Bullrich acelera el trámite en el Senado y busca aprobar la reforma laboral antes de fin de año

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

JJD