El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

Aunque mañana la Selección venza o pierda con Suiza, habrá argentinos que ganen igual con este Mundial. Uno es Daniel Angelici, el zar del juego y delegado al comité nacional de l UCR que en noviembre pasado se paseó por los pasillos de la Cámara de Diputados antes de que se le diera media sanción al proyecto de ley que prohibía la publicidad de este tipo de negocio. Junto a su socio Daniel Mautone constituyen la pata local de dos de las cuatro casas de apuestas internacionales que dominan las tandas de la televisión durante la Copa del Mundo: la sueca Betsson y la griega Betano. Otro es Federico de Achával, dueño de BetWarrior junto a Ricardo de Benedictis -exsocio de Cristóbal López- y a la griega Intralot. Y los hermanos Antonio y Rosana Tabanelli, cuyo grupo, Boldt, comparte BPlay con la británica 888 Holdings.

BetWarrior -la de la publicidad de Diego Maradona recreado con inteligencia artificial-, Betsson -que contrató a Zaira Nara-, Betano -la del dibujo animado que entra en trance en el estadio- y BPlay -la del taxista que maltrata a los turistas- apostaron fuerte y se llevarán lo suyo. Lideran la tanda publicitaria del Mundial, extendida por el cooling break, con el 17% de los minutos en los cuatro canales que transmiten los 104 partidos, según publicaron dos investigadores de la Universidad de San Andrés, Santiago Marino y Santiago del Carril, en el portal Chequeado. Encabezan los avisos en la norteamericana Disney+ y en Telefé -de Gustavo Scaglione, secundado por José Luis Manzano y Daniel Vila- junto a bebidas alcohólicas y, sin compartir el primer puesto, en TyC Sports -que los Werthein acaban de comprar a Clarín-. Sólo en DSports, también de los Werthein, el alcohol supera a las apuestas. El proyecto de ley que prohibía la publicidad del juego online naufraga en el Senado, mientras el Gobierno ha presentado otro que ratifica su legalidad.

Como en todo Mundial, la televisión triunfa, pero el negocio cambió algo respecto a cuatro años atrás en Qatar. En la Copa del Mundo de Norteamérica apareció por primera vez la transmisión por streaming de Disney+ y su compatriota Paramount. En el anterior gobierno peronista, los partidos se veían por TyC Sports y la TV Pública (ahora sólo emite algunos cotejos). Ahora además está Flow, de Telecom, propiedad de los dueños de Clarín, que con la venta de TyC Sports poco antes del torneo se aseguraron tener en su grilla la transmisión en ese canal y en DSports, que antes no figuraba en su oferta. Sin esa jugada maestra, el campeonato sólo se hubiese visto completo en DirecTV, el sistema satelital de los Werthein, y en los streamings. Pero en tiempos de scrolleo en el celular, los goles y los momentos más llamativos también se reviven y comentan en YouTube (propiedad de la estadounidense Google), Instagram (de su compatriota Meta) o la china Tik Tok. Por algo el tráfico en la red crece 30% los días en que juega la albiceleste, según la Cámara Argentina de Internet.

Pero mientras ganan las casas de apuestas y los canales que transmiten sus anuncios, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) y una decena de entidades como Unicef, Cruz Roja, Chicos.net, las fundaciones Padres y Convivir, Faro Digital y los Scouts lanzaron una campaña de comunicación para prevenir que niños y jóvenes pierdan no sólo dinero sino la psiquis con las apuestas online. Los bancos Santander, ICBC, Supervielle y Macro, SanCor Seguros, SanCor Salud, la agencia de publicidad Ogilvy, las de influencers Jalife Brothers y Wave Brands y la de relaciones públicas Identia la sostienen. Las encuestas de Unicef y Cruz Roja a adolescentes estremecen:

Los cines y los teatros también pierden con el Mundial, pero sin malas artes. En cambio, se recupera algo el alicaído comercio minorista. Después de 13 meses consecutivos de bajas, las ventas de pequeños locales relevados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) subieron 0,9% en junio. “Hay dos rubros que el Mundial empujó”, comenta el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenía. “Uno es alimentos y bebidas, que tiene que ver con las juntadas de familias y amigos con picada o asado, y otro es textil e indumentaria, que dio positivo después de muchos meses y creo que tiene que ver con la venta de camisetas y otros accesorios”, detalle este empresario oriundo de Moreno.

Ganan la alemana Adidas, Lionel Messi -que también cobra cuando se vende una con el 10- y los fabricantes truchos. En cambio, sigue cayendo el consumo de materiales de la construcción, ferretería, bazar y artículos del hogar, y calzado y marroquinería. Y habrá que ver si los rubros que mejoraron sostienen el impulso después del Mundial, sobre todo si el empleo formal es reemplazado por el precario, como hasta ahora, y la inflación baja del 2% desde junio en adelante pero sin que el salario se recupere. Son varios negocios los que ya ganaron con la Copa, pero necesitan que la Argentina venza mañana para continuar embolsando. Una vez que termine el certamen, volverá la normalidad invernal.

En las grandes cadenas de supermercados también se siente el fervor de gastar cuando juega la selección. Esos días en particular las ventas de snacks crecen respecto de otros normales casi un 100%, las de cervezas, 80%; las de fiambres, 60%; las de pizzas, 50% y las de aperitivos, 33%, según datos de la Cámara Argentina de Supermercados. También están los que piden comida por aplicación. En los cinco partidos que disputó hasta el momento Argentina, las ventas de la alemana PedidosYa se incrementaron un 60% en promedio en las previas de los encuentros. Reparten empanadas, pizzas, hamburguesas, picadas enteras o snacks, fiambres y quesos, cervezas, gaseosas y helados. El 75% de los establecimientos asociados a esta app son pymes y las ciudades que más demandan fueron Buenos Aires y el conurbano, Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén, que de la mano del boom de Vaca Muerta superó a Bahía Blanca, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

El apuro por llegar al partido también les rinde a las apps de transporte. En la previa de cada match de la Scaloneta, creció 87% la demanda de Didi respecto de un día normal. Sobre todo aumenta el pedido de motos y en especial se incrementa el movimiento en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Mar del Plata y Tucumán. Aunque durante el juego cae 47%, como si el país se detuviera. Es lo mismo que pasó con el consumo eléctrico durante el encuentro con Egipto el martes al mediodía: bajó 30% porque se paralizó la actividad productiva. El problema ocurrió en la fábrica cordobesa de maquinaria agrícola Metalfor, que les permitió a sus empleados ir a casa a verlo y, mientras, les envió telegramas de despido a 35. Al terminar el cotejo, al menos Didi volvió a subir su ritmo por los que volvían a trabajar o se iban a festejar.

Hay quienes no pierden oportunidad y usan las aplicaciones pero para citas. La app happn reveló los bares que más frecuentan los solteros y solteras fanáticos del fútbol en Buenos Aires: La Fernetería, La Birrería, Baum Palermo Soho, La Mala Pub, Rabieta, La Puerta Roja, Temple Craft Madero, Peñón del Águila Puerto Madero, Desarmadero Bar y Growlers Palermo, a la cabeza.

Otros, por el contrario, se quedan en casa para verlo. Y muchos lo siguen en televisores nuevos. Continúa la costumbre de renovar el aparato cuando llega el Mundial. En los primeros seis meses del año, Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo -primo del ministro de Economía, Luis, y tío del asesor presidencial, Santiago- licenciataria de Samsung y que tiene su marca propia Qüint, vendió 30% más que en el mismo periodo de 2025. Cuando hay Mundial se venden televisores de más pulgadas: 50 o 55, en lugar de 40. Y en la medida en que pasan las Copas del Mundo las pantallas más grandes se tornan más accesibles en términos relativos. Igual Mirgor cada vez depende menos de su negocio de electrónica de Tierra del Fuego: en 2018 era el 98% de su facturación, pero hoy es menos de la mitad porque diversificó sus intereses. Ahora más del 30% proviene de representar a Samsung en toda Latinoamérica y el resto, de las autopartes fueguinas pero también bonaerenses, agricultura y ganadería porcina, entre otros.

Están los más afortunados que no lo ven por TV sino en vivo en el estadio. Mientras la Flybondi de Leonardo Scatturice -consejero de Santiago Caputo- lleva casi una semana sin volar por su crisis, la aún estatal Aerolíneas Argentinas programó cinco vuelos especiales para la fase de grupos y dos más para el partido con Cabo Verde en Miami. Contra Egipto, al no haber ruta a Kansas City, se mantuvo la oferta de dos frecuencias diarias a la ciudad donde vive Messi. Para el encuentro ante Suiza, el portal Despegar, de origen argentino pero propiedad actual del grupo neerlandés Prosus, registró un aumento del 3.311% de las búsquedas de vuelos a Kansas City. Con trasbordo en Miami o Atlanta, el pasaje cuesta entre $1.437.000 y $1.692.000.

Divisas que se van en tiempos en que el dólar se recupera hasta alcanzar los $1.510, lejos de comprometer la estabilidad cambiaria e inflacionaria ni de ilusionar a los productores de bienes y servicios afectados en su competencia con el exterior. También vuelan a EE.UU. las norteamericanas American, United, Delta y la chilena Latam. Y allá muchos se alojan en viviendas ofrecidas por airBNB. La Argentina es el principal país de origen de reservas internacionales de esta app en Miami y Atlanta, y ocupa el segundo en Dallas y Kansas City. La mayoría de los hinchas se aloja en grupos de tres a cuatro personas, sobre todo jóvenes, y paga menos de US$300 la noche. Sólo en la primera semana de la Copa, los viajeros de Latinoamérica aumentaron 31% sus transacciones con tarjetas Visa en EE UU, Canadá y México en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo los de Brasil, Colombia, Ecuador y la Argentina los más contingentes más numerosos. Ahora quedan únicamente los argentinos: veremos por cuánto tiempo más.

Los que se quedan trabajando aseguran que mantienen la misma productividad o incluso la aumentan por el Mundial, según una encuesta del portal laboral Bumeran. Sólo el 5% confiesa que produce menos en este mes y medio de puro fútbol. El 47% cree que mejora el clima laboral. “Los datos derriban el mito de que el Mundial impacta negativamente en la productividad, el 56% de las personas dice que trabaja normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia durante el Mundial no es la productividad, sino la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. Las personas no trabajan aisladas, trabajan en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo” , analiza el CEO de Bumeran, Federico Barni. Dos de cada tres encuestados contó que sus empresas les dejan ver el partido, la mayoría en el mismo lugar de trabajo y otros haciendo home office.

Siempre está el mito de que mientras se juega el Mundial los gobiernos distraen al pueblo. Como Benito Mussolini en Italia 1934, Jorge Videla en Argentina 1978 o Donald Trump en esta copa. Pero los torneos pasan y la realidad persiste. Tras la tercera estrella, los campeones del mundo, quizás movidos por el sentimiento antipolítica, fueron los primeros en 96 años de historia de mundiales que no fueron a mostrar el trofeo al presidente de su país, entonces Alberto Fernández, que al año siguiente entregó la banda presidencial al outsider Javier Milei.

El campeonato actual no logró tapar el escándalo de Manuel Adorni, que terminó eyectado de la Jefatura de Gabinete en fase de grupos. Su sucesor, Diego Santilli, menos provocador y más proclive al diálogo y la transacción, enfrente igualmente el serio desafío de convencer a esos 13 gobernadores que fueron a acompañar a Milei a la celebración de la independencia este jueves en Tucumán de votarle todo al Gobierno en el Congreso. En las filas de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que no está fácil. En el primer semestre del año, en medio de la caída de la recaudación tributaria y de nuevos cortes de la motosierra, las transferencias de la Nación a las provincias cayeron 62%, incluso 88% en junio, según la consultora Analytica.

Por eso en LLA admiten que la principal reforma que quiere la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) está complicada. Y que el nuevo ajuste de subsidios al gas de Zonas Frías del centro y el norte del país es lo más difícil de aprobar porque los gobernadores no quieren encarecerles el suministro a sus ciudadanos en pleno invierno. Luis Caputo deberá recortar por otro lado para seguir asegurando el pago de la deuda, que tanto lo ocupa, como quedó demostrado este lunes en la presentación de su programa financiero para 2026 y el electoral 2027.

En cambio, en el oficialismo creen que será más sencillo aprobar el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación de proyectos de más de US$1.000 millones, como los centros de datos de inteligencia artificial de Peter Thiel, dueño de Palantir. Los libertarios confīan en que los gobernadores no tendrán problema en apoyar una ley que resigna recursos pero de sectores que hoy no existen en el país, por eso hablan erróneamente de costo fiscal cero. Además creen que los jefes provinciales están entusiasmados con las iniciativas del RIGI, que se centran en provincias periféricas, no en el conurbano bonaerense.

Para más adelante quedará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: no hay ni siquiera un borrador escrito sino sólo unas ideas fuerza, como que su objetivo vuelva a ser sólo el combate a la inflación, ya no también al desempleo, como en la Reserva Federal de EE.UU., y que se prohíba la emisión de dinero sin respaldo para financiar las cuentas fiscales, una herramienta de la que se ha abusado por décadas pero que fue pedida hasta por los empresarios en la pandemia para pagar los sueldos de sus empleados.

AR/MC

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidó la política extractiva en el país otorgando beneficios excepcionales a la industria de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura exportadora. El siguiente paso del Gobierno es ampliar y profundizar esos beneficios a lo que denominó, de forma amplia, las “nuevas actividades económicas” dentro del proyecto de Súper RIGI. Se trata de la industria controlada por las denominadas “Big Tech” Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, y las emergentes del mundo de la Inteligencia Artificial como Open IA y Antrophic, además de magnates tecnológicos con relaciones directas con la Casa Rosada como Peter Thiel.

¿Cuáles son los beneficios para el país? En el informe “Súper privilegios, soberanía debilitada” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, define el Súper RIGI como un programa para “privatizar los beneficios, socializar los costos y consolidar una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico”. El informe habla de “enclaves” para dar cuenta de cómo los incentivos para grandes corporaciones —el Súper RIGI eleva la inversión de ingreso a 1.000 millones de dólares— “delimita zonas de excepción dentro del territorio nacional, donde las reglas generales de política económica, fiscal, cambiaria y comercial quedan subordinadas a los derechos adquiridos por el inversor”. Y ante un conflicto con el Estado nacional tiene el derecho de resolver en tribunales fuera del país.

La iniciativa —que consiguió media sanción en Diputados con los votos del oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales— amplía la lógica del RIGI con incentivos excepcionales a 30 años: estabilidad normativa y seguridad jurídica, beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria, previsional y jurisdiccional; para proyectos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares y afectados a las indefinidas “nuevas industrias” en infraestructura tecnológica y digital estratégica, que podrán ser desde desarrollos de inteligencia artificial, bases de procesamiento de datos o ‘data centers’ hasta industrias de semiconductores o biotecnología avanzada.

“El RIGI ya consolidó una orientación extractiva, concentrada en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora. El Súper RIGI traslada esa misma lógica a la infraestructura crítica de la economía digital. Un data center no es una ‘nube’ inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”, advierten Lozano y Rameri en el informe.

Las advertencias sobre el Súper RIGI fueron plasmadas durante el debate legislativo también por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, CELS, FARN, Fundación Biodiversidad, Transnational Institute, Taller Ecologista y Asociación Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otros.

“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas”, denunció Enrique Viale, presidente de AAdeAA, y sentencia que lo hace “sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental”.

Ese grupo de organizaciones no solo denunció el Súper RIGI sino que lo calificó como el “contenedor fiscal y regulatorio” de una estructura más amplia que se completa con el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades —que comenzó a debatirse en el Senado— y pretende crear la figura de “Sociedad automatizada”, una estructura empresarial sin empleados y manejada por inteligencia artificial.

“Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes”, aseguró Viale.

La aparición del debate parlamentario del Súper RIGI, con amplios beneficios para el sector tecnológico, se instaló entonces dentro de un debate global en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las regulaciones estatales para controlar su expansión, su dominio y los peligros que implica en materia de relaciones laborales, sociales y derechos individuales.

Desde la presencia del magnate Peter Thiel en la Argentina, que durante más de un mes se instaló en el país para mantener reuniones en la Casa Rosada y privadas con funcionarios y dirigentes; a la publicación de una columna del presidente Javier Milei en el Financial Times invitando a las empresas de IA a invertir al país con la promesa tributaria del Súper RIGI y la inclusión de las “sociedades automatizadas”. De las preocupaciones volcadas en la encíclica “Magnifica Humanitas” por el papa León X sobre el “paradigma tecnocrático” hasta las recomendaciones del propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, solicitando establecer controles ante el “desafío civilizatorio” que implica la IA en su ensayo “La adolescencia de la tecnología”.

“Aunque no corresponda afirmar, sin prueba documental directa, que el proyecto haya sido escrito por o para Thiel, sí debe señalarse que el diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”, advierte el informe de IPyPP y resalta la influencia de Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa tecnológica vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa, seguridad e inteligencia estatal.

“Cuando un régimen promocional abre la puerta a mega data centers e infraestructura digital estratégica sin cláusulas exigentes de soberanía tecnológica, localización de capacidades, protección de datos, control público, transparencia ambiental y desarrollo de proveedores nacionales, el problema deja de ser meramente tributario. También involucra soberanía digital, política industrial y control democrático sobre infraestructuras críticas”, sentencia.

Un cheque en blanco para el Gobierno y las Big Tech

La definición de “nuevas actividades económicas” fue un punto crítico del debate parlamentario en la Cámara baja debido a que no permitía precisar el objeto de los amplios beneficios que serán otorgados. Sin embargo, el oficialismo se mantuvo firme y dejó una definición amplia que será determinada por “criterios objetivos y parámetros mensurables” del propio Poder Ejecutivo en la reglamentación de la norma. De esta manera, el Poder Legislativo dejó liberado cuál de los sectores de la industria tecnológica serán los beneficiados.

“La aprobación de una ley con objeto indeterminado no configura un problema político abstracto sino un problema jurídico preciso: el Congreso estaría delegando en el Ejecutivo la potestad de definir retroactivamente qué actividades quedan comprendidas en un régimen con beneficios de estabilidad de 30 años”, advirtieron el conjunto de organizaciones de la sociedad civil en el documento “Lo que está en juego con el Súper Rigi” y señalaron que esa indefinición va contra el artículo 76 de la Constitución, que exige que la delegación legislativa establezca bases claras y un plazo definido.

Durante el debate parlamentario, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, estuvo lejos de dar precisiones sobre quiénes serán los beneficiarios finales: “Esto se propone para la nueva industria; qué industria, no lo sé, lo que no queremos es limitarlo”.

Para adherir al Súper RIGI las empresas deberán conformar un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y tendrán de por sí unas pocas limitaciones: presentar una inversión en un sector que “no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación”, no poder presentar inversiones que ya solicitaron su adhesión al RIGI, comprometer un 20 por ciento de la inversión en los primeros dos años.

El proyecto, negociado por el Gobierno con la mayoría de los mandatarios provinciales, señala, para mantener las formas del federalismo, que se deberá contar con la adhesión provincial y municipal al régimen de la región donde quieran desarrollarlo.

Esa última condición trae un condicionamiento para las administraciones provinciales y municipales, una vez adheridas al Súper RIGI y cuando un proyecto sea aprobado, no podrán dar marcha atrás con los incentivos otorgados durante 30 años, incluso cuando en un futuro decidan dejar de adherir al programa. Además con su adhesión, provincias y municipios se compromete a:

Durante el debate en la Cámara baja sólo se logró torcer al oficialismo la posibilidad de aplicar cánones a “nuevas regalías” en provincias y municipios. Mientras que tampoco podrán aplicarse aumentos sobre tributos ni aplicar nuevos; pero sí podrá beneficiarse el VPU de futuras reducciones o eliminaciones impositivas. El informe de IPyPP define la condición de las provincias y municipios como de “mayor subordinación”.

Tal como ocurrió con el RIGI, los VPU aprobados de estas “nuevas industrias” podrán importar bienes para el plan de inversiones exentos de derechos, tasas y todo régimen de percepción nacional, provincial o municipal; mientras que las exportaciones que surjan del proyecto tampoco pagarán derecho de exportación. Las importaciones y exportaciones no podrán recibir por parte del Estado prohibiciones, cupos, cuotas o prioridades de abastecimiento interno.

Durante el debate solo se consiguió, como en el RIGI, una cuota del 20 por ciento de compromiso mínimo de contratación de proveedores nacionales, pero atados a la oferta local disponible y las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. En cuánto a los dólares que se generarán en los proyectos, solo se deberá ingresarlos al mercado de cambios local durante el primer año de generar exportaciones. Desde entonces, comenzará un régimen de excepción que alcanzará el 100 por ciento en tres años.

El beneficio que, como con el RIGI, determina que los proyectos se transforman en zonas de enclave supranacionales es la posibilidad de que ante cualquier reclamo legal, la resolución de controversias habilita a los socios o accionistas extranjeros a acudir a tribunales internacionales como la Corte Permanente de Arbitraje y la Cámara de Comercio Internacional o al CIADI. En ese sentido, el artículo 110 del proyecto establece que los derechos del régimen “se consideran inversiones protegidas”, dándole a las empresas el estatus de titular de un derecho protegido internacionalmente frente al Estado.

¿Qué beneficios profundiza el Súper RIGI?

“El Súper RIGI no es simplemente una versión sectorial del RIGI sino también una profundización”, sostiene el informe de IPyPP, que repasa aquellos incentivos y beneficios que profundiza para los grandes capitales —el piso se incrementa de 200 millones a 1.000 millones, solo posible para grandes corporaciones—. Entre ellos, menciona que amplía la ventana de adhesión de dos a cinco años, prorrogables por uno más; y reduce de 40 a 20 por ciento el total de inversión obligada en los primeros dos años.

La alícuota de Impuesto a las Ganancias también se reduce respecto del RIGI del 25 al 15 por ciento, mientras que la alícuota para sobre dividendos y utilidades se reduce a 3,5 por ciento en cuatro años, en lugar de los siete años previstos por el RIGI. También exime los derechos de exportación desde el inicio de las exportaciones del proyecto, mientras que el RIGI establece esa exención luego de tres años.

En cuanto a la libre disponibilidad de las divisas para los VPU que ingresen, el RIGI general habilita la libre disponibilidad progresiva del 20 por ciento, 40 por ciento y 100 por ciento de los dólares generados por exportación luego de dos, tres y cuatro años desde la puesta en marcha. El Súper RIGI reduce esos plazos a uno, dos y tres años.

¿Por qué insiste con la economía de enclave del RIGI?

El informe de IPyPP asegura que los problemas que ya presentó el RIGI, con sus 17 proyectos aprobados, solo se verán profundizados con la aplicación de un Súper RIGI para las Big Tech. “La información disponible muestra que el RIGI no operó principalmente como una herramienta para crear inversiones donde no existían condiciones previas, sino como un régimen de privilegios para sectores que ya contaban con elevada rentabilidad potencial y proyectos previamente anunciados”, apunta el informe.

En ese sentido, el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza el alto costo fiscal de los proyectos aprobados por el RIGI —estudio que no figuró ni en el RIGI ni tampoco aparece en el Súper RIGI—, que perjudicarán sobre todo la recaudación de la próxima gestión, precisó que sobre los 12 primeros proyectos aprobados, al menos, siete ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones realizadas o definiciones estratégicas previas. Por ejemplo, los proyecto Josemaría y Filo del Sol, que fueron unificados dentro del megaanunciando proyecto Vicuña, el más reciente aprobado por el Comité Evaluador del RIGI. Otro ejemplo es el proyecto Vaca Muerta Sur.

Volviendo al punto del costo fiscal, denuncia la opacidad de un programa de incentivos con recursos públicos, que no ofrece ni el costo fiscal del régimen ni publica una estimación oficial del gasto tributario asociado a cada proyecto. Y cita el informe del CEPA que estima que el costo fiscal anual del RIGI, en régimen de plena operación de los proyectos aprobados, en alrededor de 1.813 millones de dólares en un escenario base, con un rango de entre 1.307 millones y 2.362 millones, según el nivel de exportaciones alcanzado.

En el documento realizado por el grupo de organizaciones de la sociedad civil, este punto se señala como el argumento de la “adicionalidad”, que durante el debate en el Congreso el secretario de Coordinación de Energía y Minería definió como: “No hay costo fiscal porque antes estos proyectos no existían.” “Este argumento es metodológicamente insostenible sin evidencia empírica que lo respalde”, sostienen las organizaciones y afirman: “El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo”.

El informe de IPyPP denuncia como otro problema central, desde lo productivo, la reprimarización que impone el RIGI al consolidar “una inserción internacional basada en la extracción y exportación de bienes primarios o de bajo procesamiento relativo” sin “transformación productiva con mayor complejidad tecnológica, integración nacional o agregación local de valor” y lo define como “una dinámica de ‘sustitución inversa’: proyectos extractivos y exportadores con alto componente importado”.

“El proyecto declara entre sus objetivos fomentar cadenas de producción locales, empleo y desarrollo económico, pero no establece obligaciones robustas de transferencia tecnológica, inversión en I+D, compra nacional efectiva, radicación de centros de investigación, formación de trabajadores, reserva de capacidad para el mercado interno”, advierte.

En ese sentido, ambos informes marcan un contrapunto con políticas de países vecinos como Brasil y Chile. El caso brasilero es el del programa Redata que prevé beneficios tributarios, pero asociado a políticas de soberanía digital, mercado interno, I+D, como, por ejemplo, que al menos el diez por ciento de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos queden para el mercado interno brasileño.

Otra condición impuesta en Brasil para las empresas es que el dos por ciento del valor de los productos adquiridos con beneficios del Redata sean destinados a proyectos de I+D+i vinculados al desarrollo industrial y tecnológico en articulación con instituciones científicas y tecnológicas, universidades, entidades educativas, empresas públicas u organizaciones sociales. En Chile, el Plan Nacional de Data Centers opera sin incentivos fiscales específicos y exige acuerdos con empresas internacionales para reservar capacidad de cómputo para universidades y centros de investigación nacionales.

El Impacto Ambiental y energético

Tanto el informe de IPyPP como del grupo de organizaciones de la sociedad civil pone un alerta sobre los impactos ambientales y energéticos que tendrán estas negocios que están siendo minimizados al calor de la llegada de dólares. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (AIE), los data centers alrededor del mundo consumieron, en 2025, alrededor de 460 TWh de electricidad, un 1,8 por ciento de la demanda eléctrica mundial.

El peso de esa demanda puede ser relativo a escala mundial, pero su concentración territorial puede generar impactos locales relevantes sobre las redes eléctricas. Por ejemplo, es el equivalente al consumo anual de toda Francia. Y la AIE proyecta que el consumo superé los 800 TWh anuales para 2028, impulsado por la expansión de la Inteligencia Artificial.

El informe elevado por las organizaciones de la sociedad civil pone como ejemplo el caso de Irlanda, donde la alta demanda de energía de los data centers alcanzó a representar el 22 por ciento del consumo nacional, y obligó al Estado a establecer una moratoria de nuevas conexiones e invertir 1.000 millones de euros en generadores de emergencia, que terminaron pagando los usuarios residenciales. En 2025, finalizó la moratoria pero obligó a las nuevas empresas de centros de datos que tengan capacidad propia de generación al 100 por ciento de su demanda, con un 80 por ciento de energía renovable.

Si el consumo de energía es de alta demanda, el de agua no se queda atrás. El centro de datos de Google en Iowa (Estados Unidos), señala el informe elevado al Congreso por las organizaciones de la sociedad civil, consumió alrededor de 3.800 millones de litros de agua en el año 2024. El agua es utilizada en los centros de datos para alimentar los sistemas de refrigeración y, por efecto de la evaporación, el recurso se pierde y deja de estar disponible para otros usos.

Como ya lo hizo público el presidente Javier Milei, la Patagonia y la cordillera de Los Andes son los lugares —por temperaturas promedio y recursos hídricos— en lo que las inversiones en centros de datos pondrían los ojos. A fines del año pasado, tras una reunión con Milei, el CEO de Open IA, Sam Altman, prometió una inversión de 25.000 millones en la Patagonia. Por lo tanto, no habría que dejar de ver el Súper RIGI junto a la ya aprobada modificación de la Ley de Glaciares y la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilitaría a los capitales internacionales a comprar tierras sin límites de extensión ni localización.

La pregunta que surge es qué ocurriría en las regiones cordilleranas de Cuyo, Patagonia y el NOA, que atraviesan una situación de estrés hídrico, con la instalación de centros de datos. El Súper RIGI no establece condiciones sobre uso del agua y sí asegura para los VPU que resulten aprobados la garantía de “operación continuada sin interrupciones”. Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron durante el debate que ningún proyecto del Súper RIGI se instalará sin generar su propia energía, “pero esa exigencia no está en el texto de la ley”, advierten las organizaciones.

Chile vivió un caso relevante en febrero de 2024, cuando un tribunal chileno revocó parcialmente la autorización de un proyecto de Google en Santiago por preocupaciones sobre el uso del agua. El Plan Nacional cuenta con la promoción explícita de la sostenibilidad hídrica y energética de las empresas que se instalan. Por su parte, el Redata, en Brasil, condiciona los beneficios a energía 100 por ciento renovable y diez por ciento de capacidad para el mercado doméstico.

Estos puntos surgieron en el debate de la Cámara de Diputados y se consiguieron algunas concesiones por parte del oficialismo. Por ejemplo, se incorporó la exigencia de un estudio técnico sobre el impacto del proyecto en su zona de influencia, incluyendo recursos naturales, transporte, energía, telecomunicaciones, agua, saneamiento e infraestructura de servicios y agregó como causal de rechazo del VPU, la existencia de un impacto negativo sustancial sobre esa área. Pero se enfrentará al mismo problema denunciado durante el tratamiento de la Ley de Glaciares –que dejó en manos de las provincias la decisión de qué cuerpo de agua proteger– la evaluación de la autoridad de aplicación y la capacidad efectiva de control estatal, sin parámetros específicos.

“No se trata de discutir si la Argentina necesita inversiones. La cuestión es bajo qué condiciones se las promueve, qué capacidades conserva el Estado para orientar su desarrollo y quién asume los costos de esa estrategia”, sentencia el informe del IPyPP.

Este artículo fue publicado originalmente en Tierra Viva

Argentina está por completar un menú de regímenes de inversión que, en la práctica, crea un sistema impositivo con cuatro velocidades. La más rápida (y la más barata) es para los proyectos más grandes. La más lenta es para las PyMEs. Vale la pena poner los números sobre la mesa.

Empecemos por Ganancias. El régimen general cobra una escala progresiva: 25% para ganancias de hasta $133,5 millones, 30% hasta $1.335 millones y 35% por encima de ese monto. La mayoría de las PyMEs queda en el tramo del 25% o del 30%. Si esa PyME se inscribe en el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), la alícuota no cambia: sigue pagando 25% o 30% según su ganancia. El RIMI no baja la tasa. Lo que ofrece es amortización acelerada —deducir la inversión en dos años en lugar de cinco o diez— y devolución anticipada de IVA. El alivio es financiero: el impuesto total a lo largo del tiempo es el mismo.

Un escalón más arriba, el RIGI fija Ganancias en 25% para inversiones mayores a USD 200 millones. A eso le suma exención de retenciones a la exportación desde el tercer año, disponibilidad progresiva de divisas de exportación (100% al cuarto año), estabilidad fiscal por 30 años, quebrantos sin límite temporal y acceso a arbitraje internacional. En la cima, el Súper RIGI, que acaba de obtener media sanción en Diputados, baja Ganancias al 15%, elimina retenciones y derechos de importación desde el primer día, reduce las contribuciones patronales del 24% al 10%, fija los dividendos en 3,5% a partir del cuarto año y acelera la libre disponibilidad de divisas de exportación al tercer año. Además, elimina por completo la obligación de liquidar los ingresos de capital y deuda externa: la inversión puede instalarse en Argentina sin volcar un dólar en el mercado local.

La asimetría se vuelve más nítida cuando se mira qué no cambia para las PyMEs bajo el RIMI. La alícuota de Ganancias es la misma. Los dividendos tributan igual: 7%. Las retenciones a la exportación siguen vigentes. La liquidación de divisas sigue siendo obligatoria. No hay estabilidad fiscal garantizada ni acceso a arbitraje internacional. El RIMI es, en definitiva, un adelanto de deducciones. Nada más.

Un ejemplo concreto: una PyME que gana USD 500.000 al año tributará Ganancias a una tasa efectiva cercana al 29%. En una década, habrá pagado alrededor de USD 1,4 millones. Un megaproyecto bajo el Súper RIGI que genere la misma ganancia pagará USD 750.000: casi la mitad. Y eso sin contar los beneficios aduaneros, cambiarios y laborales que la PyME no recibe.

Se podrá argumentar que sin incentivos generosos las grandes inversiones no vendrían. En algún caso puede ser. En otros no tanto. Pero la arquitectura del sistema revela una elección de prioridades. El RIMI exige que la PyME mantenga los bienes adquiridos en el marco del régimen en su patrimonio al menos dos años; si los vende antes, devuelve todo con intereses y multa. El Súper RIGI congela las reglas por tres décadas, no obliga a liquidar un solo dólar y, si bien reincorporó a último momento una meta del 20% de compras locales, el cupo puede cumplirse con servicios u obras que de todos modos se hacen en el país.

Otros países diseñaron la ecuación al revés. Brasil condiciona los beneficios de sus centros de datos a invertir en investigación local y reservar capacidad de cómputo para el mercado interno. Chile cobró más impuestos, no menos, a cambio de garantizar estabilidad fiscal. En ambos casos, el incentivo era generoso pero venía con contrapartidas concretas.

La discusión de fondo no es si hay que ofrecer incentivos (hay que hacerlo), sino si tiene sentido que quien más beneficios recibe sea también quien menos obligaciones asume. Hoy, en la Argentina de los cuatro regímenes, el esfuerzo es para los chicos y los beneficios para los grandes. Tal vez sea hora de preguntarse si no hay una forma más inteligente de repartir la torta.

Guido Zack es director de Economía en Fundar.

En el oficialismo y en el empresariado hay quienes consideran que la gota que derramó el vaso del escándalo de Manuel Adorni fue que la discusión sobre su eventual moción de censura en el Senado suspendiera el debate de leyes clave para ciertos sectores y empresas tecnológicas, como Palantir, del norteamericano residente en Buenos Aires Peter Thiel. El combo de proyectos de leyes que crean las empresas sin humanos, que elimina límites a la extranjerización de tierras y que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación con el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), pensadas a la medida de Thiel y otros tecnomagnates, enfrentaba frenos con Adorni en el medio. Ya no.

Pero no sólo apoyan los empresarios tecnológicos y extranjeros que se beneficiarán con esas normas. Otros proyectos como el de la eliminación de los octógonos negros que advierten sobre la insalubridad de los alimentos también es un deseo del establishment. Se suman quienes veían que el caso del ahora exjefe de Gabinete estaba esmerilando la popularidad del presidente Javier Milei y sus expectativas de reelección en 2027, al combinarse con un consumo que sigue barranca abajo.

Por eso la bolsa de Buenos Aires reaccionaba este lunes con un alza leve de su índice S&P Merval del 1,4%, las acciones argentinas en Nueva York subían hasta 4,3% en el caso de Edenor y los bonos también se apreciaban, reduciendo el riesgo país 2%, a 428 puntos básicos. En cambio, otros hombres de negocios vinculados al mercado interno advierten de que nada cambia su triste realidad recesiva.

“Influyó bastante”, comenta una fuente de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso sobre el impacto de la obstaculización de la agenda legislativa de su partido por los intentos de la oposición de tratar la moción de censura a Adorni. “La parálisis de todas esas leyes, poner todo el tiempo a los legisladores en el el ojo de la tormenta, sobre si iban a decidir rajarlo o no, y la presión de gobernadores tuvo mucho que ver. La realidad es que ni propios ni ajenos podían verlo más. No había forma de sostenerlo”, agregan en el oficialismo.

Un informante de LLA en el Gobierno niegan que la traba a las leyes pro Thiel fuera el desencadenante: “Adorni ya tenía el boleto picado. Sólo seguía por un capricho de Milei”. “Acá se seguía trabajando al mismo ritmo. Ya en el Congreso entiendo era otra historia”, se refiere otra fuente del Ejecutivo a las iniciativas reformistas libertarias. Un alto cargo del Gobierno ratifica: “No creo que haya una vinculación directa entre la renuncia de Adorni y la demora en los proyectos de ley”.

“La salida de Adoni ayuda a que el Gobierno ponga foco a seguir avanzando con las reformas y cambios políticos que más tarde o más temprano generan mejoras en el entorno económico”, opina el mandamás de uno de los principales grupos empresarios de la Argentina, que apoya las reformas en líneas generales. Coincide en que su recambio facilitará la aprobación del Súper RIGI, las empresas sin humanos y la inviolabilidad de la propiedad privada -incluye la desregulación para extranjeros, los desalojos exprés y la eliminación de restricciones a la venta de campos incendiados- y otras por venir.

“Dios quiera que mejoren el clima y las relaciones. Esta nueva gestión es prometedora, conocen más la realidad económica y empresarial del país”, sostienen en otro de los principales conglomerados del país, en referencia al reemplazante de Adorni, Diego Santilli. Uno de los presidentes de las principales cámaras empresariales del país concuerda: “Todo cambio genera expectativa. En esta oportunidad, es muy positiva”.

Pero están también los empresarios vinculados a la industria, el consumo masivo y la construcción que siguen en la lona de las ventas. “No creo que la salida de Adorni cambie nada. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo jefe de Gabinete, pero las expectativas pasan por otro lado y no sé si puede mejorar algo, excepto que despeje dudas que son más políticas que económicas”, comenta un consultor de empresas. En una compañía proveedora de supermercados lo confirman: “No tenemos perspectivas de ningún cambio en la política económica en lo que respecta a incentivos o mejor clima para el consumo”.

“La crisis de Adorni no afectaba la capacidad de compra de la gente, pero sí tenía frenada la agenda legislativa y la Argentina necesita que la ley de etiquetado se derogue, es una ley antialimentos y desinforma a la gente”, comentan en una de las mayores firmas de alimentación. “Con la salida de adorni quizás se reactive esa agenda”, se ilusionan quienes pretenden derogar una norma que difienden desde organizaciones de la sociedad civil hasta las de cardiólogos y nutricionistas.

“Cualquier cambio, positivo o negativo, no está relacionado con Adorni”, observan en otra gran empresa de consumo masivo. “No tenemos un negocio en el que tenga impacto. Entiendo que para el mundo financiero y otros pueda tenerlo”, añaden.

AR/MC

El nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) que el oficialismo aprobó este miércoles con media sanción en la Cámara de Diputados es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica.

Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Se busca dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Luego de casi cuatro meses de atajar los escándalos generados por los gastos patrimoniales de Manuel Adorni, el Gobierno logró ordenar la tropa y avanzar con su agenda en el Congreso. Negoció con los aliados, acordó con los gobernadores y consiguió, así, blindar al jefe de Gabinete y aprobar uno de los proyectos con los que se propone relanzar la imagen de la gestión: el Super RIGI.

Poco antes de las 23:30, y con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, el Gobierno consiguio la media sanción para el proyecto.

El debate todavía se estaba llevando a cabo en el recinto, pero en el Gobierno se mostraban confiados: superado el affaire Adorni, a quien habían logrado proteger el día anterior volteando la sesión opositora, los votos para avanzar con el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones serían cuestión de tiempo. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, paseaba por los pasillos de la Cámara de Diputados, atento a las negociaciones de último momento, pero no se lo veía nervioso. “Los votos están justos, pero están”, deslizaban en el oficialismo. La comprobación llegaría cerca de la medianoche con el apoyo de los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

A última hora, el oficialismo logró introducir en el dictamen una modificación del inciso D del artículo 113 que establece que “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no aplicarán nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, como así tampoco aumentarán las regalías o cánones vigentes”.

El proyecto del Ejecutivo, una versión 2.0 del RIGI sancionado hace dos años, está orientado a inversiones destinadas a infraestructura digital e inteligencia artificial por más de mil millones de dólares. Un régimen que, según denunciaron numerosas organizaciones y fundaciones de desarrollo, estará destinado a la instalación de data centers en zonas puntuales de la Patagonia, donde hay acceso a recursos naturales, energía y bajas temperaturas. Incluye enormes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios con garantía de estabilidad por 30 años. 

El oficialismo, sin embargo, se tomó el debate en la Cámara de Diputados como una disputa ideológica sobre el modelo económico de Javier Milei. “Hay que salir de ‘cavernicolandia’. Hemos ahuyentado a las inversiones con el cantito de ‘combatir el capital’. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, el capital va donde puede hacer negocios”, arremetió el libertario “Bertie” Benegas Lynch, quien, en categoría de miembro informante de La Libertad Avanza, ofició también de mandamás ideológico: “Volver a la seguridad jurídica es volver al concepto de propiedad privada”.

A diferencia de otros debates, en los que los diputados del oficialismo casi no se animan a tomar la palabra, esta vez hubo una decisión del bloque de tomar protagonismo. Con argumentos que iban desde la defensa al RIGI (no al Super RIGI) hasta chicanas por internas provinciales, los diputados de LLA hicieron un esfuerzo por respaldar la iniciativa del Ejecutivo. 

“Este tipo de inversiones no sólo generan riqueza sino que generan puestos de trabajo valioso que van a destrabar lo que se hizo en la Argentina que fue abarrotar el sector público de empleados”, aseguró el correntino Lisandro Almirón, quien comparó el Super RIGI con el desarrollo de los ferrocarriles en el país y acusó al kirchnerismo de solo haber pensando el desarrollo del país en términos de “emisión monetaria, endeudamiento y generación de impuestos”. 

La oposición, mientras tanto, cuestionaron que el régimen ofreciera concesiones ilimitadas –como la reducción del impuesto a las Ganancias y las cargas patronales, eliminación de derechos de exportación y la garantía de que lass disputas irán directamente a arbitraje internacional– sin casi ninguna contraparte productiva al país. 

Solo hubo una concesión, incluida a último momento como parte de las negociaciones con los aliados, que establece una cláusula de “compre argentino” para el 20% de las contrataciones a proveedores. Aunque con una salvedad: “siempre y cuando las condiciones estén en condiciones de mercado”. 

“Es una trampa. Van a hacer competir a las PYMES que están en condiciones mucho más desfavorables que la apertura de importaciones”, cuestionó la diputada peronista, Victoria Tolosa Paz, que también cruzó a Benegas Lynch por el comentario sobre “cavernicolandia”: “No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo. Lo que le falta es garantizar el desarrollo. Basta con mirar lo que hacen Brasil y Chile”.

“Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina. Porque este proyecto está encadenado a la ley de Glaciares, la reforma laboral y la ley de inviolabilidad privada. Es todo un paquete para que los fondos buitre vuelvan a hacer negocios con la Argentina”, sumó el diputado y dirigente sindical, “Paco” Manrique.

Un plan de pago para los fondos buitres

Antes del debate por el Súper RIGI, el oficialismo pudo aprobar una autorización que le permitirá al Gobierno poder llevar adelante un  plan de pago a dos “fondos buitres” que todavía conservan títulos de la deuda defaulteada del 2001. Con 139 votos positivos y 97 negativos el Ejecutivo podrá ejecutar ahora el acuerdo de conciliación económica que ya tenía media sanción en el Senado.

El Gobierno necesitaba conseguir esa autorización porque el 30 de junio vence el plazo fijado para concretar el acuerdo fijado en la justicia de Estados Unidos y que incluye una quita del 30% de la deuda. En total, la Argentina debe US$170 millones a los fondos “Bainbridge Ltd.” y “Attestor Value Master Fund LP.”

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Mientras el Gobierno defiende el Super RIGI como una herramienta para atraer inversiones de frontera tecnológica, distintas organizaciones –desde Amnistía Internacional hasta Greenpeace– sumaron más cuestionamientos al alcance y los efectos del proyecto y denuncian que la iniciativa implica un “un cheque en blanco para las Big Tech”.

En un documento afirman que la iniciativa que permitirá beneficios extraordinarios para grandes empresas tendrá escasas exigencias en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo local, lo que implica “30 años de garantías, sin exigencias”.

Amnistía Internacional, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), son algunas de las 21 organizaciones de la sociedad civil que firman el documento.

Allí, sostienen que el Gobierno no presentó evidencia que permita demostrar la denominada “adicionalidad” de las inversiones, es decir, que los proyectos efectivamente dependan de estos incentivos para concretarse. Los autores citan datos de Fundar según los cuales, pese a que el Ejecutivo anunció inversiones por unos US$ 124.000 millones vinculadas al RIGI, hasta el momento sólo se habrían materializado desembolsos por US$ 762 millones.

Días atrás, la Fundación Mediterránea también había expresado sus críticas al proyecto. “Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, señalaba el texto.

El proyecto que hoy trata la Cámara de Diputados crea un régimen especial para inversiones superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a “nuevas actividades económicas”. Como contó elDiarioAR, contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años.

Para sus impulsores, se trata de una herramienta destinada a captar inversiones que de otro modo no llegarían al país. Para sus críticos, en cambio, el proyecto amplifica los beneficios ya otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin resolver los problemas detectados en su implementación.

La discusión sobre el costo fiscal ocupa un lugar central entre las objeciones. Según estimaciones citadas en el informe, los beneficios otorgados bajo el RIGI podrían representar más de US$ 1.000 millones anuales de gasto tributario una vez que los proyectos entren en régimen. Para el Super RIGI, el costo potencial sería aún mayor debido a la reducción adicional de impuestos y cargas patronales.

Otro de los cuestionamientos apunta a la definición misma de las actividades alcanzadas. El texto establece que podrán acceder al régimen aquellas actividades que no existan en el país o cuyo desarrollo sea experimental o piloto, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de los criterios concretos para determinar qué sectores califican.

Los autores sostienen que esa redacción otorga una discrecionalidad excesiva a la administración nacional. Durante las reuniones informativas en Diputados, legisladores de distintos bloques plantearon reparos similares y reclamaron que los parámetros queden definidos en la propia ley.

Las críticas también alcanzan al capítulo institucional. El proyecto prevé que las controversias entre el Estado y las empresas adheridas puedan resolverse mediante arbitrajes internacionales, sin necesidad de pasar previamente por la Justicia argentina. Además, los beneficios otorgados quedarían protegidos durante tres décadas frente a eventuales cambios regulatorios.

Para los detractores del régimen, esa combinación implica una limitación significativa de la capacidad futura del Estado para modificar reglas tributarias, ambientales o laborales sin exponerse a litigios internacionales. “Ningún instrumento similar ofrece más de diez años de estabilidad irrevocable en sectores de alto dinamismo tecnológico”, señala el informe al comparar la iniciativa con experiencias internacionales.

La posibilidad de que el Super RIGI sea utilizado para atraer grandes centros de datos e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial ocupa un capítulo especial del documento. La discusión cobró relevancia después de que trascendiera el interés de empresas tecnológicas internacionales por desarrollar proyectos de gran escala en la Patagonia.

Según los autores, los data centers plantean desafíos específicos vinculados al consumo de energía y agua, la concentración económica y la soberanía tecnológica. Como ejemplo mencionan las restricciones impuestas en los últimos años por Irlanda, Países Bajos y Dinamarca para limitar el impacto de estas instalaciones sobre sus redes energéticas.

El informe cuestiona además que el proyecto no incluya obligaciones concretas de transferencia tecnológica, inversión en investigación y desarrollo ni cesión de capacidad de cómputo para universidades y organismos científicos argentinos. En ese sentido, subraya una contradicción entre la búsqueda de inversiones en sectores de frontera tecnológica y el ajuste presupuestario aplicado sobre organismos como el CONICET, la Agencia I+D+i y otras instituciones del sistema científico.

Las organizaciones que firman el proyecto son:

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)

Asociación Gremial de Computación (AGC)

Asuntos del Sur

ATTAC Argentina

Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF)

Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación Biodiversidad

Géneras

Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC)

Greenpeace Argentina

Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL)

Iciudad

Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA)

Latam Lab

Salus Terrae

Taller Ecologista

The Common Initiative Argentina

Transnational Institute (TNI)

Equipo Transiciones

“Sentate Ravier”, le gritaron los diputados libertarios al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando faltaban apenas un par de minutos para que venciera el plazo para conseguir quórum en la sesión oficialista de la Cámara de Diputados. Ravier todavía era diputado nacional –renunciaría media hora después– y fue el último en ingresar al recinto. Los gobernadores se harían desear hasta último momento: en una maniobra de negociación con el Gobierno, los diputados que responden a Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal llegaron al filo del plazo. Como para que se notara. 

Martín Menem logró consolidar la estrategia que había diseñado el lunes, cuando convenció a la UCR, el PRO y los gobernadores de no acompañar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni. La segunda parte del acuerdo era conseguir el apoyo para abrir el recinto el miércoles, cuando el Gobierno quería aprobar el Super RIGI y sancionar el pago a dos fondos buitre que vienen sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2001. 

Fue la contracara del vaciamiento de la sesión del día martes: casi todos los diputados que se ausentaron para la avanzada contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista del miércoles. La UCR y el PRO, así como también los diputados que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos. También los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los únicos que pegaron el faltazo fueron los misioneros que responden a Hugo Passalaqcua, que fueron los primeros en ingresar a la zona del recinto pero nunca se sentaron. Esperaron hasta último momento para ver si el Gobierno los necesitaba, pero Menem logró cerrar el número justo con 129 sin ellos. 

Hasta Patricia Bullrich dio el presente desde uno de los apartados VIP del recinto. Bullrich, que estaba furiosa con Adorni por haberla desautorizado la noche anterior. El jefe de Gabinete había tuiteado que estaba dispuesto a presentar el informe de gestión el 2 de julio, apenas minutos después de que la senadora libertaria hubiera anunciado la suspensión de la sesión. ¿Por qué? Según sostienen en las filas del menemismo 2.0, el acuerdo con Karina Milei había sido que no se comentara nada, pero Bullrich “se fue de boca”. Una fractura expuesta de la interna libertaria que se expresó cuando un sector de LLA pidió un aplauso por la senadora y solo un puñado de legisladores correspondió. 

El motivo de la presencia de Bullrich, sin embargo, era que el reemplazo de Ravier, que presentó su renuncia luego de dar quórum, era un dirigente propio: el pampeano Martín Matzkin. Bullrich quería estar presente durante su jura y celebrar, por lo bajo, que el bullrichismo sumaba un nuevo diputado a sus filas. No de LLA, no del PRO: de Bullrich. Con Matzkin, Bullrich reúne unas 12 voluntades en la Cámara de Diputados.

“Nadie te pide tanto”

Apenas comenzó el debate, la oposición apuntó los cañones contra los diputados que habían dado quórum para la sesión oficialista y, en cambio, habían vaciado la sesión del martes para interpelar al jefe de Gabinete. 

“Son los mismos que ocuparon horas y horas hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio. Son unos caraduras. ¿Cuántos pendrive de diferencia hubo para dar quórum a una sesión y no a la otra? ¿Cuánto sale dar quórum a las 11.20 o a las 11.25?”, chicaneó Myriam Bregman (FIT), aludiendo a los diputados que bajaron a dar quórum a último momento. 

La oposición no tenía expectativas de poder avanzar con la moción de censura porque necesitaba tres cuartos de los votos para poder incluirlo en el temario, por lo que su objetivo era otro: exponer a los diputados que ayudasen a blindar a Adorni. El mecanismo fue un apartamiento de reglamento, presentado por el lilito Maximiliano Ferraro, para obligar a dictaminar los pedidos de interpelación la semana próxima, cuando fue convocada la comisión de Asuntos Constitucionales. 

Al momento de votar, sin embargo, el apartamiento del reglamento fue rechazado con 122 votos a favor y 108 en contra. El PRO acompañó la iniciativa con el objetivo de librarse de las culpas de no haber dado quórum la fecha anterior. “Queda demostrado que, aunque hubiéramos estado presentes, con los 90 diputados de LLA que no iban a acompañar, no había número. Que todo esto era show”, se atajó el jefe del PRO, Cristian Ritondo, cuando tomó la palabra. 

En la bancada opositora le respondieron con risas y chiflidos. “Nadie te pide tanto”, le espetó, irónico, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez.

MCM

“Citen a comisión y terminen con el tema”, lanzó, conciliador, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, en un momento de las negociaciones. Martín Menem necesitaba ganar tiempo, no sólo para descomprimir la presión por la expulsión de Manuel Adorni, sino también para diferenciarse de Patricia Bullrich, quien venía de liberar el campo del Senado para el avance del ataque contra el jefe de Gabinete. El riojano pedía una tregua momentánea y la consiguió con la promesa de un debate en comisión: a cambio de boicotear el quórum de la sesión opositora del martes, el oficialismo le daría a los aliados una vía de escape para sus reclamos. 

El PRO y la UCR no estaban tan cómodos con la idea de avanzar con la moción de censura contra Adorni como sus compañeros del otro lado de Pasos Perdidos. En Diputados, los ex socios de Juntos Por el Cambio se removían incómodos ante la posibilidad de que los títulos de los diarios los acusaran de haberse plegado a la “agenda kirchnerista”, por lo que buscaban una salida elegante que les permitiera evitar el otro título incómodo. Es decir: que se hubieran plegado a blindar a Adorni en medio del avance de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. 

Menem negoció una salida: vía Nicolás Mayoraz, el riojano convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar, el martes 30 de junio, el paquete de pedidos de interpelación y el pedido de moción de censura contra Adorni que la oposición buscará aprobar, en la sesión de este martes 23 a las 14 horas, en la Cámara de Diputados. Con un gesto, el presidente de la Cámara de Diputados se aseguró de que ni el PRO ni la UCR dieran quórum a la sesión opositora y, en cambio, sí dieran quórum para la suya al día siguiente.

Las dos convocatorias salieron al mismo tiempo. Por un lado, la invitación a la comisión de Asuntos Constitucionales. Y, unos minutos después, el pedido de sesión para el miércoles para aprobar el Super RIGI. Con una sola maniobra, Menem consiguió ordenar a los aliados para blindar a Milei y sostener la agenda del Gobierno en el Congreso. En LLA suspiraban satisfechos. 

El poroteo del “encubrimiento”

En la oposición pegaron el grito en el cielo apenas vieron las convocatorias. “Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno?”, provocó el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, a través de sus redes sociales. 

Martínez venía juntando los votos para la interpelación de Adorni desde la semana pasada. Junto a la Coalición Cívica y el ala más combativa de los representantes de gobernadores radicales agolpados en Provincias Unidas, el peronismo venía intentando sumar fuerza para llegar a las 129 voluntades que le permitieran abrir el recinto el martes. Los avances en el Senado, en donde se debatirá el pedido de moción de censura este jueves, habían dado impulso a la iniciativa opositora. Los gobernadores peronistas mileístas, como Raúl Jalil (Catamarca) o Gustavo Sáenz (Salta), no le cerraban la puerta a avanzar contra Adorni, y en la oposición se permitían fantasear con una mayoría ajustada. 

La maniobra de Menem, sin embargo, desbarató los planes. Sin la UCR y el PRO, el peronismo se queda solo con la izquierda y un sector de Provincias Unidas. No todos, porque el acuerdo del riojano hace dudar sobre las intenciones de algunos de los gobernadores que habían prometido su participación. Es el caso de los cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que responden a Martín Llaryora, y de la santafesina Gisela Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro. 

“Son parte de la jugada para que Adorni no venga a dar explicaciones”, masculló una diputada peronista, que todavía estaba llamando por teléfono a gobernadores y diputados aliados del Gobierno hasta tarde a la noche. El ojo está puesto en los peronistas Jalil, Sáenz y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuya postura será clave para la sesión del martes: si los gobernadores peronistas deciden acompañar, la oposición tiene una chance de llegar a los 129. Si no, quedará en soledad, con 120 presentes apuntando los cañones contra los que decidieron faltar o “llegar tarde” para proteger a Adorni. 

La lógica del principio de revelación, esta vez aplicada a los aliados del Gobierno. 

Avanza el Super RIGI

El verdadero desafío de Menem, sin embargo, es poder mostrar un Congreso activo frente al escándalo Adorni. El primer paso lo dio Javier Milei el viernes, cuando decidió ensayar una primera reacción ante los continuos reclamos internos para que corriera a Adorni de la toma de decisiones: no lo echó, pero comenzó a desprenderse en cuotas de su influencia en el Gobierno. 

La designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabian Fernández como secretario de Comunicación y Prensa fueron un primer paso destinado a reacomodar la gestión. Pero, para que esta reestructuración interna surta efecto, el Gobierno necesita mostrar que recuperó la iniciativa parlamentaria. Que no solo está a la defensiva, negociando fondos con gobernadores para proteger a su funcionario acusado por enriquecimiento ilícito, sino que tiene agenda propia. 

Por este motivo es que la maniobra de Menem fue un juego de dos movimientos. Blindar a Adorni, al menos temporalmente, y convocar a una sesión para avanzar en dos iniciativas que el Gobierno pueda capitalizar políticamente: el pago a dos fondos buitre que venían sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2011 y, a su vez, el Super RIGI. 

El oficialismo se muestra confiado en que, si logra conseguir quórum para este miércoles, tendrá votos de sobra para avanzar con la media sanción del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, esta vez destinado a proyectos de más de mil millones de dólares para actividades orientadas a la inteligencia artificial o infraestructura digital. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, denuncian que los beneficios impositivos, fiscales y cambiarios aportan concesiones ilimitadas, sin parangón en otros países del mundo, a cambio de casi ninguna contrapartida productiva para el país.

La sesión fue convocada para el miércoles al mediodía, y Menem pretenderá ofrecer ese día una demostración de fuerza. Buscará mostrar cómo el Gobierno, aún en sus momentos de mayor debilidad política, puede avanzar con reformas estructurales que regirán en la Argentina por los próximos 30 años. 

MCM/CRM

Mientras los ojos estaban puestos en el Senado, donde por estas horas se define el futuro de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar el Super RIGI. Con el apoyo del PRO, UCR y las fuerzas provinciales, La Libertad Avanza dictaminó el proyecto que crea un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para proyectos destinados al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura digital. Negoció algunos cambios cosméticos y consiguió las firmas, pero no las suficientes como para garantizarse que, el 24 de junio, podrá abrir el recinto sin dolores de cabeza. 

El problema tiene nombre y apellido y es el de Manuel Adorni. La defensa fallida del jefe de Gabinete –que argumentó que había ahorrado en negro durante años lo que había invertido en bitcoins y por eso no había declarado US$565.000 cuando asumió como funcionario en 2023– llevó a una rebelión en el cosmos de aliados que imposibilita avanzar con la agenda legislativa del Gobierno. Hasta que no se resuelva su situación en el Senado, en donde el peronismo avanza con una moción de censura en su contra, Martín Menem no querrá arriesgarse a convocar la sesión. 

Pese a las presiones de los aliados y los rumores internos de que Adorni podría dar un paso al costado –siempre desmentidos por la primera línea de funcionarios que conversan con el jefe de Gabinete–, el oficialismo consiguió el número para dictaminar el Super RIGI. La iniciativa está dirigida a inversiones mayores a US$ 1.000 millones e incluye exenciones impositivas y fiscales, facilidades aduaneras y cambiarias, y la garantía de que el régimen estará vigente durante 30 años (sin importar el cambio de gobierno).

 Acompañaron con su firma el PRO, la UCR, el MID, los misioneros y salteños de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el santacruceño José Luis Garrido. LLA también, pero se limitó solo a eso: firmar el dictamen. Cuando fue el momento de defender el proyecto, ningún oficialista quiso tomar la palabra. 

Para conseguir los apoyos de algunos aliados, el oficialismo modificó algunos artículos del Super RIGI para asemejarlo en RIGI original. Cómo el caso de los proveedores locales. La versión original del Súper RIGI no incluía ninguna exigencia a las empresas inversoras a que contratasen proveedores locales, es decir que habilitaba que trajeran toda la cadena de producción desde el exterior si así lo deseaban. La nueva versión les exige, como en el RIGI original, que se contraten proveedores locales en materia de bienes y servicios equivalente al 20% de la totalidad del monto destinado a la contratación de proveedores. Se incluyó, además, la creación de un resguardo público para transparentar los proyectos de inversión aprobados. Y se les exigirá que garanticen un mínimo de inversión en investigación y desarrollo en proyectos científicos de universidades nacionales. Con estos cambios, el oficialismo se aseguró el número para llevar el proyecto al recinto.

El plan original era sesionar el 24 de junio, el día después de la sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación de Adorni. En el medio del escándalo del jefe de Gabinete, sin embargo, Menem esperará antes de convocar la sesión. No sabe qué puede llegar a pasar si abre las puertas del recinto.

MCM/MG

Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

El oficialismo busca que la Cámara de Diputados dictamine este miércoles el llamado Súper RIGI (Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), el proyecto estrella del Gobierno para atraer inversiones en sectores tecnológicos poco desarrollados en el país a cambio de fuertes beneficios impositivos. La apuesta libertaria para avanzar con su iniciativa está en dos modificaciones clave que no estaban en el texto original: una exigencia de 20% de compre nacional y beneficios específicos para inversión en investigación y desarrollo (I+D) local, confirmaron fuentes parlamentarias a elDiarioAR.

Los cambios surgieron de las negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los representantes de gobernadores provinciales, que venían reclamando desde hace semanas que el régimen contemplara más eslabones de la cadena productiva local. Con esas modificaciones incorporadas, La Libertad Avanza cree tener asegurado el dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, que arranca a las 15. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el próximo 24 de junio en una sesión especial que el oficialismo pedirá con el aval de sus socios.

El régimen también es un guiño a los tecnoempresarios atraídos por el experimento libertario, como Peter Thiel, dueño de Palantir, que vive en el país hace unos meses. Para el magnate también es de interés la ley de reforma societaria del Gobierno, actualmente en el Senado, que permitiría crear empresas sin personas y que funcionen a través de algoritmos.

Qué es el Súper RIGI

El Súper RIGI es una versión más ambiciosa y restrictiva del RIGI original, orientada a sectores que estaban excluidos de ese primer régimen: industrialización de minerales críticos como litio y uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.

La principal diferencia con su predecesor es el umbral de inversión mínima, que sube de 200 a 1.000 millones de dólares, y la extensión de la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, que pasa a 30 años. También cambia el plazo de adhesión: mientras el RIGI original tenía dos años más una prórroga, el Súper RIGI establece cinco años con uno adicional de prórroga.

En cuanto a los beneficios concretos, el régimen propone una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada del 60% en el primer año, exención de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta el 100% a partir del tercer año. Los dividendos tributarán 7%, con una reducción al 3,5% después de cuatro años de adhesión —ese punto es uno de los que los bloques aliados buscan ajustar.

El texto que ingresó al Congreso generó reparos en varios frentes. Gobernadores y representantes provinciales reclamaron que el esquema, tal como estaba redactado, no garantizaba encadenamiento productivo local. Ese fue el origen de la exigencia de compre nacional del 20% y de los incentivos para I+D que ahora se incorporarán al dictamen, según las fuentes consultadas.

La semana pasada, durante el plenario informativo, cámaras empresarias también marcaron observaciones, pero el oficialismo tenía claro que necesitaba cerrar el acuerdo con sus aliados antes de ir a la firma. A diferencia de otros proyectos de la agenda del Gobierno —como la ley de lobby, que tiene un camino más sinuoso—, el Súper RIGI contó desde el principio con el apoyo de los bloques dialoguistas, lo que facilitó la negociación.

Otros proyectos del oficialismo

Antes del plenario del Súper RIGI, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia se reúnen para dictaminar el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a dos fondos buitre que nunca ingresaron a los canjes de deuda. Se trata de Bainbridge Ltd. (67 millones) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones), con quienes el Gobierno alcanzó un acuerdo de conciliación en la Justicia norteamericana que incluye una quita de cerca del 30% sobre lo adeudado. El proyecto ya tiene media sanción del Senado desde el 5 de junio y debe aprobarse antes del 30 de este mes, fecha límite fijada en el entendimiento. Con él, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de 2001.

A las 17, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General retoma el debate del proyecto de regulación del lobby o gestión de intereses, aunque su suerte es más incierta que la de los otros dos. La semana pasada, un arco amplio de organizaciones —desde cámaras empresarias hasta el CELS— advirtió que la redacción oficial tiene problemas de definición: las categorías son tan amplias que no distinguen entre el lobbismo corporativo y simples pedidos ciudadanos de audiencia o acceso a la información. Desde el oficialismo reconocen que hay ajustes por hacer, y el dictamen podría postergarse.

Por último, también está en agenda cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que busca establecer la presunción de inocencia en materia tributaria frente a la AFIP. El proyecto tiene conexión con la tormenta política de Manuel Adorni, que se acogió al régimen actual para justificar unos US$300.000 que supuestamente ganó en inversiones en criptomonedas y luego utilizó para comprar inmuebles. Hoy el funcionario stá siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM

En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, que se hace dueña y señora de la agenda en el Senado y consolida un perfil autónomo que genera fastidio en la Casa Rosada, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 hs será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

La idea es volver a reunir los plenarios el miércoles de la semana que viene para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto, con llave en mano, para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio, en conjunto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

Esa fue la fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó el martes de la semana pasada a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas, para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby

Con la iniciativa para regular el “lobby”, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Súper RIGI

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

Están invitados a exponer en la jornada de este miércoles el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, y el Asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI “tiene un plazo más largo de 5 y 1” (cinco años y uno extra de prórroga).

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.

Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Con información de NA.

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de súper acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.

Ley de Lobby

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Super Rigi

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. 

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El presidente Javier Milei mantiene una agenda de reuniones para este viernes en Casa Rosada que incluye la visita del gemólogo, Maurice Ostro, y una audencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). 

El empresario y filántropo visitará la Casa Rosada a las 10 en lo que será un nuevo contacto con el Presidente. Lo cierto es que el inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque aún no hay confirmación oficial. 

Ostro es poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo, que su padre halló en Minas Gerais, Brasil, y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016. Según establece el sitio del registro oficial de obsequios, el libertario recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión. 

Quién es Maurice Ostro

El empresario Maurice Ostro, quien mantendrá este viernes una reunión con el presidente Javier Milei, además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, es muy reconocido en el Reino Unido por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo.

Se trata de una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres y la historia de esa gema empezó con Max Ostro, el padre del empresario británico.

Max Ostro descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986, durante una exploración en la selva brasileña, la piedra permaneció durante años guardada, hasta que su hijo Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico y, desde octubre de 2016, la gema forma parte de la exhibición del mencionado Museo.

En tanto, tras la muerte de su padre ocurrida en 2010, Maurice Ostro había asumido la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals y el vínculo del empresario con las piedras preciosas fue a comienzos de la década de 1980 cuando se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America, siguiendo el camino iniciado por su familia.

El empresario británico desarrolló también emprendimientos en otros sectores, entre ellos, una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios, mientras que tuvo una participación activa en organizaciones de caridad y una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

Su relación con la religión y la política

Maurice Ostro, quien fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II, fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido y en 2015 integró una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro también estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y además es miembro del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

El intercambio con Ostro se da en el marco del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

Reunión clave con emprearios de farmacéuticas

En agenda, para el mediodía, Milei tiene previsto también mantener un cónclave con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.

La reunión con Gastón Domingues Caetano, titular de la entidad, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. El oficialismo aún no determina cuando tratará el proyecto en la Cámara de Diputados, a pesar de que obtuvo dictamen favorable. 

La agenda del mandatario libertario se completa con un cónclave, a las 11, en la sede de gobierno, con una delegación de Estados Unidos de la Cámara de Representantes del partido republicano. Según trascendió, participarían Mario Diaz-Balart (R-FL), Enrique Cuellar (D-TX), Andrew Harris (R-MD), Chuck Edwards (R-NC), David Rouzer (R-NC), Jay Obernolte (R-CA), Brian Monahan y Susan Adams.

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

El Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley del “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el presidente adelantó semanas atrás con la metáfora de la “mega bomba”. El texto —115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni— llegó este lunes a la Cámara de Diputados y tiene como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem. La letra chica revela un paquete de beneficios sin precedentes para inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades “que hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital.

Ese esquema permitiría, como ya anticipó elDiarioAR, atraer firmas del ecosistema tecnomilitar como Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel que vive en Argentina desde hace semanas.

El piso de entrada: USD 1.000 millones

El Capítulo III del proyecto establece que solo podrán adherirse proyectos que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables —equipamiento, construcción, infraestructura—, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. No hay lugar para reinversiones en instalaciones preexistentes ni para proyectos que ya presentaron solicitudes al RIGI original de la Ley Bases.

Las empresas que sí califican deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad con objeto exclusivo, cuyos activos solo pueden estar afectados al proyecto.

La carga fiscal más baja del sistema

El corazón del proyecto es el Capítulo IV, que concentra los incentivos tributarios. Los VPU adheridos pagarán Ganancias a una alícuota del 15%, frente al 35% que rige para el resto de las empresas. Los dividendos tributan al 7% en los primeros cuatro años y caen al 3,5% después. Las pérdidas fiscales se pueden deducir sin límite temporal y, si no se absorben en cinco años, pueden transferirse a terceros.

En materia de IVA, el mecanismo diseñado es más complejo: las empresas no pagan directamente sino que cancelan el impuesto mediante Certificados de Crédito Fiscal que luego pueden transferir a sus proveedores o entregar directamente al fisco. El texto también permite amortizar en apenas dos años bienes que normalmente se deprecian en décadas.

Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones nacionales, provinciales y municipales. Y las exportaciones de lo que produzcan esos proyectos quedan exentas de retenciones. Cualquier restricción futura será declarada “nula de nulidad absoluta”.

El Capítulo V adiciona otro beneficio: las nuevas relaciones laborales que genere el proyecto pagarán contribuciones patronales a una alícuota única del 10%, menos de la mitad de lo que paga el resto del mercado formal. Solo queda excluida la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la reciente reforma laboral.

El Capítulo VI establece un esquema escalonado por el que los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios: primero el 20% después del primer año de exportaciones, luego el 40% al segundo y el 100% al tercero. Desde ese momento, los dólares de las exportaciones son de libre disponibilidad.

Los aportes de capital del exterior, los financiamientos y los servicios vinculados al proyecto no tienen obligación de ingreso ni liquidación cambiaria. El texto también blinda al VPU contra cualquier norma futura del Banco Central que intente poner límites a sus activos externos líquidos.

No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional

30 años de estabilidad y protección contra el Estado

El artículo 74 fija el plazo central del régimen: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. Ninguna ley futura, por más gravosa que sea, podrá afectar a los VPU. Si un nuevo tributo aparece, no se aplica. Si una alícuota sube, el VPU la rechaza exhibiendo su constancia de adhesión.

El artículo 73 va más lejos: el Estado garantiza a los inversores “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. También garantiza “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial”. En otras palabras: ni el Estado puede parar la actividad unilateralmente.

Las provincias, obligadas a resignar recursos

El Capítulo XII establece las condiciones que deben aceptar las jurisdicciones locales que quieran sumarse al régimen. Las provincias y municipios no podrán crear nuevos gravámenes locales para los VPU más allá de los existentes al 31 de diciembre de 2025. Los Ingresos Brutos no pueden superar el 0,5%, el Impuesto de Sellos queda eliminado para todas las operaciones del VPU, y no podrán cobrarse regalías ni cánones administrativos.

Una cláusula particularmente llamativa: si una provincia que adhirió al régimen luego decide dar marcha atrás, no puede afectar los derechos ya reconocidos a los proyectos aprobados. La adhesión es, en la práctica, irreversible respecto de los proyectos en curso.

El arbitraje sale del país

El Capítulo XI define qué pasa si hay conflictos entre el Estado y los inversores. No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del VPU. La sede del arbitraje debe estar fuera de Argentina.

El tribunal arbitral tendrá tres árbitros y ninguno podrá ser nacional argentino —ni tampoco del país del accionista mayoritario del VPU. El procedimiento puede tramitarse en español o en inglés. Y el texto es explícito: no es necesario agotar ninguna instancia administrativa previa. La empresa puede ir directamente al arbitraje internacional sin pasar por ningún recurso local. Más aún: la existencia de un proceso arbitral en curso no suspende los derechos del VPU.

Una “nueva industria” que define el reglamento

Un detalle del proyecto es la definición de qué constituye una “nueva actividad económica”. El texto dice que es todo proyecto “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Pero el alcance preciso lo definirá la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 90 días después de sancionada la ley.

El Gobierno, así, podrá moldear a su criterio quién califica y quién no para acceder a un régimen que, en la práctica, representa décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales.

MC