EN LOS TRIBUNALES

Una semana de tensión, miradas cruzadas y pericias fallidas detrás de la investigación por el atentado a Cristina

La jueza Maria Eugenia Capuchetti, el viernes 2 de septiembre por la mañana, en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner.

La investigación por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner quedó nublada por las tensiones que desató la pericia fallida del teléfono del principal acusado, sumado a sospechas sobre la cadena de custodia del dispositivo y las filtraciones a los medios de comunicación, además del apartamiento de la Policía Federal. Así pudo determinarlo elDiarioAR de fuentes directas de la causa. 

Mientras la jueza María Eugenia Capuchetti trabaja en el procesamiento de Fernando Sabag Montiel (35) y en definir la situación procesal de Brenda Uliarte (23), y se investiga al entorno de la pareja y posibles cómplices en el hecho, la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo y las defensas trabajan en sus respectiva estrategias en la causa.

El expediente está caratulado como “homicidio en tentativa”. Durante la audiencias del martes, la jueza informó a los detenidos que serían indagados por “haber intentado dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner” y “haber contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”, según confirmó una fuente directa de la causa. Además, la jueza agregó que Sabag Montiel se había aprovechado del “estado de indefensión” de la funcionaria “generado por la multitud” que rodeaba a la vicepresidenta en su llegada al domicilio de Recoleta.

Los términos utilizados en la indagatoria son centrales para el fiscal Rívolo, quien desde hace más de una semana consulta y mantiene reuniones con sus colegas especializados en homicidios y delitos de género para determinar si el hecho debe encuadrarse en homicidio calificado en tentativa, lo que agravaría una eventual condena contra ambos acusados. 

La diferencia entre un homicidio y un homicidio calificado son las circunstancias y motivaciones del homicida, según el Código Penal, y las penas, más severas en el segundo de los casos, incluso en tentativa.

Los agravantes de la figura dependen de si el hecho se comete con “ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” o “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. También por “el concurso premeditado de dos o más personas”.

El defensor oficial de Sabag Montiel, Juan Martín Hermida, trabaja en establecer la mejor estrategia posible de defensa para el hombre que fue detenido in fraganti y el arma secuestrada en el lugar tiene rastros de ADN compatibles con el de su defendido en el gatillo, corredera y empuñadura. Tiene una tarea difícil y lo último que necesita son definiciones rápidas.

Por el momento, el defensor encargó una nueva pericia psicológica a Sabag Montiel, a cargo de profesionales del Ministerio Público de la Defensa. Será un informe profundo, aseguró una fuente directa de la causa. 

Los psicólogos de la defensa trabajaban en dos posibles diagnósticos y aunque un cuadro de enfermedad mental no necesariamente puede implicar que el acusado sea inimputable, sí puede amortizar las penas a la hora de un veredicto, explicó una fuente directa de la causa. 

En el expediente ya hay dos informes psicológicos oficiales realizados al detenido que arrojaron resultados disímiles sobre el estado de salud mental del hombre de 35 años, como informó elDiarioAR

Uno de los informes fue presentado por un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de la Nación; y el segundo, por dos psicólogas de la Policía Federal Argentina (PFA). El primero sostiene que el hombre se mostró colaborativo con las profesionales y presentó un “pensamiento de curso normal”; y el segundo, asegura que Sabag Montiel presenta “disgregación de pensamiento”, con predominio de “ideas de tipo delirante” y “relato confuso”, de acuerdo con la fuente consultada. Le diagnosticaron “ideación mística con tendencia a la megalomanía”, publicó La Nación este viernes.

Tensiones

El martes fue una jornada tensa en los tribunales de Comodoro Py. A la presión que implicó el traslado con fuerte custodia a los detenidos para sus declaraciones, se sumó una reunión por la tarde entre todas las partes en el despacho de la jueza.

Desde el quinto piso, el fiscal Rívolo y el defensor Hermida bajaron al despacho de Capuchetti en el tercer piso.

Restaban pocas horas para las indagatorias y continuaba el secreto de sumario en el expediente. Eso implicaba que ni la fiscalía ni la defensa tenían acceso al expediente. Ambos solicitaron acceso a la causa.  

Las filtraciones a los medios de parte de la prueba obtenida de los teléfonos de Sabag Montiel y Uliarte también generaron sospechas mutuas entre las partes que intervienen en la causa, según puedo precisar este medio.

El desencadenante

La semana ya venía cargada de tensiones. El desencadenante ocurrió el fin de semana último cuando el teléfono celular secuestrado a Sabag Montiel apareció “reseteado de fábrica” y el contenido del dispositivo no pudo ser recuperado. El fiscal solicitó que se realice una pericia para determinar qué provocó una posible falla en el procedimiento.

El teléfono modelo Samsung A50 fue secuestrado de la campera del hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de Fernández de Kirchner el jueves 1° de septiembre por la noche. 

Desde el primer momento, tras el intento de homicidio de la vicepresidenta, la magistrada había dispuesto que las pericias del arma, el teléfono y dispositivos secuestrados, los allanamientos y detenciones estuvieran a cargo de la Policía Federal. Capuchetti confiaba en esa fuerza de seguridad. 

El mismo jueves 1° de septiembre por la noche, el teléfono Samsung fue llevado por al menos un perito de la Federal desde Recoleta hasta el juzgado, donde se realizó la primera pericia. 

Si bien la Federal logró obtener el contenido de una tarjeta de memoria y del chip del celular, lo que buscaban obtener los peritos era el material dentro del dispositivo, que se mantuvo en una caja de seguridad del juzgado. 

Tras los intentos fallidos de la Federal por rescatar la prueba, el juzgado envió el aparato de marca Samsung a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fue por la noche. El teléfono salió del juzgado en un sobre que contenía el sobre original con el que había llegado el dispositivo al juzgado el jueves. 

Fue trasladado por el custodio personal de la magistrada y el secretario letrado a cargo de la causa. A mitad de camino entre los tribunales de Retiro y la sede de la PSA en Ezeiza, el secretario se bajó del vehículo y el custodio continuó camino para entregar el teléfono a la PSA. 

Al llegar, los peritos de la PSA llamaron al juzgado para informar que el sobre había llegado abierto y sin la correspondiente acta de cadena de custodia, una especie de diario en el que el juzgado debe dejar asentados todos los movimientos de las pruebas. 

“Ninguno de los sobres estaba lacrado. El sobre original se había abierto antes de enviarlo a la PSA para tomar nota de todos los datos de identificación del teléfono y se colocó todo dentro de otro sobre. La cadena de custodia no se violó. El custodio de la jueza es policía federal”, aseguró una fuente directa de la causa.  

“Transición ordenada”

Las críticas en torno a la forma en que el teléfono llegó a la PSA podría permitir que las defensas cuestionen eventualmente la cadena de custodia de la prueba que arroje el contenido del teléfono. Siempre y cuando se logre recuperar porque el teléfono fue borrado.

Otro riesgo es la posibilidad de que si Fernández de Kirchner asume como querellante en la causa pueda recusar a la jueza.

La perita de la PSA que analizó el Samsung A50 declaró en la causa que el borrado puede haber sido por impericia del perito de la Federal o porque Sabag Montiel lo formateó de fábrica antes del hecho u otra persona lo borró de forma remota, según la declaración a la que accedió elDiarioAR.

La jueza aseguró en su entorno que confía plenamente en su personal y que considera que la prueba salió del juzgado y llegó a la PSA sin descuidar la cadena de custodia. Pero a lo largo de los días fue desplazando gradualmente de la investigación a la Policía Federal.

La magistrada se reunió el lunes último con el jefe de la PSA, José Alejandro Glinski, quien también mantuvo un encuentro este martes con el fiscal Rívolo. 

El ministerio de Seguridad coordinó una “transición ordenada” para evitar rispideces obvias entre las fuerzas de seguridad. Este martes, ambas coordinaron los traslados conjuntos de ambos detenidos hacia los tribunales de Retiro, pero tras declarar en indagatoria ambos quedarán detenidos en una dependencia de la PSA.

Las pericias informáticas y algunos allanamientos comenzaron a estar a cargo de la PSA, que cuenta con tecnología más moderna, dijo una fuente de la causa. Para este fin de semana, la Federal apenas intervenía en el expediente. 

ED

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