“Ahora van a ver La Odisea”, bromeó uno de los colaboradores cuando la reunión ya estaba por terminar. No hablaba de política, aunque la frase se prestaba demasiado bien para la interpretación. La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande había transcurrido durante buena parte de la mañana en el hall de entrada del IMAX del Parque del Conocimiento de Posadas, con las puertas de las salas de cine a pocos metros de la mesa alrededor de la cual Diego Santilli y buena parte de los mandatarios de la región habían conversado durante casi dos horas. La referencia era literal: en el complejo se proyecta la película dirigida por Christopher Nolan. Pero el chiste tenía inevitablemente una segunda lectura.

El movimiento había comenzado bastante antes. Desde las 10 fueron llegando los gobernadores y representantes provinciales al enorme predio levantado en las afueras del centro de Posadas. A las 10.20 estaba prevista la fotografía institucional y alrededor de las 10.45 comenzó la reunión. Hugo Passalacqua ofició de anfitrión y Santilli llegó como representante de un Gobierno nacional que atraviesa una etapa en la que necesita bastante más de los mandatarios de lo que su discurso original estaba dispuesto a reconocer.

Pero antes de que se cerraran las puertas apareció la frase política más fuerte de la jornada. Gustavo Sáenz ni siquiera había entrado a la reunión cuando decidió meterse de lleno en la interna de la provincia que lo recibía. El gobernador de Salta habló con los periodistas presentes, respaldó explícitamente a Passalacqua y apuntó contra Carlos Rovira. “Se terminaron los capangas”, soltó.

Para los conocedores de la historia política reciente de Misiones, la elección de las palabras resultó especialmente sugestiva. Más de dos décadas atrás, el propio Rovira había apelado a una expresión casi idéntica cuando decidió romper con Ramón Puerta, el dirigente que había sido su padrino político y bajo cuyo liderazgo había llegado a la gobernación. En 2003, aquella rebelión terminó dando origen al esquema de poder que después el líder del otrora Frente Renovador de la Concordia conduciría durante más de veinte años.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie”, sostuvo Sáenz. Y lanzó, irónico: “Yo le mandé un mensaje una vez pero nunca me contestó porque parece que estaba con los horarios cambiados, porque no vive acá”.

El gobernador de Salta cuestionó así al viejo conductor del oficialismo misionero prácticamente en la puerta de uno de sus monumentos. Es que la escena sumaba otra paradoja. Sáenz estaba a punto de ingresar a una de las obras que mejor condensan el legado de Rovira. El Parque del Conocimiento no es simplemente uno de los principales complejos culturales de Misiones. Es también una de las construcciones más ambiciosas de la era del exgobernador y uno de los proyectos con los que buscó dejar una marca que trascendiera su paso formal por el poder.

Inaugurado en el año 2007, Rovira lo concibió como una suerte de ciudad cultural, con grandes explanadas y distintos espacios conectados por recorridos internos. Ubicado a pocos metros del Aeropuerto general José de San Martín, el predio reúne espacios que a primera vista parecen difíciles de encontrar dentro de una misma institución: un teatro lírico, una biblioteca, centros de exposiciones, un observatorio astronómico y el IMAX donde se desarrolló la reunión, una sala de cine de gran formato y alta resolución, una de las dos que existen en el país.

La escala forma parte de la pretensión con la que fue pensado. También algunos detalles de su arquitectura. Uno de los más característicos es la extensa rampa ascendente que atraviesa la entrada del edificio principal. Quienes conocen la concepción original del complejo explican que la pendiente buscó representar el esfuerzo necesario para alcanzar el conocimiento: un recorrido progresivo hacia arriba antes de llegar a destino.

Durante la mañana, la rampa adquirió una utilidad bastante más terrenal. Al finalizar la reunión, Santilli se apartó allí para hablar por teléfono. El jefe de Gabinete quedó durante algunos minutos sobre la pendiente, celular en mano, mientras a pocos metros continuaba el movimiento de funcionarios y colaboradores. En una jornada pródiga en metáforas involuntarias, el hombre encargado de reconstruir el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores había elegido justamente la rampa del esfuerzo para atender una llamada.

La conversación a puertas cerradas se extendió hasta cerca de las 12.45. El contenido formal giró alrededor de la agenda que Nación y las provincias vienen negociando desde hace semanas, pero el dato político estuvo en la propia presencia de Santilli. Apenas seis días antes, varios de los gobernadores representados en aquella mesa habían vuelto a demostrar en el Senado que su acompañamiento a Javier Milei tiene límites.

El jefe de Gabinete llegó por eso con una tarea que excedía ampliamente los asuntos puntuales del temario: sostener abiertos los puentes con mandatarios cuyos votos el oficialismo necesitará para atravesar los próximos meses. La lógica es ahora bastante más pragmática. Antes de abrir nuevas batallas, el Gobierno quiere saber con qué apoyos cuenta y qué resistencias puede generar en las provincias.

Pasado el mediodía, la comitiva volvió a ponerse en movimiento. Después de la actividad en el hall central, gobernadores y funcionarios caminaron hacia otro sector del predio para cerrar la jornada con un almuerzo. El destino fue Sky, el restaurante ubicado dentro del Parque del Conocimiento, a pocos metros del observatorio astronómico.

Durante los primeros minutos, las puertas permanecieron abiertas y desde afuera pudo verse una de las imágenes políticas de la jornada: Passalacqua y Santilli sentados uno al lado del otro alrededor de la mesa. La escena quedó expuesta apenas unos minutos. Poco después, las puertas se cerraron y las conversaciones continuaron fuera del alcance de cámaras y periodistas.

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Desde temprano, el movimiento empezó a concentrarse alrededor del Parque del Conocimiento de Posadas. Uno a uno fueron llegando los gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande para participar de la 24ª Asamblea regional, con Hugo Passalacqua como anfitrión y una agenda cargada de reclamos por energía, infraestructura y recursos. La foto institucional estaba prevista para media mañana, pero buena parte de la política ya había empezado antes, entre saludos, conversaciones breves y la expectativa por la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli aterrizó en Misiones con una misión que excedía la formalidad de acompañar una cumbre de gobernadores. La Casa Rosada viene de varios días de negociaciones intensas con las provincias y necesita sostener esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Pero antes de sentarse a escuchar reclamos sobre rutas, tarifas y zonas cálidas, el funcionario dejó una definición que terminó atravesando buena parte de la jornada. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, es enorme, y eso hay que destacarlo”, dijo apenas llegó a Posadas.

La frase funcionó como reconocimiento y también como pedido de paciencia. Consultado por la demora en la recuperación del consumo, la actividad y los ingresos, Santilli defendió el rumbo económico, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos. “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció además que el crecimiento es dispar. “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo faltaba para que esa recuperación se sintiera de manera generalizada, evitó poner una fecha. “Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar”, respondió. Luego agregó que los cambios estructurales en otros países demandaron “tres, cuatro, cinco a siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque todavía de forma desigual.

Las definiciones tuvieron un peso particular por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Norte Grande concentra buena parte de los reclamos de las provincias por asimetrías energéticas, infraestructura y costos logísticos. Y Santilli llegó a Posadas convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores, justo cuando el oficialismo necesita sus votos para sostener la agenda que viene en el Congreso.

La advertencia más reciente había llegado la semana pasada, cuando el Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar varios de sus capítulos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden acompañar a Milei, pero no están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.

En ese contexto, uno de los temas que sobrevoló la reunión fue el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, las provincias del Norte Grande buscan aprovechar esa discusión para introducir su propio reclamo: un régimen específico para las denominadas zonas cálidas.

“Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, confirmó Santilli. La idea es avanzar sobre algún mecanismo que compense el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas, en paralelo con la discusión sobre los beneficios para las regiones que soportan inviernos más duros.

La energía ocupó también un lugar central en la agenda de la cumbre. Los gobernadores discutieron una Estrategia Federal Energética, con nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas, además de mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino.

Santilli sumó a esa lista la situación de las rutas nacionales. El jefe de Gabinete señaló que el nuevo esquema sobre más de 9.000 kilómetros de corredores viales ya comenzó a avanzar y estimó que algunos de los últimos tramos adjudicados podrían empezar a recibir trabajos entre fines de agosto y principios de septiembre.

La infraestructura sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y las provincias. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y trasladó buena parte de la responsabilidad hacia los distritos. Los gobernadores, en cambio, insisten en que rutas, corredores logísticos, acueductos y obras energéticas de gran escala no pueden depender únicamente de recursos provinciales.

Santilli buscó mostrar avances en esa relación. “La agenda que yo tengo de ellos casi el 90% está resuelta”, aseguró al referirse a los reclamos que recibió durante sus conversaciones con los mandatarios.

Interna misionera

La reunión también tuvo un condimento político inesperado por la interna misionera. Passalacqua recibió a sus pares en medio del proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante dos décadas principal conductor del oficialismo provincial.

Gustavo Sáenz decidió meterse de lleno en esa disputa apenas llegó a Posadas. El gobernador salteño respaldó explícitamente a Passalacqua y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada contra Rovira. “Se terminaron los capangas”, afirmó al cuestionar los liderazgos que, según planteó, pretenden conducir una provincia por fuera de los cargos institucionales.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, sostuvo Sáenz al ser consultado por Rovira.

La intervención del mandatario salteño llevó así la discusión local al centro de una reunión que, en principio, tenía una agenda predominantemente federal. Pero también reforzó un mensaje más amplio del Norte Grande: la necesidad de que las provincias coordinen posiciones frente a la Nación.

“Hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”, planteó Sáenz, y volvió sobre una crítica habitual de los gobernadores del interior: la tendencia de los gobiernos nacionales a tomar decisiones desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades productivas y sociales de cada región.

Ese es justamente el terreno que Santilli intenta administrar. La Casa Rosada necesita evitar que el Norte Grande se transforme en un bloque de resistencia, pero los gobernadores saben que el oficialismo tampoco tiene los votos suficientes para prescindir de ellos. El resultado es una negociación cada vez más explícita en la que energía, rutas, infraestructura y legislación nacional se mezclan con la construcción política para 2027.

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La interna que desde hace semanas atraviesa al oficialismo misionero llegó este jueves al Senado y terminó de romper la representación unificada de la provincia en la Cámara alta. Apenas comenzada la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones (MPM), una decisión que formaliza su alineamiento con el gobernador Hugo Passalacqua y profundiza el distanciamiento con Carlos Rovira, cuyo principal referente parlamentario pasa a ser el senador Carlos Arce.

El anuncio confirma, además, el escenario que elDiarioAR había adelantado durante los últimos días. En medio de la discusión por el capítulo que derogaba la Ley de Tierras —finalmente retirado por La Libertad Avanza para facilitar el tratamiento del proyecto— comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un eventual voto dividido de los senadores misioneros. La creación del monobloque, comunicada antes del inicio del debate, terminó de consolidar esa posibilidad.

Después de casi tres años en los que los dos senadores actuaron en forma coordinada y acompañaron la estrategia parlamentaria definida por Rovira, la representación de Misiones en la Cámara alta quedó oficialmente dividida en dos espacios con referencias políticas distintas. La fractura también representa un nuevo dolor de cabeza para Milei: desde el inicio de su gestión, Arce y Rojas Decut integraban el grupo de aliados más confiables del oficialismo en la Cámara alta. Con la conformación del nuevo bloque, la Casa Rosada pierde uno de esos apoyos previsibles y suma un nuevo foco de incertidumbre en un Senado donde cada voto resulta determinante para sostener su agenda legislativa.

En el comunicado difundido por su despacho, Rojas Decut sostuvo que la conformación del monobloque “Movimiento por Misiones” “representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros” y aseguró que el nuevo espacio será “una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”.

La senadora procuró presentar la decisión como una reafirmación de una identidad provincial antes que como una ruptura política. “Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el nuevo bloque nace para sostener “un compromiso territorial directo con los 79 municipios” de Misiones, un guiño a los intendentes que en su inmensa mayoría están alineados con el gobernador Passalacqua.

No resulta casual que el primer punto de la agenda del flamante monobloque esté dedicado a la defensa de la tierra misionera. El documento rechaza expresamente “cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales” o debilite la protección de las zonas de frontera vinculadas al Acuífero Guaraní, precisamente el capítulo que desencadenó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores y que finalmente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“La tierra misionera es identidad, soberanía, seguridad y arraigo para nuestras familias. Ante la más mínima duda sobre la protección de nuestro territorio, mi deber no es arriesgar: es proteger”, sostuvo Rojas Decut. Sin embargo, la definición política más significativa aparece sobre el final del texto. “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, concluye la senadora.

La creación del monobloque agregó un nuevo elemento de incertidumbre a la sesión de este jueves. Si bien en los pasillos del Senado seguía firme la versión de que los representantes de Misiones podrían votar de manera diferente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el anuncio de Rojas Decut terminó de institucionalizar una ruptura que ya no se limita a una diferencia circunstancial sobre una ley, sino que refleja la reconfiguración del poder dentro del oficialismo misionero.

En la votación final, los dos representantes misioneros votaron en contra de las modificaciones al Manejo del Fuego y a favor de los demás capítulos de la norma que fueron aprobados en la madrugada de este viernes.

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La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

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Durante más de dos décadas, en Misiones existió una certeza que parecía inamovible: el Gobierno provincial y Carlos Rovira eran, en los hechos, una misma cosa. Ese ciclo terminó este lunes. Hugo Passalacqua formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que hasta hace pocos meses era la columna vertebral del Frente Renovador de la Concordia, y terminó de consumar una ruptura que ya había dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho político de enorme magnitud.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones y quedó registrada este lunes a las 11.15. En el formulario, el gobernador escribió de puño y letra que renunciaba “en particular al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”. Horas después confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente: “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”.

Desde el punto de vista administrativo, se trata apenas de una desafiliación. Desde el punto de vista político, en cambio, el gesto tiene un alcance mucho mayor. Passalacqua deja formalmente el partido que Rovira decidió crear como plataforma para ordenar su propia sucesión política. Del otro lado quedó el Gobierno provincial, que en las últimas semanas comenzó a reorganizarse alrededor del espacio que denominó Movimiento por lo que Viene y de una mayoría de intendentes, ministros y dirigentes que resolvió permanecer junto al actual gobernador.

La imagen resulta casi impensada para cualquier observador de la política misionera de los últimos veinte años. Por primera vez desde 2003, el gobernador de Misiones ya no integra el espacio político conducido por Rovira. Y, por primera vez desde que dejó la Gobernación, Rovira tampoco conserva influencia formal sobre la administración provincial que él mismo construyó.

La ruptura venía gestándose desde hacía meses. Primero aparecieron las diferencias alrededor de la sucesión de 2027. Luego llegaron el lanzamiento de Encuentro Misionero, la resistencia de Passalacqua a incorporarse al nuevo esquema partidario, el respaldo de la mayoría de los intendentes al gobernador y las críticas cada vez menos disimuladas al armado político impulsado por Rovira alrededor del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y de su hijo Ramiro.

La renuncia conocida este lunes también repercute sobre el tablero nacional. Llega apenas tres días antes de la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, especialmente, el artículo que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Como pudo saber elDiarioAR, el voto de los senadores misioneros podría reflejar por primera vez la nueva correlación de fuerzas dentro del oficialismo provincial y apartarse de la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder.

Hasta hace muy poco, semejante escenario habría parecido imposible. Rovira había construido buena parte de su poder alrededor de una premisa sencilla: podía retirarse de los cargos sin abandonar nunca el gobierno. Esa lógica le permitió dejar la Gobernación en 2007 y seguir conduciendo la política provincial durante casi dos décadas desde la presidencia de la Legislatura. Lo que comenzó a resquebrajarse durante los últimos meses es justamente ese mecanismo y nada indica que vaya a haber marcha atrás.

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Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán. Pero a veces hace falta detenerse cuadro por cuadro para descubrir todo lo que contiene. La semana pasada, elDiarioAR reveló que el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira había participado, en enero de 2025, de la celebración organizada para anunciar el sexo del bebé que esperaban Augusto Marini y su pareja. Hasta entonces, la presencia del mandamás en la casa que el joven empresario posee en Portezuelo, Punta del Este, había pasado completamente inadvertida. En el video que el propio dueño de Blender y Carajo publicó en sus redes sociales apenas se lo veía durante un instante, de espaldas, sentado en una larga mesa frente al mar.

Sin embargo, ese mismo segundo de video escondía otro dato que en su momento también pasó inadvertido. Sentado exactamente frente a Rovira se observa a otra figura de gran poder en Misiones: Marcelo Zbikoski, dueño del exGrupo Plaza, y quien controla más del 80% del transporte urbano de pasajeros de la provincia. La imagen constituye, probablemente, el primer registro público de ambos compartiendo un ámbito estrictamente privado. Pero también revela algo más: hasta ahora tampoco existían indicios públicos de un vínculo entre Zbikoski y Marini. ¿Se trata simplemente de una amistad nacida al calor de un mismo círculo social o existe, además, algún proyecto empresarial compartido que permanece fuera del conocimiento público?

La pregunta no resulta caprichosa. Más allá de la presencia de Zbikoski en aquella mesa, el transporte constituye desde hace tiempo uno de los sectores sobre los que Marini decidió expandir su holding. A través de Cale Group desembarcó en el negocio ferroviario de la mano de Motora Argentina, que supo incorporar a su estructura a Alejandro Hibbert —un histórico funcionario del área que atravesó distintos gobiernos nacionales—, comenzó a disputar algunos de los contratos más importantes del sector. Hace apenas unas semanas, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) le adjudicó a Motora una millonaria compra de repuestos para coches y locomotoras de la línea San Martín, una licitación considerada estratégica dentro del proceso de reorganización del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno.

Pero ese contrato funciona apenas como el prólogo de una disputa mucho mayor. La empresa de Marini aparece hoy como una de las principales candidatas para quedarse con la denominada reparación “de media vida” de los 117 coches CSR Puzhen que prestan servicio en esa misma línea, una obra valuada en más de US$ 100 millones en la que compite contra Materfer y la UTE conformada por BRF y Emepa. El proyecto contempla una intervención estructural integral sobre las formaciones, incluyendo la incorporación de aire acondicionado, después de más de una década sin mantenimientos de fondo.

Presencia nacional

De origen misionero, el brazo de Marcelo Zbikoski hace tiempo que alcanza a Buenos Aires. Años atrás, el empresario adquirió buena parte de los activos del histórico Grupo Plaza, el gigante del transporte fundado por los hermanos Cirigliano tras el derrumbe del conglomerado que durante años dominó buena parte de las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esa operación rebautizó la compañía como Misión Buenos Aires, que actualmente opera la histórica línea 129 —que une Retiro con La Plata—, además de otros servicios urbanos e interurbanos en territorio bonaerense.

El peso de la familia Zbikoski en el transporte argentino no termina allí. Sus hermanos, Javier y Eduardo, son los propietarios de Metropol, uno de los grupos más importantes del país. La empresa administra decenas de líneas urbanas e interurbanas en el AMBA, además de servicios de media distancia que conectan la Capital Federal con ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires. Tras la caída de Plaza y Ecotrans, Metropol fue absorbiendo buena parte de esos recorridos y terminó consolidándose, junto con DOTA, como uno de los actores dominantes del transporte automotor de pasajeros en la Argentina. Entre Misión Buenos Aires y Metropol, los Zbikoski construyeron uno de los conglomerados privados más relevantes del sector.

Ese crecimiento incluso terminó colándose en la discusión política nacional. En julio de 2023, en medio de un paro de colectivos que paralizó el AMBA, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa responsabilizó directamente a los hermanos. “Es un paro que forzaron los empresarios”, afirmó, antes de apuntar con nombre y apellido contra dos de los principales jugadores del mercado: “Hay un señor Faija (Dota) y uno Zbikoski, al que le dicen 'el amarillo', que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”. La referencia no fue casual. En el sector se identifica desde hace años a Metropol y a Dota como los dos grupos empresarios que más crecieron tras la desaparición del imperio construido por los Cirigliano y como algunos de los principales receptores del sistema de subsidios.

Fue, probablemente, una de las pocas veces que el apellido Zbikoski irrumpió con fuerza en los medios nacionales. Hasta entonces, la influencia de la familia había permanecido casi exclusivamente asociada al ecosistema misionero.

El zar

La influencia de los Zbikoski es histórica en Misiones. Marcelo heredó y expandió el grupo empresario familiar hasta convertirlo en el principal operador del transporte urbano de la provincia. A través del Grupo Z controla empresas como Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, responsables de buena parte del sistema de colectivos del Gran Posadas y del interior provincial. El conglomerado también administra el tren internacional Posadas-Encarnación y participa del sistema de boleto electrónico, una infraestructura clave para el funcionamiento cotidiano de la movilidad misionera.

Pese al volumen de sus negocios, Zbikoski siempre cultivó un perfil particularmente bajo. Sus apariciones públicas fueron escasas y durante años evitó convertirse en una figura mediática. “Él siempre buscó pasar por debajo del radar”, resume un hombre del círculo rojo misionero que lo conoce desde hace décadas. Esa discreción, sin embargo, nunca impidió que se convirtiera en uno de los hombres de negocios más cuestionados de la provincia, señalado por competidores y sectores de la oposición como el principal beneficiario del proceso de concentración del transporte urbano.

Una de sus últimas entrevistas ocurrió en diciembre de 2025, cuando dialogó con Radio República sobre la crisis del sector. Allí reconoció que la irrupción de Uber modificó profundamente el negocio. “A nosotros nos ha disminuido la carga en un 40%; es decir, hemos perdido el 40% de los pasajeros”, afirmó al referirse al impacto de la aplicación en Posadas, especialmente a partir del crecimiento de Uber Moto. También sostuvo que, sin subsidios, el boleto debería costar entre 4.000 y 5.000 pesos por pasajero y cuestionó el diseño del esquema nacional de compensaciones. “En estos 23 años las empresas se han portado mal, principalmente en Buenos Aires. Muchas veces las empresas son traviesas, no tienen todo el control que deberían tener y después nos quejamos”, admitió.

El peso del Grupo Z no se explica únicamente por la cantidad de líneas que opera. También es el resultado de un largo proceso de concentración que fue reduciendo progresivamente la competencia dentro del sistema provincial. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en 2017. Ese año, la empresa Bencivenga, una histórica prestataria del transporte urbano de Posadas, denunció públicamente que el Grupo Z ejercía prácticas monopólicas al impedirle ingresar a la estación de transferencia de la avenida Quaranta y restringir parte de sus recorridos. Semanas después, la firma fue adquirida por el grupo correntino Río Uruguay. La operación desactivó el conflicto político inmediato, pero no modificó el equilibrio del sistema.

Las tensiones reaparecieron tres años más tarde. En 2020, Bencivenga volvió a denunciar que el Grupo Z le impedía utilizar las estaciones de transferencia pese a integrar formalmente el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano. La disputa ya no giraba solamente alrededor de un predio, sino del control de un mercado donde, según denunciaba la empresa rival, Zbikoski había logrado construir una posición prácticamente dominante.

“Acá quien está detrás de este problema es Marcelo Zbikoski. Él maneja todo el sistema”, llegó a afirmar públicamente Darío Skrabiuk, titular de Río Uruguay y propietario de Bencivenga. La rivalidad nunca terminó de apagarse. Según reconstruyeron distintos medios locales, en julio de 2023 ambos empresarios protagonizaron una pelea a golpes de puño durante una reunión convocada en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Posadas para discutir la crisis del transporte.

Tensión misionera

La revelación del vínculo entre Zbikoski y Marini —advertida inicialmente por el programa Malas Compañías— generó inquietud en Misiones. No por el encuentro social en sí, sino porque se da a conocer en un momento particularmente sensible, cuando recrudece la interna entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua y se empieza a poner bajo la lupa el mapa de poder económico construido durante las últimas dos décadas en la provincia.

El oficialismo encabezado por Passalacqua amenaza con revisar por primera vez buena parte de la arquitectura de contratos con el Estado que acompañó al largo ciclo político de Rovira. Cada vez más, en reuniones reservadas, ya no se discuten solamente candidaturas o liderazgos. También empezó a ponerse en cuestión la existencia de ciertas estructuras de proveedores que a lo largo de años parecían completamente consolidadas.

El caso de AlegraMed es probablemente el más visible. Mientras la oposición continúa cuestionando el millonario contrato de la plataforma de telemedicina desarrollada por Marini, en la provincia ya circulan versiones acerca de que Passalacqua analiza alternativas para reemplazar ese servicio. Distintas fuentes consultadas por elDiarioAR aseguran incluso que ya existe una empresa identificada como eventual sucesora, aunque hasta el momento no hubo ninguna definición oficial.

Pero AlegraMed no es el único negocio de Cale Group que empezó a quedar bajo la lupa. En las últimas horas también trascendió la participación del holding de Marini en el desarrollo de varios parques solares construidos en Misiones durante los últimos años. Según documentación de la propia empresa a la que tuvo acceso el sitio Caíco Periodismo, Cale Vial obtuvo en 2022 el contrato EPC para el parque fotovoltaico de Silicon Misiones, el polo tecnológico inaugurado por Rovira en 2023, diseñado por la estatal china PowerChina por encargo del Ministerio de Hacienda provincial.

El grupo de Marini también se atribuye la construcción del Parque Fotovoltaico Posadas I, mientras distintas fuentes del sector energético sostienen que también intervino en los proyectos de San Javier, Oberá e Itaembé Guazú, aunque esa participación nunca fue confirmada oficialmente por la Provincia.

Entre dirigentes del oficialismo provincial también aparece, cada vez con mayor frecuencia, el interrogante sobre el futuro de las concesiones del Grupo Z, cuya posición dominante dentro del sistema de transporte misionero resulta uno de los rasgos más visibles del modelo económico que acompañó al rovirismo durante las últimas dos décadas. Nadie sostiene que exista una decisión tomada ni un proceso administrativo en marcha para correr a Zbikoski. Pero el hecho de que esas conversaciones hayan comenzado a producirse refleja hasta qué punto la disputa política ya empezó a proyectarse sobre terrenos más delicados.

Quizás por eso aquella escena registrada en el verano de 2025, durante apenas un segundo, adquiere hoy una dimensión distinta. ¿Cuántas veces se vio públicamente a Carlos Rovira compartiendo una mesa privada con uno de los empresarios más poderosos de Misiones? ¿Y cuántas veces ocurrió, además, frente a un empresario como Augusto Marini, cuya expansión también empezó a cruzarse con algunos de los sectores más sensibles de la economía provincial? Para una provincia donde su mandamás construyó durante más de veinte años buena parte de su poder desde la discreción y lejos de las cámaras, la imagen resulta inédita. Y tal vez sea precisamente esa excepcionalidad la que explique por qué un simple video familiar terminó convirtiéndose en uno de los documentos políticos más reveladores de los últimos tiempos.

PL

Incredulidad. Esa fue la sensación que predominó el día que empezó a correr la versión de un distanciamiento entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el líder indiscutido del oficialismo provincial, Carlos Rovira. El rumor apareció de manera casi subterránea, se expandió durante buena parte de 2025 y, en un principio, nadie quiso tomarlo en serio. No porque las diferencias entre ambos fueran imposibles —en política nunca lo son—, sino porque suponía poner en duda el principal activo que Rovira construyó durante más de dos décadas: su condición de conductor infalible.

El lanzamiento de Encuentro Misionero, el nuevo nombre que reemplazó al histórico Frente Renovador de la Concordia, y la decisión de Rovira de no competir el año próximo por una banca en la Cámara de Representantes —la primera vez desde 2007 que ni siquiera integrará formalmente el Poder Legislativo provincial— fueron leídos por todo el mundo como la señal más evidente de que el ciclo político inaugurado en 2003 había terminado. Pero la decisión de Passalacqua de competir por la reelección en 2027 le agregó un capítulo inesperado a esa hoja de ruta.

En Misiones existe una convicción instalada desde hace años. Que nada importante ocurre sin que Rovira lo haya previsto. Que ningún movimiento político escapa a su control. Que, incluso cuando parece retroceder, en realidad está varios pasos adelante. Sin embargo, esta vez algo empezó a desacomodar esa lógica. Un proceso silencioso, alimentado por gestos y conversaciones reservadas que terminaron encontrando una confirmación inesperada en las últimas semanas.

No es un dirigente cualquiera el que aparece ahora en el otro vértice de la disputa. Passalacqua, de 68 años, gobernó la provincia entre 2015 y 2019, volvió al poder en 2023 y supo ser uno de los hombres de mayor confianza del conductor. De perfil moderado y mucho más inclinado a la gestión que a la construcción partidaria, nunca había protagonizado un cortocircuito público con quien diseñó el sistema hegemónico que rige en Misiones desde comienzos de siglo. Por el contrario, Passalacqua siempre reconoció a Rovira como el cerebro más importante de la historia política de la provincia. Precisamente por eso, el episodio adquiere una dimensión inédita.

Fractura expuesta

Durante meses, todo permaneció en el terreno de las versiones. Nadie hablaba en público. Las diferencias se insinuaban en reuniones reservadas, en gestos cada vez menos disimulados y en el creciente malestar de un sector del oficialismo con el esquema de sucesión diseñado por Rovira. Hasta que el silencio empezó a resquebrajarse. Y no fueron dirigentes menores quienes decidieron hacerlo.

El primer paso llegó después de que el flamante Encuentro Misionero difundiera el listado de sus autoridades. Entre los nombres aparecía el del propio gobernador Passalacqua, junto al de ministros, intendentes y funcionarios que, según el entorno del mandatario, jamás habían autorizado integrar ese nuevo espacio. La respuesta no tardó en llegar.

Quien salió a fijar posición fue el ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, uno de los funcionarios de mayor confianza de Passalacqua. “Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, sostuvo, tajante. El funcionario fue todavía más lejos y acusó al nuevo espacio de haber utilizado “nuestros nombres sin autorización” y anunció que tanto el gobernador como el resto de los dirigentes presentarían formalmente su renuncia.

“Hay un grupo que formó otro espacio y abandonó ese proyecto llevándose, entre otras cosas, las fichas de afiliación”, afirmó Sartori. De manera inédita para la política misionera, por primera vez era el propio oficialismo el que hablaba de dos espacios distintos donde hasta hacía apenas unos meses existía uno solo.

Pocos días después llegó la confirmación política. La encargada de darla fue Viviana Rovira, prima del mandamás, pareja de Passalacqua y presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio). Durante un encuentro de mujeres realizado en Puerto Rico, frente a cientos de militantes, intendentes y dirigentes de toda la provincia, pronunció una frase que terminó de confirmar lo que hasta entonces circulaba únicamente por lo bajo. “Nuestro exconductor eligió irse a otro espacio. Nosotros nos quedamos donde estuvimos siempre. Ahora tenemos que volver a empezar juntos, pero con más fuerza”, arengó.

Desde el inicio del actual mandato, Viviana volvió a ubicarse en el centro de la escena como la dirigente de mayor confianza de Passalacqua y una de las principales articuladoras del trabajo territorial del oficialismo. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las principales espadas políticas del actual gobernador, había ocupado un lugar central en uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de Misiones: en 2006 encabezó la campaña por el Sí durante el referéndum convocado por Rovira para habilitar su re-reelección. Aquella consulta terminó con el triunfo del No impulsado por el entonces obispo Joaquín Piña y representó la mayor derrota electoral del conductor renovador.

El fin del tabú

Hasta hace poco, discutir el liderazgo de Rovira en Misiones era un ejercicio reservado a las sobremesas. La combinación de una estructura territorial aceitada, una oposición fragmentada y una economía provincial relativamente ordenada había convertido al exgobernador en una figura casi indiscutida. Incluso quienes cuestionaban aspectos de su gestión solían reconocerle una virtud política poco frecuente: la capacidad para anticiparse a los acontecimientos y mantener el control del sistema.

Ese consenso empezó a resquebrajarse durante 2024. La prolongada protesta policial y de docentes primero, y la irrupción de un discurso abiertamente anti-Rovira después, modificaron un clima político que llevaba años sin grandes alteraciones. Por primera vez desde la creación del Frente Renovador de la Concordia, en 2003, comenzaron a multiplicarse las críticas dirigidas no solamente contra el Gobierno provincial, sino contra el propio conductor del espacio. La figura de Rovira dejó de ser un tema vedado y empezó a ocupar un lugar central en la discusión pública.

Aunque el exgobernador sigue siendo el dirigente con mayor capacidad de decisión, la actual situación supone el inicio de una discusión que hasta hace muy poco era prácticamente un tabú: cómo administrar la sucesión del hombre que se acostumbró a ordenar la política misionera casi sin oposición interna. Y es precisamente alrededor de esa pregunta donde empezaron a aflorar las tensiones. Lo que hoy se discute dentro del oficialismo no es solamente quién gobernará Misiones después de Rovira. Se discute también quién administrará la estructura política, económica y territorial que construyó el exgobernador.

La pulseada con Passalacqua expresa dos maneras distintas de entender la relación de Misiones con el gobierno de Javier Milei. Durante los últimos dos años y medio fue Rovira quien se encargó de tender puentes con la Casa Rosada al preservar un vínculo de cooperación con el oficialismo nacional. Los diputados y senadores responden directamente a él. Y en momentos clave, garantizó el acompañamiento legislativo a los proyectos más polémicos de La Libertad Avanza. Esa estrategia le permitió mantener capacidad de negociación con un Gobierno que hizo del ajuste fiscal una de sus principales banderas.

Passalacqua, en cambio, nunca terminó de sentirse completamente cómodo con ese esquema. No solo por las diferencias ideológicas que tiene con Milei, sino por el lugar que le tocó ocupar. Mientras Rovira administraba la relación política con la Nación, el gobernador debía gestionar una provincia golpeada por el recorte de transferencias, la caída de la obra pública y una crisis cada vez más profunda en la producción yerbatera, uno de los principales motores económicos de Misiones.

Perestroika rovirista

La palabra no apareció en boca de nadie, pero la referencia resulta inevitable. A mediados de los años ochenta, el líder soviético Mijaíl Gorbachov bautizó como perestroika (“reestructuración”, en ruso) al paquete de reformas con el que intentó modernizar un sistema que él mismo buscaba preservar. Salvando las enormes distancias históricas, algo de esa lógica comenzó a percibirse en Misiones. Casi en paralelo con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Carlos Rovira empezó a impulsar una batería de reformas políticas e institucionales que, al menos en el plano discursivo, revisan algunos de los pilares del modelo que él mismo consolidó durante más de dos décadas.

Los anuncios se hacen en “La Previa”, comos se denomina a las reuniones políticas que instauró Rovira a partir del 2024 y que se realizan antes de cada sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. Desde abril, cada jueves convocó a dirigentes para anticipar los proyectos considerados estratégicos y fijar la línea política del oficialismo. El encuentro dejó de realizarse hace dos semanas, justo cuando la interna con Passalacqua comenzó a hacerse cada vez más visible.

Entre las iniciativas impulsadas figura una reforma electoral que incorpora la Boleta Única Partidaria y limita la polémica Ley de Lemas a un máximo de cuatro listas por fuerza política en cada municipio. Formalmente, el objetivo es reducir la proliferación de candidaturas y simplificar el proceso electoral. Pero en Misiones pocos creen que el alcance sea únicamente administrativo.

La discusión comenzó apenas unas semanas después de que 67 intendentes firmaran la denominada “Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya”, un documento que proclamó a Passalacqua como la “máxima autoridad del Estado”, respaldó abiertamente su eventual reelección y reclamó mayor participación de los jefes comunales en las decisiones partidarias. En ese contexto, cualquier modificación que limite el peso electoral de los intendentes o restrinja su capacidad de construir poder territorial fue interpretada como un mensaje directo hacia el principal sostén político del gobernador.

A esa reforma se suman cambios en el Código Procesal Penal para profundizar el sistema acusatorio y la oralidad de los juicios, además de un proyecto de Ficha Limpia Misionera, que incorpora nuevas causales de inhabilitación para acceder a cargos electivos y prevé incluso controles toxicológicos para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

¿Passalacqua 2027?

Toda la discusión en Misiones gira alrededor del esquema de poder que Carlos Rovira pretende dejar armado para la próxima etapa. El conductor no imagina a Passalacqua encabezando nuevamente la boleta para buscar la reelección y convirtiéndose, eventualmente, en el primer político en la historia provincial en alcanzar tres mandatos. Su apuesta es otra: consolidar un recambio generacional con el actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli como principal referencia institucional, pero acompañado por un esquema de poder mucho más amplio en el que Ramiro Rovira aparece ocupando un lugar cada vez más relevante.

Mientras el joven Romero Spinelli, de solo 36 años, representa la continuidad política del proyecto, el hijo mayor del exgobernador fue ganando protagonismo en el universo empresarial que comenzó a gravitar alrededor del oficialismo durante los últimos años. En la política misionera son cada vez más quienes leen ambos procesos como partes de un mismo diseño sucesorio.

Ese proyecto, sin embargo, empezó a encontrar resistencias dentro de la propia Renovación. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero, Rovira conservó el núcleo juvenil que desde hace años viene formando alrededor suyo. Pero buena parte del resto del ecosistema político del oficialismo tomó otro camino. Intendentes, algunos ministros y dirigentes históricos comenzaron a presionar a Passalacqua para que se despegue de esa estrategia de Rovira, convencidos de que una eventual reelección del gobernador ofrecería una transición mucho menos traumática que un recambio generacional impulsado desde arriba.

La figura de Leonardo “Lalo” Stelatto, el intendente de Posadas, también genera cierto rechazo. Aunque continúa siendo uno de los dirigentes más cercanos a Rovira y aparece como una pieza importante dentro del esquema de transición que imagina el conductor, su eventual proyección provincial despierta fuertes resistencias entre buena parte de los jefes comunales del interior. Lo identifican como uno de los grandes beneficiarios políticos y presupuestarios del rovirismo durante los últimos años y sostienen que su candidatura difícilmente lograría sintetizar al conjunto del oficialismo.

¿Y si Passalacqua es, en realidad, la verdadera prenda de unidad de cara al 2027? Algunos lo creen posible. “Si Hugo encabeza, la Renovación tiene muchas más chances de ganar que de perder”, sostiene uno de los dirigentes que impulsa esa salida unitaria. Hay quienes afirman que lo que comenzó a ponerse en tela de juicio es algo más: el grado de autonomía que tendrá quien gobierne la provincia durante los próximos años. “Cerca de Passalacqua creen que pueden administrar mucho mejor con mayor independencia”, resume uno de los dirigentes consultados.

Escenario abierto

Dentro del oficialismo, sin embargo, el debate dejó hace tiempo de limitarse a las candidaturas. “No estamos hablando solamente de política. Estamos hablando de dinero”, sintetiza descarnadamente otra fuente que participa de las conversaciones. La frase resume una percepción bastante extendida dentro del oficialismo. Los rumores acerca de una revisión silenciosa de proveedores, contratos, estructuras de financiamiento y circuitos de negocios que durante años acompañaron al modelo de poder construido por Rovira se acrecentaron en las últimas semanas. Es en ese contexto donde algunos dirigentes empezaron a releer episodios que, vistos de manera aislada, parecían desconectados entre sí.

En el entorno de Passalacqua saben que la estrategia de romper con Rovira tendría un costo adicional. El exgobernador fue mucho más que el jefe político del oficialismo. Se trató, además, del principal arquitecto de la política extraprovincial del “misionerismo”. Mientras sus sucesivos delegados se concentraban en la gestión cotidiana, él se dedicaba a articular acuerdos que excedían largamente las fronteras de Misiones. “La Renovación hace tiempo hace política afuera, no adentro”, resume un dirigente que conoce de cerca ese funcionamiento.

La principal fortaleza política de Rovira no fue solamente su capacidad para ganar elecciones. Fue, sobre todo, la sensación de que siempre llegaba antes que los demás. Anticipó el colapso del bipartidismo provincial, sobrevivió a los cambios de signo político en la Casa Rosada, construyó una de las maquinarias electorales más estables del país y logró algo que muy pocos dirigentes consiguieron: retirarse formalmente del poder sin dejar de ejercerlo. Esa fama de estratega hizo que, durante mucho tiempo, cualquier movimiento suyo fuera interpretado como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Por eso todavía existen quienes desconfían de la veracidad de la interna. En la política misionera no faltan los que creen que es una escena minuciosamente montada, una nueva maniobra del propio conductor para volver a correr del centro de la escena a la oposición y reorganizar el tablero bajo sus propias reglas. La teoría no resulta extravagante en una provincia donde, durante dos décadas, casi todas las jugadas importantes terminaron llevando su firma.

Pero incluso si esa hipótesis fuera cierta, no modifica el dato político de fondo. El cambio de ciclo ya comenzó. La incógnita dejó de ser si habrá un después de Rovira. La verdadera pregunta es otra: ¿ese después será administrado en los términos que el propio Rovira consiga imponer o en los que se le terminen imponiendo desde afuera? Con una oposición todavía fragmentada y La Libertad Avanza que busca capitalizar el creciente sentimiento de hartazgo, esa disputa recién empieza.

En ese escenario, otra pregunta empieza a abrirse paso dentro del propio oficialismo provincial: ¿puede Passalacqua convertirse en el dirigente capaz de canalizar parte de ese descontento si decide romper con el sistema que lo llevó al poder, o el anti-rovirismo terminará encontrando su expresión política por fuera de la “caducada” Renovación? Esa respuesta, probablemente, defina la política misionera mucho después de que Carlos Rovira abandone definitivamente el centro de la escena.

PL

Si de algo se encargó Carlos Rovira desde que supo hacerse con el poder absoluto en Misiones es de pasar desapercibido. Sobre todo, en Buenos Aires. Mientras otros caudillos provinciales no pudieron evitar ser el foco de los medios nacionales, el líder del hoy “caducado” Frente Renovador de la Concordia transitó el camino inverso, casi como un logro: ejercer el poder desde las sombras mientras administraba la política local con autonomía, sin convertirse jamás en un actor de la conversación pública porteña.

Esa estrategia comenzó a resquebrajarse en los últimos tiempos. Primero, por la rebelión policial de 2024. Un año después, por el affaire Ficha Limpia, que lo convirtió en tapa de Clarín y La Nación. Ahora, por las inéditas tensiones internas que empezaron a aflorar dentro de su fuerza política, pero también por la irrupción de un nombre que, hasta hace poco, pertenecía exclusivamente al mundo de los negocios: Augusto Marini.

El empresario detrás de Blender y Carajo quedó en el centro de la escena después de que su empresa despidiera a trabajadores que reclamaban una recomposición salarial e intimara judicialmente a Tomás Rebord para presentarse a conducir su programa Hay Algo Ahí. El influencer respondió con un extenso descargo en sus redes sociales que cerró con una amenaza cargada de ironía que nadie pasó por alto, dirigida directamente a Marini: anunciaba que, si finalmente hacía el programa, dedicaría un especial a “la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento”.

En la provincia mesopotámica, el nombre de Marini circula desde hace tiempo. No por sus inversiones en medios, sino por la relación personal que construyó con Ramiro Rovira, hijo del hombre más poderoso de la provincia. Ese vínculo, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de distintas fuentes, nació hace años en los veranos compartidos en Punta del Este. Mientras la familia Rovira suele pasar el fin de año en su casa de La Barra, Marini y su esposa lo hacen en una residencia en Portezuelo, cerca del museo Casapueblo de Carlos Páez Vilaró. Entre ambos lugares comenzó a construirse una amistad que terminaría convirtiéndose en la puerta de entrada para los negocios de su holding Cale Group en territorio misionero.

La cercanía entre ambas familias incluso quedó registrada, casi de manera involuntaria, en uno de los videos más difundidos por el propio Marini. Durante la fiesta de revelación del sexo de su futuro hijo, una celebración conocida como gender reveal, organizada en su casa uruguaya, el empresario compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. En una de las secuencias puede verse, de espaldas, al mismísimo Rovira junto a su esposa, Rosanna Spotorno, sentados entre los invitados.

La pista Marini

En la oposición misionera hace tiempo que siguen la pista de Marini. La diputada radical Rosa Kurtz presentó en las últimas semanas un pedido de informes para que el gobierno de la provincia explique la contratación, a partir del año 2020, de una plataforma de telemedicina, propiedad del empresario, utilizada por el sistema público de salud, de nombre AlegraMed. El expediente permanece frenado en la comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, pero volvió a poner bajo la lupa el negocio más importante del grupo en la provincia.

Según el planteo de la UCR, el contrato fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas —de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes, según apuntó la coordinadora operativa de la aplicación, Silvina Martínez, en una entrevista de 2024 con el periodista Diego Bogarin—, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.

En los pasillos del poder misionero circula desde hace tiempo una historia sobre el origen de AlegraMed. Según esa reconstrucción, la iniciativa no surgió originalmente de Marini. La idea habría sido presentada primero por una emprendedora del sector tecnológico a funcionarios provinciales, en momentos en que el gobierno buscaba descentralizar las consultas hospitalarias. El proyecto despertó interés, pero nunca avanzó con su impulsora. Tiempo después, sostienen esas versiones, fue Ramiro quien retomó la propuesta y convocó a Marini para desarrollarla conjuntamente a través de Cale Group.

Más allá de que esa reconstrucción no fue confirmada oficialmente, distintas fuentes consultadas por elDiarioAR coinciden en un punto: la amistad entre el hijo de Rovira y Marini precedió a cualquier sociedad comercial. AlegraMed no habría sido el origen del vínculo, sino su primera expresión empresarial de gran escala. Es decir, Marini no desembarcó en Misiones como un desconocido, con un proyecto propio para ofrecerle al Estado provincial. Ocurrió exactamente al revés: la confianza personal ya existía y fue desde esa relación que ambos comenzaron a explorar negocios conjuntos, empezando por un rubro en el que el empresario bonaerense hasta entonces no tenía antecedentes: la salud.

Es precisamente en ese punto donde comienza a aparecer una pregunta de carácter estrictamente coyuntural. ¿Puede leerse el conflicto salarial en Blender como la expresión más evidente de un flujo de recursos que empezó a modificarse? En medio de un desgaste inédito del espacio que conduce Rovira —rebautizado en abril como Encuentro Misionero—, hay quienes hablan de un escenario de revisión de contratos, inminentes cambios de proveedores y reordenamiento de negocios alrededor del núcleo de poder provincial. Las versiones circulan entre dirigentes de distintos espacios, aunque nadie se anima a confirmarlas públicamente y no existen elementos concretos que permitan establecer una relación directa entre ambos episodios.

En el nombre del padre

El perfil de Ramiro Rovira, de 30 años, ayuda a entender el verdadero trasfondo de esta historia. Desde hace al menos un lustro que el hijo mayor del exgobernador comenzó a tener una participación cada vez más grande en distintos emprendimientos privados con fuerte articulación con el Estado misionero. En febrero pasado, dio un paso poco habitual: aceptó aparecer públicamente como uno de los dueños de Dignos Company, una fábrica de anteojos instalada en el Parque Industrial de Posadas que comparte con su socio Ulises Bestard. En una nota publicada por El Cronista, impulsada por la propia empresa, Dignos proyectó una facturación de US$ 1,5 millones para 2026 y se presentó como un proyecto que busca replicar en la Argentina el modelo de Luxottica, el gigante italiano que controla Ray-Ban y fabrica para marcas como Prada, Chanel, Armani o Versace.

No es el único negocio vinculado al hijo de Rovira. En los últimos años distintas investigaciones periodísticas también lo asociaron con Incertidumbre, una firma creada junto al empresario Joaquín Basanta para la organización de eventos. Basanta es, además, fundador de Agrosustentable, la empresa que instaló una planta elaboradora de bioherbicidas en el Parque Industrial de Posadas y que ganó notoriedad tras convertirse en proveedora del Estado misionero con Bioherb, el producto que el gobierno provincial promovió para reemplazar el glifosato luego de restringir su uso. La iniciativa derivó en una fuerte polémica cuando productores rurales denunciaron la escasa eficacia del bioherbicida y cuestionaron los beneficios que habría recibido la compañía. Basanta, a su vez, también es socio de Marini en IWP SA, una empresa dedicada a la captación, depuración y distribución de agua.

Junto con su hermana Miranda, cuatro años menor que él, Ramiro constituyó en 2022 otra sociedad: Eternal SA. Inscripta con un directorio integrado únicamente por ambos hermanos, la empresa posee un objeto social inusualmente amplio: además de servicios de consultoría, habilita actividades vinculadas con la producción industrial, la elaboración de bebidas, la explotación agropecuaria y forestal, viveros, yerba mate, té, azúcar y una larga lista de emprendimientos comerciales.

Con el correr de los años, Eternal convivió con la aparición de otras sociedades impulsadas por los hijos de Rovira, entre ellas las firmas creadas por Miranda. Ella comenzó a construir su propio perfil empresario desde París con Mima Concept Store. Se trata de una exclusiva tienda de diseño ubicada sobre la Rue du Faubourg Saint-Honoré, a metros del Palacio del Elíseo, cuya actividad llegó incluso a ser destacada por la revista Vogue durante la Semana de la Moda.

A partir de ese emprendimiento, Miranda amplió su estructura societaria en Francia. En noviembre de 2024 constituyó Guarala Company y, apenas un mes después, creó Mima Company, ambas con sede en territorio parisino y bajo su conducción. La novedad llegó unos meses más tarde, cuando Ramiro pasó a integrar una de esas sociedades, formalizando también en Europa la asociación empresarial entre ambos hermanos.

El cabo suelto

Durante más de dos décadas, Carlos Rovira edificó un esquema de poder basado en una regla que rara vez se alteró: acumular influencia sin exponerse. Siempre evitó proyectarse como un empresario y mantuvo su patrimonio lejos del debate público. El desembarco de sus hijos en el mundo de los negocios generó algunas fisuras en esa estrategia y coincidió, además, con un cambio estructural en su rutina.

En 2023, en simultáneo a la asunción de Javier Milei como presidente, Rovira dejó la titularidad de la Cámara de Representantes de Misiones, cargo que había ocupado durante 16 años ininterrumpidos, para pasar a ser un diputado raso más. Desde entonces, quien fuera gobernador entre 1999 y 2007 redujo todavía más sus apariciones públicas y concentró buena parte de su actividad en viajes periódicos a París, ciudad donde reside su hija Miranda y por la que nunca ocultó su fascinación.

Francófilo declarado, hace años que Rovira alterna su residencia en la mansión que levantó sobre la costa del río Paraná, en el barrio El Laurel de Posadas, con largas estadías en Europa. Sin ir más lejos, este jueves se ausentó de la penúltima sesión ordinaria de la Legislatura antes del receso de mitad de año. Su banca vacía no sorprendió a nadie. Según confiaron fuentes misioneras a elDiarioAR, el jefe político de la provincia ya habría hecho las valijas para instalarse, una vez más, del otro lado del Atlántico.

Esa aparente tranquilidad es la que la figura de Marini vino a alterar definitivamente. Es que el crecimiento exponencial del empresario amigo de su hijo Ramiro es imposible de ser explicado a partir de su injerencia en el mundo del streaming. A los contratos ferroviarios obtenidos por su firma Motora Argentina se suman su participación en licitaciones energéticas, inversiones en infraestructura y su desembarco en distintos negocios regulados por el Estado. Una expansión que terminó arrastrando hacia la conversación pública una trama de relaciones que hasta hace poco permanecía fuera del radar de los medios. De pronto, la amistad de Marini con los Rovira, nacida en las sobremesas de champagne Dom Pérignon del verano uruguayo, comenzó a ser observada con lupa por la opinión pública.

Todo ocurre, como si faltara más, en un momento especialmente delicado para el rovirismo. Después de 20 años de liderazgo incontestado, empezaron a emerger tensiones internas que hasta hace poco permanecían completamente ocultas. “Es la primera vez que se le animan”, resume un dirigente provincial que apuesta a que el actual gobernador, Hugo Passalacqua, conforme definitivamente su propio espacio y compita por su reelección el año que viene.

En ese contexto, hay quienes se preguntan, por lo bajo, si el conflicto salarial que derivó en despidos dentro de Blender no constituye la manifestación más visible de una escena que Rovira ya no puede controlar. Más que un socio, Marini parece haberse convertido en un cabo suelto. Un empresario cuya creciente exposición pública terminó iluminando una red de vínculos que durante muchísimo tiempo funcionó con absoluta discreción y que hoy empieza a ir mucho más allá de las fronteras de Misiones.

PL/MG

El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.

Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.

La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.

En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.

El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.

“Sedición” y “conspiración”

El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.

Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.

La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.

La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.

Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.

El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de los comicios, que dieron al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le fue llegando el turno al resto de los uniformados.

¿Decreto “fantasma”?

Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.

Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.

Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.

Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.

Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.

Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.

Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.

Presiones internas

Desde el campamento, Correa insiste en que las represalias contra su persona comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.

Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.

Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.

PL/MG

Diego Santilli llegó este martes al mediodía a Posadas para cerrar la gira federal que lo llevó en los últimos diez días por casi todas las geografías políticas del país. La escala final, acaso una de las más sensible para la Casa Rosada, lo reunió durante poco más de una hora con el gobernador Hugo Passalacqua. Con cuatro diputados, dos senadores y la conducción disciplinada de Carlos Rovira, el bloque del oficialismo de Misiones es uno de los que podría definir el destino del Presupuesto 2026 y la reforma laboral de Javier Milei en las sesiones extraordinarias.

Antes de regresar a Buenos Aires, el ministro del Interior tuvo un movimiento clave fuera de agenda: se reunió a solas con Rovira en su oficina de la Legislatura provincial. El encuentro, breve pero significativo, fue leído como el verdadero termómetro de la visita. En Misiones, la arquitectura del poder no se entiende sin la figura del conductor del Frente Renovador de la Concordia, y en Balcarce 50 lo saben. La conversación funcionó como un gesto de reconocimiento político: si Santilli busca garantizar los votos misioneros para diciembre, primero debe pasar por el despacho de quien ordena, disciplina y define la estrategia legislativa del oficialismo provincial.

La señal que buscaba el Gobierno era clara: mostrar que el ministro podía sellar un entendimiento político con el líder misionero antes del envío del paquete fiscal y laboral. “Misiones está para ayudar y construir juntos”, dijo Rovira, según un trascendido al que tuvo acceso elDiarioAR. Sin embargo, la consigna que Santilli escuchó en cada parada de su gira federal volvió a repetirse en Posadas: hay predisposición al diálogo, pero ningún mandatario entregará un apoyo sin contrapartidas. Por eso el ministro dejó para el cierre la conversación más delicada, en una provincia cuyo voto puede inclinar el tablero legislativo.

Tras el encuentro, Passalacqua difundió un mensaje público en el que detalló, punto por punto, los reclamos que llevó a la mesa. Dijo que recibió la visita de Santilli para “avanzar en una agenda de trabajo conjunta sobre temas centrales para el desarrollo de Misiones” y detalló uno por uno los puntos planteados. El gobernador pidió que Nación “facilite el financiamiento de la CAF para la línea de 132 kV San Isidro–Alem–Oberá”; que en el Presupuesto 2026 se incluyan “los aportes y remanentes del Tesoro Nacional”; y que se reactiven “los convenios firmados para la finalización de obras iniciadas por Nación, priorizando rutas, escuelas y viviendas”.

Passalacqua también recordó que Misiones arrastra desde 2017 “la deuda de ANSES con nuestra caja previsional no transferida, que genera un problema a nuestras cuentas públicas”, y exigió avances sobre “la deuda de Nación con la provincia derivada del consenso fiscal”. En la misma línea, señaló que el encuentro incluyó “temas vinculados al agro y la producción” y que los pedidos van en sintonía con los reclamos que los mandatarios del Norte Grande expresaron en su última asamblea.

La visita a Misiones cerró una semana de “federalismo de alta intensidad” para Santilli. El viernes pasado, el ministro había estado en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en un encuentro extenso que incluyó advertencias explícitas. Allí, el santiagueño reunió a los gobernadores del Norte Grande, que coincidieron en reclamar una nueva cumbre con Milei si el Presupuesto no avanza. También analizaron una eventual ofensiva parlamentaria para rediscutir el financiamiento de ARCA —el organismo que absorbe el 1,9% de la recaudación nacional—, un movimiento que en Balcarce 50 leyeron como presión directa.

En ese recorrido, Santilli tomó nota de demandas que se repiten a lo largo del mapa: obra pública, avales para tomar deuda externa, fondos adeudados a las 13 cajas previsionales no transferidas, mayor equidad en la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. A eso se suman reclamos puntuales, como la coparticipación retenida a CABA y La Rioja. El ministro escuchó todo, pero mantuvo una línea prudente. “Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, había dicho tras salir de su reunión con Zamora, una frase que volvió a repetir en privado este martes en Posadas.

El riesgo institucional es evidente. Si el Gobierno no logra aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre, deberá reconducir por tercera vez el esquema vigente. La alternativa es legal, pero políticamente corrosiva: sería mal vista por el FMI, por los mercados y por los gobernadores, que ya dudan de la capacidad del Ejecutivo para sostener acuerdos duraderos. Desde el norte, la advertencia fue directa: sin confianza, no habrá votos para las reformas laboral y tributaria.

Misiones, la pieza que faltaba

En ese contexto, la parada final de la gira adquiere un peso estratégico. Passalacqua llegó al encuentro tras participar de la 22ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero, donde planteó un diagnóstico crudo sobre las desigualdades estructurales del país. El jueves pasado, habló de la “injusticia geográfica”, recordó que “un misionero vive tres años menos que un porteño”, y remarcó que su provincia quedó fuera de la Hidrovía y es la única del país sin gas natural. Por eso reclamó obras de infraestructura, mejoras en la conectividad y en el transporte aéreo, e insistió en que el turismo debe ser una prioridad en el próximo Presupuesto.

Passalacqua reforzó un mensaje colectivo: el Norte Grande quiere que las obras estratégicas vuelvan a estar en agenda y que el Gobierno reconozca las brechas de desarrollo regional. “En soledad es un incordio; hacerlo en conjunto me parece excelente”, dijo el gobernador ante sus pares, en un gesto de voluntad federal que hoy trasladó a la reunión con Santilli.

Sus planteos se suman al contexto local marcado por el conflicto desatado por la avanzada mileísta sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), clave para la economía provincial, como publicó elDiarioAR.

En lo político, el Frente Renovador de la Concordia mantiene una cohesión interna que lo vuelve decisivo para cualquier votación relevante. En Balcarce 50 lo saben desde hace tiempo, pero en esta etapa —a días del envío de las reformas— la foto de Santilli en Posadas configura algo más que un gesto: indica si el oficialismo podrá llegar a diciembre con una base territorial ordenada o si dependerá de negociaciones caso por caso en el Congreso.

La estrategia de Santilli es completar la ronda con los 20 gobernadores del Pacto de Mayo. Quedan pendientes reuniones con Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). La coordinación de esa agenda se articula cada semana en una mesa política encabezada por Karina Milei e integrada por el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la futura jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich.

PL/MC

“Decime si hay un llamado a Rovira”. Javier Milei estiró el brazo y le acercó el celular a la periodista Mariana Brey, que no pudo disimular su incomodidad. “Revisá todo lo que quieras, yo no tengo problemas; los verdes son los llamados que yo hice”, insistió el Presidente, mientras la cámara de Telefe captaba el gesto con una mezcla de morbo y sorpresa. La escena, ocurrida en plena entrevista televisiva, buscaba desactivar una versión que ya hacía ruido en Casa Rosada: que el rechazo de los senadores misioneros al proyecto de Ficha Limpia había sido acordado con el mandamás misionero Carlos Rovira. Pero la desmentida llegó tarde. Para entonces, el silencio oficial ya se había interpretado como señal de connivencia. Y el nombre del líder provincial, tras años de bajo perfil, volvía a ocupar un lugar en el centro del poder.

El exgobernador de Misiones no necesita hablar para que se entienda que sigue vigente. No lo hace desde un cargo ejecutivo ni desde el atril de un acto masivo, sino desde su puesto de diputado raso, sin estridencias. Hace más de 17 años que ocupa una banca en el hemiciclo de la Legislatura misionera: primero como presidente del cuerpo y ahora, desde 2023, como uno más. Aunque cualquier mínimo conocedor de las vicisitudes de la tierra colorada sabe que lejos está de serlo.

Reverenciado casi como una deidad por sus acólitos, “el Ingeniero” maneja las riendas de la provincia que supo gobernar entre 1999 y 2007 con mano de hierro y guante de seda, sin que nada escape a su radar. En su estilo austero y hermético, descubrió hace tiempo la fórmula del poder perdurable: aferrarse al terruño, consolidar estructura y ejercer el mando sin exponerse. Rovira no da entrevistas ni aparece en televisión. Su último discurso público fue en noviembre de 2023, junto a Sergio Massa. Desde entonces, silencio.

Hasta que el país volvió a mirarlo. En la última semana, el nombre de Rovira irrumpió con fuerza en la escena nacional. Fue tras el rechazo misionero al proyecto que buscaba prohibirle competir en elecciones nacionales a condenados en segunda instancia, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner. Dos votos, los de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, bastaron para sepultar una iniciativa que el gobierno libertario había hecho propia en la retórica, pero que nunca terminó de abrazar del todo. La escena pareció un gesto de autonomía del oficialismo provincial, pero en los pasillos del Congreso empezó a circular otra hipótesis: que el Frente Renovador de la Concordia hizo el trabajo sucio para evitarle al presidente Javier Milei un costo político directo.

Esa versión cobró fuerza cuando el mandamás admitió que el rechazo al proyecto había sido parte de un acuerdo con la Casa Rosada. “Era una ley que poco tenía de ‘limpia’”, dijo Rovira, según confiaron a elDiarioAR testigos presenciales de la reunión a puertas cerradas que mantuvo con su tropa al día siguiente de lo ocurrido en el Senado —como cada jueves antes de cada sesión ordinaria de la Legislatura. El sábado 10, La Nación y Clarín llevaron sus dichos a la tapa de sus respectivas ediciones impresas, lo que obligó al propio Milei a salir a desmentirlo. Sin embargo, si bien La Libertad Avanza intentó despegarse del escándalo, nadie en Balcarce 50 salió a cuestionar abiertamente a Rovira. La señal fue elocuente.

La última vez que Rovira había concentrado tanta atención nacional fue en 2006. Entonces, desde su rol de gobernador, buscó reformar la Constitución provincial para habilitar su re-reelección. Contaba con el aval explícito de Néstor Kirchner, quien le pidió “dar la pelea por el proyecto” y convirtió a Misiones en globo de ensayo para otras iniciativas similares en Jujuy y la provincia de Buenos Aires. La oposición se articuló en torno a una figura inesperada: el obispo Joaquín Piña. Su candidatura, bendecida en las sombras por Jorge Bergoglio, desató una batalla cultural que traspasó los límites de la política.

La campaña por el “No” a la reforma se volvió un fenómeno nacional, con marchas multitudinarias, iglesias quemadas y acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y la Iglesia. El 29 de octubre de 2006, el referéndum se saldó con un resultado inapelable: el 56,5% de los misioneros rechazó la enmienda.

La derrota dejó a Rovira sin re-reelección y sumido en la desolación. Pero, como dice el dicho, “no hay mal que por bien no venga”. En 2007 asumió como diputado provincial, y desde entonces, sin volver a ocupar cargos ejecutivos, ungió y condujo a cada uno de sus sucesores en la gobernación: primero a Maurice Closs (2007-2015), luego a Hugo Passalacqua (2015-2019), después a Oscar Herrera Ahuad (2019-2023), y hoy nuevamente a Passalacqua. Ninguno osó salirse del libreto que él mismo escribió desde la presidencia de la Cámara de Representantes: sin exposición ni confrontaciones innecesarias, aunque no sin privarse de cierto revanchismo.

De “Carlitos” al “conductor”

Amado y temido por igual, Rovira tejió el inigualable poder que hoy ostenta con la paciencia de un monje budista. Su perfil, introspectivo y metódico, lo diferenció desde joven de los militantes apasionados de su generación. Mientras otros se sumaban a la agitación política de la década del 70, él prefería el deporte y el estudio. Se graduó de igeniero químico en la Universidad Nacional de Misiones, pero mucho antes, a sus 22 años, comenzó una carrera como docente que luego sorpresivamente abandonaría. ¿El motivo? Empezar a tabajar junto a un incipiente dirigente del peronismo misionero: Federico Ramón Puerta.

El ingreso de Rovira a la vida política tuvo más de familiar que de ideológico. Su padre, Miguel Ángel “Pichón” Rovira, fue quien se acercó a un viejo conocido suyo de sus años en Apóstoles, el empresario yerbatero Federico Gumersindo “Nene” Puerta, para pedirle un favor: que Ramón incluyera a “Carlitos” en su equipo. Corría 1987 y quien una década más tarde sería presidente por un día, estaba a punto de asumir una banca como diputado nacional por el PJ. Su meta, en realidad, era alcanzar la gobernación de Misiones, que acababa de ser recuperada por el peronismo, de la mano de Julio César Humada, tras el mandato del radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, primer gobernador misionero de la democracia.

Rovira se mudó a Buenos Aires como secretario privado de Puerta, pero para eso debió dejar atrás tanto su puesto en la cátedra de Física como la consultoría que en ese momento realizaba para el INTI, en vinculación con el Ministerio de Ecología de la provincia. El trato alcanzado con Puerta fue que, si el proyecto de alcanzar el poder en 1991 fracasaba, él se quedaría trabajando en su empresa.

A partir de ese momento, Puerta adoptó a Rovira como un protegido, aunque siempre dejó en claro la asimetría. La relación fue estrecha pero distante. Ya en los 90, con el yerbatero al frente de la gobernación y “el hijo de Pichón” como presidente de Vialidad provincial, el entonces joven ingeniero se mantuvo alejado de los círculos de tertulia y negocios que rodeaban a su jefe. Sus compañeros de partido llegaron a apodarlo “el mudo” por su silencio en las reuniones, una imagen que con los años se transformó en una marca de estilo. Esa frialdad contenida fue el preludio de una ruptura silenciosa y decisiva.

En 1995, las carambolas de la historia llevarían a Rovira a su primer cargo electivo: ni más ni menos que intendente de Posadas. Desde allí, comenzaría a aceitar su cintura política. Pero no será sino a partir de 1999, ya como gobernador, que se animará a ensayar un liderazgo propio. El quiebre final con Puerta llegaría en 2003, cuando, junto a un grupo de radicales díscolos, fundará el Frente Renovador de la Concordia para emanciparse definitivamente del justicialismo ortodoxo. En esa jugada clave contó con el apoyo directo de Néstor Kirchner, quien lo empujó a lanzarse con una promesa: “Si soy presidente, te doy todo el respaldo”. Meses después, el 28 de septiembre, con el 47,8% de los votos, Rovira le ganaría a quien fuera su padrino político, convirtiéndose así en el primer experimento exitoso de la “transversalidad” kirchnerista.

Desde entonces, su influencia no solo se consolidó en lo político. También se expandió hacia el plano económico. A través de vínculos familiares, como el que mantiene con su suegro Nelson Spotorno —dueño de una de las principales constructoras de la provincia—, su entorno ha estado ligado históricamente a licitaciones clave de obra pública. Aunque no declara bienes, en Posadas nadie ignora que Rovira es uno de los hombres más ricos de Misiones. Su participación en sociedades vinculadas al Estado conforman una fortuna tan ostensible como inverificable. No vive como un político tradicional: tiene una casa con muelle privado sobre el río Paraná, pasa los veranos en París y acumula propiedades que no figuran a su nombre. 

El año en que se rompió la calma

En mayo de 2024, la calma que Rovira había sabido construir desde la derrota del referéndum de 2006 se quebró por primera vez en casi dos décadas. El descontento social explotó en las calles con protestas de docentes, policías y trabajadores de la salud, y la tensión trepó hasta su propio domicilio. La respuesta fue un contraataque sin matices: causas judiciales y posteriores detenciones. Ocho policías fueron acusados de sedición, entre ellos el suboficial retirado Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde la cárcel en las elecciones del próximo 8 de junio. Fue el punto de inflexión de un año que puso a prueba los límites del modelo rovirista: frente a la presión social y el avance libertario, la reacción no solo fue adaptarse, sino también endurecerse.

Pero el clima de tensión no se limitó a la calle. En los meses siguientes, en el marco del caso Kiczka, el gobierno provincial impulsó la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, cuya ley insinúa la posibilidad de allanar domicilios en casos de “fake news”. La norma encendió alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos civiles, que advirtieron sobre la institucionalización de la censura. En paralelo, se multiplicaron los casos de hostigamiento a tiktokers críticos. Una de ellas, la enfermera Florencia Belén Aguirre, denunció que la policía ingresó con violencia a su casa y le secuestró los teléfonos tras ser acusada de injurias por un funcionario provincial. Lo mismo ocurrió con Ramiro Barrionuevo, conocido como “Quito”, y con Cristian Cabral, un referente barrial.

Ese giro de tinte autoritario dejó al descubierto otro Rovira. Uno más cerrado, más ensimismado, menos cuidadoso. “Si algo demostró el 2024 es que Carlos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para conservar su poder”, sentenció un viejo militante renovador ante elDiarioAR, preocupado por la “pérdida” de la “sutileza” que siempre supo caracterizar al “conductor” de la Renovación. “Está cada vez más parecido a Gildo”, espetó, en referencia a Insfrán, el eterno gobernador formoseño.

Es que en el oficialismo misionero, las decisiones ya no se discuten ni siquiera en el interior de su espacio. La Renovación NEO, como rebautizó a su fuerza política, se volvió más vertical, más tecnocrática y más dependiente de su figura. Desaparecieron los cuadros intermedios, se achicaron los márgenes de deliberación y se amplificó el culto a la “juventud” por sobre la política. En marzo de 2023, durante el lanzamiento de listas de ese año, el propio Rovira pidió que en la primera fila del acto se sentaran solo “neos”. Al subir al escenario, los miró y dijo: “No los conozco, nunca vi sus caras”. Era una frase de autoelogio, pero también el síntoma de una dirigencia que ya no produce líderes, sino ejecutores.

En paralelo, también profundizó una narrativa que mezcla modernización con personalismo. “El verdadero poder está en quién accede al conocimiento”, dijo Rovira durante el discurso de inauguración del Silicon Misiones, el polo tecnológico ubicado a las afueras de Posadas, al que calificó como “el santuario intelectual más importante que se erigió en la Argentina”. Ese día, entre citas del economista Richard Thaler y el lingüista George Lakoff, sostuvo que Misiones es la “primera provincia start up de la Argentina”, tal y como reza el cartel de bienvenida apostado en el límite con Corrientes. Una contradicción: mientras impulsa a los jóvenes a programar, reprime a los que critican en redes. El contraste entre discurso de vanguardia y prácticas regresivas atraviesa el modelo “misionerista” como una tensión no resuelta.

Pactos son pactos

En ese contexto, el vínculo con Milei apareció como un salvavidas inesperado. El entendimiento entre ambos comenzó en 2021, aunque se puso en duda en 2023, cuando Misiones fue una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza no presentó candidatos a senadores. No fue casual: la Justicia Electoral local impugnó con minuciosidad el armado libertario, bajo presión del oficialismo provincial. Esa jugada le permitió a Rovira quedarse con dos bancas propias y bloquear la irrupción de un nuevo actor que hubiera puesto en riesgo su hegemonía.

Los rumores sobre un pacto comenzaron a circular en la opinión pública desde, al menos, el mes de septiembre de 2023. Lo curioso es que no fueron agitados por la oposición, sino por la propia Renovación. A pocos días de las PASO, el portal MisionesOnline —voz para-oficial de la Renovación— publicó una nota titulada “Recuerdos del futuro”, donde revelaba una reunión secreta entre Rovira y Milei en 2021. El artículo no buscaba incomodar al “conductor”, sino legitimar una narrativa: la de una convivencia posible entre dos proyectos en apariencia irreconciliables.

La campaña también alimentó las sospechas. Aunque los candidatos legislativos de Rovira fueron pegados a la boleta de Massa, en los barrios comenzaron a repartirse ejemplares ya cortados, junto a la de Milei presidente. En voz baja, dirigentes del oficialismo justificaban el operativo como una forma de “no regalar el territorio”. En las PASO, el libertario sacó el 43% de los votos. Y en el ballotage, ganó con el 56%. Para entonces, la convivencia ya era inevitable.

Pero fue en abril de 2024, un mes antes del inicio de las protestas que tuvieron en vilo a la provincia, que el entendimiento tomó forma pública. Guillermo Francos, entonces ministro del Interior, viajó a Posadas junto a Eduardo “Lule” Menem y se reunió con Rovira, además de con el gobernador Passalacqua. El acuerdo fue claro: apoyo legislativo a cambio de fondos y autonomía. Los números lo confirmaron: Misiones fue la provincia que más recursos discrecionales recibió de la Nación hasta fines del año pasado.

Rovira nunca más volvió a pisar oficialmente Buenos Aires. Entre los dirigentes que trajinan los pasillos del poder central, su figura genera tanta intriga como admiración. A sus 69 años, controla los tres poderes del Estado misionero a su gusto, aunque alejado de la tranquilidad que supo disfrutar en otras épocas. El caso Ficha Limpia fue una muestra: lo exhibió ante los ojos del país, por voluntad o impericia, como un político a escala nacional. En la superficie, expuso a Milei. En el fondo, le hizo un favor. Y volvió, una vez más, a estar en el centro de la escena. Como en 2006. Como tantas veces. Sin hablar públicamente. Pero al mando.

PL/MG

El ida y vuelta entre la Casa Rosada y los gobernadores está al rojo vivo. La tensión escaló en los últimos días, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. Desde que Javier Milei desplegó el ajuste “más grande la historia”, las transferencias no automáticas prácticamente se evaporaron. Una decisión que puso contra las cuerdas a los mandatarios provinciales que, como si la motosierra no los hubiera alcanzado, también deberán lidiar, en caso de que prospere, con el corset fiscal impuesto en el artículo 1 del Presupuesto 2025: si hay superávit, habrá para repartir; de lo contrario, todos deberán seguir recortando.

“Se acabó esto de que los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires”, dijo Milei esta semana en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a los giros en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el Presidente no dudó en echar mano a la clásica fórmula del “látigo” y la “chequera” con el fin de lograr sus objetivos el Congreso.

A lo largo del 2024, el Gobierno distribuyó a cuenta gotas, entre sus mandatarios más cercanos, una mínima parte del fondo general de transferencias discrecionales: $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles, según el cálculo que realizó elDiarioAR a partir de un informe de Politikon Chaco. Se trata de dinero pensado para desembolsar en casos de catástrofes, pero que todos los oficialismos utilizan para “premiar” a sus aliados.

Son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).

El Gobierno no entregó ATN entre julio y septiembre. Fue recién en octubre, luego de tres meses, que el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un poco el grifo y giró $3.000 millones a Entre Ríos debido a una gestión realizada por Rogelio Frigerio, del PRO. En tanto, entre el 1° y el 12 de noviembre, tres provincias aliadas recibieron un trato privilegiado: Catamarca embolsó $3.000 millones, Misiones $4.000 millones, Salta $4.500 millones y Tucumán otros $4.500 millones. Sus cuatro gobernadores, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían cenado con Milei en Olivos el pasado 21 de octubre tras el apoyo legislativo de sus diputados al blindaje al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Rosca legislativa

El sinuoso camino del Presupuesto 2025 dejó expuesto el toma y daca que pretende el Gobierno con las provincias. Es que uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con ATN, es que el Gobierno coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. De esa demanda se había hecho eco el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto: a través de un dictamen propio, pensaban presionar a la Casa Rosada para que se comprometa a repartir el dinero cada tres meses si no lo utiliza.

Pero esa idea quedó desechada rápidamente: desde la bancada dialoguista confirmaron esta semana que acompañarán el dictamen del oficialismo, pero con disidencias. Fue el fracaso de la sesión del martes lo que generó malestar entre los diputados. Además de echarles en cara que no contribuyeron al quorum, en el bloque del que también forman parte Emilio Monzó y Nicolás Massot hubo enojo por considerar que los gobernadores “se cortaron solos” en la negociación con el oficialismo.

La cumbre que tuvo lugar el jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) escenificó el clima de incertidumbre. Mandatarios de todos los colores –desde Axel Kicillof (Buenos Aires) hasta Ignacio Torres (Chubut)– debatieron qué hacer con el proyecto de presupuesto enviado por Milei. Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.

Los gobernadores son conscientes de que si no se logra consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada a fines de 2022 y Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje oficial es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos y le permitiría al libertario seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.

Por eso, en Balcarce 50 la impaciencia no abunda. El “Plan A” es que la discusión del Presupuesto 2025 no prospere y continuar administrando discrecionalmente las partidas, esquivando compromisos fiscales con las provincias. En el oficialismo ven esta opción como un arma poderosa para que los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, continúen alineados. El escenario sigue abierto, pero las agujas del reloj ya comenzaron su cuenta regresiva.

PL/JJD

Un mes después del polémico asado que encabezó Javier Milei con diputados nacionales en la quinta de Olivos, con el fin de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente recibió este lunes por la noche a cuatro de los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. La cita fue nuevamente en la residencial oficial y los invitados son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

La cita fue convocada a las 21 y el presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo.

El catamarqueño Jalil remarcó al arribar que llegó dispuesto a “escuchar y pasar un rato de camaradería”. Mientras que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo aclaró que él fue a la cena “sin tarjeta y sin plata, pero con muchos pedidos”.

A diferencia del asado que Milei brindó a los “87 héroes” que lo acompañaron en la Cámara baja en el rechazo a la reforma jubilatoria, en esta ocasión los invitados no tuvieron que pagar por lo consumido. 

Desde la Casa Rosada consideran que estos mandatarios provinciales, al haber apoyado al Gobierno en decisiones legislativas clave, merecen un reconocimiento especial. Pero la cita no fue solo para agradecerles el respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, sino que también tendrá implicancias políticas más amplias: la administración de Milei busca asegurarse el apoyo de estos mandatarios al Presupuesto 2025, con la confianza de que actuarán como obturadores de las modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Jaldo

Entre los cuatro gobernadores invitados a Olivos, el que resalta por su cercanía con Milei es Osvaldo Jaldo. Anfitrión del Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio pasado en “el jardín de la República”, el primer gesto fuerte del tucumano hacia la Casa Rosada tuvo lugar durante el verano, cuando pactó el acompañamiento de los diputados que le responden a la primera versión de la ley Bases, a cambio de que la industria azucarera tucumana siguiera protegida fiscalmente. Ese posicionamiento derivó en la primera escisión del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja y la formación de uno propio, bautizado “Independencia”, integrado por Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla.

Hace dos semanas, esos tres legisladores, a las órdenes del gobernador, fueron fundamentales para que Milei sostuviera el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. Una postura que, al día siguiente de la multitudinaria marcha federal universitaria, Jaldo había matizado al expresar su intención de que haya “un mayor presupuesto para los sueldos de los docentes, para mejoras edilicias y para disponer de los elementos necesarios”. Sin embargo, en conferencia de prensa, también advirtió acerca del supuesto “impacto financiero” de la medida en el presupuesto nacional o en el PBI. “El déficit cero no lo debemos perder”, apuntó, para después añadir que, si eso sucede, “quiere decir que estamos asumiendo compromisos que no podremos cumplir”.

Lo cierto es que los miembros de la bancada Independencia no definieron su voto hasta bien entrada la mañana del día de la sesión especial, quizás conscientes del costo político que podría acarrearles la decisión acompañar la voluntad de Milei. De hecho, consumada la ratificación del veto, los legisladores “jaldistas” fueron repudiados por la comunidad académica de la provincia. El diario La Gaceta dio cuenta de cómo en tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán se pegaron carteles con las fotos de Fernández, Medina y Fernández de Mansilla, con una leyenda clara: “Votar a favor (del veto de Milei) es traicionar a la universidad”.

Además de los rostros de los tres representantes del PJ, también aparecía en los afiches Mariano Campero, el radical que cambió su voto con la movilidad jubilatoria y acercó a otros cuatro de su partido a la Casa Rosada para defender al oficialismo. El mensaje era contundente: “¡Alerta de ratas! Diputados los estamos mirando”, decía la consigna.

Sáenz

“Vamos a buscar resolver los problemas de cada una de nuestras provincias y es la oportunidad que tenemos de algo que venimos reclamando, un diálogo con el gobierno nacional”, sostuvo este lunes el gobernador salteño Gustavo Sáenz al ser consultado por la cena que compartirá esta noche junto al presidente Milei. “Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, inistió el mandatario en una entrevista con Radio Mitre, aunque se atajó al apuntar que “acá nadie es héroe ni hay que festejar nada”.

Sáenz se declara “ferviente defensor de la universidad pública”, algo que logró ratificar con la votación de dos de sus tres diputados en el recinto. El bloque Innovación Federal, integrado por los oficialismos provinciales de Salta, Río Negro y Misiones, tomó caminos distintos a la hora de posicionarse ante el veto de Milei. Su jefa de bancada, la salteña Pamela Calletti, que es docente universitaria, votó en contra de la decisión oficial, al igual que su coprovinciano Pablo Outes. Curiosamente, quien estuvo ausente fue Yolanda Vega, que se excusó en un malestar físico.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz, que estuvo de gira por Europa, comentó que su idea es “contarle al Presidente acerca de las inversiones que conseguimos y que hay que apurarse con algunas cuestiones provinciales o nacionales”. No es que haya “trabas”, aclaró, pero sí “burocracia propia del Estado que hace que se demore [la implementación del RIGI] y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”. En ese sentido, indicó que “Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres”. “Los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Sáenz forma parte del conjunto de gobernadores que más dispuestos está a prestarle gobernabilidad a La Libertad Avanza. Ese grupo también lo constituyen el catamarqueño Rubén Jalil, el misionero Hugo Passalacqua y el tucumano Osvaldo Jaldo. No por causalidad, en febrero, los cuatro encabezaron una reunión con el por entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, en la que lograron expresarle sus quejas respecto al rumbo de la relación del gobierno nacional con las provincias. Ese encuentro, que tuvo lugar en Salta y del que también participó el jujeño Carlos Sadir, fue clave para acercar posiciones entre las partes luego de un verano tormentoso en la relación de la Casa Rosada con las provincias.

Passalacqua

La relación de Hugo Passalacqua con la Casa Rosada es otro ejemplo de buena vecindad. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el “misionerista” Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador Carlos Rovira, decidió volver a levantar la consigna que ya es un leitmotiv del oficialismo misionero: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”. El último ejemplo de ello fue la votación del veto a la ley universitaria: los cuatro diputados que responden a Rovira, y que conforman el bloque Innovación Federal junto a los salteños de Sáenz, se abstuvieron.

Sin embargo, el único en quedar en offside fue Alberto Arrúa, secretario general del PJ local. Sucede que el diputado no solo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión en la que se decidía el futuro del veto de Milei llegó a prometer públicamente que iba a rechazarlo. “A mí y a mis compañeros de bloque no nos van a encontrar apoyando las políticas de este gobierno”, dijo en una entrevista con Futurock, exhibiendo una intransigencia opositora que se le desconocía. Arrúa fue el principal apuntado por la expresidenta Cristina Kirchner, que acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político”.

No son tiempos precisamente tranquilos para el misionero Rovira. Los reclamos salariales de trabajadores estatales que en mayo tuvieron en vilo a la provincia, y que pusieron a Misiones en el foco de la atención pública nacional, mostraron como nunca antes las fragilidades de su construcción hegemónica, además de las consecuencias del ajuste llevado adelante por La Libertad Avanza. Sin embargo, el cimbronazo no perjudicó en lo más mínimo el plan de acercamiento a Milei ensayado de antemano por el líder provincial.

Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, el plan trazado por Rovira es explícito: consolidar una corriente “libertaria” propia dentro de su espacio político para, de esa manera, monopolizar la representación de ese espectro ideológico en las elecciones de 2025. Para lograrlo, Milei debería de prescindir de disputarle el poder en su territorio con un candidato competitivo el año que viene. Un favor que, según deslizan fuentes misioneras a elDiarioAR, Rovira confía que podrá cobrárselo a partir de los apoyos de sus diputados a las iniciativas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

Jalil

El catamarqueño Raúl Jalil es otro de los mandatarios provinciales que hace gala de una relación pragmática con el gobierno de Javier Milei. Este enfoque se hizo evidente en la reciente votación sobre el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario: el gobernador le ordenó a la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, integrante de la bancada de Unión por la Patria, que no bajara al recinto y permaneciera en su despacho durante la sesión del veto para que su ausencia en el recinto permitiera que no cayera le decisión de Milei.

Jalil fue uno de los primeros mandatarios que se sentó a firmar convenios con Guillermo Francos en el marco del plan de traspaso de obras nacionales a las provincias. Durante ese encuentro, se acordó un desembolso de 25.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Sin embargo, esas promesas se encuentran hoy atadas a lo que se resuelva tras el debate del Presupuesto 2025 en el Congreso.

El primer gran guiño del gobernador a Milei fue cuando los tres diputados de Unión por la Patria de la provincia votaron a favor de la ley Bases, lo que posteriormente se tradujo en la firma de Jalil al Pacto del Mayo. “La gente eligió. Si uno ve la elección, mucha gente votó a intendentes, a mí y a Milei de manera muy transversal”, sostuvo en junio el mandatario en una entrevista con Clarín.

Pero el impacto del ajuste de Milei sobre la provincia es notorio. El porcentaje de pobreza del primer semestre registrado en el Gran Catamarca es de un 55,9%, superando en tres puntos los porcentajes nacionales del 52,9%, según revelaron las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Del informe oficial también se desprende otro dato alarmante: 25.888 catamarqueños pasaron a ser pobres durante la gestión de La Libertad Avanza.

PL

El presidente Javier Milei se reúne este lunes en la residencia de Olivos conmlos gobernadores dialoguistas que fueron clave en el apoyo que necesitó el oficialismo en el Congreso para respaldar el veto contra la ley de Financiamiento Universitario. Los invitados a una nueva cena de “héroes” son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ), y contará con la presencia de colaboradores libertarios cercanos al Ejecutivo.

Pero el encuentro tiene una intencionalidad que va más allá del agradecimiento, porque el mandatario busca también asegurarse el respaldo de los gobernadores norteños no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Entre los acompañantes de Milei en la cena se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresó este fin de semana de su gira por Francia; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su mano derecha, Lisandro Catalán: del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y no se descarta, tal como ocurriera en la anterior “cena de héroes” con los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria, las presencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (si regresa a tiempo de Bariloche, donde participará de la apertura de la VI etapa del “Curso avanzado en la lucha contra el Narcotráfico”); y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni, además del asesor estrella, Santiago Caputo.

Quien no estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que junto a los secretarios de Política Económica, José Luis Daza, y de Finanzas, Pablo Quirno, viajaron a Washington DC donde participarán de las Reuniones Anuales 2024 del FMI y del Banco Mundial.

Gustavo Sáenz: “No somos héroes y no hay nada para festejar

“Hemos acompañado al Gobierno dándole las herramientas que necesita, desde el primer momento hemos planteado un diálogo”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz al recordar que la reunión de este lunes nació de una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus colegas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a partir de la necesidad de abordar los problemas de esas provincias e intentar resolverlos.

No obstante, Sáenz dejó en claro que “nosotros no somos héroes y no hay nada para festejar. Soy ferviente defensor de la universidad pública”, enfatizó el mandatario salteño en declaraciones al diario Clarín.

Asimismo, sostuvo que su objetivo es que se empiece “a ver a la Argentina no desde la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, Salta tiene una sola universidad pública y hay municipios que tienen tres y los presupuestos para ellos son mayores que el de nuestra provincia”, reclamó.

Al confirmar la cena de este lunes, Sáenz detalló que la idea de los gobernadores dialoguistas “es contarle al Presidente el tema del RIGI y cómo cayó en la gira por Europa, las inversiones que conseguimos que hay que apurarlas con algunas cuestiones provinciales o nacionales. No es que hay trabas, pero sí burocracia propia del Estado que hace que se demore y no estamos en condiciones de demorar ni un minuto”, sostuvo el gobernador de Salta en declaraciones a radio Mitre.

“Tuvimos una reunión con el ministro Caputo, donde planteamos cuestiones como las universidades. Las universidades del interior tienen presupuestos paupérrimos y mínimos y realmente son una salida para la gente que no tiene donde estudiar. Los del Interior son presupuestos mucho más bajos que los del centro del país. Hay que mirar el país no desde la capital Federal y provincia de Buenos Aires”, remarcó.

Ya en junio pasado Milei había recibido a gobernadores peronistas y radicales en Casa Rosada tras el acto del Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe.

Pero Sáenz no siempre se mostró alineado con el Gobierno libertario. En marzo pasado, el salteño apuntó que, así como el Gobierno “dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”.

En aquella oportunidad, el gobernador salteño afirmó que, hasta ese momento, el Gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

“Está logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya”, aseguró, al tiempo que criticó al Gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

Hace seis meses, Sáenz consideraba que la metodología de la gestión libertaria , no era “una nueva forma de hacer política”, sino que en otro momento también fue aplicada por “otros gobiernos centralistas” para que los gobernadores fueran “delegados” del Ejecutivo nacional.

“Una cosa es servir y ser útiles para darles herramientas al Gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”.

“La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, opinó.

Al respecto, consideró que es “fundamental que el Presidente entienda que lo que necesita es un gran acuerdo” que, actualmente, “se hace difícil” de alcanzar por “la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores”.

“Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado”, indicó.

El rechazo de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había acusado días atrás a los gobernadores Jalil, Jaldo y Passalacqua, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de respaldos, abstenciones y ausencias de parte de los legisladores que les responden, al momento de la votación.

En aquel momento, la expresidenta apuntó que: “Esta realidad que ya es inocultable, nos obliga hoy, más que nunca, a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación”.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei está preparando una nueva cena política para el próximo lunes en la residencia de Olivos, con un enfoque particular en gobernadores del norte del país. Esta vez, la lista de invitados incluye a mandatarios clave como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes pertenecen al Partido Justicialista (PJ) y a fuerzas locales. Desde la Casa Rosada consideran que estos gobernadores, al haber apoyado al Gobierno en decisiones clave, merecen un reconocimiento especial.

El motivo oficial es agradecerles su respaldo al veto presidencial contra la ley de Financiamiento Universitario, pero la reunión tiene implicaciones políticas más amplias. En particular, la administración de Milei busca asegurarse el respaldo de estos mandatarios no solo para el Presupuesto 2025, sino también para bloquear posibles modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la oposición más dura.

Según pudo saber elDiarioAR, la invitación ya fue cursada. Y aunque en las provincias aún no han confirmado oficialmente su presencia, en los pasillos de Balcarce 50 se especula con que los gobernadores asistirán. Entre los acompañantes de Milei en el encuentro se espera la participación de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien regresa este fin de semana de su gira por Francia.

También podrían estar presentes funcionarios clave del ala política como Guillermo Francos y su mano derecha, Lisandro Catalán, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En la anterior cena, participaron además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor estrella Santiago Caputo.

La dinámica de cenas con funcionarios y legisladores que respaldan al Gobierno se está convirtiendo en un sello de la gestión de Milei. La primera y más resonante de ellas fue el asado que encabezó Milei a mediados de septiembre con diputados nacionales en la quinta de Olivos. Con la idea de agasajar a los “héroes” que blindaron en el Congreso el veto a la ley de aumento jubilatorio, el Presidente se ubicó en la cabecera de una larga mesa en U desplegada en la residencia oficial, una foto que no hizo más que sembrar malestar al punto de motivar protestas en las inmediaciones de la residencial oficial. 

“Transfuguismo político”

La semana pasada, la expresidenta Cristina Kirchner acusó a los gobernadores, ahora invitados por Milei, de “transfuguismo político” por respaldar en el Congreso el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. A través de un extenso mensaje en su cuenta de X titulado “El veto y el voto”, la actual candidata a la jefatura del PJ apuntó contra los mandatarios “de nuestro partido” por “influir” sobre “algunos legisladores de sus provincias” para plegarse a la estrategia oficial.

La extitular del Senado se refirió a la abstención del misionero Alberto Arrúa, secretario general del PJ local, quien no sólo había votado el financiamiento universitario en el recinto, sino que en las horas previas a la sesión había prometido públicamente rechazar el veto de Milei. “Sin embargo, por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”.

“Las razones de este verdadero transfuguismo político las explica, mejor que nadie, el título y contenido de la nota publicada hoy por el portal Infobae: 'El gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores' (el resaltado en negrita me pertenece)”, continuó Cristina Kirchner en su escrito. Y remató: “Esto es lo que está destruyendo las representaciones políticas y sus instituciones. Y todavía hay algunos que se preguntan por qué ganó Milei…”.

PL/DTC

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Corría el mes de mayo y las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo salarial de la Policía de Misiones, anticipaba la amarga noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas que se congregaban en ese momento frente al Comando Radioeléctrico de Posadas estallaron en un solo grito de indignación. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Cinco meses pasaron de aquellas jornadas calientes en las que los reclamos salariales de trabajadores estatales misioneros pusieron en jaque la hegemonía tan bien construida a lo largo de más de 20 años por el mandamás Carlos Rovira. El acampe apostado sobre la avenida Uruguay, una de las principales arterias comerciales de Posadas, se levantó el 29 de mayo luego de que el gobierno del Frente Renovador de la Concordia acordara con los representantes de los efectivos policiales y penitenciarios un aumento de alrededor del 60%, además de una amnistía. A mediados de septiembre, sin embargo, ese pacto se rompió: Amarilla y otros siete uniformados fueron arrestados tras ser acusados de los delitos de coacción, sedición y conspiración. El jueves pasado la Justicia les dictó la prisión preventiva.

El magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, cree contar con pruebas suficientes para sostener que los efectivos detenidos, con Amarilla a la cabeza, buscaban complotarse para tomar la Jefatura de Policía de la Provincia. Luego de que un colega alertara a sus superiores acerca de ese supuesto plan, Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto fueron aprehendidos y destituidos de sus cargos a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador Hugo Passalacqua. La investigación judicial no se vincularía con lo ocurrido en mayo, pero en Misiones hace tiempo que prima la incredulidad.

“Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, sostuvo Matías Orrego, familiar de uno de los detenidos, que en diálogo con elDiarioAR denunció que a su hermano “lo incomunicaron por 24 horas sin siquiera dejarle acceder a su abogado”. El sargento Joaquín Orrego habría sido apresado por mensajes que envió a un grupo de WhatsApp de nombre “Solo Cola”. Pero su hermano lo niega y aclara que la acotación la realizó en otro grupo, uno de delegados, donde el efectivo no hizo más que expresar su disconformidad con la propuesta salarial que les había hecho el gobierno. Es que en la mesa de diálogo sospechan de que las órdenes de capturas por parte de la Justicia misionera fueron en realidad una “represalia” por haber rechazado el incremento de solo el 5% que se les ofreció a principio de septiembre.

El supuesto plan de “desestabilización”, como lo calificaron desde un comienzo en los medios locales, llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, el pasado 16 de septiembre. Fue el peritaje hecho a su teléfono celular el que expuso las presuntas intenciones del grupo. En los chats relevados y filtrados a la prensa, se observan mensajes donde se habla de provocar incendios con el fin de forzar la salida de los camiones de bomberos para después tomarlos y así bloquear calles de la ciudad.

Con excepción de Amarilla, todos los efectivos estuvieron alojados hasta la semana pasada en la Alcaidía de la Mujer, ubicada al lado de Comisaría Segunda de Posadas. Una vez que se les dictó la prisión preventiva, fueron trasladados en su mayoría al penal de Cerro Azul, situado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, donde ya se encontraba detenido el principal referente y vocero de la mesa salarial policial. Dato de color: se trata de la misma cárcel de máxima seguridad en la que pasa sus días el exdiputado provincial Germán Kiczka, acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil.

Ramón Grinhauz, abogado defensor tanto de Correa como del vocero Amarilla, anticipó en las últimas horas que buscará apelar la prisión preventiva dictada por el juez Verón sobre sus dos defendidos. El letrado cuenta con un lapso de cinco días para presentar la solicitud en la Justicia, la que, sin embargo, ya rechazó pedidos previos de excarcelación para Amarilla y sus colegas.

Debido proceso en duda

La destitución de los ocho policías acusados de “sedición” y “conspiración” generó preocupación entre diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles en Misiones. La decisión del oficialismo provincial fue formalizada a través del decreto 2084/24 y anunciada el 22 de septiembre en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, expresó Passalacqua a través de un mensaje oficial, escoltado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el titular de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.

Esta semana, a través de un recurso de amparo, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes pusieron la firma y salieron a poner en cuestión el decreto, el mismo que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. En el escrito, al que tuvo acceso elDiarioAR, los letrados argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.

Rivas y Paredes sostienen además que la destitución responde a “represalias” por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales. Y señalan que, pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.

“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, alertan los abogados en otro pasaje de la presentación dirigida al Estado provincial.

El Justicia deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el clima de opinión pública en Misiones se vuelve cada vez más denso.

PL/DTC

“¡Fuerte el aplauso para nuestro conductor, Carlos Eduardo Rovira!”. Pocos minutos habían pasado de las 19 y un músico que cantaba sobre un escenario improvisado, apostado en la explanada de la Cámara de Representantes, hacía un esfuerzo por advertir a los presentes acerca de la sorpresiva aparición del líder misionero. Acababa de terminar la sesión ordinaria y el conjunto de la plana mayor del oficialista Frente Renovador de la Concordia salía a saludar a su militancia, con el gobernador Hugo Passalacqua en primera línea. Mientras los reclamos salariales de docentes y personal de salud se acrecientan, con cortes de rutas en distintos puntos de la provincia, Rovira decidió tomar la iniciativa y convocar a una marcha “en defensa de la paz y la libertad” que se realizó este jueves frente a las puertas de la Legislatura provincial.

La elección del momento y el lugar no fue para nada casual. Luego de casi dos semanas de una inédita tensión callejera que tuvo en vilo al país, y tras el ansiado acuerdo salarial alcanzado el martes por la policía provincial, la Renovación se trazó una estrategia: “blindar” la sede del palacio legislativo con miles de personas y así evitar que se repitan las imágenes de hace exactamente una semana, cuando cientos de manifestantes tiraron las vallas que rodeaban el edificio y fueron reprimidos con palos y gas pimienta. Bajo el lema “#30M por la paz”, intendentes oficialistas dieron la orden de mover el aparato: militantes y municipales de distintas localidades se acercaron hasta Posadas con la misión de hacer número y, con banderas argentinas y misioneras en sus manos, ocupar uno de los espacios de mayor simbolismo para la fuerza política que conduce el exgobernador Rovira.

Pero la de la Legislatura no fue la única cita que tuvo lugar este jueves en la capital provincial. En paralelo, a unas quince cuadras del barrio de Villa Sarita, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y agrupaciones de profesionales de la salud realizaban una concentración en la esquina de la avenida Uruguay y Trincheras de San José, epicentro del acampe multisectorial que todavía persiste en las cercanías del centro posadeño. “30M por la dignidad”, anunciaba el flyer de la convocatoria que buscó dar cuenta de que los reclamos de los estatales misioneros siguen en pie. Como respuesta a la marcha oficialista, una de sus consignas rezaba: “¡Paz es tener un salario digno!”.

Desde las filas docentes acusan al gobierno de recurrir a “militancia rentada” y de “apretar” a trabajadores del sector público para que asistan al evento organizado por Rovira. “El relato de que no había plata me parece que ya está a las claras: hay plata y mucha plata para poder pagar salarios dignos que garanticen que los trabajadores podamos tener todos los días algo para colocar en la olla”, sostuvo esta mañana el vocero de FTEL, Carlos Lezcano, en un diálogo con SomosTelam. Durante la jornada de hoy, las rutas nacionales 12 y 14 fueron los puntos de las protestas por un salario que alcance el monto de la canasta familiar, lo que llevó a que el tránsito se interrumpa en varios de los departamentos de la provincia.

Contraofensiva rovirista

Los reclamos de los gremios docentes más combativos se intensificaron en los últimos días, con manifestaciones que se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio misionero. Una de ellas llegó incluso hasta las puertas del domicilio particular de Rovira, a la vera del río Paraná, lo que encendió las alarmas en las filas del oficialismo. A partir de ese momento, la contraofensiva fue implacable: una vez cerrado el conflicto con la policía, fueron enviados al acampe varios oficios judiciales firmados por el magistrado Ricardo Balor. A través de ellos, se emitió una orden de restricción para que los referentes gremiales no puedan acercarse a menos de 200 metros de la Cámara de Representantes, acusados de ser los instigadores de los hechos de violencia registrados la semana pasada.

Los docentes denuncian que el gobierno provincial no tiene real voluntad de dialogar con ellos y que es por eso que opta por denunciar y restringir la participación de los manifestantes. Hace un mes que los maestros reclaman mejores condiciones laborales y salariales y consideran la acción judicial como un intento de “silenciar” sus demandas y un acto de “criminalización de la protesta”.

Curiosamente, las disposiciones de la Justicia misionera coinciden con las posturas expresadas por referentes del oficialismo provincial. Sin ir más lejos, durante la sesión ordinaria de este jueves, los discursos de los miembros del bloque renovador estuvieron enmarcados en una férrea “defensa de la democracia”, al punto de que un diputado llegó a exhortar a un “Nunca más” a la violencia.

“Más de 40.000 o 50.000 personas se movilizaron de toda la provincia de Misiones para estar hoy en la explanada”, celebró el jefe de la bancada oficialista, Martín Cesino, que hizo mención a “esa gran ciudadanía” presente en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Sin embargo, no se privó de apuntar contra los diputados provinciales del radicalismo que decidieron ausentarse de la sesión. Cesino los acusó de incumplir “con esa gran responsabilidad que nos ha dado el pueblo de la provincia de Misiones”.

Horas antes, el bloque de la UCR había publicado un comunicado para dar cuenta de su posición. “No podemos estar encerrados en un recinto que hace oídos sordos a los reclamos del pueblo trabajador”, rezaba el texto, firmado por todos sus integrantes. Y añadía, a modo de estocada: “El gobierno de la provincia, no conforme con dar la espalda, organiza y financia una movilización, en la que pone la plata que se ve que sí hay para actos partidarios, pero no para los docentes y las escuelas”.

Además de Cesino, una de las diputadas del oficialismo en tomar la palabra fue Anazul Centeno, quien se encargó de hacer una comparación entre los disturbios sucedidos la semana pasada en la Legislatura y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021. “Si repudiamos estos actos y los condenamos cuando suceden en otros lugares, también tenemos que hacerlo acá y tenemos que resaltar la gravedad de los hechos”, indicó, efusiva, la legisladora de la Renovación.

Y, en esa línea, continuó: “Estos actos buscan socavar el orden democrático e institucional y son completamente inaceptables en un Estado de Derecho. Así como también lo es que luego de los destrozos realizados aquí, una columna de manifestantes se haya trasladado al domicilio personal del gobernador y, a los días siguientes, a los domicilios de autoridades de esta Legislatura”.

Mientras tanto, desde uno de los palcos, los dos senadores nacionales misioneros que responden al gobierno provincial, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, escuchaban con atención las palabras de los diputados. Sobre ellos se posarán todas las miradas la semana que viene, cuando la Cámara alta deba tratar la dilatada ley Bases y se despeje, a su vez, una de las mayores incógnitas que rondan hoy a la política misionera: el alcance real de ese acuerdo de gobernabilidad que sellaran hace un mes Rovira y Milei.

PL/JJD

“Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”. La frase que Javier Milei pronunciara en enero durante una reunión de gabinete suena a los oídos del presente como una maldición. En medio de las negociaciones por la primera versión de la ley Bases, que luego terminó naufragando en el recinto de Diputados, el Presidente mostraba los dientes y amenazaba a los gobernadores con desfinanciar todavía más a sus ya alicaídas arcas provinciales en su camino por alcanzar su objetivo más preciado: el déficit cero. Cuatro meses después, el conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia de Misiones parece convertir en realidad aquella premonición y abre un interrogante en torno de lo que puede llegar a suceder en otros distritos del país.

El ida y vuelta de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales marcó a fuego el tiempo que lleva Milei al frente del Ejecutivo. A lo largo de su primer medio año de gestión, cada mandatario buscó tender puentes con Balcarce 50 a partir del planteo de demandas particulares, pero con una urgencia en común: la necesidad de recomponer sus ingresos, alcanzados por la motosierra del gobierno nacional. Con el recorte a casi la totalidad de las transferencias discrecionales, la caída en la coparticipación y la eliminación tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como de los subsidios al transporte, la situación social y económica en sus territorios se agravó. No puede se comprender el caso misionero sin contemplar este cuadro de ajuste generalizado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer cuatrimestre de 2024 el monto total de las transferencias no automáticas efectuadas por el Estado nacional a las provincias y municipios se redujo un 89,5% en términos interanuales. A ese escenario se suma el de la sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario, que desde la asunción de Milei registra un 15%, y que tiene a los trabajadores del sector público como los más afectados. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), el ingreso real de un empleado público cayó 21,3%. Un porcentaje de pérdida muy superior al del privado, que tuvo una baja del 11,2%.

Para intentar paliar esas asimetrías, el gobierno de Hugo Passalacqua puso en marcha en marzo la creación de un fondo propio de incentivo docente. El oficialismo provincial hace alarde de que Misiones es una de las pocas jurisdicciones del país que, con recursos propios, “cubre el desfasaje generado por las medidas de la administración central”. Sin embargo, el monto de $28.700 del Fopid, que fue abonado el pasado martes 21, no deja de representar la mitad del extinto fondo nacional, que había sido creado en 1999 y que La Libertad Avanza eliminó de un plumazo.

Así y todo, en la Casa Rosada se desentienden de la suerte que corre por estas horas la provincia de Misiones. Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por policías, maestros y personal de salud configuran un “tema de la provincia” que debe resolver la administración local. “El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”, aseguró Francos, en referencia a la gestión del provincialista Frente Renovador de la Concordia, y detalló que conversó con el gobernador Passalacqua para transmitirle su “apoyo”. “Nos pusimos a disposición”, acotó el funcionario, que hace apenas un mes se reunió en Posadas con el mandatario y su “conductor”, el mandamás Carlos Rovira.

En la misma línea de Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni también debió salir a aclarar este viernes que la administración de Milei “está atenta a lo que pasa, a cómo se desenvuelven los hechos”. Y auguró que el conflicto “se va a resolver” porque “la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”. El día anterior, en tanto, había asegurado que la protesta salarial “es un tema de estricta jurisdicción provincial”. “Los docentes dependen del gobierno provincial, por lo tanto el gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto, que es entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”, sentenció el portavoz durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Pero Misiones no es la excepción a la regla y en los últimos días comenzaron a conocerse reclamos salariales en otros puntos de la Argentina. Uno de ellos es el de los trabajadores judiciales de Mendoza, que decidieron extender el paro que hace dos semanas realizan por mejoras en los salarios y exigen que la Corte Suprema local salga en su apoyo. No sirvió para desactivar el conflicto el aumento del 10% otorgado por decreto por el gobernador radical Alfredo Cornejo, quien es cuestionado por los propios manifestantes por su cercanía política con los jueces locales.

En la ciudad de Rosario, en tanto, los trabajadores municipales realizaron un paro de 48 que luego fue desactivado debido a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La medida de fuerza había iniciado el miércoles y planeaban extenderla hasta el jueves. Horas más tarde, se supo que el Sindicato de Municipales votó por unanimidad aceptar la propuesta de aumento que le extendieron las autoridades. Se trata de una suba del 9% para el mes de abril, 5% en mayo y 4% en junio. Desde el municipio rosarino destacaron que es un incremento “igual la que distintos gremios estatales provinciales, como docentes, médicos y empleados estatales habían convalidado en esta misma semana”.

Sin Pacto de Mayo a la vista, Milei parece encontrarse ante una encrucijada: dejar libradas a las provincias a la buena de Dios o utilizar el poder que le concede el centralismo para disciplinar a los gobernadores a partir de una práctica tan vieja como recurrente: la del “látigo” y la “chequera”. Esta última opción comenzó a ser ensayada en los últimos meses, en el marco de la necesidad oficial de juntar apoyos para aprobar la aletargada ley Bases en el Congreso. En lo que va de 2024, el Gobierno giró discrecionalmente $10.300 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varios mandatarios provinciales considerados afines por la Casa Rosada, entre los que se encuentra el misionero Passalacqua. ¿Qué evitaría que esa “billetera” pueda ser abierta de nuevo en caso de “emergencia política”? Solo el tiempo tiene la respuesta.

PL/JJD

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por trabajadores de la Policía, la salud y la educación en Misiones configura un “tema de la provincia” que debe resolver la administración local. “El gobernador sabe que cuenta con nuestro apoyo”, sostuvo. 

“Conversé con el gobernador, por supuesto, en estos días dos o tres veces. Nos pusimos a disposición. Es un tema al que claramente tiene que buscarle una solución la provincia”, afirmó en una entrevista para Radio Rivadavia sobre el diálogo abierto con Hugo Passalacqua. 

En la misma línea, aclaró: “El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”.

“En función de que hay un reclamo policial y que un sector de la Policía paró, la ministra (Patricia) Bullrich inmediatamente se puso a disposición con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en algún lugar donde no esté la Policía presente, pero no ha hecho falta”, reveló el funcionario. 

En el mismo sentido, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz Manuel Adorni consideró que el Gobierno nacional “no puede interferir en las negociaciones de Misiones. Entendemos que el conflicto se va a resolver y que la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”, vaticinó el vocero de la gestión Milei.

Sigue la tensión en Misiones

En medio del reclamo salarial que tiene en vilo a Misiones, un numeroso grupo de docentes se dirigió en la noche de este juevss hasta la casa del gobernador Hugo Passalacqua, y se enfrentaron a los policías que buscaron impedir que vandalizaran el edificio.

La Infantería se hizo presente para custodiar la vivienda y lograron controlar la situación después de horas de máxima tensión.

Un rato antes de este episodio, los docentes intentaron ingresar a la Legislatura y allí también la autoridad policial empleó gases. 

Los casos de violencia se originaron después del rechazo de la Policía local a la oferta de un 30% de aumento, ya que exigen que sea del 100%. Tras una decisión unánime, decidieron que van a seguir acampando. El conflicto ya se extiende una semana.

“Nuestros gobernantes tienen la capacidad y las condiciones para incrementar ese porcentaje”, dijo uno de los efectivos retirados a la prensa, y siguió: “Hay falta de sensibilidad por parte de nuestro superior”. 

Luego habló el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien advirtió que desplazarán a los policías que participen de las protestas. “La sublevación es inadmisible y está fuera de la ley. No pueden utilizar bienes del Estado para protestar”, afirmó en declaraciones radiales.

Francos y los rumores sobre el Gabinete

En otro pasaje de la entrevista, Francos planteó que continuará en funciones hasta que el presidente Javier Milei lo solicite. Sus dichos llegan luego de que el mandatario asegurara que, tras la sanción de la Ley Bases, todos sus colaboradores estarán en análisis. 

“Son todas versiones. No hay que detenerse en esos temas. El Presidente fue muy claro, dijo que hay una primera etapa de Gobierno que culmina con la aprobación de la ley Bases y que comienza otros que tendrá nuevos objetivos y cuál va a ser el mejor equipo”, aclaró, y agregó: “Le resto importancia a las versiones y sigo en mi tarea hasta que el Presidente me diga”. 

Según el funcionario nacional, “el presidente tiene todo el manejo de su equipo y resuelve cuando le parece”. 

El futuro de la Ley Bases

Asimismo, el titular de Interior, encargado de negociar con los gobernadores y legisladores, vaticinó la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Senadores y responsabilizó al Congreso de los movimientos del dólar paralelo y la suba del riesgo país. 

“Cuando uno demora sancionar una ley tan importante, en una situación difícil de los mercados, todos estos efectos y discusiones se hacen sentir y reflejan en esto de los bonos, las acciones argentinas, y en función de eso sube un poco el riesgo país, la gente pasa del peso al dólar, pero es algo transitorio. Pero estos movimientos financieros se acomodan cuando se acomoda la macro”, indicó. 

Por último, planteó que el oficialismo, con siete senadores, apela a avanzar en las negociaciones con la oposición dialoguista para construir una mayoría que respalde el nuevo proyecto, y cuestionó al bloque peronista de “boicotear” y no apoyar la ley. 

“Somos un bloque de siete senadores, contamos con el bloque de aliados para que nos apoyen, sabemos que hay otro bloque que no acompaña, el tema es si se juntan la mayoría para hacerlo. Creo que la vamos a juntar”, concluyó Francos.

Con información de agencias.

IG

Bajo una tenue lluvia, a ritmo lento pero a paso firme, cientos de docentes y trabajadores de la salud de Misiones se movilizaron este jueves por las calles de Posadas rumbo a las puertas de la Cámara de Representantes, en el barrio de Villa Sarita. Se cumplía una semana del inicio de un conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia mesopotámica gobernada por el Frente Renovador de la Concordia y al grito de “¡100%! ¡100%!” la columna multisectorial llegaba a las inmediaciones de la Legislatura pasadas las 18, con el fin de hacer escuchar su reclamo por una recomposición en sus ingresos que les permita recuperar algo de lo perdido tras meses de altísima inflación.

La de este jueves no fue la primera, pero sí la más multitudinaria de las tres convocatorias que se llevaron a cabo frente a la Legislatura en el último mes. Y se trató, además, de la jornada de mayor violencia desde el comienzo de las protestas en la provincia. Es que, pese a que el gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que pudieran ser nuevamente tiradas, los desmanes volvieron a repetirse: cerca de las 19, un importante número de manifestantes ingresaba al playón principal de la Cámara, lo que motivaría a las fuerzas de seguridad a arrojar gas pimienta de manera indiscriminada. Minutos más tarde, otro grupo se trasladaba a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, ubicada en pleno centro posadeño, donde también se producirían incidentes.

“Yo solo se trabajar con la tiza y el pizarrón. Yo no sé trabajar con escopeta y gas pimienta. Solo sé tomar la mano de un niño para enseñarle a cruzar la calle, pero igual no les tengo miedo”, se lamentaba una maestra, megáfono en mano, minutos después de los disturbios, todavía en shock. Junto a ella, una bandera que rezaba, sugestiva: “El problema es provincial”.

La marcha había partido a las 17 de la esquina de Uruguay y Trincheras de San José, epicentro de las protestas del conjunto de la administración pública misionera que, desde el viernes 16, se encuentra movilizada a lo largo y a lo ancho de la provincia. El reclamo cobró impulso y repercusión nacional a partir del acampe policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, que hoy se extiende por varias cuadras y al que se suman cada vez más sectores en lucha.

Pero los reclamos trascienden los límites de la capital provincial. Este martes, una manifestación de docentes paralizó a la Ruta 12, una de las vías principales de la provincia, a la altura del puente del arroyo Garupá. Los gremios más combativos desconocen por insuficiente el trato alcanzado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), que firmaron con el gobierno un acuerdo para llevar el sueldo inicial de un maestro a $400.000. Lo mismo ocurre con el sector de la salud, cuyos trabajadores se muestran disconformes con el acuerdo de un 28% de aumento salarial obtenido esta semana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“Violento e intimidatorio”

Mientras afuera tenía lugar uno de los momentos más tensos que se hayan vivido en Misiones en los últimos tiempos, la cuarta sesión ordinaria del año en la Cámara de Representantes transcurría con normalidad. Solo debió interrumpirse por algunos minutos, cuando los diputados opositores del radicalismo, al percatarse de los sucedido, se ausentaron del recinto en solidaridad con los docentes reprimidos. Pero el que no se movió de su banca fue el exgobernador, Carlos Rovira. El líder indiscutido del oficialismo provincial permaneció en silencio durante las dos horas que duró el trámite legislativo —la última vez que habló en público fue el 9 de noviembre del año pasado, durante una visita de Sergio Massa previa al ballotage.

Sin embargo, en quien sí recayó la responsabilidad de hacer explícito el repudio de la Renovación a la protesta policial fue en la diputada Anazul Centeno. A partir de dar a conocer una declaración firmada por el conjunto del bloque oficialista, Centeno sostuvo que la asonada en realidad es llevada adelante por “un pequeño grupo” de uniformados. Y condenó el accionar de aquellos efectivos activos y retirados que se encuentran frente al Comando al calificarlo de “violento e intimidatorio”.

“Están ocasionando disturbios, perturbando el orden público y la tranquilidad de las familias misioneras”, añadió la diputada oficialista. Y en el que fue uno de los tramos más fuertes de su discurso, apuntó: “Ni siquiera voy a adentrarme en los daños que se están ocasionando en los bienes públicos, desde el asfalto hasta el transporte de pasajeros, e incluso también en las ventas de los comercios de la zona, en esto que constituye un acto de sedición”. En la transmisión oficial, mientras Centeno hablaba, una placa detallaba el supuesto costo de la rebelión policial: $10 millones por día.

Pero las palabras de la diputada no fueron las primeras en exponer la estrategia marcadamente confrontativa tomada por el gobierno provincial. Este jueves, en el Concejo Deliberante de Posadas, el oficialismo intentó votar una ordenanza anti-protesta, que sin embargo resultó en un contundente rechazo por parte de la mayoría de los ediles que se encontraban presentes.

El proyecto buscaba repudiar las manifestaciones con el argumento de que afectan a instituciones y actividades comerciales. Y además, al igual que lo hiciera la diputada Centeno durante la sesión en la Legislatura, se acusaba a quienes realizan las protestas de cometer delitos graves como sedición y destrucción de propiedad del Estado.

A comienzos de semana, la Justicia libró un oficio para recuperar los patrulleros y móviles oficiales que están ubicados dentro del perímetro de la concentración, sobre la avenida Uruguay. “No somos delincuentes. Si quieren los autos, que vengan a buscar”, desafió en ese momento el vocero de la policía, Ramón Amarilla, quien este jueves encabezó una nueva negociación infructuosa con autoridades provinciales.

El gobierno ofreció un 30% como “máximo esfuerzo”, lo que fue rechazado por los delegados policiales. “Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, sentenció Amarilla en la tarde de ayer. La mesa de diálogo continúa, pero cada día que pasa los ánimos se caldean un poco más en la tierra colorada.

PL/JJD