso, el Gabinete y gobernadores invitados. 

Rosatti y Rosenkrantz llegaron a sus despachos, lejos de los silbidos y gritos de diputados y senadores oficialistas, que se entremezclaban con los abucheos e insultos de los opositores al Presidente. Mientras Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto, Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte. A unos dos metros de distancia, ninguno de los dos dirigió la mirada al Presidente durante casi dos horas.

Tras el acto, “la orden fue no responder a las críticas, no subirse a la discusión política y comunicar hacia adentro del tribunal que el martes próximo se llevará adelante la reunión de acuerdo, que mantienen semanalmente, y que los expediente continúan tramitando”, afirmó una fuente de la Corte a elDiarioAR. Es decir, oídos sordos.

Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.

Alberto Fernández, sobre la investigación por el atentado a CFK.

El martes 7 de marzo también tendrá lugar una nueva reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que continuará escuchando a los testigos citados en el marco de la investigación que el oficialismo lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño. 

El proceso no tiene posibilidad de avanzar en el contexto actual más allá de la comisión: el Frente de Todos (FdT) no tiene los dos tercios de los votos que requiere en Diputados para formalizar la acusación contra los ministros cortesanos ni en el Senado para destituirlos. Pero apuesta a un efecto desgaste sobre los jueces.

El martes próximo, a partir de las 13, están citados los fiscales federales Carlos Stornelli y Laura Roteta (ambos podrían declarar por escrito); el exsenador, exfuncionario y ex consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla (UCR); y Sergio Miguel Napoli (secretario letrado de la Corte). En la comisión parlamentaria tenían en la lista de posibles testigos del martes a Maria Burdin, vocera y principal asesora en comunicaciones de Lorenzetti, enfrentada desde hace años con el vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. Sin embargo, no está en la lista de testigos finalmente notificados por la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo.

Las causas de CFK

“Ellos fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a este medio una segunda fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto. 

No acudir este miércoles al Congreso no fue una opción para los jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), aseguran en el Palacio de Justicia, pero lo cierto es que pocos conocen los pormenores de la reunión del martes último en la que los cuatro ministros del tribunal acordaron que sólo asistirían Rosatti y Rosenkrantz en representación de todo el Poder Judicial, ya que son las dos autoridades formales de la Corte (presidente y vice). 

Como cada una de las decisiones que se toman en el tribunal en los últimos meses, se decidió con un máximo hermetismo. En los despachos linderos, el personal de la Corte especulaba con si darían el faltazo a la Asamblea Legislativa, o si los jueces irían y se levantarían ante las más que esperadas críticas de Fernández al tribunal. 

“Asistir a la Asamblea Legislativa es mandato constitucional de la Corte y los jueces decidieron priorizar el Estado de Derecho”, agregó uno de los hombres de la Corte consultados tras el acto, y recalcó: “Son el tribunal que vela por las garantías constitucionales y la Constitución dice que la cabeza del poder judicial debe asistir a la Asamblea Legislativa”.

Las críticas a la Corte fueron los pasajes más duros del discurso de Fernández. Acusó al máximo tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces federales de todo el país y a los jueces nacionales, y que funciona en el marco de la permanente disputa de poder entre el oficialismo, la oposición y los jueces por el nombramiento de sus respectivos candidatos a los juzgados más poderosos.  

El Presidente también acusó a los jueces de la Corte de “quitar dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, en referencia al fallo de diciembre a favor de que la Ciudad de Buenos Aires reciba más fondos de la Nación para financiar la policía porteña.

Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia.

Alberto Fernández, sobre la condena a Cristina en Vialidad.

Fernández también habló de vínculos de jueces con empresarios y medios de comunicación. Hizo hincapié, además, en la supuesta intromisión de la Corte en atribuciones de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, al ordenar en sus fallos cómo el Gobierno debe distribuir fondos públicos. Y reclamó a la Justicia por dos causas penales en trámite: la investigación por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la condena contra la expresidenta por el caso Vialidad, que le valió una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que aún no están firmes.

En el pase de facturas entre el Gobierno y la Corte por quién incumple la Constitución, una fuente del máximo tribunal dijo a elDiarioAR: “El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que ‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas’, y sin embargo, lo hizo en tres oportunidades”.

Una de las referencias fue por el expediente abierto aún en la Corte por el reparto de fondos nacionales a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires iniciado por una demanda de la Ciudad contra Nación por la coparticipación. La Corte dictó una medida cautelar pero el fallo de fondo está pendiente.

En cuanto a la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Fernández dijo: “Vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”. Luego agregó: “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”. 

Sobre las condenas en el juicio de Vialidad, el Presidente se dirigió, sin nombrar al tribunal, a la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país que revisa las sentencias de los tribunales orales federales, entre otras cuestiones.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo Fernández sobre la condena de primera instancia, que aún debe ser revisada por tres jueces de la Sala I de la Casación.

ED

Nota: esta nota fue actualizada el 2 de marzo a las 08:49 AM con la lista de testigos finalmente notificados por la comisión parlamentaria para declarar el 7 de marzo próximo, en la que no está notificada María Burdin, funcionaria de la Corte y vocera del juez Lorenzetti.