El gasto realizado por el Estado argentino en salud sexual y reproductiva cayó un 57% desde 2023, año en que asumió el ultraderechista Javier Milei, según un informe elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), publicado este lunes con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

El reporte anual de Proyecto Mirar, señala que el programa de Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable de Argentina cayó un 57% y estuvo acompañada por una disminución en las cantidades de métodos anticonceptivos adquiridos por el Estado.

La estimación del informe indica una caída del 93% en la cantidad de mujeres protegidas entre 2024 y 2026: pasaron de 1,2 millones en 2024 a 63.000 proyectadas este año

Las reducciones presupuestarias además implicarían 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales y, según una modelización de sus autores, 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 abortos que podrían haberse evitado.

Estima además 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. Se trata de proyecciones realizadas a partir de los cambios en la cobertura anticonceptiva, no de muertes o abortos registrados como consecuencia de esos recortes.

En paralelo, el informe contabilizó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en 20 provincias durante 2025, en el subsector público. La cifra no muestra cambios significativos respecto de 2024 en esas mismas jurisdicciones.

La tasa estimada fue de 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023 (7,49), último año con información para todas las jurisdicciones. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72% de las interrupciones informadas.

El relevamiento advierte, sin embargo, sobre diferencias en la disponibilidad de insumos. Ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de medicamentos para los servicios de aborto, 13 provincias continúan el acceso con presupuesto propio.

El informe señala que el desempeño fue heterogéneo según los insumos y las jurisdicciones.

En 2025 había además 1.846 efectores del sistema público que garantizaban el acceso a la IVE/ILE. La mayoría de los procedimientos se realizaron con medicamentos y, en 11 provincias, al menos el 90% de las interrupciones se efectuaron hasta las 12 semanas de gestación.

Los investigadores también registran barreras para acceder a la información. Solo seis jurisdicciones contaban con un teléfono gratuito, WhatsApp o correo electrónico específico para consultas sobre IVE/ILE.

En la línea nacional 0800SaludSexual, las consultas vinculadas con interrupciones del embarazo representaron el 94% de las llamadas, y la mayoría correspondió a personas que reportaban dificultades para acceder a los servicios.

El reporte fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública realizados a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, complementados con otras fuentes públicas. Los datos sobre abortos corresponden a 20 provincias y no incluyen información del sector privado ni de obras sociales.

Desde 1990, cada 28 de septiembre se celebra mundialmente el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una jornada destinada a visibilizar las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y reclamar su despenalización y legalización.

Argentina cuenta desde 2021, año que entró en vigencia, la Ley 27.610, que permite el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.

El 28 de septiembre es, desde hace más de tres décadas, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, una fecha que nació en América Latina y que cada año vuelve a encender una misma consigna: el derecho a decidir. En Argentina, el movimiento feminista prepara un nuevo pañuelazo frente al Congreso y acciones simultáneas en distintas ciudades del país y de la región.

No es solo una jornada de protesta: es un recordatorio histórico, político y regional de que el aborto legal fue, es y seguirá siendo una demanda que atraviesa fronteras, en tiempos en los que el gobierno de Milei y los divulgadores de la batalla cultural libertaria apuntan contra el corazón de los derechos adquiridos en el país desde fines de 2020, con la sanción de la Ley 27.610. La normativa continúa vigente, pero desde la asunción de La Libertad Avanza al frente del Ejecutivo, el acceso efectivo al aborto enfrenta problemas de financiamiento, provisión de medicamentos y desigualdades territoriales.

“En un contexto político donde el gobierno de Milei pretende avanzar sobre derechos conquistados por la lucha de los movimientos feministas, seguimos en campaña, en defensa de la vida; la salud; la integridad física; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Es un tema de salud pública, derechos humanos y justicia social”, indicaron desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Un origen latinoamericano: de San Bernardo al continente

La efeméride se estableció en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. Allí, activistas de toda la región declararon el 28 de septiembre como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

La propuesta vino de la mano de la delegación brasileña, que recuperó un antecedente histórico: el 28 de septiembre de 1871, Brasil promulgó la Ley de Libertad de Vientres, que liberaba a los hijos e hijas de mujeres esclavizadas. La fecha buscaba unir dos luchas que el feminismo latinoamericano entendía inseparables: la autonomía corporal y la libertad.

Desde entonces, el 28S se expandió desde el sur hacia el norte, con una lógica anticolonial y antirracista, y hoy es una jornada global asumida por redes feministas en Europa, África, Asia y Norteamérica.

Por qué se recuerda el aborto legal cada 28 de septiembre

El 28S nació para visibilizar una realidad que sigue vigente: los abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres se debe a abortos inseguros.

La fecha se convirtió en un día de acción para exigir a los Estados:

En América Latina, donde conviven avances y retrocesos, el 28S funciona como un termómetro regional: muestra qué países amplían derechos y cuáles los restringen.

Argentina: entre la conquista y los desafíos del presente

La sanción de la Ley 27.610 en 2020 convirtió a Argentina en referencia regional. La norma garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación o riesgo para la salud.

Pero la implementación enfrenta tensiones: recortes en políticas de salud sexual, dificultades en la provisión de anticonceptivos y medicamentos como misoprostol y mifepristona, y retrocesos en programas como el Plan ENIA. Organizaciones feministas y profesionales de la salud advierten que la ley, sin presupuesto ni insumos, corre riesgo de volverse una promesa incompleta.

En ese contexto, el 28S vuelve a ser una jornada clave para defender una conquista que no está garantizada por sí sola.

El pañuelazo frente al Congreso y las acciones en el país

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una concentración en Plaza Congreso para este 28 de septiembre. Habrá pañuelazos, intervenciones artísticas, lecturas colectivas y actividades de organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y de profesionales de la salud. Desde las 16 habrá talleres de reflexión y debate frente al Congreso, intervenciones sobre pañuelos —se invita a llevar el propio—, feria de libros y batucada; más tarde se realizará la lectura de un documento y, a las 18.30, el pañuelazo.

En paralelo, se realizarán acciones en:

El pañuelo verde —símbolo nacido en Argentina y adoptado en toda la región— volverá a ser el emblema de una demanda que no retrocede: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Una fecha que sigue interpelando

El 28S no es un aniversario ni una celebración. Es una advertencia y una promesa. Una advertencia sobre los riesgos de los retrocesos y los fundamentalismos que avanzan en la región. Y una promesa de que la lucha por la autonomía corporal sigue siendo colectiva, regional y persistente.

En Argentina, el pañuelazo frente al Congreso será, otra vez, una forma de decir que los derechos conquistados no se negocian. Que la libertad de decidir es parte de la democracia. Y que cada 28 de septiembre, desde hace 36 años, América Latina vuelve a levantar la voz para recordarlo.

“La llamada 'cultura de la muerte' (...) se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en el impulso de ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”. La pluma de Victoria Villarruel abre un libro de 206 páginas que el Senado acaba de publicar para intentar horadar políticas públicas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vincularla con la baja natalidad, situación que ya fue negada científicamente. La publicación fue presentada el martes pasado en la Cámara alta, en un acto donde se ausentó la vice por estar a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Nueva York pero con presencia de senadores libertarios como Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado) y Carmen Álvarez Rivero.

El libro, titulado Políticas para cuidar la vida, de distribución gratuita y venta prohibida, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la Cámara; es decir, impreso con recursos del Senado. El volumen compila las exposiciones de cuatro seminarios realizados durante 2025 en el Palacio Legislativo —sobre el llamado “Día del Niño por Nacer”, niñez y familia, adicciones, y trata de personas— y funciona como un programa ideológico con el aval institucional de Villarruel.

En cuatro capítulos, hay una cruzada contra el aborto, el “descarte” y la “cultura de la muerte”. La clave de ese programa aparece condensada en el prólogo del libro, firmado por la vice: “El desafío demográfico que enfrenta Argentina, con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, no es un problema meramente estadístico. Es un síntoma de una crisis cultural más profunda, marcada por lo que he denominado una 'cultura de la muerte', que, en lugar de celebrar el milagro de la vida, la presenta como una carga y un obstáculo al desarrollo individual del ser humano. Frente a ello, Políticas para cuidar la vida propone una revolución moral, espiritual y política: una revolución que no se resigna al descarte, que no abandona a las madres en su vulnerabilidad, que no considera a los niños como un obstáculo, sino como la mayor promesa de nuestro futuro”.

La evidencia disponible no respalda la causalidad que propone Villarruel, que ya fue reproducida por Milei. Los estudios sobre la caída de la natalidad en Argentina —que en la última década se redujo casi a la mitad— coinciden en señalar causas económicas (dificultades para acceder a la vivienda, precarización laboral, costo de la crianza), sociales (maternidad cada vez más tardía, cambios en los vínculos de pareja) y de autonomía reproductiva, antes que una supuesta crisis moral. También por la caída del embarazo adolescente gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). El acceso a la anticoncepción y al aborto legal aparece en esos análisis como un factor que permite posponer la maternidad de forma más segura, no como su causa. De hecho, el proceso de caída de la natalidad comenzó antes de la sanción de la IVE, en 2020.

Tampoco ayuda a la tesis de Villarruel la experiencia de los países que el libro toma como modelo, incluso con los propios datos que exhibe. El volumen presenta como modelos a imitar los de Hungría, Italia y Estados Unidos. Sobre Hungría, un capítulo asegura que “los abortos se han reducido de 80.000 en 1980 a menos de 24.000 en 2020” y que la tasa de fecundidad “aumentó de 1,23 en 2011 a 1,59 en 2020” gracias a los subsidios de Viktor Orbán. Lo que el libro omite es que, según cifras oficiales húngaras posteriores, esa tasa volvió a caer a 1,39 en 2024, y que buena parte de la suba previa reflejó nacimientos adelantados en el tiempo, no un aumento real de la fecundidad, pese a que Hungría destina cerca del 5% de su PBI a subsidios familiares, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Italia, el otro espejo natalista que recorre el libro, tiene hoy una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa pese a los incentivos fiscales del gobierno de coalición derechista.

Ese cruce entre natalidad y aborto es explícito en el libro. En la introducción, Isolina Correa Monterrubio, directora de Relaciones Internacionales del Senado, escribe que “la adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad”.

El primer capítulo, que retoma la conferencia “25 de marzo: Día del Niño por Nacer” —una actividad reaccionaria contra la ley del aborto—, es el que dedica más espacio a cuestionar puntualmente la ley 27.610. Un artículo firmado por Lorena Aguilar y Matilde Gagliolo, de la organización ultracatólica La Merced Vida, sostiene que la norma “restringe la capacidad de los profesionales de salud para explorar opciones alternativas o brindar un asesoramiento integral que contemple la continuidad del embarazo” y que ese marco normativo “se configura, de facto, como un incentivo estructural que favorece el aborto sobre otras posibles resoluciones”.

También tiene presencia en el libro Abel Albino, pediatra y fundador de la Fundación CONIN, que despliega su fórmula de siempre contra la desnutrición infantil: preservar el cerebro en los primeros mil días de vida, educar, y garantizar cloacas, agua corriente y luz eléctrica, todo envuelto en su estilo de prédica. Albino ya fue duramente cuestionado por sostener que el VIH “atraviesa la porcelana” y que el preservativo no protege de la transmisión. En febrero de 2024, en plena polémica por los alimentos retenidos en los galpones de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para distribuir mercadería a comedores, acuerdo renovado en junio de ese año.

El mismo texto cuestiona cómo se cumple en la práctica el consentimiento informado que exige la ley y concluye que “la implementación de la ley 27.610 ha difundido el acceso al aborto y no ha resuelto las carencias en el acompañamiento que la mujer con embarazo vulnerable necesita”. El artículo incluye además el testimonio en primera persona de Gagliolo sobre un aborto clandestino que atravesó a los 18 años, presentado como argumento central contra la ley vigente, y cita en su bibliografía los estudios de Vincent Rue y Priscilla Coleman sobre un supuesto “síndrome posaborto”, una hipótesis que ni la OMS ni las principales asociaciones de psiquiatría reconocen como diagnóstico clínico y que buena parte de la literatura científica considera sin sustento epidemiológico.

El cuestionamiento más extenso y técnico a la ley aparece en el artículo de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado, titulado “La protección jurídica de la persona por nacer en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Allí escribe: “Insólitamente, en el art. 3° del texto legal, con un epígrafe denominado 'Marco normativo constitucional', se citan diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos para justificar la sanción de la ley” 27.610, que —afirma— “legaliza el aborto a simple demanda”. El autor desmenuza además el artículo 4° de la norma, que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de invocar motivo, y sostiene que las excepciones previstas para después de esa fecha (riesgo de vida o de salud de la persona gestante) “en realidad habilitan el aborto de personas por nacer que son viables, sin límite de tiempo alguno”. Cierra el punto denunciando lo que llama “la utilización de un lenguaje deshumanizante” en el texto legal.

La adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad

Ese cuestionamiento legal desemboca en un capítulo de “iniciativas y proyectos” que propone crear una Defensoría de los Derechos del Niño por Nacer —inspirada explícitamente en la figura del Ombudsman for the Unborn Child de Polonia— y otras figuras de protección jurídica prenatal, con “experiencia internacional” tomada de Polonia, Hungría, Malta y El Salvador, cuatro de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. El mismo apartado dedica una sección a “iniciativas legislativas con antecedente internacional en la promoción de la natalidad” que, además de Hungría e Italia, incluye a Estados Unidos: cita como “marco legal provida” el fallo de la Corte Suprema estadounidense en Dobbs v. Jackson (2022), que anuló el derecho constitucional al aborto y devolvió su regulación a los estados, y afirma textualmente que “la Heritage Foundation, a través de su Project 2025, propone un modelo de gobernanza inspirado en Hungría, que incluye fortalecer la familia mediante reformas institucionales y educativas que prioricen valores tradicionales”.

El capítulo cierra con otra intervención de Villarruel, que retoman la fórmula del prólogo: “Emerge también la llamada 'cultura de la muerte', que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto (...) ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento (...) Es un mensaje terrible”.

El segundo capítulo, “Niñez, adolescencia y familia”, avanza sobre otro frente: la educación sexual integral y los tratamientos de identidad de género en adolescentes. Uno de los textos incluidos celebra el DNU 62/2025, el decreto con el que el Gobierno modificó la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o quirúrgicos de modificación corporal. La norma fue impugnada judicialmente por organizaciones LGBT+ y, este año, una Cámara Federal la declaró inconstitucional, aunque la discusión sigue sin resolución definitiva en instancias superiores.

El tercer capítulo, sobre adicciones, exhibe el contraste más marcado del libro entre contenido profesional y discurso ideológico. Conviven allí la mirada clínica del psiquiatra Federico Pavlovsky sobre el impacto de las pantallas y las apuestas online en adolescentes —con referencias a estudios de The Lancet y UNICEF— y una intervención del padre Ariel Solé, presidente de la Comisión de Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de La Plata, que enmarca el consumo problemático en una teoría conspirativa sobre una “guerra cognitiva”. En su exposición, Solé cita sin criticar un libro titulado El proyecto de la izquierda y el gran capital para describir lo que llama una “ingeniería social”: “Destrucción de las sociedades, y para esto hay que destruir la familia, imponer la ideología de género, promover inmigraciones descontroladas, sacar el sentido a la libertad. Hay que abortar, permitir matar; la muerte se hace natural, y el proyecto que impera es un proyecto de muerte y de destrucción”.

El cuarto capítulo, sobre trata de personas, es el más alejado en tono del resto: reúne a jueces, fiscales, referentes de la Iglesia y funcionarios del Ministerio Público que abordan el fenómeno con datos y un enfoque consensuado sobre prevención y asistencia a víctimas. Pero incluso allí reaparece el cruce con la agenda antiaborto: las conclusiones de Villarruel incorporan la subrogación de vientres como una forma de trata y cierran el libro con la misma premisa de “la vida desde la concepción”: “Un niño no es un producto (...), es un fin en sí mismo, un ser digno de amor, respeto y protección desde el momento de su concepción”.

MC

El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, firmó el pasado jueves la adhesión del país suramericano a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento de una alianza internacional de países que condenan el aborto.

Según informó la Cancillería argentina, “la Declaración reafirma la protección de la vida humana y a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”.

En las últimas horas, Agustín Laje, el politólogo aliado a Javier Milei y uno de los principales difusores de las ideas de la libertad que pregona el mandatario, además de fundador de la Fundación Libre, el centro de estudios de orientación conservadora, pilar de la “batalla cultural” de los libertarios, y director de la Fundación Faro, otro organismo clave para la defensa de las ideas del oficialismo, celebró la noticia en sus redes sociales y calificó de “excelente” la decisión del Gobierno de apoyar la declaración que condena el aborto.

“Argentina se suma a la Declaración de Ginebra, por medio de la cual una serie de países se comprometen a defender la vida en todas sus etapas, y la familia contra el embate de la ideología de género. Fundamental: dicha declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de que los Estados lo financien o faciliten. Por desgracia, el kirchnerismo, el peronismo, la izquierda y el centrismo bienpensate legalizaron el genocidio prenatal en la Argentina. Precisamente por eso, la adhesión al Consenso de Ginebra es tan importante: mientras seguimos dando la batalla interna para recuperar la protección jurídica de la vida, Argentina deja de utilizar su política exterior para promover el aborto y pasa a integrar una coalición internacional que defiende la vida, la familia y la soberanía de las naciones”, escribió Laje en su cuenta de X.

El repudio de a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Por otra parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó su repudio ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de formalizar la adhesión del país la alianza internacional que promueve políticas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo.

A través de un pronunciamiento público, la organización advirtió que la medida representa un alineamiento ideológico con sectores internacionales que buscan restringir los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, señalaron que la adhesión internacional no modifica el marco legal interno, por lo que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en diciembre de 2020, continúa plenamente vigente en todo el territorio nacional.

“Repudiamos la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra promovido por la gestión de Trump. Esta medida no modifica la legislación vigente, pero refleja un alineamiento ideológico con una coalición de derecha que busca restringir derechos reproductivos”, comenzó el comunicado que se difundió en redes sociales.

Desde la Campaña rechazaron la adhesión al Consenso de Ginebra, calificándolo como un alineamiento ideológico con sectores conservadores que atentan contra la autonomía corporal y los derechos de las mujeres y disidencias. “No es una defensa de 'la vida y la familia', sino una cruzada internacional contra la autonomía, los derechos de las mujeres y disidencias, y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos”, argumentaron, al tiempo que remarcaron que esta adhesión diplomática no altera la legislación nacional aprobada en 2020, denunciaron un desfinanciamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y la desarticulación del Programa Remediar como mecanismos de obstaculización.

Para la Campaña, la decisión del gobierno libertario “plantea un grave problema de inconstitucionalidad. El Ejecutivo debe respetar las leyes del Poder Legislativo. Una decisión política no puede desconocer una ley vigente ni habilitar un retroceso en derechos ya adquiridos. Esta medida viola los principios de no regresión y progresividad en DDHH, que impiden al Estado avanzar deliberadamente hacia la restricción de derechos ya reconocidos y garantizados”, reafirmaron. Y concluyeron: “Exigimos que los derechos de las mujeres y disidencias sexo-genéricas sean respetados y garantizados en Argentina y en todo el mundo”.

Qué votó el Gobierno

El Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia es una declaración contra el aborto firmada en octubre de 2020 por impulso, entre otros, de los entonces presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro.

Por su parte, la coalición de carácter conservador sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y defiende la soberanía de cada país para fijar sus propias leyes y políticas de salud pública.

Principios y contenidos clave de la declaración

No tiene fuerza legislativa ni de ejecución; funciona como plataforma de coordinación diplomática en foros multilaterales. Su adhesión no obliga a cambiar leyes nacionales, aunque puede influir en políticas y en la proyección internacional de los países signatarios.

“Nos incorporamos a esta coalición para aportar liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda fundada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El embajador de EE.UU. en Argentina estuvo en la firma

En el acto de la firma de adhesión estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, y la directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Bethany Kozma.

Según informó Lamelas a través de la red social X, en el acto de la firma de la adhesión de Argentina hubo un diálogo con “embajadores de la región sobre la promoción de la salud y el bienestar de mujeres y niñas y el fortalecimiento de la familia”.

“Más de 40 países ya forman parte de esta iniciativa. Esperamos que más naciones de nuestro hemisferio se sumen”, afirmó el diplomático estadounidense.

Milei, que considera a Trump uno de sus principales aliados en materia de política exterior, ha manifestado en reiteradas oportunidades estar en contra del aborto.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo está vigente en Argentina desde enero de 2021 y garantiza el acceso al aborto de forma libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación, inclusive, en todo el sistema de salud.

Con información de agencias.

La Justicia ordenó al municipio de San Isidro suspender un protocolo ilegal que impedía a las mujeres poder acceder al aborto en los centros de salud municipales. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 hizo lugar a la mayoría de los puntos de la medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigiendonoslas que el municipio garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos amparados por la ley nacional y con resguardo de la intimidad de las personas que soliciten la práctica.

La resolución establece que las intervenciones deberán realizarse de acuerdo con la Ley 27.610, el Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la Guía de la Provincia de Buenos Aires.

Al fundamentar su decisión, la jueza María Paula Vénere señaló que la interrupción del embarazo es una prestación especialmente sensible al paso del tiempo y que las demoras burocráticas pueden terminar impidiendo, en los hechos, el ejercicio del derecho. En esta instancia preliminar, consideró suficientemente acreditado que el protocolo municipal incorporaba exigencias que no están previstas en la Ley 27.610.

“La organización del sistema de salud no es jurídicamente neutra: cuando se diseña o se aplica de modo tal que retarda, fragmenta, descoordina u obstaculiza el acceso efectivo a prestaciones de salud sexual y reproductiva, puede comprometer la responsabilidad estatal y configurar una forma de violencia institucional u obstétrica”, señaló la jueza en su fallo.

El caso se inició en junio, cuando Amnistía Internacional presentó una demanda contra la Municipalidad de San Isidro para solicitar la suspensión del protocolo municipal.

En noviembre de 2024, una nota de elDiarioAR dio cuenta de como la gestión de Ramón Lanús venía poniendo trabas para el cumplimiento de la Ley 27610 que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, se sumó la aparición de distintos grupos antiderechos que montaron un Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil donde se intentaba convencer a las mujeres de no abortar.

El fallo de Vénere da cuenta de la imposición de intervenciones psicológicas, obstáculos adicionales para acceder a la interrupción legal del embarazo por la causal salud, mecanismos que podían comprometer la confidencialidad y circuitos administrativos susceptibles de generar demoras indebidas.

La magistrada analizó esas barreras en el marco de las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio de su autonomía corporal, su salud integral y su derecho a una vida libre de violencias. En ese sentido, sostuvo que la organización del sistema sanitario no es jurídicamente neutra cuando su diseño o aplicación retarda, fragmenta, descoordina u obstaculiza el acceso efectivo a prestaciones de salud sexual y reproductiva, y advirtió que esas prácticas pueden comprometer la responsabilidad estatal y configurar violencia institucional u obstétrica.

El fallo también cuestionó el alcance que el protocolo municipal le otorgaba a la causal salud para acceder a la interrupción legal del embarazo. Según la resolución, ese concepto debe ser interpretado de manera integral e incluir sus dimensiones física, psíquica y social, de acuerdo con los estándares establecidos por la normativa vigente.

La organización del sistema de salud

La Justicia no hizo lugar a uno de los pedidos formulados por Amnistía Internacional: que, en esta instancia preliminar, se ordenara garantizar las interrupciones del embarazo también en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La jueza consideró que no corresponde definir ahora un esquema específico de distribución territorial de la prestación sin contar con mayor prueba y debate.

Sin embargo, la decisión tampoco avala la política municipal de concentrar la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil. Por el contrario, establece que la suspensión del protocolo obliga al municipio a organizar sus servicios de salud de manera compatible con la Ley 27.610 y con el resto del marco normativo vigente.

De esta manera, la resolución busca impedir que requisitos administrativos, circuitos internos o decisiones sobre la organización del sistema sanitario se conviertan en obstáculos para acceder de manera efectiva y oportuna al aborto en San Isidro.

“Esta resolución constituye un precedente muy relevante porque deja en claro que la organización administrativa de un sistema de salud nunca puede justificar el desconocimiento de derechos reconocidos por ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La representante de la organización cuestionó además que las restricciones hayan sido establecidas mediante un protocolo municipal. “Ningún municipio puede pretender reescribir una ley nacional”, afirmó Belski, quien reclamó que San Isidro cumpla de manera inmediata con lo ordenado por la Justicia y garantice el cumplimiento de la legislación vigente.

Clara Muzzio respondió con un extenso posteo en X a la ola de críticas que generaron sus declaraciones de la semana pasada, cuando calificó a la Educación Sexual Integral (ESI) como “una trampa mortal” y al aborto como “la cultura de la muerte”. En el texto, la funcionaria denunció haber recibido, junto a su familia, mensajes que le “deseaban la muerte”, y sostuvo que la reacción en su contra estuvo protagonizada por “periodistas, legisladores y usuarios de redes sociales”.

Según su relato, la frase que desató la controversia —“hay dos sexos, masculino y femenino”— no debería haber generado semejante nivel de hostilidad si se tratara solo de una afirmación biológica. Para Muzzio, la magnitud de las respuestas confirma que esa definición tiene, para quienes la cuestionan, “un enorme significado político” que no están dispuestos a discutir. Interpretó las críticas no solo como un ataque personal sino como la búsqueda de “una sanción ejemplar” que funcione de advertencia para desalentar cualquier cuestionamiento futuro a las políticas de identidad de género.

La vicejefa insistió en que su postura no implica juzgar la orientación sexual de nadie ni contradice la igualdad ante la ley, pero remarcó que adoptar la definición biológica del sexo sí pone un límite al paradigma identitario que disocia la identidad de género del sexo biológico. En esa línea, calificó a las políticas de identidad de género como un “dogma” que se pretende imponer como verdad incuestionable pese a definirse a sí mismo como una construcción social, y que, por lo tanto, según su razonamiento, podría debatirse o modificarse.

Sobre la ESI, Muzzio matizó parte de su crítica original. Reconoció que el programa tuvo “efectos positivos” en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores, un dato que definió como “de enorme valor”, y dijo estar convencida de que ese rol de detección temprana debe profundizarse. Sin embargo, sostuvo que sería posible diseñar contenidos específicos para esa función sin necesidad de mantener lo que llamó el “adoctrinamiento ideológico” de los programas actuales, y volvió a citar el aumento de sífilis, gonorrea, clamidia y VIH como evidencia de que la ESI no logró mejorar la prevención de infecciones de transmisión sexual.

En el tramo dedicado a las políticas públicas, la funcionaria reivindicó dos medidas impulsadas durante la gestión libertaria y del PRO porteño: el decreto presidencial que puso fin a los tratamientos de hormonización y a las cirugías de reasignación en adolescentes que hasta entonces se realizaban en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres, y la decisión del gobierno de la Ciudad de terminar en 2025 con el cambio de sexo en el DNI para mayores de 16 años sin aval familiar, una disposición vigente desde 2021.

Muzzio cerró su descargo rechazando las críticas que la señalan como “conservadora”, un término que dijo no representarla porque, según su definición, vive “un tiempo vertiginoso” de cambio de ideas. Reivindicó el derecho a cuestionar dogmas, revisar los contenidos de la ESI, reclamar el fin del aborto y sostener que la crianza de los hijos es un derecho de las familias y no del Estado.

La respuesta de la vicejefa llega después de que la polémica escalara de la Legislatura porteña al Congreso: el diputado Esteban Paulón le envió una carta documento intimándola a retractarse, mientras que su par Maximiliano Ferraro citó datos oficiales —como los relevados por el Ministerio Público Tutelar porteño— que muestran el rol de la ESI en la detección de abusos contra menores. El propio gobierno de Jorge Macri había buscado despegarse de las declaraciones originales de Muzzio, al aclarar que no representaban una posición oficial.

MC

El gobierno de Jorge Macri en la Ciudad no pudo esquivar las críticas que despertaron los dichos sobre la Educación Sexual Integral (ESI) por parte de Clara Muzzio, la vicejefa porteña. Este miércoles tuvo que enfrentar las críticas el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, al dar su informe de gestión semestrar en la Legislatura. Se refirió al tema con una explicación escueta y sin entrar de lleno en la polémica. En las últimas horas, a los pedidos de disculpas y a los rechazos de organizaciones de la sociedad civil que recibió por decir que la ESI “es una trampa mortal” y calificar al aborto como parte de “la cultura de la muerte”, se sumaron cartas documento que le reclaman formalmente una retractación pública.

El informe de gestión que protagonizó Sánchez Zinny tuvo un condimento particular: quien la presidió fue la propia Muzzio, que es por función titular del cuerpo legislativo porteño. Fue entonces cuando varios legisladores opositores aprovecharon para exigir explicaciones directas sobre si Jorge Macri comparte la posición de su vicejefa.

Emmanuel Ferrario, del bloque porteño de Horacio Rodríguez Larreta, fue directo: “Me encantaría saber si el Ministro de Salud y la Ministra de Educación del GCBA piensan igual” que Muzzio, dijo, y calificó sus dichos de “muy peligrosos” y que “atrasan”. Le exigió a Sánchez Zinny y a Macri que aclararan “si la posición de Muzzio es compartida por el resto del Gobierno” y anunció que su bloque presentó un pedido de informes para que los ministros de Educación y Salud den precisiones sobre el tema.

También Leandro Santoro, del peronismo, le exigió una disculpa pública: “Con respeto, le voy a pedir que reflexione porque la vicejefa de gobierno debe pedir disculpas por sus declaraciones a las personas que ofendió”. Santoro vinculó además los dichos de Muzzio con otras declaraciones de Jorge Macri sobre el rol de las iglesias católicas en la asistencia a sectores pobres, y resumió: “Llegó el malismo a la CABA”.

La respuesta abierta de Sánchez Zinny

Acorralado por las preguntas, Sánchez Zinny no repitió ninguna de las frases más duras de Muzzio, pero tampoco la desautorizó de manera explícita. Optó por una respuesta abierta, que no lo comprometía con ninguno de los dos bandos. Dijo sobre la ESI: “Su implementación alcanza todos los niveles de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sus contenidos se encuentran incorporados de manera transversal, formando parte tanto en las instancias de educación como en la formación docente. La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia; y asegurar que las enseñanzas se desarrollen con criterio pedagógico acorde a cada etapa evolutiva”.

Al final de su respuesta, Sánchez Zinny dejó abierta la disposición oficial del gobierno porteño de revisar los contenidos, algo que ya se alentó el año pasado: “Ahora bien, ello no impide, como muchos legisladores manifestaron, la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas.” El jefe de Gabinete administró la polémica sin resolverla: ni ratificó el discurso de Muzzio ni garantizó que la ESI se mantendrá intacta.

Carta documento

Pero el rechazo a los dichos de Muzzio dejó de ser sólo discursivo. Legisladores opositores, con el diputado nacional Esteban Paulón —referente de la comunidad LGBT+— a la cabeza, le enviaron a Muzzio cartas documento intimándola a retractarse públicamente de sus declaraciones sobre la ESI y el aborto.

Lejos de bajar el tono ante estas críticas, Muzzio redobló la apuesta este miércoles con un extenso posteo en X en el que intentó justificar sus dichos con una sobreexplicación cargada de estadísticas: defendió un “enfoque biológico” de la educación sexual, citó el aumento de casos de sífilis entre jóvenes de 20 a 29 años y sostuvo que la ESI “no es una vacuna” contra las enfermedades de transmisión sexual y que, de serlo, “nadie dudaría en retirarla”. También afirmó que “hoy, luego de casi 20 años de ESI, muchos jóvenes y adolescentes no usan preservativos” y calificó la situación de “una calamidad”. Esa segunda intervención fue la que estaba fresca cuando Sánchez Zinny subió al estrado de la Legislatura, horas más tarde.

Los datos oficiales distan del diagnóstico de Muzzio: según el Ministerio de Salud de la Nación, los embarazos en menores de 20 años cayeron 67% entre 2005 y 2024 (de 107.109 a 35.292), en el período que coincide con la implementación de la ESI y el Programa ENIA. Y el propio Ministerio Público Tutelar porteño —que depende de la Justicia, no del Ejecutivo— confirma que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI.

MC

Las consultas y denuncias vinculadas a dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo crecieron un 300 % durante 2025 en comparación con el año anterior, según un informe difundido por Amnistía Internacional, que advirtió sobre un “grave deterioro” en las condiciones de acceso a este derecho en Argentina.

El relevamiento fue presentado en la previa del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora este 28 de mayo, y señala que durante 2025 la organización recibió 406 denuncias y consultas por obstáculos para acceder al aborto, frente a las 102 registradas en 2024.

De acuerdo con el informe, los recortes en políticas de salud sexual y reproductiva, junto con la falta de insumos y el retiro del Estado nacional de programas vinculados al área desde el inicio del gobierno de Javier Milei, trasladaron el costo de acceso a las personas gestantes.

La organización sostuvo que más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y que casi todas registraron problemas de abastecimiento de mifepristona, medicamentos fundamentales para garantizar abortos seguros.

Además, el documento cita datos oficiales según los cuales en 2025 hubo 191 llamados a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud nacional relacionados con la falta de insumos.

“Cuando el acceso depende de la capacidad de respuesta de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El informe también advierte que en distintos centros de salud públicos se informó a pacientes que debían comprar por su cuenta la medicación necesaria para realizar la práctica. Según el relevamiento, esos tratamientos pueden costar hasta 300.000 pesos.

La organización registró incluso casos de personas que evaluaron endeudarse o pedir préstamos para acceder a una intervención que la legislación argentina garantiza de manera gratuita.

Entre las provincias más afectadas aparece Salta, donde se concentró casi la mitad de los llamados vinculados a la falta de insumos.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en Argentina a fines de 2020 y cumplió cinco años el pasado diciembre. Según los últimos datos oficiales disponibles, entre 2021 y octubre de 2023 más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el país.

En los últimos meses, distintas organizaciones feministas y de derechos humanos vienen denunciando un aumento de las barreras para acceder a la práctica, en un contexto en el que Milei expresó en reiteradas oportunidades su rechazo a la ley.

Con información de la agencia EFE

En estos tiempos de contextos regionales con mensajes, proyectos y acciones gubernamentales que afectan negativamente a mujeres de todas las edades y condiciones, un refugio es recuperar la memoria de lo logrado, de lo vigente. Porque no comenzamos de cero. Hay un largo y fructífero camino recorrido y protagonizado por ellas, con acciones concretadas que cambiaron la historia de todas, y de todos. Sí, de todas y todos, porque ellas –nosotras– cuando accedemos a un derecho negado por siglos, aportamos a mejorar la sociedad.

Una de esas memorias históricas esta semana cumplió 20 años. Sucedió en Colombia e impactó en toda América Latina y Caribe.

Miré en loop este video que muestra colombianas sonriendo, saltando, festejando. Ese registro es del 10 de mayo de 2006, cuando recibieron la confirmación de la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional de Colombia que dejó atrás la prohibición total del aborto en el país.

A partir de ese momento se accede al derecho cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de incesto y violencia sexual, y cuando existe una grave malformación fetal incompatible con la vida. 

Luego, en 2022 la Corte Constitucional amplió el derecho al aborto mediante la Sentencia Causa Justa, despenalizándolo totalmente hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales de la C-355.

¿Qué dicen las estadísticas de la situación de salud y vida de las mujeres en estos 20 años?

Colombia ha logrado “una reducción notable” en las cifras de mortalidad y morbilidad materna, pasando de 70.1 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2006, a 45.6% actualmente, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, aporta Laura Pedraza.

Ella es abogada feminista y magister en Derecho Internacional con estudios de bioestadística aplicada a la Salud, y actualmente está a cargo de la incidencia política de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres de Colombia.

Estas mejores condiciones en la vida de las mujeres, lo atribuye a un sistema normativo sanitario “robusto” que considera el aborto como un servicio de salud básico y gratuito. 

Logrado el derecho, siempre hay desafíos. ¿Cuáles son los más destacables?

“Persisten desafíos en el acceso que incluyen el desconocimiento o la negativa a aplicar las sentencias por parte de los prestadores de servicios de salud, la falta de protocolos y fallas en el servicio como malos tratos o falta de información”, resume la abogada colombiana Cristina Rosero Arteaga, magíster en Derechos Humanos y asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

La profesional explica que si bien la objeción de conciencia individual está permitida “no debe constituir un obstáculo”, mientras que la objeción institucional está prohibida. 

“La falta de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales contribuye a estas barreras, afectando especialmente a mujeres y niñas en zonas rurales o alejadas de las capitales, así como a personas trans, migrantes en condición irregular y aquellas que enfrentan discriminación racial”, agrega.

Pedraza añade la experiencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que, desde 2006, brinda acompañamiento legal a mujeres y niñas que enfrentan barreras de acceso al aborto: “Muchas veces los obstáculos son por falta de información o por miedo a las repercusiones sociales”. Es el caso de muchas niñas y adolescentes que “no pueden expresar su libertad y su autonomía por miedo a las consecuencias que puedan llegar a tener en sus hogares o ante la sociedad”.

Para llegar a las sentencias de la Corte, en paralelo, hubo y hay un trabajo de las organizaciones para sostener la despenalización social del aborto. ¿Cómo se hace y por qué es importante?

Arteaga dice que la despenalización social busca “cambiar imaginarios, mostrando que el aborto es una realidad que no es fácil, pero que siempre ha existido, y debe ser abordada desde la salud pública, no desde el derecho penal”.

Y Pedraza resalta “la conversación pública” que pone en cuestión el estigma y los prejuicios, y permite “entender la necesidad de las mujeres de acceder a este procedimiento”.

La despenalización social “evidenció el hecho de que este tema no debe quedarse oculto ni debe ser dejado por fuera de la discusión pública. Es una manera muy eficaz de crear confianza en el sistema de salud, de facilitar que más personas se acerquen a pedir información y que de esa manera puedan tomar decisiones libres e informadas que no pongan en riesgo ni su salud ni su integridad”.

Entonces ¿no se trata sólo del enfoque penal?

Arteaga responde que “es importante y hay que seguir avanzando en dejar de pensar en una lógica en donde el derecho penal es la única forma de regulación”, ya que se trata también “de la autonomía reproductiva y corporal de las mujeres”, algo que los fallos de la Corte analizan en profundidad.

Esa jurisprudencia sólida que “regula el aborto por medio del sistema de salud, por medio de política pública sanitaria en realidad puede permitir que las mujeres, niñas, personas trans, no binarias accedan a servicios de manera mucho más digna, pero también de manera mucho más rápida”.

Pedraza suma que los cambios legales “no sirven por sí solos y que es muy necesario acompañarlos de una transformación cultural que pueda realmente facilitar su implementación adecuada”.

El impacto en la región

Colombia cuenta entonces con una de las despenalizaciones más amplias de América Latina y el Caribe, que ha servido de referente para otros países, y que se alinea a los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “que cuestionan el uso excesivo del derecho penal en estos casos”, explica Pedraza.

Arteaga agrega que “se espera que esto contribuya a reducir muertes por procedimientos inseguros y la criminalización”.

Desde Argentina, la abogada Agustina Ramón Michel que integra la secretaria colegiada del Consorcio Latinoamérica Contra el Aborto Inseguro (Clacai), afirma que la sentencia de la Corte de Colombia fue “un parteaguas”.

“Le hizo un crac al imaginario de la época que presentaba al aborto como una cuestión criminal (y eventualmente de emergencia médica). Fue una inspiración además por varios de sus argumentos legales que hablaban de que era innecesario el sinnúmero de trámites y comités de ética para interrumpir un aborto por violacion, por ejemplo”.

La también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) define la decisión como “constitucionalista humanista” en el sentido de que “se toma en serio la dignidad de las personas”.

En estas dos décadas, Uruguay, Argentina y México han legalizado el aborto, en tanto en Cuba se despenalizó en la década de 1960, y Guyana fue el primer país sudamericano en legalizarlo en 1995.

Estos avances siempre están en disputa, están atravesados por los cambiantes contextos políticos en la región. De hecho, Colombia elige nuevo gobierno el 31 de mayo próximo, y ante cada elección, en cada país latinoamericano, estos derechos vuelven a cuestionarse, como lo demuestran las posturas del argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele.

Por eso, siempre es necesario recuperar la historia de las conquistas que transforman vidas, sistemas de salud y democracias, para sostenerlas en cada coyuntura.

SM/MG

“Vos sos mi abogada feminista, ¿sabés?”, le dice Paola Ortiz a Julia Luna este miércoles 21 de enero.

Paola incorporó la palabra “feminista” en septiembre de 2025, cuando vio los adelantos de la película Belén en el televisor del penal de Bouwer, en Córdoba, donde está detenida desde hace 13 años.

“Sí, Pao. Y te vamos a sacar de ahí”, le responde Luna, al teléfono.

Paola vio las imágenes de la película primero con perplejidad y después se sintió menos sola porque se vio reflejada en Belén. “Lo mío es bastante parecido”, dijo. Asoció el papel de Dolores Fonzi con la abogada que tiene hace 4 años, Julia Luna. 

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice una vez más a Luna, quien integra la organización Feministas Católicas por el Derechos a Decidir.

Tras 13 años prácticamente invisibilizado, el caso de Paola, que ingresó al penal con 29 años y hoy tiene 42, tomó alguna relevancia nacional tras la proyección de Belén. Su defensa aprovechó el impacto del film para exponer su historia, una de las cientos que existen en el país con características similares al de Belén.

Criminalización de emergencias obstétricas

El mismo día del estreno de la película, una joven de 18 años, sin saber que estaba embarazada, tuvo un parto abrupto en el inodoro del baño de su casa, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y se desmayó en un charco de sangre.

Horas después despertó en una cama del Hospital de Moreno, en el área de Maternidad, rodeada de bebés llorando. Según denunciaron, médicos le mostraron el feto en una caja y le exigieron que lo reconociera. “Este es tu hijo, reconocelo. Ahora vas a ir presa por matar a tu bebé”, le dijeron a la joven que abría los ojos tras el desmayo.

Sus padres, sumisos, que habían encontrado el feto en el inodoro, siguieron las indicaciones del personal médico y policial. “Corresponde que su hija vaya presa, tienen que prepararse para esa situación”, les advirtió una médica.

El caso llegó a la Campaña Nacional por el Aborto. Una de sus integrantes, Rosana Fanjul, ingresó al hospital. “Tuve que ponerme una campera para tapar la remera de la Campaña porque no me dejaban entrar”, relata. Tras comunicarse con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, lograron evitar la detención.

“Los médicos la dejaron internada en Maternidad, junto a otros bebés. Fue una tortura. Ella cursaba el secundario y no sabía que estaba embarazada. A raíz de esto abandonó la escuela y quedó con un cuadro de salud mental muy delicado; hoy está en tratamiento psiquiátrico”, explica Fanjul.

Si bien no existe un número actualizado, una investigación realizada en 2020 por la Campaña junto al CELS y otras organizaciones relevó 1.532 mujeres criminalizadas, un 25% por emergencias obstétricas y el resto por abortos espontáneos, casi siempre bajo figuras penales agravadas.

“Son mujeres en extrema vulnerabilidad, acusadas de homicidio agravado por el vínculo partiendo de la premisa de que el feto es persona. Incluso encontramos autopsias falsas: demostramos que no hubo nacimiento con vida”, señala Fanjul.

Tras los casos de Belén y de Patricia Solorza, que murió esposada a una cama por una peritonitis tras cuatro años detenida por un aborto espontáneo, las organizaciones decidieron iniciar el relevamiento.

Libertades logradas y causas abiertas

“Empezamos a recorrer las provincias y logramos la libertad de 20 mujeres que aceptaron nuestra representación”, cuenta Fanjul. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, identificaron 22 casos más: solo en uno hubo una detención.

Por su parte, Lucía de la Vega, del área de Género y Diversidad del CES, resume los casos de criminilización en situaciones de emergencias obstétricas que les solicitaron intervención en 2025.

“En Santiago del Estero hubo tres casos de criminalización, entre ellos el de Julieta, condenada en 2023 por homicidio agravado y cuya pena fue luego revisada y morigerada por el Superior Tribunal de Justicia”, detalla.

“En la provincia de Buenos Aires, acompañamos el caso de Juana, procesada desde 2020; pese a reiterados pedidos de absolución, el fiscal sostuvo la acusación, el juicio oral ya tiene fecha y hay recursos ante la Suprema Corte por violaciones como el secreto profesional que aún no fueron resueltos”, advierte.

“En Azul, una joven detenida tras una emergencia obstétrica fue absuelta en primera instancia en 2025, pero la fiscalía apeló y la causa sigue pendiente, con una defensa oficial excelente”, destaca.

Paola, 13 años presa

La mañana del 21 de enero, Paola se despertó muy temprano y espero varias horas sentada en el colchón de su celda hasta que habilitaron el horario de las llamadas telefónicas.

“¿Hay alguna novedad?”, la mujer condenada a perpetua preguntó.

“No”, respondió Julia Luna. Junto a Rocío García Garro, es abogada de Paola desde 2022. En 2024 impulsaron un recurso de revisión para que se revea con perspectiva de género su situación judicial, que la responsabiliza desde 2015 –tras un juicio con jurados populares–, por la muerte del bebé que dio a luz el 31 de octubre de 2012.

Esa tarde de octubre de 2012, en la precaria habitación de su ex suegro que le prestaba a cambio “favores sexuales”, Paola tuvo un “parto en avalancha”, es decir, un parto extremadamente rápido con contracciones intensas y sin pausas, que no da tiempo a pedir ayuda. Cuando pudo tocar al bebé tras el parto súbito, el bebé estaba frío. 

–“No hay novedades, Pao”, siguió Luna. A casi dos años de aquel recurso revisión que probaba que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida, todavía no hubo respuesta de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que se abra el caso Ortíz.

–“Ah...”, dijo Paola al teléfono. 

–“Vos cómo estás?”, quiso saber Luna. Pero Paola no viene bien. En un contexto de hacinamiento y sin higiene personal, no puede recuperarse de lo que ocurrió el 20 de diciembre pasado, cuando vio cómo sacaban el cuerpo incinerado de la compañera con la que compartía la vida cotidiana. La amiga de Paola, según denuncian en esta causa que se sigue investigando y que dejó dos víctimas fatales, estaba asilada en una celda por reclamar por el corte de agua potable cuando se incendió un sector del penal.

Las ideas límites que cada tanto se adhieren a la cabeza de Paola sin embardo dejaron de atormentarla diariamente cuando se inició la campaña por su liberación el 6 de noviembre, al cumplirse un año más de su detención. Sus compañeras la felicitaron y la aplaudieron. Paola se emocionó. “Fue un empujón de esperanza”, dice Luna.

Paola y Belén

A diferencia de Belén que estuvo 2 años presa, Paola lleva 13 privada de su libertad. Si bien ambas fueron criminalizadas y tuvieron una defensa oficial ineficiente, el nombre de Paola sí trascendió a los medios locales que la estigmatizaron. “La tildaron de mala madre mata bebés”, señala Luna.

Paola utiliza su verdadera identidad para reivindicar su historia, tras múltiples difamaciones. “Quiero que mi hijos sepan la verdad”, ha dicho. “Es muy feo que tus hijos piensen que su mamá mató a una persona”.

Antes de la condena, Paola tenía tres hijos que quedaron con el padre y que nunca más vio. Estando presa tuvo dos hijos más. Uno fue dado en adopción sin su consentimiento. El otro logró permanecer con su familia de origen y hoy está con sus tíos paternos.

Otra diferencia entre Paola y Belén es que Belén tuvo una familia que la acompañó y que buscó a Soledad Deza, la abogada feminista interpretada por Doleres Fonzi. Paola no tiene familia que la contenga y Julia Luna, su abogada, conoció su caso de casualidad, a partir de otro trabajo jurídico.

Paola y Julia

“Y cómo pasaste tu cumpleaños”, pregunta Paola al teléfono el miércoles pasado. El cumpleaños de Julia fue el 5 de enero.

“Muy bien, Pao. Gracias”. Más allá de su ex cuñada que fue algunas veces, Julia y Rocío Garro fueron las únicas personas que en 13 años la visitan al penal y la escuchan.

La voz de Paola no se escuchó ni en su propio juicio. “Su voz no está en todo el proceso penal”, advierte Luna, que presenta su caso como la criminalización de una emergencia obstétrica en contexto de pobreza y violencia de género.

“Se usó el hecho de que ya tenía hijos para decir que ‘sabía parir’, cuando sus partos anteriores habían sido hospitalarios. Este fue un parto involuntario y urgente que nunca se investigó”, señala Luna.

En abril de 2024, las abogadas presentaron un recurso de revisión con nueva prueba médica que acredita que se trató de un parto en avalancha y advierte que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida. “Si no hay certeza de nacimiento con vida, no hay homicidio”, subraya.

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice Paola a Julia desde el penal de Bouwer.

Se cumplen 5 años de la madrugada en la que el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dejaba de criminalizar el aborto y legalizaba su acceso en toda la Argentina.

Llegamos a ese momento luego de un largo proceso en el que el movimiento de mujeres se propuso, entre otras demandas históricas por el reconocimiento de derechos básicos, descorrer el velo que pesaba sobre nosotras y nos sometía a una violencia ilógica e irracional. Porque la criminalización del aborto es un acto de violencia que estaba dictado y legitimado por las instituciones democráticas y era socialmente aceptado, por acción, distracción, omisión o complicidad. 

Cuesta pensar que, hasta comienzos del 2018, en los programas de televisión mainstream no se permitía pronunciar la palabra “aborto”. Solo lo hacían algunos medios gráficos y periodistas feministas, y en ese contexto adverso trabajaban la Campaña por el aborto, las socorristas y la abogadas feministas que lograron el fallo FAL de la Corte en el 2012. 

Pero en ese 2018 se revolucionaron amistades, familias, entornos sociales y laborales con mujeres que contaban por primera vez que habían abortado. Madres, abuelas a sus nietas, amigas. Mujeres que se animaban a contar experiencias dolorosas sin saber cómo iban a reaccionar sus entornos. Por necesidad, por decisión, espontáneos, terapéuticos, todos tratados con el mismo hostigamiento y maltrato institucional. El aborto siempre había estado ahí. De repente todo eso salía a la luz. 

Fue un camino largo. Es imposible pensar ese 2018 sin imágenes previas de lucha: la marcha del 8 de marzo de 1985, con unas pocas mujeres como Susana Rinaldi con carteles que decían: “Violación es tortura” y “Despenalizar el aborto”. O sin Dora Coledesky en 1991 en el IV Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniendo aquel cartel de la Comisión por el derecho al aborto que decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. O sin nuestras fabulosas cuatro Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo y Marta Alanis.

Hubiera sido difícil llegar a ese 2018 sin la marcha de Ni Una Menos que el 3 de junio de 2015 convocó millones de mujeres en todo el país pidiendo que dejaran de matarnos y violentarnos. Un gigantesco grito colectivo que significaba que no íbamos a callarnos más ante esas violencias. 

Ese grito colectivo le mostró también a las más jóvenes lo que se les venía si no arrancaban desde temprano a defender sus derechos. Y no hubiera habido 2018 sin esas mismas pibas saliendo con fuerza a decir que no iban a permitir que algún día a ellas las criminalizaran por abortar, las maltrataran en los hospitales, las dejadas en una camilla con una hemorragia como parte de una violencia obstétrica, el paso previo de la humillación, dolor evitable, clandestinidad, o cárcel, como le pasó a Belén. Ya llegaremos a Belén.

No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

¿Por qué hablo del 2018 si el aborto se legalizó en el 2020? Porque en ese año casi lo logramos. Nos ganaron mintiendo en el Senado, diciendo que en la Argentina nunca hubo mujeres presas por aborto. Porque estuvimos cerca de lograrlo, pero no pudimos con la decisión política de quien gobernaba y con los legisladores para los que pesaron más los aprietes por apoyo económico y político que evitar la tortura de un aborto clandestino.

El 2020 nos encontró en plena pandemia dejando todas nuestras fuerzas en los cuidados de personas que estuvieron al límite: niñas, niños, viejos, discapacitados. Y sin ánimos de ser postergadas una y otra vez. Con la convicción de que no iban a dejarnos encerradas también en la clandestinidad, y para siempre. Nos encontró con la decisión política de que esta vez sí nos iban a escuchar. Al menos en la legalización del aborto. Y fue ley.

Pasaron cinco años. Desde que asumió Milei que en cada conversación pública o privada sobre los derechos de las mujeres me preguntan si creo que está en riesgo esta ley. Mi respuesta es dual: afirmo que no van a poder, aunque quieran. Ya nadie puede dudar de que es un derecho nuestro que no nos torturen. A la vez, siento que está en riesgo todo. Sin salud, sin ciencia, sin educación, sin ningún tipo de control de daños, estamos a la intemperie como sociedad. No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

Cuando la ley se perdió en el Senado en el 2018 me quedé muy enojada porque, más allá de argumentos pueriles que se daban para oponerse a la ley, quienes pretendían argumentar con seriedad, mentían. Decían que en Argentina no había presas por aborto. Y en ese mismo recinto, Soledad Deza, entre otras, había estado relatando el caso de Belén, una chica que en el 2014 fue a un hospital público de Tucumán por un dolor de panza y amaneció presa. Estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Belén no es su nombre real, elige estar en la clandestinidad, por más que luego fue liberada y absuelta. Por más que el Estado debería darle una reparación por haberla encarcelado injustamente. Mi enojo tenía de donde agarrarse y decidí contar la historia de Belén, la real. Lo más difícil era que ella aceptara, luego de tanto maltrato sufrido y tantas desilusiones acumuladas. Pero Belén fue extremadamente generosa, aceptó contar su historia para que ninguna mujer volviera a pasar por lo mismo. Y así fue como escribí el libro “Somos Belén, la verdadera historia detrás de las máscaras”.

Un año después, en pleno debate por la ley IVE, el diputado por Tucumán Carlos Cisneros mostró el libro y convocó a leerlo, anticipando su voto positivo. Unos días después, la senadora Eugenia Catalfamo lo mostraba también en el Senado, también como preludio a su voto a favor. El primer objetivo, el de que la historia real de Belén contribuyera a tabicar la verdad en el Congreso, que nadie se animara a decir que la criminalización del aborto no traía consecuencias sin por lo menos quedar en ridículo, o que ya nadie se atreviera a decir que en la Argentina no había presas por aborto, de alguna manera se había logrado.

Pero las injusticias que se muestran en el caso de Belén continúan en cada causa en la que se acusa a una persona inocente, en un país en el que se quieren poner en duda las denuncias de violencia contra las mujeres en general. En una región y en tantos países en los que se limita o se cuestiona el acceso al aborto a las mujeres, en especial a las más pobres. En medio del camino que se transitaba con el libro, gracias a Blas Martínez conocí a Leticia Cristi, productora de K&S, que le propuso hacer la película a Javiera Balmaceda, de Amazon. El tiempo coincidió con una Dolores Fonzi que tomó la decisión de dirigir películas y quiso hacer “Belén”. Tuvimos esa suerte. Adaptó el guión junto a Laura Paredes y Carolina Santos, y convocó a Camila Plaate, Julieta Cardinali, Liliana Juárez, Luis Machín y otras gemas del cine argentino a ser parte del elenco. “Belén” se estrenó y muchos la amaron, otros aún no la vieron, pero está en la lista corta de los Oscars como película extranjera. Cuenta una historia que todo el mundo debería conocer, para que no se repita, como dice Belén -la de verdad, la que aún no quiere dar a conocer su identidad porque no se siente segura-. Pero a la vez es una gran película, hecha por un gran equipo que decidió correr riesgos, porque hacer cine hecho por mujeres y pretender que el mundo lo mire, en un país en el que el cine está castigado, y las mujeres también es arriesgar fuerte. 

El 22 de enero nos enteraremos si Belén quedó entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para los Oscars. Hasta ahora Argentina ganó dos veces en esa categoría: La historia oficial dirigida por Luis Puenzo en 1986 y El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella en el 2010.  

El único antecedente de una película argentina candidata al Oscar dirigida por una mujer fue con “Camila”, dirigida por la enorme María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro en 1985. Es conocida la historia que termina con una frase que funcionaba como contraseña. Ladislao, ¿estás ahí? le preguntaba la protagonista antes de morir y él respondía “a tu lado, Camila”. Y era una forma de sentir que iban a vivir para siempre. 

En 2026 se cumplen 41 años de esta candidatura. Me ilusiono con la posibilidad de que otra película, titulada solo con un nombre de mujer y dirigida por una mujer, que relata parte de nuestra historia también, vuelva a ser candidata. Y me acordé de esos relatos antes de la legalización del aborto, de las preguntas que hacemos en ese momento para saber si alguien nos está acompañando, y me acordé de todas las historias, los relatos de los años del debate por la legalización, de esos meses frenéticos hasta conseguir que se apruebe la ley. De esa frase que hemos repetido hasta la desesperación y todavía repetimos: Amiga, ¿estás ahí? 

Ojalá Belén quede como candidata. Pero en cualquier caso, tenemos la respuesta: “A tu lado, Camila, Belén, Julieta, Antonia, Renata, Mercedes, etc etc. Estamos a tu lado, amiga. 

MC

1945 - Hospital Argerich

Se inaugura en el barrio de La Boca en Buenos Aires la nueva sede del Hospital Cosme Argerich, uno de los más antiguos del país, fundado en 1897. Se especializa en Cardiología, Cirugía general y Tocoginecología.

1946 - Patti Smith

Nace en la ciudad de Chicago (Illinois, Estados Unidos), la poeta y cantante estadounidense Patricia “Patti” Smith, “la madrina del punk” por haber aportado una óptica feminista e intelectual a ese género musical. Se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock, por haberlo integrado a un estilo de poesía beat.

1947 - Teresa Parodi

Nace en la ciudad de Corrientes la cantautora Teresa Parodi (Teresa Adelina Sellarés), una de las voces más representativas del folklore argentino, ganadora de cuatro premios Konex y un Carlos Gardel. Desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015 fue la primera ministra de Cultura de la Nación.

1947 - Jeff Lynne

Nace el músico, compositor, cantante, guitarrista y productor británico Jeff Lynne, quien integró bandas como Electric Light Orchestra (ELO) y el supergrupo Traveling Wilburys junto a George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty.

1975 - Tiger Woods

Nace en la ciudad de Cypress (California, Estados Unidos) el golfista estadounidense Eldrick Tont “Tiger” Woods, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Es ganador de 82 torneos del PGA Tour, el principal circuito de golf de Estados Unidos. Actualmente cuenta con 15 torneos mayors, el segundo jugador con más ganados en la historia del golf.

1984 - Lebron James

Nace en la ciudad de Akron (Ohio, Estados Unidos) el basquetbolista estadounidense LeBron Raymone James, uno de los mejores jugadores de la historia de el baloncesto. Jugó en la selección estadounidense ganadora de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Ganó cuatro campeonatos de la NBA.

1999 - George Harrison

El exbeatle George Harrison es apuñalado doce veces por Michael Abram, que entró por la cocina a la mansión del artista británico a las afueras de Londres. El agresor también atacó a Olivia Arias, segunda esposa del artista, quien junto a su marido logaron reducirlo hasta que fue detenido por la Policía. Harrison fue hospitalizado con heridas leves.

2001 - Adolfo Rodríguez Saá

Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis a quien la Asamblea Legislativa había elegido Presidente provisional de la Nación, renuncia al cargo por falta de apoyo de su propio partido, el Partido Justicialista. Fue sucedido por Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados.

2004 - Tragedia de Cromañón

Un incendio desatado en la discoteca República Cromañón del barrio de Once en Buenos Aires, en medio de un recital de la banda de rock Callejeros, causa la muerte de 194 espectadores y hiere a otras 1432. El siniestro es considerado como la peor tragedia de la historia del rock y la mayor de la Argentina por causas no naturales.

2006 - Saddam Husein

Es ejecutado en la horca el expresidente y dictador iraquí Saddam Husein en la ciudad de Bagdad. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad el 5 noviembre de 2006 por el Alto Tribunal Penal de Irak, por aquel entonces controlado por Estados Unidos en su invasión de ese país de Medio Oriente.

2015 - Lionel Messi

El astro argentino del fútbol Lionel Messi juega su partido número 500 con la camiseta del club Barcelona de España. Fue en la goleada por 4 a 0 al Betis en el estadio Camp Nou. “La pulga” marcó el segundo de los goles del equipo culé.

2020 - Legal, seguro y gratuito

El Senado aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el límite de catorce semanas de gestación, impulsada por colectivos feministas y fuerzas de izquierda frente al rechazo de la Iglesia Católica y otros credos religiosos.

Cinco años atrás, en el cierre de un debate en comisión en la Cámara de Diputados que tuvo 738 expositores, 15 reuniones y 130 horas de discusión, Cecilia Moreau tomó la palabra y relató, por primera vez, su experiencia abortando en la clandestinidad cuando tenía 16 años. “Yo era una nena y quería tener una vida”, comentó, emocionada, la diputada massista que presidía la comisión de Legislación General durante el gobierno del Frente de Todos y se encargó de conducir, junto a una maltipartidaria feminista integrada por diferentes espacios –Silvia Lospennato (PRO), Romina del Plá (Partido Obrero), Vilma Ibarra y Mayra Mendoza (peronismo)– el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 11 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la ley ILE con 131 votos a favor y 117 en contra. Dos semanas después, la multipartidaria feminista –se hacían llamar “Las sororas”– logró lo que no pudo hacer en 2018: el 30 de diciembre, el Senado sancionó el aborto legal en la Argentina. 

Cinco años después, Moreau analiza la vigencia de la ley durante el gobierno de Javier Milei y cuestiona que el acceso al aborto “no se está cumpliendo como debería”. Denuncia falencias en la distribución de los medicamentos y una ampliación de las barreras en el acceso a la ley. “El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica”, advierte la ex presidenta de la Cámara de Diputados que, sin embargo, señala que Milei no tiene los votos en el Congreso para derogar la ley.

“No hay un clima social para volver atrás. Es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su bloque”, señala, en diálogo con elDiarioAR. 

–A 5 años de la sanción del aborto, ¿ve posible que el gobierno de Milei logre derogar la ley?

–No tienen margen para derogarla. Fue una ley construida con una fuerte movilización popular, desde afuera hacia adentro del Congreso. Hay temas con los que quedó claro que no se jode. Sin embargo, lo que sí veo es un ataque constante a los colectivos más vulnerables, con los jubilados a los que les rompen la cabeza, las personas con discapacidad a quienes no le quieren cumplir la ley, las personas que padecen enfermedades graves. 

Tenés a un Gobierno que dice que la justicia social es una aberración o que el Estado es una organización criminal. Hay una negación de las desigualdades y un intento de hacerlas invisibles. Y no tengo dudas de que las mujeres y las disidencias somos parte del colectivo que el Gobierno eligió como blanco de ataque.  

–Más allá del Gobierno, ¿ve un clima social que acompañe un retroceso en materia de acceso al aborto? 

–Los derechos se conquistan, la gente los asimila y no se retrocede. Pero sí veo que hay un retroceso en cuanto a la implementación de la ley, que no se está cumpliendo como debería. El Gobierno no está comprando y distribuyendo los medicamentos para realizar la práctica, como el Misoprostol. Tampoco está trabajando en lo más importante que la ley establece, que es la prevención del embarazo no deseado. Le tiró todo a las provincias y las provincias están desdobardadas y denuncian faltante de insumos. El derecho de las personas gestantes a la ILE está siendo vulnerado. 

Hay un informe de Amnesty que dice que, este año, se triplicaron las barreras en el acceso a la ley. Es falta de información, pero también falta de profesionales y problemas de derivación en los prestadores cuando hay objetores de conciencia. El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica. 

–Después de la victoria electoral de LLA, voceros del Gobierno, como Agustín Laje, empezaron a deslizar que iban a ir por el aborto. ¿Mantienen conversaciones con otras legisladoras que impulsaron la ley sobre cómo estaba la relación de fuerzas?

–Sí, estamos alertas pero con la convicción de que no hay un clima social para volver atrás. El diálogo se mantiene con quienes trabajamos en la ley, como Lospe (por Silvia Lospennato), Myriam (Bregman) y (Karina) Banfi. Es una ley que se construyó de manera muy transversal y consensuada, así que no veo riesgo de derogarla. 

–En tiempos de polarización Milei-anti Milei, ¿es posible reconstruir esa misma alianza multipartidaria?

–Ya lo hicimos para defender a la emergencia en discapacidad, para defender el Garrahan, para defender la universidad pública. Existe un armado transversal para poner límites a los avances contra los pilares que construyeron el pacto democrático, como la salud, la educación pública, y también el aborto. Que es un tema de salud pública. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo con o sin ley. El debate siempre fue cómo garantizás el acceso al aborto de manera segura, legal y gratuita para terminar con la desigualdad que generaba muertes. 

–¿Qué implicaría que el aborto vuelva a ser clandestino en Argentina?

–Sería un retroceso tremendo. Volver a la clandestinidad implicaría un grave daño a los derechos de las mujeres, piensen lo que piensen o voten lo que hayan votado. A veces parece que estamos en un tiempo en el que se pueda volver atrás en la consolidación de algunos derechos, la lógica del ‘sálvese quien pueda’, pero las mujeres son las que más resistencia ponen. Y no tengo duda que este es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su propio bloque. 

– Uno de los discursos que más quedó grabado en el debate hace cinco años fue el relato de su experiencia personal con un aborto clandestino, ¿recibe historias de mujeres que pudieron abortar en otras condiciones después de la sanción de la ley?

–Sí, sobre todo por redes sociales. Yo nunca hablo de cuestiones personales, pero en el debate hice un clic y sentí que tenía que contarlo porque yo viví el miedo de la clandestinidad, pese a tener la posibilidad económica de hacer la intervención. Y lo dije porque en ese momento sentí que no iba a ser juzgada por mis compañeras que estaban en contra de la ley. Porque hubo una comprensión final de muchas que, aunque tenían el pañuelo celeste, entendieron que estábamos discutiendo una cuestión de salud pública. Por eso hay que sostenerlo, para que en Argentina, que significó un paso adelante en toda la región, no retroceda en derechos. En ninguno.

MCM/MG

El caso de Vanesa grafica con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte del país. Catamarqueña de 42 años, de bajos recursos y madre de seis hijos, hoy no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos. Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las socorristas de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.

Una ley con barreras crecientes

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021. 

Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.

“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS. 

“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60 % de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.

Sin datos, sin política pública

A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos. 

La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez toman más casos de personas que no pueden acceder a un aborto. 

“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, socorrista de esa provincia. 

Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Sin recursos, consiguió 26 mil pesos prestados para una ecografía. Con diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo. 

Las barreras para acceder al aborto

Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado nacional dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas. 

El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales y prepagas replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.

“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”. 

La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”. 

La IVE en las provincias

“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado nacional en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advirte De la Vega, del CELS, al remarcar que el lugar de residencia condiciona el acceso.

Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar provocan mayor desigualdad.  

Vanesa al resguardo de las socorristas

Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.

“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, socorrista de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.

Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones socorristas están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.

“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén . “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.

Plan ENIA: el desmantelamiento de una política clave

El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar US$140 millones al año. 

Actualmente, el Gobierno nacional despidió al 80% del personal y redujo en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.

“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten desde organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante. 

“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, cierra De la Vega.

Al momento del cierre de esta nota, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las socorristas de Catamarca, que tenían preparada una denuncia para exigir en la Justicia por su salud. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.

El gobierno francés apoyará a organizaciones sociales feministas de Argentina, México y países de África a través del flamante consorcio MAREAS (Movimientos por la Autonomía, la Igualdad y la Solidaridad Reproductivas) que se presentó en Bogotá, Colombia, durante la VIII Conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) que se realizó el último fin de semana de octubre.

MAREAS reúne a cuatro organizaciones con décadas de experiencia en salud y derechos reproductivos: Reprod'Action Santé, Clacai, Médicos del Mundo-Francia e Ipas, una ONG internacional de justicia reproductiva con una fuerte presencia en todos los países participantes, que asumirá el liderazgo del consorcio.

El proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a través de su Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF) con una inversión de 6 millones de euros que se complementará con el fortalecimiento de capacidades basado en la metodología feminista y guiado por comités regionales feministas.

Susana Chávez, de CLACAI, explicó a elDiario.AR que, en Latinoamérica, si bien el proyecto se enfoca en Argentina y México, desde su organización impulsarán “una conexión más regional” y promoverán “el vínculo con África de una manera mucho más activa, donde estoy absolutamente segura también tenemos mucho que aprender”.

–Este proyecto llega en un momento político muy particular, con una avanzada de la derecha contra los derechos sexuales, y es una decisión del gobierno francés de alto impacto.

–Absolutamente. Además, los recursos cada vez son menores para la autonomía reproductiva, para el derecho de las mujeres, pero donde además cada vez hay gobiernos más hostiles y grupos más hostiles donde se cuestiona el multilateralismo y donde justamente esa posibilidad del gobierno de Francia de mostrarnos una contribución tan importante hace sentir que no estamos solas.

La Marea Verde de Argentina fue la inspiración para toda la región. Ahora el país enfrenta tiempos difíciles, desmantelamiento de políticas, pero también hay un movimiento de resistencia

Susana Chávez — CLACAI

–¿Por qué se eligió Argentina?

–Argentina tiene muchísima historia en el tema, muchísima historia de defensa de la democracia, pero además la Marea Verde fue la inspiración para toda la región. Pero también ahora Argentina enfrenta tiempos difíciles, desmantelamiento de políticas, pero también hay un movimiento de resistencia. Entonces, de Argentina también hay mucho que aprender, pero Argentina hay que cuidarla. Argentina también hay que abrazarla.

Esta idea la reafirmó Karen Padilla, de IPAS –la ONG que liderará la iniciativa– que, en diálogo con este medio, dijo que Argentina “es un ejemplo para Latinoamérica por la Marea Verde y el proyecto lleva el nombre MAREAS evocando ese movimiento ciudadano. Entonces, nos parece que Argentina tiene mucho que compartir, lecciones aprendidas, éxitos, con el resto del movimiento de otros países”.

“Sabemos que ahora la situación de Argentina es compleja, pero también sabemos que, si no existiera el movimiento, si no existiera la Marea Verde, probablemente no tendríamos las oportunidades que sabemos que vamos a seguir teniendo”, valoró Padilla.

La activista resaltó que el aborto “va a seguir existiendo, y el propósito de esta iniciativa es reconocer que es la sociedad civil, es el movimiento el que va a garantizar los servicios”.

“Es cierto que tenemos un reto político muy grande, pero también es cierto que el movimiento feminista está muy fortalecido, y que en Argentina específicamente hay todo un movimiento que es el sostén para que las personas y las mujeres puedan tener acceso a su salud reproductiva”, afirmó la representante de IPAS.

Política exterior feminista francesa

Durante la presentación del proyecto, Marion Giacobbi, representante de la Embajada de Francia en Colombia, recordó que su país fue uno de los primero en tener una diplomacia feminista desde 2019 “ y explicó que ahora ”se extenderá hasta 2030. Esta estrategia no la hicimos solos, la hicimos con sociedad civil, con académicos, con organizaciones internacionales y la queremos implementar de la misma manera: escuchando las voces de todos y todas“.

Estamos orgullosos de poder apoyar este nuevo proyecto en favor del derecho a disponer de su propio cuerpo

Marion Giacobbi — Embajada de Francia en Colombia

“Tenemos también una estrategia específica para los derechos a la salud sexual y reproductiva. Esta estrategia refuerza el compromiso histórico de Francia con los derechos a la salud sexual y reproductiva a nivel internacional”, resaltó la funcionaria.

Francia fue el primer país del mundo en incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución, medida que se concretó el 8 de marzo de 2024.

Giacobbi contextualizó la situación al decir que “14 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a métodos anticonceptivos; cada año se practican 25 millones de abortos peligrosos; cada 2 minutos muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto”.

MAREAS se implementará a través de tres canales diferentes: subdonaciones, ya que el consorcio proporcionará financiación a organizaciones feministas de base que apoyan los derechos de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos; fortalecimiento de capacidades mediante capacitación técnica y financiera entre pares, impartida por el consorcio a las organizaciones locales beneficiarias, e incidencia política, ya que apoyará la creación de redes entre las ONGs y sus iniciativas conjuntas de incidencia.

El lanzamiento de MAREAS se produce tras la conclusión de la IV Conferencia Ministerial del Gobierno francés sobre Políticas Exteriores Feministas (FFP), celebrada el 28 de octubre en París.

“Porque conocemos el contexto internacional de backlash, de retroceso, por eso decidimos por primera vez en el marco de esta conferencia hacer una declaración política. Fue firmada por más de 30 países, y envía una respuesta firme, una respuesta a los discursos contrarios a los derechos”, dijo la diplomática al referirse a la reunión de octubre en la capital francesa.

Y contó que “hay un párrafo de esta declaración que está enfocado en la necesidad de un acceso completo al aborto seguro. Nos parece esencial ponernos de acuerdo sobre esta necesidad de defender el derecho de las mujeres y las niñas a disponer de su cuerpo, incluido el derecho a acceder a servicios de aborto seguro”.

Afirmó que el proyecto MAREAS “responde plenamente a este desafío y a esta necesidad y permite llevar a cabo una importante labor sobre el terreno en apoyo de las organizaciones feministas de base que intervienen para garantizar estos derechos”.

“Estamos orgullosos de poder apoyar este nuevo proyecto en favor del derecho a disponer de su propio cuerpo”, finalizó. 

Esta es la novena convocatoria de propuestas que la Agencia Francesa de Desarrolló (AFD) ha lanzado en los últimos siete años. Las anteriores se centraron en diversas prioridades, como la violencia de género, la justicia climática y el empoderamiento económico de las mujeres. El Fondo de Apoyo a las Organizaciones Feministas (FSOF), codirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y la AFD, ya apoyó a más de 1400 organizaciones en 75 países de América Latina, África, Asia, Oriente Medio y Europa, con un compromiso financiero total de 254 millones de euros entre 2020 y 2024.

SM/MG

La actriz argentina Camila Plaate se quedó con el premio a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El film, basado en un hecho real –y narrado en un libro de Ana Correa– cuenta la historia de una joven tucumana que motorizó la lucha por la legalización del aborto.

“Esta película viene a traernos memoria, verdad y justicia. Que sí, se puede, se pudo”, destacó la actriz Dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo, alma, en cada lucha por los derechos de las mujeres», señaló Plaate quien recibió el galardón de manos de la actriz y cantante Lali Espósito.

La tucumana Plaate, de 27 años, trabajó en cine, teatro y también desarrolla un proyecto musicial. Tal vez su papel más destacado –antes de Belén– sea el de Felipa, en la serie sobre la vida de Fito Páez, en la que intrepretaba a la encargada de cuidar a Fito cuando era un pequeño de diez años.

Belén es la película seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Argentina para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional de los Oscar de Hollywood. Y también representará al país en los Goya españoles, donde competirá en la categoría de Mejor Largometraje Latinoamericano.

En el certamen recibieron también el premio Otra Mirada, galardón que premia el cine con perspectiva de género, la cinta argentina ‘Las corrientes’, de Milagros Mumenth. En esa misma sección se ha otorgado una mención especial a ‘Belén’, de Dolores Fonzi.

Dentro de Horizontes Latinos el jurado ha otorgado dos menciones especiales a ‘Un cabo suelto’, del uruguayo Daniel Hendler, y ‘Hiedra’, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

Con información de agencias

La esperada premiere de Belén en la edición número 73 del festival de San Sebastián no podía haber salido mejor. El film argentino de Dolores Fonzi, que acaba de estrenarse en salas de todo el país, fue saludado en su primer pase importante en este evento con un aplauso cerrado y muy prolongado del público que colmó el Auditorio del Kursaal, una sala con capacidad para 1.800 personas. Ahora habrá que esperar la decisión del jurado, que se conocerá el próximo viernes 26. Compiten por la Concha de Oro, el premio que otorga la competencia oficial, otros 16 largometrajes, entre ellos dos más de Argentina, Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, y 27 noches, de Daniel Hendler.

Belén cuenta la historia de la valiente lucha de un colectivo social –el feminismo argentino– que tuvo fe y convicción para lograr un resultado muy concreto. Llegó a este festival en un momento muy especial para el cine argentino, que hoy no puede usar fondos que le pertenecen por decisión del actual gobierno. 

Es mucho más largo y se ha contado muchas veces, pero en pocas palabras: la plata para producir cine que llega a la caja del INCAA proviene de un impuesto que se aplica a las entradas de las salas y a la exhibición de películas en otros soportes. Hay un ley vigente que le asegura esa recaudación a este organismo público, que debe utilizarla para fomentar el desarrollo de una industria que cuenta con una larga y riquísima tradición, tiene excelentes profesionales y es valorada en todo el mundo. Pero hasta ahora la única política sistematizada de la gestión del economista Carlos Pirovano al frente del INCAA fue la de retener el dinero, en lugar de hacerlo circular.    

Es relevante resaltar que el sector estaba generando cerca de 600 mil puestos de trabajo hasta el inicio de esta crisis provocada por el gobierno de Milei sin ninguna motivación sensata. Y es en ese contexto que un premio internacional para una película argentina con una línea argumental relacionada con una dramática historia real que marcó a fuego al feminismo argentino y dirigida por una artista popular que más de una vez ha criticado públicamente al Presidente sería una noticia de alto impacto. 

En la raquítica disputa simbólica que proponen los libertarios, Fonzi es simplemente “una kuka abortera”. Cualquier triunfo que la tenga como protagonista será leído y vivido como una derrota propia. Dado que en estas últimas semanas las derrotas se fueron acumulando, otro trago amargo provocaría más inquietud en un gobierno con muchos frentes abiertos y pocas respuestas eficaces a la vista. La recepción que tuvo la película la noche del martes invita a soñar. 

La historia de Belén y la palabra de Dolores Fonzi      

En 2014, una joven tucumana de 25 años llegó al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales y sangrado. Fue atendida por una emergencia obstétrica y sufrió, según los informes médicos, un aborto esppontaneo. Pero fue denunciada por el personal de salud del hospital y terminó acusada por la justicia provincial de homicidio agravado. Le dieron ocho años de prisión después de un proceso cargado de irregularidades.

Fue la reacción de organizaciones feministas y de derechos humanos en Argentina y en el exterior las que denunciaron esa aberración y empezaron movilizaciones y campañas en redes sociales bajo el lema/hashtag “#LiberenaBelén”. La presión dio resultado y en 2017, tras estar casi tres años presa, Belén fue liberada y absuelta.

El caso marcó un antes y un después en la discusión sobre la criminalización del aborto y los derechos reproductivos en Argentina. Funcionó como un punto de inflexión que visibilizó la vulnerabilidad de las mujeres de escasos recursos frente al sistema judicial y sanitario. Y se convirtió en una bandera del movimiento feminista argentino, impulsor central de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020.

Hay un valioso libro de la abogada y periodista Ana Correa que cuenta el caso al detalle. Se llama Somos Belén, tiene prólogo de la famosa escritora canadiense Margaret Atwood y fue la base del guión de la película que Fonzi acaba de estrenar en cines de toda Argentina y que este lunes 22 de septiembre tuvo su esperada premiere en San Sebastián en un momento en el que “filmar en Argentina es un milagro”, como bien dice ella.   

Dolores llegó a San Sebastián el mismo día del estreno de su película en el festival. El lanzamiento en cines de Argentina le exigió estar ahí, acompañando palmo a palmo, para potenciar la llegada al público. Sirvió, porque Belén arrancó bien en su primera semana en salas: vendió 16.700 entradas en 136 cines de todo el país y ya está claro que será una de las películas argentinas más vistas de este 2025 en el país. 

En un escenario de notable depresión en la convocatoria por la crisis económica, eso sí. Llegar a los 4 millones de espectadores de Relatos salvajes o a los 2.600.000 de El clan es hoy un sueño imposible. Así que después de trabajar en la promoción en Argentina, donde pronto también se podrá ver en Amazon, lo que también conspira contra su rendimiento en cines, Fonzi voló a España para defender su segundo largo asumiendo una tarea que por momentos la agota. “Si pudiera evitar todo lo que implica un estreno, lo evitaría. Pero la película lo necesita. Preferiría ser el Indio Solari del cine (risas). Alguien que hace su obra y no tiene que hablar con nadie porque la obra habla por sí misma. Pero también es verdad que la película finalmente termina siendo lo que es gracias a las reflexiones, a las opiniones de los demás, a las conversaciones que genera. Uno va comprendiendo su propia obra a través de los demás”.

Fonzi dice que “el gran gesto de Soledad en la película es el de la responsabilidad”. La abogada Soledad Deza, interpretada por la actriz y directora, es el eje del relato porque su actitud revela el verdadero espíritu del proyecto: “Ella fue capaz de exponerse, de poner cuerpo, de pensar mucho en algo y de hacerlo de la mejor manera posible, con las mejores personas posibles, con sentido común y con autocrítica. Por eso es un lindo ejemplo para estos tiempos en los que es muy necesario reconstruir un entramado social responsable”.

–Hablás de reconstruir porque pensás que había algo antes. Quizás no mucho, pero algo. 

–Yo no estoy identificada con ningún partido político, pero siento que la experiencia de Alberto Fernández fue una oportunidad desaprovechada. Durante su gobierno se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero fue de lo poco bueno que pasó. Había una esperanza de cambio en muchos sentidos y al final no gobernó para nadie. 

–¿Y este presente de Argentina cómo lo ves?

–Es la época del divide y reinarás. La norma es el odio desparramado sin ninguna prurito contra cualquier persona que se atreva a exigir, a quejarse, a pedir, incluso apenas a decir algo. Si a alguien no le gusta lo que decís, su objetivo es callarte, bombardearte con agresiones para que no lo digas más. Y creo que ya son muchas las veces que nos estamos callando. Eso lo veo como un gran retroceso. Las agresiones de los haters son un mecanismo de censura. Es una manera de desvirtuar al otro, de ningunearlo. 

–¿Por qué creés que pasa?

–Vapulean a los movimientos colectivos organizados porque les tienen miedo. La organización les molesta, los inquieta. Y los mecanismos que usan son de terror. Se señala individualmente a quién hay que odiar y se odia a esa persona hasta que queda completamente anulada. Belén es una película que intenta recordarnos que hace muy poco tiempo tiempo la acción colectiva pudo cambiar algo importante. Pasaron apenas cuatro años de la aprobación de la ley. No podemos permitir que nos convenzan de que ese espíritu desapareció. O que no nos pertenece. Sí que nos pertenece, es nuestro patrimonio como pueblo. Y no estoy hablando solo de las conquistas del feminismo. Organizarnos para hacernos oír siempre es fundamental.   

–¿Notás que ahora hay una reacción de la sociedad?

–El resultado de las últimas elecciones me alivió un poco. Yo digo que no nos olvidemos de que podemos. Eso es clave. No estoy diciendo que todo el mundo deba salir todos los días a la calle a protestar por algo. Es lógico ser precavido si por decir algo te podés comer palazos de la Policía o una ola de insultos en las redes sociales. Pero también conseguimos cosas poniendo el cuerpo. Tenemos que recordarles a los que quieren amedrentarnos que si hace falta lo vamos a volver a hacer.

AL/MG

Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.

En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.

Ese “papel” es una receta. Un papel que, traducido al mercado, vale 110.432 pesos: el costo actual de una caja de misoprostol en farmacias privadas, según confirmó la médica Miranda Ruiz, garante de IVE/ILE en el Hospital Público Juan Domingo Perón. Ese hospital —el tercero más grande de la provincia— ya no cuenta con stock de medicamentos. “Desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria se dan 15 turnos todos los lunes a la mañana. Pero no tenemos medicación desde hace meses” por lo que “se les da receta para que compren”, resumió Ruiz, quien en 2021 había sido imputada por aborto sin causal, pero fue sobreseída poco más de un año después por el Poder Judicial salteño.

Un Estado ausente, una ley quebrada

Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo dijo sin rodeos: “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Y se está elitizando”. Aseguró que desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta. Como efectora asegura que las compras que venían haciendo la provincia también se interrumpieron. “Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda”, denunció. Este medio intentó comunicarse con las autoridades a cargo —Javier Sapura, supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud de Salta, quien dijo estar de licencia; y Patricia Leal, en Maternidad e Infancia; y — pero no recibió respuestas a las consultas.

Lo cierto es que desde diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei avanzó con una política de recorte total en los programas de salud sexual y reproductiva. No se autorizaron partidas para compra de medicamentos, anticonceptivos ni insumos básicos. Además, se desarmaron programas y equipos técnicos, y se interrumpieron las líneas de capacitación a profesionales. El Ministerio de Salud no renovó contratos ni continuó la distribución de misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar abortos seguros.

La consecuencia es clara y en la provincia el aborto legal dejó de ser gratuito y pasó a ser un privilegio. “Estamos atendiendo mujeres que pueden trasladarse, que tienen obra social o que logran reunir el dinero. Las demás ni siquiera llegan a pedir turno”, explicó Villena. “¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde están? ¿A quién recurren?”, se preguntó la profesional de la salud que fue una de las impulsoras públicas del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. No tiene respuesta.

Para Villena, que ejerce en el principal epicentro de la provincia, el problema que se vive en Salta tiene nombre y apellido. “No hay voluntad política para garantizar la ley. El gobernador Gustavo Sáenz es antiderechos. Se alinea con Nación, que dejó de enviar medicación. Y mientras tanto, la provincia no reclama ni demanda nada. Se quedan callados, como si no fuera su responsabilidad”, denunció.

Las cifras que el Estado conoce (y desoye)

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró, en 2024, un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo. La demanda se concentra en mujeres de entre 21 y 30 años -- 1.331 en el grupo de 21 a 25 años, y 1.223 en el de 26 a 30—. Esta franja, que representa más del 55% de los abortos realizados, coincide con una población en edad fértil, activa, muchas veces jefa de hogar.

Aún así, hay otro dato, más urgente y más oscuro: durante el 2024 se realizaron 83 IVE y 19 ILE en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. Más de cien casos en menores, lo que significan casos atravesados por la violencia sexual, la falta de educación sexual integral, el miedo y el silencio. Ante lo que debería ser motivo de escándalo y la posibilidad de reforzar las políticas públicas, estas se desmantelan.

Las interrupciones legales del embarazo, por causales como violación o riesgo de vida, sumaron 382 en todo el año. Febrero fue el mes con más casos (49), y julio el más bajo (12). Por edades, la distribución es similar: la mayoría de las ILE (93) se realizaron en mujeres de 21 a 25 años, seguidas por el grupo de 26 a 30 (85). Pero la presencia de niñas en esos datos (19 entre 10 y 15 años) revela un dato más profundo: la violencia estructural sigue operando en los cuerpos más vulnerables, sin que haya una respuesta estatal integral.

La comparación entre IVE e ILE por grupo etario refleja el mismo patrón, donde el aborto en Salta se muestra como una necesidad transversal, concentrada en mujeres jóvenes, con capacidad reproductiva activa. La diferencia es que la ILE, por definición, representa situaciones críticas. Y esas situaciones no son atendidas como tales.

Si algo dejó el debate público por el derecho al aborto fue la consciencia de que detrás de cada cifra hay una historia. Sin embargo, hoy se visibiliza una ausencia porque mientras los números muestran la demanda, el sistema de salud pública no está preparado para responder. “El derecho a decidir está condicionado a lo que consigas en la farmacia o a lo que puedan donar las redes feministas”, sentenció Villena.

Las barreras invisibles: idioma, territorio, cultura

En las comunidades indígenas, esas barreras se vuelven muros. “Siempre he dicho que si hablo de aborto, las mujeres no lo aceptan. Creen que es un crimen”, dijo Nancy López. Pero esa resistencia no es caprichosa, puesto que muchas veces es producto del desconocimiento, de la falta de información en la lengua materna, de protocolos que no consideran las culturas locales. “Los papeles están en castellano y con palabras que muchas no entendemos. Si no entendés, no podés aceptar”, explicó.

Por eso, un grupo de mujeres indígenas impulsó la creación de cartillas traducidas al wichí y al guaraní, acompañadas por audios en lengua originaria. “Cuando lo escuchan en su idioma, lo entienden. Y ahí empieza el debate”, contó Nancy. Relató que este año, con esfuerzo propio, lograron hacer talleres en dos comunidades. En uno de ellos participaron 78 mujeres. Pero sin movilidad, sin talleristas, sin financiamiento estatal, la tarea es lenta. “Avanzamos igual. Despacio, pero avanzamos”, repitió Nancy.

Fue en diciembre del 2021, que un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Nancy López, dieron a conocer la creación de una herramienta pensada desde sus territorios, sus lenguas y sus cuerpos. Se trató de “Cuerpos y libertades”, una colección de materiales traducidos e interpretados a los idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, que adapta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral en casos de violación sexual y para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Más de veinte personas participaron de este trabajo colectivo junto a traductores especializados, que asumieron el desafío de trasladar al lenguaje propio de cada comunidad no solo las palabras, sino los sentidos, las prácticas y los derechos. El objetivo era garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que la barrera idiomática sea un obstáculo. “No hay anticonceptivos. No hay nada”

En Tartagal, Pamela Justiniano -responsable de la Dirección de Mujeres y Diversidad- denunció una situación alarmante. “No hay anticonceptivos. Ni pastillas, ni inyectables, ni preservativos. Hace meses que no llega nada”, expresó. En ese sentido, dijo que la falta de insumos básicos deja a miles de mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ sin posibilidad de elegir, sin protección frente a infecciones, sin alternativas. “Los kits de salud sexual están vacíos. Y los programas de atención en barrios y comunidades están paralizados”, detalló.

Además de los insumos, también dijo que faltan vínculos institucionales. Para ingresar a las comunidades indígenas, dijo que su equipo necesita autorización desde el CIC Rural. Pero, con el cambio de autoridades, esa articulación se cortó este año. “La nueva dirección no responde. Hay que mandar notas, esperar semanas. Y muchas veces nos dicen que no”.

Justiniano también afronta una gestión con recortes. “Nos dijeron que no hay recursos para seguir haciendo territorio. Que salgamos lo menos posible”, lamentó. Ante ello, la planificación de acciones ahora se reconfigura desde la precariedad: visitan comedores y merenderos con recursos propios, recolectan ropa en eventos, y apelan a la colaboración de negocios locales para ayudar en fechas clave como el Día de la Madre o del Niño.

La situación también se agrava por los obstáculos logísticos. “Antes realizaban operativos desde una articulación multidisciplinaria, donde llegaban a los territorios equipos de Salud, Educación, Género”, entre otros. También, la oficina que dirige Pamela casi fue trasladada a la terminal de Tartagal, lejos del circuito de instituciones claves como el 911 o Ciudad Judicial. “Nos negamos, porque es fundamental estar cerca. Es el único recurso humano que tenemos para acompañar a una mujer en situación de violencia. No se puede ir sola”, insistió.

La red, la trinchera, la esperanza

Sin Estado, sin medicamentos, sin recursos, lo que queda es la red, sean profesionales, indígenas y feministas. “Volvimos a coordinar con el Socorro (Rosa de Salta) como antes de que exista la ley. Armamos redes de donación de medicación. Y esto no debería pasar. Ya no”, dijo Villena. A modo de ejemplo, contó que en Cafayate, gracias al esfuerzo de una psicóloga del hospital, logran entregar parcialmente misoprostol a quienes consiguen la mifepristona por su cuenta.

Lo cierto es que la urgencia por garantizar el derecho a decidir también se une a la urgencia por comer. En un contexto socio económico alarmante para el país, las salidas se sostienen desde las redes, principalmente de mujeres. Nancy López, contó que mientras intentan dialogar sobre el derecho al aborto, en paralelo llevan adelante otros procesos, como la elaboración de huertas comunitarias y trabajos con artesanas junto a organizaciones de la sociedad civil. Además, sostienen la Radio La Voz Indígena, sin auspicios. “No tenemos ayuda, pero seguimos. Porque la radio siempre fue nuestra herramienta para decir la verdad”, manifestó.

En la diaria, desde la Dirección de Mujeres y Diversidad son testigos del deterioro social. “Las mujeres vienen y te dicen que no tienen ni para comer. Te muestran fotos de casas hechas de plástico. Es tremendo cómo está golpeando la crisis”, contó. En muchos casos, la ayuda se reduce a un módulo alimentario esporádico o a gestiones que hacen con el área de Desarrollo Humano o colectivos barriales.

La situación en comunidades indígenas es particularmente delicada. “Hay mucha discriminación, cuesta mucho que se acerquen. Y cuando lo hacen, si no podemos darles algo concreto, se sienten defraudadas”, expresó. Sin capacitaciones ni recursos sostenidos, la tarea de acompañar se vuelve cuesta arriba.

A pesar de todo, Justiniano afirmó que siguen saliendo al territorio, aunque sea “arañando”. Sostienen talleres, acompañan trámites judiciales y se organizan en red. “No vamos a dejar de salir. Aunque sea con lo que tenemos, vamos a seguir llegando”, afirmó.

En la misma sintonía, Nancy López dijo que están “tratando de que no se caiga todo. Es difícil, pero si avanzamos lento, avanzamos igual. Como decimos entre nosotras: hay que arañar el año (hacer todas las acciones posibles), pero hay que llegar”. En esa frase está la síntesis de una lucha que no claudica y que se enfrenta al desprecio de quienes gobiernan.

ML / MA

El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump por la nueva disposición que le impide recibir reembolsos federales de Medicaid, la cobertura médica para personas de escasos recursos.

La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.

Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70% de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, señaló en un comunicado que la nueva ley impedirá que miles de habitantes de Maine acudan a su proveedor de atención médica de confianza, simplemente porque brindan atención de aborto entre muchos otros servicios.

La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.

“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, se lamentó George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.

Medicaid cubre a 396.000 niños y adultos en Maine y a más de 70 millones de personas en todo el país.

En todo el país, los recortes presupuestarios de la administración Trump ponen en riesgo el cierre de cientos de otros centros de salud, señala el comunicado del Centro.

¿Qué pasa en la Argentina con la salud reproductiva y el gobierno de Javier Milei?

En la Argentina, los derechos sexuales y (no) reproductivos también enfrentan un retroceso alarmante bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente se muestra alineado internacionalmente con figuras como Donald Trump y defiende una agenda conservadora, su administración desfinanció programas claves como el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, y recortó presupuestos en políticas de género, asistencia a víctimas de violencia y acceso a la anticoncepción.

La situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el abandono estatal de las poblaciones más vulnerables. La eliminación del Programa Acompañar, la reducción del personal en la Línea 144 y los recortes del 85% en comedores comunitarios son algunas de las medidas que, según los peticionantes, configuran una violación sistemática de los compromisos asumidos por el Estado argentino.

El caso del Plan ENIA es paradigmático. Fue una política pública que, en sus primeras experiencias piloto, logró reducir un 50% el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Su desmantelamiento, junto con el despido de 500 profesionales y la cancelación de la compra y distribución de anticonceptivos, dejó sin protección a miles de jóvenes, muchas de ellas víctimas de abuso y violencia sexual.

Además, se denunciaron ante la CIDH recortes en infraestructura básica y servicios esenciales en barrios populares, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas. La respuesta oficial fue calificada como “evasiva” por los comisionados: el Gobierno se limitó a defender sus decisiones en nombre del “déficit cero” sin detallar cómo garantizará derechos básicos como salud, educación o alimentación.

En este contexto, las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos bajo políticas antiabortistas y restrictivas son notorias. Mientras en Maine se impide que clínicas que brindan atención integral accedan a fondos públicos por ofrecer servicios de aborto, en Argentina el Ejecutivo recorta el financiamiento incluso de programas que ni siquiera están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, sino con el acceso a derechos fundamentales para adolescentes, mujeres y diversidades. El resultado, en ambos casos, es el mismo: un retroceso en salud pública y una mayor vulnerabilidad para quienes más lo necesitan.

JJD, con información de EFE.

Las leyes de la despenalización del aborto, la regulación del cannabis para uso recreativo y el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron los tres grandes hitos de la presidencia de José 'Pepe' Mujica en Uruguay, muerto este 13 de mayo a los 89 años en Montevideo, cuyo Gobierno marcó un antes y un después.

El 13 de noviembre de 2008, el primer presidente de izquierda de la historia de Uruguay y referente de la coalición Frente Amplio (FA) Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) vetó, por su objeción personal, la iniciativa que, aprobada por el Parlamento, buscaba despenalizar los abortos en el país.

La decisión del renombrado oncólogo, rechazada a la interna de su fuerza política y celebrada por la Iglesia Católica, desató una ola de protestas de organizaciones feministas de un país donde, según sondeos, la mayoría de la población apoyaba su aprobación.

Sin embargo, ya desde su campaña hacia la Presidencia, el hasta marzo de 2008 ministro de Ganadería de Vázquez y líder del sector Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, prometió impulsar la denominada ley de interrupción voluntaria del embarazo.

La norma que legalizó el aborto hasta la duodécima semana de gestación por la sola decisión de la mujer siempre que se realizara bajo la supervisión del Estado fue aprobada en el Senado por diecisiete votos y cartorce en contra, y ratificada por Mujica ubicó al país a la vanguardia regional, solo por detrás de Cuba y Puerto Rico.

“Nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principios, pero hay un cuadro de mujeres que se ve en la amargura de tener que tomar esa decisión (...) y ese mundo vive en la clandestinidad (...) ahí hay vidas que se pierden. Ponerlo arriba de la mesa legalizándolo nos da la posibilidad de obrar”, planteó el entonces mandatario.

A esta norma le siguió el 10 de abril de 2013 una ley impulsada por las organizaciones sociales LGTBI que colocó a Uruguay como el duodécimo país del mundo en regular la unión civil entre personas del mismo sexo y el segundo en Latinoamérica, después de Argentina.

“Parece que estamos descubriendo un fenómeno moderno, pero la realidad es que esto es más viejo que el agujero del mate. Hemos decidido aceptar la existencia de la realidad”, argumentó.

Ese mismo año, rodeado de detractores que vaticinaban un caótico escenario de inseguridad y “narcoturismo”, el que saltaría a la fama internacional por un estilo de vida sencillo que llevó a que la prensa lo denominara 'el presidente más pobre del mundo' le pidió a la comunidad internacional que le permitiera impulsar el “experimento socio-político” de legalizar la marihuana.

“Estamos haciendo un experimento de vanguardia en el mundo entero”, dijo refiriéndose a la ley de regulación del cannabis para uso recreativo con tres vías de acceso: autocultivo, clubes cannábicos y venta regulada en farmacias. La ley promulgada en diciembre de 2013 bajo su mandato, acaparó titulares y posicionó a Uruguay como pionero global en legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico.

Una de las imágenes más recordadas fue la del 19 de julio de 2017, cuando, luego de negociaciones con los comerciantes que se oponían a la medida y de sortear las dificultades logísticas que trajo aparejadas, con largas filas esperando fuera, las farmacias uruguayas comenzaron a ofrecer los paquetes de marihuana legal que cerraron el círculo del proceso aprobado por ley en 2013.

Cinco años después, en diálogo con EFE, Mujica lamentaría que no se hubiera aprovechado la norma para dar pie además a la regulación del cannabis para uso medicinal.

“Pudimos haber explotado esa ley y habernos transformado en una vanguardia del uso medicinal de la marihuana, porque venían empresas de afuera como yuyos, pero le hicimos un juego de retención (...) en los engranajes burocráticos y ahora empezaron a producir marihuana para fines medicinales por varios lugares con o sin ley”, reflexionó.

EFE.

IG