El gasto en los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un salto al trepar un 10,6% en junio, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

El informe expuso que en junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $183.496 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, lo que implica un 10,6% más que en mayo, cuando se alcanzó un costo de $166.559 por el salto del 16,8% frente a abril.

Al argumentar la suba, el IIEP sostuvo que “lo explica tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el consumo invernal de gas natural”.

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al agua “se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (junio tiene un día menos que mayo)”.

En cuanto al gas, especificó que “aumenta el cuadro tarifario (3,5% el cargo fijo y 2,5% el cargo variable) a la vez que se incrementan las cantidades consumidas por estacionalidad”, mientras que en el caso de la energía eléctrica, puntualizó que “crece el consumo respecto del mes anterior mientras se incrementaron los cuadros tarifarios, 3,3% el cargo fijo y 2,8% el cargo variable”.

Por el lado de los colectivos, el reporte indicó que “mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,8% en junio) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación se incrementaron 7%. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto aumentó 5,8%”.

En la comparativa interanual, reflejó que el costo de la canasta total se incrementó 38% “en línea con el índice general de precios del período (la canasta aumentó 38% mientras el IPC incrementó 39%)”, indicando que “esto sugiere cierta convergencia entre el aumento de los servicios públicos en el AMBA y la inflación y es una tendencia ya observada en mayo”.

Al respecto, puntualizó que “es importante tener en cuenta que se trata del inicio del periodo invernal donde el efecto de las cantidades es significativo para explicar las variaciones en el valor de las facturas finales a los usuarios”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 63% respecto a junio de 2024 y en agua con el 39%”. En tanto que la electricidad y el gas experimentan variaciones menores, del 24% cada uno.

En este marco, señaló que “el gasto en transporte aportó 19 puntos porcentuales, de los 38 totales del incremento interanual mientras que el gasto en energía eléctrica, agua y gas aportaron 6 puntos porcentuales cada uno”.

Por otro lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante”, aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 561% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 150%”.

En dicho lapso, el incremento más fuerte se da en el gas natural que escaló 1482%, seguido por el transporte que trepó 729%. En tanto que por detrás, aparecen el agua con un alza de 343% y la energía eléctrica con un ajuste del 316%.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 12,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.445.000)”.

En este sentido, afirmó que “el peso del transporte representa el 36% del gasto y es algo más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.

MP con información de NA

El Gobierno nacional extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción para mantener la Tarifa Social en el consumo de servicios eléctricos.

Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en la Casa de Gobierno.

Quienes están obligados a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) son aquellos que fueron incorporados automáticamente a ese listado.

Ahora deberán realizar el trámite para expresar su necesidad de ser beneficiarios de la Tarifa Social.

Adorni resaltó que la iniciativa apunta a lograr que “la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”.

Se estima que son 1.700.000 usuarios quienes deberán inscribirse y quienes no lo hagan perderán el beneficio.

Los hogares se encuentran divididos en tres categorías según niveles de ingresos: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2) e Ingresos Medios (N3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.

DM con información de agencia NA

Una familia tipo que vive en el AMBA ya debe destinar más de 75 mil pesos a cubrir los gastos de tarifas de luz, gas y agua, en medio del incremento de tarifas y la quita de subsidios.

En los últimos tres meses se registró un salto en la canasta de servicios públicos del 156 por ciento, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que realiza UBA-Conicet.

Si bien buena parte del camino de aumentos y quitas que pretendía implementar el gobierno de Javier Milei quedó algo relegado por ahora, con la idea de que la variable inflación no termine descontrolándose, el impacto en los bolsillos es muy duro.

“La canasta de servicios públicos del AMBA incluye el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. En este sentido, refleja el costo promedio de los servicios públicos para un hogar representativo del AMBA. En marzo un hogar promedio del AMBA gasta $75.429 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar”, detalló el reporte.

El costo de la canasta total se incrementó 156% respecto de diciembre de 2023 a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte y energía eléctrica ya que los cuadros tarifarios de agua y gas natural no han sido modificados hasta el momento. 

A su vez, en gas natural y energía eléctrica los consumos se encuentran ajustados por estacionalidad.

Cuando se analizó cada servicio en detalle, el trabajo mostró que el incremento más importante fue para el transporte, con un aumento del 410% respecto de diciembre de 2023, mientras la energía eléctrica aumentó 99% y el gas 24%. 

En este último caso, al no haber aumentos en el cuadro tarifario, corresponde exclusivamente a las diferencias mensuales en las cantidades consumidas.

“Con estos valores, en marzo, la canasta de servicios públicos del AMBA ocupa el 11% del salario promedio registrado del mes a la vez que el peso más importante dentro de los servicios lo ocupa el gasto en transporte”, indicó el Observatorio.

Con respecto a los subsidios, se señaló que, acumulado al 20 de marzo, cayeron 69,9% interanual.

“Los subsidios a la Energía, que representan el 62% de los subsidios totales y disminuyen 6,6% interanual nominal mientras se reducen 75,3% interanual real. Sin embargo, es preciso aclarar que al día veinte del mes de marzo no se han registrado transferencias devengadas a Cammesa durante el corriente mes”, aseguró el informe.

En valores, a marzo de 2024 los subsidios acumulan $10,4 billones en los últimos doce meses corridos, una caída real del 25% respecto a igual periodo anterior (acumulados entre abril de 2022 y marzo de 2023) y del 43% respecto del pico observado en junio de 2022. 

“Al analizar los datos de doce meses acumulados es relevante que los subsidios destinados a Cammesa en julio de 2022 fueron $0 que, a diferencia de enero y febrero, es una situación poco probable dado el contexto: la estacionalidad propia del pico de consumo de invierno y las transferencias realizadas en el mes anterior y posterior. A su vez, nuevamente, al término del informe Cammesa no devengó transferencias en el mes de marzo”, indicó el informe.

Para el AMBA, las facturas promedio de energía eléctrica y gas natural son inferiores en términos reales a las observadas en febrero de 2019. En el caso del gas, esta reducción continúa por la suspensión temporal de los incrementos programados.

Para los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) y nivel 3 (ingresos medios), la factura final promedio tuvo una recomposición en febrero debido principalmente al incremento en el cargo fijo y variable producto de la recomposición del Costo Propio de Distribución.

“Para un consumo de 300 kwh/mes la factura final con impuestos se redujo en términos reales a razón del último dato de inflación del mes de febrero y su estimación para marzo debido a que en el último mes los cuadros tarifarios no tuvieron cambios. Por esto, la recomposición del mes de febrero en el cargo por distribución, y para los N 1 adicionalmente en el precio de la energía, se redujo considerablemente”, indicó.

Por otra parte, los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA, vigentes a partir de febrero, se enfrentarían a una inflación del 28% en el bimestre febrero-marzo. Por esto, la recomposición en la factura del 164%, 119% y 108% para los hogares N1, N2, y N3 se transformaría en una recomposición real del 106%, 71% y 63% respectivamente al final de marzo, según se explicó.

La factura promedio del gas muestra una dinámica algo diferente. Entre febrero de 2019 y febrero de 2023, mes de inicio de la segmentación de subsidios, la tarifa residencial para un consumo promedio de gas natural se redujo en términos reales. 

A partir de entonces, y hasta marzo de 2024, hubo una reducción real adicional para todos los niveles con mayor magnitud observada en los N 1. A su vez, al momento de presentar este informe, la decisión sobre el precio del gas y los cuadros tarifarios se encuentra suspendida.

En marzo, la factura promedio de gas para los usuarios del Nivel 1, Nivel 2 y nivel 3 cayeron en términos reales un 64%, 82% y 79% respecto de la factura pre-segmentación respectivamente“.

Cuánto se paga por los servicios en las provincias

El informe indicó que desde marzo se encuentra vigente la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía que fija los precios estacionales de la energía eléctrica para el periodo febrero-abril de 2024 en todo el territorio nacional.

Un análisis transversal indica que la factura final promedio de un hogar de altos ingresos es 2,8 y 2,7 veces superior respecto de la factura de un hogar N 2 y N 3 respectivamente.

Así, la factura eléctrica promedio total para todo el país (sin impuestos ni descuentos por 300 Kwh/mes) es de $25.988 para un hogar de altos ingresos (N1), $9.135 para un hogar de ingresos medios (N3) y $9.625 para un hogar de ingresos bajos (N2).

Para el primer grupo, el promedio más alto lo paga Salta, con 41.486 pesos y el menor La Rioja, con 10.596 pesos.

En el grupo de ingresos medios se destaca Mendoza, con un promedio de gasto mensual de $22.984. Cierra La Rioja con $2.078.

La lista de ingresos bajos la encabeza Mendoza, con un promedio de gasto mensual de $22.718. En la otra punta, también se ubica La Rioja con $1.725.

CRM con información de la agencia NA

Los hospitales porteños especializados en quemaduras y lesiones oftalmológicas mantendrán un operativo especial junto al SAME durante el domingo por la noche, mientras que el estacionamiento medido tampoco tendrá vigencia en la Ciudad de Buenos Aires como parte del cronograma de servicios previsto para las fiestas de Año Nuevo.

Así informó el Gobierno porteño a través de un comunicado, con el que detalló que dispondrá de un operativo sanitario en los hospitales especializados y en el SAME, que trabajará con una ampliación de personal en el 107 y en el servicio de Telemedicina, así como en la atención de emergencias y urgencias en la vía pública.

El Hospital de Quemados y los hospitales oftalmológicos Santa Lucía y Pedro Lagleyze, por otro lado, contarán con refuerzo de personal en sus guardias.

Subtes y Premetro

Estacionamiento

Peajes

Recolección de residuos

Cementerios

Oficinas públicas

A diferencia de enero, que llega con ajustes por la temporada de verano, y de marzo, momento en el que se relanza el año escolar y laboral, febrero no es un mes de alta estacionalidad inflacionaria. Sin embargo, viene acompañado con importantes aumentos, focalizados sobre todo en los servicios. En febrero habrá un nuevo ajuste de tarifas y también subas en las cuotas de prepagas y telecomunicaciones, entre otras.   

1. Gas y electricidad

En el primer mes del año se realizaron audiencias públicas con el fin de definir las subas tarifarias para los servicios de transporte y distribución, que son parte del precio final de las boletas de gas y luz. Los aumentos definidos serán aplicados a partir de febrero, pero todavía no fue comunicado oficialmente el porcentaje. De todos modos, los usuarios recibirán el impacto concreto cuando lleguen las facturas de febrero, a partir del mes siguiente. 

2. Medicina privada 

A partir de febrero comenzará a regir la nueva metodología de ajuste de prepagas definida por el Gobierno a fines de 2022, año en que este servicio escaló por encima de la inflación y superó el 100%. La nueva fórmula de aumento para las cuotas toma como referencia la variación salarial (la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como Ripte). 

Por un plazo de 18 meses el incremento de las cuotas no podrá ser mayor al 90% del índice Ripte del mes anterior. Pero esto se aplicará solo a los clientes que tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero). Para los titulares que superen ese tope, en cambio, las prepagas aplicarán incrementos mensuales que se regirán de acuerdo al Índice de Costos de Salud, de 8,21% para febrero.

3. Telefonía, cable e internet 

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telecomunicaciones. Desde 2020, año en que se definió a las telecomunicaciones como un servicio esencial, el Gobierno debe controlar y autorizar las subas en este sector, algo que en los hechos sucede en pocos casos. Las grandes compañías proveedoras del servicio judicializaron la decisión oficial y están protegidas por medidas cautelares que les permiten continuar disponiendo de sus propias tarifas y aplicar aumentos por encima de los definidos por el ente regulador. 

4. Combustibles

El Ministerio de Economía acordó a fines de 2022 con las empresas petroleras un esquema de subas para la nafta y el gasoil según el cual tendrán un incremento de 4% en febrero, aunque no se confirmó todavía qué día. Para marzo hay otra suba prevista, que es del 3,8% en un intento por mostrar un sendero de desaceleración de la inflación. 

5. Alquileres

Quienes deban renovar sus contratos de alquiler en febrero y estén regidos por la ley vigente tendrán subas en torno al 86%. Ese porcentaje surge del índice de actualización establecido por la Ley de Alquileres vigente, que contempla en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (Ripte). De esta manera, un alquiler de $70.000 pasaría a $130.200. 

Además de estos cinco aumentos, a partir de marzo se sumarán otros ya previstos, también en servicios: transporte público, agua y colegios privados, entre otros. En esta línea, un informe de la consultora Focus Market asegura que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) que a septiembre de 2022 gastaba $179.000 necesitará casi $320.700 en marzo –un 79% más– por mes solo para pagar los servicios. 

El informe toma gastos promedio a septiembre de 2022 y contempla los aumentos derivados de la quita de los subsidios a las tarifas y también las subas en internet, cable y telefonía. Además, suma el alquiler, los gastos en combustible de automóvil particular, seguro de auto, transporte público y uso esporádico de un traslado en taxi. Por otra parte, asume que los dos menores asisten a un colegio privado, con una cuota mensual que pasaría de $20.000 a $55.000, incluyendo a los dos.

De acuerdo con el ejercicio teórico, esta familia testigo que pagaba por su canasta de servicios $178.928 en septiembre 2022 (fecha en que comenzó el sendero hacia la normalización del precios de los servicios públicos) deberá desembolsar en marzo $320.683 por exactamente lo mismo. Es decir, tendrá un incremento de un 79,2% de su canasta de servicios en solo un semestre.                                                                                                                                                                                                 

“Es importante considerar que hay servicios que aún no aumentaron en relación al nivel de la inflación acumulada en los últimos años o quedaron retrasados frente a los porcentajes de aumento determinados a principios de 2022, cuando se proyectaba una inflación anual de 33%, que terminó siendo casi tres veces superior”, apunta Damián Di Pace, director de Focus Market. “Esto dejará precios de servicios retrasados frente a la inflación pasada y futura por lo cual a lo largo de 2023 se proyectan más aumentos que lo estimado en el informe”, advierte.  

Si a los servicios se sumara la canasta básica de alimentos, los gastos mensuales de esta familia tipo se elevarían a $402.983 en marzo. El informe considera una inflación en alimentos moderada del 4% para los próximos meses, lo que llevaría la canasta a $82.300 en marzo. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo vital y móvil a marzo de 2023 que será de $69.500, está familia requerirá 5,8 salarios para cubrir su costo de vida. 

DT

Casi 8 de cada 10 jóvenes se quieren ir del país y la juventud es la menos optimista: solo el 48% se siente así “todo el tiempo” o “la mayor parte” frente al 63% de la población general. Además, las mujeres son algo más optimistas que los varones: 65% frente a 59%. Los datos surgen de la Medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina que realizó la Fundación COLSECOR entre el 13 y el 29 de julio.

“Los jóvenes son los menos optimistas, son especialmente sensibles a desarrollar sentimientos de pesimismo en un clima social agitado”, indicó el informe, coordinado metodológicamente por Mario Riorda y que contó con aportes de Natalia Calcagno, Alberto Calvo e Hilario Moreno en conjunto con la consultora DICEN. El optimismo es mayor en los pueblos de menos de 10.000 habitantes: 23 personas de cada 100 se sienten optimistas “todo el tiempo” frente a 16 de cada 100 en ciudades de más de 100.000 habitantes.

 A la pregunta “Si tuviera la posibilidad de irse del país, ¿cuán probable sería que usted se vaya?”, el 52% de los consultados respondió “seguro me iría” o “probablemente me iría” pero ese número crece al 78% en los jóvenes de 15 a 24 años. Para el segmento de adultos de 25 a 39 años la cifra desciende a 58%; de 40 a 59 años, 52%; y mayores de 60 años, 42%. Los varones son más proclives a irse del país: el 56% afirmó que “seguro me iría” o “probablemente me iría” frente al 50% de las mujeres. Quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes también tienen más ambición de irse del país: el 59% respondió que “seguro me iría” o “probablemente me iría” frente al 46% de quienes viven en pueblos de menos de 10.000 habitantes.

 “Salir de la gravedad de la pandemia no le pone fin a muchos estados de ánimo, pero el disfrute de la vida es mayoritario en Argentina, aunque mucho más alto en pueblos y ciudades chicas que en grandes ciudades y levemente menor que en 2021, por lo que se percibe una leve caída del disfrute de la vida”, señala el estudio. Según la encuesta el 64% disfruta de la vida. En pueblos de menos de 10.000 habitantes el porcentaje asciende a 70% mientras en ciudades de más de 100.000 habitantes es 57%. La preocupación también disminuyó: en 2020, 24 personas de cada 100 admitían estar “todo el tiempo” preocupadas mientras que en 2021 ese número bajó a 21 de cada 100 y este año, 18 de cada 100.

Pueblo vs Ciudad

A la pregunta “¿Qué tan satisfecha/o se siente con la calidad de vida en la localidad donde usted vive?”, el 33% respondió muy satisfecho. Esto representa una mejora respecto al 27% del año 2021 pero empeora en relación con el 52% de 2020. Los encuestados de pueblos de hasta 10.000 habitantes se declaran muy satisfechos (44%), frente a 37% en ciudades de 10.000 a 35.000 habitantes, 29% en ciudades de 35.000 a 100.000 habitantes, y 26% en ciudades de más de 100.000. El nivel de satisfacción aumenta en relación con la edad de los consultados: es del 39% en la población de 60 años, frente a 32% de 40 a 59; 30% de 25 a 39, y 26% de 15 a 24 años.

 La encuesta de Fundación Colsecor ratifica una tendencia que se afianza a partir de 2020. Ante la consulta de “¿Si tuviera la posibilidad de mudarse a un pueblo o ciudad pequeña, cuán probable sería que se mude?”, más de la mitad (55%) dijo que “probablemente me iría” o “seguro me iría”. En 2021 el porcentaje fue del 54%, y en 2020, del 53%. La mayoría de los que respondieron “seguro me iría” tiene entre 25 y 39 años (34%). La tendencia es irse a lugares más pequeños: la contracara de esto es que ante la pregunta de si tuviera que mudarse a un pueblo o ciudad más grande, el 56% respondió “probablemente no me iría” o “seguro no me iría” frente a 48% en 2021, y 64% en 2020.

Cansancio pandémico

La encuesta halló “estados individuales menos graves, pero menos vitalidad, especialmente en grandes ciudades”. Según la psiquiatra Silvia Bentolila, el cansancio pandémico generalizado sigue presente. “Se trata de un fenómeno mundial y no es el cansancio común, más allá de que la experiencia no es la misma para quienes tienen asegurado un techo y un plato de comida todos los días que para los que no. Estos últimos padecen una ‘sumatoria de estreses’ por lo que los mecanismos de adaptación al estrés que generan las condiciones de incertidumbre sostenida en el tiempo tienen un alto costo. El organismo genera una respuesta de híper alerta, aumenta la atención involuntaria -es común exaltarse con cualquier ruido, dificulta la concentración, cuesta dormir y aparece ira y enojo y otras enfermedades”, señala el estudio de la Fundación Colsecor.

 Sin embargo, como dato positivo, hay menos percepción de soledad, tristeza y depresión. Los encuestados se sintieron menos solos y menos tristes que en 2021 (24% este año frente a 31% el año pasado y 22% frente a 25%).

 A la pregunta “¿Con qué frecuencia diría que se sintió deprimido/a?”, el 26% había respondido, en 2020, “todo el tiempo o la mayor parte de él”. Ahora ese porcentaje bajó a 16%. Esto no implica que haya mejorado la felicidad año a año: en 2021 fue 63% y en 2022 59%. Mientras más chica es la localidad, el sentimiento de felicidad es mayor: en pueblos de menos de 10.000 habitantes, el 63% expresó el sentimiento de felicidad mientras en ciudades entre 10.000 y 35.000 habitantes el 60% afirmó esa sensación. En ciudades entre 35.000 y 100.000 habitantes, el 61% y ciudades de más de 100.000 habitantes 56%.

El estudio advirtió que la gente se levanta más cansada que antes. Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia diría que se levanta descansado/a?” el 50% respondió que todo el tiempo o la mayor parte de él mientras en 2020 fue el 57%.

 Hay menos energía y vitalidad (especialmente en las grandes ciudades). A la pregunta “¿Con qué frecuencia se sintió con energía y vitalidad?” el 56% respondió que todo el tiempo o la mayor parte de él frente al 62% en 2020.

La vuelta a la presencialidad

Cuando se comparan los indicadores de servicios educativos, salud y transporte, se evidencia una caída significativa en la percepción de satisfacción. Se percibe una menor satisfacción con la calidad de los servicios de salud en todos los tamaños de localidades con respecto a 2021.

 A la pregunta “¿Qué tan satisfecho/a se siente con la calidad de los servicios de salud (hospital, clínica, salita, etc.) en la localidad donde usted vive?”, el 48% respondió “satisfacción total o parcial” mientras en 2020 –el año en que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid- ese número había llegado al 60%.

 También descendió la valoración en relación a la calidad de la educación en los niveles obligatorios (inicial, primario y secundario): el 59% manifestó satisfacción total o parcial mientras en 2021 –el año en que se retomaron las clases presenciales- ese número había llegado a 64%.

 En relación con el transporte público, el 42% señaló su satisfacción total o parcial, mientras en 2021 el 49% se había expresado de esa manera. El acceso al crédito evidenció altos niveles de descontento: solo el 36% afirmó que su satisfacción era total o parcial mientras en 2021 ese número era del 43% y en 2020 58%.

 La encuesta también relevó la satisfacción con los servicios de internet en la localidad donde vive el encuestado: el 36% dijo estar algo satisfecho; el 24% muy satisfecho; el 21% algo insatisfecho y el 18% muy insatisfecho. Asimismo, en relación con el nivel de satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos (luz, gas, agua, teléfono), un 58% afirmó que su satisfacción era total o parcial, mientras en 2021 fue 60% y 69% en 2020.

 El Mercado le gana al Estado

La medición de calidad de vida que elaboró Fundación Colsecor –que trabaja los ejes de bienestar personal, satisfacción con la vida en su localidad, la migración, confianza social, el futuro, Estado y mercado y la participación comunitaria- indica que “se rompió una tendencia histórica en la Argentina: el mercado es mejor valorado que el Estado”.

 Se trazó una escala del 1 al 10, donde 1 es nada defensor/a del Estado y 10 es muy defensor/a del Estado. En 2020, este índice era de 7, en 2021 descendió a 6 y este año continuó esa tendencia con 5,2 puntos. A la pregunta “¿Cuán de acuerdo está usted con la libertad de mercado como mecanismo de funcionamiento de la economía?”, la tendencia fue similar en 2021 y 2022: 6 y 5,7 puntos respectivamente. En este caso, 10 puntos era “muy defensor del mercado”.

 “Pasada la crisis pandémica, el valor de la libertad supera a la solidaridad y al orden”, afirmaron los autores de la encuesta, en base a los datos obtenidos. La libertad aparece primera es la escala de valoración (47%), luego la solidaridad (35%) y por último el orden (19%). En 2021 la solidaridad había sido el valor más elegido.

A la vez, se advirtió una notable caída en la participación en las instituciones. Solo el 10% de los encuestados participó durante lo que va de 2022 “al menos una vez” de algún partido político u organización política. Se redujo casi a la mitad respecto de 2021: ese año había sido 19%. La participación, aunque escasa, es mayor en pueblos de menos de 10.000 habitantes (13%) frente a ciudades de más de 100.000 (9%). Los encuestados participaron menos en clubes o entidades deportivas (20% frente a 33% en 2020), en organizaciones artísticas o culturales (8% frente a un 20% en 2020).

La participación en asociaciones escolares o de padres también se redujo a la mitad: 14% en lo que va de este año frente a 28% en 2020. Solo el 4% participó de una cooperativa (no escolar) este año frente a 6% en 2021 y 10% en 2020. Y el 9% participó al menos una vez de alguna asociación comunal o de vecinos frente al 23% en 2020.

El 2% participó al menos una vez de alguna asociación agropecuaria o de campesinos frente al 5% de 2020. Cinco de cada 100 encuestados participó al menos una vez de alguna asociación profesional. En 2021, ese número había sido 8 de cada 100 y en 2020, 13 de cada 100. La participación en gremios también mermó: fue del 5% en lo que va de este año frente al 7% en 2021 y 9% en 2022 así como la participación en ONG, fundación o asociación sin fines de lucro: 11% en 2022 frente a 18% en 2021 y 20% en 2020.

Estrategias frente a la inflación

Todos los años se agrega a la encuesta un tema de alta preocupación y este año se preguntó por las estrategias frente a la inflación. El 62% de los consultados dijo que busca ofertas en supermercados y negocios y el 54% aseguró que hizo una reducción de consumos asociados a salidas y compras. Un 15% optó por financiación en las compras y retraso o no pago de impuestos y el mismo porcentaje de los consultados eligió comprar dólares.

 Un 13% de los encuestados optó por la compra de bienes para que no se desvalorice la moneda y apenas el 11% de los entrevistados sostuvo que no le afectó la inflación. En tanto un 8% dejó de pagar cuotas o hacer cosas que les gustaban –mayormente recreativas- y también el 8% de los encuestados hizo compras colectivas.

La medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina es un relevamiento anual que busca indagar sobre un conjunto de indicadores relacionados al bienestar en la vida cotidiana, así como la satisfacción con el lugar donde se habita. Esta investigación, que se realizó por primera vez en el 2020, consiste en una serie de preguntas realizadas a través de cuestionarios digitales a habitantes de nuestro país. La recolección de datos se realizó en línea a través de la tecnología CAWI (Computer Asisted Web Interview). En total se realizaron 1400 casos efectivos. El margen de error resultante fue de +/- 2,6%.

MGF

Mientras se esperan las precisiones que dará esta tarde la secretaría de Energía Flavia Royón sobre los aumentos en los servicios de electricidad y gas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) adelantó qué sucederá con las tarifas de agua. La reducción de los  subsidios comenzará en noviembre y se basará en un criterio geográfico que diferenciará zonas de valor “alto”, “medio” y “bajo”. 

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la empresa que encabeza Malena Galmarini, los 250.000 hogares que ya tienen tarifa social no van a tener aumentos. Asimismo, se abrirá un “Registro para el mantenimiento del subsidio” para que los usuarios y usuarias que consideren que lo necesitan soliciten mantenerlo, independientemente del lugar en el que vivan. De ser concedido el pedido, se los asmiliará al esquema del segmento “bajo”. 

Para el resto de los usuarios residenciales, AYSA definió que habrá una segmentación geográfica; diferente a la segmentación basada en ingresos y consumo que impulsa el Gobierno Nacional. Para esto, se dividirá la zona que abarca AYSA --la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano-- en zonas de valor alto, valor medio y valor bajo.

Se parte de un escenario en el que todas las boletas tienen un 60% de subsidio. Este porcentaje se modificará del siguiente modo, dependiendo de la zona donde esté localizado el usuario, ya sea un hogar o un baldío. 

Para los usuarios no residenciales (9% del total de usuarios), sin importar zona, se les bajará el subsidio al 40% a partir de noviembre, al 20% en enero de 2023 y a 0% a partir de marzo del año próximo.

Este año se definió un aumento final de la tarifa de AYSA de 32% en dos cuotas. 20% desde el 1° de julio y otro 10% desde el 1° de octubre (incremento del 10%).

“Si bien la propuesta implica un incremento de los ingresos de la empresa, los mismos no resultan suficientes para el sostenimiento operativo del servicio. De este modo, el financiamiento de la prestación del servicio continuará requiriendo del esfuerzo compartido de usuarios y el Estado Nacional”, señalan en la empresa. 

La empresa también busca llamar la atención sobre el consumo consciente de agua. Según detalla, la Organización Mundial de la Salud considera que la cantidad adecuada de agua para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal, lavado y limpieza del hogar) está entre 70 y 100 litros por habitante por día.

En la Argentina el consumo medio a nivel nacional es del orden de los 180 litros por habitante por día, casi duplicando el promedio recomendado por la OMS. Sin embargo, existen grandes diferencias regionales respecto del acceso a agua potable, con provincias que sufren escasez. 

En el área de AYSA, el consumo medio es de 325 litros por habitante por día. Por lo tanto, en promedio en una casa de una familia tipo ubicada en el área de AySA se usan unos 1.300 litros por día, muy por encima del promedio de la mayoría de los países. 

MT

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de servicios públicos para el viernes 17 y lunes 20 de junio, feriados por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y del General Manuel Belgrano, respectivamente.

* Hospitales: funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. También las sedes del dispositivo DetectAR y centros de testeos con atención específica.

 * Escuelas: cerradas.

 * Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30.

 * Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

 * Sedes Comunales: cerradas.

 * Registro Civil: permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.30.

 * Recolección de residuos: el servicio funcionará de manera habitual.

 * Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.

El estacionamiento medido no tendrá vigencia.

En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

 Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

* Subtes y premetro: funcionará de 8 a 22 horas. Consultar horario acá.

 * Ecobici: los usuarios de Ecobici tendrán las siguientes opciones:

1. Recreativo

/ Feriado: $210 - hasta 4 viajes de 60 minutos durante el día feriado.

/ Viaje único: $98 - 1 viaje de hasta 30 min. los sábados, domingos y feriados.

 2. Intensivo

/ Mensual: $980 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un mes.

/ Anual: $8.400 - hasta 6 viajes de 60 minutos al día durante un año.

3. Turístico (sólo para turistas extranjeros)

/ Diario: $530 - hasta 6 viajes de 60 minutos durante 24 h, cualquier día de la semana.

/ Mensual: $950 - hasta 6 viajes de 60 minutos por día durante un mes.

* Peajes: los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.

* Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrada.

 * Pista de aprendizaje: estará abierta y funcionará normalmente. Para poder utilizar el espacio de forma segura y responsable, los vecinos y vecinas deberán sacar turno con anticipación en buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/practicas-de-manejo

 * Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán cerradas.

 * Dirección General de Infracciones: cerrada.

 * Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

 * Parques:

-Reserva Ecológica Lago Lugano: abierta de 9 a 18 horas.

-Jardín Botánico: abierto de 9 a 17.45.

-Ecoparque: abierto de 11 a 18 horas.

-Reserva Ecológica Costanera Sur: abierta de 8 a 18 horas.

-Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte: abierta de 9 a 18 horas.

 * Museos: abiertos de 11 a 19 horas.

 Para más información: buenosaires.gob.ar/museos

 * Bibliotecas públicas: cerradas (excepto Parque de la Estación y Casa de la Lectura).

 * Teatros dependientes del GCBA:

-Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

-Centro Cultural San Martín: cerrado.

-Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.

-Centro Cultural Recoleta: abierto de 10.15 a 21 horas.

-Teatro Colón: abierto.

-Usina del Arte: abierta de 12 a 20 horas.

Con información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

IG

La tarifa de gas aumentará el 20% a partir del 1° de junio, según le ordenó este viernes el Gobierno nacional al Enargas, el ente que regula el servicio en toda la Argentina. No se prevé una “segmentación” de los usuarios, tal como se había especulado en su momento. En tanto que el servicio de luz también aumentará sus precios, en este caso el 17%.

El costo del gas en sí mismo se incrementará el 41,7%. Las distribuidoras les cobrarán esa suba a sus clientes, pero como el valor del gas representa entre un 45% y 50% de lo que se paga en la boleta, la suba para los usuarios será algo superior al 20%. Mientras que aquellos usuarios beneficiados con la tarifa social no sufrirán aumentos.

A su vez, en la energía eléctrica las facturas de usuarios tipo con consumo promedio en el Gran Buenos Aires tendrán un alza del 16,53%. En cada provincia el incremento en las facturas será distinto, pero siempre inferior porcentualmente al que se registre en el conurbano bonaerense.

Por su parte, la suba en las boletas de aquellas personas que tienen asignada la tarifa social será del 7,7% en promedio.

La secretaría de Energía realizó dos audiencias públicas para cada servicio. En el caso del gas, durante la primera realizada en marzo aplicó un aumento del 20% para mejorar los márgenes de ganancias de las distribuidoras y transportistas de gas. Mientras que en la segunda audiencia llevada a cabo días atrás, trató de bajar la cantidad de subsidios que paga el Estado por el costo del gas en las boletas.

Para la energía eléctrica, en cambio, subió en ambas ocasiones el precio estacional de la electricidad, obligando a que las distribuidoras tengan que abonar más. El primer traspaso al usuario fue del 20% y el próximo, desde junio, del 17%. Cammesa, la mayorista del sistema, les cobrará un 36% más la electricidad a las empresas desde junio. En tanto que los clientes deberán abonar un incremento cercano al 17% en sus boletas.

Hasta ahora el Estado nacional subsidiaba el 75% del costo del gas en las facturas, pero a partir del mes que viene el monto de esa subvención caerá. En el caso de la luz, la subvención es del 81% pero también se espera alguna disminución en ese ítem.

LG.

Si bien resta la formalización de los nuevos cuadros tarifarios, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que lidera Federico Bernal, comenzó a informar a las empresas del sector que se habilitará una suba de la tarifa final del gas de 20% para marzo. Para las pymes, en cambio, el aumento rondará el 15%. 

La tarifa que aparece en la boleta de gas está conformada por distintos componentes y este aumento es el resultado de una actualización del 40% para distribuidoras (empresas como Metrogas, Camuzzi y Naturgy) y del 50% para transportistas (TGN y TGS). 

El tercer elemento que está dentro de la boleta es el precio del gas propiamente dicho, donde se concentran los subsidios estatales. Ese componente mantiene el precio, por lo que la suba del 20% anunciada no colabora al objetivo de reducir subsidios a la energía. Los usuarios seguirán pagando solo el 29% de lo que cuesta el gas. 

Por el momento, la suba sirve para mejorar los ingresos de las empresas después de tres años casi sin ajuste. Con una inflación acumulada de 186%, las distribuidoras tuvieron una suba de 26% (que se reflejó en un 6% en la tarifa final) y las empresas de transporte de gas, ninguna. 

“La adecuación tarifaria para las pequeñas y medianas empresas rondará un 14/15% de aumento, mientras que para los residenciales oscilará entre 19/20%, dando un promedio entre ambas categorías del 16/17%”, confirmó Bernal a el diario LA NACION y pudo chequear este diario con empresas del sector. 

El año pasado los subsidios a la energía escalaron a US$10.910 millones de acuerdo con la consultora Economía & Energía, lo que representa un 2,4% del PBI. El monto es considerable, dado que el déficit fiscal primario fue de 3% del producto y que el ministro Guzmán acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevar el déficit a 2,5%, apelando como una estrategia central a la reducción progresiva de subsidios. 

Un informe oficial de la Secretaría de Energía presentado en el marco de las audiencias para el ajuste tarifario señala que para reducir subsidios sería necesario incrementar el monto final entre 35% y 47%. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucedió en el servicio eléctrico, Enargas no presentó un proyecto de segmentación hasta el momento. 

La pregunta, hacia adelante, es si el Gobierno resignará la posibilidad de reducir subsidios en este frente o el 20% de aumento habilitado para marzo es tan solo el primer paso de una suba gradual. 

Por otra parte, Malena Galmarini, titular del Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), solicitó un aumento de la tarifa del agua de 32% para este año. De acuerdo con la nota que envió al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y al Ministerio de Obras Públicas, propone un incremento de 20% en marzo y de 10% en julio, que en el acumulado suma 32%. AYSA espera que se llame a una audiencia pública para poder efectivizar el aumento. 

MT

El Senado inició este miércoles un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición, en el marco de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado.

Las propuestas que se discutieron durante una videoconferencia son seis textos elaborados por los legisladores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) y de los opositores Juan Carlos Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires).

El presidente de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, declaró que la Argentina “tiene una brecha digital significativa” que debe ser resuelta y mencionó que se invirtieron $40 mil millones en los últimos años desde el Estado para la inclusión digital“.

“El espíritu del decreto tiene ese principio de declarar como servicio público el acceso a internet como derecho humano básico”, sostuvo, y recalcó que se trata de “una política de Estado” cuya importancia ha quedado demostrada durante la pandemia de coronavirus.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de los Derechos de Usuarios y Consumidores, consideró que la propuesta tiene como meta “evitar la pobreza en las comunicaciones” y cuestionó las posiciones dominantes de las empresas Telefónica y Telecom, al considerar que tienen un monopolio que no ha demostrado “humanidad” durante la pandemia.

Enfatizó que “el teléfono celular e internet deben ser universal, debe haber inclusión y también regulación”.

“Llegará el momento que quienes pagamos no vamos a querer seguir pagando aquello que no representa lo que pagamos y la regulación debe atender ese punto”, evaluó Bassano, en el caso de que se mantenga el servicio como hasta ahora.

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), subrayó por su parte que se trata de proveer “un instrumento legal” que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet.

El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para “todo el mundo” bajo la premisa de que “la idea del derecho humano básico no debería discutirse”, indicó.

Otra de las expositoras de hoy, la investigadora del Conicet, Bernadette Califano subrayó la importancia de declarar a internet como un servicio público dado que “se necesitan políticas para resolver cuestiones que el mercado no ha resuelto en estos años” en la materia.

Califano alertó sobre las “desigualdades” que existen “en materia de conectividad” y argumentó que “la penetración de internet fija ronda en promedio el 68% a nivel nacional, con provincias que tienen el 60”, a la vez que “el 90 por ciento de los usuarios de telefonía móvil tiene el servicio pospago, que es el más oneroso”.

A su turno, el exsecretario de comunicaciones y exvicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, se pronunció a favor de que “la conectividad se transforme en un servicio universal para todos” por la “desigualdad” existente entre provincias.

“Cuatro provincias están por debajo del 40% del nivel de conectividad: Formosa con el 32%; San Juan con 36%, Santa Cruz con 37% y Mendoza con 39%, mientras que las líderes, con el 82%, son La Pampa y San Luis”, graficó.

También advirtió que “hay áreas sin cobertura en telefonía móvil”, especialmente en aquellas “poblaciones con menos de 500 habitantes”, en tanto que “aquellas que tienen más de 500 y menos de 2 mil habitantes apenas están cubiertas con 3G”.

Con información de Télam.

IG