La directiva que había llegado al Senado desde Casa Rosada, minutos antes de que comenzara la sesión, fue sencilla, conservadora. Un debate corto, que no se extendiera hasta la madrugada, y una defensa inexpugnable de la media sanción de Diputados. Patricia Bullrich no podía permitir que el peronismo, que está juntando votos radicales para voltear el capítulo que elimina los pisos de inversión en ciencia y educación, modificara una coma del proyecto. La ley tiene que sancionarse el viernes, a como dé lugar.

El dolor de cabeza del Gobierno tiene nombre y se llama Capítulo 2 del Presupuesto nacional. Específicamente los artículos 12 y 30, que incluyen una serie de trabas y recortes al financiamiento de la ciencia y educación pública. El artículo 12, por ejemplo, autoriza a la Secretaría de Educación a congelar el envío de fondos a las universidades si considera que es insuficiente la información que le dieron sobre el uso de ese dinero.  

El artículo 30 del Presupuesto, mientras tanto, es más complejo aún. El artículo deroga cuatro leyes: la que garantiza que el financiamiento de la educación debe representar el 6% del PBI; la que obliga a incrementar progresivamente la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PBI; la que crea el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas; y la que fija la inversión programada en defensa nacional (FONDEP). Acompañado, en otro punto, de un recorte real de las partidas destinadas a las universidades nacionales, el artículo 30 sintetiza el desfinanciamiento a la ciencia y educación en el Presupuesto 2026. 

El problema del Ejecutivo, que quiere terminar la sesión con el Presupuesto sancionado, es que los aliados radicales se resisten a votar el ajuste en educación. “Yo quiero que el Presupuesto se apruebe, pero no puedo convalidar estas cosas. Estoy dispuesto a discutir eficiencia y transparencia, lo que no estoy dispuesto es a seguir leyendo los resultados de las pruebas Aprender, que son cada vez peores”, advirtió, una vez comenzado el debate, el catamarqueño Flavio Fama.

Fama no fue el único. Minutos antes, el radical bonaerense Maximiliano Abad anunció que tampoco votaría el ajuste en Educación. “El oficialismo sostiene una tesis falsa y peligrosa, que el conocimiento y la innovación no tienen nada que ver con el desarrollo”, cuestionó Abad.

En el Gobierno se despertaron las alarmas. Desde temprano que la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, está intentando convencer a los senadores radicales de que no introduzcan cambios en el proyecto. No había quedado conforme con la devolución del jefe radical, Eduardo “Peteco” Vischi, quien le había anticipado que el bloque votaría dividido.

El titular del bloque de la UCR intentó unificar postura más temprano, pero fue imposible: a las presiones de las universidades se les habían sumado las presiones de muchos compañeros de partido, por lo que garantizar una defensa uniforme al Presupuesto era impensado. Inevitablemente, una parte del bloque votará en contra de los planes del oficialismo. 

Negociaciones contrarreloj 

Antes de comenzara el debate, Bullrich pudo ofrecerle una primera victoria al Ejecutivo. La votación, tal como quería La Libertad Avanza, sería por capítulos, no por artículos. Así se votó, con el apoyo de casi todos los aliados, pese a la resistencia del peronismo.

El objetivo era acelerar el debate y dificultar el rechazo en la votación en particular, pero era un regalo tramposo. La experiencia del fracaso en Diputados así lo demostraba porque, si los radicales insistían en votar en contra de los artículos educativos, ya no se caerían solo un par de puntos, sino todo el capítulo 2 (que incluye el financiamiento para Bosques Nativos y el acuerdo de coparticipación). 

El fantasma de la derrota se instaló en las filas libertarias. Bullrich abandonó el recinto y pasó gran parte de la tarde encerrada en su despacho, en diálogo permanente con Casa Rosada y los senadores de la oposición. Cuando iban cuatro horas de debate, el ministro de Interior, Diego Santilli, llegó al Senado y se instaló en el despacho de Bullrich. Un par de horas después lo siguió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 

En paralelo, Santiago Caputo también dialogaba con senadores radicales y peronistas para intentar convencerlos de que no votaran en contra del capítulo 2. El Gobierno se volvió a jugar al todo o nada de la votación por capítulos y, ahora, hay que hacer control de daños. 

El deja vú de la previa al fracaso en Diputados está presente en la cabeza de todos los armadores libertarios. Necesitan evitar que no más de 3 radicales voten en contra del capítulo porque, si no, se cae. Y, con ello, se concretaría el mayor temor de Javier Milei. Es decir: una victoria a medias, con un Presupuesto aprobado, pero que tiene que volver a Diputados para su sanción definitiva.

MCM/CRM

El Senado votó un Presupuesto 2026 basado en números que difícilmente se cumplan, de acuerdo con los pronósticos de bancos y consultoras nacionales e internacionales. El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, previeron ingresos basados en la que la economía crecerá 5% y en que la inflación finalice el año próximo en sólo 10%. Además, calcularon los recursos sin prever que la flexibilización laboral que se discutirá en febrero prevé rebajas impositivas a empresas y consumos de lujo o que la Cámara de Diputados iba a insistir con los gastos extra de las leyes de discapacidad y universidades.

A principios de diciembre, la consultora española FocusEconomics, que releva predicciones sobre todo el mundo, preveía que la Argentina creciera en 2026 un 3,1%, como consenso del mercado. Sólo el banco suizo UBS y el británico EMFI Group son tan optimista como el Gobierno, con un 5%. Otras dos consultoras avizoran más de un 4%: Quantum Finanzas, del exviceministro de Economía Daniel Marx, con 4,5%; y MAP, de Juan Pablo Ronderos, con un 4% exacto.

“Vemos una mejora en las perspectivas políticas para Milei, ya que un mayor nivel de aprobación y apoyo en el Congreso le ayudará a aprobar leyes clave a favor del mercado en 2026”, se entusiasma EMFI Grup en un reporte de fin de año. Según su visión, la “amnistía fiscal” –como le llama a la ley de inocencia impositiva que se aprobará hoy también en el Senado–, la reforma laboral y las rebajas tributarias que se tratarían en sesiones ordinarias desde marzo impulsarían el crecimiento. La exportación lo impulsará.

Allí juega un rol clave Vaca Muerta. Lo curioso es identificar de quién es el mérito. El consultor más consultado por la industria petrolera, de indudable filiación pro mercado, Daniel Gerold, escribió en su reciente informe de G&G Energy Consultants acerca de obras y subsidios del gobierno pasado: “El cambio estructural que se produjo con la construcción del nuevo gasoducto desde cuenca neuquina y el incremento de producción en cuenca neuquina bajo el heterodoxo Plan Gas.Ar –sumado al desarrollo relevante de Fénix, en Tierra del Fuego–, generan una reducción de las importaciones de 19,7% en enero-octubre. La reducción es muy impactante, del 75,3% respecto al 2022 de precios muy altos por la invasión de Rusia a Ucrania. Solo cabe preguntarse qué ocurriría con la macroeconomía de no haberse iniciado este proceso”.

Entre los más pesimistas para la economía 2026, a la cabeza figuraba la consultora LCG, de Javier Okseniuk, con 0,7%, es decir, prácticamente un estancamiento respecto de un 2025 que sirvió para recuperarse del pozo de 2023 y 2024. Sin embargo, esas proyecciones se corrigieron después de que sorpresivamente el Indec anunciara crecimiento en lugar de la esperada recesión en el tercer trimestre. Aunque el dato fue llamativo, los empleados del Indec reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no lo objetaron, como sí habían hecho con las estadísticas durante el kirchnerismo, o como sí rechazan las críticas de Milei al informe de supermercados o las del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, al de viajeros desde y hacia el exterior.

A mayor expansión este año, mayor arrastre estadístico para el próximo. En su último informe, LCG vaticina un alza del PBI del 2,5%, de la mano de pocos sectores como el petróleo, la minería y el agro, lo que acentuaría la desigualdad sectorial. “Vemos todavía una recuperación incierta atada a cuestiones económicas, sociales y políticas, con marcadas disparidades”, señaló LCG.

“La estabilidad poselecciones y el recorte de las tasas de interés podrán dar algo de impulso al crédito, pero no creemos que este vuelva a traccionar de la misma forma que en 2024”, advierte la firma de Okseniuk. “La irregularidad de la cartera de consumo llega al 7,8% en octubre, máximo en 15 años y subiendo constantemente desde hace un año. En paralelo, habrá que ver en qué momento los anuncios de inversión (por ejemplo, los del RIGI, Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) pasan a la etapa de ejecución. Las dudas remanentes respecto a la estrategia cambiaria, a pesar de la modificación en la actualización en el esquema de bandas, podrían estirar el 'esperar y ver' en muchos casos. A su vez, el impulso fiscal seguirá siendo muy acotado según lo que se observa en el proyecto del presupuesto 2026, donde el Gobierno se comprometió con un superávit primario (antes del pago de deuda) del 1,5% del PBI, en línea con 2025. La clave seguirá puesta en el sector externo, aunque entendemos que todavía el aporte al crecimiento será menor, con exportaciones creciendo en el margen (excluido Vaca Muerta) e importaciones al alza debido a la elasticidad importaciones-actividad y cierta estabilidad del tipo de cambio”, continúa LCG.

No todos los proyectos RIGI tienen financiamiento y, por tanto, no arrancan rápido como sí lo hará el recientemente aprobado de la ampliación de la mina de oro Gualcamayo, en San Juan, por US$665 millones. En un almuerzo con la prensa previo a la Navidad, su dueño, el empresario español Juan Pablo Retamero, que durante décadas se dedicó a la comercialización de vinos y otros productos argentinos, contó que desde 2023, ante la imposibilidad de disponer de las divisas, empezó a invertir en la Argentina y primero compró el yacimiento. Confiado en que el oro seguirá de récord en récord en una economía mundial incierta, ya apostó US$ 100 millones y espera financiar su RIGI con el mismo oro que tiene en la mina. A diferencia de otros compatriotas suyos, que se preguntan por la agenda pendiente de Milei como las reformas laboral o tributaria, Retamero tira para adelante. Ya hay diez RIGI autorizados por el Gobierno, pero la mayoría de ellos ahora debe salir a buscar crédito para iniciarlo. Por ahora sólo arrancaron las obras de las iniciativas para exportar petróleo y gas de Vaca Muerta. Para que comiencen a producir las minas habrá que esperar a 2030 aproximadamente.

Pero no todos los proyectos mineros marchan al mismo ritmo. Después de meses de retraso, en septiembre pasado una de las mineras más grandes del mundo, la china Zijin, inauguró su planta de procesamiento de Litio en Fiambalá, Catamarca. Pero el pasado día 15 la Asociación Obrera Minera (AOMA) anunció un paro por un nuevo conflicto por las condiciones de seguridad e higiene. Zijin negó que las tareas se hubiera paralizado y aseguró que está comprometida con cumplir las normas. Este lunes se discutirá en audiencia pública en Fiambalá una iniciativa para triplicar la extracción de litio con métodos supuestamente menos dañinos al medio ambiente, pero hay resistencia de vecinos. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, peronista aliado de Milei, la respalda.

Y estamos hablando de los sectores que empujan el crecimiento. Hay dudas sobre el resto. Uno de los mayores industriales de la Argentina reconoce que teme por la continuidad de una de sus fábricas por el avance de la importación china, considera que 2026 definirá la supervivencia o cierre de muchas plantas y duda del impacto de la flexibilización laboral en la mitad de los trabajadores que está en la informalidad, de una reforma tributaria que se demora y no parece apuntar a las inversiones medianas y pequeñas y un tipo de cambio que, según su opinión, supone un “salvavidas de plomo”. El peso está tan sobrevaluado ahora como el oficial en la previa de las primarias presidenciales de 2023. Como dice otro ejecutivo de otro gran grupo industrial: “Estamos mal y podemos estar peor”.

Otra consultora que corrigió su perspectiva de PBI para 2026 a partir del dato del Indec sobre 2025 fue Eco Go, la de Marina Dal Poggetto. Antes calculaba una suba de sólo 1,7%. Ahora habla de un 3% en uno de sus escenarios, aquel que prevé que el Gobierno comience a acumular reservas comprando dólares por debajo del techo de la banda cambiaria, que desde enero se actualizará por inflación y no sólo 1% mensual. La firma Analytica, en cambio, mantiene la predicción de sólo 1,6%. “2025 te deja un bajo arrastre estadístico y, a su vez, no hay perspectivas de un fuerte repunte del consumo privado ni del público”, comenta su director, Claudio Caprarulo. Contrasta con el optimismo oficial también en lo que hace a la inflación: atisba un 28%.

El consenso del mercado en FocusEconomics habla de un índice de precios al consumidor (IPC) a fines de 2026 del 18%. Pero Mapfre Economics, la consultora de la aseguradora española, teme un 29; y las británicas Capital Economics y Oxford Economics, 24%. “Ya la mayor desinflación pasó en 2025”, señala el analista Mauricio Monge, de Oxford. Se pasó del 117% en 2024 al 31% interanual hasta noviembre pasado. Si la banda cambiaria sube su máximo y se acumulan reservas, será muy difícil lograr el 10% dibujado en el presupuesto.

Hay quienes preveía a principios de diciembre un 12%, como C&T Asesores Económicos, de María Castiglioni y Camilo Tiscornia, y la brasileña E2 Economia. Pero C&T lo corrigió al 16%. Al 13% apuntaban la británica EIU (Economist Intelligencia Unit), la norteamericana Econosignal Deloitte y Orlando J. Ferreres & Asociados. “Si bien en 2025 tenemos un inflación del orden del 30%, estimamos que eso va reducirse bastante hacia mediados de 2026”, explica Ferreres, exviceministro de Economía. “Esto es un escenario bueno para el Gobierno. En un escenario pesimista, la inflación anual es del doble de ese 13”, alerta. Ese panorama positivo, si le salen todas bien a Milei y Caputo, incluye un crecimiento económico del 3,5%. Pero el escenario pesimista habría expansión cero, aclara Ferreres.

Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica y del consejero de asesores económicos de Milei, prevé 15% de inflación. ¿En qué se basa? “En 2024 se equilibraron las cuentas públicas, en 2025 se dejó de emitir, el Banco Central dejó de comprar dólares y, en consecuencia, se secó la plaza de pesos, con lo que colapsaron la brecha cambiaria y la inflación. Con el rebote económico se va a secar definitivamente el exceso de pesos en 2026”, responde. Caputo ha dicho que el Gobierno no adquirirá divisas si no hay demanda para los pesos que debe emitir para comprarlas. Claro que son hipótesis trazadas para el caso de que todo marche de acuerdo al plan. El ministro de Economía trastabilló al tercer año del gobierno de Mauricio Macri. Arranca el tercero de Milei.

AR /MC

La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.

La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.

El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.

La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.

Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.

Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.

El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.

JJD

El Gobierno no quiere sobresaltos. Desde el mediodía comenzó, en el Senado, la sesión en la que La Libertad Avanza buscará sancionar el Presupuesto por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Patricia Bullrich está resignada a aprobar la versión de Diputados, sin el capítulo XI que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, y cerrar el año con una victoria. Aunque sea a medias.

Bullrich no está tranquila, sin embargo. El Gobierno está convencido de que, con el apoyo de los radicales, el PRO y los gobernadores, el Senado aprobará el Presupuesto 2026. Fue el acuerdo al que llegó con los jefes de bloque dialoguistas, como Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO) y “Camau” Espínola (Provincias Unidas), a cambio de no forzar la re introducción del capítulo XI. Abrir el debate era demasiado peligroso y, además, no tenía asegurado el número. Pero, a pesar del acuerdo, a último momento saltó una alarma: la oposición no iba a quedarse quieta y estaba trabajando para voltear otros artículos del proyecto.

El artículo que el peronismo puso en la mira es el 30, que incluye la derogación de varias leyes destinadas al financiamiento de la Educación. Deroga, por ejemplo, el artículo de la Ley Nacional de Educación que establece que el presupuesto destinado a Educación debe ser el 6% del PBI. Elimina, a su vez, la obligatoriedad de incrementar progresivamente, año a año, el porcentaje del presupuesto destinado a fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El objetivo de la bancada que preside José Mayans es voltear el artículo 30 tal como Diputados, la semana pasada, volteó el capítulo XI. Cuenta con una base de 32 votos en contra, entre los que se encuentran los 28 peronistas –21 del bloque Justicialista, 5 de los díscolos de Convicción Federal y 2 del bloque de Gerardo Zamora-, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la cordobesa Alejandra Vigo y, por ahora, la salteña Flavia Royón. Necesita llegar a 37 y apuesta, para ello, a sumar el voto radical.

Las conversaciones de Mayans con los senadores de la UCR comenzaron hace unos días, en paralelo a las que mantenía la propia Bullrich para convencerlos de sumar el capítulo XI volteado por la Cámara de Diputados. Hay algunos radicales con vínculos con las universidades, como Flavio Fama (Catamarca) o Maxi Abad (PBA), que podrían plegarse a su embestida. “Ellos tienen que evitar mimetizarse con el Gobierno. Pero hay que ver qué hacen, los radicales son muy vendidos”, masculla, con irritación, un senador del peronismo.

Bullrich está preocupada. El rechazo al artículo no solo implicaría un golpe al cálculo fiscal de Milei –quien ya amenazó con vetar la ley cuando se cayó el capítulo XI por “romper el superávit”, aunque después tuvo que desdecirse ante la amenaza de los aliados de no votar la reforma laboral si vetaba el Presupuesto–, sino que implicaría un retraso en la sanción final. Ya que el proyecto, de ser modificado, tendría que volver a la Cámara de Diputados.

Martín Menem, por si acaso, se prepara para sesionar el 29 de diciembre o el 6 de enero. Ya le envió un mensaje a los diputados libertarios de que estuvieran atentos a la sesión del Senado porque, de haber cambios, tendrán que modificar sus planes de vacaciones. 

La pelea por la AGN se patea a febrero

La mojada de oreja de Menem al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por el reparto de las sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso en stand by el acuerdo que Bullrich había cerrado con el peronismo y el radicalismo. La jefa del oficialismo en el Senado tenía planeado designar a los tres auditores que faltaban –que elige el Senado–, pero la crisis que se abrió con el PRO la semana pasada, luego de que Menem cerrara un acuerdo con el peronismo y aprobase a la madrugada la designación de los tres auditores de Diputados sin el PRO, le hizo aplazar los planes. 

Por una cuestión numérica, al PRO en el Senado no le corresponde ninguna silla en la AGN, que es el organismo encargado de controlar y auditar al Poder Ejecutivo. Sí le corresponde, en cambio, a la UCR –que quiere poner a Luis Naidenoff–, al peronismo –que pretende renovar el cargo de Javier Fernández– y a LLA, si logra cerrar un acuerdo con los dos primeros. Pero para evitar continuar tensando con el PRO, Bullrich buscará patear la votación para febrero.

“Hagamos solo Presupuesto y chau, ¿para qué complicar?”, le explicó Bullrich, por teléfono, a uno de los armadores del peronismo. No complicar: el mantra que la ex ministra repite a aliados y enemigos durante las fiestas.

MCM/CRM

La Cámara de Diputados votó en la madrugada de este jueves en el recinto el primer presupuesto de Javier Milei, el de 2026, después de dos años de gobernar prorrogando el de 2023, el último del peronismo y aprobado por el Congreso, claro que modificado según el parecer de su motosierra para muchos y de sus rebajas tributarias para algunos. Pero “para obtener una perspectiva completa”, la Asociación Civil por la Justicia y la Igualdad (ACIJ) y otras otras organizaciones recomiendan comparar las erogaciones del año próximo con las de hace tres años y el resultado es una disminución del 24,6%, es decir, un cuarto menos que implica amputar directamente determinadas tareas que antes cumplía bien o mal el Estado.

“El proyecto establece un aumento interanual del gasto del 6,4% en términos reales en servicios sociales frente a 2025, pero este incremento resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% entre 2023 y 2026”, continúa ACIJ. Las partidas que más se recuperan son la de Seguridad Social, es decir jubilaciones y pensiones, dado que aumentan por inflación, pero el bono para la mínima se mantiene congelado en $70.000, con lo que se reduce 2,8% respecto de hace tres años.

También las de salud suben fuerte, 26,5%, porque se expande 47% el programa de los 1.000 Días, para acompañar los primeros tres años de vida de los niños, y 22% la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de modo de contrarrestar la expansión de sífilis del 71% entre 2020 y 2024. Aunque se hará con menos reparto de preservativos: 15 millones de unidades, en lugar de 54 millones, según observó la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y su Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que asisten a los diputados de Unión por la Patria (UP) Itai Hagman y Natalia Zaracho.

A pesar de la intención del Gobierno de derogar las leyes que durante este año aprobó el Congreso para recuperar los presupuestos de discapacidad, universidades y hospitales pediátricos como el Garrahan, la votación en particular finalmente rechazó el Capítulo XI donde de incluían estos ítems, y que también planteaba acotar las zonas frías que reciben subsidios al gas y la electricidad, al tiempo que se prevén más aumentos de tarifas y del impuesto a los combustibles. En cambio, se establece un mecanismo de compensación para las distribuidoras eléctricas que se hayan visto perjudicadas por las leyes de emergencia económica, aquellas que congelaron tarifas tras la crisis de 2001.

En el proyecto, la asignación universal por hijo, que reciben desempleados y trabajadores informales, y las asignaciones familiares, que cobran los empleados formales, dejaban de actualizarse por inflación y aumentaban según el criterio y los tiempos que se le antojen al Gobierno.

En el presupuesto 2026 los gastos tributarios, es decir, las rebajas impositivas para algunos sectores, aumentan 2% en términos reales, lo que representa el 24,1% de toda la recaudación proyectada, según ACIJ. Es decir, de todo los impuestos que se recolectan, un cuarto se escurren para beneficiar a determinadas actividades. “Mientras el gasto total del Estado nacional cayó entre 2023 y 2026 casi un 25% y el gasto social lo hizo en un 16%, los gastos tributarios se redujeron apenas un 10%”, insiste la ACIJ.

Los beneficios impositivos representan el 3,4% del PBI. Más que todo lo recaudado por el IVA, equivalente al 3,2% de la economía. La rebaja de Ganancias a jueces y demás empleados del Poder Judicial suponen 0,09% del PBI; el descuento a la educación privada, 0,1%; a las prepagas, 0,05%; al impuesto a los bienes personales para quienes tienen depósitos bancarios, 0,01%; la minería, 0,06%; la electrónica de Tierra del Fuego, 0,17% y la economía del conocimiento, que beneficia a empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar, 0,5%. Estas últimas dos empresas y otras 19 fueron denunciadas por el sindicato informático ante el Ministerio de Economía por recibir el beneficio pese a presuntamente incumplir la contraprestación de mantener el personal.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) apuntó que el Gobierno determina, a su vez, un cupo fiscal o límite máximo de beneficios que el Estado puede otorgar en un período determinado. Y en este sentido señala que el cupo de la educación técnica se reduce 5,1%, el del fomento de las inversiones automotrices, 12,5%, pero el de la economía del conocimiento se eleva 39,1%, mientras se elimina el correspondiente a la promoción de energías renovables.

La ASAP, al igual que otras entidades, menciona que el presupuesto basa sus números en proyecciones macroeconómicas optimistas respecto a lo previsto por el consenso de los economistas de consultoras, bancos, universidades y think tanks relevados por el Banco Central. El proyecto prevé que la economía crezca 5,4% en 2025 y 5% en 2026, con la consiguiente expansión de la recaudación. Pero el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Central marca un 4,4% para este año y un 3,4% para el próximo.

La inflación acabaría 2025 en 31,3% y 2026, en 18,2%, según el REM, lejos del 24,5% y del 10,1% soñados por el Gobierno para ambos periodos, respectivamente. Y el dólar mayorista ya está en $1.449 y el minorista, en $1.480. El presupuesto delira pensando que a fin de año bajará a $1.325 y para dentro de un año, a $1.423. El REM lo pronostica a 1.473 este 31 de diciembre y a 1.668 en noviembre próximo, y eso que esas predicciones se elaboraron antes de que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, se rindiera ante la evidencia y ampliara la actualización de las bandas cambiarias del 1% mensual a un ritmo igual a la inflación, que el último mes fue del 2,5%.

En el presupuesto no se prevé rebajas tributarias. La reforma prometida a los empresarios deberá esperar a las sesiones ordinarias, que comienzan en marzo. Por ahora se mantienen las retenciones a la exportación, que representa el 7% de lo recaudado, y el impuesto a las transferencias financieras, que son el 18%. Nada se habla de crear un superIVA para reemplazar a los Ingresos Brutos de las provincias.

Por lo pronto, sólo habrá algunos recortes en el proyecto de flexibilización laboral: una merma de la alícuota de Ganancias para empresas, del 35% al 31,5% para las grandes y del 30% al 27% para las pymes; a las entradas de cine y el streaming, los objetos de lujos, los autos, las motos, los barcos y los aviones, los seguros y la telefonía, curiosas rebajas para supuestamente fomentar el empleo, teniendo en cuenta que varios de esos artículos son importados y de que ciertos gravámenes financian el trabajo local. En el presupuesto sí se elimina la exención tributaria a la compra de diarios y revistas.

El diputado de UP Guillermo Michel advirtió que las rebajas impositivas de la reforma laboral no están previstas en el presupuesto. Calculó que la merma de Ganancias para compañías supone el 0,3% del PBI. Nada se dice sobre cómo se compensarán estos jubileos tributarios para algunos.

ASAP señala el incremento del 5,5% del gasto en intereses de la deuda. Eso incluyo los vencimientos por más de US$4.000 millones en enero. Caputo ya dijo que cuenta para ello con 1.000 millones que obtuvo en la colocación de un bono local, otros 7.000 millones que le ofrecen bancos y los swaps (canjes de moneda) con EE UU y China, por 20.000 millones y 18.000 millones, respectivamente.

Pero para el resto del año, Caputo buscará volver a los mercados internacionales de deuda, para refinanciar los bonos de bajísimos intereses que había renegociado en 2020 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Teniendo en cuenta eso, el proyecto de presupuesto elimina un artículo de la ley de administración financiera que obliga a que los canjes o reestructuraciones de deuda cumplan con mejoras objetivas para el Estado en términos de baja del capital, extensión de plazos, o reducción de tasa de interés. Se nota que prevé empeorarlas.

El gasto de capital, o inversión pública, caerá 11,8% respecto de 2025, con lo que consolidará una poda del 74,7% en relación a 2023, según ASAP. Entre lo poco que se hará figuran la compra de cuatro helicópteros para la Base Naval Puerto Belgrano; la construcción de un acueducto y dos plantas potabilizadoras en Catamarca y Santiago del Estero, la del sistema de provisión de agua potable en la de Tucumán, todas provincias peronistas pero que el gobierno libertario busca seducir; algunas obras de mantenimiento de la Dirección Nacional de Vialidad -sólo se prevé privatizar un cuarto de la red vial y persisten las críticas opositoras al estado de las rutas- y otras en la Corte Suprema. En el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023, según ACIJ.

En relación a 2025 se ajustan algunas partidas en general: la de inteligencia, una de las pocas que había crecido con Milei, el 3,1%; la de acciones para fomentar el trabajo, 1,3; la de vivienda, 6,9%; la de agua potable, 0,9%; la de agro, que incluye desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) hasta la agricultura familiar, el 6,2%; la de ecología, 5,4% y la de comercio y turismo, el 6,1%, ambas áreas bajo control del secretario de Turismo y Ambiente (le quitaron Deportes), Daniel Scioli.

Sin embargo, en comparación con 2023, todos los rubros caen. Así se puede apreciar en el siguiente gráfico:

La ASAP señala que se ponen límites a la hora de incorporar empleados públicos en áreas como ciencia, orquestas, coros y ballet nacionales o Vialidad, pero hay una excepción: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Es la dependencia que privatizará la hidrovía del río Paraná. También se da de baja las normas que obligaban a invertir el 6% del PBI en educación, entre la Nación y las provincias; el 1% en ciencia a partir de 2032 y el 0,2% de los ingresos corrientes en escuelas técnicas.

En educación se prevé un aumento del 4% en comparación con 2025 empujado por el Plan Nacional de Alfabetización, pero la retracción contra 2023 es del 49%, destacándose la caída del gasto en universidades (-31%), las becas Progresar (-76%), infraestructura y equipamiento (-84%, incluía la construcción de jardines de infante) y formación tecnológica (-88%, contemplaba el plan de reparto de computadoras), según el OCEPP. Continúa el ajuste en el complejo científico y tecnológico al comparar con 2023: el Consejo de Investigaciones, Conicet (-38%), el Banco Nacional de Datos Genéticos, BNDG, clave para recuperar la identidad de los bebes robados por la última dictadura (-55%), el Instituto de Tecnología Industrial, INTI (-48%), el INTA (-46%), la Comisión de Energía Atómica, CNEA (-65%) o la de Actividades Espaciales, CONAE (-95%).

En salud el gobierno se derrumban versus 2023 la atención a consumos problemáticos de la Sedronar (-30%), el control de alimentos y remedios de la Anmat (-31%), el Garrahan (-6%) y otros hospitales como el Carrillo (-28%), el Posadas (-30%) o el Bonaparte (-43%), según la OCEPP. Se observa una reducción del 8% del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el mismo organismo donde se cobraban coimas por la compra de medicamentos. El proyecto supone un 17% menos de pensiones por discapacidad.

La Tarjeta Alimentar dejó de mejorar en 2025 y junto con las partidas de niñez y adolescencia caen 44% respecto de 2023, al tiempo que se eliminó por completo el programa Economía Social. En infraestructura se quitaron partidas dirigidas a la preservación del medio ambiente; el desfinanciamiento casi total de asistencia a municipios y obras vinculadas al sistema de salud, educativas y de cuidado, se reducen lo destinado a infraestructura hídrica. Desaparecieron programas de vivienda como el Procrear y el Casa Propia, mientras que virtualmente corre la misma suerte de integración sociourbana, o urbanización de villas, así como el de mudanza de los vecinos afectados por la contaminación del Riachuelo. De las 1.365 obras registradas por la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), sólo el 37% se completó, mientras que el 63% restante se encuentra paralizado o suspendido. 

En Seguridad, “a pesar de la retórica del gobierno nacional, se destacan menor presupuesto dirigido a formación y capacitación de las fuerzas, con descensos de entre 37% y 43% respecto de 2023; una desinversión en patrullaje de fronteras o en la prevención de delitos complejos como el narcotráfico, que cae entre un 20% y un 40%”, advierte el OCEPP. Considerando el presupuesto de las cuatro principales partidas vinculadas a la prevención y atención de la violencia de género (Acompañar, Línea 144, Protección de Víctimas de Violencia y ESI), se registra una caída del 89 % entre 2023 y 2026, según ACIJ. La educación sexual integral (ESI) representa apenas el 2% de lo ejecutado en 2023. Se desfinancia la promoción de la salud mental. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se reduce 85% respecto a 2025, que ya había sido ínfimo, según ACIJ.

AR/MG

El Congreso vivirá este miércoles una jornada de alta intensidad política, con tres frentes legislativos abiertos en paralelo y un mismo denominador común: el intento del oficialismo de acelerar definiciones clave antes de fin de año. Mientras el Senado pondrá en marcha el debate exprés de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados se encamina a votar el Presupuesto 2026, con dictamen de mayoría ya asegurado por La Libertad Avanza y sus aliados.

La agenda comenzará temprano en la Cámara alta. Desde las 11 de la mañana quedará conformada la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que presidirá Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque libertario y principal operadora del Gobierno para destrabar la reforma laboral. Apenas constituida, la comisión se reunirá en plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con la intención de emitir dictamen en tiempo récord.

El cronograma fue definido este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde el oficialismo acordó con los jefes de bloque avanzar con una dinámica acelerada: dos jornadas de debate, dictamen el viernes y una sesión prevista para el 26 de diciembre, una fecha inusual por la cercanía de las fiestas. Bullrich confirmó el plan y anticipó que buscarán una mayoría operativa con aliados del PRO, la UCR y bancadas provinciales para sostener el ritmo del tratamiento.

En paralelo, el Senado también activará este miércoles el debate por la reforma de la Ley de Glaciares. A las 12 se conformarán las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Minería, Energía y Combustibles, y Justicia y Asuntos Penales, que trabajarán en plenario sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa propone modificar el marco de protección de glaciares y del ambiente periglacial, reforzando el rol de las provincias en la delimitación de las áreas protegidas y habilitando mayores márgenes para el desarrollo de actividades productivas, incluida la minería.

La discusión reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio consenso social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema en 2019. Científicos advierten que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y alertan sobre los riesgos de su degradación en un contexto de cambio climático.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el foco estará puesto desde las 14 en el recinto, donde el oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026. La Libertad Avanza logró este martes dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 28 firmas, gracias al acompañamiento del interbloque “Fuerza del Cambio” y de legisladores que responden a gobernadores dialoguistas. El despacho incluye modificaciones polémicas, como la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, vetadas por el presidente Javier Milei y luego insistidas por el Congreso.

La oposición cuestionó con dureza esos cambios y presentó dictámenes alternativos. Desde Unión por la Patria advirtieron que el proyecto consolida un esquema de ajuste sobre áreas sensibles como educación, ciencia y políticas sociales, mientras prioriza el pago de la deuda. El oficialismo, en cambio, defendió el equilibrio fiscal como eje central del presupuesto y lo presentó como una señal de previsibilidad hacia los mercados.

El despliegue legislativo del oficialismo se da en un clima de creciente tensión social. La CGT y otras centrales sindicales convocaron a una movilización para este jueves en rechazo a la reforma laboral, mientras organizaciones ambientales anticipan protestas por los cambios en la Ley de Glaciares. Aun así, el Gobierno apuesta a cerrar el año con avances legislativos de alto impacto, apoyado en alianzas parlamentarias y un cronograma que deja poco margen para dilaciones.

Si el plan se sostiene, el Congreso cerrará el año con definiciones clave en materia económica, laboral y ambiental, concentradas en apenas unos días y bajo una estrategia de velocidad que vuelve a poner al Parlamento en el centro de la escena política.

CRM/MG

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó este lunes al diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente del cuerpo, en un movimiento que le permite al oficialismo avanzar con un tratamiento acelerado del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

La comisión volverá a reunirse este martes al mediodía con el objetivo de emitir dictamen y dejar el texto en condiciones de ser tratado y eventualmente aprobado en el recinto en los próximos días.

La Libertad Avanza cuenta con 20 diputados propios dentro de la comisión, que tiene 49 integrantes. Sin embargo, al sumar el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, el oficialismo alcanza 28 firmas, número suficiente para garantizar un dictamen de mayoría sin sobresaltos.

Del lado de la oposición, Unión por la Patria reúne 18 integrantes en la comisión, mientras que la alianza Unidos -que nuclea a Provincias Unidas y otros dos bloques- aún no definió a sus tres representantes. La indefinición responde a una protesta por la representación asignada por el oficialismo en una de las comisiones más estratégicas del Congreso.

Con este escenario, el Gobierno apuesta a un debate exprés para cumplir con el objetivo de sancionar el Presupuesto 2026 antes de fin de año, en un contexto de fuerte discusión política y con una oposición que cuestiona tanto los tiempos como la distribución de poder dentro del cuerpo parlamentario.

Con información de la agencia NA

El oficialismo definió este miércoles una comprimida hoja de ruta para la semana que viene, y que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a estar encabezadas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes próximo, en tanto, está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves, trascendió de varios diputados nacionales opositores que el martes participaron de reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Este miércoles, a su vez, hubo un desfile de diputados opositores en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada uno de los bloques.

“Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro”, graficaron altas fuentes parlamentarias de la oposición, disconformes con la política de distribución de lugares en las comisiones.

Rabioso, un diputado del Frente de Izquierda se quejó porque excluyeron a esa fuerza política de comisiones clave como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente. Solamente le garantizaron una silla (que ocupará Néstor Pitrola) en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se trabajará la reforma laboral no antes de la segunda quincena de enero.

El oficialismo aplica un criterio numérico estricto vinculado al sistema de reparto proporcional D’Hont, que lleva a que La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) se repartan entre ambos más del 70% de los lugares disponibles en las comisiones y obliga el resto de las fuerzas a estar a los codos peleándose por las migajas restantes e implorándole a Menem y Bornoroni para que tengan una deferencia hacia ellos en detrimento de los demás.

La Comisión de Legislación Penal tratará de inmediato la Ley de Inocencia Fiscal, pero también será el ámbito donde se discutirá la reforma del Código Penal que impulsó Patricia Bullrich durante su reciente gestión como ministra de Seguridad.

En tanto, las Comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales deberán constituirse para recibir el debate de la reforma de modernización laboral, que comenzará su recorrido en el Senado y desembarcará en Diputados a fines de enero o febrero.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente será cabecera del debate para la reforma de la ley de Glaciares, que tiene como motor el entendimiento entre Nación y las provincias cordilleranas para generar un régimen más atractivo para captar inversiones y explotar los recursos mineros y energéticos.

Con información de la agencia NA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este lunes a Corrientes y obtuvo el respaldo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral e impositiva que el Gobierno pretende debatir en las sesiones extraordinarias. La reunión, que se extendió por casi dos horas en la Casa de Gobierno provincial, se inscribe en la gira federal que el funcionario despliega para asegurar apoyos legislativos entre los mandatarios que firmaron el Consejo de Mayo.

Durante el encuentro, Santilli y Valdés acordaron una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y en todo el país”. También coincidieron en la necesidad de que el Congreso avance con el paquete de reformas estructurales impulsado por Javier Milei, en un clima de urgencia marcado por la falta de Presupuesto vigente.

Valdés, que concluirá su mandato en los próximos días y será sucedido por su hermano, Juan Pablo, aprovechó la visita del ministro para reiterar reclamos históricos de la provincia: la regularización de deudas previsionales, compensaciones pendientes y fondos por regalías de Yacyretá. Según estimó, la deuda total supera los 300 mil millones de pesos, entre cajas jubilatorias no transferidas, ATN y recursos adeudados por el sector energético. También volvió a plantear la pérdida de un punto de coparticipación que Corrientes reclama desde hace años. “Son entre 500 y 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”, advirtió.

Santilli reconoció la complejidad fiscal del escenario nacional, pero planteó que las reformas proyectadas son imprescindibles para reactivar la economía. “La frazada es corta. El 85% del gasto nacional es jubilación, salud y educación. Por eso es necesario crecer y crecer”, señaló. En ese sentido, destacó que bajar el riesgo país y facilitar el acceso al crédito permitiría apuntalar inversiones, exportaciones y desarrollo productivo.

La agenda bilateral incluyó, además, un repaso por obras clave para la provincia, como el segundo puente Chaco–Corrientes, y sectores estratégicos como forestación, arroz, ganadería y mercados de exportación.

La visita del ministro del Interior forma parte de una serie de encuentros con gobernadores para garantizar apoyos en el Congreso. En los últimos días, Santilli ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros. Esta semana tiene previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, quien también mantiene un reclamo millonario contra la Nación por deudas previsionales.

El Gobierno busca acelerar los consensos para aprobar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, resistida por la CGT, y dejar para febrero el resto del temario extraordinario. En la Casa Rosada reconocen que los votos que responden a Valdés, un diputado y tres senadores nacionales, serán decisivos para la pulseada parlamentaria que se viene.

CRM

Patricia Bullrich abraza a Verónica Razzinni con entusiasmo y sonríe para la foto: Martín Menem acaba de robarle una nueva diputada al PRO y la dupla karinista está exultante. Hace apenas unas horas, a unas cuadras, el gobernador Raúl Jalil anticipó a sus socios que romperá el bloque peronista en Diputados y se llevará a tres de sus diputados. El riojano tiene la fantasía de arrancar las sesiones extraordinarias como primera minoría de la Cámara de Diputados. Y está a solo un paso de lograrlo.

Los dos embajadores de Karina Milei en el Congreso ya se pusieron de acuerdo en el cronograma y el plan de trabajo de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 10 de diciembre y se extenderán hasta febrero. El objetivo principal es aprobar el Presupuesto 2026 y ofrecérselo a Scott Bessent como muestra de gobernabilidad. El encargado de juntar los votos entre los gobernadores es Diego Santilli, y en el Gobierno esperan que, una vez que comience el período extraordinario, el trabajo legislativo sobre el Presupuesto sea solo un trámite. 

El debate comenzará el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados. Menem espera tenerlo aprobado para el 17 o 18 de diciembre y, tras una semana reglamentaria de espera, sancionarlo en el Senado el 30 de diciembre. El grueso de la negociación la sostendrá Santilli, que viene recopilando el pliego de demandas de los gobernadores hace un par de semanas. Los mandatarios, sin embargo, vienen quejándose de que el Gobierno vuelve a dilatar el desembolso de recursos. 

Negociar sin plata en el bolsillo

El caso de Misiones es paradigmático. Pocos días después de haberse acercado a ratificar el apoyo de los diputados que responden a Carlos Rovira, el Gobierno desarticuló el Instituto Nacional de la Yerba Mate, clave en la economía misionera. En Salta, mientras tanto, Gustavo Sáenz todavía está a la espera que las promesas de Santilli se publiciten en el Boletín Oficial. Una vez más, insisten los gobernadores, el Gobierno promete y pide apoyo, pero no cumple. 

El ministro de Interior tiene por delante la difícil tarea de negociar sin plata en el bolsillo, y apuesta a convencer a los gobernadores que integran el Consejo de Mayo a que ayuden al Gobierno a cambio de otra cosa. Ofrece avales de endeudamiento y promete cumplir con las deudas en materia de coparticipación. Propone revisar las retenciones de algunas zonas clave y ofrece modificar leyes ambientales que limitan la explotación minera.

La reforma de la ley de Glaciares, por ejemplo, será clave. A pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el Gobierno tiene planeado modificar la ley sancionada en 2010 que prohíbe la explotación minera en glaciares y en zonas “periglaciares”. Ya lo había intentado en la versión original de la Ley Bases, pero tuvo que quitarlo del texto original como resultado de las negociaciones con la ex “oposición responsable”.

El proyecto, entonces, habilitaba la actividad económica en ambientes periglaciares –zonas que rodean a los glaciares, por lo general debajo de la tierra– y limitaba la definición de “glaciar”. El Gobierno pretende, ahora, dejar en manos de las provincias el control de aplicación de la ley: un reclamo histórico de los gobernadores, que argumentan que la Constitución les otorga potestad sobre los recursos naturales de sus territorios.

La reforma de la ley de Glaciares comenzará a debatirse en el Senado en diciembre, en paralelo al debate de Presupuesto. La decisión no es causal: el Gobierno apuesta a anotarse el apoyo de todos los gobernadores de las provincias donde hay proyectos de explotación minera en zonas de glaciares. Es el caso de San Juan y Mendoza, pero también de Catamarca, Jujuy y Salta. 

Y, a diferencia de lo que ocurrirá con la reforma laboral –que también comenzará a debatirse en el Senado a partir de diciembre–, el Gobierno cuenta con que este proyecto dinamitará el propio peronismo. En la bancada que preside José Mayans ya son varios los senadores que advierten que, sea cual sea la posición del bloque, ellos votarán para modificar la ley. Será un 2x1: conseguir votos para el Presupuesto y, de paso, quebrar la unidad del peronismo. 

Dos polos y un archipiélago

Menem está convencido de que tendrá el número para aprobar el Presupuesto. No solo confía en que los gobernadores, cuando llegue el momento, preferirán tener un Presupuesto –cualquier Presupuesto– a no tener uno. Sino que apuesta a que el PRO, con quien el riojano entró en guerra en las últimas semanas, no tendrá otra que acompañar en el recinto.

El problema de Menem con Cristian Ritondo comenzó cuando dio rienda suelta a su fantasía para el nuevo Congreso: convertir a La Libertad Avanza en primera minoría de la Cámara de Diputados. Primero se comió a los ocho diputados bullrichistas, que responden a Damian Arabia. Luego, absorbió a los tres “radicales con peluca”. Y, unos días después, se anotó a una nueva diputada del PRO, la santafesina Razzinni. 

LLA tiene, por estas horas, un total de 92 diputados propios. Pero es solo cuestión de tiempo para que llegue a los 94 y, así, se convierta oficialmente en el bloque más grande de la Cámara de Diputados. 

Para convertirse en primera minoría, Menem necesita superar a Unión por la Patria, que cuenta con 96 diputados. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ya anticipó que romperá con el bloque peronista que preside Germán Martínez, y que se llevará a tres de los diputados a armar un interbloque con Salta y Misiones. No logró llevarse a todos, sin embargo. Claudia Palladino quedará en Unión por la Patria a pedido de Lucía Corpacci. 

De consolidarse esta foto, UxP tendrá 93 diputados y LLA estará a solo un diputado de distancia. Menem, sin embargo, ya cerró un acuerdo con el santafesino del PRO, Alejandro Bongiovanni, y este fin de Semana Bullrich ya lo presentó como parte del bloque violeta. Lo mismo sucederá con Lorena Petrovich, que es la bullrichista que reemplazará a Silvia Lospennato cuando asuma en la Legislatura. Una tortura por goteo para el PRO.

Más allá de la aritmética final, la Cámara de Diputados quedará atrapada entre dos grandes polos gravitacionales. Ninguno tendrá el número suficiente para el quórum, por lo que el resultado de las votaciones dependerá de los que definan los pequeños bloques del medio. Son los bloques provinciales, que están trabajando en armar dos grandes interbloques de gobernadores –Provincias Unidas, por un lado, y los gobernadores del Norte, por el otro–, pero también los desprendimientos más chicos, que aprovechan el caos para convertirse en interlocutores clave. Es el caso del MID, de Oscar Zago, que viene negociando con todos –PRO, misioneros, salteños– para formar un interbloque. 

“Somos como Indonesia. Entre los dos polos vas a tener un conjunto de islas, un archipiélago, que va a tener que definir un sistema que permita articular posiciones comunes frente a los disparates de afuera”, grafica un armador opositor que viene dialogando, hace semanas, con todos los bloques. El objetivo, insiste, es no tener las vías de comunicación abiertas cuando el Gobierno interrumpa para intentar romperlas.

MCM/MG

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este viernes, en Mendoza, un encuentro con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se encontraban en la provincia cuyana para participar de una cumbre sobre minería.

Diego Santilli viajó a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo, en el marco de los encuentros que activó con los mandatarios provinciales, y luego de esa audiencia compartió una reunión con los cuatro mandatarios provinciales en la residencia del anfitrión.

Cornejo, Orrego, Jalil y Sadir participaron de la Latam & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro que tiene como eje el debate regional sobre los minerales críticos y el desarrollo de la minería del futuro.

Previamente, Diego Santilli había abordado con Cornejo “la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo”, se informó en un comunicado.

En un posteo de redes sociales, fue el propio Alfredo Cornejo quien dio detalles del encuentro con el ministro del Interior en el cuarto piso de la Casa de Gobierno de Mendoza.

“Recibí en Mendoza al ministro del Interior, Diego Santilli, quien acaba de asumir y eligió a Mendoza entre las primeras provincias para visitar. Esto confirma la voluntad política clara del Gobierno Nacional de trabajar con quienes creemos en un rumbo de crecimiento y estabilidad económica”, expresó Alfredo Cornejo.

Y agregó: “Conversamos principalmente sobre la reciente autorización del préstamo de FontPlata por 75 millones de dólares, un financiamiento que llevamos años tramitando y que hoy finalmente tiene luz verde. Es fundamental para seguir ampliando los sistemas de agua potable en la provincia”.

“Mendoza quiere y está aprovechando esta nueva etapa del país. Somos una provincia que puede crecer mucho más si eliminamos las barreras que frenaron nuestro potencial durante años”, cerró el aliado mendocino de Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes la ley de Presupuesto 2026, que establece una inversión de 3,2 billones de pesos e incluye una ley de Financiamiento por 1.900 millones de dólares para cumplir con las “obligaciones financieras” del distrito.

La ley de leyes provincial “prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses”.

“El Presupuesto presentado es realista y plantea partidas para invertir en obra pública, educacion, salud, justicia y seguridad, áreas donde el Estado tiene que estar, a pesar de las restricciones y la discriminación que se plantea hacia la provincia de Buenos Aires desde la Casa Rosada, lo que quedó plasmado el último sábado en la carta pública de Kicillof al presidente Javier Milei”, señalaron fuentes de la Gobernación.

Desde la administración provincial dijeron tener “confianza en que el Presupuesto contará con los consensos necesarios con la oposición y que los tres proyectos sean aprobados en la Legislatura provincial”, en referencia a la ley de leyes, la ley fiscal impositiva y el financiamiento.

Kicillof encabezó la presentación en la Gobernación junto al ministro de Economía, Pablo López, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y estuvo acompañado por un gran número de intendentes del conurabo y el interior provincial, en medio de sus cruces con el camporismo tras las críticas de la ex presidenta Cristina Kirchner por el desdoblamiento.

El gobernador anunció que “se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras”.

Sobre la Ley Impositiva 2026, el gobierno bonaerense estableció que “el lineamiento es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”.

A la vez, no se modifica alícuota alguna de Ingresos Brutos y “se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos”.

También “se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa” y “se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor”.

Por último, la ley de Financiamiento por 1.990 millones de dólares “tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles”, e “incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para acompañar a los municipios en la realización de obras de infraestructura prioritaria”.

Con información de la agencia NA

Martín Menem necesita ayuda para ganar tiempo. Este martes vence el plazo dictado por la ex mayoría opositora en la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto 2026: la última gran avanzada opositora antes de que, en diciembre, cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Menem necesita evitar que el peronismo y el pichettismo consigan las firmas para imponer sus dictámenes, y apuesta a que los gobernadores salgan en su ayuda. 

El riojano organizó una nueva reunión informal con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero esta vez invitó solo a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos. 

La reunión comenzó pasadas las 14 horas y participaron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical “con peluca” Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido.

La última reunión con Guberman no había salido bien. Ya entonces la oposición le había exigido que, para sentarse a negociar, el Gobierno tenía que aceptar incluir en el Presupuesto las tres leyes sancionadas por la oposición el Congreso: emergencia pediátrica, presupuesto universitario y emergencia en discapacidad. Guberman, sin embargo, solo atinó a responder “No hay plata” y cerró la discusión. 

Dos semanas después, empoderado tras las victoria electoral, Menem vuelve a la carga. El riojano sabe que la oposición está juntando firmas para imponer un dictamen de mayoría y, si bien está haciendo todo lo posible para boicotear el quórum, necesita prepararse por si Germán Martínez (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) consiguen los 25 votos. Esto es: la mitad de las 49 firmas que componen la comisión de Presupuesto, que se reunirá el martes al mediodía. 

El riojano busca diseñar, a contrarreloj, un dictamen del Presupuesto 2026 que incluya algunos de los reclamos de los gobernadores. Aunque sea como zanahoria para superar el número de firmas de la oposición y, así, continuar negociando más adelante. Menem pretende patear el debate del Presupuesto 2026 hasta después de diciembre, cuando sabe que tendrá acceso a una mayoría oficialista más sólida. Pero para hacerlo necesita resistir, primero, las próximas tres semanas. 

El desafío opositor

El peronismo está resignado. Convencido de que, a partir de diciembre, Javier Milei tendrá el número para avanzar con las reformas que le pide el Fondo Monetario Internacional, el mayor desafío es a corto plazo: aprovechar la mayoría opositora, mientras exista, y forzar al Gobierno a tratar el Presupuesto 2026 este año. 

El peronismo trabaja en su propuesta de dictamen, pero mantiene conversaciones con todos los sectores de la oposición dura. El que concita mayor atención es el que está redactando el pichettista cordobés Agost Carreño, que pretende sumar el apoyo de algunos de los gobernadores que fueron a la elección con el sello de Provincias Unidas. La propuesta sostiene la premisa de superávit fiscal, pero lo baja de 1,5% del PBI al 0,9%, de modo de poder incluir las tres leyes sancionadas por el Congreso.

Los teléfonos están encendidos y, a cada hora, se suceden reuniones, zooms y llamadas. Los diputados de la oposición están en permanente contacto y dialogan, a su vez, con sus respectivos gobernadores. Confían en que tendrán el número para el quórum, pero desconfían de lo que harán los gobernadores más “jabonosos” que suelen negociar, a último momento, con Casa Rosada. 

“Los gobernadores tienen que saber que, si no se sientan desde un lugar de poder, puede pasar con el Presupuesto lo mismo que pasó los últimos dos años”, advierte un diputado opositor.

MCM/CRM

El Presupuesto 2026 presentado en el Congreso por el Gobierno nacional prevé un aumento de entre 4,4% y 8% en términos reales para educación, según la inflación considerada. Sin embargo, la inversión educativa continuará en niveles históricamente bajos: se estima que representará apenas el 0,75% del PBI, por tercer año consecutivo por debajo del 1%, un número que no se registraba en la última década.

Ley de Educación Nacional, que rige desde 2006, exigía destinar a partir del año 2010 al menos el 6% del PBI a Educación. Sin embargo, ese porcentaje sólo se cumplió en 2015, y el proyecto oficial del gobierno de Javier Milei propone derogar el artículo 9 que establece ese piso. Según un informe de Argentinos por la Educación, la inversión bajó a 0,88% en 2024, con proyecciones de 0,82% en 2025 y 0,75% en 2026. En 2023, ese porcentaje estaba en 4,9% del PBI.

“El informe refleja la consolidación del desfinanciamiento en 2024 y 2025. El Estado nacional restringe su rol al magro sustento económico de las universidades y deserta del apoyo a la educación básica, infraestructura, formación docente y provisión de herramientas tecnológicas”, opina Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas.

Por su parte, Santiago Bulat, economista y consultor, cree que “lo importante es cómo se usan los recursos, ya que los resultados educativos vienen declinando hace años, y el desafío es articular Nación y provincias desde la educación temprana”.

El Gobierno nacional destinará a la función “Educación y Cultura” 6,8 billones de pesos, lo que representa un incremento del 23% respecto de 2025. El crecimiento real dependerá de la inflación: según el proyecto de ley sería del 4,4%, mientras que tomando el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA (REM) sería del 8%.

Javier Curcio, coautor del informe Presupuesto educativo nacional 2026, advierte: “La programación presupuestaria para 2026 sugiere el inicio de una posible reversión del ajuste en educación. Es clave recuperar consenso político y social para garantizar un financiamiento adecuado, efectivo y sostenible”.

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, apunta: “El desafío es pasar de un ajuste rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. Mantener el piso de inversión en educación no es útil si no se enfoca en resolver los déficits de gestión”.

Universidades y prioridades educativas

La inversión nacional cubre alrededor del 25% del gasto educativo; el resto depende de las provincias, que también habrían reducido sus aportes en los últimos años.

Según las proyecciones, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas con mayor aumento de fondos: 17,9% respecto de 2025, aunque solo representa un crecimiento real de 3,6% según la inflación oficial y 0,1% con la del REM.

El presupuesto concentra el financiamiento en universidades: el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total, seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” (9,2%) y la “Gestión de Becas” (5,8%). El gasto para educación obligatoria y no universitaria apenas alcanza el 14,6% del presupuesto.

En 2026, el Plan Nacional de Alfabetización priorizará la ampliación de la jornada escolar, destinando el 82,1% de sus fondos a esa política. Jorge Lo Cascio, economista y docente, completa: “La caída del 63% en infraestructura y equipamiento profundiza las desigualdades y limita la alfabetización digital”.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados designará este martes al libertario Bertie Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció debido a las denuncias por el cobro de aportes a la campaña proselitista de un empresario acusado de narcotráfico.

Benegas Lynch se deberá hacer cargo de la estratégica comisión donde deberá llevar adelante la discusión del Presupuesto 2026. La semana pasada la oposición decidió marcar la cancha al oficialismo estableciendo un cronograma de trabajo.

Espert renunció a la comisión de Presupuesto tras confirmarse que recibió 200 mil dólares del empresario Fred Machado para la campaña electoral del 2019, y luego pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque aún no fue tratada en el recinto de sesiones.

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde este martes hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaron fijar el cronograma de trabajo porque no quieren que suceda lo mismo que el año pasado cuando el oficialismo suspendió el debate por falta de acuerdo con los gobernadores dialoguistas.

Pero para poder aprobar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, el oficialismo deberá buscar acuerdos con todos los bloques dialoguistas y los gobernadores, para poder emitir dictamen y tener los votos en el recinto de sesiones.

En la comisión, los libertarios tienen 6 miembros, 7 el PRO, 3 la UCR, 1 Liga del Interior, 2 Innovación Federal, 2 Encuentro Federal, 2 el MID, 3 Democracia para Siempre, 1 Coalición Cívica, 1 Producción y Trabajo, UP 20 y la izquierda uno.

Por ese motivo, los libertarios necesitan acuerdos con la mayoría de los bloques mas dialoguistas, ya que no tendrá respalda de Unión por la Patria y la izquierda, para tener el dictamen.

En ese contexto serán claves las negociaciones que encare con los gobernadores luego de las elecciones para construir esas mayorías claves para aprobar el presupuesto.

Esas reuniones comenzarán este martes a las 15 con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, con el fin de terminar el informe que empezaron el miércoles 1.

De acuerdo a ese cronograma las reuniones informativas serán los martes 14 a las 15, miércoles 15 a las 15, martes 21 a las 13, miércoles a las 10, martes 28 de octubre a las 11 y miércoles 29 a las 10 y el dictamen martes 4 de noviembre al mediodía.

En la última sesión, el diputado Nicolas Massot dijo que la decisión de impulsar el emplazamiento es “evitar lo que nos pasó el año pasado” cuando el oficialismo clausuró el debate un día antes que finalice el plazo para dictaminar y se volvió a prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023.

El diputado dijo que sería bueno que la conducción de las autoridades de Presupuesto comiencen a diseñar el cronograma de expositores que deberá contemplar “ funcionarios, gobernadores y rectores de Universidades”.

El proyecto de Presupuesto diseñado por el Gobierno plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026, y se proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

También se contemplan aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud, y del 5 en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en este punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

Con información de la agencia NA

Lo usual es que los gobiernos envíen cada 15 de septiembre por mesa de entrada sus proyectos de presupuesto para el año siguiente y que en las semanas posteriores los ministros de Economía los vayan a defender. Pero Javier Milei, el primer presidente que logró equilibrio fiscal sin default en más de 120 años, quiso el año pasado ser la voz cantante de la iniciativa oficial de la ley que establece cuáles serán los ingresos y cuáles los gastos. Fue al Congreso a presentarlo. Este lunes, en cambio, tras la derrota bonaerense, que se suma a otras tantas en el Palacio Legislativo, prefirió evitar ese escenario y presentar el proyecto desde la Casa Rosada, por cadena nacional, sólo custodiado en la imagen por dos granaderos.

Pese a su mala coyuntura política y económica, el presidente quiso ratificar su receta: su “compromiso inquebrantable” y su “principio no negociable” con el equilibrio fiscal, (mientras el Congreso ratificó la ley de discapacidad) y que intentará voltear los vetos a las normas sobre universidades y emergencia pediátrica.

“Ningún país pueden funcionar correctamente sin presupuesto equilibrado”, planteó erróneamente, pues, como después señaló, sólo en el mundo algunos tienen superávit fiscal mientras la inmensa mayoría tiene déficit pero lo puede financiar en general emitiendo deuda sin sobreendeudarse. Milei lamentó que la Argentina sea de los pocos países con equilibrio de las cuentas públicas, pero “los mercados nos castigan”. Lo atribuyó al pasado. La realidad es que el riesgo país está subiendo, porque él no acumuló reservas cuando podía y porque los inversores dudan sobre cómo continuará gobernando los próximos dos años tras la derrota bonaerense.

El presupuesto que Milei presentó para un 2026 es un pantano de dudas. Después de que sólo lo apoyara un tercio de la provincia de Buenos Aires (donde vota el 37% de los argentinos), crece la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones que el 26 de octubre renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es difícil que este Congreso, que no le aprobó el presupuesto 2025, convalide el del año próximo.

El Poder Legislativo que asuma el 10 de diciembre difícilmente lo acompañará en forma masiva. La peor elección legislativa de medio término de un gobierno desde 1983 fue la de la Alianza de Fernando de la Rúa en 2001, cuando sacó 22,7% y, a los dos meses, cayó. La segunda peor fue la del peronismo de Cristina Fernández de Kirchner en 2009, con el 28,6%: dos años después logró la reelección con el 54%. Pero hay empresarios que advierten que si La Libertad Avanza (LLA) saca el 30% es “game over”, no porque prevean un derrocamiento, sino porque resultarían impracticables las reformas laboral, tributaria y jubilatoria a las que aspiran.

Milei, que siempre ofendió a la oposición, aunque pactó con ella la ley Bases y el paquete fiscal el año pasado, habló este lunes de “consenso para sancionar la ley de leyes”. Insistió en que el equilibrio fiscal “puede parecer un capricho, pero no”, es la base de sus autoproclamados “éxitos”. “Son el primer paso para desarrollar la obra. Sin estos cimientos, el edificio colapsa”, dramatizó.

“Celebramos la baja inflación, la pobreza, los impuestos y el cepo”, describió los presuntos logros. La merma de la inflación, del 160% en noviembre de 2023 al 33% en agosto último, es una realidad, pero aún puede rebrotar algo, sin volver a los niveles del pasado, por el impacto del tipo de cambio. En cuanto a la pobreza, también es cierto que bajó, aunque mucho menos de lo que él calcula: era del 38% al finalizar el anterior gobierno, subió al 54% pero al inicio de la gestión libertaria y ahora bajó al 31%, menor que la heredada, pero medida de una manera que sobreestima ingresos y subestima el gasto en servicios -no por manipulación estadística, como en la era kirchnerista, sino por metodología-.

Algunos impuestos bajaron, pero no el IVA (que pagan todos). Redujo el tributo a los bienes personales, que abonan los más ricos, y las retenciones al agro. Eliminó el impuesto PAIS y los aranceles a la importación, lo que favorece a los consumidores, aunque también perjudica a los trabajadores de áreas afectadas por la competencia extranjera. Además, subió el monotributo y el impuesto a las ganancias de los empleados que más cobran.

Tampoco es del todo veraz que levantó el cepo. Sí lo hizo para los individuos. No para las empresas, los bancos, los agentes bursátiles, a los que ahora les reforzó las restricciones para controlar el dólar. Si lo liberara en serio, la divisa se dispararía.

“Entendemos que mucho no lo perciben (al éxito) en su realidad material”, concedió Milei, que por primera vez lo reconoce. La evidencia de las urnas, que tiraron abajo el relato del apoyo masivo. “Los años mas duros fueron los primeros”, prometió sobre su plan económico. “Lo peor ya pasó”, dijo una vez más, algo que ya había dicho el año pasado. Pero el prometido crecimiento como “pedo de buzo” se circunscribió a algunos pocos sectores con poca creación de empleo, como finanzas, minería e hidrocarburos, a la vez que la actividad entera se comenzó a amesetar a mediados de 2025.

“Quiero agradecer el enorme apoyo en este primer periodo, el temple de los argentinos es heroico”, elogió que se banquen la motosierra. “No hay otro camino que el orden fiscal, monetario y cambiario”, proclamó, pero los mercados destacan el primero, pero critican el segundo, por las elevadas tasas de interés, y el tercero, por atrasar el tipo de cambio hasta que ahora, bajo presión, saltó. “Todos los demas caminos ya fracasaron rotundamente”, dijo, con razón.

“No es a través del deficit fiscal que vamos a atender a los más vulnerables”, se defendió frente a las leyes que ha impulsado la oposición a favor de jubilados, personas con discapacidad o niños pacientes del hospital Garrahan. “Financiar el déficit con emisión y deuda ya se probó”, descartó con acierto. Es verdad que la Argentina hoy no tiene margen para ser deficitaria, como la mayoría de los países, pero el equilibrio de las cuentas puede financiarse sin bajar impuestos a los que más tienen o recortando los gastos que más suben, como los de las secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

“El nivel de gasto de la Nación está por debajo del de las provincias por primera vez desde los 90”, se jactó como si fuera algo deseable. “Si los ingresos caen, se ajustarán partidas”, repitió la regla fiscal del fallido presupuesto 2025. Prometió que subirá los gastos de salud, educación, jubilados y a las personas con discapacidad, aunque aclaró que primero las seguirá sometiendo a auditorías a ver si son truchos. Continuará las colas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la misma desde donde provenían las supuestas coimas a Karina Milei. El problema es que el gasto se puede recuperar respecto de 2025, pero sigue hundiido en relación a 2023.

También insistió con su idea de dejar de perseguir a pequeños evasores fiscales. El problema es que nunca se persigue a los grandes. “Si al equilibrio fiscal, le agregamos las reformas, llegaríamos a un crecimiento del 7% anual y en diez años nos pareceríamos a los países de altos ingresos”, elucubró. Pero esas reformas están en veremos por el eventual resultado electoral de octubre.

Por las dudas, prometió “trabajar codo a codo con gobernadores, diputados y senadores”, en un intento de mensaje conciliatorio. Además, anticipó que usará el superávit fiscal “para que haya financiamiento para el sector privado en obras fundamentales”. Es decir, en vez de financiar el Estado sus obras contratando a empresas, ahora les prestará a ellas para que construyan. Habrá que ver si así suplen la falta de financiamiento privado que ya se nota para las futuras concesiones de rutas, pero también para proyectos en teoría atractivos como los de Vaca Muerta. El riesgo país alto los ha paralizado.

“Si decidimos abandonar el equilibrio fiscal, volveremos al estancamiento”, dijo Milei, pero la economía ya se estancó desde que se salió del cepo y se intentó controlar el dólar con elevadas tasas. “Menor tasa no se logra emisión sino bajando el riesgo país”, proclamó. Claro que el riesgo país está lejos de descender. Sube.

AR

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”. Con esa explicación el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el Gobierno busca demorar la reglamentación de la Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso luego del veto de Javier Milei.

El ministro coordinador admitió que el Ejecutivo promulgará la norma –tiene un plazo de diez días–, pero pisó su reglamentación, que es la letra chica legal necesaria para que la ley comience a ejecutarse. Este lunes, en una entrevista con Clarín, Francos abrió el paraguas a una negociación con la oposición a partir de que no están claros –según su mirada– de dónde salen los recursos.

El pasado 4 de septiembre el Senado rechazó el veto de Milei contra la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, luego de que fuera aprobada la insistencia en la Cámara de Diputados. La norma actualiza, entre otros ítems, el nomenclador para los prestadores, así como la regularización de pagos. El argumento mileísta es que no hay recursos suficientes para dichas medidas, pero el impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso es de apenas entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

“Vamos a promulgar la ley como corresponde”, insistió Francos en otro pasaje de su entrevista, pero agregó: “También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad? Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, ”che miren, el sistema de discapacidad es este“. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, ”che, arréglensela como puedan“. Eso es un ataque al presidente Milei”.

Discusión con los gobernadores por más recursos

Francos marcó la postura del Gobierno a las puertas de la presentación del Presupuesto 2026, este lunes por la noche en cadena nacional por parte de Milei. En medio de la discusión con los gobernadores por más fondos, el jefe de Gabinete adelantó que en el proyecto de Ley de Leyes “no va a haber nada particular para las provincias”. 

El funcionario rechazó que se reactive la obra pública en los distritos –“No creemos que el Estado tenga que participar en eso”, dijo– y sostuvo la negativa de la Nación de coparticipar los ATN (Adelantos del Tesoro de la Nación), que fueron vetados el viernes pasado. 

“Nosotros lo usamos para situaciones de emergencia. Los gobernadores quieren que eso ahora que se coparticipe. Esa puede ser una visión, pero entonces van a tener que hacerse cargo de las situaciones de emergencia. Creemos que eso requiere otro tipo de acuerdo, lo discutiremos, pero no tendrá el Gobierno nacional recursos para situaciones de emergencia”, planteó Francos. 

El Gobierno transfirió justamente el pasado viernes $12.500 millones a cuatro provincias en concepto de ATN: “Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $4.000 millones; Entre Ríos por $3.000 millones; Santa Fe por $3.000 millones y Chaco por $2.500 millones”, según precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

En ese marco, este lunes Milei le toma juramento al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, ascendido para abrir el diálogo con los gobernadores.

MC

Abrir la canilla y que salga agua limpia parece un gesto simple, casi automático. Sin embargo, el Gobierno redujo al mínimo en 20 años los fondos para obras de agua potable y cloacas, dejando a millones de personas frente al riesgo de perder un derecho tan elemental como invisible. Hoy, la política de ajuste del primer presidente liberal libertario de la historia universal, como se jacta Javier Milei de serlo, llevó el presupuesto nacional para estas obras a su piso histórico, con recortes que golpean especialmente a la provincia más poblada del país: Buenos Aires.

En los barrios donde las napas se contaminan y las cloacas nunca llegaron, el recorte en agua y saneamiento suena como una condena más. Entre 2024 y 2025, la inversión nacional cayó a su nivel más bajo en dos décadas, justo cuando más falta hace, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En Argentina, más de 6 millones de personas viven sin baño. Esto incrementa el riesgo de diarreas, infecciones, parasitosis y problemas de piel, y genera además barreras sociales y comunitarias. Cada año se reportan 1 millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil. El 40% podría prevenirse con el lavado de manos, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina.

Especialistas en políticas sanitarias, infraestructura y agua coincidieron en que esta caída presupuestaria no es un problema técnico menor, sino que produce efectos acumulativos graves. En un estudio reciente del Conicet, la investigadora doctora en Ciencias Sociales Verónica Cáceres advirtió que la falta de obras de expansión y la concentración de inversiones en zonas rentables dejó a hogares de menores ingresos sin acceso al saneamiento, lo que multiplicó los riesgos de enfermedades en barrios populares.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobernanza del agua en Argentina, “garantizar la seguridad del agua a largo plazo es esencial para adaptarse al cambio climático, y lograr un desarrollo inclusivo y sustentable”. Aclaran que eso exige planificación eficaz, financiamiento estable, coordinación multinivel entre jurisdicciones, y una institucionalidad capaz de sostener proyectos más allá de los ciclos políticos.

Organizaciones sociales también se manifestaron. En el Observatorio Ciudad señalaron que “en la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares… La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada”.

Los riesgos concretos que advirtieron los especialistas

• Aumento de enfermedades vinculadas al agua sucia o cloacas sin tratamiento, como diarreas, leptospirosis y otras infecciones gastrointestinales.

• Impactos diferenciados en barrios vulnerables, asentamientos informales y zonas periurbanas que ya enfrentan precariedad en infraestructura.

• Pérdidas hídricas crecientes y desperdicio de recursos que agravan la crisis del agua en regiones secas o semiáridas.

• Deterioro de redes existentes por falta de mantenimiento, que luego demandará costos mucho mayores para recuperar.

• Amenaza al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 6 (agua y saneamiento para todos).

Desde la economía política del agua se remarcó que, sin financiamiento constante y regulaciones claras, los proyectos se planifican a corto plazo, con falta de previsibilidad para las provincias y los municipios. El trabajo “Economía política de la política de agua y saneamiento en la Argentina” elaborado por Carlos H. Acuña y colaboradores señaló que “la falta de ley marco de agua y saneamiento que fije políticas y criterios comunes” ha sido un obstáculo permanente para la sostenibilidad de las políticas.

En la provincia de Buenos Aires, donde viven decenas de municipios con déficit en infraestructura sanitaria, la escasez presupuestaria puede traducirse en riesgos reales: inundaciones más frecuentes, contaminación de napas, ampliación de enfermedades, degradación ambiental y mayores costos indirectos para los hogares (agua embotellada, remedios, ausentismo laboral).

El gobierno actual invocó el equilibrio fiscal como justificación principal para los recortes. Sin embargo, según los expertos, recortar en saneamiento no solo compromete derechos básicos sino que también puede generar gastos futuros mucho mayores (hospitalizaciones, limpieza de cuencas, mitigación de contaminación) que podrían sobrepasar lo que se ahorra hoy.

JJD/MG

El presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21, en lo que será un mensaje clave en el marco de la presentación del Presupuesto 2026. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”, escribió Adorni de forma escueta y concluyente: “Fin”.

El anuncio llega en un momento de definiciones económicas y políticas para el Gobierno. La presentación del Presupuesto 2026 busca delinear la hoja de ruta fiscal y las prioridades de la administración en el próximo ejercicio, aunque hace dos años que el país no cuenta con presupuesto: en 2024 prorrogó el último de Alberto Fernández y lo mismo hizo para este año en curso, tras fracasar la estrategia de establacer el déficit cero por ley. 

El año pasado Milei presentó él mismo el presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados ante legisladores e invitados especiales. Ahora, a pocos días de la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, buscó otra estrategia para no quedar expuesto.

Fuentes parlamentarias confirmaron a elDiarioAR que Milei no irá al Congreso, sino que la cadena nacional sería un mensaje desde la Casa Rosada.

MC