“Vos sos mi abogada feminista, ¿sabés?”, le dice Paola Ortiz a Julia Luna este miércoles 21 de enero.

Paola incorporó la palabra “feminista” en septiembre de 2025, cuando vio los adelantos de la película Belén en el televisor del penal de Bouwer, en Córdoba, donde está detenida desde hace 13 años.

“Sí, Pao. Y te vamos a sacar de ahí”, le responde Luna, al teléfono.

Paola vio las imágenes de la película primero con perplejidad y después se sintió menos sola porque se vio reflejada en Belén. “Lo mío es bastante parecido”, dijo. Asoció el papel de Dolores Fonzi con la abogada que tiene hace 4 años, Julia Luna. 

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice una vez más a Luna, quien integra la organización Feministas Católicas por el Derechos a Decidir.

Tras 13 años prácticamente invisibilizado, el caso de Paola, que ingresó al penal con 29 años y hoy tiene 42, tomó alguna relevancia nacional tras la proyección de Belén. Su defensa aprovechó el impacto del film para exponer su historia, una de las cientos que existen en el país con características similares al de Belén.

Criminalización de emergencias obstétricas

El mismo día del estreno de la película, una joven de 18 años, sin saber que estaba embarazada, tuvo un parto abrupto en el inodoro del baño de su casa, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y se desmayó en un charco de sangre.

Horas después despertó en una cama del Hospital de Moreno, en el área de Maternidad, rodeada de bebés llorando. Según denunciaron, médicos le mostraron el feto en una caja y le exigieron que lo reconociera. “Este es tu hijo, reconocelo. Ahora vas a ir presa por matar a tu bebé”, le dijeron a la joven que abría los ojos tras el desmayo.

Sus padres, sumisos, que habían encontrado el feto en el inodoro, siguieron las indicaciones del personal médico y policial. “Corresponde que su hija vaya presa, tienen que prepararse para esa situación”, les advirtió una médica.

El caso llegó a la Campaña Nacional por el Aborto. Una de sus integrantes, Rosana Fanjul, ingresó al hospital. “Tuve que ponerme una campera para tapar la remera de la Campaña porque no me dejaban entrar”, relata. Tras comunicarse con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, lograron evitar la detención.

“Los médicos la dejaron internada en Maternidad, junto a otros bebés. Fue una tortura. Ella cursaba el secundario y no sabía que estaba embarazada. A raíz de esto abandonó la escuela y quedó con un cuadro de salud mental muy delicado; hoy está en tratamiento psiquiátrico”, explica Fanjul.

Si bien no existe un número actualizado, una investigación realizada en 2020 por la Campaña junto al CELS y otras organizaciones relevó 1.532 mujeres criminalizadas, un 25% por emergencias obstétricas y el resto por abortos espontáneos, casi siempre bajo figuras penales agravadas.

“Son mujeres en extrema vulnerabilidad, acusadas de homicidio agravado por el vínculo partiendo de la premisa de que el feto es persona. Incluso encontramos autopsias falsas: demostramos que no hubo nacimiento con vida”, señala Fanjul.

Tras los casos de Belén y de Patricia Solorza, que murió esposada a una cama por una peritonitis tras cuatro años detenida por un aborto espontáneo, las organizaciones decidieron iniciar el relevamiento.

Libertades logradas y causas abiertas

“Empezamos a recorrer las provincias y logramos la libertad de 20 mujeres que aceptaron nuestra representación”, cuenta Fanjul. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, identificaron 22 casos más: solo en uno hubo una detención.

Por su parte, Lucía de la Vega, del área de Género y Diversidad del CES, resume los casos de criminilización en situaciones de emergencias obstétricas que les solicitaron intervención en 2025.

“En Santiago del Estero hubo tres casos de criminalización, entre ellos el de Julieta, condenada en 2023 por homicidio agravado y cuya pena fue luego revisada y morigerada por el Superior Tribunal de Justicia”, detalla.

“En la provincia de Buenos Aires, acompañamos el caso de Juana, procesada desde 2020; pese a reiterados pedidos de absolución, el fiscal sostuvo la acusación, el juicio oral ya tiene fecha y hay recursos ante la Suprema Corte por violaciones como el secreto profesional que aún no fueron resueltos”, advierte.

“En Azul, una joven detenida tras una emergencia obstétrica fue absuelta en primera instancia en 2025, pero la fiscalía apeló y la causa sigue pendiente, con una defensa oficial excelente”, destaca.

Paola, 13 años presa

La mañana del 21 de enero, Paola se despertó muy temprano y espero varias horas sentada en el colchón de su celda hasta que habilitaron el horario de las llamadas telefónicas.

“¿Hay alguna novedad?”, la mujer condenada a perpetua preguntó.

“No”, respondió Julia Luna. Junto a Rocío García Garro, es abogada de Paola desde 2022. En 2024 impulsaron un recurso de revisión para que se revea con perspectiva de género su situación judicial, que la responsabiliza desde 2015 –tras un juicio con jurados populares–, por la muerte del bebé que dio a luz el 31 de octubre de 2012.

Esa tarde de octubre de 2012, en la precaria habitación de su ex suegro que le prestaba a cambio “favores sexuales”, Paola tuvo un “parto en avalancha”, es decir, un parto extremadamente rápido con contracciones intensas y sin pausas, que no da tiempo a pedir ayuda. Cuando pudo tocar al bebé tras el parto súbito, el bebé estaba frío. 

–“No hay novedades, Pao”, siguió Luna. A casi dos años de aquel recurso revisión que probaba que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida, todavía no hubo respuesta de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que se abra el caso Ortíz.

–“Ah...”, dijo Paola al teléfono. 

–“Vos cómo estás?”, quiso saber Luna. Pero Paola no viene bien. En un contexto de hacinamiento y sin higiene personal, no puede recuperarse de lo que ocurrió el 20 de diciembre pasado, cuando vio cómo sacaban el cuerpo incinerado de la compañera con la que compartía la vida cotidiana. La amiga de Paola, según denuncian en esta causa que se sigue investigando y que dejó dos víctimas fatales, estaba asilada en una celda por reclamar por el corte de agua potable cuando se incendió un sector del penal.

Las ideas límites que cada tanto se adhieren a la cabeza de Paola sin embardo dejaron de atormentarla diariamente cuando se inició la campaña por su liberación el 6 de noviembre, al cumplirse un año más de su detención. Sus compañeras la felicitaron y la aplaudieron. Paola se emocionó. “Fue un empujón de esperanza”, dice Luna.

Paola y Belén

A diferencia de Belén que estuvo 2 años presa, Paola lleva 13 privada de su libertad. Si bien ambas fueron criminalizadas y tuvieron una defensa oficial ineficiente, el nombre de Paola sí trascendió a los medios locales que la estigmatizaron. “La tildaron de mala madre mata bebés”, señala Luna.

Paola utiliza su verdadera identidad para reivindicar su historia, tras múltiples difamaciones. “Quiero que mi hijos sepan la verdad”, ha dicho. “Es muy feo que tus hijos piensen que su mamá mató a una persona”.

Antes de la condena, Paola tenía tres hijos que quedaron con el padre y que nunca más vio. Estando presa tuvo dos hijos más. Uno fue dado en adopción sin su consentimiento. El otro logró permanecer con su familia de origen y hoy está con sus tíos paternos.

Otra diferencia entre Paola y Belén es que Belén tuvo una familia que la acompañó y que buscó a Soledad Deza, la abogada feminista interpretada por Doleres Fonzi. Paola no tiene familia que la contenga y Julia Luna, su abogada, conoció su caso de casualidad, a partir de otro trabajo jurídico.

Paola y Julia

“Y cómo pasaste tu cumpleaños”, pregunta Paola al teléfono el miércoles pasado. El cumpleaños de Julia fue el 5 de enero.

“Muy bien, Pao. Gracias”. Más allá de su ex cuñada que fue algunas veces, Julia y Rocío Garro fueron las únicas personas que en 13 años la visitan al penal y la escuchan.

La voz de Paola no se escuchó ni en su propio juicio. “Su voz no está en todo el proceso penal”, advierte Luna, que presenta su caso como la criminalización de una emergencia obstétrica en contexto de pobreza y violencia de género.

“Se usó el hecho de que ya tenía hijos para decir que ‘sabía parir’, cuando sus partos anteriores habían sido hospitalarios. Este fue un parto involuntario y urgente que nunca se investigó”, señala Luna.

En abril de 2024, las abogadas presentaron un recurso de revisión con nueva prueba médica que acredita que se trató de un parto en avalancha y advierte que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida. “Si no hay certeza de nacimiento con vida, no hay homicidio”, subraya.

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice Paola a Julia desde el penal de Bouwer.

Se cumplen 5 años de la madrugada en la que el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dejaba de criminalizar el aborto y legalizaba su acceso en toda la Argentina.

Llegamos a ese momento luego de un largo proceso en el que el movimiento de mujeres se propuso, entre otras demandas históricas por el reconocimiento de derechos básicos, descorrer el velo que pesaba sobre nosotras y nos sometía a una violencia ilógica e irracional. Porque la criminalización del aborto es un acto de violencia que estaba dictado y legitimado por las instituciones democráticas y era socialmente aceptado, por acción, distracción, omisión o complicidad. 

Cuesta pensar que, hasta comienzos del 2018, en los programas de televisión mainstream no se permitía pronunciar la palabra “aborto”. Solo lo hacían algunos medios gráficos y periodistas feministas, y en ese contexto adverso trabajaban la Campaña por el aborto, las socorristas y la abogadas feministas que lograron el fallo FAL de la Corte en el 2012. 

Pero en ese 2018 se revolucionaron amistades, familias, entornos sociales y laborales con mujeres que contaban por primera vez que habían abortado. Madres, abuelas a sus nietas, amigas. Mujeres que se animaban a contar experiencias dolorosas sin saber cómo iban a reaccionar sus entornos. Por necesidad, por decisión, espontáneos, terapéuticos, todos tratados con el mismo hostigamiento y maltrato institucional. El aborto siempre había estado ahí. De repente todo eso salía a la luz. 

Fue un camino largo. Es imposible pensar ese 2018 sin imágenes previas de lucha: la marcha del 8 de marzo de 1985, con unas pocas mujeres como Susana Rinaldi con carteles que decían: “Violación es tortura” y “Despenalizar el aborto”. O sin Dora Coledesky en 1991 en el IV Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniendo aquel cartel de la Comisión por el derecho al aborto que decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. O sin nuestras fabulosas cuatro Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo y Marta Alanis.

Hubiera sido difícil llegar a ese 2018 sin la marcha de Ni Una Menos que el 3 de junio de 2015 convocó millones de mujeres en todo el país pidiendo que dejaran de matarnos y violentarnos. Un gigantesco grito colectivo que significaba que no íbamos a callarnos más ante esas violencias. 

Ese grito colectivo le mostró también a las más jóvenes lo que se les venía si no arrancaban desde temprano a defender sus derechos. Y no hubiera habido 2018 sin esas mismas pibas saliendo con fuerza a decir que no iban a permitir que algún día a ellas las criminalizaran por abortar, las maltrataran en los hospitales, las dejadas en una camilla con una hemorragia como parte de una violencia obstétrica, el paso previo de la humillación, dolor evitable, clandestinidad, o cárcel, como le pasó a Belén. Ya llegaremos a Belén.

No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

¿Por qué hablo del 2018 si el aborto se legalizó en el 2020? Porque en ese año casi lo logramos. Nos ganaron mintiendo en el Senado, diciendo que en la Argentina nunca hubo mujeres presas por aborto. Porque estuvimos cerca de lograrlo, pero no pudimos con la decisión política de quien gobernaba y con los legisladores para los que pesaron más los aprietes por apoyo económico y político que evitar la tortura de un aborto clandestino.

El 2020 nos encontró en plena pandemia dejando todas nuestras fuerzas en los cuidados de personas que estuvieron al límite: niñas, niños, viejos, discapacitados. Y sin ánimos de ser postergadas una y otra vez. Con la convicción de que no iban a dejarnos encerradas también en la clandestinidad, y para siempre. Nos encontró con la decisión política de que esta vez sí nos iban a escuchar. Al menos en la legalización del aborto. Y fue ley.

Pasaron cinco años. Desde que asumió Milei que en cada conversación pública o privada sobre los derechos de las mujeres me preguntan si creo que está en riesgo esta ley. Mi respuesta es dual: afirmo que no van a poder, aunque quieran. Ya nadie puede dudar de que es un derecho nuestro que no nos torturen. A la vez, siento que está en riesgo todo. Sin salud, sin ciencia, sin educación, sin ningún tipo de control de daños, estamos a la intemperie como sociedad. No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

Cuando la ley se perdió en el Senado en el 2018 me quedé muy enojada porque, más allá de argumentos pueriles que se daban para oponerse a la ley, quienes pretendían argumentar con seriedad, mentían. Decían que en Argentina no había presas por aborto. Y en ese mismo recinto, Soledad Deza, entre otras, había estado relatando el caso de Belén, una chica que en el 2014 fue a un hospital público de Tucumán por un dolor de panza y amaneció presa. Estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Belén no es su nombre real, elige estar en la clandestinidad, por más que luego fue liberada y absuelta. Por más que el Estado debería darle una reparación por haberla encarcelado injustamente. Mi enojo tenía de donde agarrarse y decidí contar la historia de Belén, la real. Lo más difícil era que ella aceptara, luego de tanto maltrato sufrido y tantas desilusiones acumuladas. Pero Belén fue extremadamente generosa, aceptó contar su historia para que ninguna mujer volviera a pasar por lo mismo. Y así fue como escribí el libro “Somos Belén, la verdadera historia detrás de las máscaras”.

Un año después, en pleno debate por la ley IVE, el diputado por Tucumán Carlos Cisneros mostró el libro y convocó a leerlo, anticipando su voto positivo. Unos días después, la senadora Eugenia Catalfamo lo mostraba también en el Senado, también como preludio a su voto a favor. El primer objetivo, el de que la historia real de Belén contribuyera a tabicar la verdad en el Congreso, que nadie se animara a decir que la criminalización del aborto no traía consecuencias sin por lo menos quedar en ridículo, o que ya nadie se atreviera a decir que en la Argentina no había presas por aborto, de alguna manera se había logrado.

Pero las injusticias que se muestran en el caso de Belén continúan en cada causa en la que se acusa a una persona inocente, en un país en el que se quieren poner en duda las denuncias de violencia contra las mujeres en general. En una región y en tantos países en los que se limita o se cuestiona el acceso al aborto a las mujeres, en especial a las más pobres. En medio del camino que se transitaba con el libro, gracias a Blas Martínez conocí a Leticia Cristi, productora de K&S, que le propuso hacer la película a Javiera Balmaceda, de Amazon. El tiempo coincidió con una Dolores Fonzi que tomó la decisión de dirigir películas y quiso hacer “Belén”. Tuvimos esa suerte. Adaptó el guión junto a Laura Paredes y Carolina Santos, y convocó a Camila Plaate, Julieta Cardinali, Liliana Juárez, Luis Machín y otras gemas del cine argentino a ser parte del elenco. “Belén” se estrenó y muchos la amaron, otros aún no la vieron, pero está en la lista corta de los Oscars como película extranjera. Cuenta una historia que todo el mundo debería conocer, para que no se repita, como dice Belén -la de verdad, la que aún no quiere dar a conocer su identidad porque no se siente segura-. Pero a la vez es una gran película, hecha por un gran equipo que decidió correr riesgos, porque hacer cine hecho por mujeres y pretender que el mundo lo mire, en un país en el que el cine está castigado, y las mujeres también es arriesgar fuerte. 

El 22 de enero nos enteraremos si Belén quedó entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para los Oscars. Hasta ahora Argentina ganó dos veces en esa categoría: La historia oficial dirigida por Luis Puenzo en 1986 y El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella en el 2010.  

El único antecedente de una película argentina candidata al Oscar dirigida por una mujer fue con “Camila”, dirigida por la enorme María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro en 1985. Es conocida la historia que termina con una frase que funcionaba como contraseña. Ladislao, ¿estás ahí? le preguntaba la protagonista antes de morir y él respondía “a tu lado, Camila”. Y era una forma de sentir que iban a vivir para siempre. 

En 2026 se cumplen 41 años de esta candidatura. Me ilusiono con la posibilidad de que otra película, titulada solo con un nombre de mujer y dirigida por una mujer, que relata parte de nuestra historia también, vuelva a ser candidata. Y me acordé de esos relatos antes de la legalización del aborto, de las preguntas que hacemos en ese momento para saber si alguien nos está acompañando, y me acordé de todas las historias, los relatos de los años del debate por la legalización, de esos meses frenéticos hasta conseguir que se apruebe la ley. De esa frase que hemos repetido hasta la desesperación y todavía repetimos: Amiga, ¿estás ahí? 

Ojalá Belén quede como candidata. Pero en cualquier caso, tenemos la respuesta: “A tu lado, Camila, Belén, Julieta, Antonia, Renata, Mercedes, etc etc. Estamos a tu lado, amiga. 

MC

1945 - Hospital Argerich

Se inaugura en el barrio de La Boca en Buenos Aires la nueva sede del Hospital Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. Se especializa en Cardiología, Cirugía general y Tocoginecología.

1946 - Patti Smith

Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, Estados Unidos), la poeta y cantante estadounidense Patricia “Patti” Smith, “la madrina del punk” por haber aportado una óptica feminista e intelectual a ese género musical. Se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock, por haberlo integrado a un estilo de poesía beat.

1947 - Teresa Parodi

Nace en la ciudad de Corrientes la cantautora Teresa Parodi (Teresa Adelina Sellarés), una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios Konex y un Carlos Gardel. Desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015 fue la primera ministra de Cultura de la Nación.

1947 - Jeff Lynne

Nace el músico, compositor, cantante, guitarrista y productor británico Jeff Lynne, quien integró bandas como Electric Light Orchestra (ELO) y el supergrupo Traveling Wilburys junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty.

1975 - Tiger Woods

Nace en la ciudad de Cypress (California, Estados Unidos) el golfista estadounidense Eldrick Tont “Tiger” Woods, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Es ganador de 82 torneos del PGA Tour, el principal circuito de golf de Estados Unidos. Actualmente cuenta con 15 torneos mayors, el segundo jugador con más ganados en la historia del golf.

1984 - Lebron James

Nace en la ciudad de Akron (Ohio, Estados Unidos) el basquetbolista estadounidense LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de el baloncesto. Jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Ganó cuatro campeonatos de la NBA.

1999 - George Harrison

El exbeatle George Harrison es apuñalado doce veces por Michael Abram, que entró por la cocina a la mansión del artista británico a las afueras de Londres. El agresor también atacó a Olivia Arias, segunda esposa del artista, quien junto a su marido logaron reducirlo hasta que fue detenido por la Policía. Harrison fue hospitalizado con heridas leves.

2001 - Adolfo Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis a quien la Asamblea Legislativa había elegido Presidente provisional de la Nación, renuncia al cargo por falta de apoyo de su propio partido, el Partido Justicialista. Fue sucedido por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados.

2004 - Tragedia de Cromañón

Un incendio desatado en la discoteca República Cromañón del barrio de Once en Buenos Aires, en medio de un recital de la banda de rock Callejeros, causa la muerte de 194 espectadores y hiere a otras 1432. El siniestro es considerado como la peor tragedia de la historia del rock y la mayor de la Argentina por causas no naturales.

2006 - Saddam Husein

Es ejecutado en la horca el expresidente y dictador iraquí Saddam Husein en la ciudad de Bagdad. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad el 5 noviembre de 2006 por el Alto Tribunal Penal de Irak, por aquel entonces controlado por Estados Unidos en su invasión de ese país de Medio Oriente.

2015 - Lionel Messi

El astro argentino del fútbol Lionel Messi juega su partido número 500 con la camiseta del club Barcelona de España. Fue en la goleada por 4 a 0 al Betis en el estadio Camp Nou. “La pulga” marcó el segundo de los goles del equipo culé.

2020 - Legal, seguro y gratuito

El Senado aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el límite de catorce semanas de gestación, impulsada por colectivos feministas y fuerzas de izquierda frente al rechazo de la Iglesia Católica y otros credos religiosos.

Cinco años atrás, en el cierre de un debate en comisión en la Cámara de Diputados que tuvo 738 expositores, 15 reuniones y 130 horas de discusión, Cecilia Moreau tomó la palabra y relató, por primera vez, su experiencia abortando en la clandestinidad cuando tenía 16 años. “Yo era una nena y quería tener una vida”, comentó, emocionada, la diputada massista que presidía la comisión de Legislación General durante el gobierno del Frente de Todos y se encargó de conducir, junto a una maltipartidaria feminista integrada por diferentes espacios –Silvia Lospennato (PRO), Romina del Plá (Partido Obrero), Vilma Ibarra y Mayra Mendoza (peronismo)– el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 11 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la ley ILE con 131 votos a favor y 117 en contra. Dos semanas después, la multipartidaria feminista –se hacían llamar “Las sororas”– logró lo que no pudo hacer en 2018: el 30 de diciembre, el Senado sancionó el aborto legal en la Argentina. 

Cinco años después, Moreau analiza la vigencia de la ley durante el gobierno de Javier Milei y cuestiona que el acceso al aborto “no se está cumpliendo como debería”. Denuncia falencias en la distribución de los medicamentos y una ampliación de las barreras en el acceso a la ley. “El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica”, advierte la ex presidenta de la Cámara de Diputados que, sin embargo, señala que Milei no tiene los votos en el Congreso para derogar la ley.

“No hay un clima social para volver atrás. Es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su bloque”, señala, en diálogo con elDiarioAR. 

–A 5 años de la sanción del aborto, ¿ve posible que el gobierno de Milei logre derogar la ley?

–No tienen margen para derogarla. Fue una ley construida con una fuerte movilización popular, desde afuera hacia adentro del Congreso. Hay temas con los que quedó claro que no se jode. Sin embargo, lo que sí veo es un ataque constante a los colectivos más vulnerables, con los jubilados a los que les rompen la cabeza, las personas con discapacidad a quienes no le quieren cumplir la ley, las personas que padecen enfermedades graves. 

Tenés a un Gobierno que dice que la justicia social es una aberración o que el Estado es una organización criminal. Hay una negación de las desigualdades y un intento de hacerlas invisibles. Y no tengo dudas de que las mujeres y las disidencias somos parte del colectivo que el Gobierno eligió como blanco de ataque.  

–Más allá del Gobierno, ¿ve un clima social que acompañe un retroceso en materia de acceso al aborto? 

–Los derechos se conquistan, la gente los asimila y no se retrocede. Pero sí veo que hay un retroceso en cuanto a la implementación de la ley, que no se está cumpliendo como debería. El Gobierno no está comprando y distribuyendo los medicamentos para realizar la práctica, como el Misoprostol. Tampoco está trabajando en lo más importante que la ley establece, que es la prevención del embarazo no deseado. Le tiró todo a las provincias y las provincias están desdobardadas y denuncian faltante de insumos. El derecho de las personas gestantes a la ILE está siendo vulnerado. 

Hay un informe de Amnesty que dice que, este año, se triplicaron las barreras en el acceso a la ley. Es falta de información, pero también falta de profesionales y problemas de derivación en los prestadores cuando hay objetores de conciencia. El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica. 

–Después de la victoria electoral de LLA, voceros del Gobierno, como Agustín Laje, empezaron a deslizar que iban a ir por el aborto. ¿Mantienen conversaciones con otras legisladoras que impulsaron la ley sobre cómo estaba la relación de fuerzas?

–Sí, estamos alertas pero con la convicción de que no hay un clima social para volver atrás. El diálogo se mantiene con quienes trabajamos en la ley, como Lospe (por Silvia Lospennato), Myriam (Bregman) y (Karina) Banfi. Es una ley que se construyó de manera muy transversal y consensuada, así que no veo riesgo de derogarla. 

–En tiempos de polarización Milei-anti Milei, ¿es posible reconstruir esa misma alianza multipartidaria?

–Ya lo hicimos para defender a la emergencia en discapacidad, para defender el Garrahan, para defender la universidad pública. Existe un armado transversal para poner límites a los avances contra los pilares que construyeron el pacto democrático, como la salud, la educación pública, y también el aborto. Que es un tema de salud pública. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo con o sin ley. El debate siempre fue cómo garantizás el acceso al aborto de manera segura, legal y gratuita para terminar con la desigualdad que generaba muertes. 

–¿Qué implicaría que el aborto vuelva a ser clandestino en Argentina?

–Sería un retroceso tremendo. Volver a la clandestinidad implicaría un grave daño a los derechos de las mujeres, piensen lo que piensen o voten lo que hayan votado. A veces parece que estamos en un tiempo en el que se pueda volver atrás en la consolidación de algunos derechos, la lógica del ‘sálvese quien pueda’, pero las mujeres son las que más resistencia ponen. Y no tengo duda que este es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su propio bloque. 

– Uno de los discursos que más quedó grabado en el debate hace cinco años fue el relato de su experiencia personal con un aborto clandestino, ¿recibe historias de mujeres que pudieron abortar en otras condiciones después de la sanción de la ley?

–Sí, sobre todo por redes sociales. Yo nunca hablo de cuestiones personales, pero en el debate hice un clic y sentí que tenía que contarlo porque yo viví el miedo de la clandestinidad, pese a tener la posibilidad económica de hacer la intervención. Y lo dije porque en ese momento sentí que no iba a ser juzgada por mis compañeras que estaban en contra de la ley. Porque hubo una comprensión final de muchas que, aunque tenían el pañuelo celeste, entendieron que estábamos discutiendo una cuestión de salud pública. Por eso hay que sostenerlo, para que en Argentina, que significó un paso adelante en toda la región, no retroceda en derechos. En ninguno.

MCM/MG

El caso de Vanesa grafica con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte del país. Catamarqueña de 42 años, de bajos recursos y madre de seis hijos, hoy no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos. Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las socorristas de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.

Una ley con barreras crecientes

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021. 

Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.

“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS. 

“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60 % de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.

Sin datos, sin política pública

A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos. 

La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez toman más casos de personas que no pueden acceder a un aborto. 

“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, socorrista de esa provincia. 

Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Sin recursos, consiguió 26 mil pesos prestados para una ecografía. Con diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo. 

Las barreras para acceder al aborto

Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado nacional dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas. 

El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales y prepagas replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.

“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”. 

La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”. 

La IVE en las provincias

“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado nacional en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advirte De la Vega, del CELS, al remarcar que el lugar de residencia condiciona el acceso.

Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar provocan mayor desigualdad.  

Vanesa al resguardo de las socorristas

Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.

“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, socorrista de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.

Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones socorristas están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.

“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén . “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.

Plan ENIA: el desmantelamiento de una política clave

El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar US$140 millones al año. 

Actualmente, el Gobierno nacional despidió al 80% del personal y redujo en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.

“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten desde organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante. 

“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, cierra De la Vega.

Al momento del cierre de esta nota, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las socorristas de Catamarca, que tenían preparada una denuncia para exigir en la Justicia por su salud. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.

El gobierno francés apoyará a organizaciones sociales feministas de Argentina, México y países de África a través del flamante consorcio MAREAS (Movimientos por la Autonomía, la Igualdad y la Solidaridad Reproductivas) que se presentó en Bogotá, Colombia, durante la VIII Conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) que se realizó el último fin de semana de octubre.

MAREAS reúne a cuatro organizaciones con décadas de experiencia en salud y derechos reproductivos: Reprod'Action Santé, Clacai, Médicos del Mundo-Francia e Ipas, una ONG internacional de justicia reproductiva con una fuerte presencia en todos los países participantes, que asumirá el liderazgo del consorcio.

El proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a través de su Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF) con una inversión de 6 millones de euros que se complementará con el fortalecimiento de capacidades basado en la metodología feminista y guiado por comités regionales feministas.

Susana Chávez, de CLACAI, explicó a elDiario.AR que, en Latinoamérica, si bien el proyecto se enfoca en Argentina y México, desde su organización impulsarán “una conexión más regional” y promoverán “el vínculo con África de una manera mucho más activa, donde estoy absolutamente segura también tenemos mucho que aprender”.

–Este proyecto llega en un momento político muy particular, con una avanzada de la derecha contra los derechos sexuales, y es una decisión del gobierno francés de alto impacto.

–Absolutamente. Además, los recursos cada vez son menores para la autonomía reproductiva, para el derecho de las mujeres, pero donde además cada vez hay gobiernos más hostiles y grupos más hostiles donde se cuestiona el multilateralismo y donde justamente esa posibilidad del gobierno de Francia de mostrarnos una contribución tan importante hace sentir que no estamos solas.

La Marea Verde de Argentina fue la inspiración para toda la región. Ahora el país enfrenta tiempos difíciles, desmantelamiento de políticas, pero también hay un movimiento de resistencia

Susana Chávez — CLACAI

–¿Por qué se eligió Argentina?

–Argentina tiene muchísima historia en el tema, muchísima historia de defensa de la democracia, pero además la Marea Verde fue la inspiración para toda la región. Pero también ahora Argentina enfrenta tiempos difíciles, desmantelamiento de políticas, pero también hay un movimiento de resistencia. Entonces, de Argentina también hay mucho que aprender, pero Argentina hay que cuidarla. Argentina también hay que abrazarla.

Esta idea la reafirmó Karen Padilla, de IPAS –la ONG que liderará la iniciativa– que, en diálogo con este medio, dijo que Argentina “es un ejemplo para Latinoamérica por la Marea Verde y el proyecto lleva el nombre MAREAS evocando ese movimiento ciudadano. Entonces, nos parece que Argentina tiene mucho que compartir, lecciones aprendidas, éxitos, con el resto del movimiento de otros países”.

“Sabemos que ahora la situación de Argentina es compleja, pero también sabemos que, si no existiera el movimiento, si no existiera la Marea Verde, probablemente no tendríamos las oportunidades que sabemos que vamos a seguir teniendo”, valoró Padilla.

La activista resaltó que el aborto “va a seguir existiendo, y el propósito de esta iniciativa es reconocer que es la sociedad civil, es el movimiento el que va a garantizar los servicios”.

“Es cierto que tenemos un reto político muy grande, pero también es cierto que el movimiento feminista está muy fortalecido, y que en Argentina específicamente hay todo un movimiento que es el sostén para que las personas y las mujeres puedan tener acceso a su salud reproductiva”, afirmó la representante de IPAS.

Política exterior feminista francesa

Durante la presentación del proyecto, Marion Giacobbi, representante de la Embajada de Francia en Colombia, recordó que su país fue uno de los primero en tener una diplomacia feminista desde 2019 “ y explicó que ahora ”se extenderá hasta 2030. Esta estrategia no la hicimos solos, la hicimos con sociedad civil, con académicos, con organizaciones internacionales y la queremos implementar de la misma manera: escuchando las voces de todos y todas“.

Estamos orgullosos de poder apoyar este nuevo proyecto en favor del derecho a disponer de su propio cuerpo

Marion Giacobbi — Embajada de Francia en Colombia

“Tenemos también una estrategia específica para los derechos a la salud sexual y reproductiva. Esta estrategia refuerza el compromiso histórico de Francia con los derechos a la salud sexual y reproductiva a nivel internacional”, resaltó la funcionaria.

Francia fue el primer país del mundo en incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución, medida que se concretó el 8 de marzo de 2024.

Giacobbi contextualizó la situación al decir que “14 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a métodos anticonceptivos; cada año se practican 25 millones de abortos peligrosos; cada 2 minutos muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto”.

MAREAS se implementará a través de tres canales diferentes: subdonaciones, ya que el consorcio proporcionará financiación a organizaciones feministas de base que apoyan los derechos de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos; fortalecimiento de capacidades mediante capacitación técnica y financiera entre pares, impartida por el consorcio a las organizaciones locales beneficiarias, e incidencia política, ya que apoyará la creación de redes entre las ONGs y sus iniciativas conjuntas de incidencia.

El lanzamiento de MAREAS se produce tras la conclusión de la IV Conferencia Ministerial del Gobierno francés sobre Políticas Exteriores Feministas (FFP), celebrada el 28 de octubre en París.

“Porque conocemos el contexto internacional de backlash, de retroceso, por eso decidimos por primera vez en el marco de esta conferencia hacer una declaración política. Fue firmada por más de 30 países, y envía una respuesta firme, una respuesta a los discursos contrarios a los derechos”, dijo la diplomática al referirse a la reunión de octubre en la capital francesa.

Y contó que “hay un párrafo de esta declaración que está enfocado en la necesidad de un acceso completo al aborto seguro. Nos parece esencial ponernos de acuerdo sobre esta necesidad de defender el derecho de las mujeres y las niñas a disponer de su cuerpo, incluido el derecho a acceder a servicios de aborto seguro”.

Afirmó que el proyecto MAREAS “responde plenamente a este desafío y a esta necesidad y permite llevar a cabo una importante labor sobre el terreno en apoyo de las organizaciones feministas de base que intervienen para garantizar estos derechos”.

“Estamos orgullosos de poder apoyar este nuevo proyecto en favor del derecho a disponer de su propio cuerpo”, finalizó. 

Esta es la novena convocatoria de propuestas que la Agencia Francesa de Desarrolló (AFD) ha lanzado en los últimos siete años. Las anteriores se centraron en diversas prioridades, como la violencia de género, la justicia climática y el empoderamiento económico de las mujeres. El Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF), codirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y la AFD, ya apoyó a más de 1400 organizaciones en 75 países de América Latina, África, Asia, Oriente Medio y Europa, con un compromiso financiero total de 254 millones de euros entre 2020 y 2024.

SM/MG

La actriz argentina Camila Plaate se quedó con el premio a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El film, basado en un hecho real –y narrado en un libro de Ana Correa– cuenta la historia de una joven tucumana que motorizó la lucha por la legalización del aborto.

“Esta película viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que sí, se puede, se pudo”, destacó la actriz Dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma, en cada lucha por los derechos de las mujeres», señaló Plaate quien recibió el galardón de manos de la actriz y cantante Lali Espósito.

La tucumana Plaate, de 27 años, trabajó en cine, teatro y también desarrolla un proyecto musicial. Tal vez su papel más destacado –antes de Belén– sea el de Felipa, en la serie sobre la vida de Fito Páez, en la que intrepretaba a la encargada de cuidar a Fito cuando era un pequeño de diez años.

Belén es la película seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los Oscar de Hollywood. Y también representará al país en los Goya españoles, donde competirá en la categoría de Mejor Largometraje Latinoamericano.

En el certamen recibieron también el premio Otra Mirada, galardón que premia el cine con perspectiva de género, la cinta argentina ‘Las corrientes’, de Milagros Mumenth. En esa misma sección se ha otorgado una mención especial a ‘Belén’, de Dolores Fonzi.

Dentro de Horizontes Latinos el jurado ha otorgado dos menciones especiales a ‘Un cabo suelto’, del uruguayo Daniel Hendler, y ‘Hiedra’, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

Con información de agencias

La esperada premiere de Belén en la edición número 73 del festival de San Sebastián no podía haber salido mejor. El film argentino de Dolores Fonzi, que acaba de estrenarse en salas de todo el país, fue saludado en su primer pase importante en este evento con un aplauso cerrado y muy prolongado del público que colmó el Auditorio del Kursaal, una sala con capacidad para 1.800 personas. Ahora habrá que esperar la decisión del jurado, que se conocerá el próximo viernes 26. Compiten por la Concha de Oro, el premio que otorga la competencia oficial, otros 16 largometrajes, entre ellos dos más de Argentina, Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, y 27 noches, de Daniel Hendler.

Belén cuenta la historia de la valiente lucha de un colectivo social –el feminismo argentino– que tuvo fe y convicción para lograr un resultado muy concreto. Llegó a este festival en un momento muy especial para el cine argentino, que hoy no puede usar fondos que le pertenecen por decisión del actual gobierno. 

Es mucho más largo y se ha contado muchas veces, pero en pocas palabras: la plata para producir cine que llega a la caja del INCAA proviene de un impuesto que se aplica a las entradas de las salas y a la exhibición de películas en otros soportes. Hay un ley vigente que le asegura esa recaudación a este organismo público, que debe utilizarla para fomentar el desarrollo de una industria que cuenta con una larga y riquísima tradición, tiene excelentes profesionales y es valorada en todo el mundo. Pero hasta ahora la única política sistematizada de la gestión del economista Carlos Pirovano al frente del INCAA fue la de retener el dinero, en lugar de hacerlo circular.    

Es relevante resaltar que el sector estaba generando cerca de 600 mil puestos de trabajo hasta el inicio de esta crisis provocada por el gobierno de Milei sin ninguna motivación sensata. Y es en ese contexto que un premio internacional para una película argentina con una línea argumental relacionada con una dramática historia real que marcó a fuego al feminismo argentino y dirigida por una artista popular que más de una vez ha criticado públicamente al Presidente sería una noticia de alto impacto. 

En la raquítica disputa simbólica que proponen los libertarios, Fonzi es simplemente “una kuka abortera”. Cualquier triunfo que la tenga como protagonista será leído y vivido como una derrota propia. Dado que en estas últimas semanas las derrotas se fueron acumulando, otro trago amargo provocaría más inquietud en un gobierno con muchos frentes abiertos y pocas respuestas eficaces a la vista. La recepción que tuvo la película la noche del martes invita a soñar. 

La historia de Belén y la palabra de Dolores Fonzi      

En 2014, una joven tucumana de 25 años llegó al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales y sangrado. Fue atendida por una emergencia obstétrica y sufrió, según los informes médicos, un aborto esppontaneo. Pero fue denunciada por el personal de salud del hospital y terminó acusada por la justicia provincial de homicidio agravado. Le dieron ocho años de prisión después de un proceso cargado de irregularidades.

Fue la reacción de organizaciones feministas y de derechos humanos en Argentina y en el exterior las que denunciaron esa aberración y empezaron movilizaciones y campañas en redes sociales bajo el lema/hashtag “#LiberenaBelén”. La presión dio resultado y en 2017, tras estar casi tres años presa, Belén fue liberada y absuelta.

El caso marcó un antes y un después en la discusión sobre la criminalización del aborto y los derechos reproductivos en Argentina. Funcionó como un punto de inflexión que visibilizó la vulnerabilidad de las mujeres de escasos recursos frente al sistema judicial y sanitario. Y se convirtió en una bandera del movimiento feminista argentino, impulsor central de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020.

Hay un valioso libro de la abogada y periodista Ana Correa que cuenta el caso al detalle. Se llama Somos Belén, tiene prólogo de la famosa escritora canadiense Margaret Atwood y fue la base del guión de la película que Fonzi acaba de estrenar en cines de toda Argentina y que este lunes 22 de septiembre tuvo su esperada premiere en San Sebastián en un momento en el que “filmar en Argentina es un milagro”, como bien dice ella.   

Dolores llegó a San Sebastián el mismo día del estreno de su película en el festival. El lanzamiento en cines de Argentina le exigió estar ahí, acompañando palmo a palmo, para potenciar la llegada al público. Sirvió, porque Belén arrancó bien en su primera semana en salas: vendió 16.700 entradas en 136 cines de todo el país y ya está claro que será una de las películas argentinas más vistas de este 2025 en el país. 

En un escenario de notable depresión en la convocatoria por la crisis económica, eso sí. Llegar a los 4 millones de espectadores de Relatos salvajes o a los 2.600.000 de El clan es hoy un sueño imposible. Así que después de trabajar en la promoción en Argentina, donde pronto también se podrá ver en Amazon, lo que también conspira contra su rendimiento en cines, Fonzi voló a España para defender su segundo largo asumiendo una tarea que por momentos la agota. “Si pudiera evitar todo lo que implica un estreno, lo evitaría. Pero la película lo necesita. Preferiría ser el Indio Solari del cine (risas). Alguien que hace su obra y no tiene que hablar con nadie porque la obra habla por sí misma. Pero también es verdad que la película finalmente termina siendo lo que es gracias a las reflexiones, a las opiniones de los demás, a las conversaciones que genera. Uno va comprendiendo su propia obra a través de los demás”.

Fonzi dice que “el gran gesto de Soledad en la película es el de la responsabilidad”. La abogada Soledad Deza, interpretada por la actriz y directora, es el eje del relato porque su actitud revela el verdadero espíritu del proyecto: “Ella fue capaz de exponerse, de poner cuerpo, de pensar mucho en algo y de hacerlo de la mejor manera posible, con las mejores personas posibles, con sentido común y con autocrítica. Por eso es un lindo ejemplo para estos tiempos en los que es muy necesario reconstruir un entramado social responsable”.

–Hablás de reconstruir porque pensás que había algo antes. Quizás no mucho, pero algo. 

–Yo no estoy identificada con ningún partido político, pero siento que la experiencia de Alberto Fernández fue una oportunidad desaprovechada. Durante su gobierno se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero fue de lo poco bueno que pasó. Había una esperanza de cambio en muchos sentidos y al final no gobernó para nadie. 

–¿Y este presente de Argentina cómo lo ves?

–Es la época del divide y reinarás. La norma es el odio desparramado sin ninguna prurito contra cualquier persona que se atreva a exigir, a quejarse, a pedir, incluso apenas a decir algo. Si a alguien no le gusta lo que decís, su objetivo es callarte, bombardearte con agresiones para que no lo digas más. Y creo que ya son muchas las veces que nos estamos callando. Eso lo veo como un gran retroceso. Las agresiones de los haters son un mecanismo de censura. Es una manera de desvirtuar al otro, de ningunearlo. 

–¿Por qué creés que pasa?

–Vapulean a los movimientos colectivos organizados porque les tienen miedo. La organización les molesta, los inquieta. Y los mecanismos que usan son de terror. Se señala individualmente a quién hay que odiar y se odia a esa persona hasta que queda completamente anulada. Belén es una película que intenta recordarnos que hace muy poco tiempo tiempo la acción colectiva pudo cambiar algo importante. Pasaron apenas cuatro años de la aprobación de la ley. No podemos permitir que nos convenzan de que ese espíritu desapareció. O que no nos pertenece. Sí que nos pertenece, es nuestro patrimonio como pueblo. Y no estoy hablando solo de las conquistas del feminismo. Organizarnos para hacernos oír siempre es fundamental.   

–¿Notás que ahora hay una reacción de la sociedad?

–El resultado de las últimas elecciones me alivió un poco. Yo digo que no nos olvidemos de que podemos. Eso es clave. No estoy diciendo que todo el mundo deba salir todos los días a la calle a protestar por algo. Es lógico ser precavido si por decir algo te podés comer palazos de la Policía o una ola de insultos en las redes sociales. Pero también conseguimos cosas poniendo el cuerpo. Tenemos que recordarles a los que quieren amedrentarnos que si hace falta lo vamos a volver a hacer.

AL/MG

Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.

En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.

Ese “papel” es una receta. Un papel que, traducido al mercado, vale 110.432 pesos: el costo actual de una caja de misoprostol en farmacias privadas, según confirmó la médica Miranda Ruiz, garante de IVE/ILE en el Hospital Público Juan Domingo Perón. Ese hospital —el tercero más grande de la provincia— ya no cuenta con stock de medicamentos. “Desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria se dan 15 turnos todos los lunes a la mañana. Pero no tenemos medicación desde hace meses” por lo que “se les da receta para que compren”, resumió Ruiz, quien en 2021 había sido imputada por aborto sin causal, pero fue sobreseída poco más de un año después por el Poder Judicial salteño.

Un Estado ausente, una ley quebrada

Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo dijo sin rodeos: “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Y se está elitizando”. Aseguró que desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta. Como efectora asegura que las compras que venían haciendo la provincia también se interrumpieron. “Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda”, denunció. Este medio intentó comunicarse con las autoridades a cargo —Javier Sapura, supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud de Salta, quien dijo estar de licencia; y Patricia Leal, en Maternidad e Infancia; y — pero no recibió respuestas a las consultas.

Lo cierto es que desde diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei avanzó con una política de recorte total en los programas de salud sexual y reproductiva. No se autorizaron partidas para compra de medicamentos, anticonceptivos ni insumos básicos. Además, se desarmaron programas y equipos técnicos, y se interrumpieron las líneas de capacitación a profesionales. El Ministerio de Salud no renovó contratos ni continuó la distribución de misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar abortos seguros.

La consecuencia es clara y en la provincia el aborto legal dejó de ser gratuito y pasó a ser un privilegio. “Estamos atendiendo mujeres que pueden trasladarse, que tienen obra social o que logran reunir el dinero. Las demás ni siquiera llegan a pedir turno”, explicó Villena. “¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde están? ¿A quién recurren?”, se preguntó la profesional de la salud que fue una de las impulsoras públicas del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. No tiene respuesta.

Para Villena, que ejerce en el principal epicentro de la provincia, el problema que se vive en Salta tiene nombre y apellido. “No hay voluntad política para garantizar la ley. El gobernador Gustavo Sáenz es antiderechos. Se alinea con Nación, que dejó de enviar medicación. Y mientras tanto, la provincia no reclama ni demanda nada. Se quedan callados, como si no fuera su responsabilidad”, denunció.

Las cifras que el Estado conoce (y desoye)

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró, en 2024, un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo. La demanda se concentra en mujeres de entre 21 y 30 años -- 1.331 en el grupo de 21 a 25 años, y 1.223 en el de 26 a 30—. Esta franja, que representa más del 55% de los abortos realizados, coincide con una población en edad fértil, activa, muchas veces jefa de hogar.

Aún así, hay otro dato, más urgente y más oscuro: durante el 2024 se realizaron 83 IVE y 19 ILE en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. Más de cien casos en menores, lo que significan casos atravesados por la violencia sexual, la falta de educación sexual integral, el miedo y el silencio. Ante lo que debería ser motivo de escándalo y la posibilidad de reforzar las políticas públicas, estas se desmantelan.

Las interrupciones legales del embarazo, por causales como violación o riesgo de vida, sumaron 382 en todo el año. Febrero fue el mes con más casos (49), y julio el más bajo (12). Por edades, la distribución es similar: la mayoría de las ILE (93) se realizaron en mujeres de 21 a 25 años, seguidas por el grupo de 26 a 30 (85). Pero la presencia de niñas en esos datos (19 entre 10 y 15 años) revela un dato más profundo: la violencia estructural sigue operando en los cuerpos más vulnerables, sin que haya una respuesta estatal integral.

La comparación entre IVE e ILE por grupo etario refleja el mismo patrón, donde el aborto en Salta se muestra como una necesidad transversal, concentrada en mujeres jóvenes, con capacidad reproductiva activa. La diferencia es que la ILE, por definición, representa situaciones críticas. Y esas situaciones no son atendidas como tales.

Si algo dejó el debate público por el derecho al aborto fue la consciencia de que detrás de cada cifra hay una historia. Sin embargo, hoy se visibiliza una ausencia porque mientras los números muestran la demanda, el sistema de salud pública no está preparado para responder. “El derecho a decidir está condicionado a lo que consigas en la farmacia o a lo que puedan donar las redes feministas”, sentenció Villena.

Las barreras invisibles: idioma, territorio, cultura

En las comunidades indígenas, esas barreras se vuelven muros. “Siempre he dicho que si hablo de aborto, las mujeres no lo aceptan. Creen que es un crimen”, dijo Nancy López. Pero esa resistencia no es caprichosa, puesto que muchas veces es producto del desconocimiento, de la falta de información en la lengua materna, de protocolos que no consideran las culturas locales. “Los papeles están en castellano y con palabras que muchas no entendemos. Si no entendés, no podés aceptar”, explicó.

Por eso, un grupo de mujeres indígenas impulsó la creación de cartillas traducidas al wichí y al guaraní, acompañadas por audios en lengua originaria. “Cuando lo escuchan en su idioma, lo entienden. Y ahí empieza el debate”, contó Nancy. Relató que este año, con esfuerzo propio, lograron hacer talleres en dos comunidades. En uno de ellos participaron 78 mujeres. Pero sin movilidad, sin talleristas, sin financiamiento estatal, la tarea es lenta. “Avanzamos igual. Despacio, pero avanzamos”, repitió Nancy.

Fue en diciembre del 2021, que un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Nancy López, dieron a conocer la creación de una herramienta pensada desde sus territorios, sus lenguas y sus cuerpos. Se trató de “Cuerpos y libertades”, una colección de materiales traducidos e interpretados a los idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, que adapta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral en casos de violación sexual y para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Más de veinte personas participaron de este trabajo colectivo junto a traductores especializados, que asumieron el desafío de trasladar al lenguaje propio de cada comunidad no solo las palabras, sino los sentidos, las prácticas y los derechos. El objetivo era garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que la barrera idiomática sea un obstáculo. “No hay anticonceptivos. No hay nada”

En Tartagal, Pamela Justiniano -responsable de la Dirección de Mujeres y Diversidad- denunció una situación alarmante. “No hay anticonceptivos. Ni pastillas, ni inyectables, ni preservativos. Hace meses que no llega nada”, expresó. En ese sentido, dijo que la falta de insumos básicos deja a miles de mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ sin posibilidad de elegir, sin protección frente a infecciones, sin alternativas. “Los kits de salud sexual están vacíos. Y los programas de atención en barrios y comunidades están paralizados”, detalló.

Además de los insumos, también dijo que faltan vínculos institucionales. Para ingresar a las comunidades indígenas, dijo que su equipo necesita autorización desde el CIC Rural. Pero, con el cambio de autoridades, esa articulación se cortó este año. “La nueva dirección no responde. Hay que mandar notas, esperar semanas. Y muchas veces nos dicen que no”.

Justiniano también afronta una gestión con recortes. “Nos dijeron que no hay recursos para seguir haciendo territorio. Que salgamos lo menos posible”, lamentó. Ante ello, la planificación de acciones ahora se reconfigura desde la precariedad: visitan comedores y merenderos con recursos propios, recolectan ropa en eventos, y apelan a la colaboración de negocios locales para ayudar en fechas clave como el Día de la Madre o del Niño.

La situación también se agrava por los obstáculos logísticos. “Antes realizaban operativos desde una articulación multidisciplinaria, donde llegaban a los territorios equipos de Salud, Educación, Género”, entre otros. También, la oficina que dirige Pamela casi fue trasladada a la terminal de Tartagal, lejos del circuito de instituciones claves como el 911 o Ciudad Judicial. “Nos negamos, porque es fundamental estar cerca. Es el único recurso humano que tenemos para acompañar a una mujer en situación de violencia. No se puede ir sola”, insistió.

La red, la trinchera, la esperanza

Sin Estado, sin medicamentos, sin recursos, lo que queda es la red, sean profesionales, indígenas y feministas. “Volvimos a coordinar con el Socorro (Rosa de Salta) como antes de que exista la ley. Armamos redes de donación de medicación. Y esto no debería pasar. Ya no”, dijo Villena. A modo de ejemplo, contó que en Cafayate, gracias al esfuerzo de una psicóloga del hospital, logran entregar parcialmente misoprostol a quienes consiguen la mifepristona por su cuenta.

Lo cierto es que la urgencia por garantizar el derecho a decidir también se une a la urgencia por comer. En un contexto socio económico alarmante para el país, las salidas se sostienen desde las redes, principalmente de mujeres. Nancy López, contó que mientras intentan dialogar sobre el derecho al aborto, en paralelo llevan adelante otros procesos, como la elaboración de huertas comunitarias y trabajos con artesanas junto a organizaciones de la sociedad civil. Además, sostienen la Radio La Voz Indígena, sin auspicios. “No tenemos ayuda, pero seguimos. Porque la radio siempre fue nuestra herramienta para decir la verdad”, manifestó.

En la diaria, desde la Dirección de Mujeres y Diversidad son testigos del deterioro social. “Las mujeres vienen y te dicen que no tienen ni para comer. Te muestran fotos de casas hechas de plástico. Es tremendo cómo está golpeando la crisis”, contó. En muchos casos, la ayuda se reduce a un módulo alimentario esporádico o a gestiones que hacen con el área de Desarrollo Humano o colectivos barriales.

La situación en comunidades indígenas es particularmente delicada. “Hay mucha discriminación, cuesta mucho que se acerquen. Y cuando lo hacen, si no podemos darles algo concreto, se sienten defraudadas”, expresó. Sin capacitaciones ni recursos sostenidos, la tarea de acompañar se vuelve cuesta arriba.

A pesar de todo, Justiniano afirmó que siguen saliendo al territorio, aunque sea “arañando”. Sostienen talleres, acompañan trámites judiciales y se organizan en red. “No vamos a dejar de salir. Aunque sea con lo que tenemos, vamos a seguir llegando”, afirmó.

En la misma sintonía, Nancy López dijo que están “tratando de que no se caiga todo. Es difícil, pero si avanzamos lento, avanzamos igual. Como decimos entre nosotras: hay que arañar el año (hacer todas las acciones posibles), pero hay que llegar”. En esa frase está la síntesis de una lucha que no claudica y que se enfrenta al desprecio de quienes gobiernan.

ML / MA

El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump por la nueva disposición que le impide recibir reembolsos federales de Medicaid, la cobertura médica para personas de escasos recursos.

La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.

Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70% de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, señaló en un comunicado que la nueva ley impedirá que miles de habitantes de Maine acudan a su proveedor de atención médica de confianza, simplemente porque brindan atención de aborto entre muchos otros servicios.

La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.

“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, se lamentó George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.

Medicaid cubre a 396.000 niños y adultos en Maine y a más de 70 millones de personas en todo el país.

En todo el país, los recortes presupuestarios de la administración Trump ponen en riesgo el cierre de cientos de otros centros de salud, señala el comunicado del Centro.

¿Qué pasa en la Argentina con la salud reproductiva y el gobierno de Javier Milei?

En la Argentina, los derechos sexuales y (no) reproductivos también enfrentan un retroceso alarmante bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente se muestra alineado internacionalmente con figuras como Donald Trump y defiende una agenda conservadora, su administración desfinanció programas claves como el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, y recortó presupuestos en políticas de género, asistencia a víctimas de violencia y acceso a la anticoncepción.

La situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el abandono estatal de las poblaciones más vulnerables. La eliminación del Programa Acompañar, la reducción del personal en la Línea 144 y los recortes del 85% en comedores comunitarios son algunas de las medidas que, según los peticionantes, configuran una violación sistemática de los compromisos asumidos por el Estado argentino.

El caso del Plan ENIA es paradigmático. Fue una política pública que, en sus primeras experiencias piloto, logró reducir un 50% el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Su desmantelamiento, junto con el despido de 500 profesionales y la cancelación de la compra y distribución de anticonceptivos, dejó sin protección a miles de jóvenes, muchas de ellas víctimas de abuso y violencia sexual.

Además, se denunciaron ante la CIDH recortes en infraestructura básica y servicios esenciales en barrios populares, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas. La respuesta oficial fue calificada como “evasiva” por los comisionados: el Gobierno se limitó a defender sus decisiones en nombre del “déficit cero” sin detallar cómo garantizará derechos básicos como salud, educación o alimentación.

En este contexto, las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos bajo políticas antiabortistas y restrictivas son notorias. Mientras en Maine se impide que clínicas que brindan atención integral accedan a fondos públicos por ofrecer servicios de aborto, en Argentina el Ejecutivo recorta el financiamiento incluso de programas que ni siquiera están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, sino con el acceso a derechos fundamentales para adolescentes, mujeres y diversidades. El resultado, en ambos casos, es el mismo: un retroceso en salud pública y una mayor vulnerabilidad para quienes más lo necesitan.

JJD, con información de EFE.

Las leyes de la despenalización del aborto, la regulación del cannabis para uso recreativo y el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron los tres grandes hitos de la presidencia de José 'Pepe' Mujica en Uruguay, muerto este 13 de mayo a los 89 años en Montevideo, cuyo Gobierno marcó un antes y un después.

El 13 de noviembre de 2008, el primer presidente de izquierda de la historia de Uruguay y referente de la coalición Frente Amplio (FA) Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) vetó, por su objeción personal, la iniciativa que, aprobada por el Parlamento, buscaba despenalizar los abortos en el país.

La decisión del renombrado oncólogo, rechazada a la interna de su fuerza política y celebrada por la Iglesia Católica, desató una ola de protestas de organizaciones feministas de un país donde, según sondeos, la mayoría de la población apoyaba su aprobación.

Sin embargo, ya desde su campaña hacia la Presidencia, el hasta marzo de 2008 ministro de Ganadería de Vázquez y líder del sector Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, prometió impulsar la denominada ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La norma que legalizó el aborto hasta la duodécima semana de gestación por la sola decisión de la mujer siempre que se realizara bajo la supervisión del Estado fue aprobada en el Senado por diecisiete votos y cartorce en contra, y ratificada por Mujica ubicó al país a la vanguardia regional, solo por detrás de Cuba y Puerto Rico.

“Nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principios, pero hay un cuadro de mujeres que se ve en la amargura de tener que tomar esa decisión (...) y ese mundo vive en la clandestinidad (...) ahí hay vidas que se pierden. Ponerlo arriba de la mesa legalizándolo nos da la posibilidad de obrar”, planteó el entonces mandatario.

A esta norma le siguió el 10 de abril de 2013 una ley impulsada por las organizaciones sociales LGTBI que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en regular la unión civil entre personas del mismo sexo y el segundo en Latinoamérica, después de Argentina.

“Parece que estamos descubriendo un fenómeno moderno, pero la realidad es que esto es más viejo que el agujero del mate. Hemos decidido aceptar la existencia de la realidad”, argumentó.

Ese mismo año, rodeado de detractores que vaticinaban un caótico escenario de inseguridad y “narcoturismo”, el que saltaría a la fama internacional por un estilo de vida sencillo que llevó a que la prensa lo denominara 'el presidente más pobre del mundo' le pidió a la comunidad internacional que le permitiera impulsar el “experimento socio-político” de legalizar la marihuana.

“Estamos haciendo un experimento de vanguardia en el mundo entero”, dijo refiriéndose a la ley de regulación del cannabis para uso recreativo con tres vías de acceso: autocultivo, clubes cannábicos y venta regulada en farmacias. La ley promulgada en diciembre de 2013 bajo su mandato, acaparó titulares y posicionó a Uruguay como pionero global en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico.

Una de las imágenes más recordadas fue la del 19 de julio de 2017, cuando, luego de negociaciones con los comerciantes que se oponían a la medida y de sortear las dificultades logísticas que trajo aparejadas, con largas filas esperando fuera, las farmacias uruguayas comenzaron a ofrecer los paquetes de marihuana legal que cerraron el círculo del proceso aprobado por ley en 2013.

Cinco años después, en diálogo con EFE, Mujica lamentaría que no se hubiera aprovechado la norma para dar pie además a la regulación del cannabis para uso medicinal.

“Pudimos haber explotado esa ley y habernos transformado en una vanguardia del uso medicinal de la marihuana, porque venían empresas de afuera como yuyos, pero le hicimos un juego de retención (...) en los engranajes burocráticos y ahora empezaron a producir marihuana para fines medicinales por varios lugares con o sin ley”, reflexionó.

EFE.

IG

Excomulgada del gobierno libertario, Victoria Villarruel definió arrancar la semana encabezando su propia batalla cultural. La agenda negacionista, por el Día de la Memoria, y una avanzada contra el aborto legal, al día siguiente. Rodeada de referentes católicos y conservadores, la vicepresidenta encabezó en el Senado una charla por el “Día del niño por nacer” con el objetivo de arremeter contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Ofrecer el aborto es abandonarnos a la mediocridad y desaliento”, lanzó Villarruel, entre los aplausos de decenas de militantes provida que hacían cola para sacarse una foto con su referenta embanderada en la consigna “Dios, Patria y Familia”.

No era la primera vez que Villarruel aprovechaba su lugar como presidenta del Senado para impulsar su agenda anti derechos. Hace exactamente un año, también en ocasión del Día por el Niño por Nacer –una fecha decretada por Carlos Menem en el 98’ luego de una visita que le hizo al Papa Juan Pablo II en el Vaticano–, la vice había mandado a iluminar el Congreso de azul. El mismo Congreso que, hace cuatro años, había sancionado la ley 27.610 y había establecido que el el aborto tenía que ser legal, seguro y gratuito. Esta vez, sin embargo, Villarruel decidió ir por más.

El evento organizado en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Fueron solo invitados académicos y referentes religiosos que están en contra del derecho al aborto. Y Villarruel fue la encargada de cerrar el acto.

“Hay una verdad fundante que en la actualidad parece olvidada: la legitimidad del Estado moderno se basa ante todo en su función de protector de la vida y dignidad de las personas. Especialmente de aquellas más débiles e indefensas para construir una convivencia armónica donde rijan la justicia social y la paz”, afirmó, en un mensaje que parecía estar dirigido al peronismo más conservador que, al día de hoy, se rebela ante el respaldo que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le dieron a la ley durante el gobierno del Frente de Todos. Villarruel reivindicaba el concepto maldito del cosmos libertario: la justicia social. Ese pilar de la doctrina peronista que Javier Milei ha calificado, en más de una ocasión, de “aberración”.

“Cuando se priva de derechos fundamentales a determinado grupo de personas porque todavía no nacieron se resiente la legitimidad del mismo Estado y la convivencia humana. El derecho vida y dignidad humana se protegen siempre y para todos”, argumentó la vice, que 24 horas antes había aprovechado el Día de la Memoria para homenajear a las verdaderas “víctimas”. Es decir, a los militares presos y condenados por diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, como el asesinato, tortura y robo de bebes. 

Villarruel efectuó un discurso profundamente religioso. Recordó que el 25 de marzo se celebraba la Anunciación del Señor –que es, según la liturgia católica, el momento en el que el ángel Gabriel le anunció a la virgen María que estaba embarazada de Dios- y clamó para que cada embarazo se viese “como un don invaluable y una manifestación confianza de Dios en la humanidad”. “Poner vida y familia en centro preocupaciones políticas es revolución moral y política”, insistió, entre los aplausos de los asistentes.

Uno de los que aplaudía era Carlos Stornelli. El fiscal –que fue recientemente absuelto en la causa que lo investigaba por integrar una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión durante el gobierno de Mauricio Macri– había sido ubicado en la primera fila y, cuando el encuentro terminó, hizo cola para saludar a Villarruel como el resto de los asistentes. Rodeado de estudiantes y militantes provida, Stornelli escuchó con atención las dos horas de exposiciones y fue uno de los últimos en irse. 

El fiscal había quedado envuelto, hace unos seis años, en el caso de una niña jujeña de 12 años que había sido violada y forzada a ser madre a través de una cesárea. Según afirmó el entonces gobernador Gerardo Morales, Stornelli había manifestado su voluntad de adoptar a la beba. El fiscal no se desentendió del caso, pero sí aclaró que su voluntad había sido la de “ayudar, no adoptar” a la beba recién nacida. No tuvo oportunidad: la beba, prematura, murió a los pocos días. 

Baja natalidad, cantos y testimonios desgarradores: la defensa provida 

La actividad organizada por Villarruel tuvo solo una voz: la de los pañuelos celestes. Hubo figuras, como la del rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Ángel Schiavone, que optaron por hacer un desarrollo de la caída de la tasa de natalidad en el mundo. Con filminas que iban desde fotos de cunas vacías a gráficos que mostraban que la población de Japón compraba más pañales para adultos mayores que para bebés, Schiavone apuntó a encarar el tema desde una perspectiva demográfica.

“Estamos frente a una verdadera epidemia silente que se propaga en todo el mundo”, comenzó, comparando la caída de la tasa de natalidad con el Covid. Schiavone mencionó diversos factores que explicaban esta problemática, desde acusar a los jóvenes de preferir irse de viaje a Oceanía que a tener hijos hasta el acceso a métodos anticonceptivos. Nunca mencionó, sin embargo, que hubiera un vínculo entre la baja de la tasa de natalidad y el acceso al aborto.

Otro de los presentes fue el pediatra Abel Albino, que pasó a ser conocido luego del debate por la Legalización del aborto por afirmar que “el preservativo no funciona” y que el VIH puede “atravesar la porcelana”. Albino preside la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) y firmó varios acuerdos con Sandra Pettovello para implementar políticas en contra de la desnutrición infantil. Esta vez, sin embargo, no optó por desmerecer el uso de preservativos, sino que se abocó a hacer hincapié en la importancia de acceder a cloacas y agua corriente. No tocó el tema del aborto, pero si cantó la canción de “Los tres chanchitos”. 

Participaron también dos coordinadoras de una agrupación católica llamada La Merced Vida. Lorena Aguilar se refirió a los 40 centros de acompañamientos que la agrupación tenía para convencer a las mujeres que no abortaran o que, las que sí lo habían hecho, pudieran ir “para trabajar la culpa”. “El aborto es algo violento. Es un corte abrupto entre la madre e hijo. Es algo antinatural”, cuestionó y, a modo de ejemplo del trabajo que realizaban en la asociación, mostró una foto de una sonriente adolescente sosteniendo un bebé: era “Brisa”, una chica de 14 años a la que habían convencido para que no abortara. 

Después fue el turno de Matilde Gagliolo, también integrante de La Merced Vida, que relató en primera persona su experiencia abortando de manera ilegal. El relato estuvo marcado por su arrepentimiento y culpa, haciendo una narración tremebunda de la falta de acompañamiento que tuvo cuando, siendo una adolescente, fue a abortar a una clínica ilegal. “El dolor te acompaña toda la vida. El aborto mata al bebé y traumátiza a la mamá”, afirmó Matilde, que terminó en llanto (así como varias de las asistentes). 

Todas las exposiciones fueron provida: ni una sola referenta, jurista o profesional de la Salud pro aborto fue invitada. No hubo referencia ni al desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) ni a los problemas de compra y distribución de anticonceptivos y de insumos para interrumpir embarazos. Nadie mencionó que el gobierno nacional estaba dejando cada vez más en manos de las provincias los mecanismos para atender los problemas de salud sexual. Solo se mencionó que el aborto era un trauma.

MC

Corrida del esquema de poder en el gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel profundiza su propia agenda reaccionaria: luego de su mensaje durante el Día de la Memoria donde solo cuestionó el accionar de los grupos guerrilleros, este martes la vice avanzó en criticar la legitimidad de la Ley del Aborto, sancionada por el Congreso en 2022 por una amplia mayoría política.

Villarruel preparó para la tarde una exposición pública dentro del Senado con referentes académicos ultraconservadores y ultracatólicos, algunos que ya durante el debate parlamentario se mostraron explíticamente en contra de la norma de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La propia jefa de la Cámara alta encabezó la actividad e hizo una referencia contra la ley, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias.

La actividad en sí fue denominada “25 de marzo: Día del niño por nacer. Políticas para cuidar la vida” y estuvo organizada por las direcciones de Cultura y de Relaciones Internacionales del Senado, dependencias que responden directamente a Villarriel. Estuvo agendada desde las 14 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Pese a sus diferencias con la Casa Rosada, la avanzada antiderechos de Villarruel va en línea con la mirada libertaria sobre el aborto. El Presidente designó por decreto como juez de la Corte Suprema al académico ultraconservador Manuel García-Mansilla, quien ya como candidato al máximo tribunal el año pasado publicó un texto pidiendo la derogación de la norma, como dio a conocer en su momento elDiarioAR.

El propio Milei había dicho en su campaña electoral que iba a impulsar un plebiscito para derogar la ley 27.610 y la primera versión de la Bases intentó reformular expresiones en la Ley de Mil Días para “proteger al niño desde la concepción”, pero la iniciativa nunca prosperó. Incluso la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci presentó un proyecto para derogar la norma, pero nunca se trató.

Villarruel entonces busca aportar a la horadación oficialista al consenso sobre el aborto, aunque su aplicación está en jaque por las políticas de ajuste del Gobierno. Según un relevamiento también publicado por este diario, faltan medicamentos y habilitaron consejerías ilegales para disuadir a las mujeres a que no aborte. Además, dejaron de publicarse números oficiales sobre el acceso al derecho y la provisión de medicamentos para IVE quedó en manos de cada provincia y municipio.

Sin dar cifras oficiales, la vice publicó en Twitter como dato suficiente para cuestionar la legalidad de la ley de que “hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego”, provincia que cuenta con 185.732 habitantes, según el censo 2022. Según un relevamiento de Chequeado, si se suman los procedimientos registrados en los años en los que la ley estuvo vigente (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público. A diciembre de 2024 el Ministerio de Salud no había dado a conocer qué cantidad de abortos legales se habían realizado en el país durante el primer año de gestión de Milei.

En ese marco Villarruel invitó a que diserten dentro del Congreso a un puñado de referentes ultras. Participaron Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien encabezó la exposición “Cambio demográfico. La gran transición poblacional”. El académico llegó a escribir en un paper de 2018 que “el aborto podrá ser legal, pero nunca seguro, nunca inocuo y menos gratuito. Esta ley no tiene fundamento científico ni sanitario y menos bioético”.

También estuvo invitada Paola del Bosco, presidente de la Academia Nacional de Educación, que durante el debate parlamentario estuvo muy en contra de la ley, que primero fracasó durante la gestión de Mauricio Macri y finalmente se sancionó con Alberto Fernández. Bosco llegó a mencionar la necesidad de que Argentina sea “un país joven”, en contraposición a los países europeos, en los que “ya no hay niños”. Su panel para este martes estuvo titulado “Promoción de la familia y su impacto en el desarrollo de habilidades”.

También estuvieron en la conferencia Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, coordinadoras de La Merced Vida, un grupo ultracatólico que suele promover acciones públicas cada 25 de marzo. Ellas presentarán el panel “El cuidado de la maternidad adolescente en situación de vulnerabilidad”.

Y está agendada la participación de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado, funcionario del círculo de Villarruel, quien ayer escribió un texto en su blog defendiendo “la libertad religiosa” contra el derecho al aborto, pese a que la norma no obliga a las mujeres a practicar la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es un derecho voluntario. Su intervención estuvo titulada “Protección jurídica de la persona por nacer en el marco de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

MC

El Día Internacional de la Mujer encuentra a los feminismos dando peleas que hace tiempo se creían terminadas. Si la discusión alguna vez fue de políticas y reclamo de recursos para combatir la desigualdad de género, en 2025 de pronto hay que volver a demostrar la existencia de la problemática. 

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en los primeros dos meses del año hubo 52 femicidios. En 19 casos había denuncias previas que no alcanzaron para prevenir el asesinato. Sin embargo, la postura del Gobierno sigue siendo la planteada por Javier Milei en el Foro de Davos: que el femicidio no existe como tal. No importa la evidencia, ni siquiera la que produce el propio Estado. El último informe de la Corte Suprema indica que el 88% de las víctimas de 2023 (último dato oficial disponible) conocían a su agresor, en el 64% de los casos se trató de una pareja o ex. La decisión política de ignorar la naturaleza particular de la problemática deja desamparadas a las víctimas. 

Implica, además, un retroceso que no es sólo declamatorio: bajo la falacia de que “la violencia no tiene género” se eliminó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y se reconfiguró la línea 144, antes dedicada a violencia de género y ahora abierta a otras víctimas de violencia sin tener en cuenta la especificidad de la problemática y la especialización de las operadoras. De todas formas, el recorte presupuestario hizo estragos en la cantidad de personal y cayeron las campañas de difusión. 

ELA (Equipo Latinoamericano de Género) impulsó un recurso de amparo que en diciembre ordenó al Estado frenar la reducción de recursos humanos e infraestructura a las áreas encargadas de prevención de la violencia de género. Se les instó a que expliquen de qué manera están cumpliendo con su rol de protección contra la violencia de género, previsto en la ley 26.854. No hubo respuesta y han apelado la medida desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cuneo Libarona. “Hay un claro desincentivo a recurrir a los espacios de ayuda”, denuncia Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.

“Las organizaciones feministas populares seguimos ahí donde no está el Estado. Pero haciendo malabares porque la crisis económica golpea y tenemos menos recursos para ofrecer. Estamos en modo de supervivencia”, asegura Raquel Vivanco, directora del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, que fundó en 2015. El Programa Acompañar, que ofrecía ayuda económica para que víctimas pudieran salir de relaciones violentas ha sido virtualmente cancelado: las beneficiarias han disminuído en un 98%.

Organizaciones en jaque

Shalom Bait es una organización de la comunidad judía y abierta a la sociedad en general. Atienden de manera integral a mujeres víctimas de violencia, madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. “Estamos en una situación de emergencia financiera y a la vez con demanda creciente”, explica Tamara Santoro Neiman, coordinadora del área de prevención. Ofrecen acompañamiento psicológico y patrocinio jurídico. Sólo en 2024 asistieron a 447 mujeres. En enero sorprendieron con un pedido de ayuda económica en las redes sociales: “Trabajamos desde 2003 y nunca nos había pasado”, explica Santoro Neiman. No es la única ONG que acusa el impacto de la crisis económica. Fundación Huésped también denuncia la situación más acuciante en 35 años de trabajo, que incluye prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva. Para muchos programas de asistencia, las dificultades económicas vernáculas encuentran un agravante en la avanzada conservadora a nivel internacional. Muchos fondos del exterior (públicos y privados) han sufrido recortes en consonancia con el nuevo tiempo político, en especial desde la nueva asunción de Donald Trump. 

Las empresas no son ajenas a esta ola: aquellas nunca habían visto la diversidad como estratégica o transversal a sus intereses están cancelando las iniciativas con la misma velocidad con las que crearon las áreas“, asegura Agustina Kupsch, antropóloga y fundadora de Panóptico Social. 

Sin derecho a decidir

En materia de derechos sexuales y reproductivos, el ataque es en todos los frentes: recortes en acceso al aborto, pero también a los anticonceptivos y la educación sexual integral. Algunos programas continúan figurando, pero con reducciones de recursos que los vuelven letra muerta.

El Plan ENIA, que había logrado reducir 49% la tasa de fecundidad adolescente en apenas cuatro años ha sufrido un recorte de más del 65%. “Se desmanteló la política pública en materia de salud sexual y reproductiva y se ha interrumpido la compra y distribución de insumos esenciales recomendados por OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad, lo que pone en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina. A esto se suma el faltante de métodos anticonceptivos, los ataques a la educación sexual integral y las suspensiones en la entrega de insumos del Plan Mil Días. En definitiva, hay una desresponsabilización del Estado que abandona a las mujeres niñas y adolescentes en su derecho a elegir libremente su proyecto de vida”, denuncia Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina. El plan Mil Días es el que se había aprobado en paralelo al aborto legal en 2020 para garantizar el derecho a decidir también de quienes deciden parir y maternar. Para ellas, tampoco hay. 

Muchas provincias han salido a cubrir aquellos insumos que antes garantizaba el Estado Nacional. Tampoco es uniforme la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006 y cuestionada ahora desde el gobierno central. Como respuesta, un dato: el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires indica que entre el 70% y 80% de los denunciantes de 12 y 14 años lograron identificar situaciones de abuso gracias a la ESI. Pero la Ciudad es uno de los distritos que puso los contenidos bajo revisión. 

No hay plata

En los barrios populares el desborde se ve también en las carencias económicas. “Las situaciones de violencia han aumentado porque las políticas de ajuste repercuten dentro del hogar. Dentro de los barrios siempre se recurrió a las promotoras, pero ahora ellas también están buscando una changa con la que sostenerse. Falta lo que se había empezado a trabajar con la ley de Integración socio urbana y la de emergencia social”, dice Dina Sánchez, secretaria federal adjunta de UTEP. Dice que hoy la principal preocupación de las mamás es el narco: “Están desesperadas porque se aprovecha esa miseria para buscar a los pibes y hacerlos soldados”. 

“Para nosotras es muy importante poner en evidencia lo que está significando el modelo económico de Milei: el nivel de crisis social que hace imposible la autonomía económica para salir de la violencia. Una de las demandas principales que impulsamos es que vencen las moratorias previsionales y 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar”, marca Luci Cavallero, del Colectivo Ni Una Menos, que convocó el sábado a la marcha bajo la consigna “Contra el hambre, el saqueo y la crueldad. Milei sos una estafa”.

DTC

Desde nacimientos notables, hasta un incidente que marcó a una generación y la sanción de una ley por los derechos de las mujeres, algunos de los hitos que marcaron la historia nacional e internacional un 30 de diciembre:

DM

Meses atrás, María se enteró de que estaba embarazada, con un retraso de pocos días. No quería seguir adelante. Decidió ir al hospital Materno Infantil de San Isidro, el más cercano a su domicilio, y donde una de sus vecinas había interrumpido un embarazo sin ningún inconveniente, muy bien acompañada. María fue tranquila y confiada. 

Cuando llegó a la Maternidad le dijeron que tenía que pasar por un consultorio. En la puerta leyó “Maternidad Vulnerada”. No entendió muy bien qué significaba, pero esperó. Entonces se presentaron unas mujeres que le dijeron que eran voluntarias de un grupo llamado “Obstetricia Escucha”, y que querían escuchar el porqué de su elección. Ella explicó sus razones: estaba sola, sin pareja ni trabajo.

 Las mujeres empezaron a interrogarla, cuestionaron su decisión.

—Te vas a perder lo más lindo que te puede pasar en la vida, que es ser mamá—, le dijeron.

—No puedo afrontar esta situación, estoy decidida—, respondió ella.

Ante su resistencia, la llevaron a hablar con el director asociado de Obstetricia, quien volvió a cuestionar y la mandó a su casa para que lo pensara mejor.

A los pocos días María volvió, sabía que no debía dejar pasar mucho tiempo, que cuanto antes mejor. La recibieron nuevamente las voluntarias. Ella les repitió que quería interrumpir el embarazo, que estaba desesperada. Las mujeres le insistieron para que siguiera adelante.

—Si tenés a tu bebé te vamos a acompañar durante los dos primeros años—, prometieron.

Le regalaron un par de escarpines y la mandaron de nuevo a su casa. María comprendió que no debía volver a ese lugar. Buscó otro hospital en Zona Norte, donde sí pudo interrumpir aquel embarazo no deseado.

Las Marías de este mundo

María no se llama María (y no quiere revelar su identidad por miedo), pero más de sesenta millones de mujeres se llaman así. Es el nombre más común del mundo, un mundo donde cada año se realizan 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados son interrumpidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 39.000 muertes de mujeres por abortos inseguros, la enorme mayoría en países donde la práctica es ilegal.

En Argentina el aborto es legal desde su aprobación en el Congreso de la Nación, en la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero de 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir –sin dar explicaciones- la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso. 

Hubo otra María en San Isidro, con distinta suerte. Ella pidió interrumpir el embarazo, y las voluntarias también intentaron persuadirla. Pero tuvo miedo, se fue y terminó sometiéndose a un aborto inseguro en un lugar incierto que le provocó una sepsis generalizada. Tuvo que ser internada en terapia intensiva en el hospital central. 

“Esta agrupación de voluntarias religiosas se jactan que, desde que empezaron, bajaron las IVE”, denunciaron médicas de la institución. Cifras oficiales confirman la disminución: comparando los registros de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial de 2023 y 2024 las prácticas fueron 60 menos en el último año. “Es totalmente ilegal lo que están haciendo”, asegura Gisela Stablum, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial. “A raíz de diferentes tipos de comunicaciones que hemos recibido sobre el Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil recordamos la obligatoriedad del marco normativo vigente, las obligaciones asumidas por el Hospital y la Secretaría, como así también las responsabilidades que acarrea cualquier tipo de incumplimiento”, recordó a la Secretaría de Salud del municipio. 

El Concejo Deliberante hizo un pedido de informes al Ejecutivo: “Hemos recibido denuncias de vecinas de San Isidro que expresan su preocupación ante la imposibilidad de llevar adelante procedimientos de IVE, incumpliendo con lo dictado por la ley nacional”. No hubo respuesta.

Médicas, funcionarias y concejales locales aseguran que hay una avanzada anti derechos, que las voluntarias son religiosas del Opus Dei y que no deberían estar dentro de la maternidad, pero que están habilitadas por los nuevos directivos, que se oponen al aborto y bajan la línea de objeción de conciencia al resto del personal.

San Isidro parece sumarse a otro municipio bonaerense que no garantiza el aborto, como San Miguel, que se declaró “pro vida” en 2018. 

Hace poco, una nena de 13 años violada por su tío pidió una interrupción legal en un hospital de Exaltación de la Cruz. La institución no se opuso, pero pidió tutela para la niña por la situación familiar. Se presentó un defensor, pero no para apoyar a la niña sino “al niño por nacer”. Semejante figura judicial no existe, pero es promovida por la Procuración bonaerense, que ya envió “defensores de niños por nacer” en varios casos. 

Cada día se escuchan más historias de obstaculización de este derecho. No sólo en la zona norte bonaerense sino en muchas provincias. 

Tres años de avances, uno de retroceso

El último informe oficial de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es de diciembre de 2023 y dice que 250 mil personas accedieron a un aborto seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la IVE es legal hasta esa fecha. Desde entonces no hay datos porque el gobierno libertario suspendió la publicación de informes de rendición de cuentas. Lo que sí se sabe es que Nación dejó de comprar y distribuir insumos para las prácticas de IVE e ILE y hasta anticonceptivos. No da apoyo financiero a las provincias en lo relacionado a temas de salud sexual y reproductiva. 

Para garantizar el derecho al aborto se necesitan insumos, el misoprostol y la mifeprestona son los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. “Nación dejó de proveer misoprostol y mifepristona, lo último que recibieron las provincias fue el año pasado”, aseguran desde la Red de Referentes de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Es decir, que se garantice el aborto depende de la situación financiera y la voluntad política de cada municipio y cada provincia, lo que profundiza aún más las evidentes desigualdades de este país federal.

Las prestaciones están incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. La ley no dice que Nación debe pagar todo, pero sí que es responsable de que se cumpla la ley.

El Proyecto Mirar -una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health-, se lanzó en 2021 para controlar si se cumplía la ley. Sus reportes aseguran que en los tres primeros años la ley se cumplió, aunque el acceso podía ser dispar según las provincias, o por trabas, como la objeción de conciencia de ciertos actores, pero concluyó que se había alcanzado “un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva”.

También relevó que en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.

Ahora no hay estadísticas oficiales para analizar. Se sabe, por las redes de socorristas y profesionales, que se está tratando de hacer todo lo posible. También destacan que muchos funcionarios, aunque no acuerden del todo con este derecho, tratan de garantizar la ley por una cuestión de costos: es más barato comprar misoprostol que costear los gastos asociados a las complicaciones de abortos inseguros. 

“A cuatro años de la ley vemos que los sectores reaccionarios del avance de nuestros derechos se vieron profundamente amenazados y por eso vienen a querer destruir todo lo que nos llevó tantos años lograr. La ley es parte de un proceso de debate democrático histórico y una muestra de que la organización no sólo logra reformas de Ley sino un piso mínimo y fundamental para disputar poder y autonomía sobre nuestros cuerpos”, dice Martina Ferretto, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“A diferencia de otros países que siguen luchando por el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina la lucha fue por un derecho que es personal, político y colectivo –asegura-. Porque el derecho al aborto es un bien para la sociedad en su conjunto, es un bien para los feminismos comunitarios que nos permiten pensar otros mundos posibles donde las desigualdades sociales y las violencias no sean el régimen de convivencia como así lo proponen desde el gobierno en articulación con la extrema derecha global”.

Del faro luminoso al oscurantista

Gracias a los movimientos feministas de Argentina, y las leyes de avanzada que se lograron conseguir -incluida la de aborto-, se dice desde hace años que el país es un faro no sólo para la Región sino para el mundo. Un faro que se apaga con las medidas regresivas del Gobierno libertario, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con todos sus programas de protección, y el desmantelamiento del Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado reducirlo a la mitad en cinco años.

Argentina también retrocede en política exterior: ha sido el único país que votó en contra de apoyos a mujeres y diversidades, pueblos originarios, cambio climático e incluso el abuso y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Los grupos conservadores y de extrema derecha se han apropiado, una vez más, de ciertas palabras. Tomaron la “vida” para su slogan “pro-vida” antiaborto, tomaron la “libertad”, para armar “La Libertad Avanza”. Y tomaron “faro”. 

El mes pasado estos grupos junto al gobierno lanzaron la “Fundación Faro”. Al frente está el politólogo Agustín Laje, uno de los principales referentes de la ultra derecha local, autor de varios libros en los que habla en contra de las izquierdas, los feminismos, el progresismo y lo que él llama el globalismo, en el que arremete contra la agenda 2030 de Naciones Unidas y cualquier idea de unidad entre países. 

Laje es un ferviente opositor al aborto, al que describe como “el asesinato de un ser humano en gestación”. Habla de gametos, biología, células, ADN, y metafísica, dejando de lado cualquier argumento psicológico o social. “No hay nada más violento que hacer un aborto”, asegura. En su visión no importan los riesgos de salud que corren las mujeres. Tampoco si fueron violadas. En sus declaraciones públicas sobre el tema habla de bisturíes, aspiradoras y descuartizamientos. 

Laje es uno de los principales asesores de Milei. Y la cabeza de la batalla cultural contra el progresismo. Los más entusiastas le auguran una carrera política, incluso como eventual sucesor de Javier Milei. El faro del oscurantismo. 

MA

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que en 2025 el bloque oficialista de La Libertad Avanza intentará presentar un proyecto para derogar o modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Yo soy pro vida. Pañuelo celeste, de acá a la China”, dijo el legislador libertario en diálogo con el periodista Alejandro Fantino en Neura Media. “Se puede hacer. Puede haber una ley para derogar la anterior o cambiar la que está. Podría ser un proyecto para el año que viene”, añadió.

El riojano reconoció que “no cree que el oficialismo tenga los números” dado a la baja cantidad de legisladores propios con los que cuenta en ambas cámaras del Congreso, pero reiteró que “le gustaría la idea” de reformar la ley sancionada en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Menem subrayó que las Elecciones Legislativas de 2025 serán importantes para avanzar con esta iniciativa. “La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos”, aseguró, dado que si el oficialismo logra una mayoría parlamentaria podría aprobar un proyecto en ese sentido.

El presidente Javier Milei ya se pronunció en varias ocasiones en contra del aborto legal y lo describió como “un asesinato agravado por el vínculo”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, de hecho, presentó en febrero un proyecto para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero este no prosperó.

“Ha sido el desmantelamiento total”. Quien habla es Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (FEIM), y una de las mayores referente del femenismo. Así, Bianco sintetiza la situación de las políticas género en Argentina a casi un año de la llegada de Javier Milei al país. Y advierte: El “discurso de odio” del Gobierno “está generando violencia y persecución” contra las mujeres.

Bianco, con 83 años y más de cuatro décadas de lucha por los derechos de las mujeres, señala: “Ha sido el desmantelamiento total. Empezó por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que redujo a una Subsecretaría del Ministerio de Capital Humano; luego lo cerró y traspasó esta responsabilidad al área de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Y desde que está ahí, no pasa nada”.

En una entrevista con EFE, hizo el balance del primer año de Milei en el Gobierno y agregó que las mujeres están desamparadas y no tienen donde acudir: “La línea 144 (atención telefónica a víctimas) no la cerraron, pero la achicaron a tal nivel que cuando llamas, te derivan a otra área geográfica”. En Buenos Aires “atienden, pero solo en algunos horarios”.

“En otras provincias los horarios son muy chicos, no tienen presupuesto ni personal. Estamos ante un retroceso (...), acabaron con el proceso de acompañamiento y con el apoyo económico a las mujeres. Todo lo relativo a la justicia, que ya estaba con una gran rémora, está paralizado. Ahora no queda nada de todo lo que tiene que ver con la atención contra la violencia”, enfatiza.

No hay plata

La clave del desmantelamiento de los servicios de apoyo y protección a las mujeres está en la decisión del Gobierno de Milei de trasladar a las provincias competencias que antes eran del Estado central, pero sin dotarlos de recursos económicos ni especialistas.

La dirigente feminista detalla que en el programa de salud sexual y reproductiva “han atrasado las compras de insumos (...). Faltan preservativos, algo tan elemental, y muchísimos anticonceptivos. Las provincias no tienen capacidad para poder suplir eso”.

“Acabaron con el programa, tan exitoso, de prevención del embarazo en la adolescencia, que con muy poco dinero consiguió en cinco años disminuirlos en un 50 %”, advierte. 

Sobre la educación sexual dice que “el Ministerio de Educación no sabe, no contesta”. Este programa, “que se había estimulado con la captación de docentes, está en 'stand by'”, y el programa Acompañar “también se acabó. Ya no hay ninguna posibilidad de que las mujeres tengan asistencia legal”.

Aborto y violencia de género

La ley del aborto sigue vigente porque no la han podido derogar, “pero según donde se viva hay acceso o no, porque los servicios se desmantelaron o no hay medicamentos, como misoprostol o mifepristona (...), esto genera una enorme desigualdad en el acceso”, agrega Bianco.

“Esto es sabotear la democracia (...), están siendo ilegales”, denuncia la médica, quien sostiene que “no hay cómo ejercer el derecho”.

La presidenta de FEIM también se refirió a los femicidios, de los que el Observatorio de La Casa del Encuentro lleva contabilizados 269 en lo que va de año, dice: “Tenemos una muerte cada 32 horas y no hemos conseguido bajar (las cifras)”.

Desde la FEIM pidieron explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos, pero no tuvieron ninguna respuesta. Por eso, Bianco cree que “esto va a seguir” y que “la mayor fuerza es la denuncia internacional”.

En este contexto se ha disparado la persecución y el miedo, asegura. “El Gobierno tiene un grupo informal que funciona desde la Presidencia y que emite mensajes por las redes, atemoriza y llega a generar situaciones de riesgo. Algunas organizaciones han sido atacadas, por eso todo el mundo está atemorizado”, afirma la activista.

“Está en riesgo la democracia, porque en nombre de la libertad nos han quitado el derecho a reclamar nuestros derechos”, insiste.

Para Bianco, los “discursos de odio” de Milei y su Gobierno en foros internacionales o en el Congreso de la Nación “están generando una violencia que excede a las redes, con la persecución a médicos y médicas que están haciendo los servicios” de interrupción del embarazo. 

“Se persigue a quienes hablan, a las ONG que expresan diferencias, a periodistas, a legisladores”, agrega.

“Hay tal temor que la gente se está retrayendo” y “Argentina se está aislando del mundo”, considera Mabel Bianco, a quien en 2019 la BBC incluyó en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo.

Con información de EFE

“El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”. Eso piensa el catedrático conservador Manuel García-Mansilla, desde hoy nuevo miembro de la Corte Suprema, sobre la ley del aborto: que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en el 2020, es ilegal y debería borrarse del mapa de los derechos en el país. La expresión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral –vinculada al ala ortodoxa de la Iglesia– fue su primera expresión pública desde el 28 de agosto, día que expuso en el Senado como aspirante al Máximo Tribunal en un tono más matizado.

El énfasis de lo escrito por García-Mansilla en un libro de reciente publicación choca con lo que respondió a los legisladores en aquella audiencia en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. En su momento ratificó su rechazo al aborto legal –como lo hizo durante el primer debate de la norma, en 2018–, aunque buscó salir de la presión de las preguntas de los radicales y peronistas: dijo que “las leyes vigentes se tienen que cumplir” y se atajó con adelantar cualquier definición suya en un hipotético caso de la Corte: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”. 

Pero ahora las verdaderas ideas de García-Mansilla quedaron expuestas como parte de un flamante libro presentado el 5 noviembre pasado en la Cámara de Diputados –que conduce Martín Menem– y auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (UA): El misterio de la vida y la injusticia del aborto. John Finnis y la inviolabilidad de la vida (editorial Ábaco). La presentación contó entre sus oradores a un nutrido número de voces reconocidamente antiabortistas y con resortes en el poder libertario, como el procurador general de la Nación, Rodolfo Barra, y Ursula Cristina Basset, asesora en Cancillería ligada a Karina Milei y Santiago Caputo.

También estuvieron en la exposición en la Cámara baja Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la UA; Eduardo Sodero, juez de Santa Fe; Pilar Zambrano, abogada por la UCA y doctora por la Universidad de Navarra, entre otros oradores que también escriben en el libro. Un fuerte lobby antiabortista que tiene a las universidades de raigambre católica como grupos de presión y usinas de difusión. Sugestivamente, entre los oradores en Diputados no estuvo García-Mansilla.

En el compilado de más de 600 páginas que recupera escritos del filósofo del derecho tomista nacido en Australia, el entonces candidato a la Corte del Gobierno firma un texto titulado “La inconstitucionalidad de la legalización del aborto en la República Argentina”. Allí expone que  la norma entra en una fuerte contradicción con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Los argumentos de García-Mansilla son los mismo que utilizó en otros momentos, con el agregado que ahora es miembro del tribunal. No solo señala que explícitamente la norma va contra la Constitución, sino que pide que sea derogada. A su modo adelanta cuál sería su posición si la IVE se judicializa. Esta postura toma especial relevancia en un contexto global en el que países como Estados Unidos avanzan con iniciativas para revocar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos y donde, en muchos casos, la Justicia suele tener la última palabra.

En el texto incluso el catedrático va más allá. Aventura que la ley generaría una “industria lícita” sobre el aborto y se acerca a una acusación de asesinato contra las mujeres que harían uso del derecho al aborto –“terminar con la vida de su hijo”, escribe–.

Este jueves, Garcia Mansilla juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hizo durante el Acuerdo de Ministros, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, “y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes”, informaron fuentes judiciales

Letra antiabortista de García-Mansilla

García-Mansilla empieza su texto apuntando que la sanción de la Ley 27.610 “fue un trámite rápido y sin mayores debates”, pese a que era la segunda vez en dos años que la norma se discutía en el Congreso. Al inicio aclara que su crítica “no depende ni está basada en argumentos de índole moral o religioso”. Ante el Senado, el catedrático negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia.

Según el juez designado por Milei a la Corte, la ley del aborto tienen un inevitable destino en tribunales porque en su texto no se contempla “que el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido y protegido en varias disposiciones de nuestro derecho interno a nivel provincial y a nivel federal, tanto en leyes, tratados internacionales, constituciones provinciales, fallos de la Corte Suprema como en la Constitución Nacional”. Al dar detalles de todas esas normativas, carga las tintas contra los legisladores: “El Congreso trató todas estas previsiones normativas como si no existieran”, escribe. El Senado aprobó el proyecto de IVE por 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. En Diputados la iniciativa había conseguido 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

“No hablé sobre toda la ley”, había dicho en su exposición en agosto en la Cámara alta, cunado defendió sus cuestionamientos a la ley del aborto en 2018, puntualmente en el artículo 4 inciso a) del primero proyecto de 2018, que refería sobre la legalización. Pero en su flamante texto en el libro sobre Finnis, García-Mansilla apunta contra el grueso del articulado: “La mala técnica legislativa no se agota en no haber expresado qué normas se pretendía derogar. La ley 27610 es notoriamente imprecisa en otros puntos”, dice antes de desarrollar los artículos 1, 2 y, obviamente, el 4. 

“¿Es lo mismo despenalizar que legalizar el aborto? No. Despenalizar implica que una conducta que se considera delictiva deja de ser sancionada con una pena en determinadas circunstancias”, apunta el abogado. Y critica la norma porque impulsaría una “industria” abortista: “La legalización implica que esa conducta deja de ser delictiva y pasa a ser aceptada como el ejercicio normal de un derecho. Tan es así que, a partir de la sanción de la ley 27610, el ofrecimiento de servicios de abortos legalizados podría constituir el ejercicio de la llamada ‘industria lícita’ a que se refiere el art. 14 de la Constitución nacional”.

Luego García-Mansilla insiste con la contradicción de la ley respecto a tratados internacionales firmados por la Argentina. “Nuestro país jamás se obligó en sede internacional a reconocer un derecho al aborto. Por el contrario, dejó sentada su posición de forma clara y contundente a favor de reconocer una protección del derecho intrínseco a la vida de los niños desde la concepción y hasta los 18 años de edad”, afirma. Y exige que para que la norma esté libre de ser judicializada debe reformarse la Constitución: “Hasta tanto no se reforme la Constitución y se eliminen las referencias tanto a la CDN como a su jerarquía y las condiciones de su vigencia, desde la perspectiva del derecho interno argentino, la legalización del aborto tiene aquí un obstáculo constitucional insalvable”.

Y cuando indica que la IVE choca contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4.1. “no permite que la vida de una persona quede librada a la decisión arbitraria de otra”, la califica de un acto próximo al asesinato. Acusa de esa acción al Congreso por su legislación votada y a las personas gestantes que deciden abortar. “El Congreso viola una norma de jerarquía superior al pretender garantizar un derecho irrestricto a terminar con la vida de un niño por nacer, sin expresión de causa, sujeta al libre arbitrio de quien toma la decisión de terminar el embarazo”, se lee en la página 330 del libro. Más abajo García-Mansilla agrega: “A partir de la ley 27610, la supervivencia y el desarrollo del niño dejan de estar protegidos por la ley y quedan sujetos a lo que disponga la madre, que no tiene necesidad de justificar la decisión de terminar con la vida de su hijo y puede decidirlo a su voluntad y arbitrio”.

Ya en el apartado de las conclusiones, García-Mansilla se despacha contra el Parlamento por supuestamente haberse saltado los límites constitucionales con la ley del aborto: “El Congreso no actuó en el momento de sancionar la ley 27610 como ‘creatura’ de la Constitución, sino como si fuera su creador o dueño, cosa que no puede hacer”. 

Es entonces cuando García-Mansilla pide abiertamente la derogación de la IVE y la califica de inconstitucional, siendo ya candidato de Milei a la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”, exige. “Sin embargo, no creo que ello ocurra –advierte rápidamente–: el aborto despierta las pasiones más encontradas y, lamentablemente, una mayoría circunstancial en el Congreso no optó como hubiera debido por una solución que se ajuste a las disposiciones de nuestro sistema constitucional. Por el contrario, aprovechando un momento ciertamente peculiar, eligió tomar partido radicalmente por aquellos que consideran que el aborto debe ser un derecho y una conquista política, sin importar la forma en que se lo consagre”. 

En sus últimas líneas, García-Mansilla adelanta potenciales trabas judiciales a la ley del aborto y lanza una advertencia velada a un derecho adquirido sancionado, que podría leerse en línea con la llamada batalla cultural que busca llevar adelante Milei, en este caso motorizada por las usinas ultracatólicas que representaría el candidato del Gobierno a la Corte: “[Se] abrió la puerta para muchísimas discusiones y planteos judiciales que obligarán, seguramente, a revisar nuevamente una cuestión en la que aún no se ha dicho la última palabra”.

MC/JJD/DTC

Nueva York, Colorado, Maryland, Missouri y Arizona, entre otros, votaron a favor de enmiendas constitucionales que protegerán el acceso al aborto tras la derogación de la sentencia del Supremo Roe v. Wade que garantizaba este derecho a nivel federal.

En el caso de Maryland, donde el aborto ya es legal, la reforma consagra en la constitución “el derecho a la libertad reproductiva, incluida y no limitada a la habilidad para tomar decisiones para prevenir, continuar o terminar el embarazo”. La medida complica cualquier intento de revertir el derecho al aborto.

En Missouri, donde Donald Trump ha ganado con un 63% de los votos y el primero en ilegalizar el aborto tras la revocación de Roe v. Wade, ha aprobado una reforma constitucional que protege el derecho al aborto, revocando así una prohibición casi absoluta. La petición ciudadana legalizará el aborto hasta las 24 semanas. “No aceptamos que se nos imponga esta pesadilla”, afirmó Tori Schafer, directora adjunta para política y campañas de la ONG de derechos ACLU Missouri.

Por su parte, la medida en Nueva York no es tan explícita, ya que amplía las leyes contra la discriminación sobre la base de “sexo, incluida orientación sexual, identidad de género, embarazo y salud reproductiva”.

Colorado, donde actualmente no hay límite gestacional, también reforzó la protección del aborto en la Constitución. La medida, además, elimina el actual veto constitucional a la financiación pública para los abortos, lo que permitiría al estado cubrir este proceso a través del programa Medicaid.

Otro de los estados en los que el aborto estaba en la papeleta es Arizona, que aprobó una enmienda que consagra el derecho al aborto en la constitución estatal. La proposición creará el “derecho fundamental” a abortar hasta la viabilidad del feto, es decir, hasta la semana 24 de embarazo, con excepciones tras este periodo si un médico decide proteger la vida de la madre.

En Nevada también ha salido adelante la medida por el derecho al aborto, pero no entrará en vigor hasta 2026, cuando los electores deberán volver a votar la enmienda.

Aunque en la campaña electoral el republicano ha asegurado que no impondrá una prohibición nacional, sino que dejará a los estados elegir, Trump siempre se ha jactado de ser el artífice de la eliminación de Roe vs Wade.

Entre los estados que han votado sobre medidas para proteger el aborto, destacan los casos de Florida, Dakota del Sur y Nebraska, donde han fracasado las iniciativas para blindar el derecho al aborto. En Florida, por ejemplo, se mantendrá vigente la prohibición al aborto a partir de la sexta semana. En este caso, la mayoría de los votantes votó a favor de levantar la prohibición al aborto, pero la participación no alcanzó el 60% necesario.

“La realidad es una minoría de los votantes de Florida ha decidido que la Enmienda 4 no se apruebe”, ha lamentado Lauren Brenzel, directora de campaña de la Campaña Sí a la 4, mientras se le caían las lágrimas. “La realidad es que una mayoría acaba de votar para poner fin a la prohibición del aborto en Florida”, ha añadido.