Media hora antes de lo previsto, el expresidente Alberto Fernández llegó este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Julián Ercolini en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Se espera que el exmandatario declare ante el magistrado y el fiscal federal Carlos Rívolo, según adelantaron a elDiarioAR fuentes ligadas a la defensa de Fernández. En la indagatoria, el imputado puede negarse a declarar, pero el expresidente accedería a dar su versión de los hechos, acompañado por su abogada, la penalista Mariana Barbitta.

Fernández había solicitado la anulación del llamado a indagatoria pero el juez Ercolini rechazó su pedido y ratificó que debe presentarse este miércoles. Así, el expresidente debió abandonar el aislamiento en el que se mantiene desde que se conocieron las denuncias por violencia de género por parte de su ex pareja, el 6 de agosto pasado.

En la causa judicial Nación Seguros se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

En el caso conocido como la causa de los seguros, el expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La empresa favorecida es Nación Seguros SA, pero en particular, según la acusación, el beneficiario sería Martínez Sosa, quien oficiaba como representante de la compañía y recibía comisiones por cada organismo que contrataba el seguro señalado.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Fernández abrirá la ronda de indagatorias, que alcanza a otros 38 acusados y está citado a partir de las 10 de la mañana.

El 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo juez, pero en otra causa penal: está denunciado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

ED con información de agencias.

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio designó un abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado. Al vicepresidente del bloque PRO se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes, en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, quien fue abogado de Gendarmería Nacional y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó Sergio Maldonado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron fuentes judiciales.

La decisión del diputado, quien no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una “autoimputación”.

“Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)”, sostuvo Milman en la presentación.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga, mientras que el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado. Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta, debido a que Milman no está imputado.

La decisión de la jueza fue apelada, por lo que el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar algún elemento que permita acreditar o descartar si el diputado tuvo alguna vinculación con el atentado contra la expresidenta, el 1 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, ya que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medida de estas características, se debería imputar al legislador la comisión de un delito.

La “pista Milman”

La llamada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la magistrada Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La medida del secuestro del teléfono celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida ante la Cámara Federal porteña: “Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal”.

“No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

“La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)”, agregó el fiscal.

La exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular, cuya maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta, días antes de que ocurriera.

La “pista Milman” está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como “partícipe secundario”, Gabriel Carrizo.

En ese dictamen, Rívolo remarcó que debe seguir la investigación en pos de establecer si hubo autores intelectuales. Sin embargo, la querella se opone a que el caso vaya a juicio aún y reclamó que se ordenen nuevas medidas de prueba.

La medida que sí habilitó la jueza en relación a la pista Milman era un entrecruzamiento de llamadas limitado al análisis de las llamadas entrantes y salientes de los imputados: allí debía buscarse que existieron comunicaciones entre ellos y el diputado nacional o alguna de sus asesoras.

Ayer jueves, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) informó que entre el 1 de agosto del 2022 y el 2 de noviembre del mismo años no existieron comunicaciones entre esos dos grupos de personas.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que la quieren “presa o muerta” y acusó a las autoridades judiciales que investigan el intento de magnicidio en su contra de “impedir que salga a la luz la verdad”. Fue a través de un texto titulado “A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”.

“Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta”, sostuvo la expresidenta en la carta que difundió en sus redes sociales. Rechazó así la decisión del fiscal Carlos Rivolo, quien le solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo, en contramano a los pedidos de la querella.

“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022”, apuntó la exmandataria. De esa manera arremetió contra quienes tienen a cargo la investigación: “Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.

En cuanto a los motivos que brindó el fiscal en su pedido de elevación a juicio, Fernández de Kirchner objetó que “omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”.

“Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”, cuestionó y advirtió que, con esta decisión, las demás pruebas “no se investigan nunca más”. “Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido”, agregó y sentenció que “toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”.

El mensaje completo de la vicepresidenta

“En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. 

En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.

Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido.

Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa.

Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich , en Av. De Mayo.

Curiosamente, este hecho es el único “olvido” de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias.

Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores.

Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque.

Respecto del imputado Carrizo, quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado, Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó. 

Además, el fiscal no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza.

Esto se vincula con que Rívolo no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción, que hacen inadmisible elevar la causa a juicio. 

Todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio. No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde “atrás”.

Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta.“

LC con información de agencia Télam

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional del PRO Gerardo Milman, medida que había sido solicitada por el fiscal Carlos Rivolo en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo surge de la misma resolución con la que la magistrada ordenó extraer la información del segundo teléfono secuestrado el jueves pasado a Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, con el objetivo de buscar información que permita avanzar o descartar con la pista que conectaría al diputado nacional con el ataque a la expresidenta.

Son medidas solicitadas en el marco de la llamada “pista Milman”, iniciada a partir de Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien se presentó ante la justicia el año pasado para decir que el 30 de agosto, dos días antes del fallido ataque, había escuchado al diputado opositor decir: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

La jueza recordó en su fallo que Milman no se encuentra imputado en la causa del atentado -algo escrito en el expediente por la propia fiscalía-, por lo que resolvió no hacer lugar “a la medida de secuestro del celular del Diputado Nacional”. Capuchetti contestó que para avanzar con medidas como la del secuestro debería “efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador”, a lo que agregó: “Imputación que tampoco surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal (MPF) que en su última intervención razonó, 'hasta aquí el nombrado no reviste en estos actuados la calidad de imputado'”.

La medida había sido solicitada por el fiscal Rivolo luego de que Ivana Bohdzewicz, una exsecretaria de Milman, se presentara en Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial. Contó que puso su teléfono en manos de un “perito”, supuestamente facilitado por Milman en oficinas atribuidas a Patricia Bullrich, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.

El planteo de la fiscalía se produjo mientras el expediente estaba bajo secreto de sumario, por lo que no trascendió hasta hoy lunes que también había solicitado que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Bohdzewicz, su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso. “Respecto del entrecruzamiento solicitado, entiende la suscripta que, de momento no corresponde hacer lugar a esa diligencia en los términos en los que se encuentra formulado por el MPF; ello, teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones obran las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos, durante el período solicitado por el Sr. Fiscal, por lo tanto, esa dependencia puede realizar el cotejo pertinente; no resultando ser esa diligencia una medida de carácter jurisdiccional”, respondió la jueza.

La fiscalía había reclamado las medidas tras la declaración de Bohdzewicz, de donde ese desprendía que Milman podría haber convocado a sus colaboradoras con el objeto de borrar o intentar borrar información que podría ser de interés para la causa del atentado fallido contra la vicepresidenta. De todos modos, la testigo refirió que la información borrada de su teléfono -que luego habría sido recuperada en buena medida- estaba vinculada con su vida privada.

En su última declaración, Bohdzewicz sostuvo que el 10 de noviembre pasado mantuvo un encuentro con Gómez Mónaco, y que en esa reunión su otra compañera infundió preocupación al comentarle que seguiría filtrándose en los medios información sobre ellas, luego de que asistieran a prestar declaración testimonial ante esta sede judicial.

En su resolución, Capuchetti destacó que la exsecretaria de Milman declaró 3 veces en en el marco de este expediente: el 1 de diciembre dijo “yo me asesoré pero lo decidí yo por voluntad propia”, el 14 de diciembre -al entregar su celular- dijo que había recuperado información borrada y el 5 de mayo relató como el borrado fue aparentemente realizado por un “perito”.

En cuanto a la información que pueda hallarse en el teléfono de Gómez Mónaco, la jueza autorizó a la fiscalía “a que solicite a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la extracción forense de la información de dicho aparato, y luego encomiende a dicha fuerza y a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a las Investigaciones Penales del MPF la realización de un análisis de la información que se obtenga al respecto”.

El análisis de la información “deberá limitarse a las conversaciones y/o material digital orientado a la comprobación de la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Jorge A. Abello, habría proferido el Diputado Nacional, Gerardo Milman, y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado contra la Vicepresidenta de la Nación, acontecido el 1° de septiembre de 2022”.

“El análisis deberá limitarse al período comprendido entre el 01/07/22 y el 01/12/22”, precisó la magistrada, quien remarcó que “el estudio deberá ser realizado con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso, la cual, de ser obtenida, deberá ser eliminada una vez concluido el estudio”.

LC con información de agencia Télam

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó por “improcedente” la recusación de la querella de Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal Carlos Rívolo en la causa por el intento de atentado a la vicepresidenta. Además, se secuestró el segundo teléfono de la asesora del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La recusación y el secuestro del celular ordenado por la jueza a instancias del propio fiscal tuvieron un mismo punto de inicio: la ampliación de la declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, donde reveló que su compañera Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado, tenía un segundo celular que no había entregado a la justicia.

Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado -dos días antes del intento de asesinato de la vicepresidenta-, cuando habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, según declaró el testigo Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos.

Desde la primera vez que fueron convocadas como testigos, los abogados de la expresidenta reclamaron los secuestros de los teléfonos celulares de las asesoras de Milman. Aunque ellas negaron la frase que se le atribuyó a Milman, para la querella se trataba de una medida de prueba necesaria para buscar otros elementos que permitieran confirmar o descartar algún vínculo del dirigente señalado con el ataque.

El secuestro de los celulares primero fue rechazado por Capuchetti, pero días más tarde fue autorizada por la Cámara Federal porteña, por lo que se llevó a cabo el 1 diciembre del año pasado, cuando las mujeres se presentaron con sus equipos en la fiscalía. El miércoles, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró un segundo teléfono de Gómez Mónaco, el cual no había sido entregado en su momento.

Bohdziewicz amplió su testimonial el viernes pasado y reveló que su celular había sido manipulado por “un perito” en oficinas que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, y que esa operatoria consistió en el borrado de información, la cual luego se habría podido recuperar. En todo momento, explicó que buscó evitar que se filtraran datos vinculados a su vida privada y que no había información sobre el ataque a la vicepresidenta.

En la misma declaración, relató que Gómez Mónaco había entregado a la justicia un teléfono nuevo y que tenía otro que no estaba a su nombre, aparentemente nunca entregado. “Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre”, sostuvo Bohdziewicz en su declaración.

Del relato de la exsecretaria se desprende que ese día se encontraron en un bar porteño y que luego se fueron en Subte hasta unas oficinas que serían de Bullrich, donde las esperaba Milman y “un perito” que manipularía sus teléfonos celulares. Añadió que, en su caso, se le borraría la información que ella solicitara por temor a que se filtrara.

En cuanto a los teléfonos de Gómez Mónaco, Bohdziewicz dijo que en aquella reunión “deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo (…) con la línea que presentó (ante la justicia). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó”.

La ya apartada secretaria tenía fecha para ampliar su declaración testimonial esta semana, pero apareció espontáneamente el viernes pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, acompañada por el abogado Rafael Benedicto Díaz Flaqué, para pedir que se concretara la declaración en ese momento porque había sufrido “presiones”.

Atribuyó dichas presiones a su compañera Gómez Mónaco, quien -según dijo y aportó prueba- la llamó de modo insistente desde que se enteró que tenía previsto ampliar su declaración testimonial.

En ese punto versaba la recusación que la querella presentó contra el fiscal Rívolo: los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira acusaron a la fiscalía de haber filtrado el dato de que Bohdziewicz ampliaría su indagatoria antes de que la información estuviera cargada en el sistema al que acceden las partes.

El pedido de ampliación de la declaración testimonial fue presentado por Bohdziewicz y Díaz Flaqué el 2 de mayo pasado, y los abogados de la vicepresidenta aseguran que Gómez Mónaco se enteró ese mismo día, antes que el planteo -que contenía un error enmendado- fuera cargado en el sistema 24 horas más tarde, por lo que atribuyeron la filtración a la fiscalía. Aseguran que eso fue lo que habría generado que Gómez Mónaco retomara su abandonado contacto con Bohdziewicz, en el afán de querer saber sus motivaciones.

Al rechazar la recusación, Capuchetti sostuvo que el pedido de apartar a Rívolo está basado en “afirmaciones meramente conjeturales” realizadas por la querella, y recordó que el fiscal estaba en el exterior cuando la mujer pidió ampliar su testimonial y cuando finalmente lo hizo, algo que la querella también ponderó en su presentación.

LC con información de agencia Télam

El fiscal federal Carlos Rívolo advirtió que faltan medidas de prueba “indispensables” en la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral.

Lo hizo en una respuesta enviada a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que consideró “indispensable” el pronto envío del caso a la etapa de juicio por entender “agotada” la investigación, según informaron fuentes judiciales.

Capuchetti ofició al fiscal, quien tiene delegada la causa y le adjuntó copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartirla con el fin de que procediera para el paso a juicio oral y público, de acuerdo con fuentes del caso.

Rívolo tiene delegada la investigación porque así lo resolvió Capuchetti cuando fue recusada por la querella que representa a Cristina Fernández. De todos modos, la jueza tiene la facultad de reasumirla en cualquier etapa de la misma, como recordó la fiscalía en su respuesta.

“Se están produciendo y llevando adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, dijo la fiscalía sobre la causa en la que están detenidos el autor material del hecho Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.

Fue durante un incidente para resolver un planteo de prisión domiciliaria de Carrizo el cual fue rechazado, los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron esta semana que la investigación está “agotada” y debe ser enviada a juicio.

El propio Llorens había sentenciado hace días que “luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”. Bruglia y Bertuzzi le le imprecaron a la jueza que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

Sin embargo, la fiscalía remarcó que hay medidas de prueba pendientes, entre ellas un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel en su detención, luego de disparar sin éxito a la vicepresidenta la noche del 1 de septiembre, en medio de una marcha de apoyo a la funcionaria en el regreso a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

La fiscalía destacó que de poder acceder al contenido del teléfono, el cual fue “reseteado de fábrica” tras ser manipulado por la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria apenas iniciada la investigación, lograría obtenerse cualquier nueva prueba de importancia en la etapa de instrucción del caso, previa al envío a juicio de los tres detenidos.

Asimismo, este es uno de los planteos de la querella de la vicepresidenta, que sostiene que debe profundizarse la investigación en relación a los supuestos autores intelectuales, antes de darla por concluida.

Los fiscales continúan en la búsqueda de una solución tecnológica para acceder al contenido del teléfono de Sabag Montiel, sin correr el riesgo de que quede inutilizable, expresó también Rívolo. “No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, subrayó.

La fiscalía añadió que está “a la espera de la información relativa a la posibilidad de realizar sobre el dispositivo celular del imputado un procedimiento conocido como ‘rooteo’ para lograr realizar una adquisición del tipo física, el costo que tendría el servicio, el procedimiento a realizar y las limitaciones y/o riesgos que éste podría conllevar, a efectos de evaluar su viabilidad y concreción en esta etapa del proceso”.

LC con información de agencias

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, principal objetivo del pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los jueces del máximo tribunal, retomará funciones el próximo lunes 16, cuando regrese de sus vacaciones y quede a cargo de las actividades cortesanas durante enero, de acuerdo con la agenda que dejaron los supremos para la feria de verano. 

Ese mismo lunes se espera que también regrese su vocero y mano derecha, Silvio Robles, explicó una fuente allegada la funcionario de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro. 

En los tribunales de Comodoro Py, un expediente contra Robles acumula al menos dos denuncias que circulan desde el martes 3 de enero entre distintos jueces y fiscales. Lo inició el abogado Gustavo Marano, defensor de uno de los tres procesados por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex asesor de la oposición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso.

La denuncia presentada por Marano contra Robles el martes 3 de enero por “averiguación de delito” entró en un laberinto de excusaciones que la tienen viajando entre despachos de distintos jueces. Aún no cuenta con un requerimiento fiscal que dé apertura formal a una causa debido a que el primer fiscal de turno, Carlos Rívolo, debió excusarse al tomar conocimiento de que según los chat filtrados el magistrado figuraría como “contacto frecuente” del funcionario D’Alessandro, aunque Rívolo negó en un escrito haber tenido más de dos comunicaciones telefónicas con el ministro por cuestiones oficiales.

El segundo fiscal sorteado, Ramiro González, aún no intervino porque los juzgados han trabado un conflicto de competencia, como adelantó el viernes este medio.

La semana última, las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti se inhibieron de intervenir en el caso. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Leopoldo Bruglia, ordenó este lunes que el expediente quedará momentáneamente a cargo del juzgado federal número 5 (Capuchetti), de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

En realidad, las denuncias contra Robles por supuestamente haber intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, pero como el juez está de vacaciones, la jueza que lo subroga, Servini, se inhibió de intervenir y envió la causa a sorteo. 

Después de Servini, la jueza Capuchetti quedó a cargo del expediente, el mismo día en que el ministro de Justicia, Martín Soria, la criticó por dar clases a la policía porteña. La magistrada también rechazó intervenir. Por eso, el presidente de la Cámara Federal debió decidir quién continuaba a cargo, como sucede en este tipo de conflictos. Bruglia determinó que en febrero, Lijo y Capuchetti deberán volver a discutir quién será el juez de la causa contra el principal colaborador del presidente de la Corte.

Tras las idas y vueltas en el fuero de Retiro, el expediente debía regresar este martes al juzgado de Capuchetti, pero la jueza había comenzado este lunes sus vacaciones de verano y ya había acordado semanas antes que el juez Julián Ercolini la subrogará durante su ausencia, explicó una fuente judicial con conocimiento directo de los hechos. 

Todo indica que Ercolini también deberá inhibirse y sería el tercer magistrado en rechazar el expediente, ya que el juez es eje de otra denuncia del Gobierno, también relacionada con otros chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro D’Alessandro. El caso tramita en la Justicia federal de Bariloche y se conoce como “Lago Escondido”.

Por lo tanto, y hasta febrero, el juez Sebastián Ramos, tal vez el magistrado de más bajo perfil en los tribunales de Comodoro Py, quedaría esta semana a cargo del caso momentáneamente, hasta que Lijo y Capuchetti retomen sus actividades.

El teléfono y el caso 

No se trata de un expediente político más. El caso contra Robles nació en Santiago del Estero el lunes 2 de enero, luego de que el gobernador Zamora, aliado del kirchnerismo, solicitara al juez federal Molinari, con jurisdicción en su provincia, que ordene a Robles entregar sus teléfonos oficiales para que sean peritados.

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para probar si esos chats son veraces o adulterados. El ministro D’Alessandro sostiene que las conversaciones filtradas que lo comprometen a él y a sus interlocutores son falsas. Pero, como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez Molinari ordenó la medida pero Robles, de vacaciones, no se encuentra en los domicilios donde fue a notificarlo la Policía Federal, por lo que sus teléfonos siguen en su poder.

El magistrado santiagueño luego se declaró incompetente -no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados, que habrían ocurrido en Buenos Aires- y envió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, pero aún no llegó al edificio del barrio porteño de Retiro, confirmó una fuente judicial que interviene en el trámite.

ED

El oficialismo logró asegurarse que un juez federal ordenara a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la entrega a las autoridades de sus teléfonos celulares, pero el expediente y la eventual incautación de los dispositivos y el análisis de sus contenidos quedará en manos de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, segundo foco de conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. El caso vuelve a exponer los cruces entre los hackeos a funcionarios, denuncias por espionaje ilegal y sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

La medida contra Robles no se había concretado al cierre de esta nota, dado que la Policía Federal Argentina (PFA) no había ubicado al funcionario de la Corte en los domicilios donde fue a buscarlo para solicitarle la entrega de los dispositivos. Sin embargo, por el momento, sigue vigente y debe ejecutarse, informó a elDiarioAR una fuente judicial con conocimiento directo del expediente.

En diez días, el juez Rosatti deberá regresar de sus vacaciones para reincorporarse a la Corte. Se estima que Robles tenía planeado retomar sus actividades en la misma fecha. Si lo hace, la Policía Federal deberá presentarse en la sede del máximo tribunal para exigirle que entregue los teléfonos. Robles podría pedir la nulidad de la medida dictada por el juez de Santiago del Estero, aclaró la fuente consultada. Este medio intentó durante los últimos cuatro días comunicarse con el funcionario de la Corte y su defensa pero no obtuvo respuestas sobre su situación judicial.

¿Puede un juez de Capital Federal dejar sin efecto la orden ya librada por su colega santiagueño? “Sí, puede, pero sería muy extraño que eso sucediera”, respondió la misma fuente ante la consulta. Otra fuente judicial afirmó que la Justicia no podría obligar a Robles a entregar una prueba que podría eventualmente incriminarlo en la comisión de un delito.

La orden judicial había sido emitida este lunes por el juez federal número 1 de Santiago del, Guillermo Molinari, tras una denuncia y pedido del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, para supuestamente determinar si son veraces los chats filtrados que Robles habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fallo que el máximo tribunal dictaría a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. D'Alessandro sostiene que los chats filtrados fueron supuestamente adulterados y, tras ser denunciado penalmente, se pidió licencia del cargo.

El juez Molinari hizo lugar la pedido del gobernador Zamora y este miércoles se declaró incompetente -ni los hechos ni las personas denunciadas están relacionados con Santiago del Estero-, tras lo cual envió el expediente a los tribunales de Retiro. 

Allí, se acumulan al menos dos denuncias presentadas durante este semana contra Robles por los mismos hechos y que cayeron por sorteo en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo. Uno de los denunciantes es Gustavo Marano, abogado de Nicolás Carrizo, uno de los “copitos” procesados y detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consta en los registros de sorteos y confirmó el letrado a este medio.

El juez Lijo se encuentra de licencia hasta febrero. El fiscal de turno, Carlos Rívolo, se excusó de intervenir debido a que figura en los supuestos “contactos frecuentes” de D’Alessandro que filtraron quienes hackearon u obtuvieron el contenido de la línea hackeada. Rívolo sostuvo en un escrito que sólo habló por teléfono con el funcionario porteño dos veces por cuestiones oficiales.

Lijo no sólo acumula las denuncias contra Robles. Desde diciembre también quedó a cargo de las denuncias realizadas por D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y ex ministro de Seguridad y Justicia porteño) por los hackeos de sus líneas de teléfono; y la denuncia realizada por otro de los jueces involucrados en los chats filtrados por presunto espionaje ilegal.

El vocero

Silvio Robles es formalmente el vocero de Rosatti pero es mucho más que eso. El funcionario es la mano derecha del presidente de la Corte, en quien derivó la gestión y filtro de reuniones, diálogos, mensajes y conflictos con la política, el Poder Judicial y el periodismo, entre otros sectores. 

Robles es también es encargado de representar a Rosatti en los encuentros y conversaciones en las que el juez prefiere no estar en cuerpo y mente. Quiénes han dialogado con ambos sobre las mismas temáticas han percibido que sus discursos y premisas son casi idénticos, aunque sus estilos son diferentes, a excepción del gusto por la ironía.  

Un golpe a Robles es un golpe directo al presidente de la Corte, quien también preside el disputado Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y sanción de los jueces nacionales y federales. Las acusaciones contra Robles podrían incluso ser utilizadas por el oficialismo en el pedido de juicio político a Rosatti.

El expediente que definirá el futuro de los teléfonos de Robles está en una etapa inicial e incierta. Como Lijo está de licencia por vacaciones, la jueza María Servini está a cargo de su juzgado, pero este miércoles la magistrada se excusó de intervenir al asegurar que había mantenido un vínculo personal y familiar con uno de los involucrados: el ministro D’Alessandro. También, dijo la jueza, porque denunció a la Policía de la Ciudad, que en 2022 estuvo a cargo de su custodia cuando Servini fue víctima de un robo en su domicilio. 

Tras la excusación de Servini y Rívolo, el caso debe cambiar de juez hasta el regreso de Lijo dentro de más de tres semanas y de fiscal de manera permanente.

Antecedentes

Los hechos que motivaron la denuncia del gobernador Zamora, aliado de Alberto Fernández, se enmarcan en la presunta participación de Robles en una serie de chats supuestamente extraídos del teléfono celular del ministro D’Alessandro, filtrados en un sitio web luego de que el funcionario porteño denunciara el hackeo ilegal de su línea.

El lunes último, el gobernador de Santiago del Estero denunció penalmente a Robles ante la fiscalía federal de su turno en su provincia por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó una medida cautelar para que el juez federal número 1 de Santiago del Estero exigiera a Robles la entrega de sus teléfonos con el objetivo de peritarlos y supuestamente determinar si los chats son veraces. 

“El juez tiene el deber de realizar las medidas necesarias y urgentes para resguardar los elementos del supuesto delito y evitar su detrimento, y remitir con premura la causa al juez que resulte competente”, escribió el juez Molinari en su fallo.

“En dichos diálogos habrían hecho referencia al fallo que con posterioridad emitiría la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del Estado Nacional, con motivo de la coparticipación” , sostiene el fallo del juez Molinari, quien resaltó que Zamora considera esos chats una “infidelidad” que, “de ser cierta, por parte de un funcionario de la Corte Suprema, atenta contra la administración de justicia en beneficio de una las partes del proceso”.

El gobernador de Santiago del Estero también solicitó que se indague “sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener (Robles) en la decisión” de su jefe, Rosatti, debido a que, según Zamora, “se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión”.

La denuncia de Zamora fue presentada el mismo día en que el Presidente reunió a un grupo de gobernadores para impulsar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres jueces de la Corte, una medida que no prosperará más allá de la primera etapa del proceso parlamentario (la investigación y publicidad de la acusación) que el oficialismo podrá promover desde la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, ya que es el único espacio del Congreso en el que el Frente de todos (FdT) cuenta con los números necesarios para avanzar con el jury. 

ED

El fiscal federal Carlos Rívolo se excusó de intervenir en el expediente que se abrió a partir de la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, a partir de la difusión de supuestas conversaciones suyas a través de plataformas de mensajería digital instantánea como Telegram y Whatsapp.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal se excusó porque en la última filtración de chats atribuidos a D'Alessandro su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”, por lo que entendió que correspondía que intervenga otro funcionario judicial, más allá de que enumeró las veces que tomó contacto con el funcionario porteño y se comunicaran frecuentemente.

La denuncia de D'Alessandro fue apuntada contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade, a quien le achacó que hubiera adelantado en una columna radial que se iban a conocer nuevos chats del ministro porteño de quien ya habían trascendido las charlas referidas al viaje a Lago Escondido que protagonizó junto a jueces, exespías y directivos del Grupo Clarín.

La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas y le corresponde intervenir al fiscal Eduardo Taiano, pero durante la feria judicial ese juzgado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti -que habilitó la feria para dar tratamiento a esta denuncia-, mientras que la fiscalía la subroga Rívolo.

“Solicito que en orden a las razones que habré de exponer y bajo la concepción de la causal jurisprudencial de violencia moral me tenga por excusado de intervenir en el presente proceso”, sostuvo Rívolo en la excusación temporal (hasta que retorne Taiano) que ya fue aceptada por la jueza Capuchetti.

El fiscal reseñó en su escrito que D'Alessandro refirió en su denuncia a maniobras que habrían implicado una intromisión ilegal en sus comunicaciones y que hizo “mención a una página web en la cual están ventilados los chats y ciertos contactos que se los cataloga de frecuentes; entre esos Contactos aparece uno al cual se refiere como 'Carlos Rivolo Fiscal'”, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

“Desconozco cómo las plataformas -Whatsapp, Telegram u alguna otra- adjudican la 'frecuencia' de los contactos, amen que el sentido común lleva a pensar que obviamente la continuidad en la comunicación es lo que determina tal categoría; pero no es lo que sucede en mi caso”, afirmó.

“Conforme mi rol de ex Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación -durante los períodos 2016 -2019-2022- y Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal he establecido diversos contactos y comunicaciones con Ministros de Seguridad de la Nación, CABA y Provincias por temas asociativos o casos en trámite que requieren cierta entidad por su celeridad”, reseñó.

“En el caso del denunciante he accedido a su número de abonado, de manera directa, en razón de contactarlo en el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Centro de Monitoreo Urbano en el Barrio de Chacarita el día 14 de Octubre de 2020, actividad que además fue puesta en conocimiento de los fiscales asociados a la AFFUN mediante el comunicado 142 de fecha 23/10/2020”, continuó Rivolo.

“Y para precisar aún más, he mantenido contacto telefónico con el denunciante -por alguna vía que no recuerdo ni guardo registro- en dos oportunidades en las cuales las investigaciones a cargo requerían de celeridad en la producción de videos, a saber: causa 728/22 (caso Coiron 11269/22 ”García Jonatan Manuel y otros s/daños “ -que comprende a los daños efectuados a un ala del Congreso Nacional el 10 de marzo del año ppdo.- y causa 2998/22 (caso Coiron 48993/22) ”Sabag Montiel, Fernando André y otros s/ homicidio agravado en caso de tentativa“- que comprende la investigación del intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”, detalló el fiscal.

Finalmente, sostuvo: “Sirva lo explicitado para sostener que, salvo lo explicitado, no he mantenido con el denunciante otras conversaciones telefónicas e incluso no he mantenido chats -bajo ningún formato de plataforma- que me haga sostener, aún por simple deducción que puedo ser catalogado de 'contacto frecuente' como se presenta en las páginas web que publicitan sus supuestos diálogos con otros interlocutores”.

Con información de Télam.

IG

Los investigadores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner probarán un último recurso tecnológico para intentar recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó una pistola cargada y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta el 1° de septiembre último. La técnica que aplicarán es riesgosa pero es la única alternativa para intentar esclarecer el punto más opaco de la causa, explicaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. 

El teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado de entre las posesiones que el hombre llevaba consigo la noche del atentado. Al comienzo de la madrugada del sábado 3 de septiembre, 19 minutos y 26 segundos después de la medianoche, el Samsung Galaxy A50 quedó restablecido a sus valores de fábrica, es decir, volvió a cero y se perdió el contenido (chats, mensajes, agenda, anotaciones, fotos, videos, archivos) producido por Sabag Montiel. 

Los datos surgen del informe de pericia realizado por la Gendarmería a pedido del fiscal Carlos Rívolo y ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti para establecer qué sucedió con el teléfono y por qué se perdió una prueba central para la investigación. La magistrada denunció a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que intervinieron en la manipulación del celular en pos de realizar la extracción del contenido.

Gendarmería estableció que el reseteo del teléfono fue debido a una “errónea manipulación del dispositivo”, producto de una supuesta cadena de errores que habría comenzado durante la primera pericia (realizada por PFA), la aplicación de dos softwares que no eran acordes al teléfono, el hecho de que el perito de la Federal no envió un protocolo a los peritos de la PSA sobre qué pruebas y softwares había aplicado en los tres intentos frustrados para abrir el dispositivo y el intento final de los técnicos de la PSA que terminó por restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

La PSA realizó otras pericias para recuperar parte del contenido del celular alojado en la nube, pero con las herramientas agotadas y la investigación delegada en sus manos, la fiscalía optó esta semana por la última carta: con la conformidad de la jueza y de los abogados de Fernández de Kirchner, que integran la querella, buscará aplicar una técnica a través del programa UFED Premium.

La herramienta aún no se utilizó y tiene la característica de que ofrece un rango de éxito en el intento de recuperar parte o la totalidad del material del dispositivo pero si fracasa, el contenido se borrará definitivamente, sin posibilidad de aplicar otro intento o tecnología, explicó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

El protocolo indica que en primer lugar se debe intentar la pericia en un teléfono de la misma marca y modelo que el de Sabag Montiel a modo de prueba, con el objetivo de estudiar el recorrido que debe aplicarse para restablecer el contenido perdido. La jueza Capuchetti ya envió un oficio a la Gendarmería para que la fuerza le informe si cuenta con el programa indicado.

ED

A tres meses del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este jueves volvieron a declarar las dos asesoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Se trata de las dos mujeres implicadas en la llamada “pista Casablanca” quienes esta vez sí entregaron sus teléfonos celulares ante el fiscal federal Carlos Rívolo. Sin embargo, una de ellas dio un celular nuevo y explicó que lo había cambiado, pero manteniendo el contenido de sus conversaciones de Whatsapp. La otra, en cambio, adelantó que borró todo el contenido de los chats con su jefe, Milman.

Se trata de las asesoras parlamentarias Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes declaran en calidad de testigos en la causa que llevaba adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Rívolo. Ambas ya había sido citadas luego de que Jorge Alberto Abello, asesor legislativo del diputado kirchnerista Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe), las involucró en su declaración.

Según había dicho ante la jueza, Abello escuchó días previos al ataque, ocurrido el 1° de septiembre, una conversación entre las dos asesoras y el diputado Milman en el bar Casablanca, ubicado en la esquina del Congreso. Siempre según su declaración, el legislador -alineado al ala más dura de Patricia Bullrich- les habría dicho a las mujeres: “Para cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”.

En su primera declaración ante Capuchetti, las dos asesoras negaron haber estado en Casablanca en agosto hasta que se les exhibieron las imágenes de las cámaras. Entonces recordaron la reunión, confirmó una fuente con acceso directo a las testimoniales.

Esta vez, las mujeres debieron declarar, bajo juramento de verdad, ante Rívolo quien tiene delegada la investigación, y aceptaron entregar sus teléfonos. Llegaron cerca de las 9:30 a los tribunales federales de Retiro y se retiraron cerca del mediodía.

López Mónaco, quien también trabajó en el Ministerio de Seguridad en 2017, fue la primera en declarar y respondió las preguntas formuladas tanto por la fiscalía como por la querella. Además, también dio la clave para acceder al celular pero aclaró que el viejo aparato lo tiene su hermana, aunque sostuvo que sus conversaciones de Whatsapp fueron restauradas en el nuevo dispositivo y negó tener alguna relación con la agrupación Revolución Federal.

Ambos celulares quedaron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes pasado, la Cámara Federal porteña le ordenó a la jueza seguir adelante con el secuestro de los celulares.

Según informó la agencia Télam, durante su declaración, López Mónaco fue consultada sobre cual fue la reacción dentro de los colaboradores de Milman al enterarse sobre el ataque a Fernández de Kirchner, a lo que respondió que hubo un clima de consternación.

Luego fue el turno de Ivana Bohdziewicz, quien si bien aceptó entregar el teléfono adelantó que la semana pasada había borrado toda la información. Cuando la fiscalía le preguntó si tenía conversaciones con Milman en su celular, la mujer respondió: “Sí, de temas laborales. Pero quiero aclarar que las borré, tanto los mensajes como las fotos porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono”, explicó la testigo.

De acuerdo a Télam, antes de ingresar a la fiscalía, las mujeres dijeron a la prensa que “no es cierto para nada” lo que declaró Abello. “Es todo un falso testimonio”, dijo López Mónaco, antes de ingresar a la fiscalía.

En la audiencia también estuvieron presentes los apoderados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

La fiscalía también espera tomar una nueva declaración al testigo Abello, pero según trascendió sufrió un ACV y el trámite dependerá de su estado de salud. Hasta el momento, no hubo ningún testigo que ratificara sus dichos.

Recién este lunes, el diputado Cleri fue citado a declarar y mostró el mensaje que recibió de parte de Abello. “Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”, decía el primero de cuatro mensajes consecutivos que el asesor le envió por WhatsApp a Cleri el 1° de septiembre desde las 22.36, informaron fuentes judiciales.

“Créeme estoy temblando”, decía el cuarto mensaje que Cleri recibió del testigo, menos de dos horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de 35 años (Fernando André Sabag Montiel) había intentado matar a la vicepresidenta en la puerta del edificio en el que vivía en Recoleta, ante la mirada de los manifestantes que habían ido a expresarle su apoyo y de las cámaras de televisión que registraban el momento.

Cleri explicó que el 7 de septiembre reenvió los mensajes a dos compañeros suyos de la Cámara de Diputados y al “equipo jurídico” de la vicepresidenta (que por entonces no era querellante en la causa), a la vez que esperó a que el propio emisor de los mensajes se presentara en la justicia para luego hacerlo él.

Con información de la agencia Télam. Esta nota fue corregida el 1° de diciembre a las 23:48.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá en los próximos días dos decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. El juez Leopoldo Bruglia decidirá si confirma o aparta a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa por el atentado contra la expresidenta y la Sala I del tribunal comunicará si la magistrada debe o no secuestrar los teléfonos celulares de dos asesoras del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), quien de acuerdo a un testigo conocía las intenciones de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte de darle muerte entre finales de agosto y el 1° de septiembre.

Ambas resoluciones giran en torno a “la pista Casablanca”, como se bautizó en tribunales a una de las líneas de investigación del expediente, que nació el 23 de septiembre último y terminó con Fernández de Kirchner recusando a la jueza Capuchetti para apartarla del caso por presunta “parcialidad” e “irregularidades” en la instrucción del caso. El miércoles, a la espera de la decisión del camarista Bruglia, Capuchetti delegó las tareas investigativas en el fiscal Carlos Rívolo, reduciendo la injerencia de su juzgado en la causa.

La armonía que el juzgado mantenía con los abogados de la querella se fue resquebrajando cuando comenzaron las diferencias por las pistas que apuntaban a dirigente de la derecha vinculados a Patricia Bullrich, las filtraciones de esas pistas a los medios, la supuesta politización de la causa. 

Mientras la jueza aseguró en un escrito que sigue todas las pistas para llegar hasta los últimos responsables del atentado, los abogados que representan a Fernández de Kirchner creen que la jueza y el fiscal no le han dado la entidad apropiada a estas pistas, como informó a finales de octubre elDiarioAR. Y como si fuera poco, a la pista Casablanca se le sumó un trasfondo que la vicepresidenta nunca se le escapa: el fantasma de los servicios de inteligencia.

elDiarioAR analizó las transcripciones de los testimonios de cuatro testigos, los escritos presentados por dos diputados en la causa, el informe de la jueza ante el camarista Bruglia por su recusación y consultó a fuentes directas del expediente para describir las sospechas de cada una de las partes involucradas en la pelea judicial. 

El testigo tardío

Con los tribunales desolados, por el día y horario, el viernes 23 de septiembre, Jorge Alberto Abello, ex diputado por la provincia de Santa Fe y actualmente asesor del diputado Marcos Cleri (Frente de todos, también santafesino), se presentó a las 17.20 horas en el juzgado de Capuchetti, dijo tener información de relevancia para la causa y solicitó declarar como testigo. 

Habían pasado 22 días desde el atentado a la vicepresidenta y este es uno de los puntos que generó suspicacias en los investigadores: por qué el testigo demoró tres semanas en presentarse ante la Justicia.

La jueza notificó a la fiscalía y a la querella para que asistan a la declaración, pero no había mucho margen para que se presentaran un viernes a última hora. Capuchetti ordenó escuchar al testigo. 

Abello declaró que el 30 de agosto, dos días antes del intento de homicidio a Fernández de Kirchner, se encontraba en el bar Casablanca, ubicado frente al anexo de la Cámara de Diputados, junto a su cuñado, Sebastián Rende, con quien hablaba de fútbol. 

El testigo declaró que entonces observó al diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) sentado en una mesa cercana junto a dos mujeres jóvenes y que escuchó que el dirigente decía: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Abello aseguró también que escuchó a una de las mujeres preguntar a Milman por su chofer. Recibió, según la declaración, la siguiente respuesta del diputado: Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo. 

“Eso fue todo lo que escuche, después siguieron las bromas, los chistes, él se paró, saludó a unas personas por ahí y pagamos nosotros y nos fuimos”, sostuvo el testigo. “Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos lo bonitas que eran las chicas. Yo cuando sucedió esta conversación que escuché, estaba como mucho a dos metros”, agregó Abello. 

El asesor parlamentario y su cuñado regresaron a sus casas y no volvieron a hablar del tema, dijo Abello a la jueza Capuchetti. “Yo esto no se lo comenté a mi cuñado ni a nadie… al día siguiente -en realidad Abello confunde el 31 de agosto con el 1° de septiembre-, estaba regresando de hacer una compra en el barrio de Belgrano, y recibo una llamada de mi madre, que vive en Villa Cañas. Ella estaba llorando, y me decía que quisieron matar a Cristina. Cuando empiezo a escuchar las noticias, me empezó a caer todo lo que había escuchado en Casablanca”, afirmó.

“A medida que fueron pasando los días, y empecé a seguir a los jugadores, empecé a darme cuenta que podía tener algo que ver” con el atentado a la vicepresidenta, “después de la conmoción, cuando comenzó a bajar la espuma… a los dos días, después me empieza a llamar la atención con el paso de los días, ya que lo veía al legislador en los medios, que después el tipo desapareció de las pantallas, eso me llevó a venir”.

Once días más tarde, el diputado Marcos Cleri, jefe de Abello, presentó un escrito ante Capuchetti. Aportó una constatación notarial de mensajes que Abello le envió por Whatsapp el 1° de septiembre entre las 22:36 y las 22:38 horas, de acuerdo con el texto al que accedió elDiarioAR. Abello había declarado que no se lo había comentado a nadie y no hizo mención a los mensajes a su jefe durante su declaración, lo que generó cierta suspicacia en los investigadores.

El acta ante escribano público se había realizado en Rosario el 23 de septiembre, el mismo día que Abello se presentó a declarar, pero el legislador recién la aportó a la Justicia el 4 de noviembre. 

Para cuando Cleri presentó el escrito, la jueza ya había descartado la pista Casablanca y no tomó estos mensajes como una prueba que reviviera esa línea de investigación, según explicó en el informe que remitió al juez Bruglia por su recusación en la causa. Sin embargo, sí envió copias al juzgado de Ercolini que investiga las filtraciones de pruebas en el expediente, ya que los mensajes habían sido publicados días atrás en Página/12. 

¿Por qué Abello demoró 22 días en presentarse ante la Justicia? “Estaba y está muy asustado”, dijo a elDiarioAR una fuente del caso con conocimiento directo de la situación del testigo. 

La reunión

Ese mismo viernes 23 de septiembre, Capuchetti solicitó al bar Casablanca todas las cámaras de seguridad ubicadas en su interior y exterior para corroborar la presencia del testigo Abello y los nombrados en su testimonio el 30 de agosto. Al día siguiente, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que recabe las grabaciones de las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires y privadas de los alrededores. El Centro de Monitoreo Urbano aportó 39 soportes ópticos con el contenido de las cámaras correspondientes.

En el informe que presentó al juez Bruglia para rechazar la recusación en su contra, Capuchetti destacó que cinco días después del testimonio de Abello, el 27 de septiembre, “la querella presentó un escrito, en el cual propuso distintas diligencias relativas a otras líneas investigativas que se estaban llevando a cabo, pero nada respecto a lo manifestado por el testigo Abello”.

La querella sí activó días más tarde este pista: se presentó el 5 de octubre y solicitó en un escrito que “se disponga todo lo necesario para corroborar lo expuesto por el testigo” y propuso una serie de diligencias, como identificar el vehículo de Milman y su recorrido; si los autos en los que se mueve fueron captados por las cámaras de seguridad en la autopista a la Costa entre el 29 de agosto y 2 de septiembre; y se identifique a las dos mujeres que  acompañaban al diputado en Casablanca para que “se las cite de modo urgente a prestar declaración testimonial”.

Los abogados de Fernández de Kirchner también solicitaron “el inmediato allanamiento” al domicilio de Milman. La querella solicitó a la jueza que investigue si existen comunicaciones entre Milman y Hernán Carrol, dirigente de Nueva Centro Derecha, quien tuvo contactos con Uliarte y Sabag Montiel semanas antes del atentado, pero negó cualquier vínculo con el hecho.

La jueza tampoco ordenó este cruce y dispuso esperar los resultados de otros cruces telefónicos ya encomendados en la causa. También rechazó otros pedidos de la querella para que se profundice la línea de investigación sobre Carrol y la Nueva Centro Derecha, ya que la magistrada las consideraba “lesivas”.

La jueza sólo ordenó citar al cuñado de Abello, identificar a las dos mujeres y analizar las cámaras de seguridad. Las imágenes corroboraron que Milman estuvo el 30 de agosto por la tarde en Casablanca 

El cuñado del testigo afirmó en el juzgado que estando en Casablanca, Abello “googleó a no sé quién” y luego le dijo que uno de los comensales de otra mesa “había estado trabajando con Macri”. “Uno que estaba enfrente nuestro, estaba con dos chicas, pero yo miraba más a las chicas que a él”, precisó el cuñado.

Mi cuñado no escuchó nada de lo que él dijo, hicimos algún comentario de la billetera y el galán, y elogiábamos lo bonitas que eran las chicas. Yo cuando sucedió esta conversación que escuché, estaba como mucho a dos metros.

Jorge Abello — Asesor parlamentario, testigo.

Las testigos que no recuerdan

La identificación de las dos mujeres demoró casi un mes. El 24 de octubre, la PSA determinó que se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.

Bohdziewicz es secretaria asesora de Milman en Diputados, con cargo de secretaria administrativa, fue mismo rol que ocupó en el Ministerio de Transporte de la Nación durante el gobierno de Cambiemos. Es contadora pública. 

Gómez Mónaco es abogada y trabaja en el despacho de Milman. Durante la gestión del diputado como secretario de Seguridad de Cambiemos, fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. En 2012, fue elegida Miss Argentina.

Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana.

Gerardo Milman — Diputado (Juntos por el Cambio).

La querella solicitó a la juez que no notifique a las mujeres de sus citaciones como testigos sino que las lleve a testificar con la fuerza pública para evitar que puedan “acomodar” sus testimonios. La jueza no hizo lugar al pedido, pero las citó con menos de 24 horas de anticipación y en reserva, sin filtraciones. Ambas se hicieron presentes voluntariamente ante el juzgado. 

Las testigos también generaron suspicacias y sospechas entre los abogados de Fernández de Kirchner que alimentaron las dudas sobre Milman: ninguna de las dos mujeres recordaba la reunión con el diputado en Casablanca durante la tarde del 30 de agosto (casi dos meses antes de sus declaraciones), pero sí recordaban otra reunión que compartieron en el mismo bar en marzo. Hasta que la jueza ordenó mostrarles las imágenes de las cámaras de seguridad que las ubicaban ingresando y saliendo del bar. Además, contradijo a su colega en un punto: “Yo jamás hablé de un viaje a Pinamar. Lo único que hablamos de la costa fue a Mar del Plata” y aseguró que ese evento había sido meses atrás y no en agosto.

Cuando le preguntaron si había escuchado a Milman pronunciar la frase “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”, respondió: “No, por Dios que jamás escuché esa frase”.

Tras ambas testimoniales, realizadas el 26 de octubre, el abogado Aldazabal, de la querella, solicitó a la jueza secuestrar los teléfonos celulares de ambas asesoras parlamentarias, medida que Capuchetti rechazó. 

La magistrada basó su decisión en que ninguno de los tres testigos que declararon luego de Abello (las dos mujeres y el cuñado del testigo) ratificaron que Milman hubiese pronunciado la frase en la que supuestamente refirió saber que la vicepresidenta sería asesinada. 

Al día siguiente, Capuchetti se sorprendió con la tapa de Página/12 y la publicación de un mensaje de WhatsApp que el testigo Abello le habría enviado a su jefe, el diputado Cleri, poco después del atentado a la vicepresidenta, en el que le afirmó:  “Marcos, ayer -en realidad sería anteayer, el 30 de agosto- cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa” (sic). “Están las cámaras que no me dejan mentir”, “hdmp (sic) lo escuché” y “créeme estoy temblando”, le escribió a Cleri en otros tres mensajes de chat.

Capuchetti denunció la filtración de los testimonios de las testigos a medios de prensa ante el juez Julián Ercolini, quien ya interviene en una causa por filtraciones del expediente que inició la magistrada.

Yo jamás hablé de un viaje a Pinamar. Lo único que hablamos de la costa fue a Mar del Plata.

Carolina Elizabeth Gómez Mónaco — Asesora de Milman.

El 28 de octubre, Milman se presentó en los tribunales federales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”. En un escrito apurado, con numerosos errores de tipeo y ortografía, dijo que efectivamente había estado en Casablanca reunido ese día con sus asesoras. “Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana”, afirmó Milman, confirmando lo que finalmente declaró su secretaria.

“Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ‘Testigo’ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con qué inconfesados fines políticos”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

“Los jueces de la sala se encuentran analizando el recurso presentado por la querella para que se secuestren los teléfonos de ambas testigos, la cuestión no está definida aún”, informó una fuente judicial del tribunal ante la consulta de este medio. En cuanto a la recusación de Capuchetti, el juez Bruglia tomará las decisiones en los próximos días tras escuchar los argumentos de la querella en una audiencia y leer las respuestas de la jueza.

ED

La jueza federal María Eugenia Capuchetti delegó hoy en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Lo hizo mientras la Cámara Federal porteña analiza si aparta o mantiene a la jueza en la investigación, a partir de una recusación planteada por la querella de la vicepresidenta que le reprochó a la magistrada haber frenado distintas líneas de investigación.

A pesar de haber rechazado su recusación y de haber elaborado un informe con el que pretendió contrarrestar las críticas de la querella, esta tarde la jueza Capuchetti buscó una salida alternativa para intentar descomprimir la tensión en torno a la investigación y la delegó.

“Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, sostuvo la jueza.

“Por tal razón habré de delegar la instrucción de la presente causa CFP 2998/2022, sus conexas y legajos de investigación, en la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 2 (a cargo del Dr. Carlos Rívolo)”, continuó la magistrada en la resolución de 4 páginas.

“Por último, debo señalar que el temperamento aquí escogido de ningún modo implica desconocer la expresa directiva del Superior de proceder, con la premura que el caso impone, a la elevación de la causa a su etapa plenaria”, advirtió.

Sobre en ese punto, que la fiscalía “cuenta con la vía expedita” del artículo 215 Código Procesal Penal para, “en caso de entender que la instrucción se halla completa en alguno de sus tramos (o en su totalidad), avanzar en esa línea”.

La jueza decidió poner la investigación en manos de la fiscalía a 83 días del comienzo de la instrucción y un día después de que la querella le cuestionara no haber ordenado ninguna medida de prueba tras la recepción de un informe, el 26 de octubre pasado, con más información extraída del celular de uno de los imputados.

Por el intento de asesinato de la vicepresidenta están detenidos y procesados como coautores el atacante Fernando André Sabag Montiel y su cómplice Brenda “Ámbar” Uliarte; mientras que en calidad de partícipes secundarios se encuentran Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, que fue excarelada.

Carrizo es el supuesto dueño de la máquina para hacer copos de nieve que vendían Sabag Montiel y Uliarte, mientras que Díaz es una amiga intima con la que “Ámbar” habló sobre su deseo de matar a la vicepresidenta.

La última presentación de la querella estaba referida a información hallada en el celular de Carrizo por la Dirección de Asistencia en Investigaciones Penales (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y plasmada en un informe incorporado en el expediente a fines del mes pasado.

En esa presentación, la querella señaló que el ataque del que fue víctima Fernández de Kirchner “no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta” sino también a “desestabilizar el sistema político y constitucional en general”.

“Mi amigo intentó matar a Cristina”, “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”, son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación de la querella.

DA con información de Télam

La madrugada del 1° de septiembre último, horas después de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para seguir de cerca los primeros pasos de la investigación y coordinar lo necesario con los responsables de la causa, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes del expediente. Una sintonía ajena a la relación entre el kirchnerismo y Comodoro Py, fundamentada en el extraordinario y preocupante cariz del hecho.

A lo largo de las horas subsiguiente, el funcionario y el jefe de la custodia de la expresidenta, Diego Carbone, coordinaron con la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo el momento, lugar y circunstancias propicias para que Fernández de Kirchner declarar como testigo a catorce horas del hecho. Alrededor de las 11 de la mañana, Capuchetti y Rívolo partieron en sus autos hacia Recoleta para encontrarse con la vicepresidenta en su departamento y escuchar su testimonio.

En cuanto decidió presentarse como querellante, Fernández de Kirchner fue aceptada y sus abogados José Manuel Ubeira, quien lleva adelante la batalla mediatico-judicial, y Marcos Aldazabal tuvieron acceso al expediente sin demoras, incluso a un legajo especial que no estaba incorporado formalmente, informó una fuente con acceso a la causa. La querella solicitó allanamientos, detenciones y testimoniales y se les hizo lugar.

El diálogo entre la jueza Capuchetti y la querella es cordial pero durante las últimas semanas, distintos episodios que no están aislados comenzaron a resquebrajar aquella sintonía inicial. Aunque de ambos lados mantienen las formas, algunos de los investigadores judiciales afirman que las filtraciones del expediente que apuntan a los supuestos vínculos políticos de Sabag Montiel y su principal cómplice, Brenda Uliarte, están perjudicando la investigación a cambió de ganar la batalla mediática.

Otros investigadores creen que el kirchnerismo está politizando la investigación por el atentado, tratando de instalar supuestas evidencias de que Sabag Montiel y Uliarte habrían recibido financiamiento e instrucciones de miembros de la oposición para el homicidio de Fernández de Kirchner.

En el juzgado de Capuchetti aseguran que la jueza investiga todas las pistas pero algunas arrojan resultados positivos y otras negativos. Tiene diez personas abocadas a la causa y solicitó más contratos a la Corte Suprema para sumar personal.

La querella, en tanto, cree que la jueza y el fiscal no le han dado la entidad apropiada a las pistas que apuntarían a esas evidencias, que hasta el momento se centran en dos ejes centrales, unidos a su vez, por un mismo hilo conductor, según el kirchnerismo: Revolución Federal y la empresa Caputo Hermanos SA; y el entorno de la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cuya última incorporación se denomina “la pista Casablanca”. Bullrich ha negado cualquier vínculo con el hecho y las personas investigadas, ante la consulta de elDiarioAR. También el diputado Gerardo Milman, protagonista de dicha pista.

Tanto Capuchetti como Rívolo plantearon en el expediente que la denuncia realizada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que terminó con las detenciones e indagatorias de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, no está vinculada al atentado, descartando así subir en la cadena de responsabilidad del homicidio calificado en tentativa hacia esa línea.

Carrol

En juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano quedaron a cargo de una denuncia presentada en los últimos días por la jueza Capuchetti para que se investigue la responsabilidad en la filtración a los medios de comunicación de un escrito presentado por Sabag Montiel al que sólo habrían tenido acceso la fiscalía y la querella. Se trata de “la pista Carrol”, que sirvió al kirchnerismo para vincular indirectamente a Bullrich con el intento de homicidio. No es la fiscalía de Rívolo la ocupante de las sospechas de la jueza.  

Hernán Carrol es dirigente de Nueva Centro Derecha, uno de los espacio antikirchneristas que surgió durante la pandemia y buscaron tomar la calle en oposición a la cuarentena por el Covid-19. Carrol participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich en actos políticos.

Hace cinco semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el acusado sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado, algo que nunca sucedió. La defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

En dos entrevistas con el periodista Pablo Duggan -por radio y en C5N-, Carrol negó cualquier vínculo con el atentado y con la pareja Sabag Montiel-Uliarte, aunque explicó que se conocían.

Casablanca 

El viernes 23 de septiembre último, en un horario inusual, a última hora de la tarde, Jorge Alberto Abello, asesor legislativo del diputado kirchnerista Marcos Cleri (Frente de Todos, Santa Fe), se presentó en el juzgado de Capuchetti y solicitó declarar como testigo en la causa por el atentado a Fernández de Kirchner. 

Su testimonial tuvo lugar sin la presencia de la fiscalía ni de la querella. Abello sostuvo lo que se daría a conocer la semana última en Página/12, C5N y Télam: que el 30 de agosto último, escuchó al diputado Gerardo Milman, del riñón político de Bullrich, decir la siguiente frase a dos asesoras: “Para cuando la maten, yo voy a estar en la Costa”. La conversación que Abello dijo haber oído mesa de por medio fue en el bar Casablanca, frente al anexo de Diputados.

A partir de ese testimonio, que tuvo lugar 22 días después del hecho -algo que generó suspicacias en los investigadores-, la querella aguardó unos días, a la espera de medidas, pero el 5 de octubre último solicitó una serie de medidas para activar esa pista.

La jueza ordenó entonces reconstruir la escena relatada por el testigo, identificar a las dos asesoras que acompañaban a Milman en la mesa de Casablanca e interrogarlas.

Todo eso se realizó con extrema cautela para evitar la filtración a los medios, pero se filtró igual. 

El acceso a cámaras de video del circuito cerrado de Casablanca y de la Ciudad de Buenos Aires en vía pública corroboraron la reunión de Milman con dos mujeres en dicho bar el 30 de agosto entre las 15.23 y las 16.28. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estuvo a cargo de identificar a ambas asesoras.

Se trata de Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes el miércoles último declararon como testigos ante la jueza, el fiscal y la querella. Ambas negaron haber estado en Casablanca en agosto hasta que se les exhibieron las imágenes de las cámaras. Entonces recordaron la reunión, confirmó una fuente con acceso directo a las testimoniales. 

Ambas testigos negaron que Milman hubiera hablado del homicidio de Fernández de Kirchner u otra referencia a los que sucedería dos días después. Bohdziewicz sí confirmó que hablaron de un viaje que el diputado haría al día siguiente a la ciudad balnearia de Pinamar, según confirmó elDiarioAR con dos fuentes de la causa.

Luego de las testimoniales, el abogado de Fernández de Kirchner, Aldazabal, solicitó a la jueza que secuestrara los teléfonos celulares de ambas asesoras de Milman, pero Capuchetti se negó.

La querella presentó un recurso para insistir con el secuestro de los teléfonos e irá a la Cámara Federal de Apelaciones para insistir con la medida, aunque las cuestiones sobre medidas de prueba no son apelables, por lo que los abogados de CFK saben que perderán.

Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana.

Gerardo Milman. — Diputados (Juntos por el Cambio).

El jueves, los investigadores de Comodoro Py se sorprendieron con la tapa de Página/12 y la publicación de un mensaje de WhatsApp que el testigo Abello le habría enviado al diputado Cleri, poco después del atentado a la vicepresidenta en el que le afirmó:  “Marcos, ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa” (sic). “Están las cámaras que no me dejan mentir”, “hdmp (sic) lo escuché” y “créeme estoy temblando”, le escribió a Cleri en otros tres mensajes de chat.

El mensaje no fue aportado por el testigo a la causa, tampoco por Cleri, con quien elDiarioAR intentó comunicarse este viernes, sin éxito.

La contradenuncia

Milman se presentó el viernes último en los tribunales federales y denunció al testigo Abello por “falso testimonio”. En un escrito apurado, con numerosos errores de tipeo y ortografía, dijo que efectivamente había estado en Casablanca reunido ese día con sus asesoras. “Estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo, organizamos previas recorridas por distintos municipios que yo realizaría en distintas semanas. Fue así que concurrí, primero a Pinamar y volví al día siguiente a la mañana”, afirmó Milman.

“Ese fue el tema de conversación en dicha oportunidad, siendo que jamás hice una afirmación como la que el ”Testigo“ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con que inconfesados fines políticos”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

La jueza Capuchetti envió su denuncia a sorteo. El caso quedó a cargo del juez Ercolini y el fiscal Taiano, según confirmó una fuente directa del caso a este medio.

ED

La causa por el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa acumulando testigos y medidas que de acuerdo con los investigadores consultados por elDiarioAR se estanca en la teoría de un reducido grupo de acusados sin aparentes terminales con la política ni la recepción de fondos para su financiamiento. Sin embargo, el kirchnerismo tiene su propia investigación, que incluye aportes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que implica un mapa de vínculos que conectan con referentes de la derecha y los libertarios e indirectamente con dirigentes de la oposición.

Los expedientes en torno del caso son dos: el primero es el que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo sobre el hecho material del atentado y en el que están procesados Fernando Sabag Montiel -el hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de CFK-, Brenda Uliarte -supuesta instigadora- y otros dos allegados a la pareja; el segundo nació por una denuncia de la AFI contra miembros de Revolución Federal, un grupo de libertarios antikirchneristas y radicalizados, y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi. 

Esta última causa se originó dos semanas después del intento de homicidio y apunta a supuestos responsables de generar el caldo de cultivo para el atentado. El viernes, el magistrado indagó a cuatro detenidos de este grupo, acusados de amenazas, entre ellos, Jonathan Morel, uno de los principales referentes de estos grupos gestados en otro caldo de cultivo: la pandemia, la crisis económica y las redes sociales.

La denuncia de la AFI incluyó audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 en la red social Twitter por el grupo Revolución Federal que incluyen la mención a la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Fernández de Kirchner que se congregaron durante varias jornadas en las inmediaciones de su domicilio para hacerla “pasar a la historia”.

En otro de los audios, Morel dialoga con un soldado voluntario del Ejércio, Franco Ezequiel Castelli, con domiclio en Santa Cruz, publicó la agencia oficial Télam:

Morel: ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?

Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: Uhh, ¿cómo no lo mataste, boludo?

Morel y los otros tres detenidos están imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por delitos con penas de hasta ocho años de prisión, como incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones; organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor; alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En el kirchnerismo aseguran que la participación de la AFI -que tiene vedado por la ley realizar tareas de inteligencia interna- fue promovida por el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, luego de que la pericia del teléfono celular de Sabag Montiel  a encomendada a la Policía Federal -bajo la conducción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández- terminara con el contenido del dispositivo borrado y la desconfianza creciente de De Pedro, de extrema confianza de la vicepresidenta.  

En el riñón del kirchnerismo sostienen que el mapa de relaciones entre Revolución Federal incluye a Brenda Uliarte -asistió a una marcha de la organización en la que se arrojaron antorchas encendidas a la Casa Rosada previo al atentado- y a un dirigente de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, que participó del espacio de José Luis Espert, coqueteó con Javier Milei y tiene fotos con Patricia Bullrich, la principal apuntada por el sector fiel a Fernández de Kirchner como principal apoyatura política de estos grupos sospechados.

Uno de los dirigentes del kirchnerismo que sostiene esos vínculos es el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), quien este viernes dedicó una emisión de su canal de Youtube a mostrar esas relaciones e infirió la conexión de los grupos radicalizados y Carrol con Bullrich. Sin embargo, la dirigente de Juntos por el Cambio dijo a elDiarioAR: “No los conozco -a los detenidos por el expediente contra Revolución Federal- y no tienen ninguna relación con nuestra campaña”.

Carrol es la última incorporación al mapa de relaciones que estudia el kirchnerismo: hace cuatro semanas, Sabag Montiel presentó un escrito ante la jueza Capuchetti sosteniendo que quería ser su propio abogado, lo cual fue rechazado por la magistrada. Luego, el hombre que apuntó y gatilló a la vicepresidenta sostuvo ante el juzgado que ponía a Carrol a cargo de elegirle un nuevo abogado. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel sigue a cargo del defensor oficial Juan Martín Hermida.

Entonces, Carrol copó la escena. Fue invitado al programa de Pablo Duggan en C5N el 19 de octubre y sostuvo “no voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel”. “Yo no los conozco”, “los conocí por la pantalla de Crónica”, “la llamé a Brenda Uliarte y le pedí una entrevista por Instagram Live, después se sumó el novio”, la convocatoria que los reunía era “no planes, trabajar”.

“Después de la entrevista, con ella intercambié mensajes. La invitamos a un cumpleaños de Almeida -otro integrante del espacio de Carrol- que era abierto”, dijo. “Vinieron, eran dos personas raras, no hablaron de política en ningún momento, sino de incidencias personales de ellos”. El encuentro fue unos diez días antes del atentado, agregó el dirigente de Nuevo Centro Derecha.

Carrol afirmó que al día siguiente del atentado, “abogados que, calculo que habían visto el IG live, me llamaron para pedirme el número de ella. Me comuniqué con ella para decirle que había abogados que estaban ofreciendo defenderlo a cambio de fama”.

-¿Cómo se entera de ese ofrecimiento Sabag Montiel si estaba incomunicado?- le preguntó el conductor.

-Yo tampoco lo entiendo.

Financiamiento o contratación

Los empresarios Flavio y Hugo Caputo, hermanos mayores del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, y primos del empresario Nicolás “Nicky” Caputo -mejor amigo del expresidente- aún no explicaron cómo llegaron a contratar al grupo libertario de Jonathan Morel, detenido en otro expediente vinculado, para la fabricación de muebles por unos $6,5 millones que ni siquiera fabricó la supuesta carpintería de Revolución Federal, ya que el trabajo fue tercerizado, como informó el propio líder del grupo político -o antipolítico-, detenido desde el jueves por orden del juez Martínez De Giorgi, quien también ordenó allanamientos en la empresa de los Caputo.

Matías Cúneo Libarona, abogado de ambos desarrolladores inmobiliarios -quien también representó a Luis Caputo en la causa por ocultar que fue dueño de una offshore en Islas Caimán- aseguró a este medio que los empresarios admiten la contratación de la carpintería de Morel pero niegan terminantemente tener relación con el atentado a Fernández de Kirchner. También negaron que el exfuncionario de Macri y el mejor amigo del exmandatario tengan relación con la empresa Caputo Hermanos SA que contrató a Morel. “Con Nicolás ni siquiera tienen relación y Luis o Totó nunca tuvo vínculo con la empresa de sus hermanos mayores”, aseguró un allegado a los empresarios.

Los accionistas de Caputo Hermanos SA presentaron de manera espontánea un escrito ante la Justicia a través de su abogado horas antes de que se ordenaran los allanamientos y detenciones del caso, el jueves último. A través del penalista, la desarrolladora inmobiliaria aportó documentación, facturas comerciales y fotografías que acreditan la compra, existencia y entrega de los muebles adquiridos a Morel.

Flavio y Hugo Caputo afirmaron al juzgado que la hipótesis que “fomentaron” Página/12 y C5N de que Caputo Hermanos SA financió a Revolución Federal a través de la compra de muebles sería “errónea, tergiversada y maliciosa”, según el escrito al que accedió este medio.

La explicación de los Caputo excluyó un dato central: cómo llegaron a contratar a la supuesta carpintería de Morel, si fue por recomendación (y de quién) o por otra vía (y cuál). Ante la consulta de elDiarioAR, su abogado respondió que esa información será aportada por la empresa este lunes ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

Nicolás Caputo, primo de los empresarios que quedaron involucrados en el caso, también niega cualquier vinculación con sus primos y la compañía, según aseguró un allegado al mejor amigo de Macri.

La contratación salió a la luz primero en los medios de comunicación y luego la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó al juez Martínez De Giorgi “transferencias realizadas por los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur –ambos administrados en calidad de fiduciario por Caputo Hermanos- principalmente entre enero y agosto del corriente año 2022, por montos de dinero elevados —en total aproximadamente más de $6,5 millones—, que tuvieron por destino cuentas de titularidad de Jonathan Morel” y dos mujeres que serían una empleada de la carpintería y su expareja.

PYME

La carpintería de Revolución Federal está ubicada en la localidad de Boulogne y es donde Morel dijo que fabricaron la guillotina y antorchas que llevaron a Plaza de Mayo para una protesta contra el kirchnerismo con la leyenda “todxs presos, muertos o exiliados”. Morel negó durante la indagatoria del viernes haber participado en el atentado a Fernández de Kirchner. Tras el hecho, además, había dicho en una entrevista con elDiarioAR que los audios entregados a la Justicia por la AFI “están fuera de contexto”. “Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los fundadores de Revolución Federal y también fue detenido el jueves por orden de Martínez De Giorgi. Ambos militaron en 2015 para la campaña de Macri. “A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados”, dijo Sosa a Revista Anfibia previo al atentado del 1° de septiembre.

En el dictamen en el que el fiscal Pollicita solicitó las detenciones e indagatorias de Morel, Sosa y otros dos integrantes del grupo, Gastón Guerra y Sabrina Basile, el magistrado sostuvo que los primeros dos acusados en el expediente iniciado por la AFI organizaron Revolución Federal con el objetivo de llevar a cabo “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor” e incitaron “a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

“Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', 'no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias', 'al kirchnerismo cárcel o bala', 'no se quieren ir? Los vamos a sacar', 'que se vayan todos', entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales”. “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, fue otra de las consignas citadas por Pollicita.

ED

Cómo y por qué una pareja de flamantes vendedores de copos de azúcar terminó protagonizando un intento de magnicidio; cómo pasó Fernando Sabag Montiel de intentar vender un colchón por 2.000 pesos a apuntar y gatillar un pistola a centímetros de la vicepresidenta; por qué Brenda Uliarte mutó de hija de un kirchnerista a presunta instigadora del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner; o por qué el acto criminal fue frustrado y la expresidenta logró salvar su vida. 

A un mes del hecho que casi le cuesta la vida a la principal líder política del país, la causa tiene cuatro procesados con prisión preventiva, aunque aún resta responder varias preguntas. Existen pericias informáticas y psicológicas pendientes. En los tribunales de Comodoro Py, una causa de cuatro semanas está en pañales. Pero el expediente por el atentado a Fernández de Kirchner tiene plazos diferentes: se mueve rápido, con tropiezos, pero veloz.

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó como coautores de homicidio calificado en tentativa a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Este viernes, además, dictó los procesamientos de dos allegados a la pareja, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, como partícipes secundarios. Ninguno de los cuatro ha reconocido su autoría en el hecho. Ni siquiera Sabag Montiel, arrestado in fraganti.

Los cuatro acusados pertenecen al mismo estrato social, una clase media baja experta en rebuscarselas en la economía informal. Sabag Montiel y Uliarte tenían algo más en común: mientras buscaban formas de ganar dinero, ambos aspiraban a la notoriedad y al protagonismo entre sus pares. “Aires de grandeza”, “fabulera”, “agrandado”, “mentirosos”, los calificaron algunos testigos e los otros dos imputados. 

Carecían de contención familiar y social. Uliarte desprecia tanto a su padre como a Fernández de Kirchner, a quienes ve reflejados en un espejo, según surge de una de las conversaciones extraídas del celular de Carrizo y a las que accedió elDiarioAR. Sabag Montiel nunca conoció a su padre, por quien también mostró un grado de desprecio, según aclaró en su primera declaración indagatoria, afirmó una fuente directa del caso a este medio.

La causa parece haber entrado en una meseta que, por el momento, gira sobre el entorno de los acusados, con resultados periféricos.

Fernández de Kirchner y el oficialismo insisten en que los detenidos serían sólo los “autores materiales” del atentado. Durante su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, la vicepresidenta sugirió que el Poder Judicial y los medios eran instigadores indirectos de sus homicidas -“dan licencia social para cualquier cosa”, dijo en referencia al intento de homicidio-, pero enfatizó que existirían “autores intelectuales”, a quienes no puede identificar. 

La pericia sobre el arma realizada por la Policía federal determinó que la pistola Bersa calibre 32 era apta para el disparo al igual que las cinco balas halladas en el cargador. Si bien, los peritos detectaron una falla en la corredera afirmaron que esa no era la razón por la que la bala no había sido disparada. “Yo sí sé disparar”, dijo Uliarte en una conversación sobre el intento fallido de Sabag Montiel.

En el gatillo, corredera y empuñadura de la Bersa detectaron dos muestras de ADN: una es compatible con el de Sabag Montiel; la segunda pertenece a un segundo individuo no identificado, de acuerdo con el informe citado por la jueza en los procesamientos de este viernes.

Más allá de la oportunidad política que la oposición le pueda adjudicar a esa teoría, los perfiles de los acusados que surgen de las pruebas acumuladas en el expediente generan la sensación de que creer que Sabag Montiel y Uliarte habrían estado al borde de un magnicidio que pondría en riesgo la estabilidad política y social de un país es pecar de inocente. Sin embargo, la Justicia aún no encuentra ningún indicio certero de la existencia de un “cerebro” detrás del intento criminal que supere la figura de Uliarte.

En la última semana, la jueza ordenó una serie de allanamientos al hermanastro de Carrizo y a uno de sus contactos telefónicos, a pedido de la querella que representa a la vicepresidenta. Se secuestraron más teléfonos y dispositivos electrónicos. 

Desde hace tres días, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra realizando una nueva pericia del teléfono celular de Sabag Montiel, el Samsung A50 que se le secuestró tras el hecho y que apareció formateado de fábrica y sin poder acceder a su contenido. Sólo se recuperó hasta el momento el material de una tarjeta de memoria externa y del chip.

En otro expediente iniciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras el atentado, el fiscal Gerardo Pollicita investiga a grupos de libertarios que podrían haber estado vinculados a Uliarte. En las últimas horas, el juez Julián Ercolini ordenó una batería de medidas solicitadas por el fiscal, informaron dos fuentes del caso a elDiarioAR. La causa está en secreto de sumario.

La “banda”

Sabag Montiel vivía de los alquileres de su vivienda familiar en Paternal y de tres autos viejos. Presenta “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, establecieron dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo evaluaron después de su detención. “Fue un flash como si apagaran la luz”, dijo a las especialistas cuando describió el momento en el que intentó matar a la vicepresidenta. “No entiendo nada”, agregó.

Tiene 35 años pero evidencia “inmadurez afectiva la cual compensa con tendencia a la actuación la cual puede afectar la capacidad de reflexión”, explicaron en otro informe la psicóloga Mónica Herrán y Maximiliano Luna, coordinador del Departamento de Psiquiatría Forense del Cuerpo Médico Forense (Poder Judicial), según publicó La Nación. “Está en condiciones de declarar” y descartaron que sea inimputable.

Durante su primera declaración indagatoria, en la alcaldía de la Policía Federal de la calle Cavia, parecía no comprender la gravedad de su escenario. Sabag Montiel quería hablar -es difícil callarlo, aseguran quienes lo trataron en el último mes- pero su defensor oficial, Juan Martín Hermida, le recomendó que no lo hiciera para garantizar su defensa. 

Aún así, tras escuchar la imputación en su contra, el detenido quiso “hacer algunas aclaraciones” ante la jueza y el fiscal Carlos Rívolo: afirmó, ofendido, que no fue ni es chofer de Uber; que no conoce a su padre; y que quería que la Justicia identifique a quienes lo golpearon durante los forcejeos que se produjeron tras el hecho. Tenía un ojo morado. 

Cuando la PSA lo trasladó el 23 de septiembre último para ingresar en una cárcel federal, Sabag Montiel todavía llevaba puesta la misma ropa del día de su detención, 22 días antes. “Chau, chicos, gracias por todo”, dijo mirando a la cámara oficial que registró el operativo (ver video en esta nota).

Durante su primera entrevista con su abogado, Hermida le preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que le acercara ropa. “Ámbar”, respondió, en referencia al sobrenombre de Uliarte. No tenía a nadie más. Días después, su novia también quedó detenida cuando la jueza la identificó en una imagen que corroboraba que había estado en el lugar y momento del hecho. 

Cuando la policía ingresó al monoambiente que alquilaban en San Martín, encontró el lugar sucio y revuelto. Hallaron restos de placenta y de un cordón umbilical.

“Quiero hablar del Hombre Gris”, dijo a uno de sus interlocutores en las últimas semanas. Del otro lado, lo frenaron. Sabag Montiel no tiene tiempo para teorías esotéricas -enfrenta una posible condena a 15 años de prisión-, pero quería hablar sobre la premonición del artista Benjamín Solari Parravicini: un supuesto “hombre gris” que llegaría para liberar a Argentina.

Uliarte, de 24 años, no terminó el colegio secundario. Vendía contenido sexual por internet y según Carrizo tuvo al menos una vez sexo por dinero con uno de sus colegas vendedores de copitos. Tuvo un hijo, pero según ella, falleció siendo bebé.

En los mensajes extraídos de su celular (que se transcriben en esta nota sin errores de tipeo, puntuación y ortografía, pero se replican las mayúsculas y expresiones coloquiales utilizadas), se adjudica haber sido la ideóloga del intento de magnicidio. La jueza también lo determinó en base a las conversaciones analizadas. Uno de los copitos o vendedores ambulantes que integraba el grupo manejado por Carrizo declaró en la causa que el padre de Uliarte la había echado de la casa, enemistado con su hija porque él es “ultrakirchnerista y ultraperonista”, según el testigo. De los chats también surgen declaraciones de Uliarte contra su padre.

Otro de los copitos, Miguel Ángel Castro Riglos, declaró en la causa que Uliarte tenía convicciones contrarias al kirchnerismo pero que Sabag Montiel carecía de convicciones políticas, “ni tenía intención de agredir a nadie, menos a Cristina Fernández”, dijo el testigo. Uliarte sí tenía “una idea radical contraria al peronismo” y aunque nunca le dijo que quería “matar a Cristina”, hablaba de su deseo de que la vicepresidenta muriera. Otro testigo lo contradijo y contó que en uno de los grupos de Whatsapp que integra, Sabag Montiel había manifestado su deseo de matar a Fernández de Kirchner.

“Fernando tenía aires de grandeza”, “quería el puesto de líder y dar órdenes”, “quería ser famoso”, agregó Castro Riglos.

Carrizo tiene 27 años. Conoció a la pareja a mediados de año en una de las fiestas que el “jefe de los copitos” -así se presentó ante la Justicia cuando fue a declarar como testigo- suele organizar. Maneja el grupo de Whatsapp “Girosos” para las convocatorias. Es quien proveía a Sabag Montiel y Uriarte de algodones de azúcar o copos de nieve para venderlos en las calles.

La jueza lo procesó como partícipe secundario en base al contenido de su teléfono celular y en particular por las conversaciones en las que sostuvo que le había entregado a la pareja un arma calibre 22 -que no es la que usó en el hecho, una pistola calibre 32- y que estaba orgulloso de lo que había hecho Sabag Montiel. También afirmó que su colega se había apurado porque el atentado estaba planeado para la semana siguiente. Ante la Justicia, sostuvo que todo lo que dijo fue en el marco de una broma, un “show”.

Tras el atentado le escribió a Uliarte: “Ya saben todo igual. Lo que hizo Nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HÉROE NACIONAL”. “SI YO TAMBIÉN ME PARECE EL SAN MARTÍN MODERNO. EL QUISO LIBERAR A UN PAÍS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”, escribió en respuesta la novia de Sabag Montiel. 

“Amigo te lo digo hoy acá, creo que yo voy a terminar ese trabajo”, le manifestó Carrizo a uno de sus contacto sobre lo que había hecho Sabag Montiel.

Díaz tiene 21 años y cursa el último año de la escuela secundaria. Su madre declaró ante la Justicia que su hija dedica sus días a estudiar, ir al gimnasio, y a sus gustos por la lectura, los gatos, los comics de Marvel y DC y el animé. Conoce a Uliarte porque cursaron el secundario juntas hace años. Díaz también negó cualquier vinculación con el hecho pero la jueza la procesó como partícipe secundaria del intento de homicidio por el contenido de los chats que mantuvo con Uliarte. En especial, por haberle sugerido que descartara su teléfono tras el hecho.

Uliarte le escribió a Díaz tras un supuesto intento fallido de matar a Fernández de Kirchner, a finales de agosto: “Hoy me convierto en San Martín (…). Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí (sic). Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”. Díaz le respondió: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?” Uliarte replicó: “No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune”.

Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada“, se ufanó Uliarte. Lo cierto es que nunca existió un plan de salida. 

“¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”, le dijo Díaz. “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”, respondió Uliarte.

Tierra de oportunidades

La “banda” se conoció en una fiesta a medidados de este año, organizada por Carrizo. Al día siguiente de la fiesta, la pareja regresó al departamento de Montes de Oca, donde solían reunirse los copitos y donde vive uno de ellos, Sergio Orozco, con la excusa de buscar una campera olvidada, pero según Carrizo fue para que Uliarte tuviera sexo con Orozco a cambio de dinero. Mientras “eso sucedía” Carrizo se puso a hablar con Sabag Montiel y tras un segundo encuentro, semanas después en la casa de una conocida, les ofreció trabajo como vendedores de copos.

El hombre que apuntó con un arma a la vicepresidenta comenzó a trabajar en el rubro de los copitos a finales de julio último.  

Carrizo fue quien les aportó dos certificados falsos de discapacidad supuestamente expedidos por la Junta Evaluadora de Quilmes. La Justicia investiga si la falsificación de estos carnets eran una fuente de financiamiento pero hasta el momento la hipótesis más firme es que los utilizaban para no pagar transporte público.

Carrizo preparaba los copos de azúcar en el departamento de la calle Montes de Oca y los vendedores debían presentarse a retirarlas. Funcionaban como un grupo de trabajo. 

El jefe de los copitos se molestó en alguna oportunidad porque Sabag Montiel y Uliarte llegaban tarde o no llegaban, cuando se habían comprometido a retirar el producto. Les había preparado los palos, que lleva una ranura para insertar cada palito con su respectivo algodón de azúcar. El costo, en agosto, era: “Hasta 50 copos por 600 pesos”, de acuerdo con las conversaciones extraídas de los teléfonos.

A la pareja le tomaba dos horas llegar hasta el departamento de Barracas a retirar el palo de copos.

Sabag Montiel decía tener planes para hacer crecer el negocio de los algodones de azúcar. Brenda Uliarte era su musa para el marketing y su iniciativa parecía generar rispideces entre los copitos, que no era un grupo ameno. “Se pelean mucho”, surge de los mensajes.

“Yo sé que soy un bardo, yo reconozco que llego tarde, pero en ciertas cosas soy estructurado y creo que vamos a impulsar… a… a…. levantar la calidad de trabajo que vamos a tener para que todos estemos bien”, se disculpó Sabag Montiel con Carrizo en un audio de Whatsapp, en agosto último.

La aparición de la pareja en Crónica TV habría sido planificada con fines comerciales, según surge de los mensajes que intercambió con Carrizo. Sabag Montiel y Uliarte aparecen en un supuesto móvil espontáneo criticando la política de planes sociales y Uliarte se cruza con una beneficiaria de un plan social que está siendo entrevistada en otro móvil, discuten en torno al tema y Uliarte dice que prefiere trabajar antes que cobrar un subsidio. 

El 17 de agosto último, Sabag Montiel le envió un audio de Whatsapp a Carrizo para comentarle que a raíz de la aparición de Uliarte en el móvil de televisión tenía el presentimiento de que la nota televisiva iba a rebotar en una “venta masiva en Corriente y el Obelisco cuando la reconozcan a Brenda estos días”, según surge de la transcripción en el expediente. Le ofreció a Carrizo pagarle “cinco veces” más de lo habitual: en lugar de 40 copos, 200 copos. “Debemos estar preparados ante algo masivo”, le comentó, y quería regalar copitos en entrevistas televisivas que vendrían en el futuro.

Carrizo no le dio entidad. Le respondió el audio recién al día siguiente: “Amigo, yo te cobro por persona, si te llevas un palo son 600, hasta 50 copos son 600. Después de eso ya son 600 más. Lo que necesites te lo armo. Ojalá eso de Brenda te sume mucho”.

Sabag Montiel, “Nando” o “Tedy”, como lo llaman, no calificaba como amigo de los copitos. De los mensajes extraídos del teléfono de Carrizo surgió que no lo incluían en las reuniones sociales y limitaban su relación a lo laboral. 

A veces conversaban de cuestiones cotidianas. El 21 de julio, Sabag Montiel y Carrizo conversaron sobre un colchón, que Nando vendía a dos mil pesos. El jefe de los copitos dijo que le interesaba comprarlo pero que primero quería pasar a verlo y Sabag Montiel le pasó la dirección del monoambiente que habitaba en la calle Uriburu, en San Martín.

Carrizo y Uliarte sí hablaban de cuestiones políticas. El 23 de agosto último, al día siguiente del pedido de doce años de prisión solicitados por el fiscal Diego Luciani contra Fernández de Kirchner en el juicio por Vialidad, el jefe de los copitos le escribió a la mujer (se transcribe la versión presentada por los técnicos de PSA en el expediente):

-Ya se les acabó la joda.

-Sí, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende -, respondió Uliarte.

-Y bueno, date cuenta cómo les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea, siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Inmediatamente después, Uliarte criticó a su padre por ser “peroncho”, le propinó calumnias y lo comparó con la vicepresidenta: (Éñ ss) como Cristina“.

-La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo -afirmó Carrizo.

-Sí, así se sale adelante -confirmó Uliarte para después aseverar: “Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”.

-Sí, ¿no? -reaccionó Carrizo.

-Si, re hace falta.

Carrizo cambió de tema: “Decile a Nando que invente una bebida”.

Faltaban nueve días para el intento de homicidio.

ED/MG

El cuarto detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la pieza que puede conducir a los investigadores del caso hacia un nivel más elaborado del plan para asesinar a la expresidenta y a otros posibles cómplices, según confió a elDiarioAR una fuente directa de la causa. Gabriel Nicolás Carrizo, “jefe de la banda de los copitos”, maneja un grupo de la aplicación Whatsapp al que hizo referencia en un chat con una amiga horas después del atentado a la vicepresidenta, según pudo corroborar este medio. 

“Tengo un grupo de 90 personas nos estamos juntando todos ahora pars (sic) ver como solucionar este problema”, “estamos decididos a matarla”, dijo a su contacto la madrugada del 2 de septiembre, tras detallarle que le había dado un arma a Sabag Montiel para el intento de homicidio, que había salido mal, que no entendía por qué y que su cómplice se había adelantado una semana al plan.

El teléfono de quien se presentó en la Justicia como “el jefe” de la banda de los copitos, un grupo de al menos cinco vendedores ambulantes de algodones de azúcar, todavía está siendo analizado por los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y resta establecer si este grupo de Whatsapp tiene relación con el caso.

El lunes posterior a la detención de Uliarte, Carrizo convenció a sus colegas vendedores de presentarse espontáneamente ante la jueza Capuchetti para declarar como testigos y mostrarse a disposición de la Justicia y antes, de aparecer en la televisión despegándose de Sabar Montiel. 

A través de sus testimonios, buscaron despegarse de Uliarte; aportaron información sobre la mujer y sobre Sabag Montiel para ubicarlos como responsables únicos del atentado; y cuando el fiscal Carlos Rívolo les preguntó si aportarían sus teléfonos celulares y claves de acceso, accedieron. Por alguna razón, Carrizo no había borrado contenido clave de las conversaciones mantenidas después del atentado y por las cuales quedaría detenido la semana última. 

Este viernes, Carrizo dijo durante su indagatoria que creó un grupo de Whatsapp llamados “Girosos” con decenas de personas para organizar fiestas y salidas, “para salir de joda”, lo parafraseó su abogado, Gastón Marano, ante la consulta de elDiarioAR. De hecho, contó que conoció a Uliarte y Sabag Montiel en una de esas fiestas organizadas por él mismo hace unos tres meses, agregó su defensor. 

¿Cuál es el verdadero fin de ese grupo con decenas de personas y esas fiestas organizadas por Carrizo? Antes de la indagatoria, el abogado Marano, también asesor de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia por recomendación del senador Ignacio Torres (Juntos por Chubut), le recomendó a Carrizo que no declarara, pero el acusado insistió y dijo a su defensor que quería hablar, por lo que sólo respondió preguntas de la defensa.

Carrizo dijo que los chats transcriptos a continuación en este artículo habían sido “una broma de mal gusto”, negó su participación en el atentado, se mostró “asustado” cuando le mostraron la Bersa calibre 32 que utilizó Sabag Montiel para el hecho y dijo que nunca había tenido armas. También negó participar en política.

Los chats

En los mensajes extraídos de su teléfono, “el jefe de los copitos” mantuvo al menos dos conversaciones con una amiga. La primera fue en la madrugada del 2 de septiembre, unas cuatro horas después de que Sabag Montiel intentara asesinar a la vicepresidenta, y en la que se refiere a su participaron en la planificación del atentado y hace especial referencia a ese grupo de Whatsapp. Esta es la transcripción textual a la que accedió elDiarioAR, sin correcciones ortográficas ni de puntuación:

Carrizo: mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional andrea las elecciones la van a volver a ganar ellos estuvo muy cercaaa fallo el arma no lo entiendo andabs bien (sic).

Amiga: hay gaby cón quien estas (sic). 

Carrizo: es largo de explicar pero tengo un grupo de 90 personas nos estamos juntando todos ahora pars (sic) ver como solucionar este problema.

Minutos antes, Carrizo le había dicho a su amiga: “Es arma es mía Entendes (sic). Estaba preocupado. Creía que Sabag Montiel había usado un arma calibre 22 que el propio Carrizo le había dado para cometer el hecho. Su amiga buscó tranquilizarlo: ”No está a tu nombre gaby“. ”No pero aparecen mis huellas“, le respondió Carrizo. 

Su amiga le dijo que las huellas no quedaban en el arma y le sugirió “no te comas la cabeza”. “Tiene la huella del otro chabon” (sic), le dijo su amiga. 

Fue entonces cuando Carrizo le contó: “Esto estaba planificado para dentro de una semana”, “hizo todo mal”, “es un pelotudo”. 

“Bueno venite cuando puedas”, “no te comas la cabeza con lo que dicen”, trató de tranquilizarlo su amiga, a lo que Carrizó retrucó: “Pensamos ponerle frente a esto”, “estamos decididos a matarla a puta esa” (sic). Su amiga le pidió que pensara en su hermano, pero Carrizo seguía con la misma idea: “Cristina tiene miedo, salio (sic) mal pero tiene miedo”. 

Casi antes de las 8.30 de la mañana del viernes 2 de septiembre, unas seis horas después de esa primera conversación, Carrizo y su amiga volvieron a comunicarse. Entonces, ya se había dado la noticia de que el arma secuestrada en el lugar del hecho durante la detención de Sabag Montiel era una pistola semiautomática Bersa calibre 32. 

Carrizo: “Mira nose (sic) si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto.. recién hablé con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a crónica a hablar”, en referencia al canal Crónica TV, donde habían ido durante la madrugada, sin éxito, porque el personal de canal no les permitió la entrada debido al horario. 

Ante la jueza y el fiscal del caso, Carrizo dijo que sus comentarios en ese chat fueron una broma y que el arma calibre 22 no existe. Esa noche, Carrizo había intentado hablar con Uliarte insistentemente, según una fuente de la causa, y recién logró comunicarse alrededor de las 5 de la mañana.

¿Quiénes irían a la televisión al día siguiente del atentado? “Todo el grupo de trabajo”, “por que (sic) estoy recibiendo amenazas”, “todos los del grupo estamos amenazados”, “si me quieren matar” “y los periodistas me quieren entrevistar”, le dijo Carrizo a su amiga esa mañana. La mujer le respondió: “Quien gaby” (sic), “y yo q vos ago (sic) las entrevistas”, “y explicas que te amenazan”.

Ese viernes por la noche, Carrizo, Uliarte y otros cuatro hombres que se presentaron como vendedores de algodones de azúcar dieron una entrevista en Telefé Noticias despegándose de Sabag Montiel, quien estaba detenido por el intento de homicidio.

ED

Lo dos principales acusados del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planificaron el atentado del 1° de septiembre, tenían intención de darle muerte y estudiaron el momento y lugar preciso para concretar su cometido, pero aunque la Justicia llegó a estas conclusiones, aún intentan determinar otros puntos clave para cerrar el caso. Así surge del procesamiento dictado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti contra Fernando Sabag Montiel (35) y Brenda Uliarte (23) y la consulta de elDiarioAR a los investigadores.

Sabag Montiel fue detenido in fraganti la misma noche del hecho, tras apuntar y gatillar un arma de fuego a centímetros de la cara de la vicepresidenta. Uliarte participó de la planificación y asistió a su cómplice la noche del atentado, según la jueza, por lo que ambos quedaron este jueves procesados como coautores de homicidio calificado en grado de tentativa y con prisión preventiva.

Los mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono de Uriarte fueron centrales para reconstruir el hecho y definir los roles de cada uno de los acusados. Fue en base a los mensajes que la mujer intercambió con Sabag Montiel y al menos otros tres contactos que permitieron a la jueza determinar que fue quien compró la pistola Bersa calibre 32 y que participó activamente de la planificación del hecho. 

A pesar de que esta semana circularon en las redes sociales transcripciones corregidas de algunos de los mensajes que escribió Uliarte, lo que despertó suspicacias de algunos usuarios sobre la detallada corrección ortográfica de la mujer, los mensajes originales están escritos sin tildes ni comas, ni otras reglas ortográficas, según pudo corroborar elDiarioAR de la prueba directa.

El principal hueco en el procesamiento es la falta de acceso a los mensajes del teléfono de Sabag Montiel. La jueza dedicó varias páginas del escrito firmado este jueves para explicar por qué no cuenta con esa prueba: por primera vez se pronunció ante las partes sobre la pericia fallida del dispositivo Samsung A50 realizada por un perito de la Policía Federal Argentina (PFA) y el borrado de fábrica del teléfono, que provocaron un enfrentamiento entre la magistrada y la fuerza de seguridad. El fiscal Carlos Rívolo le solicitó ordenar una pericia para determinar qué falló en la apertura del teléfono. 

El arma

El segundo hueco en la investigación, si bien para la jueza es secundario para establecer la responsabilidad de Sabag Montiel y Uliarte en el hecho, es explicar las razones de por qué si la intención -tras tareas de inteligencia, vigilancia y estudiada planificación- fue dar muerte a Fernández de Kirchner, el atentado no logró concretarse. 

La pericia balística realizada por la Policía Federal dio un indicio de lo que podría haber sucedido pero lo cierto es que los investigadores aún no tienen claro por qué o cómo la vicepresidenta salvó su vida. Creen que la respuesta sólo puede darla Sabag Montiel, quien se ha negado a declarar en tres oportunidades, dijo una fuente directa de la causa ante la consulta de elDiarioAR. 

La pistola semiautomática, marca Bersa, secuestrada tras la detención de Sabag Montiel -con rastros de su ADN en gatillo, empuñadura y corredera- resultó ser “apta para producir disparos, de funcionamiento anormal”, sostuvo la pericia, debido a una falencia en la pistola: “Falta de retención de corredera”. La pericia sostiene que “el retén de la corredera no se eleva correctamente y no retiene a la corredera al estar el estuche cargador sin munición, debido a un desgaste de la pieza elevador de cartuchos del mencionado cargador”. Es decir, que “luego de efectuar el último disparo, la corredera queda cerrada, cuando debería quedar abierta/retenida por dicho retén de corredera”, explicó la jueza en el procesamiento de Sabag Montiel y Uliarte. 

Sin embargo, esa falencia en la pistola “no afecta el ciclo de disparo de arma (alimentación de munición en recámara, disparo, extracción y eyección de vaina servida resultante)”, según el perito que analizó la Bersa. El experto probó uno de los cartuchos secuestrados a Sabag Montiel y Uriarte y también resultó “apto para fines específicos”. 

“Todo lo expuesto permitió concluir a los expertos de la División Balística de la Policía Federal Argentina que ‘el uso conjunto del arma y munición bajo estudio, resultan aptos para producir disparos en forma conjunta’”, dijo la jueza. Esto es lo que saben hasta el momento los investigadores.

Tampoco está claro el origen de la pistola, otro dato secundario pero puede terminar de esclarecer el rol de cada uno de los imputados.

La investigación determinó que el “plan criminal” para matar a la vicepresidenta comenzó el 22 de abril, según el texto del procesamiento. Ese día, Uliarte “habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado”, según surge de las conversaciones en su teléfono celular peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Es la primera vez que se informa que fue la acusada y no su cómplice quien adquirió la pistola utilizada en el atentado. La pistola Bersa estaba registrada a nombre de un hombre fallecido que fue vecino de Sabag Montiel en el barrio de Paternal, según los registros del arma, pero hasta el momento no se ha precisado si fue robada a su dueño original o comprada. 

Uliarte le contó a un contacto identificado como “Serena” que había adquirido un arma de fuego: “Si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede” (sic). El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como “Fran”, a quien le afirmó: “Tranqui no va a pasar nada. No careteo nada. Es mio (sic) el fierro. Lo compré para asustar a un ex que bardio (sic). Se burló de mi hijo”. 

El plan

Sin embargo, la primera referencia de Uliarte sobre querer dar muerte a Fernández de Kirchner apareció en julio, según los mensajes.

Tras haber dicho que tenía consigo el arma, pasaron más de dos meses hasta que Uliarte se comunicó con otro contacto, agendado como “Amor de mi vida”, para manifestar su intención de asesinar a la vicepresidenta. Ese contacto fue identificado por los investigadores como Agustina Díaz, detenida esta semana e indagada el miércoles.

Fue el día 4 de julio último, cuando Uliarte le dijo a Díaz: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es como (sic) porque la vieja tiene seguridad” (sic).  

“Para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida” de Fernández de Kirchner, “iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución, lo cual ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado”, estableció Capuchetti. 

Al día siguiente, en otra conversación con un contacto identificado como “Nacho”, Uliarte le dijo que “para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder se puede hay que encontrar la manera … no necesito pagarlo yo puedo serlo ... se (sic) usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… hay que encontrar un hueco ser estratega” (sic). Su interlocutor le sugirió que no lo hiciera y le dijo que estaba delirando.

El 23 de agosto, Sabag Montiel le dijo en una conversación: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique (sic) le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”. 

Uliarte le contestó: “¿No te gusta el depto.?”, a lo que Sabag Montiel respondió: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo” (sic).  

Uliarte le envió entonces un audio: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta, amore. Si vieras dónde vive Cristina, entendés. Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Si, hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Sabes que hace falta? Un francotirador. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda” (sic). 

El 27 de agosto, Uliarte y Sabag Montiel mantuvieron otra conversación por Whatsapp, que reconstruye el procesamiento:

Sabag Montiel: -No, ya se me… metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo… le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada. 

Uliarte: -Estoy llegando a casa. 

Sabag Montiel: -Al pedo q vengas (sic)… No va a salir… Ya se metió adentro. 

Uliarte: -Que hija de puta la Cristi…Se da cuenta. 

Sabag Montiel: -No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido, ¿entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió acá, la siguieron y ahí tendría que haber sido. 

Fue la noche de un primer intento de homicidio que Sabag Montiel decidió abortar. La conversación continuó. Esta es la transcripción que aparece en el escrito del procesamiento, textual:

Sabag Montiel: -Que gracia me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la “V” vos llegas a tirar con el fierro ahí y llegas a arrancar a los tiros ¿Vos sabes cómo salen todos corriendo? Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil… O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil que se yo. 

Uliarte: -Ya llegué amor… ¿Vos decís que no te van a agarrar? La onda es que metas el corchazo y te escapes. 

El entorno

Quiénes colaboraron con Uliarte y Sabag Montiel es otro de los puntos que la investigación dejó abierto, por ahora. En la causa hay otros dos detenidos: Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Carrizo, quien se presentó en la Justicia como “el jefe” de los “copitos”, el grupo de fabricantes y vendedores ambulantes de algodones de azúcar o copos de nieve que integraban Uliarte y Sabag Montiel.

Sin embargo, ni el juzgado ni la fiscalía descartan que la pareja pueda haber contado con más cómplices y se investiga el círculo social de ambos, el contacto con libertarios radicalizados y al resto de los “copitos”, informaron tres fuentes directas de la investigación. Se espera que Carrizo, quien ya había declarado como testigo sea indagado como imputado este viernes,

Ese mismo 27 de agosto, cuando Fernández de Kirchner habló a la multitud en la puerta de su domicilio, Uliarte intercambió mensajes de Whatsapp con el contacto “Amor de mi Vida”. Este fue el diálogo, textual, sin correcciones ortográficas ni de puntuación: 

Uliarte: -Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro. 

Amor de mi vida (Díaz): -¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? 

Uliarte: -Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi. 

Amor de mi vida (Díaz): -Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

 Uliarte: -No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.

Amor de mi vida (Díaz): Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos complice de la muerte de la Vicepresidenta. 

Uliarte: -Por eso mandé a alguien. 

Amor de mi vida (Díaz): -Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea. 

Uliarte: -Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada. 

Amor de mi vida (Díaz): -¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites. 

Uliarte: -Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país. 

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo cómo percibió el intento de matarla el jueves 1° de septiembre por la noche, luego de que Fernando Sabag Montiel le apuntara y gatillara una pistola cargada con cinco proyectiles calibre 32 cerca de la cara. El relato casi completo de su testimonial surge del procesamiento del acusado y su principal cómplice, Brenda Uriarte, dictado este jueves por la magistrada.

El texto expuesto en el escrito reproduce una pregunta que le realizó el fiscal Rívolo sobre el rol de la custodia y una respuesta evasiva en la que la vicepresidenta evitó dar detalles sobre si la custodia logró percatarse de lo que había sucedido. La fiscalía intenta determinar si los custodios incumplieron su deber como funcionarios públicos de proteger la vida de la funcionaria y adecuarse a los protocolos que le exige su función.

“Cuando vine acá, luego de salir del Senado -comenzó su testimonio la vicepresidenta-, la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar. Cuando bajo (del auto), hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme”, dijo ante la jueza y el fiscal. 

Fernández de Kirchner continuó relatando el hecho: “Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro”. Inmediatamente después, agregó: “Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar”. 

“Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic”, afirmó Fernández de Kirchner. 

La vicepresidente declaró a continuación: “Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo”. 

Cuando el fiscal Rívolo le preguntó si al momento del tumulto escuchó algún comentario del círculo de la custodia que le indicara alguna actividad a seguir, Fernández de Kirchner respondió: “En ese momento, personal de mi custodia me dijo ‘vamos, vamos’, porque me quería alejar del túmulo y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.

ED