La política de infraestructura siempre busca resolver un problema dual: articular las demandas del presente con una visión estratégica sobre el futuro. La infraestructura pública es causa y consecuencia del desarrollo humano y territorial del país. En Argentina, nuestras principales rutas se construyeron sobre trazados precoloniales que conectaban valles productivos; la red ferroviaria se pensó para ampliar la frontera agrícola y grandes obras hidráulicas permitieron el desarrollo de sus regiones. Mantener y ampliar los servicios que provee la infraestructura es vital para mejorar el bienestar, dar oportunidades de empleo y desarrollar las comunidades. 

A la vez, la transición energética, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización de la producción y la potencia industrial asiática son condicionantes para un proyecto de país que debe exportar más, disminuir la pobreza, estabilizar la macroeconomía y reducir las brechas de desarrollo regionales. 

Orientar la inversión en infraestructura pública para resolver estos desafíos es una ardua tarea que requiere la participación del estado como planificador y gestor.

En el pasado las gestiones del peronismo y Cambiemos ejecutaron una política de obras públicas que tenía sesgos ideológicos y parcializaciones respecto a los objetivos a cumplir y el nivel de participación pública o privada. Pero ninguna desconoció la importancia de la inversión en infraestructura pública en el desarrollo de sus programas de gobierno. 

Con llegada de Milei al gobierno se implementó una doctrina económica extrema: desconocer al sector público como proveedor de bienes y servicios, asignando al sector privado el rol de planificar, proyectar, financiar, ejecutar y operar infraestructura pública. Bajo esa mirada ideológica se degradaron y desfinanciaron los organismos encargados de ejecutar obras públicas, se paralizaron las obras ya en curso -algunas casi terminadas como la autopista Presidente Perón o la Ruta 3- y se redujeron las transferencias de capital a las provincias. 

De hecho, los escasos fondos disponibles para obras en el presupuesto nacional existen pura y exclusivamente como moneda de cambio con los Gobernadores para breves alianzas legislativas, en lugar de utilizarse como un vector de desarrollo. 

Esta conjunción de inestabilidad política y económica impactó en la inversión. Durante los últimos 20 años, se mantuvo en torno a un promedio del 19,3% del PIB; que aumenta levemente a 19,8% si consideramos sólo los últimos 5 años. Este número se comporta en forma procíclica: se mueve siguiendo el nivel de actividad general, con un mínimo del 16,6% en el año del COVID-19 y máximo de 21% en los años 2021 y 2022. Pero para que el país crezca a un promedio del 3% anual, se necesita una inversión cercana al 25% del PIB. Por eso, la crisis económica de los últimos años explica no sólo la escasa inversión sino también que eso retroalimente un bajo crecimiento de la actividad productiva general. 

Respecto a la composición de la inversión, las construcciones representan un promedio del 8,9% del PBI en los últimos 20 años y 8,3% en los últimos 5 años. La tendencia es efectivamente a la baja: en 2024 y 2025, la construcción representó un 7,2% y 7,3% del PIB respectivamente.

Pero a la par, subió la participación de los otros componentes de la inversión: la adquisición de Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte promedian 10,4% del PIB en los últimos 20 años y del 11,8% en los últimos 5 años. Dentro de ese segmento, el componente que más se eleva es Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte Importados: en promedio representa 6% del PIB, pero en 2025 trepó al 7,5%. 

Esto deja en evidencia la dinámica de inversión en un contexto de atraso cambiario y estancamiento económico. La construcción se reduce a la par del resto de la economía y en particular de la inversión pública y es compensada parcialmente por mayor importación de equipamiento. De este modo se sostiene el total de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El Estado ha reducido en los últimos años su participación en la inversión en un 1,5% aproximadamente. A enero de 2026, su participación es de apenas 0,4% del PIB: no es casual que, en este mismo lapso, varios insumos y servicios usados en la construcción registren caídas en sus ventas del 25%.

Considerando un PIB de 630 mil millones de dólares, la inversión pública en los períodos 2024/2026 apenas se aproxima a 10 mil millones de dólares, menos de lo requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura existente y menos aún para tener un crecimiento moderado. Esta situación es un desafío que afecta el valor total de la riqueza pública y privada del país, además de un desincentivo para cualquier inversor que esté analizando el mercado argentino. 

Afecta a los negocios y empresas ya instalados dado que sus inversiones, que producen actualmente bienes y servicios, fueron realizadas contando con un nivel dado de servicios de infraestructura que determinan sus costos de producción. Si estos servicios son insostenibles por falta de mantenimiento o aumentan sus costos, la reducción de beneficios disminuirá consecuentemente el valor de sus activos. Un ejemplo intuitivo: el valor de cualquier inmueble se ve afectado por el estado de los caminos de acceso u otros servicios públicos. 

Por esto, en Argentina hoy se da la paradoja de que las promesa de bajar impuestos, sustentadas a costa del abandono de infraestructura pública, provoca simultáneamente una caída en el valor de las empresas y sus activos, en la medida en que producir y llegar a los mercados con infraestructura deteriorada aumenta su costo de producir en el país.

Por el lado de las nuevas inversiones, la reducción de costos de explotación y la ampliación de mercados que produce la disponibilidad de infraestructura de calidad forma parte de la ecuación que determina la factibilidad de un proyecto. Bien es señalado por empresarios de varios sectores que como atractor del capital privado este factor es un incentivo tan poderoso como las facilidades impositivas, aduaneras o cambiarias que hemos visto reflejadas en programas como el RIGI.

Por eso una economía que está reduciendo el valor de sus activos y ganancias empresarias no puede atraer nuevas inversiones, sino que por el contrario favorece la desinversión. En este círculo vicioso de estancamiento está la Argentina de Milei, un equilibrio fiscal simulado a costa de consumir el capital productivo del país. 

Pero, además, la ilusión financiera de que evitar los gastos en mantenimiento se compensa con el rendimiento generado por esos fondos no tiene un correlato en la economía real. El deterioro de la infraestructura no es lineal: el desgaste imperceptible se convierte al poco tiempo en un fallo funcional y posteriormente en un fallo total. La interrupción de ese servicio se convierte en una calamidad que excede cualquier cálculo previo e impacta en una amplitud que excede lo económico. 

Por eso, la disminución de la inversión pública es un déficit para la economía real: los perjudicados somos ciudadanos, inversores, productores y consumidores. Eliminar la obra pública no es solamente un problema ideológico: significa que a futuro como la sociedad tendrá que gastar mucho más para tener rutas por las cuales transitar, redes de telefonía e internet para comunicarnos, puertos por los cuales exportar. Estamos a tiempo de dar marcha atrás con este pasivo oculto que el gobierno de Milei le está plantando a nuestra economía y revertir el estancamiento productivo que genera. 

*El autor es economista del Grupo Paternal y en redes @MarianIntuit

MC

En agosto de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado que su amigo y socio en negocios financieros y de la construcción, Martín Maccarone, asumía en el nuevo cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura, desde el que iba a actuar en la privatización de rutas, trenes de cargas y pasajeros, terrenos ferroviarios y la hidrovía del río Paraná. La lista no terminaba ahí, también debía ocuparse de la desregulación aérea, la compra de vagones o la habilitación de nuevos puertos. Pero la designación de Maccarone nunca se oficializó en el Boletín Oficial en estos 14 meses. El Ministerio de Economía lo mencionaba en comunicados, conducía reuniones y actuaba como secretario, tomaba decisiones trascendentales para millonarios negocios, pero no figuraba como funcionario... hasta que este martes se despidió del personal del área y de los empresarios con los que mantenía trato, según cuentan unos y otros.

El pasado 28 de noviembre, elDiarioAR publicó la situación anómala de que Maccarone condujera una secretaría, que además involucraba áreas clave como transporte y obras públicas, sin nombramiento, que como tal haya comprado material ferroviario, cedido tierras del tren para su venta, concesionado rutas, renovado licencias para operar ferrocarriles de pasajeros, desregulado los cielos, controlado líneas de colectivos. También preparó la frustrada licitación de la hidrovía de enero pasado y la futura de 2026. La nota hizo enfurecer a Maccarone con el equipo de comunicación del Ministerio, aunque no era la primera vez que algún medio apuntara sobre su actuación como secretario sin designación.

Este 10 de diciembre, después de un informe similar en Radio Con Vos, Maccarone avisó a los suyos en Infraestructura que se iba del cargo que nunca había asumido formalmente. Y que su reemplazante sería el arquitecto Carlos Frugoni, que hasta ahora dirige la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y que antes había encabezado la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA). Frugoni había llegado allí también de la mano de Caputo. En la secretaría se espera que Maccarone mantenga influencia en el área a través del nuevo secretario y de una asesora del Ministerio que también se desempeñó antes en la ciudad de Buenos Aires, Valentina Papes.

El Palacio de Hacienda aún no confirmó el cambio. Tampoco se publicó todavía en el Boletín Oficial el nombramiento de Frugoni en Infraestructura. Pero empleados del área y hombres de negocios vinculados al sector confirmaron que Maccarone pasó a saludar este martes al personal y Frugoni comenzó a trabajar en su reemplazo. Será cuestión de días que esta vez sí el encargado de manejar tantos negocios tenga firma oficial.

Entre sus tareas por resolver figuran la compulsa para comprar trenes antes de fin de año, la nueva licitación de la hidrovía, la concesión de 8.000 kilómetros de rutas, el mantenimiento de otros 30.000, la privatización de al menos tres líneas de ferrocarriles de carga y los proyectos de puertos fueguinos y conexiones aéreas con la Antártida de Mirgor la empresa de Nicolás Caputo, primo del ministro, entre otros. También está el control de líneas de colectivos que cruzan jurisdicciones. Hay mucho dinero en juego.

AR/MG

En octubre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que nombraba a su exsocio en el fondo de inversión Axis y en la construcción del edificio Ola Palermo (ex Paseo Gigena), el constructor Martín Maccarone al frente de una nueva Secretaría de Coordinación de Infraestructura. La secretaría se creó formalmente y bajo su ala están otras dos secretarías, la inactiva de Obras Públicas y la de Transporte, pero desde hace más de un año que Maccarone se mueve como jefe pero nunca fue nombrado en los papeles. No es ni como Santiago Caputo, que tiene contrato de asesor. Maccarone, ni eso. Sin embargo, los negocios se aceleran a su alrededor.

Uno de esos son las son las concesiones viales que empezó a repartir. En una licitación con seis ofertas por los 741 kilómetros de ruta del Mercosur, Cartellone se quedó con el tramo principal y un consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni con el de conexión. Las seis constructoras seleccionadas aparecieron en la Causa Cuadernos, aunque sólo los hermanos Gerardo, José y María Cartellone y Daniel Pitón están sentados ahora en el banquillo de los acusados. En el negocio de la construcción juran que esta vez la subasta fue limpia, pero no descartan que se enturbie el proceso cuando reciban el financiamiento de $56.000 millones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para las obras. En el directorio del BICE se sienta el veloz abogado Maximiliano Voss, Evert Van Tooren; dos espadas twitteras de Luis Caputo, Martín Vauthier y Felipe Núñez, y Nicolás Scioli, hermano de Daniel, el incombustible secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Pronto se licitarán otros 1.800 kilómetros, de los cuáles sólo 72 serán de autopistas nuevas.

Después del accidente del tren San Martín, con 90 heridos, el año pasado, se declaró la emergencia ferroviaria para apurar con discrecionalidad los procesos de compras para reparar vías, señales y estaciones y así evitar una tragedia. También se incluyeron sistemas de wifi y cámaras que proveyó OCP Tech, la empresa de Leonardo Scatturice. En los primeros diez meses de 2025 se triplicó la casi inexistente inversión del área en el mismo periodo de 2024, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Sin embargo, se ha ejecutado la mitad del gasto anual previsto cuando falta sólo un mes para que termine 2025. Eso sí, ahora se apuraron en lanzar una contratación directa por compulsa abreviada, es decir, sin los pormenores de una licitación formal, para que antes de que termine el año se adquieran 43 trenes.

A pesar de la alianza vertical con EE.UU., los proveedores chinos parten con todas las de ganar. Hace añares, el argentino de ascendencia china Fernando Lin era quien hacía lobby por los trenes del gigante asiático cuando Franco Macri quería quedarse con el Belgrano Cargas y después fue quien acompañó a Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, a renovar el material tras la tragedia de Once. Eran tiempos en los que se hablaba del 15%, ni de diegos ni del 3%. Ahora los nombres de Lin y Randazzo figuran en los cuadernos de Miguel Calvete, exrepresentante de los supermercados chinos y uno de los principales acusados de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Maccarone controla todo, aunque también tiene sus hombres de confianza. Uno de ellos es el cordobés Mariano Plencovich, que hasta agosto pasado era subsecretario de Transporte Automotor y como tal era el amo y señor de las autorizaciones de cambios de recorridos de colectivos que cruzan del conurbano a la capital y viceversa. También manejaba la revisión técnica obligatoria (RTO) de ómnibus y camiones que cruzan jurisdicciones –inclusive los que iban a actos de La Libertad Avanza (LLA)– o el pago de subsidios al transporte público para personas con discapacidad y jubilados. Dimitió porque había llegado al Gobierno con el anterior secretario de Transporte, su coterráneo Franco Moggetta, que también se alejó en la previa electoral. Pero Plencovich se reconvirtió y reporta directo –por ahora sin contrato– al poderoso secretario sin nombramiento, que a su vez opera en tándem con su exsocio Caputo.

En otros asuntos se maneja con su secretario de Transporte, Luis Pierrini, y con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Por ejemplo, en los intensos proyectos de la electrónica fueguina Mirgor, de Nicolás Caputo, alias Nicky, primo de Luis y tío de Santiago, un triángulo no exento de tensiones mutuas. Por un lado, el aperturista y antipolítica industrial Lavigne viene abriendo la competencia a Mirgor y sus vecinos de la isla, pero, por otro, esta empresa está en un plan fuerte de reconversión. Planea un hotel y una terminal de cruceros en Ushuaia, un puerto en Río Grande y este jueves consiguió la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para probar vuelos turísticos desde Tierra del Fuego a la Antártida. No por nada el CEO de Mirgor, José Luis Alonso, se reunió un par de veces con el ministro saliente de Defensa, Luis Petri. La compañía además comenzó a operar hace dos meses un corredor aéreo de cargas junto con Mercado Libre y Aerolíneas para cubrir una ruta que une Ezeiza con Neuquén y Trelew. Josefina Sanz, que fue secretaria de Simplificación del Estado en el inicio del gobierno de Javier Milei, ahora asesora a Mirgor.

De Calvete a los Neuss

Quienes también metían cuchara sobre Mirgor eran tres funcionarios que pertenecían a la órbita de Lavigne: Esteban Marzorati, Javier Cardini y su novia Ornella Calvete. Marzorati venía de trabajar en la empresa de servicios de comercio exterior Global Trade and Shiping, donde supo tejer lazos con los funcionarios massistas a cargo de autorizar las importaciones, Matías Tombolini y Germán Cervantes, y llegó a ser secretario de Industria y Comercio hasta agosto pasado, cuando de manera repentina dejó el cargo. Ahora consiguió contrato en la Aduana, la dependencia que dirige José Vélis pero que está bajo la órbita de Santiago Caputo y su consejero Scatturice. No por nada los aduaneros no revisaron aquel avión de Scatturice tras un presunto llamado del Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna), que encabeza Facundo Leal. ¿Hará honor a su apellido en su relación con el dueño de Flybondi? Por lo pronto, la desregulación aérea ha multiplicado vuelos internacionales, pero no domésticos, donde Aerolíneas, Flybondi y Jetsmart siguen compitiendo sin nuevos rivales.

Debajo de Marzorati estaban Cardini, subsecretario de Gestión Productiva, y Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional. La pareja de funcionarios tenía bajo su control el régimen de electrónica fueguina y por eso solían viajar seguida a la isla. Las empresas del sector aportan a un Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, que a su vez financia sus incursiones en nuevos negocios como los que planea Mirgor. Habrá que ver quiénes reemplaza ahora a Cardini y Ornella Calvete, que renunciaron tras el hallazgo en su casa de US$700.000 en efectivo en un allanamiento de la causa Andis. En sus declaraciones juradas al 31 de diciembre pasado, estana lejos de acumular tanto dinero. Cardini tenía un patrimonio declarado de US$166.000, de los cuales 34.000 tenía en cash, y su novia, activos por US$45.000, incluidos seis departamentos donados (cuatro al 100%, uno al 50% y otro al 25%), sin contado y con US$1.700 depositados. Su padre está condenado en prisión por regentear inmuebles para la prostitución. Pero no son ellos los únicos que manejaban crocante en el Ministerio de Economía.

Otros negocios bajo la órbita de Maccarone son la desafección de terrenos ferroviarios para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) profundice su senda de privatización de inmuebles. El BICE de Voss interviene en las valuaciones. Es de esperar que el secretario sin nombramiento mantenga a sus empresas alejadas de posibles compras. Donde sí mete cuchara es en la prórroga de concesiones de ferrocarriles de carga. Claro que mientras a Ferroexpreso Pampeano, del grupo Techint, y a Ferrosur Roca, de la cementera Loma Negra –recientemente pasó de manos brasileñas a las de Marcelo Mindlin–, sólo se les extendió el contrato por un año, hasta 2026, a Nuevo Central Argentino (NCA), de Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, se lo alargaron por siete. No por nada después AGD fue la única gran empresa local que blanqueó aportes a la última campaña electoral de LLA.

De todos estos procesos participa Trenes Argentinos Carga, cuyo presidente, Alejandro Núñez, fue antes socio de la familia Neuss, amiga de Santiago Caputo. No es el único funcionario que aportaron los Neuss a la administración de LLA, a cuya reciente campaña también contribuyeron. También sugirieron a Cardini; Osvaldo Rolando, un experto de larga trayectoria que encabezó el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE); o Iñaki Arreseygor, jefe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, otra área bajo la órbita de Maccarone que avanza en un nuevo intento de licitación de la hidrovía del río Paraná. Igual hay que diferenciar al simpático Georgie Neuss de sus primos más voraces por los negocios, Juan y Patricio, que a su vez actúan de manera independiente de su hermano Germán. Sus negocios abarcan sectores como la energía, el campo, las finanzas, la tecnología y los inmuebles.

De industriales a importadores

Pero no todas las actividades prosperan en la Argentina de Milei. La Unión Industrial Argentina (UIA) se parece cada vez más a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Los empresarios que antes producían manufacturas en el país ahora las traen de afuera, sobre todo de China, el origen que más crece entre las compras externas. Son los casos de la norteamericana Whirpool con sus lavarropas –había hecho una fábrica hace tres años para exportar–, la autopartista sueca SKF, la estadounidense Dana, la metalúrgica santafesina DBT Cramaco, su coterránea fabricante de ollas Essen, la cordobesa de muebles Color Living, la norteamericana de productos de higiene Kenvue, la brasileña de calzado Dass –que fabricaba marcas Nike o Adidas–, la ceramista bonaerense ILVA, su coterránea de termos Lumilagro, la automotriz alemana Volkswagen –el Taos se deja de fabrica en Pacheco y se traerá de México, aunque sigue produciendo acá la pick up Amarok y prepara una sucesora– y la japonesa Nissan. También hay despidos o suspensiones masivas en Mirgor, su rival fueguina Newsan, en la azucarera y papelera Ledesma, las de electrodomésticos Mabe, Briket y Electrolux, la de motos Corven, la textil Mauro Sergio, la de calzado Bicontinentar, las de alimentos Tía Maruca y Georgalos, la de colchones Bedtime, la láctea La Suipachense y la de partes de camiones Scania, según una recopilación propia, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto Argentina Grande. Mientras, llega la ropa de Shein, Temu o Decatlhon, los autos BYD, Baic, Haval o Foton o los colectivos a gas King Long, que reemplazarán a los Mercedes-Benz o Scania con chasis brasileño y carrozado argentino.

Lavigne pasó vergüenza por no controlar a sus empleados, pero se jacta de haber dejado de controlar el mercado interno y las importaciones. Después de que el dueño de Techint, Paolo Rocca, reclamara una política industrial, el secretario dijo esta semana que “la mejor política pública es la inexistencia”. No es lo mismo que opina Donald Trump con su America First, Xin Jinping con su Made In China 2025, la Unión Europea con su Estrategia Industrial Europea, su Plan Industrial del Pacto Verde o su ley de chips, Japón con su Estrategia de Seguridad Económica, el Make In India, el Future Made In Australia, Lula con su Nova Indústria Brasil o Claudia Sheinbaum con su Plan México. Pero el Peluca y su equipo tienen otra cabeza.

AR/MG

“Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales y en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones”, expresó el mandatario, en una clara referencia a la necesidad de garantizar caminos seguros para reducir accidentes, mejorar la conectividad y facilitar el acceso a servicios básicos.

El gobernador fue enfático al remarcar que muchas de las obras paralizadas no son responsabilidad de la provincia, sino de Nación. “Esas obras no están en condiciones y no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado”, sostuvo.

Además, Sáenz volvió a cuestionar la falta de mirada federal en materia de infraestructura: “No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte”, advirtió, y completó con una apelación directa al Gobierno central: “Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte.”

Sáenz también defendió el cobro del sistema de salud a extranjeros no residentes, medida que generó críticas en su momento. El mandatario la reivindicó como una decisión “valiente y necesaria” que permitió ahorrar recursos y reinvertirlos en equipamiento para los salteños. “Había muchos vivos que venían a hacer ‘tours de salud’ y ocupaban camas y turnos que les correspondían a los salteños”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la atención médica en situaciones críticas siempre está garantizada para cualquier persona, sin importar su nacionalidad: “Nosotros no dejamos morir nunca a nadie en la puerta de un hospital. Primero está la vida. Después vemos cómo se cobra”, enfatizó.

Sáenz agradeció a legisladores e intendentes de distintos partidos que respaldaron esta política y garantizó que cada peso ahorrado en salud será reinvertido en el mismo sistema. “Si era de la salud, vuelve a la salud”, dijo, y anunció el avance en la federalización de los servicios de salud especializada en el interior de la provincia, con nuevos centros en Cafayate, Joaquín V. González, Tartagal, Orán y la Capital, y uno próximo a habilitar en General Güemes. Finalmente, convocó a todos los sectores políticos a “seguir apostando a una Salta con igualdad de oportunidades en salud, educación y seguridad” y pidió “fuerza y unidad para enfrentar los tiempos difíciles” que atraviesa el país.

MU

“Nunca sabremos cuántas vidas salvó el suspender clases y actividades tras la alerta naranja”, dice María Eugenia Rodríguez, habitante del barrio bahiense Palos Verdes: “Lo peor del temporal, cuando desbordaron los cursos de agua, coincidió con el horario en que hubiesen abierto las escuelas. En ese lapso, la alerta pasó a ser roja. Sin esa suspensión de actividades podría haber sido una catástrofe de muchísima mayor escala”. 

Las inundaciones que siguieron a las intensas precipitaciones del pasado viernes 7 marcaron un antes y un después para Bahía Blanca. Al momento, 16 personas perdieron la vida, más de 100 están siendo buscadas, y 963 han sido evacuadas. 

Hay zonas que aún se encuentran bajo agua, otras en las que el lodo todo lo dificulta. “Eran las 3 de la mañana del sábado cuando terminamos de sacar el agua de la casa”, recuerda Fernanda Berón, vecina del barrio Pedro Pico: “Así aprendimos que el agua se va, pero el desastre queda”. 

La ubicación de la ciudad en la cuenca inferior del canal Maldonado y del arroyo Napostá y la falta de obras públicas que faciliten el drenaje y eviten la acumulación de agua ante precipitaciones intensas incrementaron la exposición de la ciudad ante una lluvia de magnitud extraordinaria. En total y en menos de 12 horas, cayeron 290 milímetros (mm), la mitad de lo que suele llover en todo un año en Bahía Blanca.

Ayer, un estudio preliminar de ClimateMeter —proyecto del Laboratorio francés de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente que analiza eventos meteorológicos extremos desde una perspectiva climática— evidenció que el cambio climático potenció las inundaciones de marzo en Argentina. “Atribuimos el aumento de las precipitaciones en esas inundaciones principalmente al cambio climático provocado por el ser humano”, reportó. 

“En el contexto del cambio climático, vamos a tener cada vez más eventos de este tipo. No los podemos evitar, no está al alcance de la humanidad evitarlos, pero sí podemos prepararnos mejor”, afirma Federico Robledo, investigador del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA) y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tuvo un rol clave en la preparación de la tormenta del viernes. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich lo cuestionó: “Lo más importante de todo es que no hubo una alerta. No hubo una alerta del Servicio Meteorológico de alerta roja hasta ya bastante entrada la tormenta”. Para los vecinos y los expertos, la realidad fue otra. 

Mientras las acciones están enfocadas en responder a la emergencia de las necesidades más inmediatas y en dar los primeros pasos de reconstrucción de la ciudad, ¿qué aprendizajes deja el uso del sistema de alerta temprana del servicio para el futuro y para otros municipios? ¿Qué se puede cambiar o incorporar para estar mejor preparados ante eventos que ya son intensificados por el cambio climático? Crónica de una tormenta en la que la información científica salvó vidas. 

La alerta antes de la tormenta

A las 22:42 del jueves, Rodríguez twitteó “Ahora. Hay alerta de apocalipsis en Bahía Blanca”. “¿Qué te llamó la atención de la alerta?”, le preguntamos. “Que era naranja”. 

El SMN elevó la alerta amarilla —que se había anunciado desde el miércoles— a naranja a las 18:49 del jueves 6. Las condiciones atmosféricas predominantes en la región eran de aire húmedo, inestabilidad y frente frío estático. De haber lluvias, serían torrenciales. 

Tal como define el organismo, se pasó de unas posibles lluvias con capacidad de daño a una que podía ser peligrosa para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Se pasó de una situación en la que las personas debían informarse sobre la tormenta a otra en la que debían prepararse para la tormenta. 

Para los vecinos de Bahía Blanca, las alertas no son algo nuevo. 

“Desde diciembre de 2023 todo cambió para nosotros”, dice Carla Pannelli refiriéndose al temporal con fuertes vientos que afectó la ciudad y agrega: “Nunca antes habíamos vivido algo de semejante naturaleza. Desde entonces, muchos instalamos la app del SMN y nos vamos avisando si hay alertas”. “Posterior a ese temporal, los bahienses aprendimos ´por las malas´ a estar atentos a las alertas”, señala Federico Tucat, habitante del barrio El Maiten y agrega: “Con el cambio de amarillo a naranja, el cambio de humor social fue notorio. Por las redes sociales ya muchos daban cuenta que podía ser peligroso. En los grupos de WhatsApp circulaba la información que podía llover mucho”.

El Sistema de Alertas Temprana del SMN, como herramienta que ofrece información ante la posible ocurrencia de una amenaza meteorológica, busca ser útil a la toma de decisiones. Con la alerta naranja, el Municipio de Bahía Blanca suspendió clases y otras actividades determinadas y solicitó a la ciudadanía restringir la circulación al máximo.

“Hoy estamos hablando de menos cantidad de muertos porque con la alerta se tomaron medidas pertinentes”, señala un meteorólogo del SMN. Aún cuando Berón no suele estar atenta a las alertas, la medida la sorprendió: “Semejante decisión, en alcance e impacto, me hizo saber que lo que venía era muy grave… pero no alcancé a imaginar esa magnitud en tan corto tiempo”. 

Rodríguez recuerda: “La noche del jueves me fui a dormir inquieta, hablando con amigos y familiares sobre qué iba a pasar, sobre cuán certera iba a ser la alarma. Lo fue”. 

La alerta roja del día de la inundación

El agua comenzó a caer a las 4 de la mañana. “Mi esposo se despertó a las 5 y llovía. Ya no teníamos energía eléctrica”, relata Berón. “La mayoría de mis amigos y vecinos estaban despiertos. En seguida notamos que era una situación excepcional. A medida que pasaban las horas todo se volvió más dramático. Empezaron a circular pedidos de no salir”, recuerda Tucat. 

La lluvia torrencial inició a las 06. Una hora más tarde el municipio reiteró la suspensión de todas las actividades y solicitó encarecidamente a la población mantenerse a resguardo. 

En cuatro horas cayeron 210 mm de lluvia. El promedio anual para Bahía Blanca es de 600 mm. 

“Un rato antes de las 07 nos habían comunicado que había inundaciones en la ciudad porque se habían desbordado los canales. Entonces, como ya había una situación muy peligrosa, ya la cantidad de lluvia caída superaba lo pronosticado al momento y se esperaba que continuase lloviendo de manera intensa durante las siguientes horas, se decidió elevar la alerta a rojo”, relata otro meteorólogo del SMN.

¿Era ya tarde, como sugirió la ministra de Seguridad? 

La alerta roja significa que los fenómenos pueden provocar emergencias o desastres. El experto explica que está dirigida principalmente para las defensas civiles y subraya que, ya con la alerta naranja, se deberían tomar las máximas precauciones porque advierte que la vida de los ciudadanos está en peligro.

“No recuerdo horarios, pero para las 10:30 ya estaba entrando agua a casa. Habíamos escuchado en la radio a pilas que había desbordado el Canal Maldonado. Una hora más tarde nos mudamos al altillo. Llevamos agua, fruta y abrigo”, cuenta Berón. “Al rato, llegaron una vecina y su hijito, y un poco más tarde, después de caminar seis cuadras con el agua hasta la cadera, llegaron su sobrino con la pareja, el hijo de casi dos años, y la mascota. Darles la bienvenida al improvisado refugio, fue el momento más emocionante y angustiante de la jornada”.

La alerta que puede mejorar

Los países con sistemas de alerta temprana multirriesgo menos exhaustivos tienen una tasa de mortalidad relacionada con desastres casi seis veces mayor a aquellos con sistemas sustanciales a exhaustivos, según un informe de 2024 de la OMM. 

No se trata aquí del sistema de un servicio meteorológico, sino de una estrategia más amplia como política de Estado que tendría que incluir a varios actores para su puesta en práctica. Los servicios meteorológicos sirven a ellos como información primera para la acción. 

La diferenciación es importante a la hora de pensar qué mejoras podrían hacerse.

·       Educar en meteorología. “El problema es que vivimos como en una paranoia constante por la cantidad de alertas amarillas que recibimos y que no se cumplen. Entonces, algunos comienzan a relajar, porque ya es relativo”, comparte Pannelli. Los otros vecinos consultados coinciden en el diagnóstico: la abundancia de alertas satura y puede llevar a un efecto no deseado de desconfianza en el sistema.

Uno de los meteorólogos argumenta que por situaciones como éstas es importante formar a la ciudadanía en información meteorológica: qué es una alerta, qué significa cada color, qué se debe hacer, por qué algunos pronósticos no se cumplen allí donde no está uno.

Del mismo modo, algunos vecinos expresan la necesidad de que las alertas incluyan expresamente qué debe hacer la población. “Aún cuando la app indica medidas de prevención, nosotros brindamos información meteorológica, la decisión sobre qué debe hacer la ciudadanía corresponde a las autoridades en función de las amenazas que cada evento representa”, explica el meteorólogo.

A la par que el SMN informa a la ciudadanía, notifica a las autoridades nacionales y provinciales, que luego debieran transmitir el mensaje a las municipales.

Las medidas de prevención debieran ser también correctamente difundidas por los medios de comunicación. En tiempos de desinformación, Tucat señala: “Desde el minuto cero de la inundación empezó a circular todo tipo de información falsa, desde el estado del agua a la cifra de fallecidos. Eso nubla la información real que en emergencia es vital que circule”.

·       Analizar tipos de alertas complementarios. La ministra de Seguridad sugirió la intención de crear un sistema que envíe un aviso al celular cuando hay una alerta.

Si bien no dieron más detalles, se entiende que no se trataría de la notificación que uno puede recibir de la app del SMN, sino de una tecnología similar a la que se utilizan en otros países a través de las compañías de telefonía celular.

Pero algo así en Argentina podría entrar en conflicto con la Ley de Protección de los Datos Personales, o al menos dar lugar al debate sobre cómo emplearlo.

·       Garantizar el acceso a las alertas para todos. “Mi mañana de viernes fue de absoluta angustia e impotencia. Vivo en las afueras de la ciudad. No podía comunicarme con parte de mi familia y amigos. Nosotros estábamos bien, pero sin saber del resto”, recuerda Pannelli.

Su relato lo hemos escuchado en muchos otros vecinos a lo largo de estos días. El corte del sistema eléctrico y de los servicios de telefonía móvil dificultaron la comunicación entre seres queridos. La radio a pilas significó para muchos, como Berón, la única manera posible de mantenerse informados.

“Creo que sería bueno no confiar tanto en las nuevas tecnologías y buscar alternativas. Hay mucha gente mayor que no tiene acceso a una app o a redes sociales”, sugiere Tucat.

La situación se agrava para aquellos que viven en condiciones más vulnerables. Robledo recomienda diversificar las fuentes de información para lograr mantenerse siempre informados.

El informe de la OMM enfatiza la necesidad de desarrollar sistemas de alerta temprana comunitarios que sirven a la acción anticipatoria en comunidades remotas y satisfaga sus necesidades y preferencias.

·       Llevar los sistemas a las comunidades. En Bahía Blanca, las alertas del SMN forman parte de las comunicaciones entre vecinos. “Lo más potente es el chat de WhatsApp con 300 vecinos del barrio, en el que enseguida se envía captura de la información del SMN o de la municipalidad”, cuenta Rodríguez y agrega: “Nos enojamos entre nosotros cuando alguien comparte información de fuente no oficial”.

Para Robledo, hay que profundizar el trabajo con las comunidades de las zonas directamente más afectadas, construyendo con ellas un sistema de alerta temprana que se lo terminen apropiando. Esa es la labor que intenta llevar a cabo en “Anticipando la crecida”, un proyecto interdisciplinario creado en 2012 con el objetivo de contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a inundaciones por sudestadas y lluvias intensas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

“Nadie más que las personas de un barrio saben cuáles son las calles que se inundan ante precipitaciones intensas”, explica. A través del proyecto, trabajan con las comunidades en la interpretación de una alerta, el monitoreo a través del desarrollo de pluviómetros, el conocimiento del riesgo local.

Durante la crecida fuerte del Río Matanza, uno de los barrios con los que trabajaron pudo hacer una evacuación en seco, es decir, pudo evacuar antes de que entre el agua. “La gente tenía información sobre cómo se estaba comportando el río, cuánto había llovido y pudo tomar decisiones a partir de ello”, cuenta y agrega: “Tiene que haber tecnología y, al mismo tiempo, una comunidad sensible, organizada, solidaria porque sólo con tecnología no alcanza”.

En el informe de la OMM, la Argentina figura como uno de los países que ha reportado contar con un sistema de alerta temprana multirriesgo. La pregunta es cuánto realmente se está considerando e implementando bajo un gobierno que niega la ciencia del cambio climático, desmantela las áreas científicas y pone en riesgo la supervivencia de la fuente informativa primaria de acción. 

La alerta ¿que puede desaparecer?

Bajos salarios. Despidos. Reiterado desprestigio a la ciencia y negación del cambio climático por parte de las autoridades. Incertidumbre constante. Son algunas de las condiciones que describen profesionales del SMN que, justamente por ellas, con gusto nos informan sobre la tormenta del viernes, pero que nos piden resguardar su identidad. 

El presupuesto ejecutado y destinado al SMN tuvo una caída de 33,1% durante 2024 y enfrenta un mayor deterioro este año que llega al 34,4%, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. La disminución acumulada desde 2023 es de 56,1 puntos.

La situación no se limita al SMN. Se repite en otras instituciones científicas vinculadas directa o indirectamente con el tiempo y el clima, como el CONICET, el INTA, el INTI. Esto genera, además, una fuga de profesionales fundamentales en tiempos de crisis climática en los que más se los necesita en el país.

Sólo en el proyecto “Anticipando la crecida”, desde que asumió Javier Milei, pasaron de ser 17 a 11 personas porque, cansados de la situación, algunos decidieron buscar oportunidades en otros países y/o sectores.  

A la crisis del equipo profesional que sostiene el SMN se le suma una crisis de las herramientas técnicas. La falta de mantenimiento de los radares preocupa a los meteorólogos del organismo.

“Hoy se sostienen las alertas del SMN por la voluntad de sus trabajadores y porque el material tecnológico aguanta un tiempo. Si esto no se sostiene, tengo mis serias dudas en si en tres o cuatro años vamos a tener alertas. Por un lado, porque el personal se puede terminar yendo entre el desgaste y los bajos salarios. Por otro lado, porque el mantenimiento de toda la tecnología es costoso”, analiza preocupado Robledo y subraya: “El sistema de alerta temprana en Argentina está en riesgo en este momento. No hay duda de eso”.

TG/JJD

Gustavo Idígoras es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), responsable del 48% de las exportaciones del país. Por el ángulo en que se sienta en la mesa de reuniones de un piso 9 en el edificio de la institución, donde funciona también el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), de cuyo board es el director, le queda detrás una esquina del Luna Park. A diferencia de lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, en el estadio donde se oficiaron las peleas más importantes de la historia del boxeo argentino, el directivo intenta no meterse en los escándalos del momento —que prefiere denominar “sucesos”— de las últimas semanas del gobierno de Javier Milei. No piensa que el criptogate vaya a impactar en el mundo de los negocios, pero le preocupa la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, porque influye en la “condición de defensa de las inversiones”. 

Durante más de una hora de charla con elDiarioAR, dice que “está generando cierta angustia esperar todos los días un posible acuerdo con el Fondo (que el Gobierno anunció que autorizará por DNU, aunque no dio a conocerlo)” y piensa que en los próximos días habrá una definición. Aplaude el saneamiento de las cuentas del Banco Central y la baja de la inflación, pero jerarquiza la liberación del cepo como condición sine qua non para lograr una mayor inversión.

Habla de la situación del campo y reconoce el esfuerzo fiscal que implica la quita temporal de los derechos de exportación, pero pretende convertirla en una ley que las determine en forma permanente y gradual, para no generarle problemas al fisco. Pide celeridad para la licitación de la Vía Navegable Troncal: “En septiembre deberíamos ver quienes son los ganadores y perdedores de la licitación”.

—¿Cómo ve al Gobierno a poco más de un año de gestión?

—El Gobierno agarró una situación extremadamente compleja en el marco económico y logró contener el gasto estatal y el financiamiento que el Tesoro y el Banco Central le hacían al Estado. Eso fue positivo, así como también la curva inflacionaria descendiente. Son, claramente, los dos valores que hoy tiene el Gobierno para validar electoralmente. Ahora, una vez que exista un fortalecimiento de las reservas del Banco Central, el levantamiento del cepo es una condición fundamental para el crecimiento. Ninguna inversión puede venir a la Argentina si no sabe bajo qué condiciones entra y sale.

El levantamiento del cepo es una condición fundamental para el crecimiento

—¿Cómo debe seguir el camino?

—Si realmente queremos un flujo legítimo, hay que levantar el cepo. Sabemos que es un gran desafío, y que para eso hay que tener muchas reservas. Debe ser inminente el acuerdo con el Fondo. Nos está generando cierta angustia esperar, pero las negociaciones no son fáciles. Nosotros como Cámara tenemos buena relación con la gente del Fondo y suponemos que en marzo podría haber algún tipo de anuncio. Al FMI les sirve mucho la perspectiva de cosecha, precios, volúmenes de embarques, que genera la Bolsa de Cereales, porque todavía la Argentina sigue dependiendo de la capacidad exportadora industrial como garantía de pago de su deuda.

—¿Cómo impactan la estafa de la criptomoneda $LIBRA y la designación de los dos jueces de la Corte por decreto al presidente?

—El criptogate, si bien tiene un enorme impacto social y político en la Argentina y en el resto del mundo, en términos de decisión de inversión en general no tiene influencia alguna. El proceso de decisión por decreto es distinto, porque es la condición de defensa de tu inversión. Si el poder judicial en su máxima expresión tiene un tipo de cuestionamiento, eso puede implicar debilidad. Así que, si bien es un hecho legítimo, tendría que ser validado por el Congreso en algún momento. Porque, efectivamente, lo judicial es un aspecto muy analizado para las inversiones de largo plazo.

Nos está generando cierta angustia esperar, pero las negociaciones no son fáciles

—¿Qué expectativas tenés hacia adelante? 

—El camino de la estabilidad macroeconómica es imprescindible en Argentina. Que podamos vivir como un país normal es algo que hace muchos años no experimentamos. Ahora bien, esa estabilidad tiene que venir acompañada en algún momento de un crecimiento económico fuerte y sostenido. Eso todavía hoy no se está reflejando de una forma genuina. Entonces, la expectativa que uno tiene es que después de este programa económico empiece a haber determinado tipo de políticas a favor de la producción que permitan ese crecimiento: financiamiento, estrategia de negociación de apertura de mercados internacionales, entre otros.

—Eso a nivel empresa. Y la parte social, ¿cómo la ves?

—Yo creo que la post-estabilidad macroeconómica tiene que llevar a políticas activas que generen el crecimiento económico necesario para que haya una recuperación del empleo. No puede haber éxito empresarial con falta de empleo y un salario digno.

Que podamos vivir como un país normal es algo que hace muchos años no experimentamos

Los números y las perspectivas del sector cerealero

—¿Cuál es el panorama general de 2025 para el sector agropecuario?

—Para el 2025, la campaña final de verano está dando resultados positivos. El trigo, que empezó en diciembre y ya lleva más de 6 millones de toneladas de exportación, calculamos que podemos estar cerca de las 10 millones este año. La campaña de cebada tiene alrededor de 3 millones de toneladas. Los calores de enero afectaron al maíz temprano que se cosecha en marzo, así que puede ser un mes menos activo en términos de divisas. Para la campaña gruesa, que es la mayor dadora de divisas en Argentina (NdR: los cultivos de la campaña fina valen alrededor de U$S200/tn, y dentro de la gruesa el maíz y la soja valen U$S400.El 85% de la soja en Argentina se transforma en harina o aceite y vale U$S1100/tn) por precio y volumen, va a cerrar 2025 en 37m de toneladas de maíz, 28m de harina de soja y 5m de aceite. Son valores de años “normales”. 

—Eso en volumen, ¿y en cuánto a precios?

—Los precios internacionales hoy están extremadamente afectados por la geopolítica cambiante mundial. Dependen de cómo se levante Trump. Los aumentos de las tarifas de aranceles hacia China, México y Canadá van a tener mucho impacto. En principio, se perderá la referencia del tablero de Chicago - que va a sufrir una baja de precios por la baja demanda- donde se reflejan los precios internacionales de granos. Además, las guerras comerciales implican una fuerte caída de los precios internacionales. Finalmente, va a haber un desvío de comercio: algún país deberá sustituir lo que históricamente Estados Unidos le vendía a China.

—¿Tiene Argentina posibilidades de ocupar ese lugar?

—Lo cierto es que hoy Brasil está en mucha mejor situación para ser el gran ganador en ese sentido, porque es uno de los principales proveedores de China, le abastece el 60% de la soja que compra frente al 4% que aporta Argentina. El precio de exportación de Argentina es más caro, porque hay mucha demanda interna de la industria para transformar el grano en aceite; y además la calidad Argentina es menor que la de Brasil. La proteína, por una cuestión de clima, es menor y los chinos compran proteínas para darle a los cerdos, los pollos, etcétera. Brasil va a ser el ganador en soja, nosotros podemos competir en trigo, maíz y carne vacuna. Un efecto colateral podría ser México, que es un importador de todos los commodities desde Estados Unidos. México es un mercado fenomenal al que históricamente Argentina intentó entrar y no pudo porque tiene a Estados Unidos al lado presionando. Ahora bien, esto es el análisis lineal, económico y comercial. Falta la política. Si nuestra posición política es multilateral, no debería haber inconveniente. Si tenemos un alineamiento pleno a Estados Unidos, probablemente tengamos también medidas de restricción contra estos países. 

Si nuestra posición política es multilateral, no debería haber inconveniente

—En los últimos informes de liquidación de divisas, incluso antes de la quita de retenciones, se ven aumentos interanuales por encima del 35%. ¿Por qué, si el campo sigue liquidando divisas, el Banco Central no acumula reservas?

—Hubo un aumento de ingresos, porque seguimos comparando con un año de sequía. Pero, al mismo tiempo, los años anteriores el país tenía un régimen de licencias de importación automáticas ultra regulado que impactaba fuertemente sobre los flujos de pago de importaciones. La normalización del flujo de importaciones y los servicios turísticos al exterior me parece a mí que son la principal razón por la cual el Banco Central no tiene la capacidad de acumular reservas. 

—¿Qué opinas de la relevancia que va tomando el sector petrolero en la matriz productiva de Argentina? ¿Le quita poder de negociación al campo?

—No, al contrario. Argentina debería generar otros proveedores de divisas. Si bien es cierto que el año pasado la industria petrolera celebró haber logrado un superávit, en números ese superávit es menor a un mes del sector cerealero oleaginoso. Así que le falta bastante para crecer. Nosotros como industria creemos que en Argentina es mejor perder espacios de poder para crecer. Yo siempre digo que el futuro de la vaca viva es que Vaca Muerta sea un éxito. Porque el día que el sector petrolero, gasífero y minero puedan generar en Argentina un saldo superavitario de más de U$S1.000 millones es el día que la política en Argentina se va a olvidar del campo y le va a dejar crecer.

—El año pasado dijiste que, en estas condiciones, el sector agroexportador podría desaparecer en cuatro años ¿Esta baja temporaria de los derechos de exportación alcanza para revertir esa proyección?

—Es claramente una señal positiva. El Gobierno ha asumido un sacrificio fiscal hasta el 30 de Junio, y nos han dado a entender que no lo pueden extender todo el año, porque necesitan cumplir metas fiscales: el superávit es innegociable y hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero para salir de este enorme estancamiento que yo planteaba el año pasado, nos está faltando aún una ley de baja de retenciones. Gradual, y con un esquema de varios años, nosotros propusimos diez, que le dé tranquilidad al agro de que hay un camino a transitar y no cause un daño fiscal. Eso va a reflejar rápidamente un crecimiento productivo. Con ese esquema, Argentina generaría un incremento exportador de U$S17.500 millones anuales. Sabemos que eso hoy es poco factible, pero es el camino. 

—Eso es lo que le van a pedir al Gobierno a partir del primero de mayo cuando venza el esquema actual

—Al Gobierno ya se le pidió la extensión de la medida, pero el Ministro Luis Caputo fue muy contundente en el no. 

—El tipo de cambio, ¿está atrasado en Argentina?

—No es tan importante el valor del tipo de cambio en nuestro mercado, sino la estabilidad. Porque somos tomadores de precios internacionales, y la volatilidad hace que el mercado de granos se paralice. Además, si existen brechas entre el tipo de cambio oficial y los paralelos es muy difícil que un productor venda sus granos, porque el productor tiene que comprar nuevamente insumos para seguir invirtiendo. 

—Un tipo de cambio atrasado. ¿No les perjudica a ustedes en la actividad?

—Sí, un tipo de cambio como el actual, tiene impacto. Porque uno, en definitiva, vende un producto en dólares, pero su estructura de costos está en pesos a un determinado tipo de cambio que hace que se encarezca en dólares. Sin embargo, un movimiento de tipo de cambio para darle más competitividad a la Argentina genera inestabilidad y es absolutamente rechazado por el Gobierno. En muchas reuniones de trabajo con el Ministerio de Economía nos han dicho y ya le hemos creído, que devaluar es meter el problema de la baja productividad de Argentina bajo la alfombra. Por eso reaccionan de una manera tan vehemente cada vez que se menciona una intención de devaluación. A la vez, la productividad es un proceso paulatino que necesita años para ganarla. Y el tipo de cambio es un proceso automático de corrección al que estamos acostumbrados.

—¿Cómo les impacta a ustedes el parate de la obra pública, teniendo en cuenta el déficit en infraestructura, que siempre mencionan como uno de los obstáculos contra la productividad del sector? 

—Hemos estamos explorando modelos diferentes al tradicional, cuando presentabamos el plan de obras que requeríamos al ministerio de turno. Hemos logrado sustituir parcialmente la gran obra pública de infraestructura y estamos yendo a estos casos testigos. Trabajamos con Gobiernos locales en obras estratégicas y con licitación privadas. Un caso testigo es la autopista Rosario-San Lorenzo. A Rosario ingresan mil camiones por día y genera no solamente ineficiencia económica, sino problemas de seguridad, con los vecinos, etcétera. Con el Gobierno de Santa Fe nos pusimos de acuerdo sobre las obras estratégicas en etapas, el Gobierno provincial sacó un decreto, las licitó, las asignó, las adjudicó y después fue al mercado privado y comercializó un bono a tres años para pagarlas. Nosotros compramos los bonos. Entonces se generó un círculo virtuoso. Ahora se está planificando la segunda etapa. Esto podría ser replicable en otras partes. El problema que tenés es que puede funcionar con provincias fuertes como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, pero es más difícil para provincias con menos recursos y eso puede generar una asimetría en el desarrollo. 

Hemos logrado sustituir parcialmente la gran obra pública de infraestructura

Vía navegable troncal, la obra más importante

—¿Qué lectura hacés sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal?

—Para nosotros es nuestra autopista, es la obra de infraestructura más importante para la Argentina y hace 15 años está estancada, se le hace solo mantenimiento y ningúna ampliación. Pensemos que es como si tuviéramos una Panamericana asfaltada y bien mantenida pero que tuviera una sola mano. Ese básicamente es el objetivo actual de la VNT, que es pasar de 34 pies a 40 pies porque es la profundidad que requieren los barcos hoy a nivel mundial. Hoy Argentina regala carga a Brasil, salen los barcos con el 50 o 60% de carga y se van a Brasil a terminar carga por el calado. Además, hay que agregar tecnología.

—¿Qué error cometió el Gobierno?

—Nosotros como privados, decidimos hace tres años formar un consorcio de usuarios junto con la Cámara de Acero, Siderar, Techint, la UIA, la Bolsa Comercio Rosario, la Cámara de Puertos, para hacer propuestas. Queríamos una licitación a riesgo empresarial, sin subsidio del Estado con un dragador que venga, ponga la plata y que se haga cargo de cobrar un peaje. Estuvimos de acuerdo con el Gobierno en eso. Cuando estábamos a punto de terminar un estudio integral con propuestas, el Gobierno se anticipó y publicó el llamado a licitación en el entendimiento que querían hacerlo en 2024. Eso nos sorprendió. Celebramos, por supuesto, que la hicieran pero cuando analizamos las 2.000 páginas, encontramos que había muchos puntos de mejora. Entonces como usuarios nosotros hemos defendido, pero nuestro acompañamiento también estaba limitado a unas cantidad de aspectos que no fueron incluidos y que no nos daban tranquilidad. En forma paralela hubo una pelea mundial de los dragadores sobre la Hidrovía, porque es la principal licitación del mundo en los próximos diez años en la materia.

Hoy Argentina regala carga a Brasil

—Ahora viene una segunda etapa.

—Queremos celeridad, no esperar a 2026, queremos que se ejecute en 2025 y sea un proceso abierto y transparente de aportes. El Gobierno nos anticipó que va a crear una mesa política donde escuche a diputados, senadores, gobernadores, etcétera, que hagan sus aportes y una mesa técnica donde nosotros llevemos estos pedidos. Hablamos de un esquema de tres más tres, que son tres meses de trabajo y tres de presentación de sobres. Serían seis meses totales desde marzo hasta septiembre, mes en el que ya tenés el análisis final de los sobres. El Gobierno va a trabajar sobre esa base.

—¿Qué tiene que ser diferente para que no vuelva a pasar otra vez? 

—El Gobierno tiene que ver la forma en la cual favorecer la competencia de dragadores, y que lleguen al menos tres a la ronda final para que sea el sobre económico el que determine quién va a dragar. Para eso el Gobierno va a tener que ver la forma de hacerlo más atractivo y flexibilizar algunas líneas del sobre técnico.

—¿Por qué crees que Jan de Nul no se presentó? 

—Es uno de los temas que todavía el día de hoy no nos queda claro. Entendemos que estaba listo, porque lo había expresado al igual que otra empresa de origen holandés que se había expresado que se iba a presentar. Y sin embargo no lo hicieron ninguno de los dos. Si fue solo el ruido político, asumieron un riesgo grande al no presentarse, porque el Gobierno podía seguir adelante con la licitación por treinta años y la empresa se tenía que ir del país.

NR/JJD

El primer semestre del gobierno de Javier Milei ha dejado al descubierto las complejidades y desafíos económicos que enfrenta la Argentina. Con un enfoque ligado a evitar una hiperinflación a través de la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria, el programa económico muestra un panorama incierto y preocupante.

En términos de actividad económica, la caída acumulada durante el primer trimestre del año fue del 5,3%, una cifra que no se alcanzaba desde la pandemia del 2020. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador de Actividad Económica (EMAE) refleja un retroceso en varios sectores clave como la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la construcción, entre otros. 

La producción industrial manufacturera es el capitulo que más peso tiene en la actividad económica por su capacidad de generar empleo y valor agregado. Durante los primeros tres meses del año, la caída acumuló un 14,8%, mientras que, puntualmente, en marzo reflejó una disminución del 21,2%. Si bien hay caídas que son superiores a otras, todos los capítulos que componen el IPI (Índice de Producción Industrial manufacturero) mostraron mermas.

El parate en la economía es tan fuerte que las industrias comenzaron a reducir la utilización de su capacidad instalada. Con la caída de las ventas, la producción se ajusta y las máquinas se apagan. La caída en la utilización de la capacidad instalada de las plantas en marzo —interanual— fue de 13,9 puntos porcentuales, bajando de 67,3% a 53,4%. Este descenso refleja no solo una menor demanda interna, sino también las dificultades para acceder a insumos esenciales, exacerbadas por las restricciones cambiarias.

El caso de la industria automotriz es un fiel reflejo de la situación económica del sector industrial. Federico Hidalgo, economista y especialista en la industria automotriz aseguró que “para esta rama, 2024 significará un año de supervivencia”.

“El año pasado, la industria alcanzo su mayor producción en los últimos 9 años (superando las 600 mil unidades), pero la regulación de importaciones y el forzado estiramiento de pagos a proveedores gestaron parte del problema actual. Desde diciembre se arrancó con la programación de paradas de planta por faltas de insumos y algunas se fueron extendiendo e intercalando hasta marzo y abril, para reacomodar stocks”, planteó Hidalgo. 

El economista señaló que “la devaluación, el brusco salto de los precios y el delay de los salarios fue un golpe contundente para la demanda, que se traduce en una caída acumulada a mayo del 22% de las ventas, variación atenuada por un mayo con precios congelados, actualización del impuesto de bienes de lujo y aumento de la brecha cambiaria”.

“Ante un escenario de menor producción las terminales Toyota, Renault, Mercedes-Benz y Nissan propusieron retiros voluntarios para el personal, Renault ya desvinculó a 270 trabajadores y hay más de 1.000 anotados para el retiro voluntario en Toyota. Esta dinámica se repite en los autopartistas proveedores, que no ven más remedio que ajustar su personal, en el caso de las más pymes para evitar el cierre definitivo”, concluyó.

El plan motosierra y licuadora está teniendo profundos efectos sobre el poder adquisitivo de la población en general. La erosión de los ingresos a causa de una elevada inflación —desde la asunción de Milei como presidente, el índice general de precios acumula un incremento del 107%— y un fuerte rezago en el ajuste de los salarios registrados y no registrados impacta de manera directa en el consumo y, por ende, en las ventas de los comercios.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “las ventas minoristas pymes acumulan una caída de 18,4% en el primer cuatrimestre del año”. Uno de los datos más preocupantes que refleja la CAME en su último informe de prensa es la disminución en la venta de alimentos y bebidas, que alcanzó un 23,8% respecto de los primeros cuatro meses del año pasado. También las farmacias sufrieron una caída significativa en las ventas: un 31,3% menos. 

Otro de los indicadores que refleja el acelerado deterioro en el poder de compra de la sociedad es la venta en supermercados. El último informe del INDEC da cuenta de una variación acumulada del -11,5% en el primer trimestre del año.

Lo que no era un problema ahora sí lo es: la caída del empleo

La disminución en el uso de la capacidad instalada, provocada por la caída de ventas y de la producción, trae aparejada una crisis de empleo que está comenzando a iniciarse. Sobre la base de los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se observa que, desde la asunción de Javier Milei, la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 62.920. A su vez, el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) estima que, durante marzo hubo una destrucción de 34.166 puestos de trabajo.

Mariana González, economista e investigadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA expresó que “las medidas económicas del gobierno de Milei están teniendo fuertes impactos sociales en el mercado de trabajo, respecto de los cuales tenemos aún información oficial parcial” y que “la velocidad de la recesión económica y sus impactos sociales es tal que la información estadística envejece rápidamente”.

“Respecto de la recesión, sabemos que a marzo el nivel de actividad económica general ya había caído 8,4% en términos interanuales, caída que se elevó al 21,2% en el caso de la industria y al 42,2% en la construcción. Esa recesión se asocia a la fuerte devaluación de la moneda del mes de diciembre, al corte casi total de la obra pública y la fuerte reducción del gasto público en general, sumado a una política de apertura y desregulación. Sin dudas ese desplome en la actividad económica tuvo su impacto en materia de pérdida de puestos de trabajo”, planteó González.

La economista sostuvo que “los datos disponibles, que llegan a febrero y se refieren sólo a los puestos registrados, dan cuenta de una reducción de 90.216 puestos en relación de dependencia entre noviembre del año pasado y febrero del 2024”. Por otro lado, dijo, “la inflación ha licuado en gran medida el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y pensiones”.

“Las remuneraciones registradas muestran entre el mes de noviembre de 2023 y abril del año en curso, una reducción prácticamente del 15% en su poder de compra, que fue incluso mayor en el caso de los trabajadores del sector público: 21,3%. La magnitud de esas caídas sumada a la trayectoria negativa que tuvo el salario en los últimos años implica que cuando se comparan los salarios registrados actuales con los de fines de 2015 se observa una reducción del 40% en su poder adquisitivo”, agregó.

La recesión se asocia a la fuerte devaluación de la moneda del mes de diciembre, al corte casi total de la obra pública y la fuerte reducción del gasto público en general, sumado a una política de apertura y desregulación

Mariana González — economista e investigadora del Cifra

El gobierno comienza a ver como el ajuste más grande de la historia de la humanidad tiene efectos inmediatos en la economía real. 

“Aunque no contamos aún con cifras estadísticas oficiales, puede presuponerse que la situación resulta incluso más grave para los hogares cuyos ingresos dependen de ocupaciones informales y que no son actualizados en negociaciones paritarias. Por estas razones, están creciendo en gran medida la indigencia, la pobreza y la desigualdad”, comentó González. 

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó al 55,5% de la población durante el primer trimestre de este año, mientras que la indigencia se situó en el orden del 17,5%, lo cual representa un incremento de casi el doble respecto al mismo período del año pasado y de 6 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Esto significa que, aproximadamente, hay 25 millones de residentes pobres y, alrededor de 8 millones son pobres e indigentes —no llegan a cubrir las necesidades alimentarias mínimas—.

En otro plano se encuentran las variables ligadas al sector financiero y externo que están supeditadas a otro de los ítems importantes de la campaña de Javier Milei: sanear el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para luego cerrarlo.

Sector externo y finanzas

Según el último dato oficial, durante abril de este año, el intercambio comercial argentino —la suma de las exportaciones y las importaciones— experimentó, en dólares, una disminución del 6,3% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, si se analiza el monto de las importaciones, este representa un 22,7% menos que lo importado durante abril del año pasado —7,7% representado en precios y 16,4% en cantidades—. 

Durante el primer cuatrimestre del año, la caída en las importaciones fue del 23,8%, explicado en su gran mayoría por una disminución significativa en las cantidades importadas. Este dato es un fiel indicador de la actividad económica ya que una merma en la producción impacta, directamente, en la demanda de importaciones de bienes finales, intermedios y de capital.

La drástica caída en las importaciones permitió que, durante los primeros cuatro meses del año, se alcance un superávit comercial de US$ 6.157 millones. Este dato es una de las principales explicaciones sobre por qué el BCRA logró una acumulación de reservas internacionales del orden de los US$ 8.000 millones, hasta el 29 de mayo.

La drástica caída en las importaciones permitió que, durante los primeros cuatro meses del año, se alcance un superávit comercial de US$ 6.157 millones. Este dato es una de las principales explicaciones sobre por qué el BCRA logró una acumulación de reservas internacionales del orden de los US$ 8.000 millones, hasta el 29 de mayo

Otro de los elementos que permitió el superávit comercial y la importante acumulación de reservas durante este primer semestre es, sin dudas, el mantenimiento del cepo. 

La restricción a la compra de divisas tanto para la importación, ahorro y giro de utilidades ha contribuido a reducir, de manera artificial, la demanda general de dólares oficiales. La acumulación de reservas está ligada muy estrechamente a esta dinámica: no se pueden comprar dólares para atesoramiento y, a la hora de demandar divisas para el pago de importaciones, estas —en caso de asignarse— estarán disponibles recién a los 30 días para pequeñas empresas —antes era en 4 meses—.

Otro de los elementos que descomprimió la demanda de divisas fue la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libe (Bopreal) que, en su espíritu inicial, eran títulos emitidos por el BCRA para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago importaciones de bienes o servicios con registro aduanero. Durante el pasado mes de mayo, el gobierno extendió el alcance de los bopreales al permitir usarlos para la remisión de utilidades y dividendos al exterior.

Sanear el balance del BCRA es, básicamente, acumular más activos que pasivos y, en términos concretos, dólares —reservas internacionales—. En este sentido, el gobierno, a través de la compra de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) está logrando un mejoramiento de la hoja de balance. También la famosa “bola de Leliqs” fue, en principio, migrando hacia los pases pasivos -de más corta duración- pero, con la baja de la tasa de interés de política monetaria, el gobierno profundizó un proceso de emisión de deuda desde el Tesoro con el objetivo de reperfilar vencimientos tanto en tiempo como en moneda. Es decir, la deuda que antes tenía el BCRA se está reemplazando por deuda que emite el Tesoro.

Está por verse como los números fríos de la economía impactan en el humor social de los diferentes sectores de la sociedad y cuales serán las consecuencias a mediano plazo del profundo ajuste fiscal que está realizando el gobierno.

IC/JJD

Better call Francos, instalaron las redes esta semana como meme de su desembarco y parece que le gustó. El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estrenó cargo sin jurar y ya arma una avanzada para mantener cohesionado el frente político del oficialismo con planes concretos para atender las urgencias de los gobernadores, cercanos y no tanto. Se le acumulan los reclamos.  

Buena parte del rol que tuvo como ministro del Interior lo trasladará al primer piso de la Casa Rosada, ahora empoderado para intentar aflojar la billetera, o al menos darle algún tipo de dinamismo al tema que más preocupa a los jefes territoriales: la parálisis total de la obra pública. 

Entre los gobernadores hay alivio por la llegada de Francos como ministro coordinador, considerado un dispositivo extraño en el mundo libertario, un “casta”, amable en el trato, predispuesto al diálogo y, sobre todo, con un intento de mirada más allá de la Capital Federal. Intentarán, a través de él, que el gobierno nacional les devuelva algo del flujo de fondos perdidos desde el inicio de la nueva gestión. Esa es la expectativa en los gobernadores más cercanos al Gobierno. Los opositores, escépticos, eligen activar por su cuenta.

La reactivación de las obras públicas aparece al tope de los reclamos que ya empezó a escuchar el nuevo jefe de Gabinete. Su firma ahora es clave. A cargo de la cartera política tenía diálogo, pero no lapicera. Se trabaja en dos alternativas en estudio. Una, en la que el gobierno nacional se saca el problema de encima, es que cada provincia consiga financiamiento internacional y siga adelante. La otra idea, más compleja, es el traspaso de la Nación a las provincias de las obras que cada gobernador considere prioritarias y ya estén iniciadas, con avances más cercanos a la finalización. 

¿Cómo se financiará? En principio está en estudio la emisión de un bono a un año para que los distritos puedan hacer frente a la infraestructura que demanden. La otra alternativa es que al traspasar la jurisdicción de la obra, también transfieran parte de los fondos. Solo partes, no todo. Es lo que piden los gobernadores. En la Casa Rosada se hacen los distraídos. “Habrá traspaso de obras, no está claro si es con los fondos”, refieren cerca del ministro. En una provincia del centro dicen que algo de recursos empezaron a largar. El resto podría hacerse a través de un endeudamiento acotado. De esa manera, Francos evita enfrentarse en lo inmediato al ministro de Economía, Luis Caputo, el chanchito de yeso que podría frenarle el plan.

Todo será parte de la negociación que pueda llevar adelante el nuevo jefe de Gabinete con Milei y Caputo, que siguen cerrados a la idea del giro de fondos para obras públicas. Ese plan de traspaso contempla que los gobernadores puedan recaudar fondos para las obras a través de las concesiones. Lo habilita el artículo 65 de la ley Bases, que establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos (...) a sociedad privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación (...) mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”. Además, queda habilitada la opción de concesiones para “ampliación, reparación, conservación o mantenimiento”. El mensaje de la Casa Rosada es: si la provincia quiere terminar una obra, que elija una ruta, la concesione y cobre peaje.  

Para romper el hielo, y no el chancho, una de sus primeras reuniones de acercamiento hacia los gobernadores fue con funcionarios de Axel Kicillof. Por el despacho de Francos, todavía en la planta baja hasta la mudanza, pasó Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas bonaerense y su par de Seguridad, Javier Alonso. Allí hablaron de reactivar los 21 kilómetros que faltan de la autopista Presidente Perón. “Pedimos que hagan algo, no nos pueden dejar la obra así. Nos tienen que pasar la obra”, dijeron cerca del ministro.  

En La Plata recuerdan que hay 1.000 obras nacionales paralizadas en toda la provincia e insisten con el reclamo, incluso por vía judicial. La provincia ya tomó la decisión de avanzar por su cuenta con la terminación de 58 jardines de infantes que se hacían con fondos nacionales y la terminación de obras con 22 universidades. En ese caso lo puede hacer porque eran convenios de Nación con municipios. Los intendentes los rescindieron y los firmaron con Kicillof. Katopodis venía pidiendo desde febrero una reunión con Caputo, que nunca ocurrió.  

Mañana Francos recibirá a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, uno de los mandatarios más activos en la propuesta de llevar adelante un cronograma de traspaso de obras. Es de los más amigables hacia el Poder Ejecutivo. No es solo una foto. La reunión servirá para la firma de un convenio de traspaso en el que además de Francos estará el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, que depende de Caputo.

Por la noche, a las 20, finalmente el ministro jugará en un acto en el salón Blanco ante Javier Milei. Hasta el viernes ni siquiera se había podido mudar. Su antecesor, Nicolás Posse, siguió yendo a su despacho, pegado al del Presidente en la semana en la que Milei no estuvo.

“Hay una línea abierta sobre todo para los que están apoyando”, celebraron desde una provincia opositora, pero cercana a la Casa Rosada. La llegada de Francos a la jefatura de Gabinete encaminó para algunos un canal de diálogo, y para otros, directamente lo abrió, como para Kicillof. “Puede permitir algún trato más claro y agilizar la gestión”, sostienen sobre su llegada y recuerdan que, por ejemplo, en la dirección de Vialidad ni siquiera tienen firma, por la falta de nombramientos.  

Además de Katopodis, por Balcarce 50 pasó el jueves el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Reiteró en su charla con el funcionario nacional que promoverá el acompañamiento de un senador de su provincia, Guillermo Andrada, a la ley Bases y el paquete fiscal. Si no es en la votación en general, será en algunos capítulos, como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “No va a haber más de 33 votos negativos, incluso puede haber menos”, especulan en el despacho de Francos sobre la votación del próximo 12 de junio, con la expectativa de que la gestión con Jalil le saque un voto al rechazo de Unión por la Patria. 

El raid del gobernador incluyó reuniones también con el secretario de Obras Públicas. “Decidimos cuáles (obras) seguirán con financiamiento nacional y cuáles con fondos provinciales”, sostuvo Jalil tras el encuentro. Para algunos plata hay. 

El ascenso de Francos fue bien recibido también por gobernadores de la línea intermedia, entre los más combativos y los más amigables, como Maximiliano Pullaro. El gobernador fue elogioso, y sus funcionarios vienen trabajando ya en el reclamo de fondos para obras públicas iniciadas. “Tengo mucha expectativa de que algunas cosas y algunas miradas del gobierno nacional puedan cambiar. Tenemos una excelente relación con él”, remarcó el gobernador, que ya habló por teléfono con el nuevo ministro coordinador. Sus negociadores avanzaron esta semana en concretar algunas obras. “Nos volvemos con el compromiso de activar obras de reparación y de emergencia”, anunció en Santa Fe el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico.

Aunque por ahora no hay reuniones en agenda, la llegada de Francos abre también un canal más concreto de acercamiento a la CGT. Con él habían llevado adelante el primer y único encuentro oficial que existió hasta ahora, antes del paro general. Se habían visto informalmente, en diciembre. Era el único funcionario del gabinete nacional con el que el sindicalismo tenía el teléfono abierto.

MV/DTC

A 45 días desde su asunción, el gabinete libertario enfrenta su primera baja. Se trata del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien el presidente Javier Milei decidió echar esta noche luego de que filtrara información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.

Nicolás Posse, jefe de gabinete y hombre de extrema confianza de Javier Milei le habría pedido la renuncia al funcionario tras responsabilizarlo por dicha filtración. Este enfrentamiento se sumaría a los recientes choques entre ambos dirigentes por la demora en la designación de funcionarios para la cartera de Infraestructura.

Aún no se definió quien será su reemplazo, pero no se descarta la posibilidad de que la cartera se convierta en una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo. Si bien aún no se emitió un comunicado oficial y ni se realizó un anuncio vía redes sociales, Milei likeó esta noche un tuit en el que se confirmaba la reducción del rango de la cartera.

“Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaria bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata”, escribió el usuario @Beto Mendeleiev y recibió un corazón de parte del Presidente de la Argentina.

Ferraro había sido uno de los primeros ministros confirmados por Javier Milei antes de asumir como Presidente y tenía a su cargo áreas clave como Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones. Contaba con experiencia en el sector público-privado, al frente de iniciativas PPP en 2017 y como director de KPMG Argentina, firma global de servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría, en 2019.

Coordinó, además, la fiscalización de La Libertad Avanza para el balotaje que permitió dar vuelta el resultado de las elecciones generales y consagrar a Milei como presidente de la Nación.

La reunión que derivó en la salida de Ferraro

Este jueves por la mañana, Milei se reunió con su gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada para definir estrategias a fin de garantizar los votos necesarios para aprobar la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. En el encuentro, el Presidente volvió a arremeter contra los gobernadores y pidió a sus colaboradores que dejen en claro que “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”. “Los voy a dejar sin un peso”, sentenció el mandatario.

“Si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincias”, advirtió, en esa misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión.

La intención del Gobierno es compartir el costo del ajuste con los mandatarios provinciales en caso de que las reformas económicas no logren aprobarse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

“Ir con buenas intenciones en algunos sectores no da resultado, te tenés que poner en hijo de puta”, subrayó una fuente de Casa Rosada, y agregó: “Es un claro mensaje a los gobernadores para que presionen a sus diputados para que voten”.

De la reunión en Casa Rosada, participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los ministros Posse, Ferraro, Caputo, Guillermo Francos (Interior), Mariano Cúneo Liberona (Justicia), Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa). También asistieron los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete), el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor presidencial Santiago Caputo.

ACM con información de NA.

Los datos publicados del Censo 2022 muestran varias brechas en materia de servicios en Argentina. Mientras el 93% de la población tiene acceso al agua potable por cañerías, sólo un 57,4% cuenta con redes de saneamiento que desembocan en una cloaca. Mientras más del 90% de las personas accede a internet a través de un teléfono, sólo 48,6% cuenta con gas de red para cocinar y calefaccionar.

Acá es donde la infraestructura pública tiene un papel clave en la búsqueda de cerrar esas brechas. Sin embargo, su financiamiento enfrenta varios desafíos. Entre 2015 y 2022, el promedio de inversiones en obras públicas como porcentaje del PBI fue de 1,74%. Alcanzó el punto más alto en 2015 de 2,57% y el más bajo en 2019 con 1,19%.

Considerando las inversiones a nivel regional en la última década, las inversiones en infraestructura específicamente económica descendieron en casi un punto, de 2,5 a 1,8, el promedio de América Latina en 2019. Ese año, las tres principales economías de la región –Argentina, Brasil y México– destinaron 1% promedio del PBI a estas inversiones.

En Argentina, el sector responde a las tendencias de la economía, que se vio atada a ciclos de crecimiento y recesión en los últimos años, así como a una fuerte restricción externa.

El financiamiento externo de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial y de países como China y Kuwait a través de convenios bilaterales viene asumiendo un rol creciente. Esto se debe a los altibajos de los ciclos económicos y a la restricción externa recurrente. Mientras en 2015 representaban el 9% de la masa de inversiones, en 2023 representan el 24%. De estas fuentes externas, dos tercios son multilaterales y un tercio son bilaterales.

La gestión de fuentes alternativas a los fondos nacionales permite una respuesta a las restricciones presupuestarias y externas del país, pero también representa desafíos de planificación. Es fundamental que los fondos externos se implementen en iniciativas estratégicas y críticas para la Argentina.

Mientras las principales inversiones del BID son en redes de saneamiento, las principales inversiones de China son en represas hidroeléctricas. Aunque fundamentales para el desarrollo del país, estas inversiones deberían encontrar una priorización clara de parte del Estado que cuenta con la visión estratégica e intergeneracional.

Los proyectos bajo la modalidad de Participación Público-Privada, que tuvieron lugar entre 2017 y 2019, deberían ahora contar con un reparto claro de riesgos y condiciones de estabilidad macroeconómica para su sostenibilidad y repago. En el período que se implementaron, se destinaron a corredores viales.

Argentina cuenta con mecanismos robustos de gestión, control y transparencia. El desafío para los próximos años es destinar el financiamiento a proyectos que posibiliten reducir desigualdades en servicios e infraestructura a partir de una mirada que sepa distinguir qué es estratégico y prioritario.

Demian González Chmielewski, coordinador del Programa Estado y Gobierno de CIPPEC

JJD

Si bien la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina negó ayer que haya nombramientos respecto al gabinete de Javier Milei “hasta el día de la asunción”, avanza la organización del nuevo gobierno libertario que comenzará a funcionar el próximo 10 de diciembre, cuando el nuevo mandatario jure y asuma como Presidente. Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura, que tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones.

Así lo confirmó el futuro funcionario en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre. “El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado. Vamos a orientar e incentivar al sector privado para su inversión”, señaló.

En esta línea, Ferraro afirmó que la Argentina “tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura”, y aseguró que “casi todas las estimaciones para poner en valor la infraestructura, tanto de los organismos multilaterales como de las cámaras del sector, es tan importante en términos de PBI, 15 puntos anuales, que es imposible dedicarle el presupuesto público”.

Por ello, sostuvo que el nuevo gobierno libertario avanzará con un modelo de Obra Pública “a la chilena”. El propio Milei repitió este concepto durante la campaña. Según dijo en varias oportunidades, esa idea implica reemplazar el actual sistema de obra pública estatal por un modelo privado. Así, las tareas de infraestructura pasarían a estar en manos del sector privado, el cual tendría un ingreso mínimo garantizado por el Estado.

Consultado sobre las obras que buscará desarrollar la nueva gestión, Ferraro destacó la importancia de generar infraestructura de calidad para Vaca Muerta y también para zonas portuarias. “Hay una enorme deuda, que es generar una red vial que arranque con los caminos rurales y, luego, por las rutas nacionales y provinciales, y terminen en los accesos portuarios, tanto en Rosario como Quequén”, adelantó.

“Hay una enorme oportunidad para invertir del sector privado, tiene que haber un gobierno creíble”, agregó el futuro funcionario, que estuvo a cargo de la fiscalización del balotaje para La Libertad Avanza.

Además, también aseguró que Milei buscará reformar “la ley de concesiones”. “Por desidia, o por falta de voluntad, en casi todas las concesiones, ferroviarias, energéticas, corredores viales, que tienen su origen en los 90 y fueron entregadas por 20 o 25 años, las administraciones no generaron nuevas condiciones, entonces las obras están en un portafolio de precariedad”.

Con relación a los funcionarios que integrarán este súper ministerio, adelantó que Eduardo Rodríguez Chirillo ocupará la secretaría de Energía. “En el resto de las áreas van a ser personas muy probadas, conocidas y confiables para el sector privado, con experiencia en el sector”.

Quién es Guillermo Ferraro

En la recta final del Gobierno de Alberto Fernández, Javier Milei comenzó a develar quiénes serán los funcionarios que conformarán su Gabinete desde el 10 de diciembre. Entre otros nombres, surgió el de Guillermo Ferraro, quien dirigió durante 13 años la sede argentina de KPGM, una multinacional que ofrece servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países. 

Según su perfil de LinkedIn, fue el “Director responsable de nuevos negocios y proyectos de infraestructura” desde abril de 2010 y abril de 2023. Luego, en los últimos meses, se dedicó a ofrecer el mismo servicio pero de forma independiente.

Una de las propuestas que el nuevo ministro de Milei tiene previstas para el país en los próximos cuatro años son “realizar la infraestructura para Vaca Muerta en serio”.

“Vaca Muerta requiere toneladas de arena y muchísima agua, y hoy el agua no existe, no existe una operación de carga que sea más eficiente, se hace todo por camiones, no existe un tren”, criticó.

En ese sentido, marcó que “hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado” y desde su función agregó: “Creemos que tiene que haber un gobierno creíble”.

NB

El directorio del Banco Mundial aprobó este miércoles tres nuevos financiamientos por un total de US$900 millones, de los cuales US$400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover la eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud y US$200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.

Luego de la aprobación de los préstamos, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, expresó en un comunicado: “a través del trabajo junto al Banco Mundial estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país”.

El titular del Palacio de Hacienda agregó: “con los proyectos aprobados en el Directorio del Banco, estaremos profundizando y fortaleciendo nuestro sistema de salud pública, permitiendo dar continuidad a políticas de largo plazo centrales para nuestra población”.

“Con el foco puesto en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, estaremos llevando adelante proyectos de infraestructura para mitigar los efectos de eventos climáticos extremos como las inundaciones en el Norte Grande argentino, así como también proveer de más y mejores herramientas que contemplen el uso eficiente de la electricidad de las familias argentinas”, completó.

Desde organismo multilateral expresaron que “estamos acompañando a la Argentina con inversiones que ayuden a reducir su vulnerabilidad climática frente a las inundaciones y que permitan avanzar en la transición energética, de la mano de energías limpias y de una mayor eficiencia”. Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, agregó: “además continuamos apoyando inversiones en salud pública para que la cobertura sea cada vez más equitativa y efectiva”.

Los tres proyectos son préstamos de margen variable, reembolsables en 32 años y tienen un período de gracia de siete años.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que el proyecto de energía permitirá, entre otros puntos, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio.

En particular, el plan ayudará a que familias vulnerables puedan cambiar electrodomésticos ineficientes y antiguos como heladeras y freezers, los cuales representan la mayor parte del consumo de electricidad en los hogares, precisaron desde la entidad. También se apoyará a clubes de barrio y centros comunitarios con la compra e instalación de equipos de iluminación eficientes que ayuden a reducir el consumo eléctrico.

En tanto, el proyecto de salud beneficiará a aproximadamente 19 millones de personas con cobertura de salud pública. “Se pondrán en marcha acuerdos centralizados de adquisiciones para ahorrar hasta un 70 por ciento en la compra de medicamentos esenciales y la implementación de la receta digital para minimizar errores de prescripción y facilitar el intercambio de información entre profesionales de la salud; también se apoyará el desarrollo e implementación de un paquete integrado de servicios de salud que aplique al sistema en su conjunto y cubra a todos los argentinos por igual”, ejemplificaron.

Asimismo, el proyecto de infraestructura resiliente al clima fortalecerá a las ciudades expuestas a las inundaciones, con foco en una primera etapa en las provincias del Norte Grande, Buenos Aires y Santa Fe. “En la Argentina, el 28 por ciento de la población está expuesta a inundaciones que representan el 60 por ciento de los desastres naturales. El cambio climático está además ocasionando el aumento de su frecuencia y gravedad, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, especialmente a las mujeres y los niños”, apuntaron desde el Banco Mundial.

Además de obras de infraestructura, el proyecto incluye intervenciones innovadoras vinculadas con las soluciones basadas en naturaleza y medidas no estructurales, como el desarrollo de planes de gestión del riesgo de inundaciones urbanas y de gestión de residuos sólidos, el desarrollo de sistemas de alerta temprana, entre otros.

Se contemplan también actividades que promuevan una gobernanza del agua con enfoque de género, como por ejemplo, una mayor inclusión de mujeres en posiciones jerárquicas en agencias provinciales y municipales.

Las iniciativas, todas ellas con una impronta inclusiva y un alcance federal, son parte de una línea de proyectos de desarrollo impulsados por el ministro de Economía junto a las autoridades del Banco Mundial.

LC con información de agencia Télam