La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, ratificó la posición del Gobierno en favor de una reducción de la jornada laboral, ya que afirmó que la situación actual “es uno de los resabios más anticuados de la legislación” argentina.

Luego de que la CGT planteara como un punto importante la necesidad de avanzar en ese sentido, la funcionaria nacional subrayó: “Estamos de acuerdo. Es uno de los resabios más anticuados de nuestra legislación seguir planteando una jornada de 48 horas semanal”.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete explicó que el Gobierno no quiso insistir con “un planteo propio” y señaló: “Pensamos que estaba un debate en el Congreso y quisimos apoyar el consenso que se alcanzara para avanzar en esta materia”.

Sin embargo, planteó dos puntos importantes que debería contemplar una ley que modifique la reducción de la jornada laboral: “Que se alcance progresivamente ese nuevo horario y que deje un marco importante para la negociación tripartita, dada la heterogeneidad de actividades y la necesidad de adaptar esta duración de la jornada dada las características de cada actividad”.

A falta de un mes para el final del mandato del presidente Alberto Fernández, Olmos reconoció que la gran deuda pendiente tiene que ver con “el poder adquisitivo de los ingresos” y recordó que su cartera sostuvo “las paritarias libres” y se “redujeron los plazos de homologación” de los acuerdos salariales.

“Lo que más afecta la capacidad adquisitiva de los salarios es el problema inflacionario, que tiene que ver con un desequilibrio macroecónomico”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, participó hoy del debate sobre la reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y defendió los cambios propuestos, pero pidió que se realicen de “manera progresiva y escalonada”. “No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación”, señaló.

La titular de la cartera laboral se mostró favorable a la propuesta de modificar la ley vigente que, desde 1929, establece una jornada de 48 horas semanales. “Nosotros como ministerio apoyamos esta iniciativa y promovemos que , de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”, sostuvo. “Por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”, agregó.

En la misma línea se expresaron Pablo Anino, editor de Economía de La Izquierda Diario, y Claudia Ormaechea, autora de uno de los siete proyectos que se están debatiendo ahora en la Cámara de Diputados. “Reivindicamos la idea de que pueda salir la reducción de la jornada porque permite elevar las perspectivas de la clase trabajadora y sería una mejora en cantidad de puestos de trabajo”, explicó el periodista.

“Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos”, ratificó la diputada del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria). Según especificó Ormaechea durante la reunión de comisión, el debate por la reducción de la jornada laboral ya es de alcance global y se llevó adelante “en todo el mundo con pruebas piloto con resultados muy favorables”.

Respecto al alcance internacional de esta discusión, también se explayó el legislador oficialista Eduardo Valdés, quien vinculó esta iniciativa a una meta de mayor igualdad. “Los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania”, puntualizó además de explicar que estas medidas trascienden una cuestión ideológica en tanto incluso la “derecha inglesa” las está abordando.

Para Olmos, el debate internacional es más complejo. “Si uno ve el mapeo mundial, no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países”, dijo. De igual modo, el diputado radical Martín Tetaz ─que se presentó a sí mismo como “un fan de la reducción laboral”─ puso énfasis en la heterogeneidad actual, especialmente en el mercado, y que esto podría llevar a que no en todos los sectores se compense de igual manera la reducción de horas con aumento de la productividad.

Quien expresó mayores reservas fue el vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero. Si bien celebró que se abriera este debate, recordó que el derecho al trabajo “está protegido por pactos internacionales suscriptos por la Argentina” y que, por ende, la discusión debería darse en el marco de las negociaciones colectivas autónomas.

De la reunión de comisión, también participaron representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores y Autónoma y la Corriente de Abogados laboralista “7 de julio”, así como también Cristina Faciaben, integrante de la Secretaría Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, quien intervino de manera virtual.

ACM con información de agencias.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos ratificó hoy su apoyo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral que presentarán los diputados y sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo. “Es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio respaldamos, porque pensamos que la Argentina ha quedado, en ese sentido, muy retrasada al establecer todavía, desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal”, sostuvo la funcionaria.

En este sentido, la ministra planteó que la jornada debería ser de alrededor de 40 horas, pero que hay quienes demandan una caída a 36 horas, “que es la experiencia en los países más desarrollados”. “Pensamos que eso, con un planteo que sea escalonado, debería ir reduciéndose y tendiendo a converger con lo que hoy está vigente en el resto de los países”, explicó la titular de la cartera laboral.

“Me parece que si progresivamente pasamos de 48 horas a 44 y de 44 a 40 horas, por lo menos avanzaremos en algo en donde es una de las pocas áreas del mundo laboral en la que la Argentina tiene un retroceso importante”, agregó.

Esta no es la única medida que está contemplando Olmos. Según indicó, se está trabajando también en un proyecto de ley para regular las aplicaciones de servicios de entrega a domicilio y mejorar las condiciones laborales en este ámbito. “En ese universo de trabajadores de plataformas, hay algunos que quieren tener la relación de dependencia y otros que son independientes y quieren mantenerse así. Se les va a dar la libertad de decisión, pero también se les va a ofrecer la oportunidad de ampliar derechos laborales, como es el caso de seguridad para sus tareas”, señaló la funcionaria.

ACM con información de agencias.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó este martes que la suma fija de 60.000 pesos “es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina”. Además, advirtió que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono que les corresponde a quienes tienen salarios de hasta $400.000 netos al mes de agosto.

“Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, tendrán una multa”, detalló la funcionaria en declaraciones a FutuRock, al tiempo que pidió “el acompañamiento y la fiscalización de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia”.

Más temprano, en declaraciones a Radio Provincia, la funcionaria explicó que el objeto de la suma fijada que anunció el domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, “es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada pero impuesta por el FMI”, reiteró.

En ese marco, detalló que “en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas”.

Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, Olmos respondió que será necesario contar con “el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas” y precisó que, además, los trabajadores “tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento”.

Luego planteó que, si bien el Gobierno nacional no posee “competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios”, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo“.

“Acá hay dos proyectos: el del Gobierno, que es de producción y trabajo; y el de la oposición, que sólo propone el ajuste como hizo Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios”, concluyó Olmos.

Más tarde, en una entrevista con Urbana Play, la funcionaria respondió consultas de oyentes. Una mujer le preguntó por el sindicato al que pertenecía, la UOM, y cómo se implementaba el bono. “Eso depende de las cláusulas del acuerdo, cada paritaria tiene su dinámica, y en algunos casos, más que nada los últimos días se incluyeron salvaguardas. En esta paritaria se estableció un bono por el día del obrero metalúrgico pero otra cosa es que incluya una salvaguarda”, aclaró.

Olmos también respondió una consulta sobre los empleados del Gobierno de la Ciudad: “El Gobierno federal no tiene competencia sobre los gobiernos provinciales, lo que hizo Sergio Massa fue invitarlos a tomar una iniciativa”.

En cuanto al tope de $400 mil pesos, la ministra explicó que los montos netos “incluyen todos los adicionales. El bono va hasta el tope de 400 mil porque siempre hay que establecer un límite cuantitativo. El bono es individual y proporcional a la carga horaria”, dijo.

Sobre trabajadoras de casas particulares aseguró: “Evidentemente no genera el estímulo suficiente para anotarse, cayó mucho en la pandemia y aún habiendo prorrogado el plan, no hay estímulo. Creo que las trabajadoras o trabajadores no quieren perder los programas sociales, esto es un error porque son compatibles con la Asignación Universal por Hijo y con la Tarjeta Alimentar, sí es incompatible con el Potenciar Trabajo”, concluyó.

Empresarios piden respetar paritarias y alertan por riesgos de más inflación

El empresariado nacional tomó reparos frente a los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. De manera previsible, cuestionaron rápidamente la decisión unilateral de incrementar los haberes de los trabajadores privados a través de un bono de 30 mil pesos mensuales en agosto y septiembre, para pagar en los meses de septiembre y octubre. El principal cuestionamiento fue hacia la intervención del Gobierno en lo que vienen siendo negociaciones libres en las paritarias. Pero además, alertaron que el conjunto de medidas lanzadas por el Ministerio de Economía pueden generar otro salto inflacionario que termine por licuar la inyección de recursos dispuesta este domingo.

Puntualmente la Came rechazó “el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales”.

La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular “atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”.

En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales “acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado”.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, se quejó Came.

Y advirtió que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad”.

Preguntas y respuestas sobre la suma fija

¿De cuánto es y cómo se cobra?

¿Cuándo?

¿Qué quiere decir que es “no remunerativa”?

¿Qué tiene que pasar para que se reabra la paritaria y quede incluida en el sueldo?

¿Qué quiere decir que es “absorbible” por paritaria?

¿Qué pasa con el sueldo en octubre?

¿Qué pasa si en el recibo hay un ítem que dice “a cuenta de futuros aumentos”?

¿Qué pasa si ya se cobró o se está por cobrar el sueldo de agosto?

¿Qué pasa si se trabaja “en negro” o no se está registrado formalmente?

¿Qué pasa si no pagan la suma fija?

¿Qué pasa si se tienen dos trabajos?

Con información de agencias.

IG

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, precisó este lunes que la suma fija de $60.000 la percibirán aquellos trabajadores formales que cobren hasta $400.000 de bolsillo.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de la cartera laboral, la funcionaria brindó detalles sobre la suma fija de 60 mil pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los 400 mil pesos por todo concepto en el mes de agosto.

En el caso de microempresas, el Estado se hará cargo de la totalidad del bono; en el caso de las pymes será del 50% que podrá tomarse como parte de los aportes patronales; mientras que, en el caso de las grandes empresas, será abonado en su totalidad por el empleador.

Por otra parte, para el personal de casas particulares, será de un monto de 25 mil pesos en dos cuotas de 12.500 que se abonará proporcionalmente a la carga horaria y el Estado devolverá el 50% a los empleadores que tengan un ingreso neto inferior a 1.5 millones de pesos y no hayan abonado bienes personales en 2022.

Respecto de una posible interferencia en las paritarias de esta suma no contributiva, Olmos subrayó que se trata de “negociaciones libres” que están entre los mecanismos “más virtuosos de nuestro sistema democrático” y que, allí, cada sector podrá discutir sobre el tema.

Recordó además que las paritarias que se están refrendando por estos días se suscriben con plazos inferiores al año, acto que otorga “dinamismo” a los salarios.

También sostuvo que se invita a las provincias “a tomar una medida en el mismo sentido”, ya que esos distritos “son autónomos”.

La funcionaria explicó que las medidas se adoptaron “en virtud de la propia capacidad de decisión” del Gobierno nacional.

Consultada respecto de si lo anunciado influirá en el resultado electoral, Olmos subrayó que eso “va estar muy influido por la movilización político de la militancia peronista y de toda la militancia del movimiento nacional y popular”.

Preguntas y respuestas

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Qué quiere decir que es “no remunerativa”?

¿Qué tiene que pasar para que se reabra la paritaria y quede incluida en el sueldo?

¿Qué quiere decir que es “absorbible” por paritaria?

¿Qué pasa con el sueldo en octubre?

¿Qué pasa si en el recibo hay un ítem que dice “a cuenta de futuros aumentos”?

¿Qué pasa si ya se cobró o se está por cobrar el sueldo de agosto?

¿Qué pasa si se trabaja “en negro” o no se está registrado formalmente?

¿Qué pasa si no pagan la suma fija?

¿Qué pasa si se tienen dos trabajos?

La conferencia de prensa de Raquel Olmos

Con información de agencias.

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El Gobierno Nacional, empresarios y las tres centrales obreras debatirán este jueves un nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de las prestaciones de desempleo en el marco de una nueva convocatoria al Consejo del Salario.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, convocó a sindicalistas y empresarios para debatir una actualización del mínimo en una sesión ordinaria a las 16 horas, que se llevará a cabo en forma virtual. La CTA y la CGT están trabajando para presentar en esta reunión una “propuesta común de aumento” del salario.

Según adelantó la CTA-Autónoma, bajo la conducción de Hugo “Cachorro” Godoy, se propondrá un incremento de alrededor del 50% o 60% sobre el mes de junio y una revisión del monto en octubre. La negociación será acompañada por una “jornada nacional de lucha” con movilización hacia el establecimiento de la cartera laboral.

“Si el Consejo fijara un valor que atendiera las necesidades elementales de un trabajador o trabajadora, el SMVM debería estar en $233 mil y estamos lejos de eso porque deberíamos tener un incremento del 170%”, indicó Godoy.

El pasado 21 de marzo se definieron por última vez los montos del SMVM y las prestaciones por desempleo. En el 1 de abril, el mínimo fue de $80.342, en mayo de $84.512 y en junio alcanzó los $87.987.

Con información de agencias.

El Ministerio de Trabajo dispuso hoy que aquellos afectados por el paro de colectivos realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al momento de concurrir a sus puestos laborales conservarán el derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Así lo indicó en la Resolución 887, difundida esta tarde por la cartera a cargo de Raquel “Kelly” Olmos.

El documento también estipula que los trabajadores en esta situación “deberán acreditar dicha condición ante su empleador” y que, en caso de discrepancias entre ambos, la cuestión deberá resolverse “por vía del diálogo social entre empleadores, o sus representantes, y las organizaciones representativas de trabajadores”.

La medida se tomó dado que el paro de transporte constituye una medida de fuerza mayor que, según el Código Civil y Comercial, exime a los trabajadores de poner sus servicios a disposición del empleador. En este marco, el ministerio sostuvo que “configurándose una situación de fuerza mayor para esos trabajadores, resulta imprescindible garantizar la no afectación del derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.

La ministra de Trabajo también confirmó, vía redes sociales, que “con la suscripción de la paritaria por parte del sector empresario se levantó el paro de colectivos” Además, informó que, junto al ministro de Economía Sergio Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, se convocó a una mesa de diálogo para todos los involucrados en el conflicto. “Situaciones apremiantes como las sucedidas en el día de hoy no deben repetirse más”, concluyó.

Con información de agencias.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, deslizó que el Gobierno podría denunciar a empresas de colectivos por la “retención indebida de subsidios que le corresponden a los trabajadores” y afirmó que el paro en el sector en realidad es “un lockout patronal”.

“Es un lockout patronal, en la medida en que se agotó la etapa de la paritaria y definimos un incremento salarial”, sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, la titular de la cartera laboral señaló que luego de que se establecieran los aumentos a los sueldos de los choferes de colectivos el Ministerio de Transporte “transfirió la plata y las empresas no han liquidado esos incrementos, aduciendo que tienen mayores costos en otros rubros y en función de eso tienen de rehén a los trabajadores, que decidieron hacer una retención de tareas”.

Al ser consultada sobre cómo puede actuar el Estado ante esta situación, Olmos indicó que podría avanzarse con “una denuncia de Transporte, que es quien transfiere el dinero, ante la retención indebida de los subsidios que le corresponden a los trabajadores”.

Además, aclaró que desde el Ministerio de Trabajo están realizando “una fiscalización respecto a cómo están liquidando los salarios”.

Por otra parte, la integrante del Gabinete también se refirió a la protesta que afectó al tren Sarmiento: “Es una interna entre dos sectores jerárquicos, que no tienen capacidad de parar y uno de esos sectores lo que hizo fue colocarse bloqueando la salida de los trenes y estamos trabajando, tratando de resolver esa situación”.

“Estoy negociando, estamos conversando y tratando de resolver la situación”, manifestó Olmos, quien aclaró que no se puede dictar conciliación obligatoria “no hay un paro definido”.

Con información de NA.

IG

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, sostuvo este viernes que la “retención de tareas” realizada por los trabajadores de colectivos responde a un “lockout patronal” por parte de los propietarios de las líneas y afirmó que en el caso del Tren Sarmiento hay una “interna gremial de carácter jerárquico” y que un sector aprovechó la conflictividad de la jornada para realizar una medida “extorsiva”.

La funcionaria señaló que en lo que se refiere a la situación del transporte automotor, el conflicto se explica en “una decisión de la patronal de no aplicar los aumentos salariales” dispuestos en la paritaria del sector.

“La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía les transfirió los recursos para el subsidio para el pago de haberes. Está depositado el dinero y ellos (los empresarios) dicen que no es suficiente, porque quieren que se les reconozcan mayores costos de otros rubros, por eso no liquidaron los salarios y el medio aguinaldo como se había acordado”, dijo la funcionaria nacional.

En diálogo con El Destape, añadió que “desde el punto de vista conceptual” los trabajadores denominan a su resolución como “retención de tareas”, es decir “que no hay un paro establecido, sino que hay una retención de tareas a la espera de que la patronal cumpla con su obligación”.

Aclaró además que el mecanismo de “conciliación obligatoria” estaba agotado con la UTA y que, por esa razón, el 14 de junio, se emitió una resolución conjunta para fijar “los niveles salariales de abril, mayo y junio”.

“Transporte, a su vez, hizo las transferencias. La patronal se niega a liquidarlo diciendo que quiere un mayor reconocimiento de otros costos”, añadió.

Consultada sobre si calificaba a la resolución de los empresarios como extorsiva, la ministra respondió que “absolutamente” y que, desde su punto de vista, se trata de “un lockout patronal” y recordó que “la oferta de colectivos en el AMBA está muy concentrada” ya que “más del 20% lo tiene DOTA y tiene esa capacidad”.

Respecto de la situación en el Tren Sarmiento, Olmos dijo que es “falso” que el ministerio no reciba a los manifestantes e informó que están citados para las 11 de la mañana de hoy.

“Es una interna gremial de carácter jerárquico, que no tienen capacidad de parar el tren, y aprovechan el conflicto de los colectivos para hacer una verdadera medida extorsiva bloqueando la salida de los trenes del Sarmiento”, explicó la ministra.

Horas después, previo a las reuniones con los gremios del transporte y las empresas responsables de los servicios, la Ministra remarcó que se trataba de “una mañana muy difícil. A esta situación se llegó porque, agotada la negociación paritaria, sacamos una resolución conjunta con Transporte determinando los incrementos salariales. Transporte transfirió los subsidios correspondientes a ese pago de salarios incrementados, pero los empresarios liquidaron correctamente solo en algunos casos, no así la mayoría en el AMBA. Aducen mayores costos de otro tipo. Esto está encabezado por un grupo mayoritario en el AMBA, que es el grupo DOTA. Lo que hay es un lockout patronal”, reiteró.

Con información de agencias.

IG

El Ministerio de Trabajo convocó para el 13 de julio a una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo con el fin de definir el nuevo incremento de haberes. Las centrales sindicales y principales cámaras empresarias participarán del encuentro para analizar el comportamiento de los ingresos en función de la inflación.

En la última sesión, realizada el pasado 21 de marzo, los participantes lograron acordar nuevos montos para el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), prestaciones por desempleo, entre otras, como consecuencia del incremento de precios. Tras las negociaciones, el sueldo mínimo se fijó en $87.987 y las prestaciones por desempleo oscilaron entre los valores mínimo y máximo de $24.440,33 y $40.733,88.

Dados los índices de inflación de los últimos meses, por encima de lo previsto, los gremios desde hace tiempo reclaman ajustes en las paritarias. Finalmente, desde el gobierno cedieron al pedido y destacaron que “resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del Consejo, con el fin de actualizar montos”.

Con información de agencias.

El rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada esta madrugada en una convención marcada por los desacuerdos, cobró volumen con un paro general de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos.

Este viernes, la ministra Raquel Olmos adelantó que el Gobierno, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña que sancionan y restringen la protesta social.

“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, apuntó la funcionaria en declaraciones a Radio Provincia. Remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.

“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó la ministra.

En el marco de la Convención Constituyente, la reforma tuvo un acelerado tratamiento, ya que solo llevó dos sesiones ordinarias durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes: seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, a raíz de su desacuerdo con el texto.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas, se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de reclamos sociales y gremiales. Entre otros puntos aprobados en la reforma figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de Justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

Mientras en la noche del jueves se desarrollaba el debate en la Convención, una multitudinaria marcha de antorchas se realizó por las calles de San Salvador de Jujuy, encabezada por gremios docentes que presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y cumplen dos semanas de paro por tiempo indeterminado bajo la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

Ahora, el Gobierno provincial aspira a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18.

Desde las primeras horas de este viernes, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta. “Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, indicaba su lema central, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Grupos de manifestantes llegaron temprano a la capital provincial desde diversos puntos del territorio para movilizarse hacia la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local. Durante la mañana, la policía intimó a los manifestantes para que levanten los cortes, pero las protestas persistieron.

Por otra parte, pobladores de distintas comunidades indígenas iniciaron una marcha denominada “Tercer malón de la paz” contra la reforma, y llegaron también esta mañana a San Salvador y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino. “Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá”, expresaron miembros de las comunidades.

Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espera que “el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo” y consideró que Jujuy perdió una “oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos”.

El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla “absolutamente antidemocrática”. “Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI”, expresaron desde la organización.

Ayer jueves, en la sesión de la Convención, frente a los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), Morales defendió su proyecto de reforma: “Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Morales reiteró que su gestión “no va a volver atrás” con estas modificaciones y volvió a cargar contra las organizaciones sociales, al plantear que “el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, planteó.

Las protestas y movilizaciones se replicaron en varias localidades jujeñas: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín. En tanto, el paro general en la provincia consiguió el apoyo de azucareros y de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla “antidemocrática y autoritaria” y convocaron al paro que sigue vigente este viernes. En un comunicado, firmado por la secretaria general Sonia Alesso de Ctera, y el secretario general adjunto Roberto Baradel de la CTA, también advirtieron que la reforma “viola derechos humanos, sociales y sindicales”.

LC con información de agencia Télam

En la puerta del Ministerio de Trabajo, sobre la avenida Leandro N. Alem, protestan colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). No es infrecuente. Con la inflación al 8,4% mensual, los trabajadores no pueden más que reclamar aumentos salariales. Pero en el piso 13 del ministerio, la jefa de la cartera, Kelly Olmos, está dispuesta a reabrir cuanta paritaria haya con tal de compensar las alzas de precios. Considera que aún así el peronismo puede ganar las elecciones y advierte contra el ajuste que promete la oposición. Por ahora, no apuesta por ningún peronista en particular para las elecciones presidenciales.

-¿Qué es lo que propone la oposición?

-La oposición lo que dice es “nosotros no vamos a aumentar impuestos”. En la práctica los han ido aumentando en la ciudad de Buenos Aires. Pero, al margen, ellos dicen que van a hacer lo mismo pero más rápido que lo que hizo (Mauricio) Macri cuando asumió en 2016 y él directamente eliminó el impuesto a los ricos, es decir, el impuesto al patrimonio, que no es solo para los ricos, pero sí para los que tienen un nivel patrimonial importante. Eliminó derechos arancelarios, por ejemplo, a la minería, a varios sectores de la producción primaria, a los que después, en la crisis de 2018/2019, los tuvo que restituir. Eso significa que el nivel de ajuste que tienen previsto va a ser leonino. Sus economistas o el propio Macri dicen, para emular a Milei, que van a dinamitar casi todo. Intentan generar un proceso de desestabilización para que el mercado haga ahora, a través de las corridas cambiarias y los que estas puedan desencadenar, el ajuste draconiano que ellos piensan que hay que hacer.

Cada vez que hay un desequilibrio entre oferta y demanda, ellos siempre piensan en reducir la demanda, sobre todo de los más humildes. Nunca te plantean cómo incrementar la oferta, te hablan de lluvia de inversiones que nunca llegan o han sido eminentemente de carácter especulativo. Lo que pasó entre 2016 y 2019 en la Argentina significó 100 mil millones de dólares de endeudamiento adicional para financiar especulación y fuga. No dejaron ni un cordón cuneta con ese endeudamiento. Lo ves en la ciudad de Buenos Aires: la inversión que ellos promueven es una inversión rentista, que no brinda un servicio habitacional.

-Pero la oposición crece porque ustedes difunden los 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo, pero crece mucho el empleo informal y a su vez el salario, si bien mejoró en el primer trimestre, si uno mira el gobierno de Alberto Fernández, continuó la caída del poder de compra, que se había derrumbado en la segunda mitad del gobierno de Macri...

-Sí, pero hay que identificar los problemas. No es que nosotros continuamos con una política iniciada en el macrismo de pérdida de capacidad adquisitiva. La política que llevó adelante el macrismo demolió puestos de trabajo y demolió capacidad adquisitiva. Las dos cosas. Nosotros desde que llegamos trabajamos por revertir esa situación. Tuvimos condiciones que no tuvo el macrismo, por ejemplo, una pandemia. El macrismo nos había dejado sobreendeudados en dólares y con default en la posibilidad de acceder a crédito externo e interno. Nosotros, al poco tiempo de acceder, llegó esta pandemia y lo primero que hicimos fue proteger los puestos de trabajo. Trabajamos muchísimo de una manera tripartita con los gremios, con las cámaras empresarias. Hubo que reorganizar todo el trabajo en función de la situación de la pandemia y se generaron decisiones muy fuertes, como prohibir los despidos. Y obviamente, si uno prohibía los despidos, tenía que compensarlo ayudando a las empresas a pagar los salarios. Para los sectores informales hubo una serie de subsidios. Como no teníamos ni crédito interno ni externo, hubo que emitir porque no había en ese momento otra alternativa. Los que nos critican por cuánto se emitió en ese momento deberían decir qué hubieran hecho si hubieran dejado morir de hambre y cerrar más puestos de trabajo durante ese período. O no comprar vacunas. ¿Qué es lo que hubieran ajustado ellos?

Si uno se maneja con la declaración que Macri le hizo a Alberto de que se mueran los que se tengan que morir, se puede tener una idea al respecto. Nuestro gobierno tiene un compromiso con el impulso a la producción y el trabajo que demanda más divisas de las que demandan los programas que no tienen ese nivel de compromiso con la producción. Esa situación después se vio afectada por una guerra internacional y ahora una sequía histórica. A pesar de todo, estamos en un máximo histórico de creación de trabajo, no solo informal, sino fundamentalmente formal. Estamos en un récord histórico de 13.100.000 trabajadoras y trabajadores formales y en un récord histórico por lo mínimo de la desocupación, en un marco donde creció la población económicamente activa y creció también la ocupación. Hubo períodos donde se redujo la desocupación porque mucha gente se desanimó y dejó de formar parte de la población económicamente activa. En nuestro caso estamos en un máximo histórico de población económicamente activa, con más del 47%. Desde el punto de vista del problema de los ingresos que vos señalás, hay que entender que el problema es la alta inflación, que está generada por todas estas restricciones, fundamentalmente de disponibilidad de divisas, agudizada con la última sequía. Con el objetivo de que no haya un mayor deterioro en los ingresos es que habilitamos todas las revisiones paritarias que se nos solicitan y aceptamos que las mismas se suscriban por periodos más breves. Hasta febrero, el sector formal en promedio acompaña el proceso inflacionario, sin un delay (atraso) significativo.

-¿En qué período?

-Estoy hablando de nuestro gobierno. En promedio. Todos sabemos cómo los promedios.

-Eso incluye el sector público y privado.

-En el sector público hay incluso una capacidad de haber ganado algunos puntos y en el sector privado hay sectores que también lo pudieron hacer. Por eso siempre yo hablo de los promedios. El problema que hay en el sector informal es que efectivamente se trata de un sector sin derechos. Pero también hay un problema en cuanto a la recolección de datos del sector informal en cuanto a ingresos. La Encuesta Permanente de Hogares tiene un desfasaje de seis meses en la recolección de los datos del sector informal, que con este nivel de inflación sesga mucho el resultado. Lo cual no quiere decir que no reconozcamos que en alta inflación hay pérdida de ingresos. Sería necio no reconocerlo y que hay una sensación generalizada de que obviamente en esa carrera los salarios pierden contra los precios. Pero el Estado está presente.

En el sector formal, con una dinámica paritaria muy vigorosa y en el informal, con los complementos de ingresos, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo se ajusta trimestralmente, la Tarjeta Alimentar hace diez días la ajustamos en un 35%, programas como el Potenciar o el Acompañar, que son complementos asociados al salario mínimo. En el último año, el salario mínimo lo ajustamos en 105%. Pero la forma de resolver esta situación, no de remediarla, sino de resolverla, es indudablemente atacar el problema de la alta inflación. Y eso lo está haciendo el Gobierno en su totalidad, con responsabilidad primaria del Ministerio de Economía, pero al que nosotros acompañamos. Hay que reforzar las divisas del Banco Central en un momento donde hemos tenido realmente mucho viento de frente. La pérdida generada por esta sequía oscila entre 17 y 20 mil millones de dólares de menores ingresos de exportación. Y eso partiendo de restricciones fuertes. No es por problemas de política.

-Ahora hay trabajadores formales bajo el nivel de pobreza...

-A veces no se compara adecuadamente. ¿Se toma el salario mínimo de las o las categorías mínimas de los trabajadores en relación a la canasta de un hogar? La canasta de un hogar está diseñada, por ejemplo, para cuatro personas. Pero el promedio de los hogares argentinos es 3,2 personas.

-Pero dos salarios mínimos, de 84 mil pesos cada uno, no cubren la canasta básica total para evitar la pobreza...

-Pero el mínimo de categoría de convenio promedio de los conveniados está en 214.000 pesos. Hay muy pocos que estén por debajo de los 100.000 o 125.000 pesos. Por ejemplo, Comercio, que es un gremio masivo, en su último ajuste paritario estableció un incremento porcentual más un bono de 25.000 pesos para que ningún trabajador que haga horario completo tenga un ingreso de menos de 200.000 pesos.

-¿Y qué hacen para combatir el trabajo informal, que afecta a más de un tercio de los empleados?

-El tema de la fiscalización acá es continuo y es una responsabilidad concurrente con las provincias, porque se trata de una competencia que tienen las provincias, El objetivo no es recaudatorio, no es de aplicación de multas, sino de que se pueda formalizar. Tenemos programas de empleo y mecanismos de entrenamiento y de incorporación al trabajo formal, como Puente al Empleo, en el cual el Estado paga una parte del salario. El trabajador en ese período no pierde los ingresos complementarios y por un año el empleador no paga cargas sociales. Es decir, tenemos políticas de fomento del blanqueo.

-Desde la oposición se propone blanquear flexibilizando las normas laborales, abaratando el despido...

-Desde el punto de vista de seguridad social, apostamos a sistemas universales y solidarios, que puedan acceder todos los beneficiarios que encuadran. Ellos habitualmente consideran que esos servicios deben estar en función de la capacidad de pago. Ellos siempre piensan más en las cuentas individuales. De modo que tenemos una concepción diametralmente distinta. Cuando ellos gobernaron, destruyeron trabajo y cuando nosotros gobernamos sin destruir derechos, logramos máximos históricos de ocupación. Esto es demostrativo de que no hay que destruir derechos para crear trabajo. Derechos laborales y de agremiación constituyen una pieza fundamental para la construcción de una sociedad moderna, que no que explota más sino que garantiza movilidad social ascendente.

¿Hay que otorgar sumas fijas para compensar la inflación, como pide Máximo Kirchner?

-El problema de cuál es el mejor mecanismo para atender la actualización salarial está asociado al diagnóstico. Si el diagnóstico es un problema de alta inflación, vos no podés responder con una solución discreta a un problema continuo. Creemos que, para el trabajador formal, la mejor manera de responder es afirmando el sistema paritario, afirmando el sistema tripartito, que es una de las instituciones más virtuosas de nuestro sistema democrático. Y para los trabajadores informales implica mantener actualizados los complementos salariales.

-¿Qué opina de la propuesta de la CGT de reducir la jornada laboral? Porque Claudio Lozano dice que, más que reducir la jornada laboral, hay quecontrolar que no haya excesos en la jornada laboral, que el 30% de los trabajadores termina trabajando más de la cuenta y sin cobrar horas extras.

-Eso de que sin cobrar horas extras no sé de dónde extrae esa información. Alimentar el debate sobre cuál debe ser la jornada laboral me parece que es positivo, va en el sentido de la evolución. Probablemente la jornada que tenemos nosotros de 48 horas ha quedado obsoleta. Y, efectivamente, respaldo el debate que se está dando en el Parlamento para revisar esa situación.

-¿Qué haría para bajar más el trabajo informal? El otro día un empresario me contaba que postulantes a un empleo formal no querían tomarlo porque tenían el Potenciar Trabajo y él desconocía el mecanismo para incorporarlos sin que pierdan ese beneficio.

-En gastronómicos hay este programa Puente al Empleo. También en el sector rural. Y aprovecho para decir que el sector gastronómico y hotelero es hoy el que está encabezando la dinámica de creación de empleo, junto al industrial y al minero.

-¿Cree que habría que hacer algún cambio en las leyes laborales, modernizarlas, como dice la oposición?

-Para ellos, modernizar es destruir derechos. No creo que ese sea el camino, en absoluto. La realidad es que cuando ellos gobiernan no crean trabajo, lo destruyen. Y nosotros cuando gobernamos, como ahora, tenemos el máximo histórico del trabajo formal. Como vos bien señalás, nos falta mucho, hemos tenido además muchas dificultades.

-Pero usted apoyó esas ideas en el gobierno de Carlos Menem. Cuando usted asumió ahora como ministra, dijo que en los 90 hubo una confusión ideológica por la caída del comunismo. ¿Cuándo se dio cuenta de que la receta neoliberal estaba equivocada?

-En 2001, con la crisis que tuvimos, alguien que tenga honestidad intelectual y no revisó sus puntos de referencia, la verdad sería muy extraño, ¿no? Lo que significó la caída de la Unión Soviética pudo y de hecho generó bastante confusión de carácter ideológico. Pero acá hubo una crisis del 2001 y eso nos debió haber llevado a todos a revisar nuestras posiciones y a haber visto fácticamente el resultado de cada situación. Por ejemplo, que el endeudamiento en dólares es un problema que genera en la Argentina inestabilidad y que le ha impedido evolucionar favorablemente en las últimas décadas. Esto nació con la dictadura militar, se incrementó durante los 90 y alcanzó un nivel inexplicable durante la última gestión del macrismo. Cuando alguien vuelve a hablar ahora de resolver la situación macroeconómica de la Argentina con endeudamiento externo o, peor aún, con dolarización, realmente habla de algo que contradice toda la trayectoria económica de la Argentina de lo que se debe hacer.

-El otro día hablaba en off con un colega suyo del gabinete y me decía que con la contracción económica de este año por la sequía y con la inflación que estamos teniendo, si el peronismo gana las elecciones, rompe todos los manuales, pero no perdía la esperanza.

-Nosotros estamos atravesando una situación difícil, sobre todo porque es muy difícil que la sociedad valorice adecuadamente lo que se evita. Y es enorme el sacrificio social que hemos evitado en estos años de gobierno. Como ahora, que ellos promueven una devaluación, lo cual significaría una nueva reducción muy fuerte de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Pero si uno va a los números en marzo, no te da una caída hasta marzo, están los datos de, por ejemplo, producción industrial, y no te está dando una contracción. Y las encuestas que nosotros hacemos de carácter laboral no nos están dando que los empresarios estén pensando en no tomar más gente. Al contrario, viste que hay tres alternativas, si va a tomar, si no va a tomar y si va a despedir, y sigue dando positivo, es decir, sigue dando que se van a incorporar más trabajadores que los se desprenderían. Estamos a un mes de inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, están poniéndose en marcha oleoductos que facilitan la exportación de combustible a Chile. Ahora tiene que venir la cosecha del norte del país.

El compromiso de nuestro gobierno es trabajar cotidianamente para que esos pronósticos negativos no se concreten. Yo trabajo para que se pueda sostener el nivel de actividad este año, para que se pueda sostener el nivel de ingreso. Me gustaría, como a todos los peronistas, que pudiéramos restituirle al pueblo argentino en el menor tiempo posible lo que el macrismo les destruyó de capacidad adquisitiva, eso es lo que no hemos podido hacer. Pero nuestro gobierno tiene mucho que mostrar positivo y tiene grandes posibilidades de ganar la elección de este año porque enfrente lo que tenemos es más pobreza, más ajuste, más recesión e incluso planteos totalmente inconsistentes como el de la dolarización, que llevaría a la Argentina a grados de violencia social inauditos.

-Se armó mucha polémica cuando usted dijo que prefería ganar primero el Mundial y después a la inflación...

-En ese momento parece que era políticamente correcto decir “el Mundial no me interesa”. Después, cuando vimos que ganando el Mundial, más de 5 millones de argentinas y argentinos salieron a la calle felices parece que todos reconocimos la importancia que para nuestro estado de ánimo tenía el ser campeones. Lo que yo dije es que por la inflación se trabaja todos los días. Nosotros no dejamos de trabajar, no somos Macri, no tuvimos la oportunidad de pasar un mes de vacaciones y volver acá y cuestionar que los argentinos tuvieran un día para festejarlo. Seamos felices también cuando tenemos logros, cuando ganamos el Mundial, cuando vamos a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner en un récord de carácter histórico lo que significa una obra de esa característica a nivel mundial. Eso quiere decir que la Argentina tiene una enorme capacidad en sus empresarios, en sus trabajadores. Hemos recuperado en un año lo que se perdió en la pandemia en términos de trabajo y de producción, cuando todos estos señores serios que creen que lo inteligente es hacer políticas que recaen sobre los más débiles decían que se iba a tardar de cuatro a cinco años.

-¿Cuándo y con qué método podremos festejar la victoria sobre la inflación?

-Este gobierno puso en marcha las reformas estructurales necesarias para mejorar la matriz de exportación de la Argentina y reducir la restricción externa (escasez de divisas). Es decir, la inflación la podrá bajar el próximo gobierno, si somos nosotros. Porque hemos visto cómo Macri despilfarró las divisas, con las políticas de apertura indiscriminada de lo que es el sector externo. Resolver la restricción externa es un trabajo que lleva tiempo. Nuestro gobierno ya lo puso en marcha y es probable que podamos recoger el beneficio fundamentalmente en 2024 y 2025. ¿Cómo? Con la capacidad exportadora adicional que se genera en el sector energético por todo el despliegue del sistema de gasoductos y oleoductos que está en marcha, en el sector minero por el desarrollo que estamos de minerales necesarios para la evolución contra el cambio climático, con el cobre y el litio, está en marcha el mayor desarrollo de la economía del conocimiento y sus posibilidades de exportación. Todo esto que nuestro gobierno puso en marcha va a ser que mejore muchísimo la restricción externa y eso le va a quitar presión al proceso inflacionario.

AR

La ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos cuestionó el paro de colectivos que llevó adelante una facción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por entender que se trata de una medida “ilegal” que cuenta con la complicidad de la empresa DOTA.

“Lamentable no es un paro gremial. La UTA no ha decretado ningún paro. Hay un sector interno que se presentó a elecciones en el gremio y perdió, pero pretende así, demostrando su capacidad de daño y teniendo de rehén a los trabajadores que necesitan llegar a trabajar, lograr lo que en las urnas no les alcanzó”, se quejó la funcionaria.

Según Olmos, ese sector del sindicato “cuenta con la complicidad de la empresa DOTA, que pretende digitar quién es su representación gremial”. Por ese motivo, sostuvo que la medida de fuerza es “estrictamente ilegal” y garantizó que desde el Gobierno “vamos a actuar muy fuertemente contra DOTA”.

En declaraciones radiales, la jefa de la cartera laboral señaló además que Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) podría evaluar si es necesario sacarle la concesión del servicio a esa empresa, aunque consideró que se trataría de una medida “extrema”.

Una facción de la UTA inició este viernes un paro de 12 horas que afectó a unas 80 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y algunas zonas del interior del país.

Ese sector gremial que conduce a nivel nacional el dirigente Miguel Bustinduy reclama al Ministerio de Trabajo que se reconozca su victoria en las elecciones del gremio en cinco seccionales y que, a su vez, respeten los fallos judiciales al respecto. También solicitan un salario básico de $350.000 en todas las regiones del país.

Además, advirtieron que en caso de no ser escuchados, la semana próxima repetirían la medida, pero por 24 horas.

Por su parte, el Consejo Directivo Nacional de la UTA aclaró que desde el gremio “no se ha dispuesto paro ni medida de acción gremial alguna”.

NB con información de la agencia NA.

En el próximo mes y medio, grandes sindicatos como los de Comercio, metalúrgicos (UOM), obreros de la construcción (UOCRA), encargados de edificios (Suterh), los petroleros, los docentes en cada distrito y la Bancaria, que este jueves fue al paro, definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses. Sólo unos pocos gremios como el de los colectiveros (UTA), de Roberto Fernández, aceptaron un 30% por el primer semestre, con revisión en julio.

En la paritaria nacional, los maestros rubricaron un 33,5% de marzo a julio, con renegociaciones en mayo y julio, pero el básico aumentará el 43%, lo que el Gobierno no difundió demasiado para evitar que impactara en las recalentadas expectativas inflacionarias. La mayoría de los sindicatos prevé firmar acuerdos por sólo tres meses porque desconfían de la previsión anual de inflación del 60% que dibujó Massa y que comenzó a cuestionarse a partir del dato de 6% de enero.

Los grandes sindicatos definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses.

La UOM acordó con la patronal que este febrero se anticipara la negociación de las paritarias que se reabren en marzo. En el gremio que dirige el kirchnerista Abel Furlán advierten de que ni en enero ni en febrero se cumplirá la meta del 4% mensual que había prometido el ministro de Economía. Apuntan una paritaria “corta” de a tres meses para ir evaluando trimestre a trimestre cómo evoluciona el índice de precios al consumidor (IPC). Se resignan a que este año en el mejor de los casos se mantenga el poder de compra. No que se recupere lo perdido en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri ni en el 2020 de la cuarentena. Lamentan que el Gobierno no pueda frenar la inflación, que se hayan disparado la carne vacuna y los derivados de la harina (desde fideos hasta pizza) y no se encuentren en las góndolas los productos de los Precios Justos. Desconfían de que se cumpla el sendero de aumentos del 3,2% mensual que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, selló con supermercados y sus proveedores de alimentos, bebidas y artículos de higiene para el periodo marzo-julio.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba de Roberto Baradel.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias también se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba, que conduce Roberto Baradel. En la UDA reconocen el desencanto con las promesas de inflación a la baja y con las dos postergaciones de la visita de Massa a la sede de la CGT en las últimas dos semanas. En el Suteba aún esperan la convocatoria oficial a la paritaria por parte del gobierno de Axel Kicillof, pero ya está negociando en bambalinas y espera llegar a buen puerto para que las clases comiencen este lunes con normalidad. Desde hace dos años ya viene cerrando paritarias cortas con reaperturas periódicas. En la ciudad de Buenos Aires, el aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta ofreció este miércoles 60% de aumento anual en seis cuotas, la última en diciembre, con un salario inicial de $ 131.700, pero gremios como Ademys rechazaron la propuesta. ¿Comenzarán las clases los alumnos porteños?

En la Unión de Empleados Judiciales (UEJ), que encabeza Julio Piumato, llevan 14 años negociando acuerdos cuatrimestrales, pero ahora los pactan cada tres meses. También se conforman con no perder contra la inflación. Otro año se buscará recuperar lo perdido. Pero no quieren resignar más. Alegan que no son los trabajadores los que deben moderar sus expectativas sino aquellos sectores empresarios que remarcan más que el IPC. Recuerdan que con la inflación unos pierden y otros ganan. El salario promedio, incluido el estatal y el privado formal e informal, cayó derrotado en cuatro de los últimos cinco años, por más que algunos gremios hayan vencido por poco en 2022. La UEJ ya está negociando con la Corte Suprema: pidió un 4% a cuenta de 2022 para equipararse con el 97% que consiguieron los empleados estatales del Poder Ejecutivo -frente al 95% del IPC- y otro 19% para el primer trimestre de 2023. Desearían que la inflación semestral fuera del 60%, pero dudan de que ocurra. En marzo, la Asociación del Personal Legislativo (APL), de Norberto Di Próspero, comenzará a discutir el número con la Cámara de Diputados, que preside la massista Cecilia Moreau, y con el Senado, que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

A fines de marzo será el turno de negociar para la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez. El pacto debe sellarse en abril. En 2022 cerró con una paritaria del 105%, pero con la última cuota de incremento que se aplica recién el mes próximo. La premisa también radica en empatarle a la inflación. A esta altura de febrero no se atreven a definir un porcentaje de aumento para 2023. Dependerá del número de febrero y de lo que se palpite para marzo. Pero Martínez suele repetir la prédica de la CGT de que en las paritarias no aceptan techos, aunque a veces lo hagan, y de que los salarios no causan la inflación sino que son su víctima. Lo mismo sostiene el camionero Pablo Moyano. Pero el jefe de la UOCRA viene pidiendo que la política genere el “orden” y la “seguridad jurídica” para reducir una inflación que se ha convertido en el “impuesto a la pobreza”. Toda una terminología muy similar a la de los economistas ortodoxos, de esos que militan en Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. En la UOCRA consideran que el 60% de inflación constituye una aspiración del Gobierno, pero difícil de lograr, por lo que pronostican que ningún gremio se atará a un porcentaje que los deje por atrás del IPC sino que suscribirán cláusulas de reaperturas periódicas de paritarias.

Al mismo tiempo que Martínez, otro veterano sindicalista, Armado Cavalieri, de Comercio, se sentará a negociar el salario que regirá de abril en adelante. También apunta a un acuerdo corto con revisión, aunque sabe que choca con las aspiraciones de Massa y Olmos. En sus filas defienden que los empleados consiguieron un 101% entre abril de 2022 y marzo de 2023, pese a que las patronales comunicaron que sólo concedieron 82%. En el gremio atribuyen la diferencia a la base de cálculo del salario básico y a la presión del Gobierno por informar un pacto de moderación salarial a mediados de enero, antes de que el dato del IPC de ese mes echara por tierra cualquier optimismo.

Sin tiempo para un shock antiinflación

Cerca del presidente Alberto Fernández consideran que Massa se apuró en prometer un 4% para enero y febrero y un 3% para marzo y abril. Admiten que ya no hay tiempo para lanzar un verdadero plan de shock antiinflacionario, dado su impacto inicial negativo sobre el bolsillo, cuando faltan sólo seis meses para las primarias. Se dan por conformes con que las paritarias le empaten a la inflación, que no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos, se cumplan los Precios Justos y la meta de ajuste fiscal, aunque admiten que están fallando en atender al 37% de los empleados en negro, cuyas remuneraciones corren muy por detrás del IPC.

Cerca de Alberto Fernández admiten que ya no hay tiempo para un plan de shock antiinflacionario. Se conforman con que las paritarias le empaten a la inflación, no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos y se cumplan los Precios Justos.

No por nada allí anidan votantes de Javier Milei. Admiten que Fernández no puede aspirar en serio a una reelección, por más que Agustín Rossi haya venido a poner gestión en una Jefatura de Gabinete por la que pasó sin gloria Juan Manzur. Tampoco la ven con posibilidades a Cristina Kirchner para ganar en primera y menos en segunda vuelta. Consideran que Massa sólo podría ser candidato en el difícil de caso de que arregle tanto la economía que venza la reticencia del kirchnerismo a aceptarlo, pero pronostican que quizás se lanza igual a una interna si termina postulándose su rival político Daniel Scioli, que desde la embajada en Brasil ya se anotó en la carrera.

Por lo pronto, el ministro viajó este miércoles a India para participar de la reunión del G20, mientras su número dos, Gabriel Rubinstein, y su jefe de asesores, Leonardo Madcur, volaron a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación de la revisión de las metas del acuerdo al cuarto trimestre de 2022 y la proyección para el primero de 2023. El organismo duda de que este año se cumpla la meta de acumulación de reservas en el Banco Central por la sequía que afectará a las exportaciones. Puede que mantenga el objetivo aunque después se incumpla, lo que resultaría negativo al final del año, o que ya se acepte que no se alcanzará, lo que también sería mal visto ahora por el FMI y el mercado, aunque sea más realista.

Sequías

La seca está azotando sobre todo a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por lo que se prevén US$ 7.000 millones menos de ventas externas de soja y maíz en la cosecha que comienza el mes próximo. La de Buenos Aires, en cambio, se ha visto beneficiada por las lluvias de verano. Ante la compleja situación, que ya viene arrastrándose desde hace tres años pero que golpea en 2023 como nunca en medio siglo, la Federación Agraria -cuyo presidente, Carlos Achetoni, busca su reelección en marzo- convocó a una asamblea sobre la ruta en Villa Constitución, Santa Fe, el próximo martes. Otras dos de las cuatro patas de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina, adhirieron. Buscan descomprimir el reclamo de las bases. Por supuesto que también irán los autoconvocados, más radicalizados aún. CRA está dirigida por un ex diputado radical, Jorge Chemes. La Rural, por Nicolás Pino, hombre del ex ministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere y de buen diálogo con Larreta. Algunos dirigentes rurales serán candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales. Ninguno de peso se enrola públicamente tras Milei, aunque el candidato presidencial libertario haya sido el político más convocante en la última Expoagro de hace casi un año. Sin embargo, Achetoni, Chemes y Pino mantienen fluidas conversaciones con Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por más que le piden más ayudas que las que ya les otorgaron.

AR/MG

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, sostuvo hoy que, pese a que la inflación arrancó el año con un índice del 6% en enero, el Gobierno mantiene la meta que se propuso.

La funcionaria dijo además que el 30% es la referencia de aumento para paritarias del primer semestre del año.

“El 30% es la meta de inflación y la estamos obteniendo. Hemos tenido un impacto en ese sentido difícil con el número de enero, pero no quiere decir que no podamos cumplir esa meta de 30 puntos de inflación en el primer semestre”, dijo Olmos.

A partir de esa meta de inflación, desde el Ministerio de Trabajo -y también desde el de Economía-, se sugirió que ese sea el porcentaje de aumento a negociar en las paritarias que cada sindicato lleva adelante para establecer los incrementos salariales semestrales.

Olmos explicó que, si bien el 30% es la referencia para las negociaciones, algunos sectores pueden llegar a obtener un mejor porcentaje a partir de los ingresos generados.

“Nosotros siempre hemos dicho que hay que tener como referencia esa meta y, en los casos en los que los gremios pudieran hacerlo, alcanzar algún punto adicional de recomposición. Eso está muy relacionado con la capacidad de cada sector”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.

Destacó que el gremio docente logró un aumento por encima del 30% y que, en el caso de los bancarios, están discutiendo que el empleador se haga cargo de una parte del pago del Impuesto a las Ganancias de los trabajadores.

La inflación oficial en enero fue del 6% y se estima que en febrero la evolución de los precios minoristas se ubicaría por encima del 5,5%.

​Con estas estimaciones, la inflación interanual superará el 100%, después del 98,8% de enero -que fue el valor mayor en 31 años-, por lo quedaría muy por encima de las previsiones oficiales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que esa meta es cumplible y aseveró que ningún mal resultado lo va a “sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación”.

En cuanto a las paritarias, Olmos dijo que la negociación es “muy vigorosa y no requiere de intervenciones adicionales”.

Admitió que “el tema es el trabajo informal, que obviamente tiene mucha más debilidad”.

CRM con información de la agencia NA

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó que la suma fija que anunció dijo que el bono de $24.000 destinado a trabajadores del sector privado formal alcanzará a las empleadas de casas particulares. Y que deberá ser pagado por los empleadores de manera proporcional a las horas de trabajo realizadas.

“El bono de $ 24.000 para el personal de Casas Particulares deberá pagarse en el mes de diciembre y en forma proporcional a las horas trabajadas. Si la empleada se desempeña en forma mensualizada (8 horas de lunes a viernes) deberá cobrar los $ 24.000, pero si trabaja menos horas, por ejemplo, 4 horas diarias por semana, el pago deberá ser de $ 12.000. Se aplica la regla de tres simple”, dio la ministra.

Olmos sostuvo que la suma fija que anunció el Gobierno Nacional “debe pagarse por parte de las respectivas patronales”. Sin embargo, en el caso de que sea una “micro, pequeña o hasta mediana empresa tramo 1 podrán transferir el 50% del costo al Estado como parte del anticipo del impuesto a las Ganancias”.

En medio de la pérdida del poder adquisitivo ante una inflación que acumuló un alza del 76,6% en diez meses (entre enero y octubre), según el último informe del INDEC, se trata de un bono de 25 mil pesos para diciembre destinado a aquellos empleados en relación de dependencia que cobren hasta 185 mil pesos.

“Un refuerzo de fin de año que establece el Ejecutivo para cuidar a los que están más postergados”, destacó Olmos.

Según la funcionaria, “la puerta del convenio bilateral está abierta permanentemente” para que trabajadores y patrones negocien un refuerzo fuera del anuncio.

Además, dijo que en caso “de tener dificultades” la empresa “también puede presentarse ante el Estado en el marco del REPRO (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo)”.

“Hay una obligación que establece el Estado bajo las condiciones que hemos determinado, pero luego están esas dos alternativas”, agregó el respecto Olmos.

En diálogo con la AM 990, la ministra de la cartera de Trabajo marcó que “si el Estado no está presente o no establece algún incentivo para contribuir a la situación de los que están más atrasados desde el punto de vista de los ingresos entonces el Estado es insensible”.

“Siempre en la relación laboral está la condición del acuerdo entre las partes, pero hay obligaciones que son del sistema normativo y ésta (por el bono) es una”, culminó.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno anunció este miércoles el pago de un bono de $13.500 en dos cuotas para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y otro de $24.000 a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.

El anuncio fue dado a conocer durante una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, y confirmada más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández.

“Anunciamos el pago de un bono a los titulares del Potenciar Trabajo, a toda la nómina del último padrón, que se abonó el 7 de diciembre”, indicó Tolosa Paz en conferencia de prensa desde Casa Rosada. En ese sentido detalló que “el monto total de $13.500” será abonado “en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750”.

La segunda parte será entregada “para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida”, afirmó.

“Vamos a llegar a mas de 1.300.000 titulares del Potenciar Trabajo”, aseguró Tolosa Paz y señaló que desde el Gobierno quieren que “tengan una Navidad en familia y en paz, en el marco de cantidad de medidas que implmentó el Presidente (Alberto Fernández) en el mes de diciembre, para sostener la vida y los ingresos de los más vulnerables”.

La ministra de Trabajo, por su parte, indicó que se hará entrega de un bono de 24 mil pesos, que será abonado “durante el mes de diciembre y por única vez”. Estará dirigido a “trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos de diciembre asciendan a tres salarios mínimo, vital y movil, sin tener en cuenta el aguinaldo”, detalló.

La suma de tres salarios mínimo, vital y movil suma “185 mil pesos aproximadamente”, según especificó Olmos. “Es un pago por única vez para colaborar con los trabajadores de menores ingresos en la etapa de las fiestas, no se incorpora al salario”, aseveró.

Y señaló que el bono “es producto de un esfuerzo” del sector privado, “compartido con el Estado, en el caso de las empresas PyMEs, que absorverá el 50% a través de la deducción de anticipos de Impuesto a las Ganancias”.

Además, la titular de Trabajo se refirió al índice de inflación de noviembre, que se conocerá mañana, y anticipó que el país está en un “proceso de reducción de los índices inflacionarios”, y “va a ser menor que el del mes anterior”.

MB con información de agencia de noticias Télam

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, salió a pedir disculpas por haber declarado que prefería que la Selección Argentina ganara el Mundial a que baje la inflación. Y lamentó “haber generado tanta reacción negativa”.

Olmos había señalado que la obtención de la Copa del Mundo iba a generar un gran impacto “desde el punto de vista anímico”. Los dichos de la funcionaria generaron críticas desde distintos sectores de la oposición, por lo que ella salió horas más tarde a aclararlos.

“Es evidente que no he sabido expresar con claridad mi posición frente a la opción ´bajar la inflación o que la Argentina gane el Mundial´. Si se ha interpretado como que para mí es mejor ´ganar el Mundial´, ha sido porque di mi respuesta a la pregunta de un modo tal que lleva a esa conclusión”, indicó la ministra.

Y enseguida agregó: “Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida. Es muy importante que la Argentina gane el Mundial por lo que significaría anímicamente para las y los argentinos, pero al afirmar que ese mes ´no hará la diferencia´ en la lucha contra la inflación, no quise decir que estaremos un mes parados mirando el Mundial sin hacer nada para reducir los índices.

Olmos explicó que “uno es un objetivo a 30 días, siete partidos; y el otro es una tarea compleja a un plazo mucho más largo”, al tiempo que aclaró: “Eso no significa que habrá pausas en ese trabajo de todo el gobierno durante el Mundial. Es obvio que no lo dije con la claridad con la que lo pienso”.

“En un mes, el ánimo de los habitantes puede recibir un gran estímulo si el equipo nacional gana el Mundial, y un mes de trabajo contra la inflación, tarea que no interrumpiremos por el Mundial, obviamente no alcanzará para solucionar el problema enorme que tenemos con la inflación”, precisó la funcionaria nacional.

Asimismo, completó: “Esas dos realidades las presenté confusamente y aparecí diciendo que prefiero el Mundial. Lamento haber generado tanta reacción negativa”.

Al participar del programa Opinión Pública, en Canal 9, la titular de la cartera laboral fue consultada sobre qué prefería: bajar la inflación o que la Selección de Lionel Scaloni conquiste la Copa del Mundo en Qatar.

Y fue ahí que se generó la polémica cuando señaló: “Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”.

“Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y las argentinas queremos que Argentina sea campeón”.

Las declaraciones rápidamente se hicieron virales en redes sociales, cuando el 2022 se apresta a llegar a su fin con una inflación que rondará el 100%.

DA

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, protagonizó un insólito momento anoche en televisión al afirmar que prefiere que la Selección argentina gane el Mundial de Qatar 2022 a que baje la inflación. Justificó destacando el impacto que tendría el logro deportivo “desde el punto de vista anímico”.

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, sostuvo la titular nacional de Trabajo en el programa Opinión Pública de Canal 9. Había sido consultada sobre una disyuntiva: bajar la inflación o que la Selección de Lionel Scaloni conquiste la Copa del Mundo.

Olmos amplió sobre su respuesta: “Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y las argentinas queremos que Argentina sea campeón”. Sus declaraciones se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

LC con información de agencia NA

La ministra de Trabajo, Beatriz 'Kelly' Kismer de Olmos, opinó este sábado a favor de la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) porque “el Frente de Todos (FdT) tiene que elegir a su candidato a partir de la democracia interna” y consideró que “es una buena alternativa” el planteo de reducir el plazo entre los comicios primarios y las generales de octubre.

“El FdT debe desarrollar su estrategia electoral del año próximo en base a la democracia interna, con las PASO, y lograr mayor vigor”, afirmó la ministra de Trabajo en declaraciones a radio AM750. En ese sentido, reiteró que la coalición “tiene que elegir a su candidato a partir de la democracia interna”, sumándose así a los dirigentes de ese espacio que avalan la realización de las primarias abiertas frente a otros que solicitan que sean suspendidas.

Al respecto, Olmos señaló que “reducir el plazo entre las PASO y las (elecciones) generales, como planteó Máximo Kirchner, es una buena alternativa”, y agregó: “Creo que con las PASO fortalecemos la elección interna”.

La dirigente del peronismo porteño se definió como “una obsesiva militante de la unidad” y consideró que “hay que incluir a todos los matices del peronismo” porque -dijo- “en la unidad del conjunto de los sectores (del PJ) está la oportunidad que podamos construir la sociedad que deseamos”.

En cuanto a una posible candidatura a la reelección por parte del presidente Alberto Fernández, respondió: “Me parece legítimo que Alberto Fernández quiera presentarse y ser una de las opciones”.

Además mostró su desacuerdo con cualquier flexibilización de las leyes laborales a través de una reforma laboral integral al subrayar que “no hace falta otro marco normativo de carácter general”. En ese punto, aseguró que las negociaciones realizadas dentro de los convenios colectivos vigentes en cada actividad van generando “cambios” que permiten “acuerdos que sean productivos para los trabajadores, en (cuanto a) ganar derechos, y para que los empresarios también ganen en mayor productividad”.

Sobre las negociaciones salariales que están en curso, la titular de la cartera laboral dijo que “el mecanismo de la paritaria está funcionando vigorosamente” y ratificó que ese instrumento es por ahora el elegido el Gobierno nacional. “La paritaria de Camioneros, por su trascendencia pública, puso en valor el mecanismo de negociación de salarios”, ilustró la ministra, al tiempo que reconoció: “El número (de esa paritaria) implicó que ambas partes cedieran”.

A la hora de referirse a un eventual bono o a una suma fija, como reclaman el kirchnerismo y sectores del movimiento obrero como la CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), Olmos manifestó estaban “trabajando distintos mecanismos y no se descarta ningún instrumento”, ya que “los aumentos paritarios no les sirven a los trabajadores informales, por ejemplo”.

“Los resultados de las últimas negociaciones paritarias han sido satisfactorios”, evaluó finalmente la ministra, quien agregó: “En caso de ser necesario, se utilizarán otros instrumentos”.

MB