El juicio oral y público por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su etapa final. Este miércoles será el turno de la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, para presentar su alegato. Se espera que mantenga la acusación contra los principales imputados y podría reforzar su planteo de octubre pasado, cuando solicitó que se sumara un agravante por considerar que el hecho fue perpetrado “con violencia de género en la modalidad de violencia política”.

Este miércoles, los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estarán sentados frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6. A diferencia de lo ocurrido durante el último año, la audiencia no se hará en la sala AMIA, sino en el SUM del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002. Cada uno estará acompañado por su abogado.

El pedido de los abogados de CFK

Los abogados de Fernández de Kirchner solicitaron el miércoles pasado que los dos principales acusados sean condenados a 15 años de prisión, la pena máxima para tentativa de homicidio. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron señalados como coautores del atentado contra la expresidenta.

El abogado Marcos Aldazabal, integrante de la querella que representa a la expresidenta, sostuvo las acusaciones contra Sabag Montiel, quien gatilló el arma a centímetros de la cabeza de la exmandataria en septiembre de 2022, y contra Brenda Uliarte, quien cumplió un rol organizativo, según la investigación.

Sin embargo, la querella decidió no acusar a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de la llamada “banda de los copitos” y pidió su absolución. Según explicó Aldazabal, tras dos años de investigación, “no existen elementos suficientes para imputarlo”. Carrizo está preso por su presunta participación secundaria en el intento de homicidio. “Cristina no usa el derecho penal para hacer política”, sostuvo el abogado durante el alegato de este miércoles.

La querella calificó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores funcionales del atentado, figura que no exige la participación física directa en todos los actos, sino la contribución esencial a la ejecución del plan. Uliarte estuvo en el lugar, coordinó movimientos previos y puso en marcha el plan de escape tras el ataque fallido, sostuvo el querellante. Según la acusación, ambos compartieron la decisión de atentar y actuaron de manera conjunta para concretarlo.

Durante el alegato de la querella, la actuación de la jueza María Eugenia Capuchetti fue cuestionada por presuntamente “encubrir y obstaculizar” líneas clave de investigación, especialmente las vinculadas a posibles conexiones políticas. La Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón a la querella en cinco oportunidades durante la etapa de instrucción, al considerar que la magistrada había actuado de forma “gravemente arbitraria” y ordenándole medidas que ella había rechazado, afirmó Aldazabal.

Aldazábal dedicó un extenso tramo de su alegato a detallar lo que consideró “maniobras de obstrucción” por parte de la jueza Capuchetti, con especial foco en el manejo del teléfono celular de Sabag Montiel. Según el abogado, luego de los intentos fallidos por peritar el dispositivo en el juzgado, se dio la orden de guardar el teléfono en un sobre de papel madera y no en las bolsas Faraday que exige el protocolo para preservar la evidencia electrónica. La magistrada siempre ha rechazado las acusaciones y señalamientos de la querella.

El peritaje quedó en manos de un técnico de la Policía Federal que, aseguró, no contaba con el equipamiento adecuado y solo pudo extraer los de la memoria externa. Según el relato del querellante, el teléfono, que había sido guardado y apagado en una caja fuerte del juzgado, apareció luego encendido, con un mensaje de error y el envoltorio abierto. “En 24 horas se arruinó la prueba más importante”, sostuvo Aldazábal.

La querella planteó dos agravantes en su alegato: violencia de género, basada en testimonios que señalaron que la condición de mujer de Fernández de Kirchner era un motivo de hostigamiento, y uso de arma de fuego. Aldazabal recordó que el Código Penal fija que en casos de tentativa de homicidio la condena no puede superar los 15 años y reclamó la pena máxima. “Matar a alguien que representa a millones de personas atenta contra la democracia”, concluyó.

ED

La fiscalía pidió este miércoles que se condene a prisión perpetua a un hombre de 46 años, acusado de haber drogado, secuestrado, violado y estrangulado a Anahí Benítez, cuyo cadáver fue hallado en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Por otro lado, solicitaron la absolución de Marcos Bazán, el otro imputado en el caso, sobre quien afirmaron que es “absolutamente inocente”.

El requerimiento de la fiscal Marisa Monti de pena máxima recayó sobre Marcelo Villalba (46), a quien consideró culpable de “privación ilegal de la libertad agravada”, “robo”, “homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género” (femicidio), y de “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de la adolescente de 16 años.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal descartó que Bazán haya participado en el hecho, y ligó su incriminación con la participación del adiestrador de perros Diego Tula en los peritajes, cuestionados por la falta de “rigor científico”.

El alegato de Monti ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora comenzó pasadas las 12:30 e hizo una reconstrucción histórica de los hechos previos al asesinato de la adolescente. “Anahí salió de su domicilio el 29 de julio de 2017 a las 17.30. A unas cuadras de allí, fue interceptada por Marcelo Villalba, quien la priva ilegalmente de la libertad mediante la utilización de violencia física para luego proporcionarle narcóticos con el fin de continuar el cautiverio”, relató.

Monti sostuvo que Villalba la tuvo secuestrada hasta el 3 de agosto, donde le suministró una droga psiquiátrica y abusó sexualmente de ella “valiéndose de su fuerza física y del estado narcotizado de la joven, que no le permitía consentir libremente la acción”. Por último, acusó al hombre de 46 años de “trasladarla a la reserva de Santa Catalina creyéndola fallecida”, donde “decide matarla, valiéndose para ello no solo de su fuerza física sino también del estado de indefensión de la víctima en virtud de su narcotización, actuando sobre seguro”.

En su presentación que se extendió por un largo de dos horas, Monti desestimó acusar al otro imputado, Bazán (39), quien había sido condenado por este hecho a la pena máxima en junio de 2020 en un primer juicio por el caso, el cua luego fue anulado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Fue así que la fiscal consideró que “Bazán es absolutamente inocente” y manifestó tener la “certeza de la absoluta ajenidad” del acusado, tanto como coautor del crimen o partícipe secundario. “Claramente se prueba la inocencia de Marcos Bazán en las conductas que le fueron imputadas. No comparto el análisis realizado por quienes me precedieron en el rol”, afirmó Monti, basando su solicitud en las pericias odoríficas realizadas por el adiestrador de canes Diego Tula, a las cuales consideró “de ningún rigor científico”.

“Al preguntarle los protocolos, Tula no habló de ninguno de ellos y refirió simplemente que él conocía a su perro. No pudo aportar ningún dato de lo que estaba sucediendo con el can Bruno más allá de una cuestión de fe”, precisó la fiscal. En ese sentido, destacó que “no se realizó cadena de custodia” sobre los elementos de Anahí incautados por el instructor Tula para que Bruno pudiera tomar su olor.

“Cuando se tomaron las muestras de olor del cuarto de Anahí, era la tercera vez que se inspeccionaba el lugar. Todas ellas fueron sin ningún tipo de protección para evitar que se contamine el lugar. Allí, no se siguieron los pasos de cualquier muestra de tipo científico ya que la ropa de Anahí no fue preservada por la policía científica y se metieron en unas bolsas de Tula hasta el otro día, momento en el que se realizó el procedimiento” argumentó Monti.

La fiscal indicó que a partir de la declaración de especialistas durante el juicio, que “el perro fue inducido por Tula a lo largo de los procedimientos”. “El perro ladraba cuando era positivo y cuando era negativo. Un especialista dijo en este debate que eso se debía a un mal entrenamiento del perro y dejaba todo a la interpretación del guía. También hicieron mención a la correa corta del can. Al tener la correa corta, el guía tiene el poder del perro, induciéndolo”, explicó.

El juicio por el femicidio de Anahí Benítez

El segundo juicio por el femicidio de Anahí comenzó el primero de marzo en los tribunales de Lomas de Zamora, donde Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, fue la primer testigo en declarar. Mientras tanto, el 29 de marzo el imputado Bazán declaró ante los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo y negó su participación en el asesinato.

Anahí Benítez fue vista por última vez el 29 de julio de 2017, cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para pasear y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

A raíz de las pruebas, hoy refutadas por la fiscal Monti, Bazán había sido condenado a prisión perpetua considerado autor del crimen. Sin embargo, en diciembre de 2021, los camaristas Daniel Carral y Ricardo Maidana anularon la sentencia y ordenaron la realización un nuevo juicio oral junto con Villalba, quien en esa ocasión dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un “psicótico” que no estaba en condiciones de estar en el debate.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +54 9 11 2771 6463).

LC con información de agencia Télam

La audiencia por el femicidio de Anahí Benítez, la joven asesinada en 2017 en Lomas de Zamora, comenzó a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 lomense, ubicado en la calle Presidente Perón 2453. La fiscal Marisa Monti abrirá la ronda de alegatos, seguida por el abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de Silvia Pérez Vilor, madre de la víctima, y su colega Fernando Herrera.

Marcos Bazán (39), acusado como coautor del femicidio junto a Marcelo Villalba (46), declaró el pasado 29 de marzo ante los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo y negó su participación en el crimen. Ya en junio de 2020, por este mismo hecho, Bazán había sido condenado a la pena máxima, pero en diciembre de 2021, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese falló y ordenó realizar un nuevo juicio oral. En aquella oportunidad, también se había declarado a Villalba, coautor del asesinato, como “psicótico” por lo que dejó de ser juzgado en la segunda audiencia.

Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana fueron quienes anularon la sentencia anterior del TOC 7, que encontraba a Bazán culpable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género”. También se lo sentenciaba por ser “partícipe necesario de un abuso sexual agravado por acceso carnal”.

Con el fallo de Carral y Maidana, su defensa solicitó su excarcelación bajo el argumento de que no existían riesgos procesales por parte del acusado y de que el juicio no se realizaría a la brevedad. La morigeración de la prisión preventiva fue rechazada por el TOC 7 en junio de 2022. Ahora Bazán y Villalba deberán enfrentar un nuevo juicio y recibirán la pena de prisión perpetua si se los declara culpables de haber cometido el femicidio de Anahí Benítez.

La joven de 16 años había sido vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa en Parque Barón, Lomas de Zamora, para dar un paseo. Su cadáver desnudo fue hallado cinco días más tarde, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La víctima había sido estrangulada, luego de que se le suministraran drogas para abusar de ella, según determinó la autopsia.

“A mí me gustaría que hablen porque yo estoy segura de que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas, que digan los nombres de todos los que participaron”, expresó la madre de Anahí, en la previa del debate, en relación a la condición en la que se encontró el cuerpo de la víctima.

ACM con información de Télam

En un discurso casi calcado, los ochos acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, pidieron perdón a los padres de la víctima y a sus propias familias. La sentencia se conocerá el próximo 6 de febrero.

“Quiero pedir perdón, nunca quise que ocurriera esto y se muriera un chico de nuestra edad”, fue, palabras más palabras menos, la frase que repitieron Máximo Thomsen (23), Blas Cinalli (21), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), los hemanos Ciro (22) y Luciano Pertossi (21), su primo Lucas Pertossi (23) y Ayrton Viollaz (23).

Lo hicieron luego de que su abogado, Hugo Tomei, pidiera la absolución de los ocho. De todos, ellos sólo Luciano Pertossi y Máximo Thomsen lloraron al hablar. El resto mantuvo el mismo gesto adusto que mostraron a lo largo del juicio.

Sus palabras finales reflejaron una jornada llena de tensión. La última audiencia del juicio había comenzado cerca del mediodía con las palabras de Graciela Sosa, la mamá de Fernando.

Lucas Pertossi fue el primero en hablar: “Yo, ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde el día que pasó, hasta hoy. Muy triste por lo sucedido. A todas las personas que afecté le quiero pedir mil disculpas. Nunca tuve intención de matar a nadie, ni participar de ningún asesinato. Para nada. Quiero decir gracias por este momento y por escucharme; y no tengo más nada para decir”.

Como él, uno tras otro insistieron en que no hubo un plan para matar a Fernando.

Máximo Thomsen fue el sexto en hablar. Ya desde el comienzo de la audiencia no había podido evitar las lágrimas. Fue cuando habló Graciela Sosa, la mamá de Fernando. “Me costó horrores ver la forma de cómo asesinaron a mi hijo y nunca podré olvidar el momento que él levantaba la mano implorando piedad”, dijo en uno de los tramos la mujer.

Sentado en la segunda fila de los acusados, en el mismo lugar que ocupa desde el inicio del juicio, la transmisión del juzgado lo mostró secándose las lágrimas.

El lunes había solicitado la asistencia de un psicóloga en la Unidad Penal 6 de Dolores, donde se encuentran detenidos los ochos acusados. Thomsen es uno de los más complicados. La huella de su zapatilla quedó marcada en la cara de la víctima y ayer Fernando Bulando, a cargo de la querella que representa a los padres de Báez Sosa, lo había acusado de ser el líder del grupo.

Cuando hoy le toco hablar no pudo aguantar el llanto. “Primero que nada quería pedir disculpas a la famila -comenzó y en ese momento soltó las primeras lágrimas- y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiera pensado que algo así podía pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Y jamás tuvimos la intención de algo así. Quiero pedir disculpas, aunque sé que las disculpas no alcanzan. Pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y no sentir todo esto. Pero no podemos. No nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan. Gracias”.

Tras las últimas palabras de los acusados, María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, informó que el veredicto se conocerá el lunes 6 de febrero a las 13 horas.

Fuera del Tribunal Graciela Sosa volvió a hablar con la prensa. Allí dijo que de nada le sirvieron las disculpas de los acusados. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren”, dijo. Silvino Báez, el papá de Fernando agregó: “No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”.

El abogado defensor de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa habló al Tribunal inmeditamente después de que la madre de la víctima, Graciela Sosa, pronunciara sus últimas palabras. Hugo Tomei admitió que era difícil tomar la palabra: “La pérdida de un hijo es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Me siento en un plano de inferioridad, sobre todo porque tengo que ejercer la defensa”. Y aprovechó esa introducción para marcar la cancha de su alegato: “Este caso tuvo una impronta mediática inigualable. Horas y horas de reproducción de videos y audios, partes del expediente expuestos en redes sociales, en canales de televisión, programas destinados a condenar, por supuesto. Entonces aquí hay otra desigualdad: ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad y la opinión publica”.  

Primero amagó con una absolución para todos. Es una cuestión técnica: dijo que si ayer durante el alegato de la Fiscalía y la querella “todos pegaron”, entonces hay una incongruencia entre la elevación a juicio -que indica que cinco de los ocho agredieron físicamente a la víctima mientras tres se ocupaban de blindarla para que no se acercaran los amigos a defenderla- y las conclusiones que las partes presentaron ayer.

“Voy a pedir la absolución porque el hecho no está probado”, aseguró al comienzo de su alegato final ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores. “No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión”, siguió.

Pero hacia el final, propuso que se cambie la calificación a homicidio en riña o preterintencional. Ambos prevén una condena de dos a seis años. Con el tiempo que los ocho imputados llevan detenidos, podrían salir en libertad. “O, en su defecto, homicidio simple con dolo eventual”, agregó. Ese delito contempla una pena de 8 a 25 años. Ayer, las partes acusatorias pidieron perpetua para todos.

En su alegato, Tomei puso en duda que haya existido un plan criminal que debía dejar a Báez Sosa en la indefensión total. Para eso marcó incongruencias en los testimonios que ofrecieron los amigos de la víctima al Tribunal. “A Filardi lo sacaron, Corbo salió a pedir ayuda, a García le dan un golpe en la oreja y cruza, Raulera ve que Viollaz amaga pero no le pega, Tavarozzi quedó en shock...”

“Se habló durante todo el debate que Báez Sosa fue golpeado a mansalva como si fuera una bolsa de papas. Pero la autopsia encuentra seis golpes. La autopsia no miente. Esa autopsia nos está marcando un límite. ¿Qué sucede con esa contraposición de datos? Una lluvia de patadas, pero en la autopsia son seis”, siguió Tomei y agregó: “Si hubiera tenido el perito el golpe exacto que le causó la muerte tendríamos otra cosa. Habría autor, pero como teníamos diez revoltosos en Gesell cerramos la historia”.

Remarcó Tomei que los imputados tenía dos autos con los que podian huir y no lo hicieron. Que, además, filmaron su propio crimen, es decir, que se pusieron de acuerdo para matar y grabar su muerte. Y que entregaron a la policía sus celulares, cada uno con su clave. “Estos pibes no tenían idea de lo que había pasado, no tenían dimensión. Sobre los chats, escribieron una sarta de frases propias de menores que no tenía conciencia sobre la gravedad del hecho”, cerró Tomei.

Luego de un cuarto intermedio, cada imputado habló al Tribunal. A su turno, pidieron disculpas a la familia de Fernando.

VDM/MG

Fernando Burlando, a cargo del equipo de abogados que representan a los padres de Fernando Báez Sosa, comenzó hoy su alegato final en el juicio que se lleva adelante en la ciudad de Dolores contra los ocho acusados de asesinar al joven a la salida de un boliche de Villa Gesell. “Prisión perpetua para todos los acusados”, dijo a poco de arrancar el pedido de penas de la querella.

“Todos, absolutamente todos, participaron. todos asesinaron a Fernando Báez Sosa”, dijo al comienzo de su alegato Burlando, quien no dudó incluso en señalar que el accionar de  Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)  fue más violento que la pandilla que imaginó Anthony Burgess en libro que dio origen a la película La Naranja Mecánica.

“Nuestro reclamo de justicia antes lo que no dudamos en llamar el suplicio de Báez Sosa. La responsabilidad de quienes fueron sus ocho asesinos se resume en dos momentos de salvajismo y horror. dDs cuadros de este film imaginario en el que hemos asistido en estas jornada, no fue producto de nuestra imaginación sino de la suma de la pruebas”, agregó Burlando,

El abogado habló esta tarde luego del alegato de la fiscalía a cargo de Gustavo García y Juan Manuel Dávila, quienes pidieron que los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa sean condenados a prisión perpetua. Consideraron que todos ellos son coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones”.

“Cada golpe era un disparo, cada patada un tiro, fue Fernando Báez Sosa fue fusilado”, sentenció Burlando quien señaló que Báez Sosa fue tratado como “una bolsa de papas” mientras que los acusados “elegían el momento oportuno para pegarle a mansalva”.

Durante su alegato, Burlando comenzó a describir cuál fue el rol de cada uno durante el ataque a Báez Sosa. Así, calificó a Thomsen de ser el “líder de la manada” y a Viollaz de dar la orden del ataque.

“¿Cabe alguna duda de si hubo o no intención de matar, se puede hablar de incidente o de accidente como hemos oido?”, se preguntó. “Todas estas preguntas han sido respondidas con las pruebas”, continuó. Para el abogado no quedan dudas de que el grupo actuó de manera de organizada y con el objetivo de matar a Fernando. “Ya conocían el protocolo y el manual de los demoledores”, dijo.

“La conquista era el trofeo, celebraron, se abrazaron, comieron hamburguesas”, continuó.

Noticia en desarrollo

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García y el particular damnificado, representando por el abogado Fernando Burlando y su equipo de letrados, pidieron hoy la pena de prisión perpetua para los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique en Villa Gesell.

  En ese sentido, ambos fiscales coincidieron en señalar que los acusados atacaron a la víctima “por sorpresa” y bajo “traición” y que lo mataron tras golpearlo “brutalmente”. Y en la misma sintonía, Burlando sostuvo que “todos asesinaron a Báez Sosa”, y en consecuencia, solicitó la misma pena de perpetua para los ocho implicados.

  "Fue fusilado a golpes mortales", añadió el abogado de la querella, en obvia referencia a Báez Sosa, y remarcó que “hubo voluntad de matar y por eso lo mataron”.

  Además, los fiscales también solicitaron que se abra una investigación contra Juan Pedro Guarino y Thomás Colazo por el delito de “falso testimonio”, ya que cuando declararon dijeron que no se acordaban lo ocurrido a pesar de haber estado a pocos metros de donde ocurrió el ataque y crimen: “No se acordaron de nada...   No tengo dudas de que por una omisión, mintieron”.

  Durante las casi cuatro horas de alegatos, los fiscales se explayaron en las pruebas y testimonios que se presentaron durante las 13 audiencias del juicio y dieron a conocer los motivos por los cuales los ocho acusados son coautores del asesinato, y manifestaron que “todos hicieron todo para atacar y matar a Fernando”.

  “Se los acusa a todos por igual por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones”, indicó Dávila.

  Los fiscales relataron cómo comenzó el incidente entre ambos grupos en el interior de Le Brique y calificó el hecho como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía con concurso premeditado de dos o más personas, una figura que contempla prisión perpetua.

  “Acordaron matar a Fernando”, manifestó uno de los fiscales, y explicó que “el ataque” comenzó a las 4:44:25 del 18 de enero frente al boliche Le Brique y expuso distintos videos.

  Parte de los mismos fueron cuestionados por la defensa de los acusados por entender estaban editados y hasta dijeron que hubo “montaje”, algo que fue descartado por el Tribunal.

  Según la Fiscalía, la alevosía fue “por la menor posibilidad de defensa de la víctima” y que Fernando “se vio disminuido ante la pluralidad de agentes”.

  En cuanto a la premeditación, el otro agravante, García dijo que no necesariamente implica gran planificación y que los imputados “siete minutos antes del ataque” se reunieron a metros de donde estaba Fernando, luego que ambos grupos fueron echados de Le Brique por la seguridad.

  “Ahí está la organización, lo de atacar sin ningún riesgo, Fernando estaba con sus amigos comiendo un helado de uva”, argumentó la Fiscalía al exponer uno de los videos del inicio de la golpiza y que, según él, se le podría atribuir ese puñetazo inicial a Enzo Comelli, uno de los rugbiers implicados.

  Fernando Báez Sosa cayó casi al instante, relató García. “Los testigos hablaron de emboscada y que los imputados no atacaron desde un sólo lugar”, agregó.

  “Lo mataron todos, tal como estaba previsto”, citó la Fiscalía para argumentar la premeditación y, sobre todo, la coautoría, esto es que tienen el mismo nivel de responsabilidad quienes le pegaron a Fernando como los que le pegaron a los amigos del joven para impedir que lo vayan a defender.

  También como prueba se argumentó que los acusados “filmaron” el inicio del ataque y dijo que eso es prueba de la premeditación.

  “Hubo 23 testigos presenciales del hecho y dicen que instantáneamente le pegaron a Fernando”, agregó.

  “Le recomiendo a los jueces que vean los videos”, dijo el fiscal y valoró la prueba que hay de los distintos “escenarios” que se pudieron ver acerca de los hechos.

  Además, durante los alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal, detallaron la responsabilidad y el rol de cada uno de los imputados en el ataque y crimen, por lo cual se pudo saber con mayor detalle la participación de cada uno de los acusados.

  El pedido de Burlando y su equipo de abogados

 En otro orden, el particular damnificado, generalmente llamado querella, cuya representación está a cargo de Burlando y su equipo de letrados, remarcó que la víctima fue “un despojo” cuando lo dejaron golpeado.  El abogado se refirió al incidente que tuvo Máximo Thomsen, a quien consideró “líder” del grupo, con Báez Sosa en el local bailable, y al respecto señaló que Báez Sosa “fue fusilado a golpes mortales”, acotó.

  “Nadie puede repetir de esta tragedia de horror la palabra incidente”, sostuvo el abogado, quien también se valió de la prueba de videos que se exhibieron en la sala de juicio.

  A las 4 horas 38 minutos dijo Burlando se inició “la emboscada” para atacar a Fernando y sus amigos. “Hubo voluntad de matar y por eso lo mataron, existió un plan asesino”, señaló.

  Por la manera en que se dio el ataque aseguró que fue Ayrton Viollaz, el rugbier que “impartió” la orden de atacar a Fernando y sus amigos. “El acuerdo previo se inició en la vereda de Le Brique, segundos más tardes, Luciano Pertossi y acusados cruzan la avenida, se reúnen y terminan de organizar el plan criminal”.

  Fue “en manada y organizadamente” el ataque a Fernando y luego de verificar “la ausencia de peligros”, esto es la ausencia de la policía que fue a intervenir en un conflicto a la vuelta del boliche.

  En tanto, Facundo Améndola, integrante del mismo equipo, aseguró que “le pegaban como si fuera una bolsa de papas”.

  Además, hizo un resumen de lo aportado por los distintos testigos acompañados por la exhibición de los videos con la idea de “defender” el pedido de sentencia impuesta que será de prisión perpetua para los acusados. .

  Para el abogado, el inicio del conflicto fue la pelea dentro de Le Brique entre Fernando y Thomsen, y este último tuvo a partir de ahí un “encuentro mortal” que tuvo el desenlace del homicidio.   “Guarda relación con el resultado de autopsia” por los golpes registrados en la víctima.

DA con información de NA

Para la fiscalía el móvil del crimen fue éste: Máximo Thomsen se vengó del golpe que le había pegado en el estómago Fernando Báez Sosa. Según reconstruyeron los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila, la víctima y tres amigos se cruzaron con Thomsen, Ayrton Viollaz y a alguno de los Pertossi dentro de Le Brique, cuando la pista estaba colmada de gente en la previa del show de Neo Pistea. Por ese intercambio de manotazos, la Seguridad del lugar los expulsó de la disco. Afuera, según el alegato de García, los agresores tuvieron siete minutos para vengarse. Esperaron a que la policía, de custodia en el lugar, corriera a resolver otra pelea. La emboscada sucedió con la cuadra liberada.

“Se pusieron de acuerdo con anterioridad al hecho para matar a una persona. Siete minutos antes, los imputados se encontraron en la misma vereda con Fernando. No requirió una planificación muy elaborada, pero hubo una planificación de 'cómo'. Lo vimos en los videos”, explicó García. La Fiscalía recurrió a un editor de videos de reuniones sociales -cumpleaños, casamientos- que trabaja para el Ministerio Público Fiscal para que sincronizara todos los videos expuestos durante la etapa de prueba. En vez de verlos por separado, armó un mosaico donde se sucedían las escenas registradas por los celulares, los domos y las cámaras de seguridad de la cuadra. “Y si faltaba algo para decir que esto fue organizado es que hayan decidido filmar el inicio de la agresión”, remarcó García.

Así aseguró: “Nos complicamos buscándo cuál patada lo mató cuando fueron todas”.

Los fiscales sostienen la figura original con la que los imputados -todos- llegaron a juicio: “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves”. El delito prevé una condena de prisión perpetua. Los acusados oyen el debate en la sala de audiencias. Detrás suyo, están sus padres. Por primera vez todos pueden acudir a la audiencia completa, derecho que tenían vedado por ser testigos. Pero como declararon la semana pasada pueden permanecer en la sala. Los padres de Báez Sosa también presencian los alegatos. La monja Martha Pelloni vino especialmente para acompañarlos.

“No era pegar contra el grupo, era pegarle a Fernando. Y sobre eso, ¿a quien había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? Máximo Thomsen. Thomsen esperó a que sus compañeros le liberen la zona. Thomsen siempre está arriba de Fernando. No digo que es el líder del grupo, pero ese día sí. Porque ese día el que sintió ofendido fue él. Fernando estaba 'regalado'. Sus amigos también”, siguió García.

Los fiscales aseguran que los agresores se aprovecharon de la indefensión del grupo: estaban relajados, conversando en ronda. Y que fueron directo a Báez Sosa. Todos le pegaron. Y si no le pegaron al unísono, se turnaban para hacerlo. Si no pegaban, su función era bloquear a los amigos para que no pudieran defender a Báez Sosa. Atacaron por al menos dos flancos. Y podría haber un tercero: por primera vez, Ayrton Viollaz deja ser un mero “arengador” a pasar a ser el que da la señal de inició del ataque, el que impide que los amigos de Fernando se acerquen y, por la cercanía, un agresor directo.

En el rearmado del ataque -que duró segundos, quizás 30- Enzo Comelli fue el que le dio el primer golpe, junto a Ciro Pertossi: uno por delante y otro por detrás. Es cuando Báez Sosa cae de rodillas al piso. Blas Cinalli aparece por detrás de Ciro, lo mismo Ayrton Viollaz. Y hay una persona más, que le pegó una patada a Fernando. Los fiscales apuntaron a Matías Benicelli, pero dijeron no tener demasiada certeza. En la ropa de Benicelli y en una de sus zapatillas encontraron ADN de la víctima. Máximo Thomsen está “sobre” Fernando, nunca se mueve de él, que está tendido en el piso. Luciano Pertossi alterna entre pegarle a Báez Sosa y pegarle a los amigos. Su primo, Lucas, filmó hasta el primer golpe. Luego se sumó a la paliza. “Sobre la marca de la suela de la zapatilla, que quedó probado que es de Thomsen... Dijeron que no ha sido una lesión grave pero yo lo tomo como… dejar el sello a Fernando”, cerró García.  

VDM/

Cuando más de dos personas matan a otra, pero no es posible saber quién fue el asesino. Eso es “homicidio en riña”, el tipo de delito que podría plantear en los alegatos, que empiezan este miércoles, el abogado defensor de los ocho acusados de golpear hasta la muerte a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020. La diferencia con la condena que implica el hecho que les imputan -“homicidio agravado por alevosía”- es abismal: una es perpetua, el otro tipo de delito prevé una pena de dos a seis años.

En la misma línea que los fiscales, Gustavo García y Juan Manuel Dávila, el equipo de abogados que representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, insistirán con la imputación inicial: la pena máxima para todos. Hoy y mañana, las tres partes -defensa, querella y Fiscalía- expondrán sus fundamentos con relación a las condenas y penas. Será a partir de las 9, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores

Los imputados fueron los primeros en ingresar al Tribunal, se dispuso un gran operativo de seguridad, vallaron toda la cuadra por donde ingresan todos y hay más policías. Los familiares de los acusados llegaron en una combi blanca, a diferencia de las audiencias anteriores, custodiados por la Policía y llegaron hasta la puerta sin cruzarse con nadie, ni con la prensa. En la última audiencia testimonial había mucha gente afuera que los persiguió a los gritos, por lo que esta medida es preventiva.

Fernando Burlando, Fabián Améndola y su hijo Facundo, junto a la Fiscalía continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua, y “lesiones”, en relación a los ataque sufridos por amigos de Fernando.

Para reforzar la estrategia prepararon un contenido audiovisual que apunta a cuestionar a la defensa. “Se utilizó inteligencia artificial con el objetivo de reconstruir pixeles”, le dijo a Infobae el titular del estudio que trabajó con el material. Para el montaje, tomaron todos los videos que fueron expuestos en el juicio pero “aclararon” las imágenes y señalaron “con un círculo la acción de cada uno”. También se está “haciendo un seguimiento, que se llama tracking de movimiento, para determinar bien cuál fue el accionar de cada de ellos”, precisaron.

La hermana Martha Pelloni, la mamá de Ángeles Rawson y la mamá de Kevin Sedano llegaron a Dolores para acompañar a Graciela y Silvino, los padres de Fernando.

Los acusados podrán acceder al derecho de pronunciar sus últimas palabras frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari antes de la sentencia, prevista para el lunes o martes próximo. Están alojados en la alcaldía de la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados desde la cárcel Melchor Romero el 1° de enero, un día antes del inicio del juicio. Los miércoles de cada semana recibieron la visita de sus familiares. Les llevan mercadería y elementos para el aseo personal. La semana pasada, la visita fue suspendida porque coincidía con la fecha del tercer aniversario del crimen de Báez Sosa. Los familiares pensaron que podría realizarse una movilización al penal, según le confirmó a Télam un allegado a los imputados.

Cuando al abogado defensor le consultaron por qué no hablaron todos los imputados ante el Tribunal, Tomei dijo que “el silencio también es decir”.

Graciela y Silvino, los padres del joven asesinado, aguardan los alegatos en la ciudad de Dolores. El viernes repartieron la mercadería que recibieron como donación durante el acto interreligioso en homenaje a su hijo realizado en el anfiteatro de la ciudad. Fernando Burlando contó que es muy probable que al final de los alegatos Graciela pida la palabra.

La jornada de este miércoles será larga y durará mínimo seis horas.

VDM con información de Télam.

La defensa del empresario Lázaro Báez iniciará hoy la tercera y última jornada del alegato en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 con el foco puesto en refutar las acusaciones por “asociación ilícita” que le formuló la fiscalía.

Báez, encarcelado desde 2016 y condenado en otro juicio a 12 años de prisión, es asistido por los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, quienes en las dos jornadas iniciales del alegato se dedicaron a desmentir las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La exposición de los defensores se vio interrumpida por el fin de semana largo, ya que las audiencias se realizan los días lunes, martes y viernes.

El martes pasado, al cerrar la jornada, los defensores anunciaron que para la etapa prevista para hoy dedicarían la argumentación a demostrar que no existió una asociación ilícita y que, por consiguiente, Báez no formó parte de ella.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini escucharán los argumentos de la defensa desde las 9:30, con transmisión en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial.

En las dos primeras jornadas, los defensores explicaron que las readecuaciones presupuestarias y la prórroga de los plazos de construcción de la obra pública no benefician a las empresas (como argumentaron los fiscales) sino que la perjudican.

Además, desmintieron que Báez fuera el único empresario que estaba al día con los cobros por partes del Estado, a punto tal que aseguraron que al día de hoy todavía le deben unos 271 millones de pesos.

Las defensas rechazaron la denuncia de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, y se basaron para ello en el resultado del propio peritaje que encargó el ex funcionario macrista a poco de iniciar su gestión.

El alegato abundó en cuestionamientos a las “mentiras”, “falsedades” y “tergiversaciones” de los fiscales, a quienes además les endilgaron “mala fe procesal” por incluir en el alegato acusatorio pruebas que no habían sido admitidas por el tribunal, entre ellas la extracción de información del teléfono del también imputado ex secretario de Obras Públicas José Francisco López.

Los abogados Villanueva y Liniado reclamarán la absolución de Báez, para quien los fiscales pidieron la pena de 12 años, al igual que para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la defensa de Báez le seguirán las de Raúl Pavesi, ex director de Vialidad Provincial de Santa Cruz; Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional; José Raúl Santibáñez, ex Vialidad santacruceña y Juan Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos, ex titular del distrito 23 de Vialidad Nacional y ex director de Vialidad provincial.

Para Pavesi, la fiscalía pidió cinco años de prisión; para Periotti, diez; para Santibáñez, cuatro y para Villafañe, seis.

NB con información de agencia NA.

“La verdad cuando se busca, aparece”. Es la única coincidencia entre la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Así lo destacó durante su alegato el penalista Carlos Alberto Beraldi, principal defensor de la expresidenta en el juicio oral y público por el caso Vialidad. Pero la definición de qué se acerca a la verdad y qué es literalmente mentira los divide por completo.

Fernández de Kirchner enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

La defensa sostiene que la fiscalía creó una “fantasía” en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentar que ese tipo de incidencia no era posible, Fernández de Kirchner y Beraldi describieron las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. 

La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez. Por ejemplo, dijeron Luciani y Mola, a la hora de garantizar el envío de fondos del Tesoro Nacional para enviar las obras que se adjudicaban al empresario amigo.

El rol de Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos (2007-2015) y su alcance legal es uno de los puntos centrales del juicio. En ese marco, la supuesta reunión con Báez a finales de 2015 en medio del plan “Limpiar Todo” es otro de los principales contrapuntos entre la fiscalía y la defensa, y de los más resaltados por funcionarios y aliados de la vicepresidenta en medios de comunicación y redes sociales durante la semana última. “Los fiscales mintieron”, dijo la vicepresidenta. 

“Lázaro Báez” son las palabras menos pronunciadas por la vicepresidenta en público. Fernández de Kirchner evita nombrar al empresario que fue amigo de su esposo y socio comercial de sus empresas, como Hotesur, sociedad en la que la expresidenta tuvo el 45% de las acciones, según las actas de la propia compañía.

En su alegato Cristina Fernández de Kirchner no mencionó a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades). El abogado Carlos Beraldi sí lo hizo: sostuvo que la relación comercial se basó en alquileres de propiedades y hoteles y que eran negocios legales.

La fiscalía sostuvo que Fernández de Kirchner no podía desconocer los beneficios que su socio recibía de su gobierno y que la entonces presidenta firmó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decreto de designación de funcionarios que permitieron la continuidad del esquema que heredó del gobierno de Néstor Kirchner en 2007.

Pero, además, el fiscal Luciani hizo especial hincapié en un supuesto encuentro que rompía, para la fiscalía, la supuesta lejanía entre el empresario y la funcionaria: la reunión del 30 de noviembre de 2015 por la tarde, en Santa Cruz, en la que la entonces presidenta tomó decisiones sobre el “plan huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral. 

El “plan limpiar todo” o “plan huída” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal. “Limpiar todo”, fue la orden del secretario de Obras Públicas, José López, al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, tras una reunión con la Presidenta en Olivos, a finales de noviembre de 2015. La fuente que permitió a la fiscalía reconstruir estas reuniones y decisiones son los mensajes de texto y chats extraídos del teléfono de López; y un video que registró al avión presidencial, Tango 01, aterrizando en Río Gallegos el 29 de noviembre por la tarde.

La defensa sostuvo que la fiscalía mintió, que esa reunión entre CFK y Báez no existió y ofreció como prueba los registros en medios de comunicación que ubican a Fernández de Kirchner en un acto oficial en Bariloche, ese lunes 30 de noviembre por la tarde. No podía, entonces, estar en dos lugares al mismo tiempo. 

En base a información publicada por la Casa Rosada en 2015, por la propia Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter y por medios de Río Negro, y los mensajes del teléfono de López, elDiarioAR pudo establecer que existe una posibilidad fáctica de que Báez y la vicepresidenta se hayan reunido en esas fecha y que no es cierto que es imposible que así haya sido. También surge de un mensaje enviado por Báez a José López el 1° de diciembre a las 21.34 horas que el empresario y la entonces presidenta hubieran conversado, aunque no se hubiesen reunido físicamente.

Para cruzar la información, primero hay que tener en cuenta que en la extracción del contenido del teléfono de López, todos los mensajes y chats figuran con un huso horario distintos al que corresponde a los mensajes, debido a que el programa que extrae el contenido del celular no registra el material en el huso horario de Argentina, sino del Coordinated Universal Time (UTC)+0, equivalente a tres horas más tarde. Es decir que los mensajes registrados a las 15 horas, ocurrieron en realidad a las 12 horas de Argentina, según explicó el fiscal Luciani durante su alegato. En este artículo se transcriben los horarios reales de los mensajes.

El sábado 28 de noviembre, López escribió al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, mano derecha de Báez, que tenga listo la “nómina de empleados y liquidación final”. “Lunes (por el 30 de noviembre) a primera hora para (que) la Señora vea y tome decisiones”. Mendoza les respondió: “Mirá, nos encontramos en RG (Río Gallegos) el lunes mediodía y vemos”.

Ese domingo 29, López viajó por sus medios a Río Gallegos y se hospedó en la casa de su suegra, según le contó en un mensaje a Nelson Periotti, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, quien también debía viajar para estar en la capital de Santa Cruz en la misma fecha. Algo los congregaba en la provincia y según los mensajes gira en torno a Báez.

El Tango 01 aterrizó en Río Gallegos el domingo 29 por la tarde y quedó registrado en video porque el piloto realizó un vuelo rasante sobre el aeropuerto que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la pista y lo grabaron.

El lunes 30, Fernández de Kirchner aterrizó en el aeropuerto de Bariloche a las 17 horas, según el medio Bariloche Opina, y desde allí se trasladó por tierra unos 60 kilómetros hasta la localidad de Pilcaniyeu para encabezar el acto al que se refirió su defensa en el alegato: la inauguración de la producción de uranio enriquecido en una planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), según publicó la Casa Rosada.

El mensaje que presupone que Fernández de Kirchner se reunió con Báez esa tarde fue enviado por Mendoza a López el mismo lunes 30 a las 12:35: “Llega la señora a la tarde y L se junta con ella”.

Para arribar a las 17 horas desde Río Gallegos (o El Calafate, porque no está claro dónde fue la reunión) a Bariloche, el Tango 01 requiere despegar de Santa Cruz alrededor de las 15. El avión presidencial viaja a menos de 900 kilómetros por hora y la distancia es de unos 1.500 kilómetros entre los dos puntos geográficos.

Antes del inicio del acto en Pilcaniyeu, Fernández de Kirchner mantuvo comunicación por videoconferencia con Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Pilar para otras tres inauguraciones virtuales.

El acto oficial comenzó alrededor de las 18.15, según un twitt de la funcionaria, y culminó pasados los 27 minutos, es decir, antes de las 19 horas. Luego, se trasladó en helicóptero hasta el centro que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, consignó Página/12. Ese medio también afirmó que la presidenta había estado en Santa Cruz el fin de semana.

¿Era imposible que se hubiera reunido con Báez ese día? Una posibilidad es que la reunión que niega la defensa y la propia vicepresidenta se podría haber concretado antes de las 15 horas del 30 de noviembre, cuando debió partir hacia Bariloche, ya que se encontraba efectivamente en Santa Cruz, como consignó Página/12 y el aterrizaje del Tango 01 en Río Gallegos.

No está claro dónde pasó la noche. si regresó a Santa Cruz o viajó desde Bariloche a Buenos Aires. Al día siguiente, el 1° de diciembre de 2015, la entonces presidenta estaba en la Casa Rosada al menos desde el mediodía. Almorzó con gobernadores del Frente para la Victoria en la sede de Gobierno y por la tarde se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, según los registros oficiales y de medios.

¿Qué otro indicio hay de que existió un encuentro con Báez? En los mensajes registrados en el teléfono de López,  Mendoza y López se refieren a Fernández de Kirchner como “la señora”. Por eso, la fiscalía sostiene que Báez hablaba de la presidenta cuando le envió a López dos mensajes el 1° de diciembre por la noche con esa misma referencia y en el contexto que aporta el resto de los mensajes previos y posteriores. 

Para ese 1° de diciembre por la noche, el encuentro, haya sido en Buenos Aires, en Bariloche o en Santa Cruz, o la conversación entre ambos, según Báez, ya había ocurrido. Aunque el empresario nunca menciona la palabra “reunión”. A las 21.32, el empresario escribió a López: “José atendeme un minuto Lázaro gracias (sic)”. Dos minutos después, Báez agregó: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. gracias”. Austral Construcciones había activado el “plan de salida”, dijo la fiscalía.

ED

El alcance del fallo sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad planteará un precedente inédito para la clase política, coinciden jueces y fiscales consultados por elDiarioAR ante el alegato de la defensa de la vicepresidenta que culminó este viernes.

¿Pudo estar la entonces presidenta ajena a las decisiones que su gobierno tomaba en torno a su principal socio comercial y a su principal política de Estado en inversión? La fiscalía aseguró que no podía desconocerlo. La defensa enfatizó que Fernández de Kirchner no tenía competencia para tomar ninguna de esas decisiones y que las que sí tomó son legales porque fueron validadas por el Congreso, según expusieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y la propia funcionaria ante el Tribunal Oral federal número 2.

Sin mencionar a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades), Fernández de Kirchner comparó cómo los jueces de Comodoro Py habían juzgado al expresidente Fernando De La Rúa por las muertes ocurridas en diciembre de 2001, en el marco de la represión policial ordenada por el gobierno del radical.

“En esa jornada trágica, murieron más de 31 personas. Hubo juicios que tramitaron en el juzgado de Bonadio, se investigaron cinco homicidios cometidos. Bonadio sobreseyó al doctor De la Rúa. La Cámara de Apelaciones, Martín Iruzun y Eduardo Farah confirmaron el sobreseimiento de De la Rúa por el delito de homicidio culposo, Casación también lo sobresee, todo Comodoro Py”, argumentó.  “Todo Comodoro Py lo sobreseyó (y) señalaron que no estaba en las competencias de De la Rúa todo lo ocurrido”, pese a “haber dictado el Estado de sitio” que terminó con la brutal represión y los homicidios, afirmó Fernández de Kirchner. Y citó un extracto del fallo de sobreseimiento al radical: “Dijeron que juzgarlo sería incurrir en cuestiones que no están dentro del Derecho Penal”. “Pero mirá qué bien, cuando se trata de un gobierno no peronista el Código Penal se respeta”, agregó la vicepresidenta.

Si bien se trata de delitos muy diferentes (De La Rúa estaba acusado de un delito culposo y Fernández de Kirchner es acusada de delitos dolosos, en los que se analiza su voluntad de cometer el supuesto delito de corrupción), la vicepresidenta comparó el alcance de la responsabilidad de los presidentes. “¿De La Rúa no veía lo que estaba pasando en la plaza, no veía la televisión, no escuchaba lo que estaba pasando?”.

Teoría vs. práctica

Otros de los puntos centrales de la defensa es sostener que la fiscalía creó una fábula en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentarlo, se basó en las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez.

Cristina lo remarcó este viernes al sostener que el Estado funciona como marca la Constitución y que las voluntades políticas nunca tuercen esas normas. Sostuvo, por ejemplo, que era fantástico creer que los jefes de Gabinete seguían órdenes de Néstor y Cristina Kirchner a la hora de decidir qué obras se financiaban en la provincia de Santa Cruz.

“Las competencias en derecho administrativo no son tácitas porque delimitan las responsabilidades” de los funcionarios, explicó la vicepresidenta en su alegato de este viernes. Lo dijo para deslindarse del diseño de los presupuestos anuales que le garantizaron la ejecución de partidas presupuestarias a las empresas de Báez: el diseño y ejecución del presupuesto, dijo, es de los jefes de Gabinete y el presidente sólo tiene potestad de control sobre el jefe de ministros. “Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, agregó.

“¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, afirmó Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato. “Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, aseguró el penalista.

ED

“Mentiras”, “mala praxis”, construcción de una “fábula” y de una “fantasía”, prevaricato, desconocimiento del Derecho. Son algunas de las réplicas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su defensa al alegato de la fiscalía en el juicio oral y público por el caso Vialidad.

En un debate que ha girado en torno a “verdades” y “mentiras”, una fuente allegada a la fiscalía que encabeza Diego Luciani dijo a elDiarioAR que “el alegato de la fiscalía se mantiene inalterable e incólume” y que el Ministerio Público Fiscal no ha podido ser contradecido con argumentos válidos. 

“Se asistió a una tergiversación del alegato de los fiscales y de las pruebas documentales y testimoniales del juicio, que la defensa expuso de forma parcializada y segmentadas”, como cuando refirió que los fiscales habían sostenido que todo lo actuado por los gobiernos kirchneristas eran acciones de una asociación ilícita, agregó la fuente consultada ante las críticas de los abogados de la vicepresidenta y de la propia funcionaria. 

La defensa de Fernández de Kirchner, que alegó alrededor de 20 horas durante tres audiencias (lunes, martes y este viernes), sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola fueron los que tergiversaron las pruebas y solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que “saque testimonio” de esas supuestas “mentiras” que la fiscalía sostuvo como verdades durante su alegato, es decir, planteó formalmente a los jueces que denuncien penalmente a ambos fiscales por la comisión de un presunto delito: actuación infiel a sus funciones.

Los alegatos de la fiscalía y la defensa han girado durante decenas de horas en torno a aspectos jurídicos, de Derecho administrativo, vericuetos del funcionamiento de la Administración pública, la ley de Presupuesto, los procesos de licitaciones públicas, las reglas y normas del Estado y las competencias de los funcionarios públicos. Un compendio teórico que para la fiscalía fue utilizado en la práctica como herramienta del delito. Para la defensa, en cambio, garantizó la legalidad de los actos cuestionados porque la práctica no se alejó de la teoría. El intento de dilucidar quién miente y quién dice la verdad refleja la complejidad del juicio. Serán los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quienes deberán establecer en su sentencia quién mintió.

A pesar de la acusación a los fiscales de haber cometido un delito (prevaricato), ni la vicepresidenta ni sus abogados solicitaron este viernes la nulidad del alegato de la fiscalía, lo que habría implicado la apertura de un nuevo capítulo en el juicio, en el que los fiscales deben responder a las críticas y supuestas mentiras y exponerlas en una audiencia pública. La expresidenta enfrenta un pedido de sentencia de doce años de prisión e inhabilitación perpetua.

La estrategia de defensa se centró en dos ejes centrales que Fernández de Kirchner planteó en su exposición de poco más de una hora este viernes: primero, desmentir la existencia de una supuesta asociación ilícita creada para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de obras viales al empresario Lázaro Báez, socio y amigo de su familia; segundo, establecer que además, no tuvo como presidenta competencia para tomar las decisiones que terminaron favoreciendo al empresario Báez en la adjudicación de obra pública.

La vicepresidenta pudo alegar en su propia defensa por ser abogada y expuso como tal en un tramo de su alegato:dijo que la causa Vialidad es anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal.

ED

La vicepresidenta Cristina Kirchner asumió este viernes el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública, siendo la principal acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos. “Esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal sino que me asiste el 104 del código de procedimiento. Si no tuviera la suerte de ser abogada estaría en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, arrancó su intervención la ex mandataria.

Y pidió que investiguen a los fiscales: “Se desmontaron las increíbles mentiras de Mola y Luciani”. Y apuntó más duro contra este último: “La intervención del fiscal Luciani fue artística”. Además, para CFK, el juicio es “anti-inconstitucional, anti-republicano y anti-federal”.

Para la Vicepresidenta, el juicio es una “fábula” y acusó a los jueces dar “licencia social para hacer cualquier cosa”.

“Yo pensé que este juicio era para difamarme o calumniarme, pero a partir del 1° de septiembre (día del atentado en la puerta de su domicilio), creo que puede haber otra cosa”, dijo hacia el final de su alocución, al tiempo que recordó los afiches que aparecieron en distintos puntos del país meses atrás con una imagen suya y la inscripción “asesina”. Y puso en duda que “la banda que está detenida como autores materiales del ataque en la que dispararon a 15 centímetros de mi rostro (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo), sean los autores intelectuales”.

En su exposición en su despacho del Senado, la expresidenta adelantó que pedirá “que extraigan los testimonios de las mentiras de los fiscales. No se puede creer por qué este juicio se llevó adelante. Las pruebas tienen que estar en el expediente”, exigió, al tiempo que remarcó que subirá todos los elementos recogidos durante el juicio “a las redes, porque quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio” y que hará “el pedido formal al tribunal para que extraiga testimonio sobre las mentiras de la Fiscalía contrastadas con pruebas documentales y testimoniales”. Antes, felicitó a sus abogados por “el ejercicio profesional del derecho” y por “la claridad” durante sus alegatos.

Al fundamentar sus argumentos para pedir, como lo hizo desde el comienzo de la causa que investiga la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, la nulidad de la causa, Cristina Fernández consideró que los principios del derecho “están contenidos en los primeros artículos del Código Civil. Allí se establece cómo debe ser interpretada la ley y el principio de inexcusabilidad, es decir, nadie puede justificar el incumplimiento de la ley por no conocerla”.

Asimismo, sostuvo que en la vida política argentina “nunca hubo ninguna fuerza política que tuviera 3 períodos consecutivos de gobierno; sólo nosotros fuimos elegidos en dos oportunidades más. Sin embargo, la Fiscalía dice que esta asociación ilícita fue pergeñada para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz. Es ilógico, absurdo y ridículo pensar que militamos toda una vida para esas 51 obras viales. Nos eligió el pueblo, no podemos ser una asociación ilícita”, subrayó.

“Yo recuerdo que la llegada de Kirchner a la presidencia fue una de las cosas más aleatorias en la historia. Llegó de chiripa, en un momento de crisis monumental, con fuerzas políticas divididas. La realidad de lo que pasó en la historia no resiste esta acusación”, dijo.

Para la exmandataria, “me trajeron de los pelos a este juicio; lo que se discute aquí es un disparate, al borde del ridículo. La acusación de los fiscales Luciani y Mola viola el artículo 1 de la Constitución Argentina, es decir, la forma de gobierno adoptada por la Argentina, Representativa, Republicana y Federal. Un gobierno elegido bajo esta forma no puede ser una asociación ilícita”, dijo, y disparó fuerte contra el sistema judicial: “Ustedes, la Justicia, creen que son más que nosotros. Los jueces violaron tres veces la Constitución”.

Cristina Kirchner también dijo vivir “en un estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde diciembre de 2015”, cuando finalizó su segundo mandato presidencial.

Otras frases de Cristina Kirchner

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la Vicepresidenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La audiencia comenzó a las 9:30 de modo virtual y Cristina Kirchner empezó su alegato pasadas las 11.30.

Primero fue el turno de su abogado Carlos Beraldi para continuar con las respuestas a la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, y, después de las palabras de la expresidenta, el mismo letrado cerrará el alegato con el pedido formal de absolución para su clienta.

La última vez que la vicepresidenta se pronunció sobre la causa fue el 23 de agosto pasado, sin autorización y fuera del ámbito del tribunal, previo al intento de magnicidio.

El alegato completo de Cristina y Beraldi

Qué dijo Beraldi

La defensa de Cristina Kirchner inició su última jornada de alegatos refutando uno de los últimos puntos de la acusación fiscal: la presunta demora injustificada de las empresas de Lázaro Báez en realizar las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

El abogado Carlos Alberto Beraldi recordó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola justificaron parte de la acusación en que las obras adjudicadas a Báez tenían demoras que, según un reporte de mediados de 2016, tenían un nivel de cumplimiento del orden del 50 por ciento en promedio.

“Esto hay que mirarlo en contexto, no aisladamente”, propuso Beraldi, y comparó el grado de cumplimiento de otras empresas adjudicatarias de obra pública en el resto del país evaluadas en ese mismo período.

“Las obras de la empresa IECSA también estaban al 50 por ciento de cumplimiento”, especificó Beraldi, tras recordar que esa firma es la que históricamente estuvo vinculada con la familia del ex presidente Mauricio Macri. Y aclaró que el ejemplo no tenía “ninguna intención de chicana”.

Qué había dicho al principio la expresidenta

Esta es la segunda vez que la vicepresidenta habla en el juicio, ya que la primera fue el 2 de diciembre de 2019 en su indagatoria.

Ante los tribunales de Comodoro Py, había sentenciado: “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia. Preguntas van a tener que contestar ustedes no yo”, desafió aquella vez.

Además, en su primera intervención sostuvo que la causa “fue un plan ordenado por el Gobierno saliente” en referencia al de Mauricio Macri, habló de su relación con Lázaro Báez y de cómo se confecciona el presupuesto nacional para las obras públicas.

El discurso de hoy se hace a 22 días del intento de homicidio que sufrió el primero de septiembre en la puerta de su domicilio en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le gatilló con una arma Bersa calibre 32 a centímetros de su cara y por la causa hay cuatro personas detenidas.

Los alegatos de los demás acusados

En los últimos días la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales, advirtiendo que se construyó “un relato” que no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la absolución por inexistencia de delito. Su abogado Lucio Simonetti explicó al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación. El letrado señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa, a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

El argumento de la defensa de Cristina

El lunes, pasado la defensa de la vicepresidenta comenzó a refutar los argumentos de la acusación fiscal. En una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Beraldi arremetió contra los fiscales: “A contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia”. Denunció un “apagón informativo” en torno al caso, contraponiendo las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron en los tres años del juicio.

El abogado se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Según su interpretación, este hecho demuestra que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

Para Beraldi, la Fiscalía hizo un “intento desesperado” por mantener la acusación, para lo que “se falsearon pruebas y se introdujo un supuesto plan 'limpiar todo'”,que incluía una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública. El letrado negó que esa reunión haya existido, y señaló que la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en la provincia de Río Negro, lo cual justificó mostrando imágenes.

Por último, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato recordó que tanto la vicepresidenta como el expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales ya cerradas por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez. Asimismo, sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública.

Para la fiscalía, 12 años de prisión para CFK

El 22 de agosto pasado, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.También, y en un hecho inédito, solicitó al tribunal que la inhabilite de manera perpetua a ejercer cargos públicos. El fiscal la caracterizó como jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, en lo que ha sido, dijo, “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral las condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez; a diez años para el exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López y a cuatro años para el ex subsecretario Fatala, entre otros presuntos organizadores de la asociación ilícita. Además, pidió que se decomisen bienes por casi mil millones de dólares.

El fiscal Luciani no había terminado de hacer su alegato cuando el presidente Alberto Fernández, quien declaró como testigo en la causa, manifestó su rechazo a la condena pedida para la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato” tuiteó Fernández y transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” con la ex presidenta. En ese mensaje, adjuntó un comunicado del Gobierno Nacional que califica el juicio como una “persecución judicial y mediática”.

“Derecho de Defensa”

Luego que el fiscal Luciani presentara sus pruebas y pidiera las condenas, la exmandataria solicitó ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el pedido, al sostener que las ampliaciones sólo pueden realizarse antes de que comiencen los alegatos. El abogado de la vicepresidenta argumentó que su pedido se basa en que durante el alegato de la fiscalía se expusieron cuestiones que no habían sido “ventiladas” durante el juicio.

El 23 de agosto, Cristina Kirchner habló durante más de una hora y media por su canal de Youtube desde su despacho del Senado, donde dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios”, aludiendo a la teoría del lawfare que articula su defensa política ante la justicia. Además, leyó mensajes de texto entre el ex secretario José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Además, apuntó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro miembro de Cambiemos cercano a Macri prófugo de la justicia, y al “partido judicial”, el cual, dijo, “confunde asociación ilícita con gobiernos populares”. En esa línea, identificó al presidente del tribunal Giménez Uriburu como el “arquero del Liverpool” que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “el mismo que juega en Los Abrojos (la quinta de Macri) con Luciani, que es el fiscal”.

El atentado

Tras la declaración pública de Cristina Kirchner, comenzó una vigilia en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo manifestaciones en su contra, que derivaron en incidentes y represión por parte de la Policía de la Ciudad. La vicepresidenta apuntó al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de idas y venidas por la seguridad del lugar, de la vicepresidenta y los vecinos del barrio, la noche del jueves 1º de septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces un arma pero no salió ningún disparo. En su primera aparición pública después del hecho, Cristina Kirchner dijo, emocionada: “Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”.

Cómo sigue

Luego de los alegatos, el Código establece la etapa de réplicas y dúplicas. No es obligatoria, sino que las partes pueden solicitarla si entienden que deben responder algo de los alegatos que no se expuso durante el juicio. Finalizada esa etapa, vendrán las últimas palabras de los acusados y el veredicto final se estima que sea antes de fin de año.

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expondrán este martes el segundo capítulo de su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación de 51 obras viales a su socio comercial y amigo de su familia, Lázaro Báez.

En esta segunda jornada de alegatos de su defensa, los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 para argumentar que la acusación de la fiscalía, que pidió doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, se basa en “cuestiones inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de la Nación”, adelantó Beraldi durante la audiencia de este lunes. 

El principal abogado de Fernández de Kirchner también anunció que buscará derribar “otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias”: el plan “limpiar todo” o “plan huída”. 

A finales de 2015, tras una reunión entre Cristina Fernández y José López en la Quinta de Olivos, el entonces secretario de Obras Públicas “bajó la orden” de comenzar el “plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral del kirchnerismo. “Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó el fiscal Diego Luciani durante su alegato en base a las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

Tras dicha reunión, que había sido antecedida por otro encuentro entre López y el entonces presidente de Austral Construcción, Julio Mendoza, en un hotel porteño, el funcionario ordenó “limpiar todo” al ejecutivo de Báez. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó López. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal Luciani durante las audiencias del juicio en agosto último.

“Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean el ‘plan limpiar todo’, no van a salir de su asombro”, prometió Beraldi a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Han pedido 89 años de prisión” con “pruebas apócrifas”, dijo Beraldi este lunes.

Lunes

Durante la primera jornada de su alegato, la defensa ya comenzó a separar a Fernández de Kirchner de uno de los puntos centrales de la acusación. La fiscalía sostiene que la entonces presidenta lideraba la toma de decisiones. Beraldi se centró este lunes en sostener que las resoluciones, decretos y leyes que permitieron que las 51 obras fueran adjudicadas a Báez tuvieron la participación del gabinete de ministros, órganos del Ejecutivo, del Congreso y de órganos de control.

El alegato de la defensa acumulaba este martes más de 106.000 vistas en YouTube y la segunda audiencia también será transmitida al público por esa misma plataforma. El viernes, además, Fernández de Kirchner participará de su propio alegato y expondrá ante los jueces, ya que la ley la autoriza por ser abogada.

Juicio técnico

El juicio de Vialidad tiene un componente técnico de alta complejidad: requiere del análisis de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fondos de fideicomisos, decisiones administrativas, elaboración del presupuesto y proceso del proyecto hasta su sanción en el Congreso, y reasignaciones presupuestarias, que en este caso fueron dispuestas por el ministerio de Planificación y la Dirección nacional de Vialidad (DNV).

La fiscalía sostiene que estos componentes técnicos fueron instrumentos de la asociación ilícita, torcidos para defraudar al Estado a través de sus propias reglas. El abogado de la vicepresidenta concentró su defensa en los argumentos técnicos que, sostiene, desterrarían esa acusación.

“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo Beraldi. El abogado también hizo una breve defensa sobre las acusaciones contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero aclaró: “No se puede imputar a un muerto”.

Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto.

Carlos Beraldi — Abogado de Cristina Fernández de Kirchner

Beraldi habló de “dos hechos inventados” por la fiscalía: “El apagón informativo” y “el plan limpiar todo”. Este lunes se centró en el primero de ellos.

También dijo que desde 2008 “se replican a partir de denuncias en los medios de comunicación hasta que se llega al juicio y se conoce la verdad”.

Ante los jueces, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y la construcción de una “fantasía”.

“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”, afirmó.

Luego, Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

“Política de Estado”

“Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible”, dijo Beraldi este lunes a los jueces.

El penalista criticó que la fiscalía haya sostenido que las leyes de presupuesto fueron instrumentos de la asociación ilícita, es decir, “los vehículos con los que se cometieron los planes criminales”.

“Santa Cruz no tenía rutas y por eso se hizo esa inversión”, afirmó Beraldi tras mostrar un cuadro de distribución de las obras de pavimento en el país en 2003. Sólo el 42,5% de las rutas en la provincia estaban pavimentadas el año en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia, según la Red Nacional de Caminos.

Tierra del Fuego era la provincia menos favorecida en la distribución: tenía el 7,4% de sus caminos pavimentados. El resto de las provincias, entre el 48% (Jujuy) y el 100% (Buenos Aires). Santa Cruz era la segunda menos beneficiada en la distribución de obras viales, según los datos expuestos por el abogado.

Además, Beraldi afirmó que “la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública se incrementó de 12.000 en 2003 a 24.000 en 2015, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Entre 1990 y 2002, el Estado invirtió US$18.711 millones en obra pública mientras que los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) casi sextuplicaron esa cifra, con US$107.825 millones, explicó el abogado para justificar que Báez pasó de empleado bancario a empresario de la construcción y que la inversión en rutas de Santa Cruz fue parte de una política a nivel país.

“Era una política de Estado de hacer inversión pública para que el país creciera. Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Es objetivo”, dijo.

“En el gobierno siguiente esa prioridad se desplazó para pagar la deuda pública. Los recursos que se obtuvieron de la recaudación en vez de hacer obra pública se pagaron al exterior”, agregó Beraldi.

“Ustedes me pueden decir está bien, está mal, pero en las elecciones eso se decide, no es un proceso judicial. No se puede criminalizar este tipo de decisiones como pretende hacer acá de una manera absolutamente ilegal”, aseguró Beraldi.

El penalista también remarcó, en base a testimonios del juicio, que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.

“Mala praxis”

“La fiscalía no sólo no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una situación fraudulenta de obra pública, ni siquiera lo buscó”, dijo Beraldi cuando se refirió a “la mala praxis de la fiscalía”.

Dijo que la acusación es “carente de prueba” y que es mentira que el 11% del presupuesto de obra pública se haya destinado a Santa Cruz, como la fiscalía dijo que sostienen los datos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Beraldi mostró otros números, en base a la información que le otorgó la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía. De acuerdo a esas cifras oficiales, la provincia de los Kirchner recibió un promedio de 7% del presupuesto anual destinado a obras viales entre 2004 y 2015.

Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible.

Presupuestos

La fiscalía sostiene que la política presupuestaria de la obra pública fue diseñada por el Ejecutivo con una participación “marginal” del Congreso en la decisión de distribución de los fondos, pero Beraldi llamó “fantasía” a la acusación de que “Néstor y Cristina hacían un presupuesto para que gane Lázaro Báez”, “obviando la autonomía con la que el Congreso se manejaba, la complejidad de la ley de leyes” (Ley de Presupuesto), que “puede ser debatida, modificada, eliminada por el poder Legislativo”, en palabras de la propia Fernández de Kirchner durante su indagatoria en el juicio, en 2019.

Beraldi también citó los testimonios de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, ambos diputados opositores que declararon durante el juicio, y negaron conocer la existencia de presiones a los legisladores para sancionar las leyes de presupuesto con los montos destinados a las obras en Santa Cruz.

“El Congreso de la Nación validó todos los DNU que se nombraron en esta causa como instrumentos del delito”, dijo el abogado, en referencia a algunos de los documentos que la fiscalía citó para destacar la participación de Fernández de Kirchner en la toma de decisiones.

“Los ministros nunca cuestionaron la validez de estos DNU (que se usaron para reasignar partidas presupuestarias para financiar las obras que se adjudicaron a Báez), tampoco los servicios jurídicos de cada ministerio”, incluidos “quienes se pasaron a la oposición”, como la exministra de Salud Graciela Ocaña, dijo Beraldi. Los ministros siempre acompañan la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

“Todos los gobiernos hicieron uso de esos decretos porque es necesario. No es excepcional ni arbitrario y mucho menos instrumentos de una asociación ilícita”, argumentó Beraldi.

Jefes de Gabinete

El defensor también citó varios tramos de los testimonios que dieron en el juicio los ex jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los cuatro explicaron ante el tribunal que las reasignaciones de partidas presupuestarias son “procedimientos normales” que se realizan desde 1994 y que el presupuesto es un pre-supuesto de los gastos que realizará el Estado al año siguiente, es decir, que puede ser modificado con ciertos límites legales.

Las obras de Báez se financiaron con fondos de un fideicomiso. Mientras que la fiscalía sostuvo que el manejo de esos fondos nunca fue transparentado al Congreso, los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron lo contrario, en base a los testimonios de Massa y un funcionario de Vialidad.

También remarcaron las palabras de la vicepresidenta durante su indagatoria en el juicio: “Son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar el presupuesto, no los presidentes”.

Beraldi y su colega Llernovoy remarcaron que los hechos que se exponen en el juicio ya fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron los abogados.

Fernández de Kirchner “es perseguida cinco veces por el mismo delito”, afirmó Beraldi.

Con información de Télam.

ED

El alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes a las 8 y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.

“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.

Por otra parte, insistió en que la ex Presidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.

La defensa por parte de los letrados de la titular del Senado se realizarán entre este lunes y martes ante el Tribunal Federal 2, en tanto que el viernes se prevé que Cristina Kirchner exponga de manera remota por la plataforma Zoom.

“Mañana, a partir de las 8 horas, el Dr. (Carlos) Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como 'Vialidad'. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?”, publicó la funcionaria este domingo en su cuenta de Twitter.

Las tres audiencias son virtuales y Beraldi liderará la exposición de la defensa técnica, como ya adelantó en una de las últimas audiencias de agosto al tribunal. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena a doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Está acusada de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita organizada para defraudar a la Administración pública con la adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario y socio de su familia Lázaro Báez.

En agosto, la expresidenta había solicitado a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria en agosto, luego del pedido de penas de la fiscalía y para ejercer su derecho a defensa por acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el planteo por considerar que en la etapa actual del juicio -los alegatos de las partes- los acusados sólo pueden defenderse a través de sus defensores y cuentan con la siguiente etapa del proceso para dirigirse ante el tribunal antes del veredicto, conocida como “últimas palabras”.

Fernández de Kirchner hablará a los jueces a tres semanas de que Fernando Sabag Montiel intentara asesinarla apuntando y gatillando un arma a centímetros de su cara.

La vicepresidenta salvó su vida porque el proyectil no salió. Las causas de este desenlace fortuito aún no se esclarecieron pero el atacante y al menos tres supuestos cómplices están detenidos. Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están procesados con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en tentativa.

Alegatos

A lo largo de nueve audiencias, los fiscales Luciani y Mola acusaron a Fernández de Kirchner y otros doce acusados de haber participado de “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al tribunal que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y penas de entre dos y seis años para el resto de los imputados, que ocupaban cargos de menor responsabilidad política.

Los alegatos de las defensas comenzaron el 5 de septiembre y hasta ahora expusieron los abogados de cinco de los trece acusados, quienes reclamaron absoluciones y cuestionaron las acusaciones de la fiscalía.

Esta semana, las defensas del ex ministro De Vido y del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala reclamaron absoluciones por inexistencia de delito.

La defensa de De Vido argumentó que un gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una “asociación ilícita” y recusó a uno de los jueces del tribunal, Giménez Uriburu, por temor de parcialidad, luego que el magistrado usó el reinicio de la audiencia dedicada al alegato tras un breve cuarto intermedio para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las jornadas de juicio exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur “Liverpool”, explicó la agencia Télam.

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Fernández de Kirchner y otros abogados de acusados ya habían recusado a Giménez Uriburu y a Luciani cuando se supo de esta circunstancia pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación.

Acusación

La maniobra investigada en la causa, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

Con información de la agencia Télam.

ED

La defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales en la causa por la obra pública de Santa Cruz y advirtió que se construyó “un relato” que, no obstante, no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

De Vido fue acusado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como “organizador” de una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a través de un mecanismo de corrupción que se montó en torno a la obra pública en Santa Cruz.

Pero Maximiliano Rusconi explicó que el grupo de Lázaro Báez recibió el 0,3 por ciento del total de la obra pública en el gobierno 2003 – 2015 y que en la escala de empresas que obtuvieron contratos en ese período ocupó el número 36.

El letrado cuestionó “el relato que pretendió instalar el Ministerio Público fiscal” y advirtió que el Poder Judicial “no puede evaluar las políticas públicas”.

Su colega, Gabriel Palmeiro, avanzó sobre esa cuestión y denunció que “los fiscales segmentan y ocultan parte del funcionamiento” de la estructura de gobierno para sostener la imputación “porque si no es más obvia y evidente la licitud de las intervenciones y las firmas de De Vido”.

“Las imputaciones genéricas formuladas por los fiscales sobre la participación de De Vido en esta causa están absolutamente vacías de contenido”, insistió Palmeiro.

En ese contexto, consideró que “lo que firmó De Vido no encuadra en ningún tipo penal” y reivindicó que todo lo hizo “dentro de sus funciones y de lo que le permite la ley”.

“Lamento spoilear el argumento final pero todas las resoluciones eran de trámite normal y legal”, subrayó.

Por su parte, Rusconi justificó que el gobierno le hubiera asignado preferencia a la obra pública en Santa Cruz, contrariamente a lo que sostienen los fiscales sobre que fue “arbitrariamente beneficiada”.

“A contrario de lo que sostienen los desinformados fiscales, el problema es trágico en la zona sur. Santa Cruz posee el 26,27 por ciento del territorio y según a datos actualizados cuando ya había comenzado el juicio, tiene un cuatro por ciento de la red vial”, graficó.

“La política de privilegiar no ha sido sólo una decisión correcta sino que no continuarla hoy en día sería criminal. (…) El privilegio estaría dado en que en Santa Cruz vive poca gente.

Esto demuestra una ignorancia de los usos sociales. Santa Cruz todavía hoy tiene que ser privilegiada“ en la construcción de obras viales, sostuvo el defensor de De Vido.

El alegato criticó que para acusar al ex ministro “se presume el dolo de modo escandaloso” y además los fiscales “ocultan y no toman en cuenta prueba de descargo”.

Rusconi afirmó que “De Vido no fue administrador del patrimonio nacional” y agregó: “Pudo haber administrado otras cosas, pero no estamos discutiendo eso. Está claro quiénes fueron los administradores, pero a De Vido no se le puede imputar esta figura, de ningún modo”.

Así, aludió a que la administración del erario en cuanto a la obra pública era resorte de los jefes de gabinete, quienes no están imputados en este juicio y los fiscales expresamente dejaron a salvo de cualquier imputación.

“¿Cuál es la acción imputable a Julio De Vido? Primero defínanme qué es lo que hizo De Vido. Eso no está; se suplanta con un relato, una matriz sureña... No juzgamos relatos, juzgamos acciones y omisiones”, insistió el defensor.

La acusación contra el ex ministro –consideró Rusconi- fue “una construcción” de los fiscales y sostenida desde un sector de la prensa: “Nada mejor para los medios que decir que un gobierno se organizó a espejo de una asociación ilícita”.

“No están claros los hechos, las normas son inaplicables, no está clara la prueba de cargo y no se ha valorado la prueba de descargo”, embistió Rusconi en la primera parte de su alegato.

El alegato de ambos continúa al menos durante toda la jornada de este martes.

Con información de NA.

IG