No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

AR/MG

La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias, bautizado por los despachos oficiales como “Inocencia Fiscal”, ha dejado de ser solo una reforma impositiva para convertirse en un foco de sospechas. Es que cada vez se suman más mileístas a los benficios fiscales que autorizó esta ley. Desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert –investigado por lavado de dinero–, y el jefe de Gabinete Mabuel Adorni, tal como informó elDiarioAR.

A la lista se suman ahora el actual titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el principal ideólogo y redactor de esta normativa, quien fue Juan Pazo, actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Productivo.

La controversia estalló al comprobarse que el propio Pazo figura en la lista de los primeros altos funcionarios del Poder Ejecutivo en inscribirse para recibir los beneficios del sistema que él mismo diseñó, según detalla el medio Letra P.

El esquema, concebido originalmente bajo la premisa de simplificar la carga impositiva y presumir la “buena fe” de los contribuyentes, restringe severamente la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al ampararse en este régimen, los funcionarios logran que el Estado asuma la carga de la prueba ante cualquier inconsistencia tributaria, limitando las auditorías por “discrepancias significativas”.

La conexión con ARCA y el blindaje patrimonial

La revelación cobra un impacto político aún mayor al cruzarse con la situación de Andrés Edgardo Vázquez, el jefe de ARCA colocado por Javier Milei al frente del organismo recaudador.

Vázquez, quien también se acogió al régimen de “Inocencia Fiscal”, arrastra un complejo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi investigan presuntos departamentos ocultos en Miami valuados en más de dos millones de dólares a través de firmas en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta coincidencia entre los diseñadores de la ley y los encargados de aplicarla es lo que motivó la fuerte denuncia pública del periodismo de investigación. En sus redes sociales, el periodista Ari Lijalad expuso la asimetría del escenario.

El proyecto de ampliación y el debate ético

Lejos de retroceder ante los cuestionamientos, la Casa Rosada ratificó el rumbo impositivo. El Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar la “Inocencia Fiscal”, buscando eliminar por completo los topes de ingresos y los límites patrimoniales que imponía el texto original de Pazo.

De aprobarse esta reforma, los beneficios de fiscalización laxa se extenderán a los mayores patrimonios del país, consolidando legalmente la estrategia a la que ya recurrieron las máximas autoridades del área económica y fiscal de la Nación para resguardar sus propias declaraciones juradas.

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, dispuso este lunes 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo. La medida despertó polémica. La Unión del Personal Superior de la agencia (UPS), que encabeza Julio Estévez, emitió un comunicado titulado “La arbitrariedad no es política de recursos humanos” que advierte que “en un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”.

En la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. “No cuestionamos la valia personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a dia sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, apuntó la UPS.

“Nada que comentar porque ese gremio no tiene personería gremial, no está avalado jurídicamente”, respondieron en ARCA ante la consulta de elDiarioAR. No es el primer ascenso polémico decidido por Vázquez: en enero su esposa, María Eugenia Fanelli, fue promovida a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. No es tampoco la primera polémica en torno del jefe del organismo que debería combatir la evasión: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado su indagatoria por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2 millones.

“Es la propia superioridad –el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026– la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un 'ecosistema tecnológico obsoleto' y una 'gestión de talento limitada' con serios problemas para retener personal calificado”, continuó la UPS. “Ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares.”

“No se despedaza a la mejor organización del Estado –orgullo en foros internacionales– permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí”, siguió el sindicato. “No se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.”

“Mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración”, advirtió el gremio. “Las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestion”, prosiguió la entidad liderada por Estévez, en la que también militan María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz, Maximiliano Dajos, Gerardo Gola, Mariana de Alva -esposa de Ricardo Echegaray, exjefe K y actual empleado de ARCA-, Guilermo Tabellione, Florencia Barbieri, Verónica Laurenzi, Luis Faggiani y Néstor Grau.

AR/MG

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar los fallos judiciales que impiden aplicar el impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, tras la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de jubilados y pensionados.

La medida fue adoptada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, en la que el organismo reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso adecuar su estrategia procesal para evitar nuevas apelaciones ante el máximo tribunal o desistir de las ya presentadas y pendientes de resolución. 

La decisión se apoya en el antecedente “García, María Isabel c/ AFIP”, resuelto por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019, en el que se declaró la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones.

En ese fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el cobro del tributo sobre haberes previsionales vulneraba el principio de igualdad constitucional en casos de personas jubiladas en situación de vulnerabilidad por edad o salud.

La Corte consideró entonces que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad”, y ordenó reintegrar las sumas retenidas a la demandante, una jubilada de 79 años con graves problemas de salud, cuyos descuentos alcanzaban hasta el 31,94% de sus ingresos.

En la resolución firmada el 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos de AFIP, Gustavo Heber Paturlannes, se instruyó a los representantes fiscales a no interponer recursos extraordinarios ni recursos de queja en este tipo de expedientes y, en los casos ya iniciados, desistir de las presentaciones aún no sustanciadas.

El texto también establece que, cuando las cámaras federales rechacen sistemáticamente las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán consentir las sentencias sobre la cuestión de fondo y continuar únicamente las discusiones vinculadas a honorarios y costas, “con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

La decisión no alcanzará a causas promovidas por asociaciones o colegios sin legitimación activa ni a expedientes en los que el organismo considere que existen circunstancias particulares que podrían revertir el criterio judicial.

Con información de agencias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó otra denuncia contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por usar facturas falsas para evitar impuestos.

ARCA radicó una nueva denuncia por irregularidades en la facturación por un monto superior a $900 millones en conceptos de servicios que no habrían existido.

En tal sentido, los mencionados referentes de la AFA y demás integrantes de la institución quedaron nuevamente envueltos en una nueva causa penal que abrió el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial a fin de investigarlos por el presunto uso de facturas falsas por más de $900 millones para evadir impuestos.

La denuncia se suma a la causa que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino.

Según fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial accedió a investigar la ampliación de denuncia que presentó ARCA en la causa que tiene a Tapia, Toviggino y demás dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que están procesados por apropiarse, de manera ilícita, de $19.300 millones.

En tal sentido, el fiscal ya le solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba.

“Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad”.

También planteó que se debe llevar adelante una investigación por “evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso”. En este contexto, dijo que se está ante conductas presuntamente ilícitas, las cuales son “considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

La denuncia de ARCA contra la AFA

ARCA denunció que la AFA entre enero 2023 y marzo 2025 realizó facturación por $916.527.614,05, pero el agravante es que fue sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. De esta forma, la AFA logró evadir $320.784.664,61. En este contexto, la suma alcanza a los $341 millones con intereses, además de una multa de $125.792.579,86.

A su vez, ARCA dijo que la AFA emitió facturas a empresas con diferentes irregularidades, dejando lugar a la sospecha de que fueron gastos simulados, por lo que solicitó que se investiguen los delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

El fiscal Navas Rial determinó que iniciará una investigación en contra de Tapia y Toviggino, pero también recaerá sobre el gerente general, Gustavo Lorenzo, y el actual y ex secretario general, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente.

Los mismos estaban a cargo de la administración cuando sucedieron los hechos. Asimismo, son los mismos dirigentes que tienen un proceso por la retención indebida de impuestos y aportes.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió en las últimas horas la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al considerar que el funcionario libertario “omitió maliciosamente” en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo fiscal tres departamentos en Miami por un valor que supera los US$2 millones, adquiridos en 2013. El avance de la investigación se da en un contexto en el que la lupa también está puesta sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por inconsistencias entre el patrimonio declarado y diferentes propiedades a su nombre, además de viajes al exterior, y en horas en las que otro funcionario del gobierno de Javier Milei, el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, debió renunciar a su cargo tras salir a la luz que poseía siete departamento de lujo en los Estados Unidos que no habían sido consignados en su declaraciones patrimoniales.

De acuerdo al pedido de Rodríguez al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien trabaja en el caso junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y que deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Vázquez, “sin duda alguna, incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”. Es un delito que contempla penas de hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Además, el titular de la PIA solicitó a la fiscalía que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de acuerdo a lo que informa el diario La Nación.

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei en 2024 para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria desde la DGI y que en diciembre de 2025 fue promovido a titular de la ARCA en reemplazo del renunciado Juan Pazo, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas, de acuerdo a la investigación publicada en diciembre de 2024 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que publicó elDiarioAR. 

De acuerdo a los datos que recogió la PIA, Vázquez administraba dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Quién es Andrés Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Vázquez llegó a la gestión libertaria con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Años bajo la lupa de la Justicia

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió disolver la AFIP. Después, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva, como paso previo a liderar la ARCA.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó la investigación periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de ARCA, y antes de la DGI, fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

La polémica por los ascensos de su esposa

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a comienzos de enero de 2024 bajo su propia órbita a su pareja. Cobraba desde entonces al menos $7 millones, publicó en su momento La Nación.

Vázquez favoreció en ese momento a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli constaba en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre de 2024, y se publicó el lunes 4 de ese mes en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre de 2024. Lo firmó Milei junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

Un año después, tras el ascenso de Vázquez como titular de ARCA, su esposa fue promovida de nuevo, esta vez, fue designada como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana dentro de la Dirección General Impositiva (DGI), una de las áreas más sensibles del organismo recaudador.

El apoyo de Milei

El presidente Javier Milei salió a justificar públicamente a fines del año pasado la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones por no haber consignado en su declaración jurada tres propiedades en Miami, Estados Unidos, adquiridas a través de sociedades en el exterior por más de US$2 millones y cuyos detalles salieron a la luz en una investigación periodística publicada en 2024 en la que participó elDiarioAR.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2025, al ser consultado sobre la polémica designación y las causas que pesan sobre Vázquez, Milei respondió que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”. Con ese criterio, el mandatario defendió su decisión de mantener a Vázquez al frente del organismo recaudador. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional.

Sobre las causas judiciales, su réplica fue la caracterización generalista: “Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”.

*Con información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

El 2026 le sonríe a la pareja de Andrés Vázquez, el polémico jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del gobierno de Javier Milei. El pasado 21 de enero, María Eugenia Fanelli fue ascendida dentro del organismo, apenas un mes después de que Vázquez asumiera como titular de la entidad. 

Fanelli pasó ahora de directora regional en CABA a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI, tras una resolución firmada por Joaquin Perez Tripodi, el subdirector general de Administración. Quedó bajo la conducción directa de Mariano Mengochea, jefe de la DGI cuando Vázquez saltó a la jefatura de ARCA.

El nombramiento quedó oficializado en la disposición 6/2026 del Boletín Oficial, ya figura en el organigrama de la web oficial de ARCA y fue justificado a elDiarioAR de manera extraoficial: “Se trata de una funcionaria de carrera, con más de 20 años de experiencia”, explicó una fuente consultada, que evitó hacer referencia a la relación personal entre Fanelli y Vázquez.

La medida indica en su artículo 2 que Fanelli, de profesión abogada, tendrá “licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente”. En su puesto anterior, la pareja de Vázquez gozaba de un sueldo bruto que oscilaba entre $12 millones y $13 millones por mes, según consignó el diario La Nación en septiembre pasado.

El ascenso de Fanelli ocurre casi un mes exacto de la consagración de Vázquez como número 1 de ARCA. El 16 de diciembre reemplazó a Juan Pazo, de la mano de Santiago Caputo, tras ser director de la DGI. 

Con más de veinte años en la exAFIP, Vázquez atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad y alimentando cierto misterio a su alrededor: cuando asumió al frente de la DGI no quiso que le tomaran fotos. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. El 22 de diciembre el propio Milei lo defendió: “Causas abiertas puede tener cualquiera”.

A poco de asumir en la DGI bajo la administración libertaria, Vázquez desplazó a un funcionario al frente de la Dirección Regional Centro II en CABA para ubicar allí a Fanelli, pese a que ella no había transitado las categorías intermedias previas. Le otorgó un aumento remunerativo de casi 100%. 

En enero del año pasado diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Vázquez por incumplir la ley de Ética Pública. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade señalaron que la decisión de Vázquez representó una falta de independencia y transparencia en la función pública. “Tener de jefe a la pareja es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”, decía la denuncia, que agregaba: “Resulta competencia de Vázquez nombrar funcionarios, pero lo que está vedado y resulta excepción a la regla es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Ante el nuevo ascenso de Fanelli, la diputada Frade de la CC afirmó a elDiarioAR: “La mafia de Arca avanza. El ascenso de la Dra Maria Eugenia Fanelli a subdirectora general Metropolitana no es inocente ni neutro. Es la esposa de quien preside el organismo, denunciado penalmente por haber omitido información de bienes en su declaración jurada patrimonial. Pudo eludir exitosamente, una causa por enriquecimiento, gracias a los servicios que en su momento le ofreció el juez Lijo. Seguimos esperando en esta nueva causa, que la Justicia detenga un accionar continuo”.

MC/MG

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”.

De acuerdo a este expediente, el ente rector del fútbol argentino habría incurrido en una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debía girar al Estado.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, podrán solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en querellantes contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Esta causa surgió de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes, pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación contra la cúpula de la AFA por el presunto delito de evasión agravada.

Según los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo asegura haber detectado irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024-septiembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplifica la gestión del domicilio fiscal a los contribuyentes al digitalizar y reducir las cargas administrativas en la actualización de datos para facilitar el cumplimiento y evitar multas de hasta $35 millones.

La simplificación del trámite para agilizar los procesos de denuncia y modificación del domicilio fiscal, se formalizó este jueves mediante la Resolución General 5809/2026, publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 2 de marzo de 2026.

La medida unifica las reglas del domicilio fiscal para que al momento de notificar un cambio la gestión sea más simple y 100% digital, ya que tiene como objetivo principal promover la digitalización y desburocratización de los trámites vigentes.

La nueva normativa permite:

Nuevo Procedimiento

Los contribuyentes que tengan que modificar el domicilio fiscal denunciado deberán:

En caso de que el nuevo domicilio ya esté verificado por el organismo, el estado pasará a 'Confirmado' inmediatamente. En cambio, si el domicilio no figura en el sistema, se deberán cargar los datos manualmente y adjuntar una constancia probatoria digital. En este caso, ARCA tendrá 7 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud.

La actualización del procedimiento para modificar el domicilio fiscal se da tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, que incrementó los montos de las sanciones, generando una mayor responsabilidad para cumplir con el plazo de 10 días hábiles administrativos del cambio de residencia fiscal para informar la modificación.

De no realizarse el cambio en dicho lapso, a partir de la nueva legislación, el incumplimiento del deber formal puede dar lugar a la aplicación de multas que van entre $150.000 y $35.000.000, cuando anteriormente oscilaban entre $150 y $45.000.

Bajo el régimen anterior, en los casos de modificación del domicilio a través del Sistema Registral, ARCA enviaba una notificación con un código de confirmación a través del correo postal. Con el nuevo procedimiento, ya no se enviará la misma.

Con información de agencias.

IG

El presidente Javier Milei salió a justificar públicamente la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones por no haber consignado en su declaración jurada tres propiedades en Miami, Estados Unidos, adquiridas a través de sociedades en el exterior por más de US$2 millones y cuyos detalles salieron a la luz en una investigación periodística publicada en 2024 en la que participó elDiarioAR.

Vázquez, quien fue designado en un primer momento como titular de la extinta Dirección General Impositiva (DGI) y ahora conduce ARCA, es figura central en una batería de cuestionamientos judiciales y administrativos por presuntas omisiones en sus obligaciones como funcionario público, que incluyen investigaciones por posible enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

Anoche, en una entrevista televisiva, al ser consultado sobre la polémica designación y las causas que pesan sobre Vázquez, Milei respondió que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política” y remarcó que la discusión relevante no es la existencia de investigaciones, sino si hay condenas firmes. Con ese criterio, el mandatario defendió su decisión de mantener a Vázquez al frente del organismo recaudador. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional.

Perfil del funcionario bajo la lupa

Andrés Vázquez es un contador público con más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, donde ascendió por diversas áreas de fiscalización e inteligencia tributaria hasta convertirse en una figura central dentro del sistema de recaudación argentino.

La investigación que reavivó el foco sobre su patrimonio reveló que Vázquez adquirió mediante un entramado de sociedades constituidas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá al menos tres departamentos en Miami que no figuran en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), como exige la Ley de Ética Pública para funcionarios de alto rango.

La falta de declaración de esos bienes activó una averiguación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y sigue bajo análisis en la Justicia, aunque no hay condenas firmes en su contra por esos hechos.

Vázquez llegó a la gestión libertaria con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei. Ayer Milei dijo sobre Caputo y su hermana: “Santiago Caputo es una mente muy por encima de todos; Karina Milei es el ser más maravilloso que ha habitado el planeta tierra”

La defensa presidencial

Milei ha buscado poner distancia entre el debate político y las implicancias personales del funcionario. En la entrevista de anoche con Luis Majul, en la que descartó vetar el Presupuesto 2026 tras su media sanción en la Cámara de Diputados, el presidente subrayó que Vázquez es “la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina” y que su experiencia técnica es clave para el organismo.

Sobre las causas judiciales, su réplica fue la caracterización generalista: “Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”.

La designación de Vázquez al frente de ARCA —el principal organismo encargado de la recaudación fiscal y el control aduanero del Estado— se consolidó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que se formalizó su asunción tras la renuncia de Juan Alberto Pazo.

La flamante designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no inaugura un ciclo: lo deja al descubierto. Blanquea un mando que ya existía y ordena, hacia adentro del Gobierno, una relación de fuerzas que en los últimos meses había quedado en suspenso. Vázquez no aterriza como un outsider ni como una apuesta técnica. Ya conducía la Dirección General Impositiva (DGI), el verdadero núcleo duro del organismo recaudador, donde se cruzan bases de datos, se deciden inspecciones y se administra una de las herramientas de control más poderosas del Estado argentino.

Desde ese lugar, Vázquez ya funcionaba como el hombre fuerte de la ARCA antes de que el cargo máximo llevara su nombre. En la lógica del poder estatal, la DGI siempre pesó más que la jefatura política formal del organismo, y el contador lo entendió mejor que nadie. Su ascenso fue silencioso, persistente y quirúrgico. Llegó con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Durante los últimos meses, en la Casa Rosada se habló de un Caputo en retroceso, forzado a replegarse tras haber acumulado demasiado poder. La entronización de Vázquez —y la recomposición paralela en la SIDE, con Cristian Auguadra— le devuelve aire, como mensaje interno de que el esquema de control sigue en pie. Con su venia, hace tiempo que el ahora flamante titular de ARCA operaba como el verdadero mandamás del organismo, por encima incluso de la conducción formal de Juan Pazo, de estrecha confianza del ministro Luis Caputo. La referencia a “Toto” queda como telón de fondo: la disputa real es, fue y será con la hermana del Presidente.

Una historia opaca

Vázquez no es un funcionario neutro ni un técnico aséptico. Es un sobreviviente del Estado profundo. Con más de veinte años en la exAFIP, atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad. Su foja incluye episodios de alto voltaje político, como el megaoperativo fiscal de 2009 contra el Grupo Clarín, ejecutado con más de 200 agentes en plena guerra del kirchnerismo con Héctor Magnetto. Fue una inspección transmitida en directo por televisión, con impacto simbólico y mensaje político. Cerca de Ricardo Echegaray todavía sostienen que el entonces jefe de la AFIP se enteró del operativo por la pantalla. A Vázquez, en cambio, nadie lo tocó.

Pero su trayectoria no se explica solo por ese episodio. Vázquez construyó su poder mucho antes de que la exAFIP se transformara en ARCA. Lo hizo de la mano de Carlos García Lorea, otrora titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal en tiempos del menemismo, un área clave donde la recaudación se mezcla con la investigación patrimonial y el seguimiento fino de contribuyentes estratégicos. Desde allí tejió vínculos duraderos con el poder político y, sobre todo, con el mundo del espionaje.

En ese recorrido aparecen nombres centrales del submundo de la inteligencia argentina, como el del número 2 de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher y, con mayor peso, el de Antonio “Jaime” Stiuso. No se trata de contactos ocasionales: quienes conocen esa etapa describen a Vázquez como un operador fiscal con lógica de inteligencia, formado en una cultura donde la información vale más que la exposición y donde el poder se ejerce sin dejar huella.

Ese rasgo se mantiene intacto hasta hoy. Cuando asumió al frente de la DGI, Vázquez no quiso que le tomaran fotos. No hubo imagen oficial de su desembarco, ni registro interno difundido. En un organismo acostumbrado a la liturgia burocrática, el gesto llamó la atención. No fue un descuido: fue una decisión. De hecho, no existen fotos suyas disponibles en internet ni en redes sociales, un dato inusual para un funcionario que maneja una de las palancas más sensibles del Estado. En tiempos de hiperexposición, el ahora titular de ARCA eligió el anonimato como método.

Polémicas abiertas

Ese entramado quedó expuesto también por las investigaciones periodísticas que rodean su figura. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. La revelación derivó en una denuncia judicial que todavía sobrevuela su nombre, sin impacto visible en su carrera.

En ese mismo período se produjo otro episodio que en la Casa Rosada todavía se lee en clave política: la filtración de listas internas de funcionarios y contribuyentes de la exAFIP —de la que Juan Pazo aseguró no estar enterado— , con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo. El caso desató una tormenta mediática y obligó a abrir una auditoría interna en la ARCA. Puertas adentro del Gobierno, no faltaron quienes lo interpretaron como una maniobra deliberada de Santiago Caputo para correr el foco público de un tema que empezaba a incomodarlo: la concentración de poder de Vázquez en la DGI y, en particular, la designación de su pareja, María Eugenia Fanelli, en un cargo estratégico.

A través de un movimiento interno que generó malestar entre los empleados de carrera del organismo, Fanelli fue nombrada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires apenas días después de que Vázquez asumiera como jefe de la DGI. Meses más tarde, el diario La Nación difundió una resolución interna del organismo que le asignaba —junto a otros funcionarios de extrema confianza— la categoría salarial más alta del escalafón, con ingresos que, según fuentes oficiales, oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos brutos mensuales.

La retórica libertaria promete destruir el Estado y combatir a la casta. La práctica muestra algo distinto y más antiguo: usar los engranajes más profundos del aparato estatal para reordenar el mando. Andrés Vázquez no es una contradicción en ese esquema. Es su expresión más cruda. Un funcionario de bajísimo perfil, formado en la cultura de la inteligencia fiscal, con control sobre la base de datos más poderosa del país. En tiempos de poder inestable, no es un detalle menor quién mira, quién cruza información y quién decide cuándo apretar el botón.

PL/MC

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei hace un año para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria desde la DGI y que ahora fue promovido a titular de la ARCA en reemplazo del renunciado Juan Pazo, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas, de acuerdo a la investigación publicada en diciembre de 2024 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que publicó elDiarioAR. 

Al momento de la publicación Vázquez administraba dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó la investigación periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de ARCA, y antes de la DGI, fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

La designación de Vázquez en la ARCA

La polémica por la designación de su esposa

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a comienzos de enero pasado bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó en su momento La Nación.

Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó el lunes 4 de ese mes en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

*Con información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves 18 de diciembre, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó en el Boletín Oficial.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.

En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.

Vázquez y Pazo, con patrimonios en la mira

Vázquez es investigado por la Justicia desde fines del año pasado a raíz de la investigación periodística del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y que publicó elDiarioAR, en la que se reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

Por su parte, Pazo, funcionario saliente, fue apuntado por casi duplicar su patrimonio desde su regreso a la función pública, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada que hizo meses atrás elDiarioAR. El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

El saludo de Caputo a Pazo y la bienvenida a Vázquez

El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió este martes a Juan Pazo, quien renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para volver al sector privado, y destacó su aporte clave al equipo económico.

Pazos dejó la función luego de dos años de gestión, período en el que ocupó primero la Secretaría de Producción y luego la conducción de ARCA, donde fue considerado una pieza fundamental del área económica.

“Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló Caputo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que agradeció “infinitamente” los servicios prestados durante su paso por la administración pública.

El ministro expresó además su deseo de poder convencerlo en el futuro de regresar al sector público y cerró su mensaje con una frase de despedida: “Te vamos a extrañar, Juan”.

Asimismo, Caputo le dio la bienvenida al reemplazante de Pazo: “Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa!”, posteó el funcionario.

El Gobierno redobló la embestida que mantiene contra Claudio “Chiqui” Tapia y este viernes la Dirección General Impositiva presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra de más de $7.000 millones.

La denuncia fue presentada ante el fuero penal económico por la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, y viene a sumar más presión contra el titular de la AFA quien ya está siendo investigado por la justicia por posible lavado de dineero.

El juez  Diego Amarante es quien deberá llevar adelante ahora esta nueva investigación para determinar si los reportes recibidos en ARCA muestran efectivamente “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones desde diciembre de 2024.

Según la denuncia de ARCA, la AFA actuó como agente de retención, es decir descontó dinero a terceros a terceros por impuestos o cargas sociales, sin embargo no se constató que luego hayan realizado los correspondientes depósitos en el fisco. Se trata de delitos previstos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

En el escrito presentado, ARCA destaca que ese dinero que la AFA descontó a terceros “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”.

Hoy, por orden del juez federal Daniel Rafecas, quien luego fue apartado de la causa, se realizó un allanamiento en una mansión en Villa Rosa, en Pilar, que se atribuye a testaferros de Tapia. Allí, en un galpón propiedad de la firma “Real Central SRL” se secuestraron 45 autos de alta gama. Además, en otra causa que lleva adelante el juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, tambián vinculada al titular de la AFA.

El titular del ARCA, Juan Pazo, se defendió de las críticas por la celeridad con la que las cerealeras completaron el cupo de exportaciones de granos con retenciones cero al afirmar que “cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”.

Pazo dijo que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de defender el precio.

El funcionario se presentó en el canal de streaming oficialista Carajo para defenderse de los cuestionamientos que llovieron de parte de los productores luego de que en sólo 72 horas se cerrara el cupo de exportación de cereales sin retenciones.

“En el tiempo para poder cumplir los cupos de las declaraciones juradas a los que se comprometieron las cerealeras van a tener que comprar alrededor de US$ 4.000 millones en los próximos 90 días a los productores”, señaló Pazo.

El jefe de ARCA afirmó que “es muy importante la transparencia en el manejo de la información y siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía”.

Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía, se sumó a la defensa del equipo que lidera Luis Caputo al afirmar que: “no hay ninguna complicidad”.

Insistió en que “nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad”, añadió Núñez.

La medida se conoció el lunes por la noche y el miércoles ya se había completado el cupo de U$S 7.000 millones impuesto. Más tarde se conoció que una docena de cerealeras habían copado ese monto y que nada quedó en manos de los productores.

Desde ese momento se comenzaron a conocer las quejas de los dirigentes del sector.

El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo “queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”.

Andrea Sarnari de Federacion Agraria aseveró que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”.

“Es importante remarcar que el grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones que se implementó para lograrlo”, apuntó Carlos Castagnani de CRA.

Más críticas de ruralistas

Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, criticó este viernes la decisión del Gobierno de eliminar por unos días los derechos de exportación.

“En realidad no ha sido una medida para la producción, sino una medida económica financiera para subsanar una situación particular”, advirtió.

Sobre el cupo de US$7.000 millones, Aramendi señaló: “En tres días se cumplió. Realmente debió ser manejada de otra manera y si querían una medida para la producción, extenderla en el tiempo”.

Además, la líder de los ruralistas rosarinos apuntó contra las cerealeras al considerar que la exportación “declaró ventas sin retenciones y ahora que vuelven las retenciones el productor tiene un precio menor, como siempre pasa”, al tiempo que aseguró que, con estas medidas, el Gobierno “lo único que genera es malestar, porque en realidad se benefician unos pocos”.

En chats de productores rurales se viralizó la frase: “Nos sentimos estafados, burlados, el que crea que esto no es algo arreglado cree en Papá Noel”.

Con información de agencias.

IG

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de empleadores de Casas Particulares. “El beneficio permitirá que el empleador no gestione el pago mes a mes, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debite en forma automática”, informaron desde el organismo.

La medida se estableció mediante la Resolución General N° 5723/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, pero está operativa desde mañana.

La decisión alcanzará aproximadamente a 450.000 empleadores que registran sus pagos mensualmente ante el organismo. De esta manera, los contribuyentes contarán con más posibilidades para cumplir con las obligaciones previsionales de sus trabajadores de forma ágil.

La opción estará disponible para el pago mensual de las contribuciones y aportes patronales, cuota correspondiente a la Obra Social y a la Aseguradora del Riesgo del Trabajo (ART).

Actualmente, los pagos se realizan de forma presencial mediante el formulario 102/RT o por vía electrónica a través de billeteras virtuales -pago de obligaciones con importes prestablecidos-, QR, Homebanking y tarjeta de crédito –previa generación del Volante Electrónico de Pago (VEP)-. Cualquiera de estas modalidades implica que el contribuyente deba ingresar cada mes para saldar las sumas previsionales de los trabajadores de Casas Particulares.

Ahora “se suma esta opción que mediante una única acción asegura el cumplimiento puntual y constante de las obligaciones laborales durante toda la relación laboral. Este método evita omisiones y reduce retrasos involuntarios en los pagos a la seguridad social”.

Esta nueva funcionalidad forma parte del objetivo de ARCA de “impulsar la formalización del empleo y reducir la incidencia del trabajo no registrado en la economía”.

Por otra parte, y en aquellos casos en que ARCA detecte por información propia o de terceros, datos desactualizados en el Registro, podrá modificarlo de oficio identificando los mismos con una marca en el mencionado Registro.

¿Cómo podrá realizarse la adhesión?

Para adherir el pago de los aportes y contribuciones al débito directo en cuenta bancaria, se deberán seguir los siguientes pasos:

En tanto que, para realizar la adhesión por tarjeta de crédito, el trámite deberá ser realizado a través de la administradora. El contribuyente verá reflejada la operación en el siguiente resumen.

Dentro del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, el contribuyente podrá visualizar si efectivamente se concretó el pago, como también si hubo algún tipo rechazo en el intento de débito, como por falta de fondos o cierre de la cuenta.

Previo a acceder al nuevo mecanismo de débito automático, el empleador deberá asegurarse de tener la información actualizada en el registro, tales como la condición del empleado, la cantidad de horas semanales de la relación laboral y la CBU de donde se realizará el débito.

¿A partir de qué período comienza a debitarse?

Para las adhesiones realizadas hasta último día de cada mes: se debitará la obligación con vencimiento el día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, si la adhesión al débito automático se realiza el día 15/7/2025 el primer débito corresponderá al período devengado julio con vencimiento el 11/8/2025.

La resolución completa

Considerando

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Incorporar como punto 5 del APÉNDICE I - PERSONAL DE CASAS PARTICULARES del Anexo de la Resolución General N° 3.491, el siguiente:

“5. Actualización de oficio del Registro

Sin perjuicio de las obligaciones registrales a cargo del empleador indicadas en los puntos anteriores, cuando del análisis de la información obrante en las bases de datos de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero, provista por el empleador o recibida de otros organismos externos, se constate la existencia de datos desactualizados o incorrectos en el Registro Especial del Personal de Casas Particulares que afecten la integridad de la información, se procederá a su actualización o corrección de oficio, circunstancia que será identificada en el Registro con una marca. Dichas modificaciones no subsanan el incumplimiento de los plazos establecidos en el punto 3. del presente Apéndice.

Las modificaciones y actualizaciones realizadas de oficio por este Organismo serán puestas en conocimiento del empleador mediante una comunicación en el Domicilio Fiscal Electrónico -siempre que se encuentre constituido de conformidad con lo previsto en la Resolución General N° 4.280 y su modificatoria-, o por cualquier otro medio que se estime pertinente.“.

Modifica a:

ARTÍCULO 2°.- Toda referencia efectuada a la Administración Federal de Ingresos Públicos en la Resolución General N° 3.491 deberá entenderse realizada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARTÍCULO 3°.- Modificar la Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustituir el artículo 4°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- Los pagos de los importes correspondientes a los conceptos a que se refiere el presente Título, deberán efectuarse mediante alguna de las siguientes formas:

La CBU desde la que se debitarán los importes correspondientes deberá ser de titularidad del empleador y encontrarse informada en el servicio “Declaración de CBU” -en los términos de la Resolución General N° 2.675, sus modificatorias y complementarias-.

Las adhesiones a la presente modalidad de pago realizadas hasta el último día de cada mes, inclusive, surtirán efecto para las obligaciones cuyo vencimiento opere a partir del mes calendario inmediato siguiente.

Los responsables deberán tomar los recaudos necesarios para gestionar, con la debida antelación, las autorizaciones requeridas a fin de habilitar los medios electrónicos en la respectiva entidad de pago.

Las modificaciones de los datos informados en el Registro Especial del Personal de Casas Particulares efectuadas hasta el último día de cada mes, inclusive, surtirán efecto respecto de las obligaciones cuyo vencimiento opere a partir del mes calendario inmediato siguiente, excepto cuando el empleador realice el pago mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar desde homebanking, billeteras virtuales o tarjeta de crédito, o utilice un código de respuesta rápida QR, las que se verán reflejadas en forma inmediata.

No se admitirán pagos parciales de los importes que deban ingresarse.

El sistema utilizado para el pago permitirá emitir los comprobantes que se indican seguidamente, los que acreditarán el ingreso de las sumas correspondientes a cada uno de los conceptos pagados:

El comprobante del pago será la constancia que entregue la entidad receptora, o el resumen mensual de cuenta respectivo, en el que conste el Documento Nacional de Identidad (DNI) del trabajador y el importe de la obligación mensual.

Mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares también se podrá acceder a los comprobantes electrónicos de pago efectuados conforme las modalidades previstas en los incisos b) a g) del primer párrafo de este artículo.

A tal fin deberán seleccionar dentro del apartado “Trabajadores a cargo”, la opción “Pagos y Recibos” - “Constancia de pago”.

Los volantes de pago F. 102/RT, F. 575/RT y F. 1350, cubiertos por los responsables, no serán considerados como comprobantes de pago.

Las novedades y la información relativa a las modalidades de pago disponibles, se podrán consultar en el micrositio “Casas Particulares” del sitio “web” de este Organismo (https://www.arca.gob.ar/casasparticulares).“.

2. Sustituir el inciso a) del artículo 9°, por el siguiente:

“a) Personas humanas y sucesiones indivisas, que determinan anualmente el mencionado impuesto, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 5.692 y su complementaria.”.

Modifica a:

ARTÍCULO 4°.- Derogar los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución General N° 5.409.

ARTÍCULO 5°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Con información de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió los plazos para presentar las declaraciones juradas determinativas y efectuar el pago del impuesto a las ganancias y a los bienes personales de personas humanas correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

“El organismo extenderá hasta el próximo 26 de junio el plazo para cumplir con ambas obligaciones tributarias. La norma se publicará en el Boletín Oficial el martes 24”, informó ARCA, en un comunicado.

Se trata de la segunda prórroga que se otorga para la presentación y el pago de ambos impuestos.

Se trata de una segunda prórroga, dado que el organismo ya había extendido anteriormente los plazos que originalmente vencían entre el 11 y el 17 de junio, según el número de terminación de CUIT.

Además, en abril ARCA puso a disposición los aplicativos de Ganancias y Bienes Personales, con más de 60 días de antelación al vencimiento de las presentaciones, cumpliendo con el compromiso asumido por las autoridades en febrero con las entidades profesionales.

MM con información de la agencia NA.

Fue mucho más que un anuncio económico. Este jueves, el gobierno de Javier Milei formalizó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una norma que busca blindar a quienes blanqueen sus ahorros no declarados, reducir la presión penal tributaria y transformar el enfoque del sistema impositivo argentino. Pero la presentación en Casa Rosada terminó convertida en una escena de campaña: José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, disparó contra Axel Kicillof, atacó al kirchnerismo, presionó a los gobernadores y se presentó como el candidato que encarna “el cambio conceptual” del mileísmo.

“Hoy en la provincia de Buenos Aires gobiernan los delincuentes”, dijo Espert en una conferencia que tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa de Gobierno. Y redobló: “Nos está reventando a impuestos. No esperamos nada de él porque tuvo un desastroso primer mandato y parte del segundo. Este mensaje es para el soviético Kicillof que arruinó la provincia”.

Desde el atril, flanqueado por Juan Pazo —director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cerebro técnico del proyecto—, el diputado habló ante funcionarios y periodistas con Luis Caputo ubicado en primera fila, en silencio. El tono fue abiertamente electoral. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó.

Espert apuntó contra los legisladores que votaron el miércoles la suba de jubilaciones, a la que el oficialismo anticipó que vetará. “Fue una sesión bien de casta: mentir, hacer demagogia, hacerle creer a la gente que Papá Noel existe. A los jubilados les decimos la verdad: esta es la única forma de salir del pozo en el que nos dejó el kirchnerismo. Ellos les robaron los ahorros y ahora les vuelven a mentir”, dijo, en tono de mitin. Y agregó: “Milei tiene cojones como dos sandías para sostener el equilibrio fiscal”.

El proyecto, explicó, es la segunda etapa del paquete para legalizar y volcar a la economía los “dólares del colchón”. En ese sentido, endureció su mensaje a las provincias. “O los diputados y senadores apoyan este proyecto o se oponen y condenan a los argentinos a la evasión. No hay término medio. Queda en ustedes si quieren devolverle libertad a los ciudadanos o seguir con este sistema perverso que tanto daño le ha hecho al país”, dijo, tras agradecer a las 14 provincias que ya adhirieron al régimen simplificado de Ganancias.

Mientras Espert agitaba la bandera política, Pazo bajaba a tierra los aspectos técnicos. “Este proyecto implica un cambio de régimen. Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, afirmó. El funcionario detalló que el nuevo marco eleva los montos a partir de los cuales puede iniciarse una causa penal tributaria —lo que reducirá de 7.000 a 200 los expedientes en curso— y acorta de cinco a tres años el plazo de prescripción para la determinación tributaria, siempre que se hayan presentado las declaraciones juradas.

Además, explicó que quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias quedarán blindados ante futuras investigaciones sobre su patrimonio: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Y sintetizó el espíritu de la ley: “Buscamos que la gente ponga a producir sus ahorros. Los argentinos que durante años salvaron su plata de los políticos, ahora podrán usarla como quieran, sin tener que explicarle nada a nadie”.

La Ley de Principio de Inocencia Fiscal es, en el fondo, una pieza clave en el andamiaje que Milei empezó a construir con su “clase magistral” de la semana pasada ante sus diputados, en el mismo lugar donde se dio el anuncio de este jueves: una gran ley económica que blindará su plan sin avanzar por ahora en las reformas estructurales postergadas para 2026. Espert lo dijo sin rodeos: “Si esta ley fracasa, será la política la que tenga que dar explicaciones”. Su candidatura ya está lanzada. Su cruzada, también.

PL/MG

Ante un auditorio que lo aplaudió varias veces, el de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (Amcham, por sus siglas en inglés), el ministro de Economía, Luis Caputo, contó que un empresario conocido se había quejado porque le transfirió $750.000 a su esposa y el banco le pidió explicaciones. Horrorizado por el ejemplo, anticipó que el Gobierno reducirá los requerimientos de información que hacen el sistema financiero, las escribanías y otros intermediarios a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“No tiene que ver con un blanqueo ni con un monto de menos de US$100.000”, aclaró Caputo sobre las medidas de las que viene hablando con el presidente Javier Milei para que los evasores usen los dólares que mantienen en la informalidad. “Es un cambio mucho mas profundo, un inicio de un nuevo régimen. En la Argentina, hay un nivel de informalidad tan alto no sólo por exceso de impuestos sino por exceso de regulaciones. La gente le escapa a la formalidad. No puede ser que todos quieran regular todo, bancos, escribanías, consorcios... la gente se harta. No es culpa de bancos sino de nosotros desde ARCA. Nosotros podemos hacer la vida mas sencilla. No tiene nada que ver con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la UIF (Unidad de Información Financiera)”, se refirió a los organismos de combate del lavado de dinero, “sino de simplificar la vida a los argentinos”. Entonces los empresarios, la mayoría ejecutivos de firmas de EE.UU., lo aplaudieron. “Gracias, me alegro que lo vean así”, respondió.

“Algunas serán regulaciones, otras por ley”, adelantó. “Acá casi duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos regulaciones y no funcionó. Apuntamos a ganar formalidad, no volviendo más loca a la gente. Que cada agente regule su área, no que todos le manden información a ARCA. Sabemos que no funcionó”, agregó.

El ministro prometió que este año la Argentina volverá a tomar deuda en los mercados internacionales para refinanciar capital, en lugar de tener que pagarla. Recordó que eso es lo que hacen los países con acceso normal al endeudamiento. “Trabajamos para acceder lo mas rápido posible, yo soy optimista de que (ocurrirá) este año”, auguró. Caputo agregó que ese endeudamiento externo permitirá acumular reservas y cumplir así con una de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La competitividad es la clave”, reconoció Caputo, en una jornada centrada en este tema. “La Argentina tenía un modelo de falsa competitividad, de devaluaciones, pero de combatividad no tiene nada. Fue un modelo bastante turbio, que dejó una pobreza altísima. Nosotros buscamos competitividad bajando impuestos, desregulando, abriendo la economía. El sector privado, invirtiendo”, expuso el jefe del Palacio de Hacienda. Explicó que está bajando aranceles a la importación de maquinaria y reduciendo impuestos, pero opinó que para concretar una reforma tributaria y otra laboral requerirá de apoyo político, en clara alusión a las próximas elecciones legislativas de octubre próximo.

AR/DTC