“Citen a comisión y terminen con el tema”, lanzó, conciliador, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, en un momento de las negociaciones. Martín Menem necesitaba ganar tiempo, no sólo para descomprimir la presión por la expulsión de Manuel Adorni, sino también para diferenciarse de Patricia Bullrich, quien venía de liberar el campo del Senado para el avance del ataque contra el jefe de Gabinete. El riojano pedía una tregua momentánea y la consiguió con la promesa de un debate en comisión: a cambio de boicotear el quórum de la sesión opositora del martes, el oficialismo le daría a los aliados una vía de escape para sus reclamos. 

El PRO y la UCR no estaban tan cómodos con la idea de avanzar con la moción de censura contra Adorni como sus compañeros del otro lado de Pasos Perdidos. En Diputados, los ex socios de Juntos Por el Cambio se removían incómodos ante la posibilidad de que los títulos de los diarios los acusaran de haberse plegado a la “agenda kirchnerista”, por lo que buscaban una salida elegante que les permitiera evitar el otro título incómodo. Es decir: que se hubieran plegado a blindar a Adorni en medio del avance de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. 

Menem negoció una salida: vía Nicolás Mayoraz, el riojano convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar, el martes 30 de junio, el paquete de pedidos de interpelación y el pedido de moción de censura contra Adorni que la oposición buscará aprobar, en la sesión de este martes 23 a las 14 horas, en la Cámara de Diputados. Con un gesto, el presidente de la Cámara de Diputados se aseguró de que ni el PRO ni la UCR dieran quórum a la sesión opositora y, en cambio, sí dieran quórum para la suya al día siguiente.

Las dos convocatorias salieron al mismo tiempo. Por un lado, la invitación a la comisión de Asuntos Constitucionales. Y, unos minutos después, el pedido de sesión para el miércoles para aprobar el Super RIGI. Con una sola maniobra, Menem consiguió ordenar a los aliados para blindar a Milei y sostener la agenda del Gobierno en el Congreso. En LLA suspiraban satisfechos. 

El poroteo del “encubrimiento”

En la oposición pegaron el grito en el cielo apenas vieron las convocatorias. “Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno?”, provocó el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, a través de sus redes sociales. 

Martínez venía juntando los votos para la interpelación de Adorni desde la semana pasada. Junto a la Coalición Cívica y el ala más combativa de los representantes de gobernadores radicales agolpados en Provincias Unidas, el peronismo venía intentando sumar fuerza para llegar a las 129 voluntades que le permitieran abrir el recinto el martes. Los avances en el Senado, en donde se debatirá el pedido de moción de censura este jueves, habían dado impulso a la iniciativa opositora. Los gobernadores peronistas mileístas, como Raúl Jalil (Catamarca) o Gustavo Sáenz (Salta), no le cerraban la puerta a avanzar contra Adorni, y en la oposición se permitían fantasear con una mayoría ajustada. 

La maniobra de Menem, sin embargo, desbarató los planes. Sin la UCR y el PRO, el peronismo se queda solo con la izquierda y un sector de Provincias Unidas. No todos, porque el acuerdo del riojano hace dudar sobre las intenciones de algunos de los gobernadores que habían prometido su participación. Es el caso de los cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que responden a Martín Llaryora, y de la santafesina Gisela Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro. 

“Son parte de la jugada para que Adorni no venga a dar explicaciones”, masculló una diputada peronista, que todavía estaba llamando por teléfono a gobernadores y diputados aliados del Gobierno hasta tarde a la noche. El ojo está puesto en los peronistas Jalil, Sáenz y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuya postura será clave para la sesión del martes: si los gobernadores peronistas deciden acompañar, la oposición tiene una chance de llegar a los 129. Si no, quedará en soledad, con 120 presentes apuntando los cañones contra los que decidieron faltar o “llegar tarde” para proteger a Adorni. 

La lógica del principio de revelación, esta vez aplicada a los aliados del Gobierno. 

Avanza el Super RIGI

El verdadero desafío de Menem, sin embargo, es poder mostrar un Congreso activo frente al escándalo Adorni. El primer paso lo dio Javier Milei el viernes, cuando decidió ensayar una primera reacción ante los continuos reclamos internos para que corriera a Adorni de la toma de decisiones: no lo echó, pero comenzó a desprenderse en cuotas de su influencia en el Gobierno. 

La designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabian Fernández como secretario de Comunicación y Prensa fueron un primer paso destinado a reacomodar la gestión. Pero, para que esta reestructuración interna surta efecto, el Gobierno necesita mostrar que recuperó la iniciativa parlamentaria. Que no solo está a la defensiva, negociando fondos con gobernadores para proteger a su funcionario acusado por enriquecimiento ilícito, sino que tiene agenda propia. 

Por este motivo es que la maniobra de Menem fue un juego de dos movimientos. Blindar a Adorni, al menos temporalmente, y convocar a una sesión para avanzar en dos iniciativas que el Gobierno pueda capitalizar políticamente: el pago a dos fondos buitre que venían sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2011 y, a su vez, el Super RIGI. 

El oficialismo se muestra confiado en que, si logra conseguir quórum para este miércoles, tendrá votos de sobra para avanzar con la media sanción del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, esta vez destinado a proyectos de más de mil millones de dólares para actividades orientadas a la inteligencia artificial o infraestructura digital. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, denuncian que los beneficios impositivos, fiscales y cambiarios aportan concesiones ilimitadas, sin parangón en otros países del mundo, a cambio de casi ninguna contrapartida productiva para el país.

La sesión fue convocada para el miércoles al mediodía, y Menem pretenderá ofrecer ese día una demostración de fuerza. Buscará mostrar cómo el Gobierno, aún en sus momentos de mayor debilidad política, puede avanzar con reformas estructurales que regirán en la Argentina por los próximos 30 años. 

MCM/CRM

Mientras los ojos estaban puestos en el Senado, donde por estas horas se define el futuro de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar el Super RIGI. Con el apoyo del PRO, UCR y las fuerzas provinciales, La Libertad Avanza dictaminó el proyecto que crea un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para proyectos destinados al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura digital. Negoció algunos cambios cosméticos y consiguió las firmas, pero no las suficientes como para garantizarse que, el 24 de junio, podrá abrir el recinto sin dolores de cabeza. 

El problema tiene nombre y apellido y es el de Manuel Adorni. La defensa fallida del jefe de Gabinete –que argumentó que había ahorrado en negro durante años lo que había invertido en bitcoins y por eso no había declarado US$565.000 cuando asumió como funcionario en 2023– llevó a una rebelión en el cosmos de aliados que imposibilita avanzar con la agenda legislativa del Gobierno. Hasta que no se resuelva su situación en el Senado, en donde el peronismo avanza con una moción de censura en su contra, Martín Menem no querrá arriesgarse a convocar la sesión. 

Pese a las presiones de los aliados y los rumores internos de que Adorni podría dar un paso al costado –siempre desmentidos por la primera línea de funcionarios que conversan con el jefe de Gabinete–, el oficialismo consiguió el número para dictaminar el Super RIGI. La iniciativa está dirigida a inversiones mayores a US$ 1.000 millones e incluye exenciones impositivas y fiscales, facilidades aduaneras y cambiarias, y la garantía de que el régimen estará vigente durante 30 años (sin importar el cambio de gobierno).

 Acompañaron con su firma el PRO, la UCR, el MID, los misioneros y salteños de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el santacruceño José Luis Garrido. LLA también, pero se limitó solo a eso: firmar el dictamen. Cuando fue el momento de defender el proyecto, ningún oficialista quiso tomar la palabra. 

Para conseguir los apoyos de algunos aliados, el oficialismo modificó algunos artículos del Super RIGI para asemejarlo en RIGI original. Cómo el caso de los proveedores locales. La versión original del Súper RIGI no incluía ninguna exigencia a las empresas inversoras a que contratasen proveedores locales, es decir que habilitaba que trajeran toda la cadena de producción desde el exterior si así lo deseaban. La nueva versión les exige, como en el RIGI original, que se contraten proveedores locales en materia de bienes y servicios equivalente al 20% de la totalidad del monto destinado a la contratación de proveedores. Se incluyó, además, la creación de un resguardo público para transparentar los proyectos de inversión aprobados. Y se les exigirá que garanticen un mínimo de inversión en investigación y desarrollo en proyectos científicos de universidades nacionales. Con estos cambios, el oficialismo se aseguró el número para llevar el proyecto al recinto.

El plan original era sesionar el 24 de junio, el día después de la sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación de Adorni. En el medio del escándalo del jefe de Gabinete, sin embargo, Menem esperará antes de convocar la sesión. No sabe qué puede llegar a pasar si abre las puertas del recinto.

MCM/MG

Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

El oficialismo busca que la Cámara de Diputados dictamine este miércoles el llamado Súper RIGI (Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), el proyecto estrella del Gobierno para atraer inversiones en sectores tecnológicos poco desarrollados en el país a cambio de fuertes beneficios impositivos. La apuesta libertaria para avanzar con su iniciativa está en dos modificaciones clave que no estaban en el texto original: una exigencia de 20% de compre nacional y beneficios específicos para inversión en investigación y desarrollo (I+D) local, confirmaron fuentes parlamentarias a elDiarioAR.

Los cambios surgieron de las negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los representantes de gobernadores provinciales, que venían reclamando desde hace semanas que el régimen contemplara más eslabones de la cadena productiva local. Con esas modificaciones incorporadas, La Libertad Avanza cree tener asegurado el dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, que arranca a las 15. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el próximo 24 de junio en una sesión especial que el oficialismo pedirá con el aval de sus socios.

El régimen también es un guiño a los tecnoempresarios atraídos por el experimento libertario, como Peter Thiel, dueño de Palantir, que vive en el país hace unos meses. Para el magnate también es de interés la ley de reforma societaria del Gobierno, actualmente en el Senado, que permitiría crear empresas sin personas y que funcionen a través de algoritmos.

Qué es el Súper RIGI

El Súper RIGI es una versión más ambiciosa y restrictiva del RIGI original, orientada a sectores que estaban excluidos de ese primer régimen: industrialización de minerales críticos como litio y uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.

La principal diferencia con su predecesor es el umbral de inversión mínima, que sube de 200 a 1.000 millones de dólares, y la extensión de la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, que pasa a 30 años. También cambia el plazo de adhesión: mientras el RIGI original tenía dos años más una prórroga, el Súper RIGI establece cinco años con uno adicional de prórroga.

En cuanto a los beneficios concretos, el régimen propone una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada del 60% en el primer año, exención de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta el 100% a partir del tercer año. Los dividendos tributarán 7%, con una reducción al 3,5% después de cuatro años de adhesión —ese punto es uno de los que los bloques aliados buscan ajustar.

El texto que ingresó al Congreso generó reparos en varios frentes. Gobernadores y representantes provinciales reclamaron que el esquema, tal como estaba redactado, no garantizaba encadenamiento productivo local. Ese fue el origen de la exigencia de compre nacional del 20% y de los incentivos para I+D que ahora se incorporarán al dictamen, según las fuentes consultadas.

La semana pasada, durante el plenario informativo, cámaras empresarias también marcaron observaciones, pero el oficialismo tenía claro que necesitaba cerrar el acuerdo con sus aliados antes de ir a la firma. A diferencia de otros proyectos de la agenda del Gobierno —como la ley de lobby, que tiene un camino más sinuoso—, el Súper RIGI contó desde el principio con el apoyo de los bloques dialoguistas, lo que facilitó la negociación.

Otros proyectos del oficialismo

Antes del plenario del Súper RIGI, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia se reúnen para dictaminar el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a dos fondos buitre que nunca ingresaron a los canjes de deuda. Se trata de Bainbridge Ltd. (67 millones) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones), con quienes el Gobierno alcanzó un acuerdo de conciliación en la Justicia norteamericana que incluye una quita de cerca del 30% sobre lo adeudado. El proyecto ya tiene media sanción del Senado desde el 5 de junio y debe aprobarse antes del 30 de este mes, fecha límite fijada en el entendimiento. Con él, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de 2001.

A las 17, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General retoma el debate del proyecto de regulación del lobby o gestión de intereses, aunque su suerte es más incierta que la de los otros dos. La semana pasada, un arco amplio de organizaciones —desde cámaras empresarias hasta el CELS— advirtió que la redacción oficial tiene problemas de definición: las categorías son tan amplias que no distinguen entre el lobbismo corporativo y simples pedidos ciudadanos de audiencia o acceso a la información. Desde el oficialismo reconocen que hay ajustes por hacer, y el dictamen podría postergarse.

Por último, también está en agenda cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que busca establecer la presunción de inocencia en materia tributaria frente a la AFIP. El proyecto tiene conexión con la tormenta política de Manuel Adorni, que se acogió al régimen actual para justificar unos US$300.000 que supuestamente ganó en inversiones en criptomonedas y luego utilizó para comprar inmuebles. Hoy el funcionario stá siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM

En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, que se hace dueña y señora de la agenda en el Senado y consolida un perfil autónomo que genera fastidio en la Casa Rosada, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 hs será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

La idea es volver a reunir los plenarios el miércoles de la semana que viene para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto, con llave en mano, para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio, en conjunto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

Esa fue la fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó el martes de la semana pasada a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas, para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby

Con la iniciativa para regular el “lobby”, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Súper RIGI

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

Están invitados a exponer en la jornada de este miércoles el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, y el Asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI “tiene un plazo más largo de 5 y 1” (cinco años y uno extra de prórroga).

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.

Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Con información de NA.

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de súper acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.

Ley de Lobby

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Super Rigi

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. 

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El presidente Javier Milei mantiene una agenda de reuniones para este viernes en Casa Rosada que incluye la visita del gemólogo, Maurice Ostro, y una audencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM). 

El empresario y filántropo visitará la Casa Rosada a las 10 en lo que será un nuevo contacto con el Presidente. Lo cierto es que el inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque aún no hay confirmación oficial. 

Ostro es poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo, que su padre halló en Minas Gerais, Brasil, y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016. Según establece el sitio del registro oficial de obsequios, el libertario recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión. 

Quién es Maurice Ostro

El empresario Maurice Ostro, quien mantendrá este viernes una reunión con el presidente Javier Milei, además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, es muy reconocido en el Reino Unido por estar vinculado al topacio azul más grande del mundo.

Se trata de una piedra preciosa de más de 2 kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres y la historia de esa gema empezó con Max Ostro, el padre del empresario británico.

Max Ostro descubrió el llamado Topacio Azul del Amazonas en 1986, durante una exploración en la selva brasileña, la piedra permaneció durante años guardada, hasta que su hijo Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo británico y, desde octubre de 2016, la gema forma parte de la exhibición del mencionado Museo.

En tanto, tras la muerte de su padre ocurrida en 2010, Maurice Ostro había asumido la conducción del negocio familiar, Ostro Minerals y el vínculo del empresario con las piedras preciosas fue a comienzos de la década de 1980 cuando se formó como gemólogo en el Gemological Institute of America, siguiendo el camino iniciado por su familia.

El empresario británico desarrolló también emprendimientos en otros sectores, entre ellos, una firma de yogur congelado, una empresa de catering para aerolíneas y proyectos vinculados al mundo de los medios, mientras que tuvo una participación activa en organizaciones de caridad y una de sus iniciativas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a promover la participación de empresas en acciones benéficas.

Su relación con la religión y la política

Maurice Ostro, quien fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II, fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido y en 2015 integró una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro también estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y además es miembro del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

El intercambio con Ostro se da en el marco del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

Reunión clave con emprearios de farmacéuticas

En agenda, para el mediodía, Milei tiene previsto también mantener un cónclave con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), entidad que cuenta con “100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad”.

La reunión con Gastón Domingues Caetano, titular de la entidad, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. El oficialismo aún no determina cuando tratará el proyecto en la Cámara de Diputados, a pesar de que obtuvo dictamen favorable. 

La agenda del mandatario libertario se completa con un cónclave, a las 11, en la sede de gobierno, con una delegación de Estados Unidos de la Cámara de Representantes del partido republicano. Según trascendió, participarían Mario Diaz-Balart (R-FL), Enrique Cuellar (D-TX), Andrew Harris (R-MD), Chuck Edwards (R-NC), David Rouzer (R-NC), Jay Obernolte (R-CA), Brian Monahan y Susan Adams.

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

El Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley del “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el presidente adelantó semanas atrás con la metáfora de la “mega bomba”. El texto —115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni— llegó este lunes a la Cámara de Diputados y tiene como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem. La letra chica revela un paquete de beneficios sin precedentes para inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades “que hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital.

Ese esquema permitiría, como ya anticipó elDiarioAR, atraer firmas del ecosistema tecnomilitar como Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel que vive en Argentina desde hace semanas.

El piso de entrada: USD 1.000 millones

El Capítulo III del proyecto establece que solo podrán adherirse proyectos que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables —equipamiento, construcción, infraestructura—, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. No hay lugar para reinversiones en instalaciones preexistentes ni para proyectos que ya presentaron solicitudes al RIGI original de la Ley Bases.

Las empresas que sí califican deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad con objeto exclusivo, cuyos activos solo pueden estar afectados al proyecto.

La carga fiscal más baja del sistema

El corazón del proyecto es el Capítulo IV, que concentra los incentivos tributarios. Los VPU adheridos pagarán Ganancias a una alícuota del 15%, frente al 35% que rige para el resto de las empresas. Los dividendos tributan al 7% en los primeros cuatro años y caen al 3,5% después. Las pérdidas fiscales se pueden deducir sin límite temporal y, si no se absorben en cinco años, pueden transferirse a terceros.

En materia de IVA, el mecanismo diseñado es más complejo: las empresas no pagan directamente sino que cancelan el impuesto mediante Certificados de Crédito Fiscal que luego pueden transferir a sus proveedores o entregar directamente al fisco. El texto también permite amortizar en apenas dos años bienes que normalmente se deprecian en décadas.

Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones nacionales, provinciales y municipales. Y las exportaciones de lo que produzcan esos proyectos quedan exentas de retenciones. Cualquier restricción futura será declarada “nula de nulidad absoluta”.

El Capítulo V adiciona otro beneficio: las nuevas relaciones laborales que genere el proyecto pagarán contribuciones patronales a una alícuota única del 10%, menos de la mitad de lo que paga el resto del mercado formal. Solo queda excluida la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la reciente reforma laboral.

El Capítulo VI establece un esquema escalonado por el que los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios: primero el 20% después del primer año de exportaciones, luego el 40% al segundo y el 100% al tercero. Desde ese momento, los dólares de las exportaciones son de libre disponibilidad.

Los aportes de capital del exterior, los financiamientos y los servicios vinculados al proyecto no tienen obligación de ingreso ni liquidación cambiaria. El texto también blinda al VPU contra cualquier norma futura del Banco Central que intente poner límites a sus activos externos líquidos.

No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional

30 años de estabilidad y protección contra el Estado

El artículo 74 fija el plazo central del régimen: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. Ninguna ley futura, por más gravosa que sea, podrá afectar a los VPU. Si un nuevo tributo aparece, no se aplica. Si una alícuota sube, el VPU la rechaza exhibiendo su constancia de adhesión.

El artículo 73 va más lejos: el Estado garantiza a los inversores “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. También garantiza “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial”. En otras palabras: ni el Estado puede parar la actividad unilateralmente.

Las provincias, obligadas a resignar recursos

El Capítulo XII establece las condiciones que deben aceptar las jurisdicciones locales que quieran sumarse al régimen. Las provincias y municipios no podrán crear nuevos gravámenes locales para los VPU más allá de los existentes al 31 de diciembre de 2025. Los Ingresos Brutos no pueden superar el 0,5%, el Impuesto de Sellos queda eliminado para todas las operaciones del VPU, y no podrán cobrarse regalías ni cánones administrativos.

Una cláusula particularmente llamativa: si una provincia que adhirió al régimen luego decide dar marcha atrás, no puede afectar los derechos ya reconocidos a los proyectos aprobados. La adhesión es, en la práctica, irreversible respecto de los proyectos en curso.

El arbitraje sale del país

El Capítulo XI define qué pasa si hay conflictos entre el Estado y los inversores. No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del VPU. La sede del arbitraje debe estar fuera de Argentina.

El tribunal arbitral tendrá tres árbitros y ninguno podrá ser nacional argentino —ni tampoco del país del accionista mayoritario del VPU. El procedimiento puede tramitarse en español o en inglés. Y el texto es explícito: no es necesario agotar ninguna instancia administrativa previa. La empresa puede ir directamente al arbitraje internacional sin pasar por ningún recurso local. Más aún: la existencia de un proceso arbitral en curso no suspende los derechos del VPU.

Una “nueva industria” que define el reglamento

Un detalle del proyecto es la definición de qué constituye una “nueva actividad económica”. El texto dice que es todo proyecto “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Pero el alcance preciso lo definirá la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 90 días después de sancionada la ley.

El Gobierno, así, podrá moldear a su criterio quién califica y quién no para acceder a un régimen que, en la práctica, representa décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales.

MC

Un silencio sugestivo quedó anoche en el aire del streaming Carajo cuando el Daniel Parisini -el Gordo Dan- le preguntó a Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, si puntualmente el “Súper-RIGI” que anunció Javier Milei servirá para atraer a la empresa de cruce de datos, tecnología militar y videovigilancia Palantir, del magnate Peter Thiel. “Sí, por supuesto”, se lo escuchó al funcionario entre dientes cuando fue rescatado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sentado a su lado: “Es una pregunta muy micro”.

La escena que ocurrió en el programa Tres Anclas, al que suele ir el ministro, reveló uno de las aristas más polémicas que ya despierta el proyecto de ley anunciado este jueves por el Presidente, pero del cual se desconoce la letra. elDiarioAR anticipó ayer que la iniciativa parece estar pensada para permitir el desembarco de la compañía del tecnofascista Thiel, así como de otras empresas tecnomilitares de Estados Unidos.

Hay señales de que firmas como Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing podrían ser tentadas por el Gobierno. El Gordo Dan mencionó anoche a Anthropic, la dueña de la Claude AI y Núñez avaló esa posibilidad.

“La IA si puede venir a la Patagonia”, expresó el asesor de Economía, que evitó dar detalles de la consulta de Dan y se fue por la tangente: “Autos eléctricos va de cajon, también barcos o aviones. Y habrá un montón de sectores que no sabemos”.

Sin conocerse el proyecto formal, Núñez confirmó que fue pensado por “Toto” Caputo y ya presionó a los alidos en el Congreso para que avance la ley. “Le digo a los legisladores y gobernadores que se pongan al frente”, apuró, pese a que el oficialismo tiene actualmente otros proyectos parlamentarios totalmente parados por la desconfianza que tienen los dialoguistas con el Gobierno a partir del escándalo que envuelve a Manuel Adorni. Iniciativas como los pliegos judiciales, la reforma electoral para eliminar las PASO o la ley de Hojarasca están en un limbo parlamentario sin fecha de concreción.

Núñez dijo que el “súper-RIGI ”va a constar de una serie de beneficios que serán mejores que el RIGI original para sectores que no están en Argentina“ y planteó que ”no va a haber distorsión en la recaudacion ni competencia desleal porque son industrias que no compiten con nadie“.

El RIGI actual es para inversiones de más de 200 millones de dólares en la industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica a cambio de beneficios fiscales e impositivos por 30 años.

Una pista sobre la posibilidad de que firmas como Palantir, Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing sean atraídas por el “súper-RIGI” en desembarcar la dio el libertario Nicolás Promanzio, quien tiene un programa sobre defensa y seguridad también en el streaming libertario Carajo, donde además de Dan está vinculado el asesor Santiago Caputo.

Las empresas tecnomilitares

Palantir, la empresa fundada por Thiel, se especializa en integrar gigantescas bases de datos para tareas de inteligencia, seguridad y defensa. Sus plataformas son utilizadas por agencias militares y de inteligencia estadounidenses, fuerzas policiales y gobiernos occidentales. En los últimos años también se expandió hacia aplicaciones comerciales y de inteligencia artificial generativa. En concreto, operadores de Palantir llegaron a manejar drones suicidas o con misiles en operativos militares en Medio Oriente.

Anduril Industries es una de las startups de defensa más cotizadas de Estados Unidos. Fundada por Palmer Luckey —creador de Oculus VR—, desarrolla drones autónomos, sistemas de vigilancia fronteriza y plataformas militares basadas en inteligencia artificial.

Shield AI trabaja en pilotos autónomos para aeronaves militares y drones de combate. Northrop Grumman es uno de los gigantes históricos del complejo militar-industrial norteamericano y fabricante, entre otros sistemas, justamente del B-2 Spirit mencionado por Milei. Boeing, además de su negocio aeronáutico comercial, es uno de los mayores contratistas de defensa del Pentágono.

“Yo creo que falta confianza en la política”, dijo Núñez sobre la viraje que está adoptando el Gobierno hacia sectores industriales poco convencionales, como la IA. Prometió que la iniciativa atraería “la inversion de nuevas industrias y que haya más trabajo” y resaltó que el el libertario busca “un modelo economico centrado en la inversión y en la exportación, que de a poco va a ir llegando a toda la economía”.

MC