De la casta a los “sobres”: las prácticas que Milei prometió erradicar ahora salpican al PAMI libertario

Un millón por mes o quedate afuera. Telegram, para que los chats desaparezcan. Aportes del 10, del 15 o hasta del 25% del sueldo. En sobres, no por transferencia. La lista de denuncias que sacude al PAMI bajo el gobierno de Javier Milei parece sacada de un manual de la vieja política. Pero hay un detalle que complica al oficialismo: esta vez, los nombres involucrados son propios. Funcionarios libertarios, operadores de Karina Milei y empleados públicos reclutados por el nuevo poder son parte de una trama que mezcla extorsión, financiamiento partidario, estructuras paralelas y una auditoría interna que avanza con el impulso del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

El escándalo estalló tras un comunicado oficial firmado el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo —director y subdirector ejecutivo del PAMI— que anunciaba una auditoría interna en todas las delegaciones del país. El texto, respaldado por el ministro de Salud, Mario Lugones —hombre de extrema confianza de Caputo—, denunció “uso indebido de recursos públicos”, contrataciones irregulares y delegaciones convertidas en “cajas negras al servicio de la política”. Fue el puntapié de una operación política más amplia: intervenir el tejido territorial del Estado que Karina Milei y el clan Menem montaron desde diciembre de 2023, en especial sobre los organismos sociales del interior.

Las Unidades de Gestión Local (UGL), epicentro de las denuncias, son el brazo operativo más potente del PAMI en las provincias y concentran partidas millonarias que se ajustan a la cantidad de afiliados de cada región. El organismo cuenta con 38 UGL distribuidas en todo el país y un presupuesto actualizado para 2025 de más de $4,9 billones. Aunque la gestión centralizada de Leguizamo reforzó el control desde Buenos Aires, las UGL siguen siendo espacios de poder clave: pueden direccionar contrataciones, firmar convenios, articular con prestadores y, según múltiples testimonios, operar como base de recaudación partidaria.

Las denuncias se acumulan en distintos puntos del país. En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini abrió una causa tras la filtración de chats y planillas que daban cuenta de un supuesto sistema de aportes forzados. Los empleados de PAMI y ANSES habrían sido obligados a entregar un porcentaje de sus salarios como condición para mantener sus cargos.

En Santa Cruz, un audio exhibe al presidente local de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, pidiendo plata a una médica “para el alquiler” de la sede partidaria. “Todos tienen que poner”, dice en la grabación.

En Misiones, en tanto, el caso expuso el engranaje político de forma directa. Allí, la conducción del PAMI quedó en manos de Adrián Núñez, el referente local de Karina Milei y los Menem. Según una carta firmada por 22 funcionarios libertarios, Núñez habría montado un esquema para retener parte de los salarios de empleados del PAMI y la ANSES con el objetivo de financiar la campaña partidaria. Los aportes, presuntamente descontados durante los meses de enero y febrero, oscilaban entre el 10% y el 25% de los haberes mensuales, y funcionaban, según los denunciantes, como una condición para permanecer en los cargos. Núñez ocupa el tercer lugar en la lista legislativa que La Libertad Avanza presenta en la provincia para las elecciones del 8 de junio.

En La Plata, el caso es aún más explícito. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI local y diputada suplente bonaerense, denunció que le exigieron un retorno mensual de $1.000.000 para conservar su cargo. Los señalados: Sebastián Pareja, armador libertario en la provincia, y una de sus manos derechas, Juan Osaba. Aguirre asegura que fue despedida luego de negarse y comenzar a recolectar pruebas: fotocopias de contratos, grabaciones, chats por Telegram que desaparecían. “Lo que más me duele es que no hay control de nada. Y los afiliados son los que pagan”, dijo.

El caso de Junín arrojó combustible a la investigación. Allí, el conflicto estalló cuando una militante cercana a Caputo fue desplazada por responder a otro operador. La reacción fue inmediata: Milei se fotografió con la joven durante una recorrida en Lugano y ordenó la remoción del delegado Alberto Pascual, alineado con Pareja. El mensaje fue claro: se acabó la impunidad del otro bando.

También hay trazas de la trama en Mendoza. Allí, chats filtrados entre la diputada Lourdes Arrieta —que rompió con La Libertad Avanza el año pasado— y Diego Vartabedian —operador de Lule Menem y candidato porteño en la lista de Manuel Adorni— mostraron cómo se repartían cargos en las delegaciones del PAMI. “Lourdes, me dice Lule que me pases gente acorde al cargo y que sean militantes”, le escribió el funcionario. Aunque no hay pruebas directas de aportes compulsivos, la sospechosa apertura de locales partidarios en distritos donde La Libertad Avanza no tenía estructura previa (Guaymallén, Las Heras, Mendoza capital) despertó alertas.

Funcionamiento en riesgo

Pero la interna libertaria dentro del PAMI no solo se libra entre facciones: también se traslada al funcionamiento real del organismo. Según una fuente con conocimiento directo de la situación, Santiago Caputo tuvo que “hacer malabares” para sostener a la actual cúpula, que viene siendo cuestionada incluso desde adentro del Gobierno y que tiene al director Esteban Leguizamo a la cabeza.

La difusión del comunicado de auditoría impulsado por Lugones no solo abrió paso a las denuncias en La Plata y Misiones, sino que también activó reclamos internos por irregularidades en Santiago del Estero, San Luis y Mar del Plata. En esta última ciudad, el recambio de autoridades se dio luego de un pacto local con el intendente Guillermo Montenegro. La misma lógica se replicó en varias provincias, donde los relevos de directores y personal político en las UGL formaron parte de acuerdos subterráneos, según la fuente.

Uno de los puntos más sensibles es el de los prestadores alternativos, por donde —se comenta internamente— fluye buena parte del dinero. Según deslizaron a elDiarioAR, allí podría estar el “negocio más grande” del organismo: un esquema que escapa a los prestadores capitados —los que pagan una suma fija por cada persona cubierta, independientemente de la cantidad de servicios que recibe— y funciona a través de derivaciones con pagos especiales a efectores privados.

Respecto a la denuncia que detonó el escándalo en La Plata, puertas adentro del PAMI señalan que Aguirre aseguraba haber aportado 15 millones de pesos a la campaña de Pareja a cambio de su puesto. Aunque inicialmente parecía una operación dirigida contra el armador bonaerense, con el correr de los días el impacto se amplió al conjunto del organismo. “Es como un tiro en el pie”, resumieron, preocupados: “Antes, cuando había internas, se resolvían en silencio. Ahora todo es más grosero. Cambiaron los códigos”.

Desde el oficialismo, pocos hablan. Pero entre los cuadros medios del Gobierno, ya nadie duda de que detrás de la auditoría hay algo más que intención de transparencia: hay una ofensiva por el control de los territorios, el financiamiento de campaña y la construcción partidaria. El contraste con el discurso de campaña es brutal.

Milei prometió “romper con la casta” y terminar con el uso del Estado como botín. Sin embargo, lo que revelan estas denuncias es un sistema que se apropia de estructuras sociales sensibles para sostener el armado político de su propio partido. No se trata solo de revisar contrataciones o papeles. Se trata, en el fondo, de disputar quién maneja la maquinaria real del Estado libertario en el año electoral. Y quién paga el costo político por haber convertido a los jubilados en rehenes de una interna de que la no forman parte.

PL/MC