La Cámara Federal de Casación Penal iniciará el lunes 26 de febrero las audiencias previas a resolver si confirma, revoca o agrava las condenas a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y a los demás acusados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz

El máximo tribunal penal federal del país escuchará desde ese día y en audiencias programadas hasta mediados de abril los cuestionamientos de todas las partes al fallo del Tribunal Oral Federal 2 -aún no firme-, que condenó a la ex Presidenta a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública” pero la absolvió del delito de asociación ilícita.

Precisamente para ese lunes está previsto que comience la exposición del fiscal ante Casación Mario Villar, quien mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF2 Diego Luciani y reclamará revocar absoluciones y condenar por asociación ilícita.

Luciani había pedido 12 años de cárcel para la ex Presidenta en el juicio oral, un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se prevé sostendrá Villar ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Por su parte, la defensa de la exmandataria, quien ya no tiene fueros, reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera “arbitraria”.

El 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 dio a conocer la primera condena a la ex Presidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de asociación ilícita: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a la ex senadora nacional, al empresario Lázaro Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso votó por condenar.

Los tres jueces coincidieron en que hubo delito de administración fraudulenta en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas “Austral Construcciones”, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó “un hecho de corrupción estatal” que derivó en un “perjuicio descomunal” a las arcas públicas.

Todo ello se cometió con un “fin económico” en “beneficio del empresario y sus socios comerciales”, sostuvo el veredicto que ahora revisará Casación y que una vez terminadas las audiencias tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver, aunque este término podría extenderse.

Los condenados son Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

También los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Todos recibieron penas de entre 3 y 6 años de prisión por delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Al igual que la ex Presidenta fueron condenados a seis años de prisión Báez como partícipe necesario de la defraudación, Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y hubo irregularidades como sobreprecios y falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez estaban procesados por presunta “asociación ilícita agravada por su calidad de jefe” y “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”

Ante Casación se debatirán también las absoluciones dispuestas por el Tribunal, como las del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro, apeladas por la fiscalía.

En el fallo, aún no firme, se ordenó el decomiso de unos 85 mil millones de pesos.

Las audiencias ante la sala IV de Casación serán presenciales en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Con información de agencia Télam.

AB

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

El ministro de Interior, Eduardo `Wado` de Pedro, dijo que hoy es “otro día de persecución” luego de que este jueves se conocieran los fundamentos en la causa Vialidad y advirtió que “el nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

“Hoy para nosotros es otro día de persecución. Es otro día donde el Poder Judicial vuelve a demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo. Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral”, afirmó De Pedro en declaraciones a AM 750.

El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer esta mañana los fundamentos en base a los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por presunta administración fraudulenta y la absolvió junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término de un juicio en la llamada “Causa Vialidad”, en el que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.

“Lo que alguna vez fueron los golpes de Estado o la utilización de las fuerzas armadas para disciplinar a las fuerzas políticas, hoy lo hacen vía medios y sectores del Poder Judicial”, advirtió De Pedro.

Y agregó: “La oposición aprovecha la parcialidad de los medios para posicionarse y ganar elecciones. Es un tema que debería llamar a la reflexión. El nivel de putrefacción y promiscuidad en sectores del Poder Judicial ya es muy perjudicial para toda la Argentina”.

En ese marco, el titular de la cartera política sostuvo que le “llama la atención” que los fundamentos se conozcan un 9 de marzo, al recordar que en esa fecha del año 1956 fue cuando se entró “en una etapa de proscripción” en Argentina en referencia al decreto que proscribió al expresidente Juan Domingo Perón.

“Fundamentaron un fallo inexplicable que ya estaba escrito de antemano. Los fundamentos son los que dio el diario Clarín durante más de 15 años. Hoy sectores del poder judicial acomodaron el código penal y procesal a esos quince años”, remarcó el ministro.

Con información de Télam.

IG

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió el diario Folha de Sao Paulo para dar su último testimonio previo a conocer la sentencia del TOCF 2 que investiga la supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar este martes. “Será una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”, el CEO del Grupo Clarín, apuntó.

“El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir”, dijo la expresidenta en una entrevista concedida al diario brasileño, que compartió este lunes en sus redes sociales.

En ese marco, añadió: “La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto”.

Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que “los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno”.

“Se violaron todas las garantías constitucionales, todo lo que se dijo es una absoluta mentira, y el juez que instruyó esta causa, con las mismas obras y denuncias, había dicho que no era competente”, expresó, en referencia a Julián Ercolini, ahora involucrado en los chats entre altos funcionarios judiciales vinculados al macrismo y el Grupo Clarín.

Respecto al intento de asesinato en su contra del pasado 1 de septiembre, también sostuvo que “los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales”. Y agregó: “Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos”.

“El neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces”, también sostuvo Fernández de Kirchner en la nota de poco más de una hora.

Por otra parte, la Vicepresidenta aseveró que “acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder” y le apuntó a Ricardo Lorenzetti: “Cuando él era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro, de un lado, y Claudio Bonadio, del otro, que era un juez que nos perseguía a mí y a mi familia”.

“Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto'. Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente”, dijo Cristina en otro tramo de la entrevista con el diario brasileño.

La entrevista completa

En tanto, optó por no hablar del Presidente, “menos en un reportaje en un diario extranjero”, antes de explicar por qué no fue candidata a presidenta en 2019. Para la ex mandataria, la designación de Alberto Fernández como candidato presidencial fue una decisión pragmática y “un gran acierto” porque permitió unir al peronismo y evitar la reeleción de Mauricio Macri. Y llevó la charla a una cuestión de género: “Esto de que 'CFK no es pragmática', que 'CFK esto', que soy 'polarizadora'. Soy mujer, ese es el problema. Si yo grito, soy histérica, 'está gritando, loca, loca'. Como les decían a las Madres de Plaza de Mayo, 'locas'. Si el hombre grita, qué fuerza que tiene, 'es un tipo fuerte'”, afirmó. 

Con información de agencias.

IG

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo uso este martes de la última oportunidad de dirigirse al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la juzga por supuestos delitos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a otros 12 imputados. “Esto es un pelotón de fusilamiento” fue lo primero que dijo la ex mandataria en el inicio de su alocución ante los jueces, vía Zoom.

Ante el TOCF, Cristina Kirchner destacó que cuando le “tocó hablar por primera vez de este tribunal dije que era el tribunal del lawfare. Luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare... fui muy generosa creo... en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento”, sentenció.

Asimismo, la Vicepresidenta parafraseó a Carlos Fayt, quien fuera presidente de Suprema Corte de Justicia entre 2003 y 2004: “Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Durante 20 días inventaron hechos y ocultaron otros. El 22 de agosto hizo el alegato Diego Luciani, 50 años después de un fusilamiento trágico que tuvo la historia”, sostuvo.

“Finalmente, el 1 de septiembre, un hombre intentó matarme pero el tiro no salió. Brenda Uliarte, quien lo acompañaba, creo que lo seguía en Facebook y en Twitter a Luciani”, aseguró la ex presidenta.

La presentación de CFK fue mucho más breve que sus anteriores intervenciones, pero al final anunció que publicaría en sus redes sociales lo que llamó “Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad”. Y así lo hizo minutos después. Esto es lo que publicó a modo de síntesis del juicio:

1. NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria

a. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo “Bustos”) 

b. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector. 

c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.

2. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK

a. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes

b. También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea

c. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.

3. El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto

a. La ley de presupuesto es conocida como la “ley de leyes” y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.

4. Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso

a. Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015

b. Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa

c. Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto

d. También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular. 

e. A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.

5. NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez

a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación

b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos

c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general. 

d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).

6. NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz

a.El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales

b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación

c. La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión

d. Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constitución del fideicomiso (financiación de obras viales), tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.

7. CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez

a. Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía

b. El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa

c. Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado

d. El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.

8. NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez

a. De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes

b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público. 

c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz

d. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz

e. Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.

9. El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez

a. Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación

b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación

c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular 

d. Estos actos no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.

10. Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo) 

a. Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto

b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuó hasta el presente

c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK

d. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas

e. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz

f. El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución 

g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.

11. El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas 

a. Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos

b. El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)

c. Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN

d. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.

12. A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos

a. Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales

b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez

c. La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.

13. El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez

a. La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015

b. El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país

c. Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.

14. Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz

a. Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno

b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)

c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez

d. La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.

15. CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez 

a. La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015

b. La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.

c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado 

d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran

e. Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.

16. CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN

a. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)

b. El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística

c. Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy. 

d. Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.

17. NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz

a. La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país

b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)

c. Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.

18. Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz

a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública

b. El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes 

c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.

19. En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios 

a. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación

b. El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores

c. Se permitió que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner 

d. El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio

e. La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.

20. Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron

a. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto

b. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas) 

c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso

d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado. 

La exmandataria se conectó a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y comenzó su exposición después de que el Tribunal que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le preguntara si deseaba exponer sus últimas declaraciones. Este es un derecho de los imputados en juicios orales, por lo tanto, no tienen la obligación de tomarlo y pueden optar por no hacerlo.

Esta es la tercera vez que la expresidenta habla en este juicio. Lo hizo por primera vez durante su indagatoria en diciembre de 2019. La segunda oportunidad fue el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, valiéndose de su condición de abogada. 

En la audiencia de este martes podían declarar también el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López y Héctor Garro, exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, pero declinaron hacerlo.

El próximo 5 de diciembre, en la última jornada de palabras finales dispuesta por el Tribunal, se dará la posibilidad de hablar a los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

El 6 de diciembre los jueces pronunciarán su veredicto.

“Mi condena está escrita”, había dicho Cristina Kirchner tiempo atrás al referirse al juicio, el primero en el que se llega a instancias finales.

El juicio por la causa Vialidad

El juicio donde se juzga el presunto fraude al Estado Nacional entre 2003 y 2015 por el otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez comenzó en mayo de 2019. Según la acusación, se trata de 51 obras viales las cuales algunas no se terminaron pese a que se cobraron, en otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular. La fiscalía apunta a la existencia de una asociación ilícita, ubicando a su cabeza a la vicepresidenta.

Arrancó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri, que tenía en ese momento a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional, aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008. A lo largo de más de tres años de juicio, interrumpidos por la pandemia y sin recuperar nunca la presencialidad plena, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

La expresidenta intervino ante los jueces a lo largo de proceso: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019 y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. En esa ocasión, refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración por parte de sectores políticos y judiciales para perjudicarla.

El 23 de septiembre pasado, luego de haber sido víctima de un intento de homicidio a comienzos de ese mes, Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron “un claro caso de prevaricato”, y que “la acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”. Además, responsabilizó al Poder Judicial y a los medios de crear un “clima social” que provocó el atentado en su contra. 

El pedido de condena de los fiscales

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta, así como a Lázaro Báez por ser el presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, pidieron diez para Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, para José López, exsecretario de Obras Públicas y para Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional. Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión, respectivamente.

Para Abel Fatala, ex funcionario de Planificación Federal, pidieron cuatro años. Reclamaron tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Santibáñez: todos ellos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita, pero una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Con información de agencias.

IG

El dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez, dijo este viernes que su defensa expuso “la realidad y la verdad” en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al dirigirse por última vez al Tribunal que lo juzga.

“No voy a hacer uso de la palabra, quería agradecer a mi defensa que ha expresado con claridad todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en que hemos sido privados de nuestra libertad”, dijo Báez a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, al comienzo de la audiencia.

Conectado de manera virtual, el empresario -que tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y un reclamo de absolución por parte de su abogado defensor Juan Villanueva- consideró que “la defensa ha expuesto la realidad y la verdad”.

“Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa y la del resto de las personas que han sido imputados en esta causa. Nada más, muchas gracias”, concluyó.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido hizo uso de su derecho a las palabras finales y remarcó que “es la tercera vez que para imputarme utilizan relatos mediáticos de opositores políticos” y agregó: “Es la tercera vez que me traen a un juicio de manera direccionada”.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez, comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

“Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas”, sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.

Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces.

“¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos”, cuestionó.

Además, sostuvo que la acusación fue una “fábula” montada para llevarla “de los pelos” ante la Justicia, que en la causa “se violó la Constitución nacional” y que los fiscales cometieron “prevaricato”.

En un alegato, que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Con información de Télam.

IG

La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá la posibilidad de dar sus últimas palabras el próximo 29 de noviembre antes de conocerse el veredicto en su contra por la causa Vialidad a raíz de la obra pública que le cedió durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Será la jornada donde el Tribunal luego defina la fecha y hora del veredicto, cosa que no hizo este viernes en la última audiencia donde la defensa de Lázaro Báez contestó algunos planteos de la fiscalía.

El viernes 25 de noviembre próximo, los acusados Julio De Vido y Lázaro Báez junto a otros imputados también tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras.

Los acusados tienen el derecho a hablar o no y, en caso de hacerlo, no es para referirse a cuestiones técnicas como ser alegatos de la fiscalía o planteos de nulidad.

Para eso, ya las defensas de cada uno de ellos tuvo la jornadas donde dio respuesta a las acusaciones hechas por el fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola.

Para la vicepresidenta y el empresario Báez, la fiscalía reclama la pena de 12 años de prisión.

En principio, se mantiene la incógnita sobre la fecha certera en la que se dará a conocer el veredicto, esto es, si es condenada Cristina Kirchner o no junto a los demás acusados.

En caso de serlo, nadie irá detenido pues todo fallo recién se ejecuta cuando queda firme, cuando resuelve la Corte Suprema de Justicia.

Lo que sí definió el Tribunal es que el próximo viernes 25 de noviembre podrán hablar Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; el ex jefe de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda; y Raúl Daruich, uno de los ex jefes de la delegación Vialidad en Santa Cruz.

En la audiencia del 29 de noviembre, además de Cristina Kirchner podrán hablar los imputados Carlos Santiago Kirchner, el exsecretario de Obras Públicas José López; y Héctor Garro.

Hay un grupo de imputados sobre los cuales no se definió la fecha en que podrán dar sus últimas palabras, pues se supone que le fijarán el mismo día en donde se establecerá el veredicto.

El pasado lunes el fiscal culminó su acusación al replicar algunos dichos de la defensa de Báez a raíz de una nulidad vinculada con la prueba que utilizó el Ministerio Público.

Se trata de mensajes del teléfono del exfuncionario José López de otra causa que fue incorporada para el juicio por fraude en la obra pública.

La pena máxima solicitada por Luciani fue para la vicepresidenta y Báez, pero también reclamó condena a los demás acusados como ser a De Vido y Julio López de diez años de prisión.

El juicio se viene desarrollando desde hace más de tres años, comenzó en mayo de 2019, y se juzga el presunto fraude al Estado Nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner en lo que hace al otorgamiento de obra pública vial al empresario Báez.

Se trata de 51 obras viales de las cuales, según la acusación, algunas no se terminaron pese a que se cobraron, otras hubo sobreprecios o bien hechas de forma irregular.

La fiscalía acusa que existió una asociación ilícita y pone en cabeza de la misma a la vicepresidenta.

En su alegato final ante el Tribunal, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, reclamó la absolución y denunció que los fiscales cometieron “prevaricato”.

Antes de anunciar el cronograma de últimas palabras, el Tribunal escuchó en la audiencia de este viernes al abogado del acusado empresario Báez, Juan Villanueva, quien respondió afirmaciones de la fiscalía vinculadas a incorporación de prueba nueva mostrada en su alegato, obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública.

“Cualquier cosa parece servir para intentar revivir una acusación que ya fue herida de muerte por todas las defensas”, advirtió el defensor.

El abogado de Báez sostuvo que los alegatos de las 13 defensas fueron “tan sólidos” que la fiscalía “eligió autopreservarse y decir que no iba a replicar”

“Eligieron los fiscales no decir absolutamente nada respecto de los agujeros groseros de la investigación, después de que las defensas demostramos de manera indiscutible que el Ministerio Público Fiscal faltó a la verdad”, agregó.

A la hora de responder de manera puntual al planteo por introducción de prueba nueva en su alegato sin incorporarla antes a la causa para el acceso a todas las partes, sostuvo que “parece existir alguna confusión” en la fiscalía.

“El planteo del señor fiscal se empieza a poner un poco surrealista”, al remarcar que usó información pública “para demostrar que la acusación es falsa”

“La fiscalía renunció conscientemente a la búsqueda de la verdad en este juicio”, afirmó en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La defensa usó “todos los medios legales para demostrar que la acusación es falsa y lo demostramos”.

“Voy a hacer todo lo que la ley me permite para defender a Lázaro”, aseguró el abogado y remarcó que pidió “información pública”.

La fiscalía no replicó “porque no se puede replicar contra la realidad, contra una foto satelital y por eso eligieron los fiscales seguir renunciando a la verdad y atacar la forma, no dijeron nada sobre la verdad que contiene la prueba”.

En la audiencia pasada, Luciani sostuvo que su acusación “se mantiene absolutamente incólume”, en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz a favor de Báez entre 2003 y 2015.

El juicio comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.

La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Con información de agencias.

IG

El juicio en la causa Vialidad se reanuda este lunes con la respuesta de la fiscalía a los planteos de nulidad hechos en el debate y seguirá, en caso de requerirlo, el derecho a réplica a los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto un receso de dos semanas al finalizar la última audiencia de alegatos defensores y este lunes, desde las 9.30, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola responderán nulidades planteadas.

Además, tendrán que informar si hacen uso del llamado derecho a réplica al contenido de los alegatos de las defensas.

En caso positivo, deberían fijarse audiencias para ello y se abriría la oportunidad para que los abogados soliciten luego hacer sus “dúplicas”.

Si la fiscalía no hace uso de esta opción, tras la respuesta a los planteos de nulidad el juicio entrará en la etapa de últimas palabras de todos los procesados, para lo cual el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fijará un cronograma.

Luego será el momento del veredicto que se espera para antes de fin de año.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que en la audiencia de hoy los fiscales podrán responder a planteos de nulidad parcial de su alegato de la defensa oficial de uno de los acusados, el exsecretario de Obra Pública José López, vinculados al uso de tramos de su declaración indagatoria en otra causa penal.

También se cuestiona la incorporación como prueba de las transcripciones de sus mensajes obtenidas de su teléfono celular en la causa que lo investigó por enriquecimiento ilícito.

Además, responderán por nulidades que planteó la defensa del también imputado empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez por supuesta violación a su intimidad porque fue escuchado de manera ilegal en la cárcel cuando estuvo preso, y se introdujeron a la acusación “elementos novedosos” que no fueron parte del requerimiento fiscal de elevación a juicio leído en mayo de 2019, cuando se inició el debate.

Tanto los fiscales como la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán responder a otro planteo, el de excepción de cosa juzgada hecho por la defensa de Báez.

El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta; Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y José López.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Los pedidos de condena

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.

La fiscalía también pidió 12 años de prisión para Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periott; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia, Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Con información de Télam.

IG

La defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez pidió este martes la “absolución” de los cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta contra la administración pública y planteó la nulidad parcial del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

A estos últimos, les volvió a atribuir “mala fe procesal” al “esconder” elementos que iba a utilizar para la acusación, con el objetivo de “sorprender” a las defensas y generar “un efecto mediático”.

“No legitimen esta mancha oscura, siniestra y triste de la historia de la justicia federal argentina”, pidieron los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado al Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2013.

En el tramo final del alegato de defensa, los abogados embistieron contra la denunciada violación de la defensa en juicio contra Lázaro Báez, detenido desde hace más de seis años sin condena firme, a raíz de las escuchas ilegales que padeció en la cárcel de Ezeiza.

En ese sentido, lamentó que pese a “haber traído prueba de otros expedientes, incluso contradiciendo lo que les había prohibido el tribunal, no dijeron ni una palabra sobre esta situación”. Según la defensa de Báez, “la acusación fue derrotada totalmente durante el juicio”.

Además, los letrados plantearon una “excepción de falta de acción” porque 49 de las 52 obras públicas en Santa Cruz que están en juicio ya fueron juzgadas, sobreseídas y esas sentencias tienen hoy fuerza de “cosa juzgada”.

“La fiscalía vino a hacer a este juicio algo que tiene expresamente prohibido: derecho penal de autor”, disparó el abogado Juan Martín Villanueva, al embestir contra el alegato de Mola y Luciani, en la última jornada del alegato de la defensa.

Villanueva descartó la existencia de una asociación ilícita, por la que acusaron los fiscales, ya que –a su entender- quedó descartada la “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, base de la imputación.

“Hemos demostrado que no hubo fraude contra el Estado y, teniendo en cuenta que la asociación ilícita, según los fiscales, tenía ese objetivo, no puede existir asociación ilícita si no hubo administración fraudulenta, cosa que ya hemos probado”, arremetió.

Pese a descartar la existencia de una asociación ilícita, Villanueva y su colega Ariel Liniado igualmente dedicaron la jornada de hoy a refutar los argumentos de la fiscalía sobre ese particular.

En ese aspecto, hicieron hincapié en los dictámenes del fiscal Guillermo Marijuán y los fallos de la Cámara Federal de Bahía Blanca –a los que citaron- de dejaron trascender que se había “manipulado y forzado” prueba para enrostrarle esa figura.

Más aún: apuntaron a la figura del ex agente de la AFIP Jaime Mecikovsky, señalado como uno de los “armadores” de la acusación contra Báez, a quien le atribuyeron haber “mentido” al declarar como testigo en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

Villanueva les reprochó a los fiscales que, sabiendo que Mecikovsky está imputado en otra causa y llamado a indagatoria por presuntas maniobras irregulares contra adversarios políticos del gobierno de Cambiemos, igualmente lo hicieron declarar como “testigo, bajo juramento de decir verdad, con la posibilidad cierta de autoincriminarse”.

“Cuando Mecikovsky vino a declarar a este juicio en realidad se estaba defendiendo. La fiscalía lo sabía e igualmente lo hizo declarar como testigo. Entonces, mintió. Pero no vamos a pedir que se extraigan testimonios para investigarlo porque nosotros sí respetamos el debido proceso”, proclamó el defensor.

La defensa de Báez también cuestionó la incorporación de la información obtenida del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en el marco de otra causa como parte de los elementos utilizados por los fiscales en la acusación.

Villanueva recordó que esa información estaba disponible desde agosto de 2016, que los fiscales conocían de su existencia cuando formularon el “pedido de prueba” para el juicio en 2018 y que pudiendo haberla incorporado durante el propio debate, “eligieron esconderla para sorprender a las defensas”.

La defensa les atribuyó a los fiscales “mala fe procesal”, puesto que –sostuvieron- no permitieron el control de la prueba, ni la confrontación durante el debate y “la escondieron” hasta el momento del alegato.

Pero además, Villanueva mostró que del teléfono de López se obtuvieron 27.467 mensajes de texto y Whatsapp y 6.023 llamadas, y sólo se registraron tres contactos con Báez, “en que Lázaro le pedía que le respondiera un llamado”.

“Con otros empresarios hubo cien veces más comunicaciones, pero los fiscales hicieron hincapié en tres comunicaciones, la más importante de las cuales Lázaro la decía a López: ´compañero, ¿me puede llamar?’”.

En ese punto, Villanueva descalificó la acusación del fiscal Luciani, quien hizo hincapié en que Báez llamó “compañero” a López.

“Luciani es argentino y vive aquí. Él sabe que los peronistas se llaman entre sí ‘compañeros’. Los peronistas llaman ‘compañero’ hasta al perro. ¿Cuál es el sentido que pretende darle a ese término?”, se preguntó.

Con información de NA.

IG

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

“La verdad cuando se busca, aparece”. Es la única coincidencia entre la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Así lo destacó durante su alegato el penalista Carlos Alberto Beraldi, principal defensor de la expresidenta en el juicio oral y público por el caso Vialidad. Pero la definición de qué se acerca a la verdad y qué es literalmente mentira los divide por completo.

Fernández de Kirchner enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

La defensa sostiene que la fiscalía creó una “fantasía” en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentar que ese tipo de incidencia no era posible, Fernández de Kirchner y Beraldi describieron las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. 

La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez. Por ejemplo, dijeron Luciani y Mola, a la hora de garantizar el envío de fondos del Tesoro Nacional para enviar las obras que se adjudicaban al empresario amigo.

El rol de Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos (2007-2015) y su alcance legal es uno de los puntos centrales del juicio. En ese marco, la supuesta reunión con Báez a finales de 2015 en medio del plan “Limpiar Todo” es otro de los principales contrapuntos entre la fiscalía y la defensa, y de los más resaltados por funcionarios y aliados de la vicepresidenta en medios de comunicación y redes sociales durante la semana última. “Los fiscales mintieron”, dijo la vicepresidenta. 

“Lázaro Báez” son las palabras menos pronunciadas por la vicepresidenta en público. Fernández de Kirchner evita nombrar al empresario que fue amigo de su esposo y socio comercial de sus empresas, como Hotesur, sociedad en la que la expresidenta tuvo el 45% de las acciones, según las actas de la propia compañía.

En su alegato Cristina Fernández de Kirchner no mencionó a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades). El abogado Carlos Beraldi sí lo hizo: sostuvo que la relación comercial se basó en alquileres de propiedades y hoteles y que eran negocios legales.

La fiscalía sostuvo que Fernández de Kirchner no podía desconocer los beneficios que su socio recibía de su gobierno y que la entonces presidenta firmó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decreto de designación de funcionarios que permitieron la continuidad del esquema que heredó del gobierno de Néstor Kirchner en 2007.

Pero, además, el fiscal Luciani hizo especial hincapié en un supuesto encuentro que rompía, para la fiscalía, la supuesta lejanía entre el empresario y la funcionaria: la reunión del 30 de noviembre de 2015 por la tarde, en Santa Cruz, en la que la entonces presidenta tomó decisiones sobre el “plan huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral. 

El “plan limpiar todo” o “plan huída” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal. “Limpiar todo”, fue la orden del secretario de Obras Públicas, José López, al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, tras una reunión con la Presidenta en Olivos, a finales de noviembre de 2015. La fuente que permitió a la fiscalía reconstruir estas reuniones y decisiones son los mensajes de texto y chats extraídos del teléfono de López; y un video que registró al avión presidencial, Tango 01, aterrizando en Río Gallegos el 29 de noviembre por la tarde.

La defensa sostuvo que la fiscalía mintió, que esa reunión entre CFK y Báez no existió y ofreció como prueba los registros en medios de comunicación que ubican a Fernández de Kirchner en un acto oficial en Bariloche, ese lunes 30 de noviembre por la tarde. No podía, entonces, estar en dos lugares al mismo tiempo. 

En base a información publicada por la Casa Rosada en 2015, por la propia Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter y por medios de Río Negro, y los mensajes del teléfono de López, elDiarioAR pudo establecer que existe una posibilidad fáctica de que Báez y la vicepresidenta se hayan reunido en esas fecha y que no es cierto que es imposible que así haya sido. También surge de un mensaje enviado por Báez a José López el 1° de diciembre a las 21.34 horas que el empresario y la entonces presidenta hubieran conversado, aunque no se hubiesen reunido físicamente.

Para cruzar la información, primero hay que tener en cuenta que en la extracción del contenido del teléfono de López, todos los mensajes y chats figuran con un huso horario distintos al que corresponde a los mensajes, debido a que el programa que extrae el contenido del celular no registra el material en el huso horario de Argentina, sino del Coordinated Universal Time (UTC)+0, equivalente a tres horas más tarde. Es decir que los mensajes registrados a las 15 horas, ocurrieron en realidad a las 12 horas de Argentina, según explicó el fiscal Luciani durante su alegato. En este artículo se transcriben los horarios reales de los mensajes.

El sábado 28 de noviembre, López escribió al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, mano derecha de Báez, que tenga listo la “nómina de empleados y liquidación final”. “Lunes (por el 30 de noviembre) a primera hora para (que) la Señora vea y tome decisiones”. Mendoza les respondió: “Mirá, nos encontramos en RG (Río Gallegos) el lunes mediodía y vemos”.

Ese domingo 29, López viajó por sus medios a Río Gallegos y se hospedó en la casa de su suegra, según le contó en un mensaje a Nelson Periotti, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, quien también debía viajar para estar en la capital de Santa Cruz en la misma fecha. Algo los congregaba en la provincia y según los mensajes gira en torno a Báez.

El Tango 01 aterrizó en Río Gallegos el domingo 29 por la tarde y quedó registrado en video porque el piloto realizó un vuelo rasante sobre el aeropuerto que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la pista y lo grabaron.

El lunes 30, Fernández de Kirchner aterrizó en el aeropuerto de Bariloche a las 17 horas, según el medio Bariloche Opina, y desde allí se trasladó por tierra unos 60 kilómetros hasta la localidad de Pilcaniyeu para encabezar el acto al que se refirió su defensa en el alegato: la inauguración de la producción de uranio enriquecido en una planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), según publicó la Casa Rosada.

El mensaje que presupone que Fernández de Kirchner se reunió con Báez esa tarde fue enviado por Mendoza a López el mismo lunes 30 a las 12:35: “Llega la señora a la tarde y L se junta con ella”.

Para arribar a las 17 horas desde Río Gallegos (o El Calafate, porque no está claro dónde fue la reunión) a Bariloche, el Tango 01 requiere despegar de Santa Cruz alrededor de las 15. El avión presidencial viaja a menos de 900 kilómetros por hora y la distancia es de unos 1.500 kilómetros entre los dos puntos geográficos.

Antes del inicio del acto en Pilcaniyeu, Fernández de Kirchner mantuvo comunicación por videoconferencia con Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Pilar para otras tres inauguraciones virtuales.

El acto oficial comenzó alrededor de las 18.15, según un twitt de la funcionaria, y culminó pasados los 27 minutos, es decir, antes de las 19 horas. Luego, se trasladó en helicóptero hasta el centro que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, consignó Página/12. Ese medio también afirmó que la presidenta había estado en Santa Cruz el fin de semana.

¿Era imposible que se hubiera reunido con Báez ese día? Una posibilidad es que la reunión que niega la defensa y la propia vicepresidenta se podría haber concretado antes de las 15 horas del 30 de noviembre, cuando debió partir hacia Bariloche, ya que se encontraba efectivamente en Santa Cruz, como consignó Página/12 y el aterrizaje del Tango 01 en Río Gallegos.

No está claro dónde pasó la noche. si regresó a Santa Cruz o viajó desde Bariloche a Buenos Aires. Al día siguiente, el 1° de diciembre de 2015, la entonces presidenta estaba en la Casa Rosada al menos desde el mediodía. Almorzó con gobernadores del Frente para la Victoria en la sede de Gobierno y por la tarde se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, según los registros oficiales y de medios.

¿Qué otro indicio hay de que existió un encuentro con Báez? En los mensajes registrados en el teléfono de López,  Mendoza y López se refieren a Fernández de Kirchner como “la señora”. Por eso, la fiscalía sostiene que Báez hablaba de la presidenta cuando le envió a López dos mensajes el 1° de diciembre por la noche con esa misma referencia y en el contexto que aporta el resto de los mensajes previos y posteriores. 

Para ese 1° de diciembre por la noche, el encuentro, haya sido en Buenos Aires, en Bariloche o en Santa Cruz, o la conversación entre ambos, según Báez, ya había ocurrido. Aunque el empresario nunca menciona la palabra “reunión”. A las 21.32, el empresario escribió a López: “José atendeme un minuto Lázaro gracias (sic)”. Dos minutos después, Báez agregó: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. gracias”. Austral Construcciones había activado el “plan de salida”, dijo la fiscalía.

ED

El alcance del fallo sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad planteará un precedente inédito para la clase política, coinciden jueces y fiscales consultados por elDiarioAR ante el alegato de la defensa de la vicepresidenta que culminó este viernes.

¿Pudo estar la entonces presidenta ajena a las decisiones que su gobierno tomaba en torno a su principal socio comercial y a su principal política de Estado en inversión? La fiscalía aseguró que no podía desconocerlo. La defensa enfatizó que Fernández de Kirchner no tenía competencia para tomar ninguna de esas decisiones y que las que sí tomó son legales porque fueron validadas por el Congreso, según expusieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y la propia funcionaria ante el Tribunal Oral federal número 2.

Sin mencionar a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades), Fernández de Kirchner comparó cómo los jueces de Comodoro Py habían juzgado al expresidente Fernando De La Rúa por las muertes ocurridas en diciembre de 2001, en el marco de la represión policial ordenada por el gobierno del radical.

“En esa jornada trágica, murieron más de 31 personas. Hubo juicios que tramitaron en el juzgado de Bonadio, se investigaron cinco homicidios cometidos. Bonadio sobreseyó al doctor De la Rúa. La Cámara de Apelaciones, Martín Iruzun y Eduardo Farah confirmaron el sobreseimiento de De la Rúa por el delito de homicidio culposo, Casación también lo sobresee, todo Comodoro Py”, argumentó.  “Todo Comodoro Py lo sobreseyó (y) señalaron que no estaba en las competencias de De la Rúa todo lo ocurrido”, pese a “haber dictado el Estado de sitio” que terminó con la brutal represión y los homicidios, afirmó Fernández de Kirchner. Y citó un extracto del fallo de sobreseimiento al radical: “Dijeron que juzgarlo sería incurrir en cuestiones que no están dentro del Derecho Penal”. “Pero mirá qué bien, cuando se trata de un gobierno no peronista el Código Penal se respeta”, agregó la vicepresidenta.

Si bien se trata de delitos muy diferentes (De La Rúa estaba acusado de un delito culposo y Fernández de Kirchner es acusada de delitos dolosos, en los que se analiza su voluntad de cometer el supuesto delito de corrupción), la vicepresidenta comparó el alcance de la responsabilidad de los presidentes. “¿De La Rúa no veía lo que estaba pasando en la plaza, no veía la televisión, no escuchaba lo que estaba pasando?”.

Teoría vs. práctica

Otros de los puntos centrales de la defensa es sostener que la fiscalía creó una fábula en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentarlo, se basó en las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez.

Cristina lo remarcó este viernes al sostener que el Estado funciona como marca la Constitución y que las voluntades políticas nunca tuercen esas normas. Sostuvo, por ejemplo, que era fantástico creer que los jefes de Gabinete seguían órdenes de Néstor y Cristina Kirchner a la hora de decidir qué obras se financiaban en la provincia de Santa Cruz.

“Las competencias en derecho administrativo no son tácitas porque delimitan las responsabilidades” de los funcionarios, explicó la vicepresidenta en su alegato de este viernes. Lo dijo para deslindarse del diseño de los presupuestos anuales que le garantizaron la ejecución de partidas presupuestarias a las empresas de Báez: el diseño y ejecución del presupuesto, dijo, es de los jefes de Gabinete y el presidente sólo tiene potestad de control sobre el jefe de ministros. “Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, agregó.

“¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, afirmó Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato. “Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, aseguró el penalista.

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La vicepresidenta Cristina Kirchner asumió este viernes el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública, siendo la principal acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos. “Esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal sino que me asiste el 104 del código de procedimiento. Si no tuviera la suerte de ser abogada estaría en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, arrancó su intervención la ex mandataria.

Y pidió que investiguen a los fiscales: “Se desmontaron las increíbles mentiras de Mola y Luciani”. Y apuntó más duro contra este último: “La intervención del fiscal Luciani fue artística”. Además, para CFK, el juicio es “anti-inconstitucional, anti-republicano y anti-federal”.

Para la Vicepresidenta, el juicio es una “fábula” y acusó a los jueces dar “licencia social para hacer cualquier cosa”.

“Yo pensé que este juicio era para difamarme o calumniarme, pero a partir del 1° de septiembre (día del atentado en la puerta de su domicilio), creo que puede haber otra cosa”, dijo hacia el final de su alocución, al tiempo que recordó los afiches que aparecieron en distintos puntos del país meses atrás con una imagen suya y la inscripción “asesina”. Y puso en duda que “la banda que está detenida como autores materiales del ataque en la que dispararon a 15 centímetros de mi rostro (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo), sean los autores intelectuales”.

En su exposición en su despacho del Senado, la expresidenta adelantó que pedirá “que extraigan los testimonios de las mentiras de los fiscales. No se puede creer por qué este juicio se llevó adelante. Las pruebas tienen que estar en el expediente”, exigió, al tiempo que remarcó que subirá todos los elementos recogidos durante el juicio “a las redes, porque quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio” y que hará “el pedido formal al tribunal para que extraiga testimonio sobre las mentiras de la Fiscalía contrastadas con pruebas documentales y testimoniales”. Antes, felicitó a sus abogados por “el ejercicio profesional del derecho” y por “la claridad” durante sus alegatos.

Al fundamentar sus argumentos para pedir, como lo hizo desde el comienzo de la causa que investiga la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, la nulidad de la causa, Cristina Fernández consideró que los principios del derecho “están contenidos en los primeros artículos del Código Civil. Allí se establece cómo debe ser interpretada la ley y el principio de inexcusabilidad, es decir, nadie puede justificar el incumplimiento de la ley por no conocerla”.

Asimismo, sostuvo que en la vida política argentina “nunca hubo ninguna fuerza política que tuviera 3 períodos consecutivos de gobierno; sólo nosotros fuimos elegidos en dos oportunidades más. Sin embargo, la Fiscalía dice que esta asociación ilícita fue pergeñada para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Es ilógico, absurdo y ridículo pensar que militamos toda una vida para esas 51 obras viales. Nos eligió el pueblo, no podemos ser una asociación ilícita”, subrayó.

“Yo recuerdo que la llegada de Kirchner a la presidencia fue una de las cosas más aleatorias en la historia. Llegó de chiripa, en un momento de crisis monumental, con fuerzas políticas divididas. La realidad de lo que pasó en la historia no resiste esta acusación”, dijo.

Para la exmandataria, “me trajeron de los pelos a este juicio; lo que se discute aquí es un disparate, al borde del ridículo. La acusación de los fiscales Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Argentina, es decir, la forma de gobierno adoptada por la Argentina, Representativa, Republicana y Federal. Un gobierno elegido bajo esta forma no puede ser una asociación ilícita”, dijo, y disparó fuerte contra el sistema judicial: “Ustedes, la Justicia, creen que son más que nosotros. Los jueces violaron tres veces la Constitución”.

Cristina Kirchner también dijo vivir “en un estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde diciembre de 2015”, cuando finalizó su segundo mandato presidencial.

Otras frases de Cristina Kirchner

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La audiencia comenzó a las 9:30 de modo virtual y Cristina Kirchner empezó su alegato pasadas las 11.30.

Primero fue el turno de su abogado Carlos Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, y, después de las palabras de la expresidenta, el mismo letrado cerrará el alegato con el pedido formal de absolución para su clienta.

La última vez que la vicepresidenta se pronunció sobre la causa fue el 23 de agosto pasado, sin autorización y fuera del ámbito del tribunal, previo al intento de magnicidio.

El alegato completo de Cristina y Beraldi

Qué dijo Beraldi

La defensa de Cristina Kirchner inició su última jornada de alegatos refutando uno de los últimos puntos de la acusación fiscal: la presunta demora injustificada de las empresas de Lázaro Báez en realizar las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

El abogado Carlos Alberto Beraldi recordó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola justificaron parte de la acusación en que las obras adjudicadas a Báez tenían demoras que, según un reporte de mediados de 2016, tenían un nivel de cumplimiento del orden del 50 por ciento en promedio.

“Esto hay que mirarlo en contexto, no aisladamente”, propuso Beraldi, y comparó el grado de cumplimiento de otras empresas adjudicatarias de obra pública en el resto del país evaluadas en ese mismo período.

“Las obras de la empresa IECSA también estaban al 50 por ciento de cumplimiento”, especificó Beraldi, tras recordar que esa firma es la que históricamente estuvo vinculada con la familia del ex presidente Mauricio Macri. Y aclaró que el ejemplo no tenía “ninguna intención de chicana”.

Qué había dicho al principio la expresidenta

Esta es la segunda vez que la vicepresidenta habla en el juicio, ya que la primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria.

Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo”, desafió aquella vez.

Además, en su primera intervención sostuvo que la causa “fue un plan ordenado por el Gobierno saliente” en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Lázaro Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

El discurso de hoy se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara y por la causa hay cuatro personas detenidas.

Los alegatos de los demás acusados

En los últimos días la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales, advirtiendo que se construyó “un relato” que no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la absolución por inexistencia de delito. Su abogado Lucio Simonetti explicó al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación. El letrado señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa, a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

El argumento de la defensa de Cristina

El lunes, pasado la defensa de la vicepresidenta comenzó a refutar los argumentos de la acusación fiscal. En una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Beraldi arremetió contra los fiscales: “A contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia”. Denunció un “apagón informativo” en torno al caso, contraponiendo las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron en los tres años del juicio.

El abogado se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Según su interpretación, este hecho demuestra que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

Para Beraldi, la Fiscalía hizo un “intento desesperado” por mantener la acusación, para lo que “se falsearon pruebas y se introdujo un supuesto plan 'limpiar todo'”,que incluía una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública. El letrado negó que esa reunión haya existido, y señaló que la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en la provincia de Río Negro, lo cual justificó mostrando imágenes.

Por último, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato recordó que tanto la vicepresidenta como el expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales ya cerradas por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez. Asimismo, sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública.

Para la fiscalía, 12 años de prisión para CFK

El 22 de agosto pasado, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.También, y en un hecho inédito, solicitó al tribunal que la inhabilite de manera perpetua a ejercer cargos públicos. El fiscal la caracterizó como jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, en lo que ha sido, dijo, “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral las condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez; a diez años para el exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López y a cuatro años para el ex subsecretario Fatala, entre otros presuntos organizadores de la asociación ilícita. Además, pidió que se decomisen bienes por casi mil millones de dólares.

El fiscal Luciani no había terminado de hacer su alegato cuando el presidente Alberto Fernández, quien declaró como testigo en la causa, manifestó su rechazo a la condena pedida para la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato” tuiteó Fernández y transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” con la ex presidenta. En ese mensaje, adjuntó un comunicado del Gobierno Nacional que califica el juicio como una “persecución judicial y mediática”.

“Derecho de Defensa”

Luego que el fiscal Luciani presentara sus pruebas y pidiera las condenas, la exmandataria solicitó ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el pedido, al sostener que las ampliaciones sólo pueden realizarse antes de que comiencen los alegatos. El abogado de la vicepresidenta argumentó que su pedido se basa en que durante el alegato de la fiscalía se expusieron cuestiones que no habían sido “ventiladas” durante el juicio.

El 23 de agosto, Cristina Kirchner habló durante más de una hora y media por su canal de Youtube desde su despacho del Senado, donde dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios”, aludiendo a la teoría del lawfare que articula su defensa política ante la justicia. Además, leyó mensajes de texto entre el ex secretario José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Además, apuntó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro miembro de Cambiemos cercano a Macri prófugo de la justicia, y al “partido judicial”, el cual, dijo, “confunde asociación ilícita con gobiernos populares”. En esa línea, identificó al presidente del tribunal Giménez Uriburu como el “arquero del Liverpool” que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “el mismo que juega en Los Abrojos (la quinta de Macri) con Luciani, que es el fiscal”.

El atentado

Tras la declaración pública de Cristina Kirchner, comenzó una vigilia en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo manifestaciones en su contra, que derivaron en incidentes y represión por parte de la Policía de la Ciudad. La vicepresidenta apuntó al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de idas y venidas por la seguridad del lugar, de la vicepresidenta y los vecinos del barrio, la noche del jueves 1º de septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces un arma pero no salió ningún disparo. En su primera aparición pública después del hecho, Cristina Kirchner dijo, emocionada: “Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”.

Cómo sigue

Luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados y el veredicto final se estima que sea antes de fin de año.

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, acusó que el día en que la fiscalía señaló que ella tuvo una reunión con Lázaro Báez en el marco de un plan para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en obra pública, la entonces mandataria estaba encabezando un acto político.

De esta manera, el letrado negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

Primero, Beraldi recordó que el fiscal había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz.

Según el abogado, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Luego aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces Presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro.

En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó la vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

“Intento desesperado”

Para Beraldi, la fiscalía de la causa Vialidad hizo un “intento desesperado” para mantener la acusación que tenía “certificado de defunción” y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, José López.

La Vicepresidenta “no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi en su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”, analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como “limpiar todo” en su alegato final.

En base a estos mensajes de López, “más de 26.000” de los cuales los fiscales “usaron cuatro o cinco” se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

“Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros”, enumeró sobre esa acusación fiscal.

Esto “iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata”

Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como “voy a ir a ver a la señora”.

“El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario”, evaluó

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta “jefa” de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Ayer, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía” y aseveró que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado “en forma documentada” que los fiscales Luciani y Mola “mintieron descaradamente”.

Asimismo, invitó a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentaban hoy sus abogados y que “continúa con la demolición de la escandalosa acusación” de los fiscales.

Dalbón tildó a los fiscales de la Causa Vialidad como “dos delincuentes”

El abogado Gregorio Dalbón destacó la exposición de su colega Carlos Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en los alegatos por la causa Vialidad, a la vez que cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien”, subrayó Dalbón al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de “una consecuencia de su actuar”.

“Lo que hizo Beraldi fue mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que, cuando termine el juicio, van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito”, amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, añadió que “son dos delincuentes que van a quedar fuera de la Justicia”, mientras que dijo que se trata de un “tribunal del lawfare” compuesto por “los jugadores de fútbol”, en referencia a los partidos que disputaron durante un certamen que se realizó en una quinta del ex presidente Mauricio Macri.

“Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa.

Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi, deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda, deben estar con el imputado no con la fiscalía“, cruzó.

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con las autoridades a cargo de investigar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, vinculó a la jueza María Eugenia Capuchetti con el diputado del PRO, Cristian Ritondo y referenció a Carlos Rívolo como “el fiscal del lawfare”.

“A mí Capuchetti no me va ni me viene y sus antecedentes me hacen acordar a Ritondo. Carlos Rívolo es un fiscal del lawfare, a mi criterio, todo lo que digo es mi opinión personal y creo que están llevando la causa a un intento de homicidio cuando todo es mas grave”, manifestó. .

Por último, Dalbón opinó sobre un dibujo de Nik publicado en La Nación, y reveló que presentará su demanda ante la justicia.

“Hablé con Juliana Di Tullio y lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen eso ridiculizando a la víctima, revictimizándola y tomándole el pelo al Presidente (Alberto Fernández). Se está naturalizando que cualquiera pueda tomarle el pelo al Presidente y a la vice”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad comenzó a refutar este lunes uno por uno los puntos de la acusación fiscal que pidió 12 años de prisión al sindicarla como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública en Santa Cruz.

En ese marco, en una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Carlos Alberto Beraldi lamentó que en el juicio, “a contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia” pero, así y todo, aceptó el desafío y arremetió contra la acusación fiscal.

Por su parte, la Vicepresidenta, quien tomará la palabra el próximo viernes, utilizó la red social Twitter para arremeter contra los fiscales que investigan la causa por supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, y aseguró: “Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”, sentenció la exmandataria.

Más tarde, la titular del Senado volvió a expresarse a través de esta red social e invitó a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentarán mañana sus abogados, donde “continúa con la demolición de la escandalosa acusación” de los fiscales.

“Mañana, a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. (Carlos) Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el ”plan limpien todo“. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido”, escribió Fernández de Kirchner.

Los principales puntos de la defensa

La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Causa Vialidad, descalificó y refutó todos los puntos de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y denunció un “apagón informativo” en torno al caso.

El abogado Alberto Beraldi utilizó la contraposición de las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron a lo largo de tres años de juicio que, según su interpretación, demuestran que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

En reiteradas ocasiones, tras mostrar la acusación y contraponerla con documentación o las declaraciones de diversos testigos, Beraldi expresó: “Fueron por lana y volvieron esquilados”.

Beraldi se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.

“Han imputado claramente la violación de deberes a una enorme cantidad de legisladores sin que nadie diga nada. Todo el mundo lo escucha como si fuera una cosa natural”, se sorprendió Beraldi.

Junto con su socio, Ary Llernovoy, la defensa de Cristina Kirchner buscó derribar la acusación fiscal que pidió 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública en Santa Cruz.

Beraldi lamentó que en el juicio, a contramano de lo que marca la ley, “hay que demostrar la inocencia” pero, así y todo, aceptó el desafío y arremetió contra la acusación fiscal.

“Han dicho mentiras inconmensurables… Si querían decirlas por lo menos hubieran investigado, pedido pruebas. Pero no, los únicos que pedíamos pruebas éramos nosotros, y nos las negaban”, se quejó.

Beraldi atacó el argumento de los fiscales que indica que el gobierno 2003 – 2015 recurría a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para poder así “saquear” los fondos del Estado para favorecer a la supuesta asociación ilícita.

Así, el defensor de Cristina Kirchner exhibió documentación sobre todas las reparticiones que recibieron reasignaciones de partidas presupuestarias a través de DNU desde 1994 hasta la fecha, entre las cuales aparecen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

“Si ustedes creen que estos son actos delictivos vayan pensando en devolver el dinero”, ironizó Beraldi.

La defensa también desmintió que se hubieran creado fideicomisos para la obra pública para evitar así el control por parte del Congreso.

Asimismo, Beraldi exhibió declaraciones de testigos del área de Presupuesto y de la Jefatura de Gabinete que desfilaron a lo largo del juicio que explicaron que sí había control del Congreso.

Al mismo tiempo, contestó a la afirmación de la fiscalía que sostiene que todo acto político de gobierno puede ser sometido al escrutinio de los jueces y, en este caso, observó una “desmesurada” asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.

En tanto, Beraldi explicó los alcances de la soberanía política surgida del voto popular y recomendó que, si se está en desacuerdo con las decisiones políticas de un gobierno, se exprese esa disconformidad en las elecciones.

Pero, en cuanto a las decisiones adoptadas por un gobierno elegido para ello, resaltó que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.

De esta manera, Beraldi eligió ir punto por punto con las acusaciones de la fiscalía y la contrapuso con prueba documental (buena parte de ella, la misma que había exhibido Luciani y Mola), testimonios que se registraron a lo largo de los tres años de juicio e incluso segmentos de la exposición de los propios fiscales.

Con su tono medido, cortés y respetuoso, Beraldi habló de “errores”, “equivocaciones” pero también se preguntó en alusión a los fiscales: “¿Cómo se puede mentir de esta manera?”.

También Cristina Kirchner apareció en los videos, especialmente para recordar que el Congreso –al que los fiscales sostienen que presionaba como parte del supuesto plan delictivo- le había rechazado la Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja.

Y también apareció para señalar que el responsable de la administración financiera y la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete, pero ninguno de los cinco que se desempeñaron en sus gobiernos fue siquiera imputado en este juicio.

En reiteradas oportunidades, Beraldi se quejó porque los fiscales adjudicaron responsabilidad al difunto ex presidente Néstor Kirchner en la estructura que denuncian como “asociación ilícita” dentro del gobierno.

El abogado defendió la gestión de Kirchner, negó que hubiera existido delito alguno y remarcó: “No se puede imputar a un muerto”.

Beraldi dedicó la primera parte de su alegato –que comenzó a las 8.04- a describir el trayecto de una causa que tuvo su primera denuncia en 2008, otra en 2013 y una tercera en 2016, siempre en relación con los mismos hechos.

Tras recordar que 49 de los 51 hechos ya fueron juzgados y exculpados, Beraldi describió una supuesta maniobra orquestada desde el gobierno que asumió en diciembre de 2015 y sectores vinculados con la prensa y el poder para demonizar a la vicepresidenta.

El alegato se reanudará este martes a las 9 y Beraldi prometió sorprender al tribunal con la refutación a lo que los fiscales llamaron la “operación limpien todo”, que el gobierno de Cristina Kirchner habría ordenado en el final de su gestión.

“Si con lo que hemos explicado hasta ahora se han sorprendido, ni se imaginan lo que será mañana, cuando hablemos sobre ese hecho escandaloso, calumnias y mentiras, que los fiscales llamaron ‘limpiar todo’. Una mentira que pronunciaron para que la repliquen los medios de comunicación”, anunció.

“Si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean lo que tiene que ver con ´limpiar todo´ no van a salir de su asombro”, insistió.

Tras la jornada de este martes, el alegato culminará el viernes próximo, cuando está prevista la palabra de Cristina Kirchner.

El alegato de la defensa este 19 de septiembre

Con información de agencias.

IG

La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió este viernes la absolución por inexistencia de delito en la denominada Causa Vialidad.

El abogado Lucio Simonetti le explicó presencialmente al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación y pedir para Fatala la pena de cuatro años de prisión.

Simonetti señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló el ex titular de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

Pero, además, refutó la base de la imputación –formulada por el fiscal Sergio Mola- quien sostuvo que Fatala debió haber pedido informes de contralor sobre las obras que le eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.

“No podía hacerlo, no tenía facultades para ello. Es como si una Sala de la Cámara de Casación le dijera a otra de igual jerarquía lo que tiene que hacer en un fallo. ¿Se imaginan una situación así? No podría pasar, porque no tienen la posibilidad ni la autoridad para hacerlo”, ejemplificó.

Además, Simonetti recordó que ninguno de los testigos que declaró a lo largo de los tres años de juicio incriminó a Fatala y que los fiscales Diego Luciani y Mola le formularon una imputación por no haber adoptado conductas que la propia ley le impedía adoptar.

En el mismo sentido, el defensor subrayó que Fatala fue uno de los varios subsecretarios de obras públicas que desempeñaron esas funciones entre 2003 y 2015 –todo el período investigado- pero es el único que fue investigado.

Simonetti aclaró que ninguno debió haber sido investigado: ni Fatala, ni los otros ex funcionarios.

Menos aún, el abogado se quejó porque a Fatala se le imputan hechos que ocurrieron en 2007, cuando ni siquiera era funcionario del Gobierno.

En ese sentido, también refutó las acusaciones fiscales sobre que era “un hombre de confianza de Néstor Kirchner”.

Simonetti reseñó que llegó a la función pública desde otro espacio político y que no formó parte de la administración provincial en Santa Cruz, que –según los fiscales- fue trasladada a la esfera nacional cuando Kirchner accedió al Gobierno en 2003.

El juicio continuará el lunes próximo, desde las ocho de la mañana, con el inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi.

Con información de NA.

IG

Un paquete sospechoso fue encontrado este jueves en el acceso al garaje de la vivienda del presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, en el barrio porteño de Villa del Parque, y cuando efectivos del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad realizaron una detonación controlada establecieron que contenía frutos, informaron fuentes de esa fuerza.

El hallazgo se produjo a las 7.30 en la puerta de la casa del magistrado que preside el tribunal que, entre otros casos, tiene a cargo el juicio por el caso Vialidad.

Los voceros detallaron que la custodia, perteneciente a la Comisaría Vecinal 11, fue quien detectó el paquete y alertó a las autoridades de la fuerza, por lo que un grupo de efectivos desplegó un cordón de seguridad a la espera de la llegada del Escuadrón Antibombas, que cerca de las 8.30 ya trabajaba en el lugar.

Las fuentes dijeron que el paquete, un cilindro envuelto en cinta negra, fue sometido a una detonación controlada por los especialstas, quienes determinaron que en su interior contenía frutos.

Los voceros policiales añadieron que el juez y sus hijos están ilesos y que personal del Grupo de Alta Presencia (GAP) de la fuerza permanecía en el lugar para brindar contención.

Con información de agencias.

IG