La narración de la política a partir de conspiraciones que solapan tramas del poder en principio antagónicas es muy tentadora en un país como Argentina, aunque no siempre sea tan real o genuina. Hay poderes y poderes. En la mezcolanza de intrigas, se arma un lodo en el que salen todos manoseaos y quienes discepoleanamente “viven de los otros” quedan disimulados en sus quinchos VIP, sus cuentas en Luxemburgo y sus atalayas en Miami o la Costa Azul.

Sin embargo, hay instancias en las que el tejido enhebra vínculos impensados y deja a la luz pública al sistema de poder con toda su crudeza. La verba inflamada queda achicharrada y las operaciones de prensa se reconfiguran. Las cosas son porque son, no hay espacio para declaraciones de principios.

Una vértice de esa dinámica se encontró en el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y Santiago Viola como su segundo; es decir, un integrante del tronco central de la Familia Judicial y un primo hermano de la rama de los Servicios.

Las terminales de Mahiques y Viola fueron repasadas por la prensa esta semana. Hay que hacer un esfuerzo para unir los fragmentos y conformar un texto, porque la implicancia de los reyes de los medios de comunicación en la hoja de ruta de ambos funcionarios es tan profunda, que las prevenciones sanitizantes ante el periodismo “polarizado” se tornan insuficientes.

Continuidad

Un primer dato, esencialmente político, es la ratificación de que no existiría el mileísmo sin el precedente del macrismo. Los fundamentals —dirían técnicos de ambas vertientes— son comunes.

Mahiques y Viola prestaron servicios clave en la administración 2015-2019, el primero como delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y responsable de la Mesa Judicial en la tarea de recorrer persuasivamente despachos de jueces y fiscales, y el segundo, en el radio de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la Inteligencia estatal y paraestatal.

Cada tanto, despiertan voces que destacan la “virtud institucionalista” de Mauricio Macri, frente al Javier Milei “populista”. La ensoñación dura lo que demora echar una mirada a las votaciones en el Congreso desde diciembre de 2023, con asistencia perfecta de las bancadas de Juntos por el Cambio, o al gabinete de Milei, básicamente compuesto por exministros de Macri. Con los mismos intérpretes, no hay por qué pensar que las cosas serían muy distintas.

Cada tanto, se despiertan a desgano voces que destacan la 'virtud institucionalista' de Mauricio Macri, frente al Javier Milei 'populista'. La ensoñación se evapora enseguida

Si se observa el manejo de áreas como la SIDE, las finanzas, el sistema de medios, telecomunicaciones, redes sociales y Comodoro Py, la continuidad Macri-Milei es, antes que nada, procedimental. Allí se insertan los apellidos Mahiques y Viola como articuladores.

Por algún motivo que no termina de quedar claro, aun asumiendo la pelea por los negocios del fútbol y el innegable interés público que despierta la AFA, el bimedio Clarín y La Nación ha desplegado un seguimiento desmesurado del “escándalo del Chiqui Tapia” desde hace un semestre. No hay criterio periodístico válido que justifique lejanamente la obsesión traducida en media docena de títulos diarios y horas y horas en los diferentes soportes de los dos principales grupos de comunicación de Argentina. Ni el ataque de Israel y EE.UU. a Irán, ni la Venezuela intervenida, ni la consolidación política y electoral de Milei, ni las causas ANDIS y $LIBRA, ni el juicio Cuadernos, ni las crisis futbolísticas de Boca y River, ni la persistente inflación, ni la estanflación merecieron tanto despliegue en continuado como las sospechosas cuentas del Chiqui.

Saltó la ficha de Mahiques por su presencia en la fiesta de cumpleaños de su padre en una lujosa quinta de Pilar que estaría a nombre de un testaferro de Tapia y por su papel como vicerrector de un experimento universitario de la AFA. El nuevo ministro niega en forma oblicua el festejo en la quinta: “Lo que dicen que sucedió, no sucedió”. Algún día contará lo que no dicen.

El cumpleaños 74 del camarista de Casación Federal Carlos Mahiques dividió aguas en el elenco mediático oficialista. Unos impugnan a los Mahiques como cómplices de Tapia; otros señalan a los impugnadores como deudos de Santiago Caputo, quien acaba de perder otra batalla con Karina Milei.

No todo es tan esquemático. Mahiques llega con la meta de implementar el sistema de sociedades anónimas deportivas, un esquema de negocios que mueve oscurísimos capitales multimillonarios en Europa y algo menos voluminosos en América Latina. Se supone que ese negociado va en contra de Tapia y de casi toda la oficialidad de los clubes del fútbol argentino. ¿A qué lealtad responderá el ministro?

Será, sin dudas, un funcionario poderoso, con unas doscientas designaciones pendientes de jueces que estarán al alcance de la mano en el gentil Senado que dejaron las urnas y el transfuguismo. Mucho por negociar, mucho por repartir.

Lago Ocultado

Los socios en Papel Prensa, Expoagro y Costa Salguero —reciente concesión del Gobierno de CABA— se vieron obligados a distraer de la agenda —Clarín mucho más que La Nación— el dato más importante del currículum de Juan Bautista Mahiques: su participación en la excursión al paraíso patagónico de Lago Escondido en octubre de 2022, junto a jueces —entre ellos, su padre, Carlos Mahiques—, agentes de Inteligencia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El entierro informativo obedece a que Clarín fue el organizador del viaje.

El poder como sinónimo de impunidad —certera definición de Alfredo Yabran en su agonía— quedó expuesto sin mediaciones. Fue un festival de intereses en conflicto y delitos registrados en la mera realización del viaje y en la posterior divulgación del chat de Telegram en el que “los huemules” —así se llamaban entre ellos— tramaron maniobras y venganzas.

Mahiques, desde 2019 fiscal general de la Ciudad, se grabó con la propuesta de fraguar “alguna facturita” para poder engañar a la población y a las instituciones si a alguien se le ocurría llevar a los jueces al banquillo.

El tour a la estancia de Joe Lewis dejó huellas marcadas mucho más allá del anfitrión Clarín, los Mahiques, los otros jueces y los agentes de la SIDE.

Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable más firme cuando se conoció el hecho (2022), estuvo representado por dos miembros en la comitiva de Lago Escondido: Juan Bautista Mahiques, designado al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y todavía hoy con relación cordial, y su entonces ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.  

Alberto Fernández perdió a su jefe de Asesores, Julián Leunda, porque el chat de Telegram registró su promesa de que el viaje sería borrado de la agenda del Grupo Indalo (C5N, Radio Diez, Ámbito Financiero y otros). Tras su abrupta salida del Ejecutivo, Leunda regresó a la cúpula del multimedios de Cristobal López y Fabián de Souza.   

Cuando a mediados de 2025 López tomó las riendas de Indalo, que había estado década y media en manos de su socio De Souza, Leunda dejó la empresa. Hoy es vocal titular en River Plate y se dedica a la “consultoría de poder”, en la proximidad de Lucas Nejamkis y Antonio Jaime Stiusso, el megaespía al se le alargó el trámite de jubilación.

El recambio de autoridades de Indalo supuso la incorporación, como director de Relaciones Institucionales, de D’Alessandro, el mismo ministro de Larreta al que los chats de Lago Escondido también le costaron el puesto de ministro de CABA. Una de sus metas es suavizar las aristas de C5N y Radio 10, y enterrar la conflictividad con Clarín, algo que el Grupo Poderoso ya responde con reciprocidad.

Mahiques dice que el episodio Lago Escondido quedó aclarado por “la Justicia”. Se refiere a lo decidido en Comodoro Py. Primero, el fuero federal en lo criminal de CABA arrancó la causa desde los tribunales de Río Negro, donde se había originado, dado el aterrizaje de los huemules en el aeropuerto de Bariloche. Al juez federal Sebastián Ramos le bastaron unos pocos meses para sobreseer a los pasajeros, incluidos sus colegas de Comodoro Py Julián Ercolini y Mahiques padre. Ramos adujo que la difusión del caso surgió de un supuesto espionaje ilegal, que primero registró el viaje y luego difundió el Telegram. Atención al argumento, que volverá más abajo.

El nuevo ministro niega nexos relevantes con Eduardo “Wado” de Pedro, durante años, delegado de La Cámpora en la negociación con el fuero federal. Ambos son oriundos de Mercedes. Aunque suenen desconcertantes los modos y las zonas de acuerdo, las conexiones amistosas de De Pedro no son explicables como un arrojo o una excursión individual de quien fuera uno de los preferidos de Cristina. En el eje Patria-La Cámpora argumentan que “siempre se necesita un blanco”, y Wado es (¿era?) el suyo. Los resultados están a la vista.

Foja de servicios

El viceministro Viola tiene un perfil algo diferente al de Mahiques, de quien fue compañero de trabajo hace dos décadas y hoy es amigo personal. La foja de servicios de este hijo de la influyente abogada Claudia Balbín es menos publicable que la de su colega.

El antecedente más conocido del actual apoderado de La Libertad Avanza es que ejerció como abogado de los hijos de Lázaro Báez en la causa que Clarín tituló “ruta del dinero K”. Era 2016, primeros meses de Macri en Casa Rosada. Se sucedían los arrestos de funcionarios y allegados a Cristina Kirchner, con chaleco antibalas y casco frente a los focos de las cámaras en el prime time. Jorge Lanata dedicaba un Martín Fierro a “tortuga Casanello”, el juez que investigaba el lavado de los Báez.

En ese contexto se echó a rodar la versión de que Sebastián Casanello había visitado en Olivos a Cristina, con la confesión de dos presuntos testigos. La denuncia, tendiente a apartar al juez del expediente, fue enarbolada por Viola en nombre de los hijos de Báez, y contó con el impulso indisimulado de Clarín. Títulos principales del diario, notas con y sin firma y los programas de Lanata así lo demuestran.

Se trató de un montaje. En un recorrido inusual para los estándares de Comodoro Py, los dos testigos —un empleado de la ANSES y un chofer— admitieron haber mentido y pactaron una pena en un juicio abreviado En cambio, Viola y el fiscal Eduardo Miragaya —línea SIDE-Servini de Cubría— fueron finalmente sobreseídos. Mientras Báez y sus hijos cumplen su condena, una versión sostiene que el caso dejó heridas en Comodoro Py, con una línea más macrista y de tradición judicial, que buscó poner un freno a tropelías de Inteligencia, y otra más inorgánica y vandálica. Las consecuencias —afirman— se verán ahora, con Viola y Mahiques empoderados. Nadie debería creer que la línea divisoria es demasiado tajante.

Objetivos

El baile de nombres y conexiones lleva la pregunta de por qué Milei encara su tercer año de Gobierno con un movimiento de este tipo en la cartera de Justicia. Las causas contra Cristina marchan de acuerdo al plan, según explicitó el Presidente en su sosegado mensaje de apertura de sesiones del Congreso, por lo que la explicación transita por otras vías.

El ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, no era considerado por nadie como el titular real del área. La atribución recaía en su segundo, Sebastián Amerio, con mayor ascendencia real, pero invalidado ante Karina por su dependencia de Santiago Caputo.

Una lectura del ascenso de Mahiques y Viola que comparten fuentes de Comodoro Py es la consolidación de la estrategia de impunidad de los hermanos Milei. De las múltiples sospechas de corrupción sobre casi todos los presidentes de la democracia, en pocas un mandatario quedó tan directamente implicado como Milei en $LIBRA y ANDIS.

El frente de la criptoestafa $LIBRA cuenta con el fiscal federal Eduardo Taiano como garantía de no investigación. El expediente tiene incorporados contratos de contraprestación, constancias de movimientos entre cuentas, visitas al despacho presidencial, whatsapps e imágenes reveladores. Taiano juega al distraído. Cada tanto, emite un oficio y vuelve a pisar el expediente.

La investigación de la corrupción en la disuelta Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) descripta en detalle en los audios atribuidos al exmejor amigo de Milei, Diego Spagnuolo, tuvo hasta ahora otro destino, pero se podría torcer.

En febrero, antes de dejar el expediente en el juzgado que estaba subrogando, el juez Casanello procesó a Spagnuolo y 18 acusados por defraudación, cohecho, asociación ilícita y/u otros presuntos delitos. Los procesados son funcionarios que habían montado un sistema de corrupción en el Gobierno de Macri y fueron recontratados por Milei, empresarios y lobistas. La causa es importante por el detallado esquema que describió el procesamiento, pero también por su potencial. Según la voz de Spagnuolo, todo termina en un 3% para Karina.

El expediente quedó a cargo de Ariel Lijo tras la salida de Casanello en febrero. El fiscal Franco Picardi avanza con la investigación, en la que podría haber novedades en cuestión de días, y resiste la ofensiva para anular la causa de parte de Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de Droguería Suizo Argentina, ubicada en el corazón del esquema de presunta corrupción.

La estrategia de Sagnuolo —que se siente abandonado y por momentos deprimido, según personas al tanto de su vida— es invalidar la investigación con el argumento de que los audios fueron creados con inteligencia artificial —su abogado, Mauricio D’Alessandro, presentó un peritaje realizado en España, que afirma que una parte del registro tiene rastros “sintéticos”—, mientras que los Kovalivker cuestionan el origen presuntamente ilegal de las escuchas, con el argumento jurídico del “fruto del árbol prohibido”.

Tanto Casanello como Picardi desestimaron las impugnaciones, bajo el concepto de notitia criminis, que indica que, si una autoridad toma conocimiento de un presunto delito, debe actuar. En este caso, la denuncia inicial relata hechos verosímiles, lo que se vio corroborado por la decisión de Milei de apartar a Spagnuolo de la ANDIS, sostuvo el juez.

Ni la acusación ni los procesamientos tomaron en cuenta los audios, sino que se basaron en registros contables, contenidos de teléfonos incautados, fotos, grabaciones y testimonios.

La moneda de la nulidad está en el aire. Fuentes con acceso al expediente apuntan a los argumentos de los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, en contra del voto de su colega Eduardo Farah, quienes intervinieron tras la desestimación de Casanello.

Irurzun, uno de los jueces más veteranos del fuero, de afinidad histórica con la UCR e intención de prolongar su estadía más allá de los 75 años, coincidió con Boico, exabogado de Cristina Kirchner, en ordenar que se establezca “el origen y veracidad de los audios” difundidos originalmente por el sitio Carnaval, y “exponer qué otros elementos abonaron” la investigación.

Si bien los camaristas no anularon una causa que acumula pruebas sólidas y generó un cántico popular sobre Karina y el 3%, “les están mostrando el camino a las defensas, si no para archivar, para ganar tiempo”, dice una voz con conocimiento del expediente.

Hay vías alternativas para tira la pelota afuera, como que Lijo solicite un peritaje sobre los audios en el exterior que demore meses o años.

Interesante invariante. Un fuero federal que trabaja tan codo a codo con los servicios de Inteligencia encuentra en la sospecha de espionaje ilegal un comodín al que acudir en caso de necesidad y urgencia.

Ocurrió con Lago Escondido el 23 de diciembre de 2023, días después de la asunción presidencial de Milei. Ocho años antes, el 30 de diciembre de 2015, con Macri recién llegado a Casa Rosada, la jueza Sandra Arroyo Salgado hizo lo propio —con idéntico argumento del “fruto del árbol prohibido”— con un expediente que ella misma había construido sobre una organización presuntamente extorsiva y de trasiego de información liderada por el exjefe de la SIDE y actual funcionario Juan Bautista Yofre, que abastecía con filtraciones —según describió la magistrada— a los periodistas Carlos Pagni y Edgard Mainhard. Todos fueron desprocesados.

En un tiempo, alguna tarde confundida entre Navidad y Año Nuevo, cuando pocos tengan el apellido Spagnuolo en mente, acaso algún juez dictamine el archivo de la causa ANDIS con el mismo comodín.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El “patrimonialismo” es materia de estudio de Fernando Haddad. En 2016, mientras se desarrollaba el proceso de destitución de Dilma Rousseff, el actual ministro de Economía de Brasil y excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores enmarcó sus efectos:

“Un gran equívoco del PT sería éste: subestimar el carácter patrimonialista del Estado brasileño. Hay un error en hablar de corrupción sistémica o de lobby en Brasil. La corrupción en el país es más grande que sistémica, y es el corolario de nuestro patrimonialismo. Afirmar que la corrupción, aquí, es sistémica puede dar la impresión de que sería posible un patrimonialismo no corrupto”

Continuó Haddad, referente de la izquierda universitaria de su país, citado en el número de enero de la revista Piauí.

“No hay lobby en el patrimonialismo. El lobby supone por lo menos dos lados, si no en una mesa cuadrada, por lo menos en un mostrador. En el patrimonialismo, el poder político es el poder económico —‘los dueños del poder’, en la definición de Raymundo Faoro—que se sientan a una mesa redonda. No se distinguen los lados. En un contexto como ése, no hay víctimas, excepto los que no están a la mesa; hay negocios”.

La figura de los “dueños del poder”, en cuanto a un poder político indistinguible del económico, es esencial para comprender parte de la historia latinoamericana. En algunos países, la alternancia en el manejo del Estado se entiende por diferencias internas de la elite, e incluso familiares. No es sólo una cuestión de las naciones más pobres de América.

En Chile, cuarta economía de Sudamérica, la Unión Democrática Independiente (UDI), uno de los dos grandes partidos legados por el pinochetismo —ahora son varios más—, es referida como la formación “gremialista”. Su mentor, el ultraderechista Jaime Guzmán, creó en la década de 1960 el concepto para sintetizar a los “cuerpos intermedios de la sociedad”, “despolitizados”, “técnicos”, entre ellos, las representación empresarial. Eso, en los papeles de la cátedra de la Universidad Católica de Chile. Con la deriva del pinochetismo y la UDI, el lenguaje político afinó la idea. El “partido gremialista” pasó a ser inequívocamente el de la elite económica vinculada al Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Con el correr de la democracia, el otro partido de naturaleza pinochetista, Renovación Nacional (RN), compartió la representación de los intereses del empresariado. A la hora de la propuesta, la educación le tocaba al dueño de la universidad privada más lucrativa; la salud, al de la clínica más importante de Santiago. De hecho, el único presidente de derecha electo por voto popular desde el retorno de la democracia hasta 2025, Sebastián Piñera (RN), era uno de los empresarios más acaudalados del país.

La hora de los CEOs

La historia “patrimonialista” fue distinta en Argentina. La identidad común entre las elites económica y política funcionó hasta que dejaron de cometer fraude electoral. El voto libre consagró primero a la UCR y luego al peronismo. La línea de tiempo de ambos movimientos albergó vertientes a izquierda y derecha, liberal-conservadoras, de centro, socialdemócratas, más allá y más acá. No fueron partidos de “dueños”. Sus dirigentes del siglo XX, nacidos mayormente de la clase media, las universidades públicas, la inmigración y los sindicatos, negociaron, confrontaron, pactaron, se dejaron infiltrar, se corrompieron y fueron víctimas del “poder real”. En la definición del brasileño Haddad, el lobby actuó sobre los dos partidos mayoritarios, pero la democracia argentina no fue “patrimonialista”. Grosso modo, hubo una mesa cuadrada, con partes en relativa tensión. Claro que el acceso de los dueños a las sillas gubernamentales encontró atajos con las dictaduras. La última —la genocida— elevó a Martínez de Hoz como una cara indisociable del poder agrario y financiero.

El ascenso de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión en democracia. Se trató de un apellido icónico de la “patria contratista”, aunque de relación conflictiva con sus pares. No accedió tanto una “clase” como el proyecto cuentapropista de un gran empresario, metódico, que empezó por Boca Juniors y terminó en Casa Rosada. Antes que con “dueños”, el fundador del PRO llegó al Ejecutivo junto a directivos de empresas, ONG y vertientes más o menos innovadoras de la derecha.

A los CEOs del Gobierno de Macri les habría venido bien comprar un jean en la peatonal de Berazategui

La etiqueta “Gobierno de los CEOs” agradó al macrismo como símbolo de profesionales exitosos en el mundo privado, de esos que nunca compraron un jean en Argentina y “se la jugaron por el país”. Una teoría vulgar, propia de la radio que suena en el taxi, dijo que como Macri y su equipo eran millonarios, no tenían ningún otro interés que el buen gobierno. De hacer negocios personales, ni hablar.

La hora del soez

Faltó calle —les habría venido bien a los CEOs comprar un jean en la peatonal de Berazategui—; sobraron dogmas, pulsión por la deuda y lucro negociado del mismo lado del mostrador, o en la mesa redonda, describiría el brasileño Haddad. La frustración fue tan estrepitosa, que pudo presumirse que sería la última experiencia de un Gobierno de CEOs, pero Milei llegó para darle una vuelta de tuerca, recargada, con nuevo sentido.

El soez proclama a los cuatro vientos la victoria sanadora del salvajismo del capital sobre la “política inmunda”. La aventura tiene contornos patrimonialistas, pero tampoco es equiparable a la historia de las elites latinoamericanas, ni a la combinación de conservadurismo y “saber técnico” (gremialista, según el chileno Guzmán) de Macri.

Milei es el hijo maleducado de un empresario prebendario, que pasó por las aulas de la Universidad de Belgrano, protagonizó una pobre hoja laboral y tiene un tuit fijado que acusa al Grupo Clarín de extorsionar para hacer negocios. Acaba de declarar una supuesta guerra a “Chatarrín”, Techint, con argumentos similares.

Ambos grupos, Clarín y Techint, juegan en liga propia. El primero, por su prevalencia inusitada en el mundo de los medios, combinada en las últimas tres décadas con un poderío en el área de las telecomunicaciones que lo sentó a la mesa del gran capital como uno más. El segundo, por volumen de facturación, proyección internacional y cantidad de empleados. El conglomerado de Paolo Rocca tiene fierros que sobresalen en el firmamento argentino.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín

Hay periodistas y políticos que podrían ponerse a algunas de las dos empresas —Techint o Clarín—como un segundo apellido. Acaso el agronegocio como conjunto pueda competir en ese terreno. Por nombrar un ejemplo de poca monta, si alguien dijera Silvana Giudici de Clarín, nadie se alteraría.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín. Daba en el blanco. Algunos de los apuntados siguen en funciones.

La influencia de Techint transcurre por vías más discretas. Nunca se corroboró, por ejemplo, que el imperio de Rocca hubiera asistido a un grupo mediático conservador en una crisis financiera de principios de este siglo en un volumen tal que lo tornó socio de facto. Sin embargo, hay indicios inequívocos de su influencia. Existen medios y editorialistas que ponen la lucha del libre mercado contra el Estado elefantiásico en un altar. También lo hace Paolo Rocca, de allí la prodigalidad de sus alabanzas y su apoyo efectivo al ascenso de Milei. Bastó que Techint perdiera la primera licitación de construcción de caños de acero para la industria hidrocarburífera en muchas décadas, para que surgieran voces impensadas sobre la necesidad de ir de a poco, de no llevar al país a un suicidio en el camino al deseable fin del proteccionismo.

Caben las preguntas si el experimento de Milei podría definirse como un modo de patrimonialismo y cuánto tiene de real la puja del Gobierno ultraderechista con los poderosos Clarín y Techint.

La conformación del gabinete y el mecanismo de decisión gubernamental apuntan trazos de un poder económico sin intermediarios, algo así como un “patrimonialismo” clásico, pese al carácter plebeyo del propio Milei y de parte de su entorno (Karina, Spagnuolo, Lemoine, Pettovello, Gordo Dan). Las posiciones en Trabajo, Salud, Energía y Agro fueron delegadas a las respectivas industrias, lo que no las exime de intereses contrapuestos propios de cada sector.

La foto más nítida y acompasada es la del ministerio de Economía y el Banco Central, que bien podrían sintetizarse como una megacartera de Finanzas. El equipo surgió de diferentes camadas del JP Morgan que luego se volcaron a sus propios fondos de inversión y forjaron nuevas sociedades, dato crucial en un ciclo de financiarización de la economía internacional, en el que la renta se acumula sobre ingenierías financieras creadas para solventar otras ingenierías financieras —todo es comercializable, desde los despidos, el banco de horas de las enfermeras, el riesgo ambiental, los préstamos a insolventes—, y así hasta el infinito.

Delegación por ausencia

Milei es relatado por testigos como ausente de la gestión cotidiana. Esos testimonios y la mera observación de su utilización del tiempo denotan ensimismamiento en batallas de Twitter, sus perros, los premios vergonzantes que se hace entregar en Miami y Madrid, los whatsapps que les manda en tiempo real a los conductores de TN, LN+ y A24, y, si los tribunales lo demuestran, el 3% y oportunidades estilo $LIBRA que administraría su hermana.

Este diario informó tempranamente, antes de la asunción del economista de la Libertad Avanza en Casa Rosada, cómo los estudios jurídicos corporativos redactaban la que luego se conoció como ley Bases y el mega-DNU que encauzaron todo el mandato. Un puñado de bufetes, de esos que cobran cientos de dólares por hora, trabajaron desinteresadamente en beneficio del Estado. Otro ciclo de “jugarse por el país”.

Milei y el ministro Federico Sturzenegger dirían que ellos promueven el libre mercado mediante desregulaciones draconianas, hasta el punto de generar resistencia en nichos anquilosados, lo que sería lo contrario al gobierno de las corporaciones, al menos de la elite local.

El alcance de la sumisión pavloviana de la política exterior y comercial a los dictados del trumpismo —no sólo indisimulada, sino que festejada por el mileísmo— está por verse. Podría tratarse de un “patrimonialismo” con sede en otro país que, por las nuevas dinámicas tecnocapitalistas, prescinde algo de la elite local, nunca del todo. Es explícita la sintonía entre Milei y el tecnoempresario argentino más famoso, Marcos Galperín, que se traduce en la extensión de beneficios impositivos anuales por cientos de millones de dolares, cuya lógica económica es cuestionada incluso por miradas ortodoxas. Algunos avanzan —José Luis Manzano— y otros aparecen —Leonardo Scaturicce—. Por ahora, la apertura bajo normas estadounidenses es sellada en acuerdos anegados por el secretismo, que tienden a asfixiar la mera posibilidad de una producción industrial, científica y tecnológica local, aunque para ello está siendo más efectiva la motosierra que corta presupuestos clave y desfinancia la investigación.

Todo indica que la prioridad de la Casa Blanca es bloquear el comercio y los proyectos estratégicos con China. Sin embargo, los caños que amenazan a Techint son chinos o tienen componentes de ese origen. El tiempo dilucidará cuánto de la voluntad del trumpismo se corona, y cuál será la respuesta de Pekín, principal destino de exportaciones argentinas y una de las primeras fuentes de inversión extranjera.

El liderazgo del grupo que comanda Héctor Magnetto, impuesto por sofocación de la competencia, alcanza todos los formatos de medios. El negocio del infoentretenimiento está en plena reconfiguración y Clarín parece haber parado la pelota. En años recientes, se desprendió de emisoras del interior del país y cerró productos digitales y gráficos.

Con la dictadura, Papel Prensa; con Alfonsín, Radio Mitre; con Menem, la televisión abierta y el cable; con Néstor Kirchner, el virtual monopolio de la TV paga y un avance decisivo en provisión de internet; con Macri, el salto a Telecom, nueva escala económica.

Forcejeos en grado de tentativa

Llegó Milei. Hay presuntos forcejeos. Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista y las tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas críticas de Marcelo Bonelli, investigaciones como la reciente sobre $LIBRA y otros contenidos que aparentemente enojan al irascible.

El interés primordial de Clarín en los años de Milei es la compra de Telefónica por parte de Telecom, lo que le otorga dominio en el mercado de telefonía móvil y consolida la preeminencia en internet y TV paga: inaprobable con cualquier criterio de libre competencia.

Milei fijó el tuit “la gran estafa argentina”, enojado con la pretensión de Clarín, pero su Gobierno, en los hechos, habilitó la fusión, que marcha viento en popa. Telecom y Telefónica unificaron balances, management y criterios comerciales. Aunque hay un expediente abierto en la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), cada día que transcurre, la operación se torna más irreversible. En la hipótesis de que en algún momento se termine el pacto evidente que habilita contenidos de odio oficialista en segmentos centrales del grupo —un motivo podría ser el dictamen de la ANC—, los tribunales podrán dar curso automático a las previsibles cautelares, y los años pasarán.

Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista pura y dura, y tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas y contenidos que aparentemente enojan al irascible mandatario

La pérdida de mercado en el segmento de caños sin costura y la provisión de acero en general puede significar un duro golpe para Techint, que ningún Gobierno se atrevió a habilitar. Sin embargo, el conglomerado de Rocca tiene otro pilar en el negocio de los hidrocarburos con Tecpetrol. Es uno de los tres principales productores de gas en Argentina y está camino a serlo también en petróleo.

A Techint le corren las generales de la ley, con una Secretaría de Energía volcada a aprobar adhesiones al régimen de grandes inversiones (RIGI) que benefician principalmente a empresas locales: YPF, Pan American Energy (Bulgheroni), Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía (Mindlin). Algunos de esos proyectos ya habían sido anunciados antes de la asunción de Milei en Casa Rosada. Con una rebaja excepcional de impuestos y libre acceso y disponibilidad para girar utilidades al exterior, los grandes jugadores locales están encantados con el RIGI y van por más.

En evaluaciones de firmas internacionales, hay segmentos de la producción de gas y petróleo en Argentina en los que la carga impositiva ya está entre las más bajas de América Latina, aunque siguen siendo un problema el costo de financiamiento y la logística. La Secretaría de Energía anunció que planea extender los beneficios del RIGI a toda la producción de gas y petróleo. Maná del cielo que hace un tiempo no barajaba el accionista petrolero más optimista.

Tecpetrol le suma un apéndice de negociación que pasa por debajo del radar. En 2019 entabló un juicio al Estado por un supuesto cambio en las reglas de juego para el pago de un subsidio para la producción de gas en Vaca Muerta, dispuesto por el Gobierno de Macri en 2018, cuando se le quemaron los papeles. Entre 2016 y 2020, la empresa de Rocca invirtió US$1.900 millones en su proyecto de gas Fortín de Piedra y recibió US$1.500 millones de subsidio. Pretende otros US$640 millones por vía del reclamo judicial.

¿La defensa legal del Estado estará actuando como corresponde ante un reclamo de esa magnitud?

SL

slacunza@eldiarioar.com

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta La Rural “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.

En el próximo verano, en apenas poco más de tres meses, Starlink dejará de ser el único gran actor del internet satelital en la Argentina. De la mano de DirecTV Latin America, el país comenzará a recibir el servicio del Project Kuiper, la iniciativa de Amazon que promete velocidades más altas e, inclusive, precios más bajos para las familias. Será la primera competencia directa para el sistema creado por Elon Musk, que hoy concentra casi el 90% de ese mercado.

Analistas del sector de las telecomunicaciones interpretaron, en diálogo con elDiarioAR, la decisión de Telecom Argentina —controlada por el Grupo Clarín— de avanzar en la compra de Telefónica como un intento de adelantarse a lo que observan ya desde hace un tiempo como una globalización del negocio.

Los nuevos competidores, como Starlink, de Musk, Amazon con Kuiper y AMX con Claro, cuentan con una capacidad de inversión y un despliegue planetario que resulta inalcanzable para las empresas locales. Para poder competir, sostienen, los jugadores nacionales necesitan escalar y consolidarse. De ahí la “racionalidad” de la operación que impulsa Clarín, que todavía no está firme: está en proceso de aprobación.

Clarín buscar fortalecerse en el negocio del 5G, donde podría concentrar el 65% del mercado tras ejecutar la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina.

La irrupción de Amazon en la Argentina ya no es sólo el e-commerce

Starlink, la empresa creada por Musk, llegó al país en 2023 y registró un crecimiento inicial fuerte, pero luego se amesetó por la saturación de capacidad satelital en algunas zonas. Hoy tiene 200.000 clientes en la Argentina y 6 millones en el mundo.

Entre los competidores figuran Orbith, con operaciones en la Argentina, Chile y Paraguay desde 2017, y la uruguaya Gallus Comunicaciones.

Ahora se suma DirecTV Latin America, que desarrollará el mercado de internet satelital del Project Kuiper, la iniciativa en la que Amazon invierte US$10.000 millones.

Según pudo saber elDiarioAR, la idea es empezar “a fin de año, pero eso depende mucho de los tiempos de Amazon y del lanzamiento de los cohetes con los satélites”. Con seguridad esperan que a partir de los próximos tres meses el servicio ya esté disponible.

Project Kuiper busca llevar internet de alta velocidad a todo el mundo mediante satélites en órbita baja. Pretende competir con Starlink y ofrecer conexión en zonas rurales o sin cobertura. Su llegada refuerza la idea de que la competencia se vuelve cada vez más global y más fuerte.

El rol del Grupo Werthein

La empresa de Jeff Bezos firmó un acuerdo con el Grupo Werthein para que DirecTV y SKY Brasil comercialicen Kuiper en siete países, incluida la Argentina. A los Werthein se les reconocen credenciales por haber transformado Telecom entre 2003 y 2017.

Liderados por Darío Werthein, uno de los principales accionistas del Grupo Werthein y presidente de una de sus empresas Vrio Corp., compraron DirecTV y SKY en 2021 e invirtieron cientos de millones de dólares para ofrecer fibra óptica a 40 millones de hogares en América Latina.

Cabe aclarar que en estas operaciones no tiene nada que ver el canciller actual de Javier Milei, Gerardo Werthein, que pertenece a la familia propietaria de DirecTV, pero dejó sus acciones hace ya varios años.

Proyecto nuevo, alianza antigua

En junio de 2024, Werthein firmó en Seattle una alianza de al menos diez años con Amazon. Desde entonces, ambos equipos preparan la comercialización de las antenas desde 2026.

“Las pruebas técnicas del servicio lograron más de 1 Gbps de velocidad, lo que posiciona su servicio como el más veloz del mundo”, publicó Werthein en LinkedIn.

La noticia había sido revelada antes por Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología de Kuiper, tras pruebas con antenas para empresas. “Estoy muy emocionado de ver esto y espero llevar este nivel de rendimiento a nuestros clientes”, agregó Panos Panay, director de Amazon Devices & Services.

Cómo pretenden diferenciarse de Starlink

La constelación Kuiper comenzó en abril y ya tiene más de 100 satélites en órbita. El 25 de septiembre se lanzará el quinto cohete desde el complejo espacial 41, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

La constelación superará los 3.200 satélites. Los primeros orbitan a 630 km de la Tierra y, según Badyal, “esta es la primera antena comercial que ofrece más de un gigabit por segundo desde la órbita terrestre baja”.

En DirecTV destacan que los satélites ya están funcionando y que las pruebas no son teóricas: alcanzaron más de 1 Gbps de descarga.

Las pruebas iniciales fueron de descarga de información; en breve publicarán las de carga, clave para establecer la simetría del servicio (que la velocidad de bajada y de subida sean equivalentes).

La antena estándar de Kuiper, dirigida a hogares, debería ofrecer hasta 400 Mbps, superando lo que hoy dispone Starlink en el país.

En una primera etapa, DirecTV y SKY ofrecerán el servicio a hogares, y más adelante a empresas. Los planes serían en moneda local y podría haber financiamiento para la antena. El gran diferencial será el servicio técnico a domicilio, algo que Starlink no brinda.

Tarifas y comparaciones

Starlink ofrece hoy una antena por $280.000 y servicios de 100 a 250 Mbps por $38.000.

Orbith cobra $120.000 por la antena y $43.750 por 100 Mbps, con un descuento del 30% por seis meses.

En DirecTV aseguran que aún no tienen precios para comentar, dada la volatilidad de la economía argentina, pero prometen “asequibilidad” para reducir la brecha digital.

Opiniones de usuarios y expansión local

Uno de los primeros usuarios domiciliarios de Starlink fue el economista Antonio Aracre, hoy afiliado a La Libertad Avanza. “Starlink es algo fabuloso, anda perfecto, tiene un alcance muy bueno (…) Es velocísimo y no se corta jamás”, dijo a este medio.

Agregó que el costo es muy bajo, menos de $70.000 por mes, y recordó que pagó cerca de $500.000 por el módem cuando arrancó el servicio, mientras que hoy cuesta $280.000.

El mercado de banda ancha móvil en Argentina está concentrado en Claro (AMX-Carlos Slim) y Personal y Movistar (de Clarín), además de pymes y cooperativas. En paralelo, DirecTV comenzó a jugar en fibra con presencia en CABA, Córdoba, Mendoza y San Juan.

La banda ancha fija superó el 80% de los hogares en 2024, pero aún hay un 20% de la población (9,14 millones de personas) sin acceso a internet fijo. En ese segmento, la conectividad satelital es la opción más eficiente.

El frente judicial y regulatorio

La CNDC había dictado una cautelar para frenar la compra de Telefónica por Telecom, pero la Justicia la suspendió en junio. La medida cayó, pero el proceso de aprobación administrativa —con varias etapas formales— sigue su curso.

En este escenario, Milei busca frenarla, mientras que Clarín procura avanzar con el argumento de que la consolidación es necesaria para enfrentar a competidores globales.

JJD

El sistema de poder argentino asume dos certezas: que el vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez vulnera, como mínimo, estándares éticos elementales, con pistas nítidas de probable corrupción, y que el proceso judicial contra Cristina comprende un continuado de burdas arbitrariedades que liquidan el Estado de Derecho.

El consenso en torno a esos dos ejes es amplio e incursiona a ambos lados de la polarización. En el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, muchos más de quienes lo reconocen en público perciben un vínculo inadmisible entre los Kirchner y un ejecutivo bancario convertido en contratista, en simultáneo con la llegada del expresidente santacruceño a la Casa Rosada, en mayo de 2003. A su vez, en el antikirchnerismo y las derechas, pocos se atreven a maquillar fuera de micrófono las chapucerías pergeñadas entre los tribunales de Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios de Inteligencia.

La dinámica de trincheras que rige la política argentina obtura un debate más útil, menos hipócrita, en el que las banderas de la honestidad en la vida pública y las garantías de la democracia sean levantadas al unísono, sin intermitencias, con coherencia. Frente a las cámaras, unos sólo denuncian una persecución de una poderosa mafia contra Cristina, como vendetta por sus políticas redistributivas —las reales y las declamadas—, y otros visten su discurso de una farsa honestista, postulada para escarmentar a rivales y proteger a los propios, sin reparo en lo que prescriben las leyes y la Constitución. Podría ser una contradicción ética, que algo vale en política, pero representa también una dinámica que prolonga una suerte de empate, en el que ningún bloque termina de prevalecer, pero ambos mantienen cierta capacidad de bloqueo.

Así planteada, la condena a la expresidenta demanda una postura inequívoca. Nadie puede ser declarado culpable si hubo jueces y fiscales federales que reprodujeron causas sobre los mismos temas o colindantes hasta que alguna prendiera; o que visitaron las residencias de Mauricio Macri en decenas de oportunidades para mascaradas sociales y deportivas; o no eran jueces naturales de la causa, sino que fueron impuestos a dedo, sin concurso, por la mesa judicial del PRO; o viajaron a Lago Escondido en un tour venal organizado por Clarín; o ellos mismos eran sospechosos de delitos graves, por lo tanto, pasibles de ser extorsionados por los servicios de Inteligencia. En un Estado de Derecho, tan sólo un juez, entre la docena que intervino en el proceso, que haya cometido alguna de esas tropelías bastaría para anular o revisar una sentencia contra una de las principales líderes de la historia argentina.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a esta altura, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida por ella, su hijo y su fallecido esposo con un contratista-lavador de US$60 millones. En un Estado de derecho, se requieren pruebas, no intuiciones ni operaciones urdidas por jugadores del club Liverpool en el torneíto de Los Abrojos. A diferencia del expediente Vialidad, la condena a Lázaro Báez por lavado encontró un proceso sólido, en el que se comprobó una ruta del dinero a la que el Grupo Clarín le puso la letra K, sin que fuera hallada la pista Kirchner, aunque algún fleco apunte a la letra M, del Grupo Macri, excompetidor-socio de Austral Construcciones en la obra pública.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida con un contratista-lavador de US$ 60 millones

El cuadro conduce a otra evidencia irrefutable. Si los jueces que juzgaron a Cristina, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Báez, Cristóbal López, César Milani, Carlos Zannini, Ricardo Jaime y otros kirchneristas hubieran puesto un quinto de su enjundia e imaginación para investigar a Macri, su primo Calcaterra, su hermano Gianfranco, su otro hermano Mariano, Javier Milei, Karina Milei, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luis Caputo, Oscar Aguad, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Nicolás Caputo, Alfredo Coto, Paolo Rocca y otros macristas y millonarios, poseedores algunos de ellos de cuantiosas cuentas offshore y adherentes a blanqueos a través de allegados y familiares, la secuencia de indagatorias, esposados en pijama a la medianoche y condenados sería mucho más pareja en el arco político. Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos ellos son, hasta hoy, inocentes.

Elisa Carrió, fiscal de set televisivo que hoy manifiesta pesar por la saña que muestran los canales de los grupos Clarín y La Nación contra Cristina, debe ser razonablemente excluida de la lista de sospechosos por corrupción. Su generosa residencia en Capilla del Señor bien pudo haber sido adquirida por herencia, trabajo profesional y sueldos de diputada durante dos décadas. Aunque la líder de la Coalición Cívica acaso podría ser apuntada por algún juez al que se le ocurriere investigar si el haber fraguado un falso arrepentimiento de un narco en el living de su casa, junto a la producción de Jorge Lanata, con el fin de señalar a Aníbal Fernández como “la Morsa”, pudo haber constituido una asociación ilícita. U otro tanto por sus andanzas con Marcelo D’Alessio, el espía inorgánico y panelista de Alejandro Fantino. El delito de autor perpetrado en Comodoro Py no llegó hasta ahí.

Encerrona y omisiones

Así, la democracia argentina transita una encerrona de larga data. Ensayos presuntamente libremercadistas que propenden a la fuga de dólares activan un sistema persecutorio de la resistencia en general y el kirchnerismo en particular, y éste, bajo la conducción de Cristina, arbitra la oposición a ajustes regresivos, recorre su bucle melancólico de la denominada —y cada vez más lejana— década ganada, y borra de su gramática un postulado que ocupó un breve espacio en el primer gobierno de Néstor Kirchner: la regeneración ética y la lucha contra la corrupción como un vehículo esencial de la equidad social.

Un dirigente peronista patagónico, quien formó parte del riñón político de los Kirchner y luego se alejó, apunta un nombre que suele esquivar titulares, pese al fuego cruzado. El Grupo Petersen, emporio de la familia Eskenazi, no protagoniza encendidos discursos de Cristina, ni editoriales del prime time, ni oficios de Comodoro Py. La omisión, en el contraste del foco omnipresente en Báez, resulta extraña.

Antes de volcarse por entero a Austral Construcciones, Lázaro fue gerente general del Banco de Santa Cruz, del que el Grupo Petersen es controlante y tiene como socio minoritario al Estado provincial.

Los tres ocupantes de la Corte Suprema garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad

La fuente citada, conocedora al detalle de los contratos del Estado santacruceño, enumera tres empresas que monopolizaron la obra pública en la provincia en la primera década larga del siglo: Austral Construcciones, de los Báez; Esuco, de Carlos Wagner, y Thiele & Cruz, de los Eskenazi.

Desde la década de 1990, esta familia proyectó su fortuna en la provincia austral, que llegó a la cúspide cuando Kirchner pergeñó la “nacionalización” sui géneris del 25% de YPF. Para intuir la turbiedad del asunto, el método de compra los explica sin mayores aclaraciones: el accionista mayoritario y vaciador de la empresa nacional de gas y petróleo, Repsol, junto a un consorcio de bancos, anticiparon los fondos a Petersen para la operación, que serían repagados con dividendos generados por la propia YPF. Salió mal y hoy Argentina afronta un juicio en tribunales de Nueva York por el que tendría que pagar varios miles de millones de dólares. Los Eskenazi están silenciosamente anotados para recibir un tercio de esa hipotética indemnización, aunque algunos señalan que ese regalo de la vida sería íntegramente transferido a sus acreedores en España, donde se sustanció la quiebra de una filial gemela del Grupo Petersen.

Proscripción, conmoción, obsesión

La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no ahorró ningún elemento que hiciera honor a la venalidad de todo el proceso Vialidad. Los tres ocupantes de la Corte Suprema, enterradores consuetudinarios de causas que afectan intereses poderosos, actuaron con premeditación, filtraron su voto a medios afines y garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad. Al no existir una grabación de lo conversado entre copas, partidos de paddle y tours de caza, fuera días u horas antes de decisiones trascendentales en el expediente, la pulcritud de los magistrados está fuera de duda. Inobjetable guion del trío Rosenkrantz-Lorenzetti-Rosatti.

La sentencia alteró naturalmente las prioridades del peronismo. Finalmente, la proscripción —denunciada sin sustento por Cristina en diciembre de 2022, cuando quedaba un camino para la condena definitiva— se hizo realidad. Con su capacidad de oratoria intacta, la expresidenta construyó un texto sólido sobre qué está en juego. No es una mera inhabilitación de un rival, sino una maniobra artera para despejar resistencias ante objetivos económicos lacerantes.

La conmoción se apropió del sistema político. Una vez más, Cristina en el centro de la escena. No está claro cuál es la valoración real de la sentencia por parte de la opinión pública, algo que se verá en el tiempo. Por lo pronto, la reacción en las calles se hizo sentir, pero no fue mucho más allá de los núcleos que siguen respondiendo a la exmandataria, en franco declive en la última década. Esta página de la historia está abierta, pero los trazos iniciales no se acercaron a una reacción popular que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, sin desmerecer la vigilia de sus seguidores en una esquina del barrio de Constitución, y a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días.

El eje Cámpora-Instituto Patria no perdió de vista el eje principal que lo motoriza hace años, consistente en obturar cualquier voz alternativa para blindar el liderazgo de Cristina. La propia expresidenta, horas antes y después de conocida la sentencia, se hizo espacio para transmitirle a Axel Kicillof un mensaje elocuente: “Déjense de joder con las listas”.

Cristina machacó que “lo único” que escucha en las reuniones con “algunos compañeros” es cuál es el lugar en las boletas electorales de septiembre y octubre. Tres días más tarde, el destinatario del mensaje fue explícitamente desinvitado de una reunión en la sede del Partido Justicialista, en la que tallaron el impopular trumpista Guillermo Moreno, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de convocados no responde a ninguna otra lógica más allá de dejar fuera de la foto al gobernador bonaerense.

Y Kicillof parece, un día sí y otro también, estar más que dispuesto a “dejarse de joder”. El exministro de Economía transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia, a la espera de una mejor oportunidad, que nunca llega.

Quienes interpretan a Kicillof esgrimen que el tiempo probará lo contrario, y que el trayecto desde 2015 demostró escalones de autonomía que hicieron cumbre en la ruptura con Máximo en 2023. Bajo ese prisma, no habría que descartar que el líder del flamante Movimiento Derecho al Futuro valore en su fuero íntimo desplantes como el del jueves en la sede del PJ en la calle Matheu, con la mira en una ruptura que acontezca por decantación y en la que la responsabilidad recaiga del lado del maximismo.

Kicillof transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia

Indulto como programa

Antes de la confirmación de la condena, parte del entorno del gobernador dejó saber que no objetaría las candidaturas a legisladores provinciales de Cristina en la tercera sección y Massa en la primera. Semejante oferta en las dos secciones que congregan 75% del voto en la Provincia arrasaría con el objetivo de Kicillof de plebiscitar su gestión y delimitar su perfil. Si ese es el punto de partida de la negociación, el final es inimaginable.

Ahora, el eje Patria-Cámpora aprovechó para poner a Kicillof a contestar si indultaría a Cristina en una eventual Presidencia, a partir de diciembre de 2027. El gobernador dio a entender que sí, pero no cerró del todo la respuesta, para disgusto del cristinismo ortodoxo. Una voz del axelismo más puro resultó más asertiva ante este diario: “No tenemos la más mínima duda de que corresponde el indulto”.

Ese perdón institucional tiene un significado inequívoco en Argentina. El indulto a los perpetradores del terrorismo de Estado por parte de Carlos Menem en el inicio de su mandato, por lo que extenderlo a Cristina supone sumarle una acepción en el diccionario político.

Ni siquiera está claro que la expresidenta, quien rechazó en 2022 la aplicación de la figura para sí, haya cambiado de opinión, pero la obsesiva y extemporánea alusión de representantes del eje Patria-Cámpora permite inferir que, además de un ariete para alinear desobedientes, será un estandarte principal de cara a 2027.

De modo que si lo que está en juego es un reforzamiento del liderazgo de Cristina y una elevación del estatus de personajes como Moreno, cabe preguntarse si es cierto que a Milei no le convenía la ratificación de la condena, como se elaboró incluso en esta columna. Al tenor de las celebraciones del ultra y sus allegados, tan mal no les cayó.

Una cuenta probable es que un proyecto ultraderechista de semejante magnitud, apoyado por múltiples resortes de poder, encuentra un rival ideal en un partido encajonado en la propuesta del indulto a su líder, todo ello, sobre la fundada presunción de que una sólida mayoría cree que la expresidenta es culpable. Lejos de “borrar” a Cristina de la agenda, la condena prolonga su permanencia con el foco en su costado más cuestionable, del cual deberá opinar todo dirigente peronista hasta 2027. El plan económico de Caputo puede colapsar, pero si no ocurre y se cristaliza un país más desigual, parecido al promedio de América Latina, polarizar contra una Cristina confinada en su domicilio, con acceso limitado a la palabra, se parece al escenario ideal para los Hermanos Milei.

Inflación, transparencia y gatillo fácil

La expresidenta suele desdeñar la inflación como un problema central de la economía. Elabora teorías sobre lo inocuo que resulta el déficit fiscal sin financiamiento genuino, lo que inexorablemente dispara la impresión de billetes. La expresidenta muestra gráficos en los que Dinamarca o Japón tienen déficit en sus cuentas públicas y mantienen los precios en calma. Hasta ahora, que se sepa, Kicillof no está en desacuerdo con ese abordaje.

El kirchnerismo, como fue dicho, borró hace años la transparencia y la honestidad como un pilar de su discurso. Sus voces más altisonantes se dedican a ejemplificar, muchas veces con razón, que sus rivales del PRO, la UCR y la ultraderecha incurren en actos sospechosos graves y permanecen impunes, pero no dan cuenta de tramas estructurales de venalidad que acompañaron la obra pública desde 2003.

Ocurre que inflación y corrupción son temas centrales en la preocupación de los ciudadanos desde hace décadas. Es cierto que el trabajo y la pobreza también lo son, pero ambos se ven implicados por los pilares que el cristinismo prefiere mirar de costado.

Un tercer eje de interés social es la inseguridad. Al respecto, el abordaje privilegiado de la expresidenta es a través de Sergio Berni, otro dirigente que ganó escala en la intersección de San José y Humberto Primo esta semana. Berni es un reproductor de las consignas de Patricia Bullrich. Para apoyar a alguien que celebra la represión de las protestas y el gatillo fácil, ¿será mejor votar a una irredenta apasionada por las armas como Bullrich, o a su Salieri excarapintada?

Con Javier Alonso en el ministerio de Seguridad bonaerense, otro fan de las ejecuciones policiales por la espalda y hombre de Berni, la nueva melodía de Kicillof también se demora en ese sensible asunto.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

La guerra entre el presidente Javier Milei y el Grupo Clarín, propiedad de Felipe y Marcela Noble Herrera y Héctor Magnetto, está declarada. Como aquella que enfrentó a los Kirchner con conglomerado que con el gobierno de Mauricio Macri se hizo de Telecom. El conflicto estalló a partir de que Telecom comprara Telefónica de Argentina al grupo español cuyo 10% está en manos estatales de ese país europeo. El Gobierno suspendió la operación, Clarín reaccionó primero con tapas favorables a Milei, pero en las últimas semanas comenzaron a inclinarse en su contra. Y el Presidente lo advirtió en plena campaña porteña, una elección en la que se enfrenta a Macri.

Este martes, en el cierre del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei recordó primero que en 2002 “los amigos de Clarín, [el entonces presidente Eduardo] Duhalde y [su entonces aliado Raúl] Alfonsin terminaron estafando a los argentinos por US$30.000 millones”, en referencia a la pesificación de deudas en dólares tras la salida de la convertibilidad (régimen cambiario por el que un peso equivalía a un dólar). “Se imaginan que después me como las tapas que me como del gran pasquín argentino”, agregó luego el jefe de Estado, parafraseando al lema del diario, “el gran diario argentino”.

Después rememoró que en aquel 2002 Clarín promovió una ley de bienes culturales para proteger su industria y modificó la norma de concursos preventivos para que se homologaran los acuerdos con el 51% de los acreedores, en lugar del 66%. “Son extorsionadores y corruptos con sus tapas”, atacó quien antes defendía los monopolios, pero ahora critica la fusión de Telecom y Telefónica, de alto impacto en la telefonía celular, pero con el argumento de que es un negocio con alta influencia política, según asesores libertarios.

También la ligaron los economistas. Al igual que minutos antes había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente prometió que en un año la inflación “colapsará”, lo que significa que desaparecerá, y repitió que la receta económica aplicada por ellos era inédita en la Argentina. “No lo viste nunca: equilibrio fiscal sin emisión monetaria y tipo de cambio flotante. Es grave que se le pase a los pelotudos de los economistas”, disparó ante una platea de ejecutivos de finanzas, que incluye a sus colegas por él insultados. Ya no son sólo los políticos y los periodistas quienes son criticados por el máximo mandatario.

Caputo reiteró que nunca en 120 años había habido superávit fiscal sin default. Es cierto. También se preguntó por qué el Banco Central debería comprar dólares ahora que el tipo de cambio no está en la banda mínima de flotación pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $1.000. “No hay intervenir porque te militan la corrida”, explicó. Y atribuyó el aún elevado índice de riesgo país, de 678 puntos, que impide al país endeudarse en el exterior, a dos factores: el “track record”, es decir, el historial de cesaciones de pago de la Argentina, y el “riesgo de que vuelva el kirchnerismo”.

Milei dijo que los que piden una devaluación reclaman una medida “antipopular” porque empobrecería a la población. Y él se jactó de bajar la pobreza, aunque no recordó que primero la subió y después la redujo al nivel heredado del gobierno anterior. Tampoco lo hizo el público financiero que lo aplaudió cuando él dijo que “los desalmados liberales” habían reducido el porcentaje de pobres.

“¿Cómo hablan de atraso cambiario sin hay libre flotación cambiaria?”, se preguntó el presidente, sin tomar en cuenta las medidas que su gobierno adopta para favorecer una apreciación real del peso que advirtieron los mismos empresarios que expusieron en el IAEF. “Aún hay inflación porque hay rezago. La bestia anterior emitió 13 puntos del PBI en un año”, justificó Milei.

“Cuando terminemos con el money overhang (exceso de dinero), vamos a ir muy rápido al piso de la banda cambiaria y puede que velocidad sea muy rápida y puede llevar a muchas empresas a la quiebra”, admitió. “Necesitamos una estructura contractual deflacionaria, pero tenemos una estructura contractual no preparada. Por eso, ¿cómo hacemos para monetizar la economia sin emitir dinero?”, se preguntó y su respuesta es la dolarización endógena, es decir, que la gente que tiene dólares ahorrados los gaste.

El Presidente descartó el “modelo de puja distributiva” que eleva sueldos y después precios, en un intento por justificar su pauta salarial del 1% que impide una recuperación de los bolsillos de los trabajadores. También desestimó un anclaje del tipo de cambio y pronosticó que el dólar seguirá cayendo.

“Hicimos el ajuste fiscal más grande humanidad en un tiempo corto y bajamos tasa de inflación del 17.000% al 10%”, deliró con cifras que él elucubra a su manera, pero no tiene relación con el 211% anual de 2023 y el 55% actual. “Se reían del pedo de buzo, pero ahora hay burbujas por todos lados”, defendió, siempre soez el mandatario, en alusión a la fuerte recuperación de la economía respecto de un año atrás, aunque los últimos indicadores de diversos sectores muestran que el repunte se enfrenta a incipientes bajas en relación al inicio de 2025.

AR/JJD

“Se robaban hasta los pañales de los abuelos”, denunció el vocero presidencial Manuel Adorni, este lunes, desde el atril de la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. Fue la frase elegida para presentar el nuevo sistema de distribución domiciliaria de pañales para afiliados del PAMI, en medio del mayor escándalo que atraviesa hoy a la obra social más grande del país y una de las cajas sensibles del Estado. Pero detrás del anuncio oficial se esconde una trama de licitaciones exprés y un nombre que generó sorpresa en el universo empresario: Urbano Express S.A., una firma ligada al Grupo Clarín y sin antecedentes como proveedor del organismo, fue la única que presentó oferta válida y se quedó con un contrato estimado en US$450 millones.

El proceso —publicado antes del feriado largo de Semana Santa y resuelto en apenas seis días hábiles— dejó afuera a los proveedores históricos del PAMI. Aunque tres empresas del rubro (Italpañal, Lenterdit y Hisan S.A.) se presentaron en la apertura de sobres, ninguna pudo llegar con una propuesta formal. La ganadora fue una empresa de logística, sin trayectoria previa en el sistema sanitario, vinculada al Grupo Román (operador portuario) y con participación accionaria del holding comandado por Héctor Magnetto. Según la documentación, el Grupo Clarín tiene un 30% de participación en el capital accionario de Urbano.

Desde el Gobierno defendieron la licitación y el nuevo esquema. Según explicaron a elDiarioAR, durante años el PAMI entregó “pañales rectos con apósitos, sin respetar los parámetros de la ANMAT”, lo que, aseguran, “cartelizó el sistema”, ya que sólo algunas pocas empresas continuaban fabricando esos productos. “Desde 2006 no se respetaban las normas que pedía la Anmat”, apuntaron. La nueva contratación, insisten, implica un “salto de calidad”: “Tienen más absorción, son anatómicos, tienen geles de calidad y controles médicos y farmacéuticos”.

A partir del 1 de junio, las farmacias dejarán de entregar los pañales mediante receta. En su lugar, Urbano Express será la responsable de adquirir los productos y distribuirlos en todo el país. “Cada afiliado que necesite va a tener los apósitos, pero no habrá sobreprestación”, explicaron desde el Ejecutivo, en línea con la promesa de controlar los desvíos. Ante las críticas por los plazos de la licitación y la falta de competencia, en el Gobierno responsabilizaron a las farmacias: “Embarraron la cancha cuando dimos un salto de calidad porque estábamos en deuda con los afiliados”. Y remarcaron: “Los tiempos de la licitación fueron respetados”.

Polémica

Aun así, la adjudicación genera ruido por varios motivos. Por un lado, implica un aumento del gasto mensual en al menos $3.000 millones: de $9.000 a $12.000 millones, según datos del propio pliego. Por otro, los nuevos pañales pesan menos (50 gramos frente a los 75 actuales), utilizan cintas más finas y eliminan capas de absorción, en una combinación que, según fuentes del sector privado, podría afectar la calidad. El argumento oficial es que el sistema permitirá un “ahorro” total de $5.000 millones por año gracias a la eliminación de intermediarios. Pero el dato duro muestra un costo por unidad más alto, un esquema de entrega aún incierto y una empresa debutante como única oferente habilitada.

El contrato con Urbano Express, por $466.554 millones para los próximos tres años, implica además una transformación total del sistema vigente desde 2010. Hasta ahora, los afiliados del PAMI recibían los productos a través de un esquema mixto que articulaba fabricantes, droguerías y más de 6.000 farmacias en todo el país. El nuevo plan promueve un sistema “puerta a puerta”, bajo control de una sola empresa logística que subcontratará a los fabricantes. Las firmas Nochísimo y Liberty figuran como las principales proveedoras del insumo.

Todo en el marco de las múltiples denuncias por presuntas irregularidades que tienen lugar en distintas delegaciones del PAMI de todo el país. En Misiones, por ejemplo, pesa una contra el libertario Adrián Núñez —tercer candidato en la lista legislativa local— por supuestos pedidos de “diezmos” a empleados. Situaciones similares emergieron en La Pampa, Santa Cruz y varios municipios bonaerenses. El epicentro del escándalo es Esteban Leguizamo, actual titular del PAMI, que llegó al cargo con aval de Santiago Caputo y mantiene vínculos con Mario Lugones, ministro de Salud y padre del socio del asesor presidencial Rodrigo Lugones.

Leguizamo tiene historia: fue funcionario durante casi dos décadas, incluido el ciclo de Luana Volnovich al frente del organismo, y figura en denuncias de la diputada Graciela Ocaña y del ahora ministro Luis Petri por el uso político de subsidios a centros de jubilados. Hoy, es quien firmó la licitación por el contrato más grande del año.

El vínculo con Clarín

El ingreso del Grupo Clarín al esquema de distribución del PAMI reconfigura, además, el mapa de vínculos —no exentos de tensiones— entre el conglomerado mediático y el gobierno de Javier Milei. A través de su participación accionaria en Urbano Express —estimada en un 30%—, el holding de Héctor Magnetto aparece asociado indirectamente a uno de los contratos más altos del Estado en logística social, pese a que su relación con el oficialismo es, por momentos, abiertamente conflictiva. Aunque Clarín no figura como proveedor registrado en los sistemas del PAMI, su sociedad con el Grupo Román le permitió desembarcar en un terreno históricamente ajeno a su actividad principal: el reparto domiciliario de insumos médicos.

Detrás del rediseño del sistema y de la licitación relámpago aparece, otra vez, la figura de Santiago Caputo, cuya tropa ocupa los principales cargos jerárquicos del organismo previsional. El asesor todoterreno de Milei no solo respaldó la continuidad de Leguizamo pese a los cuestionamientos internos, sino que además fue uno de los impulsores del nuevo modelo de entrega directa, bajo el lema de eficiencia y combate a la “casta farmacéutica”.

En la Casa Rosada admiten que Caputo mantuvo contactos con operadores logísticos para viabilizar el esquema. La adjudicación a Urbano Express no fue, entonces, una casualidad técnica, sino una decisión de poder: un movimiento pensado para consolidar un nuevo circuito de control estatal, con actores funcionales al Gobierno —aunque no necesariamente aliados políticos— y con capacidad de operar grandes volúmenes sin pasar por las viejas estructuras sindicalizadas o ligadas al peronismo.

Con la licitación ya concretada, Urbano Express comenzará en las próximas semanas a distribuir los pañales a más de 200.000 afiliados en todo el país. El nuevo sistema implicará un cambio total en la operatoria de PAMI, con impacto logístico, sanitario y financiero. Aunque el Gobierno defiende la medida como un avance en eficiencia y transparencia, las condiciones de la convocatoria, la ausencia de competencia real y la participación de una empresa con vínculos empresariales sensibles abren interrogantes sobre el verdadero alcance del modelo.

PL/JJD

Una vez consumado el rechazo de los senadores al proyecto de Ficha Limpia, pactado entre el Gobierno y el mandamás misionero Carlos Rovira, el foco se dirigió a la dirigencia del PRO, que había hecho del tema un caballito de campaña.

El proyecto aspiraba a impedir las candidaturas a cargos nacionales de personas con condena por corrupción en dos instancias judiciales, lo que habría significado la exclusión de Cristina de la contienda de este año. Gracias al giro de dos senadores por Misiones y pese al apoyo de los de la oficialista La Libertad Avanza (LLA), Ficha Limpia quedó a un voto de los 37 necesarios para ser aprobado.

Con Clarín a la cabeza, el sistema mediático había organizado un banquete para coronar a Silvia Lospennato, la candidata a legisladora del PRO, como la heroína del proyecto. La plasticidad de los senadores misioneros le aguó la fiesta a la diputada macrista, pero, de inmediato, ésta vio la oportunidad de sugerir un acuerdo espurio entre el Ejecutivo y el Gobierno de Misiones. Con medias palabras —al fin y al cabo, es una postulante que manifiesta pesar por no haber acordado listas con la ultraderecha para los comicios del 18 de mayo—, Lospennato profundizó en la línea de que lo que está en juego en las elecciones de la Ciudad y del país es una divisoria entre honestos y corruptos. Del lado de los primeros se encontraría el “institucionalista” macrismo y quien quiera sumarse; del lado de los corruptos, el kirchnerismo y el mileísmo. Así será para cierto sector del PRO en estos días de mayo hasta que las urnas reordenen el tablero.

Por ahora, cruzan palabras, “asco”, “decepción”, adujo Lospennato. “Mentirosa”, lanzó el irascible de Casa Rosada en un encuentro de finanzas. Nada que no pueda ser reparado en cuestión de semanas, si toca regresar las citas en Casa Rosada para continuar unidos con la gesta libertaria.

La jefa de campaña del PRO en las elecciones para la Legislatura porteña, María Eugenia Vidal, levantó la bandera de Lospennato. La exgobernadora cuenta con el beneficio de que un juez de Comodoro Py la sobreseyó este año de la sospecha de enriquecimiento ilícito por la compra de un departamento oneroso en Recoleta, al que accedió mediante un particularísimo préstamo otorgado por su vendedor, luego de declarar por TV que su divorcio la había dejado en Pampa y la vía, “con media casa y medio auto”, para la carcajada de Fantino.

La exhaustiva investigación sobre el patrimonio de Vidal fue llevada a cabo por Ariel Lijo y Ramiro González. El juez firmó el sobreseimiento en pleno remo para ser juez de la Corte, una mera casualidad. El fiscal, quien suscribió el criterio de Lijo, seguramente no estuvo condicionado por haber quedado en el ojo de la tormenta tras su fastuosa fiesta de cumpleaños en Puerto Madero, de la que rápidamente quedó indemne.

Si del PRO se trata, resulta inevitable oir la voz de Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados. El partido de Macri se encuentra en la encrucijada de que decidió competir con La Libertad Avanza en la elección de CABA, mientras negocia la unidad en la provincia de Buenos Aires. Ritondo, con sus fichas puestas en la Provincia, debe navegar esa contradicción y va de foto en foto entre los pulgares arriba y plano picado con el Presidente, y otra con pose de persona normal cuando se ve con Macri.

A Ritondo no lo preocupa lo chocante que resulta ser visto como promotor de la proscripción de candidaturas por razones de decencia al tiempo que la causa que debe investigar sus decenas de propiedades en Buenos Aires y Miami duerme en Comodoro Py. El interés del diputado bonaerense está en preservar los puentes con Karina Milei. Es por ello que se desvive por estas horas por coordinar una postura del PRO que deslinde de toda sospecha al Gobierno de haber pactado el voto de los dos senadores misioneros para voltear el proyecto de Ficha Limpia. Para Ritondo, en flagrante contradicción con Lospennato, la decisión de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce es exclusiva decisión de Rovira.

Lo que hoy es pesar porque Rovira pactó con Milei para voltear el intento de proscripción de Cristina, ayer fue algarabía porque esos saltimbanquis, como los provinciales santacruceños, salteños, neuquinos y cordobeses y la UCR estaban en el mismo barco.

Más allá de sus diferencias circunstanciales, a Ritondo, Vidal y Lospennato los unen sus acciones. El trío, como todo el PRO, fueron garantes de que los hermanos Milei eludieran cualquier intento de investigación parlamentaria por la supuesta criptoestafa, o que el ultra pudiera hacer uso y abuso de la herramienta de los DNU como ningún otro Presidente, contra toda práctica republicana. Lo que hoy es pesar porque Rovira pactó con Milei la voltereta de los dos representantes de Misiones para bloquear el intento de proscripción de Cristina, ayer fue algarabía porque esos saltimbanquis, como los provinciales santacruceños, salteños, neuquinos y cordobeses, y gran parte de la UCR estuvieron subidos al mismo barco. Si de comprar votos se trata, como sugiere Lospennato, el rechazo debe ser la norma y no la excepción en las semanas previas a una elección que la tiene como protagonista.

No hay ningún principio ideológico ni aspiración de coherencia que esperar de Rojas Decut y Arce, como tampoco del jefe del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, que cambió en cuestión de dos horas el sentido de su voto por una comisión investigadora de la criptoestafa. El peronista Edgardo Kueider goza de sus millones en Paraguay, pero no está solo. Hoy cabe obedecer a Milei, mañana escucharán ofertas así como ayer prestaron el oído a las de Cristina o Macri, si se quiere pensar bien, para favorecer las arcas de sus provincias. Es un dato penoso y repudiable de la política argentina, pero rige hace tiempo.

El debate sobre Ficha Limpia tiene otras aristas. Una de ellas es constitucional, lo que habría deparado nuevas escenas en el pantano judicial, por si hubiera pocas. Juristas cuestionan en qué medida una ley puede alterar el principio de presunción de inocencia hasta tanto no se alcance sentencia firme, y por qué correspondería agregar un impedimento para ejercer el derecho de ser elegido, pilar de la democracia.

Otra cuestión es el argumento elemental de que una disposición legal que otorgue tamaña responsabilidad a los jueces como sumarles a sus decisiones la posibilidad de vetar candidaturas requiere un elenco de jueces y fiscales intachable, que sería lo contrario de lo que ocurre en los tribunales federales. Quizás es casualidad, pero ocurre que muchos jueces y fiscales que abren, cierran, cajonean, manotean, absuelven y sentencian causas visitaron a Macri en sus altillos más reservados, se dejaron invitar a viajes por Clarín y/o acumulan prontuarios por supuestos delitos graves.

Del lado de los Milei, hubo razones comprensibles desde la óptica del interés político. Con el voto de los senadores de la Libertad Avanza, el Gobierno no terminó de ceder la bandera que hoy reclama con exclusividad el PRO, aunque el acuerdo con Rovira haya quedado demasiado expuesto. Dejar a Cristina en carrera implica extender una polarización en un principio eludida y luego fomentada por el mandatario, con la presunción de que es una rival a la que le gana. Macri podría explicarle los riesgos de la estrategia. En segundo orden, la vigencia de la expresidenta actúa como factor discordante en todo el campo opositor y erosiona la emergencia de Axel Kicillof, el único liderazgo potencialmente competitivo que asoma en el peronismo.

Quizás es casualidad, pero ocurre que muchos jueces y fiscales que abren, cierran, cajonean, manotean, absuelven y sentencian causas visitaron a Macri en sus altillos más reservados, se dejaron invitar a viajes por Clarín y/o acumulan prontuarios

Y nada de ello exime a Cristina y prominentes funcionarios kirchneristas de la promiscuidad de relaciones con empresarios corruptos como Lázaro Báez. El cristinismo se desentiende de las fundadas sospechas, por ejemplo, en el soterramiento del tren Sarmiento, la obra pública bajo el aspirante a monja de medianoche José López, las deudas impositivas acumuladas por Cristóbal López y un sinfín de casos de presunta corrupción, con el argumento de que Macri resuelve de taquito las cuentas offshore de su familia, los millones obtenidos del pase de manos de los parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento (alcoyana) y otro sinfín de casos de presunta corrupción.

Una clave para abordar esta podredumbre está dada por la impostura honestista que sobrevuela la política hace décadas. En la medida en que la lucha conta la corrupción sea un arma de uso circunstancial e intermitente, a ser activada para dañar al rival y proteger a los propios, el estrago que causa la deshonestidad en las políticas públicas tendrá un largo recorrido.

No es una cuestión de dirigentes más o menos oportunistas e inescrupulosos, sino de instituciones y de actores centrales de la democracia, como los medios de comunicación. La filmación fraguada en el living del departamento de Elisa Carrió de un narco falsamente arrepentido por parte del programa de Jorge Lanata en Canal 13 para señalar a Aníbal Fernández como “La Morsa” a días de la elección que ganaría Vidal no sólo habla de la moralidad de los implicados, sino también de parte de la sociedad que decidió creerlo. 

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

El Gobierno reveló este jueves su estrategia para reaccionar por el rechazo a la ley de ficha limpia: culpar al PRO, con quien La Libertad Avanza compite en las próximas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, el propio Javier Milei cargó las tintas contra Silvia Lospennato, la diputada amarilla que compite contra Manuel Adorni. “Mitió abiertamente”, la acusó el Presidente esta mañana al hablar ante empresarios. También cuestionó de lleno al grupo Clarín, en medio de la puja por la compra de Telefónica por parte de Telecom.

“No estaban los votos, es todo una operación mediática teñida de amarillo”, dijo Milei en una exposición empresarial. “Llevan 17 años en la Ciudad y no la sacaron, en los 4 años de gobierno tampoco la sacaron. Me decepciona profundamente lo de Lospennato mintiendo abiertamente”, dijo directamente sobre el PRO. La tensión puede tener consecuencias en el acuerdo que los libertarios están construyendo con amarillos como Cristian Ritondo y Diego Santilli en provincia de Buenos Aires.

Sobre Mauricio Macri, Milei no lo nombró pero dijo indirectamente: “No me sorprende (la caída de ficha limpia) porque los que cubrieron a Cristina Fernández de Kirchner fueron los mismos amarillo que vía (Miguel) Pichetto cubriéndole los fueros, después le dieron el cargo de vicepresidente en la fórmula”.

“Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo”, lanzó ofuscado Milei y entonces aprovechó para cuestionar a Clarín: “Es repugnante las operaciones mediáticas, la que ha emprendido ese infame Grupo Clarín, ensuciando, calumniando”.

Y el mandatario se metió de lleno en la cuestionada operación por Telefónica, que está en estudio por el Gobierno pese al acuerdo que llegó el grupo de Hector Magnetto con los españoles dueños de la filial argentina. “Se quieren quedar con Telefónica de prepo, y como va en contra de los lineamentos de Defensa de la competencia, nos quieren someter a carpetazos, mentiras y calumnias todo el tiempo . A diferencia de los corruptos que han estado antes yo no voy a ceder”, concluyó Milei.

MC

El presidente Javier Milei aprovechó las acusaciones que la conductora Viviana Canosa viene lanzado contra distintas figuras de la televisión para abrir un nuevo capitulo en su pelea contra el Grupo Clarín.

El mandatario se pronunció este jueves en redes sociales en medio del escándalo mediático que involucra a la periodista y tomó partido por la conductora Mariana Fabbiani. Además, involucró en la polémica al gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, con una frase que alimentó aún más la polémica.

Milei publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter): “¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”, en clara alusión al conflicto televisivo que se desató tras los dichos de Canosa y un fuerte descargo que Fabbiani realizó al aire en América TV.

La tensión comenzó luego de que Canosa emitiera comentarios personales sobre la vida privada de Fabbiani, lo que generó una reacción pública e indignada de la conductora. Además, Fabbiani cuestionó directamente a Adrián Suar y al contenido emitido por Canal 13: “Adrián, ¿qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite?”, planteó con tono crítico.

Las declaraciones de Milei suman un nuevo capítulo a un conflicto que ya había escalado por sus propios medios, y que ahora involucra al jefe de Estado.

El gobierno de Milei suspendió a fines de marzo los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial fue la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

Telecom Argentina deberá esperar seis meses para avanzar en la fusión con la filial local del grupo español Telefónica, mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la evaluación sobre la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Telecom confirmaron este martes a EFE que la empresa ya fue notificada formalmente de la decisión del Gobierno argentino de suspender en forma preventiva los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, concretada el pasado 24 de febrero.

La resolución ordena a Telecom abstenerse por el plazo de seis meses o hasta que las autoridades se expidan sobre si autorizan o no la operación -lo que suceda primero- de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica Móviles Argentina.

La medida, adoptada el pasado viernes por la Secretaría de Industria y Comercio por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), incluye cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de las dos empresas así como cualquier intercambio de información “competitivamente sensible”, como precios y estrategias de precios, costes y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales y datos sobre clientes, proveedores y planes de inversión.

La resolución, comunicada el último viernes por la Oficina del Presidente y avalada por la CNDC explica que la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero. También ordena a las empresas a respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que hubieran firmado entre sí.

Para el Grupo Clarín, que controla Telecom Argentina, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

La decisión del Gobierno se dio, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

En tanto, para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

Concentración en el mercado

Telecom Argentina, que tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), compró a Telefónica su filial en Argentina por US$1.245 millones.

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces gobierno de Carlos Menem privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Al suspender en forma preventiva los efectos de la adquisición, el Gobierno de Milei alegó que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

Según el Ejecutivo, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

En una nota remitida este martes a la Bolsa de Buenos Aires, Telecom dijo que, aún desde antes del dictado de la suspensión, las dos empresas “se encuentran operando como sociedades y negocios independientes”.

En tanto, fuentes de Telefónica en Argentina consultadas por EFE señalaron que de momento la compañía no hará comentarios sobre la suspensión.

Evaluación en marcha

Más allá de esta medida preventiva, tanto la CNDC como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el regulador de las telecomunicaciones en Argentina, prosiguen con el proceso de evaluación de la operación y la posible configuración de un monopolio en uno o más segmentos del mercado.

El Gobierno puede autorizar la operación, condicionarla al cumplimiento de ciertas condiciones o denegar su autorización.

Fuentes oficiales indicaron este martes a EFE que, en el caso que se detecte una posición dominante, se puede “forzar a ceder o a vender activos a un precio ventajoso a sus competidores, sobre todo en telefonía móvil”.

Las acciones de Telecom Argentina retrocedían este martes un 3,8% en la Bolsa de Buenos Aires.

Con información de Natalia Kidd, para la agencia EFE.

IG

El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

Monopolio bajo sospecha

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.

JJD

En medio de las advertencias del Gobierno sobre un posible riesgo de monopolio en telecomunicaciones, Telecom Argentina informó en las últimas horas que realizó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “las presentaciones de información requeridas en el proceso de adquisición de Telefónica Móviles Argentina, en cumplimiento de la normativa vigente”.

A través de un comunicado, la empresa del Grupo Clarín sostuvo que esta adquisición “refuerza su estrategia de inversión y crecimiento en el país, brindando una red más robusta, federal y homogénea, que permitirá mejorar la oferta de servicios de alta calidad y velocidad para clientes tanto residenciales como corporativos, favoreciendo el desarrollo de sectores clave de la economía”.

Asimismo, aseguran que la operación “se da en un contexto de consolidación global de la industria de telecomunicaciones, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y actores trasnacionales, el crecimiento exponencial de la demanda de capacidad de red y el uso intensivo de infraestructura por parte de grandes plataformas digitales”.

Telefónica Hispanoamérica anunció el pasado 24 de febrero la venta de su filial en Argentina a Telecom, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció horas después del anuncio formal sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín y afirmó que el Gobierno analizará si la operación genera una situación de monopolio.

“Es un acuerdo entre privados, entre Telefónica y Telecom. Sin embargo, el Gobierno, a través de los organismos correspondientes, evaluará si esto crea una posición dominante y tomará una decisión en consecuencia”, explicó Francos.

El funcionario destacó que la transacción aún se encuentra en fase de “exposición pública” y que el Ejecutivo será el encargado de determinar su aprobación o rechazo. “Estamos en la etapa de exposición pública, y ahora el Gobierno intervendrá según lo que le corresponda”, agregó.

La compra ha generado preocupación en el Gobierno, ya que el Grupo Clarín ya controla Personal y Flow, compañías líderes en telefonía móvil, internet y televisión. De aprobarse la fusión, la empresa pasaría a dominar más de dos tercios del mercado, lo que podría afectar la competencia.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) serán los organismos responsables de evaluar el impacto de la operación y determinar si cumple con la normativa vigente o representa un riesgo para la libre competencia.

La preocupación en la Casa Rosada

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

La escena podría confundirse con una postal del pasado: la bandera de “Clarín Miente” flameando en la tribuna de la cancha de River, rescatada ahora desde el archivo por “John”, el alter ego del asesor Santiago Caputo en X. Pero no estamos en los tiempos de Cristina Kirchner, sino en pleno mandato libertario de Javier Milei, que decidió hacer del Grupo Clarín su nuevo blanco predilecto. “Clarín tuvo su Ley de Medios para que no quiebre, ahí le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares”, lanzó explícitamente el Presidente durante la cadena nacional del pasado 1° de marzo, en medio de su discurso ante la Asamblea Legislativa.

La ofensiva oficial quedó expuesta como nunca en ese preciso instante. Y siguió al día siguiente, cuando, entrevistado por Luis Majul en LN+, Milei relativizó el cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes calificándolo como “chimentos de peluquería” y desestimando la denuncia por amenazas que realizó el propio diputado radical. Además, aprovechó el episodio para volver a la carga contra el grupo mediático: “Clarín me la tiene jurada porque estoy en contra del monopolio de las telecomunicaciones y he anunciado la intervención de la Enacom y de Defensa de la Competencia. Es un vuelto”, disparó desde el Salón Blanco de Casa Rosada, en un reportaje que, a diferencia del que había tenido con Jonatan Viale en TN, fue transmitido en vivo y sin cortes.

La novela había comenzado el 24 de febrero pasado, cuando Telecom anunció la compra de la filial argentina de Telefónica por US$ 1.245 millones, tras la decisión de la española de reducir su presencia regional. Desde el Gobierno instruyeron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para analizar la legalidad de la operación, advirtiendo que podría concentrar cerca del 70% del mercado móvil.

Aunque parte de la oposición celebró la intervención estatal, sorprendió que fuera el propio Presidente quien pidiera ir a fondo contra la venta, dejando de lado sus principios. No hace mucho, Milei decía que “los monopolios no sólo no son malos, sino que pueden llegar a ser maravillosos”. Pero la política, como siempre, mueve placas.

En el mundo empresario, en tanto, resultó llamativo que Milei haya iniciado esta embestida contra Clarín recién una vez concretada la compra de Telefónica, cuando difícilmente una operación de tal magnitud podría haberse cerrado sin algún tipo de venia previa del propio Gobierno. Para muchos, las críticas públicas parecen más un gesto discursivo que una verdadera intención de frenar la expansión del grupo. ¿Un ardir para sacar del foco el escándalo de la criptoestafa, que ya comenzó a complicar judicialmente a Karina Milei?

Lo cierto es que desde Clarín minimizan su peso en la jugada. Comparan los US$ 7.300 millones de Telecom y los US$ 1.000 millones de Telefónica con gigantes como AMX (Claro, US$ 87.000 millones) o Starlink, de Elon Musk (US$ 350.000 millones). El mensaje apunta a que el verdadero riesgo de concentración vendría en realidad por otro lado. Curiosamente, Musk es uno de los empresarios más elogiados por Milei.

Desde el comienzo de su gestión, Milei busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encabezado desde enero de 2024 por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

Recientemente, el Gobierno tomó la decisión de poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando —además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)—, con el fin de destinarlos al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

Anti-clarinismo reloaded

El conflicto con Clarín se mantuvo latente a lo largo de todo el primer año de gobierno libertario. En octubre pasado, Milei avanzó con la eliminación de la exención del IVA a los diarios, medida que impacta directamente en las finanzas del grupo. También denunció deudas millonarias de Telecom con el Fondo de Servicio Universal y derogó normas que garantizaban la presencia de todas las señales de noticias en las grillas de TV paga. Además, se peleó públicamente con Marcelo Bonelli, a quien acusó de “mentiroso”, y designó al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) a Andrés Vázquez, un funcionario recordado por haber encabezado operativos contra Clarín en 2009, durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP, en plena disputa del kirchnerismo con el multimedios.

Ahora, la venta de Telefónica a Telecom le dio un nuevo impulso al enfrentamiento que Milei mantiene no solo con el grupo, sino con la prensa en su conjunto. Aunque no sin paradojas. Al soliticar que se investigue si la operación configura un monopolio, el Presidente recibió el inesperado elogio de Víctor Hugo Morales, eterno enemigo de Clarín. “Se animó a meterse con el grupo mafia. Tuvo el tupé de enfrentarse a ellos”, reconoció el periodista. Al menos por un momento, el proverbio árabe se hizo carne: “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”.

Tras su discurso en el Congreso, Milei no tuvo reparos en salir a redoblar la apuesta. “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA” títuló una publicación en X, en la que denunció que el grupo busca quedarse con el 70% del mercado de telecomunicaciones, para después advertir: “No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio”.

Tanto en su entrevista televisiva como en redes sociales, Milei aprovechó la ocasión para reflotar la historia de la supuesta salvación financiera de Clarín durante la crisis de 2002: “A mediados del 2003 sale una ley que es de la preservación de los bienes culturales... Dentro de esa ley había una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras que decía que entonces no podían avanzar los acreedores sobre esos bienes”, le explicó el Presidente a Majul. “¿Qué pasó con esos títulos de deuda? Prácticamente se derrumbaron porque no tenían poder de negociación. A los deudores los favoreció”, agregó, apuntando directamente contra el grupo mediático.

Esa versión señala que existió una reunión en una casa de la localidad bonaerense de Banfield entre el CEO Héctor Magnetto, el por entonces presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía, Remes Lenicov, para acordar la pesificación asimétrica y la Ley de Bienes Culturales. Sin embargo, varios protagonistas de aquellos años niegan que Magnetto haya estado presente y afirman que fue Jorge Rendo, entonces director de Legales y Relaciones Institucionales, quien participó de las gestiones, como se relata en los libros del periodista Martín Sivak sobre la historia de “el gran diario argentino”.

Pero Clarín no fue él único beneficiado por aquella legislación. La norma fue respaldada también por medios como Perfil y La Nación, que temían quedar en manos de fondos extranjeros tras el colapso de la convertibilidad. Además, Telefónica traspasó Canal 9 a Daniel Hadad, que de inmediato presentó su canal en concurso de acreedores, lo mismo que América TV y otros medios gráficos. En ese sentido, lejos de ser un traje a medida para Magnetto, la ley resultó una salida de emergencia para sostener a todo el ecosistema mediático nacional.

A Milei suele causarle regocijo la situación material de ciertos medios de comunicación, que no se encontrarían pasando por su mejor momento. Quizás el ejemplo más descarnados de ese tipo de actitud tuvo lugar el año pasado, cuando llegó a expresar en público la satisfacción que le generaba una virtual quiebra del Diario Perfil, propiedad de Jorge Fontevecchia. “Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”, lanzó el Presidente durante una entrevista en Neura.

Por su parte, Clarín juega su partida habitual: acompaña, negocia y luego critica. Así fue con Menem, los Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Milei conoce ese historial. Y, por ahora, agita la bandera de “Clarín Miente”, aunque nadie descarta que, como tantas otras veces, termine sellando un pacto. La novela recién empieza. Se escribe en X, en comunicados oficiales y en las negociaciones discretas donde, lejos de los micrófonos, se definen los negocios reales.

PL/JJD

Un elemento no previsto pasó a ocupar un lugar relevante en el segundo año de Javier Milei en Casa Rosada.

Fue tan primaria la participación del ultra en la presunta estafa $LIBRA, que deberá afrontar la decisiva cita electoral de octubre con el riesgo latente de imputaciones, citaciones y quizás algo más, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La mira de una investigación podría posarse sobre el propio Milei, pero hay un escenario más inquietante. Si el nombre de su hermana pasa a recorrer expedientes judiciales, podría tener consecuencias devastadoras para la particular psiquis que habita la residencia de Olivos.

Un primer reflejo, razonable, indicaría que las posibilidades de que avance la investigación en los tribunales federales de Comodoro Py son nulas. La instrucción quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano, acaso el máximo exponente de la práctica de adormecer expedientes en el edificio de Retiro (están o estuvieron en su despacho las causas Nisman, Papel Prensa, Ritondo, Insaurralde y Luis Caputo, entre otras).

Taiano comparte con María Romilda Servini de Cubría, titular del juzgado federal 1, donde quedaron radicadas decenas de denuncias por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, cierta vulnerabilidad por una multitud de razones personales y familiares, que los hacen pasibles de condicionamientos. Servini suele hacer más ruido y manejarse con algo más de autonomía por sus variadas conexiones políticas, pero ni uno ni otra escapan a la dinámica que adquirió Comodoro Py desde la década de 1990, cuando llegaron a las sillas que ocupan.

El fuero penal federal actuó en los últimos años bajo una impronta prácticamente inexorable a la hora de abordar intereses políticos. Con o sin sustento, sólo avanzan las causas que apuntan al kirchnerismo y el resto se absuelve o se cajonea. Sin embargo, esta vez, protagonistas y habitués de los tribunales de Retiro habilitan dudas sobre el derrotero del expediente por la criptoestafa.

Se incriminó

Un primer elemento a tener en cuenta es lo burdo de la maniobra de Milei en el atardecer de nueve días atrás. Hubo unos pocos ganadores de al menos US$100 millones a costa de varios miles de apostadores en la criptorruleta rusa disparada por el Presidente. Esos insiders se habían ocupado en los últimos meses de sacarse selfies con el mandatario en pasillos y despachos oficiales, y de dejar marcas del acuerdo espurio alcanzado.

Segundo, la actuación en tribunales estadounidenses y en el organismo regulador del mercado de capitales del país del norte, Securities and Exchange Commission, podría presionar a sus pares de Comodoro Py, entre otras razones, para conservar la jurisdicción.

El tercer factor es de índole netamente política.

Milei y Mauricio Macri manifestaron voluntad de llegar a un amplio acuerdo político de cara a las elecciones legislativas de octubre. La negociación promete ser ríspida y enmarañada.

Macri, cuando un asunto le interesa realmente, no sabe disimular. Así, se metió de lleno en un cruce de acusaciones en el que ambos bandos se endilgan interés económico detrás de los oferentes por la Hidrovía

El Presidente y su entorno emitieron señales de que pretenden hacer un uso unilateral de la birome que ordenará las listas, con un desprecio no disimulado por lo que queda del PRO. La amenaza de quedar afuera activó el salto a las filas ortodoxas del oficialismo. Algunos se adelantaron (Diego Valenzuela, Florencia Arietto, el bullrichismo) y otros se encontraban en plena transición cuando a Milei se le ocurrió obedecer la orden del arribista Hayden Davis, quien alardeaba controlarlo (Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sabrina Ajmechet).

El inicio de las negociaciones encuentra a Macri y a Santiago Caputo en una sórdida disputa por la licitación de la Hidrovía, contrato de tres décadas por US$420 millones anuales, probablemente el mayor que asignará el Ejecutivo ultraderechista hasta 2027. Hay que reconocer que Macri, cuando un asunto le interesa realmente, no sabe disimular. Así, se metió de lleno en un cruce de acusaciones en el que ambos bandos se endilgan interés económico detrás de los oferentes, o, en criollo, coimas.

Las terminales de Comodoro Py

Es en este contexto cuando la mirada vuelve sobre el expediente de $LIBRA que comenzó a rodar en Comodoro Py. Las terminales en ese edificio son variadas: SIDE, Grupo Clarín, Washington, facciones de la UCR y el PJ, pero, en años recientes, ninguna supo amalgamar esos intereses como el macrismo puro. Para los objetivos del expresidente, los juzgados de primera, segunda y tercera instancia del fuero federal, más la Corte Suprema, han actuado como un reloj suizo.  

Del lado de Milei, ese hilo no está tan claro. Se yuxtaponen intereses, pero su hombre en Justicia y mentor de su defensa en $LIBRA, Mariano Cúneo Libarona, es visto como un enemigo por la mesa judicial que forjó el macrismo, vigente en las sombras. El secretario de Justicia y virtual interventor del ministerio, Sebastián Amerio, subsana parcialmente ese déficit por su pasado en la burocracia de la Corte, pero en la divisoria de aguas del “tríángulo de hierro”, su nombre es atribuido a la órbita de Santiago. ¿Alcanzará para frenar embestidas contra el mundo Karina? En el Gobierno transmiten que las versiones de un cisma son erradas y que el vínculo con Amerio es fluido. “No cambió nada”.

Tanto si las negociaciones para armar un frente PRO-LLA progresan total o parcialmente, o se derrumban, los movimientos de Comodoro Py pueden ser decisivos.

Un texto de whatsapp que se filtra, un vivillo que se profuga, un registro de ingresos a Olivos y una citación a indagatoria a la abrepuertas Karina podrían amenizar las negociaciones electorales de la derecha y la ultraderecha

Taiano comenzó la instrucción con pedidos de informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y Google, que pueden tardar semanas, llegar incompletos y servir de poco, pero encuadró la acusación en probables delitos graves, como estafa, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad, con Milei y los cryptobros singapurense, Julian Peh; estadounidense, Hayden Davis; y argentinos, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre los imputados.

Un allanamiento de un celular por allá, un texto de whatsapp que se filtra por acá, un vivillo que se profuga, un inconveniente registro de ingresos a Olivos, más billeteras cripto etiquetadas bajo el nombre MILEI y, en un escenario límite, una citación a indagatoria a la abrepuertas Karina podrían amenizar las negociaciones electorales de la derecha y la ultraderecha. Constatar esas tensiones en los diferentes segmentos de los canales de noticias de los grupos Clarín, Nación y América, y dilucidar las amenazas que profiera Alejandro Fantino en el streaming Neura prometen un festín.

Tradición, familia y propiedad

La frenética tarde que llevó a Milei a cometer voluntaria o involuntariamente una estafa surge como corolario de una característica intrínseca de su proyecto: el solapamiento de intereses públicos y privados.

El ultra era un aspirante a la Casa Rosada y diputado nacional en 2023 cuando Karina respondía por whatsapp a pedidos de encuentros con inversores con un tarifario: US$2.000 por cabeza para citas individuales o con pocas personas. Una charla grupal de menos de una hora, presencial o por zoom, podía multiplicar varias veces esa cifra. Iván Dubois, encargado junto a Karina de llevar la agenda de Milei y hoy alojado en el Parlamento del Mercosur, pedía entre US$10.000 y US$20.000 por orquestar un encuentro con el candidato poco antes de la elección presidencial de 2023, muy por encima de lo habitual en el mercado de los consultores financieros. Con un requisito extra: debía ser cash, sin ningún registro de transferencias.

Los testimonios que dan cuenta de esa forma de recaudación son varios. Ni Karina Milei ni los voceros del Gobierno atinan a confirmar o desmentir.

De todas formas, la versión queda corroborada por dichos del entonces candidato presidencial y diputado en ejercicio en marzo de 2023, cuando alardeó de que vivía de conferencias por las que cobraba entre US$10.000 y US$25.000, y ello le permitía sortear su salario como legislador. “A los políticos les cuesta entender eso”, dijo entonces a TN, sin repreguntas.

El sistema mediático, político y judicial normalizó la forma de ganarse la vida de un candidato presidencial cuyas eventuales decisiones posteriores podrían disparar ganancias siderales para alguno de sus clientes que abonó US$2.000 por un café de media hora en la penumbra del lobby de un hotel. No se trató sólo de la anuencia del establishment, sino también de millones de votantes que se declaraban enfurecidos con “la casta”.

Nada que reprochar, ni siquiera ante el dato inquietante de que la última declaración de bienes de Javier alcanzara los US$125.000 (seis de sus charlas más caras), y la de Karina, US$3.600 (360 tortas).

Un dato de la época es la caída definitiva de la careta institucionalista de asociaciones empresariales, unas cuantas ONG, los vestigios de la UCR, el PRO en pleno, muchos jueces y fiscales y los medios tradicionales. Ya con Macri implicaba una alta dosis de violencia ética e intelectual sostener la agenda de la “transparencia”. Con los extremistas en Casa Rosada, esas fuerzas vivas de la sociedad y una porción significativa del electorado que se declara preocupado por la República se dedican a avalar o disimular a un inadaptado que agravia a diario, sostiene posturas autoritarias y retrógradas en escenarios internacionales, acude a encuentros en los que circulan saludos nazis, celebra muertes a los cuatro vientos y hace gestos masturbatorios en público. Si para sostener la cruzada en pie hace falta dictarle las preguntas a un periodista o comprar un senador correntino, se hace.

El enchastre de intereses se institucionalizó no bien el 56% de los argentinos confió en los Milei para regenerar el sistema político. Primero, desembarcaron los conocidos del consultor provenientes de Corporación América, y de inmediato se sumaron ejecutivos de Techint y otros conglomerados del área de energía, medicina privada y el mercado financiero. Federico Sturzenegger orquestó al galope la redacción de la ley Bases y el DNU 70, pilares del Ejecutivo ultra. Abogados de los estudios Bruchou & Funes de Rioja, Marval, O'Farrell y Mairal, Kesselstatt, Deppeler y otros trajinaron la ruta a Olivos, mientras los borradores legislativos iban y venían desde despachos privados a oficiales.

Todo muy lindo, hasta el viernes 14 de febrero a las 19.01.

El río suena

Aquella práctica de cobrar el acceso al candidato-consultor Milei resonó esta semana cuando el sitio CoinDesk reveló que Davis, el motor de $LIBRA que dice tener en sus manos US$100 millones a la espera de que los Milei le digan qué hacer, escribía en diciembre pasado que tenía “controlado a ese nigga” porque había pagado a Karina, por lo que podía “hacer firmar cualquier cosa”.

Si alardeó de más, le salió bien, porque llegado el día y la hora indicadas, el Presidente tuiteó.

Al probable charlatán Davis se suma Charles Hoskinson, un inversor con seniority en el mundo cripto, quien narró que allegados a Milei le pidieron dinero para organizar un encuentro en Buenos Aires, en octubre pasado.

Así las cosas, el Presidente quedó frente al mundo ante la agria disyuntiva de asumirse como estafador o como un hombre precipitado, con pocas luces, fácil de engañar. En cualquier caso, un peligro.

El traspié de Jonatan Viale en la entrevista con Milei desató un pandemonio.

Viale, descubierto ante el mundo como un cronista que acepta que le dicten preguntas para ayudar a un Presidente sospechado, sacó la metralleta. Apuntó a su excolega de la pantalla de LN+, hoy en A24, Eduardo Feinmann, quien había señalado la escena en el despacho presidencial como “una vergüenza”: Lo acusó de recibir dinero de Horacio Rodríguez Larreta en un sobre marrón en un estacionamiento, durante la pasada campaña electoral. No nombró a su excompañero, pero fue tan obvio, que Feinmann se dio por aludido y anunció que lo demandará, según deslizó su abogado Gabriel Iezzi, quien también se privó de mencionar el apellido de Viale, en un extraño juego que al parecer es lo normal en esas lides.

El Presidente quedó frente al mundo ante la agria disyuntiva de asumirse como estafador o como un hombre precipitado, con pocas luces e instrucción, fácil de engañar

Viale y Feinmann ocupan dos de los lugares más visibles del Grupo Clarín. El primero, en el prime time del canal de noticias TN, y el segundo, en la primera mañana de Radio Mitre.

Ambos espacios son tribunas aguerridas de defensa del Gobierno y ataque a los opositores. En la feroz batalla, ambos parecieron coincidir en un punto: manifestaron su deseo de que a Milei le vaya bien, e incluso ayudarlo, para que no vuelva el kirchnerismo. Cabe inferir que el objetivo de esos periodistas es el mismo del grupo que los emplea en lugares estelares.

El rostro de Clarín

Más allá de las prácticas de Viale y del ruido desatado alrededor, Clarín quedó descripto cabalmente por el hecho. Por empezar, en la decisión de enviar a ese cronista a hacer la entrevista a un Presidente que necesitaba preguntas controladas. Luego, por admitir la publicación de la versión censurada por Santiago Caputo y descartar la original, que incluía la respuesta en la que Milei se enredó. En ello intervinieron editores y jefes periodísticos por encima de Viale. Una vez expuesta la entrevista en crudo por error involuntario o vendetta de algún empleado —de Presidencia o del Grupo—, TN siguió sin difundir el registro completo, dejó a Viale disparar estiércol a mansalva y no atinó a dar ninguna explicación.

Los lanzamientos envenados entre colegas no se agotaron en estrellas del Grupo Clarín. Cristina Pérez, conductora de ciclos en Radio Rivadavia y LN+, ubicada en la misma línea de Viale y Feinmann para combatir al kirchnerismo, dijo que “tres fuentes” le revelaron que hay una trama en el entorno de Milei que cobra para acercar empresarios.

Una vez expuesta la entrevista en crudo por error involuntario o vendetta de algún empleado —de Presidencia o del Grupo—, TN siguió sin difundir el registro completo, dejó a Viale disparar estiércol a mansalva y no atinó a dar ninguna explicación

La respuesta llegó de inmediato de boca de Fantino, militante y confidente de Milei. En un diálogo en su canal online Neura, el periodista santafesino llenó de elogios a su colega tucumana, pero deslizó que el cobro de coimas podría ser, en realidad, de parte de Luis Petri, ministro de Defensa y esposo de Pérez. Fantino narró que ministros del gabinete creen que Petri cobró sobornos por la millonaria compra de aviones F16 a Dinamarca.

Luis Majul, conductor y programador en LN+ y radio El Observador, también inscripto en la línea periodística de Fantino, Pérez, Viale y Feinmann, rozó la malicia cuando, en un pase con la esposa de Petri en el canal del Grupo La Nación, sugirió que el ministro de Defensa ya estaba afuera del gabinete.

El episodio Viale brindó otra señal reveladora. Milei aparece como un loco gritón y soez que actúa por impulsos. Conforma un personaje que sorprende a algunos de quienes convivieron con él en su década larga de Corporación América.

En la entrevista, el Presidente y Viale mostraron una inenarrable capacidad de cinismo cuando ironizaron sobre las preguntas “dictadas” por Santiago, “malo, malísimo”, Karina y Manuel Adorni.

Un minuto después, cuando Santiago en efecto pasó a dictar la pregunta y la respuesta, Milei, “el loco”, asimiló con calma la interrupción y obedeció lo indicado, porque comprendió que podría comprometerse judicialmente, como apostilló sagazmente Viale.

El entorno presidencial trasmitió luego que el Presidente estaba muy enojado con su asesor Caputo. Lejos de ello, en la escena grabada, pareció sumiso.

Al final, podría no estar tan loco. 

SL/DTC

Una de las varas para medir la dimensión de un editor periodístico está dada por la proyección de quienes trabajan con él hacia un horizonte propio. Si un cronista encuentra tema, estilo y fuentes, comienza a construir una firma. Un editor puede fomentar que su redacción despliegue alas, o puede cortarlas con mezquindad y mala praxis.

El mérito del jefe que habilita nuevos horizontes va más allá de la eventual generosidad. Tiene que ver con la dirección de proyectos desafiantes que enciendan la chispa del periodismo y liderazgos no despóticos ni (enteramente) condicionados por agendas ocultas. En ese punto, a la luz de innumerables testimonios, el legado de Jorge Lanata fue sobresaliente.

Muchos periodistas relatan su propio recorrido con Lanata como un hito. “De él aprendí mucho de lo que hay que hacer, y mucho de lo que no hay que hacer”, decía días atrás una voz que lo acompañó en varios de sus proyectos, sin saber a ciencia cierta que el conductor de Radio Mitre vivía sus horas finales.

Decenas de cronistas que narran un antes y un después de haber trabajado con Lanata refieren admiración, desilusión o desprecio, a veces, todo junto en ese orden. Desde Página 12 hasta los ciclos televisivos y radiales del Grupo Clarín, los trazos del Rey Jorge abrieron oportunidades a sus trabajadores. Entre quienes se reconocen como “discípulos”, hay de todo: buenos periodistas y otros con profesión desconocida.

El diario Crítica de la Argentina (2008-2010) acaso sea la excepción que encuentra un relato bastante uniforme en torno a una frustración, sin costado luminoso del director. Lanata pareció aburrirse demasiado temprano y la empresa terminó en manos de un estafador español, Antonio Mata. “Les ofrecí laburo, no los adopté”, respondía Lanata —ya instalado en el Grupo Clarín— ante los reclamos de los trabajadores despedidos sin indemnización.

El director impensado

La cúpula del Movimiento Todos por la Patria (MTP) acertó al ofrecerle la dirección de Página 12 a Lanata.

Francisco Provenzano —un exradical que se había integrado al ERP en los setenta y padeció la dictadura en la cárcel— empujaba hacía rato un proyecto editorial o, finalmente, un diario (La Tablada—A vencer o morir, Felipe Celesia y Pablo Waisberg, Aguilar, 2013). Con Raúl Alfonsín acechado por los golpistas, en el seno del MTP, el Partido Comunista y otras corrientes cercanas se discutía el perfil de un medio en una Buenos Aires que por entonces contaba con marcas hegemónicas, conservadoras, radicales, populares y financieras, pero ningún diario de izquierda.

Durante la primavera y el otoño de Alfonsín, existían o habían existido publicaciones periódicas de esa vertiente, como El Porteño, El Periodista, Humor y La Voz, y un abanico de revistas culturales. En una de las grandes capitales del mundo con mayor variedad de títulos en los kioskos, fundar un diario era otra cosa.

Una redacción que se pobló de trabajadores y columnistas provenientes de diferentes izquierdas (trotskista, ortodoxa, peronista, radical, progresista), exmiembros de organizaciones armadas y víctimas directas de la dictadura pasó a ser conducida por un joven que había sobrevivido al terrorismo de Estado desde los márgenes y eludía definiciones ideológicas tajantes.  

A Lanata, con un pasado destacado en El Porteño y Radio Belgrano, lo entusiasmaba mucho más la publicación irreverente francesa Le Canard Enchaîné que replicar el modelo de un diario militante. Osvaldo Soriano, otro de los mentores de Página, trajo de su exilio italiano el ejemplo de Il Manifesto, un quotidiano comunista disidente que trazó un puente entre la mordacidad y el partidismo.

Una redacción que se pobló de trabajadores y columnistas provenientes de diferentes izquierdas, exmiembros de organizaciones armadas y víctimas directas de la dictadura, pasó a ser conducida por un joven que eludía definiciones ideológicas tajantes

La combinación entre plumas consagradas, editores experimentados, militantes y jóvenes llegados al periodismo en democracia requería de un talento excepcional en la conducción. A las acechanzas económicas propias de un diario de izquierda se sumaba el problema de la dependencia del MTP, la organización heredera del ERP que colapsó un año y medio después de la creación de Página. En la represión del ataque al regimiento a La Tablada, en enero de 1989, fue desaparecido Provenzano, aquel carismático militante que había convencido a Enrique Gorriarán Merlo de invertir en un nuevo periódico.

Lanata salió del laberinto por arriba, con el ingenio que lo acompañaría hasta sus últimos días. Página encontró un público antes de que una crisis se lo llevara por delante. El menemismo —su vulgaridad, su entreguismo, su agenda reaccionaria, su colorido— fue el puente de plata que le permitió al diario reformatear a la prensa, embelesada con el viaje al Primer Mundo que ofrecía el riojano. Invariantes de la historia argentina.

El director adquirió fama y comenzó a alejarse del medio que cofundó, hasta que renunció en 1994. Con los años, Lanata expresó dos motivos divergentes por los que “Página dejó de existir” cuando él se fue. Primero atribuyó la defunción a la nunca oficializada compra por parte del Grupo Clarín, de la que afirmó haber sido testigo directo. Unos años más tarde, dijo que el acta final fue labrada por la adhesión del medio al kirchnerismo.

Página llevaba siete años en la calle cuando Lanata partió. Desde entonces, el diario siguió editándose durante tres décadas. La disonancia entre la declaración de muerte en 1994 y la publicación diaria hasta hoy es sintomática de un ego fuera de órbita, quizás imprescindible para una biografía tan singular.

En la larga era post-Lanata, Página tuvo alzas y bajas. Leyó y narró como pocos la crisis de 2001 y 2002 frente a una prensa mayormente cómplice, se entusiasmó con la primera agenda de los Kirchner —como buena parte de su lectorado—, transformó la adhesión crítica a Néstor y Cristina en acrítica, alumbró nuevas camadas de periodistas, hace unos años dejó de reemplazar a consagrados que se bajaron del barco o fallecieron, sostuvo pilares propios como feminismo, diversidad y Memoria, Verdad y Justicia, y perdió originalidad, rebeldía y color al quedar demasiado condicionado por intereses de una facción pejotista de Capital Federal.

Con los años, Lanata expresó dos motivos divergentes por los que 'Página dejó de existir' cuando él se fue. Primero atribuyó la defunción a la compra por parte del Grupo Clarín. Unos años más tarde, a la adhesión al kirchnerismo.

Esta semana, ante la muerte de su primer director y un revolucionario del periodismo, Página le dedicó un obituario correcto, sin firma, y una nota secundaria de trazo grueso. Nada Más. “¿Vos me entendés que me estás jodiendo?”, preguntaría Lanata en la reunión de blanco.

Marca propia

Convertido en marca de sí mismo, Lanata creó, vendió y fundió en los años post-Página. Escribió best sellers y alternó proyectos viables (Veintiuno, “Día D”) y fracasos (Data54, EGO). Con la revista Veintiuno y sus sucedáneas consagró lo que los autores Martín Latorraca y Hugo Montero definieron como “periodismo de revelación”. Cada tapa, una primicia; cuanto más estridente, mejor. La experiencia dejó a sus editores impregnados de la creatividad de quien se había transformado en “el Gordo”, pero extenuados por la vorágine.

La tendencia a la espectacularidad y la repentinización dialogó bien con las incursiones televisivas de Lanata, criado en la gráfica.

En el cambio de siglo, el conductor seguía ubicado a la izquierda del mainstream periodístico argentino, un déficit objetivo a la hora de conseguir espacio en la televisión, que supo sortear con esfuerzo y talento. La llegada de los Kirchner a la Casa Rosada interpeló al progresismo. Las aguas se dividieron y el periodista, en breve tiempo, pasó de la disidencia a la oposición frontal.

En marzo de 2008 llegó Crítica de la Argentina¸ promocionado como “el último diario de papel”.

Pompa, circunstancia y error

Por entonces, el canillita ofrecía Clarín —camino a convertirse en el mayor enemigo de los Kirchner—, La Nación, Ámbito Financiero —ya sin Julio Ramos—, Perfil —en el lugar del antikirchnersimo liberal,— Página 12 —en el del kirchnerismo de izquierda—, Popular, Crónica, Buenos Aires Herald, El Cronista, Buenos Aires Económico y La Prensa, además de diarios gratuitos. Electa presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontrar un espacio en un ecosistema que agudizaba la polarización representaba un desafío válido.

Crítica, cuya propiedad inicial se atribuyó al propio Lanata, los abogados Pablo Jacoby y Gabriel Cavallo, y Marcelo Figueiras —dueño de laboratorios Richmond—, llegó con pompa: un documental de tono épico (“un hombre luchará contra la corriente para que una aventura imposible se convierta en realidad”) transmitido por América TV y un concurrido cóctel en las escalinatas de la Facultad de Derecho.

A la cabeza de Crítica se ubicaron Lanata y Martín Caparrós, junto a unos pocos editores de su generación en los cargos altos. La premisa fue que serían los mayores de la redacción, algo que Eduardo Blaustein, primer prosecretario, interpretó como un mecanismo destinado a evitar objetores con los kilates suficientes como para plantarse ante el rumbo fijado por el director (Las locuras del Rey Jorge,, Ediciones B, 2014). Los convocados fueron periodistas que mayormente habían trabajado en Página, Veintiuno y Perfil, y en los proyectos televisivos y radiales de Lanata. Se sumaron cronistas y principiantes de diversa procedencia que apuntaban al texto elaborado y un punto de vista no partidario.

Resultó que Crítica adoptó una defensa acérrima de los “chacareros” en una línea asimilable a la de los grupos Clarín, La Nación y América

El primer número de Crítica, el 2 de marzo de 2008, vendió unos 70.000 ejemplares, cifra atendible para la época. La semana terminaría con menos de la mitad, y la escala descendente se estabilizaría pronto en un décimo de la tirada inicial.

Lanata mantuvo desde el primer día y hasta su despedida, el 5 de abril de 2009, una guerra sin cuartel contra Clarín, que boicoteó a Critica con retaceo de papel y bloqueo publicitario. Otra invariante de la prensa argentina.

El director apeló a todo lo que tuvo a mano para disparar contra el multimedios que dirigía Héctor Magnetto: la presunta apropiación de hijos de desaparecidos por parte de Ernestina Herrera de Noble, la contaminación producida por Papel Prensa en San Pedro, la compra armada de Papel Prensa durante la dictadura, los supuestos pactos subterráneos con el kirchnerismo, el monopolio de la TV paga, la caída en la circulación del diario, el objetivo de quedarse con Telecom… El Grupo respondió con furia.

En simultáneo, con Crítica nació el conflicto entre el Gobierno de Cristina y las patronales agropecuarias por las retenciones móviles a las exportaciones de granos (resolución 125). Un lugar probable para Crítica habría sido el de la sintonía con la agenda progresista del kirchnerismo, sin aceptar el combo de la corrupción, las alianzas turbias y el personalismo del expresidente y la Presidenta. No fue el caso. Resultó que la tapa de Crítica adoptó una defensa irrestricta de los “chacareros” en una línea asimilable a la de los grupos Clarín, La Nación y América.

Con la dosis de provocación cotidiana de la que Lanata era capaz, el error del enfoque en un tema que pasó a arbitrar la política argentina en 2008 fue decisivo, pero no el único. La dirección del diario no supo ver a tiempo que, así como el debate en torno a la 125 abroquelaba a un antikirchnerismo radicalizado y escorado a la derecha, también alumbraba un posicionamiento progresista que podía no sentirse interpretado por el kirchnerismo, pero menos aún por sus enemigos.

La directiva de publicar textos cortos con un lenguaje estándar chocó con la convocatoria a cronistas con estilo elaborado. El diseño de tapa con colorinche y superposición de photoshops fue, según la crítica de Blaustein, “una porquería y una mersada”.

A ello se sumó una marcada imprecisión informativa en notas centrales y una recurrencia a la chabacanería y el sexismo con el fin de atraer un público popular. Habían pasado veinte años desde aquel joven Lanata de 27 que lidiaba con Soriano y Horacio Verbitsky. “Página 12 fue en su momento ‘lo nuevo’ que Crítica no alcanzó a ser nunca”, escribió Blaustein.  

El protagonismo lógico devino en una autorreferencialidad abrumadora, al punto de que se modificaron horarios de cierre para que la tapa fuera presentada en la obra de teatro con la que se tentó el director meses después del lanzamiento del diario. “La rotativa en el Maipo” fue anunciada con la consigna “Lanata se pone el conchero”.

Entre las intenciones aviesas del español Mata —dueño de Marsans, expoliadora de Aerolíneas—, el boicot publicitario a dos puntas de Clarín y el Gobierno de Cristina, los errores de dirección y el virtual abandono de Lanata, la suerte de Crítica se definió antes de lo que merecía.

Aquella temprana renuencia de Lanata a identificarse como un hombre de izquierda, para escozor de muchos de sus lectores y colegas de Página 12, acorta la distancia con el periodista que aceleró una deriva tras el fracaso de Crítica.

Un registro de los textos y la agenda del primer Lanata arroja dos probables conclusiones. Primero, el perfil de Página contó con la lucidez del director, pero fue una obra colectiva que excedió sus devaneos. Segundo, el lugar ideológico de “izquierda” asignado a Lanata fue más una noticia deseada de sus seguidores que una convicción del periodista.

Como fuera, una declaración ante las cámaras resultó chocante hasta para los más lanatistas y fue bienvenida por los más reaccionarios: “Me tienen harto con la dictadura. Ayer la Presidente de este país habló una hora y media por cadena nacional por algo que pasó hace 34 años”, descerrajó un anochecer de 2010.

El periodista transcurrió el bienio post-Crítica en su trinchera de Canal 26 y en proyectos internacionales, hasta que en 2012 se sumó a Clarín.

En el taxi, en la cola del banco, en la mesa de Navidad y en la primera cita se hablaba de los pecados capitales del multimedios, a los que nadie negaba más allá de algunas firmas obedientes

El Grupo Poderoso había convivido a gusto durante las décadas previas con la noción de que dos de sus tapas podían voltear a un Gobierno. La amenaza había dejado de tener efecto.

Desde el “conflicto con el campo”, el multimedios anunció una docena de veces que el kirchnerismo estaba terminado. Cristina fue reelecta en 2011 con uno de los mayores porcentajes de la historia de la democracia. “Hay que inclinarse con respeto ante la voz de los ciudadanos. Quien quiera oír que oiga”, atinó a escribir el editor jefe Julio Blanck al día siguiente de la contundente victoria de la Presidenta en las primarias de agosto de ese año.

Clarín había quedado tirando golpes al aire en el centro del ring, desconcertado ante la intención antimonopólica de la ley de Servicios de Comunicaciónn Audiovisual. En el taxi, en la cola del banco, en la mesa de Navidad y en la primera cita se hablaba de los pecados capitales del multimedios, a los que nadie negaba más allá de algunas firmas obedientes.

Así explicó Blanck la llegada de Lanata a Clarín, en el libro Pensar el Periodismo (2016, Ediciones B), de mi autoría.

“Era una cuestión de concentrar fuerzas… Traer a Lanata al diario o al canal, al Grupo, tenía que ver con la idea de pertrecharte, tener más impacto y consolidar más público. Es evidente que Lanata tiene un predicamento en un público al que los medios del Grupo no llegaban. Si vos pensás qué es lo que buscaste y qué conseguiste, los resultados son extraordinarios”.

Win-win

Los resultados extraordinarios se vieron de inmediato en la televisión y la radio; bastante menos en el diario, un soporte al que Lanata pareció descuidar en su última década.

“Periodismo para Todos” fue una misa antikirchnerista de los domingos por la noche que visitó los niveles de rating de Bernardo Neustadt en los ochenta, y “Lanata Sin Filtro” se erigió en un pilar de la audiencia de Radio Mitre junto a figuras provenientes de la era xenófoba y derechista de Radio 10. Lanata se clarinizó y Clarín se lanatizó. Win-win.

El periodista no volvió a hablar del cúmulo de desgracias que —según él— representaba Clarín hasta pocos años antes. Cuando fue consultado por algún estudiante intrépido, apeló a argumentos pueriles sobre el fuerte y el débil, la Madre Teresa de Calcuta y otras habladurías. No viró sólo sobre la apreciación de la empresa que lo empleaba. Adoptó un credo económico liberal al que había denunciado hasta entrado el siglo XXI, abrazó un individualismo extremo y ofendió a travestis al llamarlas en masculino. Se disculpó luego por algunos excesos.

El giro copernicano desde posiciones de izquierda es más una constante que una excepción en todo proyecto político o mediático conservador. Exmarxistas devenidos en ácidos derechistas hay a raudales. Lanata decía que no se sentía de izquierda, pero su red fundacional, que lo encontró como un notable articulador, sí lo era.

Lo inadmisible desde el punto de vista periodístico fueron los procedimientos de los que se valió Lanata para sostener sus posturas durante su paso por Clarín

Si el tránsito a un lugar opuesto es reprochable, es una cuestión de gustos o convicciones. Para unos cuantos que acompañaron a Lanata en ese camino o que lo recibieron en su nuevo destino, fue un síntoma de madurez y coherencia.

Lo inadmisible desde el punto de vista periodístico fueron los procedimientos de los que se valió Lanata para sostener sus posturas durante su paso por Clarín. La grabación de un falso testimonio en el living del departamento de Elisa Carrió en Barrio Norte, para sindicar a Aníbal Fernández como un narcotraficante, a días de una elección de gobernador (episodio “La Morsa”), fue cualquier cosa menos periodismo.

Tropelías como esa se cuentan de a decenas en los últimos años. La desinformación manifiesta en torno a la muerte de Alberto Nisman, la operación orquestada con el entonces secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, para imputar a un niño de 12 años (“El Polaquito”) de haber cometido un asesinato, un viaje a las Islas Seychelles para elucubrar conclusiones sobre una escala presidencial sin tener en cuenta el huso horario...

Desde la muerte de Lanata, el lunes pasado, se ha advinado qué postura habría asumido el periodista ante lo que sigue de Milei. Las voces más cercanas resaltaron que Lanata había anunciado que le iniciaría una demanda por llamarlo “ensobrado”. El dato es cierto, pero ese recorte voluntarioso omite antecedentes para el olvido.

El martes 26 de junio de 2018, Milei agravió de la peor manera a la periodista salteña Teresita Frías, quien le hizo una pregunta correcta en una conferencia realizada en Orán. La puesta en escena del violento economista se viralizó en las redes. Dos días después, Lanata conoció a Milei en los estudios de Radio Mitre. “En este país donde nadie dice nada, donde está cada día más lleno de analfabetos, me parece que es totalmente reivindicable (decirle 'burra' a una periodista)”, celebró el conductor, en el inicio de un diálogo idílico.

Quizás habría sido distinto de ahora en más, pero hasta hace no mucho, los planetas de Milei y Lanata estuvieron alineados en la antipolítica.

Preguntas

Escribió el periodista e historiador Hernán Brienza en la red Facebook.

“Les hago una pregunta ¿por qué creen que Lanata cambió tanto? ¿Porque se corrompió solo? ¿Porque le gustaba la guita solamente? ¿Por obra y gracias del espíritu santo o del diablo? ¿O la cuestión es mucho más compleja y hubo factores internos, externos, confrontaciones inútiles, incomprensiones, dinámicas miserables, etcétera, etcétera? La respuesta que demos a esto habla mucho de quienes somos nosotros y no Lanata”.

La ortodoxia kirchnerista tiene una reflexión pendiente, no sólo por mínimo apego a la coherencia, sino para explicar su pasado y pensar su futuro. Más allá de los logros redistributivos y la ampliación de derechos, supuestos o reales, lejanos o cercanos, alguna vez deberá abordar el grado de violencia moral e intelectual que supone aceptar la complicidad y el enaltecimiento de figuras y causas que son un canto a la corrupción y/o el arribismo.

Que un funcionario dilapide durante años subsidios al transporte para quedarse con su tajada y la historia termine con un accidente atroz en Once, que se premie a conversos, que el Ministerio de Planificación orqueste desfalcos tan obscenos como para impulsar a un secretario a llevar sus millones a un convento en plena madrugada, que Lázaro Báez haya encontrado el resquicio para esconder millones en Suiza, que una ignota consultora allegada a un vicepresidente haya cobrado una comisión por asesorar en una emisión de bonos de Formosa, que se perpetúen traumas económicos que generan inflación por mero dogma o manejo de cajas y que se invente un índice de precios con patotas en el INDEC son razones más que suficientes como para que un periodista asuma una posición crítica.

De esa mesa se sirvió Lanata.

Luego, en una dinámica de enemistad, entra a jugar el vale todo, que ensombrece a la sociedad, al periodismo y al legado de un editor único.

SL

El nombre de Jorge Lanata es, sin duda, uno de los más resonantes y controvertidos del periodismo argentino. Desde sus inicios, en una Buenos Aires marcada por la represión de la dictadura, hasta convertirse, a partir de los 80, en una voz crítica y polémica, su figura dejó una marca indeleble en la historia de la prensa nacional. Gracias a su estilo mordaz y su capacidad para desafiar a los poderosos de turno, contó con una audiencia leal, aunque también cosechó detractores que lo acusaron de haber abandonado los ideales de independencia que tuvo durante los comienzos de su carrera.

Nacido el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata y criado Sarandí, en Avellaneda, Lanata mostró desde joven una afinidad por la palabra escrita y una inclinación por abordar la realidad sin filtros. A los 14 años, ya estaba inmerso en el periodismo, colaborando en publicaciones locales y dando los primeros pasos de una carrera que, en sus propios términos, sería “incómoda e implacable”.

En 1987, a sus 27 años, Lanata fundó Página/12, que rápidamente se consolidó como un medio con un enfoque progresista y crítico. Con una redacción joven y vanguardista, el diario marcó un antes y un después en el periodismo argentino, convirtiéndose en un espacio donde la investigación, la crítica social y la denuncia cobraban protagonismo. Esta etapa fue para muchos el momento en que Lanata encarnó un periodismo desafiante y comprometido, capaz de cuestionar al poder sin estar alineado a él.

Su crítica a los grandes grupos mediáticos, especialmente al Grupo Clarín, resonó en una época en la que las relaciones entre política y prensa apenas comenzaban a transparentarse. Sin embargo, la relación de Lanata con Página/12 se deterioró con el tiempo debido a diferencias editoriales y conflictos con la dirección del diario. A mediados de los años 90, Lanata decidió dejar el periódico y explorar otros proyectos periodísticos.

La independencia fallida

Durante los años ‘90 y principios de los 2000, Lanata se mostró como un crítico acérrimo de Clarín, denunciando su influencia en la política argentina y su papel en la concentración de medios. Con frases memorables y editoriales que sacudieron la escena mediática, señalaba los vínculos de Clarín con el poder y la manera en que, según él, moldeaba la opinión pública para sus propios fines. Durante esta etapa, Lanata encarnaba la figura de un periodista que se distanciaba de los grandes grupos económicos y de los medios de comunicación que él consideraba alineados con intereses empresariales más que con una auténtica búsqueda de la verdad.

Uno de los ejemplos más emblemáticos, en ese sentido, fue el diario Crítica de la Argentina, fundado en 2008, proyecto con el que Lanata buscaba retomar el espíritu disruptivo del diario Crítica original de los años 20, ofreciendo un enfoque independiente frente a los poderes de turno. Para ello, se asoció con un grupo de inversores, lo que le permitió lanzar el proyecto. Sin embargo, desde el inicio, la relación con estos financistas fue complicada, generando tensiones constantes en la gestión del diario.

Apenas un año después de su lanzamiento, el diario comenzó a experimentar problemas financieros, y esto afectó directamente a los trabajadores. La falta de recursos llevó a atrasos en los pagos de salarios, lo que causó malestar y descontento entre el personal. A medida que la crisis económica del diario se agravaba, los trabajadores comenzaron a exigir respuestas, tanto de Lanata como de los financistas. Sin embargo, las tensiones entre las partes dificultaron alcanzar una solución.

La situación llegó a un punto crítico en 2009, cuando los empleados decidieron ir a huelga para exigir el pago de sus salarios atrasados y mejores condiciones laborales. Lanata, aunque defendía la independencia editorial del proyecto, se vio en una situación compleja: sin recursos suficientes y con la presión de los trabajadores, las posibilidades de mantener el diario en pie eran cada vez ínfimas. Finalmente, en 2010, Crítica de la Argentina cerró, dejando a numerosos trabajadores en una situación precaria y sin recibir las indemnizaciones correspondientes.

La era Clarín

Pero el punto de inflexión en la carrera periodística de Lanata tuvo lugar en 2012, cuando sorprendió a todos cuando pegó el salto a Canal 13, propiedad del Grupo Clarín, desde donde lanzaría su programa Periodismo Para Todos (PPT). Esta decisión generó fuertes críticas y se convirtió en uno de los puntos más polémicos de su carrera. Para sus detractores, la incorporación de Lanata a Clarín parecía representar una traición a sus principios, el punto de partida de un nuevo capítulo que muchos interpretaban como una alianza estratégica entre el periodista y el multimedio que tanto había repudiado.

Incluso sus seguidores, acostumbrados a su irreverencia y crítica de los poderosos, sintieron desconcierto ante este giro inesperado. Sin embargo, Lanata justificó su decisión argumentando que, en el contexto de polarización política y del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín, era necesario contar con un espacio masivo desde el cual dar su versión de los hechos y exponer casos de corrupción. PPT rápidamente se convirtió en uno de los vehículos más intensos de oposición al por entonces Frente para la Victoria.

En este marco, Lanata tomó un giro antikirchnerista que se intensificó con el pasar de los años. Su postura contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se hizo cada vez más explícita, enfocándose en investigaciones que revelaban, en muchos casos, escándalos de corrupción. Para algunos, esta cruzada significaba un nuevo capítulo de independencia periodística, pero para otros evidenciaba un sesgo que favorecía a los intereses de Clarín y al clima de confrontación entre la Casa Rosada y el grupo de medios comandado por Héctor Magnetto. Lanata pasó a ser percibido no solo como un periodista crítico del poder, sino como una pieza clave en la agenda de un multimedio con intereses específicos en el tablero político.

Estas contradicciones añadieron un matiz complejo a su figura. Si bien para muchos Lanata se mantuvo fiel a su misión de denuncia, para otros su rol en Clarín y su postura marcadamente antikirchnerista lo alejaron de su identidad original como periodista independiente. Con el paso de los años, la relación entre Lanata y Clarín se convirtió en una paradoja: el periodista que había denunciado los monopolios de los medios pasaba ahora a ser uno de sus representantes más visibles, mientras su estilo directo y polémico lo posicionaba en el centro del conflicto político-mediático más relevante de la última década en Argentina.

Con PPT, la postura de sus enfoques y su tono implacablemente crítico hacia una única corriente política hicieron que sus detractores comenzaran a ver en Lanata a un agente de polarización antes que un observador relativamente imparcial de la realidad. Para sus seguidores, en cambio, su trabajo en Canal 13 no hizo más que reafirmar su compromiso con un periodismo cuya misión es la de denunciar al poder de turno. La figura del “Lanata independiente”, sin embargo, se difuminaba cada vez más en un país donde “la grieta” parecía comérselo todo.

PL/MG

Tras años de turbulencias, números clave de la economía marcan un período de cierto sosiego, lo que se transforma en el principal activo del Gobierno ultraderechista.

Una inflación mensual del orden del 3%, —un décimo de la que disparó Javier Milei con la devaluación récord no bien asumió—, el riesgo país por debajo de los 800 puntos y una cotización del peso tan fortalecida a esta altura del partido, sin una amenaza devaluatoria inminente, estaban fuera de los cálculos de un amplio rango de economistas.

Argentina sigue siendo uno de los países con mayor inflación y riesgo crediticio del mundo, pero en la foto de hoy, Luis Caputo doblegó pronósticos adversos que sostenían desde economistas críticos y opositores, tanto heterodoxos como ortodoxos, hasta oficialistas solapados y los viudos del proyecto ultraderechista que se dieron cuenta tarde —cuando fueron arrojados por la borda— de que Milei era terraplanista y violento.  

¿Se trata de una domada del león a los mandriles, como enuncia el Presidente y sus patotas digitales, y parecen admitir unos cuantos que en los papeles se ubican en la vereda de enfrente? ¿El escenario anticipa una hegemonía de largo alcance, como celebran animadores desde las pantallas televisivas de Clarín y La Nación?

Luis Caputo doblegó pronósticos adversos que sostenían tanto economistas críticos y opositores como los viudos del proyecto ultraderechista

Nuevamente se impone una digresión impropia de una nota periodística para explicar la figura BDSM omnipresente en la retórica del jefe de Estado. Milei alardea que somete sexualmente a los mandriles, esos simios que parecen tener el culo ardido, que serían sus críticos. Las disculpas del caso.  

Primero fue la presunción de que la estampida inflacionaria generada por la devaluación de 54,3%, en el tercer día del Gobierno, se iba a extender a todo el primer trimestre del año. No ocurrió. Por el contrario, los precios de enero, febrero y marzo se fueron alejando paulatinamente del 25,5% de diciembre de 2023.

Más tarde, se combinaron proyecciones de que la demanda salarial para recuperar algo del sablazo inicial y la presión de ciertos precios rezagados, los aumentos siderales de los servicios públicos y la acumulación de tasas en pesos muy positivas sobre el valor del dólar dispararían una dinámica que haría difícil que la inflación mensual bajara de 8%, luego de 4%, hasta llegar al 3%. Hasta ahí, Caputo la vio; el resto, grosso modo, no.

Los oficialistas cantan victoria. No sólo ellos. Voces que asumen ser o haber sido críticas describen que el Presidente y su ministro “meten todas las que tiran al arco”, y extienden el virtuosismo al plano político. El ultraderechista da siempre en el blanco —dicen sus admiradores de ayer y de hoy—, para desconcierto de sus opositores, sumergidos en internas y crisis de liderazgo.

El razonamiento exige una serie de artificios mentales.

Cuando despierte, el monstruo estará allí

El peso argentino fue una de las monedas del mundo que más se apreció desde enero, si bien partiendo desde un piso extraordinariamente bajo en diciembre. De esta manera, las ciudades argentinas pasaron de ser baratas o muy baratas en el contexto internacional, con excepción de textiles y tecnología, a tener precios similares a Europa y Estados Unidos en el supermercado y servicios básicos.

Caputo fue sacando conejos de la galera para patear la pelota hacia adelante: defaulteó deudas a los productores de energía como no había hecho ningún gobierno en los últimos veinte años, movió bonos de acá para allá, creó instrumentos financieros que acumulan los intereses en lugar de pagarlos, mandó reservas de oro al exterior con destino y propósito desconocidos, desatendió la meta de acumular reservas en el Banco Central para contener el tipo de cambio, subió impuestos para reemplazar la rebaja del gravamen a la riqueza y —la base de su “éxito”— orquestó un blanqueo de capitales con premios sin precedentes para los evasores.

La tasa de devaluación mensual de 2%, muy por debajo de la inflación, junto a la inédita recesión inducida por el Gobierno y la motosierra, han sido pilares de la contención de la inflación. No hay un mango en los bolsillos de los trabajadores, se importa poco y el Estado no emite dinero para solventar el gasto público, aunque crea burbujas financieras que se pagarán más adelante.

La alquimia dio resultado, con un detalle. Cuando la economía despierte, el monstruo de la falta de dólares y el cepo estará allí.  

El famoso carry trade hace que la deuda en pesos crezca mes a mes, rumbo al equivalente a US$100.000 millones adicionales en el primer año de Milei en el Gobierno. Se trata de títulos públicos que, llegado el caso, podrían intentar refugiarse en el dólar. No es una elucubración de un opositor, sino lo que el Presidente y su ministro temen, razón por la que mantienen el cepo. Si el peligro se vuelve realidad, será otra estampida inflacionaria y la escena final para el domador de mandriles.

Mientras tanto, el Banco Central sigue con reservas netas negativas, lo que quita herramientas tanto para mitigar una corrida contra el peso como para hacer frente a más importaciones si la economía comenzara a crecer. Hay versiones sobre un flujo de dólares por venir para aprovechar el verano financiero o las maxiganancias prometidas en petróleo, gas y minería. Por ahora, se verifica una dinámica en L (caída abrupta seguida de estancamiento) o como la pipa de Nike (rebote lento) para gran parte de la economía, con algunas excepciones, lejos de la “recuperación en V” que prenunciaban las flatulencias discursivas de Milei.

La secuencia fue ratificada el viernes por el estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC, que marcó no sólo una caída interanual de 3,3% en septiembre, sino una de 0,3% intermensual con respecto a agosto de 2024. Cae todo excepto intermediación financiera, minería y agro. Hablan los números, se acaba el vandalismo fascistoide de la tropa libertaria.

Promesas de deuda

La necesidad imperiosa de juntar dólares hizo que Milei y Caputo retomaran el anuncio de acuerdos inminentes con el Fondo Monetario Internacional u otro tipo de financiamiento, ya sea de un grupo de bancos o en el mercado internacional de bonos. Deuda sobre deuda, la savia por excelencia del elenco gubernamental.

Se da así un retorno al punto de partida. Un año atrás, antes de asumir la Presidencia, Milei encandilaba ante cámaras a Alejandro Fantino con secretos que guardaba en su celular sobre prestamistas que se desesperaban por llenar de dólares la economía argentina. “¿Querés que te muestre mi whatsapp?”, dijo un Javo seductor.

Nadie como Caputo y Federico Sturzenegger saben de la fragilidad de un panorama financiero estable en una economía con pies de barro. Quedó para la historia aquella foto de Sturzenegger y su segundo, Lucas Llach, con gesto erudito, anunciando una inflación de 10% para 2018 (fue el cuádruple). Cabe suponer que los entonces presidente y vice del Banco Central habrán sentido tanta seguridad como ahora para animarse a esa predicción; de lo contrario, se habrían ahorrado el ridículo.

Similar convicción habrá sentido el ministro de Finanzas de Mauricio Macri —casualmente, Caputo— cuando intentó impactar al mundo con un bono a 100 años por casi US$3.000 millones, que tuvo que ser reestructurado tres años después. El caso quedó como ejemplo bizarro en escuelas de finanzas del mundo.

Somos periodistas, queremos aplaudir

La narrativa de que “les salen todas” y “apuestan fuerte y ganan” es sostenida por propios y extraños, pero nadie lo hace con tanta vehemencia como los presentadores de radio, TV y streaming a quienes Milei premia con posteos aduladores y entrevistas abundantes en interjecciones festivas y risas nerviosas, pero carentes de preguntas.

Y sin embargo, Milei posa de que pelea con periodistas.

Como bien señaló un párrafo memorable de Joaquín Morales Solá de días atrás en La Nación, la actitud hostil y soez del mandatario hacia la prensa es, encima, desagradecida, porque apunta más que nada a semioficialistas, “el periodismo independiente que ha valorado sus logros económicos”.

Es tan denigrante la situación, que algunos de los agraviados ni siquiera atinan a responderle, como quien intenta disimular al grosero de la sala, y otros, abnegados, repasan las agresiones sufridas contra sí mismos o colegas del propio medio, al tiempo que juran lealtad. “Las formas son importantes, Presidente. Se lo digo bien”.

Nada es casual. Los modos de Milei avergüenzan a cualquiera, pero las pantallas argentinas llevan décadas de desprecio al “curro de los derechos humanos”, estigmatización de los “choriplaneros” y enaltecimiento del egoismo y la mano dura con un tinte racista indisimulado.

Esa prensa colabora en el prime time con la narrativa gubernamental, y encuentra eco en cámaras empresariales y ONG que pusieron en pausa sus preocupaciones republicanas para celebrar “el logro transformacional de Milei”: la rebaja de cinco puntos del gasto público en relación al PBI.

Resulta que el ultra es “valiente”, “hizo lo que nadie había hecho”, porque implementó una baja extraordinaria del gasto público a costa de los jubilados, la obra pública, las universidades y las transferencias a las provincias, junto a la quintuplicación de las tarifas de servicios públicos para eliminar subsidios.

El Gobierno al que le asignan pericia inusitada provocó que los ingresos de los trabajadores registrados del sector privado se ubiquen 5% por debajo del indicador de septiembre de 2023, y en el caso de los empleados públicos y los informales, 25%, tal como detalló el economista Juan Manuel Telechea sobre datos oficiales. La jubilación mínima medida con bono de $70.000, que cobra cerca de la mitad de los pasivos, perdió 17% de su poder adquisitivo.

Los modos de Milei avergüenzan a cualquiera, pero las pantallas argentinas llevan décadas de desprecio al "curro de los derechos humanos", estigmatización de los "choriplaneros" y enaltecimiento del egoismo y la mano dura con tinte racista

Milei puede inventar cifras sobre reducción de la pobreza y recuperación del salario; Caputo puede contar cómo sus colegas, los traders, lo felicitan incrédulos por la magnitud de sus éxitos; Sturzenegger se la puede agarrar contra una oficina que certifica la trazabilidad de los medicamentos, pero los sistemas científico y universitario están viviendo un éxodo porque la motosierra truncó carreras y desfinanció programas de investigación que llevaban décadas de inversión estatal.

El país que proponen los hermanos Milei se ensaña con la población vulnerable.

La ley Brisa, sancionada en 2018, estableció una reparación mensual equivalente a una jubilación mínima para hijos de víctimas de femicidio. Se trata de chiquitos que pierden a su madre y, con alguna frecuencia, a su padre, que va preso por el asesinato. La Casa del Encuentro contabilizó 243 mujeres asesinadas entre enero y octubre de este año, que dejaron 276 hijos. Como el Gobierno desmanteló organismos de resguardo, el estipendio no se paga en tiempo y forma, o directamente no se paga.

Rendición intelectual

La asunción de que “Milei mete todas las que tira al arco” supone no sólo una rendición intelectual, sino también cierta frivolidad.

El abordaje de la “realpolitik” prescinde de señales identitarias del Gobierno extremista, como su voto solitario a favor de la violencia contra las mujeres en la ONU, su alineamiento irrestricto con la masacre en Gaza por la que Benjamin Netanyahu tiene pedido de captura, o los agravios a víctimas del terrorismo de Estado. Todo eso vale poco y nada en términos de éxito o fracaso, dice el manual de la política sin alma.

El cuadro social de un país con los ingresos populares por el piso, con un Gobierno que hace un ejercicio impúdico de la crueldad, debería de por sí refrenar el instinto de levantar el brazo del domador de mandriles.

El texto oficialista dice que Milei es hábil porque obtuvo el apoyo de las cámaras legislativas en las que está en franca minoría y de los gobernadores, y que además está celebrando que los tribunales federales de Comodoro Py bailen a su ritmo, como lo que hizo Macri en su período presidencial.

No da la impresión de que se requieran dotes de un ajedrecista muy sesudo para convencer al radical cordobés Rodrigo de Loredo, el peronista tucumano Osvaldo Jaldo y al PRO bonaerense Diego Santilli de que presten colaboración

El dato es clave para alumbrar otro de los supuestos logros de Milei. Los jueces y fiscales federales se transformaron en cómplices de la política de Patricia Bullrich de limitar o prohibir la protesta. En condiciones económicas críticas, el riesgo de enfrentar una golpiza policial o una acusación por graves delitos dirimida en un oscuro despacho de Comodoro Py son elementos disuasorios de peso para acudir a una manifestación.

La línea de pensamiento que atribuye a Milei y su equipo una pericia de alta política para atarle los brazos al Congreso incurre en otra simplificación. No da la impresión de que el monje negro de Casa Rosada, Santiago Caputo, deba administrar dotes de un ajedrecista muy sesudo para convencer al radical cordobés Rodrigo de Loredo, el peronista tucumano Osvaldo Jaldo y al PRO bonaerense Diego Santilli de que presten colaboración. Por el contrario, pareciera que son ellos quienes acuden solícitos a despachos oficiales para ponerse a disposición.

Descartada —hasta tanto aparezcan pruebas— la afirmación de compras espurias de voluntades opositoras por parte del Gobierno, corresponde entender que los saltos ornamentales de gobernadores y legisladores opoficialistas, sumisos al punto de dejarse llamar “ratas” y contradecirse en cuestión de horas, obedecen a una concepción líquida de la política, en la que no existen convicciones ni posturas programáticas, sino metas de flotación. Para ello, hay que nadar con la corriente, y hoy tocan motosierra y crueldad.

Disciplinar es la tarea

Parte de la responsabilidad de que Milei se permita autopercibirse como un Rambo que combate horcos corresponde al gobierno de Alberto y Cristina. Fue tan deslucido su final, con Sergio Massa disparando medidas tan demagógicas como perjudiciales —como la exención del impuesto a las Ganancias (ingresos) para el 10% de mejores sueldos—, que el derrape del último trimestre de 2023 empuja a ultraderechistas a revolear números a la bartola.

El Gobierno de los Fernández incurrió en graves inconsistencias, pero no quedó nadie con capacidad y voluntad de explicar los efectos de la deuda de Macri, la pandemia y la mayor sequía en décadas. Tampoco para resaltar logros sociales y económicos en la recuperación de la crisis sanitaria del coronavirus, entre otras cosas, porque esos méritos fueron bombardeados por Cristina y La Cámpora.

La ex vicepresidenta se embarcó en la aventura autorreferencial de deslindar su responsabilidad de un Gobierno que ella diseñó y dirigió en funciones de primer orden, Massa se llamó a silencio hace un año, y Alberto Fernández, ya con su palabra devaluada por sus contradicciones e indecisiones, quedó fuera de juego por la denuncia de violencia de género.

Ni siquiera se pone sobre la mesa el argumento evidente del desquicio que implica la proyección presidencial de un candidato que afirma que dolarizará de un día para otro, sin dólares en el Banco Central, y que aconseja a los depositantes de pesos en los bancos que los retiren, porque son “excremento”.

A eso, a confrontar con Milei, dijo que se sintió llamada Cristina cuando se postuló a presidir el Partido Justicialista. Fue el objetivo de “ordenar lo que se desordenó” —y no disciplinar a Axel Kicillof frente a Máximo Kirchner, como algún malpensado podría intuir—, lo que empujó a la expresidenta a pelear por una silla partidaria que nunca le había interesado.

No habían pasado dos minutos del inicio de su discurso en el microestadio Quimsa de la capital santiagueña cuando se vio compelida a aclarar que es de “bien nacido” ser agradecido, “por más que algunos se olvidan”. Se refirió a Axel Kicillof.

En el breve camino al PJ, La Cámpora y el Instituto Patria explicaron que Cristina sería la única con capacidad para recentrar el debate y abrir un capítulo de unidad en el peronismo con todos los que quisieran oponerse al Gobierno de los ultraderechistas.

A eso estaba abocada Cristina hasta la misma noche en que asumió la presidencia del PJ en un acto en Santiago del Estero, una semana atrás. No habían pasado dos minutos del inicio de su discurso en el microestadio Quimsa de la capital santiagueña cuando se vio compelida a aclarar que es de “bien nacido” ser agradecido, “por más que algunos se olvidan”. Aclaran a un lado y otro de la nueva grieta del peronismo que se refirió a Axel Kicillof.

La exmandataria comenzó su gestión por la unidad partidaria con un dardo directo al peronista con mayor responsabilidad institucional del país y uno de los pocos opositores con proyección electoral nacional.

Fue la campana de largada de otra andanada de La Cámpora y el Instituto Patria. En tiempos de poses, Máximo dice que quiere colaborar, pero sus laderos del conurbano, con los intendentes Mayra Mendoza y Julián Álvarez a la cabeza, ya actúan como opositores abiertos al Ejecutivo provincial. Ni Alberto Fernández escuchaba un tenor de críticas similar en su primer año en Casa Rosada, por lo que cabe imaginar hasta dónde llegará el conflicto, salvo que Kicilof acepte el único papel que los Kirchner están dispuestos a tolerar: la obediencia absoluta.

Es allí, en la carrera sin destino emprendida por los Kirchner en los últimos años, donde puede encontrarse la mayor fortaleza de Milei. No porque Cristina carezca de carisma, popularidad y talento para encontrar el tono de debate, sino por su capacidad y persistencia para obturar cualquier liderazgo que la trascienda. Su techo bajo —una invariante de la última década de la política argentina— y el egocentrismo en torno a un apellido actúa como un obstáculo para cualquier proyecto opositor que suture diferencias al estilo de lo que logró rearmar Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Por el contrario, Milei encuentra su mayor debilidad en su propia crueldad terraplanista.

SL/DTC

Pocos años atrás, Diana Mondino habitaba un extremo del debate público argentino. Tuvo que dejar la Cancillería, no porque la economista cordobesa se hubiera moderado, sino porque mostró impericia para seguir el tren de provocaciones que guían las acciones del Gobierno de los hermanos Milei. 

Mondino formaba parte de un ecosistema de liberales radicalizados, afincados en universidades privadas de autor y negocios de nicho, obsesionados con Cuba, difusores de ideas raras como las escuelas voucher, propensos al desdén por la memoria sobre el terrorismo de Estado y fans de ciertos trazos del menemismo.

El penoso final del Gobierno de Carlos Menem les adosó un descrédito agudo a sus nostálgicos. Más allá de la rampante corrupción y decadencia institucional de esa administración, el régimen económico de convertibilidad se transformó en una trampa recesiva que su mentor, Domingo Cavallo, hizo explotar en 2001, cuando intentó desactivarla. Un fracaso en sus términos.

La posición libertaria siguió circulando en los medios y orbitó en el PRO y otras opciones conservadoras, aunque no ocupó lugares decisivos durante las primeras dos décadas del siglo.

La entrega de Mondino

Con el auspicio de Corporación América, Milei carreteó en esa plataforma. Se codeó con colegas con trayectoria en el período de Menem y el paradigma ultraliberal. El de más renombre, Carlos Rodríguez, acompañó a Milei a las puertas de la asunción presidencial y se distanció ante la deriva instrumentada por Luis Caputo. Otros, como Roberto Cachanovsky y Ricardo López Murphy, fueron de los primeros hostigados por la furia del panelista de “Intratables”. José Luis Espert fue otro de los rostros del liberalismo económico radicalizado con el que Milei tuvo encuentros y desencuentros, aunque la explicación de esos vaivenes sea más sórdida que en otros casos.

Mondino fue de las pocas sobrevivientes de aquel mundo intelectual que acompañó a Milei en el gabinete. El Presidente se recostó mucho más sobre el eje corporativo de Eduardo Eurnekian y otros magnates, lugartenientes autogobernados del PRO, estudios de abogados acercados por Federico Sturzenegger, kirchneristas y massistas reciclados, y el sello distintivo del mileísmo: advenedizos que conciben el ejercicio del poder como una herramienta de resentimiento, odio y provocación.

La economista y socia del Banco Roela escribió una página oscura en la Cancillería argentina. Veleidades anticomunistas e incontinencia verbal conforman una mala sociedad para una ministra de Relaciones Exteriores. Expuso su falta de preparación, metió la pata cada vez que pudo y soportó las mil humillaciones a las que fue sometida. Los hermanos Milei la rodearon de ultras para custodiarle la lapicera y hasta llegaron a bajarla de cumbres internacionales para que personajes menores ocuparan su lugar.

Milei se recostó mucho más sobre el eje corporativo, lugartenientes del PRO, kirchneristas reciclados y el sello distintivo del Gobierno: advenedizos que conciben el ejercicio del poder como una herramienta de resentimiento, odio y provocación

En algunos temas, Mondino escuchó a la burocracia de Cancillería y aceptó que las relaciones internacionales requieren medir alianzas y respetar tradiciones en función al interés nacional. Pareció comprender que llevarse a las patadas con los Gobiernos de Brasil, China y España era un despropósito. Con los Milei resultó imposible cualquier viso de racionalidad. Santiago Caputo la estaba esperando, le tendió una celada sobre Cuba y liquidó su gestión. Fue despedida con desprecio e insinuaciones degradantes, todo un clásico en el Ejecutivo de La Libertad Avanza.

Tonterías de la política exterior

La política exterior de los Milei no obedece a los cánones clásicos de las administraciones conservadoras, ni siquiera a la vertiente de ultraderecha que campea en países como Italia y Hungría, o la que llevó a cabo Jair Bolsonaro en Brasil. Es sabido que los países más consolidados llevan a cabo posturas nacionales más allá de la orientación política del Gobierno. En muchos casos y cada vez seguido, el color político de turno se vuelve condicionante.

Con sus más y sus menos, los países negocian apoyos, abstenciones y rechazos en lógica quid pro quo, actúan en bloques regionales, culturales o religiosos, evitan choques por razones económicas o de autodefensa. El caso de Milei es único. La directriz de las relaciones internacionales argentinas parece ser la asunción de la postura más ultra y más provocadora ante cada tema.

Así, Argentina adopta la defensa irrestricta de Israel como casi ningún otro país ante a los crímenes de lesa humanidad que su Ejército perpetra en Gaza, se pliega a dictaduras teocráticas para rechazar el Pacto del Futuro, encabeza la ofensiva contra la agenda 2030, se desentiende por completo de la mirada sobre derechos humanos iniciada en 1983, es el más antifeminista, inflama el lenguaje de modo irresponsable, rompe puentes con los vecinos, queda virtualmente solo para condenar el bloqueo a Cuba… La lista de disparates es interminable.

Juan Gabriel Tokatlian, reconocido internacionalista y profesor de la Universidad Di Tella, graficó el sinsentido de la política exterior en el seminario “La Universidad Dialoga”, organizado por la Universidad de Mar del Plata días atrás. Por un lado, el Gobierno hizo “uno de los mayores regalos históricos de la política exterior argentina desde el advenimiento de la democracia” al adoptar “una oposición sistemática contra China” desde una lógica “hiperoccidentalista”, que ni el Pentágono ni el Departamento de Estado habían solicitado. A cambio de nada y a las puertas de una elección crucial entre Donald Trump y Kamala Harris, la Casa Blanca encontró en Milei a un aliado irrestricto en materia de seguridad y defensa.

El mundo financiero se muestra renuente a volver a alimentar con masiva llegada de dólares el carry trade que Luis Caputo tiene la posibilidad de ejecutar por segunda vez en su vida

Al mismo tiempo, el Presidente debió guardarse sus diatribas anticomunistas cuando se percató de que el país debía cancelar unos US$7.500 millones del swap con China, y que el mundo financiero occidental, por más que se declare “impresionado” por la motosierra de Milei, se muestra renuente a volver a alimentar con masiva llegada de dólares el carry trade que Luis Caputo tiene la posibilidad de ejecutar por segunda vez en su vida, en uno de esos azares de la historia argentina.

Tokatlian apuntó una “tontería” perpetrada por Milei en una entrevista reciente con Susana Giménez. “’No exigen nada y quiero ir a visitar China, así le hago un mangazo”, dijo el mandatario. “A la diplomacia del mangazo, a la Argentina, siempre le responden los actores con poder con la diplomacia del chantaje”, razonó Tokatlian.

El militado ascenso de Werthein

Gerardo Werthein agarró la papa caliente de la política exterior. A diferencia de Mondino, relativamente coherente en su rumbo ideológico, Werthein se mostró feliz por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Fue kirchnerista, macrista y ahora, mileísta. Militó fuerte su puesto en la Embajada de Estados Unidos, que acaba de dejar para asumir el Palacio San Martín.

Los grandes empresarios van llevando de la mano a Milei, en especial, los que demostraron convicciones políticas cambiantes. En la primera década del kirchnersimo, Eurnekian (Corporación América), Werthein y Eduardo Elsztain (IRSA) se permitieron ir mucho más allá que otros colegas del gran capital en su valoración positiva de ese ciclo. Hicieron negocios con (o al amparo de) el Estado, multiplicaron su facturación, y ello los llevó a elogiar una política económica intervencionista con palabras que hoy serían denunciadas por ellos mismos como el colmo del populismo.

En un episodio irregular por donde se lo mire, Werthein solventó el viaje en avión privado a Estados Unidos de los hermanos Milei, Santiago y Luis Caputo, y Nicolás Posse, en noviembre de 2023, en el primer destino internacional tras la victoria de La Libertad Avanza en el balotaje. También habría pagado un encuentro del presidente electo con Bill Clinton y lo acompañó a rezar a la tumba de Menachem Mendel Schneerson, el rebe de Lubavitch, vertiente integrista del judaísmo.

El Banco Mercantil fue un emblema de los negocios de Werthein durante la dictadura, La Caja marcó su salto al mercado de seguros gracias a las privatizaciones de Menem y Telecom representó el ingreso de la “burguesía nacional” a empresas estratégicas. Son algunas de las marcas asociadas a un apellido que comprende varios rubros y se afincó en el agronegocio y las finanzas.

A aquella visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York logró sumarse Elsztain, quien, por esas horas, hospedaba a los Milei en el Hotel Libertador, sobre avenida Córdoba. A diferencia del viaje gratuito a Estados Unidos, la abultada cuenta de la estadía de los hermanos presidenciales fue saldada por Karina con su tarjeta de crédito personal, indicaron en el Ejecutivo. Lo normal.

El principal accionista de IRSA había conocido personalmente a Milei unas semanas antes. El acercamiento dio sus frutos y hoy Elsztain es un entusiasta del ultraderechista, al tiempo que se le abre un mundo de posibilidades en real estate, su foco central de interés.

Vertientes W

Los W hoy tienen dos vertientes. La del canciller Gerardo y la del Grupo Werthein, con Adrián y su sobrino Darío como rostros más visibles. Al menos eso dicen los papeles, tras la separación de negocios en 2019.

Los activos del Grupo Werthein incluyen Gregorio, Numo y Noel Werthein SA en agronegocios (marca fundacional), Experta Seguros, Cachamai, los sistemas de TV satelital DirecTV y Sky para Sudamérica, la productora Torneos, los canales DNews y DSports, el 50% de TyC Sports, el megaproyecto edilicio Udaondo en los terrenos del ex Tiro Federal, en Nuñez —uno de los negocios más lucrativos entre los habilitados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta—, la empresa de medicina SOI y la de software Overlabs.

La versión más difundida de la separación del Grupo Werthein y Gerardo radica en diferencias tras la venta de su paquete accionario en Telecom Argentina al Grupo Clarín, a instancias del Gobierno de Mauricio Macri, en 2017. Fuentes empresariales agregan que Darío y Adrián querían alejarse del alto perfil mediático de Gerardo.

El canciller es accionista de El Observador, histórico diario económico de Uruguay que hoy sólo cuenta con edición digital. Desde allí derivó la marca de radio El Observador, que dirige Luis Majul, y otros sitios homónimos en desarrollo en otros países, como España y Estados Unidos. Esa plataforma encuentra entre sus socios a Bettina Guardia y Gabriel Hochbaum. La primera es esposa de Alejandro Bulgheroni —uno de los accionistas de Pan American Energy—, designada por Milei “embajadora de la Marca País”. Ahora, Bettina estará a las órdenes de Gerardo Werthein, su socio. Hochbaum, en tanto, es un accionista del Grupo América, de história relación con José Luis Manzano.

Es probable que los medios del Grupo Werthein, los del canciller Gerardo Werthein, Hochbaum y la embajadora Guardia de Bulgheroni, y los más batalladores de Alpha Media correspondan a conglomerados independientes

El Grupo Werthein también sería dueño de Radio Rivadavia, según una fuente al tanto de los manejos de esa empresa. La versión es desmentida tanto por los Werthein como por Alpha Media, la empresa de Marcelo Fígoli, que además de esa radio mileísta declara en su portfolio a La 990 Splendid, Metro, Uno, Rock and Pop, Blue y LT3, Cerealista, de Rosario, además de la agencia Noticias Argentinas.

Es probable que los medios del Grupo Werthein, los del canciller Gerardo Werthein, Hochbaum y la embajadora Guardia de Bulgheroni, y los más batalladores de Alpha Media correspondan a conglomerados independientes, sin relación entre sí. La coincidencia en una línea editorial que sostiene, da letra y reproduce a la alt right criolla, con los condimentos violentos que aportan los hermanos Milei, sería mera coincidencia.

Desencuentros con Clarín

Un dato a tener en cuenta es que la trayectoria reciente de los Werthein los encuentra, reiteradamente, en veredas enfrentadas al Grupo Clarín, aunque haya sociedades compartidas, como la señal TyC Sports.

Por lo pronto, tienen espacios nítidos de competencia. Importantes tramos de Radio Mitre, TN y el diario Clarín se inscriben en el oficialismo más exacerbado al mismo nivel que segmentos de El Observador, La Nación + y Radio Rivadavia. Los citados congregan casi la totalidad de los medios en los que Milei se hace entrevistar.

Además, Clarín y los Werthein pujan en el mercado de la TV Paga, con Cablevisión Flow y DirecTV, respectivamente.

La relación entre ambos conglomerados fue directamente conflictiva cuando los Werthein detentaban el manejo de Telecom Argentina y presumían que su socio italiano, Telecom Italia, había pactado con Héctor Magnetto el ingreso accionario de la principal empresa de medios. La pelea fue extenuante, en tribunales y en despachos oficiales. Finalmente, la llegada de Macri a la Casa Rosada allanó el camino para que la venta fuera oficial, sin intermediarios ni nombres fantasma.

El interés de los Werthein por los medios los encontró como socios de Daniel Hadad en Infobae, Radio 10 y C5N años atrás, y, en la última década del siglo pasado, como accionistas del Grupo CEI, la gran incursión mediática del menemismo que se evaporó no bien se frustró el intento de la re-reelección del riojano.

En años de oposición a Menem, Clarín denunció la avanzada de CEI como una amenaza a la libertad de expresión y las reglas sanas del capitalismo. 

Con la licitación por delante del espectro de 5G asignado a la estatal ARSAT, los cambios en la regulación que habilitan a los sistemas de TV satelital (DirecTV y Starlink, de Elon Musk) a brindar más servicios de telecomunicaciones y la presunta mudanza de la línea belicista de La Nación+ a América 24 permiten vislumbrar que lo que hoy es una convivencia tensa -pero de beneficio mutuo- entre Clarín y Milei, podría ingresar en otro terreno.

Algo de eso se percibe en la secuencia de que Milei se explaya a sus anchas en entrevistas guionadas en las que arremete contra figuras y accionistas del canal en que se emiten, o suelta rabietas en Twitter contra reporteros oficialistas por algún detalle insignificante.

No en vano, Joaquín Morales Solá se quejó en La Nación de que Milei vuelque su ira irrefrenable contra periodistas y medios “independientes” que le reconocen logros, y en cambio deja pasar a los “kirchneristas”, que no ven nada bueno en el ultra.

Ese memorable comentario del principal columnista del diario conservador no aclaró cuáles eran los medios “independientes”, aunque es fácil imaginar que se refería a los grupos que dirigen Julio Saguier y Magnetto.

SL/DTC

Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Dardos casi siempre dirigidos a personas, que en contadas ocasiones —como en el caso de la eliminación de la pauta oficial o, más simbólicamente, en el regocijo del Presidente ante la crisis de Perfil— llegaron a traducirse en acciones contra los intereses concretos de los grupos mediáticos. Sin embargo, algo de eso parece haber comenzado a cambiar esta semana.

Todo arrancó el domingo pasado, cuando Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios. Durante una entrevista con el canal TN, el mandatario cargó contra el periodista de esa misma señal Marcelo Bonelli, a quien acusó de mentiroso por haber aventurado en una de sus columnas del diario Clarín que la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud no había tenido que ver con un tema de gestión, sino con una supuesta denuncia de corrupción. “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”, lanzó el Presidente, visiblemente enfurecido.

Pero lo que puede ser intepretado como un cruce más de Milei con un periodista, terminó yendo más allá. Al día siguiente, el Gobierno dio a conocer una medida que puso en la mira a los medios, entre ellos al Grupo Clarín: la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y medios digitales, con la pretensión oficial de aumentar la recaudación en aproximadamente $264 mil millones. En un principio, se especuló acerca de una pronta judicialización de la medida, ya que se trata de una potestad que corresponde al Congreso. Sin embargo, este viernes, el oficialismo confirmó que incluirá el tema en la discusión del Presupuesto 2025.

“Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA, sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes pasado, durante la misma conferencia en que informó también la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la reducción de más de 3100 cargos públicos, a partir de la creación de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los críticos más duros de la movida del Gobierno contra los medios estuvo el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. “Milei, el alumno de Néstor Kirchner, ataca a los medios y privilegia a los empresarios amigos”, escribió en su cuenta de X, en donde abrió un “hilo” en el que detalló otros sectores que tienen exenciones que podrían eliminarse. Entre ellos, mencionó al régimen de Tierra del Fuego y su “escandaloso” costo fiscal.

Pero la mojada de oreja de Milei a Clarín no se quedó ahí. Durante su conferencia del lunes pasado, Adorni también informó que se detectaron irregularidades en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU), un mecanismo destinado a reducir las brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet en el país. Sostuvo que las empresas Telecom (mayoritariamente propiedad del Grupo Clarín) y Telefónica deben más de $3.000 millones. Además, se derogaron varias regulaciones de obligatoriedad en la provisión de canales en la televisión paga, que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV.

Así y todo, el gesto más simbólico fue otro: la designación en la nueva Dirección General de Impositiva (DGI) de Andrés Edgardo Vázquez, un controvertido funcionario que trabajó en la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray y que es recordado por un megaoperativo que realizó el ente recaudador, ahora extinto, en 2009 frente a la sede central del Grupo. De fluidos lazos con el submundo de la inteligencia, Vázquez estuvo al frente de esa inspección, en plena pulseada del gobierno kirchnerista con Héctor Magnetto. Ahora, llegó a la cúspide de la flamante DGI con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo. 

Arsat y 5G

El Gobierno tomó también esta semana una decisión vinculada al negocio de las telecomunicaciones: poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando, además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que serán destinados al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explica desde el Gobierno, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

“Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados en ARSAT hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio: la fibra, el espectro, el data center y el satélite”, dijo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, una figura clave en las pretenciones privatizadoras del gobierno de La Libertad Avanza. “Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”, añadió.

Desde el comienzo de su gestión, el Presidente busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G, un terreno en el que ya pisan fuerte Claro, Telecom y Telefónica. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención del Enacom, encabezado desde enero por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk, a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

PL/DTC