Diego Santilli llegó este martes al mediodía a Posadas para cerrar la gira federal que lo llevó en los últimos diez días por casi todas las geografías políticas del país. La escala final, acaso una de las más sensible para la Casa Rosada, lo reunió durante poco más de una hora con el gobernador Hugo Passalacqua. Con cuatro diputados, dos senadores y la conducción disciplinada de Carlos Rovira, el bloque del oficialismo de Misiones es uno de los que podría definir el destino del Presupuesto 2026 y la reforma laboral de Javier Milei en las sesiones extraordinarias.

Antes de regresar a Buenos Aires, el ministro del Interior tuvo un movimiento clave fuera de agenda: se reunió a solas con Rovira en su oficina de la Legislatura provincial. El encuentro, breve pero significativo, fue leído como el verdadero termómetro de la visita. En Misiones, la arquitectura del poder no se entiende sin la figura del conductor del Frente Renovador de la Concordia, y en Balcarce 50 lo saben. La conversación funcionó como un gesto de reconocimiento político: si Santilli busca garantizar los votos misioneros para diciembre, primero debe pasar por el despacho de quien ordena, disciplina y define la estrategia legislativa del oficialismo provincial.

La señal que buscaba el Gobierno era clara: mostrar que el ministro podía sellar un entendimiento político con el líder misionero antes del envío del paquete fiscal y laboral. “Misiones está para ayudar y construir juntos”, dijo Rovira, según un trascendido al que tuvo acceso elDiarioAR. Sin embargo, la consigna que Santilli escuchó en cada parada de su gira federal volvió a repetirse en Posadas: hay predisposición al diálogo, pero ningún mandatario entregará un apoyo sin contrapartidas. Por eso el ministro dejó para el cierre la conversación más delicada, en una provincia cuyo voto puede inclinar el tablero legislativo.

Tras el encuentro, Passalacqua difundió un mensaje público en el que detalló, punto por punto, los reclamos que llevó a la mesa. Dijo que recibió la visita de Santilli para “avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones” y detalló uno por uno los puntos planteados. El gobernador pidió que Nación “facilite el financiamiento de la CAF para la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá”; que en el Presupuesto 2026 se incluyan “los aportes y remanentes del Tesoro Nacional”; y que se reactiven “los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas”.

Passalacqua también recordó que Misiones arrastra desde 2017 “la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que genera un problema a nuestras cuentas públicas”, y exigió avances sobre “la deuda de Nación con la provincia derivada del consenso fiscal”. En la misma línea, señaló que el encuentro incluyó “temas vinculados al agro y la producción” y que los pedidos van en sintonía con los reclamos que los mandatarios del Norte Grande expresaron en su última asamblea.

La visita a Misiones cerró una semana de “federalismo de alta intensidad” para Santilli. El viernes pasado, el ministro había estado en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en un encuentro extenso que incluyó advertencias explícitas. Allí, el santiagueño reunió a los gobernadores del Norte Grande, que coincidieron en reclamar una nueva cumbre con Milei si el Presupuesto no avanza. También analizaron una eventual ofensiva parlamentaria para rediscutir el financiamiento de ARCA —el organismo que absorbe el 1,9% de la recaudación nacional—, un movimiento que en Balcarce 50 leyeron como presión directa.

En ese recorrido, Santilli tomó nota de demandas que se repiten a lo largo del mapa: obra pública, avales para tomar deuda externa, fondos adeudados a las 13 cajas previsionales no transferidas, mayor equidad en la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. A eso se suman reclamos puntuales, como la coparticipación retenida a CABA y La Rioja. El ministro escuchó todo, pero mantuvo una línea prudente. “Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, había dicho tras salir de su reunión con Zamora, una frase que volvió a repetir en privado este martes en Posadas.

El riesgo institucional es evidente. Si el Gobierno no logra aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre, deberá reconducir por tercera vez el esquema vigente. La alternativa es legal, pero políticamente corrosiva: sería mal vista por el FMI, por los mercados y por los gobernadores, que ya dudan de la capacidad del Ejecutivo para sostener acuerdos duraderos. Desde el norte, la advertencia fue directa: sin confianza, no habrá votos para las reformas laboral y tributaria.

Misiones, la pieza que faltaba

En ese contexto, la parada final de la gira adquiere un peso estratégico. Passalacqua llegó al encuentro tras participar de la 22ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, donde planteó un diagnóstico crudo sobre las desigualdades estructurales del país. El jueves pasado, habló de la “injusticia geográfica”, recordó que “un misionero vive tres años menos que un porteño”, y remarcó que su provincia quedó fuera de la Hidrovía y es la única del país sin gas natural. Por eso reclamó obras de infraestructura, mejoras en la conectividad y en el transporte aéreo, e insistió en que el turismo debe ser una prioridad en el próximo Presupuesto.

Passalacqua reforzó un mensaje colectivo: el Norte Grande quiere que las obras estratégicas vuelvan a estar en agenda y que el Gobierno reconozca las brechas de desarrollo regional. “En soledad es un incordio; hacerlo en conjunto me parece excelente”, dijo el gobernador ante sus pares, en un gesto de voluntad federal que hoy trasladó a la reunión con Santilli.

Sus planteos se suman al contexto local marcado por el conflicto desatado por la avanzada mileísta sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), clave para la economía provincial, como publicó elDiarioAR.

En lo político, el Frente Renovador de la Concordia mantiene una cohesión interna que lo vuelve decisivo para cualquier votación relevante. En Balcarce 50 lo saben desde hace tiempo, pero en esta etapa —a días del envío de las reformas— la foto de Santilli en Posadas configura algo más que un gesto: indica si el oficialismo podrá llegar a diciembre con una base territorial ordenada o si dependerá de negociaciones caso por caso en el Congreso.

La estrategia de Santilli es completar la ronda con los 20 gobernadores del Pacto de Mayo. Quedan pendientes reuniones con Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). La coordinación de esa agenda se articula cada semana en una mesa política encabezada por Karina Milei e integrada por el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la futura jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

PL/MC

“Decime si hay un llamado a Rovira”. Javier Milei estiró el brazo y le acercó el celular a la periodista Mariana Brey, que no pudo disimular su incomodidad. “Revisá todo lo que quieras, yo no tengo problemas; los verdes son los llamados que yo hice”, insistió el Presidente, mientras la cámara de Telefe captaba el gesto con una mezcla de morbo y sorpresa. La escena, ocurrida en plena entrevista televisiva, buscaba desactivar una versión que ya hacía ruido en Casa Rosada: que el rechazo de los senadores misioneros al proyecto de Ficha Limpia había sido acordado con el mandamás misionero Carlos Rovira. Pero la desmentida llegó tarde. Para entonces, el silencio oficial ya se había interpretado como señal de connivencia. Y el nombre del líder provincial, tras años de bajo perfil, volvía a ocupar un lugar en el centro del poder.

El exgobernador de Misiones no necesita hablar para que se entienda que sigue vigente. No lo hace desde un cargo ejecutivo ni desde el atril de un acto masivo, sino desde su puesto de diputado raso, sin estridencias. Hace más de 17 años que ocupa una banca en el hemiciclo de la Legislatura misionera: primero como presidente del cuerpo y ahora, desde 2023, como uno más. Aunque cualquier mínimo conocedor de las vicisitudes de la tierra colorada sabe que lejos está de serlo.

Reverenciado casi como una deidad por sus acólitos, “el Ingeniero” maneja las riendas de la provincia que supo gobernar entre 1999 y 2007 con mano de hierro y guante de seda, sin que nada escape a su radar. En su estilo austero y hermético, descubrió hace tiempo la fórmula del poder perdurable: aferrarse al terruño, consolidar estructura y ejercer el mando sin exponerse. Rovira no da entrevistas ni aparece en televisión. Su último discurso público fue en noviembre de 2023, junto a Sergio Massa. Desde entonces, silencio.

Hasta que el país volvió a mirarlo. En la última semana, el nombre de Rovira irrumpió con fuerza en la escena nacional. Fue tras el rechazo misionero al proyecto que buscaba prohibirle competir en elecciones nacionales a condenados en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner. Dos votos, los de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, bastaron para sepultar una iniciativa que el gobierno libertario había hecho propia en la retórica, pero que nunca terminó de abrazar del todo. La escena pareció un gesto de autonomía del oficialismo provincial, pero en los pasillos del Congreso empezó a circular otra hipótesis: que el Frente Renovador de la Concordia hizo el trabajo sucio para evitarle al presidente Javier Milei un costo político directo.

Esa versión cobró fuerza cuando el mandamás admitió que el rechazo al proyecto había sido parte de un acuerdo con la Casa Rosada. “Era una ley que poco tenía de ‘limpia’”, dijo Rovira, según confiaron a elDiarioAR testigos presenciales de la reunión a puertas cerradas que mantuvo con su tropa al día siguiente de lo ocurrido en el Senado —como cada jueves antes de cada sesión ordinaria de la Legislatura. El sábado 10, La Nación y Clarín llevaron sus dichos a la tapa de sus respectivas ediciones impresas, lo que obligó al propio Milei a salir a desmentirlo. Sin embargo, si bien La Libertad Avanza intentó despegarse del escándalo, nadie en Balcarce 50 salió a cuestionar abiertamente a Rovira. La señal fue elocuente.

La última vez que Rovira había concentrado tanta atención nacional fue en 2006. Entonces, desde su rol de gobernador, buscó reformar la Constitución provincial para habilitar su re-reelección. Contaba con el aval explícito de Néstor Kirchner, quien le pidió “dar la pelea por el proyecto” y convirtió a Misiones en globo de ensayo para otras iniciativas similares en Jujuy y la provincia de Buenos Aires. La oposición se articuló en torno a una figura inesperada: el obispo Joaquín Piña. Su candidatura, bendecida en las sombras por Jorge Bergoglio, desató una batalla cultural que traspasó los límites de la política.

La campaña por el “No” a la reforma se volvió un fenómeno nacional, con marchas multitudinarias, iglesias quemadas y acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y la Iglesia. El 29 de octubre de 2006, el referéndum se saldó con un resultado inapelable: el 56,5% de los misioneros rechazó la enmienda.

La derrota dejó a Rovira sin re-reelección y sumido en la desolación. Pero, como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”. En 2007 asumió como diputado provincial, y desde entonces, sin volver a ocupar cargos ejecutivos, ungió y condujo a cada uno de sus sucesores en la gobernación: primero a Maurice Closs (2007-2015), luego a Hugo Passalacqua (2015-2019), después a Oscar Herrera Ahuad (2019-2023), y hoy nuevamente a Passalacqua. Ninguno osó salirse del libreto que él mismo escribió desde la presidencia de la Cámara de Representantes: sin exposición ni confrontaciones innecesarias, aunque no sin privarse de cierto revanchismo.

De “Carlitos” al “conductor”

Amado y temido por igual, Rovira tejió el inigualable poder que hoy ostenta con la paciencia de un monje budista. Su perfil, introspectivo y metódico, lo diferenció desde joven de los militantes apasionados de su generación. Mientras otros se sumaban a la agitación política de la década del 70, él prefería el deporte y el estudio. Se graduó de igeniero químico en la Universidad Nacional de Misiones, pero mucho antes, a sus 22 años, comenzó una carrera como docente que luego sorpresivamente abandonaría. ¿El motivo? Empezar a tabajar junto a un incipiente dirigente del peronismo misionero: Federico Ramón Puerta.

El ingreso de Rovira a la vida política tuvo más de familiar que de ideológico. Su padre, Miguel Ángel “Pichón” Rovira, fue quien se acercó a un viejo conocido suyo de sus años en Apóstoles, el empresario yerbatero Federico Gumersindo “Nene” Puerta, para pedirle un favor: que Ramón incluyera a “Carlitos” en su equipo. Corría 1987 y quien una década más tarde sería presidente por un día, estaba a punto de asumir una banca como diputado nacional por el PJ. Su meta, en realidad, era alcanzar la gobernación de Misiones, que acababa de ser recuperada por el peronismo, de la mano de Julio César Humada, tras el mandato del radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, primer gobernador misionero de la democracia.

Rovira se mudó a Buenos Aires como secretario privado de Puerta, pero para eso debió dejar atrás tanto su puesto en la cátedra de Física como la consultoría que en ese momento realizaba para el INTI, en vinculación con el Ministerio de Ecología de la provincia. El trato alcanzado con Puerta fue que, si el proyecto de alcanzar el poder en 1991 fracasaba, él se quedaría trabajando en su empresa.

A partir de ese momento, Puerta adoptó a Rovira como un protegido, aunque siempre dejó en claro la asimetría. La relación fue estrecha pero distante. Ya en los 90, con el yerbatero al frente de la gobernación y “el hijo de Pichón” como presidente de Vialidad provincial, el entonces joven ingeniero se mantuvo alejado de los círculos de tertulia y negocios que rodeaban a su jefe. Sus compañeros de partido llegaron a apodarlo “el mudo” por su silencio en las reuniones, una imagen que con los años se transformó en una marca de estilo. Esa frialdad contenida fue el preludio de una ruptura silenciosa y decisiva.

En 1995, las carambolas de la historia llevarían a Rovira a su primer cargo electivo: ni más ni menos que intendente de Posadas. Desde allí, comenzaría a aceitar su cintura política. Pero no será sino a partir de 1999, ya como gobernador, que se animará a ensayar un liderazgo propio. El quiebre final con Puerta llegaría en 2003, cuando, junto a un grupo de radicales díscolos, fundará el Frente Renovador de la Concordia para emanciparse definitivamente del justicialismo ortodoxo. En esa jugada clave contó con el apoyo directo de Néstor Kirchner, quien lo empujó a lanzarse con una promesa: “Si soy presidente, te doy todo el respaldo”. Meses después, el 28 de septiembre, con el 47,8% de los votos, Rovira le ganaría a quien fuera su padrino político, convirtiéndose así en el primer experimento exitoso de la “transversalidad” kirchnerista.

Desde entonces, su influencia no solo se consolidó en lo político. También se expandió hacia el plano económico. A través de vínculos familiares, como el que mantiene con su suegro Nelson Spotorno —dueño de una de las principales constructoras de la provincia—, su entorno ha estado ligado históricamente a licitaciones clave de obra pública. Aunque no declara bienes, en Posadas nadie ignora que Rovira es uno de los hombres más ricos de Misiones. Su participación en sociedades vinculadas al Estado conforman una fortuna tan ostensible como inverificable. No vive como un político tradicional: tiene una casa con muelle privado sobre el río Paraná, pasa los veranos en París y acumula propiedades que no figuran a su nombre. 

El año en que se rompió la calma

En mayo de 2024, la calma que Rovira había sabido construir desde la derrota del referéndum de 2006 se quebró por primera vez en casi dos décadas. El descontento social explotó en las calles con protestas de docentes, policías y trabajadores de la salud, y la tensión trepó hasta su propio domicilio. La respuesta fue un contraataque sin matices: causas judiciales y posteriores detenciones. Ocho policías fueron acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde la cárcel en las elecciones del próximo 8 de junio. Fue el punto de inflexión de un año que puso a prueba los límites del modelo rovirista: frente a la presión social y el avance libertario, la reacción no solo fue adaptarse, sino también endurecerse.

Pero el clima de tensión no se limitó a la calle. En los meses siguientes, en el marco del caso Kiczka, el gobierno provincial impulsó la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, cuya ley insinúa la posibilidad de allanar domicilios en casos de “fake news”. La norma encendió alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos civiles, que advirtieron sobre la institucionalización de la censura. En paralelo, se multiplicaron los casos de hostigamiento a tiktokers críticos. Una de ellas, la enfermera Florencia Belén Aguirre, denunció que la policía ingresó con violencia a su casa y le secuestró los teléfonos tras ser acusada de injurias por un funcionario provincial. Lo mismo ocurrió con Ramiro Barrionuevo, conocido como “Quito”, y con Cristian Cabral, un referente barrial.

Ese giro de tinte autoritario dejó al descubierto otro Rovira. Uno más cerrado, más ensimismado, menos cuidadoso. “Si algo demostró el 2024 es que Carlos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para conservar su poder”, sentenció un viejo militante renovador ante elDiarioAR, preocupado por la “pérdida” de la “sutileza” que siempre supo caracterizar al “conductor” de la Renovación. “Está cada vez más parecido a Gildo”, espetó, en referencia a Insfrán, el eterno gobernador formoseño.

Es que en el oficialismo misionero, las decisiones ya no se discuten ni siquiera en el interior de su espacio. La Renovación NEO, como rebautizó a su fuerza política, se volvió más vertical, más tecnocrática y más dependiente de su figura. Desaparecieron los cuadros intermedios, se achicaron los márgenes de deliberación y se amplificó el culto a la “juventud” por sobre la política. En marzo de 2023, durante el lanzamiento de listas de ese año, el propio Rovira pidió que en la primera fila del acto se sentaran solo “neos”. Al subir al escenario, los miró y dijo: “No los conozco, nunca vi sus caras”. Era una frase de autoelogio, pero también el síntoma de una dirigencia que ya no produce líderes, sino ejecutores.

En paralelo, también profundizó una narrativa que mezcla modernización con personalismo. “El verdadero poder está en quién accede al conocimiento”, dijo Rovira durante el discurso de inauguración del Silicon Misiones, el polo tecnológico ubicado a las afueras de Posadas, al que calificó como “el santuario intelectual más importante que se erigió en la Argentina”. Ese día, entre citas del economista Richard Thaler y el lingüista George Lakoff, sostuvo que Misiones es la “primera provincia start up de la Argentina”, tal y como reza el cartel de bienvenida apostado en el límite con Corrientes. Una contradicción: mientras impulsa a los jóvenes a programar, reprime a los que critican en redes. El contraste entre discurso de vanguardia y prácticas regresivas atraviesa el modelo “misionerista” como una tensión no resuelta.

Pactos son pactos

En ese contexto, el vínculo con Milei apareció como un salvavidas inesperado. El entendimiento entre ambos comenzó en 2021, aunque se puso en duda en 2023, cuando Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos a senadores. No fue casual: la Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial. Esa jugada le permitió a Rovira quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía.

Los rumores sobre un pacto comenzaron a circular en la opinión pública desde, al menos, el mes de septiembre de 2023. Lo curioso es que no fueron agitados por la oposición, sino por la propia Renovación. A pocos días de las PASO, el portal MisionesOnline —voz para-oficial de la Renovación— publicó una nota titulada “Recuerdos del futuro”, donde revelaba una reunión secreta entre Rovira y Milei en 2021. El artículo no buscaba incomodar al “conductor”, sino legitimar una narrativa: la de una convivencia posible entre dos proyectos en apariencia irreconciliables.

La campaña también alimentó las sospechas. Aunque los candidatos legislativos de Rovira fueron pegados a la boleta de Massa, en los barrios comenzaron a repartirse ejemplares ya cortados, junto a la de Milei presidente. En voz baja, dirigentes del oficialismo justificaban el operativo como una forma de “no regalar el territorio”. En las PASO, el libertario sacó el 43% de los votos. Y en el ballotage, ganó con el 56%. Para entonces, la convivencia ya era inevitable.

Pero fue en abril de 2024, un mes antes del inicio de las protestas que tuvieron en vilo a la provincia, que el entendimiento tomó forma pública. Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, viajó a Posadas junto a Eduardo “Lule” Menem y se reunió con Rovira, además de con el gobernador Passalacqua. El acuerdo fue claro: apoyo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Los números lo confirmaron: Misiones fue la provincia que más recursos discrecionales recibió de la Nación hasta fines del año pasado.

Rovira nunca más volvió a pisar oficialmente Buenos Aires. Entre los dirigentes que trajinan los pasillos del poder central, su figura genera tanta intriga como admiración. A sus 69 años, controla los tres poderes del Estado misionero a su gusto, aunque alejado de la tranquilidad que supo disfrutar en otras épocas. El caso Ficha Limpia fue una muestra: lo exhibió ante los ojos del país, por voluntad o impericia, como un político a escala nacional. En la superficie, expuso a Milei. En el fondo, le hizo un favor. Y volvió, una vez más, a estar en el centro de la escena. Como en 2006. Como tantas veces. Sin hablar públicamente. Pero al mando.

PL/MG

El ida y vuelta entre la Casa Rosada y los gobernadores está al rojo vivo. La tensión escaló en los últimos días, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. Desde que Javier Milei desplegó el ajuste “más grande la historia”, las transferencias no automáticas prácticamente se evaporaron. Una decisión que puso contra las cuerdas a los mandatarios provinciales que, como si la motosierra no los hubiera alcanzado, también deberán lidiar, en caso de que prospere, con el corset fiscal impuesto en el artículo 1 del Presupuesto 2025: si hay superávit, habrá para repartir; de lo contrario, todos deberán seguir recortando.

“Se acabó esto de que los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires”, dijo Milei esta semana en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a los giros en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el Presidente no dudó en echar mano a la clásica fórmula del “látigo” y la “chequera” con el fin de lograr sus objetivos el Congreso.

A lo largo del 2024, el Gobierno distribuyó a cuenta gotas, entre sus mandatarios más cercanos, una mínima parte del fondo general de transferencias discrecionales: $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles, según el cálculo que realizó elDiarioAR a partir de un informe de Politikon Chaco. Se trata de dinero pensado para desembolsar en casos de catástrofes, pero que todos los oficialismos utilizan para “premiar” a sus aliados.

Son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).

El Gobierno no entregó ATN entre julio y septiembre. Fue recién en octubre, luego de tres meses, que el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un poco el grifo y giró $3.000 millones a Entre Ríos debido a una gestión realizada por Rogelio Frigerio, del PRO. En tanto, entre el 1° y el 12 de noviembre, tres provincias aliadas recibieron un trato privilegiado: Catamarca embolsó $3.000 millones, Misiones $4.000 millones, Salta $4.500 millones y Tucumán otros $4.500 millones. Sus cuatro gobernadores, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían cenado con Milei en Olivos el pasado 21 de octubre tras el apoyo legislativo de sus diputados al blindaje al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Rosca legislativa

El sinuoso camino del Presupuesto 2025 dejó expuesto el toma y daca que pretende el Gobierno con las provincias. Es que uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con ATN, es que el Gobierno coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. De esa demanda se había hecho eco el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto: a través de un dictamen propio, pensaban presionar a la Casa Rosada para que se comprometa a repartir el dinero cada tres meses si no lo utiliza.

Pero esa idea quedó desechada rápidamente: desde la bancada dialoguista confirmaron esta semana que acompañarán el dictamen del oficialismo, pero con disidencias. Fue el fracaso de la sesión del martes lo que generó malestar entre los diputados. Además de echarles en cara que no contribuyeron al quorum, en el bloque del que también forman parte Emilio Monzó y Nicolás Massot hubo enojo por considerar que los gobernadores “se cortaron solos” en la negociación con el oficialismo.

La cumbre que tuvo lugar el jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) escenificó el clima de incertidumbre. Mandatarios de todos los colores –desde Axel Kicillof (Buenos Aires) hasta Ignacio Torres (Chubut)– debatieron qué hacer con el proyecto de presupuesto enviado por Milei. Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.

Los gobernadores son conscientes de que si no se logra consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada a fines de 2022 y Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje oficial es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos y le permitiría al libertario seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.

Por eso, en Balcarce 50 la impaciencia no abunda. El “Plan A” es que la discusión del Presupuesto 2025 no prospere y continuar administrando discrecionalmente las partidas, esquivando compromisos fiscales con las provincias. En el oficialismo ven esta opción como un arma poderosa para que los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, continúen alineados. El escenario sigue abierto, pero las agujas del reloj ya comenzaron su cuenta regresiva.

PL/JJD

Un mes después del polémico asado que encabezó Javier Milei con diputados nacionales en la quinta de Olivos, con el fin de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente recibió este lunes por la noche a cuatro de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. La cita fue nuevamente en la residencial oficial y los invitados son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

La cita fue convocada a las 21 y el presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo.

El catamarqueño Jalil remarcó al arribar que llegó dispuesto a “escuchar y pasar un rato de camaradería”. Mientras que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo aclaró que él fue a la cena “sin tarjeta y sin plata, pero con muchos pedidos”.

A diferencia del asado que Milei brindó a los “87 héroes” que lo acompañaron en la Cámara baja en el rechazo a la reforma jubilatoria, en esta ocasión los invitados no tuvieron que pagar por lo consumido. 

Desde la Casa Rosada consideran que estos mandatarios provinciales, al haber apoyado al Gobierno en decisiones legislativas clave, merecen un reconocimiento especial. Pero la cita no fue solo para agradecerles el respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, sino que también tendrá implicancias políticas más amplias: la administración de Milei busca asegurarse el apoyo de estos mandatarios al Presupuesto 2025, con la confianza de que actuarán como obturadores de las modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Jaldo

Entre los cuatro gobernadores invitados a Olivos, el que resalta por su cercanía con Milei es Osvaldo Jaldo. Anfitrión del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio pasado en “el jardín de la República”, el primer gesto fuerte del tucumano hacia la Casa Rosada tuvo lugar durante el verano, cuando pactó el acompañamiento de los diputados que le responden a la primera versión de la ley Bases, a cambio de que la industria azucarera tucumana siguiera protegida fiscalmente. Ese posicionamiento derivó en la primera escisión del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja y la formación de uno propio, bautizado “Independencia”, integrado por Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla.

Hace dos semanas, esos tres legisladores, a las órdenes del gobernador, fueron fundamentales para que Milei sostuviera el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Una postura que, al día siguiente de la multitudinaria marcha federal universitaria, Jaldo había matizado al expresar su intención de que haya “un mayor presupuesto para los sueldos de los docentes, para mejoras edilicias y para disponer de los elementos necesarios”. Sin embargo, en conferencia de prensa, también advirtió acerca del supuesto “impacto financiero” de la medida en el presupuesto nacional o en el PBI. “El déficit cero no lo debemos perder”, apuntó, para después añadir que, si eso sucede, “quiere decir que estamos asumiendo compromisos que no podremos cumplir”.

Lo cierto es que los miembros de la bancada Independencia no definieron su voto hasta bien entrada la mañana del día de la sesión especial, quizás conscientes del costo político que podría acarrearles la decisión acompañar la voluntad de Milei. De hecho, consumada la ratificación del veto, los legisladores “jaldistas” fueron repudiados por la comunidad académica de la provincia. El diario La Gaceta dio cuenta de cómo en tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán se pegaron carteles con las fotos de Fernández, Medina y Fernández de Mansilla, con una leyenda clara: “Votar a favor (del veto de Milei) es traicionar a la universidad”.

Además de los rostros de los tres representantes del PJ, también aparecía en los afiches Mariano Campero, el radical que cambió su voto con la movilidad jubilatoria y acercó a otros cuatro de su partido a la Casa Rosada para defender al oficialismo. El mensaje era contundente: “¡Alerta de ratas! Diputados los estamos mirando”, decía la consigna.

Sáenz

“Vamos a buscar resolver los problemas de cada una de nuestras provincias y es la oportunidad que tenemos de algo que venimos reclamando, un diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo este lunes el gobernador salteño Gustavo Sáenz al ser consultado por la cena que compartirá esta noche junto al presidente Milei. “Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, inistió el mandatario en una entrevista con Radio Mitre, aunque se atajó al apuntar que “acá nadie es héroe ni hay que festejar nada”.

Sáenz se declara “ferviente defensor de la universidad pública”, algo que logró ratificar con la votación de dos de sus tres diputados en el recinto. El bloque Innovación Federal, integrado por los oficialismos provinciales de Salta, Río Negro y Misiones, tomó caminos distintos a la hora de posicionarse ante el veto de Milei. Su jefa de bancada, la salteña Pamela Calletti, que es docente universitaria, votó en contra de la decisión oficial, al igual que su coprovinciano Pablo Outes. Curiosamente, quien estuvo ausente fue Yolanda Vega, que se excusó en un malestar físico.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz, que estuvo de gira por Europa, comentó que su idea es “contarle al Presidente acerca de las inversiones que conseguimos y que hay que apurarse con algunas cuestiones provinciales o nacionales”. No es que haya “trabas”, aclaró, pero sí “burocracia propia del Estado que hace que se demore [la implementación del RIGI] y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”. En ese sentido, indicó que “Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres”. “Los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Sáenz forma parte del conjunto de gobernadores que más dispuestos está a prestarle gobernabilidad a La Libertad Avanza. Ese grupo también lo constituyen el catamarqueño Rubén Jalil, el misionero Hugo Passalacqua y el tucumano Osvaldo Jaldo. No por causalidad, en febrero, los cuatro encabezaron una reunión con el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que lograron expresarle sus quejas respecto al rumbo de la relación del gobierno nacional con las provincias. Ese encuentro, que tuvo lugar en Salta y del que también participó el jujeño Carlos Sadir, fue clave para acercar posiciones entre las partes luego de un verano tormentoso en la relación de la Casa Rosada con las provincias.

Passalacqua

La relación de Hugo Passalacqua con la Casa Rosada es otro ejemplo de buena vecindad. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el “misionerista” Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador Carlos Rovira, decidió volver a levantar la consigna que ya es un leitmotiv del oficialismo misionero: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. El último ejemplo de ello fue la votación del veto a la ley universitaria: los cuatro diputados que responden a Rovira, y que conforman el bloque Innovación Federal junto a los salteños de Sáenz, se abstuvieron.

Sin embargo, el único en quedar en offside fue Alberto Arrúa, secretario general del PJ local. Sucede que el diputado no solo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión en la que se decidía el futuro del veto de Milei llegó a prometer públicamente que iba a rechazarlo. “A mí y a mis compañeros de bloque no nos van a encontrar apoyando las políticas de este gobierno”, dijo en una entrevista con Futurock, exhibiendo una intransigencia opositora que se le desconocía. Arrúa fue el principal apuntado por la expresidenta Cristina Kirchner, que acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político”.

No son tiempos precisamente tranquilos para el misionero Rovira. Los reclamos salariales de trabajadores estatales que en mayo tuvieron en vilo a la provincia, y que pusieron a Misiones en el foco de la atención pública nacional, mostraron como nunca antes las fragilidades de su construcción hegemónica, además de las consecuencias del ajuste llevado adelante por La Libertad Avanza. Sin embargo, el cimbronazo no perjudicó en lo más mínimo el plan de acercamiento a Milei ensayado de antemano por el líder provincial.

Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, el plan trazado por Rovira es explícito: consolidar una corriente “libertaria” propia dentro de su espacio político para, de esa manera, monopolizar la representación de ese espectro ideológico en las elecciones de 2025. Para lograrlo, Milei debería de prescindir de disputarle el poder en su territorio con un candidato competitivo el año que viene. Un favor que, según deslizan fuentes misioneras a elDiarioAR, Rovira confía que podrá cobrárselo a partir de los apoyos de sus diputados a las iniciativas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Jalil

El catamarqueño Raúl Jalil es otro de los mandatarios provinciales que hace gala de una relación pragmática con el gobierno de Javier Milei. Este enfoque se hizo evidente en la reciente votación sobre el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario: el gobernador le ordenó a la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, integrante de la bancada de Unión por la Patria, que no bajara al recinto y permaneciera en su despacho durante la sesión del veto para que su ausencia en el recinto permitiera que no cayera le decisión de Milei.

Jalil fue uno de los primeros mandatarios que se sentó a firmar convenios con Guillermo Francos en el marco del plan de traspaso de obras nacionales a las provincias. Durante ese encuentro, se acordó un desembolso de 25.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Sin embargo, esas promesas se encuentran hoy atadas a lo que se resuelva tras el debate del Presupuesto 2025 en el Congreso.

El primer gran guiño del gobernador a Milei fue cuando los tres diputados de Unión por la Patria de la provincia votaron a favor de la ley Bases, lo que posteriormente se tradujo en la firma de Jalil al Pacto del Mayo. “La gente eligió. Si uno ve la elección, mucha gente votó a intendentes, a mí y a Milei de manera muy transversal”, sostuvo en junio el mandatario en una entrevista con Clarín.

Pero el impacto del ajuste de Milei sobre la provincia es notorio. El porcentaje de pobreza del primer semestre registrado en el Gran Catamarca es de un 55,9%, superando en tres puntos los porcentajes nacionales del 52,9%, según revelaron las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Del informe oficial también se desprende otro dato alarmante: 25.888 catamarqueños pasaron a ser pobres durante la gestión de La Libertad Avanza.

PL

El presidente Javier Milei se reúne este lunes en la residencia de Olivos conmlos gobernadores dialoguistas que fueron clave en el apoyo que necesitó el oficialismo en el Congreso para respaldar el veto contra la ley de Financiamiento Universitario. Los invitados a una nueva cena de “héroes” son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ), y contará con la presencia de colaboradores libertarios cercanos al Ejecutivo.

Pero el encuentro tiene una intencionalidad que va más allá del agradecimiento, porque el mandatario busca también asegurarse el respaldo de los gobernadores norteños no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Entre los acompañantes de Milei en la cena se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresó este fin de semana de su gira por Francia; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su mano derecha, Lisandro Catalán: del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y no se descarta, tal como ocurriera en la anterior “cena de héroes” con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria, las presencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (si regresa a tiempo de Bariloche, donde participará de la apertura de la VI etapa del “Curso avanzado en la lucha contra el Narcotráfico”); y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni, además del asesor estrella, Santiago Caputo.

Quien no estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que junto a los secretarios de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno, viajaron a Washington DC donde participarán de las Reuniones Anuales 2024 del FMI y del Banco Mundial.

Gustavo Sáenz: “No somos héroes y no hay nada para festejar

“Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz al recordar que la reunión de este lunes nació de una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus colegas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a partir de la necesidad de abordar los problemas de esas provincias e intentar resolverlos.

No obstante, Sáenz dejó en claro que “nosotros no somos héroes y no hay nada para festejar. Soy ferviente defensor de la universidad pública”, enfatizó el mandatario salteño en declaraciones al diario Clarín.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres y los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz detalló que la idea de los gobernadores dialoguistas “es contarle al Presidente el tema del RIGI y cómo cayó en la gira por Europa, las inversiones que conseguimos que hay que apurarlas con algunas cuestiones provinciales o nacionales. No es que hay trabas, pero sí burocracia propia del Estado que hace que se demore y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a radio Mitre.

“Tuvimos una reunión con el ministro Caputo, donde planteamos cuestiones como las universidades. Las universidades del interior tienen presupuestos paupérrimos y mínimos y realmente son una salida para la gente que no tiene donde estudiar. Los del Interior son presupuestos mucho más bajos que los del centro del país. Hay que mirar el país no desde la capital Federal y provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Ya en junio pasado Milei había recibido a gobernadores peronistas y radicales en Casa Rosada tras el acto del Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe.

Pero Sáenz no siempre se mostró alineado con el Gobierno libertario. En marzo pasado, el salteño apuntó que, así como el Gobierno “dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

En aquella oportunidad, el gobernador salteño afirmó que, hasta ese momento, el Gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

“Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya”, aseguró, al tiempo que criticó al Gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

Hace seis meses, Sáenz consideraba que la metodología de la gestión libertaria , no era “una nueva forma de hacer política”, sino que en otro momento también fue aplicada por “otros gobiernos centralistas” para que los gobernadores fueran “delegados” del Ejecutivo nacional.

“Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al Gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”.

“La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, opinó.

Al respecto, consideró que es “fundamental que el Presidente entienda que lo que necesita es un gran acuerdo” que, actualmente, “se hace difícil” de alcanzar por “la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores”.

“Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado”, indicó.

El rechazo de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había acusado días atrás a los gobernadores Jalil, Jaldo y Passalacqua, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de respaldos, abstenciones y ausencias de parte de los legisladores que les responden, al momento de la votación.

En aquel momento, la expresidenta apuntó que: “Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei está preparando una nueva cena política para el próximo lunes en la residencia de Olivos, con un enfoque particular en gobernadores del norte del país. Esta vez, la lista de invitados incluye a mandatarios clave como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ) y a fuerzas locales. Desde la Casa Rosada consideran que estos gobernadores, al haber apoyado al Gobierno en decisiones clave, merecen un reconocimiento especial.

El motivo oficial es agradecerles su respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, pero la reunión tiene implicaciones políticas más amplias. En particular, la administración de Milei busca asegurarse el respaldo de estos mandatarios no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Según pudo saber elDiarioAR, la invitación ya fue cursada. Y aunque en las provincias aún no han confirmado oficialmente su presencia, en los pasillos de Balcarce 50 se especula con que los gobernadores asistirán. Entre los acompañantes de Milei en el encuentro se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresa este fin de semana de su gira por Francia.

También podrían estar presentes funcionarios clave del ala política como Guillermo Francos y su mano derecha, Lisandro Catalán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En la anterior cena, participaron además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor estrella Santiago Caputo.

La dinámica de cenas con funcionarios y legisladores que respaldan al Gobierno se está convirtiendo en un sello de la gestión de Milei. La primera y más resonante de ellas fue el asado que encabezó Milei a mediados de septiembre con diputados nacionales en la quinta de Olivos. Con la idea de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente se ubicó en la cabecera de una larga mesa en U desplegada en la residencia oficial, una foto que no hizo más que sembrar malestar al punto de motivar protestas en las inmediaciones de la residencial oficial. 

“Transfuguismo político”

La semana pasada, la expresidenta Cristina Kirchner acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X titulado “El veto y el voto”, la actual candidata a la jefatura del PJ apuntó contra los mandatarios “de nuestro partido” por “influir” sobre “algunos legisladores de sus provincias” para plegarse a la estrategia oficial.

La extitular del Senado se refirió a la abstención del misionero Alberto Arrúa, secretario general del PJ local, quien no sólo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión había prometido públicamente rechazar el veto de Milei. “Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”.

“Las razones de este verdadero transfuguismo político las explica, mejor que nadie, el título y contenido de la nota publicada hoy por el portal Infobae: 'El gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores' (el resaltado en negrita me pertenece)”, continuó Cristina Kirchner en su escrito. Y remató: “Esto es lo que está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones. Y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei…”.

PL/DTC

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Corría el mes de mayo y las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo salarial de la Policía de Misiones, anticipaba la amarga noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas que se congregaban en ese momento frente al Comando Radioeléctrico de Posadas estallaron en un solo grito de indignación. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Cinco meses pasaron de aquellas jornadas calientes en las que los reclamos salariales de trabajadores estatales misioneros pusieron en jaque la hegemonía tan bien construida a lo largo de más de 20 años por el mandamás Carlos Rovira. El acampe apostado sobre la avenida Uruguay, una de las principales arterias comerciales de Posadas, se levantó el 29 de mayo luego de que el gobierno del Frente Renovador de la Concordia acordara con los representantes de los efectivos policiales y penitenciarios un aumento de alrededor del 60%, además de una amnistía. A mediados de septiembre, sin embargo, ese pacto se rompió: Amarilla y otros siete uniformados fueron arrestados tras ser acusados de los delitos de coacción, sedición y conspiración. El jueves pasado la Justicia les dictó la prisión preventiva.

El magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, cree contar con pruebas suficientes para sostener que los efectivos detenidos, con Amarilla a la cabeza, buscaban complotarse para tomar la Jefatura de Policía de la Provincia. Luego de que un colega alertara a sus superiores acerca de ese supuesto plan, Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto fueron aprehendidos y destituidos de sus cargos a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador Hugo Passalacqua. La investigación judicial no se vincularía con lo ocurrido en mayo, pero en Misiones hace tiempo que prima la incredulidad.

“Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, sostuvo Matías Orrego, familiar de uno de los detenidos, que en diálogo con elDiarioAR denunció que a su hermano “lo incomunicaron por 24 horas sin siquiera dejarle acceder a su abogado”. El sargento Joaquín Orrego habría sido apresado por mensajes que envió a un grupo de WhatsApp de nombre “Solo Cola”. Pero su hermano lo niega y aclara que la acotación la realizó en otro grupo, uno de delegados, donde el efectivo no hizo más que expresar su disconformidad con la propuesta salarial que les había hecho el gobierno. Es que en la mesa de diálogo sospechan de que las órdenes de capturas por parte de la Justicia misionera fueron en realidad una “represalia” por haber rechazado el incremento de solo el 5% que se les ofreció a principio de septiembre.

El supuesto plan de “desestabilización”, como lo calificaron desde un comienzo en los medios locales, llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, el pasado 16 de septiembre. Fue el peritaje hecho a su teléfono celular el que expuso las presuntas intenciones del grupo. En los chats relevados y filtrados a la prensa, se observan mensajes donde se habla de provocar incendios con el fin de forzar la salida de los camiones de bomberos para después tomarlos y así bloquear calles de la ciudad.

Con excepción de Amarilla, todos los efectivos estuvieron alojados hasta la semana pasada en la Alcaidía de la Mujer, ubicada al lado de Comisaría Segunda de Posadas. Una vez que se les dictó la prisión preventiva, fueron trasladados en su mayoría al penal de Cerro Azul, situado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, donde ya se encontraba detenido el principal referente y vocero de la mesa salarial policial. Dato de color: se trata de la misma cárcel de máxima seguridad en la que pasa sus días el exdiputado provincial Germán Kiczka, acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil.

Ramón Grinhauz, abogado defensor tanto de Correa como del vocero Amarilla, anticipó en las últimas horas que buscará apelar la prisión preventiva dictada por el juez Verón sobre sus dos defendidos. El letrado cuenta con un lapso de cinco días para presentar la solicitud en la Justicia, la que, sin embargo, ya rechazó pedidos previos de excarcelación para Amarilla y sus colegas.

Debido proceso en duda

La destitución de los ocho policías acusados de “sedición” y “conspiración” generó preocupación entre diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles en Misiones. La decisión del oficialismo provincial fue formalizada a través del decreto 2084/24 y anunciada el 22 de septiembre en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, expresó Passalacqua a través de un mensaje oficial, escoltado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el titular de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.

Esta semana, a través de un recurso de amparo, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes pusieron la firma y salieron a poner en cuestión el decreto, el mismo que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. En el escrito, al que tuvo acceso elDiarioAR, los letrados argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.

Rivas y Paredes sostienen además que la destitución responde a “represalias” por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales. Y señalan que, pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.

“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, alertan los abogados en otro pasaje de la presentación dirigida al Estado provincial.

El Justicia deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el clima de opinión pública en Misiones se vuelve cada vez más denso.

PL/DTC

“¡Fuerte el aplauso para nuestro conductor, Carlos Eduardo Rovira!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 y un músico que cantaba sobre un escenario improvisado, apostado en la explanada de la Cámara de Representantes, hacía un esfuerzo por advertir a los presentes acerca de la sorpresiva aparición del líder misionero. Acababa de terminar la sesión ordinaria y el conjunto de la plana mayor del oficialista Frente Renovador de la Concordia salía a saludar a su militancia, con el gobernador Hugo Passalacqua en primera línea. Mientras los reclamos salariales de docentes y personal de salud se acrecientan, con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, Rovira decidió tomar la iniciativa y convocar a una marcha “en defensa de la paz y la libertad” que se realizó este jueves frente a las puertas de la Legislatura provincial.

La elección del momento y el lugar no fue para nada casual. Luego de casi dos semanas de una inédita tensión callejera que tuvo en vilo al país, y tras el ansiado acuerdo salarial alcanzado el martes por la policía provincial, la Renovación se trazó una estrategia: “blindar” la sede del palacio legislativo con miles de personas y así evitar que se repitan las imágenes de hace exactamente una semana, cuando cientos de manifestantes tiraron las vallas que rodeaban el edificio y fueron reprimidos con palos y gas pimienta. Bajo el lema “#30M por la paz”, intendentes oficialistas dieron la orden de mover el aparato: militantes y municipales de distintas localidades se acercaron hasta Posadas con la misión de hacer número y, con banderas argentinas y misioneras en sus manos, ocupar uno de los espacios de mayor simbolismo para la fuerza política que conduce el exgobernador Rovira.

Pero la de la Legislatura no fue la única cita que tuvo lugar este jueves en la capital provincial. En paralelo, a unas quince cuadras del barrio de Villa Sarita, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y agrupaciones de profesionales de la salud realizaban una concentración en la esquina de la avenida Uruguay y Trincheras de San José, epicentro del acampe multisectorial que todavía persiste en las cercanías del centro posadeño. “30M por la dignidad”, anunciaba el flyer de la convocatoria que buscó dar cuenta de que los reclamos de los estatales misioneros siguen en pie. Como respuesta a la marcha oficialista, una de sus consignas rezaba: “¡Paz es tener un salario digno!”.

Desde las filas docentes acusan al gobierno de recurrir a “militancia rentada” y de “apretar” a trabajadores del sector público para que asistan al evento organizado por Rovira. “El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, sostuvo esta mañana el vocero de FTEL, Carlos Lezcano, en un diálogo con SomosTelam. Durante la jornada de hoy, las rutas nacionales 12 y 14 fueron los puntos de las protestas por un salario que alcance el monto de la canasta familiar, lo que llevó a que el tránsito se interrumpa en varios de los departamentos de la provincia.

Contraofensiva rovirista

Los reclamos de los gremios docentes más combativos se intensificaron en los últimos días, con manifestaciones que se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio misionero. Una de ellas llegó incluso hasta las puertas del domicilio particular de Rovira, a la vera del río Paraná, lo que encendió las alarmas en las filas del oficialismo. A partir de ese momento, la contraofensiva fue implacable: una vez cerrado el conflicto con la policía, fueron enviados al acampe varios oficios judiciales firmados por el magistrado Ricardo Balor. A través de ellos, se emitió una orden de restricción para que los referentes gremiales no puedan acercarse a menos de 200 metros de la Cámara de Representantes, acusados de ser los instigadores de los hechos de violencia registrados la semana pasada.

Los docentes denuncian que el gobierno provincial no tiene real voluntad de dialogar con ellos y que es por eso que opta por denunciar y restringir la participación de los manifestantes. Hace un mes que los maestros reclaman mejores condiciones laborales y salariales y consideran la acción judicial como un intento de “silenciar” sus demandas y un acto de “criminalización de la protesta”.

Curiosamente, las disposiciones de la Justicia misionera coinciden con las posturas expresadas por referentes del oficialismo provincial. Sin ir más lejos, durante la sesión ordinaria de este jueves, los discursos de los miembros del bloque renovador estuvieron enmarcados en una férrea “defensa de la democracia”, al punto de que un diputado llegó a exhortar a un “Nunca más” a la violencia.

“Más de 40.000 o 50.000 personas se movilizaron de toda la provincia de Misiones para estar hoy en la explanada”, celebró el jefe de la bancada oficialista, Martín Cesino, que hizo mención a “esa gran ciudadanía” presente en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Sin embargo, no se privó de apuntar contra los diputados provinciales del radicalismo que decidieron ausentarse de la sesión. Cesino los acusó de incumplir “con esa gran responsabilidad que nos ha dado el pueblo de la provincia de Misiones”.

Horas antes, el bloque de la UCR había publicado un comunicado para dar cuenta de su posición. “No podemos estar encerrados en un recinto que hace oídos sordos a los reclamos del pueblo trabajador”, rezaba el texto, firmado por todos sus integrantes. Y añadía, a modo de estocada: “El gobierno de la provincia, no conforme con dar la espalda, organiza y financia una movilización, en la que pone la plata que se ve que sí hay para actos partidarios, pero no para los docentes y las escuelas”.

Además de Cesino, una de las diputadas del oficialismo en tomar la palabra fue Anazul Centeno, quien se encargó de hacer una comparación entre los disturbios sucedidos la semana pasada en la Legislatura y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. “Si repudiamos estos actos y los condenamos cuando suceden en otros lugares, también tenemos que hacerlo acá y tenemos que resaltar la gravedad de los hechos”, indicó, efusiva, la legisladora de la Renovación.

Y, en esa línea, continuó: “Estos actos buscan socavar el orden democrático e institucional y son completamente inaceptables en un Estado de Derecho. Así como también lo es que luego de los destrozos realizados aquí, una columna de manifestantes se haya trasladado al domicilio personal del gobernador y, a los días siguientes, a los domicilios de autoridades de esta Legislatura”.

Mientras tanto, desde uno de los palcos, los dos senadores nacionales misioneros que responden al gobierno provincial, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, escuchaban con atención las palabras de los diputados. Sobre ellos se posarán todas las miradas la semana que viene, cuando la Cámara alta deba tratar la dilatada ley Bases y se despeje, a su vez, una de las mayores incógnitas que rondan hoy a la política misionera: el alcance real de ese acuerdo de gobernabilidad que sellaran hace un mes Rovira y Milei.

PL/JJD

“Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”. La frase que Javier Milei pronunciara en enero durante una reunión de gabinete suena a los oídos del presente como una maldición. En medio de las negociaciones por la primera versión de la ley Bases, que luego terminó naufragando en el recinto de Diputados, el Presidente mostraba los dientes y amenazaba a los gobernadores con desfinanciar todavía más a sus ya alicaídas arcas provinciales en su camino por alcanzar su objetivo más preciado: el déficit cero. Cuatro meses después, el conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia de Misiones parece convertir en realidad aquella premonición y abre un interrogante en torno de lo que puede llegar a suceder en otros distritos del país.

El ida y vuelta de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales marcó a fuego el tiempo que lleva Milei al frente del Ejecutivo. A lo largo de su primer medio año de gestión, cada mandatario buscó tender puentes con Balcarce 50 a partir del planteo de demandas particulares, pero con una urgencia en común: la necesidad de recomponer sus ingresos, alcanzados por la motosierra del gobierno nacional. Con el recorte a casi la totalidad de las transferencias discrecionales, la caída en la coparticipación y la eliminación tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como de los subsidios al transporte, la situación social y económica en sus territorios se agravó. No puede se comprender el caso misionero sin contemplar este cuadro de ajuste generalizado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer cuatrimestre de 2024 el monto total de las transferencias no automáticas efectuadas por el Estado nacional a las provincias y municipios se redujo un 89,5% en términos interanuales. A ese escenario se suma el de la sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario, que desde la asunción de Milei registra un 15%, y que tiene a los trabajadores del sector público como los más afectados. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), el ingreso real de un empleado público cayó 21,3%. Un porcentaje de pérdida muy superior al del privado, que tuvo una baja del 11,2%.

Para intentar paliar esas asimetrías, el gobierno de Hugo Passalacqua puso en marcha en marzo la creación de un fondo propio de incentivo docente. El oficialismo provincial hace alarde de que Misiones es una de las pocas jurisdicciones del país que, con recursos propios, “cubre el desfasaje generado por las medidas de la administración central”. Sin embargo, el monto de $28.700 del Fopid, que fue abonado el pasado martes 21, no deja de representar la mitad del extinto fondo nacional, que había sido creado en 1999 y que La Libertad Avanza eliminó de un plumazo.

Así y todo, en la Casa Rosada se desentienden de la suerte que corre por estas horas la provincia de Misiones. Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por policías, maestros y personal de salud configuran un “tema de la provincia” que debe resolver la administración local. “El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”, aseguró Francos, en referencia a la gestión del provincialista Frente Renovador de la Concordia, y detalló que conversó con el gobernador Passalacqua para transmitirle su “apoyo”. “Nos pusimos a disposición”, acotó el funcionario, que hace apenas un mes se reunió en Posadas con el mandatario y su “conductor”, el mandamás Carlos Rovira.

En la misma línea de Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni también debió salir a aclarar este viernes que la administración de Milei “está atenta a lo que pasa, a cómo se desenvuelven los hechos”. Y auguró que el conflicto “se va a resolver” porque “la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”. El día anterior, en tanto, había asegurado que la protesta salarial “es un tema de estricta jurisdicción provincial”. “Los docentes dependen del gobierno provincial, por lo tanto el gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto, que es entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”, sentenció el portavoz durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Pero Misiones no es la excepción a la regla y en los últimos días comenzaron a conocerse reclamos salariales en otros puntos de la Argentina. Uno de ellos es el de los trabajadores judiciales de Mendoza, que decidieron extender el paro que hace dos semanas realizan por mejoras en los salarios y exigen que la Corte Suprema local salga en su apoyo. No sirvió para desactivar el conflicto el aumento del 10% otorgado por decreto por el gobernador radical Alfredo Cornejo, quien es cuestionado por los propios manifestantes por su cercanía política con los jueces locales.

En la ciudad de Rosario, en tanto, los trabajadores municipales realizaron un paro de 48 que luego fue desactivado debido a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La medida de fuerza había iniciado el miércoles y planeaban extenderla hasta el jueves. Horas más tarde, se supo que el Sindicato de Municipales votó por unanimidad aceptar la propuesta de aumento que le extendieron las autoridades. Se trata de una suba del 9% para el mes de abril, 5% en mayo y 4% en junio. Desde el municipio rosarino destacaron que es un incremento “igual la que distintos gremios estatales provinciales, como docentes, médicos y empleados estatales habían convalidado en esta misma semana”.

Sin Pacto de Mayo a la vista, Milei parece encontrarse ante una encrucijada: dejar libradas a las provincias a la buena de Dios o utilizar el poder que le concede el centralismo para disciplinar a los gobernadores a partir de una práctica tan vieja como recurrente: la del “látigo” y la “chequera”. Esta última opción comenzó a ser ensayada en los últimos meses, en el marco de la necesidad oficial de juntar apoyos para aprobar la aletargada ley Bases en el Congreso. En lo que va de 2024, el Gobierno giró discrecionalmente $10.300 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varios mandatarios provinciales considerados afines por la Casa Rosada, entre los que se encuentra el misionero Passalacqua. ¿Qué evitaría que esa “billetera” pueda ser abierta de nuevo en caso de “emergencia política”? Solo el tiempo tiene la respuesta.

PL/JJD

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por trabajadores de la Policía, la salud y la educación en Misiones configura un “tema de la provincia” que debe resolver la administración local. “El gobernador sabe que cuenta con nuestro apoyo”, sostuvo. 

“Conversé con el gobernador, por supuesto, en estos días dos o tres veces. Nos pusimos a disposición. Es un tema al que claramente tiene que buscarle una solución la provincia”, afirmó en una entrevista para Radio Rivadavia sobre el diálogo abierto con Hugo Passalacqua. 

En la misma línea, aclaró: “El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”.

“En función de que hay un reclamo policial y que un sector de la Policía paró, la ministra (Patricia) Bullrich inmediatamente se puso a disposición con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en algún lugar donde no esté la Policía presente, pero no ha hecho falta”, reveló el funcionario. 

En el mismo sentido, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz Manuel Adorni consideró que el Gobierno nacional “no puede interferir en las negociaciones de Misiones. Entendemos que el conflicto se va a resolver y que la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”, vaticinó el vocero de la gestión Milei.

Sigue la tensión en Misiones

En medio del reclamo salarial que tiene en vilo a Misiones, un numeroso grupo de docentes se dirigió en la noche de este juevss hasta la casa del gobernador Hugo Passalacqua, y se enfrentaron a los policías que buscaron impedir que vandalizaran el edificio.

La Infantería se hizo presente para custodiar la vivienda y lograron controlar la situación después de horas de máxima tensión.

Un rato antes de este episodio, los docentes intentaron ingresar a la Legislatura y allí también la autoridad policial empleó gases. 

Los casos de violencia se originaron después del rechazo de la Policía local a la oferta de un 30% de aumento, ya que exigen que sea del 100%. Tras una decisión unánime, decidieron que van a seguir acampando. El conflicto ya se extiende una semana.

“Nuestros gobernantes tienen la capacidad y las condiciones para incrementar ese porcentaje”, dijo uno de los efectivos retirados a la prensa, y siguió: “Hay falta de sensibilidad por parte de nuestro superior”. 

Luego habló el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien advirtió que desplazarán a los policías que participen de las protestas. “La sublevación es inadmisible y está fuera de la ley. No pueden utilizar bienes del Estado para protestar”, afirmó en declaraciones radiales.

Francos y los rumores sobre el Gabinete

En otro pasaje de la entrevista, Francos planteó que continuará en funciones hasta que el presidente Javier Milei lo solicite. Sus dichos llegan luego de que el mandatario asegurara que, tras la sanción de la Ley Bases, todos sus colaboradores estarán en análisis. 

“Son todas versiones. No hay que detenerse en esos temas. El Presidente fue muy claro, dijo que hay una primera etapa de Gobierno que culmina con la aprobación de la ley Bases y que comienza otros que tendrá nuevos objetivos y cuál va a ser el mejor equipo”, aclaró, y agregó: “Le resto importancia a las versiones y sigo en mi tarea hasta que el Presidente me diga”. 

Según el funcionario nacional, “el presidente tiene todo el manejo de su equipo y resuelve cuando le parece”. 

El futuro de la Ley Bases

Asimismo, el titular de Interior, encargado de negociar con los gobernadores y legisladores, vaticinó la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Senadores y responsabilizó al Congreso de los movimientos del dólar paralelo y la suba del riesgo país. 

“Cuando uno demora sancionar una ley tan importante, en una situación difícil de los mercados, todos estos efectos y discusiones se hacen sentir y reflejan en esto de los bonos, las acciones argentinas, y en función de eso sube un poco el riesgo país, la gente pasa del peso al dólar, pero es algo transitorio. Pero estos movimientos financieros se acomodan cuando se acomoda la macro”, indicó. 

Por último, planteó que el oficialismo, con siete senadores, apela a avanzar en las negociaciones con la oposición dialoguista para construir una mayoría que respalde el nuevo proyecto, y cuestionó al bloque peronista de “boicotear” y no apoyar la ley. 

“Somos un bloque de siete senadores, contamos con el bloque de aliados para que nos apoyen, sabemos que hay otro bloque que no acompaña, el tema es si se juntan la mayoría para hacerlo. Creo que la vamos a juntar”, concluyó Francos.

Con información de agencias.

IG

Bajo una tenue lluvia, a ritmo lento pero a paso firme, cientos de docentes y trabajadores de la salud de Misiones se movilizaron este jueves por las calles de Posadas rumbo a las puertas de la Cámara de Representantes, en el barrio de Villa Sarita. Se cumplía una semana del inicio de un conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia mesopotámica gobernada por el Frente Renovador de la Concordia y al grito de “¡100%! ¡100%!” la columna multisectorial llegaba a las inmediaciones de la Legislatura pasadas las 18, con el fin de hacer escuchar su reclamo por una recomposición en sus ingresos que les permita recuperar algo de lo perdido tras meses de altísima inflación.

La de este jueves no fue la primera, pero sí la más multitudinaria de las tres convocatorias que se llevaron a cabo frente a la Legislatura en el último mes. Y se trató, además, de la jornada de mayor violencia desde el comienzo de las protestas en la provincia. Es que, pese a que el gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que pudieran ser nuevamente tiradas, los desmanes volvieron a repetirse: cerca de las 19, un importante número de manifestantes ingresaba al playón principal de la Cámara, lo que motivaría a las fuerzas de seguridad a arrojar gas pimienta de manera indiscriminada. Minutos más tarde, otro grupo se trasladaba a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, ubicada en pleno centro posadeño, donde también se producirían incidentes.

“Yo solo se trabajar con la tiza y el pizarrón. Yo no sé trabajar con escopeta y gas pimienta. Solo sé tomar la mano de un niño para enseñarle a cruzar la calle, pero igual no les tengo miedo”, se lamentaba una maestra, megáfono en mano, minutos después de los disturbios, todavía en shock. Junto a ella, una bandera que rezaba, sugestiva: “El problema es provincial”.

La marcha había partido a las 17 de la esquina de Uruguay y Trincheras de San José, epicentro de las protestas del conjunto de la administración pública misionera que, desde el viernes 16, se encuentra movilizada a lo largo y a lo ancho de la provincia. El reclamo cobró impulso y repercusión nacional a partir del acampe policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, que hoy se extiende por varias cuadras y al que se suman cada vez más sectores en lucha.

Pero los reclamos trascienden los límites de la capital provincial. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las vías principales de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los gremios más combativos desconocen por insuficiente el trato alcanzado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), que firmaron con el gobierno un acuerdo para llevar el sueldo inicial de un maestro a $400.000. Lo mismo ocurre con el sector de la salud, cuyos trabajadores se muestran disconformes con el acuerdo de un 28% de aumento salarial obtenido esta semana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Violento e intimidatorio”

Mientras afuera tenía lugar uno de los momentos más tensos que se hayan vivido en Misiones en los últimos tiempos, la cuarta sesión ordinaria del año en la Cámara de Representantes transcurría con normalidad. Solo debió interrumpirse por algunos minutos, cuando los diputados opositores del radicalismo, al percatarse de los sucedido, se ausentaron del recinto en solidaridad con los docentes reprimidos. Pero el que no se movió de su banca fue el exgobernador, Carlos Rovira. El líder indiscutido del oficialismo provincial permaneció en silencio durante las dos horas que duró el trámite legislativo —la última vez que habló en público fue el 9 de noviembre del año pasado, durante una visita de Sergio Massa previa al ballotage.

Sin embargo, en quien sí recayó la responsabilidad de hacer explícito el repudio de la Renovación a la protesta policial fue en la diputada Anazul Centeno. A partir de dar a conocer una declaración firmada por el conjunto del bloque oficialista, Centeno sostuvo que la asonada en realidad es llevada adelante por “un pequeño grupo” de uniformados. Y condenó el accionar de aquellos efectivos activos y retirados que se encuentran frente al Comando al calificarlo de “violento e intimidatorio”.

“Están ocasionando disturbios, perturbando el orden público y la tranquilidad de las familias misioneras”, añadió la diputada oficialista. Y en el que fue uno de los tramos más fuertes de su discurso, apuntó: “Ni siquiera voy a adentrarme en los daños que se están ocasionando en los bienes públicos, desde el asfalto hasta el transporte de pasajeros, e incluso también en las ventas de los comercios de la zona, en esto que constituye un acto de sedición”. En la transmisión oficial, mientras Centeno hablaba, una placa detallaba el supuesto costo de la rebelión policial: $10 millones por día.

Pero las palabras de la diputada no fueron las primeras en exponer la estrategia marcadamente confrontativa tomada por el gobierno provincial. Este jueves, en el Concejo Deliberante de Posadas, el oficialismo intentó votar una ordenanza anti-protesta, que sin embargo resultó en un contundente rechazo por parte de la mayoría de los ediles que se encontraban presentes.

El proyecto buscaba repudiar las manifestaciones con el argumento de que afectan a instituciones y actividades comerciales. Y además, al igual que lo hiciera la diputada Centeno durante la sesión en la Legislatura, se acusaba a quienes realizan las protestas de cometer delitos graves como sedición y destrucción de propiedad del Estado.

A comienzos de semana, la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, sobre la avenida Uruguay. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió en ese momento el vocero de la policía, Ramón Amarilla, quien este jueves encabezó una nueva negociación infructuosa con autoridades provinciales.

El gobierno ofreció un 30% como “máximo esfuerzo”, lo que fue rechazado por los delegados policiales. “Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, sentenció Amarilla en la tarde de ayer. La mesa de diálogo continúa, pero cada día que pasa los ánimos se caldean un poco más en la tierra colorada.

PL/JJD

El conflicto salarial entre los trabajadores estatales misioneros y el gobierno de Hugo Passalacqua parece estar lejos de llegar a su fin. Este miércoles, en el sexto día de reclamo multisectorial, un importante grupo de médicos y enfermeros irrumpieron en el edificio del Ministerio de Salud provincial para exigir una nueva mesa de diálogo con el titular de la cartera, Héctor González, y el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán, en disconformidad con el acuerdo de un 28% de aumento salarial firmado ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las autoridades provinciales.

“Nosotros exigimos un 100% de aumento para recuperar la pérdida del valor adquisitivo que dejó la inflación en los últimos meses”, sostuvo el dirigente gremial y referente de la protesta, Jorge “Koki” Duarte, en diálogo con La Voz de Misiones. El gremialista aseguró que “el acta viola la carrera sanitaria” por algunos de los aspectos que se plantea en cuanto al “pase a planta permanente después de dos años de contrato”.

El personal de salud es apenas uno de los sectores que están movilizados en Misiones para exigir una recomposición en sus ingresos. Efectivos de la policía y docentes están a la cabeza de los reclamos, con un acampe en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico de Posadas, convertido desde el viernes en el epicentro de las protestas. Todo exigen un aumento del 100%, porcentaje alejado hasta el momento de lo ofertado por el oficialismo provincial encabezado hace dos décadas por el Frente Renovador de la Concordia que lidera el exgobernador Carlos Rovira.

Tras cinco días de marcado hermetismo, a última hora de este martes, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, hizo las veces de vocero y concedió una conferencia de prensa en la que sostuvo que el incremento salarial establecido para la administración pública misionera implica “un esfuerzo enorme” para las arcas de la provincia, que ya otorgó tres aumentos en los últimos cuatro meses. “Es lo que se puede dar”, enfatizó el ministro, sin precisar porcentajes. Y detalló que para afrontar el gasto que implica esa suba, se dejarán de hacer hospitales y obras de asfalto que ya estaban planificadas.

“Trabajamos para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, añadió el ministro Pérez, en respuesta a los dichos del vocero policial, quien el lunes había sostenido durante una de sus intervenciones que, si no hay un arreglo, la provincia “se va a incendiar”.

Ayer también se supo que la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, que se extiende a lo largo de más de cuatro cuadras sobre la avenida Uruguay de la capital provincial. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió este martes el vocero Amarilla, al tomar el micrófono ante los manifestantes.

Los policías decidieron continuar con la protesta, pese a que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción N°6 de Posadas, ordenó que sean entregados los 18 vehículos. “Hemos expresado oportunamente al doctor Balor, que los vehículos están a disposición de la Jefatura de Policía”, sostuvo, por su parte, Germán Palavecino, otro de los voceros del reclamo policial.

En ese sentido, Palavecino insistió que no se trataría de una “entrega” ya que sostiene que ningún momento los secuestraron. “Que traigan a la persona calificada para conducir esos vehículos y que los lleven. Nosotros somos auxiliares de justicia, nuestro primer compromiso es con la sociedad y en esos términos nos hemos presentado”, apuntó.

Durante su conferencia de prensa de este martes por la noche, el ministro Pérez aclaró que, si bien el reclamo policial se mantiene en pie, “el servicio de seguridad está garantizado en la provincia”. Y que agregó que “está bien protestar, es un derecho constitucional, pero es incorrecto hacerlo de una manera ilegal y legítima y apoderándose de bienes de todos los misioneros”. 

La postura de Pérez coincide con la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante una entrevista televisiva sostuvo que “la policía no puede ser piquetera”. “No se pueden robar patrulleros ni autos de criminalística. Es inadmisible. Por eso enviamos fuerzas federales”, indicó la dirigente, en referencia a la decisión tomada el sábado por el comité de crisis conformado por el autoridades provinciales y del Ministerio de Seguridad de la Nación. El domingo por la mañana llegaron gendarmes y prefectos a las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, lo que generó algunas escenas de violencia. Finalmente, la opción represiva fue descartada y el gobierno provincial volvió a abrir la mesa de diálogo.

PL/DTC

Los días pasan y el clima de conflictividad social no deja de crecer en la provincia de Misiones. Luego de un fin de semana colmado de expectativas por el posible anuncio de un aumento salarial para el conjunto de la administración pública por parte del gobierno de Hugo Passalacqua, lo que finalmente se limitó a un escueto comunicado en redes sociales, la manifestación multisectorial de los estatales misioneros persiste sobre la avenida Uruguay, en la ciudad de Posadas. Efectivos de la policía, docentes y personal de salud acampan en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico, convertido desde el viernes en el epicentro de las protestas.

“No le pedimos nada fuera del lugar, sino que un agente gane el límite de la canasta familiar”, expresó este martes al mediodía el vocero de los policías y penitenciarios, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, quien se convirtió en uno de los referentes del reclamo por un incremento salarial que recomponga el poder adquisitivo perdido en los últimos meses debido a la alta inflación. “Queremos el 100% sí o sí”, enfatizó el representante policial. Ayer, tras una nueva reunión fallida con funcionarios del gobierno provincial, Amarilla rechazó la oferta del 20% al calificarla como “una falta de respeto” y se despachó con una frase que generó controversia: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

La tensión en torno a la negociación salarial de los estatales misioneros jaquea al Frente Renovador de la Concordia. Lejos todavía de una crisis política, en Misiones llama la atención el silencio de buena parte de la plana mayor del Ejecutivo provincial, liderado hace más de dos década por el exgobernador Carlos Rovira. Un hermetismo que es funcional a la proliferación de rumores de toda índole, que van desde posibles cambios de nombres en las filas del gabinete hasta supuestos viajes al exterior realizados en las últimas horas por funcionarios de primera línea del gobierno.

En esa línea, uno de los principales blancos de las críticas del vocero Amarilla es el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. “Lo más grave es que nunca dio la cara”, lanzó el representante de la policía en referencia al funcionario que está al frente de la política de seguridad en la provincia. Sin embargo, a última hora de este martes, Pérez le abrió el juego a los medios locales al conceder una conferencia de prensa en la que sostuvo que el incremento salarial establecido para la administración pública misionera implica “un esfuerzo enorme” para las arcas de la provincia. “Es lo que se puede dar”, enfatizó el ministro, sin precisar porcentajes. Y detalló que para afrontar el gasto que implica esa suba, se dejarán de hacer hospitales y obras de asfalto que ya estaban planificadas.

“Trabajamos para que haya paz social y orden. No creo que Misiones se esté incendiando realmente. Hoy he recorrido la ciudad como lo hacemos muchos de ustedes y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando”, añadió el ministro Pérez, quien el sábado, a través de un video publicado en redes sociales, había sido el encargado de anunciar que el comité de crisis conformado por el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, había decidido utilizar a las fuerzas federales para dispersar la protesta. El domingo por la mañana llegaron gendarmes y prefectos al lugar, lo que generó algunas escenas de violencia. Finalmente, la opción represiva fue descartada por el oficialismo.

Pero Posadas no es el único punto en el que tienen lugar las protestas. Los cortes de ruta se extienden a lo largo y a lo ancho de Misiones. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las principales vías de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los maestros llegaron temprano a ese punto de encuentro, en donde permanecieron hasta las 17.30. Tras casi 10 horas de corte total, decidieron trasladar su reclamo a intersección de las avenidas Uruguay y Trincheras de San José, a una cuadra del Comando Radioeléctrico, para montar un campamento similar al de la policía a partir de esta noche.

“Llamamos a los docentes de capital y zonas aledañas a concentrar a las 19 en la avenida Cabred, para realizar esta marcha blanca que atravesará el acampe policial y realizará su propio acampe en cercanías del otro”, anunció, a través de su canal de WhatsApp, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL). Ayer, la mayoría de los gremios desconocieron por insuficiente el acuerdo firmado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP) que lleva el sueldo inicial de un maestro a $400.000.

Por su parte, otro de los sectores que se había sumado a la protesta este martes era el de los guardaparques provinciales. Sin embargo, luego de una negociación, firmaron un acta de acuerdo con el Ministerio de Ecología para discutir una recomposición salarial el próximo miércoles 29.La reunión se llevó a cabo esta tarde y contó con la presencia del subsecretario de Ecología, Facundo Daniel Ringa, y el jefe del cuerpo de guardaparques y vocero del reclamo, Jorge Bondar.

En el texto consensuado, al que tuvo acceso elDiarioAR, la cartera ecológica se comprometió a ejecutar las acciones necesarias para que los trabajadores perciban “el total de los adicionales establecidos por decreto reglamentado por el cuerpo de guardaparques”, como así también “reiterar los retroactivos correspondientes”. Un halo de esperanza en un mar de incertidumbre.

PL/JJD

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros del reclamo policial que por estas horas mantiene en vilo a la provincia de Misiones, anticipaba la noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas congregadas en el Comando Radioeléctrico de Posadas, el epicentro de las protestas por mejoras salariales del conjunto de los estatales misioneros, estallaron en un solo grito de indignación. La propuesta apenas superaba el 15% de aumento que el oficialismo había puesto sobre la mesa ayer. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Desde el viernes por la madrugada que el tránsito frente al comando, ubicado sobre la avenida Uruguay de la capital provincial, se encuentra completamente cortado. Con el correr de los días, un grupo cada vez más numeroso de empleados públicos comenzó a llegar al lugar para reclamar por una recomposición de sus ingresos que supere la inflación de los últimos meses. Tanto docentes como trabajadores de la salud arribaron desde distintos puntos de la provincia para exigir un 100% de aumento, reclamo que es desoído hace semanas por el gobernador Hugo Passalacqua.

Ni el frío ni la lluvia, que cayó persistentemente sobre Posadas en las últimas horas, lograron dispersar la manifestación pacífica de los trabajadores de la administración pública de Misiones, que este lunes esperaron el anuncio prometido por el gobierno del Frente Renovador de la Concordia, liderado por Carlos Rovira, que finalmente se limitó a la publicación en redes sociales de un escueto comunicado autocelebratorio, sin mayores precisiones.

“Vamos a seguir acá hasta que nos den algún tipo de solución”, le dijo a elDiarioAR una maestra de la ciudad de Eldorado, que desde el sábado permanece en el corte. Muy cerca suyo, un cartel resume a la perfección el pedido de ella y de sus colegas: “Se mata un buen docente sin un sueldo decente”. Mientras que un agente de policía cobra de bolsillo $467.000, un docente recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad $394.000. Este mediodía, la mayoría de los gremios desconocieron por insuficiente el acuerdo firmado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP) que lleva el sueldo inicial de un maestro a $400.000.

El momento más tenso del fin de semana tuvo lugar el domingo por la mañana, cuando efectivos de gendarmería y prefectura se apersonaron en las inmediaciones del Comando Radioeléctrico. Fue después de que el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, anunciara el sábado que el comité de crisis conformado por el gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, había decidido enviar fuerzas federales para dispersar la protesta. Tras algunas escenas de empujones y golpes que duraron pocos más de media hora, la opción represiva fue finalmente descartada por Passalacqua y volvió a abrirse la mesa de diálogo. 

A partir de una denuncia del propio oficialismo provincial, la Justicia había ordenado el viernes que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición. Poco importó que los propios efectivos se encargaron de mostrarle al juez de turno, Ricardo Balor, que las instalaciones del comando se encontraban en funciones y que en realidad no hubo acuartelamiento alguno.

“Esto no se arregla con palos, se arregla con diálogo. Le digo a las autoridades de Nación que vinieron a reprimir a nuestra gente que no se van a llevar nada barato de los misioneros”, sostuvo, a última hora del domingo, el vocero Amarilla luego de la reunión que mantuvieran en la Jefatura de Policía con representantes del gobierno. “Si vuelven con esa situación de agresión a nuestros docentes, a nuestros profesionales de salud, a nuestros colegas penitenciarios o a la familia policial, van a tomar palo de los misioneros”, lanzó, efusivo, durante un álgido discurso frente al comando, ante las cientos de personas que se encontraban en el lugar.

Durante su alocución, megáfono en mano, Amarilla se refirió también al ministro Pérez, quien en una entrevista con Infobae amenazó con “detener a los cabecillas” de la movilización, entre los cuales se encuentran él y Germán Palaveccino, otro de los voceros designados. “Pidió nuestras cabezas”, señaló, mientras los manifestantes concentrados a su alrededor pedían a gritos la renuncia del titular de la cartera de Gobierno.

Sin embargo, un halo de esperanza se dibujó en los rostros de los presentes cuando el vocero policial mencionó que hubo un “principio de entendimiento” con el gobierno, pese a que, acto seguido, aclaró que todavía no se había llegado a un acuerdo. Amarilla anunció que la discusión salarial pasaba a un cuarto intermedio hasta hoy a las 13. Y se atajó, como previendo la nueva frustración ocurrida este lunes: “No voy a crear falsas expectativas, somos respetuosos de ustedes. Lo que nos propusieron no se acerca a lo que pretendemos, por esa razón no se ha firmado ningún acta”.

El acuerdo que podría haber alcanzado la policía era esperado con expectativas por el resto de los trabajadores estatales. Apostaban a que se convierta en una “paritaria” testigo y que el número que se decidiese repercutiera sobre el resto del sector público misionero. “El Gobierno cerró unilateralmente el diálogo: ellos van a hacer un anuncio, sin que tengamos la oportunidad de ver dónde piensan poner el dinero y qué dinero van a poner”, había dicho esta mañana, durante una entrevista radial, la dirigente Estela Genesini de la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), gremio que protagonizó este lunes distintos cortes de ruta. Los días pasan y el clima de conflictividad social no deja de crecer en la provincia mesopotámica.

PL

“¡Rovira, compadre, la cosa está que arde! ¡Rovira, compadre, la cosa está que arde!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 de este jueves y el clima comenzaba a caldearse entre los docentes que se concentraban frente a la Cámara de Representantes de Misiones, en el barrio posadeño de Villa Sarita. Puertas adentro, sin embargo, la sesión transcurría con total normalidad. Hasta que un hecho encendió las alarmas de los legisladores presentes en el recinto: un grupo de maestros decidió pasar a la acción directa y correr las vallas que impedían el paso al playón principal del palacio legislativo, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y una abrupta suspensión del orden del día.

Los cánticos con referencias explícitas a la figura del exgobernador y líder del provincialista Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, no eran nada casuales. Su presencia en la Legislatura no pasa desapercibida para nadie, a pesar de haber dejado el gobierno formal de la provincia hace más de 15 años y que, desde diciembre, ocupa una banca como diputado raso, luego de desistir de postularse una vez más como presidente de ese cuerpo unicameral. Rovira llegó al poder de Misiones en 1999, pero el costo político de la crisis social que tenía por delante lo terminó por pagar su mentor, el fugaz presidente Federico Ramón Puerta. Dos décadas más tarde, la historia parece repetirse, pero con una diferencia: ahora está únicamente él en el centro de todas las miradas.

Con asambleas permanentes y cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, hace semanas que los docentes reclaman por una mejora salarial del 100% que les permita recomponer mínimamente sus ingresos y salir de la situación de indigencia a la que fueron empujados en los últimos meses por el ajuste llevado adelante por Javier Milei. Un pedido desesperado que no obtiene respuesta oficial y que llevó a varios de ellos incluso a hacer huelga de hambre. Además de en la Legislatura, las manifestaciones también se replican en la Plaza 9 de Julio, donde todos los días tienen lugar marchas para solicitar alguna respuesta por parte de las autoridades.

“Somos los peores pagos en el país”, se lamenta María, una docente posadeña con más de diez años de antigüedad, que pide abiertamente por la presencia del actual gobernador Hugo Passalacqua. En diálogo con elDiarioAR, comenta que un docente misionero recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad “apenas llega a los $394.000”. La situación es tan dramática que muchos no pueden dar clases debido a que el dinero no les alcanza para pagar el transporte hacia la escuela. “Es eso o no comer”, comenta Dolly, una docente de la ciudad de Oberá que critica el accionar del gremio Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), al que acusa de “estar con el poder” y de ser el responsable de las infructuosas negociaciones con las autoridades.

Fuego policial

Pero los trabajadores de la educación no son los únicos que se encuentran movilizados por las calles de Posadas. En las últimas horas, también se sumaron los profesionales de la Salud y un actor que demuestra que la situación se vuelve cada vez más delicada para el gobierno provincial: la Policía de Misiones. En la madrugada del viernes, un grupo de efectivos iniciaron una protesta frente al edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado sobre la Avenida Uruguay de la capital provincial. Quemaron cubiertas e interrumpieron el tránsito, una medida de fuerza a la que luego se sumaron efectivos retirados que, desde el lunes y hasta ayer, acamparon frente a la Jefatura de Policía sin obtener respuestas. 

A partir de una denuncia del propio gobierno provincial, la Justicia ordenó esta mañana que se desaloje el edificio policial por supuesto delito de sedición y pidió colaboración a Gendarmería para llevar adelante la tarea. El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se hizo eco del pedido del ministro de gobierno local, Marcelo Pérez, y anunció la convocatoria a un comité de crisis que a última hora del viernes le otorga al gobierno provincial la facultad para reprimir el reclamo. Poco importó que los voceros policiales se habían encargado de mostrarle al juez de turno, Ricardo Balor, que las instalaciones del comando se encontraban en funciones y que en realidad no había toma alguna.

“La familia policial suele tener en sus madres a docentes y lo de anoche en la Legislatura fue un detonante”, aventuraba una fuente al tanto de los entretelones del conflicto. La misma le hizo saber a elDiarioAR acerca de una denuncia por supuestas “represalias” a algunos de los manifestantes que fueron “reasignados a puntos insólitos de la provincia, de un viernes a un lunes”. Y apuntó que el recrudecimiento de la protesta se debió a que el gobierno provincial “tomó como una señal de debilidad en vez de como una señal de buena voluntad” el levantamiento del acampe.

Este lunes 20 de mayo será un día clave en vistas a algún tipo de resolución de los conflictos que cruzan por estas horas a Misiones. Es que el gobernador Passalacqua, según fuentes consultadas por este medio, estaría planeando anunciar un aumento salarial que abarcaría a gran parte de la administración pública. La mesa de diálogo con los docentes, convocada para este lunes, podría ser la instancia elegida por el oficialismo provincial para hacer su propuesta formal, que incluiría también a policías y trabajadores del servicio penitenciario, además de personal de Salud Pública y Vialidad Provincial, entre otros. El porcentaje de la oferta, según trascendidos, podría rondar el 20%.

Pragmatismo misionerista

La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) golpeó duro a la docencia misionera, lo que motivó al gobierno provincial a anunciar su propio fondo provincial. La Renovación —como se conoce popularmente al espacio que gobierna la provincia desde el 2003— se encarga de hacer alarde de que Misiones es una de las pocas jurisdicciones del país que, con recursos propios, “cubre el desfasaje generado por las medidas de la administración central”. Sin embargo, el monto de $28.700 del FOPIP, que será abonado el próximo martes 21, no deja de ser la mitad de lo que hubiese representado el FONID, que había sido creado en 1999 y que la Casa Rosada ya dio por extinto —pese a que le liquidó a Misiones $1.476 millón de lo adeudado.

Ante ese panorama, sin embargo, la bajada de línea de Rovira a su tropa fue tan audaz como pragmática: evitar por todos los medios salir a criticar al gobierno de Milei. “Ir a la Corte para reclamar por los recortes de la Nación, no alcanza, no sirve”, fueron las palabras pronunciadas por el “conductor” de la Renovación en un encuentro a puerta cerrada con dirigentes, a principios de abril. Durante ese cónclave, Rovira dio rienda suelta a su característico instinto de supervivencia al dejar en claro que sus funcionarios no deben quedarse en la queja sino que deben “pasar a la acción” con iniciativas propias. 

La estrategia consiste, a fin de cuentas, en mimetizarse lo máximo posible con la ola violeta que acaparó a Misiones el año pasado, cuando Milei obtuvo el primer lugar en las tres instancias electorales. Es por eso que las usinas oficialistas subrayan las supuestas coincidencias entre la Renovación y La Libertad Avanza en lo que hace al carácter “liberal” de las medidas económicas llevadas adelante por la provincia, con el “equilibrio” de las cuentas públicas como bandera. Un relato por demás curioso a la luz de que la presión impositiva misionera es una de las más altas del país.

Fue la visita que el ministro del Interior, Guillermo Francos, realizó a la provincia a mediados de abril la que terminó de cerrar el círculo. El funcionario nacional se reunió con Rovira y selló un pacto que fue más allá de un mero acuerdo de gobernabilidad: el jefe de la Renovación se aseguró poder contar con candidaturas “libertarias” propias en las elecciones legislativas de 2025. Así lo dio a entender la llamativa presencia del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los encargados del armado electoral nacional que delinea Karina Milei de cara a los comicios del año próximo.

Del encuentro —que también incluyó, según fuentes renovadoras, una comunicación telefónica en la que el propio Milei habría admitido no estar interesado en disputarle el poder a Rovira en su territorio—, el ministro Francos se llevó el compromiso de que los diputados y senadores que le responden votarían a favor tanto de la ley Bases como del paquete fiscal. ¿La contrapartida? Que el gobierno nacional desembolse los fondos adeudados para reactivar la obra pública suspendida, que equivaldría a $20.000 millones y que recién llegaría en el segundo semestre del año, según precisó el ministro de Hacienda local, Adolfo Safrán.

En La Libertad Avanza niegan la existencia de una práctica de “látigo y chequera” en el marco del debate legislativo. Sin embargo, el 26 de abril, apenas cinco días después de la visita libertaria a la tierra colorada, la Casa Rosada le giró a Misiones $1.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Guiño que no tardó en dar sus frutos: el 30 de abril, los representantes “misioneristas” en la Cámara Baja acompañaron la aprobación de la media sanción de la ley Bases, gesto que en Balcarce 50 esperan que sea replicado por los dos legisladores que responden a Rovira en el Senado. Fluido “toma y daca” cuyos beneficios parecen estar lejos de reflejarse en el bolsillo de los empleados públicos misioneros.

PL/MG

La Argentina sufre el peor brote de dengue de la historia: más de 180.000 casos, casi 400 de ellos considerados graves, y 129 muertes entre 2023 y 2024 en al menos 19 de las 24 jurisdicciones del país. Después de que el gobierno de Javier Milei le echara la culpa a su antecesor, Alberto Fernández, el actual ministro de Salud, Mario Russo, rompió el silencio en las últimas horas y admitió que en plena epidemia existe un “cuello de botella” en la provisión de repelentes para combatir al mosquito, sin ofrecer ninguna solución más que la de la regulación libre del mercado.

El funcionario de la gestión libertaria, que se jacta de aplicar la motosierra y achicar el Estado para lograr el superávit fiscal y que baje el dólar, dijo que la vacuna “no es de utilidad” para mitigar el brote de la enfermedad; que la que aprobó la ANMAT “ha superado la fase 3 y se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años”, y que quieren “recabar datos finales de fase 4, en Argentina y Brasil” para recién ahí ver en qué regiones y grupos etarios sería útil aplicarla.

Frente a la prudencia excesiva de Russo —de quien el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que está haciendo “un trabajo exquisito”— algunos gobernadores han salido en las últimas horas a mostrar acciones concretas contra la epidemia. Buscan contrastar con gestión y presencia del Estado a la aparente inacción del Ministerio de Salud de la Nación y la retórica del ajuste, que el gobierno de Milei convirtió en algo positivo.

Uno de ellos es el radical Maximiliano Pullaro, quien anunció que Santa Fe va a invetir $2.000 millones en Salud “para producir más medicamentos para todos los santafesinos”. Lo aseguró este miércoles en el marco de una conferencia de prensa junto con la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Dijo que con esa plata se finalizará la obra de una planta de antibióticos del laboratorio provincial, que está paralizada desde el año 2022.

En ese marco, aludió a la estrategia de su gobierno para hacerle frente al brote de dengue, garantizando la atención en la salud pública e incrementando la producción de repelente en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que es público. En dos semanas, dice la información oficial, “se elaboraron 22.539 unidades de repelente, con un ritmo de producción diaria de 2.720 frascos por día, que se sostiene a partir de un incremento del 50% del tiempo de producción en la planta del LIF”.

“Al menos acá, en la provincia de Santa Fe, hay empresas públicas que son eficientes. Por eso los santafesinos seguimos apostando a lo público y a mostrar que cuando se administra de manera correcta, el Estado también puede ser eficiente”, subrayó Pullaro, marcando un contraste directo con el discurso y la política del gobierno de Milei.

Al menos acá, en la provincia de Santa Fe, hay empresas públicas que son eficientes. Por eso los santafesinos seguimos apostando a lo público y a mostrar que cuando se administra de manera correcta, el Estado también puede ser eficiente

Maximiliano Pullaro — gobernador de Santa Fe (UCR)

En todo 2023, el Laboratorio provincial produjo 82.873 frascos de repelente. En casi 5 meses se espera alcanzar el 75% de esa producción; y llegar a duplicarla durante 2024, dice la información gubernamental.  

Vacunación gratuita en Misiones para personas de 20 a 59 años

“¡Somos pioneros en el país en vacunación contra el dengue!”, posteó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en su cuenta de Twitter (X). El mandatario subrayó que “con recursos propios” Misiones emprendió hace ya casi tres meses una campaña de vacunación gratuita y voluntaria. “Los misioneros y misioneras de entre 20 y 59 años pueden vacunarse con turnos programados y con posterior seguimiento para la aplicación de la segunda dosis”, dijo el gobernador del Frente Renovador de la Concordia, un espacio que gobierna la provincia desde 2003.

Passalacqua indicó que la campaña de vacunación es una de las acciones “de una batería de medidas frente a la crisis más aguda de este virus que se recuerde, dentro del Plan Estratégico de Abordaje Integral del Dengue 2023/2027”. Y, a diferencia del ministro Russo, dijo que “la vacuna es una exitosa herramienta de protección de la salud”.

Al respecto, cabe recordar que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) le aconsejó al Gobierno nacional que se use la vacuna tetravalente japonesa Qdenga, aprobada por la ANMAT, de manera focalizada en algunas zonas endémicas del país y segmentada por grupos etarios. Russo, en cambio, dijo que esperarán los resultados de la fase 4.

Al igual que la vacuna contra el COVID-19, la vacuna contra el dengue no impide la infección pero sí el desarrollo de la forma grave de la enfermedad, que puede derivar en la hospitalización y la muerte. Para impedir la infección sigue siendo de vital importancia mantener vacíos los recipientes que puedan acumular agua y usar repelente.

Además de Misiones, Salta también viene dando desde el Estado la vacuna en algunas localidades y Corrientes compró recientemente 200.000 dosis. Otras provincias del norte podrían sumar acciones en los próximos días.

¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires?

Sobre la vacuna contra el dengue, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que “es segura porque genera menos daño que la propia enfermedad o tiene los efectos adversos habituales de una vacuna, y eficaz porque ha demostrado que aplicada en un grupo bajo un ensayo fase 3, efectivamente le disminuye el riesgo de enfermarte y, sobre todo, de tener una enfermedad grave.

En diálogo con la radio Rock&Pop, Quirós destacó: “La ANMAT la aprobó, sabemos que esa seguridad y esa eficacia está demostrada en niños y adolescentes, que es donde se hizo el trabajo y se pueden proyectar esos resultados a los adultos jóvenes, incluso hasta los 60 años, porque tienen un comportamiento biológico similar. No conocemos con claridad si ese efecto se mantiene después de los 60 años”.

Acerca de cómo seguirá el brote del dengue en la Ciudad dijo que “probablemente, queden unos días porque todavía hay mosquitos adultos que van a sobrevivir unos días más, pero ya los huevos, con estas temperaturas, bajan sensiblemente la cantidad que pasan a adultos, hacen el ciclo completo”.

En ese marco, el diputado de Unión por la Patria por la Ciudad y excandidato a jefe de Gobierno de ese espacio, Leandro Santoro, protestó por lo que considera falta de respuestas contra el dengue en este distrito: “Salta, Misiones y Corrientes ya compraron vacunas. Brasil está vacunando durante el brote y la tasa de letalidad es 3 veces menor que en nuestro país. ¿Que espera Jorge Macri? En CABA no se consigue ni repelente. Los votaron para que nos cuiden, no dejen esto en manos del mercado”, posteó en Twitter.

Salta, Misiones y Corrientes ya compraron vacunas. Brasil está vacunando durante el brote y la tasa de letalidad es 3 veces menor que en nuestro país. ¿Que espera Jorge Macri? En CABA no se consigue ni repelente

Leandro Santoro — diputado nacional de Unión por la Patria

Quirós le respondió citando el tuit: “En CABA tomamos decisiones basadas en evidencia científica. Seguimos las recomendaciones de la Conain, la OMS y la mayoría de los expertos que recomiendan desarrollar políticas públicas de vacunación para el dengue de manera focalizada y segmentada. La focalización refiere a aplicarla en zonas endémicas (hay contagios los doce meses del año) y de alta circulación viral. Esa condición se da en el norte argentino y es allí donde se deben hacer las primeras campañas”, dijo y pidió “no hacer política partidaria con la salud pública”.

JJD con información de NA

Lo que parecía que iba a ser un gran encuentro de gobernadores del Norte Grande en Salta, tal como se había dejado trascender la semana pasada, fue una cumbre devaluada de cinco jefes provinciales (de los 10 de la región) con la vicepresidenta Victoria Villarruel, primero, y luego con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Hay necesidades de ambos lados. Pese al trato de “traidores” que recibieron algunos jefes provinciales, tras el fracaso del proyecto de ley ómnibus, la Casa Rosada busca recomponer la relación, al menos con los dialoguistas. Estos últimos, por su parte, necesitan de manera imperiosa los recursos de la Nación para obras públicas, al menos, fondos que se cortaron de cuajo desde que Javier Milei se sentó en el Sillón de Rivadavia. Pretenden que se les reconozca de algún modo haber facilitado la aprobación en general del proyecto.

La excusa del encuentro fueron los actos de este martes por el 211° aniversario de la Batalla de Salta. elDiarioAr consultó a fuentes cercanas a mandatarios del NOA que reconocieron que no hubo una invitación oficial del gobierno salteño para participar de las actividades pero sí del Instituto Belgraniano. “Como no hubo nada oficial, el gobernador no tiene previsto viajar”, respondió un hombre de confianza de un mandatario del NOA ausente en la deslucida cumbre.

“Además, cada vez que se sentaron con Francos el presidente Milei lo desmentía y se caían los acuerdos con los jefes provinciales; no tendría mucho sentido propiciar que eso se repita”, agregó. Por estas razones, la concreción del encuentro se cocinó a través de llamados de teléfonos y mensajes entre algunos mandatarios. Otros, algunos de los más duros con la Casa Rosada, se enteraron por los medios. Por eso, junto al anfitrión Sáenz, solo estuvieron Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca, y Carlos Sadir, de Jujuy. En el NOA, los de mayor distancia con Balcarce 50 son el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Gerardo Zamora, que no estuvieron. En el NEA también hay un opositor claro, el formoseño Gildo Insfrán, aunque también están el radical Leandro Zdero, de Chaco, y su correligionario Gustavo Valdés, de Corrientes, quien sí parece de buenas migas o al menos busca acercarse a la Casa Rosada, a juzgar por el dedicado recibimiento al presidente Milei, el lunes.

En principio, el propio Francos había señalado la semana pasaba que el interlocutor con los jefes provinciales, “para encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido”, iba a ser él. Sin embargo, la vicepresidenta Villarruel se le anticipó dos días. El domingo llegó a Salta, mantuvo varias reuniones y se dejó ver en una tradicional peña de la capital provincial, durante esa noche. El lunes por la tarde fue recibida en la residencia oficial por Sáenz y un rato más tarde se sumaron los cuatro gobernadores que también participaron de los actos oficiales de este martes.

Trascendió que la charla fue amena, “para limar asperezas”, y que los mandatarios pudieron darle detalles de las consecuencias que produjeron en sus distritos los recortes de los fondos nacionales, tanto para las obras públicas, como para el costo del transporte público y también en el sistema educativo, con la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Nadie explicó oficialmente el motivo del viaje previo de la vice

Le anticiparon que insistirán en el Congreso para que se restituyan los recursos para educación y el transporte. Nadie explicó públicamente el motivo del viaje previo de la vice, que mostró un perfil dialoguista, pero está claro que esmerila la ya vapuleada imagen de Francos, quien no pudo cumplir casi ninguno de los acuerdos que asumió con los gobernadores y cuya palabra cada vez pesa menos. Villarruel, consciente que arrancará un breve una agenda legislativa intensa, buscaría tener llegada directa con la mayor cantidad de gobernadores posibles, puesto que los senadores representan a las provincias.

Los actos oficiales tuvieron dos escenarios, el Monumento 20 de Febrero y la cercana Plaza Manuel Belgrano. En el primero hubo una foto de familia, con el pleno de las autoridades, y en el paseo público se realizó un desfile cívico militar que fue presidido por Villarruel, Sáenz y el intendente de la capital, Emiliano Durand, aliado del gobernador.

A los lejos, debido al fuerte cordón de seguridad, estuvieron familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, que repudiaron la presencia de la titular del Senado de la Nación por su cercanía con condenados por crímenes de lesa humanidad; e integrantes de gremios de la educación, que se encuentran en medio de la paritaria. También hubo un pequeño grupo de libertarios que no dejó de cantar “Victoria presidenta”, ante la sorpresa de algunos.

En busca de fondos

Luego de los actos oficiales se produjo el encuentro de los gobernadores con Francos, asado mediante. El funcionario político del Gabinete nacional escuchó una descripción pormenorizada de lo que han provocado, hasta el momento, los recortes de los fondos nacionales a las provincias, desde la eliminación del FONID hasta la quita de subsidios al transporte público, entre otros. Solo en Salta esto implica una deuda de la Nación que se estima en $12.000 millones para obras públicas, desde diciembre, por lo que ya se han paralizado algunas de ellas. 

Trascendió que Francos no asumió ningún compromiso de respuesta inmediata sobre estos temas. De todos modos, sí señaló que las puertas de su despacho estarán abiertas para realizar las gestiones. El encuentro entre el funcionario y los mandatarios dialoguistas finalizó cerca de las 16. La Casa Rosada está particularmente interesa en mantener la mejor relación posible con Sáenz y Jalil debido a que en sus provincias se encuentran los yacimientos de litio más importantes del país y el Gobierno nacional promueve en el exterior la inversión de empresas extranjeras. En su radicación juegan un papel clave las provincias, al depender de ellas autorizaciones esenciales para la actividad minera.

Luego de la reunión, Sáenz sostuvo en la red social X: “Coincidimos en que el diálogo y el consenso son un camino esencial en la búsqueda de soluciones para todos los argentinos. Gracias por acompañarnos a los salteños en un nuevo aniversario de la Batalla de Salta”.

DC/JJD

Las elecciones provinciales de este domingo confirmaron el triunfo de los tres oficialismos que ponían en juego sus liderazgos, en medio de turbulencias económicas y políticas, lo que les dio la razón al tridente de mandatarios de haber alejado las elecciones locales de la nacional de octubre. Ganaron con holgura Ricardo Quintela, en La Rioja, del Frente de Todos (FdT), que iba por la reelección; Carlos Sadir, del Frente Cambia Jujuy, ungido por el actual gobernador Gerardo Morales; y Hugo Passalaqua, en Misiones, del Frente Renovador.

En La Rioja, Quintela se impuso con 48 puntos aunque el triunfo más importante para el oficialismo riojano fue haber recuperado la capital provincial. Inés Brizuela y Doria, de Juntos por el Cambio (Jx) no pudo reelegir y fue derrotada por Armando Molina, secretario de la Gobernación provincial y hombre de estrecha confianza del mandatario. Quintela fue intendente de la capital durante 12 años y puso todo el músculo electoral para arrebatar a la oposición ese distrito que se peleó voto a voto hasta las 22.30, cuando se consolidó la tendencia favorable a Molina. Esto también demoró la conferencia de prensa de Quintela, quien recién se adjudicó la victoria alrededor de las 23.20.

Aunque lejos de lo que se esperaba, el candidato a gobernador por el Frente La Libertad Avanza, Martín Menem, quedó en tercer lugar en la provincia y en la capital provincial. La semana pasada recibió la visita del diputado nacional Javier Milei, clave para un espaldarazo final. De acuerdo a los primeros análisis, este resultado habría favoreció más al oficialismo porque fue del electorado amarillo desde donde se produjo la mayor transferencia de votos. La que más lo sufrió fue Brizuela y Doria, que no pudo repetir. Por esta razón, el candidato a gobernador por JxC, Felipez Álvarez, conocidos los resultados y con la tendencia irreversible, declaró que “Milei jugó para el oficialismo”.

En Jujuy se dio lo que se esperaba. Sadir, ministro de Finanzas de la provincia, alcanzó los 49 puntos y sucederá a Gerardo Morales. El segundo lugar y lejos, con casi 20 puntos, fue para el peronista Rubén Rivarola y el Frente de Izquierda, que llevaba a Alejandro Vilca, cosechó 14 puntos, aunque se esperaba más. Este resultado le permitió a Morales una foto de festejo junto al alcalde porteño y aspirante a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta; el radical Martín Lousteau; los diputados Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y el cordobés Mario Negri. “El pueblo jujeño ha ratificado el cambio y la transformación. Terminó con la violencia y la corrupción. Acá están quienes se van a hacer cargo el 10 de diciembre de dirigir los destinos de la provincia. Estamos muy contentos. Les quiero agradecer también la participación a las otras fuerzas políticas que han tenido un desempeño democrático impecable, destacó Morales, quien habló antes que Sadir, un gesto que demostró quién manda en esa provincia.

Rodríguez Larreta agregó: “Argentina ya se decidió y quiere un cambio y esta es la dirección de la Argentina que se viene. Este fue un triunfo del orden y el desarrollo y también es una victoria de Juntos por el Cambio porque los argentinos quieren un cambio con los valores como los que Gerardo impuso. Me siento identificado, soy apasionado de la gestión y de resolverle los problemas de la gente”. Al final, Sadir cerró con un breve “gracias a los jujeños que nos fueron a votar, vamos a seguir trabajando para transformar. Gracias a Gerardo y a mi partido”. Con este resultado y con la foto que consiguió, el actual gobernador jujeño, según fuentes de la Casa de Gobierno, pondrá en marcha una nueva estrategia para formar parte de la fórmula que presente JxC en las elecciones octubre. 

En Misiones, Passalaqua, del Frente Renovador Neo, se quedó casi con 66 puntos, una victoria contundente, la más holgada del fin de semana y que confirmó la potencia de un espacio que cultiva el “misionerismo” pero que tiene como columna vertebral al peronismo y un amplio abanico de partidos. Uno de los principales armadores es el exgobernador Carlos Rovira, por lo que fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa que se ofreció alrededor de las 22.30. “Es el triunfo más contundente que se haya conocido hasta este momento. Tenemos un nuevo gobernador, que es Hugo Passalacqua. La renovación es el traslado del poder del ciudadano a un proyecto político, que tiene proyecciones de vanguardia, levanta la idea y la praxis de una Misiones innovadora, creativa, con todos sus pueblos, que le abrió la puerta a la juventud pero sin echar a los viejos”, expresó.

Luego fue el turno del mandatario electo, quien le agradeció a Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia, al señalar que “rompió con la vieja forma de hacer política e inventó una nueva y fue invitando a un montón de nadies que hoy es el 65% de lo que votó la gente, y eso no es pavada”. Después, agregó: “estamos en un periodo de renovación neo, pero yo voy a decir lo que pienso: la renovación siempre fue neo. Ahora está en el vocabulario, porque hay un trabajo hacia un nuevo espíritu, visiones, energías, perspectivas, y eso para una provincia joven es fabuloso”, señaló.

DC/MG