Vista Energy anunció este miércoles la adquisición de la participación de Petronas en el bloque La Amarga Chica, con lo que lleva su producción diaria de hidrocarburos a 120.000 barriles equivalentes de petróleo y se convierte en el mayor productor independiente de petróleo del país.

YPF ya había confirmado en diciembre pasado la salida de Petronas del proyecto de GNL en Vaca Muerta. El acuerdo, que se había presentado en septiembre de 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández en la Presidencia como “el más importante en materia energética de los últimos 30 años”, apuntaba a exportar 450 barcos de GNL al año una vez que esté finalizado. Además, implicaba la duplicación de la producción actual de gas, la construcción de un gasoducto de Vaca Muerta a la costa bonaerense y el desarrollo en etapas de un complejo industrial de gas natural licuado. 

Ahora, el proyecto quedó en manos de Vista Energy, de Miguel Galuccio, compañía que lleva invertidos más de US$ 6.000 millones en la Argentina desde el inicio de sus operaciones en 2018. A partir de esta transacción, Vista se asociará con YPF, propietaria del 50% restante y operador del bloque.

La Amarga Chica es el segundo campo de mayor producción de shale oil en Vaca Muerta, con aproximadamente 80.000 boe/d al último trimestre del 2024. Vista abonó US$900 millones en efectivo al cierre de la operación y pagará otros 300 millones en dos pagos iguales, en los años 2029 y 2030.

Además, Petronas recibió 7.297.507 acciones de Vista. De esta forma, la empresa malaya seguirá presente en el país a través de Vista como uno de sus accionistas, y apuesta a seguir capturando el valor del crecimiento rentable de Vaca Muerta.

La Amarga Chica inició sus operaciones en 2014. Son 46.594 acres en la ventana de shale oil donde hay 247 pozos en producción, y reservas probadas estimadas a finales del año 2023 de 280 millones de barriles equivalentes de petróleo.

De acuerdo al comunicado difundido en las últimas horas, Vista estima que hay 400 pozos en el inventario para ser desarrollados y, con esta operación, consolida una superficie total de 229.000 acres en Vaca Muerta. Esta es la primera adquisición que realiza la compañía en la que no será operador del activo, que estará en manos de YPF.

Tras comunicar la novedad, Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, ponderó que, con la adquisición, su empresa gana “una escala significativa en Vaca Muerta, incorporando un bloque premium con producción en crecimiento y bajos costos operativos, lo que nos permite acelerar el plan de largo plazo y fortalecer nuestro perfil de generación de flujo de caja libre. La operación no solo incrementa nuestra rentabilidad, sino que también mejora nuestro portafolio de locaciones listas para perforar en el área central de Vaca Muerta”, detalló.

Según Galuccio, “es especialmente relevante que, en el actual contexto macroeconómico global y de precios del petróleo, estemos consolidando un activo de alto margen y bajo punto de equilibrio, con fuertes sinergias con nuestra operación actual, lo que refleja nuestra visión constructiva de largo plazo sobre la dinámica de oferta y demanda de crudo. Estoy convencido de que ésta es una oportunidad única para generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, concluyó.

Sobre Vista Energy

Vista Energy es una compañía de petróleo y gas enfocada en el yacimiento Vaca Muerta, ubicado en la Cuenca Neuquina, Argentina. Fundada en 2017, actualmente cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (ticker: VISTA) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (ticker: VIST).

Según la Secretaría de Energía de Argentina, en 2024, Vista fue el segundo mayor productor de petróleo en Vaca Muerta y el tercero de Argentina.

Con información de agencias.

IG

YPF anunció el inicio de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto atravesado por un fuerte reclamo de las comunidades costeras de Río Negro y Chubut. Tiene una extensión de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica. La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. 

La petrolera estatal –ahora bajo la gestión libertaria– se unió en lo formal a la empresa Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un consorcio de compañías que incluye a Vista Energy Argentina, Pampa Energía y Pan American Sur. La intención es comenzar la construcción del oleoducto de manera inmediata para que esté operativo en julio de 2027. 

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo. Según publicó elDiarioAR en su momento, YPF aseguró que tendría todos los permisos ambientales aprobados.

Ahora la compañía dio un paso concreto para llevar adelante el proyecto: informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la reunión de directorio de VMOS celebrada el viernes pasado, donde se aprobó por unanimidad la construcción del oleoducto. La sede de YPF fue el epicentro del encuentro que reunió a los ejecutivos más importantes de las compañías participantes, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina; y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron, según consignó el diario Clarín.

La creación formal de Vaca Muerta Sur está atada a la gestión de Javier Milei, ya que el proyecto fue el primero en plegarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se anotó el 15 de noviembre. Según el anuncio oficial, significa una inversión de US$ 3.000 millones.

El proyecto incluye una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se prevé una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios. La estatal YPF tendrá una capacidad de transporte comprometida de 120.000 barriles por día.

El conflicto ambiental

A mitad de este año, el obispo Álvarez de Rawson se hizo eco del reclamo de diversas ONGs, ambientalistas y vecinos de Chubut y le envió una carta directamente al gobernador donde le preguntaba si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

“Ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, cuestionaba Álvarez en su misiva del 31 de julio.

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta comienzos de este año era Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF. En el Golfo San Matías, el puerto de destino del oleoducto estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. 

MC

La comunidades costeras de Río Negro y Chubut están en alerta. La petrolera YPF anunció en los últimos días que comenzará la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra destinada a transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta el Golfo San Matías, un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto.

YPF anunció que construirá el primer tramo de la obra, que va desde su planta en Loma Campana, Vaca Muerta, hasta Allen, Río Negro. Se trata de los primeros 128 kilómetros de caños. El oleoducto tiene como objetivo el transporte para la exportación a partir de 2026. Este primer tramo también conectará Loma Campana con el sistema de Oldelval, hacia el norte, que conduce hacia las principales tres refinerías de Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca. Pero su principal objetivo es llegar, hacia el sureste, a la costa atlántica de Río Negro, en la localidad de Sierra Grande y Punta Colorada, en el Golfo San Matías. 

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo, una decisión que aún no fue comunidad oficialmente y cuyos fundamentos a favor de la obra permanecen en las sombras, explicó a elDiarioAR el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA). Todo indica que el caso terminará judicializado. 

El primer tramo de la obra, que tiene autonomía de los dos restantes, tendría todos los permisos ambientales aprobados, aseguró YPF ante la consulta de elDiarioAR.

Existe otro contexto que afectará el futuro de esta obra: la sanción o el rechazo a la “ley Bases” que impulsa el gobierno de Javier Milei. La normativa contiene el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos más criticados por la oposición e incluso por sectores económicos por los desmesurados beneficios a las corporaciones. Busca incentivar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, entre otras pocas actividades. Unas 50 organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el efecto ambiental de esta iniciativa de Milei. 

El oleoducto entraría dentro de las inversiones que plantea incentivar el RIGI y engloba varias polémicas: una de ellas es que el primer tramo, que se aprobó sólo en Neuquén, se extiende en territorio de Río Negro y sin embargo la comunidad de esa provincia no pudo participar de las oposiciones al proyecto. 

Lo mismo sucede con Chubut: Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia, es lindera con el Golfo San Matías, donde se construirá la terminal petrolera del oleoducto y cuya comunidad no tuvo posibilidad de oponerse durante el proceso de audiencia pública de los tramos II y III: sólo se habilitó a manifestarse a habitantes de Río Negro. Luego, incluso las autoridades terminaron bloqueando la participación de quienes se oponían a la obra en la provincia.

El Bloque Acción Chubut se reunió este viernes por la tarde. Participaron ONGs como AAdAA y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ambientalistas, vecinos y referentes locales. Decidieron comenzar a armar los equipos legal y científico para analizar la documentación que el gobierno de Neuquén debe hacer públicos: la Declaración de Impacto Ambiental, en donde autoriza la obra en el marco de la ley y reglamentaciones ambientales.

A principios de esta semana, los abogados se reunirán también con las organizaciones y expertos nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, en Río Negro, la otra pata del conflicto. Este sector también se opone a que el oleoducto desemboque en el golfo, un área de alto valor en biodiversidad, para el turismo local y la pesca artesanal.

Una megaobra

La compañía sostuvo en un comunicado que en el primer tramo la inversión rondará los US$190 millones y que se generarán 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas, otro punto de conflicto para quienes sostienen que el costo ambiental es demasiado alto comparado con la creación de empleo que ofrecerá la obra. 

El oleoducto es la gran apuesta de la petrolera argentina. Se trata de un proyecto monumental: se demandarán más de 10.000 caños de 20 y 30 pulgadas y su capacidad operativa máxima permitirá transportar 390 mil barriles diarios de petróleo, incrementando en un 70% la posibilidad de evacuación de la Cuenca Neuquina. Eso significa que se duplicará la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta, informó YPF.

¿De dónde saldrán los fondos para esta megaobra? Es otro de los puntos que los ambientalistas y abogados estarán mirando con lupa Por ahora, las flechas apuntan a empresas de Estados Unidos. “La segunda etapa y terminal de exportación, que completarán el proyecto, están en etapa de desarrollo y con alto grado de avance. Implicarán una inversión de más de US$2.000 millones, que YPF afrontará en conjunto con otras compañías que ya mostraron interés en el proyecto”, afirmó la petrolera.

El oleoducto Vaca Muerta Sur permitirá exportar 135 millones de barriles de petróleo por año. YPF sostiene que convertirá a la Argentina “en uno de los principales exportadores de la región” y aportará “divisas y trabajo al país”.

Impacto ambiental

Aún están también pendientes las Declaraciones de Impacto Ambiental del tramo 2 y tramo 3 de la obra, que debe aprobar el área de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Además del oleoducto, el proyecto contempla la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina y dos monoboyas flotantes que se ubicarán a 6 kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, pegado a Península Valdés.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta hace pocos meses es Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF.

En el Golfo San Matías, la obra estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías y de Península Valdés alertaron sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, se pronunciaron contra el proyecto.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tercer tramo: la terminal de carga en el Golfo San Matías.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla, su representante, expuso en la audiencia pública del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo de 2023.

“No existen impactos ni significativos ni críticos”, dijo Pinilla en la audiencia pública. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

Nota: este artículo se corrigió el 27 de mayo de 2024 a las 9:13 para modificar el apellido de Gonzalo Vergez.

ED/DTC

La disputa en torno al oleoducto Vaca Muerta Sur sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas. La Justicia de Chubut rechazó la acción judicial de un amplio colectivo integrado por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientales de la provincia contra la gran apuesta de la petrolera YPF para la exportación de petróleo. 

Los demandantes, nucleados en el Bloque Multisectorial Acción Chubut, reclaman al Estado provincial ante la “inacción” de la gobernación y solicitan que el gobierno de Ignacio Torres (PRO) intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto, que se montará en el Golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, vecina a la de Chubut, como informó elDiarioAR. 

La acción judicial busca instar a la gobernación de Chubut a prevenir los daños ambientales que pudiera ocasionar la obra de YPF en una zona fronteriza entre Río Negro y Chubut. El Golfo San Matías era un área protegida por la ley rionegrina hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de dicha provincia modificó la legislación a medida del oleoducto.

Para el colectivo, la obra petrolera es “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona” de Península Valdés y “a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, informaron en un comunicado. 

Sin embargo, la jueza María Laura Eroles, a cargo del juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, rechazó la acción judicial del colectivo a mediados de febrero último. Los demandantes habían solicitado al gobierno de Chubut que, como medidas de prevención del daño, brinde información a la sociedad chubutense sobre el proyecto de YPF y realice un Estudio de Impacto Ambiental Estratégico (EIAE), que determinaría los potenciales daños e impactos del proyecto petrolero y cómo mitigarlos.

La magistrada interpretó que la provincia de Chubut no estaría en condiciones de evitar el potencial daño ambiental del oleoducto y su terminal portuaria realizando dichas medidas. “No se advierte que las medidas solicitadas resulten eficaces y adecuadas para evitar el daño”. Por lo tanto, la jueza rechazó la acción judicial. Los demandantes apelaron su decisión, por lo que el caso no está cerrado.

El caso

El proyecto de YPF busca transportar petróleo desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, ubicada en el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, a partir de 2026.

Un accidente o derrame en la zona afectaría directamente a esa región natural protegida, Patrimonio de la Humanidad (Unesco, 1999), de acuerdo a los análisis realizados por ambientalistas y conservacionistas que realizaron incluso un simulacro de derrame con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos.

Además, el riesgo de muerte de las ballenas aumentaría considerablemente ante el comienzo de la circulación de grandes buques petroleros en el golfo San Matías, de acuerdo con los planteos de conservacionistas, ambientalistas y empresarios del sector turístico. Las ballenas de Península Valdés también habitan el golfo San Matías. “La ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos”, explicó a elDiarioAR la bióloga Raquel Perier.

“No existen impactos significativos ni críticos”, afirmó el consultor de YPF Fernando Pinilla sobre el impacto ambiental de la obra en el golfo San Matías y las áreas protegidas aledañas. Pinilla fue contratado por la petrolera para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria. “A diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar”, aseguró en la audiencia pública celebrada el 17 de agosto último en Río Negro. 

El consultor de YPF afirmó que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. También dijo que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

Chubut en movimiento

La presentación judicial contra el oleoducto fue realizada por la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros y la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas.

También participaron la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa), la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, firmaron la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

“Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 kilómetros de Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”, informaron desde Aadeaa.

ED/MG

La localidad de Puerto Pirámides, ubicada en Península Valdés, provincia de Chubut, decidió plantarse contra el oleoducto Vaca Muerta Sur ante el riesgo ambiental que implica el proyecto de la petrolera YPF. Así surge de un documento elevado a las autoridades chubutenses al que accedió elDiarioAR. La localidad, a la que llegan visitantes de todo el país y el mundo para el avistaje de las ballenas francas australes, entre otras especies, accionó frente a los riesgos ambientales de la megaobra, que implica una terminal portuaria para la carga de petróleo a sólo 30 kilómetros de Península Valdés.

Ante la iniciativa de los vecinos e instituciones de la localidad, el Concejo Deliberante de Pirámides aprobó un proyecto de comunicación para plantear la problemática y reclamar acciones ante las autoridades de Chubut. También les reclaman abrir información sensible que expone la inacción de la provincia hasta el momento frente al avance del proyecto petrolero en la vecina Río Negro, de acuerdo al documento. 

El oleoducto Vaca Muerta Sur nacerá en el yacimiento operado por YPF en Vaca Muerta, Neuquén. Realizará un recorrido de casi 700 kilómetros atravesando Río Negro hasta las costas atlánticas de dicha provincia, en el golfo San Matías, donde se levantará una terminal petrolera y se instalarán dos monoboyas de carga de petróleo para su exportación en 2026.

El transporte de hidrocarburos estaba prohibido en el golfo San Matías por una ley provincial de Río Negro, pero a finales de 2022, la Legislatura de dicha provincia modificó la legislación y aprobó una nueva ley hecha a medida del oleoducto de YPF, habilitando el transporte de petróleo en la zona.

El golfo San Matías se ubica lindero a Península Valdés, donde las ballenas francas australes llegan todos los inviernos a tener sus crías, un espectáculo que convirtió al lugar en Reserva Natural Protegida y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en la década de 1990.

Acciones

El Concejo Deliberante de Pirámides, centro de recepción de los visitantes que llegan para el avistaje de ballenas junto a Puerto Madryn, votó de forma unánime enviar un documento a las autoridades provinciales y comenzó a trabajar el 3 de enero último un escrito dirigido al nuevo gobierno de la provincia, que encabeza Ignacio Agustín Torres (PRO). 

Los destinatarios son el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; al secretario de Ambiente, Juan José Rivera; y al secretario de Pesca, Andrés Arbeletche. También al director de Fauna y Flora Silvestre, Fernando Bersano; a la directora del Centro Nacional Patagónico, Mirtha Lewis; y a la gerenta de la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés, Eugenia Vall.

La presentación se da en paralelo a una acción legal ante la Justicia presentada por un colectivo de organizaciones empresariales, científicas, ambientalistas y vecinos de Chubut contra el oleoducto de YPF, como informó elDiarioAR. Los demandantes reclaman al Estado ante la “inacción” de la provincia y solicitan que la gobernación de Torres intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto.

Es la primera vez en más de un año desde que comenzó la controversia por el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ciudadanos de distintos sectores de la sociedad chubutense se unen para reclamar contra el proyecto de YPF, que tiene el apoyo indiscutido de las autoridades de Neuquén y Río Negro.

Los riesgos

“Chubut y Río Negro comparten recursos naturales, recursos pesqueros y faunísticos”, sostuvieron los concejales de Pirámides en el escrito ante la autoridades de Chubut, y “tanto Puerto Piramides como el resto de la Peninsula Valdés basan su economia en la presencia y observación de estas especies”, agregaron. 

Los concejales afirmaron que “entre estos recursos naturales compartidos entre Chubut y Río Negro se encuentran especies tan importantes como las ballenas francas australes que se trasladan entre los golfos San Matias, San José y Nuevo, las orcas, los delfines comunes, los pingüinos de magallanes, aves, lobos y elefantes marinos, sitios de pesca artesanal, sitios de interés turístico, arqueológico, cultural y social”. A continuación detallaron: “El tipo de operaciones que conlleva el Proyecto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías tiene un alto riesgo de goteos y derrames de petróleo con consecuencias ambientales graves”.

“La operatoria implica desde microderrames o goteos continuos que degradan el ecosistema, hasta el riesgo de derrames mayores que pueden destruir el hábitat natural de importantes especies de la biodiversidad marina”, aseguraron, en base a la información recibida de biólogos y científicos de Chubut.

“Es clave destacar que existe una fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el sitio, donde se establecerá la terminal portuaria, con los Golfos San José y Nuevo que son parte de Península Valdés; una área natural protegida tanto a nivel provincial como a nivel internacional a través de la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial”, afirmó el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), que integra el colectivo que realizó la presentación judicial contra el oleoducto.

Puerto Pirámides basa su economía en la observación de ballenas francas australes entre junio y diciembre. “El turismo es el único ingreso que tiene nuestra localidad”, se expresaron los concejales ante los ministros de Turismo, secretarios de Ambiente y Pesca, entre otras autoridades provinciales. 

“El avistaje de ballenas francas en Puerto Pirámides es tan relevante a nivel internacional que recientemente fue reconocido como uno de los mejores destinos de avistaje de ballenas del mundo”, explicaron en el documento y agregaron: “Organizaciones sociales y vecinos están preocupados y movilizados por el riesgo ambiental que trae aparejado el proyecto Vaca Muerta Sur.

Además de los riesgos de un eventual derrame en el mar Argentino y las costas del golfo San Matías, el proyecto petrolero implica la navegación de los buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carrier), que pueden medir más de 300 metros de largo y 60 metros de ancho, además de cargar 2 millones de barriles de petróleo. La colisión con buques es una de las principales causas de daño y muerte de las ballenas.

“El anterior gobierno del Chubut no dio cuenta de sus actuaciones en relación a la información necesaria sobre la seguridad de la obra”, expusieron los concejales sobre la gestión de Mariano Arcioni. “Es necesario alertar al actual Gobierno de Chubut y conocer con qué información cuenta el Ejecutivo Provincial desde las áreas directamente responsables, como el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre”, añadieron. 

Reclamos

“Hace 23 años que estamos trabajando para mantener el Patrimonio de la Humanidad y en la Península no podés poner un ladrillo ni abrir un camino sin un estudio de impacto ambiental. Ahora nos ponen una terminal portuaria con grandes riesgos ambientales sobre nuestra cabeza”, afirmó a elDiarioAR Gabriela Bellazi, presidenta del Concejo Deliberante de la localidad. “De producirse un derrame, estos irían al golfo San José, que funciona como una sala neonatal de fauna marina, es una guardería del mar”, aseguró Bellazi.

“También solicitamos una mesa técnica multisectorial para proponer alternativas y darle herramientas al gobernador”, agregó la dirigente.

En el documento, los concejales de Puerto Pirámides solicitaron a las autoridades provinciales que informen varias cuestiones relacionadas con el oleoducto Vaca Muerta Sur: cuándo y cómo las autoridades chubutenses tomaron conocimiento del proyecto de YPF; si fueron consultados o notificados por la empresa, por los gobiernos de Neuquén, Río Negro y la Nación; y si se han analizado las medidas de mitigación propuestas en el estudio de impacto presentado por la empresa YPF sobre el territorio provincial (incluyendo el mar territorial bajo jurisdicción de Chubut), las áreas protegidas chubutenses y sus aguas circundantes. También solicitaron copia de dicho análisis para realizar el propio.

Los concejales también quieren saber si las autoridades de la provincia han realizado o tienen conocimiento de que se hayan realizado simulaciones de eventos contingentes, como derrames de petróleo u otro tipo de eventos, “para conocer, a partir de estos mapas de riesgo, las probabilidades de impacto en toda la región”.

La Multisectorial Golfo San Matías ha realizado este tipo de simulacro, como publicó elDiarioAR en 2023, con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos.

Otro punto clave en el reclamo de los concejales es sobre qué tan preparada está Chubut ante un potencial accidente petrolero y si existe entre ambas provincias algún plan conjunto de Gestión de Riesgos Ambientales para mitigar eventuales contingencias. Por ello, solicitaron a la provincia que informe cuáles son las medidas para mitigar ese daño potencial y cuáles son los mecanismos de compensación por esos daños, “considerando cuál es la afectación que sufriría Chubut con la puesta en funcionamiento de la terminal petrolera y también en caso de derrame”, 

Los dirigentes locales esperan que la provincia también responda si se ha consultado e informado a la ciudadanía de Chubut acerca de los riesgos e impactos de este proyecto. La respuesta sería negativa, hasta donde se conoce públicamente. 

ED/MG

Un amplio colectivo integrado por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientales de Chubut presentó una acción legal ante la Justicia contra el oleoducto Vaca Muerta Sur, la gran apuesta de la petrolera YPF para la exportación de petróleo. Los demandantes reclaman al Estado ante la “inacción” de la provincia y solicitan que la gobernación de Ignacio Torres (PRO) intervenga para prevenir y evitar el posible daño que podría provocar la terminal petrolera del oleoducto, de acuerdo a los documentos y testimonios reunidos por elDiarioAR. 

Para el colectivo, el oleoducto y su terminal petrolera son “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona” de Península Valdés y “a los bienes comunes, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”, informaron en un comunicado. 

El proyecto de la YPF busca transportar petróleo desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, ubicada en el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro. La zona donde se ubicarán la terminal portuaria y las dos monoboyas para la exportación de petróleo programada para 2026 es vecina a Península Valdés, en Chubut.

Un accidente o derrame en la zona afectaría directamente a esa región natural protegida, Patrimonio de la Humanidad (Unesco, 1999), de acuerdo a los análisis realizados por ambientalistas y conservacionistas que realizaron incluso un simulacro de derrame con herramientas provista por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de los Estados Unidos.

Además, el riesgo de muerte de las ballenas aumentaría considerablemente ante el comienzo de la circulación de grandes buques petroleros en el golfo San Matías, de acuerdo con los planteos de conservacionistas, ambientalistas y empresarios del sector turístico. Las ballenas de Península Valdés también habitan el golfo San Matías. “La ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos”, explicó a elDiarioAR la bióloga Raquel Perier.

En la costa atlántica de Río Negro, un movimiento de vecinos y ambientalistas viene oponíendose al oleoducto Vaca Muerta Sur. También acudieron a la Justicia, pero tanto el Ministerio Público Fiscal rionegrino como el Tribunal Supremo de la provincia desconocen la legitimidad de los ciudadanos rionegrinos para interponer acciones judiciales contra el oleoducto en su provincia. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es la primera vez en más de un año de problemática en torno al oleoducto que entidades  empresarias, ambientales y vecinas de Chubut se unen contra el proyecto de YPF, apoyado y sostenido por las autoridades de las provincias de Neuquén y Río Negro, y sobre el que el gobierno de Chubut viene manteniendo silencio. 

Acción legal

La acción legal de los chubutenses fue presentada ante el juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, a cargo de la jueza María Laura Eroles. En el escrito se sostiene que el oleoducto pone en riesgo la economía costera y la biodiversidad. El grupo de organizaciones insta a la provincia a “tomar medidas preventivas y otorgar transparencia para la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, resaltando la omisión del Estado” provincial.

“El oleoducto soterrado de (casi) 700 kilómetros y el puerto petrolero amenazan a ecosistemas costeros marinos, las actividades turísticas en el golfo San Matías y Península Valdés, la pesca artesanal de la cual dependen miles de familias y más de 150 especies marinas únicas en la región”, afirmó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (Aadeaa) en un comunicado.

“Nos basamos en el derecho al ambiente sano para exigir información detallada, diálogos interprovinciales y medidas efectivas por parte de la provincia”, agregaron.

Las organizaciones buscan exponer “la omisión antijurídica” del Estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas frente al avance del proyecto de YPF, “exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental”. 

“Le quiero decir a la gente del Chubut que este proyecto puntual va a generar un tráfico naviero de 60 buques por año, como mucho, durante los primeros cinco años, versus 2.700 buques que entran y salen de los puertos de Puerto Madryn”, aseguró en agosto último durante una entrevista con elDiarioAR Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande, Río Negro, la localidad más cercana a Punta Colorada, donde se montará la terminal portuaria. “El riesgo ambiental existe pero es improbable”, afirmó entonces el jefe comunal.

“No existen impactos significativos ni críticos”, afirmó el consultor de YPF Fernando Pinilla sobre el impacto ambiental de la obra el el golfo San Matías y las áreas protegidas aledañas. Pinilla fue contratado por la petrolera para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria. “A diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar”, aseguró en la audiencia pública celebrada el 17 de agosto último en Río Negro. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional. También dijo que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

La obra cuestionada

El oleoducto nacería en el yacimiento explotado por YPF en Neuquén -donde ya está aprobado el primero tramo de la obra-, se extendería más de 600 kilómetros a través de la provincia y su vecina Río Negro hasta desembocar en el golfo San Matías, donde se montará la terminal petrolera. 

En Río Negro, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, es la autoridad responsable de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en los tramos II y III, que corresponden al territorio rionegrino. La familia de la funcionaria es socia del grupo Macri en una empresa que provee químicos a YPF para la explotación petrolera, como informó elDiarioAR. 

En el golfo San Matías, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido desde la década de 1990 para proteger el área natural. Sin embargo, la Legislatura de Río Negro modificó la ley proteccionista en septiembre de 2022, de forma exprés y a puertas cerradas, en medio de un despliegue de lobby de YPF para modificar la legislación a medida de su proyecto, como reveló elDiarioAR en los últimos meses. La acción legal plantea la inconstitucionalidad de la reforma de la ley.

Unidos

La presentación fue realizada por la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros y la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas.

También participaron la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Además, firmaron la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

“Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 kilómetros de Península Valdés, afectando claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas”, informaron desde Aadeaa.

“Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta”, agregaron. 

Península Valdés recibió 3.290.086 visitantes entre 2012 y 2022, de acuerdo a los operadores turísticos. Tan solo en Puerto Madryn, la cadena de servicios turísticos generó un impacto económico de más de $20.170 millones en 2022 . Sólo durante la temporada alta de ese año, se generaron 2.831 puestos de trabajo.

ED/MG

Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas Norte y Austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el golfo San Matías y la exploración de gas en el Proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno de Alberto Fernández y la industria de hidrocarburos avanzaron con tres grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Los proyectos fueron impulsados con el aval del Poder Judicial, a pesar de las críticas, amparos, protestas y alarmas de ambientalistas, conservacionistas, abogados y ciudadanos organizados en asambleas a lo largo de la costa Atlántica.

El futuro de estos proyectos dependerá ahora de la política energética del nuevo presidente, Javier Milei, un negacionista del cambio climático, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, a cargo del área de Energía. Todas las iniciativas dependen ahora del mandatario libertario y de la inversión de las petroleras, en especial de YPF.

Los detractores de estas tres iniciativas advierten sobre los riesgos ambientales y las escasas fuentes de trabajo y de energía que han obtenido los locales ante la expansión de la frontera de los combustibles fósiles sobre el mar. También afirman que van en detrimento de los compromisos ambientales de Argentina en los acuerdos climáticos a nivel internacional y de la transición energética justa. Los mayores beneficiados: las grandes petroleras. Detrás del negocio: el modelo energético que abastece de gas, luz eléctrica y combustible al país.

Con aval judicial

El Poder Judicial ha tenido un rol en propiciar el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, a principios de noviembre último, los planteos de distintas organizaciones ambientalistas para frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Norte, de acuerdo con un comunicado del tribunal.

La Corte Suprema deberá tratar otros dos casos. El primero es una medida cautelar climática más amplia, presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicita la suspensión de las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera en todo el mar argentino. La organización ambientalista pide que la suspensión rija hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, explicó Cristian Fernández, abogado de FARN.

El segundo caso pendiente fue presentado por la organización Abogados Ambientalistas, que solicitó al máximo tribunal que revise una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. Este determinó que los ciudadanos rionegrinos de  la Multisectorial Golfo San Matías no tendrían “legitimidad” para reclamar por la inconstitucionalidad de la modificación de una ley hecha a medida del oleoducto Vaca Muerta Sur.

Ultraprofundo

Entre 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con los trámites para hacer posible la prospección sísmica y la exploración de pozos de gas y petróleo a altas profundidades en tres cuencas del mar argentino: la Norte, la Austral y la Malvinas Oeste. El Gobierno cree que podría tratarse de una “segunda Vaca Muerta”, por el potencial y rendimiento económico.

Las concesiones del “Plan Exploración Offshore” comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques, durante el gobierno de Mauricio Macri. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Equinor, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Qatar Petroleum, Tullow, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall DEA. Sólo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar Argentino.

La prospección sísmica —definida como “bombardeos acústicos” por la organización Greenpeace— es realizada por la empresa noruega Equinor, que también participará en la exploración de pozos. Ésta consiste en realizar detonaciones con aire comprimido que generan ruidos intensos y provoca pequeños sismos en el fondo marino. Estos potentes sonidos generan un eco que es captado por una serie de micrófonos en el buque sísmico. La información que producen es analizada para identificar reservorios de petróleo y gas.

Ambientalistas y conservacionistas advierten sobre los altos riesgos para la biodiversidad marina tanto por los bombardeos acústicos como por la exploración y explotación a profundidades inéditas en las tres cuencas argentinas. 

Los pozos se encuentran a más de 1.500 metros de profundidad y pueden llegar a los 4.000 metros. Además, las perforaciones se realizarán a distancias muy extensas de las costas, entre 100 y hasta 300 kilómetros mar adentro. Estas son las dos principales diferencias con la exploración offshore que ya se realiza en la cuenca Austral, explicaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace en documentos judiciales y publicaciones analizadas para este reportaje.

elDiarioAR y Climate Tracker consultaron a la petrolera Equinor para conocer su posición sobre las críticas pero la empresa noruega no respondió hasta el cierre de esta edición. 

Cuenca Norte

“Actualmente, Equinor se encuentra realizando los bombardeos acústicos con el buque BGP Prospector en los bloques 100 y 108 del mar argentino, a la altura de las costas de la provincia de Buenos Aires y Viedma, Chubut”, explicó en noviembre último Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace. 

La empresa tiene plazo hasta junio de 2024 para finalizar con la prospección sísmica. Luego comenzaría la etapa de exploración, que implicará la primera perforación en esta zona del mar Argentino. El primero en ser perforado será el bloque 100. El pozo es conocido como Argerich, es el más grande de la cuenca Norte, tiene más de 4.000 metros de profundidad y se ubica a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. 

“Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país”, agregó Pérez Orsi. 

Para esta exploración y explotación, Equinor trabajará en sociedad con YPF y Shell. YPF estima que en bloque completo —que incluye el pozo Argerich— podría llegar a dar 1.000 millones de barriles de petróleo. “La búsqueda de recursos costa afuera, con los más altos estándares de seguridad, representa una oportunidad para contribuir al desarrollo económico de la Argentina”, aseguró YPF en su sitio web.

La petrolera afirmó que es “la primera vez que el país se plantea como política de Estado desarrollar proyectos en una zona de aguas profundas a ultra-profundas” y “por su ubicación y tecnología a utilizar, hay mínimas posibilidades en que afecte negativamente al medio ambiente y a otras actividades de la zona como el turismo y la pesca”.

Shell, en tanto, aseguró que tiene un largo historial de éxitos en el desarrollo de proyectos energéticos en aguas profundas en todo el mundo. “Aplicamos nuestros conocimientos, experiencia y tecnologías de eficacia probada en aguas profundas para poder acceder a nuevos recursos de manera segura y eficiente” y “procuramos limitar el impacto ambiental de nuestras operaciones y compartir los beneficios con las comunidades del entorno”, resaltó.

Cuencas Austral y Malvinas Oeste

En Argentina, los yacimientos explotados históricamente costa afuera están ubicados en la Cuenca Austral, ubicado en el Atlántico sur, y que alberga alrededor del 30% de las reservas de gas del país. Se trata de concesiones de la década de 1990 que siguen siendo exploradas actualmente. Los nuevos proyectos buscan expandir aún más la explotación en la cuenca Austral y tomar también la Cuenca Malvinas Oeste.  

En este sector, el mar Argentino fue dividido en bloques ubicados a la altura de las costas de Tierra del Fuego, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Los bloques comenzaron a licitarse en 2018 para la prospección sísmica y futura exploración en busca de gas y petróleo a altas profundidades. De los adjudicados hasta el momento, seis corresponden a la Cuenca Austral y otros seis a Malvinas Oeste.

El gobierno de Fernández argumentaba que América Latina tiene “derecho” a una  transición energética “diferente” a la que tienen que llevar adelante los países desarrollados, “responsables del daño ambiental”, como aseguró Sergio Massa, entonces ministro de Economía y excandidato presidencial frente los empresarios reunidos en IDEA Energía 2023.

“Vamos a defender el rol del gas como energía de transición (...) (Es) ”por una cuestión económica, pero también por una cuestión de resultados en términos ambientales“, dijo la exautoridad. 

Será la primera vez en la historia que está área del mar argentino es perforada. También será la perforación más profunda en la historia del país.

Hernán Pérez Orsi — Investigador de la Campaña Océanos de Greenpeace.

El exministro aseguraba que el gas implica la mitad de las emisiones del carbón —un combustible que no es utilizado en Argentina— y un tercio de las emisiones del petróleo.

Pese a la posición del Gobierno, los riesgos de las prospecciones sísmicas y la exploración a altas profundidades ponen en riesgo al ambiente. “Lo que han hecho es la fragmentación de un mismo mar, que implica daños al ecosistema marino; degradación de las condiciones de vida de las comunidades locales; efectos negativos directos sobre el turismo, la pesca artesanal y las economías regionales”, afirmó Carla Wichmann, integrante de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, AeIAS y de la Red de Comunidades Costeras.

El 22 de noviembre, el Ejecutivo avanzó con la audiencia pública para la presentación del proyecto de exploración sísmica en tres de los bloques de la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste por parte de la empresa Equinor, que comenzará con los “bombardeos sísmicos en enero de 2024. 

Los opositores a la exploración offshore  destacan que los Estudios de Impacto Ambiental son presentados por las mismas empresas. “Son estudios incompletos, ilegibles, desactualizados y en estos casos refieren únicamente a un bloque y no evalúan impactos acumulativos”, criticó Wichmann.

Proyecto Fénix

Se trata de un yacimiento de gas fósil ubicado en la Cuenca Austral, a 60 kilómetros de la costa de la provincia de Tierra del Fuego y a 74 kilómetros de las instalaciones ya existentes  del Río Cullen, concesionadas a la empresa francesa Total, en alianza con Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea Argentina. 

En este caso, se trata de perforaciones en aguas poco profundas, de unos 70 metros. La exploración sísmica ya fue realizada y en junio último comenzaron las obras para la instalación de una plataforma de extracción de gas y el tendido de un gasoducto de 36,5 kilómetros que conecte con gasoductos existentes y operados por Total. La perforación de los tres pozos de explotación está prevista para 2025, de acuerdo a información de Total ante la consulta de elDiarioAR. 

“Con Fénix buscamos seguir satisfaciendo las necesidades de energía del país, produciendo el gas costa afuera más austral del mundo”, consignó Total en su sitio web. 

Total estima que Fénix aportará hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, que serán suministrados al mercado nacional. “Esto representa cerca del 8% de la producción actual de gas del país”, afirma la compañía. Ese 8% se sumará al 25% de la producción local que ya explota Total en Argentina. Con este proyecto, la petrolera francesa se convierte en la primera compañía en términos de producción de gas, después de YPF. El 18% de ese 25% corresponde a gas extraído en el mar. La empresa también garantiza el 100% de la energía eléctrica de Tierra del Fuego a través del gas.

En la audiencia pública realizada en abril de este año, expusieron funcionarios del gobierno nacional y provincial y representantes de Total. “La audiencia pública no vinculante fue un simulacro, un simulacro de democracia. De hecho, gobierno y empresa reconocieron en sus exposiciones del día que la plataforma ya está en construcción”, destacó un informe de las Asambleas  de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego (AeIAS).

“Los funcionarios y gobernantes no actúan como representantes del pueblo y del ambiente, sino de los intereses de la empresa”, afirmaron los asambleístas. Estos también cuestionaron que pese a que Argentina se adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible —que entre uno de sus objetivos exige medidas urgentes para combatir el cambio climático, a partir de la transición energética— promueve  explotación de combustibles fósiles “hasta vaciar el último yacimiento, esté en tierra o en el mar”.

“El Estudio de Impacto Ambiental, irónicamente, contempla el impacto de emisiones por quema de gas fósil en caso de una fuga, pero no considera las emisiones de la quema de los 10 millones de metros cúbicos de gas por día que promete extraer”, explicó Greenpeace en una publicación. 

Total resalta en su sitio web que opera en Tierra de Fuego costas afuera desde 1978. En todos estos años, Wichmann destacó que las decisiones se tomaron siempre entre las empresas y los gobiernos. “La comunidad no sabe lo que está pasando frente a las costas”, aseguró. 

Tanto el Proyecto Fénix como la exploración sísmica en la Cuenca Austral y en la Cuenca Malvinas Oeste son lindantes a cinco áreas protegidas: la Reserva Costa Atlántica (una reserva de aves, sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional—; el Área Natural Península Mitre (más de 800.000 hectáreas marinas); la Isla de los Estados; el Banco Burdwood; y Yaganes.

Oleoducto Vaca Muerta Sur

El proyecto de la petrolera YPF —motorizado por el Gobierno Nacional y las gobernaciones de las provincias de Neuquén y Río Negro— busca transportar el crudo de Vaca Muerta, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, en la cuenca neuquina, hacia el Atlántico para su exportación a partir de 2026. 

Su plataforma portuaria será construida en un área protegida, el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta septiembre de 2022, cuando la Legislatura de Río Negro modificó la legislación y sancionó una ley a medida del proyecto de YPF, como informó elDiarioAR junto a Climate Tracker.

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró Francisco Pinilla durante la audiencia pública en la que se expusieron los Estadios de Impacto Ambiental (EsIA). Pinilla lidera ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. El consultor dijo que esos impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar. 

Los defensores del proyecto aseguran que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especial en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos.

Sin embargo, los detractores del proyecto afirman que este oleoducto es para exportación, es decir, para las ganancias de las empresas, y que el riesgo ante un eventual derrame es altísimo para la biodiversidad: el área donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo está rodeada de áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

Los científicos, ambientalistas y conservacionistas aseguraron: “La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales”.

Mediante un despliegue de lobby, la petrolera logró el apoyo de los legisladores de Río negro para cambiar la legislación y de una parte de la población de la provincia, clave para el proyecto: Sierra Grande. Esta localidad es la más cercana a Punta Colorada, donde se pretende levantar la terminal portuaria del oleoducto, en el golfo San Matías. 

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), presentados por las consultoras contratadas por YPF, y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para decidir si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra, prevista para enero. La funcionaria a cargo, Dina Migani, es fundadora de una empresa de provisión de químicos para la industria petrolera, Quinpe SRL, actualmente en manos de sus hijos en sociedad con el grupo Macri y proveedora de servicios de YPF.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

ED

En el norte de la Patagonia, hay una ciudad llamada General Fernández Oro. Se ubica exactamente al oeste del departamento de General Roca, provincia de Río Negro, donde reina la fruticultura del Alto Valle, campos de manzanas, peras, duraznos y ciruelas. Allí, donde en 2017 el pueblo se rebeló contra el fracking, sobre la calle Mitre 1500, una construcción rompe el esquema de General Fernández Oro. Rodeada de casas humildes, calles de tierra y algunas chacras, hay un amplio terreno con tanques de almacenamiento, camiones y un gran depósito. Es la sede de una empresa, Quinpe SRL, dedicada a vender químicos a petroleras como YPF y Petrobras. 

Detrás de Quinpe SRL hay una funcionaria pública: la ingeniera Dina Lina Migani (72), actual secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, responsable de controlar a empresas petroleras y su impacto en el medioambiente. 

La compañía fue fundada por Migani en 2000 y gerenciada por ella y su esposo, Félix Eduardo Aun, geólogo. Actualmente la empresa está, en parte, a nombre de sus tres hijos —María Antonina, Silvio y Félix Eduardo (h)—. Sin embargo, la mayor parte de las acciones fueron vendidas en 2019 al grupo Macri, según estableció elDiarioAR en esta investigación conjunta con Climate Tracker.

Quinpe SRL comercializa químicos que las petroleras utilizan para la extracción de petróleo convencional y no convencional, es decir, para el fracking en Vaca Muerta, el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Esta es una apuesta de Argentina cuestionada por ambientalistas, ya que va en detrimento de los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática.

La empresa creada por Migani y su rol como funcionaria no podrían estar en veredas más opuestas. Además, mientras la compañía ocupa un rol en la industria fósil, la autoridad debería encargarse de impulsar la transición energética justa, una iniciativa que va en detrimento del negocio de su familia. No obstante, la funcionaria logró durante la última década sostenerse en el cargo de secretaria de Ambiente y Cambio Climático mientras su familia hace negocios con las petroleras a las que la funcionaria debe fiscalizar y controlar, además de analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que estas empresas presentan cada vez que pretenden intervenir con obras y proyectos hidrocarburíferos en la región.

elDiarioAR y Climate Tracker se comunicaron durante semanas con voceros de Migani para obtener su versión, pero no obtuvieron respuesta. Tampoco fue posible comunicarse con la sede de Quinpe, ya que el único número de contacto se encuentra fuera de servicio. Los documentos analizados en este reportaje surgen del Boletín Oficial de la Nación y de Río Negro y de los balances presentados por una de las compañías del grupo Macri ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Socios con poder

En abril de 2019, Migani llevaba más de cuatro años como secretaria de Ambiente y Cambio Climático. Había asumido en septiembre de 2014, durante el segundo mandato de Alberto Weretilneck como gobernador de la provincia, quien es su padrino político, de acuerdo con personas que la conocen. 

Ese mes, su familia se asoció a los Macri. Entonces, además de presidente, Mauricio Macri era aliado de Weretilneck. Los tres hijos de Migani vendieron el 90% de las acciones de Quinpe SRL a dos compañías: Virtual Gasnet International SAU y Sideco Americana. Ambas pertenecen a la familia del expresidente y son gerenciadas por Leonardo Maffioli, el hombre de extrema confianza de Macri. 

Los flamantes socios informaron que las empresas de los Macri pagaron US$1.000.000 a la familia Migani por las acciones de Quinpe SRL, según una publicación de la compañía en el boletín oficial de Río Negro del 3 de octubre de 2019, seis meses después de la transacción. 

Quinpe es una empresa próspera. Sólo en ese año, tuvo ingresos por ventas por casi $331 millones, equivalente a más de US$5,5 millones al valor del cambio oficial de diciembre de ese año. Así se lee en el balance presentado por el grupo Macri en 2020 ante la IGJ. Este balance es el más reciente presentado ante el organismo.

elDiarioAR y Climate Tracker se comunicaron con el grupo Macri para conocer su posición sobre el posible conflicto de interés de sus socios. Desde Socma (Sociedades Macri) respondieron que adquirieron las acciones de la compañía en el marco del interés del grupo en el sector energético, en el que vienen expandiendo su participación en los últimos años.

Entre los clientes de Quinpe SRL no sólo se encuentran YPF y Petrobras. La lista continúa con las empresas Skanska, TGS, General Electric, Halliburton Argentina, Weatherford Argentina, Schlumberger Argentina, Exterran, Nalco, Contrera Hermanos, Baker Hughes Argentina y Medanito, entre otras, según el sitio web de Quinpe SRL. 

Empresa tabú

En 2000, Migani fue socia fundadora, accionista del 80% de la empresa y gerenta. Fue también encargada del “sistema de gestión integral de la Calidad, Seguridad y Ambiente de la empresa”, desde su creación hasta 2013, dice la funcionaria en el único currículum vitae público disponible en la web, en el que no consignó que fundó y dirigió la compañía química. Este medio intentó acceder a las declaraciones juradas de la funcionaria, pero en Río Negro estos documentos son confidenciales. 

En 2004 Migani cedió sus acciones y éstas quedaron a nombre de sus tres hijos, quienes entonces tenían poco más de 20 años. En otro documento de 2016 su esposo ocupaba la gerencia de la compañía mientras Migani ejercía como funcionaria. 

Félix Eduardo Aun también fue accionista de la empresa Química del Valle SRL. En otras dos compañías, Patagonia Infinita SRL y Procesos Patagónicos SRL, figuraba como accionista junto a Migani entre 2004 y 2009. Las tres se dedicaban al negocio químico.

A Migani no le gusta hablar de Quinpe. “Somos una empresa que venimos de abajo y hemos generado trabajo en (la ciudad General) Fernández Oro”, dijo la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro en agosto de 2019 al periodista Maximiliano Goldschmidt, en una entrevista para la revista Cítrica. 

En aquel encuentro, Migani estaba enojada. Ser interrogada sobre sus conflictos de intereses no estaba en sus planes cuando aceptó la entrevista. Ante la pregunta sobre Quinpe, el clima ameno se calentó rápidamente como un incendio en un pozo petrolero. 

“¡Hagan periodismo de investigación! ¡Son unos chantas! ¡Me engañaron, váyanse de mi casa!”, respondió ante la primera mención a la empresa.

Migani se encontraba en su living, rodeada de paredes rojas y blancas, junto a su esposo. Pese a que el enojo no se le pasó, decidió retomar la entrevista segundos después de echar al equipo de Cítrica: “Yo te voy a contestar, ¿qué querés saber de Quinpe?”, los desafió. 

“Yo no tengo hoy nada que ver con Quinpe, y si tienen algo que pedirme, denuncien y averigüen. Yo no tengo nada que ver. Yo soy una funcionaria que trabajo haciendo cumplir la ley. Mis hijos son los dueños de Quinpe, que tienen una venta de productos químicos y está controlada por la Secretaría de Ambiente como cualquier otra empresa. Y no quiero hablar de Quinpe”, respondió Migani.

En 2014, cuando se supo que Weretilneck la nombraría secretaria de Ambiente, la exsenadora Magdalena Odarda y la legisladora y ex defensora del Pueblo Ana Piccinini denunciaron a Migani por la incompatibilidad de su designación. 

“¿Cuál es la incompatibilidad de funciones?”, cuestionó Migani durante la entrevista con Cítrica. “Sería incompatibilidad si la empresa le vendiera a la provincia productos químicos. Pero Quinpe no trabaja con la provincia. Y la Secretaría de Ambiente controla a Quinpe como a cualquier otra empresa. Es más, yo no la controlo, no soy la encargada de eso”.

La Ley de Ética Pública de Río Negro establece que los funcionarios no pueden “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias” del “Estado provincial o municipios”. 

Quinpe tiene entre sus clientes a cinco municipios de la vecina provincia de Neuquén, donde está Vaca Muerta. 

La normativa determina también que los funcionarios de la provincia tampoco pueden “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que se encuentre prestando servicio”, un punto de la ley que pone en duda la legalidad de Migani en el cargo cuando la empresa de su familia mantiene como clientes a petroleras como YPF. 

Actualmente, la empresa se encuentra tramitando la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada, en el golfo San Matías.

Una mujer polémica

La relación de Migani con la industria petrolera es conocida en la provincia y su influencia —explican quienes la conocen— proviene de dos pilares fuertemente arraigados en Río Negro: el respaldo de la industria petrolera y el apoyo de su padrino político, el exgobernador y gobernador electo, Weretilneck. Este último la nombró secretaria de Ambiente en 2014 y aseguró su permanencia en el cargo durante el gobierno de Arabela Carreras (2019-2023). elDiarioAR se comunicó con voceros del rionegrino para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

“Una de las principales características que tiene la gestión de Migani es ocultar la información pública ambiental y no permitir su acceso”, explicó Martín Álvarez, investigador del Observatorio Petrolero Sur y quien dedicó parte de su trabajo de los últimos años a exponer el accionar de la funcionaria y las petroleras. Uno de los casos que expuso fue la falta de control de Migani sobre los impactos de la empresa de arenas de fracking NRG en la localidad de Allen, epicentro del fracking en la provincia, donde mujeres de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice, un cancerígeno.

El investigador también cuestionó que la Secretaria desconozca cómo funciona el sistema de sanción a las empresas por incumplimientos ambientales. “Cuando le consultamos respondió que no tenía idea, que su tarea se limitaba a imponer multas y que no era su responsabilidad comprobar si se pagaban. Esa definición deja a las claras que el organismo de aplicación en realidad no tiene como motor el cuidado del ambiente sino que tiene como interés de fondo el cuidado de la actividad petrolera”, aseguró Álvarez. 

Además, afirmó que hay denuncias sobre Quinpe por lavado inadecuado de equipos que trasladaban químicos y que eran echados al sistema de riego central, que abastece de agua a todo el Alto Valle para su producción de fruticultura. “Los trabajadores mostraron videos que tomaron de esos hechos”, recordó. 

Bajo control

El jueves 3 de agosto de 2023, Migani se encontraba reunida con personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, incluyendo personas de su confianza, equipos técnicos y funcionarios del gobierno provincial. Algunos de los participantes de la reunión se conectaron vía zoom. Había casi una veintena de personas en total escuchando a la funcionaria hablar sobre los preparativos de la audiencia pública que se celebraría el 17 de agosto en la localidad de Sierra Grande.

El objetivo de la audiencia pública debería ser el que plantea la ley: exponer los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en cuestión, permitir a los ciudadanos informarse y exponer sus posiciones sobre un determinado proyecto que puede afectar el medioambiente en el que viven. En este caso, el proyecto es el oleoducto Vaca Muerta Sur para la exportación de petróleo, actualmente, la mayor apuesta de YPF, ya que le permitirá exportar este combustible fósil al mundo a partir de 2026.  

Sin embargo, Migani tenía otro objetivo, según pudo reconstruir elDiarioAR de testigos directos, quienes prefirieron mantener sus nombres en reserva. Aseguró que ella misma se encargó de ocupar los espacios destinados al público de la audiencia pública únicamente con personas que defienden a YPF. La funcionaria dijo en la reunión que no dejaría entrar periodistas que no sean afines al proyecto hidrocarburífero y precisó que la audiencia pública era una pantomima. Ya estaba todo aprobado para que la petrolera pudiera construir el oleoducto de unos 600 kilómetros y su terminal portuaria en el Golfo San Matías, afirmó. 

El oleoducto de YPF

En el golfo San Matías, rodeado por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés, en Chubut— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. Ese mes YPF logró que barrieran con una ley ambiental en la provincia e impusieran otra normativa hecha a medida de su proyecto de exportación de crudo, como revelaron elDiarioAR y Climate Tracker en octubre último. Ese crudo proviene de Vaca Muerta. 

Algunos interlocutores de Migani trataron de hacerla entrar en razón: más allá de la decisión de la funcionaria, la audiencia pública debía cumplir con algunos requisitos legales. Pero Migani fue enfática: aseguró que en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se hace lo que ella dice que se haga, según recuerdan testigos de la reunión.

Finalmente, sólo una de sus premisas no se cumplió: si bien no se acreditó a la prensa, sí se habilitó su ingreso. Pero la audiencia fue tal como Migani la describió: la mayoría de los ambientalistas que fueron para manifestarse en contra del oleoducto se quedaron afuera. Sólo se escucharon voces a favor y la funcionaria hizo expulsar a una asambleísta. 

Negocios entre Quinpe y YPF

Hace más de un año, la funcionaria interviene en los trámites de aprobación del oleoducto Vaca Muerta Sur. Al mismo tiempo, la empresa de la familia de Migani le vende químicos a YPF para sus explotaciones hidrocarburíferas, según el sitio web de Quinpe SRL.

La empresa de Migani y su familia, en la que ahora participa también el grupo Macri, vende a las petroleras distintos tipos de ácidos y sales, monoetilenglicol y trietilenglicol. Estos dos últimos se utilizan para fracturar la roca en yacimientos como Vaca Muerta, explicó el geógrafo Javier Grosso, del Observatorio de Sismicidad Inducida.

La funcionaria aún debe informar su decisión oficialmente: si aprueba o no los tres Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) realizados por tres consultoras contratadas por la petrolera, para que ésta pueda comenzar con las obras del oleoducto. Los tres informes afirman que no habrá mayores impactos ambientales para el Golfo San Matías, en contraposición a las afirmaciones de ambientalistas y conservacionistas que trabajan en el área. El mandato de Migani vence este 10 de diciembre y su padrino político, elegido en las elecciones pasadas, deberá decidir si la confirma en el cargo, nuevamente.

“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia por el oleoducto de YPF. “Todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, afirmó Migani al concluir el evento.

Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

En un documento de once páginas, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó asentado que se encargó de gestionar la modificación de la ley que protegía hasta septiembre de 2022 una de las áreas naturales más valiosas de la provincia de Río Negro, el Golfo San Matías. Su objetivo es construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que busca transportar crudo de la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico para su exportación al mundo a partir de 2025. 

Así surge de una presentación realizada por personal de la empresa ante diputados rionegrinos y otros actores políticos en agosto de 2022, previo a las sesiones legislativas en las que los legisladores accedieron a modificar la legislación para votar una nueva normativa hecha a medida del oleoducto, según pudo reconstruir elDiarioAR junto a Climate Tracker, en un trabajo conjunto sobre quiénes retrasan la transición energética justa en Argentina.

El Golfo San Matías estaba protegido desde 1999 por la Ley Provincial 3.308, que prohibía la explotación y el transporte de hidrocarburos en la zona. Sin embargo, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionó una nueva ley entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, que derogó la norma de 1999 y anuló, así, la prohibición de transporte de crudo y gas en esta área protegida.

El documento en el que YPF admite que gestionó la caída de la ley ambiental es una presentación de Power Point —al que tuvo acceso este medio— y fue creado por un ingeniero que lideraba el equipo de planificación de Midstream de la petrolera y modificado por última vez el 23 de agosto de 2022 a las 14:03. Contiene información técnica sobre el proyecto petrolero, mapas y proyecciones para el transporte de crudo desde Vaca Muerta. No hay mención al impacto ambiental de la obra y del transporte de crudo en el área hasta entonces protegida.

“La Terminal marítima —que se emplazará en Punta Colorada, a la altura de la localidad de Sierra Grande— será el mayor puerto exportador de crudo de Argentina, con escala comparable a la de los principales exportadores de crudo de la región”, agrega la presentación de YPF. La inversión estimada en agosto de 2022 era de $us 1.260 millones, de acuerdo al documento ($us 660 millones para el oleoducto y otros $us 600 millones para la terminal portuaria).

La compañía también invitó a los diputados de Río Negro y a los legisladores y concejales electos en mayo último a conocer Vaca Muerta en un viaje que quedó registrado en medios y sitios oficiales locales.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron el 18 de septiembre un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron.

Cuestión de costos

“Temas a considerar: adecuación legislación vigente para habilitar instalaciones petroleras (Ley M NN°3308)” (sic), dice en su página 6 el documento de YPF presentado ante los legisladores, que luego defendieron el proyecto en el recinto de la legislatura.

¿Por qué YPF decidió realizar esta obra en un área protegida? “Porque Punta Colorada es la menor distancia de Vaca Muerta (al océano) y porque cuenta con mayores profundidades marinas” necesarias para que puedan amarrar los enormes buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carrier), que pueden medir más de 300 metros de largo y 60 metros de ancho, además de cargar 2 millones de barriles de petróleo, explicó Leandro Loguzzo, en nombre de la petrolera durante la audiencia pública del 17 de agosto.

En abril último, Pablo Iuliano, CEO de YPF, fue más directo en la explicación durante un encuentro con empresarios del sector energético, IDEA Energía 2023: a pesar de otras alternativas que barajó la petrolera para la exportación del crudo de Vaca Muerta, el oleoducto se hará en un área protegida por cuestión de “costos”. “Vaca Muerta Sur es más competitivo, porque permite utilizar VLCC, barcos que pueden cargar el doble de lo que carga un Panamax o un Suez-max, y eso baja muchísimo los costos”, explicó entonces Iuliano.

El oleoducto es uno de los proyectos principales en torno a Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Ambientalistas afirman que su crecimiento va en detrimento con los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática actual, relacionados a avanzar con procesos como la transición energética, como sostienen organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que resalta, además, las falsas promesas económicas de Vaca Muerta.

Rehacer la ley

El lunes 22 de agosto de 2022, a primeras horas de la noche, los diputados de la Legislatura de Río Negro recibieron un proyecto de ley vía Whatsapp y una orden: firmarlo como autores para que ingrese al trámite legislativo cuanto antes, explicaron testigos directos consultados por este medio. El documento ya estaba redactado y contenía el texto de la futura ley 5594 de 2022. El objetivo: eliminar el artículo 1° de otra ley: la 3.308 de 1999 y así borrar la prohibición de transportar hidrocarburos en el Golfo San Matías. Esa noche, sólo dos legisladores que recibieron el mensaje no firmaron el proyecto de ley, dijo a elDiarioAR uno de ellos, Luis Ángel Noale. 

El tratamiento del proyecto fue exprés y a puertas cerradas. Tras el raid de firmas del lunes 22 de agosto por la noche, al día siguiente fue tratado y aprobado en un plenario de comisiones de apenas tres horas (pasó por Planificación, asuntos económicos y turismo; Asuntos constitucionales y legislación general; y Presupuesto y Hacienda). Dos días más tarde, se trató por primera vez en el recinto de la Legislatura y se votó en primera vuelta.

La sesión del 25 de agosto de 2022 fue a puertas cerradas y no se comunicó a los ciudadanos o medios de comunicación. Los pocos vecinos que llegaron hasta la puerta de la Legislatura de Río Negro aquella mañana se enteraron por el diputado Noale (entonces integraba el Frente de Todos). 

Noale es oriundo de San Antonio Oeste, una de las localidades del Golfo San Matías más movilizadas contra el oleoducto por los riesgos ambientales y el peligro de derrames y tránsito de buques en la zona, rodeada de cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas, Península Valdés, Chubut.

El vicegobernador Alejandro Palmieri, quien presidió la sesión legislativa, prohibió la entrada de las seis personas que intentaron ingresar al recinto para presenciar el debate, como se observa en el video de la misma. Eran vecinos, la mayoría mujeres y menores. Ellas integran las Asambleas del Curru Leufú, críticas al proyecto petrolero. Noale pidió que se dejara ingresar a las personas de su localidad, pero el vicegobernador le dijo que la sesión para votar el proyecto de ley sería a puertas cerradas. Todo quedó grabado en un video que puede verse por el sitio oficial de la legislatura. 

De los 43 diputados provinciales presentes, 42 votaron la modificación de la ley. No hubo grietas: desde Juntos Somos Río Negro hasta el Frente de Todos y Frente Renovar, entre otros, votaron por el sí.

“Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Noale en el recinto de la Legislatura. A pesar de sus reparos, Noale terminó votando a favor de modificar la ley por mandato de su bloque, dijo en la sesión.

Un año más tarde, el diputado dijo a elDiarioAR y Climate Tracker que la ley no fue tratada entre gallos y medianoche. “No fue exprés, el tratamiento cumplió con la normativa”, respondió. “Hay que aggiornarse (actualizarse) a los tiempos que corren”, afirmó. 

En agosto de 2023, en la audiencia pública de Sierra Grande celebrada el 17 de agosto último, el vicegobernador Palmieri dijo ante el auditorio: “Esta obra se podía hacer tranquilamente en cualquiera de las otras provincias que tienen salida al Mar Argentino (...) En esas provincias (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) está permitido todo y acá estaba prohibido todo proyecto de hidrocarburos. Nos teníamos que sentar a analizar si nosotros estamos a contramano o el resto de las provincias. Aprobamos la flexibilización de la ley”, dijo durante su exposición.

“Si este proyecto no se hace en Río Negro se va a hacer igual”, afirmó Palmieri ante el auditorio. “No hacer nada no puede ser una opción (...) El miedo (a un desastre ambiental) no puede ser una alternativa”, aseguró el vicegobernador. “En el mundo hay 193 países, lo googleé —NdeR: en realidad la ONU da un número de 195—. No todos tienen la suerte de producir petróleo y gas, pero sí todos necesitan y usan petróleo y gas”, afirmó Palmieri.   

“Es el futuro”

El diputado Noale fue uno de los legisladores de Río Negro invitados por YPF a conocer las instalaciones de la petrolera en Loma Campana, Vaca Muerta, ese inmenso universo de campos de fracking en la provincia de Neuquén. Junto a sus colegas de la legislatura y concejales electos viajaron al yacimiento, en las semanas previas a la audiencia pública en Sierra Grande. Otros grupos de legisladores incluso viajaron los días previos.

“Antes de la recorrida por el predio, los anfitriones presentaron a los parlamentarios la iniciativa que consiste en la construcción de un oleoducto de 570 kilómetros, que conectará el yacimiento de Vaca Muerta con una terminal de exportación de crudo en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande”, informaron medios locales.

Días más tarde, Noale y otros legisladores expusieron en la audiencia pública de Sierra Grande, invitados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para defender el oleoducto.

La modificación de la ley en 2022 fue diseñada a medida del proyecto de YPF: se mantuvo la prohibición de explotación de hidrocarburos en el golfo y se habilitó únicamente el transporte de combustibles fósiles, lo necesario para construir el oleoducto.

“Cuando salió la (ley) 3.308 no existía Vaca Muerta”, dijo Noale ante la consulta sobre por qué finalmente votó a favor de modificar la normativa, a pesar de sus críticas al proyecto y al tratamiento exprés que se le dio en la legislatura. “Es el futuro -agregó Noale-, las actividades del turismo, la pesca y el petróleo pueden convivir”, afirmó el diputado ante las críticas de los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas, que se oponen al proyecto petrolero. Noale renovó su banca en las elecciones locales de este año, pero integrando otra fuerza política, Unidad Ciudadana. 

Pablo Barreno fue el único legislador de Río Negro que votó en contra de la ley que hizo posible el oleoducto. Barreno integra el Bloque Frente de Todos y pertenece al sindicato de trabajadores judiciales de la provincia. Él no renovó su banca porque no integró la lista de candidatos de su partido, Unidad Ciudadana (ex Frente de Todos).

Segunda vuelta

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación en la legislatura el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones a la ley. Sin embargo, no se modificó ningún punto del proyecto ni se incorporaron ninguna de las observaciones y modificaciones sugeridas por las asambleas ambientalistas y ciudadanas que habitan el golfo. 

“Eran lesivas con el espíritu principal del proyecto, que era la modificación de la ley”, justificó Noale ante la consulta.

La modificación de la ley tiene una máscara. El proyecto fue presentado como una normativa para establecer las facultades de control sobre el transporte de hidrocarburos a la provincia. Pero en el artículo 15 del texto se modifica la ley de 1999 para permitir el transporte de hidrocarburos en el Golfo San Matías.

“Nuestra provincia no está preparada para fiscalizar este oleoducto. Es una irresponsabilidad porque Río Negro no puede ni fiscalizar las cloacas de Viedma, como ha quedado demostrado en la crisis que atraviesa la ciudad en ese aspecto”, dijo el legislador Barreno a elDiarioAR y Climate Tracker.

Ese 9 de septiembre de 2022, los diputados volvieron a votar y sancionaron la ley. Nuevamente, la sesión fue a puertas cerradas y los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste —quienes ya alertados se habían movilizado a la ciudad de Viedma— no pudieron ingresar a la legislatura. Nuevamente sólo el diputado Barreno votó en contra del proyecto. Esta vez, la diputada María Inés Grandoso se abstuvo; otros dos legisladores se ausentaron; y dos más se retiraron del recinto. Los 40 diputados restantes votaron a favor.  

A finales de septiembre, la nueva ley fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. Su sucesor, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), también es un defensor del oleoducto Vaca Muerta Sur. 

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

Nota: se corrigió un error de tipeo detectado el 25 de octubre en el apellido Iuliano. Se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

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El oleoducto tendrá casi 600 kilómetros de longitud y conectará la zona productiva en la provincia de Neuquén con Punta Colorada, Sierra Grande. La localidad se ubica a unos 30 kilómetros del golfo San Matías, en la costa atlántica en Río Negro, donde se construirá el puerto exportador en un punto neurálgico para la zona: Punta Colorada. Allí, hace décadas funcionó un puerto minero para la salida de hierro que se extraía de una mina del lugar, pero está prácticamente abandonado y rodeado de escombros. 

El crudo que viajará por el oleoducto proviene de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de petróleo y gas no convencionales de Argentina y uno de los principales del mundo. El objetivo de la obra “es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años”, afirmó YPF en un video institucional.

“Argentina va a producir 1.100.000 barriles (de crudo) por día para 2028”, lo que duplicaría el nivel de producción actual del país, explicó en la audiencia pública de agosto último, en Sierra Grande, Leandro Loguzzo, de YPF. Por eso, “se necesita aumentar la capacidad de transporte (de petróleo) en tres veces” y buscar “nuevas vías de transporte”, ya que las actuales no alcanzarán, aseguró. 

¿Para qué quiere YPF tanto petróleo si el mercado local puede abastecerse con mucho menos? Para exportarlo, según sostuvieron los representantes de la petrolera durante la audiencia pública.

El oleoducto atravesará parte del territorio de la provincia de Neuquén, ya que partirá del yacimiento de YPF en Vaca Muerta, Loma Campana. Ese primer tramo llegará hasta la localidad de Allen, Río Negro, y desde allí descenderá hasta Punta Colorada, en el golfo San Matías, donde se construirá una terminal de 250 hectáreas, con un parque de tanques que duplicará al principal parque de tanques del país, ubicado actualmente en Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires.

Por su gran tamaño, los buques petroleros con los que busca comercializar YPF no podrán acercarse a la costa. Se construirán dos monoboyas, ubicadas a 6 y 8 kilómetros de la costa de Punta Colorada. Las monoboyas estarán ancladas con cadenas y anclas al lecho submarino. 

El oleoducto estará conectado a las monoboyas por cañerías submarinas. Los buques se conectarán a las monoboyas a través de una manguera flotante. “Cuenta con válvulas de seguridad que hace que el crudo no ingrese hasta que la carga sea segura”, dijo Loguzzo.

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró durante la audiencia pública Francisco Pinilla, de ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. “Va a ser el mayor puerto exportador de crudo de Argentina”, sintetizó Loguzzo.

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Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

Dos oficiales de la policía de Río Negro, en la patagonia argentina, tomaron de los brazos a Cecilia Salcedo mientras la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Dina Migani, ordenaba expulsar a la docente de la audiencia pública que acababa de comenzar. Era el jueves 17 de agosto de 2023 por la mañana, en el gimnasio Vuta Mahuida de una lluviosa Sierra Grande. Esta localidad rionegrina tiene más de 12.000 habitantes y se ubica a unos 30 kilómetros de la costa atlántica. Aquí, oponerse al oleoducto Vaca Muerta Sur tiene consecuencias.

El auditorio estaba colmado por unas 400 personas, la mayoría vecinos de Sierra Grande, pero también dirigentes políticos y personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal petrolera del país. Una multitud le gritaba a Salcedo, la abucheaba, le silbaba, aplaudía para tapar su reclamo. En el escenario, se encontraban Migani; Alejandro Palmieri, vicegobernador de Río Negro; Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande; y Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de la petrolera en la provincia.

Salcedo es integrante de las Asambleas del Curru Leufú y vecina de Las Grutas, localidad costera de Río Negro. Las oficiales de policía la retiraron por la fuerza, antes de que pudiera terminar de explicar su reclamo: afuera del gimnasio, bajo la lluvia torrencial, ciudadanos de su localidad y de la vecina San Antonio Oeste, quienes estaban inscriptos para exponer como oradores en la audiencia pública, no podían ingresar. La policía se los impedía, alegando que el gimnasio había sobrepasado su capacidad. Sin embargo, había sillas vacías y una de las organizadoras en la entrada admitió ante elDiarioAR que había 15 lugares disponibles. Aún así, muchos asambleístas no ingresaron. Había una orden, aunque la policía no informó de quién.

La secuencia que tuvo a Salcedo como protagonista resume en un hecho concreto lo que se preparó durante más de un año, periodo durante el cual YPF realizó actividades de lobby en pos del oleoducto Vaca Muerta Sur, que incluyeron viajes, exposiciones, charlas, reuniones a puertas cerradas con legisladores para lograr barrer con la ley que impedía la construcción del oleoducto y su terminal portuaria en la zona elegida por la petrolera: el Golfo San Matías. Las “charlas informativas” también se realizaron con vecinos de Sierra Grande para convencerlos de que apoyen el proyecto. Así lo confirmaron vecinos, legisladores y otras fuentes consultadas por elDiarioAR y Climate Tracker. 

La secretaria Migani participó también en charlas en paralelo, de acuerdo a las publicaciones locales. Además, la Secretaría de Ambiente de Río Negro contrató a la empresa Vinco Consultora para que diera un curso de capacitación en oratoria a los vecinos de Sierra Grande que expondrían a favor del oleoducto, según admitió una de sus ejecutivas, Orieta Lillo Arenas, en una entrevista con este medio.

Roles confusos

Al inicio de la audiencia pública del 17 de agosto, Suyhay Quilapan, también docente, integrante de la Pastoral Social de Viedma —capital de Río Negro— y de Asambleas del Curru Leufú, había intentado acercarse a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático para advertirle que los oradores que venían a oponerse al oleoducto de YPF no podían ingresar. Fue en vano. Por eso, Salcedo reaccionó de una manera que nunca esperó. Interrumpió la presentación de la audiencia pública cuando escuchó una palabra que vino desde el escenario: “Democracia”. “Esto no es democracia”, dijo a viva voz. Fue cuando Migani tomó el micrófono y ordenó echar a la docente de la audiencia.

Después de que la policía sacó a Salcedo, Migani bajó del escenario y se acercó a las asambleístas en el hall, quienes le mostraron que la gente no sólo no podía ingresar. Afuera, había llegado un grupo de hombres con carteles del sindicato de la construcción (Uocra), bombos y cantos con agresiones al pueblo originario mapuche y a los asambleístas que se manifestaban contra el oleoducto. Los manifestantes, ante la presencia del jefe de Gabinete de Sierra Grande, José María Clemant, impedían que los asambleístas se acercaran al gimnasio.

Migani se asomó para visualizar la escena, pero antes de que pudiera decir algo, personal de seguridad la escoltó hasta el escenario. Los asambleístas que habían logrado ingresar decidieron retirarse ante la imposibilidad de todos los inscriptos para exponer su posición y ante el temor de una escalada de violencia que ya se palpaba.

La audiencia pública fue organizada y convocada por la Secretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de las leyes ambientales y del control ambiental sobre la actividad petrolera en Río Negro. Duró unas 10 horas, durante las cuales no se manifestó una sola voz en contra del oleoducto Vaca Muerta Sur. El gobierno de Río Negro no convocó a ninguno de los científicos que alertan sobre los riesgos de esta obra. Sólo invitó a quienes están a favor.

El ducto y su terminal portuaria son apoyados por los sindicatos locales —desde los médicos y los maestros hasta la construcción, pesqueros y petroleros— y también por sectores empresarios, como la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). Todos ellos se expresaron en la audiencia pública del 17 de agosto último. 

A nivel político, el proyecto es motorizado tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, los principales partidos políticos. En todo el país es impulsado por el Ministerio de Economía que encabeza el también candidato presidencial Sergio Massa.

“Celebro que las audiencias públicas no sean vinculantes porque en las audiencias públicas que me ha tocado participar la mayoría de las personas son las que se anotan para exponer y para expresarse generalmente en contra del proyecto”, dijo Migani al cerrar la audiencia en Sierra Grande. “Eso no es lo que ha pasado hoy. Realmente estoy sorprendida porque todos los ciudadanos rionegrinos, los vecinos de Sierra Grande se han expresado a favor del proyecto”, dijo, cuando la interrumpieron aplausos del auditorio. “Si las audiencias públicas fueran vinculantes, yo diría ‘está aprobado el Estudio de Impacto Ambiental’”, agregó Migani.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron a la funcionaria el lunes 18 de septiembre un cuestionario para conocer su versión y su posición sobre los hechos que se describen en este reportaje. Ante la falta de respuesta, un vocero de Migani respondió una semana más tarde que la secretaria estaba “con una agenda muy cargada”. Ese mismo día, se envió también un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció a la petrolera y a la funcionaria extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron. Tampoco respondió las consultas el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini.

Los riesgos

¿Por qué es cuestionado el oleoducto y su terminal marítima? Porque en el golfo San Matías, donde se realizará gran parte de la obra, el transporte de hidrocarburos estaba prohibido por ley en pos de la protección de esta área natural, que los científicos consultados para esta investigación —desde biólogos hasta oceanólogos— consideran invaluable.

Punta Colorada, adonde llegarán los buques petroleros a cargar el crudo que traerá el oleoducto desde Vaca Muerta (Neuquén), está rodeada de al menos cuatro áreas naturales protegidas por su alto valor en biodiversidad: Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad; el Parque Nacional Islote Lobos; la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros; y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. 

“Esta biorregión (el Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico en un comunicado.

Alertaron también sobre las posibles consecuencias de esta infraestructura. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del foro.

Una de las funciones de Migani es analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del oleoducto y su terminal portuaria en Punta Colorada, ubicada a unos 30 kilómetros de Sierra Grande, una postergada localidad donde la mayoría de la población apoya el oleoducto ante la promesa de fuentes de trabajo y prosperidad económica. 

Los estudios fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF, que expusieron sus resultados durante la audiencia y en torno a los cuales debían realizarse las exposiciones de los oradores en dicho encuentro. Francisco Pinilla —representante de ERM Consultora, una de las tres empresas contratadas por YPF para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)— expuso en la audiencia del 17 de agosto último: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. Pinilla afirmó que los impactos ambientales del oleoducto y su terminal portuaria serían “entre bajos y moderados”. 

Leandro Loguzzo, de YPF, aseguró al auditorio que las medidas de seguridad del oleoducto y su terminal portuaria —que contará con dos monoboyas desde las cuales los buques cargarán el crudo— garantizan que no hay posibilidad de derrames en el golfo San Matías. Sin embargo, ese sistema ya ha fallado, como en diciembre de 2007, cuando las playas y los pingüinos de Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, Chubut, amanecieron cubiertos de petróleo. De eso no se habló en la audiencia pública, a pesar de que se invitó a exponer al superintendente marítimo de la empresa Termap sobre las bondades del sistema y de su compañía, ya que la empresa tiene altas chances de operar las monoboyas en el golfo San Matías. Ésta también operaba la monoboya durante el desastre ambiental provocado por el derrame de 2007. El derrame fue objetivo de un juicio que terminó con todos los acusados absueltos, como informó el Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una de las organizaciones ambientalistas que sostienen que el avance de Vaca Muerta para exportar crudo no solo implica riesgos de derrames en una zona de naturaleza invaluable para Argentina, sino que los ambientalistas afirman que también va en sentido contrario a los compromisos asumidos por el país para mitigar la crisis climática actual, como la transición energética a la que se comprometió Argentina a nivel internacional.

“Hay que contemplar los riesgos potenciales a futuro, asociados a la industria petroquímica y sus derivados como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático”, explicaron el biólogo Cristian De Haro y otros científicos en un trabajo realizado para el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 

Capacitación selectiva

La capacitación en oratoria pagada por el gobierno de Río Negro se realizó únicamente en el lugar que apoya el proyecto de YPF y se obviaron localidades como Las Grutas y San Antonio Oeste, ciudades en las que las asambleas vecinales se oponen ante los riesgos ambientales y económicos que el oleoducto significa para el Golfo San Matías. Muchos de sus habitantes se dedican al turismo y a la pesca artesanal y buscan proteger sus anchas y hermosas playas y aguas azules. 

Ante la consulta, Orieta Lillo Arenas, co-fundadora junto a Fabiana Alonso de Vinco Consultora, la empresa encargada de la actividad, admitió que no se hizo ningún esfuerzo por contactar a los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste para la capacitación. 

“Se hizo una convocatoria a través de los canales formales de la Secretaría de Ambiente y medios del municipio de Sierra Grande, pero no teníamos el contacto de las asambleas de Las Grutas o San Antonio Oeste”, respondió Lillo Arenas.

Lillo Arenas afirmó que su empresa ha sido contratada en diferentes oportunidades por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para organizar audiencias públicas. Para la capacitación de los vecinos de Sierra Grande, sus fundadoras se trasladaron hasta el municipio a finales de julio y dieron un taller sobre oratoria. Ante la pregunta de cuáles fueron sus honorarios, la abogada dijo que no lo sabía.

Sobre las exposiciones de políticos, académicos, empresarios y vecinos que únicamente apoyaron el oleoducto, Lillo Arenas afirmó: “Debería haber estado el contrapunto, faltó esa parte. Les pedimos a los integrantes de las asambleas que se quedaran” luego del incidente y la expulsión de Salcedo. También admitió que durante el taller de capacitación comprobó que los vecinos de Sierra Grande tenían temores sobre los riesgos ambientales de un oleoducto y terminal portuaria en el Golfo San Matías. 

Los temores de los vecinos de Sierra Grande no fueron mencionados en sus exposiciones en la audiencia. Estos apoyaron casi sin cuestionamientos el proyecto petrolero y dejaron en claro que su localidad ha sido postergada por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales tras el cierre de una mina de hierro de la que vivía la localidad. El oleoducto es para ellos la posibilidad de recuperar trabajo, evitar que los más jóvenes dejen el pueblo y reunir nuevamente a las familias divididas por la falta de empleo.

El oleoducto dará 700 puestos directos de mano de obra, según expuso Leandro Loguzzo, de YPF, en la audiencia pública. “Un porcentaje muy importante será de mano de obra menos especializada”, prometió a los habitantes de Sierra Grande, que esperan con ansias que el proyecto petrolero les traiga prosperidad económica, aunque sea transitoria. “Los vecinos han puesto demasiadas expectativas en el oleoducto”, concluyó Lillo Arenas.   

Amedrentamiento

En Sierra Grande no hay margen para díscolos. En septiembre de 2022, docentes del Instituto de Formación Docente organizaron un debate sobre el oleoducto en el marco de un trabajo de investigación de los alumnos de las cátedras de Artes Plásticas y Música y Ciencias Naturales. Invitaron a exponer sus argumentos al presidente del Concejo Deliberante de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, a favor del proyecto petrolero y hermano del intendente; a un profesor en química independiente, Gaspar Siguero; al guardaparques del Parque Nacional Islote Lobos, Leonardo Juber; y a Fabricio Di Giácomo y otros integrantes de las asambleas de Las Grutas y San Antonio Oeste, críticos al proyecto. 

Las autoridades del instituto —según testigos directos— intentaron disuadirlos y sostuvieron que el debate “no era necesario”, porque la información sobre el proyecto estaría a cargo de YPF, cuyos representantes se trasladarían a la localidad para informar a la población. Aún así, los docentes continuaron con los preparativos de la charla, cuyo espíritu era el debate, según pudo reconstruir este medio.

El día de la charla abierta a la comunidad, el sindicato de la construcción también realizó un despliegue a favor del oleoducto en las inmediaciones de la sala. Los asambleístas vivieron el mismo escenario de tensión que se replicaría en la audiencia pública. No era la primera vez que el sindicato amedrentaba a los asambleístas. Ya había sucedido en la puerta de la legislatura de Río Negro, días antes, cuando las asambleas se trasladaron para la segunda sesión que confirmó la derogación de la ley que protegía al Golfo San Matías. Así lo relataron cuatro testigos directos. 

Pocos meses después de la charla, algunos de los docentes que habían organizado el debate debieron dejar Sierra Grande ante presiones, castigos administrativos y acoso por parte de las autoridades del instituto para el que trabajaban, según los testimonios obtenidos por elDiarioAR y Climate Tracker.

Carlos Olmedo, profesor, licenciado y director del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande, respondió a elDiarioAR y Climate Tracker que la charla fue “una instancia de información para estudiantes que no sabían de qué se trataba este fantástico proyecto”, dijo en relación al oleoducto. “Creo que todos estaban de acuerdo con el posicionamiento de sí a la obra. Ninguna voz fue acallada”, aseguró Olmedo. “Hay muy pocos que discrepan y esto está relacionado a la necesidad de fuentes de trabajo, aunque siempre se sostiene una preocupación por el cuidado al medioambiente y esto se trata en el Instituto en el área de Ciencias Naturales”, agregó.

Visitas a Vaca Muerta

El objetivo de las actividades de YPF con legisladores de la provincia, funcionarios y vecinos de Sierra Grande fue garantizarse el apoyo incondicional al oleoducto en la legislatura de Río Negro y en la audiencia pública. Así surge de un documento de la compañía (se detallará en la segunda entrega de este reportaje), publicaciones en redes sociales y testimonios en on the record y en reserva de parte de testigos directos. Todo estuvo desde el inicio bajo el control de la petrolera y de las autoridades que apoyan el proyecto hidrocarburífero. 

El 20 de julio, cuatro semanas antes de la audiencia pública, Tamburrini, intendente de Sierra Grande, encabezó una comitiva que viajó desde la localidad rionegrina hasta las instalaciones de YPF en Vaca Muerta, invitados por la petrolera. “El jefe comunal arribó a la capital neuquina acompañado por Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo (municipal), integrantes de la mayoría de los bloques del Concejo Municipal, referentes sindicales y gremiales, integrantes de las Juntas Vecinales y medios de comunicación”, también locales, según publicó la intendencia en su cuenta de Facebook. 

“Sierra Grande ha adoptado este proyecto como propio. Lo va a defender desde el debate porque la gente se ha informado”, aseguró Tamburrini a este medio el día de la audiencia pública. El oleoducto “implica desarrollo y crecimiento. Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento”, afirmó el intendente. “El riesgo ambiental existe, pero es improbable”, estimó Tamburrini.

Para que el oleoducto sea posible, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani, debe aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de las obras. En septiembre, la funcionaria fue denunciada ante la Justicia penal por haber supuestamente obstruido la participación de habitantes de Río Negro que estaban inscritos en la audiencia pública para manifestar sus críticas al proyecto petrolero. 

Nota: este artículo se corrigió el 14 de octubre de 2023 a las 11:38. Donde decía “Curru Leufús” debió decir “Curru Leufú” y donde decía “San Antonio Este” debió decir “San Antonio Oeste”. También se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

ED/DTC

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

José Luis Esteves es doctor en Oceanología (Universidad de Aix-Marsella, Francia), especializado en oceanografía y contaminación de aguas. Trabajó en el Centro Nacional Patagónico, un centro de investigación y desarrollo de Conicet en Puerto Madryn, Chubut, y dedicó gran parte de su carrera a estudiar el impacto de la industria petrolera en la costa atlántica argentina. Fue miembro fundador y presidente de Fundación Patagonia Natural, una ONG que se focaliza en promover el uso de energía renovables y a la conservación de la biodiversidad. Actualmente retirado, recibió a elDiarioAR en Puerto Madryn, donde analizó el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal petrolera con dos monoboyas en el Golfo San Matías, un área protegida hasta septiembre de 2022. El objetivo de la obra es la exportación de petróleo de Vaca Muerta a partir de los próximos tres años, según anunció la petrolera a cargo, YPF.

El Golfo San Matías es el segundo golfo más grande en Argentina. Es un lugar prístino, es la cara norte de Península Valdés.

elDiarioAR viajó a Río Negro para cubrir la audiencia pública y recorrió distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías, eje de los desencuentros y enfrentamientos por el oleoducto entre distintas localidades de la costa atlántica de la provincia. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

“Para hablar de la situación actual del Golfo San Matías, creo que hay que analizar una cuestión más filosófica y una cuestión más práctica”, afirmó Esteves. “La cuestión filosófica tiene que ver con el cambio de estrategia hacia las energías alternativas. En este momento hay un intento de desarrollo importante en energía. La transición energética no se va a dar de un día para otro, va a llevar un tiempo, no cabe duda”, aseguró el científico.

-¿Cuál es el aspecto práctico que va de la mano con el filosófico?

-Qué capacidad tienen los gobiernos para llevar adelante estrategias limpias frente a explotaciones de hidrocarburos u otras fuentes de energía. Parece muy difícil porque el ser humano se resiste inicialmente frente a otras opciones. Se me ocurre pensar en lo que ha pasado con explotaciones petroleras a lo largo de Patagonia en los últimos 100 años. Desde que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, alrededor de 1907, a mi entender, no hemos aprendido demasiado. La primera explotación en la zona intermareal de Comodoro Rivadavia, con cañerías y pozos, dieron paso a la explotación en tierra, con buena tecnología que permitió que los pozos puedan estar en el territorio con caños que terminan debajo del mar sin generar una contaminación en esa zona. Se han eliminado muchas de las antiguas instalaciones, pero muchas cañerías siguen estando en playas de Comodoro Rivadavia. En esta situación, el turismo de playas y costas no es prioritario en esas zonas.

-¿Es posible la transición hacia energías limpias en un país en crisis permanente?

-Yo apostaba al cambio en la matriz energética en el año 80 cuando construí mi casa con energía solar, en Puerto Madryn. O sea, es una cuestión que la veo como posible desde hace muchos años y la implementé. Hemos tenido la visita con cierta frecuencia del gobierno provincial y de varios privados para analizar los detalles a casa. Fue auspicioso conocer que en alguna aldea en el centro de la provincia se diseñaron casas con una concepción de ahorro energético importante. El desafío de la transición tiene ya muchos años y sigue vigente. Ahora empezamos a ver cómo los molinos eólicos forman parte de un nuevo paisaje, así como paneles fotovoltaicos que proveen energía limpia. ¿Van a reemplazar el petróleo hoy? Seguramente que no y pasarán aún varios años.

Petróleo en el mar

“Hablando del petróleo en el mar -recuerda Esteves-, a principios de los años 90, en Fundación Patagonia Natural revisamos información que había pasado Prefectura Naval Argentina (PNA), que nos daba unas 200 posiciones geográficas de buques petroleros durante 15 días a lo largo de la costa atlántica, desde el sur de la Patagonia hasta Buenos Aires y Bahía Blanca. Es decir, un único buque podría mostrar varias posiciones. Lo que observamos fue que la mayoría de los buques navegaban muy cerca de la costa, sobre todo en puntos notables. Por ejemplo, Punta Delgada, en península Valdés; Punta Bermeja, en el golfo San Matías; Cabo Dos Bahías, frente al golfo San Jorge. ¿Y por qué lo hacían? ‘Usos y costumbres’”, explicó el experto.

“El faro en cada uno de estos lugares permitía ubicar al buque en el mar para una navegación segura y corregir el rumbo cuando era necesario. Sin embargo, son numerosos los derrames accidentales y crónicos registrados en la zona. Después aparecieron ayudas a la navegación como los GPS. A pesar de la nueva tecnología, los buques seguían haciendo la misma ruta”, recordó.

“En una reunión sobre ‘Preservación del aire, el agua y el suelo’ organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), presentamos esa información y sugerimos que los barcos, teniendo todas las ayudas electrónicas que existen ahora, podrían navegar unas 50 millas al este de las costas para evitar zonas que son particularmente peligrosas. La PNA puso en práctica una Ordenanza Marítima que obliga a estos buques a navegar 20 millas al este de la profundidad en que podrían quedar varados. Además, se definen rutas de ingreso y egreso a golfos y bahías de manera de alejarse rápidamente de la costa. Esta ordenanza ha minimizado los problemas de contaminación de la costa”, afirmó Esteves sobre el estudio que le permitió ayudar a reducir el impacto en el mar.

-¿Cuál es su posición sobre una terminal petrolera en el Golfo San Matías?

-El Golfo San Matías es el segundo golfo más grande en Argentina. Es un lugar prístino, es la cara norte de Península Valdés, Hasta ahora se ha mantenido prácticamente sin problemas de contaminación por hidrocarburos. La gran diversidad de flora y fauna característico de esta zona, el turismo de playa, la pesca artesanal, la existencia de península Valdés como Patrimonio de la Humanidad, son factores para tener en cuenta a la hora de la implementación de otras actividades económicas que compitan con aquellas.  

He visto proyectos de largo alcance que terminan cajoneados porque no quisieron que trascendieran.

Extractivismo y abandono

“Otro de los factores que me ayudan a dudar de esta nueva actividad en el Golfo, es lo que ha sucedido con otra actividad económica extractiva”, aseguró Esteves a elDiarioAR. “En la década del 70, se explotaba una mina de plata, plomo y zinc conocida como Mina Gonzalito. Esta se encontraba entre las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste. Luego de más de cuarenta años de su cierre, sigue sin remediar y la planta de concentración ubicada en San Antonio Oeste ha causado la contaminación por plomo de parte la comunidad sanantoniense. Me pregunto: ¿es mala memoria o una vez que los beneficios se extinguen le sigue el abandono directo? ¿Qué le quedó a Río Negro de esta actividad?”.

-Se acaba el recurso o se acaba el negocio…

-Y se acabó el negocio porque se acabó el recurso.

-Y queda el riesgo…

-Claro, se acabó el negocio y se abandonó todo. Esto es un indicador clave para cualquier emprendimiento. Con un emprendimiento como la carga de petróleo en Punta Colorada, surgen varias preguntas. ¿qué va a pasar después? Ese emprendimiento económico, ¿va a revolucionar la economía de Río Negro? ¿Qué garantía hay de que no va a haber contaminación? ¿Qué reaseguro tiene la comunidad? ¿Cómo se aseguran otras actividades económicas igualmente importantes como puede ser el turismo o la pesca? La crítica que se le hace a la conservación es que frente a este problema no se presentan alternativas, mientras se siguen utilizando productos y subproductos derivados del petróleo. Sin embargo y en este caso, las alternativas existen.

Las personas que defienden las monoboyas tendrían que poner toda la energía para obligar a que el gas y el petróleo de Vaca Muerta le dé a la provincia de Río Negro un beneficio.

-¿Ve alternativas posibles?

-Me imagino dos. Así como se hizo el gasoducto que viene de Neuquén y va hacia Bahía Blanca, por qué no hacer un oleoducto por las mismas zonas, evitando el golfo San Matías; eventualmente abonar las regalías que le correspondan a cada provincia. De este modo, se favorece además el ambiente, se potencia el turismo de avistaje de fauna, el turismo de playas y la pesca artesanal. La segunda alternativa que pienso en la construcción de una destilería en Vaca Muerta. Esto permitiría la redistribución de los subproductos hacia la zona patagónica y un poliducto – como el que existe desde la destilería de Lujan de Cuyo en Mendoza que termina en Buenos Aires. En términos de lo que se llama servicios ecosistémicos, no es más caro que poner una monoboya y pagar todos los costos ambientales.

La industria 

-¿Por qué crees que no se toman esas alternativas?

-Mi opinión personal es que hay intereses que le hacen creer al político de turno que le van a resolver el problema. He visto proyectos de largo alcance que terminan cajoneados porque no quisieron que trascendieran. Para muchas industrias todo gira en torno a reducir costos económicos sin pensar – muchas veces - en los costos ambientales.

-¿Qué le diría a quienes apoyan el oleoducto y el puerto petrolero en el golfo San Matías? ¿Cree que están arriesgando demasiado?

- Mejor prevenir que curar. En caso de un accidente, curar es muy difícil o prácticamente imposible. Depende de las condiciones en las que se den un derrame o un accidente. Si se garantizara que no va a haber derrame, que los controles son estrictos, que los mecanismos de cuidado y tecnologías para trabajar son excelentes, que los antecedentes nos muestran que siempre que ha habido un evento de contaminación, la industria y las autoridades han sabido hacerle frente, la discusión no sería la que nos ocupa ahora. Pero de nuevo: prevenir es mejor que curar. Las personas que defienden las monoboyas tendrían que poner toda la energía para obligar a que el gas y el petróleo de Vaca Muerta le dé a la provincia de Río Negro un beneficio y pelear para que haya una inversión en destilería en la zona de explotación. Esto va a inhibir totalmente el problema de contaminación de San Matías. Los petroleros hablan mucho de zona de sacrificio. Sin embargo, en el mar no hay zona de sacrificio. Zona de sacrificio puede haber en tierra porque si se derraman unos pocos metros cúbicos de petróleo, se los detecta rápido y se resuelve con relativa facilidad. Si el derrame se produce en el mar, este es invisible o es imposible hacerle frente con un control adecuado. Cuidar el ambiente que nos fue legado, significa el reaseguro para las generaciones que nos siguen.

ED

En el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, se encuentra Playas Doradas, un balneareo emergente en la costa atlántica, rodeado de cinco áreas de conservación. La localidad más cercana es Sierra Grande, a 15 minutos de ruta asfaltada, donde el jueves 17 de agosto último se realizó una audiencia pública por la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria, que se ubicará a unos 8 kilómetros de playa de la entrada al balneario. El proyecto de la petrolera YPF fue pensado para exportar el crudo excedente de Vaca Muerta a partir de los próximos tres años.

Aún en invierno y con lluvia, Playas Doradas no puede disimular sus aguas azules y su arena limpia. Tiene incluso un humedal escondido en la costa y un pequeño pueblo emergente. elDiarioAR viajó a la zona para cubrir la audiencia pública y recorrió por distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías, eje de los desencuentros y enfrentamientos por el oleoducto entre distintas localidades de la costa atlántica de la provincia. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

En invierno, las casas de Playas Doradas están deshabitadas, los hospedajes permanecen cerrados y hay sólo un puñado de comercios con sus puertas abiertas al público y trabajadores de la construcción en las obras que tienen que ganarle el tiempo al verano. En uno de los escasos negocios abiertos en agosto, cuando la temporada alta parece tan lejos en el tiempo, su dueño tiene sentimientos encontrados sobre el oleoducto Vaca Muerta Sur y la terminal portuaria que instalarán a sólo 8 kilómetros de playa desde su comercio.

La terminal contará con dos monoboyas que además se ubicarán a unos 6 kilómetros mar adentro de la costa donde los visitantes y locales veranean. Es decir, a unos 8 kilómetros de distancia y a otros 6 kilómetros mar adentro. “Si me paro de este lado del mostrador —dice el comerciante desde la caja registradora de su negocio— quiero que venga el oleoducto porque me conviene económicamente. Pero si me paro del lado donde estás vos, me preocupa porque yo disfruto de este lugar desde hace casi 20 años y quiero que mis nietos disfruten de estas playas y su naturaleza”, afirmó en diálogo con elDiarioAR.  

El Golfo San Matías era área protegida por la ley 3.308 hasta septiembre de 2022, cuando la mayoría de los legisladores de Río Negro modificaron el artículo que prohibía el transporte de hidrocarburos en la zona.

En el almacén del pueblo, el joven que atiende el comercio contó que se trasladó recientemente desde Sierra Grande a Playas Doradas y está de acuerdo con la llegada del oleoducto y su terminal portuaria porque en la localidad falta trabajo. A su lado, un retirado trabajador petrolero toma mate. Conoce muy bien la Patagonia petrolera y no encuentra diferencias entre Vaca Muerta Sur y los distintos proyectos en los que ha trabajado, está de acuerdo con que se instale una terminal portuaria para exportar el crudo a escasos kilómetros del balneario a pesar de que asegura que conoce muy bien el impacto ambiental y social de la industria.  

Su experiencia también le dice que los habitantes de Sierra Grande no verían las fuentes de trabajo y el progreso económicos que YPF y el gobierno de Río Negro les han prometido. En general, explicó, la mano de obra local es temporal, para la construcción de la obra, pero luego se emplea mano de obra especializada que las petroleras traen de otros pagos.

“Playas Doradas es un destino emergente, tiene un desarrollo urbanístico de más de 9.000 lotes, de los cuales 6.000, 6.500 estarían construidos y puestos al servicio de los turistas. Hay restaurantes, hoteles, departamentos de alquiler, complejos. Está en construcción un centro comercial. Tiene gas, luz, agua, cloacas. Está creciendo a pasos agigantados”, dice el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini. 

“Lindero al norte tenemos el Parque Nacional Islote Lobos, el Parque Nacional número 40, el segundo en nuestra provincia y el único que tiene jurisdicción marino-terrestre o marino-costera, que fue una gestión nuestra. Este alberga una clase de lobo marino única. También tenemos la colonia más al norte del hemisferio sur del pingüino de Magallanes, una infinidad de variedades de aves y la desembocadura del arroyo Salado al norte”, afirmó Tamburrini, quien sostiene que busca que en Sierra Grande y sus Playas Doradas conviva el turismo, la naturaleza y la industria petrolera. 

Tamburrini aseguró que Sierra Grande se prepara para hacer frente al control ambiental del proyecto y que están realizando capacitaciones y aprendizajes. En los alrededores de Sierra Grande y Playas Doradas, sin embargo, todavía deben lidiar con cuestiones más fáciles de resolver que controlar la actividad petrolera a 6 kilómetros mar adentro. Sólo para mencionar dos: el día de la audiencia la energía eléctrica no dio abasto en el gimnasio del pueblo y se cortó la luz; y hay basureros a cielo abierto a la vera de la ruta que están tratando de erradicar pero donde todavía reina el plástico. 

¿Cómo van a controlar a YPF y a los buques extranjeros? ¿Qué pasaría con Playas Doradas, las áreas naturales protegidas y todo lo que habita el Golfo San Matías si hubiera un accidente y por consecuencia un derrame de petróleo en el mar? “El riesgo ambiental existe, pero es improbable”, dijo Tamburrini.

La mina y la playa

Esta costa no es virgen de industria. Actualmente, donde YPF quiere instalar dos monoboyas que permitan a los buques extranjeros cargar el crudo para exportarlo al mundo, existe un semiabandonado muelle minero, que se utilizó hasta los años 90 para la salida del hierro que extraían de la mina Sierra Grande. La zona exacta se denomina Punta Colorada, pero se encuentra en Playas Doradas.

“Sierra Grande buscó el desarrollo del turismo después del cierre de la mina. Nos faltaba infraestructura”, dijo Tamburrini para explicar por qué otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas, sí han desarrollado fuertemente la actividad turística, la misma por la cual hoy se oponen al oleoducto y su terminal portuaria.

“Esto ya lo vivimos”, aseguró un comerciante de Playas Doradas. ¿Qué es lo que ya vivieron en Playas Doradas y Sierra Grande?, pregunta elDiarioAR. La esperanza en una solución externa y el abandono, explicó. Mientras algunos asumen este proyecto como propio otros se debate entre la necesidad económica y el riesgo a perder lo que más ama del lugar que habita.

El comerciante consultado contó la historia de la mina de Sierra Grande, la reserva de hierro subterránea más grande de Latinoamérica, de acuerdo con estimaciones oficiales de Segemar, una historia que teme que se repita con el oleoducto de YPF.  Las autoridades nacionales y provinciales prometieron reactivar la mina en distintas oportunidades pero nunca cumplieron. Al paso del abandono de la mina también se abandonó el muelle y el horno gigante que pueden verse hoy con claridad desde las playas del balneario. También las casas construidas para los mineros, ahora destruidas, vandalizadas y abandonadas tanto cerca de la playa como del otro lado de la ruta nacional número 3, que separa a Playas Doradas de la mina.  

La mina de Sierra Grande fue explotada entre 1970 y 1991. Durante esos años, Sierra Grande llegó a tener 20.000 habitantes y se construyeron barrios enteros para los mineros y trabajadores chinos traídos por la última minera privada. Desde que la compañía se fue, la población tocó el piso de 6.000 habitantes y comenzó la crisis económica de Sierra Grande. Actualmente la localidad recuperó población y tiene más de 12.000 personas viviendo en su territorio, pero se trata de una población envejecida, contó el intendente Tamburrini. 

Oponerse al oleoducto

En Sierra Grande y sus alrededores, como Playas Doradas, oponerse al oleoducto no es nada fácil. Todo lo contrario, puede transformarse en una odisea. Gran parte de la localidad, de más de 12.000 habitantes, se convenció de que las obras traerán trabajo y progreso económico para un lugar postergado y olvidado por los sucesivos gobiernos de Río Negro y de la Nación.

El día de la audiencia, la docente Cecilia Salcedo, de la localidad vecina de Las Grutas, interrumpió el discurso de apertura de la secretaria de Ambiente de la provincia, Dina Migani, para exigir el ingreso de sus vecinos para que expusieran contra el proyecto -y a quienes la policía no permitió ingresar en su totalidad- y reclamó que el acto oficial no era democrático. La respuesta de la funcionaria fue ordenar a la policía provincial que desaloje a la docente y la reacción de cientos de vecinos presentes en la audiencia fue la del abucheo, silbidos y gritos contra la manifestante, como informó elDiarioAR.

En Sierra Grande, un habitante de la localidad que espera ansioso la llegada del oleoducto y su terminal portuaria explicó que muchos hombres viven lejos de sus familias porque debieron dejar el pueblo para buscar trabajo como mineros o marineros en otras zonas. El oleoducto significa volver a reunir al pueblo, afirmó. También recordó cuando vivía en Comodoro Rivadavía en 2007 y la playa que solía visitar junto a su esposa amaneció negra por un derrame de petróleo en Caleta Córdova, en el Golfo San Jorge. 

La secretaría de Ambiente y Cambio CLimático de Río Negro invitó al superintendente marítimo de la empresa responsable por dicho derrame, Termap, a exponer como experto a favor del oleoducto en la audiencia pública. Se obvió por completo la experiencia del derrame y sus consecuencias. También la denuncia que debieron afrontar en la Justicia.

Sierra Grande tiene modesto hospedajes que se prepararon para recibir a funcionarios provinciales, ejecutivos, académicos y sindicalistas que llegaron para apoyar el proyecto de YPF en la audiencia pública. 

Ese jueves, durante unas 10 horas, desfilaron sólo voces a favor. No se invitó a ninguno de los científicos, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil ni habitantes de las localidades vecinas que se oponen al oleoducto y su terminal portuaria en estas playas del Golfo San Matías. Nadie habló o profundizó sobre los riesgos. Francisco Pinilla, de ERM Consultora, la empresa contratada por YPF para evaluar el impacto socioambiental en Sierra Grande y Playas Doradas aseguró que el oleoducto “va a volver a poner a Argentina en el mapa” y que “sin duda alguna va a ser el puerto más moderno, la terminal de embarque más moderna del mundo”.

Nota: este artículo se corrigió el 26 de febrero de 2024.

ED/JJD

El oleoducto Vaca Muerta Sur es actualmente uno de los principales proyectos de la petrolera YPF y ha despertado críticas y alertas de conservacionistas, científicos, vecinos que habitan y trabajan en el Golfo San Matías y las principales organizaciones ambientalistas del país. 

“Esta es la obra más importante de los últimos 30 años en la energía de la Argentina”, dijo Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de YPF en Neuquén y Río Negro, durante la audiencia pública del 17 de agosto último. Pero el proyecto tendrá una parte central en un área en la que el transporte de hidrocarburos estaba prohibido hasta finales de 2022, cuando la ley se modificó a medida del proyecto, de manera exprés y a puertas cerradas de la ciudadanía en la legislatura de Río Negro. 

Estas son diez preguntas y sus respuestas para entender de qué se trata el proyecto, quiénes lo apoyan y quiénes lo enfrentan, y sus posibles impactos sociales y ambientales.

¿Qué es Vaca Muerta Sur?

Es un oleoducto, también denominada Vaca Muerta Oil Sur, que tendrá casi 600 kilómetros de longitud, atravesará la meseta patagónica de la provincia de Río Negro y conectará la zona productiva de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, con Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro. El proyecto incluye la construcción de una terminal de exportación en las costas del Golfo San Matías.

El crudo que transportará el oleoducto se bombea desde los pozos concesionados a YPF en la cuenca neuquina hasta una planta de tratamiento. Desde allí viajará a 600 kilómetros atravesando parte de Neuquén y Río Negro. Luego, el oleoducto conduce el petróleo hasta una terminal de tanques, que se construirá en Punta Colorada. La terminal despacha el crudo hacia dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, mar adentro. Allí amarrarán los buques tanque que vienen a buscar el petróleo.

¿Cuál es el estado de las obras?

Las obras se idearon en tres tramos pero aún no han comenzado a ejecutarse, de acuerdo a YPF. La obra se dividió en tres tramos: el tramo I conecta con un oleoducto ya existente (Loma Campana Pellegrini) en el departamento de Añelo, en la cuenca neuquina, donde se encuentran los pozos explotados por YPF. Luego ese oleoducto existente conectaría con el nuevo oleoducto a construir y llegaría hasta General Roca, Río Negro. 

El tramo II conectaría Estación Cabecera Allen con la terminal de carga de petróleo Punta Colorada, en Sierra Grande, Río Negro, en las costas del Golfo San Matías.

El tramo III es la terminal de carga de petróleo e instalaciones asociadas en Punta Colorada, es decir, donde termina el oleoducto y los buques cargan el petróleo.

Sólo el tramo I tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El resto de los tramos se encuentran en procesos previos a la aprobación de la obra, pero tanto la petrolera como las autoridades de Neuquén, Río Negro y el Ejecutivo Nacional ya dan por hecho que el oleoducto y su terminal portuaria se construirán. 

¿Cuál es el objetivo?

La meta de YPF es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de petróleo de la cuenca neuquina en los próximos tres años y luego exportar ese petróleo.

“Gracias al avance en el desarrollo de Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén, la producción de petróleo del país podría duplicarse en los próximos cinco años. Este crecimiento permitirá no sólo abastecer la demanda que tiene Argentina, sino que abrirá las puertas a que el país pueda exportar hidrocarburos generando las divisas que necesitamos para poder crecer y creando miles de puestos de trabajo”, afirmó la petrolera en un video institucional.

¿Quiénes apoyan el proyecto?

Además de YPF, el gobierno de Alberto Fernández -se han expresado públicamente sobre el oleoducto desde la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, hasta el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa- y los gobiernos de Neuquén y Río Negro; el oleoducto y su terminal portuaria cuenta con el apoyo de gran parte de la localidad de Sierra Grande, la más cercana al punto neurálgico del proyecto: la terminal portuaria en el Golfo San Matías, un área protegida por la ley provincial hasta 2022, cuando la legislatura modificó la normativa para permitir la ejecución de Vaca Muerta Sur.

Durante la audiencia pública realizada el 17 de agosto último en Sierra Grande, se manifestaron a favor de proyecto los sindicatos locales —desde los maestros hasta la construcción—, sectores empresarios de la industria (como el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, IAPG), la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). A nivel provincial, el proyecto es motorizado desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio.

¿Quiénes se oponen?

Científicos, conservacionistas, ambientalistas y vecinos, artistas nacionales y locales y emprendedores de otras localidades del Golfo San Matías, como Las Grutas y San Antonio Oeste, que viven del turismo y la pesca artesanal y alertan sobre el impacto socioambiental del oleoducto y su terminal petrolera en la costa y el mar. 

El golfo San Matías, ubicado en la costa del océano Atlántico, se extiende entre punta Bermeja, al norte, en la provincia de Río Negro, y punta Norte, al sur, en el extremo de  Península Valdés, provincia de Chubut.

Las principales organizaciones ambientalistas y conservacionistas del país, nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico se pronunciaron contra el proyecto: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.

¿Cuáles son los puntos centrales del conflicto?

Los defensores del proyecto sostienen que el oleoducto garantizará la soberanía energética y el desarrollo económico nacional y local en Río Negro, en especiel en la postergada localidad de Sierra Grande, donde la población reclama fuentes de trabajo local e inversiones en infraestructura y caminos. Se supone que el proyecto garantizaría el ingreso de divisas a través de la exportación de petróleo excedente de la cuenca neuquina (es decir, el que no se destine para abastecer el consumo interno).

Sin embargo, los detractores del proyecto tienen varios reclamos: el principal es que el área donde desemboca el oleoducto y donde se construirá la terminal y centro de carga del crudo era un área protegida del desarrollo hidrocarburífero desde 1999 debido al alto valor natural, en biodiversidad del Golfo San Matías, lindero con cinco áreas naturales protegidas, incluyendo Península Valdés, en Chubut, Patrimonio Natural de la Humanidad. Las otras áreas clave son el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

La legislatura de Río Negro modfició en tiempo record la legislación en 2022 -prohibiendo el ingreso de la ciudadanía- para que el proyecto sea ejecutable. Los riesgos y posibles impactos medioambientales pusieron en alerta a quienes viven del turismo y la pesca artesanal en el golfo, ya que creen que el tránsito de buques petroleros y el peligro de microderrames o derrames en el mar podrían cambiar para siempre la vida en el área.

Ariel Slipak, coordinador del área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explicó a elDiarioAR que “el riesgo de derrame en el Golfo San Matías y el riesgo para la Península Valdés es elevadísimo y que desde lo económico se generarán pocos empleos asociados sólo a la construcción, por un plazo corto y el potencial de destrucción de empleos del turismo y la pesca es mayor”. 

“El proceso por el cual se modificó en clave regresiva la Ley 3.308; y la forma en la que se convocó a la audiencia pública del 17 de agosto estuvo llena de irregularidades y se bloqueó la participación. Fue una audiencia antidemocrática. Además, se impide la participación de no residentes en Río Negro que serán afectados y afectadas por el proyecto”, afirmó Slipak.

¿Qué establecía la ley 3.308 y qué dice la normativa actualmente?

La ley 3.308 protegía el Golfo San Matías de cualquier proyecto de hidrocarburos desde 1999. Se sancionó tras la presión social y ante las versiones de que YPF, entonces empresa privatizada, instalaría un proyecto petrolero en la zona. 

La normativa prohíbe en “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos”.

Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2022, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionaron una nueva ley para modificar y dejar sin efecto la norma 3.308 y permitir el transporte de hidrocarburos en el golfo. Lo hicieron a través de la sanción de la ley 5.594, que modifica el artículo 1º de la ley original prohibiendo “en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”, y excluyendo las tareas de transporte, posibilitando así el proyecto de YPF, ya existente para esa fecha.

Rafael Colombo, de la organización Abogadxs Ambientalistas, dijo a elDiarioAR: “Este proyecto además nace con un vicio de inconstitucionalidad, que cuestionamos junto a las organizaciones y asambleas locales, ante el Superior Tribunal de Rio Negro y que actualmente debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la legislatura provincial tuvo que reformar regresivamente la ley 3308, en un trámite a puertas cerradas, sin debate, sin participación de la sociedad civil”.  

¿Cuál podría ser el impacto ambiental?

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) fueron realizados por tres consultoras contratadas por YPF y cada una de ellas se enfocó en cada uno de los tres tramos de la obra. El tramo que genera el mayor conflicto socioambiental es el tramo III: la terminal de carga en el Golfo San Matías, Río Negro.

La consultora a cargo del Estudio de Impacto Ambiental del tramo III es ERM Consultora. Francisco Pinilla expuso en la audiencia del 17 de agosto último en nombre de la compañía y sostuvo: “No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo último.

“No existen impactos ni significativos ni críticos -dijo Pinilla- porque, a diferencia de los procesos normales en los cuales el desarrollador propone un proyecto y pide evaluarlo, en este caso ha sido más un tema interactivo en el cual la consultora ha podido estar con el desarrollo del proyecto y ha empezado a calibrar. Por ejemplo, si el desarrollador dice vamos a hacer tal actividad y nosotros le decimos no, porque esa actividad va a generar un impacto de tipo crítico o de tipo malo, esa actividad no se realiza”. El consultor de YPF aseguró que se implementarán las normas de seguridad y calidad más altas a nivel internacional.

Sin embargo, Pinilla admitió que los impactos ambientales serían “entre bajos y moderados”.

“Esta biorregión (del Golfo San Matías) se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos, como la ballena franca austral, el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras”, afirmaron los expertos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas.

“La medida generaría graves impactos en la población de ballenas francas australes que utilizan el área como zona de cría y reproducción. El proyecto tendrá también impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio. Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999”, informaron.

¿Qué sucedió en la audiencia pública del 17 de agosto?

Más de 400 personas participaron en la audiencia pública de Sierra Grande, una localidad de más de 12.000 habitantes, para escuchar la exposición de la petrolera YPF sobre el proyecto y a los funcionarios de la gobernación —desde el vicegobernador, Alejandro Palmieri, hasta la defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati— y a las consultoras ambientales contratadas por la petrolera, como informó elDiarioAR.

Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental.

Dina Migani — Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

La audiencia es un requisito legal para poder avanzar con las obras y fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Dina Migani. El objetivo fue exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras: el oleoducto y la terminal portuaria. También debían exponer los detractores de la iniciativa, pero se retiraron poco después de iniciada la audiencia. Hubo tensión con la policía provincial y la secretaria de Ambiente ordenó a la fuerza pública desalojar de la audiencia a una docente que la interrumpió para manifestarse por la imposibilidad de que todos ingresaran. Mientras, un grupo con banderas del sindicato de la construcción buscó impedir que los manifestantes se acercaran al lugar de la audiencia. Los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste decidieron entonces replegarse y retirarse de la audiencia.

Al menos 145 personas estaban inscriptas como promotores del proyecto, invitados y oradores para exponer su postura sobre el proyecto, pero finalmente sólo expusieron quienes apoyan las obras. Todos los invitados por la Secretaría de Ambiente de Río Negro se manifestaron a favor del oleoducto y su puerto. Es decir, no hubo ninguna voz crítica invitada por el organismo oficial, que se supone, debe ser independiente y evaluar el impacto ambiental de la obra para su aprobación final.

¿Cómo sigue el proceso de aprobación de la obra?

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro debe evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) presentados por las consultoras contratadas por YPF y las presentaciones realizadas por los detractores del proyecto para tomar la decisión final: si aprueba los estudios y permite la ejecución de la obra. La secretaria de Ambiente de la provincia, sin embargo, estuvo muy cerca de adelantar su posición el mismo 17 de agosto, tras presidir la audiencia pública. “Si esta audiencia pública fuera vinculante, yo diría que aprobado el estudio de impacto ambiental”, dijo Migani al finalizar el acto público.

Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.

ED

Este 17 de agosto se realizó una audiencia pública en Sierra Grande, Río Negro, mediante la cual las autoridades provinciales pretenden que se imponga la aprobación de la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal petrolera, en el Golfo San Matías, a costa de los daños ambientales y sociales que esta generará.

En este contexto, el 28 de agosto se cumplen 10 años del acuerdo entre YPF y Chevron, el cual habilitaba la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Esta aprobación se daba sin tener detallado los términos del acuerdo en sí y bajo promesas económicas que hasta el día de hoy fueron incumplidas.

Falsas promesas

Entre 2012 y 2013 los impulsores de la explotación de la formación de Vaca Muerta mediante el fracking prometían autoabastecimiento, soberanía energética, desarrollo tecnológico, salida de la pobreza para Neuquén, resolución de la falta recurrente de dólares en Argentina. Sin embargo, lo cierto es que el sector energético no sólo no contribuyó a la resolución de la restricción externa de divisas, sino que la profundizó, siendo las empresas que operan en Vaca Muerta algunas de las principales en explicar la salida de dólares de la Argentina, mientras la realidad socioeconómica neuquina dista de haber mejorado.

Diez años después las promesas del oleoducto son exactamente las mismas, con el agregado de que ahora Vaca Muerta viene a ser “clave para la transición energética”.

Oleoducto: trámite exprés, irregularidades y falta de transparencia

Las costas del Golfo San Matías, dónde se planea construir el oleoducto y la terminal petrolera, era un área natural legalmente protegida. Hasta que el 9 de septiembre de 2022, la Legislatura Rionegrina, a puertas cerradas y en tiempo récord, aprobó la sanción de la Ley  5.594.

Esta ley, reforma la anterior Ley 3.308, que tenía un amplio apoyo popular y otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo, y levanta la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, las cuales constituyen actividades altamente contaminantes que pondrían en riesgo a toda la biodiversidad circundante. La nueva Ley 5.594 implica la vulneración del principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ley 27.566.

En este sentido, la audiencia convocada para el 17 de agosto en Sierra Grande para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto del oleoducto y la terminal Vaca Muerta Sur, presentado por la empresa YPF, también vulnera el Acuerdo de Escazú al limitar fuertemente el derecho de acceso a la participación pública en asuntos ambientales y obstaculizar el debate integral y robusto que amerita los impactos ambientales de este proyecto. Hay una fuerte oposición al proyecto por parte de movimientos ambientalistas, vecinos y las comunidades mapuches tehuelches de la zona y por las restricciones que enfrentan en el acceso a la audiencia y a la documentación presentada por YPF en torno al estudio de impacto ambiental, las cuales vician el proceso democrático.

El EIA presentado por la empresa proponente es un documento escaneado de 4.250 páginas poco legibles y de difícil acceso, dada las dificultades asociadas a su descarga online. Además, la participación en la audiencia, que fue presencial en la ciudad de Sierra Grande, ha sido restringida exclusivamente a personas con residencia en Río Negro cuando este megaproyecto incluye y perjudicaría a los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut y sus impactos repercutirían también en otras provincias en caso de accidentes, derrames y siniestros. 

Daño a la biodiversidad

Las costas del Golfo San Matías y la Península Valdés son importantes enclaves de biodiversidad. El Golfo San Matías, en conjunto al Golfo San José y al Golfo Nuevo (estos dos últimos forman parte de Península Valdés), conforman una biorregión llamada Golfos Norpatagónicos y puede ser considerada una unidad ecológica independiente por su configuración, que limita el intercambio con aguas exteriores y le confiere características distintivas de su entorno.

Esta biorregión se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. El avance de dicho proyecto impactará de forma negativa en toda su biodiversidad, como consecuencia de los potenciales derrames de hidrocarburos, el incremento del tráfico marítimo, el impacto acústico y el aumento en la probabilidad de colisiones de los buques petroleros con las diversas especies.

Además, dicho proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: Parque Nacional Islote Lobos, Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, Reserva Caleta de Los Loros.

Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Un proyecto antieconómico

Los fósiles y Vaca Muerta no son rentables, ya que la extracción requiere de elevados costos de producción y la vida útil de los pozos es corta, por lo que es necesario fracturar de manera permanente. Este proceso requiere usar grandes cantidades de agua, arenas y químicos, lo que genera altos niveles de contaminación. Además, la explotación de Vaca Muerta es sostenida mediante subsidios estatales a las empresas y acceso a dólares más baratos que terminan por ser subsidiados por todo el pueblo argentino.

Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, explicó en su artículo en la revista Pulso Ambiental que, si bien un pozo de fracking tiene un alto rendimiento en los primeros meses de su explotación, al año ya rinde la mitad y la caída continúa en forma drástica. Entonces, los resultados exitosos se sostienen únicamente a fuerza de perforaciones y fracturas permanentes.

Además, este proyecto implica un riesgo muy grande sobre la destrucción de los puestos de trabajo en las comunidades costeras locales que viven del turismo y la pesca por la contaminación que podrían provocar los potenciales derrames de petróleo y la actividad costera de buques petroleros en el puerto.

ED

Sierra Grande, Río Negro.- Renzo Tamburrini (Frente de Todos) es intendente de Sierra Grande desde 2019, cuando regresó al gobierno comunal -ya había sido alcalde hasta 2015-, y actualmente es una de las voces que defiende fehacientemente la instalación del oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en las costas de Río Negro, en el Mar Argentino, a la altura de Punta Colorada, un área donde estaba prohido el transporte de crudo hasta que la legislatura rionegrina modificó en tiempo exprés la legislación a finales de 2022. 

Tamburrini sostiene que la cuestionada obra traerá las fuentes de trabajo y prosperidad económica que Sierra Grande perdió en la década de 1990, cuando la mina de hierro sobre la que giraba la vida de la localidad cerró sus puertas y la convirtió en un pueblo fantasma. 

Ahora, Sierra Grande apuesta a otra solución, que para los sectores críticos a este proyecto es medianoplacista y riesgosa: un oleoducto de 600 kilómetros que transportará el crudo de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta el Atlántico -unos 7 kilómetros dentro del Mar Argentino- para su exportación al exterior en buques extranjeros. Otra promesa de supuestas divisas para alimentar las reservas del país y presuntamente resolver la crisis económica.

Este jueves, Sierra Grande celebró una audiencia pública de diez horas en la que desfilaron una tras otra voces a favor del oleoducto de YPF. elDiarioAR viajó a Río Negro en una cobertura financiada por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizada íntegramente y de manera independiente por este medio.

Desde la petrolera y las consultoras contratadas por YPF para realizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) -que avalaron sin cuestionamientos la obra- hasta políticos locales y vecinos de la localidad se expresaron a favor del proyecto. Los habitantes de Sierra Grande reclamaron puestos de trabajo, obras de infraestructura y caminos, pero la temática medioambiental no fue una preocupación central. 

Tamburrini dialogó con elDiarioAR durante la audiencia y explicó su posición. “Este proyecto ha tallado en lo más sensible de la comunidad -asegura el intendente-. No es una utopía pensar que esto sea un proyecto real”, dice en referencia a otras promesas oficiales que siempre quedaron en la nada, como la posibilidad de recuperar la mina de hierro cerrada en los años 90. “Sierra Grande ha adoptado este proyecto como propio. Lo va a defender desde el debate porque la gente se ha informado”, asegura.

-¿Por qué Sierra Grande necesita el puerto petrolero en Punta Colorada?

-Porque implica desarrollo y crecimiento. Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento. Desde el cierre de la mina en los años 90, hemos tenido un éxodo, pasamos de los 20.000 habitantes a casi 6.000. Hoy estamos entre 12.000 y 14.000 habitantes. Recuperamos habitantes con la nueva ley jubilatoria especial para los retirados y otros escenarios más. Sierra Grande tiene una media de edad un poco más elevada que el resto de las localidades. Los jóvenes terminan la secundaria y se van a estudiar o a trabajar a otro lado y los adultos mayores comienzan a venir para vivir en una localidad relativamente en paz y tranquila. No tenemos robos, no tenemos violencia y eso se da mucho por la participación del Estado. Nosotros no tenemos para bachear las calles o hacer obra pública, pero le damos contención a toda la comunidad. La gente siente destrato por parte de los gobiernos sucesivos, tanto provinciales como nacionales. Este sufrimiento lo venimos padeciendo, no tenemos un futuro para nuestros jóvenes. Entonces se genera esta suerte de depresión en la comunidad. 

-Hay muchas críticas al proyecto en localidades de la costa atlántica de Río Negro…

-Nosotros como gestores del Gobierno, tenemos que garantizar dos cosas: la cuestión ambiental y el cumplimiento irrestricto de la normativa, y si es posible, más, en materia de seguridad; y la capacitación y la formación de nuestros jóvenes para poder ser insertados en la actividad y que no tengamos que depender de algunos cuadros técnicos de otros lugares del país o del exterior.

-¿Cómo piensa lograr eso? Porque siempre es difícil en las localidades y las empresas que necesitan mano de obra calificada terminan trayendo personal de afuera y las promesas de prosperidad se agotan rápido.

-Se va a dar en un inicio. Nosotros tenemos una escuela técnica que nunca dejó de funcionar. Yo soy egresado de esa escuela, soy técnico electromecánico. Tenemos dos terminales: técnico electromecánico y técnico químico. Ya tenemos en análisis los programas de esas dos terminales con los profesionales de YPF y el Ministerio de Educación de la provincia. En la escuela secundaria comercial tenemos terminales en administración de empresas, biotecnología, como si lo hubiésemos planificado. Enseguida los jóvenes focalizaron ahí dijeron esta es nuestra posibilidad de poder estar acá, de poder vivir con mi familia, de tener mi casa en mi lugar de origen. 

-En Sierra Grande, la mina de hierro fue progreso económico, pero eso duró un tiempo y se agotó porque la mina cerró. Puede pasar lo mismo con el petróleo de Vaca Muerta, eventualmente. YPF puede cambiar de manos y de prioridades. Y Sierra Grande volvería a entrar en depresión, sin fuente de ingresos y con mucho riesgo ambiental. ¿Se debate eso en Sierra Grande?

-Sí, eso también nos genera a nosotros… lo que nosotros vemos es que estamos trabajando con la empresa YPF, que tiene la Fundación YPF, que hoy está invirtiendo en la conversión de las energías convencionales a las energías renovables. Nosotros queremos sumarnos a ese escenario. Vamos a capacitarnos, a estudiar para que el día de mañana podamos exportar hidrógeno en su variante de amoníaco a través de las mismas instalaciones que hoy pueden llegar a ser utilizadas para el petróleo. Así que estimamos que vamos a tener un futuro de continuidad del proyecto YPF. Vamos a tener un futuro de industrialización en Sierra Grande.

-El Golfo San Matías es considerado una joya de la provincia de Río Negro por su alto valor en biodiversidad y naturaleza. Ustedes tienen Playas Doradas, un balneario en el golfo, un lugar hermoso, que va a estar a escasos kilómetros del puerto petrolero de Punta Colorada. ¿Por qué arriesgar eso y por qué nunca fue suficiente para poder sostener económicamente a la localidad, como sí sucede en la vecina Las Grutas?

-Playas Doradas es un destino emergente, tiene un desarrollo urbanístico de más de 9.000 lotes, de los cuales 6.000, 6.500 estarían construidos y puestos al servicio de los turistas. Hay restaurantes, hoteles, departamentos de alquiler, complejos. Está en construcción un centro comercial. Tiene gas, luz, agua, cloacas. Está creciendo a pasos agigantados. Lindero al norte tenemos el Parque Nacional Islote Lobos, el Parque Nacional número 40, el segundo en nuestra provincia y el único que tiene jurisdicción marino-terrestre o marino-costera, que fue una gestión nuestra. Este alberga una clase de lobo marino única. También tenemos la colonia más al norte del hemisferio sur del pingüino de Magallanes, una infinidad de variedades de aves y la desembocadura del arroyo Salado al norte. Estamos conviviendo con eso. Trabajamos mucho en la cuestión ambiental, porque nosotros vamos a pelear por el desarrollo industrial y para eso nosotros tenemos que tener organizada nuestra visión de la custodia del medioambiente. Tenemos la Meseta de Somuncura, tenemos avistaje de cóndores. Sierra Grande buscó el desarrollo del turismo después del cierre de la mina. Nos faltaba infraestructura. ¿Entonces, cuál era nuestra oferta turística para entrar en el corredor entre Puerto Madryn y Las Grutas? Era el turismo aventura, diríamos, el turismo rústico, muy vinculado al medioambiente.

-También hay preocupación y cuestionamientos, especialmente de los científicos y ambientalistas que buscan la conservación de las ballenas francas australes y de otras muchas especies marinas de Pensínsula Valdés (Chubut) y el Golfo San Matías a las que el tráfico marítimo y un hipotético derrame, aunque sea pequeño, impactaría de lleno. En una terminal portuaria existe la posibilidad de accidentes, de derrames grandes o pequeños. ¿Qué dice sobre esas posibilidades?

-La verdad es que me gustaría que hubiesen participado de la audiencia. No tuve ningún acercamiento, no he tenido un solo llamado telefónico, una nota, algo que a mí me diga cuál es su reclamo. Por eso te voy a hablar muy general y voy a ser muy amplio. Por lo que he escuchado en los medios, la preocupación es que el tráfico naviero puede generar problemas con las ballenas, que se chocan con los barcos, que suceda algún accidente. Bueno, yo le quiero decir a la gente del Chubut que en Sierra Grande, este proyecto puntual va a generar un tráfico naviero de 60 buques por año, como mucho, durante los primeros cinco años, versus 2.700 buques que entran y salen de los puertos de Puerto Madryn. 2700 versus 60. Estamos hablando de 2.700 y las ballenas cada vez son más y cada vez tienen más cría y cada vez turísticamente las explotan más (nota de la redacción: la población de ballenas francas australes ha crecido desde que se prohibió su cacería y gracias a los esfuerzos por su conservación, pero este aumento se ha desacelerado en los últimos años). No hay una colisión entre los intereses. El riesgo ambiental existe, pero es improbable. ¿Nos puede pasar? No sé. Los riesgos de derrame son improbables con las nuevas tecnologías. Si las mangueras interiores que llevan el caudal de petróleo tienen alguna falla, el crudo queda contenido en una segunda manguera (del oleoducto). Vienen al Golfo San Matías a decir que no se haga esto, pero en el Golfo San Jorge (Chubut) tienen boya desde hace 50 años operando petróleo. Entonces que no nos vengan a decir a nosotros los rionegrinos y los sierrarandenses qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. No somos estúpidos, estamos formándonos en este nuevo escenario, nos estamos capacitando. No nos traten de estúpidos, decir que nosotros por dos puestos de trabajo vamos a contaminar el Golfo es una gran mentira

-Le hubiese gustado escucharlos pero los chubutenses no pudieron venir a la audiencia a exponer ni a debatir porque no tienen domicilio en Río Negro y era una condición sin excepción para poder participar. ¿Estuvo de acuerdo con esa condición?

-No es si estoy de acuerdo o estoy en contra. Es la ley de Río Negro, que así lo establece para las audiencias públicas. No podemos cambiar una ley, pero hubiesen buscado interlocutores rionegrinos que puedan participar, ellos están conectados. Lo que pasa es que detrás del cartel de ambientalistas hay intereses creados. 

-¿Cómo cuáles? 

-Intereses económicos. La que primero vino a motorizar una acción contraria fue Greenpeace, financiada, entre otros, por Shell. (elDiarioAR se comunicó con Greenpeace y la organización negó haber recibido o recibir aportes de Shell. Además aclaró que la ONG no acepta aportes de empresas, gobiernos o partidos políticos, solo se acepta aportes de individuos). Hay intereses económicos detrás para que esto no se logre, no se haga o se haga en otro lugar, porque hay una puja de lo que esto genera en materia económica de otras comunas, de otras localidades, de otras provincias. Entonces, creo que por ahí vienen también y se escudan en los derechos ambientales o en la lucha ambiental.

-En el caso de los habitantes de Las Grutas, de San Antonio Oeste, que se dedican a la pesca artesanal, al turismo, ¿no cree que es genuina esa preocupación? ¿Qué relación podrían tener con supuestos grandes intereses económicos?

-Claro, pero que me expliquen el daño ambiental que está provocando ALPAT (la planta industrial de la empresa “Álcalis de la Patagonia”, del empresario Cristóbal López, que produce carbonato de sodio). Que expliquen los derrames que están teniendo en el Golfo San Matías, cómo están generando contaminación en la costa, cómo está cambiando la fisionomía del Golfo. Que vengan, que participen de la audiencia pública. Ellos tienen todas las posibilidades de hacerlo. 

-Ellos se retiraron de la audiencia pública porque no dejaron entrar a todos los que venían a expresarse…

-¿Quién dijo que no podía entrar? La persona que entró fue la que protestó y entró.

-Vimos que entraron sólo algunos y a otros la policía les impidió ingresar.

-No es que no pudieron entrar. El tema es para qué querían entrar. Esto es un ambiente de escucha, de respeto. Nosotros tenemos que incorporar conocimiento. Anotar las dudas y plantearlas en el turno de cada uno. No hay “oleoducto sí” o “oleoducto no”, no es un plebiscito. Entonces, si vienen en esa sintonía, van a tener todos los derechos consolidados como lo marca nuestra Constitución provincial. No vienen con esos términos. No pueden participar a los gritos faltando al respeto. Que todos podamos construir un consenso y que todos podamos vivir y explotar el Golfo. Ellos lo están explotando también a través de sus actividades económicas, ¿por qué nosotros no? ¿La gente de San Antonio es superior intelectualmente a la gente de Sierra Grande? No, me parece que hay que bajar, participar, informarse, interiorizarse y no vender espejitos de colores para fundamentar una idea o una acción.

-¿Usted cree que eventualmente las actividades menos invasivas para el Golfo San Matías, por ejemplo, el turismo en Playas Doradas, serían una mejor opción? ¿No cree que esa opción le da más poder a Sierra Grande para no depender de ninguna empresa?

-El poder económico industrial va de la mano del desarrollo turístico. Mirá Florianópolis. ¿Quién no quiere ir a esa playa elite de Brasil? Tiene dos monoboyas (como las que se instalarán en el puerto petrolero de Punta Colorada). Lindero con la costa de Uruguay, lo mismo. Entonces, convive el turismo. ¿Quién no quiere ir al Caribe? Tienen 35 boyas de carga y de descarga. Nosotros no vemos que haya una irrupción del desarrollo industrial sobre el desarrollo turístico. Es más, se puede potenciar. Y ahí tenemos que apuntar los cañones. Sobre las zonas protegidas ambientalmente no va a haber ninguna actividad. 

-Javier Milei ganó las PASO en Río Negro, al igual que en las otras cuatro provincia patagónicas, todas clave para la política de hidrocarburos: Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Usted contó que en su localidad Unión por la Patria ganó raspando las elecciones. Milei salió segundo por muy pocos votos. ¿Qué lectura hizo de esos resultados? 

-Creo lo mismo que piensan todos, que hay un hartazgo, pero no creo que sea el hartazgo el motor. Yo creo que la política tiene una deuda muy grande con la sociedad, no ha podido resolver los problemas. Milei capitalizó el antisistema. Entonces ven a los radicales, a los peronistas, a todos en la misma bolsa, todo es lo mismo. Los que estamos defendiendo nuestra política chiquita, nuestra idea de gobernar, como nosotros gobernamos, como peronistas, con ampliación de derechos, con un fortalecimiento del Estado, entramos todos en la misma bolsa versus Milei. Y no te digo que la gente vota sin saber. Lo que digo es que tengo que dar el debate. Tenemos que escuchar. La política tiene que reflexionar, tiene que tomar en cuenta el sentir de la gente. Creo que lo está haciendo de manera notoria, rápida, pero de manera compulsiva por el resultado de las elecciones. Si no hubiésemos tenido este tirón de orejas, quizá los cambios se producirían más laxamente. Como conductor de una localidad pequeña, no tengo las herramientas para poder hacer frente a una transformación, que es lo que el pueblo quiere.

Nota: se corrigieron errores de tipeo el 26 de febrero de 2024.

ED/DTC

La audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Sur comenzó este jueves con escenas de tensión y enfrentamientos en la localidad de Sierra Grande, en el sudeste de Río Negro, donde se debaten los alcances e impactos sociales, económicos y ambientales de la obra y su terminal portuaria, pensadas para la exportación de crudo de la Cuenca Neuquina. El operativo de seguridad incluyó al grupo especial COER de la policía de la provincia.

Más de 400 personas ingresaron por la mañana al gimnasio Vuta Mahuida de esta localidad de más de 12.000 habitantes para escuchar la exposición de la petrolera YPF —a cargo del proyecto—; la de los funcionarios de la gobernación —desde el vicegobernador, Alejandro Palmieri, hasta la defensora del Pueblo, Adriana Claudia Santagati—; y las de las consultoras de impacto ambiental. 

La audiencia fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Dina Migani, y el objetivo fue exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras. También debían exponer los detractores de la iniciativa, pero ante la imposibilidad de que todos ingresaran y la llegada de un grupo a favor de las obras con banderas del sindicato de la construcción decidieron replegarse y retirarse de la audiencia.

elDiarioAR se encuentra cubriendo la audiencia pública de este jueves y viajará por los próximos dos días a distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías, eje de los desencuentros y enfrentamientos entre distintas localidades de la costa atlántica de la provincia. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Al menos 145 personas estaban inscriptas como promotores del proyecto, invitados y oradores para exponer su postura sobre el oleoducto y la terminal portuaria de Punta Colorada, pero finalmente sólo expusieron quienes apoyan el proyecto. Todos los invitados por los organizadores se manifestaron a favor del oleoducto y su puerto. Es decir, no hubo ninguna voz crítica invitada por la Secretaría de Ambiente. En Sierra Grande la decisión ya está tomada.

No todos los oradores pudieron ingresar a la audiencia, a pesar de que el lugar aún tenía capacidad para 15 personas más, según presenció este medio en el ingreso. 

La situación generó malestar con la policía y provocó el pico de tensión de la jornada, cuando en medio de la audiencia, una manifestante, la docente Cecilia Salcedo, de Las Grutas, interrumpió el discurso de apertura de la secretaria de Ambiente para exigir el ingreso de sus compañeros y reclamó que el acto oficial no era democrático.

La funcionaria ordenó a la policía a viva voz que sacara a la mujer del lugar, mientras la manifestante era abucheada y acallada por cientos de personas presentes en la audiencia. Luego, se acercó a la docente Salcedo para intercambiar unas breves palabras y regresó al escenario.

Una razón para apoyar el proyecto pese a las advertencias sobre su impacto ambiental

En Sierra Grande, un amplio sector apoya las obras y tiene la esperanza de que ayude a recuperar la economía de la localidad, que vivía de una mina de hierro hasta que la minera abandonó el emprendimiento. 

Sierra Grande también intenta progresar en el rubro turístico, ya que cuenta con las hermosas Playas Doradas, que ahora serán vecinas a la terminal portuaria del oleoducto. 

“Sierra Grande es una comunidad que estuvo 30 años postergada en desarrollo y crecimiento. Desde el cierre de la mina, en los años 90, hemos tenido un éxodo de la población, especialmente de los jóvenes. Pasamos de 20.000 habitantes a casi 6.000 y hoy estamos entre los 12.000 y los 14.000”, explicó Renzo Tamburrini (Frente de Todos), el intendente de la localidad, que apoya las obras porque asegura que los controles serán estrictos y que la naturaleza, el turismo y el puerto petrolero podrán convivir, como lo han hecho con el puerto minero vecino.

“Digo sí a YPF para que haya trabajo y cumplir con este sueño de progreso”, dijo una de las vecinas de Sierra Grande en la audiencia, poco después de lanzar un panorama que explica gran parte del apoyo de la localidad al proyecto: la mayoría de sus habitantes es empleado estatal o municipal, algunos mineros y marineros, y el resto, beneficiarios de planes sociales. No quieren que sus hijos abandonen la casa en busca de trabajo. Su testimonio se replicó en decenas de vecinos que hablaron al final de la audiencia.

“En la Patagonia existe un desafío adicional (al ambiental): internalizamos los costos pero no vemos los beneficios, tanto en recursos energéticos como riquezas naturales”, afirmó Adriana Santagati, defensora del Pueblo de la provincia. “Deben existir garantías de que no cargaremos con los costos mientras otros se llevan los beneficios”, agregó, y dijo que “los derechos humanos deben ponerse en el centro de cualquier proyecto productivo”.

“Fuera hippies”  

La audiencia pública es un requisito legal para lograr la autorización de las obras. El objetivo era que YPF y las tres consultoras que realizaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) expusieran los aspectos técnicos del proyecto frente a la ciudadanía y que se escucharan también las voces disidentes, que rechazan el proyecto en base a argumentos medioambientales, sociales y económicos.

“Esta es la obra más importante de los últimos 30 años en la energía de la Argentina. El 90% del petróleo hoy se produce en Vaca Muerta y hoy usamos tres veces menos de dólares para importar energía”, dijo durante la audiencia Federico Califano, gerente de Asuntos Externos de YPF en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Algunos de los manifestantes que no pudieron ingresar son personas de otras dos localidades, Las Grutas y San Antonio Oeste, nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías, quienes rechazan la instalación de una terminal petrolera en esta zona del Mar Argentino.

Afuera del gimnasio, el cuadro se completó con la llegada de otras 50 personas con banderas amarillas del sindicato de la construcción, Uocra, y un enfrentamiento de bombos y cánticos entre la Multisectorial y el gremio, separados por dos líneas de policías.

Quienes rechazan el oleoducto se replegaron hasta que decidieron retirarse y congregarse en una asamblea en Las Grutas, a unos 120 kilómetros. 

Los abanderados de la Uocra se presentaron para impedir el acercamiento de la Multisectorial a la sede de la audiencia y manifestar su apoyo al oleoducto y la terminal portuaria. “Fuera hippies”, gritaban bajo la lluvia torrencial a los manifestantes que rechazan las obras, emprendedores del turismo, la pesca artesanal, académicos y artistas.

Los manifestantes de la Uocra también gritaron cánticos contra los dirigentes de la comunidad mapuche-tehuelche que integran la Multisectorial y rechazan el proyecto. “La mayoría de ellos también son mapuches. Lo que pasa es que el Estado no ha permitido un proceso identitario después de un genocidio”, respondió Orlando Carriqueo, werken (vocero) y referente del Pueblo Mapuche en Río Negro. 

“No hay consentimiento para el oleoducto porque no tenemos información, porque tiene que haber un proceso que se llama consulta libre, previa e informada [con las comunidades originarias]. Se lo hemos hecho saber a YPF, se lo hemos hecho saber al Gobierno de Río Negro”, afirmó Carriqueo.

Sierra Grande

Sierra Grande se ubica dentro del departamento San Antonio, al que se llega por la ruta nacional 3. La localidad, de más de 12.000 habitantes, está al sur de Viedma y al norte de Puerto Madryn, Chubut, y a unos 28 kilómetros de la costa atlántica, donde se encuentra el balneario Playas Doradas, uno de los paraísos del Golfo San Matías. A esa misma altura se ubica también Punta Colorada, donde se construirá la terminal portuaria para la carga del crudo que traerá el oleoducto hasta estas costas.  

La mayoría de los manifestantes de la Uocra consultados no quieren explicar por qué apoyan el proyecto. Uno de los hombres que sostiene una de las banderas accedió y explicó: “Vivo de changas, no tengo trabajo y este proyecto va a traer trabajo”. Una vecina acompaña a los manifestantes de la Uocra en la puerta del gimnasio. Explicó a elDiarioAR que apoya el proyecto de YPF porque dirige un comedor en Sierra Grande y quiere que los padres de los niños y niñas que acuden a comer a su espacio tengan trabajo y futuro.

El oleoducto y su terminal portuaria son apoyados por los sindicatos locales —desde los médicos y los maestros hasta la construcción— y también por sectores empresarios, como la asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Exportadores (CERA). A nivel provincial, el proyecto es motorizado desde el Frente de Todos hasta Juntos por el Cambio.

Ambas fuerzas políticas votaron de manera exprés la modificación de la ley 3.308 en agostó de 2022 para poder habilitar el transporte de hidrocarburos en la costa atlántica de la provincia. “Es una irresponsabilidad porque Río Negro no puede ni fiscalizar las cloacas de Viedma”, dijo Pablo Barreno, legislador del Frente de Todos y el único que votó en contra durante la primera vuelta de la votación en agosto del año pasado. 

El vicegobernador Palmieri sostuvo que “esta obra se podía hacer tranquilamente en cualquiera de las otras provincias que tienen salida al Mar Argentino”. “En esas provincias (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) está permitido todo y acá estaba prohibido todo proyecto de hidrocarburos. Nos teníamos que sentar a analizar si nosotros estamos a contramano o el resto de las provincias. Aprobamos la flexibilización de la ley”, dijo el funcionario.

En la audiencia pública, al momento de exponer, el referente de la CGT Atlántica, Damián Miler, dijo que sólo saludaba a los rionegrinos presentes. Es que en esta porción de la Patagonia, las imposiciones “externas”, acertadas o equivocadas, caen pesadas. Muy pesadas para una localidad que se siente abandonada por la Provincia y la Nación. Pero su decisión sobre el oleoducto y el puerto sí podría tener consecuencia para los “de afuera”. Un posible derrame de crudo, producto de un accidente en el futuro oleoducto o terminal portuaria, es el principal temor de un grupo de científicos, ambientalistas y conservacionistas de Río Negro y Chubut.

“No hay que dejarse emocionar por una foto que muestra un derrame, hay que exigir el cumplimiento de normas nacionales e internacionales, y estoy seguro que tanto la Provincia como la Nación lo harán”, afirmó Juan Carlos Martin, legislador de Juntos por el Cambio, invitado en la audiencia.  

“El riesgo de derrame en el golfo y el riesgo para Península Valdés es elevadísimo. Afecta a la ballena franca austral y a los pingüinos magallanes, a la biodiversidad en general. Desde lo económico se generarán pocos empleos asociados sólo a la construcción, por un plazo corto y el potencial de destrucción de empleos del turismo y la pesca es mayor”, aseguró Ariel Slipak, de la ONG ambientalista FARN. 

La terminal portuaria

Nuestra cotidianeidad gira en torno al petróleo. El buzo de polar, la lapicera, la computadora portátil en la que se escribe esta nota, el teléfono celular, el cargador, la funda del teléfono celular, el protector de la pantalla del teléfono celular, la mochila, la tapa del termo, la tarjeta de débito, el shampoo, el dentífrico, la bolsa de la basura, el mango de la pava, la perilla de la cocina, el blister de la aspirina, el combustible del avión, del micro, el auto para llegar a Sierra Grande, la bandera argentina, el envoltorio del alfajor. Este viaje no sólo giró explícitamente alrededor del petróleo.  

“Va a ser el puerto petrolero más moderno del mundo”, aseguró Francisco Pinilla, de ERM Consultora, seleccionada por YPF para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la terminal portuaria y las instalaciones aledañas. “Estamos rodeados de unidades de conservación que sabemos que son importantes”, afirmó el consultor. El Golfo San Matías está directamente conectado con Península Valdés, un área natural protegida única en el mundo, y con otras tres áreas protegidas: el Parque Nacional Islote Lobos, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.

“No sabemos qué va a ocurrir pero podemos ver y describir matrices, impactos y mitigaciones”, explicó a la audiencia. También dijo que su equipo estuvo tres semanas evaluando la zona, entre febrero y marzo último.

El Golfo San Matías se extiende por más de 300 kilómetros y Punta Colorada se encuentra aproximadamente en la mitad del golfo, afirmó. También dijo que evaluaron desde el impacto acústico hasta las mareas y corrientes —clave para entender los riesgos de un hipotético derrame—, el impacto en especies, en las personas y el patrimonio natural y cultural de la zona. 

El oleoducto tendrá casi 600 kilómetros de longitud y conectará la zona productiva en la provincia de Neuquén con la costa atlántica en Río Negro, donde conectará con el puerto exportador. “Su objetivo es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años”, afirmó YPF en un video institucional.

Nota: esta nota se modificó el 18 de agosto de 2023 a las 18:24 para corregir el nombre de la localidad San Antonio Oeste, que figuraba como San Antonio Este.

ED/JJD

Sierra Grande, Río Negro.- El oleoducto Vaca Muerta Sur y su terminal portuaria en Punta Colorada, provincia Río Negro, son una de las apuestas del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa (Unión por la Patria), y de otros varios candidatos a la Presidencia, que apuestan a la expansión de la frontera hidrocarburífera en Vaca Muerta y el Mar Argentino. El proyecto es rechazado por parte de las comunidades costeras que viven del turismo y la pesca artesanal, científicos, ambientalistas y conservacionistas, quienes advierten que será una amenaza inminente para la vida en el océano y las costas. 

Punta Colorada, donde se construirá la terminal portuaria para la carga del crudo, se encuentra en el Golfo San Matías, una de las joyas del Atlántico, directamente conectado con Península Valdés, un área natural protegida única en el mundo.

Este jueves, el oleducto y la terminal portuaria tendrá una jornada clave: en una audiencia pública en la localidad de Sierra Grande, Río Negro, la petrolera a cargo del proyecto, YPF, expondrá los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental de ambas obras. También expondrán los detractores de la iniciativa. Se esperan más de 100 oradores y aún no está claro si podrán exponer en su totalidad durante el día o deberá llamarse a un cuarto intermedio. YPF asegura que el proyecto se realizará con “los más altos estándares nacionales e internacionales”.

elDiarioAR cubrirá la audiencia pública de este jueves y viajará por los próximos dos días a distintos puntos de Río Negro y Chubut conectados directamente con el Golfo San Matías y lo que sucede y sucederá en las aguas de esta porción del Mar Argentino. El viaje fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

El turismo, la ciencia, la pesca y la vida en las ciudades y pueblos enfrentados con el oleoducto y su terminal portuaria serán clave también para este proyecto.

Están aquellos decididos a defender el “golfo azul”, los alertados, los movilizados, los atemorizados por el destino de su mar y su forma de vida y subsistencia; o aquellos esperanzados con la posibilidad de trabajo y prosperidad económica en la instalación de un proyecto petrolero. También están los indiferentes.

Una jornada particular 

La audiencia pública fue convocada por la Secretaría de Ambiente de Río Negro y es un requisito legal para poder avanzar con las obras, que tiene tres tramos del oleoducto (comienza en Neuquén, en Vaca Muerta, y finaliza en Punta Colorada, Río Negro), una terminal de tanques en la costa y dos monoboyas en el mar, desde donde se conectarán los buques para cargar el crudo.

El clima en torno a la audiencia y el proyecto es de pura tensión. Entre los sectores a favor, además de un gran sector de Sierra Grande, se encuentra el sindicato de la construcción, Uocra de de Río Negro, que defiende el proyecto por la promesa de creación de puestos de trabajo.

La oposición a las obras congrega no sólo a las comunidades locales sino también a las principales organizaciones ambientalistas del país, entre ellas las integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico: AquaMarina, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Cambio Democrático (FCD), Fundación Patagonia Natural (FPN), Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), Global Penguin Society (GPS), Greenpeace Argentina, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), ProyectoSub, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina). También se opone la ONG Abogadxs Ambientalistas, 350.org y la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a las comunidades costeras de la zona, entre otras.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, explicó el Foro en un comunicado.  

Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Aliados

En donde hubo coincidencia es en los distintos sectores políticos de la provincia de Río Negro. Tanto la mayoría del Frente de Todos como Juntos por el Cambio posibilitaron en alianza con la gobernación de Arabela Carrera la modificación de la legislación provincial que prohibía este tipo de proyectos hidrocarburíferos en el Golfo San Matías desde 1999.

Luego de la audiencia, la Secretaría de Ambiente de Río Negro deberá analizar los estudios de impacto ambiental y las presentaciones de los oradores en contra y a favor del proyecto, aunque la obra parece un hecho consagrado. YPF ya lo da por hecho y lo anunció en un video institucional. La mitad del primer tramo, localizado en Neuquén, ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado por Ambiente de dicha provincia, tras una audiencia pública que generó denuncias y cuestionamientos por el incumplimiento de la ley para supuestamente evitar la participación de la ciudadanía que se opone al proyecto.

Sierra Grande

Para el Gobierno Nacional y sus sucesores, así como para el gobierno de Río Negro y para YPF, el proyecto es el salto al mercado internacional de crudo. El objetivo del oleoducto y su terminal portuaria es exportar crudo excedente de la Cuenca Neuquina. Para los dos próximos gobiernos, sería una forma de garantizar el ingreso de divisas del exterior a partir de 2026, ya que la exportación está planificada para iniciar dentro de tres años. 

También es una apuesta para Sierra Grande, una ciudad del sudeste de Río Negro, dentro del departamento San Antonio, a la que se llega por la ruta nacional 3. Se ubica al sur de Viedma y al norte de Puerto Madryn, Chubut, y a unos 28 kilómetros de la costa atlántica, donde se encuentra el balneario Playas Doradas, uno de los paraísos del Golfo San Matías.

A unos 50 kilómetros de Sierra Grande, sobre la costa, se encuentra el Complejo Islote Lobos, un área protegida de unas 4.000 hectáreas.

La Secretaría de Ambiente de Río Negro convocó a la audiencia pública en esta localidad porque es de las poblaciones más grandes en las inmediaciones de Punta Colorada, donde se construirá la terminal de tanques para almacenar el crudo de Vaca Muerta que transporte el oleducto desde la Cuenca Neuquina y la terminal portuaria para que los buques extranjeros carguen el petróleo en el mar del golfo San Matías.

Sierra Grande vivió durante unas décadas del Yacimiento de Hierro de Sierra Grande. La economía de la zona creció en torno a la mina de hierro desde finales de la década de 1960. Contaba con plantas de preconcentrado y concentrado, un ferroducto, talleres de mantenimiento, un área industrial y embarcadero. Sin embargo, la mina de hierro cerró. 

A diferencia de localidades costeras de Río Negro como Las Grutas, Sierra Grande se concentró en la mina de hierro y no explotó a fondo el turismo, si bien se realizan avistaje de cóndores en el mar, astroturismo, trekking y cuenta con la meseta de Somuncurá, una extensa formación de unas 1.600.000 hectáreas con características paisajísticas particulares.

Golfo Azul

Fabricio Di Giácomo es uno de los referentes de la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a habitantes de dos localidades cercana a Punta Colorada, Las Grutas y San Antonio Este, ambas ubicadas a unos 120 kilómetros al norte de donde se instalará la terminal portuaria para el oleoducto. 

La Multisectorial congrega a ciudadanos que viven del turismo, la conservación y la pesca en el golfo San Matías. También se sumaron la Pastoral Social de la Iglesia Católica, y comunidades originarias, como el pueblo mapuche.

Alguno de los ciudadanos que integran la Multisectorial, como la bióloga Raquel Perrier, madre de Di Giácomo, habían logrado detener la instalación de proyectos petroleros en la zona durante la década de 1990 cuando consiguieron la sanción de la ley 3.308, que prohibió cualquier tipo de tránsito de hidrocarburos por la costa del Golfo San Matías. Sin embargo, esa ley fue modificada en tiempo exprés en agosto de 2022 y se aprobó una nueva ley en septiembre que habilitó el proyecto Vaca Muerta Sur.

“Consideramos que es un proyecto que puede poner en riesgo la vida tal como la conocemos las comunidades costeras del Golfo San Matías y Península Valdés”, aseguró Di Giácomo a elDiarioAR. “Vivimos en relación directa con el mar, es nuestro hogar. La pesca y el turismo son actividades esenciales, regionales, sostenibles en el tiempo, que se vienen desarrollando de manera ininterrumpida hace muchos años, justamente gracias a la ley 3.308 y hoy peligra no solamente la fuente de trabajo, no solamente nuestra forma de vida, sino también un ambiente único como el Golfo San Matías y Península Valdés, con especies protegidas, con áreas naturales protegidas, con parques nacionales, declarados Patrimonio de la Humanidad, como el caso de Península Valdés”, agrego el referente de la Multisectorial.

Contra la audiencia

La Multisectorial se presentará este jueves en la audiencia pública, pero la rechazan. “Decidimos presentarnos, no para validar la audiencia, sino para contemplarla como un hecho político y poder tener una instancia donde la gente, el Gobierno e YPF se enteren que somos muchos y muchas quienes no queremos contaminación en nuestro Golfo San Matías y en nuestra Península Valdés, que queremos un mar libre de petroleras”, afirmó Di Giácomo.

“Consideramos que la audiencia es fraudulenta, que es una farsa, un simulacro de participación, que no respeta nuestro derecho a la participación y el acceso a la información pública”, dijo Di Giácomo a elDiarioAR a pocas horas de congregarse en Sierra Grande jnto a otros integrantes de la multisectorial y de organizaciones ambientalistas. 

“Creemos que se está haciendo todo lo posible para impedir que la gente se pueda pronunciar y manifestar desde el comienzo, desde la modificación de la ley 3.308 de manera inconstitucional -que se hizo sin permitir el ingreso del público a la legislatura de Río Negro-, con un proyecto de ley bajado desde YPF, como lo contaron los mismos legisladores y legisladoras”, afirmó el referente de la Multisectorial.

Los opositores al proyecto tambien se oponen a la audiencia de este jueves porque cuestionan varios puntos en torno a ella, como, por ejemplo, que no se permitió que ciudadanos de otras provincias, como Chubut, pudieran exponer contra el proyecto y que el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional “no hayan realizado la  consulta previa a los pueblos originarios y a comunidades locales, como marca la legislación vigente; presentar el Estudio de Impacto Ambiental -que es lo que se va a exponer en la audiencia- de unas 4.000 páginas en un formato obsoleto intencionadamente, ya que imprimieron un documento digital en PDF, lo escanearon y lo subieron al acceso público para evitar así el correcto análisis del documento por parte de la ciudadanía”, aseguró Di Giácomo. 

La única forma de analizar cuestiones puntuales relacionadas con cómo puede afectar a los habitantes y el ecosistema de Las Grutas o Península Valdés en el Estudio de Impacto Ambiental es leer las 4.000 páginas, ya que no permite motores de búsqueda pero siempre y cuando sea posible descargar el archivo de 2 GB. Al ser en formato imágen su descarga ha sido difícil o impracticable, sostuvo Di Giácomo. La otra forma de leerlo era en formato CD, otra opción obsoleta. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades descargarlo, sin éxito.

“Algunas hojas del estudio son ilegibles, otras están escritas en inglés y en lenguaje muy técnico. Es una muestra verdadera de desinterés por parte de la Secretaría de Ambiente y el Gobierno de Río Negro de que la gente realmente se informe y tome conciencia del impacto que podría llegar a tener este proyecto”, aseguró Di Giácomo.

Nota: esta nota se modificó el 17 de agosto de 2023 a las 21:11 para corregir la cantidad de páginas del Estudio de Impacto Ambiental de 4.000 páginas y no de unas 5.000. También para dejar asentado que la mina de hierro cerró pero no por el agotamiento del recurso.

ED/DTC

Raquel Perier, doctora en Biología, creía que a sus 71 años estaría con sus cursos de cine y lectura, disfrutando de su jubilación, pero el desarrollo de Vaca Muerta la ha arrastrado nuevamente a una pelea que creyó ganada: frenar el avance de la frontera hidrocarburífica en el Golfo San Matías y la costa atlántica de su provincia, Río Negro.

Especialista en peces –sobre todo merluza, rayas, tiburones y pez gallo del Mar Argentino– trabajó durante casi cuatro décadas codo a codo con su esposo, el también doctor en Biología, Edgardo Di Giácomo, fallecido en 2019. Juntos investigaron y enseñaron en la Universidad Nacional del Comahue e integraron el Instituto de Biología Marina en Río Negro. 

Perier y su esposo trabajaban y vivían con sus niños frente al mar, en San Antonio Oeste, una localidad cercana a Las Grutas, uno de los balnearios turísticos de la provincia patagónica en el que un sector de la población resiste la llegada del oleoducto Vaca Muerta Sur, que se instalará a unos 120 kilómetros al sur, en Punta Colorada.

El próximo jueves 17 de agosto se celebrará una audiencia pública en la localidad de Sierra Grande, cercana a la zona donde se construirá la terminal, para exponer los detalles del proyecto y los estudios de impacto ambiental. 

Entre 1995 y 1999, Perier, su esposo y un grupo de científicos de Río Negro lograron junto a un sector de la sociedad una ley provincial que garantizó que en la costa atlántica de la provincia no se pudiera instalar ningún proyecto petrolero. En septiembre de 2022, 23 años más tarde, la legislatura de Río Negro modificó esa ley por una amplia mayoría y sancionó una nueva normativa que permitirá a YPF desarrollar la terminal del oleoducto Vaca Muerta Sur en Punta Colorada.

“Era otro momento político, porque YPF era una empresa privatizada. Estábamos en la década de Menem y el gobierno provincial estaba en contra de que YPF hiciera ese proyecto. Así que toda la comunidad científica, más toda la comunidad en general, y todo el arco político nos unimos para que esto no saliera. Juntamos firmas y se las entregamos al Presidente”, afirma Perier en diálogo con elDiarioAR. 

Sin embargo, casi un cuarto de siglo después de haber ganado la batalla, debe volver a darla. Esta vez la acompaña su hijo, Fabricio De Giácomo, uno de los referentes de la Multisectorial Golfo San Matías, que congrega a quienes se oponen al proyecto del oleoducto, entre ciudadanos, comerciantes, emprendedores del turismo de Las Grutas y otras localidades, ambientalistas y miembros de la Iglesia. 

“La zona de Punta Colorada tiene algunas condiciones particulares como la profundidad de sus aguas que permitirá el ingreso de grandes buques de exportación”, explicó YPF ante la consulta de elDiarioAR sobre la elección de la zona para construir la terminal del oleoducto, a donde llegarán los barcos extranjeros para cargar el crudo de exportación de Vaca Muerta. Se estima que será dentro de tres años.

“Son los denominados buques VLCC (Very Large Crude Carrier) que hoy no pueden operar en ninguna terminal del país (hay otras seis). Además, la distancia con la zona central de Vaca Muerta es más corta que en otras alternativas analizadas”, respondió la petrolera argentina. También sostuvo que se eligió esta zona porque “las condiciones hidrodinámicas permitirán que la terminal pueda operar el 98% del tiempo”.

YPF agregó que la zona tiene un antecedente de exportación de hierro a través de un puerto mineralero, lo que hace que la zona ya tenga historia de producción industrial y sea más apta para el desarrollo de capacidades industriales. La mina dejó de funcionar hace años, pero en el puerto minero continúan amarrando barcos esporádicamente.

YPF asegura que funcionará con los “mejores estándares internacionales”, pero Perier y otros habitantes de la zona turística de Río Negro temen que el oleoducto y la terminal portuaria traerán contaminación irreversible. 

No alcanzo a comprender porque el personal científico permanece callado sobre el Oleoducto Vaca Muerta Sur

–¿Cómo resumiría el posible impacto a la biodiversidad?– le preguntó elDiarioAR

–No solamente hay que pensar en la actividad dentro de cada golfo, sino la conectividad entre uno y otro. Por ejemplo, la ballena franca austral viene de la zona de Península Valdés y en su camino hacia el norte aprovechan la subida a partir de julio y se acercan mucho a la costa, entre los 5 y los 15 metros de la costa, y lo hacen con sus ballenatos. Provocarles contaminación a los ballenatos, que son más vulnerables que las ballenas adultas, provocaría no poder sostener el “stock” de ballenas en las próximas generaciones, porque estás provocando la muerte de los ballenatos en un momento en que todavía no se han apareado y por lo tanto no hay reproducción de la especie. Se estima que en este lugar pasan entre 1.000 y 1.200 ballenas francas, de las 5.000 o 6.000 que se piensa que están en toda la zona. Se cree que se necesitaría un año de estudios e investigaciones, de muestreos, para determinar cuál sería el verdadero impacto de todo esto.

Simulacro de derrame

La Multisectorial Golfo San Matías, que llevó este caso ante la Corte Suprema de Justicia –aún sin novedades en el tribunal–, realizó el simulacro virtual de un hipotético derrame en el golfo San Matías.

El simulacro se realizó a través de la plataforma de un organismo oficial de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), una agencia científica que depende del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y cuya misión es monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera.

El NOAA desarrolló una plataforma abierta en su sitio oficial que permite introducir distintas variables, como el viento, la marea, la época del año, el punto geográfico y el tipo de crudo para simular cómo podría evolucionar un posible derrame en cualquier zona del mundo.

El resultado difundido por la Multisectorial arroja que, de ocurrir un derrame en la zona de la terminal portuaria de Punta Colorada, Río Negro, durante principios de julio, el crudo podría no sólo extenderse dentro del golfo San Matías sino también hacia el norte y el sur a lo largo de los días siguientes, expandiendo una hipotética mancha negra, primero hacia el norte, cerca de Viedma; luego hacia el golfo San José, en Península Valdés, hasta aguas internacionales; y más tarde un poco hacia el sur. 

–¿Cómo fue esa pelea en los 90? ¿Cómo lograron la ley?

–Todo empezó con un rumor a mediados de los 90, cuando gobernaba (Carlos) Menem. Supimos que YPF pensaba abrir un puerto petrolero en el Golfo San Matías, que vendría desde Rincón de Los Sauces, en Neuquén, y que llegaría justo frente a Las Grutas, del balneario. Y en ese momento nosotros éramos una comunidad científica de unas 15 o 20 personas en el Instituto de Biología Marina, de la Universidad Nacional del Comahue y de la provincia. En toda la comunidad científica nos opusimos porque en realidad es algo lógico que la comunidad científica esté en contra porque nosotros éramos un instituto que evaluaba en ese momento los recursos que tenía el Golfo San Matías, la pesca, la biodiversidad específica, no solamente de los animales, sino también los vegetales y todo el ecosistema del golfo. Así que nos dedicamos a oponernos, explicando las razones lógicas por las que nos oponíamos. 

–Qué cambió el escenario?

–Era otro momento político, porque YPF era una empresa privatizada. Estábamos en la década de Menem y el gobierno provincial estaba en contra de que YPF hiciera ese proyecto. Así que toda la comunidad científica, más toda la comunidad en general, y todo el arco político nos unimos para que esto no saliera. Juntamos firmas y se las entregamos al Presidente. Se frenó. Pasaron un par de años y volvió a aparecer este rumor de que nuevamente YPF tenía intenciones de realizar el proyecto de ese momento. Así que los legisladores de la provincia de Río Negro, casi por unanimidad, votaron la ley 3.308, que impedía que se construyeran puertos petroleros o gasíferos, es decir, que salieran hidrocarburos por el golfo, además de prohibir el transporte de hidrocarburos por agua porque esa es otra de las cosas: por dónde van a entrar y salir los barcos, cuáles son las rutas de entrada y de salida al golfo, porque eso también es perjudicial. ¿En qué lugares harán los buques sus limpiezas? Eso también es muy importante. Entonces, logramos la 3.308, cruzarnos de brazos y dormir tranquilo, sabiendo que el golfo San Matías es uno de los pocos golfos que hay en la Patagonia que hasta ahora no está contaminado por petróleo. Esa participación nos dio muchas fuerzas, todos aunamos el esfuerzo por el “sí al golfo azul, no al golfo negro”. Y en realidad en este momento no entiendo, no alcanzo a comprender porque el personal científico permanece callado, en silencio. Hasta ahora no sé si están a favor o en contra. Pareciera que el silencio es de aceptación. ¿Cuál es el motivo verdadero? Lo desconozco, pero sí sé que muchos nos han ayudado con sus trabajos científicos, pero ninguno ha salido a decir que sería una barbaridad establecer un puerto petrolero en el golfo. 

–¿Por qué sería riesgoso construir la terminal petrolera en el golfo San Matías?

–Los golfos norpatagónicos son tres: el Golfo San Matías; el Golfo San José, en cuya boca caería el Golfo San Matías: y el Golfo Nuevo, que está del otro lado de Península Valdés. El Golfo San Matías tiene una boca arriba que se llama Punta Bermeja y otra, abajo, que es la Península Valdés. Alrededor de septiembre, cuando el océano va ganando calor de la atmósfera, se empieza a formar una especie de corriente ciclónica, que va como las agujas del reloj, hacia arriba, más o menos desde la mitad del golfo San Matías, donde estaría Punta Colorada, y esa corriente va adquiriendo velocidad. Se va acelerando y en marzo tiene el tope de aceleración. Pero como es más profundo que la plataforma adyacente, la residencia de las aguas es mayor, es decir, no salen. El agua entra por el sur y teóricamente debería salir por el norte, pero al ser el Golfo San Matías, las aguas quedan adentro en forma de circulación dando vuelta y no se sabe cuánto puede pertenecer. Así que si acá generáramos contaminantes dentro de las aguas del golfo, no sabríamos cuánto tiempo estarían esos contaminantes dando vuelta continuamente porque aparte hay un giro ciclónico al norte y uno al sur más pequeño. A su vez, el Golfo San José también tiene movimientos de remolinos muy fuertes producto de las mareas.

Para la Nación y el gobierno de Río Negro, esta es una provincia de sacrificio.

–¿Cuánto más calor haga, más riesgo de que se estanque una hipotética contaminación de las aguas?

–Sí, realmente es extremadamente preocupante. Ni siquiera hablemos de derrames, de accidentes. Eso va a provocar realmente situaciones irreversibles. Pero el simple hecho de que haya un puerto petrolero, que es sucio porque entre la enganchada y la desenganchada de los buques siempre va a haber pérdida de crudo, ese ambiente sucio también va a ser movido. Esas aguas también van a circular en un giro ciclónico al norte y otro al sur y va a contaminar independientemente de un derrame. Ningún puerto es limpio y mucho menos uno de transporte de crudo. El petróleo es una cosa aceitosa que queda en la parte superior e impide la penetración hacia el interior también. Lo importante es que no haya un puerto para que pueda seguir existiendo la biodiversidad, como corresponde.

–¿Qué pensó cuando supo que habían modificado la ley?

–Que tenía que volver a trabajar. Fuimos a la Legislatura pensando que íbamos a poder entrar y no pudimos. Es tan corrupto, porque no se es solamente “corrupto” por una cuestión de dinero, porque yo no he visto nada, pero que en una noche se cambie una ley porque se les dio la orden, sin siquiera razonar cuáles son las modificaciones. En enero de 2022 acompañamos y nos solidarizamos con los Atlánticazos –el movimiento contra la exploración de hidrocarburos en la cuenca norte del Mar Argentino– por lo que estaba sucediendo en Mar del Plata, pero nosotros estábamos tranquilos y en realidad yo soy de la década del 70, cuando la militancia era casi como una cuestión común de los jóvenes, sobre todo si teníamos relación con la universidad o los sindicatos. Así que a mí no se me ocurrió otra cosa que ponerme a pensar que esto no podía salir. Lo que nunca creí era que me iba a encontrar con algo decepcionante para mí, pero tiene que ver más con la sociología que con la biología. Y es esta capacidad tan ansiosa que tiene la gente por el consumo y por el apego a las cuestiones que no tienen que ver con el ambiente. Es como que hubiera una resignación y una aceptación de que, bueno, hay cambios que van a ocurrir. Por eso no participan. A pesar de que este es un pueblo chico y que tenemos actividades que nos permiten vivir medianamente tranquilos, también es cierto que la gente corre continuamente en pos de un lugar un poquito mejor al que tienen y olvida que a lo mejor estos paisajes y estos ambientes no contaminados pueden desaparecer. El ex CEO de de YPF, Galuccio, dijo que Vaca Muerta tendría unos 15 años más de vida, 20 años a lo sumo. Miles de millones se van a gastar en este puerto petrolero para 10, 15 años de vida, destruyendo 600 kilómetros desde Vaca Muerta hasta el Golfo, contaminando toda la playa, contaminando toda la zona costera. Realmente la provincia es una provincia de sacrificio, evidentemente para la Nación y el gobierno de Río Negro, esta es una provincia de sacrificio.

ED/DTC

La petrolera YPF confirmó este viernes su próximo proyecto en torno a Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional del país, que implica la construcción de una terminal petrolera en el golfo San Matías, provincia de Río Negro, área natural protegida legalmente hasta agosto último, cuando la legislatura rionegrina modificó en tiempo record la ley que prohibía cualquier proyecto hidrocarburífero en la zona. 

Desde mediados de 2022, el poder político y judicial de Río Negro y el Gobierno Nacional -el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, han presentado y promovido públicamente el proyecto- al igual que la petrolera de bandera han sorteado los obstáculos contra el avance de la obra denominada Oleoducto Vaca Muerta Sur y su puerto petrolero en Punta Colorada, localidad en la costa atlántica de la provincia. Los vecinos y organizaciones denunciaron que YPF ni siquiera había completado los estudios de impacto ambiental del puerto petrolero pero la obra ya estaba anunciada. La petrolera lo confirmó ante la consulta de elDiarioAR. Ya se aprobó la construcción de la primera etapa del oleoducto sin saber si se va a aprobar el puerto petrolero que necesita si o si para exportar el crudo. O mejor dicho, a sabiendas de que se va a aprobar.

El caso será presentado por vecinos, un sector de la Iglesia y organizaciones ambientalistas nucleados en la Multisectorial Golfo San Matías ante la Corte Suprema de la Nación, confirmaron representantes del colectivo a este medio.

Vaca Muerta Sur se construirá para vender petróleo argentino al mundo, anunció YPF. Se trata de un oleoducto de casi 600 kilómetros de longitud, que conecta la zona productiva en la provincia de Neuquén con la costa atlántica en la provincia de Río Negro, donde conectará con el puerto exportador de Punta Colorada, oficializó YPF en un video institucional lanzado este viernes. “Su objetivo es aumentar dos veces y media la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina en los próximos tres años”, afirma el video. 

La obra y el golfo

El principal punto de conflicto es la construcción de la terminal de exportación que YPF catalogó en el reciente video como “de clase mundial”. Este puerto petrolero estará ubicado en Punta Colorada, exactamente en el Golfo de San Matías, y tendrá una terminal de tanques a los que llegará el crudo desde Vaca Muerta a través del oleoducto. Desde allí se despachará el crudo en dos monoboyas instaladas a seis kilómetros de la costa, dentro del mar. 

La conexión entre la costa y estas monoboyas es submarina. Es decir que el crudo viajará por debajo del mar unos seis kilómetros a través de una conexión. Los buques petroleros amarrarán cerca de las dos monoboyas para cargar el petróleo y exportarlo al mundo.

“El golfo de San Matías tiene características que lo hacen sumamente importante para la biodiversidad, como las corrientes de aguas calmas y cálidas o semicálidas, su ubicación y su productividad, ya que es un área importante de peces e invertebrados”, explicó a elDiarioAR el biólogo Luciano Valenzuela, investigador de Conicet en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) y del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).

Debido a esas características, “esta zona es base para las ballenas francas que migran a Península Valdés, pero, además, Río Negro se está convirtiendo en otra área grande a donde la ballena franca va a tener cría”, afirmó Valenzuela. “Además -agregó el biólogo-, hay presencia y actividad de orcas y una lobería importante. También, en la zona de Las Grutas, se pueden avistar delfines desde muy cerca e incluso se han registrado ballenas jorobadas”.

En esta misma zona, también habita la colonia reproductiva más septentrional del pingüino de Magallanes. Las aves marinas se encuentran en el Parque Nacional “Islote Lobos”, a sólo 8 kilómetros de Punta Colorada.

Los habitantes de la costa atlántica de Río Negro también consideran al puerto petrolero que se construirá en el golfo San Matías como una amenaza para su economía y forma de vida. Las principales actividades económicas de la zona incluyen el turismo, buceo, avistaje de fauna marina y la pesca deportiva así como las pesquerías artesanales, aseguró a elDiarioAR Fabricio Di Giacomo, representante de la Multisectorial del Golfo San Matías, un colectivo que encabeza la protestas y reclamos judiciales contra la obra de YPF.

“El Golfo San Matías es nuestro hogar, donde nos criamos, donde trabajamos. Vivimos frente al mar, estrechamente vinculados con sus playas y al mar. Desde 1999 contamos con la protección de la ley 3.308, que nos garantizó un desarrollo sostenible tanto del turismo como de la pesca. Pero por sobre todas las cosas, nos garantizó el buen vivir. Por eso este proyecto nos pone bajo amenaza, no solamente a los miles de puestos de trabajo, sino también a nuestra forma de vida”, aseveró Di Giacomo.

Barriendo leyes

La ley 3.308 fue sancionada en Río Negro en 1999 con un objetivo claro: evitar la construcción de un puerto petrolero en el golfo San Matías y garantizar así la protección de la zona. El artículo 1° de esta ley era el principal impedimento legal para la construcción del  oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en Punta Colorada. Por eso, los diputados provinciales lo modificaron en tiempo record, sin debate en el recinto y a puertas cerradas para impedir el ingreso de la ciudadanía. Tampoco se había dado a conocer el proyecto de manera anticipada para garantizar el debate y las presentaciones de los posibles afectados, según la denuncia judicial.

De los 43 diputados provinciales, 42 votaron la modificación de la ley. A excepción del diputado Pablo Barreno (Frente de todos), los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos, Frente Renovar, entre otros, dieron el sí. “Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Luis Ángel Noale (Frente de Todos y oriundo de una de las localidades afectadas) poco antes de la votación del proyecto que permitió modificar la ley. 

Los legisladores que pidieron la palabra para explicar su apoyo al proyecto petrolero sostuvieron las mismas razones del Gobierno Nacional, la gobernación de Río Negro y de YPF: la obra permitirá el crecimiento económico de la provincia y el país, generará “miles de puestos de trabajo” y las divisas para salir de la crisis eterna. “Soberanía energética”, “crecimiento” y “autoabastecimiento” son las tres claves de los argumentos oficiales y empresariales para explicar la necesidad de la obra.

“Espero que por el bien de los rionegrinos, por el bien de los habitantes de la zona atlántica, que cuidemos la bendición que tenemos en este golfo, que seamos responsables”, pidió el legislador Noale en el recinto antes de votar a favor de la modificación de la ley. 

El proyecto para modificar la ley ingresó el 22 de agosto a la Legislatura y lleva la firma de diputados de todos los bloques. Tres días después, el 25 de agosto, se votó en una sesión presidida por el entonces vicegobernador Alejandro Palmieri.

“En la provincia de Río Negro tenemos una ley desde 1999, la Ley 3.308, que protegió el golfo San Matías de cualquier tipo de contaminación por hidrocarburos. En agosto del año pasado, la Legislatura de Río Negro modificó esta ley de manera ilegal, de espaldas al pueblo, a puertas cerradas. Entonces decidimos presentarnos ante la Justicia para solicitar que la modificación de la ley se declare inconstitucional y que se restituya su forma original para que el golfo San Matías siga siendo un ecosistema marino protegido por la ley”, afirmó Di Giacomo a este medio. 

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones. Sin embargo, el proyecto siguió adelante con el objetivo que se había planteado. Ese día, volvieron a votar y sancionaron una nueva ley específica para modificar la ley de 1999. A finales de septiembre, fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. 

El artículo 1° de la ley de 1999, que quedó derogado por la nueva ley 5.594, decía: “Se prohíben en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera”.

Su modificación, viola los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; los artículos 26, 85, 141 y 142 de la Constitución Provincial; el Acuerdo de Escazú; los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin contar la Ley General del Ambiente, de acuerdo con la presentación judicial de organizaciones de todo el país que apoyaron a la Multisectorial Golfo San Matías, incluyendo la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, Fundación Inalafquen, Pastoral Social Diócesis Alto Valle-Bariloche-Viedma, asambleas socioambientales, medios comunitarios, artistas y vecinos de las comunidades costeras.

La pata judicial

La presentación judicial fue presentada en diciembre de 2022 ante el máximo tribunal de Justicia provincial y fue rechazada el 10 de mayo último por “falta de legitimidad” de los demandantes, es decir, de la comunidad que habita y trabaja en torno al golfo San Matías.

Los jueces Sergio G. Ceci, Sergio M. Barotto y Cecilia Criado del Superior Tribunal de Justicia fallaron dándole la razón al fiscal de Estado de la provincia, Gastón Pérez Estevan; el fiscal de Estado adjunto, Luciano Minetti Kern; y al apoderado de la Provincia de Río Negro Ignacio A. Racca, quienes habían solicitaron al tribunal provincial que rechacen la demanda porque “los accionantes carecen de un interés concreto que los legitime como parte interesada”. También sostuvieron “la ausencia de daño real y concreto” del Oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en el golfo San Matías porque “según la información” pública el proyecto “no existe” y es “meramente hipotético”, “tal cual luce del informe emitido por la Secretaría de Energía” de la Nación.

Los jueces Ricardo A. Apcarian y Liliana L. Piccinini se abstuvieron de opinar.

Los riesgos

“Los principales peligros de este proyecto son los derrames de petróleo y el tránsito de buques y la actividad costera por el puerto petrolero”, explicó Valenzuela. “Las ballenas francas son muy vulnerables al tránsito marítimo. Por ejemplo, las colisiones con los barcos son la principal causa de muerte de la ballena franca del Atlántico norte, especie hermana de nuestra ballena franca austral. ya que al ser lentas, cuando bucean y salen a la superficie para respirar, les cuesta mucho cambiar la dirección a tiempo y terminan siendo colisionadas”, afirmó el biólogo. “En los años 2000, Canadá desplazó toda la ruta marítima en sus aguas. Eso hizo que los reportes de colisiones disminuyeran, pero fue tarde. Aun así, sólo quedan alrededor de 500 ejemplares de ballenas francas del Atlántico norte, es una especie en extinción”, aseguró.

elDiarioAR consultó a YPF por qué se decidió construir el oleoducto en una zona protegida. “La zona de Punta Colorada tiene algunas condiciones particulares como la profundidad de sus aguas que permitirá el ingreso de grandes buques de exportación. Son los denominados buques VLCC (Very Large Crude Carrier) que hoy no pueden operan en ninguna terminal del país -hay otras seis en el país-. Además, la distancia con la zona central de Vaca Muerta es más corta que en otras alternativas analizadas”, respondió la petrolera. Además, “las condiciones hidrodinámicas permitirán que la terminal pueda operar el 98% del tiempo”.

YPF agregó que la zona tiene un antecedente de exportación de hierro a través de un puerto mineralero y que hace que la zona ya tenga historia de producción industrial y sea más apta para el desarrollo de capacidades industriales. La mina dejó de funcionar

Sobre los estudios de impacto ambiental que deben realizar previamente a la autorización del proyecto, YPF respondió que “ya presentó a las autoridades de aplicación de Neuquén y Río Negro el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del tramo 1 del oleoducto Vaca Muerta Sur, que va desde la zona central del desarrollo en Vaca Muerta hasta el norte de la localidad de Allen”. “Desde fines del año pasado se están realizando los EIA del tramo 2 del oleoducto, que va desde Allen hasta Punta Colorada, y de la terminal de exportación”. Estos estudios debían ser presentados en estos días, de acuerdo a la última información proporcionada por YPF.

ED/MG